SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados y las diputadas.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 260 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 11:50 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte la Secretaría si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Queda dispensada la lectura del orden del día.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 9 de noviembre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Reincorporación de diputado.

De la Comisión de Reforma Agraria.

De la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Iniciativa del Congreso del Estado de Coahuila

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la frase “Coahuila de Zaragoza, Cuna de la Revolución Mexicana” (Turno a Comisión)

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite observaciones del Presidente de la República, al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. (Turno a Comisión)

Minuta

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. (Turno a Comisión)

Oficios del Gobierno del Estado de Guanajuato

Tres, con los que remite contestaciones del Secretario General de Gobierno del estado de Guanajuato, a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos al cumplimiento de los reglamentos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción; a la seguridad física y derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en campos agrícolas; y al Día de la Familia.

Oficios de los Gobiernos de los estados de Guerrero, Jalisco y México

Con los que remiten contestaciones de los secretarios generales de los gobiernos de los estados de Guerrero, Jalisco y México, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la elaboración y expedición de un Programa de Derechos Humanos.

Oficio del Gobierno del Estado de México

Con el que remite contestación del director general del DIF Estado de México, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Día de la Familia.

Oficio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Con el que remite contestación del Secretario Ejecutivo del Coneval, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la información concreta sobre el impacto de las evaluaciones realizadas a los distintos programas sociales, agrupados en el Ramo 20.

Oficio de la Procuraduría Agraria

Con el que remite contestación del procurador agrario, a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo al acuerdo establecido con el Movimiento Huasteco Democrático.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación de la coordinadora de asesores de la Secretaría de Turismo, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Reglamento de la Ley General de Turismo.

Con el que remite contestación del coordinador de asesores de la Secretaría de Economía, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Programa de Verificación de Combustibles.

Con el que remite contestación de la directora general de la Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Tratado de Libre Comercio México- Brasil en el sector productivo del país.

Con el que remite contestación del director general del Fonden, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los recursos suficientes que permitan atender los daños provocados por los fenómenos naturales de este año en las entidades federativas afectadas.

Con el que remite contestación del director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los recursos provenientes de los bienes decomisados para la creación de centros especializados de atención psicológica y programas con psicoanalistas.

Con el que remite contestación del director general de Inspección y Vigilancia Forestal de la Profepa, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al predio El Divisadero de Tenacatita y de la Zona Federal de la Bahía de Tenacatita, Municipio de la Huerta, Jalisco.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al tercer trimestre de 2010.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos para la realización de programas en beneficio de la Salud Mental de la ciudadanía, suscrita por senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que se le autorice al Poder Judicial Federal el presupuesto que requiere para la administración de justicia federal, presentada por el Sen. Francisco García Lizardi, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos suficientes para los grupos Beta de protección a migrantes y para el Instituto Nacional de Migración, presentada por el Sen. Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, se destinen y consideren recursos para el mejoramiento de diversas vialidades rurales de tramos carreteros en el Estado de Tlaxcala, presentada por la Sen. Rosalía Peredo Aguilar. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, se consideren y etiqueten recursos adicionales para que la Secretaría de Salud, lleve a cabo un estudio exhaustivo de las causas del alarmante aumento de los casos de leucemia e insuficiencia renal crónica en el estado de Tlaxcala, presentada por la Sen. Rosalía Peredo Aguilar. (Turno a Comisión)

Con el que remite Proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos suficientes de los Ramos 28 y 33, presentado por la Sen Rosalía Peredo Aguilar. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, se establezca un aumento de recursos para el estado de Durango, presentada por el Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, se otorguen recursos adicionales a la Comisión Nacional del Agua para la investigación y ejecución de acciones de prevención de desastres hidrometeorológicos, suscrita por senadores integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, se garantice el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia de gasto social; y para que se distribuyan con equidad los recursos entre las entidades federativas, presentada por el Sen. David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Humberto Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Sistema Nacional de Innovación Rural, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 47 y 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6°, 7° y 17 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2° y 3° de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo del diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 89, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Energía para los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo del diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos: Alfredo Ruíz Argueta, Alicia Chávez Castillo, Víctor Jair López Frausto, Héctor Ruíz Gamiño, Salomón Motte Santiago, Marcela González Meléndez, J. Darío Ortega Mercado y Adrián Leopoldo Navarro Soto, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, de Belice en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros Tamaulipas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos: Alfredo Aguirre Flores, Jesús Fernando Martínez Estrada, Ernesto Martínez Chávez, Ma. Irene Salazar Ortega, Luis Patricio Garza Zaldivar y Abigail Reyes González, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados de Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos: Christian Alfredo Álvarez Maciel, Jorge Ulises Bautista Magallón, Pedro Gómez Gómez, Leopoldo Miguel Espinosa Horcasitas, Valentín Martínez Soto, Adrián Sánchez Rosaldo, Leonardo Guzmán Maltos, Roberto Alonso Picos Rubio, Miguel Olguín Antonio, David James García Sotello y Eva Jenny Arias Moreno, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, del Estado de los Emiratos Árabes Unidos, en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Tijuana, Baja California y Guadalajara, Jalisco.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda y 16 de la Ley General de Protección Civil.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. y 14, fracción VIII de la Ley General de Educación.

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instaurar medidas que favorezcan al sector campesino y que contrarresten el alza debida al aumento del costo de las gasolinas y del diesel.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Seguridad Pública, consulte al Consejo Nacional de Seguridad Pública, por conducto del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a lo señalado por la CONAGO, con relación al pronunciamiento para la creación de mandos únicos de policía en las respectivas entidades federativas.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo, en materia de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, Justicia, Seguridad Pública y Participación Ciudadana.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo, por el que se solicita a los gobiernos locales, actores económicos y sociales de la región fronteriza norte, a reforzar y en su caso a promover propuestas que permitan impulsar el fortalecimiento y desarrollo integral en sus regiones desde una perspectiva sustentable y con visión de largo plazo.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo, por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que en el censo de población que se lleva a cabo en este año 2010, contenga el mayor número de elementos similares a los que se recabaron en el año 2000.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, establezca garitas secundarias en la frontera norte, que comprende los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, permitiendo con ello, el libre tránsito de los turistas y connacionales.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al ejecutivo Federal, la elaboración de un programa regional fronterizo para el fomento de la cohesión social en las comunidades de la frontera norte.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del Instituto Nacional de Migración, promueva el fortalecimiento de las políticas públicas de atención integral a migrantes mexicanos deportados a las ciudades fronterizas.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, expliquen cuál será la política pública y los tiempos específicos para transitar las señales de televisión abierta de la tecnología analógica a la digital.

Dictámenes negativos de iniciativas

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, 30 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Transportes y de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo, por los que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Proposiciones

Con punto de acuerdo para establecer un Fondo Especial para obras de conservación de suelos y recarga de acuíferos, destinando un 15% de los recursos de los programas hidroagrícolas del Programa Especial Concurrente 2011, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para las universidades públicas del país, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al sobrepeso y obesidad que afecta a la población infantil del estado de Baja California, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto educativo denominado “Universidad Revolución”, del municipio de Chicoloapan, Estado de México, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se incluya la distribución de los “Tiempos de Estado” cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, a cargo del diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para restauración, mejora, equipamiento y dotación de medicamentos en los hospitales y clínicas, así como para la construcción de dos hospitales para especialidades en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Acolman, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Almoloya del Río, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Amecameca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Apaxco, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Atenco, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Atlautla, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Axapusco, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Ayapango, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Calimaya, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Capulhuac, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Chalco, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Chicoloapan, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Chiconcuac, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Coacalco, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Coyotepec, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Ecatzingo, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Hueypoxtla, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Isidro Favela, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Jaltenco, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Jilotzingo, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Juchitepec, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de La Paz, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Lerma, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Programa Habilidades Digitales en el estado de San Luis Potosí, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una Clínica de la Mujer en el municipio de Coatzintla, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una presa derivadora para el abastecimiento de agua potable en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del hospital de segundo nivel en el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del camino rural Km. 31-Tejamanil, en el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del camino rural Plan de Limón-Zapata, en el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del camino rural Cerro Verde-Boquillas, en el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la SHCP, revisen y disminuyan la tasa de interés de los créditos refaccionarios y de avío que otorga Financiera Rural, a cargo del diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Programa del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para llevar a cabo la primera etapa de la construcción de una presa de almacenamiento con fines de riego en los municipios de Tetela de Ocampo y Cuautempan, Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la creación del Fondo Nacional para la rehabilitación, remodelación y modernización de mercados públicos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la Universidad Nacional Autónoma Agraria Antonio Narro, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para resolver la contaminación de arsénico en los pozos de Torreón, Coahuila, a cargo del diputado Rubén Humberto Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal instruya a los delegados de las diversas dependencias y titulares de organismos públicos federales radicados en el estado de Coahuila, cumplan con la legislación fiscal estatal y cubran el pago del Impuesto Predial así como el Impuesto Sobre Nómina, a cargo del diputado Rubén Humberto Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para incorporar dentro del cuadro nacional de vacunación gratuita, la vacuna contra el VPH, causante del cáncer cérvico-uterino, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para los proyectos de abastecimiento de agua en diversas zonas del municipio de Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para los proyectos de rescate y mejoramiento de la imagen urbana y la diversificación de la oferta turística del Centro Histórico del municipio de Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la realización de diversas obras de infraestructura hidráulica y sanitaria en las colonias ubicadas en la Sierra de Guadalupe, del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la realización de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria en las colonias ubicadas en la zona oriente del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Metepec, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana. en el municipio de Mexicaltzingo, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Naucalpan, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación rural en el municipio de Otumba, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación rural en el municipio de Otzolotepec, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación rural en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación rural en el municipio de Santa María Rayón, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación rural en el municipio de Tecamac, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación rural en el municipio de Temamatla, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación rural en el municipio de Temascalapa, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Tenancingo, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Tenango del Aire, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Teoloyucan, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Teotihuacan, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Tequixquiac, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Texcoco, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Tianguistenco, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Toluca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Tonanitla, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación urbana en el municipio de Zumpango, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación rural en el municipio de Ozumba, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para obras de electrificación rural en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un gimnasio olímpico en Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la realización de diversos proyectos de cultura en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para apoyar a la mujer, mediante créditos directos para ampliar y/o mejorar una actividad económica y productiva, en el municipio de Acapulco, Guerrero y en todo el país, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el programa del sur Fonregión, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se realice una reasignación de recursos para mantener, por lo menos, el autorizado en el 2010, dentro del Fondo Metropolitano, para el municipio de Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un hospital comunitario, en los bienes comunales de Cacahuatepec, del municipio de Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para proyectos de inversión en infraestructura para la ampliación de los puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya en el estado de Campeche, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para proyectos de inversión en desarrollo científico y tecnológico en las Universidades Autónomas del Carmen y de Campeche, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la conservación y mejoramiento de caminos rurales y carreteras estatales en Campeche, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ampliación del Hospital General de Tepeaca, Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ampliación y modernización de la carretera del municipio de Tepeaca a Tecamachalco, Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la carretera del municipio de Cuautinchan a la Inspectoría Auxiliar de Santa Cruz Alpuyeca, Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ampliación de la carretera de Tecali de Herrera al Zoológico de Africam Safari, Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la carretera de San Francisco Mixtla al entronque denominado La Loma, del municipio de Tecali de Herrera, Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la carretera la Trinidad-Tianguismanalco, del municipio de Tecali de Herrera a la Junta Auxiliar de San Miguel Acuexcomac, del municipio de Tzicatlacoyan, Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Programa de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a cargo del diputado Víctor Roberto Silva Chacón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto carretero denominado Cañadas de Obregón, entronque carretero San Juan de los Lagos-Tepatitlán, del municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto denominado Carretera San Juan de los Lagos-Encarnación de Díaz, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto denominado modernización de la Carretera Federal 45, tramo Encarnación de Díaz-Aguascalientes, del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto denominado Libramiento Encarnación de Díaz, del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto denominado Camanja de Corona-León, del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto denominado Rehabilitación del Libramiento de San Juan de los Lagos, Jalisco a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto denominado Entronque Carretera 80-Libramiento Estatal de San Juan de los Lagos, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto denominado Camino San Juan de los Lagos-Teocaltiche, del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto denominado Villa Hidalgo-Las Huertitas-Jaltiche, del municipio de San Martín Hidalgo y Ameca, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto denominado San Miguel El Alto-Valle de Guadalupe, del municipio de San Miguel El Alto, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto denominado San Miguel El Alto-Crucero de San Julián, del municipio de San Miguel El Alto, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto denominado Villa Hidalgo-Las Flores, del municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto denominado Villa Hidalgo-Límite de los estados de Jalisco y Aguascalientes, del municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto denominado Villa Hidalgo-Teocaltiche, del municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una Planta Potabilizadora en el municipio de Coatzintla, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ampliación y reparación de la carretera Poza Rica-San Andrés, en el municipio de Coatzintla, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del puente María Contreras y sus accesos, ubicados en el camino Coatzintla-Contreras, del municipio de Coatzintla, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del puente Vicente Herrera Hernández y sus accesos, ubicados en el camino Bajo Grande, en el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un relleno sanitario en el municipio de Coatzintla, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una Unidad Deportiva en el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para los Institutos Tecnológicos y Centros Especializados Federales, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para los Institutos Tecnológicos y Centros Especializados Federales, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción y equipamiento de una Casa de la Cultura en la cabecera municipal de Jitotol, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una Cancha Deportiva en el municipio de San Andrés Duraznal, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un Campo de Futbol, en el municipio de La Libertad, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una Planta Potabilizadora en la cabecera municipal de Bochil, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del ejido Los Plátanos, municipio de El Bosque, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Sistema de Agua Potable en el municipio de Pantepec, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una Clínica de Salud con servicios ampliados, en la cabecera municipal de Bochil, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Tapilula, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma de Sinaloa, a cargo del diputado Germán Contreras García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para infraestructura carretera del estado de Sinaloa, a cargo del diputado Germán Contreras García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el campo del estado de Sinaloa, a cargo del diputado Germán Contreras García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para fortalecer el turismo en el estado de Sinaloa, a cargo del diputado Germán Contreras García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para fortalecer la educación en el estado de Sinaloa, a cargo del diputado Germán Contreras García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas, para que cancelen las plazas correspondientes a los servidores públicos que concluyan en definitiva la prestación de sus servicios en las administraciones públicas locales, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el techado de canchas de usos múltiples, así como la creación y habilitación de espacios deportivos, en el municipio de Tecomán, Colima, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Rurales del 42 al 64, a cargo del diputado Sergio Gama Dufour, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para continuar operando el Programa Mi Tortilla, del Fondo PYME y el Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, ambos de la Secretaría de Economía, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para iniciar y fortalecer obras de infraestructura y alumbrado público del municipio de San Francisco de Campeche, Campeche, a cargo del diputado Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para iniciar y fortalecer obras de pavimentación y labores complementarias del municipio de San Francisco de Campeche, Campeche, a cargo del diputado Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para continuar la construcción y el equipamiento del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cargo del diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para continuar la construcción y equipamiento del Hospital Universal de Reforma, a cargo del diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se considere un anexo de seguimiento a los recursos asignados para la atención de grupos vulnerables, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la conclusión del equipamiento y parte de la obra civil de la Planta de Biodiesel en Tapachula, Chiapas, a cargo del diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para continuar la construcción de la Ciudad Rural Sustentable del Soconusco, a cargo del diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Programa de Adquisición de Infraestructura de Cómputo y Telecomunicaciones, para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular, a cargo de la SRE, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el rescate de los Ríos Magdalena y Eslava, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la creación de un Centro de Salud Avanzada en el Pueblo de San Nicolás Totolapan, en la Delegación Magdalena Contreras, Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del proyecto integral distribución vial en la intersección de Calzada de la Virgen y Calzada de Tlalpan, en las colonias Avante y Ciudad Jardín, en la Delegación Coyoacán, Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, lleve a cabo el proyecto de capacitación y consolidación de proyectos productivos para mujeres de las siete delegaciones rurales del Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para los sectores de salud, cultura, medio ambiente, infraestructura, servicios, obras públicas y programas productivos, sociales y de apoyo para la Delegación Magdalena Contreras, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para cumplir con los trabajos de regeneración de minas, obras de mitigación en taludes y programas comunitarios en zonas de alto riesgo en las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para implementar acciones a favor de los derechos humanos en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para infraestructura deportiva en diversos municipios del estado de Chiapas, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para pavimentación en diversos municipios del estado de Chiapas, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de casas de cultura en diversos municipios del estado de Chiapas, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la conclusión del cubrimiento del Río Verdiguel, en la ciudad de Toluca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, considere la inclusión de la C. Yadira Lira Navarro al Premio Nacional del Deporte 2010, en virtud de su destacada trayectoria deportiva, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

161. Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ejecución del Programa del Distrito Federal, para la prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos alimenticios, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para que se elabore y ejecute el Programa para prevenir la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil, para el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la ejecución de los proyectos prioritarios de la Universidad Autónoma Chapingo, a cargo del diputado Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se reduzcan los recursos a aquellos programas cuyos montos son muy altos, pero de bajo impacto, y reorientarlos a programas de fomento productivo para las familias campesinas que generen mejores resultados en la reducción de la pobreza, la generación del empleo y la producción de alimentos, a cargo del diputado Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Fondo de Apoyo para los Migrantes, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al ejercicio del gasto, informes respectivos y evaluación del desempeño del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, suscrito por los diputados Rodrigo Pérez-Alonso González y Roberto Armando Albores Gleason, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se considere la creación de un anexo presupuestal con el fin de consolidar, integrar y transparentar los recursos en materia de acceso digital y tecnologías de la información a través de los programas existentes en las dependencias de la Administración Pública Federal, suscrito por los diputados Rodrigo Pérez-Alonso González y Roberto Armando Albores Gleason, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para ampliar el equipamiento y complemento de la red hospitalaria de Baja California, en particular de la Unidad de Especialidades Médicas de Oncología, en Mexicali, y los hospitales del Niño y la Mujer de Mexicali y de Tijuana, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la realización de proyectos para la protección y conservación del medio ambiente en Baja California, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Baja California, reforme las disposiciones de su Código Penal, que contravienen principios fundamentales de igualdad, la no discriminación y la equidad que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo de Trabajo conformado para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región Triqui de Oaxaca de Juárez y sobre el incremento de la violencia en el estado de Guerrero, lleven a cabo acciones efectivas en contra de la violencia generada en la zona y conduzcan a garantizar la seguridad e integridad física de los habitantes del municipio de San Juan Copala, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se formulan diversos cuestionamientos a los titulares de la PGR, de la CFE y del IMSS, en el marco de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, detenga los constantes aumentos en el precio de la gasolina, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno, realicen las acciones necesarias para instrumentar y desarrollar una política pública que tenga por objetivo capacitar para el autoempleo y fomentar la educación técnica entre las adolescentes embarazadas, a fin de promover su incorporación a la vida laboral, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta Ejecutivo Federal, expida el decreto que instituye el 12 de octubre como: “Día Nacional del Reconocimiento de las Culturas Originarias de México y Latinoamérica”, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la realización e instrumentación de medidas y acciones tendientes a captar, almacenar e infiltrar agua de lluvia, y así propiciar la recarga de los mantos freáticos, para su disponibilidad superficial y subterránea de largo plazo, hacia su aplicación en el desarrollo rural sustentable, mediante su uso y aprovechamiento en las diversas regiones de los estados de la federación, particularmente en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Margarita Liborio Arrazola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los Comisionados de la Cofetel, para que expliquen el proceso deliberativo por el que se otorgaron las concesiones para la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, conocida también como la Licitación 21, a cargo del diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal someta a consideración de la Cámara de Senadores, el retiro de la declaración interpretativa hecha al párrafo primero del artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al proceder al depósito de instrumento de adhesión el 24 de marzo de 1981, a cargo del diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SCT y de la Cofetel, para que expliquen los criterios jurídico – económicos bajo los cuales proyectará la nueva licitación del espectro de 700 mhz, la cual se destinará a los servicios de banda ancha móvil, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Grupos Parlamentarios de esta Soberanía, apoyen la propuesta de cancelación de la Alianza por la Calidad Educativa, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conagua, amplíe hasta por seis meses el periodo de registro de pozos agropecuarios, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, a crear y apoyar con recursos un nuevo programa presupuestal dedicado a prevenir la deserción en la Educación Media Superior, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEDESOL, modifique las reglas de operación del programa para el de-sarrollo de zonas prioritarias a fin de considerar un rubro de desarrollo comunitario que contemple recursos destinados a la construcción de espacios de convivencia y esparcimiento para las familias, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, exprese su beneplácito por la aprobación de la Dream Act, y manifieste la preocupación del Estado Mexicano al veto que ha realizado a dicha Ley el Gobernador del Estado de California, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, promuevan la capacitación, certificación, registro, profesionalización y permanencia del personal operativo del Programa Plataforma México, a cargo del diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, instruya a las universidades públicas del país a que incluyan en los planes de estudio de la carrera de derecho, asignaturas relacionadas con los juicios orales, a cargo del diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a efecto de que se autorice la realización del Foro y Conferencia denominados “Ven, siente y mira, para quién legislas”, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IFE, implemente la instalación de módulos fijos de atención ciudadana en cabecera distrital de una entidad para atender y realizar trámites de credenciales a ciudadanos de otra entidad federativa, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a la representación de nuestro país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, a efecto de que respalde la resolución a la solicitud presentada por Cuba sobre la necesidad de poner fin al bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica contra dicho país, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, rea-lice las transferencias de los recursos en materia educativa a las entidades federativas, de conformidad con lo aprobado en el PEF 2010, suscrito por los diputados Luis Videgaray Caso y José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, informe sobre los subejercicios registrados en el curso del ejercicio 2010 por la Administración Pública Federal, y para que a través de sus dependencias defina el monto que debe integrar al Fonden, a cargo del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de la Federación y de las entidades federativas, realicen las acciones necesarias para cumplir con diversos artículos transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, publique los decretos de Veda de los Acuíferos denominados “Cuatrociénegas-Ocampo” y “Cuatrociénegas”, en el estado de Coahuila, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la realización anual del Parlamento de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, rectifique y retome el Acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, para que coordine las encuestas nacionales sobre el tema, a cargo del diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Yucatán, establezca el delito de trata de personas dentro de su legislación penal, conforme a lo previsto en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como expedir una Ley para prevenir dicho delito, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores, analicen la posibilidad de establecer consultas entre los parlamentos de México y Japón, y se nombre a los diputados que representan a esta Soberanía para formalizar los intercambios en materias como economía, política, cultura, medio ambiente, educación, fiscal, legal, industrial y/o aquellas que sean de principal interés para ambos parlamentos, a cargo del diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Durango y al Congreso de dicha entidad, restablezcan la autonomía de la Universidad Juárez y permitan que sea la propia comunidad universitaria quien decida libremente su forma de gobierno y la designación de su rector, suscrito por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRA, designe un delegado especial para la atención y solución definitiva a los conflictos agrarios más graves que existen en el estado de Morelos, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la SHCP, establezca el mecanismo necesario para que los recursos cobrados por los seguros contra siniestros, sean aplicados por la SEP a la reparación de los daños de las escuelas afectadas, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, garantice las condiciones de seguridad necesarias para que en México las organizaciones no gubernamentales ejerzan la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, a cargo del diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a la SRA, a la Procuraduría Agraria, al Instituto Nacional de Migración y a la SHCP, pongan en marcha acciones para la promoción y formalización del Testamento Agrario, entre la comunidad mexicana que radica en los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conade, informe a esta Soberanía el monto de los recursos erogados durante la celebración del Bicentenario, realizada los días 9 y 10 de octubre en la Cd. de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, expida la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2009, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, y la envié a la SEGOB para su correspondiente publicación en el DOF, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSP, a la Sedena, a la Semar y a la PGR, fortalezcan los operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y lavado de dinero, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, tome las medidas necesarias para resarcir a los usuarios que compraron boletos del Grupo Mexicana, vigilando que la empresa reembolse todos los gastos en que incurrieron los consumidores, con el fin de protegerlos integralmente de los daños causados por la quiebra, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Sedesol expida el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los gobiernos Federal, estatales y municipales, la creación de fondos específicos para dotar de una computadora a los Jóvenes que cursan estudios de nivel Medio Superior y Superior en las escuelas públicas del país, a cargo del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a expresar al Gobierno de Chile nuestros parabienes por el rescate de los 33 mineros de la mina San José; asimismo, para que se exhorte a la CNDH, hasta el rescate de los restos mortales de los 63 mineros que aún están en los socavones de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Yucatán y a sus autoridades educativas y culturales, a reforzar, apoyar y articular acciones de preservación, difusión y enseñanza de la lengua maya, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco, entregue los recursos federales y estatales destinados al desarrollo sus municipios. Asimismo, se solicita a la ASF, realice una auditoría forense a los recursos federales de los fondos contemplados en los ramos 23, 25, 33 y 36 trasferidos a dicho estado, a cargo de la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos Federal, estatales y municipales, implementen acciones tendientes a fortalecer las medidas preventivas para evitar la realización de actos de extorsión hacia los connacionales durante su regreso a territorio nacional, con motivo de las próximas fiestas decembrinas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Órganos e Instituciones de Gobierno, adquieran artesanías para sus regalos decembrinos, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través del Conaculta, instrumente las medidas necesarias a efecto de apoyar a los creadores culturales, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a los gobiernos estatales, intensifiquen las campañas de registro de nacimientos de niños indígenas ante el Registro Civil, en las regiones más aisladas y con alto grado de marginación, a cargo de la diputada María Felicitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, a la Semar, a la Sedena y al DIF, realicen campañas de promoción para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT y al Director General del AICM, restituyan los espacios de trabajo, sus derechos y cesen las hostilidades a trabajadores de la agrupación de taxistas permisionarios asociados, denominada Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300 A.C., a cargo del diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, implementen un programa de capacitación a los maestros en las diferentes secundarias del país con población indígena, a efecto de aprender el dialecto de la región y combatir la falta de educadores en estos planteles, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Excitativa

A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Comentarios en relación con el estudiante Darío Álvarez, baleado por agentes de la Policía Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios referentes a la recategorización de México para ocupar el espacio aéreo por parte de la FFA, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Comentarios referentes a la complicidad de los gobiernos de facto a nivel federal y del estado de Oaxaca en los recientes asesinatos perpetrados en contra de los habitantes de los municipios de San Juan Copala, a cargo de los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la situación económica del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Con motivo del 161 aniversario de la creación del estado de Guerrero, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Con motivo del 19 de noviembre, conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 25 de noviembre, conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 19 de noviembre, conmemoración del Día de lucha contra la Mutilación Genital Femenina (MGF), a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña, buenos días. ¿Con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Respecto del orden del día.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Respecto del orden del día. Si es tan amable, diputado —ábranle el micrófono al diputado Fernández Noroña. Puede usted hacerlo desde su lugar, diputado. No hay ningún inconveniente.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Lo voy a hacer desde aquí, diputado presidente, aunque no retrata uno igual desde la curul.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Entonces permítame usted, señor diputado, si es tan amable en pasar. Si el objetivo es el retrato, haga usted uso de la tribuna.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias, diputado presidente. Quiero pedirle a esta asamblea la inclusión del siguiente punto que traigo por escrito. Lo voy a leer, si me lo permite. Es muy breve. Dice: “¿Y nosotros, por qué no?”

Los legisladores y legisladoras federales que firmamos este documento manifestamos nuestro interés en que el diputado federal panista César Nava nos explique cómo puede accederse a un departamento en Polanco con valor comercial de un millón de dólares, por cerca de la mitad de su precio. Y, sobre todo, cómo puede pagarse ese departamento, aun a la mitad de su valor con el ingreso que como legisladores federales obtenemos.

Dicho de otra manera. Exigimos a César Nava que nos explique la manera de obtener un departamento barato en Polanco y la forma de pagarlo de contado con un ingreso de legislador federal. La lista de interesados es muy larga, pero sirvan los nombres de los que aquí signamos como muestra de enorme interés sobre el particular y estamos solicitando que se incluya en el orden del día.

Lo firmamos el diputado Jaime Cárdenas Gracia y un servidor, hay diputados del Verde, el PT, del PRD que quieren signarlo, pero no hubo tiempo de recabar las firmas y hay algunos reporteros de la fuente, trabajadores administrativos y muy diversos hombres y mujeres que tienen interés en la asesoría del diputado César Nava, para que nos explique cómo se puede acceder a un departamento de estas características en Polanco.

Le pido que se pudiera incluir en el orden del día este punto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Como usted sabe, los asuntos para ser incluidos en el orden del día son presentados por la Junta de Coordinación Política, a la que turnaremos de inmediato su solicitud.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Es también sobre el orden del día, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Para volver a manifestar mi extrañeza y mi inconformidad por el hecho de que violando la Constitución y la propia convocatoria que se emitió para designar a los consejeros electorales, estando el día de hoy a 9 de noviembre no hayamos designado a los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral.

Quiero comunicarles a todos ustedes, que por primera vez el día de ayer en el IFE tuvo que citarse a una sesión extraordinaria. Esto nunca había ocurrido previamente por falta de quórum. Es decir, sí está habiendo ya problemas en el funcionamiento de la autoridad electoral, y aunque en segunda convocatoria pudo integrarse el quórum, por primera vez en la historia del IFE no hubo quórum en la primera citación.

Yo creo que este pequeño hecho ocurrido el día de ayer, en el seno del Consejo General, demuestra claramente que sí tenemos un problema con la funcionalidad del Instituto y que estamos obligados a cumplir con la convocatoria que este pleno emitió para designar a los consejeros electorales en tiempo y forma, y ese tiempo era el 30 de octubre, presidente.

Simplemente quiero manifestar aquí mi inconformidad y preguntarle a usted, o a alguien del pleno, si sabemos para cuándo vamos a sesionar y designar a los consejeros electorales que no ha podido nombrar este pleno de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Se registran  las expresiones del diputado Jaime Cárdenas y le solicito atentamente a la Junta de Coordinación Política, tome nota de estas expresiones, debidamente.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Sólo para insistir, diputado presidente, también en la solicitud que hice desde hace muchas semanas, de que se declare interlocutor no válido al secretario del Trabajo del gobierno usurpador, Lozano, que no ha comparecido. Se le ha retirado la invitación en los hechos, y yo he solicitado insistentemente que esta Legislatura  lo declare interlocutor no válido, puede aceptarse, puede desecharse, pero debe dársele trámite.

Sé, usted lo ha informado puntualmente, que ya hizo un exhorto adicional a la Junta de Coordinación Política, pero parece que la Junta de Coordinación Política anda un poco inoperante, porque está atorada con lo de los consejeros, está atorada con esto, y está atorada con el país, para decirlo claro.

Vuelvo a insistir sobre el tema, y también sobre el asunto de la secretaria del gobierno usurpador, Georgina Kessel, que tampoco ha comparecido a cumplir con su responsabilidad de informar a esta soberanía, y también en los hechos ya se la ha retirado la invitación.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, le informo muy atentamente que estamos esperando la notificación formal del resolutivo en la Junta de Coordinación Política sobre el asunto que, a petición de la Mesa Directiva, trató el día de ayer.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Gracias, presidente. Con tres puntos que me preocupan:

Uno tiene que ver directamente con la agenda del día de hoy. Veo que están remitiendo un oficio de la Secretaría de Gobernación con observaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles, ésa que votamos en contra, en donde mi compañero Jaime Cárdenas advirtió de esta situación y por línea se votó a favor. Yo exhortaría tener seriedad a la hora de legislar, porque si no esto nos va a estar sucediendo una y mil veces.

El otro punto, también, y con preocupación digo y me pregunto, si ya llegaron los duendes a la Comisión de Presupuesto. Fíjense que ayer recibí un oficio en donde el 4 de noviembre a las 3 de la tarde se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Vigilancia para votar el presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación.

Ahora resulta que en mis manos está un oficio que desde ese día 4, pero a las 9 de la mañana, la diputada presidenta Esthela Damián ya había mandado el oficio a la Comisión de Vigilancia con el presupuesto aprobado.

Yo no sé si ya hayan llegado los duendes a la Comisión de Presupuesto o estén ya en la Comisión de Vigilancia, pero sí me preocupa mucho esta situación, que las cosas se estén dando antes de que se lleven a cabo las reuniones de comisiones, porque evidentemente es ilegal y si estamos ahorita con esto, no me quiero imaginar lo que va a pasar el jueves que supuestamente se quiere acordar el Presupuesto, si estamos empezando con las irregularidades desde antes de.

La última, presidente, también muy preocupado veo que aquí hace algunas semanas aprobamos un sobreprecio a los cigarros con una recaudación de 12 mil millones de pesos. Veo con mucha preocupación que la palabra empeñada del presidente de la Comisión de Presupuesto, de que esta recaudación iba a ser destinada al sector salud, no se está cumpliendo, porque apenas —si bien les va— les van a reasignar mil 500 millones de pesos.

Sin embargo, hoy ya se sabe que incluyeron los medicamentos para dejar de fumar en el cuadro básico de medicinas, lo cual evidentemente es un gran negocio para los laboratorios, y que eso se expresó aquí en esta tribuna.

Quiero que quede constancia de estas tres cosas, porque cada día esta Cámara de Diputados está peor, y eso que todavía Televisa no ha metido su cuchara en estos temas. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se consignan las expresiones del diputado Mario di Costanzo en el Diario de los Debates. La parte respectiva a la Comisión de Presupuesto, le solicito a ésta tomar nota.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría y pregunte si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Queda dispensada la lectura del acta.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cuatro de noviembre de dos mil diez, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 260 diputadas y diputados, a las 11 horas con 14 minutos del jueves 4 de noviembre de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día y enseguida se dio lectura al acta de la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera. Desde su curul, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, realizó comentarios en relación con la elección de consejeros electorales al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el periodo 2010-2019. El presidente realizó aclaraciones.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal en el que invita a la ceremonia cívica con motivo del 103 aniversario luctuoso de Jesús García Corona, Héroe de Nacozari, que tendrá lugar el 7 de noviembre a las 10:00 horas. Se designó una comisión de representación.

Se dio cuenta con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes en las Comisiones de Marina, de Desarrollo Rural, de la Función Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como en mesas directivas de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Justicia, de Gobernación, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En votación económica se aprobaron, comuníquense.

Se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que reforma los artículos treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro y treinta y cinco de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores, con los que se remiten solicitudes de los senadores:

• María del Rosario Leticia Jasso Valencia, para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo de la fracción tercera del artículo ciento nueve de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se remite a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

• Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se remitieron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Caritina Saénz Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turnó a la Comisión de Transportes.

Alejandro del Mazo Maza, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo treinta y tres de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Desde sus respectivas curules realizaron moción de procedimiento los diputados Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México y Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

Se concedió el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

• Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Sabino Bautista Concepción, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas.

• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Juan Carlos Natale López, en nombre propio y del diputado Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

• Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y se adicionan los párrafos séptimo y octavo recorriéndose en su orden, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

• Joel González Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo 77 Bis a la de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turnó a la Comisión de la Función Pública.

• Jaime Arturo Vázquez Aguilar, que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 62 de la Ley General de Vida Silvestre. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 50 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

En votación económica la asamblea dispensó la lectura de los dictámenes con proyectos de decreto de la Comisión de Gobernación, que conceden el permiso constitucional necesario a los ciudadanos:

• Alfredo Ruíz Argueta, Alicia Chávez Castillo, Víctor Jair López Frausto, Héctor Ruiz Gamiño, Salomón Motte Santiago, Marcela González Meléndez, J. Darío Ortega Mercado y Adrián Leopoldo Navarro Soto, para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América, de Belice en México y en los Consulados de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas.

• Alfredo Aguirre Flores, Jesús Fernando Martínez Estrada, Ernesto Martínez Chávez, María Irene Salazar Ortega, Luis Patricio Garza Zaldívar y Abigail Reyes González, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados de Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

• Christian Alfredo Álvarez Maciel, Jorge Ulises Bautista Magallón, Pedro Gómez Gómez, Leopoldo Miguel Espinosa Horcasitas, Valentín Martínez Soto, Adrián Sánchez Rosaldo, Leonardo Guzmán Maltos, Roberto Alonso Picos Rubio, Miguel Olguín Antonio, David James García Sotello y Eva Jenny Arias Moreno, para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América, del Estado de los Emiratos Árabes Unidos, en México y en los Consulados de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Tijuana, Baja California y Guadalajara, Jalisco.

Quedaron de primera lectura.

A las 12 horas con 51 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 417 diputadas y diputados.

En sendas votaciones económicas se dispensó la lectura y se sometieron a discusión en lo general los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

• De Hacienda y Crédito Público, que reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Desde sus respectivas curules los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, realizó moción de procedimiento; María Esther Scherman Leaño y José Antonio Yglesias Arreola, ambos del Partido Revolucionario Institucional, fundamentaron el dictamen por la comisión y en pro. Se sometió a discusión en lo general e intervinieron en contra y en pro del dictamen, respectivamente los diputados Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, en pro el diputado José Antonio Yglesias Arreola, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En votación económica se considera suficientemente discutido. En votación nominal se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto por 271 votos y 6 abstenciones. Pasó el Senado para sus efectos constitucionales.

• De Justicia, que adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hizo uso de la palabra, para fundamentar el dictamen, el diputado Camilo Ramírez Puente. Para fijar posición de sus respectivos grupos parlamentarios intervinieron los diputados Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática y Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional y en pro Víctor Humberto Benítez Treviño, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

En votación económica se consideró suficientemente discutido. En votación nominal se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por 289 votos y una abstención. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

• De Juventud y Deporte, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Para fundamentar el dictamen intervino el diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez. En la discusión en lo general intervinieron en pro del dictamen el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo. En votación económica se consideró suficientemente discutido. El presidente informó que se reservan los artículos 3o. Bis, 4o. Bis, 5o. y 15 Bis, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se aprobó en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 271 votos y 2 abstenciones. Se refirieron al artículo 3o. Bis y 15 Bis, y propuso modificaciones la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, que en votación económica no se admitió a discusión; el diputado Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional intervino en relación con los artículos 3o. Bis, 4o. Bis y 5o., quien propuso modificaciones, en sendas votaciones económicas se admitieron a discusión y se aceptaron las propuestas de modificación. Desde su curul, y en su oportunidad realizó comentarios el diputado Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se consideraron suficientemente discutidos y se aprobaron en lo particular los artículos reservados con las modificaciones aceptadas por 273 votos y 2 abstenciones. Se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

Se recibieron proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• Fernando Espino Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno de Michoacán, a que realicen las gestiones necesarias para garantizar la participación de las comunidades de Uruapan en la administración, custodia y operación del parque nacional Barranca del Cupatitzio. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que establezca el fondo a la investigación de biotecnología y bioseguridad, que atienda las necesidades de los productores nacionales. Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional, relativo al ejercicio de los recursos federales en materia de seguridad pública asignados a estados, municipios y al Distrito Federal. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

• Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal, a que presente ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal del Distrito Federal, para fortalecer la autonomía administrativa de los órganos político-administrativos. Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

• José Manuel Hinojosa Pérez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, al Gobierno del Estado de Michoacán, al Gobierno Municipal de Morelia y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inicien las actividades necesarias para la creación del Hospital Universitario de dicha Institución Universitaria. Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud.

• Carlos Luis Meillón Johnston, del Partido Acción Nacional, se consideren recursos para la creación del Fondo Nacional de Apoyo al Jornalero Agrícola, y se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a aplicar un programa de Provisión de Identificación Documental a Jornaleros Agrícolas. El primer resolutivo se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y el segundo resolutivo se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

• Enrique Torres Delgado, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, programe el establecimiento de una cuenca lechera en Sonora, y se consideren recursos para llevar a cabo el proyecto denominado Cuenca Lechera del Río Magdalena, Sonora. El primer resolutivo se turnó la Comisión de Agricultura y Ganadería y el segundo resolutivo se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Energía, analicen las bases financieras e institucionales existentes, con el apoyo del gobierno de Tabasco, a efecto de determinar la viabilidad de mantener permanentemente inexplotadas las reservas petroleras de la reserva de la biosfera Pantanos de Centla. Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía.

• Rodolfo Lara Lagunas, Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social, a que tutelen con energía lo mandatado por la ley para el debido respeto de los derechos de los jornaleros agrícolas. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El presidente informó de la recepción de proposiciones con punto de acuerdo, relativos al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, de los diputados:

• Fernando Espino Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, se consideren recursos para llevar a cabo las acciones que permitan operar con mayor seguridad la línea A y el mantenimiento mayor de trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

• Jorge Hernández Hernández, el Partido Revolucionario Institucional, se consideren recursos:

- Para restauración, construcción, ampliación y mejoramientos de los planteles educativos en todos los niveles escolares, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

- Becas en todos los niveles escolares, en Ecatepec de Morelos, estado de México.

• Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, se consideren recursos:

- Para infraestructura carretera, hidráulica, deportiva, cultural, educativa, de desarrollo social y salud en el municipio de Melchor Ocampo, estado de México.

- Para la construcción de la línea de agua tratada para alimentar la zona chinampera de Tetelco y Mixquic, en Tláhuac, Distrito Federal.

- Para el proyecto de cultivo y reproducción del bagre del Balsas en el estado de Puebla.

- Para apoyar proyectos de inversión en materia agropecuaria, en los municipios de Puebla, Francisco Z. Mena y Chiautla de Tapia.

- Para infraestructura cultural en los municipios de Teotlalco, Huehuetlan el Chico y Chiautla de Tapia, Puebla.

- Para infraestructura hidráulica, agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en diversos municipios de Puebla.

- Para infraestructura carretera y caminos rurales en diversos municipios de Puebla.

• Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Partido Revolucionario Institucional, se consideren mayores recursos para las entidades federativas para la implantación de campañas zoosanitarias con el objetivo de mejorar la inocuidad de sus productos agropecuarios.

• Humberto Lepe Lepe, del Partido Revolucionario Institucional, se consideren recursos para:

- La construcción de un cajón captador de aguas pluviales de concreto armado, en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California.

- La construcción del Puente Machado, en Playas de Rosarito, Baja California.

- La construcción del Gran Parque Metropolitano Rosarito, en Playas de Rosarito, Baja California.

- La construcción del proyecto Arroyo Huahuatay en Playas de Rosarito, de Baja California.

- La construcción del tercer acceso a playas, en Tijuana, Baja California.

- La rehabilitación y construcción de la Unidad Deportiva San Antonio, en el municipio de Linares, Nuevo León.

- La modernización de la avenida Reforma, en Ensenada, Baja California.

- La construcción del Nodo Vial Clouthier-Cucapah, en Tijuana, Baja California.

- Aplicarlos en el plan de desarrollo regional para el valle de San Quintín, Baja California.

- La remodelación y proyecto de la Unidad Deportiva Rosarito, en Playas de Rosarito, Baja California.

- La construcción de la Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza, en Linares, Nuevo León.

- La construcción del boulevard Zertuche Norte, en Ensenada, Baja California.

• Hernán de Jesús Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional, se consideren recursos para la:

- Apertura del camino tipo rural, tramo entronque a carretera Simojovel de Allende-El Chacacal, de Simojovel, Chiapas.

- Construcción de terracería, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento en la localidad Chichelalo, de Larráinzar, Chiapas.

- Pavimentación del camino desvío José María Morelos-límite Raya con Tabasco, de Huitiupán, Chiapas.

- Modernización y ampliación del camino Portugal-El Jardín, de Simojovel, Chiapas.

- Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento en la localidad Jolnachoj, en Larráinzar, Chiapas.

- Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento del camino Simojovel-La Pimienta, de Simojovel, Chiapas.

- Construcción y pavimentación de carretera, tramo Majomut-Los Chorros de Chenalhó, Chiapas. (Sólo turno a comisión).

- Construcción y pavimentación de carretera, tramo Mitontic-Belisario Domínguez, de Chenalhó, Chiapas.

- Apertura de camino, revestimiento y obras de drenaje, en la localidad Tres Puentes, en Larráinzar, Chiapas.

- Construcción y pavimentación de carretera, tramo Yabteclum-Tanate Puebla, de Chenalhó, Chiapas.

- Pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias, del tramo Bochil-ejido Pomilo, en la localidad de ejido Pomilo de Bochil, Chiapas.

- Modernización de camino, tramo entronque Rayón-Ribera San Isidro, de Pantepec, Chiapas.

- Pavimentación de camino rural, tramo ejido Rincón Chamula-ejido La Florida, en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas.

- Apertura del camino San Andrés-Sonora, de San Andrés Duraznal, Chiapas.

- Pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias, del tramo Bochil-Tierra Colorada, de la localidad Tierra Colorada, en Bochil, Chiapas.

- Apertura de camino, revestimiento y obras de drenaje, en la localidad Tzajalho, en Larráinzar, Chiapas.

- Pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias, del tramo Bochil- Paraje La Yerbabuena, en Bochil, Chiapas.

• María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, se consideren mayores recursos para el pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en centros penitenciarios estatales del ramo 36.

• Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se propone la adición del artículo 56, dentro del Título Quinto, Capítulo Único, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

• José Luis Soto Oceguera, del Partido Revolucionario Institucional, se consideren recursos para:

- El programa de electrificación rural y sostenibilidad energética en la cuenca del río Lerma dentro del parque nacional Nevado de Toluca, estado de México.

- El programa de electrificación solar en el Zoológico de Zacango en Calimaya, estado de México.

- La rehabilitación del alumbrado público por medio de energía solar en Amanalco, estado de México.

- La elaboración de un programa para utilizar energías alternativas en el estado de México.

- El fortalecimiento de las capacidades de infraestructura y equipo en investigación nuclear en el estado de México.

• Sofía Castro Ríos, del Partido Revolucionario Institucional, se consideren recursos para un fondo de rescate al 100 por ciento para defraudados de las cajas de ahorro en Oaxaca.

• Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, se consideren recursos para la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional.

• Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional, se consideren mayores recursos para infraestructura deportiva en los municipios de las distintas entidades del país en donde se requiera, particularmente en diversos municipios de Jalisco.

• Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional, se consideren recursos para la realización de obras de mantenimiento y remodelación en las instalaciones deportivas de Miguel Hidalgo, DF.

• Integrantes del Partido Acción Nacional, se consideren recursos para:

- Llevar a cabo los proyectos de inversión en materia de seguridad pública en Baja California.

- La construcción, modernización y equipamiento de infraestructura deportiva en Baja California.

- La construcción y modernización de infraestructura turística en Baja California.

- Los proyectos de inversión en materia de salud de Baja California.

- La construcción, remodelación y equipamiento de los distintos proyectos culturales en Baja California.

- Los distintos proyectos de inversión en materia de medio ambiente y recursos naturales de Baja California.

- La inversión en las zonas metropolitanas de Baja California.

- La construcción y modernización de infraestructura carretera en Baja California.

• Alba Leonila Méndez Herrera, del Partido Acción Nacional, se consideren recursos para la construcción de la red de alcantarillado sanitario del predio Vista Hermosa, Martínez de la Torre, Veracruz.

• Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Partido Acción Nacional, se consideren recursos para la construcción de una alberca semiolímpica para la unidad deportiva de Romita, Guanajuato.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, se consideren recursos para la pavimentación de diversas localidades del municipio de Río Bravo, Tamaulipas

• Yolanda del Carmen Montalvo López, del Partido Acción Nacional, se consideren recursos para la construcción de terracería a unidades de producción de Tenabo, Campeche.

• José Ignacio Seara Sierra, del Partido Acción Nacional, se consideren recursos para proyectos de inversión en infraestructura para la ampliación y mejoramiento del puerto de Isla del Carmen, Campeche.

• José Ignacio Seara Sierra, del Partido Acción Nacional, se consideren mayores recursos para la Secretaría de Marina Armada de México.

• Enrique Torres Delgado, del Partido Acción Nacional, se consideren, al menos, recursos similares a los asignados en dos mil diez para los programas de desarrollo social, sujetos a reglas de operación del Ramo veinte.

• Óscar Martín Arce Paniagua y Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, se consideren recursos para la debida aplicación de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

• Óscar Martín Arce Paniagua y Bonifacio Herrera Rivera, del Partido Acción Nacional, se consideren recursos para reestructurar el Sistema Penitenciario, conforme a lo establecido por los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Óscar Martín Arce Paniagua y Sonia Mendoza Díaz, del Partido Acción Nacional, se consideren recursos para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, conforme a lo establecido por el artículo dieciocho de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

• Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Partido Acción Nacional, se consideren recursos para la Secretaría de Salud, para una campaña intensiva en los medios de comunicación, a favor de la no discriminación de las personas con discapacidad.

• Oralia López Hernández, del Partido Acción Nacional, se consideren mayores recursos para las urgentes medidas de limpieza del cause, desazolve, bordeo y saneamiento de las aguas del río Zahuapán y para reparar las plantas de tratamiento de aguas residuales que se encuentran suspendidas en el estado de Tlaxcala.

• Marcos Pérez Esquer, del Partido Acción Nacional, se consideren mayores recursos para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

• Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, se consideren recursos para proyectos de infraestructura hidráulica en el estado de Oaxaca.

• Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, se consideren recursos para proyectos de infraestructura en Oaxaca:

- Eléctrica.

- Hidráulica.

- Educativa.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, se consideren recursos para:

- El fortalecimiento de los programas de derechos humanos, de equidad de género y de vinculación ciudadana en la Secretaría de la Defensa Nacional.

- La construcción de una vía de acceso que comunique la población de Hierbabuena con La Concordia, municipio de Tlahuiltelpa, Hidalgo, así como para la introducción de servicios públicos básicos y electrificación de la comunidad.

• María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, se consideren recursos para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

• Teresa Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputadas integrantes de diversos grupos parlamentarios, se consideren recursos para la creación de un fondo de fomento a la participación ciudadana en la prevención social del delito.

• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, se consideren recursos para los proyectos, programas y propuestas que presentan diversos presidentes municipales de Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Tabasco, estado de México, Jalisco y Zacatecas.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, se consideren recursos para el fortalecimiento del programa de escuelas de jornada ampliada para el Distrito Federal.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, se consideren mayores recursos para el Fondo de Desarrollo Regional.

• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, se consideren mayores recursos para el Programa Social 70 y Más, y la creación de los programas de apoyo a madres solteras y discapacitados.

• Rodrigo Pérez-Alonso González, del Partido Verde Ecologista de México, se considere realizar las modificaciones correspondientes a efecto de incluir disposiciones relevantes en materia de ejercicio del gasto, informes respectivos y evaluación del desempeño.

• María Guadalupe García Almanza, de Convergencia, se consideren recursos adicionales para superar los rezagos sociales en el estado de Oaxaca.

Se turnaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se dio cuenta de acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Relativo a la mucopolisacaridosis en todas sus versiones y tipos, especialmente los identificados como segundo y sexto.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, expida la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2009.

En sendas votaciones económicas se aprobaron, comuníquense.

La Secretaría dio lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa al diputado que representará a la Cámara de Diputados ante el Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal. De enterado, comuníquese.

Se recibió solicitud de excitativa de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Partido Acción Nacional, a la Comisión de Gobernación, el presidente excitó a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 15 horas con 18 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el martes 9 de noviembre de 2010, a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Póngala a discusión, señor secretario.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta.Continúe con las comunicaciones.

DIPUTADA QUE SE INTEGRA A GRUPO PARLAMENTARIO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez que se han satisfecho los requisitos establecidos en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, así como lo dispuesto en el reglamento que rige al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hago de su conocimiento la incorporación a este grupo parlamentario de la siguiente diputada:

1. María de la Paz Quiñones Cornejo.

Adjunto a la presente la solicitud respectiva, para los efectos a que haya lugar.

Reciba un afectuoso saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre 25 de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Apreciado diputado Rojas Gutiérrez, me dirijo a usted con objeto de solicitarle mi incorporación como diputada integrante a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados.

Debo aclarar que el pasado 19 de agosto del presente año presenté mi renuncia al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y a dicho instituto político, documentos de los cuales anexo copias simples.

Le agradezco la atención a la presente y le manifiesto mi más amplia disposición a contribuir con la importante agenda legislativa que impulsa el PRI y que, sin duda, será en beneficio de todos los mexicanos.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado. Comuníquese.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Me dirijo a usted de la manera más atenta, para hacer de su conocimiento que a partir de esta fecha me reincorporo a mis funciones como diputado federal integrante de la LXI Legislatura, cargo del cual solicité licencia del día 11 de octubre al 7 de noviembre del presente año.

Por lo que solicito se sirva notificar lo anterior al pleno de esta soberanía, así como a todas las áreas administrativas pertinentes para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

México, DF, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado Jaime Sánchez Vélez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado. Comuníquese.

Le damos nuevamente la bienvenida a nuestro muy estimado compañero don Jaime Sánchez Vélez. Continúe, señora secretaria.

LEY AGRARIA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión de Reforma Agraria

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Respetuosamente solicito a usted que sea devuelto a esta Comisión de Reforma Agraria el dictamen remitido a esa Mesa Directiva, a su digno cargo, mediante el oficio OF/CRA/374/10, de fecha 26 de mayo del 2010, que se describe de la siguiente manera:

• Dictamen a minuta con observaciones parciales de la colegisladora, aprobada en sus términos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 64 de la Ley Agraria.

En razón de que con fecha 5 de octubre del 2010, la Mesa Directiva de esta comisión solicitó ante el pleno de esta Cámara de Diputados que se bajara del orden del día correspondiente a la sesión del propio 5 de octubre del 2010, con el propósito de enriquecer y mejorar sus considerandos.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2010.— Diputado Óscar García Barrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se autoriza la devolución del dictamen.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza la devolución del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Devuélvase el dictamen a la Comisión de Reforma Agraria.

REPUBLICA DE CUBA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

Excelentísimo Señor Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Distinguido señor presidente:

Tengo el honor de saludarle atentamente y dirigirle el texto del Llamamiento de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia “A los parlamentos de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales parlamentarias con motivo de la necesidad del levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de la República de Cuba”.

En espera de sus comentarios acerca del documento mencionado aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Anexo lo citado, con traducción, en 3 páginas.

México, DF, a 3 de noviembre de 2010.— Valery Morozov (rúbrica), embajador de la Federación de Rusia.»

(Traducción no oficial)

«Duma Estatal de la Asamblea Federalde la Federación de Rusia

Quinta Legislatura

Llamamiento de la Duma Estatal

A los parlamentos de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales parlamentarias con motivo de la necesidad del levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de la República de Cuba.

La Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa confirma su posición expuesta en las declaraciones del 14 de octubre de 1994 “Sobre el levantamiento del bloqueo económico de la República de Cuba”, del 17 de mayo de 1995 “Con motivo del examen en el Congreso de los Estados Unidos de América del proyecto de ley que prevé el endurecimiento del bloqueo económico de la República de Cuba”, del 6 de marzo de 1996 “Sobre la agudización de las relaciones americanocubanas”, del 22 de marzo de 1996 “Con motivo de la aprobación de la ley Helms-Burton”, del 1 de octubre de 1999 “Con motivo del continuo bloqueo económico de la República de Cuba”, del 3 de noviembre de 2006 “A los parlamentos de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas con motivo del continuo bloqueo económico de la República de Cuba” y del 18 de octubre de 2007 “A los parlamentos de los Estados - miembros de la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales parlamentarias con motivo de la necesidad del levantamiento del bloqueo económico de la República de Cuba”, del 17 de octubre de 2008 “A los parlamentos de los Estados - miembros de la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales parlamentarias con motivo de la necesidad del levantamiento del bloqueo económico de la República de Cuba y de prestar ayuda a la República de Cuba en la liquidación de las consecuencias destructivas de desastre natural”, y del 23 de octubre de 2009 “A los parlamentos de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales parlamentarias con motivo de la necesidad del levantamiento del bloqueo económico de la República de Cuba”.

Las declaraciones sobre nuevos enfoques a la política exterior en base del respeto incondicional de los principios universalmente reconocidos y las normas del derecho internacional sucedidas después de la llegada al poder de la administración actual de los Estados Unidos de América permitían esperar que una de las confirmaciones de la renuncia de los métodos de fuerza de la solución de problemas de política exterior será el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de la República de Cuba.

Sin embargo, los Estados Unidos de América continúan actuando en contradicción con las reglas y principios de relaciones entre los Estados soberanos, ignoran la opinión de la mayoría aplastante de los miembros de comunidad internacional expresada en las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre inadmisibilidad del bloqueo económico de la República de Cuba.

El bloqueo económico, comercial y financiero de la República de Cuba está provocando consecuencias graves para la vida del pueblo cubano. El daño económico para el pueblo cubano durante muchos años de existencia de este vestigio del pasado según los expertos cubanos ya superó 100 mil millones de dólares.

El bloqueo unilateral de la República de Cuba establecido por los Estados Unidos de América, obviando la Organización de las Naciones Unidas no sólo frena el desarrollo de la economía de la República de Cuba, sino menoscaba los derechos e intereses legítimos de los terceros Estados.

Los diputados de la Duma Estatal reiteran su apoyo al pueblo de la República de Cuba amiga, el Estado que por más de medio siglo en condiciones sumamente difíciles defiende abnegadamente su soberanía y derecho, inalienable de elegir su propio modelo de desarrollo.

La Duma Estatal se dirige a los parlamentos de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales parlamentarias con propuesta de exhortar a los Estados Unidos de América a cumplir los principios universalmente reconocidos y las normas del derecho internacional y levantar inmediatamente el bloqueo económico, comercial y financiero de la República de Cuba.

Moscú, a 22 de octubre de 2010.— Boris Gryzlov, Presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

LETRAS DE ORO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo.— Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, DF.

En la sesión celebrada el 19 de octubre de 2010, el pleno del Congreso de Coahuila de Zaragoza, trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo por el que se propone a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la representación popular nacional la frase, “Coahuila de Zaragoza, Cuna de la Revolución Mexicana”, planteada por el diputado Fernando de las Fuentes Hernández, conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, en los términos que consigna el documento que acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse este asunto, el pleno de éste Congreso, resolvió sobre la aprobación de un acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente:

Único. La LVIII Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, propone respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se inscriba en letras doradas en su Muro de Honor la frase “Coahuila de Zaragoza, cuna de la Revolución Mexicana”, en reconocimiento al papel de nuestro Estado como iniciador de la Revolución Mexicana y en el levantamiento armado para lograr restablecer el orden constitucional, episodios que tienen en los nombres de los coahuilenses Francisco 1. Madero y Venustiano Carranza sus mayores y reconocidos exponentes.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 254 de la Ley Orgánica este Congreso, se comunica a usted este Acuerdo, para su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 20 de octubre de 2010.— El oficial mayor del Congreso del estado, licenciado Francisco Javier Rangel Castro (rúbrica).»

«Escudo.— Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Fernando de las Fuentes Hernández conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario José María Morelos y Pavón del Partido Revolucionario Institucional por el que se propone a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se inscriba en letras de oro en el muro de honor de la representación popular nacional la frase “Coahuila de Zaragoza, cuna de la revolución mexicana

Por acuerdo del Congreso del Estado del 29 de julio de 2009, adoptado con la unanimidad de los votos de las diputadas y los diputados, que integran la LVIII Legislatura, fue aprobado el decreto número 88, a iniciativa del Ejecutivo del estado, por el que se declaró al Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza como “Cuna de la Revolución Mexicana”.

Como consecuencia de este trascendental decreto para nuestro Estado, el 26 de marzo del presente año se celebró una ceremonia solemne que, sin duda, constituye uno de los eventos más significativos que han tenido lugar en el contexto del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución Mexicana.

El referido evento cívico, como lo dispuso el decreto del legislador local, contó con la participación de los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, quienes para el efecto trasladaron su sede a la Hacienda Plan de Guadalupe, sitio memorable en donde Venustiano Carranza promulgara el Plan de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913 y que, como sabernos, tiene el enorme mérito histórico de haber plasmado en su texto la convocatoria al pueblo de México para luchar y levantarse para derrocar el régimen usurpador y la dictadura y restablecer el orden constitucional vulnerado por la traición y el golpe de Estado de Victoriano Huerta en contra de la democracia y del presidente Francisco 1. Madero, asesinado en forma cobarde por los golpistas.

Esta gran lección del pueblo mexicano de recuperación de la democracia, en apego estricto a la verdad, tuvo su origen en nuestro Estado.

En su momento el Congreso del Estado dio las facultades amplias al gobernador Venustiano Carranza que las solicitó a la soberanía local para organizar el Ejército Constitucionalista. Estas páginas de la historia son parte de la historia nacional con las que la democracia mexicana mostró la fuerza y el vigor que determinó que México no volviera a sufrir de ninguna asonada militar, ni de golpes de estado a lo largo del resto del siglo pasado y hasta el presente.

Se trataba, además, de reivindicar a la República y de hacer justicia ante el crimen del presidente coahuilense Francisco 1. Madero, a quien se reconoce el mérito de haber iniciado la Revolución Mexicana con su relevante libro de carácter político La Sucesión Presidencial de 1910, escrito en San Pedro de las colonias, Coahuila.

El restablecimiento de la democracia por efecto del llamamiento de don Venustiano Carranza, debe ser aquilatado por todos los mexicanos porque representa un patrimonio fundamental del proceso democrático de México de profunda raigambre histórica.

Ese acontecimiento, sin duda, sirvió después para que México fuera el espacio generoso de asilo para los luchadores sociales perseguidos por las dictaduras en otras latitudes.

Hoy, que se vive la recuperación democrática de la América Latina con certeza podemos decir que México dio su aporte a ese proceso y que ello fue posible, visto en perspectiva, gracias a Venustiano Carranza que supo -desde Coahuila- convocar a las armas y unir las fuerzas que derrocarían a la dictadura.

El decreto 88 de este honorable Congreso, asimismo, estableció en uno de sus resolutivos que en sesión solemne posterior se inscribiera con letras doradas la frase “A los coahuilenses que ofrendaron sus vidas a la Revolución Mexicana en el Muro de Honor del Palacio Legislativo del Estado.

Todo ello sirve como testimonio de que en Coahuila, con base en la certeza histórica sobre su papel fundamental como origen y cuna de la Revolución Mexicana. Una serie de eventos muestran fehacientemente que la proclama de Coahuila como Cuna de la Revolución, no es una ocurrencia ni una idea de ocasión, sino el resultado lógico, normal, de hechos históricos que año tras año se acreditan en diversos actos, manifiestos, declaraciones y desde luego, que cuentan con el consenso documentado de los historiadores y estudiosos de la Revolución que así nos reconocen como cuna de la Revolución.

Esa condición es motivo de orgullo de todos los coahuilenses sin distingo de partido político o ideología.

No se trata de negar el papel de nadie en episodios posteriores, sino de defender la verdad histórica y de que se rinda honor a quien honor merece, dando el reconocimiento a Coahuila como la Cuna de la Revolución.

La propuesta de punto de acuerdo que ahora se presenta al pleno es para que el Congreso de la Unión, bajo las consideraciones y la fundamentación histórica que ha sido motivo de diversos pronunciamientos del Congreso del estado en torno de la gesta revolucionaria de 1910-1917 y la participación de Coahuila y sus hombres en la Revolución, se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la frase “Coahuila, cuna de la Revolución Mexicana”, lo que plasmaría en forma permanente el reconocimiento del pueblo de México a Coahuila como estado cuna de la Revolución en donde se ideó y fraguó la revolución en su primera fase, encabezada por Francisco 1. Madero y, después, ante la traición de Huerta, con el levantamiento armado que restableciera el orden constitucional en la República.

Un reconocimiento como el que merece Coahuila, tiene también un sentido de vigencia, de actualidad, porque con ello fa nación unida envía un mensaje claro de que nuestra democracia es defendida, como se hizo desde Coahuila, ante cualquier pretensión, sea cual fuere su origen, por el que con cualquier excusa se intente socavar el régimen y las instituciones que los mexicanos nos hemos dado libremente.

Por lo expuesto, y en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 48 en su fracción V de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y con fundamento en lo establecido en los artículos 207,208, 209, 211 Y demás relativos del citado ordenamiento, bajo el trámite de urgente y obvia resolución, solicito se someta a la consideración del Pleno la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LVII legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, propone respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se inscriba en letras doradas en su Muro de Honor la frase “Coahuila de Zaragoza, cuna de la Revolución Mexicana”, en reconocimiento al papel del estado como iniciador de la Revolución Mexicana y en el levantamiento armado para lograr restablecer el orden constitucional, episodios que tienen en los nombres de los coahuilenses Francisco 1. Madero y Venustiano Carranza sus mayores y reconocidos exponentes.

Atentamente

Saltillo, Coahuila, a 18 de octubre de 2010

Por el Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón” del Partido Revolucionario Institucional, diputados: Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Francisco Tobías Hernández, Shamir Fernández Hernández, Luis Gerardo García Martínez, Juan Francisco González González, Hilda Flores Escalera, Rogelio Ramos Sánchez, Enrique Martínez y Morales, Jesús Mario Flores Garza, Ignacio Segura Teniente, Pablo González González, Raúl Onofre Contreras, Ramiro Flores Morales, Salomón Juan Marcos Issa, Jesús Salvador Hernández Vélez, Jaime Russek Fernández, José Antonio Campos Ontiveros, Verónica Martínez García, Verónica Boreque Martínez González, José Isabel Sepúlveda Elías, Osvelia Urueta Hernández, Javier Fernández Ortiz (rúbricas.).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 72, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir para los fines procedentes, las observaciones que el C. Presidente de la República hace al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Por lo anterior, devuelvo al honorable Congreso de la Unión el original del decreto de referencia, con firmas autógrafas de los legisladores senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, senadora Martha Leticia Sosa Govea y diputada María de Jesús Aguirre Maldonado; Presidentes y Secretarias, de las Cámaras de Senadores y de Diputados, respectivamente.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 4 de noviembre de 2010.— Licenciado Julián Hernández Santillán (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso de la Unión.

Lic. José Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación.— Presente.

Tenemos el honor de remitir al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aprobado en esta fecha por el honorable Congreso de la Unión.

México, DF, a 14 de octubre de 2010.— Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), secretaria;diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso de la Unión.

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles

Artículo Único. Se reforman los artículos 5o.; 7o.; 10, primer párrafo; 58; 70, primer párrafo; 87; 89, fracción I; 90; 92; 103, fracción II; 229, fracción IV y se adicionan un penúltimo párrafo al artículo 1o. y el Capítulo IV Bis denominado “De las Sociedades Unipersonales”, con los artículos 86 Bis; 86 Bis 1; 86 Bis 2; 86 Bis 3; 86 Bis 4 y 86 Bis 5 a la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

I. a VI. ...

Las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas podrán optar por constituirse a través de la modalidad de unipersonalidad mediante la denominación de sociedades unipersonales, en los términos del Capítulo IV Bis de esta Ley.

...

Artículo 5. Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán constar sus modificaciones. En la escritura o póliza constará el contrato social y, tratándose de sociedades unipersonales, el acta constitutiva, los cuales contendrán los estatutos correspondientes. El notario público o corredor público no autorizará la escritura o póliza, según corresponda, cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta Ley.

Artículo 7. Si el contrato social o en su caso el acta constitutiva, no se hubiere otorgado en escritura ante notario público o póliza ante corredor público, pero contuviere los requisitos que señalan las fracciones I a VII del artículo 6o., cualquier persona que figure como socio o accionista podrá demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura o póliza correspondiente.

En caso de que el instrumento público que contenga el contrato social o acta constitutiva no se presentare dentro del término de quince días a partir de su fecha, para su inscripción en el Registro Público de Comercio, cualquier socio o accionista podrá demandar en la vía sumaria dicho registro.

Las personas que celebren operaciones a nombre de la sociedad, antes del registro del instrumento público que contenga el contrato social o el acta constitutiva, contraerán frente a terceros responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas operaciones.

Artículo 10. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley, el contrato social o el acta constitutiva, según se trate.

...

...

...

Artículo 58. Sociedad de responsabilidad limitada es, la que se constituye con uno o más socios, que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales o capital puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cesibles en los casos y con los requisitos que establece la presente Ley.

En el caso de la modalidad sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, se estará a lo dispuesto por los Capítulos IV y IV Bis de esta Ley.

Artículo 70. Cuando así lo establezca el contrato social o el acta constitutiva, el o los socios, además de sus obligaciones generales, tendrán la de hacer aportaciones suplementarias en proporción a sus primitivas aportaciones.

...

Capítulo IV BisDe las Sociedades Unipersonales

Artículo 86 Bis. Se entiende por sociedad unipersonal, la que se constituye y puede existir con un sólo socio o accionista. Pueden optar por constituirse mediante esta modalidad de unipersonalidad las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas.

Las clases de sociedades unipersonales son:

I. Sociedad unipersonal originaria: es la constituida por un socio o accionista, sea persona física o moral, y

II. Sociedad unipersonal derivada: es aquella que fue constituida por dos o más socios como sociedad y que todas las partes sociales o acciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio o accionista.

Se consideran propiedad del único socio o accionista, las partes sociales o acciones representativas del capital de la sociedad unipersonal.

Las sociedades que opten por constituirse por la modalidad de sociedades unipersonales, agregarán a su denominación o razón social, según corresponda, la palabra unipersonal o su abreviatura, que según sea el caso será “S.R.L.U.” para las sociedades de responsabilidad limitada unipersonales o “S.A.U.” para las sociedades anónimas unipersonales.

Artículo 86 Bis 1. En la constitución de una sociedad unipersonal o en la declaración de tal situación como consecuencia de haber pasado un único socio o accionista a ser propietario de todas las participaciones sociales o acciones, en la pérdida de tal situación o el cambio del socio o accionista único como consecuencia de haberse transmitido alguna o todas las participaciones o acciones, se harán constar en escritura pública o póliza según corresponda misma que se inscribirá en el Registro Público de Comercio.

Artículo 86 Bis 2. De las decisiones del socio o accionista único.

En la sociedad unipersonal el socio o accionista único ejercerá las funciones de órgano de administración, en cuyo caso, sus decisiones se consignarán en acta, bajo su firma, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o accionista, por su gerente general o por la persona que éste designe como ejecutor o apoderado de la sociedad para tal efecto.

Artículo 86 Bis 3. De la contratación del socio o accionista único con la sociedad unipersonal:

I. Los contratos celebrados entre el socio o accionista único y la sociedad deberán constar por escrito o bajo la forma que exija la ley de acuerdo con su propia naturaleza y, se transcribirán a un libro de actas que deberá llevar la sociedad unipersonal para tales efectos, que deberá ser firmado por el propio socio o accionista y deberá formalizarse ante notario público o corredor público e inscribirse en el Registro Público de Comercio, y

II. En caso de concurso mercantil del socio o accionista único o de la sociedad unipersonal, no serán oponibles a la masa aquellos contratos comprendidos en el apartado anterior que no hayan sido transcritos al libro de actas y no se hayan inscrito en el Registro Público de Comercio como lo menciona el numeral anterior.

Artículo 86 Bis 4. De los efectos de la unipersonalidad derivada.

Transcurridos seis meses desde la constitución de una sociedad mediante la modalidad de sociedad unipersonal o de la unipersonalidad derivada sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Público de Comercio, el socio o accionista único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales contraídas durante el periodo de unipersonalidad. Una vez inscrita la sociedad unipersonal, el socio o accionista único no responderá de las obligaciones contraídas con posterioridad al acto registral.

Artículo 86 Bis 5. Para el caso de las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada son aplicables, en lo conducente los artículos contenidos en el Capítulo IV de la presente Ley.

En el caso de las sociedades anónimas unipersonales son aplicables, en lo conducente, los artículos contenidos en el Capítulo V de la presente Ley.

Artículo 87. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone de uno o varios socios o accionistas cuya obligación se limita al pago de sus acciones.

En el caso de que la sociedad anónima sea constituida por la modalidad de sociedad unipersonal, se estará a lo dispuesto por el Capítulo IV Bis de esta Ley.

Artículo 89. ...

I. Que haya uno o más socios o accionistas, y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos;

II. a IV ...

Artículo 90. La sociedad anónima en general, o en su modalidad de sociedad anónima unipersonal, puede constituirse por la comparecencia ante notario público o corredor público, de la o las personas que otorguen el acta constitutiva o el contrato social, o por suscripción pública.

Artículo 92. Cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, el o los fundadores redactarán y depositarán en el Registro Público de Comercio un programa que deberá contener el proyecto de los estatutos, con los requisitos del artículo 6o, excepción hecha de los establecidos por las fracciones I y VI, primer párrafo, y con los del artículo 91, exceptuando el prevenido por la fracción V.

Artículo 103. Son fundadores de una sociedad anónima:

I. Los mencionados en el artículo 92, y

II. El o los otorgantes del contrato constitutivo social cuando sean dos o más accionistas, o el otorgante del acta constitutiva cuando la sociedad se constituya como unipersonal.

Artículo 229....

I. a III. ...

IV. Cuando el número de socios o accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, salvo que la unipersonalidad se formalice en los términos y plazos establecidos en esta Ley o se trate de sociedades constituidas bajo la modalidad de sociedades unipersonales.

V....

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 14 de octubre de 2010.— Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente;diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente;senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), secretaria;diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

La reciente crisis económica que se generó a nivel mundial trajo consigo consecuencias negativas que limitaron el crecimiento de la economía de nuestro país: sin embargo, lograron tomarse oportunamente medidas preventivas y correctivas que permitieron la superación de estos obstáculos, a la par que el Congreso de la Unión ha discutido promovido y aprobado diversas reformas en materia económica que han dotado a nuestro sistema jurídico de las herramientas necesarias para hacer frente a esta problemática.

Estas reformas son, entre otras, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Propiedad Industrial en materia de piratería y de oposición de patentes; la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y otras leyes en materia de derechos de los usuarios de la banca; la Ley General de Salud en materia de falsificación de medicamentos; Ley de Instituciones de Crédito; Ley de Cámaras Empresariales, entre otras.

Igualmente se aprobó por la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, que permitirá facilitar el cumplimiento de la legislación de competencia A través de esta propuesta la Comisión Federal de Competencia Económica podrá focalizar sus esfuerzos en las tareas verdaderamente trascendentes para lograr una mejora en la competencia y la libre concurrencia. Además, se mejorará la transparencia y la operación de la Comisión Federal de Competencia. Se establecen reglas claras que regulan su operación, lo cual es fundamental para darle certeza y eficacia a las labores de la misma.

Finalmente, se fortalecerá la política de competencia a través de instrumentos efectivos para investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas. Con la implementación de dichos instrumentos, la política de competencia en México se colocará a la altura de las mejores prácticas a nivel internacional.

Asimismo, se expidieron nuevas leyes, como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

De igual manera, el 27 de agosto de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio que tiene como propósito fortalecer al sistema de garantías mobiliarias como una herramienta para facilitar el acceso al crédito y como una alternativa útil, ya que las garantías sobre bienes muebles pueden constituirse sobre casi cualquiera cosa susceptible de apropiación, ampliando de manera significativa el universo de bienes para garantizar un crédito. Además, se complementan los esfuerzos realizados en los años 2000 y 2003 encaminados a fortalecer las figuras de prenda sin transmisión de la posesión y fideicomiso de garantía, al atender la necesidad de transparencia registral y claridad en la preferencia de los acreedores, mediante la creación de un mecanismo de información eficiente y de bajo costo que publicite el otorgamiento, a través del establecimiento del Registro Único de Garantías Mobiliarias. En ese mismo rubro, el pasado 23 de septiembre de 2010, el Ejecutivo Federal a mi cargo emitió las reformas al Reglamento del Registro Público de Comercio, para proveer en la esfera administrativa lo dispuesto por el Código de Comercio.

Como es de observarse, el Congreso se ha ocupado en emitir normas cuyo principal objetivo es permitir que los particulares tengan mejores opciones de participación en el ámbito económico mediante un permanente ejercicio de desregulación, en el que cada vez existan mejores condiciones de competencia, procurando una notable disminución en los trámites a efectuarse.

Por su parte y desde el ámbito de su competencia, el Ejecutivo a mi cargo ha promovido diversos esquemas de desregulación.

Así, se ha emprendido un ejercicio que implica la eliminación de poco más de siete mil normas internas del gobierno, que serán concentradas en nueve manuales administrativos, que compilan las mejores prácticas dentro del gobierno, y que estandarizan la actividad en nueve materias fundamentales: Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales, Obra Pública, Adquisiciones, Control, Tecnologías de la Información, Transparencia y Auditoría.

Por lo que toca a la actividad económica de las empresas, igualmente se han eliminado numerosos trámites, entre los que destacan los de carácter fiscal que impactan directamente en la competitividad de las empresas.

En este esfuerzo de desregulación fiscal se calculan ahorros de alrededor de 15 mil millones de pesos para las empresas en México. Implica la declaración mensual del Impuesto de Tasa Única, la eliminación de la Declaración Anual del IVA, manteniendo un esquema de declaración mensual y la eliminación de otra serie de trámites que les permitirán a las empresas facilitar su interacción con las autoridades fiscales y, por lo tanto, no incurrir en costos mayores a la hora de declarar los impuestos.

Otro esfuerzo importante de desregularización es el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio En tal sentido, la Secretaría de Economía, en coordinación con los Gobiernos de las 32 entidades federativas están operando el Registro Público de Comercio por medio del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), programa informático desarrollado por dicha dependencia para modernizar y unificar la prestación del servicio en todo el país.

Uno de los objetivos primordiales de este programa es coordinar la prestación del servicio del Registro Público de Comercio con altos estándares de seguridad jurídica e informática y coadyuvar a la modernización de los servicios de Firma Electrónica Avanzada, a favor del fortalecimiento de la competitividad de la economía mexicana. La firma electrónica es una herramienta indispensable para el desa-rrollo del comercio electrónico, ya que además de un marco regulatorio adecuado, se requiere poner al alcance de los actores económicos un conjunto de servicios que otorguen factibilidad y generen las ventajas comparativas suficientes para que dichos actores elijan masivamente esta nueva plataforma para hacer negocios.

Otro gran esfuerzo del gobierno federal es la creación del portal electrónico “tuempresa.gob.mx” que es un portal electrónico creado para facilitar la constitución de empresas en México a través del uso de la tecnología. Hoy en día, a través del Portal de internet, el ciudadano puede iniciar y concluir el proceso de apertura de una empresa y terminar con un proyecto de estatutos que se presenta ante un fedatario público para dar fe y legalidad a la sociedad mercantil. A partir del portal se constituye una empresa en un solo sitio electrónico con un solo formato y sin la intervención de servidores públicos.

El objetivo conjunto de estos esfuerzos es contar con una regulación que ponga al ciudadano en el centro y sirva para incrementar la competitividad y favorecer el desarrollo económico. Así, se hace más eficiente la relación entre los ciudadanos y el gobierno, ya que se fortalece la transparencia y se reduce la discrecionalidad en las obligaciones que se deben cumplir con las disposiciones regulatorias.

Ahora bien una de las directrices fundamentales en las que se sustenta el desarrollo de los Estados democráticos es la colaboración entre Poderes, quienes a través del ejercicio conjunto de sus atribuciones contribuyen, desde el ámbito de su competencia, en la consolidación del Estado de Derecho, la salvaguarda de las libertades de los ciudadanos y garantizan el pleno desarrollo social económico y político del propio Estado.

Es así que en el marco de dicha colaboración, la intervención del Poder Ejecutivo en el proceso legislativo cobra especial relevancia, ya que como la propia Constitución Política Federal lo prevé, da paso a un diálogo respetuoso y responsable en el que es posible armonizar opiniones y lograr los consensos necesarios en la construcción y solidificación de nuestro sistema jurídico. Por ello, la facultad de emisión de observaciones es justamente una herramienta de producción de consensos y en ningún momento constituye la pretensión del Ejecutivo de generar discordancias sino solamente abrir nuevos espacios de reflexión.

Esta facultad, prevista en el artículo 72 de la Constitución Federal, debe considerarse como parte de la comunicación respetuosa entre el Legislativo y el Ejecutivo, en el sentido de procurar una plena operatividad constitucional y la adecuación de los textos normativos secundarios a los principios, valores y normas de la Ley Fundamental.

El pasado 21 de octubre del año en curso, fue remitido por el Poder Legislativo Federal, para sus efectos constitucionales, el Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y que tiene como propósito fundamental el establecimiento de la figura de la sociedad unipersonal en el derecho mercantil en nuestro país.

En atención a las consideraciones preliminares sobre desregulación y a diversas problemáticas jurídicas que lograron identificarse, se considera pertinente, en ejercicio de la facultad conferida al Ejecutivo Federal a mi cargo, la emisión de observaciones en términos de lo dispuesto por el artículo 72, fracción C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. El 14 de diciembre 2006, el diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles y el Código de Comercio.

2 El 22 de febrero 2007, el diputado Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles,

3. Ambas iniciativas fueron dictaminadas de manera conjunta por la Comisión de Economía de la LX Legislatura, y seguido su trámite legislativo, el 27 de marzo 2008, la Mesa Directiva de esa misma legislatura, remitió al Senado de la República la Minuta que contenía el “Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles”, que había sido aprobada, en esa misma fecha por el Pleno de esa Cámara.

4. La Minuta recibida en revisión por la Cámara de Senadores, fue turnada a las Comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos quienes el 9 de diciembre 2008, presentaron el dictamen correspondiente en Primera Lectura a la consideración del Pleno como “Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles”; aprobándose en lo general y en lo particular por 106 votos a favor modificando el proyecto enviado por la Cámara de Diputados.

5. El 9 de diciembre 2008, se recibió la minuta en la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artículo 72 Constitucional.

6. En sesión del pleno de la Cámara de Diputados de fecha 14 de octubre de 2010, se sometió a la consideración de la Asamblea el dictamen por el que se aprueba la minuta en sus términos. Se obtuvo una votación de 259 votos en pro, 34 en contra y 6 abstenciones. La Mesa Directiva ordenó su remisión al Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

7. Finalmente, el 21 de octubre del presente año, el proyecto de Decreto de mérito fue remitido al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. DGPL 61-II-5-968, suscrito por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado y por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, Secretarias de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores respectivamente

II. Observaciones

El Ejecutivo Federal a mi cargo, coincide con la inserción de la figura de las sociedades unipersonales en el ordenamiento jurídico nacional. Esta figura de derecho mercantil no es ajena a otros sistemas que la han creado a propósito de otorgar flexibilidad en la organización comercial. Así, tanto en el derecho anglosajón como en el ordenamiento alemán se ha buscado que, mediante la separación de una porción del patrimonio de la persona física, la ejecución de actividades de carácter mercantil se lleve a cabo de manera semejante a la corporación con pluralidad de socios.

En tal sentido, es una necesidad evidente de la vida corporativa de nuestro país. contar con la figura de la unipersonalidad, de manera que puedan cumplirse conjuntamente con los objetivos de la separación del patrimonio de la persona física, la delimitación del tipo de responsabilidad y la certidumbre jurídica de las contrapartes y los terceros en el momento de llevar a cabo contrataciones con dichas personas jurídicas. La unipersonalidad es en sí misma una herramienta muy útil para lograr la formalización de las actividades comerciales, así como un insumo novedoso que constituye sin duda la evolución de las formas societarias y de las técnicas de organización de la empresa.

Es importante destacar que por lo que respecta a la implementación de políticas públicas, el reconocimiento legal de la unipersonalidad permitiría combatir los fenómenos que de manera cotidiana se presentan, en los que un socio es propietario prácticamente de todo el capital social y se deja al otro con el carácter de minoritario tan sólo una acción o mínima porción del capital para el cumplimiento del requisito impuesto por el ordenamiento inherente a la pluralidad.

Sin embargo, es indispensable que la inserción de la sociedad unipersonal al ordenamiento jurídico, sea concebida de manera conjunta al análisis jurídico y legislativo de la figura de la desestimación de la personalidad jurídica societaria y por otra parte que dicha inclusión en el sistema, contenga elementos mínimos de congruencia con los recientes ejercicios e interpretaciones efectuados por el Congreso de la Unión en materia de desregulación Es decir, el Ejecutivo Federal a mi cargo, se pronuncia por una regulación mínima que permita dotar de agilidad los mecanismos de constitución y de operación de las sociedades circunstancia que no se actualiza en el proyecto de decreto de mérito.

Cabe destacar que el Proyecto de Decreto como se advirtió en el capítulo de Antecedentes, es resultado de dos iniciativas presentadas originalmente en la Cámara de Diputados y modificadas por la Colegisladora. Dichas modificaciones consistieron principalmente en el cambio de denominación de “empresa” unipersonal, por el de “sociedad” unipersonal, así como la sustitución del término “estatutos” por acta constitutiva, entre otros temas. Sin embargo, dichas modificaciones no cambiaron sustancialmente la intención y el contenido de ambos proyectos para crear un capítulo especial en el ordenamiento que rige las sociedades mercantiles y tampoco se pronunciaron en el sentido del análisis de la creación de la sociedad unipersonal mediante la modificación del requisito de número para su creación, circunstancia normativa que es explorada por otros proyectos legislativos que se encuentran pendientes de dictamen por el propio Congreso de la Unión.

Una vez efectuada la advertencia a favor de la figura jurídica de la unipersonalidad, es necesario llevar a cabo un análisis de diversos temas planteados por el Proyecto de Decreto, recomendando lograr una legislación simultánea e integral sobre la desestimación del velo societario, formulando algunas consideraciones del alcance de su contenido en contraste con el principio de desregulación, para finalmente ocuparse de ejemplificar algunos casos de derecho comparado, en los que se ha conjugado la legislación en materia de sociedad unipersonal con la desestimación jurídica societaria, sobre todo en países que comparten nuestra tradición jurídica.

1. Reforma contraria al principio de desregulación

El proyecto de mérito propone diversas reformas a los artículos 5o; 7o; 10, primer párrafo; 58, 70, primer párrafo; 87; 89, fracción I; 90; 92; 103, fracción II; 229, fracción IV, así como la adición de un penúltimo párrafo al artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Además, se propone la adición de un capítulo IV Bis a dicho ordenamiento que considera, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Unipersonalidad como modalidad de las sociedades;

b) Sociedades unipersonales originarias y derivadas;

c) Denominación de las sociedades unipersonales;

d) Decisiones del socio único como semejantes a las del órgano de administración;

e) Aplicabilidad de las normas de la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada al capítulo IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles en lo que les sea conducente, sin definir dichas normas;

f) Aplicabilidad de las normas de la sociedad unipersonal anónima al capítulo V de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en lo que les sea conducente, sin definir dichas normas, entre otros aspectos.

La adición de un capítulo especial en la Ley General de Sociedades Mercantiles pudiera estar sujeta a diversas problemáticas, principalmente porque crea la unipersonalidad como una modalidad de las sociedades.

A) La unipersonalidad como modalidad de las sociedades

Esta característica genera incertidumbre, ya que al considerarla de esta forma se puede asimilar, como se explica más adelante, con la de transformación de sociedades y no como una sociedad mercantil de naturaleza diferente. Hay que subrayar que el principal objetivo de la sociedad unipersonal es permitir la decisión del socio único respecto de la porción del capital del que como persona física dispone y que pretende dedicar al cumplimiento del objeto social.

El proyecto de Decreto propone “Las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas podrán optar por constituirse a través de la modalidad de unipersonalidad, mediante la denominación de sociedades unipersonales en los términos del Capítulo IV Bis de esta Ley”. De esta manera, se está proponiendo la creación de la modalidad y la adición de un capítulo relativo a la unipersonalidad.

El Ejecutivo a mi cargo estima innecesaria la creación de una modalidad especial para las sociedades unipersonales y. en consecuencia, un capítulo que las regule siendo que la alternativa acorde al principio de desregulación es simplemente la modificación del requisito de número de socios para la constitución de la sociedad.

Conforme al texto propuesto en el Proyecto de Decreto, en lo que corresponde al tema de sociedad personal originaria y derivada, pueden advertirse trámites innecesarios particularmente ante notarios o corredores públicos y su inscripción en el Registro del Comercio. Un ejemplo es la admisión de socios o accionistas o la salida de los mismos de la sociedad. En éstas, tales trámites no son obligatorios para el resto de las sociedades, conforme al texto vigente de la LGSM.

A mayor abundamiento se crean mayores formalidades aunadas a una normatividad específica más rígida para las sociedades unipersonales que para sociedades que opten por la pluralidad de miembros, lo cual ocasionará la continuidad de la simulación actual de sociedades conformadas de manera “ficticia” y a través de testaferros, por ser una opción más fácil y atractiva que el empleo de la figura de la unipersonalidad.

Además, esta circunstancia normativa provoca un tratamiento jurídico diverso para dos situaciones que en la práctica deben ser consideradas como idénticas ya que los efectos jurídicos que se producen al contratar con una sociedad anónima de carácter plural o de naturaleza unipersonal, serán los mismos en uno y otro caso y deben regirse conforme a las reglas genéricas para dicho tipo de sociedad.

En tal sentido, a efecto de insertar la figura de la unipersonalidad en el ordenamiento mercantil de nuestro país, en vez de considerarla como una modalidad de las sociedades, se sugiere reformar solamente el requisito de número de socios para la constitución de las mismas.

Así de aprobarse que las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada puedan constituirse u operar con un solo socio o accionista con posterioridad a su constitución, debe establecerse al mismo tiempo que todas las referencias empleadas por la LGSM en el sentido de utilizar “socios” o “miembros” o en su caso “accionistas”, se entenderían aplicables al socio único, en el caso de la unipersonalidad. De igual manera, se incorporaría que aquellas menciones respecto de “contrato social” se entenderían relacionadas con el acta constitutiva para el mencionado caso.

Por otra parte, sería necesario señalar que tanto a las sociedades anónimas, como a las de responsabilidad limitada les serían aplicables de manera genérica las disposiciones de los capítulos que les rigen como sociedades de carácter plural con excepción del régimen de convocatoria y celebración de asambleas de socios o accionistas, en cuyo caso, las decisiones del socio deberán constar por escrito y ser firmadas y registradas en el libro de actas.

Una reforma con estas características sería congruente con los recientes ejercicios de desregulación emprendidos por el Congreso de la Unión en el ámbito mercantil, facilitando la creación de sociedades unipersonales y promoviendo su uso eficaz y la consecución de sus objetivos comerciales.

En este sentido, es de resaltar la iniciativa presentada por los senadores Juan Bueno Torio, Rubén Camarillo y Ramón Muñoz Gutiérrez, el pasado 26 de marzo de 2009, misma que ya se encuentra aprobada por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que recoge la idea precisamente de considerar a la unipersonalidad como un requisito de número para la constitución de las sociedades anónima y de responsabilidad limitada, permitiendo dicha creación a partir de un solo socio o accionista.

De esta manera, pudieran evitarse diversas problemáticas jurídicas sobre todo en razón de posibles antinomias, lagunas y otros problemas jurídicos de ambigüedad contrarios al principio de certidumbre jurídica derivados del diagnóstico efectuado por el Ejecutivo Federal a mi cargo.

Por otra parte, es importante destacar lo innecesario de los trámites que el proyecto de Decreto establece para formalizar el cambio a sociedad unipersonal.

El requisito de hacer constar en acta la transmisión a una sola persona la totalidad de las acciones o partes sociales no agrega valor jurídico alguno a la operación y es contraria al régimen actual. Más aún lo es la necesidad de protocolizar dicho acto ante fedatario.

La inscripción del acta protocolizada en el Registro Público de Comercio es un requisito que claramente contraría los principios que conforman los procesos de modernización y desregulación registral referidos en el proemio. Ante todo debe considerarse que tanto la constitución como cualquier acto tendiente a crear o convertir a una sociedad en unipersonal no tiene como consecuencia crear relaciones jurídicas absolutas que deban ser conocidas por terceros para que les surtan efectos. En palabras llanas, el tercero que contrata con una persona moral, le es indiferente si en ese momento la tenencia de su capital es de una o varias personas, pues aquella responde con su patrimonio, independientemente del número de los socios que la conforman.

En conclusión, no hay un bien jurídico protegido que dé valor a las normas que se observan.

B) Nomenclatura de las sociedades y distinción entre sociedades unipersonales originarias o derivadas: las similitudes con la transformación de las sociedades.

El proyecto de Decreto prevé distintas clases de sociedades unipersonales y las clasifica en originarias y derivadas Las primeras son aquellas que se encuentran constituidas desde el inicio de su existencia jurídica por un solo socio, mientras que las segundas son aquellas “constituidas por uno o más socios como sociedad y que todas las partes sociales o acciones hayan pasado a ser propiedad de un socio único o accionista”.

Dicha circunstancia normativa no tendría mayor efecto jurídico, sino es porque el propio proyecto determina que la característica de la unipersonalidad debe incorporarse a la nomenclatura de la sociedad.

En efecto, conforme al proyecto de Decreto las sociedades que opten por constituirse bajo la modalidad de empresas unipersonales agregarán a su denominación o razón social, según corresponda la palabra “unipersonal” o su abreviatura según se trate de sociedad de responsabilidad limitada o de sociedad anónima “S.R.L.U.” o “S.A.U.”, respectivamente.

Cabe destacar que actualmente tanto la sociedad anónima como la de responsabilidad limitada prevén la inclusión en sus respectivas nomenclaturas de las siguientes características.

La sociedad de responsabilidad limitada existiré bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o de su abreviatura “S. de R.L.” La omisión de este requisito sujetará a los socios a la responsabilidad que establece el artículo 25.

La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquier otra sociedad y al emplearse ira siempre seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S.A.”.

Sin embargo esta circunstancia se precisa en razón de la publicidad que se otorga para que quienes contraten con dichas sociedades conozcan la naturaleza del capital de las mismas, ya que ésta es su principal característica. Además, tiene que ver con el tipo de responsabilidad que asumen los socios.

La adición de la unipersonalidad a la nomenclatura no agrega certidumbre jurídica alguna a la contratación con dichas sociedades.

En términos doctrinales, la diferencia entre razón y denominación social se advierte con motivo de la aplicación de los nombres de socios a las sociedades personalistas (en nombre colectivo, comandita simple o de responsabilidad limitada) y de capital (de responsabilidad limitada o anónimas) ya que en las primeras se otorga una importancia categórica a la personalidad de los socios y por lo tanto cobra significado la inclusión de sus nombres en el anuncio público, mientras que en el caso de las sociedades de capital, la responsabilidad de los socios está acotada solo al monto de sus aportaciones.

En congruencia con lo anterior, en el texto vigente de la Ley General de Sociedades Mercantiles la nomenclatura se justifica en la medida en la que la mención de la naturaleza de la sociedad es necesaria para determinar la conformación del capital y los límites a la responsabilidad.

Sin embargo, en el caso de que una sociedad unipersonal “originaria” se modifique por una pluralidad de socios o accionistas, debe cambiar su nomenclatura y por ende llevar a cabo los trámites inherentes a la modificación de su acta constitutiva. En este sentido, no solamente se modificará la denominación sino además, conforme al artículo 10 del proyecto de Decreto, deberá modificarse la naturaleza de la sociedad a través del otorgamiento de una innecesaria reforma al contrato social.

Con base en lo anterior pudieran advertirse algunas semejanzas con la figura jurídica de la transformación de las sociedades, aunque con una característica sui generis. La transformación de las sociedades sucede en los casos en que el ente jurídico abandona su esquema de organización original para adoptar otro entre los tipos reconocidos por la ley. La transformación deja subsistente la personalidad moral de la sociedad, es decir, no hay extinción de una persona jurídica y la creación de una nueva, circunstancia fáctica que implicaría la transmisión de bienes y derechos –con las implicaciones fiscales correspondientes– y la extinción de aquellos derechos que no fueran cedibles.

La doctrina señala como presupuestos básicos para que una sociedad mercantil adquiera otra forma de las previstas por la ley, las siguientes:

a) Subsistencia del contrato social en cuanto a sus elementos;

b) Subsistencia del negocio social que impone la permanencia de los mismos socios con las mismas participaciones;

c) Permanencia del patrimonio de la sociedad, en razón de que los derechos y obligaciones sociales no se modifican y continúa siendo titular de unos y de otras la persona moral;

d) Que la transformación impone modificaciones estatutarias importantes como el caso del cambio de nombre de la sociedad para indicar el nuevo tipo adoptado, las normas de administración, afectación del objeto social y en su caso las alteraciones a la forma de organización y funcionamiento de la sociedad.

La transformación de las sociedades se encuentra prevista por el artículo 227 de la LGSM en los siguientes términos:

Las sociedades constituidas en alguna de las formas que establecen las fracciones I a V del artículo 1º, podrán adoptar cualquier otro tipo legal asimismo podrán transformarse en sociedad de capital variable.

El cambio de estatus de pluralidad a unipersonalidad o viceversa, como se ha dicho, pudiera cumplir ciertas condiciones señaladas anteriormente y ser diferente en otros elementos, sobre todo porque el proyecto de Decreto es omiso en considerarlo bajo la figura jurídica de transformación de manera expresa y porque sí se modifican algunos elementos que bajo los criterios doctrinales expresados debieran permanecer intocados.

Por ejemplo, la unipersonalidad derivada impondrá modificaciones estatutarias entre las que se encuentran la sustitución del contrato social por un acta constitutiva y el cambio en la nomenclatura de la sociedad, aspectos que invariablemente forman parte de la transformación. Empero, la sola modificación de los socios por el socio único sería contraria a la descripción doctrinal de la figura de la transformación.

De igual manera empleando un criterio con base en la interpretación legal y considerando la literalidad del texto del artículo 227 antes citado, podría argumentarse que no puede existir la transformación al hablar de la unipersonalidad ya que esta figura solamente puede emplearse en los casos previstos sobre las sociedades reguladas en las fracciones I a V del artículo 1 de la LGSM, es decir, de la sociedad en nombre colectivo en comandita simple, de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones.

Además, el Proyecto de decreto es poco claro respecto de esta aparente transformación, ya que de acuerdo con los aspectos normativos previstos por los artículos 86 bis 1 y 86 bis 4 no existen elementos que permitan ser conclusivos sobre la aceptación legal de dicha figura.

Artículo 86 Bis 1. En la constitución de una sociedad unipersonal o en la declaración de tal situación como consecuencia de haber pasado un único socio o accionista a ser propietario de todas las participaciones sociales o acciones, en la pérdida de tal situación o el cambio del socio o accionista único como consecuencia de haberse transmitido alguna o todas las participaciones o acciones, se harán constar en escritura pública o póliza según corresponda misma que se inscribirá en el Registro Público de Comercio.

Artículo 86 Bis 4. De los efectos de la unipersonalidad derivada.

Transcurridos seis meses desde la constitución de una sociedad mediante la modalidad de sociedad unipersonal o de la unipersonalidad derivada sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Público de Comercio el socio o accionista único responderá personal ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales contraídas durante el periodo de unipersonalidad. Una vez inscrita la sociedad unipersonal, el socio o accionista único no responderá de las obligaciones contraídas con posterioridad al acto registral.

Como es de advertirse, tan solo se hace una referencia a la “declaración” de la situación de unipersonalidad en caso de la unipersonalidad derivada y a la inscripción de esa circunstancia en el Registro Público del Comercio. Esta ambigüedad puede provocar interpretaciones diversas y repercutir en la esfera jurídica de los particulares que pretendan conformar una sociedad y de quienes pretendan contratar con aquellas.

Una reflexión adicional sobre la transición de la sociedad plural a la unipersonal, independientemente de si este fenómeno jurídico es considerado transformación o no, es que, en cualquier caso implicará como ya se ha señalado, trámites que no son necesarios para las sociedades plurales.

En cualquier sociedad de capitales, como por ejemplo las sociedades anónima o de responsabilidad limitada, el ánimo de contratación se genera a partir de la certeza que brinda el capital social y no por las características personales de los socios que lo conforman, Por eso, en ambos casos se prevé un registro interno de los socios en un libro en donde se señala la parte social que pertenece a cada uno o las acciones en su caso, así como las transmisiones que se efectúen. Pero en ninguna de estas circunstancias la separación de los socios implica un cambio estatutario o un asiento específico en el Registro Público del Comercio, por lo que puede concluirse que no tiene razón de ser la exigencia del legislador para que tratándose de unipersonalidad derivada se genere un cambio estatutario ante el fedatario y una inscripción ante el Registro Público del Comercio. Lo anterior representa un trato inequitativo a las sociedades y un incentivo negativo para continuar con la simulación de la pluralidad de miembros de la sociedad.

Las semejanzas con la transformación son amplias y coinciden con los trámites ante fedatario y los registrales que caracterizan esta figura por lo que si no existiera una categorización jurídica entre unipersonalidad derivada y originaria, no serían necesarios.

C) Socio único como equivalente al órgano de administración.

El artículo 86 bis 2 de la LGSM prevé que en la sociedad unipersonal el socio o accionista único ejercerá las funciones del órgano de administración, en cuyo caso, sus decisiones se consignarán en acta, bajo su firma, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o accionista, por su gerente general o por la persona que éste designe como ejecutor o apoderado de la sociedad para tal efecto.

Sin embargo, el proyecto de decreto pareciera contener una confusión terminológica, ya que las decisiones del socio único debieran ser equivalentes a las del órgano supremo de la sociedad plural que es la Asamblea y no a las del órgano de administración.

Además, se prevé que el socio único ejercerá las funciones del órgano de administración pero luego prevé en el mismo párrafo la posibilidad de nombramiento de un gerente o ejecutor, generándose una posible antinomia que queda sujeta a interpretación, ya que de conformidad con la propia LGSM, en el caso de la sociedad anónima por ejemplo, la administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad y en el mismo sentido, cuando los administradores sean dos o más constituirán el Consejo de Administración. Más claro aún es la confusión que se genera en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, cuya administración estará a cargo de uno o más gerentes.

D) Características de la contratación entre la sociedad unipersonal y el socio único.

Sobre los contratos celebrados entre el socio o accionista único y la sociedad, se prevé que éstos deberán constar por escrito o baja la forma que exija la ley de acuerdo con su propia naturaleza y se transcribirán a un libro de actas que deberá llevar la sociedad unipersonal para tales efectos, que deberá ser firmado por el propio socio o accionista y deberá formalizarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Público de Comercio.

El proyecto de Decreto prevé que en caso de concurso mercantil del socio o accionista único o de la sociedad unipersonal, no serán oponibles a la masa los contratos comprendidos en el apartado anterior que no hayan sido transcritos al libro de actas y no se hayan inscrito en el Registro Público de Comercio como lo menciona el párrafo anterior.

Se generan así, inequitativamente, cargas para el socio único y para la sociedad distintas de las que se prevén para sociedades de naturaleza colectiva, sin ningún beneficio. En efecto, no hay diferencia entre el contrato que celebra el socio mayoritario y el socio único con la sociedad. En ambos casos, las relaciones jurídicas principales son relativas y, por tanto, inoponibles a terceros y por lo que su publicidad es inocua. También en ambos casos, si de ese contrato devienen fraudes o perjuicios potenciales a terceros no como consecuencia o efecto del contrato con objeto lícito, sino de su ilicitud, se actualizan las hipótesis normativas que facultan a su nulidad e incluso, a penalizar al defraudador. En todo caso esta parte del proyecto de decreto también provoca a juicio del Ejecutivo un estado de inseguridad, pues no se alcanza a precisar cuál es el efecto de la formalización del contrato en los términos señalados y de su inscripción. En palabras sencillas, podría preguntarse: ¿Qué sucede si no se cumplen esas formalidades? ¿Cuál es el efecto de la falta de inscripción?

E) Posible contradicción de normas sobre el tratamiento de unipersonalidad y pluralidad de sociedades

El artículo 86 bis 5 del proyecto de mérito señala que para el caso de las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada son aplicables, en lo conducente, los artículos contenidos en el capítulo IV de la LGSM.

Además, dichas disposiciones se duplican innecesariamente en el contenido del Proyecto de Decreto. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, se prevé que tratándose de sociedades unipersonales “se estará a lo dispuesto en los capítulos IV y I Bis de la ley”. No se identifica en consecuencia cuáles son las disposiciones que deberán aplicarse. En este caso se señala la aplicación indistinta de ambos capitulas de la ley, sin distinguir que por la naturaleza plural con la que se encuentra redactado el capítulo IV podrán advertirse numerosas incompatibilidades e inconsistencias normativas a propósito de la unipersonalidad, destacando las siguientes:

• La existencia de partes sociales de valor y categorías desiguales.

• Cesión total o parcial de partes sociales o tratamiento jurídico para admisión de nuevos socios.

• Transmisión de partes sociales y libro especial de socios.

• La administración de las sociedades por uno o más gerentes.

• Las facultades de la Asamblea.

• La convocatoria a asambleas.

• El establecimiento de un Consejo de Vigilancia, entre otros.

Por otra parte, el Proyecto contiene una contradicción respecto del tratamiento normativo de las sociedades unipersonales. El artículo 86 bis V señala que en el caso de las sociedades anónimas unipersonales son aplicables, en lo conducente, los articulas contenidos en el capítulo V del mismo ordenamiento, mientras que la reforma propuesta al artículo 87 señala que en el caso de las sociedades anónimas unipersonales son aplicables las disposiciones del artículo IV Bis de la LGSM.

F) Disolución de las sociedades por el número de integrantes previsto por la ley

En términos generales, las sociedades mercantiles se disuelven cuando se genera una condición fáctica regulada por el artículo 229 de la LGSM y se inicia un procedimiento que deriva en la extinción de la personalidad societaria, previa liquidación de la misma.

La doctrina menciona que son causas de disolución las circunstancias que ponen fin a la sociedad, ya que cuando el ente jurídico se coloca en las hipótesis previstas por la ley, se pierde la capacidad jurídica para el cumplimiento del fin para el que se creó y solamente subsiste para la resolución de los vínculos establecidos por la sociedad con terceros, por aquella con los socios y por éstos entre sí.

El proyecto propone reformar la fracción IV del artículo 229 de la LGSM para determinar que existe disolución de la sociedad porque el número de socios o accionistas llegue a ser inferior al límite que prevea la ley, o en los casos en los que las partes de interés se reúnan en una sola persona, salvo que se formalice la unipersonalidad.

Esta hipótesis respecto de las causales de disolución no se encuentra prevista por otros ordenamientos en los que se prevé la unipersonalidad, como es el caso del modelo español. Así, el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas de España indica que habrá disolución: a) por acuerdo de la junta general; b) por cumplimiento del término fijado en los estatutos; c) por conclusión de la empresa que constituye su objeto o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social o por la paralización de los órganos sociales, de modo que resulte imposible su funcionamiento; d) por consecuencia de la reducción del patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social; e) por la reducción del capital social mínimo, y f) por la fusión o escisión total de la sociedad.

La inserción de la unipersonalidad como salvedad o excepción a la causa de disolución justifica los comentarios formulados en torno a la transformación. Al considerar el proyecto de decreto a la unipersonalidad como una modalidad societaria, se tienen que cumplir con los trámites a que se hicieron mención. En otro caso se disolverá la sociedad.

Posiblemente, sería conveniente explorar un escenario normativo que permita privilegiar la voluntad de quien o quienes han constituido una sociedad mercantil, señalando como causal de disolución que el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que establezcan los estatutos o la ley, en su caso.

A manera de conclusión en el rubro de desregulación, cabe destacar que de manera previa a los esfuerzos del Ejecutivo de la emisión del Portal electrónico “Tu Empresa”, existían por lo menos 20 trámites a observarse por parte de las personas en el momento de la constitución de una sociedad mercantil. Dichos actos tomaban como mínimo de 23 a 24 días, se formulaban ante distintas autoridades y se requería del llenado de distintos formularios. Estos trámites implicaban: a) pago de derechos de nombre; b) otorgamiento del permiso de uso de nombre o denominación social por la Secretaría de Relaciones Exteriores; c) elaboración de estatutos; d) acudir ante el fedatario público; e) pago ante el fedatario de derechos del Registro Público del Comercio; f) pago por aviso de uso de nombre o denominación social; g) inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y obtención de la cédula; h) inscripción en el Registro Público del Comercio; i) pago de derechos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; j) inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; k) inscripción y reportes al Sistema de Información Empresarial de México (SIEM); l) aviso de inscripción patronal y de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; m) aprobación de planes de capacitación y comisiones de seguridad e higiene ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y n) aviso de generación de residuos peligrosos ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Lo anterior sin considerar los trámites que a nivel local debe cumplimentar la empresa tales como autorizaciones y permisos. Adicionalmente hay que considerar la posible inscripción del registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario en su caso, ante la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios.

Ahora bien, en el caso de unipersonalidad, como es de observarse, los trámites anteriores requerirían prácticamente ser llevados a cabo nuevamente en razón principalmente de dos causas: primero, que la sociedad deberá de modificar el documento que le da existencia jurídica: el contrato social o el acta constitutiva, toda vez que el Proyecto de Decreto considera una distinción entre uno y otro documento, reservando el acta constitutiva solamente a las sociedades unipersonales. En consecuencia, al cambiar le naturaleza del documento que es fuente de la personalidad jurídica se requerirá la inscripción de tal modificación en el Registro Público del Comercio y la revisión del resto de los trámites. En segundo lugar se tendrá que modificar el nombre de la sociedad para en su caso incluir en su denominación la referencia a la unipersonalidad o bien desprenderse de dicha característica. Sin embargo, al modificar dicha nomenclatura, será necesario acudir de nueva cuenta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que autorice, en su caso, dicha modificación: con posterioridad se requerirá nueva inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y, eventualmente, actualizar los permisos y autorizaciones otorgados a la anterior persona jurídica por parte de las diversas autoridades federales y locales.

En tal sentido, quienes prefieran la utilización de la plataforma tecnológica “Tu Empresa” deberán en el caso de unipersonalidad derivada, prácticamente volver a realizar el trámite de nueva cuenta por esa vía. Quienes prefieren los mecanismos tradicionales para la constitución de empresas y se encuentren en la hipótesis normativa deberán por ese solo hecho enfrentarse a la realización en conjunto de más de cuarenta trámites distintos, considerando la constitución original de la sociedad y la unipersonalidad derivada o viceversa.

2 Hacia una reforma integral que integre el velo corporativo

El artículo 9 de nuestra Constitución Política prevé como garantía individual el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito.

En atención al referido antecedente constitucional, el origen de las sociedades mercantiles tiene como premisa inmediata la posibilidad de que una persona jurídica, distinta de las personas físicas que la integran, cuente con un patrimonio y una personalidad jurídica que le permitan de manera diversa a la de los individuos que la componen, ser titular de derechos y obligaciones y ejercer esos derechos y cumplir con esas obligaciones por sí misma.

Es decir, la existencia de las sociedades mercantiles se sustenta en el hecho de que las sociedades como realidad jurídica una vez cumplidas las formalidades previstas por los ordenamientos mercantiles y particularmente la LGSM, pueden contraer derechos y obligaciones, adquiriendo la característica de persona jurídica en términos del artículo 25 del Código Civil Federal.

En función de la figura societaria elegida, los socios tendrán una mayor o menor responsabilidad por las obligaciones que aquella contraiga. En el caso de las sociedades de capitales o de responsabilidad limitada, las obligaciones de las personas que conforman la sociedad se limitará al monto de sus aportaciones, en sus modalidades de capital social o de acciones. En el caso de las sociedades de personas (en nombre colectivo o en comandita simple) la responsabilidad será solidaria subsidiaria e ilimitada.

La naturaleza de las sociedades permite que sus socios se obliguen solamente hasta por el monto de sus aportaciones, lo que aunado a la característica de separación entre la personalidad de la sociedad y sus socios, ha ocasionado que la personalidad jurídica societaria haya sido empleada para la comisión de actos ilícitos de naturaleza civil, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sean o no constitutivos de delitos. Es así que bajo este mecanismo los socios que pretenden abusar de la figura societaria, la han empleado para lograr ocultar su identidad, patrimonio y con ello su propia responsabilidad, en perjuicio de terceros de buena fe.

La doctrina de la desestimación del velo corporativo ha permeado entre los criterios jurisdiccionales para permitir que los jueces puedan considerarla realidad subyacente a las formas jurídicas societarias, determinando en su caso la responsabilidad “real” de los socios que las integran. El levantamiento del velo societario ha sido frecuentemente analizado por la doctrina al señalar que se trata de un remedio jurídico mediante el cual resulta posible prescindir de la forma de sociedad, negando su existencia autónoma frente a una situación jurídica particular.

Es así que la aplicación de la desestimación provoca la negación de la existencia del ente jurídico, es decir, la negación de la personalidad y como consecuencia la desaparición de la separación entre el patrimonio de los socios y el de la sociedad.

Ahora bien, por lo que corresponde a nuestro país salvo contadas excepciones de ejemplos aislados de sociedades en nombre colectivo, las sociedades de personas prácticamente se encuentra en desuso. Las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada han sido ampliamente utilizadas para el logro de objetivos económicos.

Una vez señalada la coincidencia con la unipersonalidad como detonante de la actividad económica, es necesario expresar que lo comentado anteriormente respecto de posibles fraudes a la ley debe ser tomado en cuenta para considerar en su caso que de manera simultánea a la regulación de la unipersonalidad en la legislación mercantil, se requiere la reflexión sobre la posible inclusión de esta figura que permita combatir todo abuso a la figura de la personalidad societaria.

Por ello, resulta indispensable para este Ejecutivo a mi cargo, que a efecto de disminuir posibles problemáticas jurídicas relacionadas con el abuso de la personalidad, exhortar respetuosamente al Congreso de la Unión a incluir en la reforma los siguientes aspectos:

a) Mantener el criterio de estricto respeto a la personalidad jurídica societaria, con plena y absoluta independencia de las personas o socios que la conforman, y

b) Mantener y fortalecer con la figura de la unipersonalidad, la regulación vigente de los tipos de responsabilidad de los miembros de las sociedades mercantiles.

Simultáneamente, exhorto al Legislativo a llevar a cabo la reflexión como una vía excepcional al régimen de responsabilidad, la posibilidad de desestimar la personalidad jurídica societaria para extender la responsabilidad de la sociedad a las personas que la integran en ciertos supuestos objetivos relacionados con la elusión de normas jurídicas a través de la utilización de la personalidad jurídica societaria, fraude a la ley o fraude de acreedores.

Esta reflexión se genera en el ámbito de la corresponsabilidad del Legislativo y el Ejecutivo para permitir la flexibilización y el dinamismo de los procesos económicos, al tiempo que se salvaguarda el respeto absoluto al Estado de Derecho, garantizando que las formas societarias cumplan con el objetivo para el que fueron creadas.

3. La Institución de la unipersonalidad en el Derecho comparado

Como se ha reiterado, la inserción de la unipersonalidad en el ordenamiento jurídico de nuestro país constituiría además una importante actualización de la normatividad mercantil, con la que se facilitaría el dinamismo en las relaciones comerciales y se colocaría a nuestro país en circunstancias de igualdad respecto de diversos Estados que son socios comerciales y en cuyos ordenamientos la unipersonalidad ha sido reconocida en su normatividad o a través de la jurisprudencia de los Tribunales desde mediados del siglo pasado.

Por ello, sin un afán de exhaustividad y sin entrar al análisis minucioso de las peculiaridades de cada sistema jurídico se citan a manera de ejemplo rasgos característicos de algunos países en cuya inserción de la figura de la unipersonalidad se han atendido algunos criterios de simplificación administrativa y desregulación, así como elementos relacionados con la desestimación de la personalidad jurídica societaria, para pretender lograr un equilibrio entre certidumbre jurídica y flexibilidad de las relaciones comerciales.

Es necesario advertir que estos ejemplos han sido retomados de la normatividad mercantil de dichos Estados y que no es la intención de este ejercicio hacer una recomendación particular sobre la adopción de textos normativos, sino solamente señalar que muchos de ellos han considerado como elementos de análisis los temas abordados anteriormente.

Finalmente, a pesar de que existe una experiencia internacional importante sobre el manejo de las sociedades unipersonales en Europa, se ha preferido citar mayores ejemplos pertenecientes a nuestro continente y especialmente a países de nuestra misma tradición jurídica.

Numerosos son los antecedentes que podemos encontrar en el Derecho comparado sobre la figura de la unipersonalidad.

En Europa, desde 1941, la Comisión sueca de reforma a sociedades mercantiles, recomendaba la incorporación de la figura de la unipersonalidad al ordenamiento jurídico. Los argumentos que señalaron se referían a la creación de un patrimonio autónomo al de la persona física, así como la idea de que la constitución de una entidad no debía necesariamente asociarse a la realización de proyectos de grandes dimensiones: una limitación del riesgo debe contemplar el interés y la responsabilidad del individuo. En todos los casos salvo excepciones, la garantía que se ofrece a los acreedores del patrimonio social no se modifica en razón del número de socios.

Por lo que corresponde a América, en Estados Unidos por ejemplo, existen por lo menos tres figuras de personalidad societaria, a saber: a) una sociedad de miembros con responsabilidad ilimitada; b) una sociedad en la que concurren socios de responsabilidad limitada con otros de responsabilidad ilimitada; c) la corporation que es un esquema semejante a la sociedad anónima y propicia para esquemas de organización de grandes empresas. Como representante de los sistemas que adoptan la tradición jurídica del common law la legislación es muy genérica y en principio para la constitución del ente social se requiere de la pluralidad de miembros. Sin embargo, la jurisprudencia ha sostenido que la sociedad puede existir aún y cuando por causas diversas todas las partes sociales se reúnan en un solo socio, con excepción de aquellos casos en los que se pretenda hacer fraude a la ley. Es decir, el poder judicial de ese Estado ha reconocido la unipersonalidad pero igualmente ha advertido de los riesgos que expone la tesis de la desestimación de la personalidad jurídica societaria.

Chile cuenta con una legislación (Ley No. 19.587) que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada, considerando la posibilidad de que dicha empresa sea una persona jurídica con patrimonio propio distinto del titular, que en todo caso debe ser comercial y estará sometida al Código de Comercio cualquiera que sea su objeto. Sin embargo, esta legislación prevé que el titular responderá ilimitadamente con sus bienes por diversas circunstancias, entre las que se encuentran las previsiones relacionadas con actos de quiebra culpable o fraudulenta.

La regulación en Colombia, a través de la Ley 222 de 1995, expidió un régimen mediante el cual se crea la empresa unipersonal. Una de las primeras previsiones que formula este ordenamiento es la tesis de la desestimación de la personalidad jurídica societaria como sigue:

CONCEPTO DE EMPRESA UNIPERSONAL. Mediante la Empresa Unipersonal una persona natural o jurídica que reúne las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. La Empresa Unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica.

Cuando se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicios de terceros, el titular de las cuotas de capital y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados.

Además, la legislación en Colombia prevé de manera clara la conversión en empresa unipersonal sin necesidad de liquidar la empresa plural. Cuando una sociedad reduzca su número de socios a uno, podrá sin liquidarse, convertirse en una empresa unipersonal. En tal caso, la empresa unipersonal, asumirá sin solución de continuidad, los derechos y obligaciones de la sociedad plural.

En Panamá, se llegó a prever en la legislación el artículo 74 de la Ley 24 de 1966, que cesaría la responsabilidad limitada de la empresa unipersonal, en los casos siguientes:

a) Si declarada la quiebra de una empresa fuere calificada como fraudulenta.

b) Cuando se utilice la empresa con fines ilícitos.

c) Cuando se efectúen maniobras tendentes a defraudar el crédito de los terceros o burlar las disposiciones contenidas en la ley.

Similar disposición se advierte en el artículo 615 del Código de Comercio de El Salvador.

Por otra parte, la legislación en Costa Rica, señala que la quiebra de la empresa unipersonal no acarrea la del propietario: sin embargo, si el gerente fuere condenado por el delito de quiebra fraudulenta o culpable, el Juez decretará, de oficio, el embargo general de los bienes del propietario.

En Paraguay, el artículo 22 de la Ley No. 1034, determina que la quiebra de la empresa unipersonal no ocasiona la del instituyente, pero si éste o el administrador designado no cumplen con las obligaciones impuestas por la Ley o por el acto de su creación con perjuicio posible de terceros, o si la empresa cae en quiebra culpable o dolosa, caducará de pleno derecho el beneficie de la limitación de la responsabilidad.

La aprobación de una reforma que representa una carga adicional a los particulares en una materia relacionada con la citada anteriormente, implicaría una contradicción respecto de la orientación que en materia de regulación se está efectuando desde el ámbito de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Menos regulaciones conllevan a un aumento en el nivel de competitividad, lo cual genera un mayor nivel de productividad y mayor eficiencia. Es necesario no perder de vista que la simplificación administrativa de trámites para el establecimiento, operación y funcionamiento tiene una doble vertiente: corresponde por una parte al Poder Ejecutivo de los distintos órdenes de gobierno y se traduce en la eliminación de trámites y servicios que no cumplen con su objetivo, porque carecen de fundamento jurídico o porque no generan productos útiles o valor al ciudadano. Estas acciones se complementan desde el Poder Legislativo mediante la revisión y adecuación del marco normativo vigente en un ejercicio de corresponsabilidad, eliminando a corto y mediano plazo las normas jurídicas que hoy debido a su desfasamiento de la realidad económica, constituyen un obstáculo en el crecimiento del país o bien que generan trámites que no son útiles.

Por ello, se considera necesario valorar la pertinencia de analizar una reforma que contenga menor impacto regulatorio para los particulares, dando oportunidad a que el surgimiento de la sociedad unipersonal en nuestro país constituya un genuino parte aguas para el desarrollo económico y un mecanismo de organización legítimo, sobre todo para pequeñas y medianas empresas.

Además, como se comentó, es necesario igualmente abordar el tema del levantamiento del velo corporativo como una hipótesis complementaria a la unipersonalidad, que permita un equilibrio entre flexibilidad de la organización mercantil y la tutela de la certidumbre jurídica, evitando posibles fraudes de acreedores y fraude a la ley.

El ánimo del Ejecutivo federal que inspiró la formulación de las presentes observaciones, no es otro que procurar contar con disposiciones jurídicas que faciliten su correcta ejecución; brindando una adecuada tutela para los sujetos a las que se encuentran dirigidas, siempre con absoluto respeto a la importante labor que esa Soberanía tiene encomendada.

Los aspectos desarrollados en este documento, constituyen las razones por las cuales, en opinión del Ejecutivo Federal, resultó necesario elaborar las observaciones correspondientes al Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversa disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El Ejecutivo Federal será, en todo momento, respetuoso de las decisiones del Congreso de la Unión. No obstante ello, es mi responsabilidad ejercer las facultades que, en el marco de la división de poderes y dentro del proceso legislativo federal, la Constitución ha previsto, especialmente cuando se trata de contar con los instrumentos jurídicos idóneos y que se logre un correcto equilibrio entre la consolidación de la certidumbre jurídica y el desarrollo económico del país a través de la introducción de nuevas figuras jurídicas de índole mercantil.

Reitero a usted, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a tres de noviembre de dos mil diez.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Comisión de Economía.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona las Leyes General de Salud, General de Educación, para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y General de la Infraestructura Física Educativa, en relación con la educación alimentaria, el sobrepeso, la obesidad, los trastornos de la conducta alimentaria y la actividad física para la salud.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona las Leyes General de Salud, General de Educación, para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y General de la Infraestructura Física Educativa, en relación con la educación alimentaria, el sobrepeso, la obesidad, los trastornos de la conducta alimentaria y la actividad física para la salud.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 3o., fracción XIV; 27, fracción IX; 111, fracción II; 112, fracción III; el artículo 113, párrafo primero; la denominación del capítulo III del título VIII de la ley; el artículo 115, fracciones I, II, V y VI; el artículo 212, párrafo segundo; 226, último párrafo; 307, párrafos primero, segundo y tercero; los artículos 420, 421 y 421 Bis; y se adicionan la fracción IX y X al artículo 6; un tercer párrafo al artículo 114; las fracciones IX, X XI al artículo 115; los artículos 115 Bis, 115 Ter y 115 Ter 1; un tercer párrafo al artículo 216; los párrafos segundo y tercero al artículo 301; un cuarto párrafo al artículo 307; y un artículo 4 Bis, todos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a XIII. ...

XIV. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobre peso, obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XV. a XXXI. ...

Artículo 4 Bis. Las disposiciones emitidas de la fracción XXIII del artículo 23 y 301 de la presente ley son de utilidad pública y sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Artículo 6o. ...

I. a VI Bis. ...

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección;

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud;

IX. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación correcta y su relación con la salud, así como los peligros que representan los productos que se atribuyen a sí mismos cualidades curativas que no tienen; y

X. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien adecuadas pautas de conducta alimentaria, garanticen un combate eficiente al sobrepeso, obesidad, desnutrición y trastornos de la conducta alimenticia, y cuyos avances y resultados sean objeto de evaluación.

Artículo 27. ...

I. a VIII ....

IX. La orientación alimentaria, el mejoramiento de la nutrición y el desarrollo de programas y acciones destinadas a impulsar la actividad física para la salud, y

X ....

Artículo 111. ...

I ....

II. Nutrición y orientación alimentaria;

III. a V ....

Artículo 112. ...

I. y II. ...

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad, actividad física para la salud, trastornos de la conducta alimentaria, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del Sector Salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, que prohíban el expendio o distribución en los centros escolares, de productos elaborados con alto contenido de azúcar y harinas refinadas, edulcorantes, calóricos y grasas vegetales con altos niveles de calorías e impulsen la actividad física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

Capítulo III Nutrición y Orientación Alimentaria

Artículo 114. ...

La actividad física, debe ser acorde a las características del paciente, desnutrición y obesidad, estado de las articulaciones, grupos musculares y la presencia de problemas cardiovasculares.

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas proporcionarán a la población información básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta adecuada a nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales.

Artículo 115. ...

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, encaminado a limitar el consumo de alimentos con bajo contenido nutricional y alto contenido calórico e impulsar la actividad física;

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, encaminados a promover estilos de vida saludables, especialmente en los grupos sociales más vulnerables;

III. y IV. ...

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición y hábitos alimenticios que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población;

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general y, según el caso, de la ingesta máxima, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo;

VII. y VIII ...

IX. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, llevar a cabo el seguimiento de talla, peso y masa corporal de la población escolar en educación básica y llevar a cabo la entrega informada de la cartilla nacional de salud a dicha población, con la finalidad de garantizar el acceso de los educandos a los servicios de prevención, detección y tratamiento oportuno de padecimientos como sobrepeso, obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, diabetes mellitus y riesgo cardiovascular;

X. Emitir los lineamientos que deben seguirse para la formulación de políticas públicas en materia de alimentación y nutrición; y

XI. Difundir en los ámbitos familiar, escolar y laboral los buenos hábitos alimenticios y el mejoramiento de la calidad nutricional.

Artículo 115 Bis. Los planteles de educación básica y media superior o equivalente, contarán con depósitos de agua equipados con filtros y bebederos públicos. La prestación de estos servicios se hará bajo los principios de inocuidad, calidad, gratuidad, suficiencia y accesibilidad.

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y los correspondientes en los Estados y el Distrito Federal, garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 115 Ter. El Observatorio Nacional de Alimentación, Nutrición y Actividad Física para la Salud, órgano dependiente de la Secretaría de Salud, tendrá como facultad llevar a cabo la evaluación y monitoreo en materia de alimentación, nutrición y actividad física para la salud.

El Observatorio Nacional de Alimentación, Nutrición y Actividad Física para la Salud analizará, propondrá y dará seguimiento a los programas, estrategias, políticas públicas y acciones tendentes a mejorar la alimentación y nutrición de la población e impulsar la actividad física para la salud, con el objeto de promover su corrección, modificación, adición, reorientación o suspensión total o parcial,

Los resultados de las evaluaciones y monitoreo que realice el Observatorio Nacional de Alimentación, Nutrición y Actividad Física para la Salud se harán del conocimiento público.

Artículo 115 Ter 1. El Observatorio Nacional de Alimentación, Nutrición y Actividad Física para la Salud estará integrado por:

I. El titular de la Secretaría de Salud;

II. Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

III. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social;

IV. Un representante de la Secretaría de Educación Pública;

V. Los presidentes de las Comisiones de la Salud de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y

VI. Observadores ciudadanos que serán

a) Tres personas expertas en materia de alimentación y nutrición;

b) Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a las materias competencia del Observatorio Nacional de Alimentación, Nutrición y Actividad Física para la Salud; y

c) Tres personas expertas procedentes del ámbito académico o vinculado a disciplinas que tengan relación con las materias competencia del Observatorio Nacional de Alimentación, Nutrición y Actividad Física para la Salud.

Los integrantes del Observatorio Nacional de Alimentación, Nutrición y Actividad Física para la Salud ejercerán su cargo en forma honorífica y no recibirán emolumento o contraprestación alguna por el mismo.

Artículo 212. ...

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas deberán incluir datos de valor nutricional y señalar, según sea el caso, el contenido de ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, lípidos, colesterol, contenido energético, sodio, hidratos de carbono, fibra dietética, azúcares y edulcorantes; precisando la clase de ingredientes que se hayan utilizado, trátese de monosacárido, disacárido o edulcorante no calórico, proteínas, vitaminas, calcio, hierro o cualquier otro componente que incida en la salud, así como tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población. En todos los casos deberán cumplir con las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas sobre etiquetado.

...

Artículo 216. ...

...

De conformidad con los lineamientos que al respecto emita el órgano a que se refiere el artículo 17 Bis, los alimentos y bebidas no alcohólicas deberán indicar el contenido calórico, ácidos grasos, saturados, ácidos grasos trans, lípidos, colesterol, contenido energético, sodio, hidratos de carbono, fibra dietética, azúcares y edulcorantes precisando la clase de ingredientes que se hayan utilizado en cada tipo de presentación del producto, además de aquellas indicaciones que establezcan las normas oficiales mexicanas.

Artículo 226. ...

I. a VI. ...

No podrán venderse medicamentos u otros insumas para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes, y en ningún caso se venderán laxantes a menores de edad.

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumas para la salud, las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta Ley en materia de publicidad.

Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alto contenido en grasas, sales y azucares solubles, en los centros escolares.

La Secretaría de Salud, con la colaboración de la Secretaría de Educación Pública, determinará los alimentos y bebidas, con bajo contenido nutricional y alto contenido en grasas, sales y azúcares solubles, a los que se les prohibirá su comercialización o expendio en los centros escolares.

Artículo 307. Tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, materia prima, aditivo y suplementos alimenticios, ésta no deberá asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas.

La publicidad deberá inducir a hábitos de vida saludables y no atribuir a los alimentos y bebidas no alcohólicas, y a los suplementos alimenticios, un valor superior o distinto al que tengan en realidad.

La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, y de los suplementos alimenticios, deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según sea para impresos, radio o cine y televisión, respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto y mensajes promotores de hábitos de vida saludables.

La publicidad no transmitirá mensajes que distorsionen los hábitos de la alimentación correcta o induzcan a conductas que propicien trastornos alimentarios.

Artículo 420. Se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 Bis, 350 Bis 2, 350 Bis 3 y 373 de esta Ley.

Artículo 421 Bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil a dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 216, tercer párrafo, 235, 254, 264, 281, 289, 2?3, 298, 301, 307, 325, 327 y 333 de esta Ley.

Artículo Segundo.Se reforman los artículos 7o., fracción IX; 9o.; 14, fracción XII; 76, fracción III; y se adicionan la fracción XVII al artículo 7o.; una fracción XI Bis al artículo 12; una fracción XIII al artículo 14, recorriéndose la actual para convertirse en la nueva fracción XIV del mismo; la fracción VI del artículo 66; la fracción XVII al artículo 75 y un nuevo capítulo IX denominado Del Consumo de Alimentos en Escuelas, con un artículo 86; todos de la ley General de Educación.

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Estimular la educación física y la práctica del deporte, así como inculcar la importancia de la actividad física en la salud;

X. a XVI. ...

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal e impulsará la actividad física para la salud y el deporte.

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

XVII. Promover la adopción de hábitos alimenticios saludables y su relación con la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, los trastornos de la conducta alimentaria y los padecimientos crónico-degenerativos.

I. a XI. ...

XI Bis. En colaboración con la Secretaría de Salud, prohibir el expendio o distribución en los centros escolares de productos elaborados con bajo contenido nutricional y con alto contenido de azúcar y harinas refinadas, sales, edulcorantes calóricos y grasas con altos niveles de calorías;

XII. a XIV. ...

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a XI. ...

XII. Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, el reglamento de cooperativas escolares y vigilar que la elaboración, comercialización y consumo de alimentos en escuelas se realice de conformidad con las disposiciones sanitarias aplicables y con base en las normas que al respecto se emitan;

XIII. Desarrollar programas que promuevan la alimentación correcta e informen sobre la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria; y

XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

...

Artículo 66. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. a III. ...

IV. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estadios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios;

V. Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico, que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los educandos; y

VI. Promover en sus hijas, hijos o pupilos hábitos alimenticios saludables y actividades físicas.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a XIV. ...

XV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XVI. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, runos y adolescentes que presente problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos; y

XVII. Incumplir las disposiciones normativas de carácter general y las aplicables a centros escolares respecto de la elaboración y comercialización de alimentos y bebidas.

Artículo 76. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con

I. y II. ...

III. En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIV y XV del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten. Respecto de las conductas señaladas en la fracción XVII, serán sancionadas con la cancelación inmediata del permiso o autorización correspondiente.

Capítulo IXDel Consumo de Alimentos en Escuelas

Sección Única Del Consumo de Alimentos y Bebidas

Artículo 86. Tratándose de la comercialización y expendio de alimentos y bebidas en las escuelas de educación básica del sistema educativo, se estará a lo siguiente:

I. La Secretaría de Educación Pública, con la colaboración de la Secretaría de Salud y con base en los criterios establecidos en la presente ley, determinará los alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alto contenido en azúcar y harinas refinadas, sales, edulcorantes calóricos y grasas vegetales con altos niveles de calorías, a los que se prohibirá su comercialización o expendio en los centros escolares.

II. Quienes distribuyan o comercialicen alimentos y bebidas deberán cumplir con la normatividad de salubridad que para tal efecto expida la autoridad correspondiente y con las disposiciones que emita la autoridad educativa.

Artículo Tercero.Se adiciona una nueva fracción XX al artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, que recorre la actual fracción, para quedar como sigue:

Artículo 19. Son atribuciones del instituto las siguientes:

I. a XVIII. ...

XIX. Obtener ingresos propios por servicios remunerados derivados de su objeto, señalados específicamente en el reglamento, y administrar su patrimonio;

XX. Colaborar con la Secretaría de Salud para garantizar que los planteles de educación básica y media superior o equivalente, cuenten con depósitos equipados con filtros de agua y bebederos públicos; y

XXI. Las demás que para el cumplimiento de su objeto le señale esta ley y su reglamento, así como la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo Cuarto.Se reforma el inciso D del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue:

Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de

A. a C. ...

D. Combatir la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, mediante la promoción de la actividad física y de una alimentación correcta.

E. a J. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los titulares de los Poderes Ejecutivos federal y de las entidades federativas diseñarán y llevarán a cabo sus respectivos programas para el equipamiento paulatino de depósitos de agua equipados con filtros y bebederos públicos, a fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 115 Bis de la Ley General de Salud, conforme a la presupuestación que se apruebe para ese fin en sus presupuestos de egresos correspondientes.

Tercero. El Observatorio Nacional de Alimentación, Nutrición y Actividad Física para la Salud deberá ser constituido en un plazo de 180 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 4 de noviembre de 2010.— Senadores: Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente; Arturo Herviz Reyes, secretario (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Guanajuato.— Gobierno del Estado.— Contigo Vamos.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, y en respuesta a su atento oficio de fecha 28 de septiembre del presente año, a través del cual se remite un punto de acuerdo que señala: “Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que informe a esta soberanía sobre la ubicación, funcionamiento y supervisión de los puntos de verificación que existen en el país; y se exhorta a los gobiernos estatales a determinar las medidas necesarias, a fin de que se cumpla con los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción”, con base en este punto, me permito manifestar lo siguiente:

En México es notable que los vehículos de carga que circulan por las carreteras federales, estatales y municipales transporten mercancías en exceso a las dimensiones con las que cuenta, lo que congestiona la capacidad de los caminos y puentes, y perjudica la infraestructura carretera que en su mayor parte no fue creada para soportar la saturación.

Si bien es cierto que existe una noma oficial mexicana sobre pesos y dimensiones –NOM- 012-SCT-2-2008, vigente a partir de junio de 2008–,  a la fecha no se ha reflejado en una disminución de accidentes o deterioro de las carreteras. Es por ello, que se deben articular acciones a favor del mantenimiento de las carreteras.

En el Gobierno del Estado de Guanajuato, sabemos que uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del Estado es consolidar la infraestructura industrial y de comunicaciones, para que sea capaz de provocar una intercomunicación con todas las regiones del estado, pero sobre todo que beneficie a la sociedad guanajuatense.

Potenciar la red carretera nos permite optimizar la comunicación de las empresas con los mercados comerciales. Además de motivar la inversión productiva y facilitar la actividad cotidiana de nuestros ciudadanos.

Por ello, el Plan de Gobierno del Estado de Guanajuato 2006-2012, en su cuarto eje estratégico “Contigo Vamos Empresa, Empleo y Competitividad”, dentro de su objetivo general 4.6. “Ampliar la infraestructura comercial, industrial y de servicios que impulse el desarrollo económico de la entidad”, el cual dentro de su objetivo particular 4.6.1. “Construir, conservar y modernizar la infraestructura estratégica y complementaria”, tiene como estrategia la modernización de la red carretera estatal, para lo cual se tiene como meta gestionar y modernizar 100 kilómetros de carretera anuales.

Todo el esfuerzo anterior, va aunado, además, al cumplimiento irrestricto de los reglamentos, normas oficiales mexicanas y, en general, toda disposición normativa que regule el tránsito en las carreteras, caminos y puentes en el estado.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 18 de octubre de 2010.— Licenciado José Gerardo Mosqueda Martínez (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Transportes para su conocimiento

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Guanajuato.— Gobierno del Estado.— Contigo Vamos.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados LXI Legislatura.

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador del estado de Guanajuato y en respuesta a su atento oficio de fecha 28 de septiembre del presente año, a través del cual se remite un punto de acuerdo, que en su artículo segundo, señala: “ Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados a través de los titulares del Trabajo y Previsión Social, de los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, así como de las dependencias que correspondan, a que atiendan las causas estructurales que originan el fenómeno migratorio temporal y periódico de la población indígena y campesina; y se garantice el cumplimiento de los derechos laborales de los mismos, incluyendo la prohibición de la explotación laboral infantil”, con base a este punto, me permito manifestar lo siguiente

El alto nivel de pobreza y desigualdad en México sigue obligando a millones de niños y niñas en México a trabajar. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) estima que en 2002, unos 3.3 millones de niñas y niños entre los 6 y los 14 años trabajaban. Esto corresponde a uno de cada seis niños y niñas de este grupo de edad. En las comunidades indígenas esta estadística se duplica: 36 por ciento de los niños y niñas trabajan. Lo anterior originó que en México se lanzaran varias campañas para combatir el problema del trabajo infantil.

El gobierno del estado de Guanajuato, consciente del problema que representa el trabajo infantil, cuidó que dentro de su plan de gobierno, cualquier acción y estrategia encaminada sobre el menor resguardara el respeto a sus derechos fundamentales; el primero de los ejes que lo compone, Contigo Vamos Familia, tiene una serie de objetivos encaminados al menor en donde se busca incrementar su calidad de vida, a través de una mejora en su familia, educación, salud y combate a la pobreza. Se propicia además en el eje cuarto, Contigo Vamos Empresa, Empleo y Competitividad, ayuda a los jefes de familia para que tengan la oportunidad de iniciar un negocio que propicie mejores condiciones económicas en la familia. Sumado a lo anterior, es de mencionarse que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, acaba de publicar su programa sectorial en donde tiene como función principal el combate a la pobreza a través de una serie de acciones que incluye la protección del menor en los ámbitos de su vida.

Para reducir la explotación laboral infantil de las niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle, se mantiene cooperación permanente con 13 sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia; se brinda atención integral a los adolescentes trabajadores y se otorgan becas y despensas a niños y adolescentes trabajadores durante el ciclo escolar, a fin de lograr su arraigo académico y enriquecer sus expectativas de vida.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 18 de octubre de 2010.— Licenciado José Gerardo Mosqueda Martínez (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de de Atención a Grupos Vulnerables para su conocimiento

DIA DE LA FAMILIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Guanajuato.— Gobierno del Estado.— Contigo Vamos.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— LXI Legislatura.

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional de Guanajuato y en respuesta a su atento oficio de fecha 28 de septiembre del presente año, a través del cual se remite un punto de acuerdo que señala: “Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas, a que difundan y promuevan al primer domingo de marzo de cada año como él Día de la Familia. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas, a efecto de que promuevan acciones y programas a favor de la familia”, con base a este punto, me permito manifestar lo siguiente:

Para Guanajuato es un beneplácito y nos congratulamos que la Cámara de Diputados impulse la aprobación de puntos de acuerdo a favor de que los gobiernos preconicen acciones a favor de la familia, pues en esta entidad federativa nuestra visión se sostiene en ser un estado líder y vanguardista, sustentado en la fortaleza de sus familias, la generación de la riqueza y la alianza de la sociedad y gobierno, donde todos conviven, aprenden, trabajan y participan. Para nosotros la familia es el eje del quehacer administrativo.

Las políticas públicas desarrolladas descansan en las acciones a favor de la familia, por ende, esta visión se acopla en el Plan de Gobierno 2006-2012, que consta de cinco ejes estratégicos, en donde el primero de ellos es Contigo Vamos Familia, pues el centro de este gobierno lo constituye el ser humano considerado en la célula básica de la sociedad que es la familia, buscando en este eje una sociedad más equitativa e integrada donde todos tengan asegurados condiciones de vida digna que propicien su desarrollo en aspectos de alimentación, educación y patrimonio. Una sociedad donde las familias puedan potencia sus capacidades para fortalecerse como la institución base de la sociedad en un marco de valores.

Reiteramos que para el gobierno de Guanajuato, la familia constituye el espacio por excelencia para el desarrollo social y humano.

Finalmente, es de mencionarse, que desde el 2006 se celebra en el mes de marzo el Día de la Familia con total éxito años tras año, festejo a manos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado y los municipios, que se convierte en una convivencia gobierno-sociedad, dada a la participación cada vez más dinámica de todos.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 18 de octubre de 2010 — Licenciado José Gerardo Mosqueda Martínez (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Desarrollo Social para su conocimiento

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo.— Guerrero.— Secretaría General de Gobierno.

Diputados Amador Monroy Estrada y María de Jesús Aguirre Maldonado, vicepresidente y secretaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En atención de su oficio número DGPL 61-II-7-546, del 5 de octubre del presente año, deducido del expediente número 1518, con el cual comunica al contador público Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, gobernador constitucional del estado, el punto de acuerdo aprobado en la sesión del 5 de octubre del año en curso con el que se exhorta a los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la república que no cuenten con sus respectivos programas de derechos humanos a elaborarlos y expedirlos, expreso a ustedes:

Que se ha tomado debida nota del punto de acuerdo de referencia. Adicionalmente, les hago saber que Guerrero trabaja en la última versión del diagnóstico estatal de derechos humanos el cual, una vez publicado, permitirá iniciar el programa estatal en la materia; sin embargo, debe precisarse que el hecho de que Guerrero no cuente con el programa citado no ha sido impedimento para cumplir los compromisos derivados del convenio marco de colaboración en materia de derechos humanos, siendo esta entidad federativa una de las pocas que han cumplido en tiempo y forma los acuerdos derivados del convenio marco, como puede constatarse en la Secretaría de Gobernación, la dependencia coordinadora de las actividades del convenio marco.

Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chilpancingo, Guerrero, a 18 de octubre de 2010.— Contador Público Israel Soberanis Nogueda (rúbrica), secretario General de Gobierno.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Ejecutivo.— Secretaría General de Gobierno.

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 30, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y en atención de su oficio número DGPL 61-II-7-546, mediante el cual hace del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo que en sesión de fecha 5 de octubre del año en curso se aprobó punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la república que no cuenten con sus respectivos programas de derechos humanos a elaborar y expedirlos, a fin de contribuir y fortalecer los propósitos establecidos en el Programa Nacional de Derechos Humanos, me permito comentarle lo siguiente:

Conforme al Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, este Poder Ejecutivo cuenta con el programa Derechos Humanos, a través del cual “el gobierno de Jalisco impulsará el respeto irrestricto del estado de derecho en todos los sectores de la sociedad, particularmente en el desempeño de su propio ejercicio, y buscará generar políticas que fomenten de manera generalizada una cultura de respeto de los derechos humanos, que favorezca el desarrollo armónico de nuestro sistema social”.

Dicho programa se integra por los siguientes subprogramas:

1. Impulso al estado de derecho y el respeto de las garantías individuales: en este subprograma se promueve la implantación de mecanismos que induzcan al respeto de los derechos humanos.

2. Fomento de la cultura del respeto de los derechos humanos: este subprograma promueve en y desde las dependencias del Poder Ejecutivo una cultura por el respeto de los derechos humanos, impulsando la participación de especialistas para la orientación e implantación de las acciones de capacitación.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 14 de octubre de 2010.— Licenciado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), secretario General de Gobierno.»

«Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente

En atención al oficio número D.G.P.L.61-II-7-546, mediante el cual comunica que en sesión celebrada el 5 de octubre de 2010, dicha soberanía popular aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la república, que no cuenten con sus respectivos programas de derechos humanos, a elaborarlos y expedirlos, a fin de coadyuvar y fortalecer los propósitos establecidos en el Programa Nacional de Derechos Humanos, por indicación del licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México; y con fundamento en lo establecido por los artículos 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15 y 19, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, respetuosamente, me permito dar respuesta en los términos siguientes:

El gobierno del estado de México se da por enterado del contenido de su gentil escrito y, en ese sentido, comunico a esa soberanía popular, por su gentil conducto, que el licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado, es consciente de la gran relevancia y trascendencia que tiene la promoción y defensa de los derechos fundamentales en México, en un entorno de legalidad y como parte de los principios democráticos y republicanos que bajo el imperio de la Ley deben ser base toral del actuar de toda autoridad.

En ese contexto, ha sido eje fundamental del actuar de la presente administración, la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en la ejecución de las políticas públicas; asimismo, el perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos y administrativos que garanticen la defensa de los derechos humanos.

Con el propósito de lograr los objetivos mencionados en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, además de apoyar al posicionamiento del gobierno como una entidad preocupada por el establecimiento de políticas públicas que reconozcan, promuevan, atiendan y defiendan los derechos humanos desde el Ejecutivo estatal, sirviendo como enlace y apoyo a la Comisión de Derechos Humanos del estado de México y a la Unidad de Promoción de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, cumpliendo así con los objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos generando un programa estatal eficiente, se ha considerado la pertinencia de crear la Unidad de Derechos Humanos.

Finalmente, cabe mencionar que dicha unidad tendrá los objetivos fundamentales siguientes:

• Establecer las bases de una política de Estado en materia de derechos humanos que asegure el respeto, protección, promoción y garantía de éstos.

• Crear una cultura de respeto y protección de los derechos humanos.

• Promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales en el Estado mexicano en materia de derechos humanos.

• Promover la participación corresponsable de la sociedad civil en la construcción de una política de Estado en materia de derechos humanos.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarle mi distinguida consideración.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 15 de octubre de 2010.— Licenciado Luis Enrique Miranda Nava (rúbrica), secretario General de Gobierno.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento

DIA DE LA FAMILIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Anteponiéndole un cordial saludo, me permito referirme a su atento oficio número D.G.P.L.61-II-3- 641, por medio del cual informa al gobernador del estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, respecto del punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, para exhortar a los gobiernos de las entidades federativas, a que difundan y promuevan el primer domingo de marzo de cada año, como el Día de la Familia, así como promover acciones y programas a favor de la familia.

Respetuosamente le informo que dentro de las atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de México, se encuentra precisamente la protección a la familia, a través de la difusión y desarrollo de servicios de asistencia social y el fomento de una cultura de integración familiar por medio de actividades educativas, culturales y recreativas que se desarrollan a nivel estatal y municipal tales como impartición de escuela para padres, talleres preventivo–educativos, pláticas sobre buen trato en familia que son ejecutadas por el Programa de Integración Familiar del DIF estado de México, con el objeto de generar espacios de reflexión y sana convivencia entre las familias mexiquenses.

Finalmente me permito comentarle que dentro de los programas operativos ya se ha destinado recurso, que se ejercerá en el año 2011, precisamente destinado a la difusión del primer domingo de marzo como el Día de la Familia, a través de diversos medios impresos como son dípticos, trípticos y carteles, asimismo su difusión en los programas televisivos y de radio en los que este organismo participa.

Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Toluca, estado de México, a 11 de octubre de 2010.— Laura Barrera Fortoul (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Desarrollo Social para su conocimiento

PROGRAMAS SOCIALES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.

Me dirijo a usted en atención del oficio número DGPL-61-II-2-654, mediante el que se solicita información al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) “acerca del efecto de las evaluaciones realizadas a los programas de desarrollo social agrupados en el ramo 20, así como las acciones para el mejoramiento de dichos programas”.

Adjunto encontrará un documento en el cual se presenta de manera sucinta información acerca de las evaluaciones realizadas a programas federales coordinadas por el Coneval desde 2007, así como de los procedimientos con que cuenta el Coneval para promover la mejora de los programas sociales y los resultados que han tenido los esfuerzos de evaluación.

Aprovecho la presente para reiterarle el compromiso del Coneval para poner al alcance del Congreso de la Unión información relevante derivada de las evaluaciones realizadas a programas federales, con el propósito de que ésta constituya un insumo para el desarrollo de la actividad legislativa.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Distrito Federal, a 1 de noviembre de 2010.— Doctor Gonzalo Hernández Licona (rúbrica), secretario Ejecutivo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Desarrollo Social para su conocimiento

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Reforma Agraria.— Procuraduría Agraria.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

En seguimiento al oficio número D.G.P.L.61-II-8-2009, de fecha 27 de enero de 2010, signado por el presidente y secretario de la Mesa Directiva, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, senador Adolfo Toledo Infanzón, respectivamente, por el cual se hizo de nuestro conocimiento el punto de acuerdo emitido en la sesión del 26 de enero de 2010, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; y a los oficios números PA/083/2010 y PA/084/2010, ambos de fecha 10 de marzo de 2010, relativo al cumplimiento dado al citado punto de acuerdo; de conformidad con los numerales 34 y 39 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, me permito hacer de su conocimiento el acuerdo de conclusión emitido en el presente asunto, el cual se anexa al presente para los efectos procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2010.— Procurador Agrario, licenciado Rocendo González Patiño (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Reforma Agraria.— Procuraduría Agraria.

Con fecha 15 de octubre de 2010, se da vista al licenciado Álvaro Meza Luna, secretario técnico del Comité Permanente de Control y Seguimiento, con la ficha informativa derivada del Centro de Información e Innovación Agraria (CIIA) de fecha 15 de octubre de 2010, relativa al asunto planteado por la diputada Leticia Ouezada Contreras, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Procuraduría Agraria Oficina de la Subprocuraduría General. Secretaría Técnica del Comité Permanente de Control y Seguimiento. Dirección Operativa. México, Distrito Federal, a 15 de octubre de 2010.

Vistos: 1. Memorándum número SP /116/2010, de fecha 5 de febrero de 2010, suscrito por el licenciado Sergio Andrés Zavala Reyes, entonces secretario particular del procurador agrario, por el cual turna para su atención oficio número D.G.P.L. 61-11-8-209, de fecha 27 de enero de 2010, signado por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña y el senador Adolfo Toledo Infanzón, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por el cual hacen del conocimiento los puntos de acuerdo que determinaron: Primero, instalar mesas de diálogo y trabajo tendentes a solucionar el conflicto agrario relativo a la organización movimiento huasteco democrático; y segundo, que la comisión estima conveniente exhortar de manera respetuosa en el marco de la colaboración de poderes y del reconocimiento de la independencia de los poderes públicos federales y estatales, entre otros, al titular de la Procuraduría Agraria, licenciado Rocendo González Patiño, para que faciliten y provean, en el ámbito de su competencia, todo lo necesario para dar curso a la instalación de las mesas de diálogo y trabajo; asunto planteado por la diputada federal Leticia Quezada Contreras, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 2. Oficio número COPECOSE/DO/00126/2010, del 8 de febrero de 2010, por el cual se giró instrucción al delegado para que con la mayor brevedad concerte acciones para la instalación de las mesas de diálogo y concertación con la coordinación del resto de las dependencias del sector involucradas, así como con el gobierno del estado. 3. Oficio número PASLP/0357/2010, de fecha 22 de febrero de 2010, por el cual el delegado estatal remite ficha informativa referente a los antecedentes y atención brindada al movimiento huasteco democrático con el soporte documental respectivo; asimismo informa que la mesa de trabajo está programada para el 25 de marzo de 2010 en la ciudad de San Luis Potosí. 4. Oficios números PA/083/2010 y PA/084/2010, de fecha 10 de marzo de 2010, a través de los cuales, el procurador agrario, licenciado Rocendo González Patiño, informó a los integrantes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente, del trámite otorgado, asimismo, de la programación de las mesas de diálogo. 5. Tarjeta informativa de la que se desprende que el delegado estatal informó que la mesa programada para el 25 de marzo de 2010 no se llevó a cabo en razón de que la diputada federal Leticia Quezada Contreras, quien asesora al movimiento huasteco democrático (MHD), solicitó que se pospusiera dicha mesa, argumentando que no podía asistir ese día, ya que tenía programadas otras actividades, y que posteriormente estaría en aptitud para programar nueva fecha; sin embargo, ese mismo día, el ciudadano Said López de Olmos, dirigente del MHD sostuvo reunión de trabajo con el delegado de la Procuraduría Agraria, manifestando que por el momento no se programara otra fecha para celebrar las referidas mesas de trabajo, sino posteriormente, toda vez que en fecha próxima entregarían diversa documentación con la cual acreditará diversas irregularidades, cometidas por funcionarios del sector agrario, en el cumplimiento de los acuerdos contraídos con dicha organización en junio 24 de 1997. Por último, el delegado informó que gobierno del estado estaba considerando realizar la reunión el 16 de abril de 2010. 6. Memorándum número SP / 420/10, de fecha 4 de mayo de 2010, signado por el licenciado Israel García Zamudio, secretario particular del procurador agrario, por el cual remite oficio número D.G.P.L.61-II-8-403, de fecha 27 de abril de 2010, relativo al acuse de recibo suscrito por los diputados federales Georgina Trujillo Zentella y Balfre Vargas Cortez, secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, Comisión Permanente, respecto del oficio número PA/106.9/2010, del 13 de abril de 2010; asimismo, señala que en sesión del 27 de abril de 2010, la Cámara de Diputados determinó remitir a la promovente, para su conocimiento, por lo que se integra al expediente para efectos el referido acuse de recibo. 7. Oficio número III/300/B/210072, de fecha 12 de febrero de 2010, suscrito por el licenciado José A. Labastida Cuadra, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria, por el cual remite el acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, materia de este asunto. 8. Oficio número COPECOSE/DO/0592/2010, del 17 de mayo de 2010, dirigido al licenciado Evaristo Corrales Macías, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria, comentando que el asunto fue recepcionado por oficio número D.G.P.P.L.61-11-8-209, del 27 de enero de 2010, signado por el diputado federal Francisco J. Ramírez Acuña y el senador Adolfo Toledo Infanzón, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual comunicaron al procurador agrario el acuerdo citado, realizándose la investigación correspondiente, lo que derivó comunicados formales por parte del procurador a los legisladores signantes, mediante oficios números PA/083/2010 y PA/084/2010, ambos del 10 de marzo de 2010, informando de la atención y situación que guarda la conflictividad agraria a que se refiere el multicitado acuerdo. 9. Oficio número COPECOSE/DO/000792/2010, de fecha 30 de junio de 2010, por el cual se solicitó al encargado de la delegación en San Luis Potosí que informe en un término de 48 horas hábiles el estado que guarda el presente asunto, en virtud del rezago que presenta. 10. Oficio número PASLP/SJ/1310/2010, de fecha 17 de mayo de 2010, signado por el delegado estatal, reportando el asunto sin avance. 11. Memorándum número SP /760/10, de fecha 20 de julio de 2010, signado por el licenciado Israel García Zamudio, mediante el cual turnó oficio D.G.P.L. 61-11-8-477, del 5 de julio de 2010, de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, signado por las diputadas María Teresa R. Ochoa Mejía y María Dolores del Río Sánchez, secretarias de la Mesa Directiva, por el cual acusan recibo del diverso oficio número PA/194.2/2010, por el cual se dio respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, en fechas anteriores; asimismo, consta que por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 39, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso, se ordenó remitir al promovente para su conocimiento. 11. Correo electrónico del 10 de septiembre de 2010, por el cual se solicitó al encargado del Despacho de la delegación que remita en esa misma fecha, y con carácter de urgente, informe de la atención brindada al asunto, remitiendo soporte documental respectivo. 12. Ficha informativa remitida por correo electrónico, del 10 de septiembre de 2010, por el cual la delegación informó que en razón de la participación de gobierno del estado, se consultó al asesor de gobierno quien informó que la Cámara de Diputados no ha fijado la fecha, en razón de que son ellos los que están organizando la realización de la reunión, por lo que se está en espera de que se fije el día y la hora. 13. Tomando en consideración el cumplimiento que esta Institución ha dado al acuerdo emitido por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, lo cual se hizo del conocimiento de éste y de la diputada Leticia Quezada Contreras, promovente del asunto, según se desprende de los oficios números D.G.P.L.61-II-8-403 de fecha 27 de abril de 2010 y D.G.P.L. 61-11-8-477 de 5 de julio de 2010, signados por integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, sin que se haya manifestado al respecto, no obstante el tiempo transcurrido desde las fechas citadas y sin que tampoco haya manifestado interés de su parte, o por la organización campesina movimiento huasteco democrático, a través de su dirigente Said López de Olmos, en continuar con la celebración de las mesas de trabajo solicitadas; se determina archivar el presente expediente como concluido conforme a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, dejando a salvo los derechos de los promoventes para que en el momento en que así lo determinen, se instauren de nueva cuenta las mesas de dialogo solicitadas y suspendidas a petición de ellos mismos, sin que se hubiese solicitado nueva fecha. En virtud de lo anterior, se acuerda: Primero. Se tiene por concluido el presente asunto, identificado en CIIA con el folio número 910520100036, en virtud de haberse programado las mesas de diálogo solicitadas por la promovente, en cumplimiento de los puntos de acuerdo emitidos por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, y suspendidas a petición de los propios interesados, organización campesina movimiento huasteco democrático (MHD) y diputada federal Leticia Quezada Contreras, sin que hayan mostrado interés en su reanudación, no obstante el tiempo transcurrido por lo que, queda expedito su derecho para solicitar nuevamente la intervención institucional. Segundo. En consecuencia, dese de baja del control de asuntos. Tercero. Hágase del conocimiento de la Comisión Permanente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; del licenciado Israel García Zamudio, secretario particular del procurador agrario; del licenciado Evaristo Corrales Macías, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria; del licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, así como del ingeniero Francisco Eugenio Luna Rodríguez, encargado del despacho de la Delegación de la Procuraduría Agraria en el estado de San Luis Potosí, el presente acuerdo para su conocimiento. Cuarto. Márquese atenta copia al licenciado Rocendo González Patiño, procurador agrario, y al ingeniero Francisco Alonso Espinosa Medina, coordinador general de Delegaciones, para su superior conocimiento y apoyo en base a las facultades que les confiere nuestra normatividad. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Álvaro Meza Luna, secretario técnico, con la asistencia de la licenciada Martha Ortiz Ayala, directora operativa.

(Rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente para su conocimiento

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-61-II-2-699 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CA/AG/489/2010 suscrito por la licenciado Carmen Leticia González González, coordinadora de asesores de la Secretaría de Turismo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Reglamento de la Ley General de Turismo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Turismo.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/UEL/311/3419/10, de fecha 15 de octubre del año en curso, mediante el cual hace de nuestro conocimiento el punto de acuerdo aprobado el 14 de octubre de 2010 por la Cámara de Diputados, que a continuación se menciona:

“Único.La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que, con fundamento en la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Turismo.”

Sobre el particular, me permito informarle que el proyecto del Reglamento de la Ley General de Turismo se está trabajando con alta prioridad por parte de esta dependencia, por lo que en cuanto se tenga la versión final del proceso, se realizarán los trámites correspondientes publicación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2010.— Licenciada Carmen Leticia González González (rúbrica), coordinadora de Asesores.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Turismo para su conocimiento

GASOLINERAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-569 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2010.DGE.833 suscrito por José Antonio Torre Medina, coordinador de asesores del secretario de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al Programa de Verificación de Combustibles.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con referencia al oficio SEL/UEL/311/3003/10 del 24 de septiembre del año en curso, mediante el cual comunicó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 23 del citado mes, en el que se solicita al procurador federal del consumidor, tenga a bien instruir a la Subprocuraduría de Verificación de la dependencia a su cargo, para que en coordinación con las delegaciones estatales, sea intensificado en todas las entidades federativas el Programa de Verificación de Combustibles que permitan detectar oportunamente la venta fraudulenta de éstos en agravio de los consumidores y en consecuencia, sean sancionados los responsables con todo rigor de la ley, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente

En materia de combustibles, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realiza las acciones de verificación conferidas, a través de programas permanentes de verificación estacionales de servicio, ejerciendo las atribuciones de verificar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones generales establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y las normas oficiales mexicanas emitidas por esta secretaría, tales como exhibir a la vista del público la lista de precios, que se respete la información comercial, se entregue la cantidad ofrecida, así como la verificación anual obligatoria, todo ello a efecto de que los comerciantes de combustibles líquidos (gasolineras) entreguen realmente el peso y volumen solicitado por el consumidor.

Es importante señalar que la Profeco, dentro de sus actividades, brinda una especial atención a la comercialización de gasolina y diesel, dando prioridad en la verificación de este producto a los sectores más desprotegidos, poniendo incluso a disposición de dicho sector y del consumidor en general, la línea telefónica 01800 468 8722 en toda la República Mexicana, a efecto de atender de manera inmediata las denuncias que se originen con motivo de la comercialización de estos productos.

Aunado a lo anterior, se informa las actividades y resultados obtenidos por la Profeco en el periodo comprendido del año 2009 a septiembre de 2010 en materia de verificación de combustibles:

Verificación a Gasolineras

Visitas de verificación a Estaciones de Servicio

2009: 11,420

2010 (septiembre): 7,475

Porcentaje de verificación en las que se detectó algún tipo de irregularidad

2009: 31 por ciento

2010 (septiembre): 27.03 por ciento

Porcentaje de estaciones verificadas, respecto al padrón

2009: 95 por ciento

2010 (septiembre): 67.97 por ciento

Instrumentos de medición verificados

2009: 122,033

2010 (septiembre): 83,541

Instrumentos de medición inmovilizados

2009: 10,048

2010 (septiembre): 5,885

Porcentaje de instrumentos inmovilizados por litros incompletos

2009: 6 por ciento

2010 (septiembre): 8.20 por ciento

Porcentaje de instrumentos inmovilizados por aspectos electrónicos

2009: 19 por ciento

2010 (septiembre): 13.72 por ciento

Sanciones económicas impuestas

2009: 1,428

2010 (septiembre): 415

Monto de las multas impuestas como sanciones

2009: $75’010,412.32

2010 (septiembre): $16’754,462

Asimismo, se destaca que a pesar de la baja asignación de presupuesto respecto de ejercicios anteriores y que la meta programada de verificación a estaciones de servicio para el ejercicio 2010 asciende a 6,000 visitas; al mes de septiembre de presente año, ya se han realizado 7,475 visitas de verificación, lo cual supera lo programado en casi un 25 por ciento; no obstante lo anterior, la Profeco intensificará las visitas de verificación a gasolineras, instruyendo a las brigadas radicadas en los diferentes estados de la República a trabajar con mayor intensidad y ritmo en el desarrollo del programa de verificación que nos ocupa y en la atención de denuncias que se reciban por parte de los consumidores.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al Secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2010.— José Antonio Torre Medina (rúbrica), coordinador de asesores del secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Economía y de la Función Públicapara su conocimiento

TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO-BRASIL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-513 signado por los Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP: 1692/10 suscrito por la licenciado Betina Chávez Soriano, directora general de la Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al Tratado de Libre Comercio México-Brasil en el sector productivo del país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su comunicación SEL/UEL/311/3017/10 por la que nos da a conocer la proposición con punto de acuerdo que el pasado 23 de septiembre aprobó el pleno de la Cámara de Diputados y que tiene a bien remitimos mediante el oficio firmado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, me permito someter a su consideración la respuesta de esta Secretaría qué, si así se estima pertinente, en dado caso pudiera transmitirse a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados:

Punto de acuerdo referido:

“Primero. La Cámara de Diputados realiza un atento exhorto al Ejecutivo federal y al Senado de la República, para que escuchen y sean consideradas las opiniones del sector industrial, comercial y de servicios del país y de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, con el propósito de integrarlas en el análisis de la negociación del Tratado de Libre Comercio México-Brasil para evitar afectaciones al sector productivo del país. Segundo. En el marco del análisis de las variables macroeconómicas para la celebración del Tratado de Libre Comercio México-Brasil, estas sean coordinadas en forma conjunta por las comisiones involucradas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados”.

Comentarios/respuesta SRE:

Durante la comparecencia del actual Embajador de México en la República Federativa de Brasil el pasado mes de abril, Alejandro de la Peña Navarrete , en el marco del proceso de ratificación de su nombramiento, que corresponde al ejercicio de la facultad conferida al Senado de la República; una de las preocupaciones externadas por los Senadores presentes fue justamente la de escuchar las opiniones del sector industrial, comercial y de servicios del país; así como de todas las voces del Congreso mexicano en ambas Cámaras que tuvieran una participación relevante o interés especial en aportar elementos sustantivos a la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Brasil.

Para tal efecto, con la oportunidad y alcances que brinda la diplomacia parlamentaria, se llevó a cabo al mes siguiente de la ratificación del actual Embajador (mayo de 2010), la II Reunión interparlamentaria México-Brasil, para la que viajaron a Brasilia y se entrevistaron con el entonces primer mandatario, Luis Inacio Lula Da Silva, los diputados y senadores que participaron en dicho encuentro. En ese momento, la preocupación de  la igualdad de condiciones y regulación equitativa de los términos del posible Tratado de Libre Comercio, fueron también temas tratados por legisladores de ambos países.

Asimismo, durante las comparecencias de la canciller Patricia Espinosa y del secretario de Economía, doctor Bruno Ferrari, ante ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión celebradas a finales de septiembre y principios de octubre, el tema del Tratado de Libre Comercio con Brasil fue abordado por ambos titulares de manera puntual y transparente.

El punto de acuerdo que nos ocupa aprobado a finales de septiembre por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Senado y al Ejecutivo federal a escuchar las opiniones de los sectores y comisiones del Congreso más involucrados en el tema, refuerza aún más nuestro propósito de fortalecer y complementar las diversas consideraciones que se han puesto sobre la mesa a nivel bilateral.

Mantendremos informado al Congreso de cualquier avance en la negociación y seremos sensibles a las opiniones del propio poder legislativo y de todos los actores del Estado mexicano que representen el interés nacional de cara a este proceso que sin duda tendrá un impacto importante en la relación comercial, no sólo entre México y Brasil, sino también en el continente americano.

Agradecemos, por tanto, la preocupación externada por la Cámara de Diputados y en ese sentido, seremos cautelosos y atenderemos con responsabilidad ésta y todas las inquietudes que surgieran del Congreso o de cualquier sector, en el proceso que implica la eventual firma e implantación del Tratado de Libre Comercio con Brasil.

Atentamente

México, DF, a 25 de octubre de 2010.— Betina Chávez Soriano (rúbrica), directora General.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Economía para su conocimiento

FENOMENOS NATURALES - FONDO NACIONAL DE RECONSTRUCCION

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 61-II-9-1978 signado por los Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/1683/2010 suscrito por el licenciado Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los recursos suficientes que permitan atender los daños provocados por los fenómenos naturales de este año en las entidades federativas afectadas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/3177/10, de fecha 1 de octubre de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, el 7 de octubre del año en curso, por medio del cual se informa que mediante oficio D.G.P.L. 61-II-9-1978, de fecha 30 de septiembre de 2010, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, Presidente y Secretaría, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación, Segob, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2010, y cuyo resolutivos primero y cuarto se reproducen a continuación:

“ Primero. Que el gobierno federal asigne recursos suficientes, en forma inmediata, para atender los daños provocados por los fenómenos naturales de este año, en todas las entidades federativas afectadas y, de igual manera, atienda debidamente a la población damnificada ... Cuarto. Que se flexibilicen de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para que, ocurrida una contingencia, existan recursos disponibles en forma inmediata que permitan a todos los órdenes de gobierno auxiliar oportuna y eficazmente a la población afectada, así como iniciar a la brevedad las tareas de reconstrucción de infraestructura...”

Sobre el particular, comunicamos que aún y cuando el punto de acuerdo que nos ocupa se compone de cinco puntos resolutivos, en el presente oficio esta DGF únicamente se pronunciará respecto de los antes transcritos, por resultar de injerencia para esta unidad administrativa. En ese orden de ideas, solicitamos atentamente a usted ser el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, lo siguiente:

Para tales efectos y de manera previa, consideramos oportuno realizar las siguientes precisiones:

1. Por principio, diremos que el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuyo objeto es, bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil (numeral 1 del acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales ” (en lo sucesivo las ROF).

Para la realización de tales objetivos, el Fonden cuenta con los siguientes instrumentos financieros:

a) El Fondo Revolvente Fonden. En caso de que medie una Declaratoria de Emergencia, la DGF podrá autorizar la adquisición de suministros de auxilio (insumos) para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (numeral 3, fracción I de las ROF, en concordancia con los artículos 1y 3del acuerdo que establece los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden”, en lo sucesivo los Lineamientos).

b) El Fonden Reconstrucción, igualmente de existir una Declaratoria de Desastre Natural, vía este instrumento se destinan (ya sea del Programa Fonden o del Fideicomiso), para la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal, previstos en las ROF, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

2.La implantación del programa Fonden, tanto en las ROF como en los Lineamientos prevé la participación de los tres órdenes de gobierno, delimitándose con toda precisión los tramos de responsabilidad y los márgenes de actuación de cada una de las instancias participantes. Del contenido de dichas disposiciones se desprende que a la Segob, por conducto de esta Unidad Administrativa (y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación), únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los suministros de auxilio y recursos que se autorizan con cargo al Fonden, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en la normatividad aludida.

3.Por cuanto hace al Fondo Revolvente Fonden, si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo a este instrumento, también lo es que, según el artículo 15 de los Lineamientos, dichos suministros son adquiridos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Segob, y entregados por dicha Unidad Administrativa a la entidad federativa de que se trate, a fin de que esta última proceda a su distribución. Conforme a los artículos 3, 7, 8 y 9de los Lineamientos, los municipios a los cuales se destinan los suministros de auxilio autorizados por esta Unidad Administrativa serán aquellos que habiendo sido incluidos en una solicitud de Declaratoria de Emergencia, fueron corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como municipios que han sido o pueden ser afectados por la inminencia, alta probabilidad o existencia de un fenómeno natural perturbador.

4.Por cuanto hace al instrumento Fonden Reconstrucción, se indica que la DGF no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político-administrativo en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado, dado que los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento para llevar a cabo labores de reconstrucción en los sectores de competencia de las entidades federativas, son transferidos del Fideicomiso 2003 Fonden Federal al Fideicomiso Fonden Estatal de la entidad federativa en donde se haya presentado el desastre, a fin de que la ejecución de obras y acciones de reconstrucción sean realizadas por las propias entidades federativas, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para ello.

Siguiendo esa tesitura y toda vez que en el Punto de Acuerdo que se atiende se exhorta a que se destinen” ... recursos suficientes, en forma inmediata, para atender los daños provocados por los fenómenos naturales de este año ... y que ... permitan ... iniciar a la brevedad las tareas de reconstrucción de infraestructura ... “, comunicamos que en el marco del Fonden, en las ROF se prevé la existencia de una serie de figuras y acciones que se perfilan como una eficiente salida económica a las actividades urgentes, prioritarias y de atención inmediata que trae aparejada la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, dada la eficacia y rapidez con la que se autorizan y radican los recursos tendientes a la mitigación del impacto de dichos fenómenos.

Así, podemos afirmar que ante la ocurrencia de un desastre natural existen tres momentos distintos en los que el Fonden, a través del instrumento Fonden Reconstrucción, brinda el apoyo correspondiente a las entidades federativas y/o al Distrito Federal, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superan su capacidad financiera y operativa de respuesta, siendo los siguientes:

1. Mediante la autorización y radicación de apoyos parciales inmediatos, APIN. A ese respecto, debemos señalar que en el marco del Fonden Reconstrucción, y con el objetivo de asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a solventar aspectos prioritarios y urgentes, tales como el restablecimiento de comunicaciones, servicios básicos, limpieza y remoción de escombros, así como todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, hasta en tanto se realiza la radicación total de recursos a través de dicho instrumento, en las ROF se prevé la figura de los apoyos parciales inmediatos, APIN.

Los APIN, que pudiera bien definirse como un mecanismo expedito, ha permitido que las entidades federativas, las dependencias y entidades federales puedan acceder en un menor tiempo a una parte de los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción, resultando un aliciente muy valioso cuando de solventar aspectos prioritarios y urgentes se trata.

En ese sentido, se considera tal la efectividad de los APIN, que en aquellos desastres atendidos a través del Fonden Reconstrucción a partir de la entrada en vigor de las ROF, el promedio de días en los que se han autorizado APIN con cargo a este instrumento del Fonden (tomando como punto de partida para su contabilización la solicitud formal de tales apoyos en la instalación del CED, correspondiente, según el numeral 11 de las ROF), ha sido de 2.4 días para los desastres atendidos a través de este instrumento en el Ejercicio Fiscal 2010.

En ese orden de ideas a continuación se presentan los recursos que por concepto de APIN se han autorizado durante el presente ejercicio fiscal:

2.A través de la autorización de anticipos para la realización de trabajos y obras prioritarias que se deberán de ejercer con base en los programas de obras y acciones autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso Fonden Estatal correspondiente. Dichos anticipas son con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden hasta por un monto equivalente al cincuenta por ciento de la coparticipación federal que corresponda al Fonden.

En esa tesitura, si las dependencias o entidades federales que validarán la evaluación de los daños, consideran que es procedente la solicitud de anticipas, solicitarán a la Unidad de Política y Control Presupuestario, UPCP, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, la autorización de los mismos, la cual en su caso, instruirá al Fiduciario del Fideicomiso Fonden para que los recursos solicitados sean transferidos al Fideicomiso Fonden Estatal correspondiente.

Cabe señalar que los anticipas deberán regularizarse con la autorización de los recursos por el Comité Técnico.

3.Por medio de la autorización total de recursos para dar atención al desastre natural correspondiente en el marco del instrumento Fonden Reconstrucción.

En ese orden de ideas y en virtud de que en el Punto de Acuerdo que se atiende solicitan la asignación de recursos y toda vez que con cargo al Fonden Reconstrucción que se autorizan los mismos, procedemos a informar respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF, ha llevado a cabo para atender la ocurrencia de los diversos fenómenos naturales durante el presente ejercicio fiscal y solo respecto de aquellos de los cuales ha mediado una solicitud de declaratoria de desastre.

Primeramente informamos los recursos que una vez cubiertos los requisitos y formalidades han sido autorizados durante el presente ejercicio fiscal por la ocurrencia de los siguientes fenómenos naturales perturbadores:

Ahora bien, a continuación se presentan las gestiones efectuadas en el marco del Fonden Reconstrucción para dar atención a la ocurrencia de los fenómenos naturales que actualmente se encuentran en proceso de autorización de los recursos de este instrumento financiero, haciendo hincapié en que la información de los recursos que ponemos a su disposición, seencuentra actualizada al día 20 de octubre de 2010, y aún podrá sufrir una constante modificación por virtud de la dinámica propia del programa Fonden.

Visto lo anterior, adelantamos que una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno natural perturbador de referencia, en términos de lo dispuesto por el numeral 27 de las ROF, dichos recursos se encontrarán disponibles para ser transferidos del Fideicomiso Fonden Federal al Fideicomiso Estatal correspondiente, una vez que se reciba por parte de dicha entidad federativa el aviso de depósito de la parte correspondiente a su coparticipación.

Asimismo, atentos al numeral 44 de las ROF, el Comité Técnico del Fideicomiso Estatal correspondiente, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutoras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden Federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Así también, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal correspondiente, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del Fiduciario del Fideicomiso Estatal correspondiente, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a la entidad federativa que corresponda y que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden Estatal para la atención del desastre natural.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Notas:

1 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2009.

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 312 de diciembre de 2008.

4 Que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (en términos del numeral 3, fracciones II y IIII, de las propia ROF).

5 Asimismo, en términos del artículo 7 de los lineamientos, al emitirse la Declaratoria de Emergencia, la Coordinación General de Protección Civil podrá implementar las acciones de colaboración necesarias para que las dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuven a atenuar los efectos de la emergencia, así como para responder en forma inmediata a las necesidades urgentes generadas por la misma, para ello podrá requerir información sobre cada una de las afectaciones, acciones y en su caso erogaciones realizadas, a fin de monitorear y evaluar la situación.

6 Aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, Conagua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, Conafor, en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para el caso de los fenómenos geológicos.

7 Los Fideicomisos Fonden Estatales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las Entidades Federativas para atender un Desastre Natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas Entidades Federativas (numeral 44 de las ROF).

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre de 2010.— Licenciado Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Gobernación para su conocimiento

ATENCION PSICOLOGICA A MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-2066 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG/130/2010 suscrito por Sergio Hidalgo Monroy Portillo, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los recursos provenientes de los bienes decomisados para la creación de centros especializados de atención psicológica y programas con psicoanalistas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SEL/UEL/311/3361/10 de fecha 12 de octubre del actual, por el que hace del conocimiento del coordinador de asesores del secretario de Hacienda y Crédito Público, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados ese mismo día y que a la letra dice:

“ Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, destinen recursos de los bienes incautados al crimen organizado para crear en el país, centros especializados de atención psicológica y programas con psicoanalistas que permitan brindar terapias grupales a las víctimas u ofendidos del delito.”

Al respecto, me permito informarle que al ser el decomiso (el término “incautados” no se contempla en la norma aplicable) una figura de naturaleza penal contemplada en el Código Penal Federal (artículo 40), a juicio de este organismo el supuesto planteado por los legisladores, ya se encuentra previsto de alguna forma.

Lo anterior, en términos del artículo 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales, que señala que el producto de la venta de los bienes decomisados, debe ser repartido de manera tripartita entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Salud (SS) y el Poder Judicial de la Federación, vía el Consejo de la Judicatura Federal.

El artículo citado, señala, en su parte conducente lo siguiente:

“Artículo 182-R. Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada Ley, en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República ya la Secretaría de Salud.

Los recursos que correspondan a la Secretaría de Salud deberán destinarse a programas de prevención y rehabilitación de farmacodependientes.”

Ahora bien, si bien es cierto que la norma no menciona textualmente que los recursos se deben destinar “ ...para crear centros especializados de atención psicológica y programas con psicoanalistas que proporcionen terapias grupales a las víctimas u ofendidos del delito” como se plantea en el Exhorto, también lo es que su parte final habla de rehabilitación y prevención, donde se considera pudiera encuadrarse la creación de los centros citados. No obstante, tal consideración debiera corroborarse por la propia PGR o la SS.

Finalmente, me permito hacer de su conocimiento las cifras que se han aplicado a la luz del artículo 182-R aludido de 2008 a la fecha.

Concepto Enero-Diciembre 2008 Enero-Diciembre 2009 Enero-Septiembre 2010

Decomisos en moneda nacional 4 millones 389 mil 918 2 millones 433 mil 880 2 millones 473 mil 384

Decomisos en dólares americano 56 millones 74 mil 551 3 millones 197 mil 658 4 millones418 mil 216

Los valores son en moneda nacional. Cuando se hace referencia a dólares americanos, la conversión se hace al tipo de cambio establecido por la Tesofe.

Quedo a sus órdenes.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 22 de octubre de 2010.— Sergio Hidalgo Monroy Portillo (rúbrica), director General.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-1751 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 00004707 suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales, así como los anexos que se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio La Huerta, Jalisco.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de octubre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta a su oficio SEL/UEL/311/2862/10, mediante el cual comunica a la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el martes 7 de septiembre del presente año, que menciona en sus puntos primero y tercero:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a intervenir en la solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio La Huerta, Jalisco, a fin de evitar la inestabilidad social en la región.

...

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (sic), informe a esta soberanía sobre el presunto daño ecológico en contra de manglares por la instalación de una malla ciclónica.

Al respecto, me permito remitirle copia del oficio número PFPA/4.218C.17.4/846/10, mediante el cual el biólogo Ignacio Millán Tovar, Director General de Inspección y Vigilancia Forestal, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, da respuesta al punto de acuerdo de mérito.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 25 de octubre de 2010.— Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat.— Presente.

Me refiero a su oficio número 112.00004176 de fecha 22 de septiembre de 2010, mediante el cual remite el oficio número SEL/UEL/311/2862/10 del titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, en donde se menciona el punto de acurdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en Sesión celebrada el 7 de septiembre de 2010, que menciona:

“Tercero.La Cámara de Diputados exhorta el Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informe a esta soberanía sobre el presunto daño ecológico en contra de manglares por la instalación de una malla ciclónica”.

Al respecto, informo a usted que se le ha dado puntual atención al punto de acurdo referido, para ello me permito remitirle copia del oficio número PFPA/21.3/8C.17.3/ 037/2010 011678 de fecha 1 de octubre de 2010, suscrito por el doctor José Becerra Soto Delgado de la Profepa en Jalisco, mediante el cual informa en detalle sobre las visitas de inspección en materia de impacto ambiental y de zona federal marítimo terrestre, practicadas a la empresa denominada Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, en la playa de Tenacatita, en el municipio La Huerta, Jalisco, los días 11 de agosto y 13 de septiembre del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando atento de informarle en su momento de la resolución que emita la delegación (en caso de que usted así lo requiera).

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre de 2010.— Biólogo Ignacio Millán Tovar (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Biólogo Ignacio Millán Tovar, director general de Inspección y Vigilancia Forestal de la Profepa.— Presente.

En atención a su oficio número PFPA/4.2/8C.17.4/780/10, de fecha 30 de septiembre de 2010, alusivo al “oficio número 112.00004176, de fecha 22 de septiembre de 2010, suscrito por Wilehaldo Cruz Bressabt, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semanart, mediante el cual remite el oficio número SEL/UEL/311/2862/ 10 de titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, en donde se menciona el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrado el martes 7 de septiembre de 2010...”, en el cual solicita información sobre las acciones y resultados, sirva éste hacer de su conocimiento lo siguiente:

Antecedentes

La empresa inspeccionada con el título de concesión número DZF-846/92, de fecha 5 de enero de 1993, para usar y aprovechar en preservación y ornato una superficie de 266 mil 473.23 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos de propiedad federal.

Con fecha 4 de agosto del 2010, la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, junto con funcionarios judiciales adscritos al Juzgado de Primera Instancia del municipio de Cihuatlán, Jalisco, inicio diligencia de desocupación, restitución y entrega del predio (con una superficie aproximada de 770 mil metros cuadrados) propiedad de la empresa de mérito, atendiendo la sentencia de amparo de fecha 18 de agosto de 1977, emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la resolución de fecha 9 de noviembre de 1999 del Juzgado Segundo de lo Civil de primera instancia del municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.

En consecuencia de lo anterior, se recibieron en esta delegación, los días 6 y 9 de agosto del año en curso, sendas denuncias populares presentada por Andet Tejeda Cuevas y posteriormente por Cuauhtémoc Torres Godínez (agente municipal de la Comunidad del Rebalse de Apazulco), maestro en ciencias Carlos Román Ramírez Núñez (presidente municipal de La Huerta), y Ramón Demetrio Guerrero Martínez (diputado local), respectivamente, la primera, alusiva al despojo de la zona federal que tiene concesionada mediante título de concesión número DGZF.-301-04 y la obstaculización de las vías de acceso al lugar, y la segunda por la construcción de una “barda perimetral” y la destrucción del manglar ubicado frente a la playa de Tenacatita, en el municipio La Huerta, Jalisco por parte de la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV.

Posteriormente, con fecha 17 de agosto de 2010, se recibió denuncia por parte de Francisco Alfredo López Vázquez, en su calidad de integrante de Convenio para la Conservación, Manejo y Mantenimiento de Manglar en la zona conocida como La Vena de Tenacatita, debido al impedimento de que fue objeto para ingresar a la zona con motivo de los actos de posesión llevados a cabo por la sociedad mercantil de referencia.

Estado Actual

Los días 11 de agosto y 13 de septiembre del año en curso, se efectuaron visitas de inspección en materia de impacto ambiental y de zona federal marítimo terrestre a la empresa denominada Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, en la playa de Tenacatita, en La Huerta, Jalisco, del resultado de las mismas se desprende lo siguiente:

1. En materia de evaluación del impacto ambiental.

1.1. Sobre la vía principal (carretera local número 541-JAL) a la playa de Tenacatita, se encontró un puesto de control de acceso a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Jalisco, el cual se encuentra delimitado por ambos lados de la carretera por malla ciclónica de una altura aproximada de 2.3 m, con terminación de tres hilos de alambre de púas en su parte superior, la que aparentemente fue colocada el miércoles 04 de agosto de 2010; de la malla perimetral se desprenden tres extensiones y/o ramificaciones; una de ellas con rumbo norte y de aproximadamente 15 metros lineales, la segunda con rumbo noroeste y un largo aproximado de 20 metros y la tercera con rumbo suroeste con aproximadamente 400 metros de largo, que llega hasta la playa.

1.2. El derribo y poda de mangle en una superficie aproximadamente de 4 metros cuadrados (considerando la totalidad del mangle derribado y podado de manera lineal), las afectaciones de mangle ocurrieron en un ancho aproximado de un metro o menos; a lo largo de la malla y sólo en determinados puntos, ya que en algunos tramos de la misma, no existe presencia de mangle. Cabe señalar que la mayor parte de la superficie afectada, presenta poda de mangle y solamente se pudieron observar y contabilizar 15 individuos de mangle derribados, los que tenían un diámetro aproximado de entre 5 y 10 centímetros; asimismo, se observaron más individuos únicamente podados en sus ramas superiores, sin que fuera posible cuantificar el número de individuos afectados por poda.

1.3. La colocación de otra malla ciclónica con una altura aproximada de 2.3 metros con terminación de tres hilos de alambre de púas en su parte superior y una longitud aproximada de 30 metros lineales, con dirección noroeste, la cual fue colocada en los límites de la propiedad de la empresa inspeccionada y su colindancia con el estero El Verde y La Vena de Tenacatita y El Rebalse. Cabe mencionar que en este punto no se aprecia afectación de mangle pero si la presencia del mismo en el lugar.

No se apreciaron elementos que permitieran asegurar que existe riesgo inminente de desequilibrio ecológico o daño ambiental al ecosistema de mangle, a la salud públicas o los recursos naturales en general, ya que se trata de una zona previamente afectada por la presencia del hombre y la notificación de predios; además, el inspeccionado manifestó que las obras y actividades se realizaron de forma emergente y temporal, con motivo de los requerimientos judiciales que se le ordenaron durante el proceso de cumplimiento de las sentencias de desocupación, restitución y entrega del inmueble de su propiedad.

2. En las inspecciones en materia de zona federal marítimo terrestre, se encontró lo siguiente:

2.1. Se observó la presencia de maquinaria pesada y camiones de volteo, los cuales están siendo utilizados para retirar las palapas o ramadas que se encuentran edificadas entre la zona federal marítimo terrestre y/o terrenos ganados al mara frente a la propiedad de la empresa visitada; se pudo constatar que el escombro está siendo colocado en el área inspeccionada.

2.2. Se le requirió al inspeccionado que presentara los permisos autorizaciones que otorga la Semarnat para la demolición de las obras, la vigencia del título de concesión que acredite la legal ocupación de zona federal marítimo terrestre, así como los pagos de derechos por el uso, goce y aprovechamiento de la misma, de los anteriores requerimientos el visitado no presentó constancia alguna.

2.3. Posteriormente, mediante la implementación de un usuario simulado, el personal de inspección de la Delegación pudo constatar que si se impide el libre acceso a la playa de Tenacatita por la única vía existente (carretera local número 541-JAL).

2.4. También se observaron los avances en los trabajos de demolición de inmuebles que la empresa inspeccionada se encuentra efectuando en la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar que tiene concesionados.

Con motivo de tales hechos, se emitieron los Acuerdos de Emplazamiento correspondientes, ordenando a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, las siguientes medidas:

• Deberá presentar ante esta delegación los avisos y/o autorizaciones previas emitidas por la Semarnat en materia de impacto ambiental, mediante las cuales se haya autorizado para llevar a cabo las obras y actividades inspeccionadas.

• En caso de no contar con las autorizaciones respectivas, deberá presentar ante la delegación un dictamen técnico para determinar el grado de afectación ambiental causado por las obras y actividades inspeccionadas (conforme los lineamientos internos vigentes para estos casos).

• Deberá acreditar ante la delegación un programa de reubicación de la malla ciclónica que fue instalada, en el cual tome en consideración lo dispuesto por el punto 4.16. de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-Semarnat-2003.

• Deberá acreditar ante esta delegación contar con la autorización emitida por la Semarnat para llevar a cabo la demolición de los inmuebles que se encuentran en la zona federal marítimo terrestre de la playa de Tenacatita, en La Huerta, Jalisco.

• En caso de no contar con la autorización antes mencionada, deberá de acreditar haber iniciado el procedimiento de obtención de la autorización para llevar a cabo la demolición de los inmuebles que se encuentran dentro de la zona federal marítimo terrestre en la playa de Tenacatita, en el municipio de La Huerta, por parte de la Semarnat.

• Deberá de acreditar ante esta delegación, mediante constancia emitida por el tesorero municipal del ayuntamiento de La Huerta, Jalisco, que ha llevado a cabo la totalidad los pagos correspondientes al derecho de concesión de inmuebles federales y de derecho por el uso, goce y aprovechamiento de la superficie concesionada en la playa de Tenacatita, en La Huerta, Jalisco, en los términos de las condiciones III y IV del título de concesión número DZF-846/92.

• Deberá de acreditar ante la delegación, que se encuentra permitiendo el libre acceso a la playa de Tenacatita, por la carretera local número 541-JAL.

Adicionalmente ésta delegación ha solicitado mediante oficio a la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat, los planos de delimitación de la playa de Tenacatita, la playa de Los Palmares y el estero El Verde y Vena de Tenacatita, a fin de estar en posibilidades de mejor proveer.

Sin otro particular de momento, hacemos propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Notas:

1 Expediente PFPA/21.7/2C.28.2/230-10

2 Expediente PFPA/21.7/2C.28.2/231-10

3 Misma que se acumulo al Expediente PFPA/21.7/2C.28.2/231-10

4 Expedientes PFPA/21.3/2C.27.5/48/10, PFPA/21.3/2C.274/041/10 y PFPA21C.274/044/10

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección

Guadalajara, Jalisco, a 1 de octubre de 2010.— Doctor José de Jesús Becerra Soto (rúbrica), delegado.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente para su conocimiento

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva  de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 23 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010; 22, 23 y 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito anexar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2010. Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 107 de la LFPRH, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de septiembre de 2010.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2009.

Para dar cumplimiento a los artículos 31 y 55 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito y 48 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se adjunta la información mediante la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 29 de octubre de 2010.— Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica), secretario de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

LEY GENERAL DE SALUD - LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En el caso de la minuta de la Cámara de Senadores, el turno correcto es a las Comisiones Unidas de Salud, de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Margarita Villaescusa Rojo, Socorro García Quiroz, Fernando Castro Trenti, Silvano Aureoles Conejo, Emma Larios Gaxiola y Tomás Torres Mercado, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación y a la Cámara de Diputados para que se implemente de manera urgente un programa nacional de salud mental, base de una campaña nacional de salud mental.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Salud, los dos primeros resolutivos; y a la Cámara de Diputados el tercero de estos.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita senadora Margarita Villaescusa Rojo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido estrategias a través del Programa Mundial en Salud Mental, debido a que la población mundial está expuesta al estrés constante por el estilo de vida, falta de oportunidades, la inseguridad y la violencia. Factores que provocan un mayor riesgo.

La OMS define a la salud mental como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.”

Sin embargo, vemos con preocupación cómo a nivel nacional se presentan con más frecuencia patologías relacionadas con la salud mental. La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (ENEP), describe la prevalencia de trastornos psiquiátricos en México, en población de 18 a 69 años:

El 28.6 por ciento de la población presentó algunos de los 23 trastornos de la Clasificación Internacional de las Enfermedades alguna vez en su vida, el 13.9 por ciento lo reportó en los últimos 12 meses y el 5.8 por ciento en los últimos 30 días.

Los trastornos más frecuentes fueron los de ansiedad (14.3 por ciento alguna vez en la vida), seguidos por los trastornos de uso de sustancias (9.2 por ciento) y los trastornos afectivos (9.1 por ciento).

Al analizar los trastornos individuales, las fobias específicas fueron las más comunes (7.1 por ciento alguna vez en la vida), seguidas por los trastornos de conducta (6.1 por ciento), la dependencia al alcohol (5.9 por ciento), la fobia social (4.7 por ciento) y el episodio depresivo mayor (3.3 por ciento).

Los tres principales trastornos para las mujeres fueron las fobias (específicas y sociales), seguidas del episodio depresivo mayor.

Para los hombres, la dependencia al alcohol, los trastornos de conducta y el abuso de alcohol (sin dependencia).

Solamente uno de cada 10 sujetos con un trastorno mental recibieron atención, sólo uno de cada cinco con dos o más trastornos recibieron atención, y sólo uno de cada 10 con tres o más trastornos obtuvieron atención. Lamentablemente, estamos rezagados como país, ya que existen 2.7 psiquiatras por cada cien mil habitantes, mientras que del presupuesto federal sólo se destina el 0.85 por ciento en temas de salud mental, cuando la OMS recomienda que debiera ser del 10 por ciento.

Como podemos ver, México tiene un alarmante rezago, ya que el 15 por ciento de su población padece de algún trastorno mental y sólo el 2.5 por ciento recibe tratamiento.

En el año 2000, la depresión se situaba en el cuarto lugar de la tabla de las enfermedades causantes de discapacidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que para el 2020 ocupe el segundo lugar, sólo después del VIH/sida.

Ante esta problemática, en el Programa de Acción Específico 2007-2012, los trastornos prioritarios son los trastornos depresivos, de ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, demencias, trastornos de la conducta alimentaria, psicopatología infantil y de la adolescencia, retraso mental y, trastorno por déficit de atención. Algunos de estos trastornos mentales y del comportamiento se han incluido en el Seguro Popular, del Sistema de Protección Social en Salud, en el Catálogo Causes 2010.

Dentro de las enfermedades mentales se encuentran trastorno por déficit de atención, trastornos afectivos (distimia, depresión y trastorno bipolar), trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada, crisis de angustia y pánico) y reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación (trastorno de estrés postraumático y trastorno adaptativo), trastornos generalizados del desarrollo (autismo), trastornos psicóticos (Esquizofrenia, ideas delirantes, psicóticos y esquizotípico).

No podemos dejar de lado la más trágica consecuencia de la depresión: el suicidio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 38 años –de 1970 a 2008– la tasa de suicidios se mantuvo con un incremento anual de 16.5 por ciento en promedio. Sin embargo, esa cifra se disparó a 33 por ciento a mediados de 2009 y se estima que se mantendrá en el curso de 2010. Conforme a esos datos, la OMS ubica a México en el sitio 78 por incidencia de suicidios.

En México, el incremento de suicidios va de la mano con el aumento de trastornos depresivos en jóvenes, principalmente en Yucatán, Tabasco, Campeche y Guanajuato, de acuerdo con los conteos del Inegi. Investigadores y organizaciones no gubernamentales advierten que, de seguir esa lógica en 2012, la población juvenil –que sumará 36 millones de personas, su máximo histórico– estará seriamente amenazada por problemas depresivos.

Hay acciones sobre este tema, como los Servicios de Atención Psiquiátrica, que dirige las acciones a la coordinación operativa de los tres Hospitales Psiquiátricos (Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno y Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro) y los tres Centros Comunitarios de Salud Mental (CECOSAM Cuauhtémoc, Iztapalapa y Zacatenco), tanto en los aspectos administrativos como técnicos.

Sin embargo, la atención a pacientes funcionales no se encuentra considerada, por lo que podemos comprobar que no contamos con una medicina preventiva en materia de salud mental en el país. Carecemos de una verdadera política pública en materia de salud mental para la población.

Es indispensable que temas como éste adquieran mayor importancia en El Plan Nacional de Desarrollo y que la Ley General de Salud considere las medidas necesarias para resolver el déficit que existe en México en cuanto salud mental y ayuden a controlar y otorgar el tratamiento necesario a las personas que lo soliciten, garantizando el bienestar físico, mental y social, es su derecho.

En esta tribuna se han presentado diversas iniciativas y puntos de acuerdo relacionados con la salud de la población y en especial de los estudiantes.

Como ejemplo les quiero poner el caso de la obesidad, se está trabajando ya a todos los niveles para que disminuya este mal. De hecho se puede decir que hay una campaña nacional en contra de la obesidad. En el caso del fomento del deporte, vemos la misma situación.

Por desgracia, cuando hablamos de la salud mental de la población, es un tema que no interesa, al que no se le han destinado los recursos necesarios para su atención.

Hay millones de mexicanos que enfrentan problemas de salud mental, por lo que es urgente atender este tema. Es por tal motivo que me permito proponer a esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Salud y a sus dependencias correspondientes a que diseñen una Campaña Nacional de Salud Mental.

Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública a que incluya en sus programas de formación y de desarrollo, el concepto de salud mental.

Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011, se consideren recursos para la realización de programas en beneficio de la Salud Mental de la ciudadanía.

Notas:

1.  ” (WHO Regional Office for Europe, Mental health and well-being at the workplace – protection and inclusion in challenging times, 2010)

2. http://mexico.cnn.com/salud/2010/03/10/enfermedades-mentales-en-mexico

3. Egremy, Nydia. “Aumentan suicidios de jóvenes mexicanos”. Revista Contralínea. 19 de octubre de 2010. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/10/19/aumentan-suicidios -de-jovenes-mexicanos/

4. Fuente: Programa de Acción Específico 2007-2012. Atención en Salud Mental. Secretaria de Salud, México, 2008.

i. Se estima que 20 millones 660 mil mexicanos han presentado un cuadro de depresión. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica realizada entre 2001 y 2002, se estima que dos millones de mexicanos han padecido un episodio de depresión durante su infancia o adolescencia, casi una cuarta parte de los 7.3 millones que han padecido un episodio de depresión alguna vez en su vida. Los que padecen un episodio de depresión antes de los 18 años de edad tienen en promedio siete episodios a lo largo de su vida; el primero, con una duración promedio de 31 meses, o dos años y medio, lapso durante el cual generalmente no reciben tratamiento.

ii. Aunado al problema de la depresión y en comorbilidad con ella, existen serios trastornos de la salud mental de la población; en este sentido, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, décima revisión (CIE-10), elaborada por la OMS, ofrece una relación completa de los trastornos mentales y del comportamiento en el apartado F, ofreciendo descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. Los grupos diagnósticos incluyen:

Trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicótropas

Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes

Trastornos del humor (afectivos)

Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos

Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos

Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto

Retraso mental

Trastornos del desarrollo psicológico

Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia.

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 3 de noviembre de 2010.— Senadora Margarita Villaescusa Rojo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco A. García Lizardi, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se le autorice al Poder Judicial Federal el presupuesto que requiere para la administración de justicia federal y el cual representa un incremento de 3.5 por ciento con relación a 2010, de 40 millones 108 mil 600 pesos a 41 millones 522 mil 800 pesos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador, Francisco García Lizardi, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se le autorice al poder judicial federal el presupuesto que requiere para la Administración de Justicia Federal y el cual representa un incremento de 3.5% con relación a 2010, de 40 millones 108 mil 600 a 41 millones 522 mil 800 millones de pesos, lo anterior en base a las siguientes:

Consideraciones

La solicitud de Presupuesto comprende los recursos públicos para que los órganos del Poder Judicial federal puedan dar cabal cumplimiento a sus atribuciones y responsabilidades constitucionales.

Desde 2006, el Poder Judicial de la Federación ha reforzado las estrategias para el constante mejoramiento de la impartición de justicia en todas sus vertientes. El enfoque de equidad de género en la elaboración de las sentencias, así como la promoción y el cuidado de una ética judicial que caracterice a los juzgadores federales.

Durante el ejercicio 2010 tomó decisiones relativas a mantener los salarios de los mandos medios y superiores sin aumento y así continuará.

Destinó importantes recursos a las transmisiones en vivo de las sesiones del Pleno del Tribunal Constitucional, del Tribunal Electoral y programas con temáticas de actualidad en materia de justicia, a través del Canal Judicial.

Concretó el Observatorio Ciudadano de la Justicia, donde la sociedad civil observa, obtiene y entrega un conocimiento serio, objetivo y transparente de la actividad jurisdiccional.

Cada año desde 2006, el Poder Judicial de la Federación ha recibido partidas que no le permiten su crecimiento y la consolidación de la impartición de justicia en el país.

El Congreso mexicano le dio al Poder Judicial federal nuevas y trascendentes actividades. Este año se cumplen fechas fatales, de acuerdo con lo ordenado por este Congreso. Tendrá que nombrar jueces de instrucción, por mandato constitucional debe modernizar el sistema de impartición de justicia, está obligado a atender la reforma penal con juicios orales y modernizar los órganos de justicia.

Se tienen que establecer juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, requiere crear 58 nuevos Juzgados de Distrito, 12 Colegiados de Circuito, un Tribunal Unitario y dos Tribunales Unitarios Auxiliares, sólo para atender asuntos pendientes de resolución y la creciente demanda de los servicios de impartición de justicia, así como atender 6 elecciones para gobernador, se elegirán 116 diputados de Congresos locales, 222 ayuntamientos, en total 344 cargos de elección popular, además se inicia en octubre de 2011, el año electoral para elegir 500 diputados federales, 128 senadores y presidente de la República.

La Defensoría de Oficio cuenta con un indicador de eficiencia que señala que de cada cuatro asuntos gana tres y que tiene defensores de oficios para casi todas las lenguas indígenas del país.

El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles tiene una función de interés para un país que debe atender una crisis mundial y local.

Es la única institución que cumplió en tiempo y forma todos los compromisos signados en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El PJF es la institución más altamente calificada por los ciudadanos, junto con el Ejército y los medios de comunicación.

Las obligaciones constituciones y legales que enfrentará el Poder Judicial de la Federación en 2011 se las puso el Congreso mexicano, se le debe autorizar al Poder Judicial el presupuesto solicitado.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la h. Cámara de Diputados para que se le autorice al Poder Judicial federal el presupuesto que requiere para la administración de justicia federal y el cual representa un incremento de 3.5 por ciento con relación a 2010, de 40 millones 108 mil 600 a 41 millones 522 mil 800 de pesos.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.— Senador Francisco García Lizardi (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con puntos de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos suficientes para los Grupos Beta de Protección a Migrantes y para el Instituto Nacional de Migración, a fin de que puedan incrementar el equipo e infraestructura material y tecnológica.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Francisco Herrera León, senador de la república en la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de este pleno proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En 1990, la Secretaria de Gobernación creó los Grupos Beta de Protección a Migrantes con el objetivo de procurar el bienestar y la salud de los migrantes, nacionales o extranjeros, en su intento de llegar a Estados Unidos de América. El primero de ellos se fundó en Tijuana a fin de salvar la vida de los migrantes en peligro en las zonas de riesgo. A 20 años de existencia, el Instituto Nacional de Migración (INM) cuenta con 21 grupos, con un total de 155 agentes, 96 en la frontera norte y 59 en la sur.

Como parte de la capacitación, se les entrena en técnicas de orientación y búsqueda, rescates terrestre y acuático, primeros auxilios, conocimientos básicos de derechos humanos, asistencia social y sistemas de comunicación, que permiten que se ofrezca un servicio de gran beneficio para la comunidad migrante.

Sin duda, los Grupos Beta realizan una labor que merece ser reconocida y apoyada, pues trabajan en zonas de alto riesgo, ya sea por las inclemencias del tiempo como el desierto de Altar, en Sonora, o las selvas del sureste del país, o bien por los peligros que implican las operaciones de las bandas del crimen organizado.

De acuerdo con los informes proporcionados por el INM, entre enero y agosto del presente año rescataron a 3 mil 76 migrantes en apuros, brindaron atención a 637 lesionados y localizaron a 144 lesionados, realizando más de 10 mil patrullajes en las zonas en que operan. Su principal función es auxiliar con información y atención a los migrantes en tránsito, advirtiéndoles sobre los riesgos que enfrentarán a su paso por territorio nacional y tratar de convencerlos de que regresen a sus países o estados de origen.

Si bien se ha dotado de recursos a los Grupos Beta, actualmente éstos resultan insuficientes por la magnitud del problema que plantea el incremento de las agresiones que sufren los migrantes por el crimen organizado, que los viola, secuestra o asesina en cualquier parte de las “rutas naturales migratorias”, por lo que es necesario reforzar la presencia y actuación institucional de estos grupos de protección.

Particularmente, en la frontera sur se carece de recursos humanos suficientes, pues ciertos grupos operan con un solo elemento, como los de Arriaga, Chiapas e Ixtepec, Oaxaca, aunado a la falta de equipo e infraestructura necesarios.

De igual forma, consideramos que en la solución del problema migratorio debe haber colaboración de los tres órdenes de gobierno, ya que la dinámica migratoria nacional exige la de todas las autoridades. Así, deberán fortalecerse las acciones y cobertura de los Grupos Beta al ampliar los acuerdos de coordinación que actualmente tiene el INM con algunas entidades y municipios, participando con los elementos migratorios autoridades de seguridad pública federales, estatales y municipales.

A 20 años de haber sido fundado este programa y conscientes de la importancia social que tienen en la actualidad los Grupos Beta de Protección a Migrantes, es necesario fortalecer su funcionamiento en beneficio de los más vulnerables: la población migrante.

El problema de los flujos migratorios no se puede resolver con medidas autoritarias y violatorias de los derechos constitucionales y humanos. Por ello hay que vigorizar las medidas preventivas, que suelen ser más eficaces cuando el fondo del problema es más difícil de resolver.

Por lo expuesto, se someten a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados a considerar el presupuesto suficiente en el ejercicio de 2011 a fin de incrementar el equipo e infraestructura material y tecnológica necesarios a los Grupos Beta de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer y ampliar mediante el Instituto Nacional de Migración los acuerdos de coordinación con los estados y los municipios en materia de colaboración para el mejor funcionamiento y desempeño de los Grupos Beta en el país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de octubre de 2010.— Senador Francisco Herrera León (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosalía Peredo Aguilar, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar y etiquetar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, para la consolidación y mejoramiento de vialidades rurales de los siguientes tramos carreteros de Tlaxcala: Apizaco-Las Torres, 20 kilómetros que comunican a los municipios de Apizaco, Muñoz de Domingo Arenas y San Lucas Tecopilco; Barrio de Tzautla-San Miguel Contla 4.7 kilómetros que comunican a los municipios de Tzompantepec y Santa Cruz Tlaxcala; Barrio de Tzautla-entronque con el libramiento Tlaxcala-Huamantla 700 metros en el municipio de Tzompantepec; San Andrés-entronque con el libramiento Tlaxcala­Huamantla 400 metros en el municipio de Tzompantepec.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

México, DF, a 4 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Pleno de la honorable Cámara de Senadores de la Sexagésima Primera Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Senadora Rosalía Peredo Aguilar, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de H. Cámara de Diputados a destinar y etiquetar recursos para consolidación y mejoramiento de vialidades rurales de los siguientes tramos carreteros del Estado de Tlaxcala: Apizaco-Las Torres, 20 km que comunican a los municipios de Apizaco, Muñoz de Domingo Arenas y San Lucas Tecopilco; Barrio de Tzautla-San Miguel Contla 4.7 km que comunican a los municipios de Tzompantepec y Santa Cruz Tlaxcala; Barrio de Tzautla-entronque con el Libramiento Tlaxcala-Huamantla 700 metros en el municipio de Tzompantepec; San Andrés-entronque con el libramiento Tlaxcala­Huamantla 400 metros en el Municipio de Tzompantepec; en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, con base en las siguientes:

Consideraciones

1. La infraestructura carretera para un país es, sin lugar a dudas, una de las inversiones con mayor peso estratégico. Una adecuada

cobertura de comunicaciones terrestres es en sí misma un agente acelerador del desarrollo.

2. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la red carretera de país cuenta con 360 mil 75 kilómetros la longitud de caminos rurales es de 171 mil 157 kilómetros, de los cuales tan sólo el 7.7 por ciento tiene una superficie de rodamiento pavimentada, mientras que el 87.1 por ciento tiene una superficie de rodamiento revestida y 5.2 por ciento de terracería.

3. Por su parte, el Estado de Tlaxcala cuenta con una longitud de 3,882 km de infraestructura carretera, de los cuales 1,151 km corresponden a la red rural.

4. Gradualmente, el foco de la inversión en infraestructura carretera ha ido reconociendo la importancia de las pequeñas obras a escala local. Diversos estudios han señalado la relación entre la reducción de la pobreza y la provisión de infraestructura rural. La experiencia internacional como el caso de países del sur de Asia del Este como Indonesia o Malasia ha demostrado que un aumento masivo de la infraestructura rural fue seguido por un largo período de crecimiento económico y una drástica reducción de la pobreza rural.

5. Los caminos rurales son los tramos que comunican a las comunidades con los centros de población de mayor tamaño y con las vías de mayor importancia lo que permite el desarrollo local. A través de ellos es posible la comunicación permanente entre los centros de población con los polos regionales de desarrollo, centros de consumo y de producción en el medio rural; así como acceso de la población a servicios básicos de salud y educación así como a mayores oportunidades de empleo. Tal es el caso de los tramos aquí propuestos.

6. La consolidación y mejoramiento de los caminos rurales del Estado de Tlaxcala son pequeñas obras que se traducen en un gran beneficio en el caso particular de los tramos aquí propuestos potencializarán el desarrollo de comunidades en municipios tan importantes como Apizaco, Muñoz de Domingo Arenas y Tzompantepec.

Es por lo expuesto que someto a la consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuentá Pública de H. Cámara de . Diputados a destinar y etiquetar recursos para consolidación y mejoramiento de vialidades rurales de los siguientes tramos carreteros de Tlaxcala: Apizaco-Las Torres, 20 kilómetros que comunican a los municipios de Apizaco, Muñoz de Domingo Arenas y San Lucas Tecopilco; barrio de Tzautla-San Miguel Contla 4.7 kilómetros que comunican a los municipios de Tzompantepec y Santa Cruz Tlaxcala; barrio de Tzautla-entronque con el libramiento Tlaxcala-Huamantla 700 metros en el municipio de Tzompantepec; San Andrés-entronque con el libramiento Tlaxcala-Huamantla 400 metros en el municipio de Tzompantepec, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 4 días del mes de noviembre de 2010.— Senadora Rosalía Pereda Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosalía Pereda Aguilar, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar y etiquetar recursos adicionales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, para que la Secretaría de Salud lleve a cabo un estudio exhaustivo de las causas del alarmante aumento de los casos de leucemia e insuficiencia renal crónica en el estado de Tlaxcala; asimismo, se destinen y etiqueten recursos adicionales para la creación de un fondo emergente para garantizar la atención y medicamentos para la población de escasos recursos afectada por estas enfermedades en dicho estado.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Pleno de la Cámara de Senadores de la Sexagésima Primera Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita senadora Rosalía Peredo Aguilar, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a considerar y etiquetar recursos adicionales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, para que la Secretaría de Salud lleve a cabo un estudio exhaustivo de las causas del alarmante aumento de los casos de leucemia e insuficiencia renal crónica en el estado de Tlaxcala; asimismo se destinen y etiqueten recursos adicionales para la creación de un fondo emergente para garantizar la atención y medicamentos para la población de escasos recursos afectada por estas enfermedades en el estado de Tlaxcala. Con base en las siguientes

Consideraciones

1. La incidencia de cáncer en la población infantil de Tlaxcala se ha convertido en un problema de salud pública ya que de 2008 a 2010 ésta se ha incrementado alarmantemente a razón de un 500 por ciento, pasando de registrar 17 casos a 120 en menos de dos años. El 69 por ciento de los casos corresponde a leucemia en niños, haciendo que Tlaxcala ocupe el segundo lugar nacional en incidencia de cáncer en niños.

2. De igual manera, según cifras oficiales, la insuficiencia renal crónica se ha convertido en un problema de salud pública en Tlaxcala. La incidencia reportada para la población tlaxcalteca es mayor a la que tienen otros estados y países en estudios similares; diferencia que se incrementa al compararlo con Europa y Norteamérica. Ubicando a Tlaxcala como el primer lugar a nivel nacional en incidencia de enfermedades renales. En 2009 se detectaron más de 900 casos de insuficiencia renal crónica.

3. Esta situación ya ha sido denunciada por diversos actores de la sociedad civil como la Asociación Mexicana de Ayuda a niños con Cáncer y el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés; y actores importantes de la academia como el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional quienes estiman además que la incidencia de casos podría duplicarse en el corto plazo.

4. Numerosas hipótesis apuntan a que el aumento en estas enfermedades es consecuencia del alto grado de contaminación que sufre la entidad.

5. Se hace evidente entonces la necesidad de un estudio oficial exhaustivo que determine las causas específicas que generan esta crítica situación para implementar de manera inmediata las acciones que protejan a la población.

6. Con respecto de la segunda parte del presente proposición, cabe mencionar que entre  65 por ciento y 90 por ciento de las familias sin seguridad social y que tienen un niño con cáncer no cuentan con los recursos económicos para el tratamiento. Menos del 10 por ciento de los niños tiene acceso a un oncólogo

7. En promedio el costo de los medicamentos para el tratamiento de la leucemia supera los 30 mil pesos mensuales; por su parte el costo promedio para la atención de la insuficiencia renal crónica pueden alcanzar los 200 mil pesos anuales, a esto hay que sumar los gastos derivados de la hospitalización de las personas y el costo para las familias cuya dinámica se ve afectada radicalmente. Por este motivo, un creciente número de familias en Tlaxcala están en riesgo de comprometer completamente su patrimonio para poder brindar la atención médica a su familiar enfermo.

8. En nuestro país, como reconocimiento a uno de los derechos fundamentales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho a la protección de la salud, como derecho autónomo, fue elevado a rango constitucional mediante reforma al artículo 4o. de nuestra Carta Magna, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

9. La protección de la salud es una de las garantías básicas que los gobiernos deben proveer a la población. La crítica situación que se vive en el estado de Tlaxcala con respecto a la incidencia de leucemia e insuficiencia renal crónica demanda ser uno de los temas prioritarios en el destino de los recursos públicos para la salud. Las dos acciones propuestas en el presente punto de acuerdo son altamente pertinentes para enfrentar esta grave situación en el estado de Tlaxcala.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a considerar y etiquetar recursos adicionales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 para que la Secretaría de Salud lleve a cabo un estudio exhaustivo de las causas del alarmante aumento de los casos de leucemia e insuficiencia renal en el estado de Tlaxcala; asimismo se destinen y etiqueten recursos adicionales para la creación de un fondo emergente para garantizar la atención y medicamentos para la población de escasos recursos afectada por estas enfermedades en el estado de Tlaxcala.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2010.— Senadora Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosalía Pereda Aguilar presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos suficientes de los ramos 28 y 33 para que los ayuntamientos de los municipios considerados de alta y muy alta marginación instalen al menos un centro comunitario digital que provea acceso a Internet a su población.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, senadora Rosalía Peredo Aguilar, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos suficientes de los ramos 28 y 33 a fin de que los ayuntamientos de los municipios considerados de alta y muy alta marginación instalen al menos un centro comunitario digital que provea acceso a Internet a su población, con base en las siguientes

Consideraciones

1. Actualmente se considera Internet como herramienta esencial para la interacción, el intercambio de información y la comunicación. Es por tanto la columna vertebral de la sociedad de la información.

2. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, brecha digital se define como la distancia existente entre áreas individuales, residenciales, de negocios y geográficas en los niveles socioeconómicos con relación a sus oportunidades para acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como al uso de Internet. Eso acaba reflejando diferencias tanto entre países como dentro de ellos.

3. México ocupa el octavo lugar en Latinoamérica en el acceso de los habitantes a Internet: uno de cada cinco mexicanos tiene acceso regular.

4. En contraparte, 8 de cada 10 personas en condición de marginación no tienen acceso a la red, lo que las coloca en condición de rezago.

5. La tenencia de computadoras en los niños mexicanos en hogares en zonas urbanas alcanza cerca de 60 por ciento; en cambio, más de la mitad de los menores en zonas rurales no tiene acceso a una computadora. Las diferencias en el poder adquisitivo de la población determinan la posibilidad de poseer el equipo necesario para acceder a Internet.

6. La marginación es un fenómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo; ésta se expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país; y, por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios. En México, 27 mil 365 localidades tienen grado de marginación muy alto, donde residen 3.2 millones de personas; es decir, 3.2 por ciento de la población nacional. Asimismo, 47 mil 239 localidades tienen grado de marginación alto, donde viven 14.6 millones de personas, 14.2 por ciento de los habitantes del país.

7. La Organización de las Naciones Unidas reconoce que a medida que avanzan la tecnología y las comunicaciones, disminuyen las oportunidades de crecer de quienes no tienen acceso a ellas. Las economías se están dividiendo entre las que pueden responder rápidamente para aprovechar las nuevas oportunidades tecnológicas y las que se rezagan aún más por dejar crecer la brecha tecnológica. Por tanto, recomienda como necesarias las acciones permanentes para lo modernización tecnológica de los países en desarrollo.

8. Las tecnologías de la información y comunicaciones son un área de oportunidad para la generación de mayor bienestar para las personas, el gobierno al proveer el servicio de acceso a Internet contribuye a disminuir la brecha digital para las personas que viven en condiciones de marginación.

9. En los lugares donde el aislamiento es una barrera para el desarrollo económico y el acceso a los servicios, contar con una tecnología de la información como Internet se convierte en una inversión estratégica para el desarrollo para las comunidades y la lucha contra la pobreza.

10. Gracias a los avances tecnológicos, llevar este servicio de telecomunicación a los municipios con marginación es cada vez más viable y rentable.

11. Entre los beneficios del acceso gratuito para los habitantes de los municipios marginados se encuentran el incremento de la productividad de la micro, pequeña y mediana empresas del sector rural, el ahorro en los costos de transportación de personas, mayor a acceso a información para el cuidado de la salud, impulso del desarrollo turístico de las comunidades, mayor participación en las decisiones políticas y económicas del país, mayor vinculación con el gobierno, acceso a la educación a distancia y mayor conocimiento sobre los riesgos de desastres naturales. Por otra parte, los productores del sector primario pueden consultar los precios de su producto en el mercado, eliminar intermediarios, tener acceso a mercados nacionales e internacionales, desarrollar con mayor rapidez productos y negocios y una mejor integración con las cadenas productivas, entre muchos otros factores que contribuyen al desarrollo.

12. La experiencia de países con similares características de dispersión poblacional a las de México ha demostrado que por medio de Internet se puede reducir el aislamiento de las comunidades rurales para insertarlas en una dinámica de desarrollo más acelerado.

13. De la misma manera, la experiencia internacional ha demostrado el éxito de los centros comunitarios digitales que, además de acercar las tecnologías de la información y comunicación a las personas, se convierten en puntos de encuentro comunitarios que fortalecen el tejido social. El ámbito municipal, por la cercanía con la población, es el espacio idóneo para desarrollo de esta estrategia.

Por lo expuesto, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos suficientes de los ramos 28 y 33 a fin de que los ayuntamientos de los municipios considerados de alta y muy alta marginación instalen al menos un centro comunitario digital que provea acceso a Internet a su población.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2010.— Senadora Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a fin de que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se establezca un aumento de recursos para el estado de Durango, por la situación económica que padece el estado.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno del Senado del a República, la presente proposición con punto de acuerdo, sustentado en las siguientes

Consideraciones

Durango es el estado del norte del país que mayor rezago registra en sus indicadores económicos y sociales. La falta de una adecuada infraestructura física es una de las principales causas de dicho rezago.

Sin embargo, las finanzas estatales no están en condiciones de financiar la expansión y modernización de infraestructura a la velocidad que se requiere, por la alta carga de la deuda. Mientras que las entidades federativas del país erogan el 10.4 por ciento de su gasto a inversión pública, Durango solo destina el 5.6 por ciento.

El Instituto Mexicano para la Competitividad señala que para el 2008 Durango sólo destinó de su gasto en inversión menos del 7 por ciento.

Como bien lo establece el mismo organismo, Durango es la primera entidad que ha garantizado el pago de financiamiento con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. No obstante, estos fondos sirven de garantía sólo para el 18 por ciento de la deuda estatal, mientras que el 82 por ciento restante está garantizado por participaciones federales. Tener únicamente transferencias federales como garantía de toda la deuda se traduce en una menor capacidad de respuesta ante posibles contingencias y endeudamiento (en caso de requerir financiamiento adicional).

Otra caída en los ingresos petroleros implicaría una reducción de las participaciones federales dejando al estado en una situación muy vulnerable.

Durango depende en gran medida de las participaciones y aportaciones federales, una reducción de estas implicaría que la economía del estado se estanque. La vulnerabilidad económica puede ocasionar un daño mayor, si consideramos el problema de seguridad pública que atraviesa el país.

Es importante señalar los intentos de los gobiernos estatales para mejorar su situación financiera, acciones que han mejorado la posición del estado, además que ha recibido buenas calificaciones de diversas instituciones calificadoras de riesgos en inversión, pero como se mencionó arriba, el margen de maniobra sigue siendo muy limitado, lo que perjudica el nivel de vida de la población.

El estado de Durango quiere crecer y estar a la par de sus vecinos que tienen una mejor posición económica. Un estado más fuerte, con finanzas sanas, es un estado más seguro.

Por eso, en vísperas de que se apruebe el presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, presentamos el siguiente exhorto para que la colegisladora determine una partida de extra de recursos para el estado de Durango debido a la debilidad de sus finanzas públicas hace que situación económica del estado sea muy vulnerable.

En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la colegisladora, Cámara de Diputados, a establecer en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación un aumento de recursos para el estado de Durango.

Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede del Senado de la República, a 3 de noviembre de 2010.— Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos adicionales a la Comisión Nacional del Agua para la investigación y ejecución de acciones de prevención de desastres hidrometeorológicos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, conforme a lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a otorgar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 recursos adicionales a la Comisión Nacional del Agua para la investigación y la ejecución de acciones de prevención de desastres hidrometeorológicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Las inundaciones, los deslaves y los torrentes incontrolados, causados por fenómenos hidrometeorológicos, ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas; dañan la infraestructura pública –carreteras, calles, líneas eléctricas, etcétera–, perjudican bienes privados y colapsan las actividades económicas, escolares y sociales de las regiones que afectan.

2. Tan sólo en el presente año, más de 200 mil personas de 14 municipios de Tabasco resultaron damnificadas por las inundaciones; en Veracruz se cuentan en más de 170 mil los damnificados por el desbordamientos de 17 ríos; en Oaxaca se declaró emergencia en 95 municipios; los daños en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas fueron cuantiosos.

4. De acuerdo con datos provenientes del informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la década de 1990 se triplicó el número de catástrofes resultado de fenómenos naturales: 90 por ciento de las víctimas y 85 por ciento de las pérdidas materiales están determinados por el clima. El Programa Especial de Cambio Climático de México reconoce nuestra extrema vulnerabilidad: en 15 por ciento del territorio nacional, más de 68 por ciento de la población y 70 por ciento del producto interno bruto se encuentran en riesgo ante los efectos del cambio climático. Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco han sufrido los efectos de huracanes devastadores en los últimos años: Keith (2002), Isidore (2002), Emily y Wilma (2005), Stan (2006), Dean y Lorenzo (2007), y Dolly (2008). Para De acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático, entre 1980 y 2000 se registraron en México 3 mil muertes y daños por 4 mil 400 millones de dólares como resultado de eventos hidrometeorológicos.

5. Reparar los daños que los fenómenos hidrometeorológicos causan son cuantiosos. Tan sólo los desperfectos causados a la infraestructura pública de la zona conurbada de Monterrey, Nuevo León, por la crecida, en este año, del río Santa Catarina se calculan en 10 mil millones; y los estragos de la inundación de 2007 en Tabasco, de acuerdo con datos de la Copal y del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, fueron de 31 mil 871 millones de pesos, sin considerar los perjuicios por la caída de las actividades económicas de las zonas afectadas.

6. Hay una sentida demanda de la población de las zonas afectadas para que se realicen obras de prevención que impidan que periódicamente se resulten afectados por inundaciones, deslaves o torrentes.

7. Es necesario reforzar las instituciones nacionales para que estén en capacidad de prevenir las afectaciones que se dan por fenómenos hidrometeorológicos.

8. Se considera necesidad imperiosa aumentar el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua destinado a la investigación y a la ejecución de acciones de prevención de desastres hidrometeorológicos.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para otorgar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011 recursos adicionales a la Comisión Nacional del Agua para la investigación y la ejecución de acciones de prevención de desastres hidrometeorológicos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de noviembre de 2010.— La Comisión de Recursos Hidráulicos, senadores: Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), presidenta; María Serrano Serrano (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica), Antelmo Alvarado García, Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica), Rosalinda López Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Cámara de Diputados a garantizar en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia de gasto social y que se distribuyan con equidad los recursos entre las entidades federativas.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito David Jiménez Rumbo, senador de la república en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados a garantizar en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia de gasto social y que se distribuyan con equidad los recursos entre las entidades federativas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El proyecto de Presupuesto de egresos presentado por el titular del Ejecutivo federal para 2011 contiene una disminución en el rubro del gasto social, que comprende los recursos destinados a seis funciones: a) educación; b) salud; c) seguridad social; d) agua potable y alcantarillado; e) asistencia social; y f) urbanización, vivienda y desarrollo regional.

Para estas materias, enmarcadas en la función “Desarrollo social”, de acuerdo con la clasificación funcional del Presupuesto, se considera una asignación de 1 billón 454 mil 639 millones de pesos, una disminución de 0.1 por ciento, en términos reales, respecto a los recursos aprobados en 2010.

Si se analiza a detalle, observamos claramente que no se trata de una disminución menor.

Las funciones de seguridad social y salud se incrementarán en 3.4 2.7 por ciento, respectivamente, pero tenemos disminuciones en agua potable y alcantarillado, 15.5; urbanización, vivienda y desarrollo regional, 6.6; asistencia social, 2.3; y educación, 1.2, en términos reales, en relación con lo aprobado en 2010.

Aunado a lo anterior, en la función “Desarrollo económico”, que debe ir de la mano con la social, encontramos una disminución en el rubro desarrollo agropecuario y forestal de 20.7 por ciento, es decir, se reduce en más de 17 mil 700 millones de pesos. “Desarrollo sustentable” disminuye a su vez en 488 millones.

Por el contrario, sólo el gasto de las funciones de orden, seguridad y justicia propuesto para 2011 es mayor, en 12.9 por ciento, con relación al presente año.

En la exposición de motivos del proyecto encontramos que el Presupuesto se dirige a fortalecer tres aspectos fundamentales; uno de ellos, el apoyo del desarrollo social, con particular énfasis en educación, salud y combate de la pobreza.

El documento menciona que a través de la política social el gobierno federal busca reducir las desigualdades existentes en ciertos sectores de la población.

No obstante, no encontramos correspondencia entre las intenciones expresadas en el documento con las cifras incluidas en él o, mejor dicho, con los recursos asignados.

Más allá de coincidir o no con las estrategias del gobierno, ¿cómo puede ser prioritario el desarrollo social, o hablar de reforzar las acciones en la materia y, al mismo tiempo, reducir la mayoría de sus partidas presupuestales?

Afirmamos que ni la estrategia ni el Presupuesto proyectado servirán para enfrentar debidamente la delicada situación que vive el país, considerando que se ha desplomado el empleo, sobre todo el formal, se ha incrementado la pobreza, se profundiza la desigualdad en distribución del ingreso y la riqueza, ha retrocedido el poder adquisitivo del salario y se han desgastado los derechos laborales y los sociales.

En el fondo, subiste la tendencia a demeritar la cuestión social, en subordinarla siempre que los requerimientos de la estabilidad macroeconómica lo demanden.

Es la Secretaría Hacienda o, mejor dicho, la tecnocracia que gobierna el país, la que decide que hay que ajustarse, hay que recortar, sin importar las consecuencias o el impacto social.

Nuestra fracción parlamentaria ha buscado combatir esa tendencia.

Hemos reivindicado además la necesidad de construir políticas de Estado dirigidas a la realización de los derechos económicos y sociales de la población, y hemos buscado que el Presupuesto se oriente por criterios de justicia, de equidad y hacia el bienestar social de todos los mexicanos, lo cual se puede lograr sin quebrantar las finanzas nacionales.

Por ello logramos incluir en la Ley General de Desarrollo Social algunas disposiciones de enorme relevancia.

El artículo 20 de la citada ley expresa que el gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Dispone también que dicho gasto se deba incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios Generales de Política Económica.

Es decir, el gasto social, en vez de disminuir, debe incrementarse en 3.8 por ciento en 2011.

Esta disposición recupera el compromiso social del Estado, reivindica la búsqueda del desarrollo económico a la par de la justicia social. Es también acorde con los compromisos internacionales que hemos asumido.

Una vez más se pretende burlar la ley e incumplir estas disposiciones, lo que es una muestra más del doble discurso gubernamental, en el cual han incurrido desafortunadamente otras fuerzas políticas.

Queremos resaltar otras contradicciones:

Se destinan más recursos al programa Oportunidades y al Seguro Popular, y con ello el gobierno supone que cumplió sus compromisos en alimentación, salud, educación, atención de las familias.

Se insiste en destinar recursos sólo a los más pobres, a fortalecer capacidades individuales; pero, ¿dónde está la generación de opciones para las regiones marginadas y en los grupos sociales más vulnerables?

Además, ¿cómo disminuirán las profundas desigualdades, cuando los estados con mayores índices de rezago social recibirán menos recursos?

Como ejemplo, prácticamente todas las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene como principal encomienda el combate de la pobreza, disminuirían su presupuesto, con excepción de las correspondientes a los estados del norte. Eso podría vincularse con la estrategia de seguridad, dado el incremento de la violencia en esa zona del país.

Sin embargo, esa decisión afecta los estados con mayores índices de marginación. Por tanto, son injustificadas las reducciones propuestas:

Chiapas, 25.9 millones; Oaxaca, 40.4 millones; Guerrero, 23.6 millones; y Veracruz, 13 millones.

Por lo anterior, consideramos la pertinencia de hacer un llamado a nuestra colegisladora para que, en ejercicio de sus facultades exclusivas, corrija estas contradicciones, y rectifique hasta donde sea posible la orientación del Presupuesto para hacer de éste un verdadero instrumento en favor de un desarrollo incluyente y de la justicia social.

Por lo expuesto, se someten a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a garantizar en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 el estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social por las que se establece que el presupuesto destinado a gasto social no podrá disminuir y que dicho gasto se incremente en la misma proporción que se estime el crecimiento del producto interno bruto, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica.

Segundo.Se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a asegurar en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 que la distribución de recursos públicos en las entidades federativas se dé conforme a criterios de equidad, que permitan combatir las desigualdades regionales existentes y no sólo el problema de la inseguridad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2010.— Senador David Jiménez Rumbo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

GREGORIO BARRADAS MIRAVETE

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Mesa Directiva se une a la pena que embarga a nuestra compañera Caritina Saénz Vargas por el sensible fallecimiento de su señor padre don Claudio Saénz Garza. Reciba desde aquí, nuestra compañera Caritina, nuestras más sentidas condolencias y un fraternal abrazo permanente de solidaridad con ella y su familia.

Igualmente, esta Cámara de Diputados expresa su enérgica condena a los hechos que llevaron y ocasionaron la muerte al señor Gregorio Barradas Miravete, alcalde electo del municipio Juan Rodríguez Clara, de Veracruz, y quien fuera diputado federal en la LX Legislatura.

La LXI Legislatura se pronuncia por el esclarecimiento inmediato de este lamentable suceso y la condena a sus autores.

Se invita a todos los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

Muchas gracias, señores diputados.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El orden del día de esta sesión tiene consignadas 165 proposiciones con punto de acuerdo, registradas para trámite de sólo turno a comisión.

Por economía procesal y en obvio de tiempo se instruye insertar los textos íntegros en el Diario de los Debates y se turnan estas 165 proposiciones a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de establecer un fondo especial para obras de conservación de suelos y recarga de acuíferos, con el destino de 15 por ciento de los recursos de los programas hidroagrícolas del especial concurrente de 2011, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Guadalupe Pérez Domínguez y Manuel Guillermo Márquez Lizalde, diputados federales por el estado de Chihuahua a la Sexagésima Primera Legislatura de la honorable Cámara de Diputados e Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudimos a esta alta representación popular con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a someter a consideración la presente iniciativa de punto de acuerdo con el propósito de establecer, un fondo especial, para obras de conservación de suelos y recarga de acuíferos destinando el 15 % de los recursos de los programas hidroagrícolas del programa especial concurrente 2011, con el objetivo de motivar la recuperación de acuíferos y las áreas de recarga y aprovechamiento del agua, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El proceso de cambio climático se perfila como el problema ambiental global más relevante de nuestro siglo, debido a sus impactos previsibles sobre los recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad, los procesos productivos, la infraestructura, la salud pública y, en general, sobre los diversos componentes que configuran el proceso de desarrollo.

Por el alcance de sus implicaciones económicas, políticas y sociales, el cambio climático es hoy un tema ineludible de la agenda internacional y objeto de preocupación para las instancias de más alto nivel de los gobiernos y de la sociedad.

Como reacción, en los últimos años se generó una creciente transformación de la conciencia colectiva, revalorando la prioridad con la que los gobiernos y las instituciones multilaterales enfrentan el tema.

La necesidad y la conveniencia de actuar ahora resulta cada vez más evidente y no debe posponerse una acción que, además de contrarrestar el cambio climático y sus impactos adversos ayude a mejorar nuestra economía.

Este año, del 28 de noviembre al 10 de diciembre, en Cancún Quintana Roo, se celebrará la Cumbre Internacional sobre Cambio Climático, espacio donde los diferentes actores gubernamentales, organismos multilaterales y sociedad civil pretenden construir propuestas de acción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de compromisos para realizar acciones de adaptación y mitigación ante el cambio climático.

Un tema importante para nuestro país es el del agua, en el sureste abunda, y escasea en el norte.

El problema reside en que, en los últimos años, con el crecimiento de la demanda de agua para los diferentes usos, en el país han surgido importantes problemas, que han propiciado la escasez de fuentes disponibles para la extracción de agua para riego y en algunas regiones incluso han propiciado faltantes para el consumo humano. En otras regiones, por la misma falta de planeación, se sufren las consecuencias de las crecidas e inundaciones.

Eso se agravó porque las políticas de apertura comercial provocaron la descapitalización rural, lo que impidió la modernización tecnológica de sus unidades productivas para un mejor aprovechamiento de los bosques, la selva, el agua y la energía. Lamentablemente, los recursos destinados al campo no se aplican, hay subejercicios o llegan a destiempo.

La reducción de márgenes impuestos por la competencia externa, subsidiada incluso con un tipo de cambio sobrevaluado, obligó a los productores nacionales a incurrir en prácticas depredadoras de producción agrícola, llevando a la destrucción de bosques y selvas y al sobrepastoreo en los terrenos ganaderos, lo que limita la capacidad de retención de agua de lluvia, destruye la calidad del suelo por la erosión y reduce la infiltración a los acuíferos. Se debe tener en cuenta que las zonas boscosas, las selvas y en muchos casos los terrenos de pastoreo, son lugares de recarga natural de acuíferos; pero en las condiciones de sobreexplotación disminuye la capacidad de retención de agua.

Todo eso es consecuencia de la falta de planeación y de voluntad que en los últimos años impidió destinar los recursos financieros necesarios para modernizar, construir y dar mantenimiento a la infraestructura construida anteriormente.

Tampoco existe la voluntad para reconocer los costos sociales de conservación y mantenimiento de la naturaleza, a lo que se suma ineficiencia y mala distribución en el uso de los recursos fiscales.

A lo anterior se agrega la concentración de funciones en la Comisión Nacional del Agua, que no ha podido ocuparse plenamente de sus funciones normativas y de promoción, lo que ha tenido por resultado una respuesta cada vez mas rezagada a las necesidades de administración de los recursos hidráulicos.

En esas condiciones y debido a la falta de planeación, el Estado mexicano otorgó concesiones para extraer volúmenes de agua superiores a los que estaban disponibles en los mantos acuíferos disponibles en las regiones de riego, lo que ya provocó la sobreexplotación de esos depósitos naturales. Lo más grave es que en todo el territorio nacional son escasas las obras para captar e infiltrar agua al subsuelo.

Del mismo modo, se dedicó a promover la construcción de plantas termoeléctricas, que consumen gas natural importado, con contratos de suministro de energía tan rígidos y desfavorables que cuando hay disponibilidad de agua en presas para generación de una energía más barata, no lo puede hacer, obligando a desfogues que provocan graves inundaciones sobre en concentraciones humanas y tierras agrícolas.

Por ello se requiere con urgencia generar un plan para la recuperación de bosques y selvas, áreas de recarga, y de agua infiltrándola al subsuelo y esto es aún más importante si se considera que en algunas ciudades del país ya existen problemas serios de abasto de agua potable y cada día es más costoso el acceso al líquido.

Es indispensable reordenar la explotación, el uso y tratamiento del agua, con medidas como construir pozos de absorción de agua de lluvia para incrementar la recarga. Es urgente la recuperación de los agostaderos que de manera natural permita la recuperación de los acuíferos y evitar que cada año, después de la temporada de lluvias, el agua sólo escurra y se lleve miles de toneladas de suelo fértil y las escasas obras de retención son insuficientes y provocan inundaciones.

Ese reordenamiento de los territorios que integran las cuencas hidrológicas que proponemos debe considerar que los sujetos dueños de los territorios donde se capta el agua deben obtener apoyos del gobierno y la sociedad, para que, en condiciones de desarrollo digno y con la tecnología adecuada, puedan dedicarse a realizar las tareas de conservación de los recursos forestales e hídricos mediante prácticas permanentes de reforestación, obras de retención de suelo yagua, turismo responsable, manejo holístico de pastizales y ganadería social, uso de energías alternativas y estufas ahorradoras de leña, entre otras tecnologías que ya han sido probadas.

Se debe tomar en cuenta que son precisamente esos territorios donde se inicia la recarga de los acuíferos, donde se vive en condiciones de pobreza extrema, poblados en un alto porcentaje por indígenas y campesinos pobres minifundistas.

Por ejemplo, el agua que se utiliza en Sonora y Sinaloa en la agricultura comercial que ha recibido mayores apoyos en este país, utiliza el agua que proviene de la Sierra Tarahumara, entre los estados de Chihuahua y Durango, donde existen núcleos de población en una terrible miseria.

Por eso, la propuesta de reordenamiento requiere la corresponsabilidad del gobierno y de la sociedad, que puede ser beneficiada o afectada por esas corrientes, de esos depósitos subterráneos de agua, para promover el desarrollo comunitario en la sierra, donde habitan los verdaderos guardianes de los recursos naturales, con quienes existe una enorme deuda social y al mismo tiempo se les debe un reconocimiento a su capacidad, a su conocimiento de la naturaleza.

Por eso se propone crear un fondo especial para obras de conservación de suelos y recarga de acuíferos destinado un 15% de los recursos de los programas hidroagrícolas del programa especial concurrente que esta cámara apruebe.

Si se aprueba esta medida, se podría lograr la sustentabilidad de bosques y selvas, así como de los mantos acuíferos. Los recursos obtenidos por el derecho especial al consumo del agua deben contribuir al reordenamiento de la extracción, para lograr la explotación sustentable de los acuíferos, con la recuperación de agostaderos. Se aplicaría la siembra y cosecha de agua.

En esa línea, sería posible dedicar recursos para que la academia y los investigadores profundicen en el conocimiento de las regiones y ecosistemas y desarrollen modelo para el aprovechamiento racional, incluyendo el uso de la energía eólica y solar y abaratar la tecnología para hacerla accesible a los guardianes de bosques y selvas y productores agropecuarios.

En esas condiciones, en las superficies abiertas a la producción agropecuaria, sería posible garantizar la agricultura de riego, el funcionamiento de los sistemas de riego a largo plazo y obtener un incremento en la producción de alimentos sanos y de calidad para los consumidores, logrando la viabilidad económica, y ambiental de la agricultura de riego y reducir la dependencia alimentaria del país así como prevenir los riesgos de inundaciones y deslaves de cerros que provocan la pérdida de vidas humanas y afectaciones a la infraestructura de nuestro país.

Por todo lo expuesto, se propone

Iniciativa, con el propósito de establecer, un fondo especial, para obras de conservación de suelos y recarga de acuíferos destinando el 15 % de los recursos de los programas hidroagrícolas del programa especial concurrente, para la recuperación de acuíferos y las áreas de recarga y aprovechamiento del agua.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 9 de noviembre de 2010.— Diputados: Guadalupe Pérez Domínguez y Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para las universidades públicas, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación, y en especial la superior, es la piedra angular del desarrollo humano; es el basamento del desarrollo y la transformación de las sociedades modernas; sobre todo, la educación fortalece la creación de conocimiento y la capacidad de invención de los países que la promueven e incentivan. Por tanto, los países que no inviertan en educación superior no podrán desarrollar todo su potencial y carecerán de las herramientas necesarias para insertarse con éxito en un mundo cada vez más globalizado y competido.

De acuerdo con estudios realizados por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE), un año adicional de escolaridad aumenta el producto interno bruto per cápita de un país entre 4 y 7 por ciento. Los tiempos en que la educación se consideraba un gasto han quedado en el pasado.

La educación superior en México pasa por un momento crítico, aunque la matricula se incrementó de manera constante en las últimas dos décadas al pasar de 1.3 millones de alumnos en 1990 a poco más de 3 millones en 2009, la cobertura total asciende a 29 por ciento, pero esto significa que sólo 3 de cada 10 jóvenes de entre 19 y 23 años puedan cursar estudios superiores.

El total de población joven que está en el rango de edad de entre 19 y 23 años es cercano a 10 millones, lo cual implica que 7 millones de jóvenes no pueden estudiar, la mayoría de las veces por falta de cupo en las instituciones. Además, muchos de ellos tampoco encuentran una ocupación en la cual puedan desempeñarse.

Un dato que nos ayuda a reforzar este indicador lo dio a conocer recientemente la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior: sólo un poco más de la quinta parte de los jóvenes de entre 19 y 23 años se encuentra realmente cursando estudios superiores.

A la reducida cobertura se agregan las grandes diferencias entre las entidades del país: más de la mitad de los estados, 17 en total, están por debajo de la media nacional. El previsible crecimiento de la demanda de educación superior por la coyuntura del bono demográfico y la ampliación de la enseñanza media superior inevitablemente aumentará la presión por una mayor cobertura en este nivel educativo en los próximos años.

La cobertura en México de este nivel educativo está muy por debajo de la alcanzada por los países desarrollados que, en general, supera 60 por ciento, y en otros casos es superior a 75 por ciento. Así, un ejemplo de cobertura total lo encontramos en Finlandia, donde prácticamente 9 de cada 10 jóvenes tienen la oportunidad de cursar estudios universitarios.

Ahora bien, no sólo los países desarrollados nos superan en este rubro; algunos en condiciones parecidas a las nuestras, como Argentina, Uruguay y Chile, han logrado coberturas muy superiores a las de México, los tres países sudamericanos han logrado colocar a 50 por ciento de sus jóvenes en educación superior o universitaria.

A la par de la baja cobertura, tenemos que tomar en cuenta otro elemento que impide el despegue de la educación superior en el país: la insuficiente inversión que se hace en los alumnos de educación superior. De acuerdo con la OCDE, México tenía en 2006 un gasto anual por estudiante en educación superior equivalente a 6 mil 462 dólares.

Sin duda, más de 6 mil dólares a primera vista puede ser una suma considerable, pero en comparación con países en de-sarrollo y, más aún, con países similares al nuestro la cifra es francamente baja.

Seis mil 462 dólares el gasto promedio por alumno para educación superior es bastante bajo para el manejado por Estados Unidos o Canadá, donde se invierten 25 mil dólares por alumno, Asimismo, es una cifra menor que la inversión de países como Brasil, con más de 10 mil dólares, y España, que destina más de 11 mil dólares por alumno.

En la actualidad, de los jóvenes que han logrado un lugar en la educación superior, dos de cada tres están inscritos en instituciones públicas y es previsible que estas instituciones reciban mayor demanda. Por ello es imprescindible el robustecimiento de la educación superior en cuanto a su cobertura y financiamiento para recibir una educación de calidad.

En contexto, el gasto público federal para la educación superior, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara, en 2010 se situó en 116 mil millones de pesos, mientras que para 2011, según el mensaje que acompaña el paquete económico entregado por el Ejecutivo federal, se destinarán 103 mil millones de pesos, lo que significa una reducción de 13 mil millones para la educación superior en el país.

Por ello, esta soberanía debe ser congruente con sus representados, reasignando recursos que permitan mayor cobertura de la educación universitaria y programas educativos de calidad.

No sólo se debe ajustar el presupuesto por los índices inflacionarios, sino aumentarlo en términos reales, para que así la UNAM, la UAM, el IPN, institutos de investigación y las universidades públicas de los 31 estados y el Distrito Federal estén en condiciones de aumentar la cobertura e impartir educación superior de calidad.

Aumentar el presupuesto en educación superior no significa gasto corriente, como bien ha apuntado el rector de la máxima casa de estudios, doctor José Narro Robles, significa inversión, significa desarrollo, y significa un mejor futuro para el país.

Por lo expuesto y fundado, me permito proponer al pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar de manera sustancial en la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 el monto destinado a las universidades públicas del país respecto del aprobado en 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.— Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto educativo Universidad Revolución, de Chicoloapan, México, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT

La Universidad Revolución es una iniciativa del colectivo promotor del proyecto Revolución de Educación Superior que se ha iniciado en agosto de 2010 dentro de las instalaciones de la Escuela Preparatoria oficial No. 55 del estado de México, en la colonia Revolución del municipio de Chicoloapan bajo un plan innovador para una carrera inicial que es la licenciatura en desarrollo local sustentable.

Actualmente dicha institución pública gestiona el reconocimiento de esta carrera ante la Universidad Autónoma Chapingo en cumplimiento con la normatividad universitaria. Con este proyecto educativo, se responde a un perfil profesional compuesto por capacidades para crear planes, programas y empresas, para innovar procesos y aplicar tecnologías informáticas y de la comunicación, con el fin de gestionar el desarrollo comunitario bajo una perspectiva ambientalista y sustentable.

El gobierno municipal de Chicoloapan considera altamente pertinente esta formación de cuadros y profesionistas porque aspira a contar con agentes capacitados en el ámbito del desarrollo local sustentable para orientar a las comunidades, iniciativa privada y actores diversos en la perspectiva de los compromisos de la “Agenda 21 Local”, así como en la perspectiva de la transformación comunitaria en pos de mejorar la calidad de vida.

La evolución que se espera de la matrícula en términos de grupos, con un promedio de 35 estudiantes cada uno y una admisión de un grupo por turno cada trimestre, para contar hasta con 32 grupos hacia el año 2016.

Al cabo de cuatro años, en que se cubren los 16 trimestres que dura la licenciatura y la primera etapa en la consolidación de la Universidad, se podrán atender simultáneamente a un total de 1,120 jóvenes y egresarán 224 profesionistas anualmente, si se considera una eficiencia terminal del 80 por ciento.

La inversión física cuantiosa –por ser la inicial– será para el año 2011, y se encuentra sobre el orden de los 480 millones 300 mil pesos.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a que se considere como una tarea primordial en los trabajos relacionados con el proyecto de egresos del año 2011, dentro del Ramo 11, Secretaría de Educación Pública, en el apartado correspondiente de la Educación Superior ampliar el presupuesto del municipio de Chicoloapan, estado de México en cuatrocientos ochenta millones trescientos mil pesos para el año 2011, con lo que se construirá la obra más trascendente para la juventud de la región oriente del estado de México, misma que impactará a cerca de cuatro millones de mexiquenses, y se propiciará un nuevo motor en la innovación educativa del nivel superior potenciando el surgimiento de nuevos programas, proyectos y empresas que dinamicen la economía de las localidades y las familias.

Considerando

Que la educación superior pública gratuita y de calidad representa el eje medular de la justicia social, el desarrollo y la estabilidad, es necesario impulsar proyectos educativos novedosos y de vanguardia, sobre todo en zonas marginadas, como lo es el caso que se presenta, a efectos de contribuir con el abatimiento de la desigualdad y el atraso.

Se pone a consideración de esta H. Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión incluirá en la discusión del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, dentro del Ramo 11, Educación Pública, apartado Educación Superior, la asignación de cuatrocientos ochenta millones trescientos mil pesos al proyecto educativo denominado Universidad Revolución, del municipio de Chicoloapan, estado de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2010.— Diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incluya la distribución de los tiempos de Estado cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, a cargo del diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Carlos Flores Rico, diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, señala en su artículo 20 las disposiciones para el destino de los recursos presupuestarios para las actividades de comunicación social.

En esa misma disposición, se incluye también la prohibición para llevar a cabo campañas de comunicación en la entidades federativas en donde se celebrarán elecciones; las limitaciones para difundir en los medios de comunicación toda propaganda gubernamental; la administración, distribución y seguimiento de los tiempos fiscales cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal; además de las bases bajos las cuales deberán ejecutarse las campañas de comunicación, entre otras disposiciones.

Objetivo

La presente propuesta busca que, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, la Cámara de Diputados no sólo realice la distribución del denominado tiempo fiscal a que se refiere el “impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación”, establecido en la “Ley que establece, reforma y adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1968; sino también, la distribución del denominado tiempo de Estadoa que se refiere el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Justificación

El denominado tiempo de Estado, previsto en el citado artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, es un bien público que las concesionarias otorgan al Estado por disposición legal del propio ordenamiento legal. Es un ingreso público allegado al erario perfectamente previsto en la legislación fiscal mexicana bajo la modalidad de “aprovechamiento”, en términos de lo que dispone el artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, un bien público federal distribuible como egreso por el poder legislativo.

Origen y naturaleza de los tiempos oficiales

1. Los tiempos de Estado

Los tiempos de Estado o del Estado,se establecieron en la Ley Federal de Radio y Televisión del 19 de enero de 1960, cuyo artículo 59, desde entonces, señala:

“Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.”

De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión, “Es obligación de las estaciones de radio y televisión incluir gratuitamente en su programación diaria, treinta minutos, continuos o discontinuos, sobre acontecimientos de carácter educativo, cultural, social, político, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales e internacionales, del material proporcionado por la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía.”

Además de los tiempos expresamente señalados como del Estado, la ley contempla otras dos figuras de tiempos a disposición del Estado, que en sentido estricto también implican el otorgamiento de transmisiones gratuitas por parte de las estaciones de radio y televisión, pero que no están referidas al mencionado concepto de “tiempo de Estado” que menciona el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, sino a la ejecución coactiva de acciones a favor de la sociedad contempladas en el diverso artículo 60 y que pueden ser definidas como “prestaciones informativas obligatorias” del radiodifusor, que por tanto no son materia de este análisis:

“Articulo 60. Los concesionarios de estaciones radiodifusoras comerciales y los permisionarios de estaciones culturales y de experimentación, están obligados a transmitir gratuitamente y de preferencia:

I. Los boletines de cualquier autoridad que se relacionen con la seguridad o defensa del territorio nacional, la conservación del orden público, o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier calamidad pública;

II. Los mensajes o cualquier aviso relacionado con embarcaciones o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio.”

Además de lo anterior, las estaciones de radio y televisión tienen la obligación de establecer cadenas de transmisión cuando la autoridad lo juzga pertinente, en las cuales se debe transmitir la emisión de manera continua, exclusiva y simultánea. En este caso, tampoco se trata de tiempo adicional a los establecidos en los artículos 59 y 60 de la citada Ley Federal de Radio y Televisión, sino una forma de utilizarlos, ya sea como tiempo de estado o de emisiones relacionadas con prestaciones informativas obligatorias:

“Articulo 62. Todas las estaciones de radio y televisión en el país, estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación.”

2. Los tiempos fiscales

Por su parte, los tiempos fiscales, proceden de una normatividad un poco más compleja. Nacen el 1 de julio de 1969, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo del presidente Gustavo Díaz Ordaz con base en artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación de 1969, por el que autorizaba a la Secretaría de Hacienda a recibir de los radiodifusores comerciales el pago en especie de un impuesto aprobado por el Congreso seis meses antes, y que como hasta la fecha, grava con el 25 por ciento de los ingresos facturados por las concesionarias, el cual sería cubierto con el 12.5 por ciento del tiempo de transmisión de cada estación para que el Estado, a través del Ejecutivo, lo utilizara.

En aquel momento, el jefe del Ejecutivo justificó su resolución, diciendo que “es necesario que el Ejecutivo federal disponga de tiempo para la transmisión en las estaciones radiodifusoras comerciales para el cumplimiento de sus propios fines, y siendo atribución del Ejecutivo federal modificar la forma de pago y procedimiento de liquidación de los gravámenes fiscales, por lo que acuerda autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto correspondiente”.

El acuerdo precisaba, además, que “los tiempos de transmisión serán distribuidos proporcional y equitativamente dentro del horario total de transmisiones de la radiodifusora de que se trate, por conducto del órgano que se designe, el que oirá previamente al Consejo Nacional de Radio y Televisión.”

Asimismo, disponía: que “estos tiempos de transmisión no serán acumulables, ni su uso podrá diferirse, aun cuando no sean utilizados, pues se entenderá que el concesionario cumple con su obligación con sólo poner tiempo a disposición del Estado”.

“Si el Ejecutivo federal no utilizare, total o parcialmente, tales tiempos para transmisión, deberá hacerlo el concesionario para sus propios fines, a efecto de no interrumpir el servicio de radiodifusión”.

La resolución del presidente Díaz Ordaz, tenía y sigue teniendo fundamento en la “Ley del Impuesto sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés Público por Ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación”, misma que, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, estableció el “impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación”:

Artículo 1o.

“El impuesto a que esta ley se refiere grava el importe total de los pagos que se efectúen por los servicios prestados por empresas que funcionen al amparo de concesiones federales para uso de bienes de dominio directo de la nación, cuando la actividad esté declarada expresamente de interés público por la ley. El objeto del impuesto comprenderá:

a) Los pagos al concesionario;

b) Los pagos a las empresas que por arreglos del concesionario contraten los servicios y presten los que sean complementarios;

c) Los pagos a cualquiera otra empresa que intervenga entre el que cubra el costo total del servicio y el concesionario.”

El numeral 4o. de dicha ley dispone que la base del impuesto “será el monto total de los pagos en efectivo o en especie que se hagan por los conceptos señalados en el artículo 1o. de esta ley”; y, por su parte, el artículo 5o. dispuso que “el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25 por ciento a la base señalada en el artículo que antecede.”

La citada ley contempla como sujetos pasivos del gravamen a los contribuyentes que efectúen los pagos por los servicios obtenidos de empresas que funcionen al amparo de concesiones federales para el uso de bienes del dominio directo de la nación; y como responsables solidarios de las obligaciones que impone la ley, a las personas que reciban dichos pagos, asignándoles la obligación de recabar y enterar el impuesto a cargo de los contribuyentes.

Según el artículo cuarto transitorio de la ley, dicho impuesto entraría en vigor el 1o. de julio de 1969. Sin embargo, el gravamen no fue aplicado a la industria de la radiodifusión, toda vez que el Acuerdo de ese mismo día, otorgó a los concesionarios de radio y televisión, el peculiar beneficio temporal del pago en especie.

El uso inequitativo e irregular de este recurso llegó a tal grado de opacidad y desinterés fiscal, que no sólo se degrado la utilización efectiva del tiempo fiscal, sino que también, por muchos años, se mantuvo ausente de la normatividad hacendaria como forma tributaria y, hasta la ley de ingresos de 2005, ni siquiera fue considerado por el Ejecutivo como un recurso público y menos aún como de distribución obligatoria en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La reducción del 12.5 al 1.25 por ciento

El 10 de octubre de 2002, el titular del Ejecutivo federal, emitió un decreto que abrogó el de julio de 1969, y por el que se autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto con una nueva equivalencia del pago en especie originario.

Se derogó el 12.5 por ciento del tiempo de transmisión como pago en especie del impuesto a que se refiere la Ley del 1968, y se estableció que los concesionarios de radio y televisión que tengan esta obligación “...pagarán la contribución que se menciona con dieciocho minutos diarios en el caso de las estaciones de televisión, y con treinta y cinco minutos diarios en las de radio, para la difusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo con una duración de veinte a treinta segundos, sin que ello implique que haga transmisiones que constituyan una competencia a las actividades inherentes a la radiodifusión comercial, a cuyo efecto se precisa que cuando aquél realice campañas de interés colectivo, promoviendo el mayor consumo de bienes y servicios, lo hará en forma genérica...”

¿Por qué el gobierno se resiste a que la Cámara distribuya los tiempos?

Con la omisión de las facultades de la Cámara sobre los tiempos de estado, el Ejecutivo sólo distribuye entre todos los órganos del Estado los tiempos fiscales: 18 minutos de televisión y 35 de radio; en tanto se reserva discrecionalmente el tiempo de estado disponible para radio y televisión: 30 minutos diarios en cada medio concesionado de toda la república. No obstante casi consumir el paradójicamente denominado tiempo de estado, el Ejecutivo participa, también del tiempo fiscal.

Aunque para efectos de un análisis de equidad son insumables los tiempos de estado y los fiscales, ya que los primeros sólo son “espoteables” o divisibles en una tercera parte, en tanto los segundos, lo son en el 100 por ciento, se puede ver que aún en la suma de unos y otros, el abuso del Ejecutivo es desproporcionado. Los argumentos para explicar la disparidad siempre han sido los mismos: “los otros poderes carecen de materiales y presupuesto para producción”, como si no fuera posible reciclar los materiales con más repeticiones.

La voluntad republicana de la Cámara de Diputados para distribuir equitativamente los tiempos oficiales

Un grupo de legisladores preocupados por hacer un mejor uso de estos tiempos de Estado, propusimos y aprobamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, una equitativa y nueva distribución de los tiempos fiscales en los siguientes porcentajes: 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal; 30 por ciento al Poder Legislativo federal, asignándose porcentajes en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial de la federación y 20 por ciento a los entes públicos autónomos creados por disposición expresa de la Constitución.

Así, con la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 1o. de enero de 2004, el Ejecutivo federal instruyó a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, desarrollara las acciones necesaria para recibir los materiales por parte de los entes autorizados para ello, e incorporarlos a las pautas y al proceso de distribución a cargo de los concesionarios de radio y televisión de todo el país.

Este esfuerzo legislativo sentó un importante precedente, pues supuso un avance significativo en la distribución equitativa, que no parcial y autoritaria como lo venía haciendo el Ejecutivo federal, de los tiempos fiscales a través de los medios electrónicos de comunicación masiva.

Sin embargo, para el ejercicio fiscal de 2005, el Ejecutivo federal omitió deliberadamente, en el proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente, establecer la distribución de los tiempos fiscales como dispuso esta soberanía en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2004.

Advirtiendo lo anterior, fue fundamental para el Congreso de la Unión establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005, no sólo la distribución de los tiempos fiscales sino también la distribución de los tiempos de Estadoa que se refiere el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

La doctrina tributaria

La doctrina jurídica mexicana ha estudiado poco la fiscalidad de la radio y la televisión; mucho menos la conceptualización y el comportamiento de una figura tributaria como la obligación de los concesionarios de radio y televisión establecida en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Sin embargo, no se requiere mayor exploración para concluir que el tiempo de Estado no es una de las “contribuciones” que define el Código Fiscal de la Federación. Dicho ordenamiento únicamente considera en esa categoría a los impuestos, los derechos, las contribuciones de mejoras y a las aportaciones de seguridad social. Afirmar que dicho pago no es un impuesto o una contribución, no es novedad; porque realmente no lo es. Lo que sí es, en cambio, es un “aprovechamiento”; que no es lo mismo.

Los impuestos

Son “impuestos” las contribuciones establecidas en las leyes, que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho, previstas por éstas y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, de las contribuciones de mejoras y de los derechos. La obligación de los concesionarios de otorgar gratuitamente tiempo de transmisión al Estado no tiene, por supuesto, el carácter de un impuesto. Nadie lo ha clasificado así o pretende hacerlo, debido en primer lugar a que no tiene como supuesto una obligación tributaria preexistente; y además a que ese impuesto ya existe bajo la forma de tiempo fiscal que aparece en especie por la derivación del decreto que autoriza esa modalidad, vigente a partir de 1969.

Los derechos

Los “derechos” son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. El pago basado en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, no es un derecho por el uso del espectro radioeléctrico, puesto que el específico ya está incorporado en la Ley Federal de Derechos. Por otra parte, resulta además que el citado pago no tiene los elementos esenciales de las contribuciones, es decir, hecho imponible, sujeto, base, tasa alícuota.

Las aportaciones de seguridad social

Las “aportaciones de seguridad social” son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el Estado. A su vez, las “contribuciones de mejoras” son las establecidas en ley, que están a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

Los créditos fiscales

Los créditos son aquellos a los que tienen derecho de percibir el Estado o sus organismos descentralizados, que provienen de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.

Los aprovechamientos

De acuerdo con el artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación, “son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los ‘productos’ que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal” por la realización o prestación de sus servicios o bienes.

El tiempo de estado: un aprovechamiento

El pago en especie que comentamos tiene todo el viso de un ingreso fiscal como “aprovechamiento”, no sólo por apegarse a la definición del Código Fiscal de la Federación sino porque sus elementos constitutivos se apegan al principio de legalidad que rige a las aportaciones fiscales. Estos elementos deben estar sujetos a normas sustantivas con rango de ley (El artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación establece los elementos que están sujetos a la reserva de ley: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. El 6o. establece el tiempo de pago de las contribuciones). Resulta así que el pago y sus formas de hacerlo sí están establecidas en norma de rango legal de acuerdo a lo que establece para las contribuciones el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.

El hecho que el pago establecido en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión se inscriba en una ley “no fiscal” y derive directamente de una concesión, si bien evita que se le considere como una “contribución” de las señaladas en el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, no la exime de su calidad fiscal como “aprovechamiento” según la definición del artículo 4o. del propio Código Fiscal de la Federación; es decir, como un ingreso que causa créditos fiscales, pues tiene los elementos de constitutivos de toda obligación tributaria: nacimiento, sujetos, cuantía, estructura y extinción.

El maestro Andrés Serra Rojas señala que la concesión administrativa es “un acto administrativo discrecional por medio del cual la administración pública federal confiere a una persona una condición o poder jurídico, para ejercer ciertas prerrogativas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público, de bienes del Estado o los privilegios exclusivos que comprenden la propiedad industrial”.

La obligación a que me refiero, es claramente una prestación patrimonial coactiva que si bien tiene alguna semejanza con categorías del derecho administrativo, tales como el servicio militar o el trabajo gratuito en el servicio de funcionarios electorales de casilla, se distingue de esas aportaciones en algo fundamental: que éstas no son contribuciones que coadyuven al ahorro del gasto de la hacienda pública, sino que se trata de obligaciones cívicas intransferibles no consumibles e imposibles de utilizar de manera distinta que la que el propio aportante pueda entregar y auto-consumir. El tiempo de Estado es, pues, un “aprovechamiento” en toda la extensión legal del concepto.

El pago en especie del tiempo de Estado no altera esa situación. El otorgamiento de ese tiempo constituye una obligación patrimonial coactiva derivada de una concesión administrativa de interés público de aprovechamiento o explotación de un bien del dominio directo de la nación, para el uso, aprovechamiento y explotación del espacio aéreo territorial donde se propagan las ondas electromagnéticas.

El pago es legal, puesto que para serlo requiere de la existencia de una obligación tributaria que haya sido determinada y líquida; también que se cumpla con el principio de identidad, lo que significa que debe cumplirse con la prestación que es objeto de la obligación tributaria y no otra, tal es el caso de que la deuda tributaria haya sido establecida en dinero o especie por ley. El pago en especie de los tiempos de Estado está sujeto al principio ex lege,como es el expreso caso del artículo 59 de la ley del ramo. De acuerdo además con el principio de identidad, el legislativo, a través de una ley, es el único que puede permitir el pago en especie y de forma excepcional como ocurre aquí.

El otorgamiento de esta prestación patrimonial coactiva al Estado asume la forma de pago en su modalidad de aprovechamiento. También, se vincula positivamente con el principio de igualdad, puesto que lo pagan todos los concesionarios por igual. Por otra parte, la doctrina reconoce distintas formas de extinción de la obligación tributaria: el pago, la compensación, la confusión, la condonación, la pérdida de la cosa sin culpa del deudor, la consignación, la adjudicación de los bienes mediante subasta y la prescripción.

Este pago es constitucional porque es un tributo ex lege que al posibilitar el ahorro de recursos económicos al Estado en el pago de tiempos de transmisión por el que los concesionarios podrían comercializar, se considera un deber de colaboración con la hacienda pública.

Distribuir el tiempo de estado: facultad de la Cámara de Diputados

En ese orden de ideas, corresponde a la Cámara de Diputados distribuir no sólo el tiempo fiscal, establecido en la “Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos” de 1968; sino también establecer la asignación del tiempo de Estado a que se refiere el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 74, fracción IV, previene que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación; señalando además que toda aportación que bajo las diversas figuras tributarias ingresan al erario o al patrimonio público, debe destinarse a cubrir las necesidades del Estado.

Luego entonces, los tiempos oficiales, “fiscal y de Estado”, otorgados por los medios concesionados son un ingreso en especie que, basado en la ley, contribuye al mantenimiento del gasto del Estado.

En ese contexto, esta soberanía debe, bajo parámetros de proporcionalidad, equidad y descentralización, distribuir entre los poderes públicos y los órganos constitucionales autónomos, los tiempos gratuitos de transmisión en medios, que por las obligaciones legales antes expuestas, otorgan las estaciones de radio y televisión al Estado, con lo que se propiciaría un mejor beneficio social en la utilización de los espacios públicos en los medios; se alcanzaría una mayor eficiencia en el grado de utilización de los tiempos oficiales disponibles, así como un mayor grado de eficacia comunicacional; se abatiría sustantivamente la discrecionalidad del manejo gubernamental de un bien público que corresponde al conjunto del Estado; se mejoraría la transparencia y la rendición de cuentas públicas, y; se restablecería la competencia constitucional de la Cámara de Diputados en la asignación republicana de un bien intangible de la nación.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a fin de que incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, la distribución de los “tiempos de estado” cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, en los términos siguientes:

Artículo 20. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades podrán destinar recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión, siempre y cuando hayan solicitado en primera instancia los tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan al amparo de concesiones federales para el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio directo de la nación y dichos tiempos no estuvieran disponibles en los espacios específicos y en la vigencia solicitada.

En las entidades federativas en donde se lleven a cabo elecciones, no podrán realizarse erogaciones de comunicación social, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial. Se exceptúan de lo anterior las erogaciones en materia de servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia, las cuales se sujetarán a los mecanismos de supervisión de la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, deberán observar lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, Apartado C, segundo párrafo y 134, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuanto a la limitación para difundir en los medios de comunicación social toda propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, observando lo dispuesto en el párrafo segundo de este artículo y previendo lo dispuesto en el artículo 59 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, supervisará la administración y distribución de los tiempos oficiales que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, denominados tiempo fiscal y tiempo de Estado. Dicha distribución se realizará en la proporción siguiente: 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal; 30 por ciento al Poder Legislativo, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes autónomos.

La Secretaría de Gobernación conforme a lo previsto en el párrafo segundo de este artículo dará seguimiento a la utilización de los tiempos fiscales. Asimismo, estará facultada para reasignar estos tiempos cuando no hubieren sido utilizados con oportunidad o se encuentren subutilizados, de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita. Las reasignaciones se ajustarán a la proporción prevista en este artículo.

Con base en lo anterior, la Secretaría de Gobernación informará bimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la utilización de los tiempos fiscales, así como sobre las reasignaciones que, en su caso, realice.

Los programas de comunicación social y las erogaciones que con base en estos programas realicen las dependencias y entidades deberán ser autorizados por la Secretaría de Gobernación en el ámbito de su competencia, de conformidad con las disposiciones generales que para tal efecto publique en el Diario Oficial de la Federación.

Todas las erogaciones que conforme a este artículo realicen las entidades deberán ser autorizadas de manera previa por el órgano de gobierno respectivo o su equivalente.

Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones, traspasos de recursos de otros capítulos o conceptos de gasto al concepto de gasto correspondiente a servicios de comunicación social y publicidad de los respectivos presupuestos ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo cuando se trate de mensajes para atender situaciones de carácter contingente, se requiera para promoción comercial de las entidades para que generen mayores ingresos y los que deriven de los ingresos excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios migratorios. En dichos supuestos se requerirá, de manera previa, que las modificaciones correspondientes sean autorizadas por la Secretaría de Gobernación para ser incluidas en los programas de comunicación social y la autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Gobernación informará a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en la que las dependencias y entidades cuenten con los recursos autorizados, sobre las razones que justifican la ampliación, traspaso o incremento de recursos, así como sobre su cuantía y modalidades de ejercicio.

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, remitirá a la Cámara de Diputados un informe que contenga la relación de todos los programas y campañas de comunicación social, desglosadas por dependencias y entidades, así como la programación de las erogaciones destinadas a sufragarlos. Asimismo, deberá contener la descripción de las fórmulas, modalidades y reglas para la asignación de tiempos oficiales. Dicho informe deberá presentarse una vez autorizados los programas de comunicación correspondientes.

Los programas y campañas de comunicación social se ejecutarán con arreglo a las siguientes bases:

I. Los tiempos oficiales sólo podrán destinarse a actividades de difusión, información o promoción de los programas y acciones de las dependencias o entidades, así como a las actividades análogas que prevean las disposiciones aplicables;

II. Las dependencias y entidades no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la dependencia o entidad, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de comunicación social. Los medios de difusión del sector público podrán convenir con los del sector privado la prestación recíproca de servicios de publicidad;

III. Las erogaciones realizadas en materia de comunicación social se acreditarán con órdenes de transmisión, en las que se especifique la tarifa convenida, concepto, descripción del mensaje, destinatarios, cobertura y las pautas de difusión en medios electrónicos.

Para medios impresos se acreditará con órdenes de inserción, en las cuales se deberá especificar la tarifa convenida, concepto, descripción del mensaje, destinatarios, la cobertura y circulación certificada del medio en cuestión;

IV. Las dependencias y entidades, previo a la contratación de servicios de producción, espacios en radio y televisión comerciales, deberán atender la información de los medios sobre cobertura geográfica, audiencias, programación y métodos para medición de audiencias, así como su capacidad técnica para la producción, postproducción y copiado. La Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la inclusión de los medios públicos en los programas y campañas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades, y

V. La publicidad que adquieran las dependencias y entidades para la difusión de los programas sujetos a reglas de operación deberá incluir, claramente visible y audible, la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. En los casos de los programas de desarrollo social únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. Para lo anterior, deberán considerarse las características de cada medio. En ningún caso los partidos políticos podrán emplear o referir estos programas en su propaganda.

La Secretaría de Gobernación informará bimestralmente a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública sobre la ejecución de los programas y campañas de comunicación social, así como sobre el ejercicio de las erogaciones a las que se refiere el presente artículo. Dichos informes deberán contener, al menos, lo siguiente: monto total erogado por dependencia y entidad, empresas prestadoras de los servicios y tiempos contratados, fiscales y de Estado utilizados por cada dependencia y entidad.

El gasto en comunicación social aprobado en este Presupuesto deberá destinarse, al menos, en un 5 por ciento a la contratación en medios impresos, conforme a las disposiciones aplicables.

En el Informe de Avance de Gestión Financiera a que se refiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se deberá dar cuenta del ejercicio de estos recursos.”

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de noviembre de 2010.— Diputado Carlos Flores Rico (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para restaurar, mejorar, equipar y dotar de medicamentos los hospitales y las clínicas, así como construir dos de especialidades en Ecatepec de Morelos, México, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado federal del distrito 11 de Ecatepec de Morelos, Jorge Hernández Hernández, ocurre a esta honorable soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual solicito, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal del 2011 se incrementen recursos en 2 mil millones de pesos en el concepto de restauración, mejora, equipamiento, dotación de medicamentos en los hospitales y clínicas, como la construcción de dos hospitales para especialidades en Ecatepec de Morelos, estado de México.

Motivandos

Ecatepec de Morelos tiene un total de derechohabientes de 764 mil 236 al 2005, de acuerdo a lo publicado en la página de Internet del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A la misma fecha tiene un total de derechohabientes en el IMSS de 810 mil 801 y en el ISSSTE de 99 mil 947.

El municipio de Ecatepec, al 2010, refleja un total de 77 unidades médicas contando con una infraestructura desa-bastecida en el Sector Salud, distribuidas en los diferentes sectores de salud, mismo que describo a continuación:

39 clínicas del IMSS, ISSSTE, DIF, Issemym, de la Cruz Roja, y 20 particulares, así como consultorios médicos que proporcionan a la población 214 mil 200 consultas médicas promedio al mes.

Por cuanto hace a servicios médicos, sanitarios y asistenciales, se cuenta con las siguientes instituciones:

Hospital general de zona número 76 (IMSS).

Hospital general de zona número 68 (IMSS).

Hospital general regional número 196 (IMSS)

Hospital general Ecatepec José María Rodríguez, ISEM.

Clínica del ISSSTE número 2 en la cabecera del municipio y en Cerro Gordo.

Hospital Las Américas

Hospital del Issemym número 1 en Tulpetlac.

Asimismo son 79 mil 482 familias beneficiadas por el Seguro Popular.

Muestro cuadro estadístico publicado al 27 de octubre de 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el que se observan varios conceptos de suma importancia para la impartición de la salud en Ecatepec, que al 2010, muestra un crecimiento poblacional de un 65 por ciento en los últimos 17 años, teniendo una población de cerca de 3 millones.

Población derechohabiente, 2005    764 mil 236

Población no derechohabiente, 2005 810 mil 801

Derechohabientes en el IMSS, 2005 584 mil 482

Derechohabientes en el ISSSTE, 2005 99 mil 947

Personal médico, 2008                           Mil 647

Personal médico en instituciones                            de seguridad social, 2008       Mil 17

Personal médico en el IMSS, 2008               745

Personal médico en el ISSSTE, 2008             74

Personal médico en otras instituciones                   de seguridad social, 2008       198

Personal médico en instituciones                            de asistencia social, 2008        630

Personal médico en la Secretaría                             de Salud del Estado, 2008      614

Personal médico en otras instituciones                   de asistencia social, 2008        16

Unidades médicas, 2008                                77

Familias beneficiadas                                              por el seguro popular, 2008     79 mil 482

Fuente: Portal del gobierno del estado de México

Considerado en el artículo 4o. párrafo cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra reza: “...toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Constitucional el derecho a la salud...”

También el artículo 74, fracción IV, como facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, establece “...aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos...”

En este orden de ideas y considerando que es vital importancia el derecho a la salud, pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal del 2011 se incrementen recursos en 2 mil millones de pesos en el concepto de restauración, mejora, equipamiento, dotación de medicamentos en los hospitales y clínicas, así como la construcción de dos hospitales para especialidades en Ecatepec de Morelos, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Jorge Hernández Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Acolman, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1, 653,333.33 (un millón seiscientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana y construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Acolman, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Acolman, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1, 653,333.33 (un millón seiscientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana y construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Acolman, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Almoloya del Río, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $243,000.00 (doscientos cuarenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Almoloya del Río, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta Soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Almoloya del Río, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $243,000.00 (doscientos cuarenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Almoloya del Río, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Amecameca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $2,580,000.00 (dos millones quinientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Amecameca, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Amecameca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $2,580,000.00 (dos millones quinientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Amecameca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Apaxco, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $466,666.67 (cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Apaxco, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Apaxco, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $466,666.67 (cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Apaxco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Atenco, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Atenco, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta Soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Atenco, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Atenco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Atlautla, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $823,333.33 (ochocientos veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Atlautla, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta Soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Atlautla, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $823,333.33 (ochocientos veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Atlautla, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Axapusco, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Axapusco, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Axapusco, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Axapusco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Ayapango, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $171,000.00 (ciento setenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Ayapango, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta Soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Ayapango, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $171,000.00 (ciento setenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Ayapango, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Calimaya, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $116,666.67 (ciento diez y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Calimaya, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Calimaya, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $116,666.67 (ciento diez y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Calimaya, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Capulhuac, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, mediante la instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Capulhuac, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Capulhuac, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, mediante la instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Capulhuac, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Chalco, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $2,033,333.33 (dos millones treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Urbana Consistente en la Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Chalco, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta Soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Chalco, estado de México., así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $2,033,333.33 (dos millones treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Urbana Consistente en la Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Chalco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Chicoloapan, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $4,143,333.33 (cuatro millones ciento cuarenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Urbana Consistente en la Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Chicoloapan, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta Soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Chicoloapan, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de$4,143,333.33 (cuatro millones ciento cuarenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Urbana Consistente en la Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Chicoloapan, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Chiconcuac, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $483,333.33 (cuatrocientos ochenta tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Chiconcuac, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Chiconcuac, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $483,333.33 (cuatrocientos ochenta tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Chiconcuac, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Chimalhuacán, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $735,000.00 (setecientos treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Chimalhuacán, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Chimalhuacán, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $735,000.00 (setecientos treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Chimalhuacán, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Coacalco, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Urbana Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Coacalco, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Coacalco, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Urbana Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Coacalco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Cocotitlán, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1,243,333.33 (un millón doscientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Urbana consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, mediante la instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Cocotitlan, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Cocotitlan, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $1,243,333.33 (un millón doscientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Urbana consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, mediante la instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Cocotitlan, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Coyotepec, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $390,000.00 (trescientos noventa mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Coyotepec, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Coyotepec, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $390,000.00 (trescientos noventa mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Coyotepec, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Cuautitlán, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $613,333.33 (seiscientos trece mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Cuautitlán, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Cuautitlán, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $613,333.33 (seiscientos trece mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Cuautitlán, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Cuautitlán Izcalli, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1,370,000.00 (un millón trescientos setenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, mediante la instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta Soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto $1,370,000.00 (un millón trescientos setenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, mediante la instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Ecatepec de Morelos, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1,423,333.33 (un millón cuatrocientos veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Urbana Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $1,423,333.33 (un millón cuatrocientos veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Urbana Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Ecatzingo, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Ecatzingo, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Ecatzingo, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Ecatzingo, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Huehuetoca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $2,313,333.33 (dos millones trescientos trece mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Huehuetoca, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta Soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Huehuetoca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $2,313,333.33 (dos millones trescientos trece mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Huehuetoca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Hueypoxtla, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $246,666.67 (doscientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Hueypoxtla, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta Soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Hueypoxtla, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $246,666.67 (doscientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Hueypoxtla, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Isidro Fabela, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $613,333.33 (seiscientos trece mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Isidro Favela, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta Soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Isidro Favela, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $613,333.33 (seiscientos trece mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Isidro Favela, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Ixtapaluca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $2,650,000.00 (dos millones seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Ixtapaluca, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Ixtapaluca, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de de $2,650,000.00 (dos millones seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Ixtapaluca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Jaltenco, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Urbana Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Jaltenco, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Jaltenco, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Urbana Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Jaltenco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Jilotzingo, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $223,333.33 (doscientos veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Jilotzingo, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta Soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Jilotzingo, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $223,333.33 (doscientos veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Jilotzingo, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Juchitepec, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $323,333.33 (trescientos veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Juchitepec, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta Soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Juchitepec, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $323,333.33 (trescientos veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Juchitepec, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en La Paz, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $4,513,333.33 (cuatro millones quinientos trece mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de La Paz, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de La Paz, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de $4,513,333.33 (cuatro millones quinientos trece mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de La Paz, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Lerma, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $11,023,333.33 (once millones veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de la Electrificación Urbana . Consistente en la Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Lerma, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el municipio de Lerma, estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos por un monto de de $11,023,333.33 (once millones veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de la Electrificación Urbana . Consistente en la Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Lerma, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Melchor Ocampo, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de 416 mil 666.67 pesos para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Melchor Ocampo, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta honorable soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Melchor Ocampo estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $416,666.67 (cuatrocientos diez y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Melchor Ocampo, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Metepec, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $126,666.67 (ciento veintiséis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Metepec, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Metepec estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto $126,666.67 (ciento veintiséis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Metepec, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Mexicaltzingo, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Mexicaltzingo, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta honorable soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Mexicaltzingo estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Mexicaltzingo, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Naucalpan, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $636,666.67 (seiscientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Naucalpan, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta honorable soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Naucalpan estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $636,666.67 (seiscientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Naucalpan, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Nextlalpan, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1,623,333.33 (un millón seiscientos veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Nextlalpan, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta honorable soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Nextlalpan estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1,623,333.33 (un millón seiscientos veintitrés mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Nextlalpan, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Nicolás Romero, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $2,186,666.66 (dos millones ciento ochenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Nicolás Romero, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta honorable soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Nicolás Romero, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de de $2,186,666.66 (dos millones ciento ochenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Nicolás Romero, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación rural en Otumba, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $ 1,506,666.67 (un millón quinientos seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Otumba, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $ 1,506,666.67 (un millón quinientos seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Otumba, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación rural en Otzolotepec, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $436,666.67 (cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Otzolotepec, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Otzolotepec, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto $436,666.67 (cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Otzolotepec, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación rural en San Mateo Atenco, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $306,666.67 (trescientos seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de San Mateo Atenco, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de San Mateo Atenco, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $306,666.67 (trescientos seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional)  para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de San mateo Atenco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación rural en Santa María Rayón, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $240,000.00(doscientos cuarenta mil 00/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Santa María Rayón, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Santa María Rayón, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil 00/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Santa María Rayón, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación rural en Tecámac, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $2,583,333.33 (dos millones ochocientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tecamac, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Tecamac, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un de monto de $2,583,333.33 (dos millones ochocientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tecamac, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación rural en Temamatla, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $310,000.00 (trescientos diez mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Temamatla, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Temamatla, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $310,000.00 (trescientos diez mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Temamatla, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación rural en Temascalapa, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $9,666,666.67 (nueve millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Temascalapa, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Temascalapa, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $9,666,666.67 (nueve millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Temascalapa, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Tenancingo, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $420,000.00 (cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tenancingo, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta honorable soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Tenancingo, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de de $420,000.00 (cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tenancingo, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Tenango del Aire, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $280,000.00 (Doscientos Ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Urbana Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tenango del Aire, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Tenango del Aire, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Urbana Construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tenango del Aire, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Tenango del Valle, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1,573,333.33 (un millón quinientos setenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tenango del Valle, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Tenango del Valle, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1,573,333.33 (un millón quinientos setenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tenango del Valle, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Teoloyucan, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1,310,000.00 (un millón trescientos diez mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Teoloyucan, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Teoloyucan, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1,310,000.00 (un millón trescientos diez mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Teoloyucan, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Teotihuacán, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $106,666.67 (ciento seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Teotihuacán, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Teotihuacán, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $106,666.67 (ciento seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Teotihuacán, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Tepetlaoxtoc, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1,156,666.67 (un millón ciento cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tepetlaoxtoc, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta honorable soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Tepetlaoxtoc, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto $1,156,666.67 (un millón ciento cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tepetlaoxtoc, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Tepetlixpa, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $710,000.00 (setecientos diez mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tepetlixpa, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Tepetlixtla, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $710,000.00 (setecientos diez mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tepetlixpa, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Tepotzotlán, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $573,333.33 (quinientos setenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tepotzotlán, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Tepotzotlán, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $573,333.33 (quinientos setenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tepotzotlán, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Tequixquiac, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto $1,196,666.67 (un millón ciento noventa y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, mediante la instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tequixquiac, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta honorable soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Tequixquiac, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto $1,196,666.67 (un millón ciento noventa y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, mediante la instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tequixquiac, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Texcoco, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto $126,666.67 (ciento veintiséis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Texcoco, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Texcoco, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $126,666.67 (ciento veintiséis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Texcoco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Tianguistenco, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto $75,000.00 (setenta y cinco pesos mil 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tianguistenco, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Tianguistenco, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $75,000.00 (setenta y cinco pesos mil 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tianguistenco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Tlalmanalco, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1,363,333.33 (Un millón trescientos sesenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tlalmanalco, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Tlalmanalco, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1,363,333.33 (un millón trescientos sesenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tlalmanalco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Toluca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $846,666.67 (ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Toluca, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Toluca, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $846,666.67 (ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Toluca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Tonanitla, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $183,000.00 (ciento ochenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tonanitla, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Es por lo anterior, que se solicita a esta honorable soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Tonanitla, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $183,000.00 (ciento ochenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Tonanitla, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación urbana en Zumpango, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1,913,333.33 (un millón novecientos trece mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Zumpango, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Zumpango, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $1,913,333.33 (un millón novecientos trece mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de electrificación urbana, consistentes en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Zumpango, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación rural en Ozumba, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $626,666.67 (seiscientos veintiséis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Ozumba, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca -Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Ozumba, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $626,666.67 (seiscientos veintiséis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Ozumba, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de electrificación rural en Ocoyoacac, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $673,333.33 (seiscientos setenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Ocoyoacac, estado de México.

Hechos

El estado de México consume la mayor cantidad de energía eléctrica del país, 163 millones de kilowatts/hora, por lo que se hace necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, en particular las zonas que requieren que esta sea inmediata son Toluca-Metepec, Chalco-Ixtapaluca y Cuautitlán-Tepotzotlán.

Existen 82 municipios que se consideran urbanos y suburbanos localizados en el oriente del estado y 43 rurales en el poniente, de ellos 400 mil habitantes no tienen acceso a la energía eléctrica en sus viviendas. La mayor demanda se localiza en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nicolás Romero, Acolman, La Paz, Chicoloapan, Toluca, Zinacantepec, entre otros.

Para alcanzar una cobertura del 98 por ciento se hace necesario llevar el servicio a no menos de 25 mil familias anualmente, por lo que se debe promover una decidida intervención de los tres niveles de gobierno así como de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el abasto energético a través de nuevas subestaciones y plantas generadoras móviles en lugares estratégicos del territorio estatal, además de fomentar la cultura de ahorro de energía.

Por lo anterior, se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $673,333.33 (seiscientos setenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) para obras de Electrificación Rural. Consistente en la construcción de la red eléctrica en media y baja tensión, instalación de postería, herrajes, conductor y transformadores en el municipio de Ocoyoacac, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el programa Habilidades Digitales, en San Luis Potosí, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Delia Guerrero Coronado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que considere en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 un incremento por 657.0 millones de pesos etiquetado para el Programa Habilidades Digitales en el estado de San Luis Potosí, que permitirá mejorar el aprendizaje de los alumnos y posibilitar su inserción en la sociedad del conocimiento y la información mediante el uso de las tecnologías y las comunicaciones, con base en las siguientes

Consideraciones

1. En México se han realizado diversos intentos para incorporar las tecnologías de la información y comunicación a la educación básica, sobre todo en los niveles de educación primaria y secundaria. Por lo que desde el último cuarto del siglo XX se desarrollaron programas como Red Escolar, Red Edusat y Sec XXI; a inicios del siglo XXI se incorpora Enciclomedia en el nivel primaria y reciente el programa Habilidades Digitales para Todos en nivel secundaria.

2. A través de programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) se pretende disminuir el más grave rezago educativo que existe, pero un rasgo particularmente destacable, es que de tener en cuenta la alfabetización digital para aquellos alumnos que no han tenido acceso a las tecnologías, atiende el desarrollo de competencias en el manejo tecnológico de los alumnos que ya tienen una continuidad.

3. HDT es un proyecto que retoma la experiencia en el campo del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito de la educación básica; sobre esta base y con las líneas de trabajo del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y del Programa Alianza por la Calidad de la Educación, busca construir conjuntamente con diversas instancias (autoridades educativas, directivos, maestros, alumnos), modelos educativos diferenciados pertinentes y operables, según el nivel educativo y el tipo de servicio.

4. HDT es un macro proyecto que plantea el uso abierto y dinamizador de las TIC, orientado a facilitar la enseñanza y diversificar el aprendizaje, ofreciendo capacitación y certificación de habilidades docentes, objetos multimedia de aprendizaje, estándares de aprendizaje, modelos de equipamiento y conectividad, así como modelos de uso didáctico.

5. Este programa se encuentra definido por reglas de operación precisas que establecen componentes como gestión, equipamiento, operación y capacitación.

6. Por tanto, el programa tiene como propósito llevar la tecnología y conectividad a las escuelas de educación básica con el fin de que todos los docentes, alumnos y sociedad se incorporen al uso de estos, abatiendo de esta manera la brecha digital y generar redes sociales dinámicas de conocimiento.

7. En San Luis Potosí el objetivo del programa Habilidades Digitales para Todos es dotar de conectividad, aulas telemáticas y nuevos enfoques pedagógicos a escuelas secundarias. Estos elementos tienen como principales componentes la conectividad wimax y wifi, equipo de cómputo para alumnos y profesores, pizarrones digitales interactivos, proyectores, impresoras, teléfonos IP, capacitación, portales y mesas de ayuda.

8. Actualmente el programa HDT con la cobertura actual  atiende sólo a 53 por ciento de los planteles que están actualmente equipados. De los 407 centros con cobertura actual, sólo 215 se encuentran equipados y 192 centros escolares se encuentran por atender con cobertura.

9. 70 por ciento de las escuelas secundarias no cuenta con cobertura, por lo que se requiere ampliar la red de HDT principalmente en el medio rural.

10. El reto del programa HDT en secundarias en el 2011 en el estado de San Luis Potosí son los siguientes: equipar 192 escuelas con cobertura actual, ampliar red HDT–wimax al total secundarias a través de 14 radiobases; equipar con nueva cobertura a 890 escuelas y equipar a 66 escuelas con cobertura satelital.

11. Por lo anterior se requiere destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una ampliación de recursos etiquetada para poder hacer frente a los retos que implica la instrumentación del programa Habilidades Digitales para Todos en San Luis Potosí.

12. La inversión estimada para 2011 es de 96.0 millones para equipar las escuelas que actualmente tienen cobertura; 84.0 millones de pesos para ampliar la red HDT-wimax al total de secundarias; 444.0 millones de pesos para equipar las escuelas con nueva cobertura; y, 33.0 millones de pesos para equipar las escuelas con cobertura satelital.

13. Con base en los considerandos anteriores, se requiere contar con una ampliación presupuestal etiquetada para el programa de Habilidades Digitales para Todos en San Luis Potosí por 657.0 millones de pesos que permitirán mejorar el aprendizaje de los alumnos y posibilitar su inserción en la sociedad del conocimiento y la información mediante el uso de las tecnologías y las comunicaciones.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 un incremento por 657.0 millones de pesos, etiquetado para el programa Habilidades Digitales para Todos en el estado de San Luis Potosí, que permitirá mejorar el aprendizaje de los alumnos y posibilitar su inserción en la sociedad del conocimiento y la información mediante el uso de las tecnologías y las comunicaciones.

Palacio Legislativo, de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir una clínica de la mujer en Coatzintla, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, a fin de que sean considerados recursos económicos suficientes dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para llevar a cabo la para la construcción de una clínica de la mujer en el municipio Coatzintla, estado de Veracruz, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El municipio de Coatzintla, Veracruz, esta situado en el norte del estado. Este municipio tiene 34 mil 221 habitantes (según censo poblacional de 1990); colinda con los municipios Poza Rica, Tihuatlán, Coyutla, Espinal, Papantla y con el estado de Puebla. Su población se dedica principalmente a la agricultura, ganadería y comercio. Tiene una extensión territorial de 235.25 kilómetros cuadrados, cifra que representa 0.32 por ciento del total del estado. Sus congregaciones son Coatzintla, Arroyo Florido, Benito Juárez, Cerrada del Mirador, El Chote, Colonia Hidalgo, Corralillos, Escolín de Olarte, Finca Valencia, La Florida, Furbero, González Ortega, Guadalupe Victoria, Kilometro 59, La Laja, Manuel María Contreras, El Mirador, La Ortiga, Palma Sola, Palmar de Zapata, Rancho Nuevo, Rancho San Luis, San Fernando Coapechapa, San Isidro, Santa María, Troncones y Potrerillos, Ursulo Galván, El Vizcaino, Chachalacas, Lote ocho, Toma de Agua, La Caoba, El Cinco, El coruco, El Espejo, Esquitín, Esquitín Dos, Finca del Carmen, Lote Veintiuno, El Nueve, Los Polvorones, Rancho la Cuna, Rancho la Grandeza y Veintidós.

Siendo Coatzintla la cabecera municipal, la principal vía de acceso a su cabecera municipal, es por la ciudad de Poza Rica, de cuyo centro se esta alejada a 6 kilómetros. Se comunica a las carreteras federales 180 Veracruz-Xalapa-Cardel-Poza Rica y 130 México-Tulancingo-Poza Rica-Tuxpan.

2. El derecho a la salud es una garantía individual y está plasmada en el artículo 4o. de la Constitución, el cual establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del articulo 73 de esta Constitución”; artículo en el cual se definen las bases que hacen realidad un conjunto de instituciones públicas sobre las que recae la responsabilidad de garantizar el acceso al derecho a la salud.

El derecho a la salud es una conquista de los mexicanos basada en los derechos fundamentales del ser humano, hacerla realidad es responsabilidad del Estado.

3. Las mujeres y los hombres tienen muchos problemas de salud en común, pero estos afectan a las mujeres de una manera distinta. Por ejemplo, las mujeres pueden tener síntomas diferentes en el caso de las enfermedades cardiacas. Algunas enfermedades o cuadros son más comunes en las mujeres, tales como la osteoartritis, la obesidad y la depresión. Algunas afecciones, como la menopausia y el embarazo, son exclusivas de las mujeres.

A veces las mujeres descuidan su salud y se enfocan en la salud de su pareja y de sus hijos.

4. Debido a las diferencias biológicas y sociales, el hecho de pertenecer a uno u otro sexo tiene gran impacto en la salud. La salud de la mujer y la niña es especialmente preocupante porque en muchas sociedades se encuentran en una situación de desventaja por la discriminación condicionada por factores socioculturales. Así, por ejemplo, las mujeres y niñas son más vulnerables al VIH-sida.

Algunos de los factores socioculturales que impiden que las mujeres y niñas se beneficien de servicios de salud de calidad y alcancen el máximo nivel posible de salud son los siguientes:

• Las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres;

• Las normas sociales que reducen las posibilidades de recibir educación y encontrar oportunidades de empleo;

• La atención exclusiva a las funciones reproductoras de la mujer, y el padecimiento potencial o real de violencia física, sexual y emocional.

5. La pobreza es un importante obstáculo a la obtención de buenos resultados sanitarios en ambos sexos, pero tiende a constituir una carga más pesada para las mujeres y niñas debido, por ejemplo, a las prácticas alimentarias (malnutrición) y al uso en la cocina de combustibles que pueden causar neumopatía obstructiva crónica.

6. en el municipio de Coatzintla, su población se encuentra asentada mayoritariamente en zona rural, las cuales cuentan con un alto índice de marginación, y solo se tiene un 4 centro de salud ubicado uno en la cabecera municipal, y el resto en la zona urbana, sin que existan clínicas particulares o algunos otros servicios médicos públicos, teniendo que trasladarse la población a la clínicas y hospitales públicos existentes en la ciudad vecina de Poza Rica, Veracruz.

Consideraciones

1. El Plan Nacional de Desarrollo señala entre sus objetivos prioritarios la modernización e instalación de nuevos servicios públicos de salud.

2. La Seguridad Social es un derecho de todos los asalariados suscritos a alguno de los sistemas de salud pública: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Seguro Popular, o bien pertenecientes a la planilla laboral de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Todas las personas que gozan de este tipo de prestación se denominan derechohabientes.

3. La dotación de equipamientos de salud, clínicas y hospitales, buscan satisfacer las necesidades de la población; la cobertura puede resultar ineficiente desde la perspectiva de falta de equipamientos, o bien, desde la calidad del trato que el personal ofrece a los pacientes.

4. En el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, aún existe un rezago importante en materia de salud: 18 mil 425 habitantes no cuentan con ningún tipo de servicio de seguridad social.

5. El equipamiento urbano del rubro de salud en el municipio de Coatzintla es de sólo cuatro instituciones de salud pertenecientes a los sistemas de la Secretaría de Salud (Ssa) de los cuales una se sitúa en la cabecera municipal y los tres restantes en las comunidades de Corralillos, Manuel María Contreras y Palma Sola; y una unidad de consulta externa del IMSS Solidaridad, situado en la comunidad deSan Fernando Coapechapa.

En el municipio de Coatzintla no existe equipamiento médicodel IMSS, el ISSSTE y Pemex, ni se registran clínicas particulares.

6. En el ámbito regional, el municipio de Poza Rica, Veracruz, es el único que cuenta con un hospital general con capacidad de quirófano y hospitalización; esta característica lo convierte en un punto nodal, pues la población de los municipios aledaños se traslada a dicho equipamiento para recibir atención médica.

7. en términos de lo anterior se debe de reconocer el alto grado de marginación que tiene la población del municipio de Coatzintla y que dicho municipio no cuenta con una clínica de la mujer que pueda dotar de servicios de salud a la población femenil, y que complemente los servicios que a la fecha otorgan los centros de salud o los IMSS Solidaridad que sólo proporcionan servicios de consulta externa o de diagnostico, ya que para poder contar con el acceso a servicios médicos de especialidades, lo habitantes tienen en la actualidad que trasladarse a más de 9 kilómetros de distancia hasta la ciudad de Poza Rica, que es el municipio conurbado que cuenta con servicios de salud en todos sus niveles y hospital que inclusive se encuentra ya saturado por atender a un gran numero de pacientes de diversos municipios.

8. Motivo por el cual, y con la finalidad de disminuir el problema actual de falta de servicios de salud en dicho municipio, se propone la construcción de una clínica de la mujer como visión transformadora del municipio de Coatzintla y, al mismo tiempo, en reconocimiento al derecho a la salud que tienen sus habitantes.

9.El costo total de la construcción de una clínica de la mujer que se propone asciende a 21 millones 324 mil 524.74 pesospara efectos de la obra propuesta.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter respetuosamente a consideración de esta Cámara la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Solicítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputadosque se incluya en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida presupuestal suficiente en el rubro del sector salud, para la construcción de una clínica de la mujer en municipio de Coatzintla, estado de Veracruz.

Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a la construcción de una presa derivadora para el abastecimiento de agua potable en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito legislador, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que sean considerados recursos económicos suficientes dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para llevar a cabo la construcción de una presa derivadora para el abastecimiento de agua potable en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, del estado de Veracruz, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El municipio de Poza Rica de Hidalgo, del estado de Veracruz, se encuentra conformado territorialmente por 118 colonias y fraccionamientos, así como por dos ejidos densamente poblados, ubicados dentro de la cabecera municipal, contando con una población total de 181 190 habitantes, más un alto índice de población flotante, derivado del auge económico-petrolero de la Zona. Siendo la mayor parte de su población asentada en la zona urbana.

2. Dadas las características inherentes de hidrografía, geografía, orografía y clima asociados a los asentamientos humanos, las actividades agrícolas e industriales, así como las condiciones socioeconómicas de su población, Poza Rica, Veracruz, posee condicionantes que hacen del sector hídrico un factor decisivo que establece retos y oportunidades para su futuro, a diferencia de otros municipios o entidades federativas.

El estado de Veracruz se caracteriza por disponer de una gran cantidad de recursos hídricos, en comparación con otras entidades del país. La precipitación media anual representa casi el doble de la media nacional y por sus cauces fluye un tercio del escurrimiento total del país.

En cuanto a los mantos acuíferos, Veracruz también dispone, aunque no en la misma forma ni en toda su extensión, abundantes recursos subterráneos, en condición de disponibilidad en la mayoría de ellos, presentándose en algunos acuíferos costeros ciertas evidencias de intrusión salina.

Esta abundancia hídrica y sus características climáticas y topográficas, hacen que el estado esté sujeto, con una cierta periodicidad por una parte, a efectos

Hidrometeorológicos intensos que provocan inundaciones en las partes bajas de las cuencas, y por otra, sequías que se presentan principalmente en el norte del estado.

Por sus riquezas naturales e hídricas, la población veracruzana se asienta en más de 22 mil localidades distribuidas en 212 municipios del territorio. Estos rasgos representan un reto para el sector hídrico en lo que se refiere la dotación y mantenimiento de servicios de calidad de agua potable.

3. Por otro lado, la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable existentes, su operación resultan muchas de las veces de manera ineficiente. La baja recaudación por tarifas inadecuadas; la limitada cultura de pago, y la escasa colaboración de las comunidades para la conservación, da por resultado un servicio deficiente y el deterioro continuo de los sistemas existentes.

4. La escasez de agua de buena calidad propicia que el servicio en algunas ciudades no sea continuo, obligando a prácticas como los bombeos directos a las redes de distribución sin utilizar los tanques de regularización y el inadecuado manejo de presiones, que contribuyen a reducir la eficiencia de los sistemas, a elevar los costos de operación y a un mayor desgaste de las tuberías. Estas deficiencias del servicio generan inconformidad en la ciudadanía, que lo manifiesta en el rechazo a pagar oportunamente por los servicios que recibe.

Consideraciones

1. El Plan Nacional de Desarrollo señala entre sus objetivos prioritarios la modernización, instalación y dotación de nuevas y mejor infraestructura urbana que permita dotar de servicios públicos mínimos e indispensable a los mexicanos.

2. En el municipio de Poza Rica de Hidalgo, del estado de Veracruz, el cual debido a su rápido y desordenado crecimiento urbano, carente de planeación a la fecha presenta un grave problema de desabasto en el servicio de agua potable. Esto debido a las constantes fugas en la red de agua potable y a la dificultad que cada día se acrecienta mas ante la constante sequia o disminución del caudal del rio cazones, fuente de donde se suministra el servicio de agua potable.

3. La fuente de abastecimiento de agua a la población de Poza Rica es de las aguas superficiales del río Cazones en el sitio denominado “Pozo de la Burra” cerca de la comunidad denominada Corralillos en el municipio de Coatzintla, Veracruz.

La problemática que se tiene actualmente es que en época de estiaje cada vez es más complicada la captación del agua, provocando deficiencias en el abastecimiento, por lo que se requiere construir una presa derivadora que permita sobre elevar los niveles del agua y lograr un mejor funcionamiento de la obra de captación.

Además se ve la conveniencia de reproyectar todas las instalaciones, cuidando de aprovechar las obras ya existentes, pero optimizando la operación de las instalaciones de la obra de captación

4.actualmente para que la comisión de agua potable y alcantarilladlo del municipio de Poza Rica de Hidalgo, del estado de Veracruz, en la época de estiaje se ve en la necesidad de construir un muro de retención, utilizando hasta 5,000 costales de grava-arena y maquinaria especializada, para lograr un tirante hidráulico, que permita la operación óptima de los equipos de bombeo instalados en la Bocatoma (obra de toma), ya que el río Cazones que es la única fuente que abastece de agua a la ciudad, llega a bajar su nivel hasta 20 centímetros. Solo así logra proporcionar de manera irregular e insuficiente el servicio de suministro de agua potable a los habitantes del referido municipio, lo que hace necesario de la construcción de una presa derivadora que garantice el abasto suficiente de agua a la ciudad; ya que actualmente se cuenta con una población de 181,190 habitantes, más un alto índice de población flotante, derivado del auge económico-petrolero de la Zona.

5. Dadas las características de la fuente de captación en el río Cazones, se propone la construcción de una presa derivadora con el fin de sobrellevar el nivel del agua en el cauce, y poder captar aun en la época de secas un caudal de 1,000 litros por segundo. La Presa derivadora a proyectar y construir se estructurara a través de una cortina tipo indio transversal a la corriente, con una altura de 2.00 m y longitud de 72.40 m, estructurada a base de tres de dentellones de concreto simple transversales a la corriente y separados uno de otro 7 m, entre los cuales se colocará enrocamiento, que estarán confinados por muros concreto de 79.65 m de longitud y 9.10 m de altura, uno en cada margen.

Por margen derecha a la altura de la obra de toma, la presa dispone de un canal desarenador de 3.00 m de ancho y 46.70 m de longitud, el cual hacia aguas abajo dispone de una compuerta radial que permitirá disponer en el estiaje de un tirante mínimo de 2.00 m, el cual enviara el agua a través de una obra de toma.

Esto permitirá que el agua llegue a una obra de captación, la cual derivará el agua hacia un cárcamo, del cual se succionara el agua a través de una primera planta de bombeo consistente en cuatro equipos de bombeo más uno, tipo tornillo, con capacidad de 250 litros por segundo cada una, que descargaran a una estructura para proporcionar al agua un pretratamiento inicial.

La estructura de pretratamiento se estructura a través de tres canales para descargar a un segundo cárcamo, para su rebombeo a la planta potabilizadora; dicho rebombeo se hará con cuatro más una bombas tipo propelas con capacidad de 250 litros por segundo cada una.

8. El costo total de la construcción de una presa derivadora para el abastecimiento de agua potable en el municipio de Poza Rica de Hidalgo del estado de Veracruz es de $81,880,000.00 (ochenta y un millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional)

Para efectos de la obra propuesta se hace notar que se cuenta con los estudios técnicos mínimos , como lo son: proyecto ejecutivo; estudio costo beneficio y el estudio de factibilidad, mismos que se acompañan al presente punto de acuerdo, a través de disco compacto (archivo electrónico) formando parte integrante del mismo.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter respetuosamente a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se incluya en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 una partida presupuestal suficiente en el rubro del sector recursos hidráulicos, para la construcción de una presa derivadora para el abastecimiento de agua potable en el municipio de Poza Rica de Hidalgo del estado de Veracruz.

Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados, 26 de octubre del año 2010.— Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el hospital de segundo nivel en Cazones de Herrera, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito legislador, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que sean considerados recursos económicos suficientes dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para llevar a cabo la construcción del hospital de segundo nivel en el municipio de Cazones de Herrera, del estado de Veracruz, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El municipio de Cazones de Herrera, del estado de Veracruz, el cual se conforma de 37 comunidades y 8 barrios en su cabecera municipal, contando con una población total de 23,059 habitantes, siendo la mayor parte de su población de tipo rural.

2. El derecho a la salud, es una garantía individual y está plasmada en el artículo 4o. de la Constitución, el cual establece “....Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución...”. Artículo en el cual se definen las bases que hacen realidad un conjunto de instituciones públicas sobre las que recae la responsabilidad de garantizar el acceso al derecho a la salud.

El derecho a la salud es una conquista de los mexicanos basada en los derechos fundamentales del ser humano, hacerla realidad es responsabilidad del estado.

Consideraciones

1. El Plan Nacional de Desarrollo señala entre sus objetivos prioritarios la modernización e instalación de nuevos servicios públicos de salud.

2. La seguridad social es un derecho de todos los asalariados suscritos a alguno de los sistemas de salud pública: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Seguro Popular, o bien pertenecientes a la planilla laboral de Pemex y CFE. Todas las personas que gozan de este tipo de prestación se denominan derechohabientes.

3. La dotación de equipamientos de salud, clínicas y hospitales, buscan satisfacer las necesidades de la población; la cobertura puede resultar ineficiente desde la perspectiva de falta de equipamientos, o bien, desde la calidad del trato que el personal ofrece a los pacientes.

La tabla siguiente muestra como del total de la población del municipio de Cazones de Herrera, menos de la mitad cuentan con acceso a algún tipo de institución de seguridad social.

4. La cobertura de servicios médicos dentro del municipio de Cazones de Herrera Ver., se encuentra como sigue: sólo el 39.59% de la población total tiene acceso a servicios médicos subsidiados, es decir, son derechohabientes; de este porcentaje, el 46.51% son hombres y el 53.49% son mujeres.

3. En el municipio de Cazones de Herrera Ver., aún existe un rezago importante en materia de salud; 13 mil 810 habitantes no cuentan con ningún tipo de servicio de seguridad social. En la tabla siguiente se aprecia esta situación.

4. La gráfica siguiente muestra como el 59.89% de la población de Cazones de Herrera no tiene acceso a ninguna institución de servicios de seguridad social; de este porcentaje, el 61.68 % son hombres y el 58.19 % mujeres.

El grueso de la cobertura la tiene el Seguro Popular con el 66.82 % de los derechohabientes afiliados; le sigue el sistema IMSS con el 21.95%; seguido del ISSSTE con 8.52 %.

5. El Equipamiento urbano del rubro de salud en el municipio de Cazones de Herrera es de sólo dos instituciones de salud pertenecientes a los sistemas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) e IMSS-Oportunidades; en las siguientes tablas se muestra como están distribuidas estás instituciones a lo largo del municipio.

En el municipio de Cazones de Herrera no existe equipamiento urbano del IMSS, ISSSTE y Pemex, ni se registran clínicas particulares.

6. En el ámbito regional, el municipio de Poza Rica Ver., es el único municipio que cuenta con un hospital general con capacidad de quirófano y hospitalización; esta característica lo convierte en un punto nodal, pues la población de los municipios aledaños se traslada a dicho equipamiento para recibir atención médica.

En la siguiente imagen se representan las vías de comunicación que unen Cazones de Herrera con el resto de la región, y el estado; los círculos verdes señalan las localidades que cuentan con equipamientos con capacidad de hospitalización y quirófano.

7. en términos de lo anterior se debe de reconocer el alto grado de marginación que tiene la población del municipio de Cazones de Herrera, del estado de Veracruz, y que dicho municipio no cuenta con un hospital público que pueda dotar de servicios de salud a la población, y que complemente los servicios que a la fecha otorgan los centros de salud o los IMSS Oportunidades que solo proporcionan servicios de consulta externa o de diagnostico, ya que para poder contar con el acceso a servicios médicos de especialidades, lo habitantes tienen en la actualidad que trasladarse a mas de 50 kilómetros de distancia ( más de una hora de recorrido) hasta la ciudad de poza rica Veracruz, municipio más cercano que cuenta con servicios de salud en todos sus niveles, ( como se observa en la grafica anterior), hospital que inclusive se encuentra ya saturado por atender a un gran número de pacientes de diversos municipios, por lo cual y con la finalidad de disminuir el problema actual de falta de servicios de salud en dicho municipio Se propone la construcción de una clínica hospital de especialidades (hospital de segundo nivel) como visión transformadora del municipio Cazones de Herrera del estado de Veracruz y al mismo tiempo en reconocimiento al derecho a la salud del pueblo de Cazones de Herrera Veracruz.

8. El costo total de la construcción del hospital de segundo nivel que se propone asciende a un total de $39, 381,265.81 (treinta y nueve millones trescientos ochenta y un mil doscientos sesenta y cinco pesos 81/100 moneda nacional)

Para efectos de la obra propuesta se hace notar que se cuenta con los estudios técnicos mínimos, como lo son: proyecto ejecutivo; estudio costo beneficio y el estudio de factibilidad, mismos que se acompañan al presente punto de acuerdo, a través de disco compacto (archivo electrónico) formando parte integrante del mismo.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter respetuosamente a consideración de esta Cámara la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se incluya en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 una partida presupuestal suficiente en el rubro del sector salud, para la construcción del hospital de segundo nivel en el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz.

Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados, 26 de octubre del año 2010.— Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el camino rural Kilómetro 31-Tejamanil, en Cazones de Herrera, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito legislador, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que sean considerados recursos económicos suficientes dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para llevar a cabo la construcción del camino rural kilómetro 31-Tejamanil comprendido del kilómetro 0+000 al 7+300 en el municipio de Cazones de Herrera, del estado de Veracruz, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El municipio de Cazones de Herrera, del estado de Veracruz, el cual se conforma de 37 comunidades y 8 barrios en su cabecera municipal, contando con una población total de 23,059 habitantes, siendo la mayor parte de su población de tipo rural. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del Inegi para el 2005, el municipio cuenta con un total de 23 mil 59 habitantes.

2. El municipio de Cazones de Herrera limita al norte con el municipio de Tuxpan y se comunica con el por medio de carretera estatal libre no dividida, al sur limita con el municipio de Papantla y se comunica por medio de carretera estatal no dividida, al este limita con el Golfo de México y al Oeste con el municipio de Tihuatlán y la comunicación es por medio de carretera estatal no dividida y se conecta con una carretera de cuota no dividida. Al interior del municipio la comunicación vía terrestre es por medio de caminos rurales, de terracería y carreteras municipales.

3. El municipio de Cazones de Herrera, del estado de Veracruz, cuenta en la actualidad con la siguiente

Red carretera (longitud en kilómetros)

Total en el municipio: 68.0

Troncal federal pavimentada: 0.0

Alimentadoras estatales pavimentadas: 58.5

Alimentadoras estatales revestidas: 0.0

Caminos rurales pavimentados: 0.0

Caminos rurales revestidos: 9.5

4. Dentro de la red carretera, el camino rural y alimentador constituye un activo de gran importancia regional y local, ya que a través de ellos es posible la comunicación permanente entre los centros de población y producción en el medio rural, el acceso de amplios grupos de población a la salud y educación como satisfactores básicos para mejorar su calidad de vida, así como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo general.

5. Impulsar y apoyar la construcción, modernización y reconstrucción de los caminos para coadyuvar al desarrollo económico y social de las pequeñas comunidades, facilitar su acceso a los servicios de salud y educación, generar empleos e inducir el intercambio de productos y servicios.

Consideraciones

1. El Plan Nacional de Desarrollo señala entre sus objetivos prioritarios la modernización e instalación de la red carretera del país, incluyendo en ellas los caminos rurales.

2. El camino rural se caracteriza por ser de un carril a base de terracerías revestidas no compactadas y con obras de drenaje que permiten transitarlos en cualquier época del año; se encuentran a cargo del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de una gran variedad de dependencias, organismos y empresas públicas y privadas. Los caminos rurales representan 48 por ciento de la red carretera nacional.

3. Entre los objetivos de la presente administración federal se encuentra asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr una mayor conexión del país, misma que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía

4. El municipio de Cazones de Herrera limita al norte con el municipio de Tuxpan y se comunica con el por medio de carretera estatal libre no dividida, al sur limita con el municipio de Papantla y se comunica por medio de carretera estatal no dividida, al este limita con el Golfo de México y al Oeste con el municipio de Tihuatlán y la comunicación es por medio de carretera estatal no dividida y se conecta con una carretera de cuota no dividida. Al interior del municipio la comunicación vía terrestre es por medio de caminos rurales, de terracería y carreteras municipales.

5. El municipio de Cazones de Herrera del estado de Veracruz sus comunidades requieren de mayores y mejores vías de comunicación que les permita comercializar sus productos y desplazarse de un lugar a otro de manera segura y acceder a través de esta vías de comunicación a los diversos servicios públicos que requiere la población, por lo cual se considera necesaria la construcción del camino rural kilómetro 31—Tejamanil del kilómetro 0+000 al 7+300.

8. El costo total de la construcción del camino rural kilómetro 31—Tejamanil, del kilómetro 0+000 al 7+300, que se propone asciende a un total de $$18,508,748.59 (dieciocho millones quinientos ocho mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional)

Para efectos de la obra propuesta se hace notar que se cuenta con los estudios técnicos mínimos, como lo son: proyecto ejecutivo; estudio costo beneficio y el estudio de factibilidad, mismos que se acompañan al presente punto de acuerdo, a través de disco compacto (archivo electrónico) formando parte integrante del mismo.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter respetuosamente a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se incluya en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 una partida presupuestal suficiente en el rubro del sector comunicaciones y transportes, para la construcción del camino rural kilómetro 31—Tejamanil, del kilómetro 0+000 al 7+300, en el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz.

Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados, 26 de octubre del año 2010.— Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el camino rural Plan de Limón-Zapata, en Cazones de Herrera, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito legislador, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que sean considerados recursos económicos suficientes dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para llevar a cabo la construcción del camino rural Plan de Limón-Zapata comprendido del kilómetro 0+000 al 6+920 en el municipio de Cazones de Herrera, del estado de Veracruz, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El municipio de Cazones de Herrera, del estado de Veracruz, el cual se conforma de 37 comunidades y 8 barrios en su cabecera municipal, contando con una población total de 23,059 habitantes, siendo la mayor parte de su población de tipo rural. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del Inegi para el 2005, el municipio cuenta con un total de 23 mil 59 habitantes.

2. El municipio de Cazones de Herrera limita al norte con el municipio de Tuxpan y se comunica con el por medio de carretera estatal libre no dividida, al sur limita con el municipio de Papantla y se comunica por medio de carretera estatal no dividida, al este limita con el Golfo de México y al Oeste con el municipio de Tihuatlán y la comunicación es por medio de carretera estatal no dividida y se conecta con una carretera de cuota no dividida. Al interior del municipio la comunicación vía terrestre es por medio de caminos rurales, de terracería y carreteras municipales.

3. El municipio de Cazones de Herrera, del estado de Veracruz, cuenta en la actualidad con la siguiente

Red carretera (longitud en kilómetros)

Total en el municipio: 68.0

Troncal federal pavimentada: 0.0

Alimentadoras estatales pavimentadas: 58.5

Alimentadoras estatales revestidas: 0.0

Caminos rurales pavimentados: 0.0

Caminos rurales revestidos: 9.5

4. Dentro de la red carretera, el camino rural y alimentador constituye un activo de gran importancia regional y local, ya que a través de ellos es posible la comunicación permanente entre los centros de población y producción en el medio rural, el acceso de amplios grupos de población a la salud y educación como satisfactores básicos para mejorar su calidad de vida, así como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo general.

5. Impulsar y apoyar la construcción, modernización y reconstrucción de los caminos para coadyuvar al desarrollo económico y social de las pequeñas comunidades, facilitar su acceso a los servicios de salud y educación, generar empleos e inducir el intercambio de productos y servicios

Consideraciones

1. El Plan Nacional de Desarrollo señala entre sus objetivos prioritarios la modernización e instalación de la red carretera del país, incluyendo en ellas los caminos rurales.

2. El camino rural se caracteriza por ser de un carril a base de terracerías revestidas no compactadas y con obras de drenaje que permiten transitarlos en cualquier época del año; se encuentran a cargo del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de una gran variedad de dependencias, organismos y empresas públicas y privadas. Los caminos rurales representan 48 por ciento de la red carretera nacional.

3. Entre los objetivos de la presente administración federal se encuentra asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr una mayor conexión del país, misma que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía.

4. El municipio de Cazones de Herrera limita al norte con el municipio de Tuxpan y se comunica con el por medio de carretera estatal libre no dividida, al sur limita con el municipio de Papantla y se comunica por medio de carretera estatal no dividida, al este limita con el Golfo de México y al Oeste con el municipio de Tihuatlán y la comunicación es por medio de carretera estatal no dividida y se conecta con una carretera de cuota no dividida. Al interior del municipio la comunicación vía terrestre es por medio de caminos rurales, de terracería y carreteras municipales.

5. El municipio de Cazones de Herrera del estado de Veracruz sus comunidades requieren de mayores y mejores vías de comunicación que les permita comercializar sus productos y desplazarse de un lugar a otro de manera segura y acceder a través de esta vías de comunicación a los diversos servicios públicos que requiere la población, por lo cual se considera necesaria la construcción del camino rural Plan de Limón-Zapata, comprendido del kilómetro 0+000 al 6+920.

8. El costo total de la construcción del camino rural Plan de Limón-Zapata comprendido del kilómetro 0+000 al 6+920, que se propone asciende a un total de $16,928,589.39 (dieciséis millones novecientos veintiocho mil quinientos ochenta y nueve pesos 39/100 moneda nacional)

Para efectos de la obra propuesta se hace notar que se cuenta con los estudios técnicos mínimos, como lo son proyecto ejecutivo; estudio costo beneficio y el estudio de factibilidad, mismos que se acompañan al presente punto de acuerdo, a través de disco compacto (archivo electrónico) formando parte integrante del mismo.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter respetuosamente a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se incluya en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 una partida presupuestal suficiente en el rubro del sector comunicaciones y transportes, para la construcción del camino rural Plan de Limón-Zapata comprendido del kilómetro 0+000 al 6+920, en el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz.

Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados, 26 de octubre del año 2010.— Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el camino rural Cerro Verde-Boquillas, en Cazones de Herrera, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito legislador, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que sean considerados recursos económicos suficientes dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para llevar a cabo la construcción del camino rural Cerro Verde-Boquillas comprendido del kilómetro 0+000 al 7+300 en el municipio de Cazones de Herrera, del estado de Veracruz, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El municipio de Cazones de Herrera, del estado de Veracruz, el cual se conforma de 37 comunidades y 8 barrios en su cabecera municipal, contando con una población total de 23,059 habitantes, siendo la mayor parte de su población de tipo rural. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del Inegi para el 2005, el municipio cuenta con un total de 23 mil 059 habitantes.

2. El municipio de Cazones de Herrera limita al norte con el municipio de Tuxpan y se comunica con el por medio de carretera estatal libre no dividida, al sur limita con el municipio de Papantla y se comunica por medio de carretera estatal no dividida, al este limita con el Golfo de México y al Oeste con el municipio de Tihuatlán y la comunicación es por medio de carretera estatal no dividida y se conecta con una carretera de cuota no dividida. Al interior del municipio la comunicación vía terrestre es por medio de caminos rurales, de terracería y carreteras municipales.

3. El municipio de Cazones de Herrera, del estado de Veracruz, cuenta en la actualidad con la siguiente

Red carretera (longitud en kilómetros)

Total en el municipio: 68.0

Troncal federal pavimentada: 0.0

Alimentadoras estatales pavimentadas: 58.5

Alimentadoras estatales revestidas: 0.0

Caminos rurales pavimentados: 0.0

Caminos rurales revestidos: 9.5

4. Dentro de la red carretera, el camino rural y alimentador constituye un activo de gran importancia regional y local, ya que a través de ellos es posible la comunicación permanente entre los centros de población y producción en el medio rural, el acceso de amplios grupos de población a la salud y educación como satisfactores básicos para mejorar su calidad de vida, así como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo general.

5. Impulsar y apoyar la construcción, modernización y reconstrucción de los caminos para coadyuvar al desarrollo económico y social de las pequeñas comunidades, facilitar su acceso a los servicios de salud y educación, generar empleos e inducir el intercambio de productos y servicios.

Consideraciones

1. El Plan Nacional de Desarrollo señala entre sus objetivos prioritarios la modernización e instalación de la red carretera del país, incluyendo en ellas los caminos rurales

2. El camino rural se caracteriza por ser de un carril a base de terracerías revestidas no compactadas y con obras de drenaje que permiten transitarlos en cualquier época del año; se encuentran a cargo del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de una gran variedad de dependencias, organismos y empresas públicas y privadas. Los caminos rurales representan 48 por ciento de la red carretera nacional.

3. Entre los objetivos de la presente administración federal se encuentra asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr una mayor conexión del país, misma que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía

4. El municipio de Cazones de Herrera limita al norte con el municipio de Tuxpan y se comunica con el por medio de carretera estatal libre no dividida, al sur limita con el municipio de Papantla y se comunica por medio de carretera estatal no dividida, al este limita con el Golfo de México y al oeste con el municipio de Tihuatlán y la comunicación es por medio de carretera estatal no dividida y se conecta con una carretera de cuota no dividida. Al interior del municipio la comunicación vía terrestre es por medio de caminos rurales, de terracería y carreteras municipales.

5. El municipio de Cazones de Herrera del estado de Veracruz sus comunidades requieren de mayores y mejores vías de comunicación que les permita comercializar sus productos y desplazarse de un lugar a otro de manera segura y acceder a través de esta vías de comunicación a los diversos servicios públicos que requiere la población, por lo cual se considera necesaria la construcción delcamino rural Cerro Verde-Boquillas del kilómetro 0+000 al 7+300.

8. El costo total de la construcción del camino Cerro Verde-Boquillas del kilómetro 0+000 al 7+300, que se propone asciende a un total de $$18,008,748.59 (dieciocho millones ocho mil setecientos cuarenta y ocho pesos 59/100 moneda nacional)

Para efectos de la obra propuesta se hace notar que se cuenta con los estudios técnicos mínimos, como lo son proyecto ejecutivo; estudio costo beneficio y el estudio de factibilidad, mismos que se acompañan al presente punto de acuerdo, a través de disco compacto (archivo electrónico) formando parte integrante del mismo.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter respetuosamente a la consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se incluya en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 una partida presupuestal suficiente en el rubro del sector comunicaciones y transportes, para la construccióndel camino rural Cerro Verde-Boquillas del kilómetro 0+000 al 7+300 en el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz.

Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados, 26 de octubre del año 2010.— Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos al programa del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Elpidio Concha Arellano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como parte de la política económica y, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Economía, adscrito al Ramo 10, el Programa del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad; mejor conocido por sus siglas como Fonaes con cobertura en las 31 entidades federativas del país y el Distrito Federal, apoya las iniciativas productivas, individuales y colectivas, de emprendedores, tanto de la población rural, campesinos, indígenas, así como de la población urbana con escasez de recursos, que demuestre su capacidad organizativa, productiva, empresarial para abrir o ampliar un negocio, ello, mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución y consolidación de empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social,

Este programa, que apoya económicamente el inicio de nuevos negocios o fortalece empresas ya establecidas, además de apoyar, con capacitación, las habilidades empresariales para hacerlas más competitivas, impulsa un esquema de capitalización de apoyos con la finalidad de que sus beneficiarios, de manera voluntaria, capitalicen los apoyos otorgados en efectivo para abrir o ampliar un negocio.

Los recursos de subsidios a la inversión asignados a este programa, se destinan a actividades prioritarias de interés general para detonar la generación de empleos, promover el desarrollo regional y territorial así como la articulación productiva; para impulsar el desarrollo de las habilidades y capacidades gerenciales, administrativas, técnicas, productivas y de comercialización de la población objetivo para mejorar su productividad y su participación en los mercados en condiciones competitivas; así como promover la transformación de grupos sociales en empresas sociales; y para fomentar la consolidación de la banca social a nivel nacional y acercar los instrumentos de ahorro y crédito popular a dicha población.

Para llevar a cabo todo lo anterior, Fonaes apoya actividades en las distintas ramas de la producción tales como en el ámbito agropecuario y forestal, del comercio, la industria, la minería y área de servicios.

En términos presupuestales y de financiamiento, este programa ha estado sujeto a variaciones ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2009 se aprobó un monto de 1mil 961 millones de pesos aún con las crisis económica mundial, nacional y las crisis sanitaria en nuestro país, en tanto, para 2010 sin la presencia de dichos fenómenos estructurales y circunstanciales y con una proyección de crecimiento y cierre económico al alza del PIB de 4.5%, sólo de 1808 millones de pesos es decir, una disminución de 153 millones de pesos igual al 8% y, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se propone una asignación de 1 mil 803 millones de pesos, aún menor al del presente año.

Las experiencias a las que se vio sujeta la población, a causa de los desastres naturales por fenómenos meteorológicos en distintas zonas y regiones de nuestro país tanto en el Norte como Sureste (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tabasco entre otras), con la pérdida de vidas humanas, sus bienes patrimoniales, así como los daños causados en infraestructura rural y urbana, a los servicios de electricidad, de abasto y de salud, y las incontables pérdidas en cultivos y producción agrícola, entre otras ramas productivas, merece de esta Soberanía, la valoración objetiva de apoyo presupuestal y por parte del Ejecutivo Federal de una mejor articulación de programas que permitan a la población en sus regiones, superar no solo las contingencias coyunturales, sino su atraso estructural, el mejoramiento en calidad de vida y fomento al arraigo en sus comunidades.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, uno de sus objetivos es impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos productivos. En este sentido y para dar congruencia a lo anterior, es que se propone para este programa una asignación adicional por un monto de 200 millones de pesos y ello le permita por lo menos mantener un nivel de financiamiento similar o superior en este caso al presupuesto aprobado de 2009.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública a considerar e integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos adicionales por un monto de 200 millones de pesos para el programa del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes).

Palacio Legislativo, a 5 de noviembre de 2010.— Diputado Elpidio Concha Arellano (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para llevar a cabo la primera etapa de la construcción de una presa de almacenamiento con fines de riego en Tetela de Ocampo y Cuautempan, Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Malco Ramírez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el cual se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desa-rrollo Rural, de la Cámara de Diputados, que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos etiquetados para la construcción de una presa de almacenamiento con fines de riego en los municipios de Tetela de Ocampo y Cuautempan, Puebla, con base en las siguientes

Consideraciones

El gobierno del estado de Puebla presentó en tiempo y forma diversos proyectos en materia de desarrollo rural y serán impulsados por las y los diputados poblanos para ser considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, específicamente me refiero a la primera etapa de la construcción de una presa de almacenamiento con fines de riego en los municipios de Tetela de Ocampo y Cuautempan.

Haciendo uso de las facultades, que nos otorga la Carta Magna, me permito someter a consideración de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Presupuesto y Cuenta Pública el presente punto de acuerdo, a fin de poder considerar recursos adicionales etiquetados para construcción de una presa de almacenamiento con fines de riego, con su pertinente sustento.

Más allá de colores partidistas las y los legisladores debemos considerar la importancia de impulsar el compromiso mexicano y establecerlo como prioridad. Debemos garantizar que las mujeres y hombres de todo el país puedan acceder cada vez de manera más sencilla y de mejor calidad a los sistemas de producción agrícola y que cuenten con agua suficiente en cantidad y calidad.

Los legisladores tenemos la posibilidad de lograr esas metas, dirigiendo los presupuestos federales, hacia las necesidades más sentidas de la ciudadanía y colocarnos en niveles de competitividad en materia agrícola.

Tetela de Ocampo y Cuautempan son dos municipios del estado de Puebla que se encuentran en la región de la Sierra Norte. Dada su ubicación geográfica, el Gobierno actual considera prioritario construir una presa de almacenamiento con fines de riego.

En términos generales, la construcción de esta presa, pretende dotar de agua a cientos de hectáreas de cultivos que hoy no cuentan con el vital líquido para incrementar la productividad en las plantaciones de maíz, fríjol, jitomate y chile en el caso de los invernaderos, además de buscar productos alternativos a la producción tradicional que se lleva a cabo desde hace años.

Con esta construcción se generarán 1199 empleos directos, se beneficiarán de forma directa mil 436 hectáreas de riego y de forma indirecta 363 hectáreas al transferir agua de los manantiales a superficies que no tienen riego en las partes altas, esto con una inversión de trescientos veintidós millones ochenta mil pesos.

Desarrollar el próximo año este proyecto de infraestructura agrícola, se vuelve de vital importancia para nosotros los legisladores poblanos, ya que se subsanará una necesidad real de producción agrícola al buscar alternativas de riego a base de tubería a alta presión, para establecer sistemas de riego presurizados aprovechando la carga natural que da la topografía del terreno en la región.

Por lo expuesto, fundado y en cumplimiento a lo que establece el “acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y la discusión del PEF de 2011, publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 3093, del miércoles 8 de septiembre de 2010”, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Rural, de la Cámara de Diputados, a etiquetar recursos por trescientos veintidós millones ochenta mil pesos en el ramo 08, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a fin de llevar a cabo la primera etapa de la construcción de una presa de almacenamiento con fines de riego, en los municipios de Tetela de Ocampo y Cuautempan, Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Malco Ramírez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a la creación del fondo nacional para rehabilitar, remodelar y modernizar mercados públicos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI

Omar Fayad Meneses, diputado por el estado de Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

1.Una de las figuras que han formado parte esencial de nuestra cultura dentro de las actividades comerciales con un origen que se remonta a la época prehispánica. Fueron los mercados que funcionaban en aquella época, destacando en la era de Moctezuma Ilhuicamina el mercado de la ciudad en la plaza principal.

2.Existen otras referencias de los mercados públicos, desde los especializados como el mercado de sal en Atenatitlan, el mercado de Acolman.

3.Esta tradición ha perdurado durante siglos, existen hoy en dia pequeños mercados que se establecen en Municipios, barrios e incluso en colonias de las zonas urbanas, que fueron creados para abastecer los productos básicos y socialmente necesarios para el consumo del pueblo de México, en losque principalmente las personas de escasos recursos realizan sus compras diarias, permitiéndoles acceder a productos a granel, frescos, de calidad y a precios accesibles, a la vez que permite que los pequeños introductores y campesinos aseguren su subsistencia e ingresos, al ofertar sus productos sin necesidad de recurrir a la explotación de voraces intermediarios.

4.Sin embargo esta tradición se encuentra en riesgo de de-saparecer afectando a miles de personas que se ganan el sustento como locatarios de los mercados, ante la invasión de grandes corporativos que ofertan productos de calidad, a precios que impiden la libre competencia, acaparando la actividad comercial de productos perecederos en perjuicio, una vez más, de los sectores más desprotegidos que viven prácticamente al día.

5.A pesar de esto, existen Mercados Públicos que se niegan a desaparecer, pese a subsistir precariamente y tener que enfrentar infinidad de dificultades para competir en un campo en el que predomina el más poderoso; dejando en estado de indefensión, tanto a los comerciantes como a los consumidores que son atrapados en falsas promociones y ofertas de las cadenas comerciales que han monopolizado el comercio. Hoy los mercados tradicionales se encuentran en un deterioro de sus instalaciones y con métodos obsoletos de comercialización por la carencia de recursos propios para mantener sus operaciones mercantiles.

6.Pese a que como lo señala el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es cierto que es responsabilidad de los municipios la administración y funcionamiento de los mercados públicos y debieran ser ellos quienes apoyarán directamente las operaciones, también es cierto que la gran mayoría de los municipios no cuenta con recursos ni con asignaciones presupuestales que les permita hacer frente a esta obligación, teniendo que evadirla pese a la importancia que representa la operación de un mercado público en el desarrollo de una comunidad, condenando esta actividad a desaparecer paulatinamente en perjuicio de un amplio sector de la población.

Por ello y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se considere la urgente creación de un Fondo Nacional para la Rehabilitación, Remodelación y Modernización de Mercados Públicos, dentro del ramo 23, “Provisiones Salariales y Económicas”,a fin de asegurar la permanencia y eficacia de los mercados como una de las instituciones más antiguas y fuente de acceso a insumos de los mexicanos.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el ramo 23, quede establecido el fondo con una aportación de mil 500 millones de pesos que serán destinados al Fondo Nacional para la Rehabilitación, Remodelación y Modernización de Mercados Públicos, cuyos fondos serán destinados a los municipios que lo soliciten de acuerdo con las reglas que se establezcan para tal fin.

Tercero.Se pide a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que adicione un artículo transitorio en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, que dé legitimidad a la creación del al Fondo Nacional para la Rehabilitación, Remodelación y Modernización de Mercados Públicos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2010.— Diputados: Omar Fayad Meneses, Felipe Cervera Hernández, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Diego Guerrero Rubio, Alejandro Carabias Icaza, Juan Gerardo Flores Ramírez, Ariel Gómez León, Víctor Manuel Báez Ceja, María del Rosario Brindis Álvarez, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Luis Antonio Martínez Armengol, Fidel Kuri Grajales, Patricio Chirinos del Ángel, Genaro Mejía de la Merced, Armando Corona Rivera, Omar Rodríguez Cisneros, Israel Reyes Ledesma Magaña, Andrés Aguirre Romero, Pedro López Loyo, Fernando Ferreyra Olivares, María Estela de la Fuente Dagdug, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Yolanda de la Torre Valdez, David Hernández Pérez, Rafael Yerena Zambrano, Clara Gómez Caro, Martín Enrique Castillo Ruz, Liborio Vidal Aguilar, José Luis Marcos León Perea, Ernesto de Lucas Hopkins, Onésimo Mariscales Delgadillo, Violeta Avilés Álvarez, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Fernando Morales Martínez, Malco Ramírez Martínez, Julieta Octavia Marín Torres, Francisco Alberto Jiménez Merino, Alejandro Canek Vázquez Góngora, Fidel Kuri Grajales, Héctor Pedroza Jiménez, Alma Carolina Viggiano Austria, José Antonio Aysa Bernat, Olivia Guillén Padilla, José Trinidad Padilla López, Oscar Román Rosas González, Arturo Zamora Jiménez, Jesús Alberto Cano Vélez, Isaías González Cuevas, José Manuel Aguero Tovar, Luis Félix Rodríguez Sosa, Ramón Ramírez Valtierra, María Hilaria Domínguez Arvizu, Manuel Humberto Cota Jiménez, Paula Angélica Hernández Olmos, José Ignacio Pichardo Lechuga, Inocencio Ibarra Piña, Andrés Massieu Fernández, Fausto Sergio Saldaña del Moral, José Luis Soto Oseguera, Luis Antonio Martínez Armengol, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Francisco Herrera Jiménez, Adela Robles Morales (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la Universidad Nacional Autónoma Agraria Antonio Narro, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Héctor Franco López, integrantes de la coordinación de la diputación federal por Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de la LXI Legislatura, presentan a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 4 de marzo de 1923 fue fundada la Escuela Regional de Agricultura Antonio Narro con el principal objetivo de preparar jóvenes en una disciplina profesional para las labores del campo.

Posteriormente, en 1938, la Junta Directiva, por falta de recursos, se declara incapaz de sostener económicamente a la institución, por lo que pasa a depender del gobierno estatal, siendo gobernador el general Pedro Rodríguez Triana, cambiando su denominación a Escuela Superior de Agricultura y Ganadería del Estado de Coahuila por un corto periodo, ya que de 1951 a 1953, al depender nominalmente del Instituto Tecnológico de Coahuila, nuevamente es cambiado su nombre a Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro.

Es hasta 1975, que por decreto del honorable Congreso de Coahuila, se aprueba la iniciativa de transformación a Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y se expide su primera Ley Orgánica.

En el año 2006, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, entra en vigor la nueva Ley Orgánica de la UAAAN, con lo cual se reconoce el carácter nacional de la institución, al ser ahora un organismo público descentralizado de la administración pública federal, y se le dota de un marco jurídico-presupuestal que le garantiza que continúe desarrollándose como una de las mejores universidades del país, por su calidad, excelencia académica y prestigio nacional e internacional.

El proceso histórico de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, sienta las bases de una institución que se ha dedicado a proveer de conocimientos especializados y avanzados para el desarrollo del campo; a formar a los especialistas que el mundo rural necesita para optimizar sus procesos productivos y cuya misión es la de contribuir al desarrollo sustentable y equitativo de la sociedad mexicana en general y en particular en los sectores silvoagropecuario, alimentario y ambiental, en las áreas agropecuarias sociales, económicas y administrativas, mediante la generación, aplicación y divulgación con ética y excelencia de la ciencia y la tecnología.

En los últimos años, las instituciones públicas de educación agrícola superior y de investigación, reflejan una preocupante involución que afecta severamente al futuro del campo mexicano.

Desafortunadamente cada año el presupuesto asignado a las instituciones de educación agrícola se ve castigado y dichas instituciones languidecen en la pobreza de recursos, con escasez de docentes, de instrumentos, de instalaciones, de laboratorios, de campos de experimentación y de todos los medios que urge renovar y actualizar para profundizar la investigación avanzada y la enseñanza superior, indispensable para el desarrollo del campo.

El desarrollo rural necesita universidades e institutos superiores para contar con una base científica propia, capaz de generar las tecnologías y procedimientos que respondan a nuestra realidad ecológica, histórica y cultural y, también, como ocurre en estos tiempos de intensos intercambios de alimentos y otros productos orgánicos, para garantizar la sanidad, la inocuidad y la calidad de los productos, lo mismo que la conveniencia de los que vienen de otros países.

Para ello, es necesario preparar nuevas generaciones de técnicos para que apoyen a nuestros productores agropecuarios para la apertura comercial; dotarlos de los conocimientos necesarios para que puedan competir en calidad y precios en los mercados locales e internacionales, especialmente con nuestros socios del norte. Lo anterior, obliga a que se apoye en forma priporitaria con presupuestos mayores a las universidades y a los institutos de investigación y de enseñanza superior dedicados a la agricultura, para contar con fuentes propias de excelencia que ofrezcan adecuados conocimientos y habilidades.

Las universidades agrarias mexicanas sufren, cada año, el calvario de negociaciones, muchas veces infructuosas, para lograr los presupuestos indispensables para renovar sus equipos obsoletos, mejorar los sueldos de sus docentes e investigadores, incrementar sus programas de becas, adquirir las tecnologías más avanzadas a nivel mundial. Lo anterior con el fin de participar en condiciones de igualdad, en la permanente y acelerada transformación y perfeccionamiento que corresponde a las ciencias y las tecnologías de nuestro tiempo, especialmente desde que se abrió al conocimiento humano el rico universo de la manipulación genética.

En los últimos años las asignaciones presupuestarias por parte del Ejecutivo Federal a las instituciones de educación superior agrícola han estado siempre debajo de sus necesidades básicas, tal es el caso, de la Universidad Autónomo Agraria Antonio Narro, de Coahuila, una universidad que tiene el mérito de estar especializada en la dura realidad de las zonas áridas y semiáridas y donde acuden los hijos de los campesinos y de los recolectores del desierto, así como de jóvenes provenientes de distintos estados de la república.

Para esta universidad, las bajas asignaciones presupuestales se han mantenido constantes año con año, sin considerar siquiera los incrementos por inflación. Está condenada a un sistemático deterioro y a un bajo rendimiento en la esencia de su misión.

México necesita instituciones que ofrezcan una base científica propia, capaz de generar las tecnologías y procedimientos que respondan a la realidad ecológica, histórica y cultural, y también, como ocurre en estos tiempos de intensos intercambios de alimentos y otros productos orgánicos, para garantizar la sanidad, la inocuidad y la calidad de los productos, lo mismo que la conveniencia de los que vienen de otros países.

Sin una adecuada inversión en nuestras universidades agrarias, tecnológicas y centros de investigación rural, jamás se romperá el círculo vicioso del atraso del campo y estaremos renunciando a un desarrollo que se geste a partir de nuestra gente y de nuestras propias potencialidades.

Por lo expuesto y en virtud de la importancia que tiene para el país el impulso de instituciones que fomenten el desarrollo rural y en particular de una institución como la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro que ha brindado al país, decenas de generaciones que han impulsado acciones necesarias para incrementar la modernización, la eficiencia, la rentabilidad y la competitividad de los productores rurales, tanto en el contexto nacional como internacional, es que sometemos a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, para que, en el Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011, se asignen mayores recursos para la Universidad Nacional Autónoma Agraria Antonio Narro, en virtud de la importancia que tiene dicha institución en el ámbito agropecuario como impulsora del desarrollo rural de nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Franco López, (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para resolver la contaminación de arsénico en los pozos de Torreón, Coahuila, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Franco López y Miguel Ángel Riquelme Solís, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El país se enfrenta a una grave crisis: el agua dulce es un recurso limitado y su calidad se encuentra bajo presión constante.

El agua subterránea se considera un elemento indispensable en el suministro de diferentes tipos de usuarios. A escala nacional, 70 por ciento del suministro de agua potable en las ciudades depende de las aguas subterráneas; 75 millones de mexicanos, de poblaciones urbanas y rurales, dependen de la sustentabilidad de los acuíferos y de la calidad de sus aguas.

En México, por el continuo incremento de la demanda de agua dulce, ha aumentado el número de acuíferos sobreexplotados, lo cual ha ocasionado la disminución del volumen y de la calidad de los recursos, así como el abatimiento de éstos.

La sobreexplotación de las aguas subterráneas disminuye la calidad del agua y se considera un tipo de contaminación de ésta. La naturaleza petrográfica de los acuíferos y la sobreexplotación provocan un incremento progresivo de la mineralización de las aguas subterráneas, hasta llegar a límites en que la concentración de minerales hace el agua no apta para consumo humano.

Uno de los principales metaloides que aparece al sobreexplotarse un acuífero es el arsénico. La principal fuente del arsénico del agua de consumo es la disolución de minerales de origen natural; la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el arsénico como una sustancia a la que debe otorgarse prioridad en el análisis sistemático de las aguas para consumo humano, ya que puede afectar significativamente la salud de la población, debido a sus comprobados efectos cancerígenos principalmente en piel, vejiga y pulmones.

En Torreón, Coahuila, el acuífero principal muestra de una grave sobrexplotación provocada por la falta de responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua, encargada de vigilar el uso sustentable de los recursos hidráulicos del país. Cuando la capacidad de recarga de este acuífero es de 518,9 hectómetros cúbicos al año, la Conagua tiene autorizados aprovechamientos del orden de 1.010,8 hectómetros cúbicos al año, un grado de explotación de 195 por ciento.

Mediante una solicitud de acceso a la información, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón dio a conocer los resultados de los análisis periódicos realizados en 2009 sobre el contenido de arsénico en los diferentes pozos bajo su administración y que pertenecen al acuífero principal.

De los resultados proporcionados se desprende que 65 de los 76 pozos (86.7 por ciento) que surten de agua potable a los habitantes de Torreón rebasan los límites de concentración de arsénico establecidos por la OMS. Por tanto, consumir agua de éstos representa un riesgo para la salud.

Este año, debido a la preocupación del gobierno de Coahuila por la salud de los habitantes de Torreón, se tomó la decisión de destinar 40 millones de pesos con el objetivo de solucionar el problema. Sin embargo, de acuerdo con la legislación nacional en la materia, es obligación de la Conagua garantizar la sustentabilidad del acuífero principal, como a la población el abasto de agua suficiente en cantidad y calidad.

La situación en Torreón es alarmante y apremiante. La salud de sus habitantes debe ser prioridad; por tanto, el Presupuesto de Egresos de la Federación debe destinar recursos para solucionar el problema.

Por lo expuesto, los que suscriben, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 considere recursos que resuelvan la contaminación de arsénico en los pozos de Torreón, Coahuila.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de noviembre de 2010.— Diputados: Héctor Franco López, Miguel Ángel Riquelme Solís, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Fernández Aguirre (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para incorporar en el cuadro nacional de vacunación gratuita la inoculación contra el VPH, causante del cáncer cervicouterino, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero.Que la Organización Mundial de la Salud, define a la Salud, como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades y al Cáncer como el conjunto de enfermedades en las cuales células anormales se multiplican sin control, invaden los tejidos vecinos y pueden diseminarse a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático a otras partes del cuerpo; enfermedad que si no es atendida causa una muerte severamente dolorosa.

Segundo.De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el cáncer es ya este año, la primera causa de muerte en todo el mundo; a nivel global, se diagnostica alguna forma de cáncer a alrededor de 12,4 millones de personas y 7,6 millones mueren, de acuerdo al informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. “La carga global de cáncer se duplicó en los últimos 30 años del siglo XX y se estima que se duplicará nuevamente entre 2000 y 2020 y que casi se triplicará para 2030”, así que para 2030, 26,4 millones de personas serían diagnosticadas con cáncer y 17 millones morirían cada año como consecuencia de la enfermedad.

Tercero. Que la Organización Mundial de la Salud está diseñando una estrategia mundial de lucha contra el cáncer, enfermedad que cada año provoca 7 millones de muertes y que, entre el 75% y el 80% de los casos de cáncer, se dan en los países con ingresos medios y bajos. Se calcula que el número de muertes provocadas por el cáncer aumentará un 50% durante los próximos quince años, con lo que, en 2020 podría haber más de diez millones de defunciones anuales a causa de esta enfermedad. Estas naciones, lamentablemente, son las que menos capacidad tienen para invertir en técnicas de prevención, detección y tratamiento.

Cuarto.Que conforme a la información más reciente de la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Sistema Nacional de Geografía, Estadística e Informática, México es uno de los países con mayor número de mujeres que padecen y mueren por cáncer en el cuello del útero o llamado también, cáncer cérvico-uterino. La tasa de esta enfermedad es mayor de 20 en 100,000 habitantes, comparable a las tasas reportadas para países africanos y del sureste asiático. A nivel nacional, entre las causas de mortalidad en las mujeres, el 13.3% está representado por el cáncer cérvico-uterino y el 13.1% por el cáncer de mama.

Quinto. Que según datos del Centro de Estudios de Prevención del Cáncer, el cáncer cérvico-uterino, se asocia con la pobreza y marginación. En México, la población de alto riesgo la constituyen las mujeres indígenas y aquellas que viven en las zonas rurales y marginadas tanto en el campo como en la ciudad. Los estados del sur- sureste del país (Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Chiapas), son las regiones con mayor incidencia. En México cada año se diagnostican 16,000 casos nuevos y 4,600 mujeres mueren por esta enfermedad.

Sexto. Que según las últimas cifras en Guerrero, el cáncer, es ya la primera causa de mortalidad, en las mujeres, y la enfermedad registra en el último año, un incremento del 10% de casos; que el cáncer de mama, creció casi 80% y el 70% de dichos casos, son detectados en una etapa tardía, de dónde se desprende, la imperiosa necesidad de una política pública de alta prioridad, intensas campañas de información y detección oportuna y que brinde a las mujeres guerrerenses una atención de primer nivel, para sostener una lucha frontal contra esta dolorosa causa de mortalidad, que sólo puede mitigarse con tratamientos y medicamentos costosos y controlados, inaccesibles para amplios sectores, económicamente desprotegidos.

Séptimo. Que amplios sectores de la Medicina, sostienen que el cáncer-cérvico uterino, tiene su génesis en el virus del papiloma humano, y que origina, que a nivel nacional, 13 mujeres de manera diaria, mueran por esta causa. La Organización Mundial de la Salud, reconociendo la importancia del cáncer cérvico uterino, como un problema de salud mundial, recomienda incluir la vacuna contra el virus del papiloma humano, en los programas nacionales de inmunización.

Octavo. Que la vacuna contra el virus del papiloma humano, es preventiva y alcanza su mayor grado de efectividad cuando es suministrada a las mujeres antes de la primera relación sexual, y se aplica entre los 10 y 13 años de edad, por lo que, con una cobertura adecuada para todas las mujeres, no se desarrollaría más esta enfermedad, sin embargo, la principal barrera para su introducción en América y el Caribe, es su costo elevado, mil quinientos pesos aproximadamente, por lo que es necesario redoblar esfuerzos presupuestarios en este sentido.

Noveno. Que con sensibilidad, visión y compromiso de género, la LX Legislatura, a través de la Comisión de Equidad y Género, etiquetaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, recursos por 600 millones de pesos, para el diseño e implementación de un programa piloto para adquirir y aplicar la vacuna en contra del virus del papiloma humano.

Décimo. Que esta Asamblea, no puede permanecer indiferente a los sensibles lamentos de quienes padecen esta enfermedad, ante las altas tasas de mortalidad, que siendo una enfermedad prevenible sigue cobrando vidas y por el impacto económico que tiene en la economía de las familias, hoy tenemos la oportunidad de fortalecer la prevención y control integrado de esta enfermedad, con la introducción de la vacuna en contra del virus del papiloma humano, en el cuadro nacional de vacunación gratuita; razón por la que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea para que sea analizada y, en su caso, se apruebe la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La honorable Cámara de Diputados solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la Comisión de Equidad y Genero, y a la Comisión de Salud que, con fundamento en las facultades de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos presupuestales suficientes para incorporar dentro del Cuadro Nacional de Vacunación Gratuita, la vacuna contra el virus del papiloma humano causante del cáncer cérvico-uterino, cuando menos, los 600 millones de pesos etiquetados en el presupuesto 2009.

Segundo.La honorable Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Salud del gobierno federal que destine, dentro de los recursos presupuestales aprobados, la cantidad suficiente para incorporar dentro del cuadro nacional de vacunación gratuita la vacuna contra el virus del papiloma humano causante del cáncer cérvico-uterino

Nota:

1 Summary of Key Points 5 from WHO Position Paper, VPH Vaccines, April 9, 2009.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los proyectos de abastecimiento de agua en diversas zonas de Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero.Que la Coordinadora de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El Agua, fuente de vida” 2005-2015, Josefina Maestu, en el marco del último foro 2009, celebrado en Estambul, aseguró que gran parte de la lucha de hoy se centra en que, el agua, sea reconocida como un derecho universal.

Segundo.Que entendemos por agua potable, aquella que es apta para el consumo humano y para los demás usos domésticos. Ésta, además de ser limpia, ha de ser inodora, fresca y agradable. Debe contener algunos gases, especialmente aire y sales disueltas en pequeñas cantidades. No debe poseer materias orgánicas, gérmenes patógenos, ni sustancias químicas. Así, el agua es un bien indispensable para el desarrollo de toda civilización, ya que posibilita la expansión demográfica y los progresos de la producción, que van desde la Agricultura, hasta la Electrónica.

Tercero.Que la falta de disponibilidad de agua potable, es una de las principales carencias que sufre el ser humano, y que actualmente soportan en el mundo, mil doscientos millones de habitantes. Actualmente, mueren en el planeta, 15 millones de personas al año a causa de enfermedades causadas por la falta de disponibilidad de agua potable de calidad. Por ello, el abastecimiento de agua a la población, se encuentra directamente relacionado con la calidad de vida, debiéndose considerar como un derecho humano fundamental. De hecho, así está considerado por la Organización de las Naciones Unidas, desde el año 2006, en el marco del Foro Mundial del Agua, celebrado en esta Ciudad de México.

Cuarto. Que en este orden de ideas, el sistema de agua potable puede conceptuarse como el conjunto de elementos íntimamente relacionados que tienen por fin ofrecer a una comunidad el agua potable que requiere, de acuerdo con sus necesidades sociales, productivas e individuales, así como llevar a otro lugar, las aguas utilizadas, pluviales y desechos humanos e industriales, para que puedan ser tratadas y posteriormente, se les asigne su reutilización o verterlas en cauces naturales. En todo caso, debe asegurarse no ocasionar degradación alguna del sistema ecológico, procurando mantener las condiciones generales naturales de la zona o lugar de que se trate.

Quinto. Que los sistemas de agua potable y alcantarillado constituyen un servicio público, de fundamental importancia para la sobrevivencia y bienestar social de la población de los municipios, aunque en muchos casos éstos, presenten problemas administrativos, técnicos y operativos.

Sexto. Que la responsabilidad constitucional recae directamente sobre los Ayuntamientos, ya que por disposición de la Fracción III, inciso a, del artículo 115 de nuestra carta fundamental, se obliga a las autoridades municipales a encauzar sus acciones para hacer estos sistemas más eficientes, ya sea reorganizando la estructura existente o bien construyendo nuevas obras públicas, teniendo presente que el agua potable debe abastecerse en cantidad, calidad y oportunidad que la comunidad demande.

Séptimo. Que asolados económicamente por la crisis financiera que azota a economías dependientes como la nuestra, los municipios de nuestro país, como Acapulco, Guerrero, enfrentan graves problemas en materia de ampliación y rehabilitación de redes de agua potable y saneamiento de aguas residuales, los cuales se acrecientan, toda vez, que no cuentan con la disponibilidad de recursos para llevar a cabo las ampliaciones y restauraciones que sus sistemas de agua potable les demandan, lo que, obviamente, deriva en una deficiente prestación de estos servicios que irritan a una sociedad cada vez, más contestataria en el ejercicio de sus derechos.

Octavo. Que si bien es cierto, que Acapulco, es conocido internacionalmente como uno de los destinos turísticos por excelencia, por los atractivos naturales como la Quebrada o sus cálidas playas de la bahía de Santa Lucía, Caletilla, Caleta, La Roqueta, Playa Hornos, Tlacopanocha, Playa Suave, Playa Carabali, El Morro, Condesa, Copacabana, Icacos, Puerto Marques, Majahua, Revolcadero, Punta Diamante, entre otras, que no sólo han sido fuente de legendaria inspiración popular, cinematográfica y poética, sino una plaza financiera, donde los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, han contribuido a detonar la fama internacional que se ha ganado a pulso y que han motivado incluso, que el 80% de los recursos propios que dinamizan la economía estatal, sean generados por la actividad turística, mientras que el 20% restante el sector agrícola; lo que indiscutiblemente hace que nuestro destino económico y financiero dependa en gran medida del tratamiento que el gobierno y esta representación nacional, otorguen al sector turístico y a los servicios básicos de un destino tan emblemático y fundamental, como lo es Acapulco.

Noveno. Que en atención a que esta representación nacional, juega un papel crucial, para detonar la gobernabilidad de los municipios, en virtud de la responsabilidad que esta Cámara ejerce en materia presupuestaria, para incluir importantes apoyos financieros, a través de los diversos Programas a cargo de la Comisión Nacional del Agua, enfocados a la rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento en los municipios, como es el caso del municipio de Acapulco, que además de ser un municipio de honda tradición turística, concentra al 23.46% de la población total del Estado, con una tasa media anual de crecimiento vigorosa, concentrada fundamentalmente en la cabecera municipal.

Décimo. Que en virtud de que la zona de las colonias Zapata, Renacimiento, Norponiente y Pie de la Cuesta del municipio de Acapulco, presentan brutales deficiencias en sus sistemas de agua potable, es necesario exhortar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la honorable Cámara de Diputados para que se destinen al municipio de Acapulco de Juárez, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, cuando menos 130 millones de pesos, que permitan cumplir con sus esenciales requerimientos en materia de este vital servicio público.

Por lo anterior, resulta de sobrada razón y urgente necesidad implementar acciones, programas y reorientar recursos que busquen resolver los graves problemas que en materia de sistemas de agua potable y alcantarillado, poseen municipios como Acapulco, a efecto de que esta Soberanía Nacional, tenga a bien aprobar, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Sexagésima Primera Legislatura hace respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la honorable Cámara de Diputados para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se asignen, cuando menos, 130 millones de pesos, a los proyectos de abastecimiento de agua del municipio de Acapulco, Guerrero, en la zona Zapata- Renacimiento (90.5 millones de pesos) y en la Zona Norponiente y Pie de la Cuesta (49.45 millones de pesos).

Segundo.La Sexagésima Primera Legislatura hace respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a efecto de que destinen 130 millones de pesos de los recursos presupuestales aprobados con la finalidad de llevar a cabo los proyectos de abastecimiento de agua del municipio de Acapulco, Guerrero, en la zona Zapata- Renacimiento (90.5 millones de pesos) y en la zona norponiente y Pie de la Cuesta (49.45 millones de pesos).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los proyectos de rescate y mejoramiento de la imagen urbana y la diversificación de la oferta turística del centro histórico de Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La Organización Mundial del Turismo determina que “el turismo comprende las actividades de personas que viajan y permanecen en lugares fuera de su ambiente usual durante no más de un año consecutivo con fines de gozar de tiempo libre, negocios u otros”. Esta definición fue adoptada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas el 4 de marzo de 1993 y se utiliza para definir y clasificar las actividades turísticas internas e internacionales.

2. El turismo es la combinación de actividades, servicios e industrias que suministran una experiencia de viaje como transporte, alojamiento, establecimientos para comer y beber, tiendas, espectáculos y otras instalaciones para actividades diversas para individuos o grupos que viajan fuera de casa.

3. Nuestro país ocupa el lugar 10 en el ranking de países más visitados en el mundo y la Organización Mundial del Turismo plantea que para el año 2020, México podrá llegar al número 8, con 48 millones 900 mil turistas por año, con un crecimiento de 3.3% anual de este mercado, lo que permitiría elevar el producto interno bruto per cápita de México, lo que significaría empleos y derrama económica mayúscula.

4. Por ello, es necesario elevar la inversión en el sector privado y público a través del ramo 21 y que inciden en el de-sarrollo sectorial turístico, por ejemplo, conservación de sitios y monumentos históricos y arqueológicos, cultura, infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, capacitación, apoyo a Pymes, educación, fomento a las artesanías, servicios migratorios, entre otros.

5. Acapulco, es un destino turístico pionero y representa un símbolo emblemático de esta actividad en el país y en el mundo, por lo que es importante dotarlo de recursos presupuestales que permitan, no sólo, el rescate y rehabilitación de su infraestructura, sino, la diversificación de la oferta turística que ofrece.

6. La tendencia actual del desarrollo Turístico urbano incorpora la recuperación de los centros históricos y antiguos y de las áreas obsoletas, especialmente todas aquellas que por su naturaleza histórica, arqueológica y cultural, representan un referente de identidad, las cuales se convierten en el Génesis de un lugar como el caso de Acapulco.

7. Con el tiempo estos centros y áreas turísticas, se han ido degradando y convirtiendo en núcleos de marginación que, además, actúan de barrera entre las restantes áreas urbanas y su conexión con otros sitios de interés turístico, rompiendo el continuo urbano y la recuperación de espacios que en el turismo es primordial por cuanto a que gran parte de lo que se oferta en un centro turístico lo es la imagen del destino.

8. La recuperación y reconversión, manteniendo al máximo a las personas y los elementos significativos y de valor en el territorio, pero especialmente de valor turístico, constituye un nuevo eje de políticas públicas, que pugnan por la recuperación de sitios históricos, que permitan el mantenimiento, desarrollo y diversificación de los destinos turísticos.

9. El centro histórico de la ciudad de Acapulco es un espacio urbano donde convergen todo tipo de actividades y personas; por antonomasia es el lugar de esparcimiento dominical, incluyendo las zonas adyacentes de los llamados Barrios Históricos del puerto, como lo son El Barrio de Petaquillas, La Guinea, El Capire, El Pozo de la Nación, El Teconche, La Quebrada, La Playa, La Poza, La Pocita, La Candelaria, entre otros.

10. Para el propósito de seguir impulsando el desarrollo turístico de Acapulco, es imprescindible evitar que el deterioro de uno de sus espacios más importantes, como lo es su centro histórico, incluyendo, el Zócalo, La Quebrada, El Fuerte de San Diego, La Casa de Diego Rivera y el Fortín Álvarez, proyecten un efecto de contaminación y afecten por su envejecimiento a áreas sustantivas e importantes de este destino turístico.

11. En esta zona se ubica, también, la terminal marítima a donde arriba el turismo de cruceros, a los que hay que garantizar seguridad, calidad y limpieza y embellecimiento del entorno, pues el embellecimiento de un lugar distingue, eleva el nivel de competitividad del espacio o destino turístico y le agrega un plus sobre los servicios de infraestructura y estructura turística.

12. Por lo anterior, resulta importante incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, dentro de los recursos del programa: (k) proyectos de inversión, (021) proyecto de infraestructura de Turismo; (026) otros proyectos; los siguientes:

1. Proyecto de programa de rescate y mejoramiento de la imagen urbana del centro histórico de Acapulco, que incorporará al centro histórico de Acapulco a la oferta de atractivos turísticos históricos-culturales y elevará el nivel de competitividad del destino. (20 millones de pesos).

2. Proyecto de rehabilitación del Fortín Álvarez, obra arquitectónica del México Colonial, la segunda única del país, de gran importancia histórica, que sería convertido en museo comunitario, al servicio del Turismo. (3 millones de pesos).

3. Proyecto Concha Acústica en Sinfonía del Mar, que permitirá reforzar el atractivo turístico de la zona tradicional de Acapulco, diversificando su oferta, y reactivar el disfrute de los famosos atardeceres en Acapulco, con la espectacular puesta del sol, observada con un fondo musical de las más alta calidad internacional, con la actuación de la Orquesta Filarmónica de Acapulco (2 millones de pesos)

4 Corredor turístico cultural Diego Rivera, el cual ofrecerá al visitante una nueva alternativa de atractivo turístico cultural en el Acapulco tradicional, pero además, permitirá dotar de un valor agregado a la zona relanzando al mural del maestro Diego Rivera, ubicado en la calle inalámbrica del cerro de la Pinzona a la cual también se le cambiara el nombre a “Diego Rivera” (Exekatlkalli o Quinta las Brisas) (4.6 millones de pesos).

5. Museo del Clavadista en la tradicional zona de La Quebrada, sin duda alguna, y por antonomasia el icono turístico que distingue a Acapulco y a nuestro país, es el mundialmente conocido clavadista de la Quebrada. Elevar ese justo reconocimiento es elogiar sus hazañas y también justo es el consagrarles el lugar de la fama merecida en un lugar denominado “Museo del Clavadista de Acapulco” (2. millones de pesos).

6. Proyecto pavimentación con concreto hidráulico de la costera Miguel Alemán tramo del parque Papagayo a la zona de Caleta. El deterioro de los centro turísticos tradicionales como Acapulco es una constante en el entorno nacional, la principal avenida turística del puerto requiere de una importante inversión que no ha tenido y la cual quedo sin terminarse desde el sexenio del ex presidente Echeverría, evitar el envejecimiento y deterioro del centro turístico tradicional por antonomasia es un acto de justicia para toda la nación y para el turismo (200 millones de pesos).

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Sexagésima Primera Legislatura hace respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Turismo, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se asignen, cuando menos, 231.600 millones de pesos, para los proyectos de rescate y mejoramiento de la imagen urbana del centro histórico de Acapulco, a partir de la terminal de cruceros (20 millones de pesos); rehabilitación del Fortín Álvarez (3 millones de pesos); Concha Acústica en Sinfonía del Mar, ubicada en La Quebrada (2 millones de pesos), corredor turístico cultural Diego Rivera (4.6 millones de pesos), Museo del Clavadista en la tradicional zona de La Quebrada, (2 millones de pesos), proyecto de pavimentación con concreto hidráulico de la costera Miguel Alemán en el tramo del parque Papagayo a la zona de Caleta, (200 millones de pesos), del municipio de Acapulco, Guerrero, para la rehabilitación y mejoramiento de su imagen urbana y la diversificación de su oferta turística.

Notas:

1 Organización Mundial de Turismo Conferencia Internacional de Estadísticas de Turismo y Viajes, Ottawa, Canadá, 1991, sp.

2 Robert McIntosh y Charles Goeldner, Turismo: planeación administración y perspectivas, Limusa, México, 1999, p. 27.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para realizar diversas obras de infraestructura hidráulica y sanitaria en las colonias de la Sierra de Guadalupe, de Ecatepec de Morelos, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), que serán utilizados para la realización de diversas obras tendentes a abatir el rezago en materia de redes de distribución de agua potable y drenaje sanitario en las colonias ubicadas en la Sierra de Guadalupe, del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.

Hechos

Actualmente el agua representa un recurso cada vez más escaso, lo que repercute directamente en factores como la salud, el desarrollo social, industrial, así como la estabilidad social y política.

Un gran porcentaje de la población tanto en zonas urbanas como rurales en nuestro país enfrentan un serio problema en cuanto al abasto y distribución de este importante recurso, lo que se agudiza en las áreas urbanas debido principalmente a su escasez, esto aunado al deterioro de la red de distribución ocasiona una merma de aproximadamente el 40 por ciento por fugas y por otro lado, durante la temporada de lluvias resulta deficiente la infraestructura de redes sanitarias, lo que genera inundaciones y daño a los bienes y patrimonio de los ciudadanos, lo que acarrea una serie de enfermedades relacionadas directamente con las mismas.

En la zona metropolitana del Valle de México, el municipio de Ecatepec de Morelos no ha sido la excepción a esta problemática, ya que concentra en su territorio a más de 3 millones de habitantes, población que demanda una gran necesidad de servicios públicos, sufriendo principalmente por el desabasto de agua potable.

Un número elevado de sus habitantes principalmente de las colonias ubicadas en la Sierra de Guadalupe se han visto afectados en su calidad de vida producto de poco mas de 35 años de crecimiento urbano acelerado, agudizándose de forma alarmante en los últimos 10 años, lo que acarrea innumerables problemas vinculados con el desabasto de agua por una parte y por otra las graves inundaciones que se generan en las partes bajas de las mismas, lo que ocasiona múltiples manifestaciones de inconformidad.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales otorga a todos los seres humanos el derecho a contar con agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad aceptable para su uso personal y doméstico (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), se sabe además que una persona debe ingerir al día una cantidad de agua que represente por lo menos 3 por ciento de su peso, lo que significa que el promedio necesario de agua por persona es de aproximadamente 2 litros al día.

Con esta declaración, se marcó un hito en la historia de los derechos humanos ya que por primera vez, contar con agua segura fue reconocido de forma explícita como un derecho humano fundamental: “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana”.

Sin el acceso equitativo al agua, como derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, no es posible la realización de otros derechos humanos, por lo que resulta fundamental la inversión en este rubro.

El agua es un derecho universal de mujeres y hombres, y se define mejor como el derecho al agua segura, que deberá ser apta para el consumo humano, de buena calidad y que no genera enfermedades, agua que ha sido sometida a algún proceso de potabilización o purificación. Sin embargo, determinar que un agua es segura solo en función de su calidad no es suficiente, la definición debe incluir otros factores como la cantidad, la cobertura, la continuidad, el costo y la cultura hídrica, es la conjugación de todos estos aspectos lo que define el acceso al agua segura.

El desarrollo está vinculado de manera directa al acceso al agua, su falta genera pérdidas de salud y de tiempo, mujeres y niños que tienen que acarrearla en vez de estudiar o trabajar. Sin agua no hay desarrollo.

Por todo lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional) para la realización de diversas obras de infraestructura hidráulica y sanitaria en las colonias ubicadas en la Sierra de Guadalupe, del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para realizar obras de infraestructura hidráulica y sanitaria en la zona oriente de Tlalnepantla de Baz, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), que serán utilizados para la realización de diversas obras tendentes a abatir el rezago en materia de redes de distribución de agua potable y drenaje sanitario en las colonias ubicadas en la zona oriente, del municipio de Tlalnepantla de Baz, estado de México.

Hechos

Actualmente el agua representa un recurso cada vez más escaso, lo que repercute directamente en factores como la salud, el desarrollo social, industrial, así como la estabilidad social y política.

Un gran porcentaje de la población tanto en zonas urbanas como rurales en nuestro país enfrentan un serio problema en cuanto al abasto y distribución de este importante recurso, lo que se agudiza en las áreas urbanas debido principalmente a su escasez, esto aunado al deterioro de la red de distribución ocasiona una merma de aproximadamente el 40 por ciento por fugas y por otro lado, durante la temporada de lluvias resulta deficiente la infraestructura de redes sanitarias, lo que genera inundaciones y daño a los bienes y patrimonio de los ciudadanos, lo que acarrea una serie de enfermedades relacionadas directamente con las mismas.

En la zona metropolitana del Valle de México, el municipio de Tlalnepantla de Baz, no ha sido la excepción a esta problemática, ya que concentra en su territorio a más de 1.5 millones de habitantes, población que demanda una gran necesidad de servicios públicos, sufriendo principalmente por el desabasto de agua potable.

Un número elevado de sus habitantes principalmente de las colonias ubicadas en la zona oriente se han visto afectados en su calidad de vida producto de poco mas de 35 años de crecimiento urbano acelerado, agudizándose de forma alarmante en los últimos 10 años, lo que acarrea innumerables problemas vinculados con el desabasto de agua por una parte y por otra las graves inundaciones que se generan en las partes bajas de las mismas, lo que ocasiona múltiples manifestaciones de inconformidad.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales otorga a todos los seres humanos el derecho a contar con agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad aceptable para su uso personal y doméstico (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), se sabe además que una persona debe ingerir al día una cantidad de agua que represente por lo menos 3 por ciento de su peso, lo que significa que el promedio necesario de agua por persona es de aproximadamente 2 litros al día.

Con esta declaración, se marcó un hito en la historia de los derechos humanos ya que por primera vez, contar con agua segura fue reconocido de forma explícita como un derecho humano fundamental: “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana”.

Sin el acceso equitativo al agua, como derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, no es posible la realización de otros derechos humanos, por lo que resulta fundamental la inversión en este rubro.

El agua es un derecho universal de mujeres y hombres, y se define mejor como el derecho al agua segura, que deberá ser apta para el consumo humano, de buena calidad y que no genera enfermedades, agua que ha sido sometida a algún proceso de potabilización o purificación. Sin embargo, determinar que un agua es segura solo en función de su calidad no es suficiente, la definición debe incluir otros factores como la cantidad, la cobertura, la continuidad, el costo y la cultura hídrica, es la conjugación de todos estos aspectos lo que define el acceso al agua segura.

El desarrollo está vinculado de manera directa al acceso al agua, su falta genera pérdidas de salud y de tiempo, mujeres y niños que tienen que acarrearla en vez de estudiar o trabajar. Sin agua no hay desarrollo.

Por todo lo anterior, se solicita a esta honorable soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo para el municipio de Tlalnepantla de Baz, estado de México, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional) para la realización de diversas obras de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria en las colonias ubicadas en la zona oriente, del municipio de Tlalnepantla de Baz, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un gimnasio olímpico en Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que el deporte es un derecho humano universal que debe estar garantizado para todos, sin ningún tipo de discriminación y con un espíritu deportivo, de comprensión mutua, juego limpio, amistad, solidaridad y paz.

2. Que la educación es de vital importancia en el desarrollo de los valores éticos y morales de todos los ciudadanos, y el deporte constituye una forma amena de aprenderlos, ya que se promueve la amistad, el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y las habilidades que permitirán que niñas y niños sean unos adultos comprometidos con su país, además, de preparar a los jóvenes para hacer frente a los retos futuros y adoptar posiciones de liderazgo en el seno de sus comunidades.

3. Que las actividades deportivas contribuyen al desarrollo humano integral y sustentable y representan una fuente de coincidencia de las políticas públicas en los sectores de educación, salud, el deporte de alto rendimiento y el deporte para todos.

4. Que los Gobiernos tienen la gran tarea de fomentar el desarrollo de las actividades físicas y deportivas, la organización de eventos deportivos para niños, jóvenes, adultos, tercera edad y personas con capacidades diferentes, así como también, la promoción de la mujer en el deporte, la protección de la salud de los jóvenes y de los atletas, la lucha contra el dopaje, la protección del medio ambiente y el apoyo a los deportistas que concluyen sus carreras deportivas.

5. Que la cultura física y el deporte son un tema prioritario, que permitirá mejorar la calidad de vida de los mexicanos en temas tan sensibles como la salud, la integración familiar y la prevención del delito.

6. Que de acuerdo a información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en México, sólo el 21% de los mexicanos, mayores de 12 años realiza alguna actividad física o deportiva en su tiempo libre; es el país que cuenta con más personas con sobrepeso y obesidad; los mexicanos dedican más de 26 horas a actividades recreativas sedentarias y sólo 5 horas a alguna actividad física; ver televisión es la principal actividad recreativa, 80 de cada 100 mexicanos así lo consideran.

7. Que la población infantil y juvenil constituye un grupo de edad que, por su propia naturaleza, es afectado por los factores socio-económicos negativos, sobre los cuales es necesario tomar acciones, a afecto de evitar o reducir de modo sensible los efectos que provocan al debilitamiento del tejido social- familiar, que provoca abandono familiar, paternidad irresponsable y conflictos con la ley.

8. Que en Guerrero, es necesario el desarrollo de infraestructura deportiva de todo tipo, además de la de alta competitividad, aprovechando las circunstancias geográficas y climáticas que tiene el municipio de Acapulco, a fin de que pueda servir, también, como un centro nacional para la preparación especializada y sede de eventos deportivos nacionales e internacionales.

9. Por lo anterior, es importante asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, recursos presupuestales suficientes para la Construcción de un Gimnasio Olímpico en Acapulco, Guerrero, por lo que me permito someter a la consideración de esta alta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La honorable Cámara de Diputados solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Juventud y Deporte que, con fundamento en las facultades de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos presupuestales suficientes para la construcción de un gimnasio olímpico en Acapulco, Guerrero.

Segundo.La honorable Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Educación Pública, al Titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a la directora del Instituto Mexicano de la Juventud, al gobernador del estado de Guerrero, a la Secretaría de la Juventud y al Instituto del Deporte del Estado de Guerrero, destinen recursos suficientes, dentro del presupuesto aprobado, para la construcción de un gimnasio olímpico en Acapulco, Guerrero.

Nota:

1 Primera Convención Mundial del Deporte Olímpico, que ha sesionado en Acapulco, México, en el año 2010, con la participación de representantes de los Comités Olímpicos Nacionales, Ministros y autoridades gubernamentales del deporte, de los 205 países Miembros de ACNO.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para realizar diversos proyectos culturales en Acapulco de Juárez, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La cultura es toda manifestación de la creatividad de los seres humanos; su rescate, fomento y fortalecimiento sirve para mejorar la convivencia y con ello, la calidad de vida de las comunidades y personas.

2. El rescate de monumentos y centros históricos y la construcción de infraestructura para el fomento de las artes y de las expresiones artísticas, particularmente de los jóvenes, es un capitulo fundamental, máxime si se trata de los centros turísticos, donde estas acciones sirven para ampliar y diversificar su oferta turística.

3. Acapulco, como centro turístico emblemático de sol y playa, requiere recursos para desarrollar proyectos culturales que le permitan, precisamente, ofrecer además, opciones para el turismo cultural, artístico, ecológico, histórico y arqueológico.

4. Paralelamente, para el desarrollo integral de los jóvenes, es prioritario que tengan espacios físicos en donde desarrollen su talento cultural, liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, aprecio por el arte y la cultura humanística en todas sus manifestaciones, el cariño y el cuidado de la salud física y mental, entre otras.

5. Por lo anterior y considerando la importancia que tiene la cultura y la historia para el desarrollo y fortaleza del país y de sus destinos turísticos, es necesario que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Cultura, y de Educación Pública y Servicios Educativos que prevean la asignación de 21.724 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, para la realización de los siguientes proyectos culturales en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero:

1) Conclusión del proyecto de la restauración y consolidación del Fortín Álvarez, obra arquitectónica del México colonial, la segunda única del país; de gran importancia histórica, que sería convertido en museo Comunitario al Servicio de residentes y del Turismo. (3.679 millones de pesos).

Este proyecto recibió apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Presupuesto Etiquetado de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 y 2010.

Los trabajos que se realizaron fueron investigaciones arqueológicas del inmueble, ya que se tuvo el hallazgo de conocer el tipo de techo original del Fortín, así como los trabajos albañilería, acarreos, retiro de escombro, árboles. Así mismo, se realizaron los trabajos de reintegraciones del muro perimetral que cubre la nave principal del Fortín, las consolidaciones de la nave, la nivelación de pisos originales entre otras acciones.

Los trabajos que faltan para terminar la restauración y consolidación del Fortín Álvarez, conocido así, porque desde ahí el General Juan Álvarez, preparó una anticipada defensa del puerto en la invasión francesa; son terminar de consolidar la nave con el techo y piso original, construcción de obra nueva como un desayunador, oficinas administrativas, bodega, sanitarios, terraza, estacionamiento, con propuesta de uso final de un Museo-Ludoteca.

El Fortín Álvarez se encuentra ubicado entre las calles 13 de Septiembre y José María Morelos de la colonia la Mira, correspondiente a la zona centro de Acapulco.

La aportación que se está solicitando a través de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados es de $3, 679,000. La aportación del honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez será de $500,000. Con estas aportaciones se podrá finalmente concluir el proyecto.

El principal impacto cultural que se persigue con este proyecto es que por primera vez en toda la historia cultural del municipio se va a destinar un espacio para la niñez acapulqueña, pues las opciones de esparcimiento cultural que tienen se reducen al cine, parques y playas, y no todos los niños tienen acceso de pagar la entrada al cine o algunos de los parques acuáticos que hay en Acapulco. Este sector de la población merece ser atendido ya que representa el 24% de la población total de Acapulco.

Se tiene previsto iniciar los trabajos en Agosto para concluir en Diciembre de 2011.

2) Construcción de la casa de la cultura universitaria en Acapulco, actualmente la casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Guerrero, funciona en una casa habitación, habilitada como tal, en condiciones por demás incómodas para la amplia gama de talleres y eventos artísticos y culturales en donde se pretende fomentar las destrezas y habilidades de nuestra juventud universitaria (6 millones de pesos).

3) Conclusión del proyecto de restauración y consolidación de la capilla de la ex hacienda La Providencia, de don Juan Álvarez (Tercera Etapa), inmueble de gran importancia histórica y cultural para México, ya que en ella se gestaron políticas y militares en la época liberal y de Reforma del país y pasaron por ella, personajes ilustres (1 millón de pesos).

Este proyecto recibió apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Presupuesto Etiquetado de la Federación para los Ejercicios Fiscales de 2008 y de 2010.

Además de los recursos recibidos en el 2008, también recibió apoyo en el 2007. Los trabajos realizados en la primera etapa fueron de consolidación de la nave de la capilla, inyección de grietas, limpieza general, acarreos, aplanados finos de la nave y colocación del techo, sin embargo la nave presenta un problema de humedad que se debe de resolver.

Los trabajos que se realizaron en la segunda etapa fueron la consolidación de la torre de la capilla, inyección de grietas, consolidación del panteón familiar, reintegraciones de capilla y del panteón, y de la fachada principal de la torre, así como de las criptas de los familiares del general Juan Álvarez, así como la colocación del coro y puertas de acceso a la nave.

Los trabajos que se pretenden realizar en esta tercera etapa son arreglar el problema de humedad que aún presenta la nave de la Capilla, el reacomodo de tejas y colocación tradicional de las mismas, así como delimitación del área del teatro, pasillos y templos.

La capilla de la ex hacienda de La Providencia se encuentra ubicada en el poblado de La Providencia ubicado a la altura del kilómetro 42 de la carretera federal México-Acapulco.

El monto solicitado para dicho proyecto es de $1, 000,000 y el honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez hará una aportación de $120,851. Con el total de estas aportaciones se podrán concluir en su totalidad los trabajos del proyecto.

El principal impacto cultural que se persigue con este proyecto es la recuperación misma del inmueble, devolviéndole su función original y principal de culto religioso. Además, el proyecto posee altas oportunidades de convertirse en un detonador turístico que beneficiará tanto a la comunidad como a Acapulco como destino turístico con opción cultural. Se tiene previsto iniciar los trabajos en Agosto para concluir en diciembre de 2011.

4) Conclusión del proyecto de remodelación del teatro Domingo Soler, inmueble de difusión artística, cultural e intelectual, ubicado en la Calle Quebrada No. 2 del Barrio Histórico de la Adobería, en la zona Centro de Acapulco. (3.0 millones de pesos).

Este proyecto recibió apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados (PAICE), en el ejercicio fiscal 2007, iniciando sus trabajos en el 2008 y concluyéndolos en el 2009. Así mismo recibió apoyo en el 2010, por un monto de $500,000; sin embargo la inversión no ha sido suficiente para poder concluir los trabajos del proyecto.

Los trabajos que se realizaron fue el acarreo, trabajos de albañilería y estructura del foro principal del teatro y los que faltan por terminar la remodelación del teatro son los trabajos de mecánica teatral, cabina de sonido, rehabilitación de la cubierta del aforo, aire acondicionado, camerinos, baños, sala audiovisual, área de circulación (patio central) así como la construcción de obra nueva, consistente en un edificio de oficinas, restaurante y baños, lobby del teatro, área de taquilla y dulcería.

El costo total del proyecto es de $3, 323,000.00 de los cuales el honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez aportará un monto de $323,000.00.

El principal impacto cultural que se persigue con este proyecto es que por primera vez los grupos locales de teatro independientes y de instituciones educativas tengan un espacio profesional, en perfecta condiciones y con todos los requerimientos técnicos propia de las artes escénicas. Se tiene previsto iniciar los trabajos en Agosto para concluir en Diciembre de 2011.

5) Proyecto cultural Red Municipal de Talleres Artísticos, con la finalidad de realizar actividades de formación artística sostenida que abarcará las disciplinas artísticas de pintura, literatura, fotografía, danza, música y escultura. ($855,000)

Dicho proyecto se realizará en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, se tendrá una cobertura geográfica donde se toquen las zonas más importantes del puerto como son la zona urbana, conurbada y zona rural. Además tendrá un amplio espectro social, ya que los talleres están enfocados a los públicos específicos de niños, niñas, jóvenes, jóvenes reclusos y personas de la tercera edad.

Las sedes de los talleres serán el Centro Cultural Casona de Juárez, Sala Hornitos, ambas pertenecientes a la Dirección de Cultura, el teatro Domingo Soler, el Zócalo de la ciudad, el parque de La Iguana, ubicado en los Barrios Históricos, la comunidad del Xaltianguis y el Cereso de Acapulco.

El monto que se está solicitando a través de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados es de $855,000 el honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez hará un aportación de $150,700.

El principal impacto cultural que se persigue con este proyecto es que la mayoría de los sectores sociales puedan acceder de manera gratuita a la formación de iniciación artística de manera gratuita, ya que no existen en el puerto este tipo de oferta cultural, no al menos que sea continua y que cubra territorialmente el municipio de Acapulco.

6) Proyecto cultural Centro de Medicina Tradicional y Jardín Botánico ($733,000).

Este proyecto está enfocado a la población indígena que radica en Acapulco. Este centro tendrá como objetivo principal rescatar la medicina tradicional indígena, además se instalarán jardines botánicos por cada una de las 4 etnias que radican en el puerto.

Asimismo, se responde a la necesidad de que los indígenas radicados en Acapulco, tengan la oportunidad de acceder a sus formas tradicionales de atenderse, pues al no existir las hierbas y plantas que necesitan, están obligados a regresar a sus comunidades de origen, lo que representa un gasto que la mayoría no está en condiciones de cubrir.

El principal objetivo es informar a las cuatro etnias radicadas en el municipio de Acapulco, que habrá un Centro de Medicina Tradicional y Jardín Botánico y que se dará atención a toda la población que así lo requiera. Este Centro contará con curanderos, masajistas, hueseros, rezanderos, entre otros. El servicio que se otorgará será totalmente gratuito.

El monto que se está solicitando a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados es de $733,000 el honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez hará una aportación de $54,80.

El principal impacto cultural que se persigue con este proyecto es que la mayoría los indígenas de las cuatro etnias que radican en Acapulco tengan la oportunidad de no perder sus tradiciones y sus riqueza cultural inmaterial.

El periodo de realización del proyecto es de febrero a mayo de 2011.

7) Proyecto cuarto Encuentro de Escritores del Pacífico, se realizará del 11 al 15 de octubre de 2011 ($840,000).

Este proyecto tiene como objetivo fundamental generar la vinculación y el intercambio creativo de los escritores nacidos y/o radicados en el Pacífico Mexicano, así como lograr el trabajo coordinado entre las instituciones culturales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Este año se ampliara el Encuentro al Pacífico de América Central, y América del Sur donde invitaremos a escritores de Guatemala, Honduras, Nicaragua, San José, Panamá, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

Al encuentro se invitará a dos escritores de los estados del pacífico mexicano, a excepción de Guerrero, donde se invitará a 23 escritores. También se invitarán dos escritores por cada uno de los países que conforman a Centro y Sur América y se realizarán lecturas de obras, conferencias, charlas sobre narrativa y poesía, presentaciones de revistas, libros. Los temas que tenemos previstos son las nuevas poéticas de la novela y poesía de México, Centro y Sur América

Las sedes principales del Encuentro son el Centro Cultural Casona de Juárez, espacio cultural que depende de la Secretaría de Desarrollo Social y el Zócalo de la Ciudad. Además habrá lectura de obras en las Universidades Autónoma de Guerrero, Americana de Acapulco, Loyola del Pacífico y el Colegio de Bachilleres Plantel 2.

El costo total del proyecto es de $1, 088. 244.00, de los cuales se está solicitando el apoyo a la Cámara de Diputados por la cantidad de $844,000.00. El honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez aportará la cantidad de 248,244.00.

8) Proyecto diplomados en creación artística, cuyo objetivo es contribuir a la profesionalización y formación especializada de los artistas en las disciplinas de literatura, danza y artes visuales (1.075 millones de pesos).

En el programa de diplomados en creación artística, se realizarán tres diplomados: Diplomado en Creación Literaria, Diplomado de Danza Contemporánea y Diplomado de Artes Visuales.

Con la realización de estos tres diplomados se promueve y se propicia la profesionalización de los artistas acapulqueños, ya que no existe en el puerto de Acapulco, alguna escuela de Arte que genere este tipo de servicios. Además se tiene el propósito de incursionar en disciplinas en donde definitivamente no existe ningún tipo de actividad cultural, como es el caso de la danza contemporánea.

Resulta necesario, generar puentes entre la comunidad artística y académica, por lo que, para la realización de estos diplomados se buscará la vinculación con el Instituto Nacional de Bellas Artes, La Sociedad General de Escritores, La Escuela de Artes Plásticas La Esmeralda entre otros. Las sedes donde se realizarán los Diplomados serán en la Sala Hornitos perteneciente a la Dirección de Cultura, el Centro Cultural La Casona de Juárez y el Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego.

La fecha de realización de los diplomados serán de manera simultánea los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

El monto que se está solicitando a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados es de $1’075,000 el honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez hará un aportación de $125,000.

El principal impacto cultural que se persigue con este proyecto es que los artistas que se dedican a la literatura, artes plásticas y danza, tengan la oportunidad de acceder a una formación profesional de sus áreas, con el claro objetivo de elevar la calidad de la producción artística del municipio. En una segunda etapa se pretende que los beneficiados con estos diplomados realicen de manera permanente talleres de iniciación artística, es decir que los beneficiados se volverán multiplicadores del conocimiento recibido.

9) Proyecto Reciclafest, relativo a la realización de talleres de producción artística con materiales reciclables (1.225 mdp).

Para llevar a cabo el proyecto Reciclafest, se convocará a la población joven de Acapulco a participar en actividades de expresión, tales como: ensayos literarios, bote parade (contenedores que serán decorados y/o pintados por los jóvenes, en los que se recolectarán envases de PET que, una vez terminada la primera etapa, de este programa, con una duración de 6 meses, serán intercambiados por computadoras que beneficiarán a miles de jóvenes acapulqueños), elaboración y exposición de productos y esculturas realizadas con material reciclable.

Sería la primera vez que el puerto se llevará a cabo este tipo de actividad de involucrar el reciclaje con el ámbito artístico. Este proyecto está enfocado a los jóvenes.

La sede principal del evento será en la Unidad Deportiva Vicente Suárez, teniendo como sedes alternas la Universidad Americana de Acapulco, Auditorio de la Universidad Hipócrates, Centro Internacional Acapulco y el Zócalo de la ciudad.

El principal impacto cultural que se persigue con este proyecto es que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de conservar el medio ambiente, obteniendo además un beneficio personal, pues dependiendo de la cantidad de envases que se recolecten, se conformará un centro de cómputo con acceso gratuito a los jóvenes.

Además que se convocarán para que los jóvenes realicen esculturas y pinturas con materiales reciclables.

El monto que se está solicitando a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados es de $1,225, 000, el honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez hará un aportación de $75,000. El proyecto se desarrollará de Febrero a Mayo de 2011.

10) Proyecto XVII Festival de Jazz Acapulco 2011, cuyo objetivo principal es convocar a los mejores jazzistas de Guerrero, México y otros países del mundo ($900,000).

Dicho festival tiene una tradición en el puerto y, año con año, reúne a lo mejor del jazz guerrerense, mexicano, estadounidenses y de otras partes del mundo. El festival promueve y difunde entre la población local el conocimiento y disfrute del jazz.

La realización del XVII Festival de Jazz Acapulco 2011 apoya la promoción y difusión de las creaciones musicales de los compositores y arreglistas guerrerenses.

Es importante mencionar que es el único Festival que promueve la música de jazz en el estado de Guerrero y se pretende consolidarlo como un evento internacional.

Los asistentes al festival apreciarán y disfrutarán de conciertos musicales ejecutados por reconocidos músicos de jazz.

La sede principal del evento será en el Museo Histórico de Acapulco Fuerte de San Diego, teniendo como sedes alternar el Centro Cultural Casona de Juárez y las instalaciones del Sindicato de Música.

El principal impacto cultural que se persigue con este proyecto es que el festival se consolide como un evento de talla internacional para contribuir a la diversificación de la oferta turística, ya que Acapulco requiere y demanda opciones turísticas culturales.

El monto que se está solicitando a través de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados es de $900, 000, el honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez hará un aportación de $155,000. El proyecto se desarrollará en junio de 2011.

11) Proyecto Festival Nacional de Teatro Acapulco 2011 ($600,000).

Se prevé la realización de este festival en el mes de noviembre de 2011, cuyo objetivo fundamental será generar la vinculación entre los diferentes grupos de teatro, tanto locales, estatales y nacionales de diferentes instituciones educativas y su vinculación al sector educativo e instituciones gubernamentales de cultura de los tres niveles de gobierno.

El Festival tendrá la participación de las siguientes universidades: Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, estado de México; Universidad Nacional Autónoma de México (CUT), Distrito Federal; Centro Nacional de las Artes (Bellas Artes), Distrito Federal; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo; Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz; Universidad de Guanajuato, Guanajuato; Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro; Universidad de Michoacán, Morelia; además de la participación de más de 30 grupos de teatro del estado y del municipio.

El impacto cultural que tendrá es que se realizarán diagnósticos específicos para conocer y en su medida modificar el nivel y la calidad de las artes escénicas en Acapulco. Otro impacto es la vinculación que se generará con las instancias universitarias con visiones de largo plazo y de largo alcance que trascienda el ámbito local.

El monto que estamos solicitando a través de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados es de $600,000.00. La aportación que hará el honorable ayuntamiento es de $102,958.17.

12) Proyecto de rescate de nuestras tradiciones ($550,000).

Dicho proyecto se realizará de agosto a diciembre de 2011.

Las personas adultas mayores, conforman un grupo que en su gran mayoría se encuentran en condiciones de pobreza y marginación, y padecen de manera particular, los rezagos sociales de sus localidades, situación que obliga a implementar políticas públicas orientadas a su atención, para favorecer su integración a la vida familiar y comunitaria, propiciar su incorporación a actividades culturales y fomentar en ellos una cultura de la salud, mediante acciones de promoción y participación social.

El impacto del programa es ofrecer a las personas de la tercera edad de disfrute y acercamiento de las expresiones culturales y artísticas, ya que la mayoría de ellos no tienen opciones para disfrutar su tiempo libre.

Además de impulsar entre toda la población, una cultura de la vejez, de respeto, aprecio y reconocimiento a la capacidad de aportación de las personas adultas mayores

Se realizarán diferentes tipos de actividad artística, como la conformación de una rondalla y talleres de baile. Las sedes serán los 9 centros de desarrollo comunitario con que cuenta el municipio, distribuidos en los principales puntos de Acapulco.

El monto que estamos solicitando a través de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados es de $550,000.00. La aportación que hará el honorable ayuntamiento es de $71,450.00.

13) Proyecto Festival de Rock Acapulco 2011 ($400,000).

El objetivo principal es convocar a los grupos legendarios del rock mexicano y a los nuevos grupos acapulqueños para propiciar la vinculación entre estas dos generaciones.

Este festival se origina por la necesidad de promover y difundir entre la población local el conocimiento y disfrute del Rock y, en consecuencia, abrir foros para esta expresión musical que permitan el intercambio de experiencias entre los músicos nacionales, con la finalidad de ofrecer recitales y conciertos para los guerrerenses y turistas que visitan el puerto de Acapulco.

La realización del Festival de Rock Acapulco 2011 apoya la promoción y difusión de las creaciones musicales de los compositores y arreglistas guerrerenses.

Cabe señalar, que es el único Festival que promueve la música de rock en el estado de Guerrero y se pretende consolidarlo como un evento internacional.

Los asistentes al festival apreciarán y disfrutarán de conciertos musicales ejecutados por reconocidos músicos de jazz.

La sede principal del evento será La Playa Tamarindo, teniendo como sedes alternas el Centro Cultural Casona de Juárez y las instalaciones del Sindicato de Música.

El principal impacto cultural que se persigue con este proyecto es que el festival se consolide como un evento de talla nacional para contribuir a la diversificación de la oferta turística, ya que Acapulco requiere y demanda opciones turísticas culturales.

El monto que se está solicitando a través de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados es de $400, 000, el honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez hará un aportación de $100,000. El proyecto se desarrollará en Agosto de 2011.

14) Proyecto VII Encuentro de Teatro Juan Álvarez (Caravana)($550,000).

El objetivo principal es rescatar el teatro popular de Acapulco y de México.

El Encuentro teatral Juan Álvarez permite establecer un puente de comunicación entre los creadores escénicos provenientes de diversos puntos del estado, del país y del extranjero con las comunidades rurales menos favorecidas en el ejercicio de su derecho al arte.

Por vez primera el encuentro realizará una caravana por 5 comunidades que son La Providencia, Bajos del Ejido, Piedra de Cerro, Tres Palos y El Veladero. Estas comunidades tocan todos los puntos de Acapulco.

El encuentro se realizará el mes de abril, prosiguiendo la caravana los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

La providencia y las comunidades rurales que se plantea abarcar, carecen de alguna oportunidad de acceder a las manifestaciones artísticas y culturales, por eso el impacto cultural que se tendrá con esta acción es de garantizar la difusión social de la cultura y que llegue a quienes más lo necesitan.

El costo total del evento es de $650,000.00, de los cuales el honorable ayuntamiento de Acapulco hará una aportación de $100,000.00.

15) Proyecto editorial Acapulco ($900,000)

El objetivo principal es realizar una serie de publicaciones que incluye: una revista de difusión y promoción de arte y literatura; 8 libros de poesía, cuento, novela y ensayo y crónica y 2 libros de arte, uno correspondiente al registro de las fotografía que se encuentran bajo el resguardo de los hoteles, titulado Acapulco en blanco y negro, y el otro será una monografía del mercado central de Acapulco, con más de 50 años de historia.

El programa editorial Acapulco responde a la necesidad de la nula política editorial que existe en las instancias culturales del estado y a la voluntad del honorable ayuntamiento de Acapulco de favorecer tanto a los escritores, cronistas, fotógrafos acapulqueños como al innegable deseo de recuperación de nuestra memoria colectiva y rescate y valoración de nuestros sitios íconos tradicionales.

El principal impacto que tendrá este proyecto es ofrecer a los artistas acapulqueñas un espacio para difundir su trabajo creativo, además de ofrecerles la oportunidad de publicación de sus obras literarias; por otro lado, el proyecto toca un punto neurálgico en el patrimonio cultural del puerto: la memoria gráfica que se ubica en la mayoría de los hoteles y que a la fecha no ha sido aprovechado en su dimensión exacta.

El otro impacto es poder rescatar todos los colores, imágenes e historia de nuestro mercado central para de alguna manera contribuir a que no se pierda nuestra memoria colectiva ni se olvide el lugar más antiguo por excelencia que tenemos para realizar nuestros trueques comerciales y culturales.

Estos proyectos se ejecutarán de mayo a noviembre de 2011.

El costo total del evento es de $1,011,000.00, de los cuales el honorable ayuntamiento de Acapulco hará una aportación de $111,000.00

16) Proyecto La Nao, IV Festival Internacional Acapulco 2011(4 millones de pesos)

El principal objetivo es fomentar la cooperación y el intercambio artístico, turístico, educativo y cultural entre el oriente, México y otros países del mundo.

En el festival se tendrá expresiones artísticas de danza, literatura, teatro, música, cine, artes pláticas, exposiciones culturales y artesanales, muestras gastronómicas tanto de países del oriente como de Guerrero, México.

Con el festival de La Nao, Acapulco tiene la oportunidad de ampliar su oferta turística tradicional de sol y playa.

El impacto cultural que se tiene en el población es que a lo largo de estos años se ha garantizado la difusión social de la cultura, además de que se ofrece a la población acapulqueña y a los turistas que nos visitan la oportunidad de disfrutar del arte y la cultura oriental, con quienes nos unen años de historia y vinculación y lazos comerciales.

La Nao, Festival Internacional Acapulco 2011 se realizará del 14 al 20 de octubre de 2011

El costo total del evento es de $7, 800,000.00, de los cuales el honorable ayuntamiento de Acapulco hará una aportación de $3, 8000.00

Los proyectos antes descritos, fueron elaborador con una visión sectorial y territorial, ya que se consideró llegar a los públicos infantil, juvenil y de la tercera edad; además de tener una mayor cobertura geográfica en el municipio, pues algunos proyectos están enfocados para zonas conurbadas y otros para comunidades rurales:

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.La Sexagésima Primera Legislatura exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación y de Cultura, de la honorable Cámara de Diputados para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se asignen 27.724 millones de pesos, para la realización de los siguientes proyectos de Cultura en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero:

Nombre del proyecto y monto solicitado

Remodelación del Teatro Domingo Soler: $3,000,000

Restauración del Fortín Álvarez: $3,679,000

Construcción de la Casa de la Cultura Universitaria UAG: $6,000,000

Restauración de la capilla de la ex hacienda de La Providencia: $1,000,000

Cuarto Encuentro de Escritores del Pacífico: $840,000

Festival de Jazz Acapulco 2011: $900,000

Festival de Rock Acapulco 2011: $400,000

Festival Nacional de Teatro 2011: $600,000

Proyecto Editorial de Acapulco: $900,000

VII Festival de Teatro Juan Álvarez (Caravana): $550,000

Red Municipal de Talleres Artísticos: $855,000

Diplomados de Creación Artística: $1, 075,000

Centro de Medicina Tradicional y Jardín Botánico: $733,000

Rescate de Nuestras Tradiciones: $550,000

Programa Reciclafest: $1, 225,000

La Nao, IV Festival Internacional Acapulco 2011: $4, 000,000

Taller de danza para personas con discapacidad: $1,200,00

Total: $27, 724,000

Segundo.La Sexagésima Primera Legislatura solicita a la Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Licenciada Consuelo Sáizar, que destine dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado 27.724 millones de pesos para la realización de los proyectos de Cultura referidos del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil diez.— Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos en apoyo de las mujeres, mediante créditos directos para ampliar o mejorar una actividad económica y productiva, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La participación de la mujer es fundamental para superar la pobreza y para lograr entrar al verdadero desarrollo. La búsqueda de una paz justa y duradera, la igualdad de oportunidades, un desarrollo sustentable preservando los equilibrios ecológicos, son tareas que requieren del esfuerzo de las mujeres.

2. Las mujeres tienen que ser protagonistas en la construcción de una sociedad más justa, más amable con la vida cotidiana de las gentes que promueven y cultiven valores como el respeto, la solidaridad, la fraternidad, la amistad, el sentimiento de comunidad.

3. Actualmente, en nuestro país, 54.7 millones son mujeres, representan el 50.9% de la población y el mayor porcentaje se encuentra en edad productiva: las niñas en edad escolar (5 a 14 años), representan 19.1%; las adolescentes (15 a 19 años) 9.5%; las jóvenes (20 a 24 años) 9%; las mujeres adultas (25 a 59 años) 44.7% y las adultas mayores (60 y más) 9%.

4. Para elevar la calidad de la democracia, necesitamos lograr el acceso igualitario de niñas y niños a todos los niveles de enseñanza, así como los derechos a la salud, a un trabajo digno, con remuneraciones iguales por responsabilidades similares. Es de vital importancia, por ello, impulsar y apoyar la participación de la mujer en la política y las organizaciones sociales, en las empresas y en la administración pública.

5. Si todos, hombres y mujeres, damos nuevos pasos para alcanzar mejores condiciones de vida, el desarrollo social y cultural y la erradicación del flagelo de la inequidad, avanzaremos hacia la sociedad que merecen nuestras hijas e hijos: una sociedad mejor y más feliz.

6. Como es de nuestro conocimiento, el rol de la mujer, hace años, sólo se inscribía en el ámbito doméstico y familiar; pero hoy, más del 60% realiza un trabajo extra domestico, adicional a su responsabilidad familiar y en el 35% de los hogares la mujer es el único sustento del hogar. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha sido un proceso intenso y constante desde hace varios años, de hecho, la tasa de participación femenina se ha incrementado notablemente al pasar de 17.6 % en 1970 a 36.8% en 1995, 42% en 2008 y en el año 2009, en México la tasa de participación laboral femenina alcanzó un 45%, llegando a un 55% para aquellas que tienen entre 25 y 34 años, determino la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

7. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en la actualidad, “hay más de 100 millones de mujeres insertas en el mercado laboral de América Latina y el Caribe, lo que constituye un nivel inédito”, destaca este primer informe sobre “Trabajo y Familia: hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social”.

8. Las aportaciones femeninas a la economía doméstica son cada vez más importantes. A inicios de la década de los noventa, cerca de uno de cada dos hogares registraba ingresos monetarios provenientes del trabajo femenino; en 2005 esta situación se observó en dos de cada tres.

9. En Guerrero, la tasa de participación económica de las mujeres se observa consistentemente a la alza. De un total de 674,177 hogares guerrerenses, 165,680 son encabezados por jefatura femenina, mismos que representan un 24.6 por ciento, ocupando con este porcentaje, el segundo lugar a nivel nacional después del Distrito Federal.

10. De acuerdo con el Estudio Mundial del Papel de la Mujer en el Desarrollo, publicado cada cinco años por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas dedicado al tema del control y acceso por parte de la mujer a los recursos económicos y financieros, incluida la micro financiación, se determino que las mujeres siguen teniendo menos acceso a los recursos económicos y financieros, entre ellos, los microcréditos, por lo que es necesario disminuir esta inequidad, sobre todo, ahora en tiempos de crisis económica.

11. Dicho informe enfatiza el hecho de que un mayor acceso de la mujer a estos recursos tiene consecuencias positivas sobre la reducción de la pobreza, el bienestar de los niños y el crecimiento económico.

12. Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz, el llamado banquero de los pobres, en su esfuerzo por crear desarrollo económico y social desde abajo, defiende el crédito que se otorga a personas que carecen de propiedad de bienes inmuebles y en especial el que se hace a las mujeres, porque “cuando un mujer consigue rendimientos por su actividad, los que se benefician en primer lugar son sus propios hijos”.

13-Las políticas de microcréditos, buscan primordialmente combatir la pobreza con base en las oportunidades que ofrece el mercado, a la vez que incentivan el desarrollo de habilidades emprendedoras, mediante el uso de vínculos solidarios comunales y de nuevas tecnologías.

14. Como legisladores, tenemos la enorme responsabilidad de buscar las condiciones que garanticen a las mujeres de nuestro país, una preparación cultural, política y económica que las capacite para tener una eficaz y activa participación en la vida de nuestro país y tengan la posibilidad de tener acceso, sin complicaciones, ni exigencias burocráticas mayores, que les permita iniciar o ampliar una actividad económica y productiva, que les genere ingresos.

15. Por lo anterior, es necesario que se fortalezcan y amplíen los créditos a la palabra de las mujeres trabajadoras, se incentiven sus capacidades emprendedoras, se aprovechen los avances tecnológicos y se amplié su uso, disposición y beneficio, así como, ampliar el espectro de oportunidades económicas, para mejorar las condiciones de vida y alivianar la pobreza extrema en que viven muchas mujeres de nuestro país.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.La Sexagésima Primera Legislatura hace respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Equidad y Género, de Economía, de Desarrollo Social, de Desarrollo Rural y todas las afines, de la honorable Cámara de Diputados para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se asignen más recursos presupuestales para apoyar a la mujer, sin mayor trámite y requisitos, mediante créditos directos a la palabra que les permita iniciar, ampliar y/o mejorar una actividad económica y productiva, en el municipio de Acapulco, Guerrero y en todo el país.

Segundo.La Sexagésima Primera Legislatura solicita a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, al secretario de Economía Federal, al secretario de Desarrollo Social Federal, al secretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al secretario de Reforma Agraria, destinen dentro de los recursos presupuestales aprobados, más recursos para apoyar a la mujer, sin mayor trámite y requisitos, mediante créditos directos a la palabra que les permita iniciar, ampliar y/o mejorar una actividad económica y productiva, en el municipio de Acapulco, Guerrero y en todo el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el Programa del Sur Fonregión, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sostiene que la pobreza es corolario de la pobreza de ingresos y para erradicarla, es importante la igualdad, la inclusión social, el empoderamiento de las mujeres y el respeto de los derechos humanos.

2. Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en las últimas dos décadas, han sido objeto de atención especial del Estado mexicano, lo anterior, debido a que éstos estados del Sur han acrecentado la pobreza más lastimosa, la cual es tres veces mayor que el promedio nacional, y representa el 65% en relación al resto del país.

Por lo anterior, se han realizado importantes inversiones y destinado presupuestos crecientes para resolver los rezagos sociales y disminuir las asimetrías de la región con el resto del país.

3. No obstante, el Sur sigue siendo la zona en donde aún persisten los niveles más altos de marginación y pobreza, la mayor parte de las actividades económicas continúan siendo de baja productividad y, adicionalmente, se presentan los mayores problemas de gobernabilidad, que representan, incluso, riesgos para la seguridad nacional.

Paradójicamente en esta región, donde vive una parte importante de la población indígena nacional, los recursos naturales son abundantes y tiene un gran potencial social y económico, que no ha sido adecuadamente aprovechado.

4. Es importante resaltar que existe en el Sur, una limitada competitividad en materia económica, la cual se debe, entre otros factores, a los altos costos de producción como resultado de elevados costos de transporte ante la ausencia de una infraestructura y conectividad eficiente, tanto en la región, como entre ésta y el resto del país. Así mismo, las políticas de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, tal como la energía eléctrica, que no reconocen el hecho de que la región Sur genera una considerable proporción del volumen energético del país.

5. La pobreza alimentaria, la de capacidades y la de patrimonio son alarmantes en éstos estados: habita la más desfavorable proporción de población analfabeta; de población mayor a 15 años con primaria incompleta; de vivienda sin energía eléctrica; sin agua entubada, con mayor grado de hacinamiento y con pisos de tierra; el mayor número de población con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

6. Los Gobernadores de estas tres entidades, en el año 2007, promovieron el Programa del Sur y con la sensible voluntad de la LX Legislatura incorporaron en el Presupuesto un Fondo para el Programa del Sur, a efecto de llevar acciones en materia de infraestructura.

7. El Programa del Sur, es un proyecto común, con visión integral del desarrollo regional, en el que se establecen espacios de coordinación entre los órdenes de gobierno e instituciones, compromisos y acciones con metas precisas que constituyan un verdadero acuerdo, un verdadero pacto, de todos, a favor del sur.

8. Con el Programa del Sur, se busca canalizar más recursos hacia la región, y que se genere una forma diferente de acción institucional que privilegie la visión integral regional sobre la sectorial y la inercia gubernamental, e implique, también, la participación activa de los sectores privado y social.

Así mismo, reforzar las ventajas competitivas a nivel regional para desarrollar una nueva economía basada en el aprovechamiento de opciones de mercado propias de la zona, sin intentar transformar al territorio y conservando la identidad de la población.

9.El Programa del Sur tiene los siguientes Objetivos:

Alcanzar en el mediano plazo los promedios nacionales de bienestar y los indicadores de desarrollo humano, para aumentar las capacidades y la calidad de vida, en especial, de la población indígena, las mujeres, los jóvenes y los niños.

Ampliar la infraestructura regional para reactivar la economía, al tiempo de mejorar la calidad de vida.

Estimular y dar certidumbre a la inversión productiva, tanto privada como social, que permita alcanzar tasas de crecimiento superiores al promedio nacional, detonar la creación de nuevos empleos y aumentar los ingresos familiares y comunitarios.

Fortalecer la capacidad de respuesta e interlocución de los gobiernos para consolidar el proceso democrático en toda la región, bajo condiciones de estabilidad y mayor seguridad.

10. La Inversión del Fonregión 2007-2009 para los tres estados fue de 5,353 millones de pesos: 2,070.7 millones de pesos para Chiapas, 1,584.1 millones de pesos para Guerrero y 1,698.2 millones de pesos para Oaxaca.

Obras realizadas con los recursos de Fonregion

Chiapas

1. Aeropuerto de Palenque, 150 millones de pesos

2. Modernización y ampliación del camino: San Juan Chamula-SCLC; tramo 0+000 al 4+000, 76.4 millones de pesos

3. Construcción del paso a desnivel en carretera a Copoya, 47 millones de pesos

4. Pavimentación del Camino, tramo: San Andrés-El Ocote; subtramo kilómetro. 9+500 al km. 25+500 (17 kilómetros), 44.2 millones de pesos

5. Brazo Norte -Construcción de líneas de conducción, plantas de bombeo y tanques de regularización- en Tuxtla Gutiérrez, 81.7 millones de pesos

6. Construcción de Interceptores Pluviales de Tuxtla Gutiérrez, 65.7 millones de pesos

7. Construcción y Equipamiento de Rastro Registrado Regional de Bovinos en los municipios: Juárez, Villa Corzo y Yajalón, 90 millones de pesos

8, Construcción de Hospital General de San Cristóbal de Las Casas (60 Camas), 54.6 millones de pesos

9. Hospital General de 60 Camas de Villaflores, 49.7 millones de pesos

10, Universidad del Mar, 51.7 millones de pesos

Guerrero

1. Construcción del Libramiento Norte Chilpancingo-Montaña Baja, 193.2 millones de pesos

2. Tecpan de Galeana: Pavimentación San Luis San Pedro-Fresnos de Puerto Rico Tramo San Luis San Pedro-La Laguna, 138 millones de pesos

3. Pavimentación Olinala-Ahuacuotzingo, 63 millones de pesos

4. Pavimentación Zirandaro-Guayameo, 47 millones de pesos

5. Pavimentación Horcasitas-Tlaxcalixtlahuaca-Pascala del Oro, 45 millones de pesos

6. Construcción del Puente Buenavista en San José Buenavista, 41.6 millones de pesos

7. Pavimentación del Camino Atzacualoya-Hueycantenango, 25.7 millones de pesos

8. Pavimentación del Camino Rural Olinala-Ixcamilpa del kilómetro 18+600 Al 25+600, 20 millones de pesos

9. Pavimentación del Camino San Luis San Pedro-Fresnos de Puerto Rico Tramo del kilómetro 21+700 Al 56+000, 19.2 millones de pesos

10. Construcción del Puente Vehicular Ahuacatitlan, 18.2 millones de pesos

Oaxaca

1. Reconstrucción de la carretera Juchitán-Unión Hidalgo, tramo del kilómetro 0+000 al kilómetro 19+000 =, 34.7 millones de pesos

2. Reconstrucción del camino el Ámate-Acatlán-Cosolapa, tramo del kilómetro 12+300 al kilómetro 33+000, 19.9 millones de pesos

3. Construcción del puente vehicular S/Río Atoyac entre el puente Cuarto Centenario y el puente Valerio Trujano, primera etapa, 17. 4 millones de pesos

4. Universidad de Chalcatongo = 90 mdp, Nova Universitas en los campus de Acatlán de Pérez Figeroa, Central Ocotlán, Juxtlahuaca, Matías Romero, Nochixtlán, Putla y Sola de Vega = 78.7 mdp, Universidad del Istmo Campus Juchitán = 55.6 mdp, Universidad de la Costa Campus Pinotepa nacional = 29.7 mdp, Universidad de Chapingo = 8 mdp, Universidad del Istmo Campus Tehuantepec y Universidad de la Sierra Juárez = 2.1 mdp, 264.1 millones de pesos

5. Mejoramiento de la imagen urbana del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, 177.5 millones de pesos

6. Rehabilitación del andador Pérez Gasga en Puerto Escondido, 25.5 millones de pesos.

7. Construcción de Parador Turístico en San Pedro y San Pablo Teposcolula, 18.5 millones de pesos.

8. Construcción de cabañas turísticas en la Ruta Dominica, 13.6 millones de pesos.

9. Reconstrucción de la carretera Juchitán-Unión Hidalgo, tramo del kilómetro 0+000 al kilómetro 19+000, 34.7 millones de pesos.

10. Reconstrucción del camino el Ámate-Acatlán-Cosolapa, tramo del kilómetro 12+300 al kilómetro 33+000, 19.9 millones de pesos.

11. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, a través del Fonregión, el Estado de Guerrero, junto con Chiapas y Oaxaca, recibió 2 mil 750 millones de pesos; en el Proyecto de Presupuesto 2011, el Ejecutivo Federal propone una significativa disminución, por lo que es prioritario y urgente, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se asignen cuando menos, 3 mil quinientos millones al Programa del Sur (FONREGIÓN), a efecto de continuar los proyectos y acciones iniciadas con el propósito de equilibrar las profundas desigualdades de pobreza extrema en los Estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

12. Conscientes de que es fundamental que esta soberanía, ratifique de manera decidida, las propuestas presupuestales que impulsen el desarrollo de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, a través del Programa del Sur, es importante urgir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a destinar recursos no sólo adicionales, sino también, extraordinarios, a efecto de combatir la pobreza y la miseria y se logre alcanzar, cuando menos, los indicadores de la media nacional, sobre todo en los rubros de Educación, Salud, Alimentación, Vivienda, Infraestructura y Empleo.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Sexagésima Primera Legislatura, refrenda su apoyo, solidaridad y respaldo, al Programa del Sur, establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación de desde el año 2007, para continuar los proyectos y acciones iniciadas con el propósito de equilibrar las profundas desigualdades de pobreza extrema en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Segundo.La Sexagésima Primera Legislatura hace un respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Turismo, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se asignen, cuando menos, 3 mil quinientos millones al Programa del Sur.

Nota:

1 Tomado del Informe Ejecutivo de Pobreza México 2007. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. México 2008 p.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se reasignen recursos que permitan mantener por lo menos lo autorizado en 2010 dentro del Fondo Metropolitano para Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El desarrollo metropolitano es el proceso de crecimiento social y económico de una zona o área metropolitana, que garantiza la funcionalidad, ordenamiento y gobernabilidad territorial de una determinada ciudad central y de las unidades político-administrativas contiguas y completas a ésta, para la preservación del ambiente, la conservación y reproducción de los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la población.

2. Por haberse convertido Acapulco, en el destino turístico por excelencia, derivo en un centro de desarrollo generador de oportunidades de empleo, con un gran crecimiento migratorio y demográfico, propiciando un desordenado crecimiento urbano, extendido, ahora, conurbadamente, en tres municipios colindantes: Coyuca, San Marcos y Tierra Colorada, lo que ha obligado a proporcionar recursos presupuestales que sean destinados a su atención como una zona metropolitana en donde se mejoren los servicios, se ordene su crecimiento y se garantice funcionabilidad y gobernabilidad.

3. Este año, los Fondos Metropolitanos prevén una disminución del 60 por ciento, de acuerdo a la Propuesta enviada por el Presidente Felipe Calderón en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, por lo que es necesario buscar un incremento en el mismo, en virtud de que es en las zonas metropolitanas donde vive el 50 por ciento de la población y es ahí donde se produce más de 75 por ciento del producto interno bruto.

4. En el Presupuesto de Egresos 2009, se asignaron en el Fondo Metropolitano, 40 millones de pesos al municipio de Acapulco, Guerrero y en el Presupuesto de Egresos 2010, se asignaron 80 millones de pesos, por lo que es preocupante que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos federal de 2011 no se contemplen recursos en este rubro ya que se interrumpirían proyectos de obras ya iniciadas y la atención prioritaria que requiere esta zona territorial en donde convergen cuatro municipios.

5. Por lo anterior, es importante que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Metropolitano, mantengan, por lo menos, en el Presupuesto de Egresos de 2011, los 80 millones de pesos que se autorizaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, para el municipio de Acapulco, Guerrero.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Sexagésima Primera Legislatura hace respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Metropolitano de la honorable Cámara de Diputados para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 realicen una reasignación de recursos presupuestales para mantener, por lo menos, en el Presupuesto de Egresos 2011, los 80 millones de pesos que se autorizaron en el 2010, dentro del Fondo Metropolitano, para el municipio de Acapulco, Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un hospital comunitario en los bienes comunales de Cacahuatepec, de Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral I, inciso b), de la ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La salud es un asunto de vital importancia porque tiene que ver con la vida de las personas, por lo que es fundamental que como legisladores fortalezcamos con mayores recursos el propósito de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de salud, máxime si se trata de los núcleos de población que, por su ubicación y dispersión geografía, tardan horas de traslado para llegar al Centro Hospitalario más cercano.

2. La Organización Mundial de la Salud, define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades, por lo que es importante impulsar la creación de más hospitales, clínicas y centros de salud, donde se atienda a los enfermos, ya que 25 millones de mexicanos carecen de un sistema que les provea de esta fundamental atención.

3. En virtud de la primacía que representa lograr una cobertura universal y el mejoramiento de los servicios de salud en el país, es prioritario procurar recursos, primordialmente, en las zonas de mayor marginación, para la construcción y reforzamiento de la infraestructura hospitalaria, que permita prevenir, atender y resolver los principales problemas de salud que aquejan a la población campesina y rural, y hacer esfuerzos continuos para aspirar a alcanzar, cuando menos, los promedios nacionales de vida.

4. Es importante destacar que, en Acapulco, 60,000 familias, aproximadamente, no tienen acceso a los servicios de salud, es decir, no tienen IMSS, ISSSTE ó alguna protección de salud asegurada. Así mismo, existen reportes de enormes deficiencias de infraestructura, servicios médicos y abastecimiento de medicinas en la zona rural del municipio.

5. De acuerdo a los niveles de pobreza, más de 40 poblados del municipio de Acapulco viven en muy alta marginación, donde los accesos a las vías de comunicación son nulos o en mal estado. Esta población se encuentra en un alto grado de desnutrición, principalmente los niños y las personas de la tercera edad.

Entre las comunidades más marginadas, están todas aquellas asentadas sobre el margen del río Papagayo, como Cacahuatepec, Huamuchitos, Apanhuac y Espinalillo, entre otras.

6. Los Bienes Comunales de Cacahuatepec tienen una población superior a 43 mil habitantes, en su mayoría campesinos y mujeres rurales quienes, por la orografía del terreno, tienen que hacer un recorrido de más de dos horas para poder acceder a servicios de atención médica (cruzan en lancha el Río Papagayo y la distancia que hay de, ahí, al Hospital más cercano que está en Ciudad Renacimiento).

Sí la emergencia ocurre en la noche, es prácticamente imposible salir de la población, por ello, hay una alta tasa de mortalidad en la zona.

7. Con este hospital comunitario se pretende mejorar la atención oportuna a la salud de un amplio número de habitantes, para mejorar, con ello, la calidad de vida en una buena parte de la zona rural de Acapulco. La salud, no sólo tiene que ver con la vida, sino también, con la seguridad, el desarrollo económico y la gobernabilidad. Una salud deteriorada hace más difícil alcanzar éstos y otros objetivos, como la educación, el desarrollo científico- tecnológico y la productividad del trabajo.

8. Por lo anterior, es importante asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 20 millones de pesos para la construcción de un hospital comunitario, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, del municipio de Acapulco, con lo que se beneficiaran más de 43,000 habitantes, en su mayoría campesinos y mujeres rurales que cuando se enferman tienen que pasar el río, en balsas y lanchas, y luego, un trayecto de casi 2 horas para llegar al hospital de Ciudad Renacimiento, de la ciudad y puerto de Acapulco; peor aún, si esto sucede de noche, la gente se muere por falta de transporte.

Por lo expuesto y fundado, solicito que se someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Sexagésima Primera Legislatura hace respetuoso exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Salud de la honorable Cámara de Diputados para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se asignen 20 millones de pesos a la construcción de un hospital comunitario, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, del área rural del municipio de Acapulco, en beneficio de más 43,000 habitantes, en su mayoría campesinos y mujeres rurales.

Segundo.La Sexagésima Primera Legislatura hace respetuoso exhorto a las Secretarías de Salud, del gobierno federal y del estatal de Guerrero para que dentro del Presupuesto Federal aprobado se destinen 20 millones de pesos a la Construcción de un hospital comunitario, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, del área rural del municipio de Acapulco, en beneficio de más 43,000 habitantes, en su mayoría campesinos y mujeres rurales.

Nota:

1 Sistema Nacional de Geografía, Estadística e Informática.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a proyectos de inversión en infraestructura para ampliar los puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya, Campeche, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Óscar Román Rosas González, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Campeche juega una posición estratégica para el desarrollo del país, en primer lugar porque sus costas proveen del 80 por ciento de los hidrocarburos explotados en territorio nacional, y en segundo, porque su ubicación geográfica le permite ser punto de encuentro con la zona sureste del país, la península e indiscutiblemente ser puente obligado para la región comercial centroamericana.

Lamentablemente, no se han tomado en cuenta estas potencialidades para hacer de Campeche un gran polo desarrollo nacional. Uno de los sectores base que necesita ampliarse y modernizarse para lograr este objetivo es la infraestructura portuaria.

En la actualidad, la entidad cuenta con ocho puertos bajo concesión federal; Seybaplaya, Cayo Arcas, Isla del Carmen, Lerma, Champotón San Francisco, Isla Arena y Sabancuy. La Administración Portuaria Integral de Campeche (APICAM), es la instancia ejecutora del ejercicio de los derechos y obligaciones derivadas de la concesión que el gobierno federal le otorgó para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público federal, la construcción de obras e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios, así como la administración de los bienes que integran su zona de desarrollo.

Una de las funciones, que por mandato legal tiene la APICAM, es la de llevar a cabo la reestructuración del sistema portuario de Campeche, a través del mejoramiento de la infraestructura portuaria existente, atendiendo la industria y el comercio de exportación, así como a las actividades petroleras, pesqueras y turísticas.

En consecuencia, la APICAM ha desarrollado un proyecto con metas de largo alcance en dos de los principales puertos, que por su importancia para el desarrollo económico y social de la entidad es necesario consolidar: Puerto de Isla del Carmen y el puerto de Seybaplaya.

Sin lugar a dudas, puerto Isla del Carmen es el más importante, no sólo por su ubicación, sino por la amplia gama de servicios que pone a disposición de la industria portuaria. El puerto consiste en un canal de acceso y tres dársenas, alrededor de las que se tienen 17 bandas de atraque, además cuanta con 113 unidades para el servicio de carga y descarga, de las cuales: 21 son grúas, 53 planas, 17 hiab y 22 montacargas.

Tiene los servicios de maniobra de carga y descarga, amarre y desamarre, suministro de combustibles y lubricantes, fumigación pilotaje, recolección de desechos sólidos, vigilancia, telecomunicaciones, suministro de alumbrado, limpieza, grúas de puerto y diversos trabajos industriales en el ramo.

De acuerdo al movimiento nacional de carga registrado por la SCT, puerto Isla del Carmen, mueve 87 mil 75 toneladas de productos; 84 mil 550 de altura y 2 mil 525 de cabotaje. Sin embargo, las demandas y exigencias de los usuarios apuntan a nuevas obras de infraestructura que permitan de-sarrollar todo el potencial del puerto para estar en posibilidades de competir con los puertos de otros estados de la república.

Por otro lado, el puerto de Seybaplaya, se localiza a 30 kilómetros de Campeche, perteneciente al municipio de Champotón. Este puerto tiene 10 años de antigüedad y consta de en una plataforma marginal de 300 metros de longitud y 70 de ancho. En el extremo sur de ésta plataforma cuenta con un espigón de 127 metros de longitud y 5 metros de corona para proteger la dársena de vientos y corrientes del sur.

En el extremo norte, para el acceso a las áreas de atraque, cuenta con un viaducto de acceso de 9 m de corona y 125 metros de longitud, mismo que continua hacia el suroeste, con un ángulo interior de 115 grados y una longitud de 370 metros, formándose en esta parte, una plataforma de 31 mil 312 metros cuadrados. El interior de la plataforma cuenta con una línea de atraque de 345 metros de longitud, incluyendo una rampa de concreto armado para el atraque de buques tipo roll on/roll off.

El área de maniobras y de contenedores cuenta con una capacidad de carga de 200 toneladas por metro cuadrado. Esta infraestructura cuenta con una dársena de 52 mil 867.80 metros cuadrados y 15 pies de profundidad en el área de atraque.

Esta terminal puede recibir embarcaciones de hasta 6 mil TRB, tipo granelero y de contenedores, comunicándose a través de un acceso principal de mil 800 metros de largo y 10 metros de ancho, que entronca con la carretera federal 180.

Como se puede apreciar, el puerto de Seybaplaya cuenta con infraestructura base para ser una terminal con ventajas comparativas para las plataformas petroleras y el transporte de hidrocarburos en la región del Golfo de México, pero en la actualidad debido a la falta de infraestructura y ampliación de la misma, registra un movimiento de 17 mil 674 toneladas; 936 de altura y 16 mil 738 cabotaje.

En síntesis, podemos afirmar que la capacidad instalada en los dos puertos; Isla del Carmen y Seybaplaya, está siendo subutilizada debido a la falta de recursos para realizar las ampliaciones y demandas de los usuarios –entre ellos Pemex– y no por la falta de demanda.

Ante la inmejorable oportunidad de modernizar los puertos de la entidad y la pujante demanda para transportar productos petrolíferos, diversas mercancías y trabajadores en la zona del Golfo, la APICAM el 30 de junio de este año, inició las obras de ampliación de los puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya. La inversión se realiza con recursos estatales, pero estos resultan insuficientes para concluir los proyectos de altas miras que se ha propuesto la APICAM.

Por ello, el 7 de julio del presente, se solicitó a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, el apoyo para la obtención de recursos federales que complementan la inversión que está realizando la APICAM en estos dos puertos.

Finalmente, el 22 de septiembre, después de cubrir varios requisitos, quedaron registrados en la Unidad de Inversiones de la SCT el proyecto Puerto Seybaplaya con la solicitud número 29521, y también el proyecto de Isla del Carmen registrado con la solicitud número 29522.

A pesar de que ya estaban registrados, cuatro días después se informó a la APICAM por instrucciones de la SHCP, los proyectos de inversión de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya fueron eliminados de la provisión de la SCT para su inclusión en la cuenta de gasto de presupuesto de 2011. La causa se debe a que no se contaba con el registro de los dos proyectos en la SHCP.

Es importante mencionar que la APICAM lleva importantes avances las obras de ambos puertos, alcanzando un grado de avance del 25 por ciento con una inversión de más de 80 millones de pesos con recursos propios. Las obras de ampliación responden a las necesidades y demandas de nuevos espacios e infraestructura portuaria, falta de bandas de atraque y patios de operación portuaria, expresadas por las empresas usuarias de ambos puertos y de la administración portuaria.

Isla del Carmen y Seybaplaya son puertos que se complementan con áreas diferenciadas de servicios logísticos a las plataformas petroleras. El primero con ventajas en los servicios al 70 por ciento de las plataformas petroleras y el segundo con un área de oportunidades y ventajas comparativas para el 30 por ciento de plataformas costa afuera.

La importancia estratégica de incorporar la nueva infraestructura radica en que constituyen la única base de servicios logísticos de la industria petrolera off shore para el transporte de 750 mil viajes pasajeros año (especialistas y operarios petroleros costa afuera) y la exportación de 350 millones de barriles que tienen un valor de 25 mil millones de dólares anuales y constituye el 80 por ciento del petróleo exportado por México.

La APICAM realiza importantes esfuerzos para modernizar su infraestructura portuaria, sin embargo necesita de recursos federales que complementen las aportaciones estatales. El proyecto Puerto Isla del Carmen contempla un gasto total para 2011 de 160 millones 799 mil 967 pesos, de los cuales 80 millones 399 mil 984 sería aportados por el estado, y 80, 399,984 por la federación.

El proyecto Puerto Seybaplaya contempla un gasto total para 2011 de 352 millones 822 mil 790 pesos, de los cuales 176 millones 411 mil 395 sería aportados por el estado, y 176 millones 411 mil 395 por la federación.

De esta manera, al no contar con recursos adicionales se pondría en peligro el avance de las obras y por lo tanto quedarían inconclusas. Derivado de ello, el desarrollo de la entidad se vería truncando y la generación de nuevos empleos fuertemente mermada.

Por lo expuesto y fundado, me permito proponer al pleno lo siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a fin de que en la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, destine recursos para proyectos de inversión en infraestructura para la ampliación de los puertos de Isla del Carmen y de Seybaplaya en Campeche.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a fin de que en la discusión y aprobación del proyecto Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, destine 80 millones 399 mil 984 de pesos para el proyecto Puerto Isla del Carmen.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a fin de que en la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, destine 176 millones 411 mil 395 pesos para el proyecto Puerto Seybaplaya.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión en desarrollo científico y tecnológico en las Universidades Autónomas del Carmen y de Campeche, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

A lo largo del siglo XX la principal preocupación de muchos países fue la cobertura de la educación superior en sus sociedades, sin embrego a partir de la década de los 70, muchos de ellos, principalmente los desarrollados, se dieron cuenta que a la par de incentivar la educación en todos sus niveles era necesario invertir en educación científica y tecnológica, pues los procesos de apertura económica y ensanchamiento de las economías, requerían de innovación en productos y procesos que generaran mayor valor agregado en los diferentes procesos económicos e industriales, para enfrentar los retos de un mundo en competencia

De acuerdo con los indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las naciones con mayor inversión en la materia, como porcentaje del producto interno bruto (PIB), son Suecia (3.6 por ciento); Finlandia (3.5 por ciento); Japón (3.4 por ciento); Suiza (2.9 por ciento); Islandia (2.7 por ciento); y Estados Unidos de América (2.6 por ciento).

En México, el gasto público en ciencia y tecnología, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado en 2010, ascendió a 44 mil millones de pesos, significando 1.4 por ciento del gasto federal, y en promedio 0.36 por ciento como porcentaje del PIB. Así, nuestro país ocupa el último lugar en inversión para la ciencia y tecnología en la lista de países miembros de la OCDE.

Los rezagos en sector ciencia y tecnología son preocupantes a nivel nacional, pero en las entidades federativas se torna simplemente alarmante, pues el estado que más destina es Jalisco con 262 millones de pesos, y el que menos invierte en el sector es Baja California Sur con apenas 1 millón de pesos. Mientras que Campeche destina muy pocos recursos para estas actividades, ya que las transferencias federales se consumen en la cobertura de los servicios básicos y de educación media.

La situación que guarda Campeche en materia de ciencia y tecnología es precario, ya que sólo se cuenta con seis centros de investigación: dos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de la Universidad Nacional Autónoma de México, y los restantes pertenecen a secretarías locales, comparados con los 62 centros que existen en el Distrito Federal o los 12 que residen en Querétaro.

A pesar de encontrar con centros de investigación el estado de Campeche, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, no cuenta con algún proyecto o programa de innovación aprobado en el presente año; fueron más de 500 proyectos aprobados. El estado que más proyectos promovió fue Nuevo León con 81; Zacatecas y Chiapas participaron con un proyecto, respectivamente.

Asimismo, cabe señalar que Campeche cuenta con 11 investigadores por cada 100 mil habitantes de la población económicamente activa, en tanto que en otros estados de la república el rango va de 20 a 67 investigadores por el mismo número de población.

De esta manera, se vuelve indispensable reorientar el gasto federal en materia de ciencia y tecnología, para cerrar la brecha existente entre las entidades federativas, y destinando recursos a Campeche, pues es uno de los estados que más rezagos en la materia tiene.

Es importante mencionar que la Universidad Autónoma del Carmen y la Universidad Autónoma de Campeche cuentan con numerosos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, por ejemplo, desarrollar energéticos sustentables con utilización de biomasa derivada de de animales y vegetales como resultado del proceso de conversión fotosintético, así como el proyecto de desarrollo regional y la disminución de la vulnerabilidad ante el cambio climático en el Estado de Campeche, con base en el fortalecimiento institucional de competencias científicas y técnicas.

La Universidad Autónoma del Carmen presenta el proyecto unidad experimental piloto para la producción de biodiesel, cuyo objetivo es desarrollar una unidad experimental a escala piloto para la obtención de biodiesel a partir del aceite de Jatropha u otras semillas o fuentes viables, como podrían ser las microalgas, que permita generar datos técnicos para evaluar la viabilidad de la producción de biodiesel a escala industrial.

Una primera etapa consiste en el acondicionamiento de la infraestructura para la puesta en marcha de la unidad experimental. En una segunda etapa, se compraran los equipos primarios y se realizará su puesta en marcha de un proceso de obtención de biodiesel. En la tercera etapa, se tendrán que calendarizar distintos experimentos pensando en las variantes que se tienen en las fuentes de aceites.

El proyecto para generar biodiesel tiene una duración de 5 años, tiempo suficiente para que se desarrolle un paquete tecnológico que permita el uso de tecnología propia para la producción de biodiesel, con opción a patente. Esta tecnología estará disponible a los empresarios e industriales de la región para su aplicación a escala industrial.

El costo total del proyecto para generar biodiesel es de 15 millones 819 mil pesos.

La Universidad Autónoma de Campeche presenta el proyecto fortalecimiento técnico científico para el desarrollo regional del estado y la disminución de la vulnerabilidad ante el cambio climático.

El principal objetivo del proyecto es la consolidación del cuerpo científico y tecnológico con que cuenta la Universidad Autónoma de Campeche. Los sectores en los cuales se busca fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico son acuacultura, manejo de ecosistemas costeros, contaminación e impacto ambiental y recursos pesqueros tropicales.

Los objetivos se cumplirán a través de cuatro ejes estratégicos: ordenamiento costero y mitigación del impacto del cambio climático; aprovechamiento sustentable y asignación de valor agregado para la biodiversidad de los servicios ambientales; preservación de infraestructura civil e industrial del estado; y desarrollo humano, salud y protección de la población.

El costo total del proyecto fortalecimiento técnico científico para el desarrollo regional del estado y la disminución de la vulnerabilidad ante el cambio climático es de 150 millones de pesos.

Lamentablemente, estos proyectos no han podido ser llevados al plano real por la falta de recursos económicos que permitan poner en marcha los programas de innovación y desarrollo tecnológico, por lo cual solicito atentamente su solidaridad y apoyo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer al pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados para a efecto de que en la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 destine recursos para proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en la Universidades Autónomas del Carmen y de Campeche.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a fin de que en la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 destine 15 millones 819 mil pesos para el proyecto unidad experimental piloto para la producción de biodiesel, presentado por la Universidad Autónoma del Carmen.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados para que en la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 destine 150 millones de pesos para el proyecto fortalecimiento técnico científico para el desarrollo regional del estado y la disminución de la vulnerabilidad ante el cambio climático, presentado por la Universidad Autónoma de Campeche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la conservación y el mejoramiento de caminos rurales y carreteras estatales en Campeche, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Óscar Román Rosas González, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La construcción de nuevas vías de comunicación que permitan el transporte de mercancías y personas de manera ágil y eficiente, reduciendo tiempos y costos, es imperativo para potenciar el mercado interno e impulsar el desarrollo regional del país. Tal es el caso las carreteras estatales y caminos rurales.

En los últimos, el Gobierno Federal ha invertido fuertemente en infraestructura carretera en diferentes estados del país, privilegiando las autopistas de cuota en los estados donde se concentran los núcleos poblacionales más grandes de la República

De acuerdo con estadísticas de la SCT los estados que cuentan con la infraestructura carretera más completa son Chiapas con 22 mil 226, Veracruz 24 mil 563, Jalisco 24 mil 934 y Oaxaca 21 mil 262 kilómetros, respectivamente. Estados como Michoacán, Durango y Guerrero rebasan los 10 mil kilómetros de carreteras.

Por otro lado, estados como Campeche, cuentan con la infraestructura carretera más baja del país, incluso Yucatán con 12 mil 337, y Tabasco 8 mil 664 kilómetros, respectivamente, superan por mucho a esta entidad del sureste mexicano.

En la actualidad, Campeche cuenta con una red carretera de 4 mil 363.51 kilómetros, de los cuales mil 260 son carreteras de la SCT y 3 mil 103.51 forman parte de la red estatal administrada por el gobierno de la entidad.

Ahora bien, la red estatal tiene 2 mil 13.83 kilómetros de caminos rurales y mil 89.68 kilómetros de carreteras estatales; de ellos, mil 14.48 kilómetros se encuentran dañados, por lo que se requiere establecer medidas de conservación y mejoramiento urgentes para evitar que la infraestructura carretera se siga deteriorando.

Los trabajos consisten en reponer las terracerías perdidas y construir una capa subrasante de 15 centímetros de espesor con material de banco de la región, respetando las características geométricas actuales y aplicar un pavimento a base de un riego de sello premezclado para mantener la superficie de rodamiento en condiciones aceptables.

Lo antes mencionado es debido a que estos caminos requieren de un mantenimiento constante, ya que las condiciones geológicas en la parte sur del estado es difícil ya que está conformada en la mayor parte de las regiones por arcilla limosas, arenas y yesos; aunado a que las condiciones climatológicas en la mayor parte del año son lluviosas y con los escurrimientos dañan los pavimentos de los caminos; por lo que es necesario establecer una programa de conservación rutinaria.

Por ello, es de suma importancia contar con recursos adicionales para que los estados de la República, como Campeche puedan equilibrar las disparidades con otras entidades federativas en el sector carretero.

Por lo expuesto y fundado, me permito proponer al pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a fin de que en la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, destine recursos por 250 millones de pesos para la conservación y mejoramiento de caminos rurales y carreteras estatales en Campeche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ampliar el hospital general de Tepeaca, Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado federal José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Unión, para que se destinen los recursos necesarios y suficientes para la ampliación del Hospital General de Tepeaca de 30 a 60 camas, en virtud de ser muy concurrido por habitantes de municipios colindantes del estado de Puebla, el cual tiene un costo de 40 millones de pesos y deberá formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La salud es uno de los elementos más importantes para el gobierno de cualquier país, ya que una sociedad sana tiene mayores posibilidades de lograr el crecimiento económico, y por ende, aspirar al desarrollo.

La humanidad, durante las últimas décadas ha padecido enfermedades y padecimientos de difícil y compleja atención, tratándose de un tema de disponibilidad hospitalaria, de recursos humanos y financieros, así como de un asunto de suficiencia en los medicamentos y medicinas.

El sistema nacional de salud en México no cuenta con la infraestructura suficiente para atender una demanda creciente de servicios médicos de distinta índole, siendo los hospitales y clínicas regionales los que resienten en mayor medida la problemática.

Lo anterior se puede ejemplificar de manera clara con lo que ocurre en el Hospital General de Tepeaca, ubicado en la cabecera municipal del mismo nombre, en el estado de Puebla. Institución que requiere de apoyo financiero, el cual permita ampliar la disponibilidad de camas, permitiendo con ello, ampliar el servicio y la cobertura de los servicios médicos.

La solicitud de recursos es de 40 millones de pesos, los cuales servirán para incrementar el número de camas, pasando de 30, con las que actualmente cuenta el centro hospitalario, a 60 camas, dicha petición se realiza en razón de la importancia que ha adquirido el Hospital General de Tepeaca, al cual acuden habitantes de las comunidades ubicadas alrededor del municipio.

Ante la complejidad y dificultad que conlleva enfrentar una crisis económica, la eficiencia de la capacidad instalada es fundamental, en este sentido, es prioritario impulsar y fortalecer las instituciones que ahora integran el sistema de salud, es por ello que la ampliación de equipo solicitada está acorde al contexto que prevalece.

No se trata de realizar peticiones fuera de lugar, sólo por el hecho de pedir para proyectos que se consideran de gran envergadura y con un alto costo, como si ambos factores fueran significado de beneficio social, por el contrario, es momento de sumar esfuerzos en aras de lograr un mejor entorno.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Unión, para que se destinen los recursos necesarios y suficientes para la ampliación del Hospital General de Tepeaca de 30 a 60 camas, en virtud de ser muy concurrido por habitantes de municipios colindantes del estado de Puebla, el cual tiene un costo de 40 millones de pesos y deberá formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Alberto González Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ampliar y modernizar la carretera Tepeaca-Tecamachalco, Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado federal José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Unión, para que se destinen los recursos necesarios y suficientes, que ascienden a 581 millones de pesos, para la ampliación y modernización de la carretera del municipio de Tepeaca a Tecamachalco del estado de Puebla, el cual deberá formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México adolece de una infraestructura carretera eficiente, no sólo por la cantidad de vías de comunicación, sino también por el deterioro en que se encuentra una parte importante de la infraestructura carretera nacional, ello representa un obstáculo para lograr el encadenamiento de los procesos productivos.

El gobierno, como parte de las políticas económicas anticíclicas, ha encontrado en la inversión carretera la clave para reactivar la economía nacional, ello debido al gran número de actividades y ramas productivas que convergen en la construcción.

Entre los impactos que se pueden destacar se encuentran: la generación de empleos, el desarrollo regional, la disminución en los tiempos de traslado de los productos, la integración plena de las cadenas productivas, y la disminución de los costos de circulación de las mercancías y productos comercializados.

Las entidades federativas invierten recursos en la construcción, ampliación, remodelación y mantenimiento de carreteras y caminos rurales, sin embargo, esta aportación es insuficiente considerando la demanda creciente de vías de comunicación que las comunidades solicitan.

En el caso particular del estado de Puebla, es fundamental contar con caminos y carreteras en buen estado, ya que la entidad no sólo es productora, sino que también es un medio de paso por el que transitan transportes con mercancías provenientes de la zona sur del país.

El contar con vías de comunicación en buen estado garantiza el acceso a un sistema de comunicación carretero que agiliza el mercado interno.

En este contexto, se hace necesaria la intervención del gobierno central, con el objetivo de que realice aportaciones o asignaciones directas de recursos económicos, los cuales permitan la construcción de carreteras y caminos rurales. De no existir la participación directa ya mencionada, se pone en riesgo la sustentabilidad de la infraestructura nacional.

En razón de lo anterior, considero pertinente y necesario mencionar, que el pasado 10 de noviembre de 2009, presenté ante esta asamblea un punto de acuerdo por el que se exhortaba a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se asignarán recursos por un monto de 581 millones de pesos, los cuales serían utilizados para la modernización de la carretera Tepeaca-Tecamachalco.

Hoy retomo el tema, solicitando los recursos económicos necesarios y suficientes para la ampliación y modernización de la carretera Tepeaca-Tecamachalco, así como la construcción del boulevard en el mismo tramo.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Unión, para que se destinen los recursos necesarios y suficientes, que ascienden a 581 millones de pesos, para la ampliación y modernización de la carretera del municipio de Tepeaca a Tecamachalco del estado de Puebla, el cual deberá formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Alberto González Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la carretera Cuautinchan-Inspectoría Auxiliar de Santa Cruz Alpuyeca, Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado federal José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Unión, para que se destinen los recursos necesarios y suficientes para la construcción de la carretera del municipio de Cuautinchan a la inspectoría auxiliar de Santa Cruz Alpuyeca del municipio de referencia del estado de Puebla, el cual tiene un costo de 35 millones de pesos y deberá formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La infraestructura carretera es un elemento y una vía fundamental para coadyuvar a que las localidades y las comunidades puedan integrarse de manera plena a la dinámica del crecimiento y desarrollo económico.

Pareciera que, por no ser carreteras o caminos poco transitados, su importancia disminuiría, hipótesis que resulta errónea, ya que no se cuenta con la perspectiva del costo social, del impacto colectivo, el cual, es innegable y no se puede poner en tela de juicio.

El gobierno federal se ha abocado a la aprobación de proyectos carreteros de gran envergadura, megaobras que, desde su perspectiva, son de un alto impacto, lo cual no es necesariamente cierto.

Hemos sido testigos de la construcción de grandes obras carreteras que después de un tiempo resultan obsoletas y no solucionan el problema vehicular.

Otro caso es el que se presenta en las carreteras concesionadas, las cuales, a cambio de cuotas altísimas, ofrecen un servicio deplorable, insuficiente y de mala calidad.

Las obras anteriores se han privilegiado, haciendo a un lado los proyectos que tienen que ver con tramos carreteros de corta distancia, pero que por sus características y efecto colectivo, adquieren una mayor relevancia, ya que los impactos son inmediatos, de corto plazo, trayendo consigo, beneficios a la familias que habitan en estas localidades.

Lo mencionado anteriormente es una realidad que acontece en el estado de Puebla, entidad que ha impulsado de manera importante el desarrollo de proyectos carreteros, sin embargo, se requiere de la intervención del gobierno federal en el tema de la asignación de los recursos.

Es importante mencionar que en algunos de los casos, los gobiernos municipales tienen serios problemas de escasez de recursos financieros, su margen de disponibilidad es muy estrecho, llegando a ser nulo. Lo anterior complica la posibilidad de avanzar en la construcción de proyectos de inversión para carreteras.

En este sentido, es fundamental realizar una valoración, presupuestal, de las dificultades que tienen los municipios para elaborar los proyectos ejecutivos correspondientes, que en ocasiones es más costoso que la realización de la obra misma, ante lo cual es imperativo otorgar los apoyos financieros, técnicos e institucionales que faciliten la construcción del tramo carretero del municipio de Cuautinchan a la inspectoria auxiliar de Santa Cruz Alpuyeca del municipio de referencia en el estado de Puebla, el cual tiene un costo de 35 millones de pesos.

Ante la falta de apoyo y sensibilidad del gobierno federal, desde el Congreso de la Unión y en particular, en la Cámara de Diputados, es imperativo solidarizarnos con la petición presupuestal.

No debemos permitir que por cuestiones políticas o por arreglos previos, se coarte el derecho constitucional a lograr el desarrollo de los municipios de México. Por el contrario, debemos coadyuvar a impulsar el desarrollo regional, en donde, la infraestructura carretera es uno de los pilares del crecimiento económico.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Unión, para que se destinen los recursos necesarios y suficientes para la construcción de la carretera del municipio de Cuautinchan a la inspectoría auxiliar de Santa Cruz Alpuyeca del municipio de referencia del estado de Puebla, el cual tiene un costo de 35 millones de pesos y deberá formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a de 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Alberto González Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ampliar la carretera de Tecali de Herrera-Zoológico Áfricam Safari, Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado federal José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Unión, para que se destinen los recursos necesarios y suficientes para la ampliación de la carretera de Tecali de Herrera al zoológico de Africam Safari del municipio de Puebla, dada la cantidad de habitantes que lo visitan, el cual deberá formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La relación que existe entre la infraestructura carretera y el crecimiento económico de las regiones es inherente, razón por la cual es fundamental que las vías de comunicación terrestre se encuentren en condiciones óptimas, en cantidad suficiente y en longitud y magnitud adecuada.

Es mucho el tiempo que pasa entre la elaboración de un proyecto para la construcción, remodelación o adecuación de un tramo carretero, durante la espera para concretar dicha propuesta, pueden pasar meses o años, periodo durante el cual se ven afectadas las actividades de la región.

Un caso particular es lo que ocurre en el zoológico Africam Safari, ubicado en el municipio de Puebla, el cual es visitado por cerca del 40 por ciento del total de visitantes que acuden a realizar turismo en la entidad.

El impacto regional que genera dicho zoológico ha traído consigo grandes beneficios para las familias que habitan en las comunidades aledañas, cuyos pobladores se han dado a la tarea de ofertar productos y servicios que son adquiridos por los visitantes.

Los animales en cautiverio son una de las principales atracciones para las personas, en este sentido, la oferta que presenta el estado de Puebla es una de las mejores alternativas a nivel mundial, destaca el punto que permite que la fauna que se desarrolla en un ambiente libre, pueda interactuar con los visitantes y la naturaleza

Lo anterior ha permitido que la demanda para visitar este zoológico se incremente de manera considerable, lo cual hace necesario que el tramo carretero que va de Tecali de Herrera a Africam Safari se deba ampliar, a fin de mejorar el acceso de los visitantes, así como para aprovechar de mejor manera los beneficios del incremento de turistas.

La infraestructura carretera que se encuentra ligada al turismo es una de las más importantes, ya que los visitantes que acuden a conocer determinados lugares y regiones realizan una derrama económica importante, lo cual incentiva la actividad productiva y permite a las familias que habitan en estas comunidades, contar con una fuente de ingresos alternativa.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta samblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Unión, para que se destinen los recursos necesarios y suficientes para la ampliación de la carretera de Tecali de Herrera al zoológico de Africam Safari del municipio de Puebla, dada la cantidad de habitantes que lo visitan en el estado de Puebla, el cual deberá formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Alberto González Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la carretera San Francisco Mixtla-Entronque La Loma, en Tecali de Herrera, Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado federal José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Unión, para que se destinen los recursos necesarios y suficientes para la construcción de la carretera de San Francisco Mixtla al entronque denominado la Loma del municipio de Tecali de Herrera, del estado de Puebla, el cual deberá formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El rezago, la marginación, la falta de oportunidades y la ausencia de crecimiento económico y de desarrollo en las regiones y comunidades, se debe en gran medida a la infraestructura carretera disponible.

Contar con las vías de comunicación terrestres suficientes otorgan a las localidades mayores posibilidades de lograr el desarrollo en beneficio de las familias que habitan en estos territorios. Dicha infraestructura permitirá a los pueblos formar parte de la red que permite la distribución y comercialización de bienes y servicios regionales.

Se ha puesto especial énfasis en el papel fundamental que tienen las carreteras y caminos rurales para favorecer e impulsar las capacidades de las regiones, beneficiando el desa-rrollo integral y el aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles.

La falta de planeación en el desarrollo de las regiones ha ocasionado que las diferencias entre los estados del norte, centro y sur del país se hagan más grandes, siendo uno de los factores que ha contribuido a ello, la infraestructura de carreteras y caminos rurales.

Las políticas públicas aplicadas a partir del año 2000 han sido incongruentes y no han logrado generar efectos positivos a lo largo y ancho del país.

La actual administración, ha dado a conocer que durante los últimos tres años, se han construido y rehabilitado miles de kilómetros de carreteras, sin embargo, haciendo un comparativo simple, las carreteras construidas o rehabilitadas han demostrado tener un bajo impacto social. Es decir, el costo beneficio es muy bajo, ya que las comunidades y localidades aún continúan padeciendo los efectos negativos de la insuficiente infraestructura.

La ubicación geográfica del estado de Puebla y su diversa orografía, presentan una paradoja que es imperativo resolver. Por una parte, es una entidad que sirve de paso para llegar a la capital del país, un número importante de transportes provenientes de la región oriente del país deben pasar por dicho estado.

Por otra parte, existen algunas zonas de la entidad que carece de una carretera o camino rural, o bien en su caso, de existir, esta se encuentra en precarias condiciones para ser utilizada, lo cual representa un costo económico importante para las localidades, ya que el transporte decide utilizar otras vías, que aún y cuando puede ser un camino más largo, al estar en mejores condiciones, disminuye los costos de mantenimiento de los transportistas.

En términos de la movilidad local, con carreteras y caminos en malas condiciones, las distancias se hacen más largas, complicando la integración de estas comunidades, e imposibilitándolas para poner en marcha proyectos regionales.

Lo anterior, presenta un breve panorama de la situación que prevalece en algunas regiones del país, y del estado de Puebla, es por ello que la presente solicitud tiene por objeto, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, destinar una partida presupuestal para la construcción de la carretera de San Francisco Mixtla al entronque denominado la Loma del municipio de Tecali de Herrera en el estado de Puebla

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Unión, para que se destinen los recursos necesarios y suficientes para la construcción de la carretera de San Francisco Mixtla al entronque denominado la Loma del municipio de Tecali de Herrera, del estado de Puebla, el cual deberá formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Alberto González Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la carretera La Trinidad-Tianguismanalco (Tecali de Herrera)-Junta Auxiliar de San Miguel Acuexcomac (Tzicatlacoyan), Puebla, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado federal José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Unión, para que se destinen los recursos necesarios y suficientes para la construcción de la carretera la Trinidad-Tianguismanalco del municipio de Tecali de Herrera de San Miguel Acuexcomac del municipio de Tzicatlacoyan del estado de Puebla, dicho tramo carretero tiene un costo de 17,068,723.42 pesos, el cual deberá formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La infraestructura carretera es uno de los elementos que, cualitativa y cuantitativamente, permiten a una nación ubicarse entre el grupo de países con crecimiento económico y con perspectivas de alcanzar el desarrollo, el cual se traduzca en un beneficio colectivo.

La inversión en proyectos carreteros ha sido uno de los factores que han contribuido a que México logre superar el severo periodo de crisis y estancamiento económico que ha pasado durante los últimos diez años.

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi), el ramo de la construcción es el que presenta la tasa de crecimiento más alta, lo cual permite generar un conjunto de externalidades positivas en beneficio de la población mexicana.

Entre los impactos que se pueden destacar se encuentran: la generación de empleos, el desarrollo regional, la disminución en los tiempos de traslado de los productos, la integración plena de las cadenas productivas, y la disminución de los costos de circulación de las mercancías y productos comercializados.

En este contexto, se hace necesaria la intervención del gobierno central, con el objetivo de que realice aportaciones o asignaciones directas de recursos económicos, los cuales permitan la construcción de carreteras y caminos rurales. De no existir la participación directa ya mencionada, se pone en riesgo la sustentabilidad de la infraestructura nacional.

Ahora bien, haciendo alusión al caso de la participación de los municipios en la construcción de infraestructura carretera, de acuerdo a las características propias del sistema federalista, salvo contadas excepciones, ningún municipio en México, tiene la capacidad financiera de invertir en el desa-rrollo de proyectos carreteros.

Lo anterior, otorga mayor relevancia e importancia a la asignación de recursos federales para la construcción de carreteras y caminos rurales, sin dejar de dar importancia a toda aquella infraestructura que contribuye y complementa a estas carreteras, es decir, los puentes vehiculares, boulevares, circuitos y periféricos, los cuales, permiten ahorrar tiempos, dinero y combustible.

No podemos dejar de mencionar que algunas entidades del país han logrado alcanzar niveles de eficiencia mayor gracias al desarrollo de su infraestructura carretera, en este sentido, Puebla ha logrado avanzar a paso firme en el tema de las carreteras y caminos rurales, lo cual se traduce en beneficios colectivos, permitiendo que comunidades o poblados que se consideran en situación de pobreza o vulnerable, ahora formen parte de la dinámica nacional.

El dotar de recursos financieros suficientes para la ampliación de la red de comunicaciones carreteras representa avanzar un escalón más en el camino a lograr la meta del crecimiento económico.

Desde el Congreso, como legisladores y representantes de la población mexicana, tenemos la obligación de atender de manera inmediata y prioritaria aquellas propuestas que tienen por objeto generar un beneficio colectivo.

Por tales razones solicito el apoyo de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Unión, para que se destinen los recursos necesarios y suficientes para la construcción de la carretera la Trinidad-Tianguismanalco del municipio de Tecali de Herrera a la junta auxiliar de San Miguel Acuexcamac del municipio de San Juan Tzicatlacoyan del estado de Puebla, dicho tramo carretero tiene un costo de 17,068,723.42 pesos, cabe mencionar que la realización de la obra hará más eficiente y rápido el tránsito entre municipios.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Unión, para que se destinen los recursos necesarios y suficientes para la construcción de la carretera la Trinidad-Tianguismanalco del municipio de Tecali de Herrera de San Miguel Acuexcomac del municipio de Tzicatlacoyan del estado de Puebla, dicho tramo carretero tiene un costo de 17,068,723.42 pesos, el cual deberá formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Alberto González Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos al Programa de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a cargo del diputado Víctor Roberto Silva Chacón, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados por Chihuahua, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a efecto de que incluya en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos presupuestales igual o superiores a lo aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2010, con respecto al programa de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, en virtud de las siguientes

Consideraciones

El dotar a los mexicanos de una vivienda digna es un compromiso del Estado mexicano prescrito en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución que a la letra dicte:

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

De este modo, el sector público tiene la obligación de organizar un conjunto de acciones y de la creación de instituciones orientadas hacia la dotación de vivienda, especialmente para los grupos de menores ingresos. En efecto, el sector público en los tres órdenes de gobierno ha participado en los últimos 40 años en la provisión de vivienda a distintos grupos de la población a través de tres mecanismos estratégicos: 1) Como constructor directo de viviendas populares a través del Infonavit, Fonhapo y Fovi; 2) Ha creado sistemas de ahorro para la vivienda, inscritos en los distintos esquemas de seguridad social (Seguro Social (IMSS), ISSSTE (Fovissste) y Seguro Social de la Fuerzas Armadas) y, últimamente, 3) Ha promovido a través de la banca comercial, y en acuerdo con constructores privados, programas de financiamiento a la vivienda popular y de interés social.

Sin embargo, en los últimos dos años y como consecuencia de exabruptos económicos en el orden internacional, la economía nacional y principalmente en el ramo de la construcción, ha tenido graves repercusiones a pesar de las medidas anticíclicas impulsadas por el Ejecutivo federal desde mediados de 2008.

Por su parte, el rubro de vivienda en México fue de las actividades más golpeadas por la crisis económica mundial, a su vez de que a la fecha, los sistemas de seguridad social en cuanto a esta prestación se refiere, no ha podido desplegar a plenitud a como se pretendía en los primeros cuatro años de gobierno de la presente administración.

No obstante cabe destacar que el sector habitacional ha venido arrastrando un estancamiento derivado desde la crisis de 1994, donde muchas empresas de la industria de la construcción se descapitalizaron, disminuyeron su actividad y, en el peor de los casos, desaparecieron del mercado. Adicionalmente, la banca de desarrollo dejó de apoyar de manera decidida a los desarrolladores de vivienda con créditos puente.

Tan sólo en términos de referencia el rezago habitacional al que se enfrentó la administración 2000-2006, era de 4 millones 291 mil viviendas, cantidad que se divide en dos segmentos diferentes: por un lado, el de las viviendas nuevas que se necesitan, que ascendían en ese entonces a 1 millón 811 mil unidades; y por el otro lado, las viviendas que requerían rehabilitarse, mantenerse o ampliarse, que eran del orden de los 2 millones 480 mil unidades.

De ahí que en el año 2000 el promedio anual de requerimientos habitacionales por vivienda nueva para nuevas familias (matrimonios) era de 731 mil 584 y el de mejoramiento era de 398 mil 162 unidades por año.

Ante tal situación deficitaria, se asumieron estrategias y medidas que anteriormente estaban dispersas, es decir, se diseñaron instrumentos de coordinación institucional en el sector para articular el mercado, se crearon espacios propicios para la participación ciudadana que permitiera el diálogo entre el gobierno y los diferentes actores que inciden en el sector.

En lo que toca al financiamiento y para resolver la carencia de coordinación interinstitucional, el primer paso dado fue la creación de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de tal forma que la citada comisión sería la única instancia encargada de diseñar y conducir la política de vivienda y los instrumentos necesarios para su implementación. Posteriormente, se llevó a cabo un importante proceso de reingeniería institucional de los organismos nacionales de vivienda: Infonavit, Fovissste y Fonhapo, lo cual permitió diversas transformaciones en tales organismos para allegarse de más recursos, adicionalmente se integró una política de subsidios y de créditos ahora con la aplicación de esquemas más transparentes, abiertos y modernos de acuerdo a reglas de operación.

Por otro lado, se creó la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), como un nuevo banco de desarrollo habitacional ayudando así a aumentar el financiamiento hipotecario y modernizar el sistema financiero y canalizar recursos adicionales hacia el mercado con origen en el sector privado, sector que a su vez se agrupó en la nueva Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) que junto con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) establecieron la interlocución de los privados con los demás actores del sector.

De manera integradora en la ejecución de las políticas de vivienda, se estableció la suscripción de convenios entre los gobiernos federal y los subnacionales, a fin de simplificar y desregular los trámites relacionados con la obtención de permisos y licencias para la edificación de vivienda. También se estableció un instrumento de coordinación directa entre ambos órdenes de gobierno (Codevisu). También se instaló el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi) con la finalidad de ciudadanizar las estructuras gubernamentales y crear espacios de participación social.

En cuanto a la cobertura de los financiamientos por nivel de ingreso, por un lado la banca se reincorporó al mercado hipotecario básicamente para atender a la población de ingresos medios y altos (SHF). Para atender a los segmentos de bajos ingresos, la respuesta institucional fue en el sentido de crear el Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda (Fonaevi) que junto con Fonhapo se encargaron de los programas de subsidios en apoyo a la construcción, mejoramiento y adquisición de vivienda para las familias de menores ingresos.

Con esta reingeniería institucional en la materia, se determinó aprovechar una estructura robusta para la oferta eficaz de créditos con baja dependencia del mercado de capitales, y de los diversos programas y acciones auspiciados por los organismos nacionales de vivienda como Infonavit, Fovissste y Fonapho, planteándose la meta inicial de financiar por lo menos 750 mil viviendas al año hacia 2006, meta anual que debía sostenerse para los posteriores años incluyendo las implicaciones financieras que al Estado le corresponden.

En suma, durante el primer gobierno de la alternancia se otorgaron poco más de 4 millones 144 mil créditos y subsidios –de los cuales el 68 por ciento fue para la construcción de vivienda– con una inversión real para el mismo período (2001-2006) de 732 mil 789 millones de pesos, inversión verdaderamente destacable para una función prioritaria de Estado.

No obstante en el tiempo trascurrido por la presente administración federal (2007-2012), la política de vivienda se ha ejecutado de manera sobria y accidentada, ya que a pesar de que el vigente Plan Nacional de Desarrollo reconoce las necesidades de vivienda de la población en donde estima una demanda de aproximadamente 3.9 millones de viviendas para el mismo número de nuevas familias así como demanda derivada de las necesidades de 2.1 millones de familias ya establecidas, el gobierno federal, hasta la fecha, persiste en crear anquilosados programas burocráticos sujetos a burdas reglas de operación, sin suficiencia presupuestal y sin metas ni objetivos definidos.

Tal es el caso por ejemplo del programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, que otorga un subsidio a personas con ingresos de hasta 4 salarios mínimos a la par con un financiamiento para la adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda. Este programa en su primer año y medio de operación, otorgó alrededor de 270 mil apoyos; para 2007 se otorgaron poco más de 1 millón 161 mil créditos y subsidios para todos los programas habitacionales con una inversión de 241 mil 183 millones de pesos; para 2008 las cantidades fueron de 1 millón 324 mil créditos y subsidios con una inversión de 281 mil 542 millones de pesos; alcanzando en cada año respectivo, un 2.7 por ciento del PIB.

Cosa contraria ocurrió para el año 2009 cuando los efectos de la aguda recesión internacional, contribuyó para que el gobierno federal, adecuara la programación y ejecución del Presupuesto reconociendo a su vez que el sector inmobiliario era crucial para mitigar los efectos recesivos.

En consecuencia, el gobierno federal implementó –de manera tal vez improvisada– el llamado Pacto Nacional por la Vivienda llevado a cabo por la Sedesol, fijando inicialmente como meta la construcción y mejoramiento de 800 mil casas para ese año y la generación de cerca de 2 millones y medio de empleos en la industria de la construcción con una inversión de 7 mil 400 millones de pesos para el Programa Tu Casa dirigido a dar subsidios a las familias de menores ingresos.

En tanto, el financiamiento total acumulado para vivienda popular para ese año fue de 180 mil millones de pesos sumando los esfuerzos del Infonavit, Fovissste, Conavi, SHF y Fonhapo-Sedesol.

Es de especial atención que en el caso del Infonavit –organismo gubernamental y del sector productivo que funge como el principal promotor de vivienda en cuanto inversión y cobertura se refiere– desde el año 2008, ha registrado montos financieros de operación sin altibajos en comparación con lo asignado en los Presupuestos de Egresos para tal función, ya que si bien depende en una parte del programa de Subsidio a la Vivienda, éste no le es directamente perjudicial en caso de que se disminuya el Fondo debido a que cuenta con mecanismos para compensar la pérdida de recursos a través de las aportaciones patronales, de los trabajadores y de la recuperación de créditos existentes en cartera vencida.

Sin embargo, para el ejercicio fiscal de 2011, el gobierno federal pretende disminuir este subsidio (programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda) en 11.9 por ciento al pasar de 5 mil 870.44 a 5 mil 173.30 millones de pesos, es decir, una disminución absoluta de 697.14 millones de pesos en comparación con lo aprobado por la Cámara de Diputados para 2010.

Asimismo, también se observa la misma tendencia con respecto al ramo Desarrollo Social en su vertiente vivienda, donde la disminución es de 9.6 por ciento respecto al gasto aprobado por esta soberanía para el ejercicio de 2010, y es que de los 8 mil 822.1 millones aprobados para este año, el Ejecutivo pretende disminuirlo a 7 mil 975.1 millones de pesos para el siguiente año, es decir, la diferencia en términos absolutos son de 847.1 millones de pesos.

Otro claro ejemplo del retroceso a la inversión de capital en cuanto a vivienda, es el referente a lo proyectado para 2011 a la Conavi, ya que de acuerdo a lo presupuestado por el Ejecutivo, decrecen sus recursos en un 11.36 por ciento al pasar de 5 mil 976.90 millones a, 5 mil 297.81 millones de pesos, lo que significa una disminución de 679.09 millones.

Caso contrario ocurre cuando se analiza el monto propuesto por el Ejecutivo para el ramo de las erogaciones para los programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca en específico el concerniente al pago hipotecario de vivienda, donde se prevé un incremento del 66.3 por ciento para 2011, al pasar de 2 mil 433.90 millones en 2010, de acuerdo a lo aprobado, a 4 mil 046.40 millones según lo propuesto por el Ejecutivo Federal.

En suma, se puede inferir que la diferencia total de las disminuciones para financiamiento y subsidio a la vivienda, ascienden a poco más de 2 mil 223 millones de pesos, los cuales bien servirían para privilegiar prioritariamente el subsidio destinado a las familias para la adquisición de vivienda nueva, puesto que, esta modalidad, es la que realmente permite el crecimiento económico y de empleo para miles de mexicanos. De tal suerte que, de la persistencia del gobierno federal por destinarlos al pago de deuda por el concepto de hipotecas, tal y como anteriormente lo reflejamos, dependerá en gran medida un verdadero impulso a este imprescindible sector económico.

Por consiguiente, que de aprobarse en el próximo presupuesto el monto propuesto por el Ejecutivo federal para la función y subfunción vivienda, así como de los diversos esquemas de financiamiento y subsidio por parte de los diversos organismos encargados para la promoción de vivienda en el país, se truncará en una gran proporción la meta fijada de 6 millones de acciones para la construcción, adquisición o remodelación de vivienda en el sexenio más aun cuando el ramo de la construcción no termina por desplegar sus posibilidades de recuperación.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a afecto de que incluya en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos presupuestales igual o superiores a lo aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2010, con respecto a la subfunción vivienda, así como de los diversos esquemas de financiamiento y subsidio federal por parte de los diversos organismos encargados para la promoción de vivienda en el país.

Nota:

1 El pasado 13 de octubre de los presentes, en el marco de la comparecencia del Director General del Infonavit ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, señaló que en menos de diez años se han otorgado 3.8 millones de créditos y que uno de cada cuatro mexicanos vive en una casa financiada por dicho instituto.

Abundó que esos créditos han generado una derrama económica de casi 907 mil millones de pesos, lo que ha contribuido a abatir el rezago habitacional que actualmente tiene el Infonavit, toda vez que, estima, se requieren de por lo menos 13.8 millones de casas para abatirlo en un plazo no menor de 5 años y a lo que precisó también, que únicamente, se atenderán las necesidades que se vayan generando año con año por el crecimiento de la población y la incorporación de trabajadores jóvenes a la base laboral.

En cuanto a las finanzas del Instituto, el compareciente aseguró que se mantienen sanas... que los ingresos totales tienen una tendencia a la alza... que la reducción y control de la cartera vencida se ha logrado con un enfoque social, mediante el apoyo a quien verdaderamente lo necesita y de reconocer a los cumplidos, por lo que pasó de un 21 por ciento en 2000 a un 5.49 por ciento a agosto de 2010.

Finalmente mencionó que las perspectivas para finales de 2010, es que 475 mil trabajadores se conviertan en propietarios... que de octubre del presente año a diciembre de 2012, el Instituto podría otorgar más de 1.2 millones de créditos. Con ello, durante la actual administración federal, se habrían formalizado tres millones de préstamos por este Instituto, generando una derrama económica de un billón de pesos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil diez.— Diputados: Guillermo Márquez Lizalde, Víctor Silva Chacón, Luis Carlos Campos Villegas, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán, Adriana Terrazas Porras, Ana Georgina Zapata Lucero, Alejandro Cano Ricaud, Jaime Flores Castañeda (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto carretero Cañadas de Obregón, entronque carretero San Juan de los Lagos-Tepatitlán, de Cañadas de Obregón, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Una apropiada infraestructura carretera y de caminos es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país; la construcción, modernización y ampliación de esta infraestructura debe de ser una constante en nuestra política pública ya que implica un impulso al desarrollo comercial de nuestras regiones y de la comunicación entre ellas y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las comunidades rurales.

Sin embargo, en nuestro caso este sector presenta atrasos y deficiencias que nos obligan a realizar un gran esfuerzo de inversión, para contar con una red de carreteras y caminos eficiente, segura y adecuada. Pues no debemos olvidar que los recursos aplicados en este tipo de obra pública son una contribución rentable que brinda atención a una reiterada demanda social y genera un efecto multiplicador importante en el bienestar económico de la población.

El desarrollo de carreteras, accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías de comunicación ha sido una de las demandas más constantes de los municipios rurales y urbanos de Jalisco, pues la capacidad de acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera, es limitada, y cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito y disminuida por el deterioro.

De tal forma que los proyectos carreteros asociados a renovar o crear nuevas vías que comuniquen a los municipios del país, deben de contar con recursos garantizados en nuestro Presupuesto de Egresos de cada año, como un requerimiento indispensable del desarrollo económico.

El municipio de Cañadas de Obregón tiene un importante potencial de aportación económica al estado de Jalisco, pero presenta problemas de congestionamientos, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos tanto particulares como de carga con orígenes y destinos distintos.; situación que inhibe el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra, que es económicamente viable, rentable y de alto beneficio para la región. El costo total de la obra se estima en 108 millones de pesos, pero al menos se requieren de 30 millones de pesos en este año para avanzar sustancialmente en la obra en atención a los tiempos de ejecución y avance.

De tal forma que la fuente necesaria de financiamiento para esta importante obra debe de ser el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de esto, el incremento en la actividad económica y comercial del municipio ha originado un mayor movimiento de los medios de transporte, representando a su vez un mayor riesgo para la población, situación que reafirma la necesidad de contar con esta obra y refuerza la justificación de la inversión.

La construcción del entronque mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades de la región, además permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de la zona; fortaleciendo la creciente actividad económica y comercial del municipio en un entorno de favorables condiciones medioambientales.

Por lo tanto, no omitamos el hecho de que México presenta deficiencias que nos exigen un gran esfuerzo de inversión pública, para revertir la falta de compromiso en esta materia y el latente riesgo de la falta de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir las obras en tiempo y forma previstos; porque la latente demanda social de más obras que son igualmente necesarias será una permanente en el intento de continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la infraestructura básica en todas las regiones de nuestro país.

Finalmente, considero que se debe garantizar la asignación de recursos públicos a este tipo de proyectos con la finalidad de que el municipio cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar, mantener e impulsar la construcción de carreteras, caminos accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de sus vías de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal para el año 2011, se asignen recursos por un monto de 30 millones de pesos para construir el proyecto carretero anteriormente referido, mediante la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011,recursos por $30,000,000 mdp (treinta millones de pesos) para el proyecto de inversión denominado “Cañadas de Obregón, entronque carretero San Juan de los Lagos-Tepatitlán”, del municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Carretera San Juan de los Lagos-Encarnación de Díaz, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Una apropiada infraestructura carretera y de caminos es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país; la construcción, modernización y ampliación de esta infraestructura debe de ser una constante en nuestra política pública ya que implica un impulso al desarrollo comercial de nuestras regiones y de la comunicación entre ellas y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las comunidades rurales.

Sin embargo, en nuestro caso este sector presenta atrasos y deficiencias que nos obligan a realizar un gran esfuerzo de inversión, para contar con una red de carreteras y caminos eficiente, segura y adecuada. Pues no debemos olvidar que los recursos aplicados en este tipo de obra pública son una contribución rentable que brinda atención a una reiterada demanda social y genera un efecto multiplicador importante en el bienestar económico de la población.

El desarrollo de carreteras, accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías de comunicación ha sido una de las demandas más constantes de los municipios rurales y urbanos de Jalisco, pues la capacidad de acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera, es limitada, y cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito y disminuida por el deterioro.

De tal forma que los proyectos carreteros asociados a renovar o crear nuevas vías que comuniquen a los municipios del país, deben de contar con recursos garantizados en nuestro Presupuesto de Egresos de cada año, como un requerimiento indispensable del desarrollo económico.

El municipio de Encarnación de Díaz tiene un importante potencial de aportación económica al estado de Jalisco, pero presenta problemas de congestionamientos, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos tanto particulares como de carga con orígenes y destinos distintos.; situación que inhibe el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra, que es económicamente viable, rentable y de alto beneficio para la región. El costo total de la obra se estima en 75 millones de pesos en este año para avanzar sustancialmente en la obra en atención a los tiempos de ejecución y avance.

De tal forma que la fuente necesaria de financiamiento para esta importante obra debe de ser el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de esto, el incremento en la actividad económica y comercial del municipio ha originado un mayor movimiento de los medios de transporte, representando a su vez un mayor riesgo para la población, situación que reafirma la necesidad de contar con esta obra y refuerza la justificación de la inversión.

La construcción del entronque mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades de la región, además permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de la zona; fortaleciendo la creciente actividad económica y comercial del municipio en un entorno de favorables condiciones medioambientales.

Por lo tanto, no omitamos el hecho de que México presenta deficiencias que nos exigen un gran esfuerzo de inversión pública, para revertir la falta de compromiso en esta materia y el latente riesgo de la falta de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir las obras en tiempo y forma previstos; porque la latente demanda social de más obras que son igualmente necesarias será una permanente en el intento de continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la infraestructura básica en todas las regiones de nuestro país.

Finalmente, considero que se debe garantizar la asignación de recursos públicos a este tipo de proyectos con la finalidad de que el municipio cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar, mantener e impulsar la construcción de carreteras, caminos accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de sus vías de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal para el año 2011, se asignen recursos por un monto de 75 millones de pesos para construir el proyecto carretero anteriormente referido, mediante la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011,recursos por $75,000,000 mdp (setenta y cinco millones de pesos) para el proyecto de inversión denominado “carretera San Juan de los Lagos-Encarnación de Díaz”, del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Modernización de la Carretera Federal 45, tramo Encarnación de Díaz-Aguascalientes, de Encarnación de Díaz, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Una apropiada infraestructura carretera y de caminos es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país; la construcción, modernización y ampliación de esta infraestructura debe de ser una constante en nuestra política pública ya que implica un impulso al desarrollo comercial de nuestras regiones y de la comunicación entre ellas y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las comunidades rurales.

Sin embargo, en nuestro caso este sector presenta atrasos y deficiencias que nos obligan a realizar un gran esfuerzo de inversión, para contar con una red de carreteras y caminos eficiente, segura y adecuada. Pues no debemos olvidar que los recursos aplicados en este tipo de obra pública son una contribución rentable que brinda atención a una reiterada demanda social y genera un efecto multiplicador importante en el bienestar económico de la población.

El desarrollo de carreteras, accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías de comunicación ha sido una de las demandas más constantes de los municipios rurales y urbanos de Jalisco, pues la capacidad de acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera, es limitada, y cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito y disminuida por el deterioro.

De tal forma que los proyectos carreteros asociados a renovar o crear nuevas vías que comuniquen a los municipios del país, deben de contar con recursos garantizados en nuestro Presupuesto de Egresos de cada año, como un requerimiento indispensable del desarrollo económico.

El municipio de Encarnación de Díaz tiene un importante potencial de aportación económica al estado de Jalisco, pero presenta problemas de congestionamientos, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos tanto particulares como de carga con orígenes y destinos distintos.; situación que inhibe el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra, que es económicamente viable, rentable y de alto beneficio para la región. El costo total de la obra se estima en 100 millones de pesos, pero al menos se requieren de 25 millones de pesos en este año para avanzar sustancialmente en la obra en atención a los tiempos de ejecución y avance.

De tal forma que la fuente necesaria de financiamiento para esta importante obra debe de ser el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de esto, el incremento en la actividad económica y comercial del municipio ha originado un mayor movimiento de los medios de transporte, representando a su vez un mayor riesgo para la población, situación que reafirma la necesidad de contar con esta obra y refuerza la justificación de la inversión.

La construcción del entronque mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades de la región, además permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de la zona; fortaleciendo la creciente actividad económica y comercial del municipio en un entorno de favorables condiciones medioambientales.

Por lo tanto, no omitamos el hecho de que México presenta deficiencias que nos exigen un gran esfuerzo de inversión pública, para revertir la falta de compromiso en esta materia y el latente riesgo de la falta de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir las obras en tiempo y forma previstos; porque la latente demanda social de más obras que son igualmente necesarias será una permanente en el intento de continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la infraestructura básica en todas las regiones de nuestro país.

Finalmente, considero que se debe garantizar la asignación de recursos públicos a este tipo de proyectos con la finalidad de que el municipio cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar, mantener e impulsar la construcción de carreteras, caminos accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de sus vías de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal para el año 2011, se asignen recursos por un monto de 25 millones de pesos para construir el proyecto carretero anteriormente referido, mediante la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011,recursos por $25,000,000 mdp (veinticinco millones de pesos) para el proyecto de inversión denominado “modernización de la carretera federal 45, tramo Encarnación de Díaz-Aguascalientes”, del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Libramiento Encarnación de Díaz, en Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Una apropiada infraestructura carretera y de caminos es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país; la construcción, modernización y ampliación de esta infraestructura debe de ser una constante en nuestra política pública ya que implica un impulso al desarrollo comercial de nuestras regiones y de la comunicación entre ellas y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las comunidades rurales.

Sin embargo, en nuestro caso este sector presenta atrasos y deficiencias que nos obligan a realizar un gran esfuerzo de inversión, para contar con una red de carreteras y caminos eficiente, segura y adecuada. Pues no debemos olvidar que los recursos aplicados en este tipo de obra pública son una contribución rentable que brinda atención a una reiterada demanda social y genera un efecto multiplicador importante en el bienestar económico de la población.

El desarrollo de carreteras, accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías de comunicación ha sido una de las demandas más constantes de los municipios rurales y urbanos de Jalisco, pues la capacidad de acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera, es limitada, y cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito y disminuida por el deterioro.

De tal forma que los proyectos carreteros asociados a renovar o crear nuevas vías que comuniquen a los municipios del país, deben de contar con recursos garantizados en nuestro Presupuesto de Egresos de cada año, como un requerimiento indispensable del desarrollo económico.

El municipio de Encarnación de Díaz tiene un importante potencial de aportación económica al estado de Jalisco, pero presenta problemas de congestionamientos, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos tanto particulares como de carga con orígenes y destinos distintos.; situación que inhibe el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra, que es económicamente viable, rentable y de alto beneficio para la región. El costo total de la obra se estima en 60 millones de pesos en este año para avanzar sustancialmente en la obra en atención a los tiempos de ejecución y avance.

De tal forma que la fuente necesaria de financiamiento para esta importante obra debe de ser el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de esto, el incremento en la actividad económica y comercial del municipio ha originado un mayor movimiento de los medios de transporte, representando a su vez un mayor riesgo para la población, situación que reafirma la necesidad de contar con esta obra y refuerza la justificación de la inversión.

La construcción del entronque mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades de la región, además permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de la zona; fortaleciendo la creciente actividad económica y comercial del municipio en un entorno de favorables condiciones medioambientales.

Por lo tanto, no omitamos el hecho de que México presenta deficiencias que nos exigen un gran esfuerzo de inversión pública, para revertir la falta de compromiso en esta materia y el latente riesgo de la falta de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir las obras en tiempo y forma previstos; porque la latente demanda social de más obras que son igualmente necesarias será una permanente en el intento de continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la infraestructura básica en todas las regiones de nuestro país.

Finalmente, considero que se debe garantizar la asignación de recursos públicos a este tipo de proyectos con la finalidad de que el municipio cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar, mantener e impulsar la construcción de carreteras, caminos accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de sus vías de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal para el año 2011, se asignen recursos por un monto de 60 millones de pesos para construir el proyecto carretero anteriormente referido, mediante la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011,recursos por $60,000,000 mdp (sesenta millones de pesos) para el proyecto de inversión denominado “libramiento Encarnación de Díaz”, del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Camanja de Corona-León, de Lagos de Moreno, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Una apropiada infraestructura carretera y de caminos es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país; la construcción, modernización y ampliación de esta infraestructura debe de ser una constante en nuestra política pública ya que implica un impulso al desarrollo comercial de nuestras regiones y de la comunicación entre ellas y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las comunidades rurales.

Sin embargo, en nuestro caso este sector presenta atrasos y deficiencias que nos obligan a realizar un gran esfuerzo de inversión, para contar con una red de carreteras y caminos eficiente, segura y adecuada. Pues no debemos olvidar que los recursos aplicados en este tipo de obra pública son una contribución rentable que brinda atención a una reiterada demanda social y genera un efecto multiplicador importante en el bienestar económico de la población.

El desarrollo de carreteras, accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías de comunicación ha sido una de las demandas más constantes de los municipios rurales y urbanos de Jalisco, pues la capacidad de acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera, es limitada, y cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito y disminuida por el deterioro.

De tal forma que los proyectos carreteros asociados a renovar o crear nuevas vías que comuniquen a los municipios del país, deben de contar con recursos garantizados en nuestro Presupuesto de Egresos de cada año, como un requerimiento indispensable del desarrollo económico.

El municipio de Lagos de Moreno tiene un importante potencial de aportación económica al estado de Jalisco, pero presenta problemas de congestionamientos, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos tanto particulares como de carga con orígenes y destinos distintos.; situación que inhibe el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra, que es económicamente viable, rentable y de alto beneficio para la región. El costo total de la obra se estima en 35 millones de pesos en este año para avanzar sustancialmente en la obra en atención a los tiempos de ejecución y avance.

De tal forma que la fuente necesaria de financiamiento para esta importante obra debe de ser el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de esto, el incremento en la actividad económica y comercial del municipio ha originado un mayor movimiento de los medios de transporte, representando a su vez un mayor riesgo para la población, situación que reafirma la necesidad de contar con esta obra y refuerza la justificación de la inversión.

La construcción del entronque mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades de la región, además permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de la zona; fortaleciendo la creciente actividad económica y comercial del municipio en un entorno de favorables condiciones medioambientales.

Por lo tanto, no omitamos el hecho de que México presenta deficiencias que nos exigen un gran esfuerzo de inversión pública, para revertir la falta de compromiso en esta materia y el latente riesgo de la falta de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir las obras en tiempo y forma previstos; porque la latente demanda social de más obras que son igualmente necesarias será una permanente en el intento de continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la infraestructura básica en todas las regiones de nuestro país.

Finalmente, considero que se debe garantizar la asignación de recursos públicos a este tipo de proyectos con la finalidad de que el municipio cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar, mantener e impulsar la construcción de carreteras, caminos accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de sus vías de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal para el año 2011, se asignen recursos por un monto de 35 millones de pesos para construir el proyecto carretero anteriormente referido, mediante la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011,recursos por $35,000,000 mdp (treinta y cinco millones de pesos) para el proyecto de inversión denominado “Comanja de Corona-León”, del municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Rehabilitación del Libramiento de San Juan de los Lagos, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Una apropiada infraestructura carretera y de caminos es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país; la construcción, modernización y ampliación de esta infraestructura debe de ser una constante en nuestra política pública ya que implica un impulso al desarrollo comercial de nuestras regiones y de la comunicación entre ellas y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las comunidades rurales.

Sin embargo, en nuestro caso este sector presenta atrasos y deficiencias que nos obligan a realizar un gran esfuerzo de inversión, para contar con una red de carreteras y caminos eficiente, segura y adecuada. Pues no debemos olvidar que los recursos aplicados en este tipo de obra pública son una contribución rentable que brinda atención a una reiterada demanda social y genera un efecto multiplicador importante en el bienestar económico de la población.

El desarrollo de carreteras, accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías de comunicación ha sido una de las demandas más constantes de los municipios rurales y urbanos de Jalisco, pues la capacidad de acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera, es limitada, y cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito y disminuida por el deterioro.

De tal forma que los proyectos carreteros asociados a renovar o crear nuevas vías que comuniquen a los municipios del país, deben de contar con recursos garantizados en nuestro Presupuesto de Egresos de cada año, como un requerimiento indispensable del desarrollo económico.

El municipio de San Juan de los Lagos tiene un importante potencial de aportación económica al estado de Jalisco, pero presenta problemas de congestionamientos, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos tanto particulares como de carga con orígenes y destinos distintos.; situación que inhibe el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra, que es económicamente viable, rentable y de alto beneficio para la región. El costo total de la obra se estima en 50 millones de pesos, pero al menos se requieren de 10 millones de pesos en este año para avanzar sustancialmente en la obra en atención a los tiempos de ejecución y avance.

De tal forma que la fuente necesaria de financiamiento para esta importante obra debe de ser el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de esto, el incremento en la actividad económica y comercial del municipio ha originado un mayor movimiento de los medios de transporte, representando a su vez un mayor riesgo para la población, situación que reafirma la necesidad de contar con esta obra y refuerza la justificación de la inversión.

La construcción del entronque mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades de la región, además permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de la zona; fortaleciendo la creciente actividad económica y comercial del municipio en un entorno de favorables condiciones medioambientales.

Por lo tanto, no omitamos el hecho de que México presenta deficiencias que nos exigen un gran esfuerzo de inversión pública, para revertir la falta de compromiso en esta materia y el latente riesgo de la falta de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir las obras en tiempo y forma previstos; porque la latente demanda social de más obras que son igualmente necesarias será una permanente en el intento de continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la infraestructura básica en todas las regiones de nuestro país.

Finalmente, considero que se debe garantizar la asignación de recursos públicos a este tipo de proyectos con la finalidad de que el municipio cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar, mantener e impulsar la construcción de carreteras, caminos accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de sus vías de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal para el año 2011, se asignen recursos por un monto de 10 millones de pesos para construir el proyecto carretero anteriormente referido, mediante la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011,recursos por $10,000,000 mdp (diez millones de pesos) para el proyecto de inversión denominado “rehabilitación de libramiento de San Juan de los Lagos”, del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Entronque Carretera 80-Libramiento Estatal, en San Juan de los Lagos, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Una apropiada infraestructura carretera y de caminos es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país; la construcción, modernización y ampliación de esta infraestructura debe de ser una constante en nuestra política pública ya que implica un impulso al desarrollo comercial de nuestras regiones y de la comunicación entre ellas y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las comunidades rurales.

Sin embargo, en nuestro caso este sector presenta atrasos y deficiencias que nos obligan a realizar un gran esfuerzo de inversión, para contar con una red de carreteras y caminos eficiente, segura y adecuada. Pues no debemos olvidar que los recursos aplicados en este tipo de obra pública son una contribución rentable que brinda atención a una reiterada demanda social y genera un efecto multiplicador importante en el bienestar económico de la población.

El desarrollo de carreteras, accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías de comunicación ha sido una de las demandas más constantes de los municipios rurales y urbanos de Jalisco, pues la capacidad de acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera, es limitada, y cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito y disminuida por el deterioro.

De tal forma que los proyectos carreteros asociados a renovar o crear nuevas vías que comuniquen a los municipios del país, deben de contar con recursos garantizados en nuestro Presupuesto de Egresos de cada año, como un requerimiento indispensable del desarrollo económico.

El municipio de San Juan de los Lagos tiene un importante potencial de aportación económica al estado de Jalisco, pero presenta problemas de congestionamientos, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos tanto particulares como de carga con orígenes y destinos distintos.; situación que inhibe el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra, que es económicamente viable, rentable y de alto beneficio para la región. El costo total de la obra se estima en 30 millones de pesos, pero al menos se requieren de 15 millones de pesos en este año para avanzar sustancialmente en la obra en atención a los tiempos de ejecución y avance.

De tal forma que la fuente necesaria de financiamiento para esta importante obra debe de ser el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de esto, el incremento en la actividad económica y comercial del municipio ha originado un mayor movimiento de los medios de transporte, representando a su vez un mayor riesgo para la población, situación que reafirma la necesidad de contar con esta obra y refuerza la justificación de la inversión.

La construcción del entronque mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades de la región, además permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de la zona; fortaleciendo la creciente actividad económica y comercial del municipio en un entorno de favorables condiciones medioambientales.

Por lo tanto, no omitamos el hecho de que México presenta deficiencias que nos exigen un gran esfuerzo de inversión pública, para revertir la falta de compromiso en esta materia y el latente riesgo de la falta de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir las obras en tiempo y forma previstos; porque la latente demanda social de más obras que son igualmente necesarias será una permanente en el intento de continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la infraestructura básica en todas las regiones de nuestro país.

Finalmente, considero que se debe garantizar la asignación de recursos públicos a este tipo de proyectos con la finalidad de que el municipio cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar, mantener e impulsar la construcción de carreteras, caminos accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de sus vías de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal para el año 2011, se asignen recursos por un monto de 15 millones de pesos para construir el entronque carretero anteriormente referido, mediante la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011,recursos por $15,000,000 mdp (quince millones de pesos) para el proyecto de inversión denominado “entronque carretera 80-libramiento Estatal de San Juan de los Lagos”, del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Camino San Juan de los Lagos-Teocaltiche, en San Juan de los Lagos, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Una apropiada infraestructura carretera y de caminos es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país; la construcción, modernización y ampliación de esta infraestructura debe de ser una constante en nuestra política pública ya que implica un impulso al desarrollo comercial de nuestras regiones y de la comunicación entre ellas y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las comunidades rurales.

Sin embargo, en nuestro caso este sector presenta atrasos y deficiencias que nos obligan a realizar un gran esfuerzo de inversión, para contar con una red de carreteras y caminos eficiente, segura y adecuada. Pues no debemos olvidar que los recursos aplicados en este tipo de obra pública son una contribución rentable que brinda atención a una reiterada demanda social y genera un efecto multiplicador importante en el bienestar económico de la población.

El desarrollo de carreteras, accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías de comunicación ha sido una de las demandas más constantes de los municipios rurales y urbanos de Jalisco, pues la capacidad de acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera, es limitada, y cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito y disminuida por el deterioro.

De tal forma que los proyectos carreteros asociados a renovar o crear nuevas vías que comuniquen a los municipios del país, deben de contar con recursos garantizados en nuestro Presupuesto de Egresos de cada año, como un requerimiento indispensable del desarrollo económico.

El municipio de San Juan de los Lagos tiene un importante potencial de aportación económica al estado de Jalisco, pero presenta problemas de congestionamientos, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos tanto particulares como de carga con orígenes y destinos distintos.; situación que inhibe el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra, que es económicamente viable, rentable y de alto beneficio para la región. El costo total de la obra se estima en 45 millones de pesos, pero al menos se requieren de 20 millones de pesos en este año para avanzar sustancialmente en la obra en atención a los tiempos de ejecución y avance.

De tal forma que la fuente necesaria de financiamiento para esta importante obra debe de ser el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de esto, el incremento en la actividad económica y comercial del municipio ha originado un mayor movimiento de los medios de transporte, representando a su vez un mayor riesgo para la población, situación que reafirma la necesidad de contar con esta obra y refuerza la justificación de la inversión.

La construcción del entronque mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades de la región, además permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de la zona; fortaleciendo la creciente actividad económica y comercial del municipio en un entorno de favorables condiciones medioambientales.

Por lo tanto, no omitamos el hecho de que México presenta deficiencias que nos exigen un gran esfuerzo de inversión pública, para revertir la falta de compromiso en esta materia y el latente riesgo de la falta de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir las obras en tiempo y forma previstos; porque la latente demanda social de más obras que son igualmente necesarias será una permanente en el intento de continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la infraestructura básica en todas las regiones de nuestro país.

Finalmente, considero que se debe garantizar la asignación de recursos públicos a este tipo de proyectos con la finalidad de que el municipio cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar, mantener e impulsar la construcción de carreteras, caminos accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de sus vías de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal para el año 2011, se asignen recursos por un monto de 20 millones de pesos para construir el proyecto carretero anteriormente referido, mediante la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011,recursos por $20,000,000 mdp (veinte millones de pesos) para el proyecto de inversión denominado “camino San Juan de los Lagos-Teocaltiche”, del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Villa Hidalgo-Las Huertitas-Jaltiche, en San Martín Hidalgo y Ameca, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Una apropiada infraestructura carretera y de caminos es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país; la construcción, modernización y ampliación de esta infraestructura debe de ser una constante en nuestra política pública ya que implica un impulso al desarrollo comercial de nuestras regiones y de la comunicación entre ellas y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las comunidades rurales.

Sin embargo, en nuestro caso este sector presenta atrasos y deficiencias que nos obligan a realizar un gran esfuerzo de inversión, para contar con una red de carreteras y caminos eficiente, segura y adecuada. Pues no debemos olvidar que los recursos aplicados en este tipo de obra pública son una contribución rentable que brinda atención a una reiterada demanda social y genera un efecto multiplicador importante en el bienestar económico de la población.

El desarrollo de carreteras, accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías de comunicación ha sido una de las demandas más constantes de los municipios rurales y urbanos de Jalisco, pues la capacidad de acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera, es limitada, y cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito y disminuida por el deterioro.

De tal forma que los proyectos carreteros asociados a renovar o crear nuevas vías que comuniquen a los municipios del país, deben de contar con recursos garantizados en nuestro Presupuesto de Egresos de cada año, como un requerimiento indispensable del desarrollo económico.

El municipio de San Martín de Hidalgo y el de Ameca tienen un importante potencial de aportación económica al estado de Jalisco, pero presenta problemas de congestionamientos, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos tanto particulares como de carga con orígenes y destinos distintos.; situación que inhibe el sano de-sarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra, que es económicamente viable, rentable y de alto beneficio para la región. El costo total de la obra se estima en 300 millones de pesos, pero al menos se requieren de 30 millones de pesos en este año para avanzar sustancialmente en la obra en atención a los tiempos de ejecución y avance.

De tal forma que la fuente necesaria de financiamiento para esta importante obra debe de ser el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de esto, el incremento en la actividad económica y comercial del municipio ha originado un mayor movimiento de los medios de transporte, representando a su vez un mayor riesgo para la población, situación que reafirma la necesidad de contar con esta obra y refuerza la justificación de la inversión.

La construcción del entronque mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades de la región, además permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de la zona; fortaleciendo la creciente actividad económica y comercial del municipio en un entorno de favorables condiciones medioambientales.

Por lo tanto, no omitamos el hecho de que México presenta deficiencias que nos exigen un gran esfuerzo de inversión pública, para revertir la falta de compromiso en esta materia y el latente riesgo de la falta de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir las obras en tiempo y forma previstos; porque la latente demanda social de más obras que son igualmente necesarias será una permanente en el intento de continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la infraestructura básica en todas las regiones de nuestro país.

Finalmente, considero que se debe garantizar la asignación de recursos públicos a este tipo de proyectos con la finalidad de que el municipio cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar, mantener e impulsar la construcción de carreteras, caminos accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de sus vías de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal para el año 2011, se asignen recursos por un monto de 30 millones de pesos para construir el proyecto carretero anteriormente referido, mediante la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011,recursos por $30,000,000 mdp (treinta millones de pesos) para el proyecto de inversión denominado “Villa Hidalgo-Las Huertitas-Jaltiche “, del municipio de San Martín Hidalgo y el de Ameca, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto San Miguel El Alto-Valle de Guadalupe, en San Miguel El Alto, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Una apropiada infraestructura carretera y de caminos es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país; la construcción, modernización y ampliación de esta infraestructura debe de ser una constante en nuestra política pública ya que implica un impulso al desarrollo comercial de nuestras regiones y de la comunicación entre ellas y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las comunidades rurales.

Sin embargo, en nuestro caso este sector presenta atrasos y deficiencias que nos obligan a realizar un gran esfuerzo de inversión, para contar con una red de carreteras y caminos eficiente, segura y adecuada. Pues no debemos olvidar que los recursos aplicados en este tipo de obra pública son una contribución rentable que brinda atención a una reiterada demanda social y genera un efecto multiplicador importante en el bienestar económico de la población.

El desarrollo de carreteras, accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías de comunicación ha sido una de las demandas más constantes de los municipios rurales y urbanos de Jalisco, pues la capacidad de acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera, es limitada, y cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito y disminuida por el deterioro.

De tal forma que los proyectos carreteros asociados a renovar o crear nuevas vías que comuniquen a los municipios del país, deben de contar con recursos garantizados en nuestro Presupuesto de Egresos de cada año, como un requerimiento indispensable del desarrollo económico.

El municipio de San Miguel el Alto tiene un importante potencial de aportación económica al estado de Jalisco, pero presenta problemas de congestionamientos, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos tanto particulares como de carga con orígenes y destinos distintos.; situación que inhibe el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra, que es económicamente viable, rentable y de alto beneficio para la región. El costo total de la obra se estima en 90 millones de pesos, pero al menos se requieren de 45 millones de pesos en este año para avanzar sustancialmente en la obra en atención a los tiempos de ejecución y avance.

De tal forma que la fuente necesaria de financiamiento para esta importante obra debe de ser el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de esto, el incremento en la actividad económica y comercial del municipio ha originado un mayor movimiento de los medios de transporte, representando a su vez un mayor riesgo para la población, situación que reafirma la necesidad de contar con esta obra y refuerza la justificación de la inversión.

La construcción del entronque mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades de la región, además permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de la zona; fortaleciendo la creciente actividad económica y comercial del municipio en un entorno de favorables condiciones medioambientales.

Por lo tanto, no omitamos el hecho de que México presenta deficiencias que nos exigen un gran esfuerzo de inversión pública, para revertir la falta de compromiso en esta materia y el latente riesgo de la falta de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir las obras en tiempo y forma previstos; porque la latente demanda social de más obras que son igualmente necesarias será una permanente en el intento de continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la infraestructura básica en todas las regiones de nuestro país.

Finalmente, considero que se debe garantizar la asignación de recursos públicos a este tipo de proyectos con la finalidad de que el municipio cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar, mantener e impulsar la construcción de carreteras, caminos accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de sus vías de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal para el año 2011, se asignen recursos por un monto de 45 millones de pesos para construir el proyecto carretero anteriormente referido, mediante la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011,recursos por $45,000,000 mdp (cuarenta y cinco millones de pesos) para el proyecto de inversión denominado “San Miguel el Alto-Valle de Guadalupe”, del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto San Miguel El Alto-Crucero de San Julián, en San Miguel El Alto, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Una apropiada infraestructura carretera y de caminos es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país; la construcción, modernización y ampliación de esta infraestructura debe de ser una constante en nuestra política pública ya que implica un impulso al desarrollo comercial de nuestras regiones y de la comunicación entre ellas y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las comunidades rurales.

Sin embargo, en nuestro caso este sector presenta atrasos y deficiencias que nos obligan a realizar un gran esfuerzo de inversión, para contar con una red de carreteras y caminos eficiente, segura y adecuada. Pues no debemos olvidar que los recursos aplicados en este tipo de obra pública son una contribución rentable que brinda atención a una reiterada demanda social y genera un efecto multiplicador importante en el bienestar económico de la población.

El desarrollo de carreteras, accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías de comunicación ha sido una de las demandas más constantes de los municipios rurales y urbanos de Jalisco, pues la capacidad de acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera, es limitada, y cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito y disminuida por el deterioro.

De tal forma que los proyectos carreteros asociados a renovar o crear nuevas vías que comuniquen a los municipios del país, deben de contar con recursos garantizados en nuestro Presupuesto de Egresos de cada año, como un requerimiento indispensable del desarrollo económico.

El municipio de San Miguel el Alto tiene un importante potencial de aportación económica al estado de Jalisco, pero presenta problemas de congestionamientos, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos tanto particulares como de carga con orígenes y destinos distintos.; situación que inhibe el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra, que es económicamente viable, rentable y de alto beneficio para la región. El costo total de la obra se estima en 45 millones de pesos en este año para avanzar sustancialmente en la obra en atención a los tiempos de ejecución y avance.

De tal forma que la fuente necesaria de financiamiento para esta importante obra debe de ser el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de esto, el incremento en la actividad económica y comercial del municipio ha originado un mayor movimiento de los medios de transporte, representando a su vez un mayor riesgo para la población, situación que reafirma la necesidad de contar con esta obra y refuerza la justificación de la inversión.

La construcción del entronque mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades de la región, además permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de la zona; fortaleciendo la creciente actividad económica y comercial del municipio en un entorno de favorables condiciones medioambientales.

Por lo tanto, no omitamos el hecho de que México presenta deficiencias que nos exigen un gran esfuerzo de inversión pública, para revertir la falta de compromiso en esta materia y el latente riesgo de la falta de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir las obras en tiempo y forma previstos; porque la latente demanda social de más obras que son igualmente necesarias será una permanente en el intento de continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la infraestructura básica en todas las regiones de nuestro país.

Finalmente, considero que se debe garantizar la asignación de recursos públicos a este tipo de proyectos con la finalidad de que el municipio cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar, mantener e impulsar la construcción de carreteras, caminos accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de sus vías de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal para el año 2011, se asignen recursos por un monto de 45 millones de pesos para construir el proyecto carretero anteriormente referido, mediante la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011,recursos por $45,000,000 mdp (cuarenta y cinco millones de pesos) para el proyecto de inversión denominado “San Miguel el Alto-Crucero de San Julián”, del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Villa Hidalgo-Las Flores, en Villa Hidalgo, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Una apropiada infraestructura carretera y de caminos es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país; la construcción, modernización y ampliación de esta infraestructura debe de ser una constante en nuestra política pública ya que implica un impulso al desarrollo comercial de nuestras regiones y de la comunicación entre ellas y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las comunidades rurales.

Sin embargo, en nuestro caso este sector presenta atrasos y deficiencias que nos obligan a realizar un gran esfuerzo de inversión, para contar con una red de carreteras y caminos eficiente, segura y adecuada. Pues no debemos olvidar que los recursos aplicados en este tipo de obra pública son una contribución rentable que brinda atención a una reiterada demanda social y genera un efecto multiplicador importante en el bienestar económico de la población.

El desarrollo de carreteras, accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías de comunicación ha sido una de las demandas más constantes de los municipios rurales y urbanos de Jalisco, pues la capacidad de acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera, es limitada, y cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito y disminuida por el deterioro.

De tal forma que los proyectos carreteros asociados a renovar o crear nuevas vías que comuniquen a los municipios del país, deben de contar con recursos garantizados en nuestro Presupuesto de Egresos de cada año, como un requerimiento indispensable del desarrollo económico.

El municipio de Villa Hidalgo tiene un importante potencial de aportación económica al estado de Jalisco, pero presenta problemas de congestionamientos, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos tanto particulares como de carga con orígenes y destinos distintos.; situación que inhibe el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra, que es económicamente viable, rentable y de alto beneficio para la región. El costo total de la obra se estima en 60 millones de pesos, pero al menos se requieren de 30 millones de pesos en este año para avanzar sustancialmente en la obra en atención a los tiempos de ejecución y avance.

De tal forma que la fuente necesaria de financiamiento para esta importante obra debe de ser el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de esto, el incremento en la actividad económica y comercial del municipio ha originado un mayor movimiento de los medios de transporte, representando a su vez un mayor riesgo para la población, situación que reafirma la necesidad de contar con esta obra y refuerza la justificación de la inversión.

La construcción del entronque mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades de la región, además permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de la zona; fortaleciendo la creciente actividad económica y comercial del municipio en un entorno de favorables condiciones medioambientales.

Por lo tanto, no omitamos el hecho de que México presenta deficiencias que nos exigen un gran esfuerzo de inversión pública, para revertir la falta de compromiso en esta materia y el latente riesgo de la falta de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir las obras en tiempo y forma previstos; porque la latente demanda social de más obras que son igualmente necesarias será una permanente en el intento de continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la infraestructura básica en todas las regiones de nuestro país.

Finalmente, considero que se debe garantizar la asignación de recursos públicos a este tipo de proyectos con la finalidad de que el municipio cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar, mantener e impulsar la construcción de carreteras, caminos accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de sus vías de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal para el año 2011, se asignen recursos por un monto de 30 millones de pesos para construir el proyecto carretero anteriormente referido, mediante la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011,recursos por $30,000,000 mdp (treinta millones de pesos) para el proyecto de inversión denominado “Villa Hidalgo-Las Flores “, del municipio de Villa hidalgo, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Villa Hidalgo-Límite de Jalisco y Aguascalientes, en Villa Hidalgo, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Una apropiada infraestructura carretera y de caminos es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país; la construcción, modernización y ampliación de esta infraestructura debe de ser una constante en nuestra política pública ya que implica un impulso al desarrollo comercial de nuestras regiones y de la comunicación entre ellas y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las comunidades rurales.

Sin embargo, en nuestro caso este sector presenta atrasos y deficiencias que nos obligan a realizar un gran esfuerzo de inversión, para contar con una red de carreteras y caminos eficiente, segura y adecuada. Pues no debemos olvidar que los recursos aplicados en este tipo de obra pública son una contribución rentable que brinda atención a una reiterada demanda social y genera un efecto multiplicador importante en el bienestar económico de la población.

El desarrollo de carreteras, accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías de comunicación ha sido una de las demandas más constantes de los municipios rurales y urbanos de Jalisco, pues la capacidad de acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera, es limitada, y cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito y disminuida por el deterioro.

De tal forma que los proyectos carreteros asociados a renovar o crear nuevas vías que comuniquen a los municipios del país, deben de contar con recursos garantizados en nuestro Presupuesto de Egresos de cada año, como un requerimiento indispensable del desarrollo económico.

El municipio de Villa Hidalgo tiene un importante potencial de aportación económica al estado de Jalisco, pero presenta problemas de congestionamientos, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos tanto particulares como de carga con orígenes y destinos distintos.; situación que inhibe el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra, que es económicamente viable, rentable y de alto beneficio para la región. El costo total de la obra se estima en 135 millones de pesos, pero al menos se requieren de 35 millones de pesos en este año para avanzar sustancialmente en la obra en atención a los tiempos de ejecución y avance.

De tal forma que la fuente necesaria de financiamiento para esta importante obra debe de ser el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de esto, el incremento en la actividad económica y comercial del municipio ha originado un mayor movimiento de los medios de transporte, representando a su vez un mayor riesgo para la población, situación que reafirma la necesidad de contar con esta obra y refuerza la justificación de la inversión.

La construcción del entronque mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades de la región, además permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de la zona; fortaleciendo la creciente actividad económica y comercial del municipio en un entorno de favorables condiciones medioambientales.

Por lo tanto, no omitamos el hecho de que México presenta deficiencias que nos exigen un gran esfuerzo de inversión pública, para revertir la falta de compromiso en esta materia y el latente riesgo de la falta de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir las obras en tiempo y forma previstos; porque la latente demanda social de más obras que son igualmente necesarias será una permanente en el intento de continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la infraestructura básica en todas las regiones de nuestro país.

Finalmente, considero que se debe garantizar la asignación de recursos públicos a este tipo de proyectos con la finalidad de que el municipio cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar, mantener e impulsar la construcción de carreteras, caminos accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de sus vías de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal para el año 2011, se asignen recursos por un monto de 35 millones de pesos para construir el proyecto carretero anteriormente referido, mediante la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011,recursos por $35,000,000 mdp (treinta y cinco millones de pesos) para el proyecto de inversión denominado “Villa Hidalgo-Limite del Estado Jalisco/Aguascalientes “, del municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Villa Hidalgo-Teocaltiche, en Villa Hidalgo, Jalisco, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Una apropiada infraestructura carretera y de caminos es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país; la construcción, modernización y ampliación de esta infraestructura debe de ser una constante en nuestra política pública ya que implica un impulso al desarrollo comercial de nuestras regiones y de la comunicación entre ellas y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las comunidades rurales.

Sin embargo, en nuestro caso este sector presenta atrasos y deficiencias que nos obligan a realizar un gran esfuerzo de inversión, para contar con una red de carreteras y caminos eficiente, segura y adecuada. Pues no debemos olvidar que los recursos aplicados en este tipo de obra pública son una contribución rentable que brinda atención a una reiterada demanda social y genera un efecto multiplicador importante en el bienestar económico de la población.

El desarrollo de carreteras, accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías de comunicación ha sido una de las demandas más constantes de los municipios rurales y urbanos de Jalisco, pues la capacidad de acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera, es limitada, y cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito y disminuida por el deterioro.

De tal forma que los proyectos carreteros asociados a renovar o crear nuevas vías que comuniquen a los municipios del país, deben de contar con recursos garantizados en nuestro Presupuesto de Egresos de cada año, como un requerimiento indispensable del desarrollo económico.

El municipio de Villa Hidalgo tiene un importante potencial de aportación económica al estado de Jalisco, pero presenta problemas de congestionamientos, agravados por el elevado volumen de tránsito de vehículos tanto particulares como de carga con orígenes y destinos distintos.; situación que inhibe el sano desarrollo urbano, económico y turístico, fomentando a la vez problemas viales, tales como congestionamientos y accidentes.

El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra, que es económicamente viable, rentable y de alto beneficio para la región. El costo total de la obra se estima en 100 millones de pesos, pero al menos se requieren de 30 millones de pesos en este año para avanzar sustancialmente en la obra en atención a los tiempos de ejecución y avance.

De tal forma que la fuente necesaria de financiamiento para esta importante obra debe de ser el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de esto, el incremento en la actividad económica y comercial del municipio ha originado un mayor movimiento de los medios de transporte, representando a su vez un mayor riesgo para la población, situación que reafirma la necesidad de contar con esta obra y refuerza la justificación de la inversión.

La construcción del entronque mejorará sustancialmente la conectividad de las vialidades de la región, además permitirá avanzar en la modernización y mejoramiento de la zona; fortaleciendo la creciente actividad económica y comercial del municipio en un entorno de favorables condiciones medioambientales.

Por lo tanto, no omitamos el hecho de que México presenta deficiencias que nos exigen un gran esfuerzo de inversión pública, para revertir la falta de compromiso en esta materia y el latente riesgo de la falta de disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para concluir las obras en tiempo y forma previstos; porque la latente demanda social de más obras que son igualmente necesarias será una permanente en el intento de continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la infraestructura básica en todas las regiones de nuestro país.

Finalmente, considero que se debe garantizar la asignación de recursos públicos a este tipo de proyectos con la finalidad de que el municipio cuente con los recursos suficientes que le permitan reparar, mantener e impulsar la construcción de carreteras, caminos accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de sus vías de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal para el año 2011, se asignen recursos por un monto de 30 millones de pesos para construir el proyecto carretero anteriormente referido, mediante la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011,recursos por $30,000,000 mdp (treinta millones de pesos) para el proyecto de inversión denominado “Villa Hidalgo-Teocaltiche “, del municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir una planta potabilizadora en Coatzintla, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito legislador, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que sean considerados recursos económicos suficientes dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para llevar a cabo la construcción de una planta potabilizadora de 315 litros por segundo en el municipio Coatzintla en el estado de Veracruz, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El municipio de Coatzintla, Veracruz, está situado en el norte del Estado. Este municipio tiene 43, 106 habitantes (según Censo Poblacional 2005), colinda con los municipios de Poza Rica, Tihuatlán, Coyutla, Espinal, Papantla y con el Estado de Puebla. Su población se dedica principalmente a la agricultura, ganadería y comercio. Tiene una extensión territorial de 235.25 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 0.32% del total del estado. Sus congregaciones son: Coatzintla, Arroyo Florido, Benito Juárez, Cerrada del Mirador, El Chote, Colonia Hidalgo, Corralillos, Escolín de Olarte, Finca Valencia, La Florida, Furbero, González Ortega, Guadalupe Victoria, Kilometro 59, La Laja, Manuel María Contreras, El Mirador, La Ortiga, Palma Sola, Palmar de Zapata, Rancho Nuevo, Rancho San Luis, San Fernando Coapechapa, San Isidro, Santa María, Troncones y Potrerillos, Úrsulo Galván, El Vizcaíno, Chachalacas, Lote ocho, Toma de Agua, La Caoba, El Cinco, El Coruco, El Espejo, Esquitín, Esquitín Dos, Finca del Carmen, Lote Veintiuno, El Nueve, Los Polvorones, Rancho la Cuna, Rancho la Grandeza y Veintidós.

Siendo Coatzintla la cabecera municipal su principal vía de acceso es por la ciudad de Poza Rica, de cuyo centro está a 6 kilómetros. Se comunica a las carreteras federales números 180 Veracruz-Xalapa-Cardel-Poza Rica y 130 México-Tulancingo-Poza Rica-Tuxpan.

2. Dadas las características inherentes de hidrografía, geografía, orografía y clima asociados a los asentamientos humanos, las actividades agrícolas e industriales, así como las condiciones socioeconómicas de su población, Poza Rica Veracruz posee condicionantes que hacen del sector hídrico un factor decisivo que establece retos y oportunidades para su futuro, a diferencia de otros municipios o entidades federativas.

El estado de Veracruz se caracteriza por disponer de una gran cantidad de recursos hídricos, en comparación con otras entidades del país. La precipitación media anual representa casi el doble de la media nacional y por sus cauces fluye un tercio del escurrimiento total del país.

En cuanto a los mantos acuíferos, Veracruz también dispone, aunque no en la misma forma ni en toda su extensión, abundantes recursos subterráneos, en condición de disponibilidad en la mayoría de ellos, presentándose en algunos acuíferos costeros ciertas evidencias de intrusión salina.

Esta abundancia hídrica y sus características climáticas y topográficas, hacen que el estado esté sujeto, con una cierta periodicidad por una parte, a efectos hidrometeorológicos intensos que provocan inundaciones en las partes bajas de las cuencas, y por otra, sequías que se presentan principalmente en el norte del estado.

Por sus riquezas naturales e hídricas, la población veracruzana se asienta en más de 22 mil localidades distribuidas en 212 municipios del territorio. Estos rasgos representan un reto para el sector hídrico en lo que se refiere la dotación y mantenimiento de servicios de calidad de agua potable.

3. Por otro lado, la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Existentes, su operación resultan muchas de las veces de manera ineficiente. La baja recaudación por tarifas inadecuadas; la limitada cultura de pago, y la escasa colaboración de las comunidades para la conservación, da por resultado un servicio deficiente y el deterioro continuo de los sistemas existentes.

4. La escasez de agua de buena calidad propicia que el servicio en algunas ciudades no sea continuo, obligando a prácticas como los bombeos directos a las redes de distribución sin utilizar los tanques de regularización y el inadecuado manejo de presiones, que contribuyen a reducir la eficiencia de los sistemas, a elevar los costos de operación y a un mayor desgaste de las tuberías. Estas deficiencias del servicio generan inconformidad en la ciudadanía, que lo manifiesta en el rechazo a pagar oportunamente por los servicios que recibe.

5. El municipio de Coatzintla, Veracruz, actualmente no cuenta con una planta potabilizadora que le permita suministrar a la población de agua potable, ya que a la fecha sólo se puede suministrar el agua que se extraer de manera directa del rio cazones, el cual en época de lluvias se suministra a la población agua lodo en lugar de agua potable, ya que se capta de manera directa y sin ningún proceso de filtración, que elimine la turbiedad del agua, lo que lógicamente genera malestar en la ciudadanía. Motivo por el cual el municipio en su plan de desarrollo municipal, prevé la solución de este problema mediante la construcción de una planta potabilizadora que permita reducir de manera importante la contaminación del agua entubada que actualmente recibe la población.

Consideraciones

1. El Plan Nacional de Desarrollo señala entre sus objetivos prioritarios la modernización, instalación y dotación de nuevas y mejor infraestructura urbana que permita dotar de servicios públicos mínimos e indispensable a los mexicanos.

2. El municipio de Coatzintla, Veracruz, el cual debido a su rápido y desordenado crecimiento urbano, carente de planeación a la fecha presenta un grave problema de desabasto en el servicio de agua potable. Esto debido a las constantes fugas en la red de agua potable y a la dificultad que cada día se acrecienta más ante la constante sequia o disminución del caudal del rio cazones, y ante las constantes crecidas o aumentos de niveles del rio cazones fuente de donde se suministra el servicio de agua potable.

3. La fuente de abastecimiento de agua al municipio de Coatzintla, Veracruz, es de las aguas superficiales del río Cazones.

La problemática que se tiene actualmente es que en época de lluvias cada vez es más complicada la captación del agua limpia, provocando deficiencias en el abastecimiento, al suministrar liquido excesivamente turbio, tal y como se encuentre en la corriente del rio crecido en su nivel y con agua corriente lodosa, por lo que se requiere de la construcción de una planta potabilizadora que permita disminuir los niveles de turbiedad e impureza del agua.

5. El municipio de Coatzintla, Veracruz, actualmente no cuenta con una planta potabilizadora que le permita suministrar a la población de agua potable, ya que a la fecha sólo se puede suministrar el agua que se extraer de manera directa del rio cazones, el cual en época de lluvias se suministra a la población agua lodo en lugar de agua potable, ya que se capta de manera directa y sin ningún proceso de filtración, que elimine la turbiedad del agua, lo que lógicamente genera malestar en la ciudadanía. Motivo por el cual el municipio en su plan de desarrollo municipal, prevé la solución de este problema mediante la construcción de una planta potabilizadora que permita reducir de manera importante la contaminación del agua entubada que actualmente recibe la población. Motivo por el cual y con la finalidad de disminuir el problema actual- Se propone la construcción de una planta potabilizadora de 315 litros por segundo como visión transformadora del municipio de Coatzintla, Veracruz.

6. El costo total de la construcción de una planta potabilizadora de 315 litros por segundo que se propone asciende a un total de $95,189,491.23 (noventa y cinco millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y un pesos 23/100 moneda nacional)

Para efectos de la obra propuesta se hace notar que se cuenta con los estudios técnicos mínimos, como lo son: proyecto ejecutivo; estudio costo beneficio y el estudio de factibilidad, así como copia del título de propiedad del inmueble donde se edificaría dicho proyecto, mismos que se acompañan al presente punto de acuerdo, a través de disco compacto (archivo electrónico) formando parte integrante del mismo.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter respetuosamente a consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se incluya en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida presupuestal suficiente en el rubro del sector recursos hidráulicos, para la construcción de una planta potabilizadora de 315 litros por segundo en el municipio de Coatzintla, Veracruz.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ampliar y reparar la carretera Poza Rica-San Andrés, en Coatzintla, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito legislador, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que sean considerados recursos económicos suficientes dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para llevar a cabo la ampliación y reparación de la carretera Poza Rica-San Andrés a partir del kilómetro 0+695 al 0+3216 a cuatro carriles en el municipio Coatzintla en el estado de Veracruz, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El municipio de Coatzintla, Veracruz, está situado en el norte del Estado. Este municipio tiene 43,106 habitantes (según Censo Poblacional 1990), colinda con los municipios de Poza Rica, Tihuatlán, Coyutla, Espinal, Papantla y con el Estado de Puebla. Su población se dedica principalmente a la agricultura, ganadería y comercio. Tiene una extensión territorial de 235.25 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 0.32% del total del estado. Sus congregaciones son: Coatzintla, Arroyo Florido, Benito Juárez, Cerrada del Mirador, El Chote, Colonia Hidalgo, Corralillos, Escolín de Olarte, Finca Valencia, La Florida, Furbero, González Ortega, Guadalupe Victoria, Kilometro 59, La Laja, Manuel María Contreras, El Mirador, La Ortiga, Palma Sola, Palmar de Zapata, Rancho Nuevo, Rancho San Luis, San Fernando Coapechapa, San Isidro, Santa María, Troncones y Potrerillos, Úrsulo Galván, El Vizcaíno, Chachalacas, Lote ocho, Toma de Agua, La Caoba, El Cinco, El Coruco, El Espejo, Esquitín, Esquitín Dos, Finca del Carmen, Lote Veintiuno, El Nueve, Los Polvorones, Rancho la Cuna, Rancho la Grandeza y Veintidós.

Siendo Coatzintla la cabecera municipal su principal vía de acceso es por la ciudad de Poza Rica de cuyo centro está a 6 kilómetros. Se comunica a las carreteras federales números 180 Veracruz-Xalapa-Cardel-Poza Rica y 130 México-Tulancingo-Poza Rica-Tuxpan.

2. Dentro de la red carretera, el camino alimentador constituye un activo de gran importancia regional y local, ya que a través de ellos es posible la comunicación permanente entre los centros de población y de su producción agrícola e industrial, transporte de personas a sus centros de trabajo y de estudios; el acceso de amplios grupos de población a la salud y educación como satisfactores básicos para mejorar su calidad de vida, así como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo general.

3. Es obligación del estado en sus tres niveles de gobierno, impulsar y apoyar la construcción, modernización y reconstrucción de los carreteras para coadyuvar al desarrollo económico y social de las colonias y comunidades, facilitar su acceso a los servicios de salud y educación, generar empleos e inducir el intercambio de productos y servicios.

4. El municipio de Coatzintla, Veracruz, actualmente enfrenta como muchos de los municipios fuertes problemas de comunicación vial, ante el constante y creciente aforo vehicular, que de manera exagerada se ha venido incrementando en los dos últimos años ante la llegada de un gran número de empresas que proporcionan servicios a la paraestatal Pemex, quienes no solo incrementaron el parque vehicular en autos pequeños si no que han incrementado de manera alarmante el tráfico de vehículos pesados, generándose con ello fuertes embotellamientos vehiculares principalmente en las hora pico, que son las horas de entrada y salidas a los centros de trabajo y centros educativos, lo que lógicamente genera malestar en la ciudadanía. Motivo por el cual el municipio en su plan de desarrollo municipal, prevé la solución de este problema mediante la ampliación y reparación de la carretera Poza Rica-San Andrés a partir del kilómetro 0+695 al 0+3216 a cuatro carriles que permita reducir de manera importante el congestionamiento vial e incremente y regule a la vez la fluidez en esta carretera que a la fecha constituye el principal acceso a este municipio.

Consideraciones

1. El Plan Nacional de Desarrollo señala entre sus objetivos prioritarios la modernización, instalación y dotación de nueva y mejor infraestructura urbana que permita dotar de servicios públicos mínimos e indispensable a los mexicanos

2. Entre los objetivos de la presente administración federal se encuentra asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr una mayor conexión del país, misma que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía

3. El municipio de Coatzintla, Veracruz, el cual debido a su rápido y desordenado crecimiento urbano, carente de planeación a la fecha presenta un grave problema de vialidad. Esto debido a los constantes congestionamientos viales y a la dificultad que cada día se incrementa mas ante el constante aumento del parque vehicular.

4. El municipio de Coatzintla, Veracruz, actualmente enfrenta como muchos de los municipios, fuertes problemas de comunicación vial, ante el constante y creciente aforo vehicular, que de manera exagerada se ha venido incrementando en los dos últimos años ante la llegada de un gran número de empresas que proporcionan servicios a la paraestatal Pemex, quienes no solo incrementaron el parque vehicular en autos pequeños si no que han incrementado de manera alarmante el tráfico de vehículos pesados, generándose con ello fuertes embotellamientos vehiculares principalmente en las hora pico, que son las horas de entrada y salidas a los centros de trabajo y centros educativos, lo que lógicamente genera malestar en la ciudadanía. Motivo por el cual el municipio en su plan de desarrollo municipal, prevé la solución de este problema mediante la ampliación y reparación de la carretera Poza Rica-San Andrés a partir del kilómetro 0+695 al 0+3216 a cuatro carriles que permita reducir de manera importante el congestionamiento vial e incremente y regule a la vez la fluidez en esta carretera que a la fecha constituye el principal acceso a este municipio.

5. El costo total para la ampliación y reparación de la carretera Poza Rica-San Andrés a partir del kilómetro 0+695 al 0+3216 a cuatro carriles que se propone asciende a un total de $18,043,818.19 (dieciocho millones cuarenta y tres mil ochocientos dieciocho pesos 19/100 moneda nacional).

Para efectos de la obra propuesta se hace notar que se cuenta con los estudios técnicos mínimos, como lo son proyecto ejecutivo; estudio costo beneficio y el estudio de factibilidad, mismos que se acompañan al presente punto de acuerdo, a través de disco compacto (archivo electrónico) formando parte integrante del mismo.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter respetuosamente a consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se incluya en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida presupuestal suficiente en el rubro del sector comunicaciones y transportes, para la ampliación y reparación de la carretera Poza Rica-San Andrés a partir del kilómetro 0+695 al 0+3216 a cuatro carriles en el municipio de Coatzintla, Veracruz.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el puente María Contreras y sus accesos, situados en el camino Coatzintla-Contreras, en Coatzintla, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito legislador, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que sean considerados recursos económicos suficientes dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para llevar a cabo la construcción del puente María Contreras y sus accesos, ubicado en el camino Coatzintla-Contreras kilómetro 2+050 al 2+080, en el municipio de Coatzintla , Veracruz, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El municipio de Coatzintla, Veracruz, está situado en el norte del Estado. Este municipio tiene 43,106 habitantes (según Censo Poblacional 2005), colinda con los municipios de Poza Rica, Tihuatlán, Coyutla, Espinal, Papantla y con el Estado de Puebla. Su población se dedica principalmente a la agricultura, ganadería y comercio. Tiene una extensión territorial de 235.25 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 0.32% del total del estado. Sus congregaciones son: Coatzintla, Arroyo Florido, Benito Juárez, Cerrada del Mirador, El Chote, Colonia Hidalgo, Corralillos, Escolín de Olarte, Finca Valencia, La Florida, Furbero, González Ortega, Guadalupe Victoria, Kilometro 59, La Laja, Manuel María Contreras, El Mirador, La Ortiga, Palma Sola, Palmar de Zapata, Rancho Nuevo, Rancho San Luis, San Fernando Coapechapa, San Isidro, Santa María, Troncones y Potrerillos, Úrsulo Galván, El Vizcaíno, Chachalacas, Lote ocho, Toma de Agua, La Caoba, El Cinco, El Coruco, El Espejo, Esquitín, Esquitín Dos, Finca del Carmen, Lote Veintiuno, El Nueve, Los Polvorones, Rancho la Cuna, Rancho la Grandeza y Veintidós.

Siendo Coatzintla la cabecera municipal su principal vía de acceso es por la ciudad de Poza Rica de cuyo centro está a 6 kilómetros. Se comunica a las carreteras federales números 180 Veracruz-Xalapa-Cardel-Poza Rica y 130 México-Tulancingo-Poza Rica-Tuxpan.

2. Dentro de la red carretera, el camino alimentador constituye un activo de gran importancia regional y local, ya que a través de ellos es posible la comunicación permanente entre los centros de población y de su producción agrícola e industrial, transporte de personas a sus centros de trabajo y de estudios; el acceso de amplios grupos de población a la salud y educación como satisfactores básicos para mejorar su calidad de vida, así como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo general.

3. Es obligación del estado en sus tres niveles de gobierno, impulsar y apoyar la construcción, modernización y reconstrucción de las carreteras para coadyuvar al desarrollo económico y social de las colonias y comunidades, facilitar su acceso a los servicios de salud y educación, generar empleos e inducir el intercambio de productos y servicios.

4. Impulsar y apoyar la construcción, modernización y reconstrucción de los caminos para coadyuvar al desarrollo económico y social de las pequeñas comunidades, facilitar su acceso a los servicios de salud y educación, generar empleos e inducir el intercambio de productos y servicios.

Los caminos para cumplir con su eficacia en ocasiones requieren de la construcción de puente que permitan el cruce de un ponto a otro, de manera segura o que con la construcción del mismo se acorten distancias en los recorridos de los caminos o carreteras.

5. El municipio de Coatzintla, Veracruz, actualmente enfrenta como muchos de los municipios fuertes problemas de comunicación vial, ante el constante y creciente aforo vehicular, que de manera exagerada se ha venido incrementando en los dos últimos años ante la llegada de un gran número de empresas que proporcionan servicios a la paraestatal Pemex, quienes no solo incrementaron el parque vehicular en autos pequeños si no que han incrementado de manera alarmante el tráfico de vehículos pesados, quienes transitan por los caminos y puentes actuales, los cuales no fueron diseñados para soportar peso de vehículos de alto tonelaje, lo que ha originado un deterioro en las vías de comunicación y principalmente en las estructuras de diversos puentes, lo que origina la necesidad de solucionar dicho problema.

Consideraciones

1. El Plan Nacional de Desarrollo señala entre sus objetivos prioritarios la modernización e instalación de la red carretera del país, incluyendo en ellas los caminos rurales

2. El camino rural se caracteriza por ser de un carril a base de terracerías revestidas no compactadas y con obras de drenaje que permiten transitarlos en cualquier época del año; se encuentran a cargo del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de una gran variedad de dependencias, organismos y empresas públicas y privadas. Los caminos rurales representan 48 por ciento de la red carretera nacional.

3. Entre los objetivos de la presente administración federal se encuentra asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr una mayor conexión del país, misma que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía

4. Los caminos para cumplir con su eficacia en ocasiones requieren de la construcción de puentes que permitan el cruce de un punto a otro, de manera segura o que con la construcción del mismo se acorten distancias en los recorridos de los caminos o carreteras.

Los puentes son una solución a un problema puntual: la conexión de dos espacios, por lo que su principal característica es la funcionalidad.

5. El municipio de Coatzintla, Veracruz, actualmente enfrenta como muchos de los municipios fuertes problemas de comunicación vial, ante el constante y creciente aforo vehicular, que de manera exagerada se ha venido incrementando en los dos últimos años ante la llegada de un gran número de empresas que proporcionan servicios a la paraestatal Pemex, quienes no solo incrementaron el parque vehicular en autos pequeños si no que han incrementado de manera alarmante el tráfico de vehículos pesados, quienes transitan por los caminos y puentes actuales, los cuales no fueron diseñados para soportar peso de vehículos de alto tonelaje, lo que ha originado un deterioro en las vías de comunicación y principalmente en las estructuras de diversos puentes, lo que origina la necesidad de solucionar dicho problema. Motivo por el cual el municipio en su plan de desarrollo municipal, prevé la solución de este problema mediante la construcción del puente “María Contreras” y sus accesos, ubicado en el camino Coatzintla-Contreras kilómetro 2+050 al 2+080 que permita reducir de manera importante el congestionamiento vial e incremente y regule a la vez la fluidez en esta carretera que a la fecha constituye el principal acceso a este municipio.

6. En virtud de lo anterior el municipio proyecta construir un puente vehicular para la comunicación del 20% de las comunidades del municipio, en la Carretera Coatzintla-Contreras Km. 2+050 al 2+080 Pertenecientes al municipio de Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave. Este Puente Vehicular comunicara a la cabecera municipal con estas comunidades. De acuerdo a los datos ilustrados en el plano Topográfico, en el Arroyo tenemos un desnivel de 3.55 metros, desde el inicio margen derecho al margen izquierdo del talud del arroyo, con una longitud total de 30.00 m y ancho libre de rodamiento de 8.00 m. Con dos banquetas de 1.00 m. Cada una siendo un total de 10.00 m.

7. El costo total de la construcción del puente “María Contreras” y sus accesos, ubicado en el camino Coatzintla-Contreras kilómetro 2+050 al 2+080 que se propone asciende a un total de $18,809,579.37 (dieciocho millones ochocientos nueve mil quinientos setenta y nueve pesos 37/100 moneda nacional)

Para efectos de la obra propuesta se hace notar que se cuenta con los estudios técnicos mínimos, como lo son proyecto ejecutivo; estudio costo beneficio y el estudio de factibilidad, mismos que se acompañan al presente punto de acuerdo, a través de disco compacto (archivo electrónico) formando parte integrante del mismo.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter respetuosamente a consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se incluya en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida presupuestal suficiente en el rubro del sector comunicaciones y transportes para la construcción del puente “María Contreras” y sus accesos, ubicado en el camino Coatzintla-Contreras kilómetro 2+050 al 2+080 en el municipio de Coatzintla, Veracruz.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el puente Vicente Herrera Hernández y sus accesos, en el camino Bajo Grande, en Cazones de Herrera, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito legislador, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que sean considerados recursos económicos suficientes dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para llevar a cabo la construcción del puente Vicente Herrera Hernández y sus accesos, ubicado en el camino Bajo Grande kilómetro 0+580 al 0+733, en el Municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, el cual se conforma de 37 comunidades y 8 barrios en su cabecera municipal, contando con una población total de 23,059 habitantes, siendo la mayor parte de su población de tipo rural. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del INEGI para el 2005, el municipio cuenta con un total de 23 mil 059 habitantes.

2. El municipio de Cazones de Herrera limita al norte con el municipio de Tuxpan y se comunica con el por medio de carretera estatal libre no dividida, al sur limita con el municipio de Papantla y se comunica por medio de carretera estatal no dividida, al este limita con el Golfo de México y al oeste con el municipio de Tihuatlán y la comunicación es por medio de carretera estatal no dividida y se conecta con una carretera de cuota no dividida. Al interior del municipio la comunicación vía terrestre es por medio de caminos rurales, de terracería y carreteras municipales.

3. El municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, cuenta en la actualidad con la siguiente

Red carretera (longitud en kilómetros)

Total en el municipio: 68.0

Troncal federal pavimentada: 0.0

Alimentadoras estatales pavimentadas: 58.5

Alimentadoras estatales revestidas: 0.0

Caminos rurales pavimentados: 0.0

Caminos rurales revestidos: 9.5

4. Dentro de la red carretera, el camino rural y alimentador constituye un activo de gran importancia regional y local, ya que a través de ellos es posible la comunicación permanente entre los centros de población y producción en el medio rural, el acceso de amplios grupos de población a la salud y educación como satisfactores básicos para mejorar su calidad de vida, así como a mayores oportunidades de empleo y desarrollo general.

5. Impulsar y apoyar la construcción, modernización y reconstrucción de los caminos para coadyuvar al desarrollo económico y social de las pequeñas comunidades, facilitar su acceso a los servicios de salud y educación, generar empleos e inducir el intercambio de productos y servicios.

Los caminos para cumplir con su eficacia en ocasiones requieren de la construcción de puente que permitan el cruce de un ponto a otro, de manera segura o que con la construcción del mismo se acorten distancias en los recorridos de los caminos o carreteras.

Consideraciones

1. El Plan Nacional de Desarrollo señala entre sus objetivos prioritarios la modernización e instalación de la red carretera del país, incluyendo en ellas los caminos rurales

2. El camino rural se caracteriza por ser de un carril a base de terracerías revestidas no compactadas y con obras de drenaje que permiten transitarlos en cualquier época del año; se encuentran a cargo del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de una gran variedad de dependencias, organismos y empresas públicas y privadas. Los caminos rurales representan 48 por ciento de la red carretera nacional.

3. Entre los objetivos de la presente administración federal se encuentra asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr una mayor conexión del país, misma que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía.

4. El municipio de Cazones de Herrera limita al norte con el municipio de Tuxpan y se comunica con el por medio de carretera estatal libre no dividida, al sur limita con el municipio de Papantla y se comunica por medio de carretera estatal no dividida, al este limita con el Golfo de México y al oeste con el municipio de Tihuatlán y la comunicación es por medio de carretera estatal no dividida y se conecta con una carretera de cuota no dividida. Al interior del municipio la comunicación vía terrestre es por medio de caminos rurales, de terracería y carreteras municipales.

5. Los caminos para cumplir con su eficacia en ocasiones requieren de la construcción de puentes que permitan el cruce de un punto a otro, de manera segura o que con la construcción del mismo se acorten distancias en los recorridos de los caminos o carreteras.

Los puentes son una solución a un problema puntual: la conexión de dos espacios, por lo que su principal característica es la funcionalidad

6. El municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, y sus comunidades requieren de mayores y mejores vías de comunicación que les permita comercializar sus productos y desplazarse de un lugar a otro de manera segura y acceder a través de estas vías de comunicación a los diversos servicios públicos que requiere la población, caso especifico el camino que conduce de la cabecera a la comunidad de bajo grande, camino que en la actualidad requiere de la construcción del puente Vicente Herrera Hernández y sus accesos, ubicado en el camino Bajo Grande kilómetro 0+580 al 0+733, obra que beneficiaría a más de la mitad de las comunidades del Municipio de Cazones de Herrera, Veracruz.

7. Se proyecta construir un puente vehicular para la comunicación del 45% de las comunidades del municipio, en el paso mejor conocido como el Bajo grande ó también Morisco II Pertenecientes al municipio de Cazones de Herrera, Veracruz de Ignacio de la Llave. Este Puente Vehicular comunicara a la cabecera municipal con estas comunidades. De acuerdo a los datos ilustrados en el plano Topográfico, en el Rio tenemos un desnivel de 5.79 metros, desde el inicio margen derecho al margen izquierdo del talud del rio.

Se establece proyectar un Puente Vehicular con una longitud total de 153.00 m y ancho libre de rodamiento de 8.00 m. Con dos banquetas de 1.00 m. Cada una siendo un total de 10.00 m.

Esta importante obra de comunicación, así mismo el costo beneficio de construirlo mejorara las condiciones económicas y una mejor vía de comunicación para la salida de los productos agropecuarios y pecuarios que son los sectores que detonan el crecimiento del municipio.

8. El costo total de la construcción del puente Vicente Herrera Hernández y sus accesos, ubicado en el camino Bajo Grande kilómetro 0+580 al 0+733 que se propone asciende a un total de $72,191,295.93 (setenta y dos millones ciento noventa y un mil doscientos noventa y cinco pesos 93/100 moneda nacional)

Para efectos de la obra propuesta se hace notar que se cuenta con los estudios técnicos mínimos, como lo son proyecto ejecutivo; estudio costo beneficio y el estudio de factibilidad, mismos que se acompañan al presente punto de acuerdo, a través de disco compacto (archivo electrónico) formando parte integrante del mismo.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter respetuosamente a consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se incluya en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida presupuestal suficiente en el rubro del sector comunicaciones y transportes para la construcción del puente Vicente Herrera Hernández y sus accesos, ubicado en el camino Bajo Grande kilómetro 0+580 al 0+733 en el Municipio de Cazones de Herrera, Veracruz.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un relleno sanitario en Coatzintla, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito legislador, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que sean considerados recursos económicos suficientes dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para llevar a cabo la construcción de un relleno sanitario en el municipio Coatzintla en el estado de Veracruz, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El municipio de Coatzintla, Veracruz, está situado en el norte del estado de Veracruz. Este municipio tiene 43, 106 habitantes (según Censo Poblacional 2005), colinda con los municipios de Poza Rica, Tihuatlán, Coyutla, Espinal, Papantla y con el Estado de Puebla. Su población se dedica principalmente a la agricultura, ganadería y comercio. Tiene una extensión territorial de 235.25 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 0.32% del total del estado. Sus congregaciones son: Coatzintla, Arroyo Florido, Benito Juárez, Cerrada del Mirador, El Chote, Colonia Hidalgo, Corralillos, Escolín de Olarte, Finca Valencia, La Florida, Furbero, González Ortega, Guadalupe Victoria, Kilometro 59, La Laja, Manuel María Contreras, El Mirador, La Ortiga, Palma Sola, Palmar de Zapata, Rancho Nuevo, Rancho San Luis, San Fernando Coapechapa, San Isidro, Santa María, Troncones y Potrerillos, Úrsulo Galván, El Vizcaíno, Chachalacas, Lote ocho, Toma de Agua, La Caoba, El Cinco, El Coruco, El Espejo, Esquitín, Esquitín Dos, Finca del Carmen, Lote Veintiuno, El Nueve, Los Polvorones, Rancho la Cuna, Rancho la Grandeza y Veintidós.

Siendo Coatzintla la cabecera municipal su principal vía de acceso es por la ciudad de Poza Rica de cuyo centro está a 6 kilómetros. Se comunica a las carreteras federales números 180 Veracruz-Xalapa-Cardel-Poza Rica y 130 México-Tulancingo-Poza Rica-Tuxpan.

2. el problema de la disposición final de la basura y dese-chos sólidos, es uno de los graves problemas que enfrentan un sin número de municipios; y el de Coatzintla Veracruz no es la excepción. Hasta la fecha, a vertederos tradicionales o tiradero municipal es destinada la basura generada por la población coatzintleca. Dicha basura, contiene de forma revuelta restos orgánicos (como comida), plásticos, papel, vidrio, metales, pinturas, tela, pañales, baterías, y una gran diversidad de objetos y sustancias consideradas indeseables. En el proceso de descomposición de la materia en los vertederos, se forman lixiviados que arrastran los productos tóxicos presentes en la basura, y contaminan las aguas subterráneas, que en ocasiones se utilizan para consumo humano y riego. Se liberan al aire importantes cantidades de gases como metano, CO2 (gas responsable del efecto invernadero) o gases tóxicos como el benceno, tricloroetileno ,etcétera; lo que implica un grave problema de contaminación ambiental en dicho municipio, en perjuicio de sus habitantes.

3. Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de desechos o basura, en el cual se pretenden tomar múltiples medidas para reducir los problemas generados por otro método de tratamiento de la basura como son los tiraderos, dichas medidas son, por ejemplo, el estudio meticuloso de impacto ambiental, económico y social desde la planeación y elección del lugar hasta la vigilancia y estudio del lugar en toda la vida del vertedero.

En un relleno sanitario, a medida que se va colocando la basura, ésta es compactada con maquinaria y cubierta con una capa de tierra y otros materiales para posteriormente cubrirla con una capa de tierra que ronda los 40 cm de grosor y sobre esta depositar otra capa de basura y así sucesivamente hasta que el relleno sanitario se da por saturado.

Es un método de ingeniería para la disposición de residuos sólidos en el suelo de manera que se le dé protección al ambiente, mediante el esparcido de los residuos en pequeñas capas, compactándolos al menor volumen práctico y cubriéndolos con suelo al fin de día de trabajo, previniendo los efectos adversos en el medio ambiente.

3. Es necesario decir que un relleno sanitario preparado correctamente puede llegar a originar suficientes fuentes de trabajo, con el reciclado de papel, vidrio, metales, etcétera, se obtienen ganancias, y se resuelve parte del problema de la basura, y el económico. Si se utilizan los residuos orgánicos se lograrían cultivar esos terrenos que estarán fértiles por todos los desechos orgánicos que han recibido; esto evitaría que los cirujas anden vagando por los basurales donde pueden llegar a quedar contaminados. De esta forma la municipalidad puede tener otros ingresos de dinero y puede llegar a adquirir su propia planta recicladora, por ej.: La municipalidad de la zona elaboraría los materiales inorgánicos y los vendería obteniendo así una fuerte suma de dinero

6. el municipio de Coatzintla, Veracruz, por contar actualmente como lugar de destino final de la basura, lo que se conoce como tiradero de basura al aire libre, sin control alguno y con un grave deterioro del medio ambiente, por lo que el municipio en su plan de desarrollo municipal, prevé la solución de este problema mediante la construcción de un relleno sanitario que permita reducir de manera importante la contaminación del medio ambiente en dicho municipio.

Consideraciones

1. El Plan Nacional de Desarrollo señala entre sus objetivos prioritarios la modernización e instalación de la infraestructura urbana a nivel federal, estatal y municipal, y sobre todo especial atención en el rubro de protección al medio ambiente.

2. Que en México la generación de basura ha crecido más rápido que la población, a diferencia de los años 50 cuando cada habitante generaba 300 gramos de desechos diariamente, hoy mensualmente la familia urbana promedio (que consta de 5 personas) produce un metro cúbico de basura.

3. Que la generación de basura trae consigo:

a) El gasto de energía y materiales que son utilizados en la elaboración de los envases y productos que después desecharemos, energía y materiales que con frecuencia provienen de recursos que no son renovables, como petróleo y minerales. Cuando nos deshacemos de lo que consideramos basura, en realidad estamos tirando recursos naturales.

b) La contaminación del agua. El agua superficial se contamina por la basura que se concentra en ríos y cañadas. Pero el problema principal es el que no vemos. En los lugares donde se concentra basura se filtran líquidos conocidos como lixiviados, que contaminan el agua del subsuelo de la que, en nuestra ciudad, todos dependemos.

c) La contaminación del suelo. La basura cambia la composición química del suelo y obstruye la germinación y crecimiento de vegetación.

d) La contaminación del aire, por la putrefacción de la materia orgánica, los frecuentes incendios y por los residuos y bacterias que son dispersados por el viento.

4. Que los rellenos sanitarios son instalaciones en las que se aplican una serie de medidas para disminuir los efectos contaminantes de la concentración de desperdicios: selección de terrenos con suelo de baja filtración, protección del suelo con material impermeabilizante, recubrimiento cotidiano con tierra sobre capa de desperdicios, instalación de tubos para salida de gases, captación de lixiviados, y control de animales nocivos;

5. Que el municipio de Coatzintla, Veracruz, por contar actualmente como lugar de destino final de la basura, lo que se conoce como tiradero de basura al aire libre, sin control alguno y con un grave deterioro del medio ambiente, por lo que el municipio en su plan de desarrollo municipal, prevé la solución de este problema mediante la construcción de un relleno sanitario que permita reducir de manera importante la contaminación del medio ambiente en dicho municipio.

6. En términos de lo anterior se debe de reconocer el alto grado de contaminación ambiental que tiene la población del municipio de Coatzintla, Veracruz, al no contar con un relleno sanitario donde se reciban y depositen la basura que genera dicho municipio. Motivo por el cual y con la finalidad de disminuir el problema actual Se propone la construcción de un relleno sanitario como visión transformadora del municipio de Coatzintla, Veracruz.

7. El costo total de la construcción del relleno sanitario que se propone asciende a un total de $25,739,240.00 (veinticinco millones setecientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional)

Para efectos de la obra propuesta se hace notar que se cuenta con los estudios técnicos mínimos, como lo son proyecto ejecutivo; estudio costo beneficio y el estudio de factibilidad, así como copia del título de propiedad del inmueble donde se edificaría dicho proyecto, mismos que se acompañan al presente punto de acuerdo, a través de disco compacto (archivo electrónico) formando parte integrante del mismo.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter respetuosamente a consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se incluya en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida presupuestal suficiente en el rubro del sector medio ambiente y recursos naturales, para la construcción de un relleno sanitario en el municipio de Coatzintla, Veracruz.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir una unidad deportiva en Cazones de Herrera, Veracruz, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito legislador, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que sean considerados recursos económicos suficientes dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para llevar a cabo la construcción de una unidad deportiva en el municipio Cazones de Herrera en el estado de Veracruz, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, el cual se conforma de 37 comunidades y 8 barrios en su cabecera municipal, contando con una población total de 23,059 habitantes, siendo la mayor parte de su población de tipo rural. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del Inegi para el 2005, el municipio cuenta con un total de 23 mil 059 habitantes.

2. El municipio de Cazones de Herrera limita al norte con el municipio de Tuxpan y se comunica con el por medio de carretera estatal libre no dividida, al sur limita con el municipio de Papantla y se comunica por medio de carretera estatal no dividida, al este limita con el Golfo de México y al oeste con el municipio de Tihuatlán y la comunicación es por medio de carretera estatal no dividida y se conecta con una carretera de cuota no dividida. Al interior del municipio la comunicación vía terrestre es por medio de caminos rurales, de terracería y carreteras municipales.

3. El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y una condición importante, no sólo para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual y socio afectivo, no debemos analizarla únicamente desde el punto de vista biológico, sino que debemos asumir la repercusión que la misma posee sobre todas las dimensiones del ser humano.

La Educación física es la área de la educación que educa al hombre a través del movimiento, desde y en lo psicomotor, hacia lo cognitivo - socio afectivo y en función de un diseño de hombre.

3. Frente a esto, la sociedad ha conferido hoy, al ejercicio y al deporte, en sus manifestaciones recreativas, educativas o competitivas, una función trascendente para la preservación y desarrollo de la salud del ser humano, por esta razón el movimiento debe manifestarse como una forma de cultura, de educación y de promoción de salud.

4. Se estima que entre un 9 a un 16 por ciento de las muertes producidas en los países desarrollados pueden ser atribuidas a un estilo de vida sedentario. En el estado de salud de una persona este es un factor fundamental que se combina con otros determinantes importantes como la dotación genética, la edad, la situación nutricional, la higiene, salubridad, estrés y tabaco.

5. En el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, a la fecha no existen espacios apropiados para realizar el deporte, carece de una infraestructura que brinda a la población la oportunidad de la práctica del deporte en condiciones dignas y en lugares apropiados.

Consideraciones

1. El Plan Nacional de Desarrollo señala entre sus objetivos prioritarios la creación y desarrollo de la infraestructura urbana, y en especial en el rubro del deporte.

2. El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la imagen corporal y la sensación de bienestar, se produce una estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental. Los programas de actividad física deben proporcionar relajación, resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad. En la interacción del cuerpo con el espacio y el tiempo a través del movimiento, se construyen numerosos aprendizajes del ser humano.

3. El estilo de vida “moderno” y la sociedad de consumo se caracterizan por una desmedida carrera competitiva, lo que desencadena una enorme tensión (estrés). Para poder competir en el duro campo del consumismo, muchos individuos (como los malos deportistas) necesitan de estimulantes (dopaje) que eliminen las tensiones generadas; tabaco, alcohol y drogas cumplen su cometido.

Frente a esto, la sociedad ha conferido hoy, al ejercicio y al deporte, en sus manifestaciones recreativas, educativas o competitivas, una función trascendente para la preservación y desarrollo de la salud del ser humano, por esta razón el movimiento debe manifestarse como una forma de cultura, de educación y de promoción de salud.

4. En el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, aún existe un rezago importante en materia de espacios deportivos, solo se cuenta con 8 campos de los denominados “no oficiales o no reglamentarios” ya que no cuentan con los lineamientos básicos y mucho menos con infraestructura que permita el ejercicio del deporte; de igual manera no cuenta con canchas deportivas ni pista de atletismo.

5. en términos de lo anterior se debe de reconocer la falta de espacios deportivos que tiene la población del de Cazones de Herrera, Veracruz, y que dicho municipio no cuenta con una unidad deportiva que brinde la posibilidad de ejercitar el deporte en instalaciones dignas y adecuadas a los requerimientos indispensables que se necesitan para hacer realidad el anhelo de la población de contar con espacios dignos y seguros, acordes al nivel de vida que merecen los pobladores de este municipio.

8. Motivo por el cual y con la finalidad de disminuir el problema actual de falta de espacios deportivos en dicho municipio. Se propone la construcción de una unidad deportiva como visión transformadora del municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, y al mismo tiempo en reconocimiento al derecho a una vida digna que tienen sus habitantes.

9. El costo total de la construcción de una unidad deportiva que se propone asciende a un total de $8,372,011.15 (ocho millones trescientos setenta y dos mil once pesos 15/100 moneda nacional)

Para efectos de la obra propuesta se hace notar que se cuenta con los estudios técnicos mínimos, como lo son proyecto ejecutivo; estudio costo beneficio y el estudio de factibilidad, así como del título de propiedad del inmueble donde se propone la edificación, mismos que se acompañan al presente punto de acuerdo, a través de disco compacto (archivo electrónico) formando parte integrante del mismo.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter respetuosamente a consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se incluya en el proceso de revisión, discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida presupuestal suficiente en el rubro del sector deporte, para la construcción de una unidad deportiva en municipio de Cazones de Herrera, Veracruz.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los institutos tecnológicos y centros especializados federales, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI

Omar Fayad Meneses, diputado federal por el estado de Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo a la siguiente

Exposición de motivos

Desde el año de 1948, nace el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, al fundarse a instancias del gobierno federal siendo presidente de la República el general Lázaro Cárdenas, los dos primeros institutos en el interior de la república con sede en las ciudades de Chihuahua y Durango, hecho que estimuló la generación de polos de desarrollo industrial, permitiendo a su vez la movilidad social, principalmente en el sector de jóvenes de escasos recursos económicos, mediante la obtención de un título profesional, lo que ha permitido que varias generaciones mejoren su condición de vida, la de su familia y en consecuencia el desa-rrollo social en el que se sustenta el beneficio del país.

A partir de 1948 se inicia la expansión de los institutos tecnológicos, para la década de los 90, el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos se conformaba por 83 instituciones, 77 planteles, 4 CRODE, un CIIDET y un Cenidet; en el año 2001 es creado el último instituto tecnológico en el país con carácter federal, condición similar a los 82 mencionados anteriormente, para alcanzar este crecimiento, se necesitaron 58 años durante los cuales se consolidó y logró, no sólo el aprecio de la sociedad como una alternativa real para los jóvenes de los estratos sociales con mayor marginación económica, también alcanza el reconocimiento de la planta productiva por la calidad de los Ingenieros que han venido formando los docentes, no docentes, investigadores y directivos de los institutos tecnológicos, contribución dimensionada por los gobiernos de los estados, al reconocer que sus regiones se han apoyado en los Institutos Tecnológicos, para su desarrollo educativo, productivo, económico y social.

Han transcurridos 62 años desde que la educación superior tecnológica amplió su oferta al interior de la república, y de aquellos dos primeros institutos ha crecido exponencialmente, en la actualidad se cuenta con 122 institutos tecnológicos y 6 centros especializados federales ubicados en los 31 estados de la República Mexicana y en el Distrito Federal, inclusive 37 en regiones con características de marginación.

Como claro ejemplo de la importancia que tienen y del valor que representan en la educación de nuestro país, hay que hacer mención que se atiende a una población activa de 250 mil alumnos; en 34 carreras a nivel licenciatura y posgrado para estudios de maestría y doctorado, de ellos el 80 por ciento del campo de Ingeniería y el restante 20 por ciento en carreras económico-administrativas, con ello, estas entidades manejan una cobertura del 14 por ciento de la población nacional estudiantil a nivel licenciatura y el 38 por ciento de la matrícula nacional de Ingeniería.

Lo anterior que ya por si solo representa un éxito y es justificación de las funciones de los institutos tecnológicos y los centros especializados federales, se debe considerar también que son una importante fuente generadora de empleos y del conocimiento tecnológico que tanta falta hace en México, ya que cuenta en su plantilla de personal con 20 mil trabajadores administrativos, así como docentes e investigadores.

Las instituciones educativas, de acuerdo con la visión del insigne maestro José Vasconcelos, tienen el compromiso con la sociedad mexicana de formar recursos humanos capaces de de asimilar, transmitir e innovar la tecnología de-sarrollada en el mundo, función sustantiva de los Institutos Tecnológicos y Centros Especializados, en la formación de individuos libres y pensantes gracias a la educación.

La magnitud de ésta condición, debe ser causa y origen de que se considere a la educación superior tecnológica tanto como una política de Estado por necesidad e interés de la República, como acciones de carácter estratégico.

Pese a todo lo anterior, el gobierno federal tiene en estado de abandono a los institutos tecnológicos y centros especializados federales, a los que aporta escasos recursos económicos que dificultan el desarrollo de su funciones sustantivas y operativas, sin entender la necesidad de que se apruebe un presupuesto que sea suficiente para abatir el rezago en infraestructura, laboratorios y su equipo, talleres de última generación; fomentando a su vez la creación de plazas de docentes e investigadores que puedan dedicarse de tiempo completo a su actividad y de plazas de personal no docente que se haga cargo con eficiencia de la operación de las entidades educativas.

La disminución presupuestal, para la educación en general, así como para la investigación y con mayor grado hacia el Sistema de Institutos Tecnológicos Federales, es una clara contradicción con los compromisos de invertir en la educación, hecho que equivale a hipotecar por adelantado nuestro futuro.

Por el contrario, debemos insistir que es necesario seguir mostrando con hechos que la educación pública es prioritaria y que nuestro compromiso es permanente e irrenunciable, siempre velando porque se considere a la educación como la primera y más alta prioridad para el desarrollo del país, prioridad que habrá de reflejarse en la asignación de recursos crecientes para ella y en un conjunto de acciones, iniciativas y programas que la hagan cualitativamente diferente y transformen el sistema educativo.

La asignación de recursos adicionales, aliviaría la necesidad de integrar programas de capacitación y profesionalización del personal, a fin de cumplir con los temas centrales definidos en el programa sectorial de educación 2007-2012 para elevar la calidad de la educación, ampliar las oportunidades educativas, ofrecer educación integral, e impulsar el desarrollo y utilización de las tecnologías de la información y comunicación.

Hoy, es urgente que se deje de lado el discurso retórico de que la educación es la parte esencial en un país para salir de la pobreza y por otro lado en una acción contradictoria, establecer políticas restrictivas en la asignación presupuestal, las cuales, cancelan toda posibilidad de alcanzar una educación de calidad y de excelencia, ocasionando que un gran número de jóvenes se quede sin educación superior y emigren del país o tomen caminos equivocados.

Es innegable, que la asignación de un mayor presupuesto asegurará la oportunidad a miles de jóvenes que se quedan sin poder ingresar a estas instituciones, el alcanzar una formación tecnológica de excelencia al nivel de licenciatura y posgrado.

Por ello y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se considere la urgente la asignación de recursos económicos adicionales a los que se tengan presupuestados para los institutos tecnológicos y los centros especializados de toda la República Mexicana.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el ramo 23, quede establecido el Fondo con una aportación adicional a la contemplada de 3 mil millones de pesos que serán destinados al fortalecimiento de los programas educativos y gastos de operación de los Institutos Tecnológicos y Centros Especializados, para garantizar el logro de las metas señaladas en el programa sectorial de educación 2007-2012.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2010.— Diputado Omar Fayad Meneses (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para los institutos tecnológicos y centros especializados federales, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el suscrito, diputado Canek Vázquez Góngora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica y al pleno de la Cámara de Diputados se considere, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, un aumento de los recursos destinados a los institutos tecnológicos y centros especializados federales con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos se crea cuando se fundan los Institutos de Chihuahua y Durango, buscando estimular la generación de polos de desarrollo industrial teniendo como objetivo fundamental la movilización de jóvenes de escasos recursos con el propósito de dotarlos la posibilidad de cursar una carrera técnica buscando mejorar su condición de vida y la de sus familias.

Actualmente nuestro país cuenta con 120 institutos tecnológicos y centros especializados federales que atienden a cerca de 250 mil alumnos en carreras de ingeniería que ocupa cerca de 80 por ciento de la oferta educativa y carreras económico–administrativas que ocupan 20 por ciento. Asimismo se cuenta con una planta de casi 20 mil trabajadores docentes, no docentes e investigadores.

No obstante los avances y los resultados registrados por los institutos tecnológicos a lo largo de los años, en la actualidad se hace evidente un abandono por parte del gobierno federal en razón de los sucesivos recortes presupuestales que han derivado en la merma de sus funciones operativas y sustantivas, imposibilitando el combate del rezago en infraestructura, laboratorios, equipo de laboratorios y talleres de última generación, plazas para docentes, investigadores y personal no docente, así como el fortalecimiento de los programas de capacitación y profesionalización del personal.

Adicionalmente, con el recorte de recursos, se ve comprometido el cumplimiento del Programa Sectorial de Educación 2007–2012 que plantea, entre otros objetivos, elevar la calidad de la educación, ampliar las oportunidades educativas, así como el ofrecimiento de una educación integral.

Es por ello que el incremento de recursos para estos institutos es un tema de la mayor importancia en virtud de que cualquier acción encaminada al fortalecimiento de la educación es una apuesta firme e integral que sienta las bases para que el país pueda enfrentar con mayores elementos problemáticas tan avanzadas como los de la seguridad pública y la pobreza.

En este orden de ideas me permito proponer a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al pleno de la Cámara de Diputados se considere, en el marco del análisis y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, un aumento de los recursos destinados a los institutos tecnológicos y centros especializados federales a efecto de que puedan resolver los diversos rezagos en materia de infraestructura, capacitación y adquisición de equipo, además de cumplir con los objetivos señalados en el Programa Sectorial de Educación 2007–2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Canek Vázquez Góngora (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y equipar una casa de la cultura en la cabecera municipal de Jitotol, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un pueblo con cultura es un pueblo con pasado, con presente y con futuro. Por eso la preservación y desarrollo de la cultura es una tarea fundamental de cada generación para que no se pierdan los orígenes ni se cierren las opciones para el porvenir.

El desarrollo cultural es un proceso que tiene que ver con la evolución. Se refiere al tener más y mejor; el caminar hacia estadios de mayor bienestar y progreso. De ahí que resulta una tarea fundamental del Estado procurar las instituciones y los recursos necesarios para rescatar, conservar y estimular el crecimiento cultural de los pueblos.

Desarrollo cultural es el proceso mediante el cual se rescata, evidencia y enaltece toda costumbre y/o tradición folklórica local. Es el resumen de la vida y una visión de futuro.

Impulsar el desarrollo cultural implica una formación emancipadora para todo ciudadano y en conjunto para toda la sociedad; denota todas las manifestaciones de la vida social tales como costumbres, modales, hábitos de asociación, vestimenta, alimentación y arte. Por ello a mayor desarrollo cultural tiene un pueblo, mayor es su progreso y aumenta su nivel de bienestar.

La cultura tiene una relación directa con la evolución positiva, pues todo pueblo que ha tenido y tiene abundancia sin tener ciudadanos educados para la emancipación, al poco tiempo vuelve a tener escasez.

El desarrollo cultural de un país, será dado a medida que el Estado impulse una acción educativa emancipadora.

Por lo tanto, luchemos para un mayor y mejor desarrollo cultural de los pueblos, de los diferentes grupos étnicos, raciales y sociales que lo componen, de nuestras comunidades y barrios en general, siendo tolerantes y receptivos, sin transculturización sino con inclusión mediante la fusión de las diferentes costumbres y tradiciones, con una personalidad única e independiente, resultado de la unión voluntaria entre todos, asumiendo cada quien una identidad propia pero ligada al medio ambiente, con progreso económico, con total libertad para poder expresarse, sólo así podremos decir que, efectivamente, el desarrollo cultural debe ser el resultado de la expresión libre del pueblo, sin tergiversaciones, sin condiciones, sin restricciones, sin imposiciones

La cultura es formación y la educación es libertad. Hagamos más libres a nuestras comunidades procurando la preservación, desarrollo y evolución de sus acervos.

Por eso solicito el apoyo de los legisladores de todos los partidos políticos, con el fin de destinar recursos a crear infraestructura cultural en Chiapas, donde se requiere de un gran esfuerzo en favor de las comunidades y pueblos indígenas.

Unamos esfuerzos en favor del progreso de los que menos tienen, apoyemos en sus términos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 2,800,000.00 mdp, para la construcción y equipamiento de una Casa de la Cultura en la cabecera municipal de Jitotol, en el estado de Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir una cancha deportiva en San Andrés Duraznal, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En una sociedad que se convulsiona por los embates de una serie de males que amenazan con desintegrarla, tales como la drogadicción, inseguridad, prostitución, delincuencia, alcoholismo, corrupción, entre otros muchos, se requiere adoptar medidas eficaces para evitar la consumación de la desintegración social y familiar.

Si hemos sido incapaces para crear condiciones optimas de desarrollo para el ser humano en estos tiempos, no podemos desperdiciar nuestra oportunidad de sentar las bases para que en un futuro cercano exista un entorno propicio para la realización armónica de los mexicanos.

Para ello tenemos que atender a las generaciones emergentes, porque son éstas las que están cayendo preferentemente en las garras de las afecciones sociales, provocando el surgimiento de jóvenes exentos de identidad, de respeto a la autoridad, y con poco apego a valores como la ética y a la moral. Y es que les ha tocado crecer en una medio en donde los referentes más inmediatos son la violencia, la irracionalidad, el consumismo y otros antivalores que les suministra en grandes dosis la sociedad de la información.

Tenemos un compromiso tan grande como el tamaño de la población joven que hay en nuestro país, en donde uno de cada tres habitantes tiene un rango de edad entre 12 y 29 años de edad, con el consecuente reto que implica abrirles oportunidades y propiciarles los servicios básicos de educación, salud, vivienda y empleo.

De este gran número de mexicanos jóvenes, 7 millones viven en situación de pobreza o miseria extrema y por ello en condiciones inadecuadas para su desarrollo personal. Debido a la precariedad de sus ingresos y su deficiente calidad de vida no satisfacen sus necesidades básicas, lo cual repercute en el abandono temprano de los sistemas escolares, no siempre para incorporarse al sistema productivo.

Esta realidad confirma la necesidad de una política de estado, especialmente concebida para atender a la juventud, que sean los jóvenes los objetivos permanentes de las acciones y programas de gobierno. Se requiere de todo el esfuerzo de los órganos de gobierno y cuerpos legislativos que se abocan a concebir políticas y leyes que den respuesta a la problemática de las nuevas generaciones de mexicanos.

Resulta fundamental destinar recursos a infraestructura dirigida a promover la actividad deportiva como un elemento formativo, que prevenga el delito, sustituya la inclinación por las drogas o el alcohol y arraigue el sentido de cooperación y solidaridad entre las nuevas generaciones.

Los fondos dirigidos a abrir espacios de formación y esparcimiento de los jóvenes, serán a favor del presente y futuro de México.

Un objetivo tan noble solo espera el respaldo de la soberanía de la cual forma parte el que esto suscribe. Por ello pido su aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 381,949.43 mdp, para la construcción de una cancha deportiva, en el municipio de San Andrés Duraznal, en el estado de Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir una cancha de futbol en La Libertad, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En una sociedad que se convulsiona por los embates de una serie de males que amenazan con desintegrarla, tales como la drogadicción, inseguridad, prostitución, delincuencia, alcoholismo, corrupción, entre otros muchos, se requiere adoptar medidas eficaces para evitar la consumación de la desintegración social y familiar.

Si hemos sido incapaces para crear condiciones optimas de desarrollo para el ser humano en estos tiempos, no podemos desperdiciar nuestra oportunidad de sentar las bases para que en un futuro cercano exista un entorno propicio para la realización armónica de los mexicanos.

Para ello tenemos que atender a las generaciones emergentes, porque son éstas las que están cayendo preferentemente en las garras de las afecciones sociales, provocando el surgimiento de jóvenes exentos de identidad, de respeto a la autoridad, y con poco apego a valores como la ética y a la moral. Y es que les ha tocado crecer en una medio en donde los referentes más inmediatos son la violencia, la irracionalidad, el consumismo y otros antivalores que les suministra en grandes dosis la sociedad de la información.

Tenemos un compromiso tan grande como el tamaño de la población joven que hay en nuestro país, en donde uno de cada tres habitantes tiene un rango de edad entre 12 y 29 años de edad, con el consecuente reto que implica abrirles oportunidades y propiciarles los servicios básicos de educación, salud, vivienda y empleo.

De este gran número de mexicanos jóvenes, 7 millones viven en situación de pobreza o miseria extrema y por ello en condiciones inadecuadas para su desarrollo personal. Debido a la precariedad de sus ingresos y su deficiente calidad de vida no satisfacen sus necesidades básicas, lo cual repercute en el abandono temprano de los sistemas escolares, no siempre para incorporarse al sistema productivo.

Esta realidad confirma la necesidad de una política de estado, especialmente concebida para atender a la juventud, que sean los jóvenes los objetivos permanentes de las acciones y programas de gobierno. Se requiere de todo el esfuerzo de los órganos de gobierno y cuerpos legislativos que se abocan a concebir políticas y leyes que den respuesta a la problemática de las nuevas generaciones de mexicanos.

Resulta fundamental destinar recursos a infraestructura dirigida a promover la actividad deportiva como un elemento formativo, que prevenga el delito, sustituya la inclinación por las drogas o el alcohol y arraigue el sentido de cooperación y solidaridad entre las nuevas generaciones.

Los fondos dirigidos a abrir espacios de formación y esparcimiento de los jóvenes, serán a favor del presente y futuro de México.

Un objetivo tan noble solo espera el respaldo de la soberanía de la cual forma parte el que esto suscribe. Por ello pido su aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 5’811,031.40 mdp, para la construcción de campo de futbol, en el municipio de la Libertad, en el estado de Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir una planta potabilizadora en la cabecera municipal de Bochil, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes.

Consideraciones

Entre las funciones más importantes que tenemos los legisladores federales está la de destinar más recursos públicos a los objetivos sociales que más lo requieren; de vigilar que sean gastados mejor, de manera eficiente y sin corrupción.

Nuestra función legislativa comprende la responsabilidad histórica de procurar que se invierta más en la gente de las zonas con mayores índices de marginación y pobreza. Son los recursos producto del esfuerzo de todos los mexicanos, por eso hay que cuidar que sean aplicados para combatir el atraso y llevar esperanza a donde se vive al día.

Es impostergable que se reconozca y se pague la deuda social que todos tenemos con los indígenas, con los campesinos y con los habitantes de las zonas populares.

Nuestra prioridad debe ser cambiar sustancialmente las condiciones de vida de los mexicanos más pobres, como los que están asentados en la zona de los altos de Chiapas. Aquellos que se encuentra muy lejos de los centros de población y su principal preocupación es lo que habrán de dar de comer mañana a sus hijos.

Tenemos todos los mexicanos gran compromiso social que se ha aplazado por siglos con los hermanos indígenas de Chiapas y ya no se puede seguir eludiendo.

En un acto de plena justicia hagamos un esfuerzo por dar más a los que menos tienen. Un esfuerzo para aportar y contribuir a los gastos públicos de forma equitativa. Esto es términos de equidad quiere decir apoyar más a quienes padecen mayor atraso.

Hacer más eficiente el gasto público significa aprovecharlo de mejor manera. No podremos atacar sustancialmente la miseria si no se aumentan también sustancialmente los recursos públicos para combatir la desigualdad persistente.

Necesitamos apoyar mucho más a la gente del campo, de la montaña y de la selva. Estimular la organización y producción de los indígenas es indispensable para evitar que se termine con la vegetación y se erosionen esas tierras, porque de bosques y selvas se convierten en suelos improductivos, con dos o tres años de incipientes cultivos.

Son muchas las demandas, entre ellas se requieren miles de kilómetros de agua potable y drenaje para dignificar la vida de mexicanos que tiene el mismo derecho que nosotros.

Por eso apelo al sentido social, solidaridad y compromiso de mis compañeros legisladores con los más necesitados, para que apoyen la propuesta que contiene el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 21,416,645.32 mdp, para la construcción de planta potabilizadora de la cabecera municipal, municipio de Bochil, en el estado de Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el sistema de alcantarillado sanitario del ejido Los Plátanos, en El Bosque, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Entre las funciones más importantes que tenemos los legisladores federales está la de destinar más recursos públicos a los objetivos sociales que más lo requieren; de vigilar que sean gastados mejor, de manera eficiente y sin corrupción.

Nuestra función legislativa comprende la responsabilidad histórica de procurar que se invierta más en la gente de las zonas con mayores índices de marginación y pobreza. Son los recursos producto del esfuerzo de todos los mexicanos, por eso hay que cuidar que sean aplicados para combatir el atraso y llevar esperanza a donde se vive al día.

Es impostergable que se reconozca y se pague la deuda social que todos tenemos con los indígenas, con los campesinos y con los habitantes de las zonas populares.

Nuestra prioridad debe ser cambiar sustancialmente las condiciones de vida de los mexicanos más pobres, como los que están asentados en la zona de los altos de Chiapas. Aquellos que se encuentra muy lejos de los centros de población y su principal preocupación es lo que habrán de dar de comer mañana a sus hijos.

Tenemos todos los mexicanos gran compromiso social que se ha aplazado por siglos con los hermanos indígenas de Chiapas y ya no se puede seguir eludiendo.

En un acto de plena justicia hagamos un esfuerzo por dar más a los que menos tienen. Un esfuerzo para aportar y contribuir a los gastos públicos de forma equitativa. Esto es términos de equidad quiere decir apoyar más a quienes padecen mayor atraso.

Hacer más eficiente el gasto público significa aprovecharlo de mejor manera. No podremos atacar sustancialmente la miseria si no se aumentan también sustancialmente los recursos públicos para combatir la desigualdad persistente.

Necesitamos apoyar mucho más a la gente del campo, de la montaña y de la selva. Estimular la organización y producción de los indígenas es indispensable para evitar que se termine con la vegetación y se erosionen esas tierras, porque de bosques y selvas se convierten en suelos improductivos, con dos o tres años de incipientes cultivos.

Son muchas las demandas, entre ellas se requieren miles de kilómetros de agua potable y drenaje para dignificar la vida de mexicanos que tiene el mismo derecho que nosotros.

Por eso apelo al sentido social, solidaridad y compromiso de mis compañeros legisladores con los más necesitados, para que apoyen la propuesta que contiene el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 13,386,333.29 mdp, para la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Ejido los Plátanos, municipio de El Bosque, en el estado de Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el sistema de agua potable en Pantepec, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Entre las funciones más importantes que tenemos los legisladores federales está la de destinar más recursos públicos a los objetivos sociales que más lo requieren; de vigilar que sean gastados mejor, de manera eficiente y sin corrupción.

Nuestra función legislativa comprende la responsabilidad histórica de procurar que se invierta más en la gente de las zonas con mayores índices de marginación y pobreza. Son los recursos producto del esfuerzo de todos los mexicanos, por eso hay que cuidar que sean aplicados para combatir el atraso y llevar esperanza a donde se vive al día.

Es impostergable que se reconozca y se pague la deuda social que todos tenemos con los indígenas, con los campesinos y con los habitantes de las zonas populares.

Nuestra prioridad debe ser cambiar sustancialmente las condiciones de vida de los mexicanos más pobres, como los que están asentados en la zona de los altos de Chiapas. Aquellos que se encuentra muy lejos de los centros de población y su principal preocupación es lo que habrán de dar de comer mañana a sus hijos.

Tenemos todos los mexicanos gran compromiso social que se ha aplazado por siglos con los hermanos indígenas de Chiapas y ya no se puede seguir eludiendo.

En un acto de plena justicia hagamos un esfuerzo por dar más a los que menos tienen. Un esfuerzo para aportar y contribuir a los gastos públicos de forma equitativa. Esto es términos de equidad quiere decir apoyar más a quienes padecen mayor atraso.

Hacer más eficiente el gasto público significa aprovecharlo de mejor manera. No podremos atacar sustancialmente la miseria si no se aumentan también sustancialmente los recursos públicos para combatir la desigualdad persistente.

Necesitamos apoyar mucho más a la gente del campo, de la montaña y de la selva. Estimular la organización y producción de los indígenas es indispensable para evitar que se termine con la vegetación y se erosionen esas tierras, porque de bosques y selvas se convierten en suelos improductivos, con dos o tres años de incipientes cultivos.

Son muchas las demandas, entre ellas se requieren miles de kilómetros de agua potable y drenaje para dignificar la vida de mexicanos que tiene el mismo derecho que nosotros.

Por eso apelo al sentido social, solidaridad y compromiso de mis compañeros legisladores con los más necesitados, para que apoyen la propuesta que contiene el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 8,057,065.09 mdp, para la construcción del Sistema de agua potable, municipio de Pantepec, en el estado de Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir una clínica de salud con servicios ampliados en la cabecera municipal de Bochil, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho a la protección de la salud está consagrado en el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Salud, cuyas disposiciones permiten considerar que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud si no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los otorgue, incluyendo al seguro popular o a las instituciones de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE, entre otras.

Conforme a estas definiciones, el Coneval reporta que en el 2008 se identificaron 43.4 millones de personas con carencias de acceso a los servicios de salud, lo que representa el 40.7 por ciento de la población total del país. Entre los estados que destacan por sus carencias en servicios de salud está Chipas con un porcentaje de 52.1 por ciento de la población exentos de esta atención, lo que equivale a 2.33 millones que no tienen como atenderse una enfermedad.

El derecho a la salud es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo físico y social de una persona. Un buen cuidado de la salud es indispensable para la preservación de la existencia humana y el adecuado funcionamiento físico y mental de los individuos en una sociedad. Por el contrario, carecer de un sistema que permita acceder a cuidados de salud puede restringir los medios de subsistencia de las familias, su estabilidad psicosocial y colocarlas en situación de vulnerabilidad ante cualquier eventualidad.

Una más de los rezagos que padece el estado de Chiapas son los servicios de salud suficientes para su población, sobre todo aquella que está en situación de pobreza extrema y que es quien más la requiere. Porque no es lo mismo tener carencia de acceso a los servicios de salud en entidades con índices de desarrollo tendientes a la media nacional que donde hay marginación y atraso en grado extremo.

La ausencia de servicios en aquellas regiones del país donde hay un gran número de población en situación de miseria es alarmante, y demanda del mayor número de recursos para evitar el deterioro de la salud de grandes núcleos de población.

Debemos otorgar mayor capacidad al Estado para darle a los que menos tienen las condiciones de vida digna que desde hace décadas están solicitando y que, sobre todo, les corresponde por derecho propio.

Al apoyo a los municipios más rezagados del país, les permitirá superar el atraso y combatir la desigualdad. Está en manos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, favorecer la salud de quienes mueren por la ausencia de una atención mínima, asignando recursos para construir infraestructura de salud

Como en casi todos los temas, los estados del sur son los que presentan mayor carencia en servicios de salud, entre ellos Chiapas. Pero en forma especial la región que represento es la más atrasada y con mayores índices de miseria, por eso resulta un acto humanitario aprobar el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 24,000,000.00 mdp, para la construcción de una clínica de salud con servicios ampliados, en la cabecera municipal de Bochil, en el estado de Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir una unidad deportiva en la cabecera municipal de Tapilula, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En una sociedad que se convulsiona por los embates de una serie de males que amenazan con desintegrarla, tales como la drogadicción, inseguridad, prostitución, delincuencia, alcoholismo, corrupción, entre otros muchos, se requiere adoptar medidas eficaces para evitar la consumación de la desintegración social y familiar.

Si hemos sido incapaces para crear condiciones optimas de desarrollo para el ser humano en estos tiempos, no podemos desperdiciar nuestra oportunidad de sentar las bases para que en un futuro cercano exista un entorno propicio para la realización armónica de los mexicanos.

Para ello tenemos que atender a las generaciones emergentes, porque son éstas las que están cayendo preferentemente en las garras de las afecciones sociales, provocando el surgimiento de jóvenes exentos de identidad, de respeto a la autoridad, y con poco apego a valores como la ética y a la moral. Y es que les ha tocado crecer en una medio en donde los referentes más inmediatos son la violencia, la irracionalidad, el consumismo y otros antivalores que les suministra en grandes dosis la sociedad de la información.

Tenemos un compromiso tan grande como el tamaño de la población joven que hay en nuestro país, en donde uno de cada tres habitantes tiene un rango de edad entre 12 y 29 años de edad, con el consecuente reto que implica abrirles oportunidades y propiciarles los servicios básicos de educación, salud, vivienda y empleo.

De este gran número de mexicanos jóvenes, 7 millones viven en situación de pobreza o miseria extrema y por ello en condiciones inadecuadas para su desarrollo personal. Debido a la precariedad de sus ingresos y su deficiente calidad de vida no satisfacen sus necesidades básicas, lo cual repercute en el abandono temprano de los sistemas escolares, no siempre para incorporarse al sistema productivo.

Esta realidad confirma la necesidad de una política de estado, especialmente concebida para atender a la juventud, que sean los jóvenes los objetivos permanentes de las acciones y programas de gobierno. Se requiere de todo el esfuerzo de los órganos de gobierno y cuerpos legislativos que se abocan a concebir políticas y leyes que den respuesta a la problemática de las nuevas generaciones de mexicanos.

Resulta fundamental destinar recursos a infraestructura dirigida a promover la actividad deportiva como un elemento formativo, que prevenga el delito, sustituya la inclinación por las drogas o el alcohol y arraigue el sentido de cooperación y solidaridad entre las nuevas generaciones.

Los fondos dirigidos a abrir espacios de formación y esparcimiento de los jóvenes, serán a favor del presente y futuro de México.

Un objetivo tan noble solo espera el respaldo de la soberanía de la cual forma parte el que esto suscribe. Por ello pido su aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 5,000,000.00 mdp, para la construcción de una unidad deportiva en la cabecera, en el municipio de Tapilula, en el estado de Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma de Sinaloa, a cargo del diputado Germán Contreras García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

La búsqueda de mejores niveles en calidad de vida y justicia social exige un crecimiento económico estable; sin embargo, no basta cuando los patrones de desarrollo generan tendencias distributivas favorables a ciertos entes, como ha sido el caso de nuestro país. Si bien la política social cumple un papel fundamental en nuestro país, en la actualidad no es capaz por sí sola de corregir tendencias adversas generadas desde el ámbito económico, como lo es pobreza, analfabetismo y últimamente el fenómeno de los ya famosos “ninis”.

El sistema de educación y formación de México tiene grandes retos. Es prioritario que se destinen los recursos que los rezagos actuales en este sector requieren. Pese a que en los últimos años el gobierno ha destinado un porcentaje mayor del gasto para la educación, este incremento no ha propiciado los estándares deseados.

Los niveles requeridos para el gasto en educación, según los estándares internacionales y la propia Ley de Educación de México, debe de situarse al menos en 8 por ciento del producto interno bruto (PIB). En los últimos 5 años el país en promedio ha gastado anualmente un equivalente al 4 por ciento de este indicador.

La política de inversión en educación debe tener en cuenta las exigencias y problemática actuales. El último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) arroja una serie de datos comparados sobre educación, con los cuales se puede comprender que existen insuficiencias importantes que es necesario atender.

En el país hay 4 millones 100 mil niños sin acceder a la educación básica (14.4 por ciento de la población en edad escolar), en lo que respecta a la educación media superior, la deficiencia es aún más aguda, actualmente el sistema educativo atiende tan sólo al 55.7 por ciento de la población en edad de cursar este nivel, algo también muy lamentablemente es la bajísima cobertura en educación superior, que apenas alcanza 23.7 por ciento.

En lo referente al nivel de escolaridad, 28.5 por ciento de la población de 15 años y más no cuenta con instrucción o con primaria incompleta, 24.4 por ciento terminó la primaria y cuenta con secundaria incompleta, 19.3 por ciento culminó la secundaria, 16.8 por ciento cursó la educación media superior y, únicamente, 11 por ciento de esta población ha cursado la educación superior.

De acuerdo con las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el índice de alfabetización de 1990 a 2003 se ha incrementado notoriamente de 87.4 a 91.7, sin embargo, hay marcados contrastes entre las entidades federativas. Así tenemos a Oaxaca, Guerrero y Chiapas con los niveles más altos de analfabetismo.

México ha aumentado su gasto total en un promedio por estudiante aproximadamente en 20 por ciento, sin embargo, esto no ha sido la proporción que se necesita. En el país, el gasto por alumno en primaria (mil 467 dólares) no representa ni la cuarta parte del promedio de la OCDE, el indicador en secundaria es de un tercio del promedio (2 mil 368 dólares) y en el nivel superior es un poco más de la mitad del promedio (6 mil 74 dólares).

El sistema de educación tiene que centrar sus estrategias en la aplicación de la Ley General de Educación, específicamente en destinar 8 por ciento del PIB en el gasto educativo, y con esto contribuir a

• La obligatoriedad del artículo 3 constitucional;

• Construir, rehabilitar y mantener más aulas y espacios educativos; y

• Hacer permanentes y mejores los programas de formación y actualización profesional.

El activo más valioso que posee un país no son sus riquezas naturales sino sus recursos humanos y por ello toda persona debe recibir educación y formación para ir tan lejos como sus capacidades personales se lo permitan. La sociedad tiene que ofrecer la posibilidad de formación humana durante toda la vida, no basta que un niño reciba educación sólo cuando es pequeño, la educación debe ser permanente durante toda la vida sin restricción alguna.

Consideraciones

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) es la institución de educación superior más grande y reconocida en el noroeste de México; ofrece para el estado de Sinaloa servicios educativos en sus 18 municipios, atendiendo a 116 mil 531 alumnos mediante 267 programas educativos. Se encuentra entre las diez mejores universidades públicas del país.

La matricula que atiende para el ciclo escolar 2010-2011 está distribuida de la siguiente manera:

Posgrado:1,5151.30%

Licenciatura: 49,58442.55%

Técnico superior universitario: 1,0200.88%

Medio profesional: 1690.15%

Bachillerato: 44,98038.60%

Enseñanzas especiales: 19,26316.53%

Total: 116,531100.00%

Fuente: Universidad Autónoma de Sinaloa.

El 83 por ciento de esta matricula proviene de familias con ingresos mensuales en promedio no mayor a seis mil pesos al mes; una de cada 4 familias sinaloenses tiene a uno o más de sus hijos estudiando en algún plantel de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La Universidad Autónoma de Sinaloa ocupa el 6o. lugar a nivel nacional, pues es una universidad que ha mostrado altos indicadores de capacidad y competitividad académica; 43 de sus programas educativos han sido reconocidos y acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. El 82.2 por ciento de los profesores es de tiempo completo y tienen un posgrado. La universidad cuenta con 136 miembros en el Sistema Nacional de Investigadores; dentro del posgrado 15 programas están inscritos en el padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La presencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa en los municipios marginados es muy importante, pues presenta un plantel de educación en cada uno de los 18 municipios del estado con presencia en niveles educativos como el nivel medio superior, carreras técnicas y servicios asistenciales en municipios calificados por el Inegi de alto grado de marginación, como el caso de Cosala, municipio que represento ante esta LXI Legislatura.

Lejos de ser baluarte en la preparación de los futuros ciudadanos de Sinaloa y de nuestra nación, la universidad también tiene un impacto social en la comunidad sinaloense. Es pues un referente en la asistencia social, pues 90 por cierto de la población que recibe un sueldo inferior a dos salarios mínimos ha acudido a recibir servicios médicos que presta la universidad.

Sin embargo, pese a estas y otras virtudes, desgraciadamente la UAS es una universidad que está dentro de las diez universidades públicas que reciben menos financiamiento. A pesar de ser una de las universidades que presenta la segunda matrícula más grande de las universidades y uno de los costos más pequeños por estudiante (22 mil 710 pesos).

Si consideramos que la educación es la punta de alza para el crecimiento de este país, creo que es necesario se tenga una visión de mediano y largo plazo y por ello la inversión en escuelas consolidadas y con resultados es necesaria para contribuir con el bienestar de miles de familias.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar recursos extraordinarios por mil 500 millones de pesos para la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Dado en el salón de sesiones, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Germán Contreras García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para infraestructura carretera en Sinaloa, a cargo del diputado Germán Contreras García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Germán Contreras García, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso de la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento potencial del país.

Ante ello, resulta indispensable generar condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por ello, cuanto más facilidades e incentivos otorguen el país para crear negocios y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a ella.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados con ello representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva a fin de crear mayor conexión del territorio nacional y de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Si bien para 2004 la longitud de la red carretera de México alcanzaba una extensión de 352 mil kilómetros, de los cuales únicamente 34.46 por ciento correspondía a vías pavimentadas, 43.20 por ciento a vías revestidas, y el resto a caminos de terracería y brechas mejoradas. Como medida de referencia, la densidad promedio de la red carretera era de 3.4 kilómetros por cada mil habitantes, cifra relativamente baja, sobre todo en comparación con los países desarrollados, e incluso con algunos en desarrollo, como Costa Rica y Perú. Los datos anteriores corroboran la capacidad de crecimiento que representa para México la inversión en construcción carretera.

En el periodo del 1 de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 se invirtieron en la construcción y modernización de la red federal 15 mil 741.9 millones de pesos, de los cuales 10 mil 502.4 millones son recursos fiscales, 345 millones de pesos se transfirieron a los gobiernos estatales, 4 mil 272.7 millones son de fideicomisos Fonadin, 621.8 millones de pesos son de servicios relacionados con la obra pública.

Se han invertido 718.4 millones de pesos para la construcción de libramiento, 5 mil 800 millones de pesos en obra de modernización estratégica de la red carretera del Plan Nacional de Infraestructura y 3 mil 959.9 millones de pesos en obras en los corredores carreteros.

Una de las características relevantes de la red carretera nacional es la centralización de su ubicación, pues una elevada proporción de sus carreteras en mejores condiciones y mayor capacidad de transporte confluye hacia el centro del país, que a su vez concentra un gran porcentaje de las actividades económicas. No obstante, hay regiones cuyo mercado de producción y de consumo necesita mayor conexión para impulsar sus actividades, como las zonas con potencial turístico.

De las carreteras pavimentadas, las entidades federativas situadas en el centro del territorio nacional concentran 25 mil 58 kilómetros de longitud, cifra correspondiente a casi 20.7 por ciento de la red. Toda la extensión carretera del Distrito Federal (149 kilómetros) se encuentra pavimentada, y es la única entidad con tal característica.

Si bien la longitud carretera en el norte del territorio es extensa –abarca cerca de 50 mil kilómetros de vías pavimentadas–, las dimensiones de la región y de las entidades que la componen también es mayor, pues comprende aproximadamente 60 por ciento del territorio nacional. Predomina Sonora, con la mayor red carretera pavimentada de la república, cuya distancia es de 10 mil 354 kilómetros, seguida por Chihuahua y Durango, con extensiones respectivas de 5 mil 568 y 4 mil 343 kilómetros.

Algunos estados del sur y del sureste mexicano cuentan con gran longitud de carreteras, pero la mayor proporción de ellas corresponde a caminos revestidos o de terracería. En particular, Chiapas cuenta con 21 mil 864 kilómetros de carretera, de los cuales 73 por ciento es revestido y 4.8 camino de terracería, en tanto que el resto se encuentra pavimentado. Las mismas condiciones muestran Oaxaca y Guerrero, pues únicamente 23 por ciento de su red corresponde a vías pavimentadas.

Si bien entre los objetivos planteados por el gobierno federal respecto al sector comunicaciones se busca equilibrar el desarrollo de las regiones del país, a fin de lograr mayor integración de los mexicanos y de las comunidades e impulsar el crecimiento del comercio interno y del externo, además de permitir mayor articulación de las cadenas productivas nacionales, para ello se requiere continuidad de las obras de construcción pendientes, conferir prioridad a los enlaces transversales faltantes de la red troncal del país, y modernizar y ampliar la red carretera en regiones con capacidad de conexión limitada.

Por eso es urgente que en el Presupuesto de 2011 se destinen recursos suficientes para invertir en carreteras: la asignación de mayores recursos permitirá desarrollar el sistema carretero nacional, que haga factible lograr la construcción y modernización de las vías de comunicación con base en parámetros internacionales de calidad. La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, pues eleva la competitividad de la economía porque satisface las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión de infraestructura básica y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en una economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

La red carretera nacional presenta varias deficiencias; por ello es importante que se invierta en su ampliación y modernización en torno de esquemas internacionales, y se eleven la productividad y competitividad del país: predominan las vías en malas condiciones.

Consideraciones

La propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 del Ejecutivo federal con relación al ramo 9, “Comunicaciones y transportes”, presenta un deterioro en términos globales y específicos si se le compara con el Presupuesto aprobado para 2010.

El total que el Ejecutivo propone para 2011 es de 67 mil 92.2 millones de pesos (mdp), lo cual es inferior al presupuesto aprobado en 2010 en 13 mil 170.6 mdp en términos absolutos y en 19.6 en términos relativos (variación real). Lo anterior se refleja, en un primer momento, en una menor participación del ramo 16 en el total del gasto programable: disminuyó de 3.3 por ciento en 2010 a 2.6 en 2011, similar a la proporción, de 2.4, observada en 2007, primer año de la actual administración federal.

La propuesta de Presupuesto también implica un deterioro importante en la composición o estructura del gasto en comunicaciones y transportes, ya que favorece el crecimiento del gasto corriente, en detrimento del gasto de capital. Específicamente, el primero incrementaría su participación en el gasto total de 13.2 por ciento en 2010 a 19.3 en 2011, mientras que el gasto de capital disminuiría de 86.8 en 2010 a 80.7 en 2011. De aprobarse la propuesta, la composición del gasto regresaría a un nivel similar al que tenía en 2007, año en que la participación del gasto corriente fue de 20.7 por ciento y la de de capital de 79.3.

La disminución de la inversión física afectaría los distintos modos de transporte de la siguiente manera: la inversión física en carreteras disminuiría en 19 mil 983 mdp (35 por ciento, variación real), en ferrocarriles disminuiría 852.5 mdp (12.6 por ciento), en aeropuertos disminuiría 42.7 millones de pesos (9.3 por ciento). La inversión física se incrementaría respecto a 2010 en mil 257 mdp en términos absolutos en telecomunicaciones (28.9 por ciento real) y en 729.1 mdp en puertos (23 por ciento).

La necesidad que se tiene en los diversos municipios respecto a la rehabilitación y creación de las vías de comunicación obliga a que se acuda ante esta soberanía y se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con el único objetivo de obtener recurso adicionales a fin de salir al paso con la mayoría de las carreteras que se encuentran en muy mal estado.

Es necesario concluir los proyectos que para el ejercicio presupuestal recibieron recursos y sean considerados nuevamente, así como la necesidad de ampliar las vías de comunicación, dada la nueva estrategia comercial que Sinaloa ha emprendido.

Los recursos que solicito para el distrito 6 de Sinaloa son los siguientes:

Caminos rurales y carreteras alimentadoras

Potrerillos-Mataderos, El Rosario: 13 millones de pesos.

San Ignacio-Límite de Sinaloa y Durango: 135 millones de pesos.

Entronque carretero México 15-Teacapan, Escuinapa: 260 millones de pesos.

Concordia-Cacalotan, tramo Mesillas, Cacalotan: 148 millones de pesos.

Entronque carretero México 15-Ensenada (Elota): 30 millones 400 mil pesos.

Tramo carretero Presa José López Portillo-La Llama, Cosalá: 3 millones de pesos.

Tramo carretero Cosalá-El Rodeo, Cosalá: 15 millones de pesos.

Rehabilitación del camino San Ignacio-San Juan, tramo San Fermín-San Juan, San Ignacio: 2 millones de pesos.

Entronque carretero Dimas-Duranguito, San Ignacio: 11 millones de pesos.

Camino San Juan-Vado Hondo, San Ignacio: 44 millones de pesos.

Camino San Ignacio-Ajoya, San Ignacio: 92 millones de pesos.

Camino El Cuichi-Lo de Ponce, San Ignacio: 36 millones de pesos.

Camino Piaxtla de Arriba-Piaxtla de Abajo, San Ignacio: 14 millones de pesos.

Camino Estación Dimas-Barras de Piaxtla, San Ignacio: 14 millones de pesos.

Entronque carretero Maxipista-El Patole, San Ignacio: 19 millones 500 mil pesos.

Camino San Ignacio-San Agustín, San Ignacio: 76 millones 200 mil pesos.

Entronque carretero Maxipista-Las Labradas, San Ignacio: 18 millones de pesos.

Total:931 millones 100 mil pesos.

Para carreteras federales, se solicitan los recursos planteados para las obras siguientes:

Carreteras federales

Tepic-Mazatlán, tramo PSV entronque El Conchi: 150 millones de pesos.

Tepic-Mazatlán, tramo PSV entronque entrada norte Mazati: 150 millones de pesos.

Culiacán-Los Mochis, tramo acceso norte de Culiacán: 380 millones de pesos.

Total:680 millones de pesos.

Por esta imperiosa necesidad solicito al pleno de la Cámara de Diputados que apruebe la petición que traigo ante ustedes, a fin de llevar a mi estado los recursos requeridos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar recursos adicionales para infraestructura carretera en el distrito 6 de Sinaloa, con base en los proyectos mencionados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Germán Contreras García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el campo de Sinaloa, a cargo del diputado Germán Contreras García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Durante la última década se han visto grandes cambios en el contexto mundial, realidad que nos afrenta y que requiere de la disposición de todos los tomadores de decisiones que afectan al campo; es por eso que resulta necesario, fijar la atención en esta actividad productivas pues el rezago se hace perenne en este rubro convirtiéndonos en un país vulnerable al exterior, poniendo en peligro la soberanía alimentaria de los mexicanos.

Frente a esta realidad es importante, y se hace necesario, desarrollar procesos de cambio rural que ofrezcan la posibilidad de armonizar estas fuerzas, con la equidad social y la conservación de los recursos naturales, sin los cuales es imposible lograr un desarrollo rural sostenible y equitativo.

Cabe recordar que 70 por ciento de los más pobres de nuestro país se encuentran en el campo y el 60 por ciento de estos se dedican al cultivo de maíz, sólo como medio de subsistencia. Si bien mucho de los apoyos se destina a la producción de este grano por excelencia mexicano, que hoy ha dejado de serlo, por eso se necesita forzosamente revisar hacia dónde se están dirigiendo esos recursos a fin de potencializar otros rubros igual de importantes que el maíz.

Cabe mencionar que dados estos nuevos tiempos, la sociedad también se ha ido transformando a pasos acelerados en la última década, lo cual ha traído cambios significativos en la demanda de bienes y servicios, y especialmente en los hábitos y preferencias de los consumidores. Estos cambios en hábitos están creando nichos crecientes de mercado para frutas exóticas, plantas aromáticas y medicinales, frutas y hortalizas orgánicas, y materias primas naturales. Sin embargo, los productores y empresarios a pequeña escala enfrentan numerosas barreras para el aprovechamiento de estas nuevas oportunidades de mercado.

Por estas razones se puede concluir que uno de los componentes clave para el desarrollo rural y particularmente del sector empresarial rural es el sistema de apoyo. Estos servicios son esenciales para facilitar y promover el desarrollo empresarial en una región y desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes en los agroempresarios existentes y potenciales para aprovechar las oportunidades de mercado, así como las nuevas tecnologías de producción, manejo post cosecha y procesamiento para ser más competitivos.

Es por eso que se necesita una mayor cantidad de recursos destinados al campo y es necesario que nosotros, los legisladores federales, actuemos con responsabilidad ante este sector estratégico del país.

Consideraciones

Si bien la propuesta del Ejecutivo federal es de darle menos recursos al campo, esto plasmado en la propuesta de presupuesto para el campo 2011, menciona que para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), que aglutina todos los recursos que se canalizan al campo, se presenta la cantidad de 259,852 millones de pesos, lo que equivale a un decremento de 3.2 por ciento respecto al presupuesto del presente año (8,555 millones de pesos).

En 2010, se presentaron 16 programas dentro del PEC y para el 2011 se reducen a 14 programas. Los que presentan un decremento en el presupuesto, los de mayor decremento son: Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural con una disminución de 51.4 por ciento; Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura con menos 37.2 por ciento y Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo con menos 27.7 por ciento.

Ante estos decrementos, es importante enmendar la plana al Ejecutivo federal respecto a la puesta en marcha de un incremento de recursos hacia el campo mayor a lo que establece la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación. Demostrando con ello que el legislativo es consciente de que para poder desarrollar a este país, es necesario invertir en el sector primario, ya que con estas acciones se podrá reducir el rezago social que tenemos en el campo.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el sector agropecuario y pesquero está considerado estratégico y prioritario, cuestionable ante la propuesta de recursos que emite la federación; evidenciando que no lo considera como necesario para el desarrollo del país. No conciben la importancia que representa este sector, pues además de ofrecer los alimentos que consumen las familias mexicanas y proveer materias primas para la industria manufacturera y de transformación, se ha convertido en un importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador.

Es por esto que el estado de Sinaloa considera indispensable la asignación de recursos para este sector; pues últimamente este estado se ha caracterizado por ser un estado que privilegia este sector, del cual ha mantenido un insumo importante para el crecimiento económico y por ende de sus habitantes. Desde hace cuatro décadas practica la agricultura más tecnificada y moderna del país, su alta productividad le permite participar en los mercados internacionales como exportador de productos frescos de origen hortifrutícola, las que representan más de 65 por ciento de las exportaciones totales que realiza Sinaloa.

Aproximadamente 97 por ciento de las exportaciones de hortalizas, legumbres y frutas que el estado realiza son enviadas a Estados Unidos, el resto es para cubrir parcialmente los mercados de Canadá, España, Francia, Italia, Suiza, Argentina, Alemania, Holanda, Bélgica, Japón y Colombia.

Sinaloa también es importante como productor agrícola nacional, se producen más de 8 millones de toneladas anuales. A nivel nacional participa en los primeros lugares en hortalizas (pepino, tomate, calabaza, chile y berenjena), frutas (mango, melón y sandía), maíz, frijol, soya, cártamo, arroz, trigo y sorgo.

A pesar de la problemática económica, Sinaloa mantiene su liderazgo en la producción de alimentos básicos, generación de divisas agrícolas y niveles de empleo. Los cultivos de hortalizas y maíz con una producción de un millón 700 mil toneladas y alrededor de 2 millones 700 mil toneladas respectivamente, merecieron el primer lugar a nivel nacional en la cosecha en el caso de soya; cártamo y arroz, el segundo; y en la producción de frijol, el tercero.

En Sinaloa la agricultura ha arrojado beneficios sociales y económicos de gran magnitud entre la población, lo cual se ha traducido en una fuente de alimentos con un elevado valor nutricional y generación de empleos, que han evitado conflictos sociales en las comunidades pesqueras por falta de trabajo.

Por otra parte en la ganadería el trabajo, el empuje y la constancia de los productores sinaloenses colocan hoy en día y con toda justicia a la ganadería de nuestro estado en primer plano nacional. La ganadería es una actividad de vital importancia. Casi 3 millones 700 mil hectáreas del territorio sinaloense son de pastos y agostaderos, con una población de 2 millones 228 mil bovinos, ovinos y caprinos, mismos que producen más de 63 mil 538 toneladas de carne. A tal producción se suman 54,271 toneladas de carne de pollo, todo ello permite que Sinaloa sea autosuficiente. Gradualmente se ha logrado disminuir el déficit en la producción de leche y carne de ovicaprino.

Para continuar con el impulso de las actividades agroalimentarias que permitan a Sinaloa sostenerse como un factor estratégico en el abasto nacional y de la exportación de productos primarios, es por eso que solicito se haga una especial atención para este estado, pues con el impulso a este rubro se mantiene a un participante muy importante en el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario del país, por eso lejos de disminuir recursos, estos deben de incrementarse a fin de vincular una política de desarrollo global para el país. Pues se requiere incrementar en la medida de las posibilidades presupuestales a fin de capitalizar y brindar más competitividad al sector agroalimentario del país.

Los montos solicitados son los siguientes:

Para el caso de la agricultura se solicita estos recursos

Para el caso de la ganadería:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que se consideren recursos adicionales para el campo del estado de Sinaloa, en base a los programas mencionados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre del año 2010.— Diputado Germán Contreras García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para fortalecer el turismo en Sinaloa, a cargo del diputado Germán Contreras García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El turismo es unaactividad de gran importancia económica global, que requiere de diversas áreas productivas como la agricultura, la construcción, la fabricación y de los sectores públicos y privados, para así proporcionar bienes y servicios para el disfrute de los turistas.

Hay que destacar que en nuestro país el turismo no es solo el responsable de proporcionarnos grandes ganancias económicas y sociales, si no que sea encargado de unir a las familias, comunidades y de dar a conocer al mundo entero que somos un país como cualquier otro, que posee ventajas y desventajas al visitarnos. Pero que cada día que pasa está luchando para mejorar, con el fin de asegurarle a los turistas y a la sociedad en general un excelente servicio.

Así también, el turismo genera nuevas infraestructuras, este se lleva a cabo en todo lugar que se desea utilizar como destino turístico, ya que se hace necesario la mejora de estos lugares, para así brindar un excelente servicio.

Además de una de las más importantes situaciones que se dan con el turismo es la generación de empleos; las inversiones que se realizan para llevar a cabo estos proyectos turísticos, provocan que muchas personas se beneficien por las oportunidades laborales que se generan para un determinado lugar.

Programa nacional de turismo realizado por el Gobierno Federal 2007-2012: Se orienta a los temas específicos relacionados con el turismo nacional e internacional, pero también a contribuir al logro de otros objetivos estratégicos del Plan como son los de: crecimiento económico; nivel de ingreso; empleo; competitividad; infraestructura; equidad entre regiones e igualdad de género.

El PIB turístico es de 8.82 por ciento respecto del PIB nacional; los ingresos por divisas del turismo internacional son de aproximadamente 12 mil 901 millones de dólares; pues se tiene una llegada de turistas internacionales por 21 mil 424 miles de turistas. El 67 por ciento de los municipios turísticos se ubican en categorías de muy baja y baja marginación debido al turismo. Por lo que una medida de desa-rrollo de estas comunidades ha sido el de la creación de empresas comunitarias; el 71 por ciento de los turistas nacionales e internacionales compra artesanías.

Durante el 2009 Sinaloa alcanzó una afluencia turística de tres millones de visitantes, de los que dos millones correspondieron a Mazatlán, con un incremento de 37 por ciento respecto al año anterior y para el 2010 se proyecta elevar a 3.2 millones de turistas en toda la entidad. El estado cuenta con 480 kilómetros de litoral, con frente al Mar de Cortés, considerado el acuario del Mundo; 300 mil hectáreas de esteros y marismas, dos pueblos mágicos y cuatro señoriales, la entrada de la Barranca del Cobre y parte de la Sierra Madre Occidental, así como Culiacán, capital económica del noroeste de México, como principal centro de negocios.

En los últimos cinco años, Mazatlán alcanzó una inversión turística privada de 16 mil millones de pesos, cantidad concentrada principalmente en el desarrollo turístico e inmobiliario, gracias a las políticas públicas impulsadas por el gobernador Jesús Aguilar Padilla, quien a la par impulsó inversiones públicas sin precedentes, lo que ha dado lugar a grandes obras de infraestructura en el sur de la entidad, como las autopistas Mazatlán-Durango y la Mazatlán-Tepic, la presa Picachos que abastecerá a Mazatlán de agua suficiente para los próximos 50 años; y el Centro Integralmente Planeado de Teacapán, que desarrolla Fonatur.

La inversión turística privada que Sinaloa captó en el primer semestre del año ubicó a la entidad como la segunda a nivel nacional que más recursos captó. Aunque se registra una disminución en el flujo de recursos, de un 38.4 por ciento, aún así las inversiones turísticas que se concentran en Mazatlán dan a Sinaloa una participación nacional del 18.94 por ciento. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo federal, de enero a junio de este año se atendió una inversión privada de 270.57 millones de dólares, sólo por detrás de los recursos captados por Nayarit, que manejó proyectos por el orden de los 655.06 millones de dólares.

Sinaloa participa en la inversión nacional con un 18.9 por ciento del total, mil 428.73 millones de dólares que se han tenido durante el primer semestre de este año. En el país, la inversión turística privada registra una caída del 57.46 por ciento pues mientras que al primer semestre de 2008 se atrajo recursos por 3 mil 358.58 millones de dólares, un año después bajó a mil 428.73 millones.

En el caso de Sinaloa, los 270.6 millones de dólares que le permite ser la segunda entidad con más inversión privada es menor en un 38.4 por ciento a los 439.4 millones de dólares que se tenían en 2008. Según los flujos de inversión, Mazatlán es la segunda localidad que más recursos recibe de España, la primera que proviene de Estados Unidos y la segunda de financiamiento de otros países.

De enero a junio de este año en el país se construyen 12 proyectos turísticos, 26 turísticos complementarios, 49 desa-rrollos inmobiliarios y 54 hoteles.

Según un boletín de Sectur estatal, en la entidad, a la fecha, los recursos privados que se tienen proyectados son del orden de 135 millones de pesos en cuatro residenciales turísticos, 240 millones de pesos para cuatro campos de golf, tres de ellos en Mazatlán y uno más en Los Mochis.

En total, Sinaloa estará recibiendo inversiones por el orden de los 3 mil 201 millones 100 mil pesos, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. La industria turística sinaloense se encuentra en una fase de recuperación; el reto de Sinaloa para 2011, es modificar los esfuerzos hacia el turismo alternativo, que permita aprovechar la oportunidad de desarrollo que presenta el crecimiento que esta actividad experimenta a nivel mundial.

Ahora bien, en Sinaloa, específicamente en el municipio de Escuinapa, perteneciente al distrito sexto que represento se encuentra el Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa-Pacífico; proyecto que requiere de una Inversión aproximada de 7 mil millones de dólres; inversión que generarán 150 mil empleos y se recibirán a más de 3 millones de turistas nacionales y extranjeros al año. El nuevo Centro Integralmente Planeado Costa-Pacífico se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Programa Sectorial de Turismo, y tiene como principal objetivo crear un polo turístico de impacto nacional e internacional, en una zona del país donde prevalecen importantes rezagos económicos y sociales, aprovechando las oportunidades de la región Mar de Cortés, que concentra la mayor inversión turística privada del país.

Este sector como detonante de desarrollo económico, requiere la inyección de recursos, es por ello que estamos solicitando su apoyo, poniendo a su consideración una propuesta de inversión para el distrito 6 del estado de Sinaloa por la cantidad de 312 millones de pesos para un conjunto de programas y proyectos que vendrían a impulsarlo, sumándonos al cumplimiento de los objetivos del programa nacional de turismo, haciendo líder a México en esta actividad.

El planteamiento de erogación de recursos para el sector turístico del país es el siguiente:

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único:Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que considere recursos extraordinarios por la cantidad de 312 millones de pesos para fortalecer el turismo en el distrito sexto de Sinaloa.

Dado en el salón de sesiones, a los 9 días del mes de noviembre de 2010.— Diputado Germán Contreras García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para fortalecer la educación en Sinaloa, a cargo del diputado Germán Contreras García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Germán Contreras García, de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Consideraciones

Sin inversión en educación, innovación y tecnología, nuestra nación seguirá con importantes rezagos económicos y sociales. En muchos países que se encontraban en igualdad de circunstancias hoy han invertido en educación porque comprendieron que es el único medio para lograr un verdadero desarrollo. Tal es el caso de China e India, quienes avanzan rápidamente tanto en cobertura como en calidad de la educación, invirtiendo cerca del 4 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB); y aún así muy por debajo de las naciones desarrolladas.

En nuestro caso, para el año 2009 se destinó cerca de 4.09 por ciento del Producto Interno Bruto nacional; para el 2010, año fiscal que estamos pasando, la inversión que se destinó por esta soberanía fue de 3.99 por ciento, cantidad inferior con respecto al año 2009. Sin embargo, para este 2011, el Ejecutivo federal nos envía una propuesta mucho menor: 3.71 por ciento del Producto Interno Bruto.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en los Ramos Educativos se considera lo siguiente: el Ramo 11 de Educación Pública tiene una variación anual de 7 mil 639 millones de pesos, equivalente a un decremento real de 0.37 por ciento. El Ramo 25 de Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos aumenta en 141 millones pesos, sin embargo, la variación porcentual es de 3.54 por ciento. El Ramo 33 de Aportaciones federales para entidades federales y municipios crece en 15 mil 143 millones de pesos, una variación porcentual real de 2.07 por ciento. En total, el recurso destinado a los ramos educativos en el presupuesto disminuye en términos reales 2.10 por ciento.

Los ramos con funciones afines al sector educativo, el Ramo 7 (Defensa Nacional), se incrementa en 87.3 millones de pesos, creciendo 2.15 por ciento en términos reales. El Ramo 8 (Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural), disminuye a 235.4 millones de pesos, es decir, en 13.09 por ciento real. El Ramo 11 (Educación Pública), se incrementa en 7 mil 142 millones de pesos, disminuyendo en términos reales 0.47 por ciento. El Ramo 13 (Marina), se incrementa en 352.7 millones de pesos, 30.58 por ciento en términos reales. El Ramo 25 (Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos), crece en 141 millones de pesos, disminuyendo en términos reales 3.54 por ciento. El Ramo 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) crece en 15 mil 143 millones de pesos, 2.07 por ciento en términos reales.

Con estos datos que nos envía el Ejecutivo Federal para el ramo educativo nacional, nos da una clara evidencia para nuestro país de no tener una visión a largo plazo, pues la educación no es pieza fundamental del objetivo de futuro para la nación que persigue este gobierno federal.

Si bien, el futuro México radica en ampliar las oportunidades para la educación y en mejorar la calidad del aprendizaje. Sólo será posible elevar la productividad, la competitividad regional y la calidad de vida de la población, si se coloca a la educación en lugar prioritario en la agenda nacional, mediante una enseñanza con criterios pedagógicos acorde a las necesidades regionales.

La educación pública, en particular la de nivel básico, padece aún graves problemas que inciden en su baja calidad. Si bien ha habido avances, resultan a todas luces insuficientes. Por ejemplo, la educación primaria ha mostrado un descenso continuo en la deserción y la reprobación y por otro lado, una mejoría en la eficiencia terminal. A nivel nacional la deserción es de 1.3 por ciento; sin embargo, hay grandes contrastes: en un extremo se ubican Sinaloa con 3.1 por ciento, Veracruz con 2.8 por ciento, Guerrero con 2.4 por ciento y Chiapas con 2.3 por ciento; en el otro están Baja California Sur con 0.3 por ciento, el DF y Tlaxcala con 0.4 por ciento y Nuevo León y Tamaulipas con 0.5 por ciento. Por lo que se refiere a la eficiencia terminal, de cada mil alumnos que ingresan a primaria 897 la terminan.

Si por otro lado se toman en cuenta las evaluaciones de la calidad educativa, de acuerdo con las comparaciones internacionales que efectúa la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), cada peso dedicado a la educación básica no es necesariamente de inversión, pues deja mucho qué desear el aprovechamiento de los alumnos mexicanos.

El nivel educativo de la población constituye un elemento fundamental para determinar la productividad y el nivel de bienestar. Los países que han reducido el analfabetismo han obtenido, a corto plazo, ingresos más altos y crecimiento sostenido. Ello se debe a que existe una sólida correlación entre inversión en educación básica y crecimiento económico, tanto en países desarrollados como en subdesarrollados. Los países que inician con un nivel educativo alto crecen más rápidamente debido a que el capital humano propicia el uso de tecnologías avanzadas. El crecimiento económico acelerado responde a la tecnología y al nivel de especialización de los trabajadores. Esto se puede constatar, en el caso de México, al considerar los casos de Nuevo León y el Estado de México, que cuentan con altos niveles de instrucción, mejores resultados de productividad, mayores remuneraciones promedio y los más altos niveles de crecimiento económico. No debe existir ninguna duda: el gasto en educación, cuando es de calidad, es una de las inversiones más rentables.

Sinaloa tiene uno de los sistemas educativos más maduros del país y representa a nivel nacional punta de lanza en materia educativa, tanto por los resultados académicos que anualmente van a la alza como por ser de los primeros en emprender programas educativos e invertirle más recursos en el país.

Si bien los resultados en este rubro para el estado son los siguientes: la población de 15 años y más en promedio, tiene prácticamente la secundaria terminada (grado promedio de escolaridad 8.5), en todo el país, la población de 15 años y más, en promedio ha terminado dos grados de secundaria (grado promedio de escolaridad 8.1). En el 2008, en Sinaloa, la población analfabeta era de 112 065 personas; es decir, que 6 de cada 100 habitantes de 15 años y más no sabían leer y escribir; hoy gracias a la política educativa lanzada por los sinaloenses, estos resultados son distintos.

En lo que se refiere a cobertura, Sinaloa llega a 98 por ciento según datos de la Secretaría de Educación Pública, ocupando el cuarto lugar en esta línea a nivel nacional sólo por debajo del Distrito Federal, Nuevo León y Aguascalientes.

Uno de los principales méritos de Sinaloa es la cobertura y otro muy importante además de la estabilidad de su sistema, es la forma sobre cómo ha venido evolucionando todos los años.

Pruebas como las de Enlace nos muestran tendencias. En Sinaloa el crecimiento es constante y ha crecido entre 2006 y 2008 alrededor de 90 puntos, que es más de la media nacional. Desde el principio mostró una tendencia hacia arriba. Escuelas de tiempo completo, programa de inglés en las escuelas, líderes del mañana y otras estrategias a través de programas han sido llevados por el estado para la mejora de su educación, y que de acuerdo a la SEP, ponen al estado en vanguardia a nivel nacional.

Un desafío del sistema educativo sinaloense es el de mejorar los espacios físicos y académicos en donde se imparte el conocimiento. Por ello, ponemos a su consideración nuestra propuesta de inversión 2011 por un monto de 3,482 millones de pesos, destinados a mejorar y ampliar la infraestructura física educativa del estado de Sinaloa, en todos sus niveles.

Los requerimientos en educación para el estado de Sinaloa son los siguientes:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere recursos extraordinarios por la cantidad de 3,482 millones de pesos para fortalecer la Educación en el estado de Sinaloa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Germán Contreras García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas a cancelar las plazas de quienes concluyan en definitiva la prestación de servicios en las administraciones públicas locales, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas a cancelar las plazas correspondientes a los servidores públicos que concluyan en definitiva la prestación de sus servicios en las administraciones públicas locales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde el inicio de las administraciones panistas se han emprendido múltiples esfuerzos con el objeto de elevar la calidad de los bienes y servicios públicos para la sociedad y mejorar los resultados de su asignación. Por ejemplo, se han impulsado acciones para generar ahorros en el uso de recursos públicos bajo estrictos criterios de disciplina y austeridad presupuestaria.

En materia de gasto corriente se han establecido diversas medidas para racionalizar las erogaciones en los servicios personales, creándose en un primer momento el Programa de Separación Voluntaria (PSV), cuyo objetivo fue promover y apoyar la separación de los servidores públicos que desearan dar por concluidos sus servicios en la Administración Pública Federal de manera definitiva. Esta acción fue retomada en la presente administración para incluirse en las medidas de racionalidad y ahorro.

En el periodo comprendido del año 2000 al 2003 el total de las desincorporaciones logradas alcanzó la cifra de 130 mil plazas gubernamentales menos con respecto al año 2001. Al cierre del 2003, el número de trabajadores inscritos al PSV ascendió a 42 mil 039 personas, lo que implicó la cancelación de igual número de plazas. A esa fecha, el costo bruto del PSV fue de 14 mil 929.2 millones de pesos, lo que generó un ahorro por concepto de pago de servicios personales por 915.9 millones de pesos. En ese tenor, en el año 2005 se reportó un monto por 4 mil 448.4 millones de pesos para cubrir la compensación económica a los servidores públicos que decidieron concluir la prestación de sus servicios, lo que correspondió a 9 mil 407 plazas apoyadas y canceladas.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 ha establecido que el gobierno federal, a fin de conseguir un uso eficiente de los recursos públicos que incentive el de-sarrollo económico y contribuya a mejorar la distribución del ingreso para generar mayores beneficios a la sociedad, implementará una política de gasto público que garantice “que el uso de los recursos en todos los órdenes de gobierno se realice con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas”, lo que permitirá destinar mayores recursos al desarrollo social, a la inversión en infraestructura y a la seguridad pública.

Para ello, el gobierno federal se comprometió a ahorrar el 20 por ciento del gasto de operación y administrativo de las dependencias (es decir, un ahorro anual del 5 por ciento en el periodo 2008-2011), adoptando diversas medidas de austeridad que están orientadas al cumplimiento de dicha meta, entre las cuales se encuentran las siguientes:

a) El decreto con las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal de diciembre de 2006, con el que se estableció, entre otras cosas, una reducción del 10 por ciento a los sueldos y salarios netos del presidente, de los secretarios y subsecretarios de Estado, oficiales mayores, titulares de unidad y puestos equivalentes en las dependencias y entidades paraestatales.

b) Para el ejercicio fiscal de 2008 se emitieron las “Medidas de Racionalidad y Ahorro”, que consistieron en la reducción de uno por ciento en el presupuesto para servicios personales, congelamiento de plazas vacantes y reducción de uno por ciento en gasto de operación.

c) En 2009 se emitieron los “Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009” para promover una reducción en el gasto de operación y administrativo de las dependencias y entidades, en el gasto de servicios personales, así como en los gastos de operación, administrativos y de apoyo. Además, se cancelaron las contrataciones, las plazas vacantes y sus recursos.

d) En el presente año se dio a conocer el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para garantizar la continuidad del esfuerzo de ahorro, austeridad y racionalidad del gasto público emprendido durante los años anteriores, estableciéndose como meta un ahorro acumulado para los ejercicios fiscales de 2010 a 2012, de por lo menos 40 mil 100 millones de pesos.

Como parte de las políticas de reducción de gasto en servicios personales que comprende dicho Programa, se establece que en 2010 no habrá creación de plazas, que no se autorizarán incrementos salariales a los mandos medios y superiores, y que las plazas liberadas como resultado de las medidas anteriores serán canceladas.

Derivado de la implementación de este último programa, en 2010 el gasto federal se recortó en 7 mil 223 millones de pesos en servicios personales, gasto operativo y administrativo. Es decir, de enero a junio se cancelaron 2 mil 538 plazas de servidores públicos en las dependencias que se detallan en el Cuadro 1, para lo cual se desembolsaron 653.6 millones de pesos.

Tomando en cuenta los esfuerzos que se han realizado en el orden federal para hacer más eficiente el gasto y generar ahorros bajo criterios de disciplina y austeridad presupuestaria, resulta necesario que las entidades federativas también lleven a cabo políticas que estén encaminadas a los mismos fines. Es imprescindible que los otros órdenes de gobierno establezcan e instrumenten mecanismos para la separación voluntaria y conclusión definitiva de la prestación de servicios de los servidores públicos que se encuentran en las administraciones locales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los Congresos locales para que en el análisis e integración de sus respectivos Presupuestos de Egresos de 2011, consideren los mecanismos necesarios para obligar a los gobiernos estatales a cancelar las plazas correspondientes a los servidores que concluyan en definitiva la prestación de sus servicios en las administraciones públicas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los Congresos locales para que hagan obligatoria la presentación de información sobre el número de plazas canceladas y el monto de los recursos ahorrados como consecuencia de la aplicación de los mecanismos mencionados en el punto anterior.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 9 del mes de noviembre de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para techar canchas de usos múltiples, y crear y acondicionar espacios deportivos en Tecomán, Colima, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Yulenny Guylaine Cortés León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio de Tecomán se encuentra ubicado en el estado de Colima, limita al norte con Coquimatalán y Colima, al sur con el océano Pacífico, al este con Ixtlahuacán, al oeste con Armería y al sudeste con el estado de Michoacán, cuenta con 224 localidades, sus casas son sencillas, algunas de venas (palos largos de madera) y teja de cartón, y otras de ladrillo y concreto.

La palabra Tecomán, de origen náhuatl, se compone de los términos tecol o tecolli que significa abuelo; man que quiere decir lugar; por lo tanto ambos vocablos conforman la frase “el lugar de nuestros abuelos”.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuenta con una población de 99,289 habitantes, su principal fuente económica es la agricultura y la ganadería.

En el municipio de Tecomán predomina el clima semiseco muy cálido.

Este municipio carece de espacios deportivos, espacios de recreación, de esparcimiento, donde se pueda ofrecer algún entretenimiento a sus habitantes, sobre todo a los jóvenes y niños que requieren de un lugar donde puedan practicar algún deporte o desarrollar alguna actividad física.

Tecomán es un municipio en donde existe una importante problemática social, hay muchos jóvenes que no estudian, ni trabajan, que sufren de alguna adicción, un alto índice de madres jóvenes solteras, alto grado de analfabetismo, problemas de delincuencia muy graves como la trata de blancas, desintegración familiar y una serie de factores sociales que son de observancia general y que sin duda alguna necesitan de la atención debida.

Además de tener en general serios problemas de infraestructura y servicios.

La ociosidad y falta de oportunidad genera muchos vicios y problemas de salud, que hoy en día, particularmente en México, sufrimos gravemente. La población presenta sobrepeso, problema en el que tenemos que poner énfasis, crear cultura deportiva y fomentar la activación física.

Por otra parte, las actividades que los habitantes de este municipio realizan en su estilo de vida, no les permiten la práctica de deportes en horarios convencionales, por eso es importante crear nuevos espacios deportivos y acondicionar los ya existentes, con la infraestructura que proporcione facilidad y seguridad para la práctica de algún deporte o disciplina que fomenten la convivencia y recreación optimas en el desarrollo humano.

Necesitamos encausar a los jóvenes tecomeneses a actividades que beneficien su salud física y mental, a actividades productivas, a rescatar los valores que tan olvidados están en ellos, es preponderante atender las necesidades del municipio integrando a la sociedad y una manera de hacerlo es por medio del deporte.

Empezando a actuar en las localidades de Valle Querido, Santa Elena norte, La Foresta I, Cofradía de Juárez y Elba Cecilia, la techumbre de sus canchas de usos múltiples es un buen inicio del gran trabajo que hace falta en este municipio tan carente de atención deportiva y social.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por lo que se exhorta a las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, recursos destinados al techado de canchas de usos múltiples, creación y habilitación de espacios deportivos, en las localidades del municipio de Tecomán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos al Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Rurales de 1942 a 1964, a cargo del diputado Sergio Gama Dufour, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Sergio Gama Dufour, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a aumentar recursos presupuestales en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en el anexo 8 del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a la vertiente laboral, del ramo 04, Gobernación , para el Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Rurales del 42 al 64, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Debido a que el ser humano en la historia ha buscado tener una mejor vida, por ello a emigrado a diferentes parte de la tierra, y nuestra gente mexicana no es la excepción, como son los ex trabajadores migratorios mexicanos, que trabajaron en los Estados Unidos de América, y quien realizaban aportaciones económicas el Gobierno Mexicano, para ser entregados en cierto periodo, y en un acto de hacer justicia con dicho ex trabajadores se expidió el decreto por el que se creó el Fideicomiso que Administrará el fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, cuya finalidad es otorgar un apoyo económico, el cual fue publicado el día 25 de mayo de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, en el referido decreto en su artículo 4 párrafo ante penúltimo se estableció que el patrimonio del Fideicomiso podrá incrementarse con aportaciones provenientes de las partidas presupuestales de ejercicio subsecuentes.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la cláusula octava, inciso A), del Contrato de Fideicomiso de Administración, celebrado el 29 de septiembre de 2005, por el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública federal centralizada, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, institución Fiduciaria, se emitieron las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de (1942 a 1964). En el número 5 que refiere el importe del apoyo social, se puntualizo que se entregará a cada beneficiario la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional); lo anterior se publicó en Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de octubre de 2005.

El Comité Técnico del Fideicomiso (2106) del Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le confiere al comité el numeral 7 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964), aprueba en su vigésima sesión extraordinaria efectuada el día miércoles 24 de junio de 2009, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de junio del mismo año, en el cual se acuerda que se reforman diversos numerales de la reglas de operación del Fideicomiso 2016 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964). Y se reformó para quedar como sigue:

5. Importe del apoyo social.El importe del apoyo social que se entregará por una sola vez a cada beneficiario será por la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), misma que será entregada en exhibiciones de acuerdo a los recursos disponibles en el fideicomiso en cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo que establecen las fracciones II y III del artículo 5o. de la ley.

En virtud de esta modificación a las reglas de operación, el comité técnico publicó en el Diario Oficial de la Federación cinco listas de beneficiarios donde les otorga una parcialidad de 4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) a cada uno de los ex trabajadores Migratorios Mexicanos, a saber:

Trigésima Relación de Apoyos Programados del Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado el 3 de julio de 2009.

Trigésima primera relación de apoyos programados del Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado el 9 y 10 de noviembre de 2009.

Trigésima segunda relación de apoyos programados del Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado el 11 y 12 de enero de 2010.

Trigésima tercera relación de apoyos programados del Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado el 19 y 20 de abril de 2010.

Trigésima cuarta relación de apoyos programados del Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado el 1o. y 2 de junio de 2010.

El Congreso de la Unión con la intención de corregir esta injusta modificación a las reglas de operación del fideicomiso antes citado promovió un decreto para tal efecto, a saber: de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El día 10 de septiembre del año 2010 se publico en el Diario Oficial de la Federación el decreto aprobado en el Congreso de la Unión, y donde es de resaltar el artículo transitorio tercero que refiere:Los beneficiarios que ya hayan recibido un pago parcial de $4,000 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) se les deberá cubrir la cantidad restante de $34,000 (treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo a la convocatoria que el Comité Técnico publique en el Diario Oficial de la Federación.

Es conveniente resaltar que se publico en fecha 15 de septiembre del 2010 en el Diario Oficial de la Federación la lista Trigésima quinta de Apoyos Programados del Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, en donde se publica los nombres de los beneficiarios siendo un total de 1,150.

El día 8 de septiembre del año en curso esta cámara recibió del ejecutivo Federal el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2011. El monto solicitado para el fideicomiso 2106 en el proyecto de presupuesto fue de 300 millones de pesos.

En breve análisis numérico que a continuación expongo se concluye que se requiere de $ 5,110,380,000.00 (cinco mil ciento diez mil millones trescientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional)

De todo lo anterior se puede concluir que con los 300 millones que el Ejecutivo Federal solicita para el fideicomiso 2106 no son suficientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se someten a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que aumenten recursos presupuestales al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en el anexo 8 del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a la Vertiente Laboral, del Ramo 04, Gobernación, para el Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Rurales del 42 al 64.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Sergio Gama Dufour (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para continuar operando los programas Mi Tortilla, del Fondo Pyme, y de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, ambos de la Secretaría de Economía, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Norma Sánchez Romero, diputada federal por la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Economía de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 se contemplen los recursos necesarios para continuar operando el programa Mi Tortilla, del Fondo Pyme y el Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, ambos de la Secretaría de Economía del gobierno federal, con base en las siguientes

Consideraciones

1. Entorno nacional

En México, alrededor del 93 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas, muchas de ellas no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar los retos que plantean la globalización y la competitividad mundial. Actualmente, el gobierno federal centra su política de desarrollo empresarial en la atención a cinco segmentos: emprendedores, microempresas, pequeñas y medianas.

Que el sector de la industria de la masa y la tortilla representan un segmento importante para la alimentación básica de los mexicanos. De acuerdo con el censo económico que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las empresas dedicadas al ramo de tortillería representan un segmento importante dentro de las Mipymes en nuestro país como se muestra en la tabla que se menciona anteriormente, siendo el quinto rubro de giros en donde los mexicanos deciden invertir para iniciar un negocio.

El maíz es el cultivo más importante de México, forma parte importante en la dieta de los mexicanos; está presente en la elaboración de más de 4 mil productos (almidón, fructuosa, aceites, cartón, chocolates, biocombustible, alimento animal); ocupa poco más de la mitad de la superficie sembrada del país; representa casi una tercera parte del valor de la producción agrícola; y es el cuarto productor mundial después de Estados Unidos, China y Brasil. Actualmente se cosechan en México aproximadamente 20.5 millones de toneladas de maíz, cifra 17.4 por ciento superior a la producción obtenida en el 2000 (17.5 millones de toneladas).

De acuerdo con datos aportados por la Secretaría de Economía del gobierno federal, la importancia de la industria de la masa y la tortilla se puede describir a continuación con los siguientes datos:

• 69 millones de pesos en derrama económica.

• 2.2 millones de campesinos que trabajan en el sector.

• 135 mil empleos en las tortillerías

• 50 por ciento del área sembrada en México.

2. Entorno internacional

Desde hace varios años el mercado del maíz en México ha sido deficitario, la producción no alcanza a cubrir la demanda nacional por lo que se ha tenido que incrementar la importación de este producto y particularmente de Estados Unidos.

Desde finales de la década de los ochenta, México es ya un importador neto de maíz, desde entonces las importaciones han observado una tendencia creciente y particularmente la originaria de Estados Unidos. Las importaciones de maíz de México desde Estados Unidos desde 1994 se rigen por el sistema de cupos y el arancel-cuota de importación por sobre-cupo de acuerdo a lo previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Es decir, con el propósito de proteger a los bienes agropecuarios más sensibles a las importaciones, México negoció con sus socios comerciales de América del Norte el establecimiento de aranceles-cuota para los principales productos agrícolas de especial interés y sensibilidad para cada país, para los cuales se estableció un régimen de importación libre de arancel hasta cubrir determinada cuota, que una vez que se hubiera rebasado se aplicaría el cobro de elevados aranceles para frenar su importación; para el caso de México dichos aranceles se irían desgravando gradualmente en un plazo de 15 años hasta su eliminación definitiva.

3.- Situación de la industria nacional

Las tortillerías han perdido participación de mercado bajando el volumen de venta, su competitividad y ganancias considerablemente debido a:

• Alta concentración en zonas urbanas

• Crecimiento desordenado.

• Operan por debajo de su capacidad instalada.

• Prácticas desleales rezago tecnológico: alto consumo de energía, agua y gas.

• Desechos con efectos contaminantes.

• La carga de los costos en un solo producto.

• Establecimiento con mala imagen e insalubres.

• No tienen acceso al financiamiento.

• Productos sustitutos y competidores.

• Persiste la economía informal.

• Baja capacidad de administración.

• Escasa capacitación en el medio.

A principio de 2007 se agudiza el problema del mercado del maíz en México, por una parte hay una caída en la producción interna y por otra, disminuyen las importaciones, lo que, además del acaparamiento del producto en muy pocas empresas generó presiones en los precios del producto que se reflejó en el precio del producto final de la cadena, la tortilla.

El diferente precio de la tortilla entre los establecimientos del país da muestra de la desventaja de las pequeñas empresas (tortillerías) ante las cadenas comerciales que se manifiesta en su menor capacidad de negociación, lo que les reduce la posibilidad de enfrentar la presión de los distribuidores y cuyo nivel de ingresos no les permite un almacenamiento de maíz mayor a siete días, por lo que transfieren sus altos costos al consumidor.

El entorno antes referido llevó a la Secretaría de Economía a implementar el programa Mi tortilla con la finalidad de apoyar a este segmento industrial con la finalidad de alentar el incremento en su competitividad. De acuerdo con la situación que vive el sector, la Secretaría de Economía se planteó como líneas de trabajo para la Modernización de las Pymes de la industria de la masa y la tortilla, las siguientes:

• Contar con una industria moderna y ordenada.

Aumentar la rentabilidad de las tortillerías, reduciendo sus costos de producción, mediante la adopción de nuevas tecnologías en las diferentes etapas de la cadena.

• Reducir la emisión de contaminantes, así como el consumo de energía, gas y agua.

• Ofrecer un producto de mayor calidad, higiene y nutrición con precios competitivos, principalmente a aquellos que más lo necesitan.

• Aumentar la rentabilidad de las tortillerías, reduciendo sus costos de producción, mediante la adopción de nuevas tecnologías en las diferentes etapas de la cadena

De acuerdo con lo anterior, es estratégico para lograr una adecuada modernización de las tortillerías mexicanas el continuar con el apoyo a este sector destinando los recursos suficientes para continuar con su proceso de adaptación a las condiciones competitivas del mercado.

Por lo que hace al Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, este instrumento de política pública ha resultado de gran importancia para estabilizar el precio del kilo de la tortilla en beneficio de las familias más necesitadas. Asimismo, resulta útil mantener la vigencia de este Programa con la finalidad de hacer frente a los aumentos de precio, a nivel internacional, que pueda tener la tonelada de maíz.

Por otro lado, la Secretaría de Economía anunció que no existen las condiciones para que se incremente el precio de la tortilla, aunque éste ya se haya dado, y aseguró estar al pendiente con el sistema nacional de información e integración de mercados, para revisar el comportamiento del mercado de la masa y tortilla en la capital mexicana. De acuerdo con el Banco de México, el precio de la tortilla subió 8.70 por ciento desde noviembre del 2008 hasta diciembre 2009, lo que significa el doble de la inflación general registrada en ese periodo que fue de 3.86 por ciento.

En ese sentido, las estrategias que se implemente para contener el alza de este vital producto alimenticio representan una acción directa en el cuidado de la economía de los mexicanos y representa también una acción para contener los aumentos de la tasa inflacionaria de la economía en general.

Diversos factores pueden determinar los precios de la tortilla para este año 2010. Las condiciones climáticas en Brasil y Argentina podrían repercutir en incrementos mesurados de los precios del producto para enero 2011, han considerado diversos analistas del tema.

En virtud de lo anterior, propongo que se apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2011 se contemplen los recursos necesarios para continuar operando el programa Mi Tortilla, del Fondo Pyme y el Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, ambos de la Secretaría de Economía del gobierno federal.

Solicito a esta asamblea que se publique integro en el Diario de los Debates y se turne el presente punto de acuerdo como de “urgente y obvia resolución”, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Artículo 60. Ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la comisión o comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisito en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia resolución.

Notas:

1 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. México: El mercado del maíz y la agroindustria, página 7.

2 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Obra citada, página 7.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 9 de noviembre del 2010.— Diputada Norma Sánchez Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para iniciar y fortalecer obras de infraestructura y alumbrado público de San Francisco de Campeche, Campeche, a cargo del diputado Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Ignacio Seara Sierra, a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que considere recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para iniciar y fortalecer obras de infraestructura y alumbrado público del municipio de San Francisco de Campeche, Campeche, con base en los siguientes

Considerandos

El desarrollo urbano es una preocupación constante para las distintas instancias de gobierno por lo que existe el compromiso y obligación con los ciudadanos de generar la infraestructura que permita un desarrollo urbano sostenible que además se garantice en ese mismo acto su funcionalidad y dinamismo.

En el mismo sentido, el municipio de San Francisco de Campeche, Campeche, plantea la sustitución y, en su caso, construcción o mejoramiento de la red de alumbrado público municipal (250 millones 690 mil pesos), mejoramiento de la infraestructura vial, pavimentación con concreto hidráulico, drenaje, electrificación y agua potable (288 millones 382 mil 763.00 pesos) y la atención integral al sistema de drenaje pluvial y sanitario de la unidad habitacional Fidel Velázquez (62 millones 530 mil 007.00 pesos).

Las intención de fondo es proporcionar la visibilidad necesaria y adecuada para el normal desarrollo de las actividades diarias en las vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación, al igual, perfeccionar la red de saneamiento tanto en ingeniería y urbanismo, como en el sistema de tuberías, sumideros o trampas con sus conexiones respectivas que permitan un mejor y más apresurado desalojo de líquidos tanto pluviales como de desecho.

Que para cumplir con este objetivo de infraestructura, el municipio de San Francisco de Campeche requiere para el proyecto de inversión de 2011 un monto total de 827 millones 455 mil 526 pesos.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Esta soberanía hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que considere recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para iniciar y fortalecer obras de infraestructura y alumbrado público del municipio de San Francisco de Campeche, Campeche.

Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para iniciar y fortalecer obras de pavimentación y labores complementarias de San Francisco de Campeche, Campeche, a cargo del diputado Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Ignacio Seara Sierra, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 a fin de iniciar y fortalecer obras de pavimentación y labores complementarias de San Francisco de Campeche, Campeche, con base en los siguientes

Considerandos

El desarrollo urbano es una preocupación constante para las distintas instancias de gobierno, por lo que hay el compromiso y la obligación con los ciudadanos de generar infraestructura que permita un desarrollo urbano sostenible y que, además, se garantice en ese acto su funcionalidad y dinamismo.

San Francisco de Campeche proyecta una inversión para el mejoramiento de la avenida Gobernadores mediante pavimentación, alcantarillado, pozos de visita, agua potable, jardinería, obra civil, mobiliario urbano y señalamientos (43 millones 280 mil 350 pesos), el mejoramiento vial en el cruce de la avenida Miguel Alemán, Barrio de Guadalupe (23 millones 3 mil 473 pesos), el mejoramiento de la avenida Jaina, entre Caballito de Mar y avenida Benito Juárez, mediante pavimentación, guarniciones y banquetas, mobiliario urbano, red eléctrica de media tensión, alcantarillado, pozos de visita, agua potable y señalización (32 millones 683 mil 44 pesos), pavimentación de varias calles en avenida Ramón Espínola Blanco, Colonial Campeche (8 millones 41 mil 451 pesos), pavimentación de diversas calles, Campeche, entre avenida Ramón Espínola Blanco y Carretera Antigua, en Colonial Campeche (6 millones 928 mil 77 pesos), pavimentación de varias calles en la colonia Samula (3 millones 272 mil 557 pesos) y pavimentación de varias calles en la colonia Héroe de Nacozari (4 millones 132 mil 121 pesos).

Las intención de fondo es rehabilitar la carpeta asfáltica o concreto hidráulico necesario y adecuado para el normal desarrollo de las actividades diarias en las vías de comunicación; del mismo modo, perfeccionar la red de agua potable, el sistema de tuberías que permita una mejor y más apresurada distribución de agua y responder al crecimiento urbano mediante una estrategia de progresión de la red eléctrica de media tensión.

A fin de cumplir este objetivo de infraestructura, San Francisco de Campeche requiere para el proyecto de inversión de 2011 un total de 121 millones 341 mil 73 pesos.

Por lo expuesto, se pone a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Esta soberanía formula un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos para iniciar y fortalecer obras de pavimentación y labores complementarias de San Francisco de Campeche, Campeche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para continuar la construcción y el equipamiento del hospital general de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a considerar en el análisis y la formación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011 recursos para continuar la construcción y el equipamiento del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de brindar atención médica especializada y oportuna a la población demandante, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Compañeras diputadas y diputados, los ejes de política pública sobre los que se articula el Plan Nacional de Desarrollo, establecen acciones transversales que comprenden los ámbitos económico, social, político y ambiental, y que componen un proyecto integral en virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las cuales se logran los objetivos nacionales.

Dentro del plan, en su eje 3. Igualdad de Oportunidades, se establece que “La finalidad de la política social de esta administración es lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. Para conducir a México hacia un desarrollo económico y social sustentable hay que resolver a fondo las graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente las condiciones de quienes viven en la pobreza, es decir, casi la mitad de la población”.

“Sólo una economía competitiva será capaz de generar más empleos y oportunidades de mayores ingresos para un mucho mayor número de mexicanos. Al mismo tiempo, sólo asegurando la igualdad de oportunidades en salud, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos, las personas podrán participar activamente en esta economía dinámica y aprovechar los beneficios que ésta les ofrece”.

El plan en comento también señala que existen importantes desafíos por superar derivados principalmente de la transición demográfica y de la desigualdad económica. Esta desigualdad, expresada en la dimensión de la salud de las personas, puede distinguirse también entre regiones. Un ejemplo, en 2006 la tasa de mortalidad infantil en el estado de Nuevo León fue de 10.2 fallecimientos por cada mil niños nacidos, mientras que en Guerrero fue cercana a 25. En el año 2005, el porcentaje de muertes en menores de cinco años causadas por enfermedades infecciosas fue de 5.1 por ciento en Aguascalientes, mientras que llegó a representar 24 por ciento en Chiapas durante el mismo año.

Si bien, de conformidad con el informe de las Naciones Unidas, dado a conocer el 23 de junio de 2010, los adelantos en salud infantil y la igualdad entre los sexos encabezan los progresos logrados en la región de América Latina y el Caribe respecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en materia de salud aún se tienen retos por alcanzar.

De conformidad con la Organización Mundial de la Salud, en el documento titulado “Estrategia de Cooperación”, los estados más pobres están ubicados en el sur del país, tienen la mayor concentración de población rural e indígena y las más altas tazas de prevalencia y mortalidad por causas prevenibles. En este contexto, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz presentan los más altos índices de marginación.

Al respecto, agrega que la mortalidad infantil muestra una tendencia a la disminución, los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentan tasas altas y en los niños indígenas la mortalidad es mayor.

En este orden de ideas, señala que la mortalidad materna entre 1990 y 2003 pasó de 89.0 a 65.2 por 100 000 nacidos vivos. Las principales causas de defunción siguen asociadas a hipertensión, hemorragias y otras complicaciones del parto que podrían evitarse focalizando esfuerzos en áreas de mayor riesgo, en especial en zonas rurales e indígenas y las enfermedades transmisibles muestran una tendencia decreciente, en el año 2004 se presentaron 3406 casos de paludismo (principalmente en Chiapas, Oaxaca y Sinaloa) y 8202 casos de dengue.

De conformidad al II Conteo de Población y Vivienda 2005, en el estado de Chiapas, la población derechohabiente en 2005 era de 861,443, con una población total de 4,293,459 habitantes y con una población no derechohabiente de 3,278,815.

Es de destacar que en el estado de Chiapas, los índices de desarrollo humano y el acceso a los servicios de salud crecen de manera importante, mientras que la mortalidad materna e infantil disminuyen, demostrando que la entidad está avanzando. Además, Chiapas trabaja con base en la política pública trazada por la Organización de las Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues ello implica reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, disminuir la mortalidad por SIDA y reducir la incidencia de las enfermedades del rezago.

Con la construcción y el equipamiento del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez se dispondrá de 180 camas, se contará con servicios de consulta externa, farmacia, archivo clínico, enseñanza, hospitalización pediatría, neonatos, ginecobstetricia, hospitalización de cirugía general, hospitalización de medicina interna, geriatría, inhaloterapia, centro de transfusión, imagenología, laboratorio clínico, urgencias, observación, unidad quirúrgica y de tococirugía, cirugía ambulatoria, endoscopia y colposcopía, unidad de cuidados intermedios e intensivos, anatomía patológica y servicios generales; beneficiándose a 539,849 habitantes.

Es por ello la necesidad de que en el Presupuesto de Egresos de 2011 se asignen recursos al Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de seguir cumpliendo cabalmente los trabajos hasta ahora realizados en la materia.

Por lo anterior expuesto, y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, y con el propósito de brindar atención médica especializada y oportuna a la población demandante, presento ante esta soberanía para su aprobación el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el análisis y conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se consideren recursos para continuar la construcción y el equipamiento del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez.

Notas:

1. Plan Nacional de Desarrollo,

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/desarrollo-humano/desc ripcion-de-los-cinco-ejes.html

2.Ibidem.

3. Ibidem.

4.Ibidem.

5.http://www.cinu.mx/minisitio/informe2010/america_la tina/

6.

http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_me x_es.pdf

7. Ibidem.

8. Ibidem .

9.Nota: La suma de la población derechohabiente en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total de derechohabientes, ya que hay población que tiene derecho a más de una institución de salud.

10. Ibidem

11. http://www.salud.chiapas.gob.mx/?menu=noticias&id=469

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para continuar la construcción y equipamiento del Hospital Universal de Reforma, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el análisis y la formación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011 recursos continuar la construcción y el equipamiento del Hospital Universal de Reforma,con el propósito de incrementar la infraestructura de salud, proporcionar mayor cobertura y atención a la población, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, en el eje 2, “Desarrollo social y combate a la desigualdad”, señala que

El nuevo quehacer en salud ha reconocido la importancia de incorporar el medio ambiente y los estilos de vida como determinantes de la salud y define como nuevas tareas: la reorientación de las acciones sanitarias hacia la promoción y educación en salud, la prevención de las enfermedades y la investigación. Por otra parte los grandes problemas en cuanto a la efectividad, eficiencia y equidad de los servicios obligan a reorientar o reemplazar los métodos de administración y gestión, en busca de políticas de salud adecuadas a los grupos poblacionales y a los verdaderos riesgos de enfermar y morir, sin dejar de lado los factores causales de los mismos riesgos y daños.

La atención a la salud ha sido considerada prioritaria en el contexto de la política social del nuevo gobierno constitucional 2006-2012 del estado de Chiapas; la oferta en salud que identifica y determina la factibilidad técnico-financiera está dada por las instituciones adscritas o vinculadas al sector salud del estado de Chiapas.

Todas las acciones que se realicen tendrán como premisas de trabajo la incorporación de la demanda específica de cada comunidad; la participación de sus propios pobladores para la realización de las acciones; el manejo oportuno de las enfermedades y la mitigación de los riesgos a la salud; todo esto a través de un modelo de atención universal, el plan maestro de infraestructura de salud y acciones dirigidas a la prevención de enfermedades.

En los albores de la década de los setenta, la seguridad social en nuestro estado era sólo privilegio de algunos trabajadores que, afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, tenían acceso a esquemas de protección. Los trabajadores del gobierno del estado aún estaban lejos de ser sujetos efectivos de derecho de un sistema integral de seguridad social.

Actualmente en el estado de Chiapas, el acceso a los servicios de salud ha crecido de manera importante, mientras que la mortalidad materna e infantil disminuye, lo que demuestra que la entidad está avanzando. Chiapas va por buen camino y muestra de esto es que recientemente el gobernador del estado fue merecedor de un reconocimiento por parte de Naciones Unidas por el esfuerzo realizado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Hoy por hoy en la entidad se vive una progreso significativo en materia de salud, en virtud de que tan sólo en 2009 y 2010 se invirtieron más de tres mil millones de pesos en infraestructura, lo que ha permitido construir más de la mitad de hospitales que en toda la historia del estado.

De conformidad con la Organización Mundial de la Salud, en el documento titulado Estrategia de cooperación, los estados más pobres están ubicados en el sur del país, los cuales tienen la mayor concentración de población rural e indígena y las más altas tazas de prevalencia y mortalidad por causas prevenibles. En este contexto, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz presentan los más altos índices de marginación.

Si bien, de conformidad con el informe de las Naciones Unidas, dado a conocer el 23 de junio de 2010, los adelantos en salud infantil y la igualdad entre los sexos encabezan los progresos logrados en la región de América Latina y el Caribe respecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en materia de salud aun se tienen retos por alcanzar.

En este contexto, con la construcción y el equipamiento del Hospital Universal de Reforma se busca el objetivo de brindar atención médica especializada, con una infraestructura avanzada en materia de recursos humanos y tecnológicos; equipado con 30 camas y los espacios para la prestación de servicios de admisión hospitalaria, quirófano-tococirugía, hospitalización, adultos, imagenología, transfusión sanguínea, consulta externa y servicios generales, entre otros, beneficiando con ello a 34 mil 896 habitantes, con una población no derechohabiente (2005) de 22 mil 689.

En virtud de lo anterior expuesto, es la necesidad de que en el Presupuesto de Egresos de 2011 se asignen recursos al Hospital Universal de Reforma, con el objetivo de seguir cumpliendo cabalmente los proyectos hasta ahora programados en la materia en comento.

Por lo expuesto, y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, y con el propósito de brindar atención médica especializada y oportuna a la población demandante, presento ante esta soberanía para su aprobación el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el análisis y conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para continuar la construcción y el equipamiento del Hospital Universal de Reforma.

Notas:

1 a 4 http://www.chiapas.gob.mx/media/plan/EJE2.pdf

5y 6 http://www.salud.chiapas.gob.mx/?menu=noticias&id=469

7 http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_mex_es.pdf

8 http://www.cinu.mx/minisitio/informe2010/america_latina/

9 INEGI, segundo Conteo de Población y Vivienda 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para concluir el equipamiento y parte de la obra civil de la planta de biodiesel en Tapachula, Chiapas, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el análisis y conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la conclusión del equipamiento y parte de la obra civil de la planta de biodiesel en Tapachula, Chiapas, con el objetivo de proteger el medio ambiente, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Compañeras diputadas y diputados: los ejes de política pública sobre los que se articula el Plan Nacional de Desarrollo establecen acciones transversales que comprenden los ámbitos económico, social, político y ambiental, y que componen un proyecto integral en virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las cuales se logran los objetivos nacionales.

Dentro de este plan, en su eje 4. Sustentabilidad Ambiental,establece que:

“La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Solo así se puede alcanzar un desa-rrollo sustentable. Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza.”

“Es momento de convertir la sustentabilidad ambiental en un eje transversal de las políticas públicas. México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección del ambiente. Es necesario que el desarrollo de nuevas actividades económicas en regiones rurales y semirrurales contribuya a que el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles. Todas las políticas que consideran la sustentabilidad ambiental en el crecimiento de la economía son centrales en el proceso que favorece el Desarrollo Humano Sustentable.”

En concordancia con lo anterior, es necesario privilegiar la protección al medio ambiente y el uso duradero de los recursos naturales y en consecuencia, lograr un desarrollo sustentable.

En este contexto, cobra relevancia el programa Chiapas Bioenergético, uno de los programas de enorme importancia para el estado, el cual tiene como propósito el establecimiento de plantaciones, extracción de aceite y aplicación de tecnologías para la producción de biodiesel.

El desarrollo del mundo moderno y su proceso industrial se basó en el aprovechamiento de combustibles fósiles, el carbón y el petróleo; ellos, de relativamente fácil obtención, bajo costo de producción y fácil transporte, ocasionando el desplazo de otras fuentes de energía. En nuestros días, la posible extinción a mediano plazo del abastecimiento de reservas fósiles, una mayor conciencia ambientalista y la realidad concreta del deterioro del medio ambiente han modificado la situación y reactivaron la búsqueda de combustibles más amigables el medio ambiente.

“Las plantas de biocombustibles, se enmarcan adecuadamente para el cumplimiento de estos propósitos, dando la posibilidad al agro de sumar un nuevo rol aparte de ser el proveedor de alimentos a la población y el sostenimiento de la balanza comercial, permite también desa-rrollar inversiones en programas y proyectos donde el uso de la tecnología ayude a mitigar la pobreza y coadyuve a recuperar el equilibrio ecológico. En Chiapas, se han sentado las bases para desarrollar una plataforma productiva a 2012 de 20 mil hectáreas de piñón (Jatropha curcas L.), cultivo que por sus características de rusticidad y resistencia es apto para establecerse en más de 20 municipios de las regiones socioeconómicas Centro, Fronteriza, Frailesca, Sierra e Istmo costa.”

Es de resaltar que desde el inicio del programa en el año 2007, se socializo el desarrollo de las plantaciones y alrededor de 3 mil productores de 166 localidades se organizaron para conformar 20 sociedades cooperativas e integrar la Unión de Sociedades Bioenergéticas, misma que en 2008 y 2009 establecieron las primeras 10 mil hectáreas, de las cuales, en 2010, 3 mil hectáreas inician la fase productiva, obteniendo así la materia prima para extraer aceite y convertirlo a Biodiesel.

Actualmente, el biodiesel se obtiene de la palma africana y de aceites vegetales usados, se destina a las siguientes áreas:

• Abastecimiento de 113 unidades del servicio de transporte público urbano, de las rutas 1 y 2, Conejo Bus de la capital del estado Tuxtla Gutiérrez.

• Y de las rutas 3 y 4 de Tapachula Tapachultecobus, vehículos que utilizan una mezcla B5, destacando en esta flotilla de camiones, una unidad que utiliza desde el mes de abril de este año 100% biodiesel.

Lo anterior, en virtud de la instalación de dos plantas de biodiesel, la primera en Tuxtla Gutiérrez, de tecnología sueca, con capacidad de procesar 2 mil litros diarios y la segunda planta ubicada en Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula, allí, se han instalado 2 módulos, uno de tecnología México – Colombia y cuenta con la capacidad de procesar 8 mil litros diarios, le complementa un módulo Ingles, con capacidad de 20 mil litros diarios. Es de destacar que, en conjunto, el programa Chiapas Bioenergético cuenta ya con una capacidad instalada de producción de 30 mil litros al día.

Programas como el anteriormente detallado, permite contribuir a la protección del medio ambiente, mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de todos, especialmente de aquellos que viven en la pobreza, generan fuentes de trabajo, el desarrollo tecnológico y aumentan la competitividad de la región.

Al respecto, es de destacar que la Constitución Política del Estado de Chiapas es la primera en incluir la obligación de cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, siendo uno de ellos “erradicar la pobreza extrema y el hambre”.

De conformidad con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Chiapas ocupa el primer lugar en rezago social en el país (2005).

Por su parte, el Consejo Nacional de Población, señala que en base a los resultados de la estimación del índice de marginación para el año 2005, se aprecia que Guerrero, Chiapas y Oaxaca son las entidades federativas con grado de marginación muy alto, donde viven 10.9 millones de personas.

Sin embargo, las necesidades de inversión para generar mayor desarrollo y mejores políticas públicas de combate a la pobreza en el estado de Chiapas son muchas. Es por ello la necesidad de que en el Presupuesto de Egresos 2011 se asignen mayores recursos con el objetivo de seguir cumpliendo los trabajos hasta ahora realizados en la materia.

Por lo anterior expuesto, y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, y con el objeto de proteger el medio ambiente, presento ante esta Soberanía para su aprobación el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el análisis y conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se consideren recursos para la conclusión del equipamiento y parte de la obra civil de la planta de biodiesel en Tapachula, Chiapas.

Notas:

1 Plan Nacional de Desarrollo,

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/desarrollo-humano/descrip cion-de-los-cinco-ejes.html

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Biodiesel Chiapas, Instituto para la Reconversión Productiva y la Agricultura Tropical, Secretaría del Campo, Gobierno del Estado de Chiapas.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Índice de marginación 2005, http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/margina2005/IM2005_principal.pdf, p. 27.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para continuar la construcción de la ciudad rural sustentable del Soconusco, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el análisis y conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la construcción de la Ciudad Rural del Soconusco, con el objetivo de incidir en el desarrollo regional y ordenamiento territorial para enfrentar los problemas de marginación, pobreza y la dispersión poblacional, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad con el Consejo Nacional de Población...“en términos de la distribución territorial de la población, persiste un importante número de personas que reside en localidades menores de 5 mil habitantes (29.9 millones), quienes representan 29 por ciento de la población del país, proporción apenas dos puntos porcentuales menor a la registrada en el año 2000. De hecho este es el indicador de marginación que presenta el menor de los descensos en términos relativos, con una disminución de tan sólo 6.4 por ciento, lo que coloca a la dispersión y el aislamiento geográfico como una de las principales dificultades para la integración de las pequeñas comunidades a los procesos de desarrollo”.

Es indudable que la dispersión y el aislamiento geográfico de un importante número de asentamientos rurales del país, constituye una de las principales dificultades para el acceso equitativo de la población a las oportunidades de desarrollo económico y social; los habitantes de localidades dispersas, en un alto porcentaje son indígenas y presentan rezagos en educación, salud, entre otros.

“Como se mencionó anteriormente, la proporción de personas que vive en localidades menores de 5 mil habitantes apenas se redujo en dos puntos porcentuales durante el quinquenio 2000-2005, lo que sigue siendo un reto para las políticas públicas, dado que 3 de cada 10 habitantes del país residen en localidades de este tamaño. Las situaciones más críticas persisten en seis entidades federativas: Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Zacatecas y Guerrero, donde, al igual que en el año 2000, más de la mitad de la población continúa viviendo en localidades con menos de este número de habitantes. Asimismo, en otros ocho estados: Veracruz, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Durango y Querétaro, esta proporción se ubica entre cuatro y cinco de cada diez personas.”

La dispersión que presenta el estado de Chiapas es la siguiente:

• El estado cuenta con 19,386 localidades.

• 19, 237 localidades con menos de 2500 habitantes.

• 14, 346 localidades con menos de 100 habitantes (74%).

• 12, 561 localidades con menos de 50 habitantes (65%).

En este contexto, dentro del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, en su Eje 2. Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, establece que el antídoto contra la dispersión de localidades son las Ciudades Rurales, el cual es un proyecto que el gobierno del estado planea con un enfoque territorial, a efecto de enfrentar el reto del binomio dispersión-marginación, cuyos objetivos son: generar procesos de planeación territorial participativa con una visión de corresponsabilidad gobierno y sociedad en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales; también disminuir las condiciones de pobreza y exclusión social, potencializando el impacto del gasto social; asimismo, incidir en el problema de la dispersión poblacional, desarrollando ciudades rurales intermedias, constituyendo modelos ejemplares a replicar en otras partes de México.

El objetivo general de las Ciudades Rurales Sustentables será incidir en el desarrollo regional y ordenamiento territorial para enfrentar los problemas de marginación, pobreza y la dispersión poblacional y atender a la población afectada por fenómenos climáticos, proporcionando servicios de calidad, equipamiento y oportunidades económicas y de desarrollo social y humano, y los objetivos específicos:

• Crear un subsistema de ciudades en zonas rurales estratégicas para adecuar la distribución territorial de la población a las potencialidades de desarrollo regional.

• Concentrar a localidades dispersas que habitan en zonas de riesgo, para hacer posible la dotación de servicios básicos, favorecer gobernanza y cohesión social.

• Generar proyectos productivos con empleos dignos y remunerados.

• Contribuir a mitigar el deterioro ambiental y la destrucción de los ecosistemas y la biodiversidad.

Con la construcción de la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijalva, se establecieron 410 familias provenientes de 11 localidades dispersas y la población afectada por los frentes fríos número 2 y 4 del 2007. Por otra parte, con la Ciudad Rural Santiago El Pinar, se mejorarán las condiciones de vida de 453 familias.

En este orden de ideas, con la construcción de la Ciudad Rural Sustentable del Soconusco, proveerá de servicios básicos, de salud, de ecuación, de vivienda y de proyectos productivos a las comunidades localizadas bajo la cota 5 que, año con año se inundan. Por ello se propone reubicar a 3500 habitantes de los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla y Villacomaltitlán.

Compañeras diputadas y diputados, en este tenor, resulta importante destacar que el desarrollo regional permitirá ocuparse de las regiones diferenciadas y de sus características y problemáticas particulares sin perder la perspectiva nacional.

Sin duda, un presupuesto con enfoque regional contribuirá a la aplicación de programas, acciones y medidas más eficaces para combatir la pobreza, el desempleo, la desigualdad social, la marginación y a aumentar la competitividad de la región.

En virtud de lo anterior, es indudable que requerimos enfoques que miren al país en el largo plazo, es imperativo plantear el fortalecimiento del desarrollo a nivel regional, y con dificultad podremos avanzar en este sentido si no privilegiamos el presupuesto para el desarrollo social.

Se necesita asignar mayores recursos a las zonas más pobres del país, pero también, brindarle certidumbre a la población de que los diferentes órdenes de gobierno invierten dichos recursos de manera eficiente y con un solo propósito: erradicar la pobreza y generar en consecuencia un mayor bienestar.

Por lo anterior expuesto, y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, y con el objeto de incidir en el desarrollo regional y ordenamiento territorial para enfrentar los problemas de marginación, pobreza y la dispersión poblacional, presento ante esta Soberanía para su aprobación el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el análisis y conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se consideren recursos a la construcción de la Ciudad Rural Sustentable del Soconusco.

Notas:

1 Índices de marginación 2005, http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/margina2005/IM2005_principal.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Programa de Ciudades Rurales Sustentables, Instituto de Población y Ciudades Rurales, Gobierno del Estado de Chiapas.

5 http://www.chiapas.gob.mx/plan

6 Op. cit., 4.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere un anexo de seguimiento a los recursos asignados para la atención de grupos vulnerables, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal María Joann Novoa Mossberger, en nombre propio y de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, para solicitar que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incorpore en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 un anexo para el seguimiento de los recursos asignados a la atención de los grupos vulnerables, bajo las siguientes

Consideraciones

Cuando se habla de vulnerabilidad por lo general nos referimos a una persona, grupo o comunidad que por diversas circunstancias se encuentran en situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas y condiciones que plantea la vida cotidiana, así mismo no cuentan o están limitados a acceder a los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.

En este sentido, la vulnerabilidad ubica a quien la vive en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y los margina, de tal suerte que se consideran como los miembros más débiles de la sociedad, razón por la cual tanto el Estado como la sociedad civil son corresponsables de apoyar, orientar y trabajar para que este grupo de personas conozcan sus derechos, los medios para hacerlos valer y posean los recursos necesarios para acudir ante los sistemas de justicia.

Cierto es que existen esfuerzos tanto del gobierno como de la sociedad civil para contrarrestar esta situación, sin embargo hay que seguir encausando acciones para abatir esta problemática de manera conjunta y sin titubeo alguno.

Es inquietante ver que existen personas con alguna discapacidad se tienen que quedar en sus casas o en ocasiones ni siquiera están integrados a la vida, porque no hay condiciones para un libre desplazamiento, para que accedan a los inmuebles públicos como museos, hospitales, escuelas, o bien que haya maestros capacitados para atenderlos y dar una educación inclusiva, entre muchas más. La discapacidad, actualmente, es normada mediante la Ley General de las Personas con Discapacidad, que tiene por objeto establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad, sin embargo, se tiene que actualizar y adecuar a los instrumentos internacionales que México ha suscrito.

En materia de infancia, se ha reformado Nuestra Carta Magna en aras de reconoce los derechos del niño como conjunto específico y autónomo, derivado de ello, se tiene la Ley para la protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, esto ha permitido iniciar un proceso de creación de leyes en las entidades federativas del país para que emitan sus propias leyes en la materia e ir acordes al lenguaje de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, suscrito hace 20 años por México, sin embargo, estamos comprometidos a orientar nuestra labor para hacer efectivo su cumplimiento y tener un mejor orden jurídico acorde a la realidad social en beneficio de la niñez mexicana.

Los hombres y mujeres de 60 años de edad en nuestro país, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población, entre 2005 y 2050 se incrementará en alrededor de 26 millones de personas, por lo que el trabajo a favor de las personas adultas mayores se vuelve prioritario.

Por lo anterior, preocupados y ocupados por que las personas en situación de vulnerabilidad, a través de acciones de gobierno y sociedad, tengan lo justo y necesario para que vivan mejor, los legisladores a partir del ejercicio fiscal 2008 se han abocado a la tarea de incorporar un anexo que integre los programas dirigidos a Grupos Vulnerables a fin de dar seguimiento de estos, así se ha aprobado en 2008 un anexo número 26, para 2009 se incorporó el anexo 28, mismo que para 2010.

Además del anexo se tuvo un gran avance en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de los años referidos, ya que se estableció un artículo transitorio con el objeto de que el Gobierno Federal promueva políticas públicas con una perspectiva de discapacidad en especial en el orden estatal y municipal con el propósito de alcanzar una plena igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su familia.

Es importante destacar que se ha trabajado para llegar a consensos y obtener logros relevantes en beneficio de los grupos de la sociedad que están menos favorecidos, por lo que debemos preservar esta dinámica y seguir velando por este interés primordial.

En este orden de ideas, la presente proposición tiene como objetivo que se fortalezcan y mantengan las conquistas que se han dado en los presupuestos fiscales anteriores y para el ejercicio 2011 se propone el siguiente anexo

Ramo/ Programa/Unidad responsable

Ramo 04, Gobernación

EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación

Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos

Ramo 05 Relaciones Exteriores

Programa de protección y asistencia consular

Ramo 11 Educación

Atención educativa a grupos en situación vulnerable en Educación Básica

Atención educativa a grupos en situación vulnerable en Educación Media Superior

Atención educativa a grupos en situación vulnerable en Educación Superior

Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes

Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa

Educación para personas con discapacidad (Servicios concurrentes)

Educación para personas con discapacidad (Educación Superior)

Programa de Escuela Segura

Ramo 14 Secretaria del Trabajo y Previsión Social

Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral

Ramo 12 Salud

Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad

Programas de Atención a Personas con Discapacidad

Instituto Nacional de Rehabilitación

Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia

Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

Hospital Infantil de México Federico Gómez

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

Centros de Integración Juvenil, AC

Instituto de Geriatría

Instituto Nacional de Pediatría

Seguro Médico para una Nueva Generación

Programa Prevención y Atención de VIH/sida y otras ITS

Ramo 20 Desarrollo Social

Coinversión Social

70 y Más

Estancias Infantiles

Atención a Jornaleros Agrícolas

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

La propuesta anterior es una base para que la Comisión de Presupuesto, establezca un anexo mucho más amplio en programas presupuestarios y erogaciones administrativas para los grupos vulnerables con la finalidad de hacer seguimiento del gasto destinado para este sector.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incorpore en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, un anexo que incluya los montos, los ramos, unidades responsables y programas a través de los cuales se dirigirá la atención a los grupos vulnerables, tomando como base la propuesta que se hace en el cuerpo de la presente proposición.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo a fin de que en lo sucesivo, se considere en el Proyecto de Presupuesto de Egresos un anexo que incorpore programas presupuestarios y erogaciones administrativas para los grupos vulnerables con la finalidad de hacer seguimiento del gasto destinado para estos sectores de la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputados: Carlos Bello Otero, Yolanda del Carmen Montalvo López, María Joann Novoa Mossberger, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Ana Elia Paredes Árciga, Laura Margarita Suárez González, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos al programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implantación y mejora de la operación del Sistema Integral de Administración Consular, operado por la SRE, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Jesús Ramírez Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que en el presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen los recursos presupuestales necesarios al programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con base en las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con el artículo 5 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, los consulados están obligados a proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional, así como entre otras varias cosas, debe extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía, y visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho Estado.

Esta disposición forma parte de las obligaciones que tiene el Estado mexicano para con los mexicanos, y para cumplir con dicho mandato, es que fue creado el Sistema Integral de Administración Consular que sustituyó al Sistema de Información Consular (SIC), y que entre sus objetivos se encontraba el cubrir las carencias en materia de validación y centralización de información del sistema anterior, otorgándole al proceso de emisión de matrículas, toda la seguridad y confiabilidad que requiere para considerarse como documentos y procedimientos de alta seguridad, y el cual durante varios años la Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con los Consulados de México en el extranjero había tratado de consolidar, y para lo cual, el presupuesto que se asignara era de vital importancia para culminar con su implementación.

Ahora, se destaca como un logro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la conclusión de la instalación del Sistema Integral de Administración Consular (SIAC) en todas las representaciones de México en el mundo el 31 de marzo de 2010.

A través de este sistema se expiden matrículas consulares de alta seguridad, pasaportes, visas de lectura electrónica, cartillas de identidad del servicio militar nacional y declaratorias de nacionalidad.

Este sistema se nutre, además, con la información que le es suministrada por las delegaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en México las cuales ingresan de manera electrónica las autorizaciones de internación, gracias a la interconexión entre el SIAC y el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios.

Como sabemos, el trámite de expedición de pasaportes en territorio nacional es considerado como uno de los de mayor demanda entre la población, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el último año, ha realizado esfuerzos importantes para facilitar este trámite a la ciudadanía, y ha emitido tanto en el territorio nacional, como en la red consular de México en el mundo, aproximadamente 1 millón 635 mil 411 pasaportes, así como también se han expedido 284 documentos de nacionalidad.

La anterior cifra nos muestra la importancia de que nuestro país cuente con una infraestructura informática que le permita constatar la identidad de las personas nacionales y extranjeras que tramiten ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, o ante sus representaciones en el extranjero, alguno de los documentos que la misma expide como lo son los pasaportes, las visas y las declaratorias de nacionalidad.

Sin embargo, encontramos que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, no se le asignaron recursos a este rubro, toda vez que en el apartado de Programas y Proyectos de Inversión registrados sin asignación de recursos en el 2011, aparece el programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular, por lo que afecto de dar continuidad a la debida implementación y funcionamiento de este sistema se estima oportuna la asignación de recursos a tan importante rubro.

Es por todo lo anterior, que me presento ante esta soberanía para presentar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de Unión a destinar, en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, los recursos presupuestales necesarios al programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010. — Diputado Jesús Ramírez Rangel (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para rescatar los ríos Magdalena y Eslava, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura, del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la LXI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011 una partida dirigida al rescate de los ríos Magdalena y Eslava según los siguientes:

Antecedentes

1. El río Magdalena, de aproximadamente 20 kilómetros de longitud, se localiza al surponiente del Distrito Federal y es el escurrimiento con mejor estado de conservación de la entidad. Su flujo es permanente y alcanza un promedio de 1 metros cúbicos por segundo con picos y, en temporada de lluvias, de hasta 20 metros cúbicos por segundo; sin embargo, solamente una quinta parte del caudal se aprovecha y el resto se desperdicia vía el sistema de drenaje capitalino. Lo anterior impacta principalmente a La Magdalena Contreras que, teniendo la posibilidad de autoabastecerse, no lo logra y debe utilizar agua proveniente del río Lerma y Cutzamala.

Gran parte de su cuenca está localizada en zona de reserva ecológica, pero una amplia superficie de ésta se encuentra en proceso de avanzada deforestación y degradación ambiental. La zona es frecuentemente invadida y la mancha urbana amenaza con extenderse sobre ésta. Si bien las aguas río arriba se encuentran limpias, presenta severa contaminación en sus partes media y baja, debido a numerosas e indebidas descargas de aguas residuales y depósitos de basura a lo largo de su cauce.*

Las múltiples e intensas presiones sobre la cuenca y el cauce del río Magdalena, comprometen su sobre vivencia según se ha detallado en estudios realizados por especialistas. De ahí los esfuerzos por el gobierno de la ciudad para lograr su plena rehabilitación, que como se ha señalado, es todavía posible.

En ese sentido, “su rescate implica salvar, para las generaciones futuras, un muy importante patrimonio natural, que puede aportarle a la Ciudad de México un caudal significativo de agua y, a la vez, prestarle notables servicios ambientales, al hacer posible disponer de amplias zonas verdes de gran potencial turístico y también productivo. El río corre a lo largo de cuatro delegaciones del Distrito Federal (sobre todo por La Magdalena Contreras), catorce colonias y cinco núcleos agrarios; de ahí también su gran importancia socioeconómica”.*

De conformidad con lo señalado por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, el programa de salvamento de los ríos Magdalena y Eslava será integral y, por tanto, a largo plazo, y definirá las acciones a llevar a cabo hasta 2012, para lo cual en septiembre de 2007 se inició la primera etapa, que concluyó en junio de 2008, con una asignación presupuestal para este ejercicio de 43 millones de pesos, una vez terminada la primera etapa del programa, en la que el plan maestro, así como los estudios de apoyo, arrojaron resultados que dieron un diagnóstico de la situación actual de las microcuencas; se comenzaron a priorizar las acciones para lograr un rescate integral de la zona de actuación. Para ello se tomaron en cuenta los programas y subprogramas del plan maestro, lo que llevó a dividir las acciones del programa para 2009 en tres vertientes: acciones de conservación de la parte alta de las microcuencas, acciones de saneamiento hidráulico, y recuperación de espacios públicos.

Objetivos particulares 2007-2012

Ambientales

• Elaborar el plan maestro del rescate integral de las cuencas de los ríos Magdalena y Eslava.

• Elaborar el plan maestro de rescate integral de la cuenca del río Eslava.

• Sanear los cuerpos de agua de los ríos Magdalena, Eslava y Del Rosal.

• Contar con planes integrales de manejo para la parte alta de las cuencas de estos ríos.

• Dar mantenimiento a las reforestaciones anteriores.

• Propiciar la retención de suelo en la parte alta de las cuencas.

• Incrementar los índices de humedad de la masa forestal por medio de la construcción de un conjunto de obras civiles que favorezcan la recarga de los acuíferos, la retención del agua y la disminución de la velocidad del torrente hidráulico.

• Fortalecer los programas de vigilancia y de prevención y combate de incendios.

Urbanos

• Definir la mejor práctica para el replanteamiento del sistema hidráulico asociado a los ríos Magdalena, Eslava y Del Rosal, especialmente por lo que se refiere al sistema de drenaje.

• Recuperación de áreas para espacios públicos.

• Revisión de la estructura de vialidades y accesos a lo largo del cauce, a fin de reducir el efecto ambiental.

• Diseñar y aplicar medidas de contención de la mancha urbana.

• Promover sistemas de transporte sustentable.

Participación ciudadana

• Formación del grupo promotor del rescate del río Magdalena, con la participación de ciudadanos y de organizaciones interesados en la tarea.

• Acopio e inventario de la información existente. • Organización de encuentros, talleres, cursos, foros, consultas ciudadanas y portal de Internet con el propósito de impulsar la participación ciudadana en el diseño y ejecución del proyecto.

• Diseño y realización de una campaña de difusión sobre las características del proyecto

• Formación de un grupo promotor.

• Formar un inventario de proyectos sustentables y de alto impacto social y socioeconómico.

• Impulso a proyectos de producción, agricultura orgánica y actividades de bajo impacto ambiental.

• Promoción de empleos vinculados a las tareas de rescate hídrico, ambiental y paisajístico.

• Fomentar las actividades de desarrollo social de los núcleos agrarios en las cuencas de los ríos Magdalena y Eslava.

• Proponer ecotecnias para el uso sustentable de los recursos y la limpieza del agua.

• Fomento de actividades ecoturísticas y deportivas.

• Promover campañas de educación ambiental y fomentar la participación ciudadana al proyecto.

Considerando

Primero. El investigador Manuel Perló, doctor en planeación urbano-regional, quien encabeza el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad de México de la UNAM, explica: El rescate de un río va más allá de la limpieza del agua que corre por su cauce. Es igualmente importante el aprovechamiento del agua de lluvia o pluvial, la conservación de las aguas subterráneas y el tratamiento de agua residual. Las aguas tratadas, por un lado, evitan la contaminación del río y, por otro, permiten un ahorro de agua potable, dado que se pueden emplear para regar áreas verdes, lavar vehículos y satisfacer la demanda de agua en la industria de la construcción, entre otros usos.

Para esto se tiene que trabajar en todos los elementos del sistema hídrico, principalmente en el bosque y el suelo como los grandes productores y filtradores de agua. También resulta relevante proteger la fauna local eimplantar acciones dirigidas a mejorar la educación ambiental de los habitantes.

Segundo.En virtud de lo anterior y de la importancia que significa el rescate del único río vivo de la capital del país, que, como ya se menciono en líneas anteriores, es de suma importancia ya que si es utilizado correctamente podrá suministrar de agua a la ciudad, viniendo a reforzar la distribución del río Lerma y Cutzamala, trayendo consigo un sin número de beneficios más, y no obstante el esfuerzo del gobierno de la Ciudad de México que implantó desde 2007, el Programa de Rescate Integral de los Ríos Magdalena y Eslava, es necesario que se etiquete desde este órgano legislativo una partida presupuestaria adicional para este fin, ya que de esa forma estaremos posibilitando que este proyecto rinda frutos en un menor plazo, en beneficio directo de miles de ciudadanos de la capital.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la LXI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011 una partida de 200 millones de pesos dirigida al rescate de los ríos Magdalena y Eslava.

Notas:

* Información obtenida de la página de Internet de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010. — Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para crear un centro de salud avanzada en San Nicolás Totolapan, de La Magdalena Contreras, Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta LXI Legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 una partida destinada a la creación de un centro de salud avanzada en el pueblo de San Nicolás Totolapan en la delegación La Magdalena Contreras, bajo los siguientes

Antecedentes

1. La instalación de un centro de salud o pequeña clínica con capacidad para atender las necesidades de servicios de salud en la zona alta de la delegación La Magdalena Contreras, la cual atenderá a la población que se encuentra asentada en las comunidades de El Gavillero, Ixtlahualtongo, Cazulco, Subestación, Tierra Colorada, Las Huertas y el propio pueblo de San Nicolás Totolapan en La Magdalena Contreras, por mencionar comunidades que se encuentran listadas como de alta y muy alta marginación.

2. En este mismo orden de ideas, destaca la existencia de un predio que se ubica en la calle Benito Juárez esquina Reforma, a un costado del kiosco del pueblo de San Nicolás y dentro de la zona del centro de barrio, cuya ubicación es privilegiada y equidistante a diversas comunidades contrerenses y que puede ser optimizado su destino a través de la utilización, habilitación y equipamiento de un inmueble existente, que actualmente es administrado por la delegación La Magdalena Contreras, órgano político administrativo que puede optimizar el servicio para que se tenga una clínica de salud avanzada.

3. Cabe señalar que actualmente dicho inmueble es destinado, en el primer nivel, a funcionar como biblioteca, y la planta baja es usada para dos consultorios dentales y dos consultorios de medicina general, mismos que se encuentran vinculados a los servicios que presta la administración delegacional.

4. Por las dimensiones y condiciones del predio en la planta baja, se puede establecer un servicio de atención primaria; es decir, de consultorios dentales, de pediatría, de ginecología, de geriatría y de medicina general. Y en la parte superior se puede acondicionar para que se tenga un servicio de laboratorio, y de rayos X, incluyendo la posibilidad de que exista espacio para una ambulancia.

5. Por otra parte, es relevante mencionar, que fortaleciendo los servicios de salud que se brindarían, se atendería a una población estimada de 30 mil personas, incluyendo aquellas comunidades que se encuentran alejadas del resto de la delegación y para quienes los servicios que ofrece la Secretaría de Salud del Distrito Federal, resultan distantes.

Considerando

Primero. En ese sentido y toda vez que una de las prioridades para el gobierno de la ciudad es la salud y la atención integral de sus habitantes, pido atentamente se destinen 30 millones de pesos para la materialización de dicho proyecto que impactaría sustancialmente a los habitantes de esta demarcación y del Distrito Federal.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Para exhortar a los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta LXI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011, una partida de 30 millones de pesos destinada a la creación de un centro de salud avanzada en el pueblo de San Nicolás Totolapan en la delegación La Magdalena Contreras.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010. — Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el proyecto integral de distribución vial en la intersección de la Calzada de la Virgen y Tlalpan, en las colonias Avante y Ciudad Jardín, en Coyoacán, Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta LXI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 se apruebe una partida presupuestal de 110, 000,000 de pesos (ciento diez millones de pesos) designada a la construcción del proyecto integral distribución vial en la intersección de calzada De la Virgen y calzada de Tlalpan, en las colonias Avante y Ciudad Jardín, en la delegación Coyoacán, en el Distrito Federal.

Antecedentes

La delegación Coyoacán está comunicada por importantes arterias viales como el Anillo Periférico, la avenida Río Churubusco y la calzada Ermita Iztapalapa entre otras; al interior de la delegación existen 9 arterias principales, cinco de ellas la atraviesan transversalmente como son Insurgentes, División del Norte, Tlalpan, Canal de Miramontes y Cafetales; de trazo longitudinal se encuentran Miguel Ángel de Quevedo, Taxqueña y avenida Las Torres; de forma transversal atraviesa avenida Universidad.

Entre las vialidades de acceso controlado en la delegación, se encuentran la avenida Río Churubusco al norte, y al sur, el Anillo Periférico, ambas la comunican en dirección este-oeste. Hacia el norte y sur, y por el centro de la delegación cruza la calzada de Tlalpan y particularmente el viaducto Tlalpan.

Dentro de las principales vialidades primarias de la delegación se encuentra División del Norte, Tlalpan, calzada Miramontes, avenida Insurgentes, avenida Aztecas y avenida Universidad, todas en dirección norte-sur; en dirección este-oeste se encuentran los ejes 10 sur y Miguel Ángel de Quevedo, avenida Taxqueña, Las Bombas, calzada Del Hueso y calzada De la Virgen.

La importancia de las vialidades mencionadas y sus grandes aforos vehiculares provocan una serie de conflictos en sus principales intersecciones; siendo los más significativos

• Cruce de Miguel Ángel de Quevedo y avenida Universidad.

• Cruce avenida División del Norte, avenida Río Churubusco y Eje Central.

• Cruce Eje 10 sur - Insurgentes sur

• Cruce Eje 10 sur - División del Norte - Candelaria.

• Cruce División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo.

• Cruce División del Norte y prolongación División del Norte

• Cruce calzada de Miramontes, calzada la Virgen y Santa Ana.

• Calzada del Hueso y calzada Miramontes.

• Estación metro General Anaya y calzada de Tlalpan.

• Avenida del Imán e Insurgentes sur.

• Anillo Periférico y avenida Panamericana.

En ese sentido, y para atender las necesidades de la población del Distrito Federal, la delegación Coyoacán ha proyectando la construcción del Proyecto Integral Distribución Vial, como base para afrontar el problema del trafico, el cual empeora día con día, mismo que va dirigido a llevar a cabo acciones tendientes a solucionar este problema vial sobre calzada de la Virgen-calzada Tlalpan y agilizar el intenso flujo vehicular del oriente-poniente-oriente de la Ciudad de México.

Las avenidas Paseo calzada de la Virgen-calzada Tlalpan, se localizan al sur-poniente de la delegación Coyoacán, en la actualidad ofrecen circulación por ambos sentidos, las cuales convergen con la calzada de Tlalpan, cuentan con dos y tres carriles de circulación en cada sentido y en la intersección se corta el flujo vehicular.

El objetivo del proyecto planteado es dar solución al problema del tráfico en esta zona de la Ciudad de México, cuyo costo estimado total es de 110,000,000 de pesos, (ciento diez millones de pesos), en donde se realizarán trabajos de topografía, que servirán de base para el desarrollo del proyecto geométrico y vial.

Lo anterior, toda vez que las ligas viales metropolitanas que convergen hacia esta delegación se encuentran en su mayoría saturadas, de esta forma arterias de la categoría de avenida Universidad, Insurgentes sur, Miguel Ángel de Quevedo, Tlalpan y Miramontes, que comunican a la delegación con su entorno, presentan conflictos viales la mayor parte del tiempo.

En ese sentido es fundamental que desde esta representación popular se lleven a cabo acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal, eficientar el tránsito vehicular y peatonal con inversión que adicionalmente genere empleos en la entidad.

Por lo antes expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta LXI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011 se apruebe una partida presupuestal de 110, 000,000 de pesos (ciento diez millones de pesos) designada a la construcción del proyecto integral distribución vial en la intersección de calzada De la Virgen y calzada de Tlalpan en las colonias Avante y Ciudad Jardín, en la delegación Coyoacán en el Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010. — Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, lleve a cabo el proyecto de capacitación y consolidación de proyectos productivos destinados a mujeres de las siete delegaciones rurales del Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se aprueben recursos adicionales al gobierno del Distrito Federal en materia de apoyo a las mujeres rurales con base en los siguientes:

Considerandos

1. Que el Distrito Federal es una de las entidades más afectadas para llevar a cabo acciones tendentes a las actividades que favorecen a los núcleos poblacionales más expuestos, como los pobladores rurales e indígenas.

2. Que otro de los núcleos de población más desfavorecidos es el de las mujeres rurales en zonas de marginalidad y alta marginalidad, en colonias populares y pueblos originarios.

3. Que esta población ha recurrido a los apoyos que brinda la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a través de sus programas y actividades, los cuales resultan insuficientes ante la demanda solicitada.

4. Que el proyecto sobre mujer rural en el Distrito Federal tiene como objetivo brindar capacitación y apoyo financiero a mujeres de las 7 delegaciones rurales (Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa) para desarrollar sus proyectos productivos sustentables, otorgándoles las herramientas necesarias para su consolidación, que les permita superar las adversas condiciones económicas y sociales, mejorar su calidad de vida, la de sus familias y la de su comunidad.

5. Que también pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres de las 7 delegaciones rurales, que puedan contribuir al gasto familiar, valerse por sí mismas, y estar en posibilidades de ingresar al ramo productivo de esta ciudad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a los integrantes de la honorable Cámara de Diputados a aprobar un monto adicional de 4 millones de pesos para que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, lleve a cabo el proyecto capacitación y consolidación de proyectos productivos para mujeres de las 7 delegaciones rurales del Distrito Federal, provenientes del ramo 08, “Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación”. Estos recursos no estarán sujetos a reglas de operación y serán entregados íntegramente al gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010. — Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los sectores de salud, cultura, ambiente, infraestructura, servicios, obras públicas y programas productivos, sociales y de apoyo para La Magdalena Contreras, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al pleno de la LXI Legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una asignación a La Magdalena Contreras, Distrito Federal, que redunde en beneficio de la salud, la cultura, el ambiente, la infraestructura, los servicios, las obras públicas y los programas productivos, sociales y de apoyo dirigidos a los contrerenses, en particular para la atención y dotación de infraestructura y servicios, mitigación y atención de zonas de riesgos, especialmente en las zonas de mayor marginalidad y las sujetas a programas de regularización, conforme a los siguientes:

Antecedentes

1. La Magdalena Contreras es una de las 16 delegaciones en que se divide el Distrito Federal; se localiza al sur poniente de la ciudad; colinda al norte, al oeste y una pequeña franja por el este con Álvaro Obregón; al este y al sur, con Tlalpan; y al suroeste, con el estado de México. De las 16 delegaciones, La Magdalena Contreras ocupa el noveno lugar en extensión, con una superficie territorial de 7 mil 458.43 hectáreas, lo que representa 5.1 por ciento del territorio del Distrito Federal. De esta superficie, 82.05 por ciento es área de conservación ecológica y 17.95 área urbana.

2. En la década de 1990 a 2000, la población de La Magdalena Contreras se incrementó a 222 mil 50 habitantes: 106 mil 469 son hombres (48 por ciento) y 115 mil 581 (52 por ciento).

3. La Coordinación de Planeación y Desarrollo del Distrito Federal agrupa para fines del Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social la delegación en 41 unidades territoriales, de las cuales 65.9 por ciento, es decir, 27 unidades, presenta un grado de marginación entre alto y muy alto, agrupando entre ambos a 64.5 por ciento de la población de la delegación; 100 mil 730 habitan en unidades territoriales con muy alto grado de marginación. En contraste, hay sólo 6 unidades territoriales que presentan grado de marginación entre bajo y muy bajo, con una población de 37 mil 149 personas, que representan 16.8 por ciento de la delegacional.

4. Actualmente, en La Magdalena Contreras se identifica la existencia de cuatro polígonos donde aplican programas concretos para la regularización de la tierra a cargo de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, así como por la Dirección General de Regularización de la Tierra. Respecto a asentamientos en suelo de conservación, con excepción del poblado rural de San Nicolás Totolapan, la superficie en suelo de conservación que presenta asentamientos humanos es de 342.13 hectáreas, lo que representa 19.16 por ciento de la superficie ocupada en la delegación, y concentra a 32 mil 483 habitantes, en 7 mil 297 viviendas.

5. De conformidad con el programa delegacional vigente para La Magdalena Contreras, publicado el 28 de enero de 2005, se considera que las viviendas que se localizan en el polígono clasificado como de riesgo, como Tierra Colorada, Gavillero, Ixtlahualtongo, Chichicaspa y Cazulco, y que la zonificación es habitacional rural baja densidad, habitacional rural, habitacional rural con comercio y servicios y equipamiento rural, se beneficiarán con la zonificación, siempre que cumplan la dictaminación del nivel de riesgo favorable, emitido por la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Considerando

Primero. Que en gran parte del territorio de La Magdalena Contreras habitan cientos de familias que viven en un alto grado de marginación y carecen además de muchas otras cosas, como infraestructura urbana básica para resolver sus necesidades cotidianas, el acceso a proyectos productivos, de desarrollo comunitario, a actividades culturales, deportivas y a los programas sociales que las benefician.

Segundo. Que la protección del ambiente y del entorno de las comunidades es fundamental para un sano desarrollo de todos, principalmente de los menores, y que para preservarlo y mejorar la calidad de vida es necesario destinar mayores recursos presupuestales y canalizar todos los esfuerzos institucionales y ciudadanos para lograrlo.

Tercero. Que el presupuesto gubernamental asignado a cada órgano político-administrativo es lo que permite a sus titulares llevar a cabo los trabajos necesarios para crear o mejorar la infraestructura urbana, dotar de servicios a la comunidad y brindar, entre otros, los servicios que la sociedad necesita y, en general, cumplir las obligaciones establecidas en los ordenamientos del Distrito Federal. De igual forma, los recursos federales que se asignan al gobierno del Distrito Federal para el desarrollo de sus proyectos de infraestructura, proyectos productivos o de apoyo social son fundamentales para complementar el gasto público y acceder con equidad a mejores condiciones de vida de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, estos presupuestos continúan sin ser suficientes para atender integralmente las necesidades de los habitantes de cada demarcación territorial.

Cuarto. Que es nuestro deber como legisladores velar por el bienestar de la comunidad, garantizando que en el presupuesto autorizado a los órganos político-administrativos y al Distrito Federal se destine a satisfacer, entre otras, las necesidades básicas de la población, a fin de elevar la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a los integrantes de las Comisiones del Distrito Federal, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la LXI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una asignación a la delegación La Magdalena Contreras, Distrito Federal, que redunde en beneficio de la salud, la cultura, el ambiente, la infraestructura, los servicios, las obras públicas y los programas productivos, sociales y de apoyo dirigidos a los contrerenses, en particular para la atención y dotación de infraestructura y servicios, mitigación y atención de zonas de riesgos, especialmente en las zonas de mayor marginalidad y las sujetas a programas de regularización.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010. — Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para cumplir los trabajos de regeneración de minas, obras de mitigación en taludes y programas comunitarios en zonas de alto riesgo en las delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la LXI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011 una partida etiquetada y adicional destinada a los trabajos de regeneración de minas, obras de mitigación en taludes, construcción de muros de contención y programas de apoyo de las comunidades asentadas en las zonas de alto riesgo en Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. Que el gobierno delegacional, a fin de proteger a los 420 mil habitantes en zonas de alto riesgo de Álvaro Obregón, a través de su atlas de riesgos ha identificado y (pese a la cancelación del presupuesto en este rubro a escala federal) regenerado en el último año minas que se encontraban en alto riesgo, demolido viviendas y reubicado a familias; ha saneado barrancas y creado módulos de seguridad y protección civil y ha otorgado nuevas viviendas a personas en peligro de perder la vida.

2. Que el objetivo primordial es salvaguardar la integridad física y patrimonial de quienes viven en áreas de peligro, que representan 60 por ciento de la población.

3. Que el atlas de riesgos constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones basada en la participación ciudadana, por medio de los programas comunitarios implantados, lo cual permite crear brigadas vecinales para difundir entre la población la cultura de prevención de desastres y de protección de vidas humanas.

4. Que, sin embargo, el principal riesgo permanente en el perímetro delegacional lo representan las 84 minas detectadas a la fecha, las cuales amenazan 52 mil viviendas, con 176 mil habitantes de 32 colonias, 39 de ellas identificadas como de alto riesgo en el presente año.

5. Que aunado a lo anterior, en Álvaro Obregón hay 80 zonas de inundación, que afectan cerca de 10 mil inmuebles y a 100 mil personas, en tanto que se tienen identificados 212 taludes, de los cuales 107 están catalogados como de riesgo crítico, además de los riesgos que pueden significar 11 presas, 7 ríos y 7 fallas geológicas.

6. Que, como resultado de gestiones hechas por la autoridad delegacional, legisladores locales y federales, en 2008 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó recursos para realizar estudios y acciones de regeneración de cavidades en 17 colonias, y estabilización de taludes en 50 frentes situados en otras 20 zonas habitacionales.

7. Que considerando que más de la mitad de los obregonenses habitan en barrancas, taludes, minas y lechos y laderas de ríos, se hace indispensable la participación de los distintos niveles de gobierno en la atención de esta problemática con políticas públicas en favor de las personas, y más allá de ideologías.

8. Que con ese afán, es necesario destinar recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales para resolver la problemática derivada de las minas y los taludes de alto riesgo e impulsar decididamente la autorización de este presupuesto específico para tales tareas.

9. Que en dicho sentido, los 39 trabajos de regeneración de minas pendientes y prioritarios, que se encuentran en alto riesgo y que fueron identificados en 2009, que no han sido llevados a cabo debido a la cancelación del presupuesto en este rubro, requieren actualmente para su realización 100 millones 648 mil 931.95 pesos. De igual forma, se tienen identificados 107 taludes donde es urgente realizar obras de mitigación y que representan riesgo por las lluvias y que requieren 148 millones 359 mil 934 pesos. Asimismo, están pendientes 14 programas comunitarios en los que se solicita muros de contención y rehabilitación de vivienda y requieren 738 mil 317.04 pesos.

10. Que para cumplir el objetivo de preservar y salvaguardar la vida y el patrimonio de miles de personas, la autoridad delegacional requiere en “zonas de alto riesgo de atención urgente” para el proyecto de inversión 2011 un total de 249 millones 747 mil 182 pesos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Esta soberanía solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 consideren recursos etiquetados para cumplir los trabajos de regeneración de minas, obras de mitigación en taludes y programas comunitarios en zonas de alto riesgo de atención urgente en Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010. — Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para implantar acciones en favor de los derechos humanos en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de de esta LXI Legislatura, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 aprueben una partida que implante acciones a favor de los derechos humanos en el Distrito Federal según los siguientes

Antecedentes

El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal responde a la necesidad de hacer frente a los obstáculos suscitados en las entidades y dependencias públicas que impiden la protección, defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal.

Su composición es única a nivel internacional puesto que se estructuró en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, la academia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Programa de Derechos Humanos se elaboró a través de investigación y análisis de información de la sociedad civil, los entes públicos y recomendaciones de instancias internacionales de derechos humanos. Se manejó como insumo principal el diagnóstico de la situación de los derechos humanos en el DF.

Una de las principales recomendaciones emanadas del diagnóstico fue elaborar un programa de derechos humanos para el Distrito Federal en donde se plantearan soluciones para erradicar las lagunas detectadas en el diagnóstico, que considerará estrategias transversales y acciones particulares enfocadas a los tres órdenes

En ese sentido, con base en dicha recomendación, el gobierno del Distrito Federal instaló el Programa de Acción Inmediata en Derechos Humanos. Las acciones han sido implantadas bajo un enfoque de género que se materializa tanto en el resultado 13 de la estructura programática, como en la consideración de nuevas intervenciones transversales en la aplicación del Programa de Derechos Humanos.

Asimismo, está realizando un esfuerzo adicional para establecer las bases institucionales que permitan el cumplimiento de los derechos de las personas de la ciudad, tanto las que la habitan como los 4.5 millones que la transitan diariamente. Sin embargo, la implantación del programa plantea enormes retos financieros, toda vez que los servicios que brinda el gobierno capitalino se ven constantemente saturados por la demanda tanto de sus ciudadanos como de un contingente cada vez mayor de población flotante que por su estado de vulnerabilidad recurren a tales servicios.

Cabe destacar que las instituciones de la ciudad atienden a esta población sin distingos de su lugar de residencia, a pesar de las restricciones presupuestales que enfrentan. La disposición de recursos adicionales representaría una importante contribución del Congreso a la atención de derechos fundamentales e impactaría de manera positiva en la población flotante que transita por la Ciudad de México.

El Poder Judicial del Distrito Federal se encuentra implantando el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, a fin de garantizar a las personas que habitan en la Ciudad de México y de otras entidades, que acuden a dirimir sus controversias ante el Poder Judicial, el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.

Todo ello aunado al establecimiento de las bases institucionales que permitan atender la implantación de la reforma constitucional en materia de justicia a fin de capacitar a los servidores públicos que operaran ésta y para construir y adaptar las instalaciones para los juicios orales tanto en juzgados de primera instancia, como salas penales. Asimismo, para atender los requerimientos que implica el traslado de la competencia federal a esta poder local en materia de justicia para adolescentes y la reciente reforma en materia de delitos de narcomenudeo, por lo que es necesario dotar de recursos al Poder Judicial del Distrito Federal.

Con la implantación de las reformas se construirá un piso mínimo pertinente a la defensa de los derechos humanos, a fin de iniciar a construir un techo máximo de protección, respeto y garantía de los derechos humanos en materia judicial, como ya se señaló, no sólo de los habitantes del Distrito Federal sino de todas las personas que transitan en esta ciudad.

La reforma referida se encuentra enmarcada dentro de la implantación del Programa de Derechos Humanos con referencia al respeto y garantía de los derechos inherentes a su naturaleza, como son debido proceso y acceso a la justicia, al plantearse la trasformación del sistema judicial actual a un nuevo orden que da vigencia plena tanto a las garantías individuales que consagra la Constitución, como a los derechos humanos tutelados en el orden interno y en los estándares internacionales, representando además la implantación de dicha reforma un importante reto financiero.

Se hace menester precisar que el compromiso del Poder Judicial del Distrito Federal respecto a las líneas de acción del programa, no se constriñe sólo a los derechos ya referidos, sino que además se han comprometido líneas de acción en derechos tan diversos como la igualdad, la no discriminación, derecho a la información, a la libertad de expresión, así como a un ambiente sano, a una vivienda adecuada, por mencionar algunos, así como la atención a través de acciones afirmativas a todos los grupos de población sin discriminación alguna, resultando la transformación de la institución, quien ejercerá su función tanto en su aspecto de impartición de justicia, como en lo administrativo a través de un enfoque de derechos humanos, lo cual no será posible sin la colaboración del Congreso ya que las reformas en materia de justicia no se pueden entender si no se impulsan y apoyan presupuestalmente.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública, así como al pleno de esta LXI Legislatura a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 aprueben una partida que implante acciones a favor de los derechos humanos en el Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010. — Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ejecutar el programa del Distrito Federal de prevención y combate de obesidad, sobrepeso y trastornos alimenticios, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, LXI Legislatura del Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta LXI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, aprueben una partida etiquetada de 20 millones de pesos para la ejecución del programa en el Distrito Federal para la prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos alimenticios; bajo los siguientes

Antecedentes

1. La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de salud pública en México, pues nuestro país es el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos. México gasta 7 por ciento del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, sólo debajo de Estados Unidos que invierte 9 por ciento.

2. La mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos, son factores determinantes del sobrepeso y la obesidad.

3. El sobrepeso y la obesidad son dos de los principales factores de riesgo a los que se enfrenta la población mexicana y el sistema de salud. Su prevalencia en adultos se incrementó de 34.5 por ciento en 1988, a 69.3 por ciento en 2006. El sobrepeso y la obesidad se asocian con varias de las principales causas de muerte en el país, como la diabetes, las enfermedades cardio y cerebro-vasculares, y el cáncer de mama, entre otras. Se calcula que estos factores de riesgo son responsables de alrededor de 50 mil muertes directas al año.

4. En los países en vías de desarrollo el número de personas con diabetes aumentará 150 por ciento en los próximos 25 años. El aumento mundial que ocurrirá en los casos de diabetes será debido al envejecimiento y crecimiento de la población, además de la tendencia en el aumento de la obesidad, dietas no saludables y estilos de vida sedentarios.

5. En meses recientes la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) presentó su estudio titulado “Obesidad y Economía de Prevención”, en el que sitúa a México como la nación más azotada por la obesidad y el sobrepeso a nivel mundial: “Más de la mitad de la población adulta está considerada como gordo u obeso en no menos de 13 países de la OCDE: México, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Grecia, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Hungría, República Checa, Portugal, Irlanda, España e Islandia. El promedio de obesidad –que representa mayor riesgo para la salud que el sobre peso– varía diez veces entre los países de la OCDE con 3 por ciento en Japón y Corea, sobre 30 por ciento en los Estados Unidos y México.”

Considerando

Primero. Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la protección de la salud a toda persona.

Segundo. Que el Programa Nacional de Salud 2007-2012 prevé el impulso de una política integral para la prevención y control del sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y riesgo cardio-vascular; consolidando un programa interinstitucional en la materia.

Tercero.Que la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal tiene como objetivos

I. Proporcionar un marco jurídico que permita desarrollar los mecanismos y las herramientas necesarias para prevenir y atender integralmente la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios en el Distrito Federal, así como para promover en sus habitantes la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales correctos;

II. Determinar las bases generales para el diseño, la ejecución y evaluación de las estrategias y programas públicos que tengan como objetivo prevenir y atender integralmente la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios, así como cualquier actividad pública tendiente a promover la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales correctos en los habitantes del Distrito Federal;

III. Establecer la obligación de las autoridades públicas del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, de prevenir y atender integralmente la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios, así como fomentar de manera permanente e intensiva la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales correctos por parte de los habitantes del Distrito Federal, de conformidad a los términos establecidos en la presente ley,

IV. Fijar las medidas generales de carácter administrativo para la prevención y atención integral de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos administrativos, así como para el fomento de hábitos alimenticios y nutricionales correctos en los habitantes de Distrito Federal.

Cuarto. Que los avances en la materia son relevantes pero aún insuficientes, dada la precariedad de recursos en la implementación de las políticas públicas en el Distrito Federal, razón por la cual se hace urgente apoyar con recursos presupuestales al Programa del Distrito Federal para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios, cumpliéndose con ello los postulados establecidos en la Ley General de Salud, Programa Nacional de Salud 2007-2012 y Normas Oficiales Mexicanas.

Quinto. Que los recursos que en su caso apruebe esta soberanía tendrán que mezclarse con aquellos que apruebe la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta LXI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, aprueben una partida etiquetada de 20 millones de pesos para la ejecución del Programa del Distrito Federal para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios.

Notas:

1. http://www.alianza.salud.gob.mx/descargas/pdf/pns_version_completa.pdf

2.http://www.oecd.org/document/28/0,3343,es_36288966_36287974_38 828060_1_1_1_1,00.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010. — Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a la elaboración y ejecución del programa para prevenir la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011, aprueben una partida etiquetada de 20 millones de pesos para que se elabore y ejecute el programa para Prevenir la Trata de Personas y el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil, previsto en la Ley para prevenir y erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal; bajo los siguientes

Antecedentes

1. La trata de personas en México es una preocupación vigente, prueba de ello es la legislación federal y local que se ha expedido al respecto.

2. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes existe en el mundo desde hace años; el afianzamiento a nivel mundial de un modelo social y económico, basado en el mercado y el proceso de globalización e internacionalización del mercado de capitales, ha contribuido fuertemente a generar un contexto específico para la existencia y el desarrollo de la explotación referida.

3. Ante este estado de cosas, a manera de reacción se ha dado una respuesta internacional y local para combatir esta situación que resulta intolerable.

4. La Convención Internacional de los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991) es uno de los instrumentos jurídicos internacionales más importantes dirigido a mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes a través de la protección integral de sus derechos. En sus artículos 19 y 34 impone las siguientes obligaciones a los Estados:

“ Artículo 19.Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

“ Artículo 34.Los Estados Parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales con este fin. Los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter internacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: a) la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales y c) la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”.

Por su parte, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, refiere en su Preámbulo que losEstados Parte declaran que para prevenir y combatir la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito o destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos...”.

En el ámbito delsistema interamericano existe la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará, instrumento que ha sido herramienta jurídica y de lucha para tutelar los derechos de las mujeres.

Considerando

Primero.Que la explotación sexual comercialde los niños, niñas y adolescentes es una forma contemporánea de esclavitud; problema que por su complejidad ydimensiones ha encontrado en cada estado, ciudad y comunidad de nuestro país las condiciones para expandirse y convertirse en una de las formas más agresivas y violatorias de los derechos de niños, niñas y adolescentes; en donde la capital del país no es la excepción ante tal situación.

Segundo.Que por disposición de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas,se deben promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de las víctimas del delito, con el propósito de protegerlas, orientarlas, atenderlas y, en su caso, asistirlas en su regreso a su lugar de origen o en su repatriación, así como para prevenir la trata de personas y sancionar a quienes intervengan en su comisión.

Tercero.Que la Ley para prevenir y erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual comercial Infantil para el Distrito Federaltiene como objetivos:

I. La prevención de la trata de personas, así como el apoyo, protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, con la finalidad de garantizar la libertad y el libre desarrollo de la personalidad de las personas que son víctimas o posibles víctimas, residentes o que han sido trasladadas al territorio del Distrito Federal;

II. La prevención contra cualquier forma de abuso sexual y explotación sexual comercial infantil, así como el apoyo, protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas en el Distrito Federal, con la finalidad de garantizar la libertad, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual de los niños y niñas;

III . Fomentar el estudio, investigación y diagnóstico respecto de los delitos de trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil;

IV. Promover para toda víctima de los delitos contemplados en la presente ley, la protección médica, psicológica y jurídica necesaria, de manera gratuita, especializada, interdisciplinaria, integral y expedita, así como la defensa del ejercicio de sus derechos, y

V. Fomentar las más diversas formas de participación ciudadana en las políticas, programas y acciones institucionales en tomo a la problemática que representa la trata de personas y el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil.

Cuarto.Que los avances en la materia son relevantes pero aún insuficientes, dada la precariedad con existente en la implementación de las políticas públicas en el Distrito Federal.

Quinto. Que el programa para prevenir la trata de personas y el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil es un instrumento que debe ponerse en marcha de manera inmediata, dada la situación del Distrito Federal en el circuito de la trata de personas.

Sexto. Que es necesario dotar al Distrito Federal los recursos presupuestarios federales necesarios, para que en combinación con los recursos presupuestales locales se elabore y ejecute el Programa para prevenir la trata de personas y el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil, cumpliéndose con ello la Ley de la materia y los compromisos que se tienen para con la ciudadanía.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único.Una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta XLI legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011, aprueben una partida etiquetada de 20 millones de pesos para que sea elabore y ejecurte el programa para prevenir la trata de personas y el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil, previsto en la ley para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil para el distrito federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010. — Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para infraestructura deportiva en diversos municipios de Chiapas, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Olga Luz Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete al pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto por el que solicito la inclusión en el PEF de 2011 recursos para la construcción de unidades deportivas en los municipios de Las Rosas, Tapilula, Sunuapa, Rayón y San Andrés Duraznal, Chiapas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Comisión de Juventud y Deporte de esta legislatura estableció que con base en lo dispuesto en las Leyes General de Bienes Nacionales, de Obras Públicas y Servicios relacionados con la Mismas, es necesario que las entidades federativas o los municipios cuenten con la propiedad o los derechos de propiedad de los inmuebles en donde se proponga realizar las obras de infraestructura deportiva.

En la ampliación de recursos para infraestructura deportiva municipal aprobada en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado el 7 de diciembre del 2009 para el ejercicio fiscal de 2010 y otorgado vía Conade al gobierno de Chiapas, se vieron beneficiados siete municipios importantísimos pero ello no deja de lado que otros ayuntamientos requieran de estos apoyos pues vendrán a fortalecer a cientos de niños, jóvenes y adultos mayores que gustan de la práctica deportiva en los rubros popular y de alto rendimiento.

Estoy convencida de que el objetivo de alcanzar una asignación a proyectos de los municipios de Las Rosas, Tapilula, Sunuapa, Rayón y San Andrés Duraznal es el de contribuir con el Gobierno del Estado por conducto del Instituto del Deporte en la aplicación de programas encaminados a combatir la obesidad y ejercer actividades de activación física que redunden en beneficio de la población en general para tener una mejor calidad de vida.

Este es un compromiso de mi grupo parlamentario y un compromiso personal. El mejoramiento de la calidad de vida ayuda en forma sustantiva la consolidación de un proyecto democrático de un país.

No omito señalar que Chiapas era señalada como la entidad del país con mayor índice de desnutrición de acuerdo a los reportes de la Encuesta Nacional de Nutrición de 2007, pues arrojó que en los niños menores de cinco años se concretaba el 27 por ciento de los problemas de desnutrición crónica.

De acuerdo con estudios reciente en seis planteles de jardín de niños, en Tuxtla Gutiérrez, elaborados por docentes y estudiantes de Nutrición de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, tres de cada diez presentan obesidad y de dos a tres desnutrición.

Por estas razones y tomando en cuenta que los proyectos por los que solicitare recursos cumplen cabalmente con los requisitos establecidos, pongo a consideración del pleno y de las comisiones respectivas el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Juventud y Deporte, así como a la de Presupuesto y Cuenta Pública asignen recursos para infraestructura deportiva en los siguientes municipios y con los siguientes montos: Las Rosas (Ixtapilla) por 3 millones 997 mil 671.94 pesos; Sunuapa (cabecera) por 4 millones 580 mil 608.71 pesos; Rayón (cabecera) por 8 millones 224 mil 772.45 pesos; San Andrés Duraznal (cabecera) por 2 millones 179 mil 661.17 pesos; Tapilula (cabecera) por 4 millones 383 mil 772.55 pesos y Tapilula (Jacona) por 4 millones 304 mil 295.58 pesos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentación en diversos municipios de Chiapas, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Olga Luz Espinosa Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete al pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto por el que solicita la inclusión en el PEF de 2011 de recursos para la asignación de Fopam en pavimentación en Chiapas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Cámara de Diputados autorizó para el ejercicio fiscal de 2010 un presupuesto de 2 mil 85 millones de pesos para el Fondo de Pavimentación de Municipios, el cual se cargará al ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”.

Los apoyos económicos sólo podrán destinarse a la pavimentación de calles, guarniciones y banquetas. El tipo de material a utilizar para cubrir la superficie de rodamiento deberá justificarse ampliamente, dependerá del tipo de terreno de las calles, del clima del lugar, del tipo de vehículos que circulan, entre otros, para determinar técnicamente cual es el procedimiento y material más adecuado a emplear, se señala en el Diario Oficial de la Federación.

En la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo solicitaremos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados incluya nuevamente en el Proyecto de Presupuesto Federal para el 2011, el Fondo de Pavimentación para Municipios, Fopam, ya que en el proyecto que envío el Ejecutivo federal no aparece.

Nosotros como legisladores federales hemos además, atendiendo diversas opiniones sobre las reglas de operación de dicho fondo federal y mantenido una estrecha comunicación con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, para manifestarles las inquietudes de los diferentes estados y de varias fracciones parlamentarias en el sentido de que las reglas de operación para participar de los beneficios del Fopam de 2010 fueron muy complicadas y esto obstaculizó una buena marcha y una aplicación fluida de este recurso en beneficio de los municipios del país, lo cual es necesario corregir en 2011.

La Comisión de Federalismo ha mantenido, de igual forma, comunicación con los representantes de las diferentes federaciones que tienen que ver con el pluralismo de los ayuntamientos (como la Fenamm, AALMAC, Anac, AMMAC) quienes han mostrado especial atención a que los recursos del Fopam lleguen a los municipios, pues es urgente para cubrir esa necesidad sobretodo porque con esto se fortalece a los municipios con una partida extra directamente para que la apliquen en el mejoramiento de calles.

En este sentido dado que el estado al que pertenezco, Chiapas, cumple con los requisitos que se establecen en las reglas de operación para participar de este fondo y por tanto pongo a consideración del pleno de esta soberanía, de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo y de la de Presupuesto y Cuenta Pública el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública se asigne dentro del Fondo de Pavimentación para Municipios de 2011, las solicitudes del los municipios de Las Rosas por 8 millones de pesos; Tapilula (Videme San Isidro) por 17 millones 955 mil 275 pesos; Sabanilla por 12 millones de pesos; Rayon por 12 millones de pesos; Ixhuatán por 12 millones de pesos y Amatengo de la Frontera por 12 millones de pesos, en Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir casas de cultura en diversos municipios de Chiapas, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Olga Luz Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete al pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que solicita la inclusión en el PEF de 2011 recursos para la construcción de casas de cultura en los municipios de Las Rosas, Tapilula, Sunuapa, Rayón y San Andrés Duraznal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio presupuestal de 2011 que hemos iniciado, esta marcado por una amplia necesidad de satisfacer demandas de la ciudadanía y evitar el dispendio.

Hemos sido testigos de forma recurrente en la que año con año, en esta soberanía se hacen llegar solicitudes por millones de pesos de ciudadanos, organizaciones, entidades municipales, estatales y federales en busca de recursos para financiar programas o proyectos fundamentales para su desarrollo.

Todas estas solicitudes son vistas como un instrumento para trascender situaciones de atraso o como mecanismos que detonen la economía y solventen problemas sociales en todo el país.

Por esta razón, en mi calidad de legislador federal y conociendo las carencias y dificultades que miles de munícipes presentan para hacernos llegar su propuestas, debo señalar la importancia de dar seguimiento y apoyo a cada demanda, pues sus esfuerzos deben materializarse en una asignación de recursos que permitan solventar sus requerimientos.

Los recursos presupuestados para Chiapas se muestran en el siguiente cuadro:

Sin embargo, los recursos para el ramo de cultura y los programas y proyectos no satisfacen las necesidades que demandan las alcaldías y que son de gran impacto en la ciudadanía.

La UNESCO declaro “que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”.

En mi calidad de legisladora federal, estoy convencida de la conveniencia de sumar todos los esfuerzos por gestionar el mayor número de recursos a la cultura.

Nuestro país vive problemas serios de desintegración, vandalismo, falta de oportunidades en general, que orillan a nuestra juventud y a millones de personas a dedicarse a actividades ilícitas. La Cultura, luego entonces se vuelve un instrumento de reorientación de las actividades en nuestra sociedad.

Por esta razón, pongo a su consideración los siguientes proyectos de Cultura del Estado de Chiapas, los cuales estoy absolutamente convencida, se encuentran sustentados y representan aspiraciones de forjar un nuevo estadio en la sociedad.

Desafortunadamente, por cuarto año consecutivo, el gobierno federal propone un recorte a cultura, de 2 mil 538 millones de pesos, de los cuales se pretende quitar 2 mil 100 al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), esto es, 42 por ciento.

De 4 mil 900 millones de pesos que la Cámara autorizó este año para el CNCA, Calderón propuso que sólo se le destinen 2 mil 800 millones 84 mil 732 pesos, cantidad inferior a los 3 mil millones de pesos que se gastó la actual administración para los festejos del bicentenario de la Independencia.

Además, el retroceso es más significativo si se toma en cuenta que ese monto es inferior incluso a lo que se asignó en 2008, cuando el presupuesto aprobado para el subsector fue de 9 mil 423 millones de pesos.

Ahora, de 11 mil 459 millones 498 mil 804 pesos autorizados para este año, el objetivo de la administración calderonista es que baje a 8 mil 920 millones 636 mil 187 pesos.

Nosotros creemos que estos recortes son atroces, pues un instrumento de revolución en la sociedad y que permite no ahondar la grave crisis que padece debido a los grandes problemas económicos es la cultura.

Por esta razón, nos permitimos presentar la siguiente propuesta a la Comisión de Cultura y de Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso la aprobación de los siguientes proyectos para Chiapas:

En consecuencia pongo a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita a la Comisión de Cultura, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública que aprueben las solicitudes de casas de cultura para los siguiente municipios: Las Rosas (Zacualpa) 2 millones 272 mil 670.39 pesos; Tapilula (Jaconá) por 2 millones 575 mil 517.42 pesos; Sunuapa (Cabecera) por 2 millones 637 mil 475.65 pesos; Rayón (cabecera) por 2 millones 615 mil 527.77 pesos y San Andrés Duraznal (cabecera) 2 millones 149 mil 285.03.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Olga Luz Espinosa Morales  (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para concluir el cubrimiento del río Verdiguel, en Toluca, México, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Luis Jaime Correa, diputado a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La ciudad de Toluca, capital del Estado de México, cuenta con una población aproximada de 747 mil 512 habitantes. Es una de las más importantes del país por el número de su población y por la importancia de su producto interno bruto, cuenta con una destacada planta industrial, comercial y de servicios factores que se refuerzan por su cercanía con la capital del país.

La capital mexiquense presenta asimismo altos niveles de urbanización y servicios educativos y de salubridad de calidad.

No obstante, aún persisten ahí algunas carencias urbanísticas y sanitarias que generan preocupación entre la población. Es el caso del río Verdiguel que corre por las orillas de la ciudad capital. Este río, como la mayoría de los existentes en todo el país desafortunadamente, lleva incorporadas aguas residuales que lo ensucian y, puesto que en gran parte de su caudal se encuentra a cielo abierto, resulta un foco de infecciones y peligros sanitarios para los habitantes en sus dos márgenes.

Una parte mínima de su longitud dentro de la ciudad ha sido cubierta mediante placas de concreto pero queda aún otra parte a cielo abierto con las consecuencias obvias para los ciudadanos que habitan en sus riveras.

Con el propósito de subsanar tal situación, propongo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 sean considerados y canalizados recursos suficientes a efecto de continuar y concluir el cubrimiento total del cauce del río Verdiguel en beneficio de la salud de los toluqueños.

De aprobarse la propuesta que atentamente hago a esta soberanía y la cual no dudo que será apoyada por el resto de mis compañeras y compañeros diputados, con el cubrimiento del río Verdiguel que corre por la calle Melchor Ocampo, Barrio de la Trinidad, y abarca también San Cristóbal Huichochitlán, además de las colonias Barrio de la Soledad, Barrio de la Concepción, Barrio San Gabriel, Barrio San Salvador, colonia Magdalena y fraccionamiento Galaxia San Lorenzo Tepalatitlán en Toluca, estado de México, se verán beneficiados aproximadamente 26 mil personas.

En virtud de lo anteriormente señalado, propongo a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Esta LXI Legislatura hace respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a afecto de que contemplen recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011, para la conclusión del cubrimiento del río Verdiguel en Toluca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Jaime Correa (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ejecutar los proyectos prioritarios de la Universidad Autónoma Chapingo, a cargo del diputado Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Federico Ovalle Vaquera y Luis Hernández Cruz, diputados federales, con fundamento en los artículos 78, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se asignen recursos suficientes a los proyectos prioritarios de la Universidad Autónoma Chapingo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Universidad Autónoma Chapingo es la institución de enseñanza e investigación más antigua e importante en América Latina en materia agronómica. De ella egresan anualmente cientos de jóvenes provenientes principalmente de las áreas rurales del país, que se integran a la vida productiva mediante la aplicación, transferencia y difusión de las innovaciones científicas y tecnológicas que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del medio rural y sus familias.

Chapingo es un referente histórico obligado. A 156 años de su existencia constituye un modelo de universidad pública con reconocimiento a nivel nacional e internacional en el que se conjuga, la tradición y el compromiso por contribuir al desarrollo nacional soberano y sustentable, a través del aprovechamiento racional, económico y social de los recursos naturales, agropecuarios, forestales y agroindustriales.

En los últimos años, la Cámara de Diputados ha autorizado recursos adicionales lo que le ha permitido modernizar su infraestructura de laboratorios de investigación y de apoyo a sus funciones sustantivas particularmente campos y granjas experimentales, equipo de cómputo, remodelación de edificios con valor histórico que son patrimonio de la nación.

Adicionalmente, estos recursos le han permitido incrementar la matricula 18 por ciento con especial énfasis en la población de estudiantes provenientes de los pueblos y comunidades indígenas del país. En la actualidad la proporción de estos estudiantes es de 25 por ciento.

Su carácter nacional es un atributo clave de su perfil que se define en tres dimensiones: su cobertura regional, su oferta académica y su matrícula.

Esta condición le permite contar actualmente con infraestructura y programas educativos en los estados de México, Sonora, Jalisco, Michoacán, Yucatán, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, Nayarit y Chiapas.

Sustentado en una sólida política institucional de fortalecimiento a la investigación y posgrado, la Universidad atiende temas estratégicos de impacto nacional como el cambio climático, recursos genéticos, agricultura protegida, bioenergía, acuacultura y pesca, desarrollo rural, uso sustentable del agua, diseño y construcción de maquinaría y equipo agrícola, protección vegetal e inocuidad, rescate y manejo sustentable de recursos naturales, tecnologías para los sistemas tradicionales de producción, agricultura orgánica, sistemas de producción pecuarios, procesamiento de alimentos, migración y estrategias de vida campesina, políticas públicas para el campo, biotecnología agrícola y animal, entre otros.

Con las innovaciones y conocimientos transferibles, Chapingo despliega políticas y acciones para ofrecer estancias pre profesionales, prestación de servicios y profesionales, dirigidas a dependencias federales, estatales y municipales, pueblos y comunidades indígenas así como organizaciones de productores agrícolas, pecuarios y forestales.

En el periodo 2009-2010 la universidad ha celebrado más de 375 contratos y convenios con instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, organizaciones sociales y privadas, así como con instituciones educativas y de investigación tanto nacionales como del extranjero.

En la actualidad una de los principales proyectos institucionales es su crecimiento foráneo que incluye a la Unidad Regional Universitaria del Sur-Sureste con sede en el municipio de Teapa, Tabasco. Su cobertura geográfica abarca los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El propósito de esta unidad, además de formar profesionales de las ciencias agronómicas socialmente comprometidos y altamente competitivos, es general tecnologías apropiadas e innovaciones que resuelvan la problemática regional, así como desarrollar capacidades de la población en su área de influencia y constituirse en un polo de desarrollo de excelencia para la investigación y formación académica en el sur-sureste y Centroamérica.

El estado de Chiapas es el estado con menor cobertura de nivel educativo universitario del país, por lo que la universidad conjuntamente con la sociedad civil, representantes de diversos sectores productivos y autoridades de dicho estado y del municipio de Ocozocuautla de Espinosa han venido impulsando desde principios de 2009 diversas acciones y gestión para la instalación de la unidad académica de la Universidad Autónoma Chapingo en este municipio.

Otro proyecto es la unidad académica universitaria Las Huastecas-Noreste, el cual responde a varias solicitudes de comunidades, presidencias municipales y organizaciones de productores que han logrado el respaldo de distintas dependencias de los gobiernos estatales de Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Hidalgo y san Luis Potosí. Una de esas solicitudes ha sido canalizada a la institución desde la presidencia de la República a través de la Sagarpa.

En la actualidad, Chapingo tiene un centro regional en Zacatecas, que cuenta ahora con una nueva sede en las instalaciones del Inca-Rural donadas por la Sagarpa en julio de 2009. En julio de 2010 se iniciaron programas educativos en este centro regional, con base en las instalaciones donadas, que necesitan ser rehabilitadas para su operación para desarrollar plenamente funciones de docencia, investigación y servicio.

La ubicación estratégica de esta unidad académica en Calera, Zacatecas, permitirá a la UACh atender la región centro-norte en áreas con alto grado de marginación y condiciones ambientales restrictivas para las actividades agropecuarias y forestales, sobre todo en los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

De esta manera, esta institución da respuesta a dos de los graves problemas que vive el país que son la migración y la delincuencia, a través de incrementar la matricula estudiantil y brindar una oportunidad a los jóvenes de escasos recursos del medio rural para acceder a educación de calidad que les permita aspirar a una vida digna y ascenso social.

En fecha reciente se ha recibido en esta Cámara de Diputados una propuesta de las autoridades universitarias, avalada por el honorable consejo universitario, una solicitud presupuestaria para 2011 la cual asciende a 2 mil 540.7 millones de pesos, que les permitan continuar con el desarrollo institucional, así como para fortalecer y garantizar la plena ejecución de los proyectos en marcha.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se otorguen los recursos solicitados para la ejecución de los proyectos prioritarios de la Universidad Autónoma Chapingo, que fueron especificados en las consideraciones de la presente proposición.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 9 de noviembre de 2010.— Diputados: Federico Ovalle Vaquera, Luis Hernández Cruz (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se reduzcan los recursos de los programas cuyos montos son muy altos, pero de bajo impacto, y reorientarlos a programas de fomento productivo para las familias campesinas que generen mejores resultados en la reducción de la pobreza, la generación del empleo y la producción de alimentos, a cargo del diputado Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Federico Ovalle Vaquera, Luis Hernández Cruz y Emiliano Velázquez Esquivel, diputados federales, con fundamento en los artículos 78, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados para que en el Programa Especial Concurrente para el Desa-rrollo Rural Sustentable para el Ejercicio Fiscal de 2011 se reduzcan recursos a los programas cuyos montos son muy altos pero de bajo impacto y reorientarlos hacia programas de fomento productivo para las familias campesinas que generen mejores resultados en la reducción de la pobreza, la generación del empleo y la producción de alimentos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir de una serie de estudios que han llevado a cabo diversas instituciones de reconocido prestigio internacional y nacional entre los que destacan los realizados por el Banco Mundial (2009), el Centro de Investigación y Docencia Económica y la Universidad de California en Santa Cruz (2010) han concluido que en el PEC existen programas que de acuerdo a sus resultados se concentran en pequeños grupos de productores del país y no impactan favorablemente la producción de alimentos y la reducción de la pobreza, aunque sí el incremento del capital de los que lo reciben.

Destaca también el hecho que existen regiones y estados que son altamente beneficiados por programas que podrían reorientarse hacia zonas donde viven la mayor parte de las familias campesinas y que esos recursos llegarían a tener un impacto en la producción de alimentos y en la generación de empleos, así como en la reducción de la pobreza.

De esta manera, las conclusiones de las instituciones mencionadas dan cuenta del carácter regresivo de programas como Procampo que fue diseñado para compensar pérdidas provocadas a la producción por el libre comercio y que amplió su operación hasta 2012.

A pesar de sus bondades, las evaluaciones arrojan como resultado que este programa destinado hacia los productores de menores ingresos, no solo excluye a la mayoría de su población objetivo, sino que está sesgado para favorecer a los productores más adinerados.

Al hacer un análisis de la distribución de participantes de Procampo, por el tamaño de la unidad de producción se demuestra la alta concentración de los recursos en algunos productores, regiones y estados. Así lo muestran datos del padrón total de participantes, del cual se deriva que el 61.5 por ciento tenía menos de 2 hectáreas y 85 por ciento de los participantes tenía menos de 5.

Resultados de otra encuesta de una muestra representativa a nivel nacional encontró que tan solo el 49.9 por ciento de los productores de granos en el 2007 recibieron apoyos de Procampo.

Los últimos datos publicados en el 2010 y que analizan al Procampo muestran que la concentración del apoyo que va en promedio del 1994 al 2006, es que el 22 por ciento de los productores que tienen predios de más de 5 hectáreas, que concentran el 67 de la tierra apoyada concentran el 53 por ciento del subsidio.

En números absolutos ese 53 por ciento equivalieron a más de 8 mil millones en 2006, y en tanto esa estructura de distribución no se ha movido, en el 2010, ese 53 por ciento representan más de 8 mil 600 millones de pesos.

Los argumentos anteriores señalan el carácter excluyente de Procampo a los más pobres y la tendencia a concentrarlo en pocos productores.

Otra muestra de ello es su cobertura la cual está por debajo de 50 por ciento en los estados más pobres como Veracruz, Guerrero y Chiapas, apenas por encima del 50 por ciento en Oaxaca.

En contraste, los estados de la república que concentran los recursos del Procampo son Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Durango.

De estos excluyendo a Zacatecas, Michoacán y Chiapas, por las características del tipo de explotación con una participación de la economía campesina y productores medios, el resto concentra la mayor parte de los recursos.

Coincidentemente Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Durango y Baja California son los estados que concentran casi el 80 por ciento de otros programas como el ingreso objetivo. Este fue otra estrategia del gobierno para contrarrestar los efectos de la apertura comercial.

Este programa se oriento a pagar a los productores más grandes la diferencia entre los precios nacionales y de importación como un sistema de compensación a los precios internacionales. Cada año se estima o predice un precio objetivo o indicativo internacional, se elige a productores con excedentes de producción comercializables y se les paga la diferencia en base a cada tonelada, el cual es un pago que resulta de la diferencia entre el precio nacional e internacional de granos básico como el maíz.

Estos apoyos fungen como un bono por encima de los pagos que estos productores obtienen de Procampo y aunque los incentivos de Procampo han llegado a más de 2 millones de productores, resulta que en el caso de ingreso objetivo los apoyos son más generosos para un reducido grupo de menos de 150 mil productores.

En otras palabras, una pequeña minoría de productores acomodados recibe protección continua del gobierno federal contra la competencia internacional, mientras que la inmensa mayoría no.

Por lo anterior, y considerando únicamente estos programas las organizaciones campesinas proponen una reorientación del gasto público en materia rural, específicamente de Procampo e ingreso objetivo a través de varios mecanismos e incrementar los montos de aquellos programas que contribuyan a la generación de empleos, ingresos y producción de alimentos.

Específicamente, nos referimos al hecho de que los 15 mil 478 millones de pesos aprobados para Procampo y los 10 mil 800 para ingreso objetivo, en el PEC de 2010, de acuerdo a lo antes expuesto se continuaron concentrando en ciertos estratos de productores y en algunos estados de la República, por lo tanto, se propone que estos se reduzcan y sean reorientados para el 2011 a un conjunto de programas que las organizaciones campesinas han venido defendiendo en los últimos años.

Esta reorientación del gasto público rural puede darse en dos sentidos. Tanto hacia otro tipo de productores dentro de los mismos programas que apoyen a un mayor número de productores pequeños así como también reorientar estos recursos hacia otros programas en el mismo PEC.

Por lo expuesto, los abajo firmantes, a continuación sometemos a consideración del pleno de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Programa Especial Concurrente para el Ejercicio Fiscal de 2011 se reduzcan recursos a aquellos programas cuyos montos son muy altos pero de bajo impacto y reorientarlos hacia programas de fomento productivo para las familias campesinas que generen mejores resultados en la reducción de la pobreza, la generación del empleo y la producción de alimentos.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, el 9 de noviembre de 2010.— Diputados: Federico Ovalle Vaquera, Luis Hernández Cruz, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos al Fondo de Apoyo para Migrantes, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD

Claudia Edith Anaya Mota, como diputada integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados propuesta con punto de acuerdo a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incremente el monto de los recursos para el fondo de apoyo a migrantes.

Consideraciones

La reciente crisis global tuvo impactos claramente diferenciados sobre la migración y las remesas. Entre las zonas más afectadas se encuentra el corredor norteamericano, en donde los migrantes mexicanos constituyen la mayoría dentro de los grupos hispanos; además del continente europeo, que recibe migrantes de África, Asia y Latinoamérica.

Los migrantes menos afectados son los residentes en Asia, ya que esa región logró mantener tasas de crecimiento elevadas. En el caso de México, el impacto de las remesas ha sido significativo. Los niveles observados son similares a los registrados hace un poco más de 4 años, lo que se explica por la alta concentración de migrantes mexicanos en el sector de la construcción en EEUU.

La flexibilidad del mercado laboral ha permitido compensar parcialmente la pérdida de empleos en esos sectores por la migración regional y sectorial, principalmente en servicios. Aunque, es necesario reconocer que hemos observado en EEUU una mayor tasa de desempleo de los migrantes que los nacionales.

Sin embargo, no es que esta reciente crisis implique un estancamiento o un cambio drástico en las dinámicas migratorias de mexicanos hacia EEUU. Los elementos fundamentales de tipo económico que motivan a algunos trabajadores a un desplazamiento se mantienen. Entre ellos amplios diferenciales salariales, empleo, pobreza y pirámides poblacionales. A estos factores de atracción y expulsión de los flujos migratorios.

Para las familias de los mexicanos que radican en Estados Unidos, los ingresos en dólares significan una oportunidad real de mejorar la calidad de vida y de mejorar su situación patrimonial, puesto que el dinero es destinado principalmente para la vivienda, alimentación y educación.

A fin de respaldar económicamente a los mexicanos que se vean obligados a regresar al país debido a la crisis financiera que se vive en Estados Unidos, es necesario y de manera inmediata se ponga en marcha el Fondo de Apoyo para Migrantes aprobado en el Presupuesto de Egresos de 2010. Recordando que en 2008, la Cámara de Diputados aprobó un Fondo de Apoyo para Migrantes, el cual se aplicó durante 2009 “de manera descentralizada en 24 entidades federativas, específicamente en los municipios ubicados en los estratos de bienestar uno a cuatro, definidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en los que más del 10 por ciento de los hogares recibe remesas”, el fondo serviría para insertar en la economía formal a los paisanos que se queden sin trabajo en Estados Unidos y regresen al país.

El Programa Fondo de Apoyo para Migrante es beneficioso porque apoya programas de alta visibilidad con resultados inmediatos y concretos para el sustento de las personas de bajos ingresos. También estimula la realización de pruebas y proyectos experimentales trabajando con estos sectores de la población, lo que proporciona lecciones útiles para programas más grandes del gobierno estatal. Tres buenos ejemplos, son los fondos de inversión y emergencia social, los programas globales de microempresas, y los programas de capacitación de la fuerza laboral.

La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) pidió a la Cámara de Diputados incluir en el Presupuesto 2011, 300 millones de pesos para el Fondo de Apoyo a Migrantes ya que en el año 2010 se vio reducido a un monto de 100 millones pesos siendo que en el año 2009 se dio un apoyo similar al solicitado para el Ejercicio Fiscal 2011.

Sin lugar a duda es necesario que el Programa Fondo de Apoyo para Migrantes ni desaparezca ni se reduzca. De ninguna manera podemos permitir que este programa que además de que beneficia a nuestra gente que tanto trabaja para darle de comer a su familia no tenga ningún apoyo.

Punto de Acuerdo

Único.Por lo anterior exhorto a la honorable Cámara de Diputados acuerde que en el dictamen a la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se aprueben 400 millones de pesos al proyecto de Fondo de Apoyo para los Migrantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la ejecución del gasto, informes respectivos y evaluación del desempeño del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, suscrita por los diputados Rodrigo Pérez-Alonso González y Roberto Armando Albores Gleason, de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PRI, respectivamente

Los suscritos, Rodrigo Pérez-Alonso González, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Roberto Armando Albores Gleason, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ambos de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Poder Ejecutivo, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y comisiones ordinarias de esta Cámara de Diputados a que consideren y apliquen, una vez aprobadas por el Poder Legislativo federal, las disposiciones ya establecidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) de 2011, en materia de ejercicio del gasto, informes respectivos y evaluación del desempeño con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Decreto de Presupuesto de Egresos (DPEF) contiene disposiciones y lineamientos para el ejercicio fiscal correspondiente. En el caso del Proyecto de Decreto de PEF de 2011, el decreto incluye lineamientos y criterios importantes respecto a la evaluación del desempeño, el ejercicio de los recursos así como las reglas de operación y mecanismos de interacción y coordinación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo que mejoran la gestión del ejercicio de los recursos durante el año.

De esta forma, el decreto contempla incorporar mejoras al presupuesto del ejercicio fiscal de 2011 y que se fundamentan en dotar a la Cámara de Diputados de atribuciones y facultades en materia de conocer y mejorar el sistema de evaluación del desempeño, participar en el proceso de análisis de las reglas de operación de los programas y en el ejercicio de los recursos.

Ello implica ejercer las atribuciones del Poder Legislativo en materia de fiscalización, seguimiento del ejercicio del presupuesto y de diseño de políticas públicas. Por ello es importante reiterar y revisar dichas atribuciones incluidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 y solicitar su implementación de acuerdo con sus disposiciones normativas.

Asimismo, asigna al Poder Ejecutivo tareas y obligaciones a cumplir en el Ejercicio Fiscal de 2011, en el sentido de incluir mejoras a los sistemas de evaluación del desempeño y elaboración de indicadores de resultados.

En el Proyecto de Decreto de PEF 2011 se señala la importancia de la evaluación del desempeño y se establece que las dependencias y entidades deberán incorporar las recomendaciones de mejora a sus matrices de indicadores.

Asimismo, el decreto señala que se deberá elaborar un programa de trabajo para dar seguimiento a los principales resultados de las evaluaciones con que cuenten e integrar los aspectos que sean susceptibles de mejora en el diseño de las políticas públicas y de los programas correspondientes.

De igual forma, el mismo decreto indica que la información obtenida respecto al seguimiento de los ejercicios fiscales 2007 a 2011, deberá incorporarse a partir del Ejercicio Fiscal de 2011, lo cual implicará sin duda, el diseño de los programas así como de las reglas de operación de los programas.

Es importante destacar que el artículo 29 del decreto de presupuesto señala que la Cámara de Diputados, a solicitud expresa de sus órganos, tales como comisiones, centros de estudios y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tendrá acceso a la información relativa a la matriz de indicadores para resultados de los programas, al seguimiento del avance de cumplimiento de las metas de los indicadores de los programas, y a las evaluaciones realizadas, misma que será publicada en términos de su normativa interna. De igual manera posibilita a la Cámara de Diputados a recibir por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la capacitación y asistencia técnica respecto del sistema.

Igualmente, es necesario ejercer la atribución expresada en el DPEF en el cual faculta a la comisión ordinaria respectiva a emitir opinión sobre las reglas de operación de los programas respectivos, de manera previa a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y a más tardar el 1 de diciembre, con el objeto de que la aplicación de los recursos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se establece el mecanismo para que el Poder Ejecutivo responda a dicha opinión.

Es imprescindible además que la Cámara de Diputados ejerza su atribución de llevar seguimiento de la publicación del padrón de beneficiarios, en el cual se desagregará por sexo, grupo de edad, región del país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. Las dependencias y entidades deberán enviar a la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil de noviembre, la información, los criterios o las memorias de cálculo mediante los cuales se determinaron los beneficiarios.

De esta forma, a continuación se transcriben los artículos relevantes.

“Capítulo VIDe la evaluación del desempeño

Artículo 29. Las evaluaciones del desempeño a que se refieren los artículos 6, 78, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 72 de la Ley General de Desarrollo Social, se llevarán a cabo en los términos del programa anual de evaluación y las disposiciones aplicables en la materia.

Las evaluaciones se apegarán a los principios de objetividad, independencia, imparcialidad y transparencia y serán coordinadas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, así como por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-rrollo Social, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Las dependencias y entidades responsables de los programas, deberán observar lo siguiente

I...

Las dependencias y entidades deberán incorporar las recomendaciones de mejora a sus matrices de indicadores y hacerlas públicas en su página de Internet.

Las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas con beneficiarios, deberán relacionarlos a un listado o padrón y promover su inclusión en sus reglas de operación. A más tardar el último día hábil de enero, las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública una relación de esos programas y señalar para cada uno de ellos los casos en los que por razón de su naturaleza, tipo de beneficiarios, zonas geográficas atendidas, normatividad aplicable o cualquier otro criterio, éstos resulten excluyentes respecto a otros programas federales.

IV. Elaborar un programa de trabajo para dar seguimiento a los principales resultados de las evaluaciones con que cuenten e integrar los aspectos que sean susceptibles de mejora en el diseño de las políticas públicas y de los programas correspondientes.

Los compromisos se formalizarán mediante instrumentos específicos, se reportarán los avances y resultados que se alcancen mediante el sistema de evaluación del desempeño y se publicarán en los términos de las disposiciones aplicables.

La información que se haya obtenido del seguimiento a los compromisos de mejora y de las evaluaciones, correspondiente a los ejercicios fiscales 2007 a 2011, se tomará en cuenta, como parte de un proceso gradual y progresivo, durante 2011 y para los procesos presupuestarios subsecuentes;

VI. Publicar y dar transparencia a las evaluaciones, en los términos de las disposiciones aplicables.

Las dependencias y entidades deberán reportar el avance en el cumplimiento de las metas de los programas establecidos en las matrices de indicadores para resultados de cada programa, los resultados de las evaluaciones y el grado de cumplimiento de los compromisos de mejora derivados de las mismas, en los informes trimestrales que corresponda, de conformidad con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dicha información será publicada en las respectivas páginas de Internet de las dependencias y entidades.

VII. La Cámara de Diputados, a través de las comisiones legislativas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los centros de estudios correspondientes que lo soliciten, en los términos previstos en las disposiciones aplicables, tendrán acceso a la información relativa a la matriz de indicadores para resultados de los programas, al seguimiento del avance de cumplimiento de las metas de los indicadores de los programas, y a las evaluaciones realizadas, misma que será publicada en términos de su normativa interna.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público definirá los criterios específicos a seguir al respecto y proporcionará capacitación y asistencia técnica para que las instancias de la Cámara de Diputados que lo soliciten puedan llevar a cabo directamente la operación de las consultas y la generación de los reportes que requieran, con base en la información disponible en el sistema correspondiente;

Título CuartoDe las reglas de operación para programas

Capítulo IDisposiciones generales

Artículo 30. Los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquéllos señalados en el anexo 18 de este decreto. El Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá incluir otros programas que, por razones de su impacto social, deban sujetarse a reglas de operación:

I. Las reglas de operación de los programas federales deberán sujetarse a los siguientes criterios generales:

...

f) Se promoverá una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos la cual deberá incluir un porcentaje de avance del ejercicio de los recursos en cada trimestre del año, de forma que al tercer trimestre se hayan ejercido el 85 por ciento de los recursos de dichos programas y

g) Deberán incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos;

II. La Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, podrá emitir opinión sobre las reglas de operación que el Ejecutivo federal haya emitido conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de manera previa a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y a más tardar el 1 de diciembre, con el objeto de que la aplicación de los recursos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

En el contexto de la revisión de la planeación nacional del desarrollo en términos del artículo 34, fracción I, de la Ley de Planeación, los comités de planeación para el desarrollo de los estados podrán participar con las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados en la elaboración de las opiniones sobre las reglas de operación de los programas federales.

El Ejecutivo federal, por conducto de la dependencia a cargo del programa sujeto a reglas de operación correspondiente, dará respuesta a la Cámara de Diputados en un plazo que no excederá de 30 días naturales posteriores a la recepción de la opinión respectiva.

Las dependencias y entidades encargadas de estos programas deberán cuidar que en las reglas de operación de los mismos se prevea el enfoque para el logro de resultados. Para tal efecto, deberán adecuar las reglas de operación de los programas a su cargo a la matriz de indicadores para resultados incorporada en el Sistema de Evaluación del Desempeño, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Durante el primer semestre del Ejercicio Fiscal de 2011, la Auditoría Superior de la Federación en el marco de la revisión de la Cuenta Pública, revisará el cumplimiento de los programas y el impacto de las reglas de operación en el cumplimiento de los mismos;

III. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo dichos programas deberán observar las siguientes disposiciones para fomentar la transparencia de los mismos

a) ...

b) Los programas que contengan padrones de beneficiarios deberán publicar los mismos conforme a lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Los programas deberán identificar en sus padrones o listados de beneficiarios a las personas físicas, en lo posible, con la Clave Única de Registro de Población y, en el caso de personas morales, con la Clave de Registro Federal de Contribuyentes.

La información que se genere será desagregada, en lo posible, por sexo, grupo de edad, región del país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. Las dependencias y entidades deberán enviar a la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil de noviembre, la información, los criterios o las memorias de cálculo mediante los cuales se determinaron los beneficiarios;

c) – f) ...

g) En el caso de programas que no cuenten con padrón de beneficiarios deberán manejarse invariablemente mediante convocatoria abierta y, en ningún caso, se podrá etiquetar o predeterminar de manera específica recursos a determinadas personas físicas o morales u otorgarles preferencias o ventajas sobre el resto de la población objetivo;

h) Poner a disposición del público en general un medio de contacto directo, en el cual se proporcione asesoría sobre el llenado de los formatos y sobre el cumplimiento de los requisitos y trámite que deben observarse para obtener los recursos o los beneficios de los programas;”

Por lo anteriormente expuesto, se exhorta al Poder Ejecutivo federal a cumplir con las disposiciones presentes señaladas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011 de acuerdo con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo a incluir en el diseño de los programas y en las reglas de operación las recomendaciones y la información de las evaluaciones practicadas durante los ejercicios 2007 a 2011, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 fracción IV del Decreto del PEF 2011.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo a facilitar el acceso a la información relativa a la matriz de indicadores así como a la capacitación y asistencia técnica respectiva y a implementar los lineamientos señalados en el Decreto de PEF de 2011.

Tercero. Se exhorta a las comisiones, centros de estudios y la Auditoría Superior de la Federación, a solicitar al Poder Ejecutivo la información necesaria respecto de la matriz de indicadores y evaluación del desempeño de los programas.

Cuarto. Se exhorta al Poder Ejecutivo y a las Comisiones Ordinarias respectivas en la materia, a coordinar el mecanismo para el análisis de las reglas de operación con el fin de promover un ejercicio eficiente, oportuno, equitativo y distribuido regional y adecuadamente entre los beneficiarios de los programas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputados: Rodrigo Pérez-Alonso González, Roberto Armando Albores Gleason (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere la creación de un anexo presupuestal que consolide, integre y transparente los recursos en materia de acceso digital y tecnologías de la información a través de los programas existentes en la administración pública federal, suscrita por los diputados Rodrigo Pérez-Alonso González y Roberto Armando Albores Gleason, de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PRI, respectivamente

Los que suscriben, Rodrigo Pérez-Alonso González, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Roberto Armando Albores Gleason, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ambos de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se incluya el anexo presupuestal correspondiente al presupuesto identificado en materia de Acceso Digital y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La política digital en México presenta importantes rezagos que se reflejan en la pérdida de competitividad en materia económica. El Foro Económico Mundial (WEF), en su Informe 2010-2011 señala que nuevamente México perdió lugares en el índice global respecto del año anterior, pasando del lugar 60 al 66 de una lista de 139 países.

Parte de esa pérdida en competitividad se refiere a que las tecnologías de la información y comunicación no son actualmente una prioridad en la agenda económica nacional y nos encontramos muy rezagados en relación con otros países del mundo.

Muestra de ello es que, de acuerdo con el propio estudio del Foro Económico Mundial, en materia de infraestructura, México ocupa el lugar 75 de 139 países, en tanto que en líneas telefónicas fijas, el lugar es el 72 mientras que en telefonía móvil, nuestro país ocupa el lugar 93. Respecto al acceso a internet en escuelas de educación superior, México se encuentra en el lugar 89. De igual manera, en acceso a tecnología, ocupamos el lugar 71 de 139 países y en el rubro de innovación el lugar de México es el 78.

En ese sentido, uno de los factores primordiales del desa-rrollo y la competitividad del país es el uso de las tecnologías de la información en la vida cotidiana, la educación, la salud, el gobierno y en general de las actividades económicas. Por ello, el rezago que enfrenta el país en este sector, el aumento de la brecha digital y las reducidas capacidades de acceso a estas tecnologías por parte de los mexicanos inciden seriamente en la competitividad y en el logro de una economía más fuerte, con un crecimiento sustentable equitativo y solidario. Una causa importante de este rezago es la deficiente coordinación, focalización y orientación de las políticas públicas, programas y presupuestos en la materia.

El paquete económico 2011 representa un reto importante para el sector y constituye una oportunidad privilegiada de orientar y alinear esfuerzos para subsanar dichos rezagos, constituyendo un preámbulo a las demás políticas públicas que se pueden focalizar a este sector de la economía.

Con el fin de coordinar mejor los esfuerzos, transparentar y alinear los programas y recursos de la política digital, misma que tiene un carácter transversal, se presenta la propuesta elaborada por los que suscriben a efecto de incorporarla en los trabajos de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados. Mediante este articulado se pretende dar prioridad a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el Presupuesto de Egresos de la Federación y mejorar la toma de decisiones en el proceso de su aprobación. Asimismo, es menester señalar que su incorporación como anexo en el decreto del PEF, constituirá una buena práctica a repetirse en años posteriores para el mejor desempeño de este sector.

En materia de gasto resulta relevante alinear esfuerzos, presupuestos y programas de forma más coordinada y puntual, conociendo los requerimientos presupuestales que permitan desarrollar de forma integral al sector, de forma que contribuya con mayor eficiencia, eficacia y economía al avance de las TIC.

Justificación

Los programas y presupuestos en materia de TIC, los proyectos para disminuir la brecha digital, el gasto en infraestructura en telecomunicaciones y conectividad, así como los programas de cobertura social en conectividad y otros programas y recursos relacionados, presentan un carácter transversal e interinstitucional, es decir, involucran a diversas dependencias de la administración pública federal y programas diversos. Sin embargo, este carácter transversal, obliga a una amplia coordinación entre las dependencias.

Constituye un reto promover dicha coordinación y sus mecanismos para lograrlo, por lo que su ausencia genera duplicidad de programas, esfuerzos y recursos, de forma que la cobertura y alcance de los proyectos se ve alterada al igual que la consecución de metas que se ven distorsionadas por problemas de planeación, evaluación y control.

Ello se debe a la falta de identificación de recursos destinados para tal fin y que implica un diseño institucional adecuado para el uso eficiente de las TIC, a la consecución de un pleno e integral acceso digital de los mexicanos mediante la implementación de la infraestructura necesaria en telecomunicaciones, entre otros programas relacionados.

Por ello, en primer lugar, es necesario identificar los recursos destinados a las TIC.

En segundo lugar, una vez identificados los programas y recursos, es posible realizar labores de planeación, coordinación y de gestión eficiente de ellos, con el fin de orientar y focalizar los esfuerzos de forma más organizada, eficaz con criterios de economía, racionalidad y eficiencia.

En tercer lugar, ello facilita y transparenta los procesos de negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación durante la etapa de análisis, discusión y aprobación anual del presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados.

Los antecedentes a este tipo de anexos son diversos. De esta forma, en el transcurso de los años recientes se han elaborado una cantidad importante de anexos de presupuestos de temas que presentan un carácter transversal en el mismo sentido que los temas en materia digital.

Así, se han incluido en el decreto de presupuesto anexos en materia de mujeres y equidad de género, indígenas, desa-rrollo social, desarrollo rural a través del Programa Especial Concurrente (PEC) que involucra diversas vertientes y secretarías en materia rural, ciencia y tecnología, discapacitados, entre otros, que facilitan y transparentan el manejo de los recursos de carácter transversal.

Asimismo, ello va en concordancia con la relevancia que el Plan Nacional de Desarrollo da al tema, y la necesidad de que la Ley de Planeación incorpore a estos programas como un programa especial.

De esta forma, se elabora el presente anexo, distinguiendo los programas principales que se identifican en materia de acceso digital.

En este tenor, es posible identificar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), tres tipos de programas.

• Los vinculados directamente a la política pública en materia de tecnologías de la información y comunicación.

• Los vinculados directamente a gasto corriente y que básicamente corresponde a las áreas administrativas y de tecnologías de la información, al igual que a aquellas áreas de mejora tecnológica y digitalización de las dependencias, entidades, órganos autónomos y poderes, y ya sea recursos en su totalidad o bien, que parcialmente tienen destinados recursos a tal fin.

• Los vinculados a programas en los que parcialmente incluyen mejoras tecnológicas, elementos de acceso digital, infraestructura tecnológica y comunicaciones y capacitación para áreas específicas de la administración pública federal (APF).

De esta forma, si bien el anexo propuesto no constituye una lista exhaustiva y completa de todos los programas y recursos vinculados con las tecnologías de la información y comunicación, dado que su carácter transversal involucra una gran cantidad de programas y unidades responsables, el anexo pretende señalar principalmente los programas relacionados en el primer rubro, es decir, los programas vinculados a la política pública relacionadas con el acceso digital.

Por lo anterior, se propone la adición de una fracción XXXII y modificación de los siguientes artículos del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) con el fin de incluir el anexo correspondiente.

Artículo 3.

...

Fracción XXXII.

Los recursos en materia de acceso digital de los mexicanos, se presentan en el anexo 23. Dicho anexo incluye los programas que de manera transversal desarrollan diversas dependencias y entidades de la administración pública federal que en él se enuncian con el fin de lograr en México la disminución de la brecha digital y el acceso a la población a las tecnologías de la información y comunicación.

Artículo 46 Bis.

El anexo 23 se refiere al presupuesto identificado en materia de acceso digital y tecnologías de la información y comunicación. En él se comprenden los recursos identificados en las dependencias, entidades y organismos en materia de promoción de las tecnologías de la información y comunicación, principalmente en materia de políticas públicas relacionadas con el acceso digital que corre a cargo de los ramos siguientes

• Secretaría de Gobernación (Segob)

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

• Secretaría de Educación Pública (SEP)

• Secretaría de Economía (SE)

• Secretaría de la Función Pública (SFP)

• Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputados: Rodrigo Pérez-Alonso González, Roberto Armando Albores Gleason (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para ampliar el equipamiento y complemento de la red hospitalaria de Baja California, en particular de la Unidad de Especialidades Médicas de Oncología de Mexicali, y los Hospitales del Niño y de la Mujer de Mexicali y Tijuana, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Diputado Eduardo Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El cáncer es un grave problema de salud pública en nuestro país. En las mujeres, el cáncer de mama es el más frecuente y, desde 2006, es la primera causa de muerte. Baja California se sitúa entre los estados con tasas mayores de incidencia y mortalidad.

En esta entidad federativa los tumores malignos son la principal causa de muerte para las mujeres de 25 y 59 años, cuya prevención y tratamiento ha sido una prioridad en las políticas públicas del estado, debido a que hay una tendencia a la mortalidad por su detección y tratamiento tardío.

En la lucha contra la neoplasia, en el estado se han obtenido resultados favorables para su detección oportuna, con la implantación de campañas como la de Mamá vamos Juntos, con la que se logró realizar 12 mil 600 mastografías, y que se espera que aumenten a través de la campaña permanente para la detección de cáncer que realiza el gobierno estatal.

Para un adecuado control de la enfermedad se requieren además de programas de prevención y detección oportuna de cáncer, un adecuado diagnóstico y tratamiento, así como la infraestructura de servicios médicos para su control.

Por ello, para reducir la mortalidad por cáncer de mama, resulta insuficiente la detección temprana, se requieren también estrategias que faciliten el tratamiento.

El estado cuenta con diferente infraestructura hospitalaria como centros de salud, centros avanzados de atención primaria en salud, hospitales generales, unidades de especialidades médicas (Uneme) en Ensenada y Tijuana y la de Oncología en Mexicali.

Esta última “está destinada a otorgar servicios ambulatorios a nivel regional para el tratamiento del cáncer con quimioterapia y radioterapia a pacientes con enfermedades oncológicas y aquellas enfermedades hematológicos del tipo de leucemias”.

La Uneme de Oncología en Mexicali inició su primera fase en la administración anterior, en 2006 a través de una transferencia de recursos federales se logró su construcción pero no su equipamiento y en la presente administración estatal se gestionó la reorientación de recursos para el equipamiento y complemento de la Uneme, según convenio de coordinación celebrado en 2008 y se canalizó una inversión superior a los 51 millones de pesos para iniciar la construcción del bunker y la adquisición del acelerador lineal, como parte de la segunda fase de la Uneme de Oncología.

La importancia de este Uneme es fundamental para la detección y tratamiento del cáncer, entre ellos el de mama en la región. Sin embargo, una política en salud también debe considerar la eliminación de las desigualdades mediante una redistribución de recursos y servicios.

Es importante fortalecer la disponibilidad de recursos para la atención y control del cáncer de mama de quienes carecen de seguridad social, razón por la cual en al menos 25 estados de la república existe un centro estatal de cáncer para cumplir con la creciente atención médica de mujeres que padece este mal.

En los últimos años, en Baja California se ha mejorado la infraestructura hospitalaria pero los recursos disponibles resultan insuficientes, cuando el 24 por ciento de la población carece de seguridad social, más aún cuando el paciente que recibe diagnóstico de cáncer debe trasladarse para su tratamiento, lo que genera costos adicionales en su perjuicio.

En el combate al cáncer, particularmente el de mama por ser la primera causa de mortalidad de la mujer bajacaliforniana, los diferentes actores políticos estamos obligados a trabajar en una misma dirección para consolidar la infraestructura existente y estar en posibilidades de proveer de servicios de salud a la población más necesitada.

Resulta entonces prioritario se amplié, a través de mayores recursos, la capacidad de respuesta estatal en la detección y atención de casos de cáncer, particularmente de mama y cérvico uterino, mediante la adquisición de suficientes equipos, la construcción de instalaciones adecuadas, la formación y capacitación continua del personal para su diagnóstico y tratamiento y que los centros de atención no sólo sean ambulatorios sino también de internamiento.

Con el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria del estado y, en particular, la ampliación del equipamiento de la Uneme de Oncología en Mexicali y de los Hospitales del Niño y la Mujer del mismo municipio y de Tijuana, se podrá satisfacer el derecho a la protección de la salud de los bajacalifornianos.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara a efecto de que en el marco de los trabajos de discusión e integración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos por 150 millones de pesos para ampliar el equipamiento y complemento de la red hospitalaria de Baja California, en particular de la unidad de especialidades médicas de Oncología en Mexicali y los Hospitales del Niño y la Mujer de Mexicali y de Tijuana.

Notas:

1 Resultados de Gestión 2001-2007. Salud Pública.

2 Publicado en el DOF el 14 de julio de 2008.

3 tercer informe de labores. Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a la realización de proyectos para la protección y conservación del ambiente en Baja California, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Diputado Eduardo Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En Baja California existen cerca de 3 mil especies de plantas, de las cuales 686 son endémicas. En cuanto a los reptiles y mamíferos, se han registrado 109 especies, encontrándose 21 endémicas. Las aves a su vez integran un grupo de 225 especies, con 114 semiendémicas.

Por su biodiversidad, esta entidad federativa cuenta con diversas áreas naturales de carácter federal sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo. Entre las cuales se encuentran las siguientes, que en algunos casos parte de su superficie es considerada como sitio Ramsar por contar con humedales de importancia internacional:

• La reserva de la biosfera Alto golfo de California y delta del río Colorado localizada en Mexicali y puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora, destacándose por su matorral xerófilo microfilo, bosque de pino, vegetación halófita de dunas costeras y manglar.

• La reserva de la biosfera Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y Salsipuedes.

• El parque nacional Constitución de 1857, que se localiza en Ensenada, con bosque de pino-encino y chaparral.

• El parque nacional Sierra de San Pedro Mártir con pinos, abies, libocedrus, pseudotsuga y chaparral, ubicado en Ensenada.

• El parque nacional Archipiélago de San Lorenzo, localizado frente a las costas de Ensenada.

• Área de protección de flora y fauna Valle de los Cirios, con matorral xerófilo micrófilo, bosque de pino, vegetación halófita de dunas costeras y manglar.

Entre sus humedales se encuentran isla Rasa, estero de Punta Banda, bahía de San Quintín, que alberga cinco subespecies de aves en peligro de extinción.

Lo anterior convierte a Baja California en un estado con gran riqueza natural. Sin embargo, su biodiversidad se ve amenazada por la destrucción de ecosistemas, el desarrollo de proyectos de infraestructura no compatibles con la protección del medio ambiente, la falta de uso eficiente y racional de los recursos naturales, y un crecimiento social y económico incompatible con la conservación del medio ambiente.

De ello deriva que de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Ecológico del estado, Baja California tenga problemas de erosión y desertificación, modificación y deterioro del paisaje, disminución y tráfico ilegal de especies, sobreexplotación de recursos naturales, incompatibilidad de usos de suelo y, en general, un deterioro del patrimonio natural.

Entre sus municipios, destaca el caso de la región de Mexicali por los problemas ambientales que padece; entre ellos, la contaminación de agua, aire y suelo, generados por actividades industriales, agrícolas y pecuarias o por el crecimiento urbano no planificado, la generación de residuos sólidos y la falta de sitios adecuados para el tratamiento y disposición final de los mismos.

Por lo que se refiere a la contaminación atmosférica que padece el municipio, de acuerdo con el reporte anual: 2009, Programa Fronterizo de Monitoreo del Aire de California-México, se encontró que el mayor problema de calidad del aire es el ozono y partículas que en algunos casos han rebasado el límite máximo permisible y entre sus recomendaciones señala la necesidad de la adquisición de equipos nuevos para no generar pérdidas de información por contaminantes criterios.

En Tijuana la contaminación del suelo se debe principalmente a la disposición inadecuada de los residuos sólidos no peligrosos, y en Ensenada, “el Estero de Punta Banda presenta graves problemas de contaminación debido al aporte de aguas residuales con restos de agroquímicos, producto de la explotación agrícola del valle de Maneadero, ocasionando el deterioro gradual del cuerpo de agua”.

Baja California enfrenta grandes retos como la preservación de su biodiversidad, la conservación y uso del agua y del suelo y la gestión ambiental. Por ello es imprescindible el destino de mayores recursos que permitan llevar a cabo, entre otros, el inventario estatal forestal, la adquisición de equipo de monitoreo atmosférico, la adopción de medidas para la protección de especies sujetas a protección especial como el borrego cimarrón, la conservación de sus humedales, la construcción de rellenos sanitarios y lagunas de oxidación, la sustitución de luminarias, el análisis de vulnerabilidad de sus municipios al cambio climático e identificación de las medidas de mitigación.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, para que en el marco de los trabajos de discusión e integración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se incluyan en el decreto correspondiente, una ampliación de recursos por 90 millones de pesos al ramo 16, para la realización de proyectos para la protección y conservación del medio ambiente en Baja California.

Notas:

1.http://www.descubrebajacalifornia.com/baja-resumen-geog rafico.php

2.www.conanp.gob.mx

3.http://www.bajacalifornia.gob.mx

4.http://www.bajacalifornia.gob.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos al capítulo de iniciativas. Quisiera recordar a los señores diputados que conforme al acuerdo del pleno los diputados que sean mencionados y no se encuentren presentes su iniciativa será turnada directamente a la comisión respectiva.

Esta Presidencia recibió del diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, perteneciente a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15, adiciona un artículo 15 Bis, reforma la fracción III, adiciona una fracción III Bis al artículo 16 y reforma el artículo 48, todos de la Ley General para el Control del Tabaco, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En México, uno de cada cinco varones antes de cumplir 18 años de edad, 68 de cada 100 personas de 18 a 29 años de edad ha consumido tabaco alguna vez en su vida, casi 13 millones de personas entre 18 y 65 años que viven en áreas urbanas son fumadores, más de 12.5 millones de personas son fumadores pasivos. Entre las causas de defunción asociadas al tabaquismo que más preocupan por el monto de sus tasas se ubican las enfermedades del corazón, las cerebro-vasculares y las pulmonares –dentro de las cuales resaltan los tumores de tráquea, bronquios y pulmón.

Datos tan contundentes nos muestran la relevancia y la extrema urgencia de continuar con las acciones que frenen el incremento diario del número de personas adictas al tabaco., en todos los ámbitos y desde los tres niveles de gobierno.

En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó al 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, para alentar a los fumadores a dejar de fumar e incrementar el conocimiento sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud.

Las enfermedades derivadas del consumo del tabaco, le cuestan a México aproximadamente 45 mil millones de pesos tan solo en atención proporcionada por los institutos nacionales de enfermedades respiratorias, cardiología, neurología, cancerología, Sedena e IMSS.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, el promedio de fumadores que afirmaron haber iniciado el consumo durante la adolescencia, lo hicieron a los 13 años.

Para el año 2020, la OMS estima que el tabaco causará más muertes alrededor del mundo que el VIH, la tuberculosis, la mortalidad materna, los accidentes de vehículos, el suicidio y el homicidio, combinados.

En nuestro país, el 30 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial la Ley General para el Control del Tabaco, cuya última reforma se publicó en el mismo diario el 6 de enero de 2010. Este ordenamiento jurídico, deberá continuar su camino a la perfección jurídica.

La ley en comento, sanciona la venta, sin embargo ha dejado de lado la sanción a quienes con la compra contribuyen a la violación de la ley. En las calles de nuestro país, en cada semáforo, saltan a la vista una gran cantidad de menores de edad que venden cigarros a los automovilistas y peatones. Es necesario asumir como legisladores la responsabilidad de hacer lo necesarios, desde el ámbito de nuestra competencia, para contribuir a la erradicación de cualquier forma de explotación infantil, máxime cunado se trata de su utilización con fines ilícitos.

Por lo anterior, la presente iniciativa pretende sancionar a quienes compren productos del tabaco a menores de edad. Para ello se estipuló una sanción de 10 a 20 salarios mínimos, equiparándola a la sanción administrativa que por consumo de alcohol en vía pública se impone en casi todo el territorio nacional. Con ello se pretende desincentivar el consumo y el fomento a la explotación infantil.

Asimismo, resulta pertinente, generar los mecanismos para lograr un mayor control de los establecimientos en los que se realiza la venta de cigarros. La actual Ley General para el Control del Tabaco, solamente exige autorización para la producción de cigarros. Es necesario contar con un mapa real de los lugares donde se realiza la venta, lo cual permitirá el diseño de políticas públicas contra el tabaquismo, efectivas y eficientes.

Por lo anterior la presente iniciativa establece el requisito de contar con un aviso de funcionamiento para la venta de productos del tabaco, exigiendo al mismo tiempo, que en él se indiquen las características, así como, el tipo de servicios a que esté destinado el establecimiento y el nombre del titular o responsable.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General para el Control del Tabaco

Artículo Único. Se reforma el artículo 15, se adiciona un artículo 15 BIS, se reforma la fracción III, se adiciona una fracción III BIS al artículo 16 y se reforma   el artículo 48, todos de la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue:

Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos del tabaco deberá contar con aviso de funcionamiento y, tendrá las siguientes obligaciones: I a IV.

Artículo 15 Bis. El aviso previsto en el artículo 15 de esta ley, deberá presentarse por escrito a la Secretaría de Salud o a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de los diez días posteriores al inicio de operaciones, en él se indicarán las características, así como, el tipo de servicios a que esté destinado el establecimiento, el nombre del titular o responsable y lo que al efecto determine la autoridad competente.

Artículo 16. Se prohíbe:

I. ...

II. ...

III. Comerciar, vender, distribuir o exhibir cualquier producto del tabaco a través de distribuidores automáticos, máquinas expendedoras , o menores de edad;

III Bis. Comprar a menores de edad, cualquier producto de tabaco;

IV a VI. ...

Artículo 48. Se sancionará con multa:

I. El incumplimiento del artículo 16 fracciones III y III Bis de esta Ley, en cuyo caso la multa será de 10 hasta 20veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate ohasta cien veces , si se incumple lo dispuesto en el artículo 26 de la misma.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas a propósito del día mundial sin tabaco, datos nacionales.  2006.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre de 2010.— Diputado Ignacio Téllez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud.

ARTICULOS 21, 73, Y 115 CONSTITUCIONALES - LEY DE LA POLICIA FEDERAL - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado José Luis Ovando Patrón, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad concedida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos noveno y décimo del artículo 21, la fracción XXIII del artículo 73, el inciso h) de la fracción III y el primer párrafo de la fracción VII del artículo 115; y se adicionan los párrafos décimo, décimo primero y décimo segundo, recorriendo el actual párrafo décimo para quedar como décimo tercero del artículo 21 y un segundo y tercer párrafo, recorriendo el actual segundo para quedar como cuarto del artículo 115, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona la fracción XLV, recorriendo las subsecuentes, del artículo 8 de la Ley de la Policía Federal; se reforman las fracciones VI y XIV del artículo 7, la fracción XVIII del artículo 14, la fracción III del artículo 18, la fracción XVIII del artículo 29, la fracción IX del artículo 33, el numeral 1 del inciso a) de la fracción II del apartado A del artículo 39, la fracción VII del artículo 47, y la fracción VIII del artículo 85; y se adicionan una fracción XII, recorriéndose las subsecuentes del artículo 5, una fracción XV, recorriéndose la actual para quedar como XVI del artículo 7, una fracción XIX, recorriéndose la actual para quedar como XX del artículo 14, una fracción XIX, recorriéndose la actual para quedar como XX del artículo 29, las fracciones X y XI, recorriéndose la actual fracción X para quedar como XII del artículo 33, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Ante la necesidad de contar con más y mejor seguridad en nuestro país, se ha concebido la creación de nuevas disposiciones legales, mientras otras tantas, se han reformado y adicionado con el propósito de contar con instrumentos jurídicos acordes a la realidad que se vive derivado del incremento de la incidencia delictiva. En éste sentido, se han dado cambios en los últimos años, que han tenido el propósito de mejorar la función de seguridad pública; aunque ello en definitiva no ha sido un camino sencillo.

La preocupación constante del Estado Mexicano ha sido concretar medios e instrumentos que tengan relación directa el combate a las estructuras de la delincuencia, la cual ha llegado a introducirse al ámbito de quienes tienen en sus manos brindar seguridad a la ciudadanía.

No ha sido sencillo para las instituciones encargadas de la Seguridad Pública el recobrar la confianza en la gente; y menos el enfrentarse con grupos de delincuentes que cuenta con armamento de alto poder, y sofisticado, superior al utilizado por las policías locales preventivas y de tránsito que se tienen dentro de cada entidad federativa, municipios y en el Distrito Federal.

Todo esto se suma al deterioro económico y social de actualidad, producto de las devaluaciones económicas, la carencia de oportunidades laborales y educativas para la población, aunado a otras causas como lo es la corrupción, práctica que se ha infiltrado en las instituciones de justicia y seguridad, así como el incremento en el tráfico y consumo de drogas e incursión de la delincuencia organizada en la comisión de múltiples delitos de alto impacto social.

Lo anterior, visualiza un panorama que sugiere inmediata atención poniendo en marcha propuestas tendientes a mejorar las condiciones de convivencia social, siendo fundamental dentro de las estrategias a seguir, el fortalecimiento de la función policial en las entidades federativas en materia de prevención y combate al delito; con independencia de la aplicación de programas dirigidos a atender la crisis que en la actualidad enfrentan las familias dentro de su núcleo por desintegración familiar debido a procesos de violencia, drogadicción y alcoholismo como agentes que igualmente han contribuido a la descomposición del tejido social, problemática de la que sin duda no se encuentran exentos los integrantes las corporaciones de policías.

Estas son algunas cuestiones que se han manifestado dentro del contexto que da pauta al fenómeno delictivo, y que tienen su origen en el propio individuo por la incipiente formación de principios y valores morales emanados en el seno familiar, así como la influencia del entorno que le rodea. Ante dichas circunstancias, resulta preciso atender a nuevos modelos de seguridad pública que permitan contrarrestar las acciones de quienes pretenden perpetrar un delito.

Por tanto, al ser la seguridad pública una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace necesario implementar una serie de cambios estructurales, orgánicos y funcionales, todos ellos encaminados de manera conjunta al objeto de tener una mejor policía, cercana a la gente, coordinada, capaz y decidida a cumplir con su trabajo de prevención y combate al delito, con los elementos necesarios, conocimiento pleno de sus funciones, y con los recursos materiales de infraestructura y humanos suficientes, que tiendan a evitar que el elemento policial se corrompa.

Muestra de la inseguridad que ha generado la delincuencia en la actualidad, es el impacto que se ha dejado ver en los sectores económico, político y social en nuestro país. De acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal los delitos de fuero común en el 2009 se ubicaron en un 93 por ciento, de donde destaca el robo en sus diversas modalidades con un 37.6 por ciento lo cual comulga con lo señalado en la sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, donde un estudio realizado sobre los delitos que padecen las víctimas encuestadas, sitúa a dicho ilícito en un 78.8 por ciento, constituyendo uno de los primeros pasos para el delincuente en su carrera criminal para la futura comisión de delitos de mayor escala. En el caso del secuestro, el número de personas internas por éste delito suman un total de 9,014, cifra que pudo haber sido menor al haberse atendido eficazmente la evolución e incidencia delictiva de dichos sujetos en etapas primarias.

Por su parte, el Estado para enfrentar al robo como manifestación de primigenia de graves ilícitos, entre sus acciones para la prevención y combate del delito, ha tenido como aparato principal en contra de la delincuencia a la policía de proximidad social, conformada por las policías estatales y municipales, mismas que debieran tener un contacto constante hacia la ciudadanía a través de una serie de líneas de acción encaminadas a la prevención del delito, y enfrentar a los delincuentes; lastimosamente dentro de su esquema de actuación no se ha tenido la capacidad necesaria para un rotundo combate coordinado en la etapa primaria de la delincuencia en el ámbito local y estatal. Diversos factores han influido, entre los cuales se destaca a la corrupción, donde según un estudio presentado por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el cual expresa que “Sin corrupción no subsistiría el 93 por ciento de policías estatales y municipales”, de donde se comprende que su causa primordial, es la baja remuneración salarial.

Ejemplo de dicha baja remuneración salarial, es que de los 159,734 policías municipales en activo registrados en el país por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 60.9 por ciento recibe un ingreso máximo de $4,000 pesos mensuales, lo que los convierte en un blanco perfecto para corromperse.

Si agregamos a esto, que el 70 por ciento se encuentran en el nivel básico de enseñanza, es analfabeta o sin instrucción, se pone de manifiesto el hecho de que la realidad en el ámbito municipal no se cuenta un personal capaz de prestar un servicio al público usuario, ni enfrentar a la delincuencia en sus más básicas manifestaciones, ya que también se carece de personal suficiente, infraestructura, recursos materiales, sumado a que resultan deficientes la aplicación de programas y protocolos de coordinación para tales efectos.

La situación se torna preocupante, aún cuando el panorama que se presenta en el caso de las policías municipales no dista mucho la situación que se vive en la policía estatal, la que en promedio de percepción salarial de sus 186,862 elementos operativos se encuentra en un aproximado de $6,500 pesos mensuales; cuando el costo de vida se encuentra en un rango de $10,000 pesos, comprendiéndose un déficit que se contrapone incluso con lo dispuesto al concepto de salario mínimo, contemplado en el párrafo segundo del artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, estableciéndose que éste “será suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”, toda vez que el trabajo que desempeñan los elementos policiales es extenuante y de alto riesgo.

Ejemplo de la viabilidad de la propuesta, es el Distrito Federal donde el cuerpo de policía está adscrito a un mando –secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal– que regula y opera la función de seguridad pública en las 16 demarcaciones territoriales que lo conforman actualmente, teniendo un índice de violencia relativamente reducido considerando el tamaño de su población, mientras que Ciudad Juárez tiene más de 190 homicidios por cada 100 mil habitantes, el Distrito Federal solo registra 6.

En lo que hace a Colombia el modelo de policía única ha garantizado la total efectividad de una institución policial, ya que se tiene la experiencia de que al contar con un cuerpo policial nacional, ante el delito es cada vez más globalizado, la policía local ha tenido el respaldo nacional evitando que esta no quede secuestrada por el crimen organizado ó se infiltre en ella.

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de implementar a nivel nacional el mando único de policía, esencialmente porque nuestro país aceptó ser Estado parte de “La Convención de Palermo”, desde el 29 de septiembre de 2003, llevando consigo el compromiso de confrontar a la delincuencia de manera decisiva –pues ello es materia de seguridad pública–, a modo de fortalecer acciones en contra de la delincuencia organizada, para combatir el blanqueo de dinero, la corrupción, la disposición de parte de los delincuentes de bienes producto de las actividades ilícitas, etcétera, normas que no son ajenas a nuestro sistema de justicia y seguridad actual.

La venezolana Nancy Granadillo, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas en su ponencia durante el Tercer Encuentro Anual de Criminología (2006), manifestó el hecho tomar medidas contundentes en contra de la delincuencia en sus distintas manifestaciones, señalando que “la compleja estructura de los grupos de delincuencia organizada requiere necesariamente de estrategias conjuntas que permitan disminuir el incremento que este flagelo ha presentado en las últimas décadas, partiendo de la base que la seguridad jurídica de los ciudadanos debe ser la garantía por excelencia tutelada por los Estados”.

En nuestro país, es importante conocer y tener siempre en cuenta el criterio básico para repartir las competencias entre el ámbito federal y el local, así lo marca nuestra Constitución en su artículo 124, donde se establece que todo aquello que no esté expresamente atribuido a las autoridades federales, se entenderá reservado a los estados. Este principio es la primera fuente de la descentralización, ya que la actuación del gobierno federal esta limitada a aquello que expresamente le fue conferido; en contraposición los estados tienen atribuciones sobre todas las demás materias no enunciadas.

Partiendo de que la seguridad pública es una materia concurrente entre las diferentes Entidades Federativas, el Distrito Federal y la Federación, en donde el reparto de competencias debe hacerse en una ley marco expedida por el Congreso de la Unión, tal y como lo señalan los artículos 21, 73 fracciones XXIII, y 122 Base Segunda fracción II inciso e) de la Constitución Federal, es que se presenta la presente reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA MATERIA CONCURRENTE EN LA QUE TODAS LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO DEBEN COORDINAR ESFUERZOS PARA LA CONSECUCIÓN DEL FIN COMÚN DE COMBATE A LA DELINCUENCIA, BAJO UNA LEY GENERAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN.

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, los cuales deben coordinarse, en los términos señalados por la ley, para fijar un sistema nacional de seguridad pública. Por su parte, el artículo 73, fracción XXIII, constitucional, prevé la facultad del Congreso de la Unión para establecer las bases de dicha coordinación en una ley general, de donde deriva que aquélla debe entenderse no sólo en referencia al ámbito administrativo, sino también al legislativo. Así, el Congreso de la Unión puede coordinar legislativamente mediante una ley general en la que se distribuyan las facultades competenciales de los distintos niveles de gobierno, por ende, la seguridad pública constituye una materia concurrente inserta en el contexto del federalismo cooperativo, en la que existe la obligación constitucional para todas las instancias de gobierno de coordinar esfuerzos para la consecución del fin común de combate a la delincuencia, bajo una ley general expedida por el Congreso de la Unión.

Controversia constitucional 132/2006. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 10 de marzo de 2008. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: José María Soberanes Díez, Fabiana Estrada Tena y Marat Paredes Montiel. El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.

Por las razones expuestas, no puede comprenderse la solución a la inseguridad en los Estados y sus municipios con la integración de las 2 mil 022 corporaciones policiales que cubren el 82.9 por ciento de los municipios del país ni a las 31 corporaciones estatales, con la inclusión del Distrito Federal.

Por ello, esta iniciativa propone dentro del artículo 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el establecimiento de un mando único en los Estados y el Distrito Federal, que tendrá la obligación de atender las necesidades de seguridad pública, exceptuando las correspondientes a los cuerpos básicos de policía de proximidad; en aquellos municipios que no cumplan con los procedimientos de acreditación y desarrollo institucional. Asimismo se establece que las instituciones municipales estarán bajo el mando del Presidente Municipal, cuando certifiquen las condiciones objetivas del desarrollo institucional y el procedimiento para la acreditación, conforme lo dispuesto en la Ley General de la materia. En caso contrario, se sujetarán al mando único del gobierno estatal.

En cuanto a la reforma al artículo 73 constitucional, se propone incorporar la facultad del Congreso de la Unión para instituir el mando único de las Entidades Federativas, además de los cuerpos básicos de proximidad municipal.

Por lo que respecta al artículo 115 constitucional, se reforma la fracción h) a fin de establecer que los Municipios, contarán con una Institución policial que certifique las condiciones objetivas del desarrollo institucional y el procedimiento para la acreditación, que estará bajo el mando del Presidente Municipal. Además, se incorpora la figura de cuerpo básico de policía de proximidad y se conserva la figura policial de tránsito. En casos de fuerza mayor o alteración grave del orden, la Institución Policial Municipal acatará las disposiciones del mando único estatal, únicamente durante la contingencia.

Tocante al artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, se adiciona la fracción XLV, recorriéndose las subsecuentes para reiterar la coordinación con el mando único de las entidades federativas.

Por lo que se refiere a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establece dentro del artículo 5º incluir la definición de Plataforma México como una infraestructura tecnológica de telecomunicación informática, instalaciones técnicas, equipamiento y en general, toda tecnología para garantizar la procuración de una seguridad pública cada vez más sólida, mediante un sistema que genera información de inteligencia para asistir a la actuación policial en el combate con eficiencia en contra del crimen organizado. Así también se reforman las fracciones VI y XIV del artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para incluir la homologación de los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública, así como la optimización de los recursos materiales financieros y el capital humano.

De igual forma se reforma la fracción XVIII del artículo 14 para establecer las condiciones objetivas del desarrollo institucional y el procedimiento que deberán acreditar los municipios para contar con instituciones policiales de seguridad pública.

En cuanto al artículo 18, se reforma la fracción III para incorporar los términos “calidad del servicio y ética profesional” en el Programa Rector de Profesionalización del Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.

En el artículo 29, en congruencia con las modificaciones constitucionales, se reitera la coordinación entre la federación, el mando único estatal y los cuerpos de seguridad pública municipal.

En el artículo 33 de la citada ley, se adicionan como funciones de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, promover que las instituciones policiales acreditadas de los municipios, conforme a los lineamientos dispuestos por el Consejo Nacional, cumplan con los fines y objetivos de seguridad pública en el ámbito de sus competencias; así como vigilar que los cuerpos policíacos básicos de policía de proximidad municipal, cumplan con las disposiciones aplicables a sus funciones, respecto del desarrollo policial.

En el artículo 39 de este ordenamiento, se incorpora el esquema de homologación de las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales.

Se modifica la fracción VII del artículo 47 para reiterar la relación de colaboración entre la policía y la ciudadanía en los Programas Rectores de Profesionalización.

Finalmente en el artículo 85, se establece con carácter prioritario, la adquisición de viviendas dignas, a través del crédito correspondiente, por parte de los cuerpos policiales.

Las modificaciones propuestas son armónicas dentro de nuestro sistema de seguridad pública, y resultan acordes a la reunión sostenida entre el Gobierno Federal, la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, donde se compartió la idea de un nuevo modelo policial en el país.

Es importante mencionar también, que en materia internacional, es indispensable y fundamental la pronta conformación de un mando único de policía estatal en razón de que las secretarías de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, las Secretarias de Seguridad Pública estatales y Procuradurías Generales de justicia locales han actuado de forma desarticulada entre sí, no dan seguimiento a sus compromisos y la información que brindan es inconsistente. Tales deficiencias administrativas y de control interno han impedido el combate eficaz desde el gobierno contra la delincuencia organizada y malogran la cooperación con el exterior, señala la Auditoría Superior de la Federación.

Desde que surgió como un Estado independiente, México ha suscrito 133 tratados, convenios y acuerdos internacionales en materia de seguridad pública para prevenir y combatir los nuevos y antiguos delitos transfronterizos. Esos pactos, binacionales y regionales, son los principales instrumentos con los que cuenta contra la impunidad de la delincuencia organizada. Recurre a ellos en casos de extradición (cuando los probables responsables de cometer delitos o las pruebas se encuentran fuera de la jurisdicción del Estado mexicano) para solicitar o brindar asistencia jurídica y para la ejecución de sentencias penales (traslado de reos).

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, en su “Eje rector I: estado de derecho y seguridad”, indica la necesidad de establecer convenios de colaboración en el ámbito internacional para mejorar el combate al crimen organizado y prevenir la impunidad. Tal gestión es posible, señala el PND, mediante la suscripción de diversos instrumentos internacionales, por los que este país también contribuye a la seguridad internacional.

Sin embargo, la falta de coordinación entre las dependencias federales, estatales y municipales, y del seguimiento a los compromisos contraídos por México en materia de seguridad pública hicieron ineficaz e ineficiente la lucha contra la delincuencia organizada. Así lo señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría que realizó para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas que se trazaron para 2008 esas dependencias en cuanto a los “Tratados Internacionales en Materia de Seguridad Pública”.

Con la creación de un mando único, se pretende dar puntual cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y seguridad pública tal y como son:

• Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”

• Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte

• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

• Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

• Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU)

• Principios básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU).

• Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (ONU). Principios

• Responsabilidades de las instituciones de seguridad pública, teniendo presente los propósitos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y recordando la Declaración sobre Seguridad en las Américas adoptada el 28 de octubre de 2003

• Algunos lineamientos en cuerpos normativos sobre el uso de la fuerza por integrantes de instituciones policiales extranjeras

Por mencionar solo algunos, de los cuales se desprende que la seguridad pública es deber y obligación exclusiva del Estado, fortalece el estado de derecho y tiene como fin salvaguardar la integridad y seguridad de las personas y proteger el disfrute de todos sus derechos; en los que las condiciones de seguridad pública mejoran mediante el pleno respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como mediante la promoción de la educación, la salud y el desarrollo económico y social; en donde resulta de gran importancia la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales y su consecuente impacto sobre el fortalecimiento de la seguridad pública; en los que el cumplimiento de las leyes es parte de cualquier estrategia de seguridad pública que incluya la prevención, la rehabilitación y la reintegración, y que es preciso que todos estos elementos contribuyan a combatir eficazmente la delincuencia, la violencia y la inseguridad; en los que de igual modo resulta importante integrar de manera transversal las disposiciones del derecho internacional en la cultura institucional, la doctrina, la formación, el entrenamiento y la actuación de las fuerzas de seguridad pública, para que de esta forma se pueda dar cumplimiento a los importantes trabajos realizados en materia de seguridad multidimensional en los ámbitos subregionales, en el Sistema Interamericano y en el sistema de Naciones Unidas.

Por lo anteriormente mencionado la Organización de Estados Americanos ha propuesto:

1) Promover la modernización de la gestión policial, incorporando en la misma la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de quienes los integran;

2) Continuar con la capacitación de recursos humanos en temas de seguridad pública, incluyendo el Programa Interamericano de Capacitación Policial de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

3) Solicitar a la Secretaría General de la OEA que lleve a cabo un estudio de factibilidad, con las aportaciones de los Estados Miembros, sobre las mejores formas para fortalecer en la región el entrenamiento y formación de personal con responsabilidad en materia de seguridad pública para presentarlo, a la brevedad posible, a la consideración de los Estados Miembros;

4) Considerar la creación y mantenimiento, según sea necesario, de observatorios gubernamentales de la delincuencia y la violencia, con el propósito de contribuir al diseño de planes estratégicos y operativos para la seguridad pública y seguridad ciudadana, con miras a fortalecer la prevención y lucha contra la delincuencia, la violencia y la inseguridad;

También es importante tomar en cuenta en esta iniciativa los modelos de efectividad y eficiencia frente al fenómeno delictivo, no obstante resulte complejo y polémico cualquier apreciación valorativa del desempeño y la composición estructural de las corporaciones preventivas. Ya que las diferenciaciones generalmente son arbitrarias, máxime si se toma en cuenta que la diferenciación es la característica distintiva de los sistemas de seguridad pública entre un país y otro existen diferencias concretas; aun siendo posible la existencia de rasgos comunes.

Por ejemplo los países de Europa occidental son los que mejor han consolidado sus sistema de seguridad pública permitiéndoles estructurar de forma integrada las áreas de gobierno relacionadas con: la política interior; es decir, las funciones relacionadas con el orden y la paz públicos, esto es, los movimientos conflictos sociales, la delincuencia organizada, el terrorismo, y en general todos aquellos factores que ocasionan un ambiente turbulento; la seguridad del Estado, se refiere a las actividades vinculadas con la seguridad nacional, la preservación de las instituciones, la integridad territorial, la soberanía nacional, la independencia económica y la vida colectiva como nación: logrando distinguir la seguridad de las personas se concibe como la prevención de los delitos en todas sus modalidades, implica la protección de las personas, sus bienes, sus garantías individuales y sus derechos humanos; la procuración e impartición de justicia, tienen por objeto la defensa de la sociedad, mediante la investigación, la persecución del delito, el ejercicio de la acción penal, la reparación del daño y la imposición de sanciones. Ahora se realizara un muy breve análisis de cómo se organiza el sistema de seguridad pública en algunos países:

El modelo francés de seguridad dispone de dos fuerzas básicas: la Policía Nacional y la Gendarmería Nacional, la primera depende del Ministerio del Interior, quien ejerce el mando a través de un funcionario del servicio civil de carrera del propio Ministerio y la segunda esta bajo el mando del Ministerio de Defensa, ejerciendo su atribución mediante un magistrado de carrera. La policía Nacional dispone de una estructura orgánica orientada a atender las funciones de seguridad pública, seguridad nacional y de investigación del delito en apoyo en apoyo a la administración de justicia. La Gendarmería Nacional por su parte opera en comunidades menores a 10 mil habitantes y ejercen las funciones en materia de policía. Francia cuenta con un sistema de formación policial de los más desarrollados a nivel mundial, ya que cuenta con seis escuelas nacionales de formación inicial; la escuela de inspectores; la escuela de oficiales de paz; la escuela Nacional Superior de Policía. El sistema de carrera policial por su parte desde la formación inicial, mandos medios y mandos superiores requieren de un proceso de preparación de de cuatro años y tres meses y el nivel licenciatura.

El modelo de seguridad pública de los Estados Unidos, está clasificado como un sistema desconcentrado: las funciones de seguridad pública se reservan para los estados de la Unión y es competencia del nivel central los delitos contra la federación y la seguridad del Estado. El FBI, la CIA, la DEA son cuerpos de elite con la mas alta calificación y especialización, se integra con personal universitario de nivel licenciatura, maestría y doctorado, su entrenamiento es corto en las instituciones, ya que prefieren obtener del mercado laboral los mejores cuadros en función de las especialidades que cada una de las corporaciones requiere. Por lo que se refiere a la policía de seguridad pública, los estados y municipios se organizan de acuerdo sus propios criterios.

En el modelo de seguridad pública alemán, su estructura obedece a las características del sistema político, constituido por una república federal con una estructura de estados miembros de la federación. Los delitos federales, la protección de fronteras, la seguridad ferroviaria y las instituciones federales como es el caso del Parlamento Federal son responsabilidad del gobierno federal, para tal efecto se auxilia del Ministerio del Interior de la cual depende la oficina de investigaciones federales y la protección de fronteras, así miso existe una coordinación estrecha entre el nivel federal y los estados a través de la conferencia de ministros del interior. La organización del modelo de seguridad pública en el caso de Alemania es un ejemplo de coordinación interinstitucional de los niveles de gobierno, logrando la unidad de mando y cooperación reciproca entre el ámbito federal y los estados; la conferencia de ministros del interior ha jugado un papel clave en la homologación de criterios para organizar las tareas policiales de prevención del delito e investigación criminal, mediante un programa de seguridad pública uniforme en todo el país. Otro aspecto sobresaliente consiste en la unificación normativa de la administración de los servicios de policía bajo una única ley, la organización de la policía se divide en dos ramas: el inspectorado uniformado y el inspectorado de detectives, estableciendo una orgánica operativa de estaciones de policía y puestos de policía en el primer caso y estaciones de detectives en el segundo. Además de las tareas ya señaladas atienden los delitos contra la economía, coordinan las tareas de laboratorios de criminalística.

Por último, en Italia el sistema de seguridad pública dispone de tres cuerpos básicos: la policía del estado, los carabineros y la Guardia de Finanzas, en asuntos de orden criminal las tres corporaciones responden funcionalmente al Ministerio Público. La primera está adscrita al Ministerio Público del Interior; los segundos al Ministerio Público de la defensa y los terceros al Ministerio de Finanzas, sin embargo, el Ministerio del Interior en materia de seguridad y orden públicos coordina las acciones de las organizaciones policiales, para tal efecto se crea una instancia denominada Cuerpo Nacional de Seguridad Pública, órgano coordinador en el que participan el Secretario de Estado Interior, el jefe de la Policía Nacional, EL Comandante General de los Carabineros y el Comandante General de la Guardia de Finanzas. La policía de estado mantiene una estructura orgánica en cada una de las 95 provincias que le da coherencia tanto a la seguridad pública como a la procuración e impartición de justicia, con la innovación de un esquema mixto se garantiza la unidad de mando en las tres corporaciones policiales.

Luego de realizado este breve análisis de los modelos de seguridad y su eficiencia frente al fenómeno delictivo en algunos países, es importante destacar el concepto de eficacia disuasiva que específicamente hay en nuestro país, al considerar la capacidad limitada por factores ajenos a las corporaciones policiales, debido a la falta de autonomía técnica y desarrollo profesional del personal, habida cuenta, el resultado no depende solo del desempeño de las instituciones policiales, ya que finalmente está condicionado en más de un aspecto al presupuesto acordado, siendo este determinante en cuanto a que este condiciona la estructura orgánica, el equipamiento (instalaciones dignas, armamento comunicaciones, unidades motorizadas, semovientes, equipos de seguridad, etc....) profesionalización y capacitación del personal, programas de control de confianza que aseguren la calidad y disciplina del personal en el servicio, la planeación de los servicios, la distribución del personal, la regionalización operativa y la táctica policial para disuadir el crimen van a depender de la fortaleza o vulnerabilidad del sistema de seguridad pública, el cual es un factor contingente que depende de múltiples decisiones y acciones. Cuando se habla de vulnerabilidad en los sistemas de seguridad pública, la reflexión se centra en los aspectos técnicos relacionados con la eficiencia, la organización y la plantación de los servidos efectuados por las corporaciones de seguridad; en la fortaleza y la capacidad de respuesta frente al fenómeno delictivo, bajo esta óptica es razonable que el ciudadano refiera la seguridad como un problema asociado a un bajo rendimiento visible en los resultados alcanzados, la percepción de un ambiente inseguro y una estratificación de riesgos inherentes al territorio son las cuestiones prácticas o puntos de referencia que dan una idea de la evaluación y calificación del servicio de seguridad pública.

Cabe apuntar que en la XXXVIII Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en reunión de fecha 23 de marzo del año en curso en Morelia Michoacán, se aprobó por unanimidad crear un mando único policial, “capaz de responder con mayor eficacia, profesionalismo y prontitud” a los desafíos de la criminalidad.

Dicha política señalada en el párrafo anterior fue bien aceptada en una sesión más del foro “Diálogos por la seguridad, hacia una política de Estado” que se llevó a cabo en la Ciudad de México el 25 del mismo mes y año.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se reforman los párrafos noveno y décimo del artículo 21, la fracción XXIII del artículo 73, el inciso h) de la fracción III y el primer párrafo de la fracción VII del artículo 115; y se adicionan los párrafos décimo, décimo primero y décimo segundo, recorriendo el actual párrafo décimo para quedar como décimo tercero del artículo 21 y un segundo y tercer párrafo, recorriendo el actual segundo para quedar como cuarto del artículo 115, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

...

...

...

...

...

...

...

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y paz públicos, y comprende la prevención, la reacción operativa, la investigación y persecución de los delitos, y sanción de infracciones administrativas, de conformidad con las competencias de esta Constitución.

Los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de su competencia, un mando único en los cuerpos policiales responsables de la seguridad pública, a efecto de cumplir con las obligaciones indicadas en el párrafo anterior; así mismo deberá coordinarse y coadyuvar con las autoridades federales en la prevención y reacción operativa en contra del delito, en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las instituciones policiales municipales estarán bajo el mando del Presidente Municipal, cuando certifiquen las condiciones objetivas del desarrollo institucional y el procedimiento para la acreditación, conforme lo dispuesto en la Ley General de la materia. En caso contrario, se sujetarán al mando único del gobierno estatal.

El mando único estatal o del Distrito Federal tendrá la obligación de atender las necesidades de seguridad pública, exceptuando las correspondientes a los cuerpos básicos de policía de proximidad; en aquellos municipios que no cumplan con los procedimientos de acreditación y desarrollo institucional.

Los Municipios contarán con cuerpos básicos de policía de proximidad, independientes de los de seguridad pública, al mando del Presidente Municipal, con funciones para hacer cumplir el bando y buen gobierno, así como de tránsito de su Municipio.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, así como los cuerpos básicos de policía de proximidad deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) a e) ...

Artículo 73. ...

I. a XXII. ...

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para instituir el mando único de las Entidades Federativas, además de los cuerpos básicos de policía de proximidad municipal. Asimismo, establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.

XXIV. a XXX. ...

Artículo 115. ...

I. a II. ...

III. ...

a)a g) ...

h)Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución. Para el cumplimiento de estas funciones podrá contar con una Institución policial que certifique las condiciones objetivas del desarrollo institucional y el procedimiento para la acreditación, conforme lo dispuesto en la Ley General de la materia. Además, contará con los cuerpos básicos de policía de proximidad y tránsito.

i) ...

...

...

...

IV. a VI. ...

VII. La Institución policial estará al mando del presidente municipal cuando certifique las condiciones objetivas del desarrollo institucional y el procedimiento para la acreditación, conforme lo dispuesto en la Ley General de la materia y en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. En caso contrario las funciones de seguridad pública en el municipio serán responsabilidad del mando único estatal, hasta en tanto no se obtenga la certificación correspondiente.

En aquellos casos que se juzguen como de fuerza mayor o alteración grave del orden público, la Institución policial municipal acatará las órdenes del mando único estatal, durante el tiempo estrictamente necesario para solventar la contingencia.

Los cuerpos básicos de policía proximidad y tránsito, estarán bajo el mando del Presidente Municipal y será competente para vigilar el cumplimiento de los bandos y reglamentos municipales, así como la aplicación de sanciones administrativas, conforme a las disposiciones legales.

...

VIII. a X....

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción XLV, recorriendo las subsecuentes, del artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

I. a XLIV. ...

XLV. Coordinarse con el mando único de los Estados y del Distrito Federal conforme a lo dispuesto por el párrafo décimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XLVI. Suscribir convenios o instrumentos jurídicos con otras instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno y organizaciones no gubernamentales para el de-sempeño de sus atribuciones, en el marco de la ley;

XLVII. Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, en el ámbito de su competencia, y

XLVIII. Las demás que le confieran ésta y otras leyes.

Artículo Tercero. Se reforman las fracciones VI y XIV del artículo 7, la fracción XVIII del artículo 14, la fracción III del artículo 18, la fracción XVIII del artículo 29, la fracción IX del artículo 33, el numeral 1 del inciso a) de la fracción II del apartado A del artículo 39, la fracción VII del artículo 47, y la fracción VIII del artículo 85; y se adicionan una fracción XII, recorriéndose las subsecuentes del artículo 5, una fracción XV, recorriéndose la actual para quedar como XVI del artículo 7, una fracción XIX, recorriéndose la actual para quedar como XX del artículo 14, una fracción XIX, recorriéndose la actual para quedar como XX del artículo 29, las fracciones X y XI, recorriéndose la actual fracción X para quedar como XII del artículo 33, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

I.a XI. ...

XII. Plataforma México: Es una infraestructura tecnológica de telecomunicación, informática, instalaciones técnicas, equipamiento y en general, toda tecnología para garantizar la procuración de una seguridad pública cada vez más sólida, mediante un sistema que genera información de inteligencia para asistir a la actuación policial en el combate con eficiencia en contra del crimen organizado.

XIII. a XVII. ...

Artículo 7. ...

I. a V. ...

VI. Homologar yregular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;

VII. a XIII. ...

XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos;

XV. Optimizar los recursos materiales financieros y el capital humano, y

XVI.Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública.

Artículo 14. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones;

XIX. Establecer las condiciones objetivas del desa-rrollo institucional y el procedimiento que deberán acreditar los municipios para contar con Instituciones policiales de seguridad pública, y

XX.Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.

Artículo 18. ...

I. a II. ...

III. Formular propuestas para el Programa Rector de Profesionalización, encaminado hacia la calidad del servicio y de ética profesional;

IV. a XXV. ...

Artículo 29. ...

I. a XVII. ...

XXVIII.Proponer reglas para coadyuvar en la vigilancia y realización de acciones conjuntas para proteger las instalaciones estratégicas del país, en los términos de la legislación aplicable;

XIX. Procurar la coordinación entre la federación, el mando único estatal y los cuerpos de seguridad pública municipal, y

XX.Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 33. ...

I.a VIII. ...

IX.Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre la materia de Seguridad Pública Municipal;

X. Promover que las instituciones policiales acreditadas de los municipios, conforme a los lineamientos dispuestos por el Consejo Nacional, cumplan con los fines y objetivos de la seguridad pública en el ámbito de sus competencias conforme a lo dispuesto en esta Ley;

XI. Vigilar que los cuerpos básicos de policía de proximidad municipal, cumplan con las disposiciones aplicables a sus funciones, establecidas en el Título Quinto “Del Desarrollo Policial” de esta Ley, y

XII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o el consejo nacional.

Artículo 39. ...

A....

I....

II....

a). ...

1. Proponer un adecuado esquema de homologación de las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del servicio de los Integrantes de las Instituciones Policiales, de acuerdo al Modelo Policial, conforme a la normatividad aplicable;

b).a c). ...

III. a IV. ...

B. ...

I. a XIV. ...

...

...

Artículo 47. ...

I. a VI. ...

VII.Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas, que incluyan materias encaminadas a mejorar las relaciones de colaboración entre la policía y la ciudadanía, para la formación de los servidores públicos a que se refiere el Programa Rector;

VIII. a XVII. ...

Artículo 85. ...

I.a VII. ...

VIII.Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales teniéndose como prioridad la adquisición de vivienda digna, a través del crédito correspondiente;

IX.a XI. ...

...

...

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

Segundo.El mando único estatal a que refiere el presente decreto, se constituirá por las entidades federativas a más tardar en seis meses posteriores a la vigencia del mismo;

Tercero.Los Congresos locales deberán realizar las modificaciones a sus Constituciones y leyes para adecuar su normatividad a lo dispuesto por el presente decreto, así como dictar las medidas necesarias para la adecuada transición de las instituciones policiales estatales y municipales; dentro de los tres meses siguientes a la publicación del mismo;

Cuarto.El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del nuevo modelo policial. Las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos.

Quinto.Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública deberá emitir las condiciones objetivas del desarrollo institucional y el procedimiento para la acreditación e las instituciones policiales de los Municipios, y

Sexto.Los presidentes municipales, a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá formar los cuerpos básicos de policía de proximidad y tránsito municipales, con el fin de cumplir las obligaciones señaladas en el mismo.

Notas:

1 El artículo 2º de la Ley federal contra la Delincuencia Organizada, nos expresa que esta se configura “Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: ...”

2 Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública, op. cit. en “Informe del estado de la seguridad pública en México”, Secretaría de Seguridad Pública, México, 21 de enero de 2010, PPT no 4.

3 Ídem. Fuente: Sexta Encuesta sobre Inseguridad (ENSI 6 – 2008), PPT no 7.

4 SARMIENTO, Sergio, Tras los telones de la historia Policía única, nota periodística del 26 de agosto de 2010, Diario el Siglo de Durango.

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/281270.tras-los-telon es-de-la-historia-policia-unica.html

p. Web consultada el 26 de agosto de 2010 a las 20:30 horas.

5 Respalda Colombia modelo de policía única para México, Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional de Colombia, indicó que el presidente Felipe Calderón va en ‘la línea correcta’ en la lucha contra el crimen organizado. W radio.

http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=1347288

p. Web consultada el 27 de agosto de 2010 a las 20:39 horas.

6 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, abierta a firma en Italia, el 12 de diciembre de 2000 al firmar los acuerdos emanados de ésta el 13 de diciembre de 2000, los que fueron aprobados por el Senado el 22 de octubre de 2002 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre del mismo año, entrando en vigor el 29 de septiembre de 2003.

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=1953

p. Web consultada el 24 de agosto de 2010 a las 17:00 horas.

7 Marco legal internacional en contra la delincuencia organizada, parte de la Ponencia que fuera expuesta por la autora durante el Tercer Encuentro Anual de Criminología (2006) efectuado en la Universidad Católica Andrés Bello – Caracas, Venezuela. Comentarios con base al contenido de La Convención de Palermo. http://www.academiapenal.com/jurisprudencia/granadillo_delinc_organizada.htm

p. Web consultada el 25 de agosto de 2010 a las 15:15 horas.

8 Segob, el día de hoy, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, recibió en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación a los gobernadores y funcionarios integrantes de la Comisión Especial del Consejo Nacional de Seguridad Pública que da seguimiento a la propuesta de creación de un nuevo Modelo Policial, México, D. F., a 11 de agosto de 2010 | Boletín No.324-11/08/2010

http://www.gobernacion.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=salaprens a&articulo=2265&pref=6&cat=1

p. Web consultada el 24 de agosto a las 15:30 horas.

9 Nydia Egremy, A pesar de tratados, descoordinación en seguridad pública. : http://www.voltairenet.org/article165046.html

10 Foro de académicos y expertos en Santiago, Chile (CSH/GT/MISPA-2/08) (Noviembre 26-27, 2007); Foro de académicos y expertos en Montego Bay, Jamaica (CSH/GT/MISPA-4/08) (Marzo 6-7, 2008); Reunión con representantes de la sociedad civil en Ciudad de Guatemala, Guatemala (CSH/GT/MISPA-14/08 corr.1) (Agosto 6-7, 2008); Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia (CIAPV), Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), Comunidad Andina (CAN), Comunidad del Caribe (CARICOM), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Habitat), Organización Panamericana de la Salud (OPS); Presidencia Pro Tempore del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

11 Polina León, José Gerardo, La seguridad Pública entre la racionalidad y el caos, Ed. Porrúa, México, 2007, p. 226-234.

12 Ibíd.

13 Ibíd., p. 226.

14 Conago, Mando Único, XXXVIII Reunión de la Conago en Morelia Michoacán. http://www.conago.org.mx/reuniones/FB-2010-03-23.aspx

p. Web consultada el 26 de agosto de 2010 a las 15:19 horas.

15 Mexiscopio, un lente a la realidad Nacional, Aprueba Conago crear mando policial único en cada entidad federativa, con información del diario Milenio, información de fecha 23 de Marzo de 2010 a las 17:44 horas.

http://www.estudiod3.com/alianza/index.php/home/2330-aprueba-con ago-crear-mando-policial-unico-en-cada-entidad-federativa

p. Web consultada el 25 de agosto de 2010 a las 16:15 horas.

Diputado José Luis Ovando Patrón (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

ARTICULOS 61, 111 Y 112 CONSTITUCIONALES - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Humberto Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Hugo Héctor Martínez González, Francisco Saracho Navarro y Héctor Franco López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El fortalecimiento a la democracia de nuestro país es una de las principales encomiendas de quienes ocupamos funciones de carácter público, principalmente de aquellos que tenemos, a través de la representación popular, el compromiso de velar por los intereses de los mexicanos.

En este propósito, es indispensable que los servidores públicos gocemos de las más amplias garantías para desempeñar nuestra labor libremente, siempre y cuando nuestras acciones se ajusten estrictamente a derecho. Sin embargo, la libertad a la que nos referimos no debe ser confundida. Toda persona y, principalmente las que desempeñan el mandato conferido por la sociedad, están obligados a responder por sus actos y asumir las consecuencias de ellos.

En nuestro país existe la figura del fuero constitucional desde hace más de dos siglos. Inicialmente, la figura de protección a los miembros del Poder Legislativo se denominó inmunidad parlamentaria. Este privilegio ha pasado de un ordenamiento a otro y ha variado en su definición. Sin embargo, el objetivo común ha sido proteger la libre manifestación de las ideas y, con ello, posibilitar una funcionalidad eficaz del aparato legislativo mexicano.

Existen distintas connotaciones del fuero. Para el tema que nos ocupa y de manera general podemos decir que el fuero es un privilegio o exención que obtiene una persona debido a la función que desempeña. Según el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fuero es un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento. No se trata de lo que en teoría del delito se conoce como excluyente de responsabilidad, sino un impedimento legal para que, quien goce de esa prerrogativa, no quede sometido a la potestad jurisdiccional. Sin embargo, esto no imposibilita que pueda llevarse a cabo la averiguación previa correspondiente.

La regulación actual del fuero constitucional pudiera generar el abuso de este privilegio para evadir los distintos tipos de responsabilidad que pudieran derivar de las conductas de los funcionarios públicos, en especial en materia penal, donde se exige el procedimiento de declaración de procedencia para actuar contra el funcionario que se presuma responsable por la comisión de cualquier tipo de delito, incluso los calificados como graves. Es decir, actualmente enfrentamos el riesgo de una inobservancia de los preceptos establecidos en nuestra Carta Magna, que pudiera permitir la impunidad por parte de aquellos que hacen uso incorrecto de su función y de las prerrogativas que su desempeño les ofrece.

La legislación de tipo penal tanto federal como local, establece una serie de conductas tipificadas como delitos y las sanciones que a tales conductas corresponden, con el objeto de proteger y salvaguardar los bienes e intereses jurídicos que la misma Constitución protege. Por ello, existen los procedimientos legales adecuados para que cualquier individuo que llegase a cometer una conducta tipificada como delito asuma la responsabilidad por tal acción y se someta a sus consecuencias.

Tratándose de un servidor público, su principal encomienda es y debe ser, el velar por el cumplimiento de las leyes, a fin de garantizar el orden y la paz social. Corresponde a ellos el respeto y cumplimiento a las leyes, principalmente las de orden penal, sin obtener ventaja de un privilegio o prerrogativa exclusiva, como es el caso del fuero constitucional.

Hoy día, los medios de control constitucional con que cuenta el Congreso de la Unión no atienden precisamente a la defensa y respeto a las disposiciones previstas en la Carta Magna de una forma clara y objetiva, sino que su ejercicio pudiera dar preponderancia a los derechos de los servidores públicos por encima de los del resto de los mexicanos, dejando de observar así el principio de legalidad.

El sometimiento a la jurisdicción especial, pretende evitar enjuiciamientos sin fundamento contra los servidores públicos, lo que pudiera afectar las funciones que éstos desarrollan y, por otra parte, sancionar las infracciones a la Constitución que puedan cometer y que hagan imposible su permanencia en el servicio público. Sin embargo, estos procedimientos de tipo especial pueden derivar en abusos de los derechos que se obtienen por la función o desempeño de un cargo público. Por ello, algunos actos deben quedar fuera de la jurisdicción especial a la que pertenecen los procedimientos de declaración de procedencia.

La presente iniciativa con proyecto de decreto, propone una excepción a la declaración de procedencia para diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, como requisito de procedibilidad de las acciones penales, tratándose de delitos graves calificados así por la legislación penal o cundo aquellos sean detenidos en flagrancia por la comisión de delitos de carácter patrimonial o contra la vida e integridad de las personas, dejando en manos de las autoridades especializadas en la materia la sustanciación del procedimiento, con fundamento en los elementos objetivos que permitan determinar la responsabilidad penal.

Por lo descrito, presento ante esta legislatura, para su estudio, análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el presente

Decreto

Primero.Se adicionan un último párrafo al artículo 61, un último párrafo al artículo 111 y se modifica el primer párrafo del artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 61. ...

...

La ley determinará los casos en que, por la comisión de un delito grave calificado en la ley penal o por flagrancia tratándose de delitos patrimoniales o contra la vida e integridad de las personas, no procede la prerrogativa prevista en este artículo.

Artículo 111. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Para proceder penalmente contra diputados y senadores, en el caso de delito grave calificado por la ley penal o por flagrancia tratándose de delitos patrimoniales o contra la vida e integridad de las personas, no será necesaria la sustanciación del procedimiento previsto en este artículo.

Artículo 112.No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo, ni cuando, encontrándose en funciones, cometa un delito grave calificado por la ley penal o sea detenido en flagrancia por delitos patrimoniales o contra la vida e integridad de las personas.

Segundo.Se modifica el párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 11.

...

...

3. Los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes, excepto cuando se trate de delitos graves calificados por la ley penal o por flagrancia tratándose de delitos patrimoniales o contra la vida e integridad de las personas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión deberá expedir las disposiciones legislativas necesarias para la aplicación del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2010.— Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Franco López, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme Solís, Melchor Sánchez de la Fuente, Héctor Fernández Aguirre, Noé Garza Flores, Tereso Medina Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO - LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, RELACIONADOS CON LAS MISMAS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN, recibimos iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionadas con las mismas.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia del ejercicio oportuno de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a las dependencias y entidades, mediante la inclusión de un sistema de subastas electrónicas público y abierto en los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La democracia demanda gobernantes responsables e interesados en el desarrollo integral del país y sus habitantes, funcionarios públicos sujetos a controles de transparencia y que rindan cuentas a los ciudadanos sobre sus acciones de gobierno e instituciones sólidas que fomenten la participación y regulen el proceso de toma de decisiones.

Es por esto que en el eje de política pública número 5 del Plan Nacional de Desarrollo se establece el objetivo “Eficacia y eficiencia gubernamental”, con el que se da prioridad a implementar estrategias que orienten a la función pública a mejorar su desempeño a fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a bienes y servicios públicos. El objetivo es que la administración pública realice sus funciones de manera eficaz, responsable, transparente y con apego a la legalidad.

La corrupción es un inhibidor de la eficacia y eficiencia del gobierno en la provisión de bienes públicos. En el pasado se establecieron una serie de candados para evitarla pero, lamentablemente, para el inicio de la actual administración los resultados habían sido escasos: 28 por ciento de los mexicanos admitía que ellos o alguna persona que viviera en su hogar había pagado algún soborno durante el año anterior y 43 por ciento consideraba que el gobierno no combatía la corrupción sino que la fomentaba. De acuerdo con el índice de corrupción y buen gobierno de Transparencia Mexicana de 2007, de un total de 35 trámites evaluados a nivel nacional, en el 10.1 por ciento de los casos se dio algún soborno para obtener el servicio.

Por su parte, la encuesta de gobernabilidad y desarrollo empresarial 2007 muestra que 20 por ciento de las empresas reconocen haber realizado pagos extraoficiales para influir en el contenido de nuevas leyes, políticas y regulaciones. Asimismo, 13 por ciento de las empresas encuestadas admite haber pagado algún soborno para influir en funcionarios públicos a nivel federal. Esta encuesta calcula que dichas empresas gastan en promedio 6 por ciento de sus ingresos en la corrupción burocrática administrativa con el gobierno federal.

Las acciones de supervisión y control han descuidado el mejoramiento de procesos y no se ha consolidado una verdadera cultura de servicio a la comunidad en la función pública. Por ello, es necesario combatir frontalmente la corrupción con acciones innovadoras a fin de inhibir prácticas que tienen muchos años. Una administración pública eficaz, eficiente, transparente y honesta ayudará a consolidar la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.

Con estas ideas se determinó establecer “La mejora de la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la administración pública federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos”, como el objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo (PND). De manera particular, se definió como estrategia elevar los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través de la sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos y el aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicaciones para la gestión pública.

La estrategia consiste en desmaterializar y estandarizar los procedimientos administrativos del gobierno federal mediante la digitalización. Y, para lograr la transición a una verdadera administración pública en línea, se deben realizar los ajustes necesarios en aspectos administrativos, organizacionales, jurídicos y técnicos.

Se deben aprovechar las tecnologías de la información para comunicar a los funcionarios públicos con la ciudadanía y hacer más efectiva la provisión de servicios y bienes públicos; promover la transparencia; manejar grandes cantidades de información; unificar los padrones más eficientes; crear expedientes electrónicos; promover la participación ciudadana y crear diversas aplicaciones que permitirán elevar la eficiencia del gobierno.

Para que la adopción y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones trasciendan en el desempeño del gobierno federal, se deben ajustar las estructuras internas, los modos de operación, las rutas de proceso y, en general, los hábitos de la administración pública federal.

Cabe señalar que a la fecha la herramienta informática CompraNet no ha podido funcionar con los alcances diseñados en el momento de su implementación, ya que sólo se ha utilizado como un mecanismo de consulta y compra de bases de licitación o invitación restringida a cuando menos tres personas, así como una base de datos que permite obtener información histórica de precios, proveedores y número de contratos adjudicados. Por esto se requiere contar con otra herramienta que tenga funciones más operativas, que permita agilizar el procedimiento de contratación y que fortalezca las funciones estadísticas y de información que actualmente tiene el sistema CompraNet.

El sistema SubastaNet aquí propuesto no viene a sustituir al CompraNet, sino que es una herramienta complementaria que agilizará los procedimientos de contratación, ya que una vez concluido la adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, la información será remitida al Compranet para poder seguir funcionando como una fuente de información.

En otras palabras, en el SubastaNet no estarán incluidos datos relacionados con las licitaciones públicas, pues su objetivo es agilizar los procesos de contratación mediante herramientas tecnológicas que acerquen las oportunidades de negocios a la pequeñas y medianas empresas nacionales, eliminar prácticas tradicionales que fomentan la corrupción y agilizar el uso de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía, tomando en cuenta que 30 por ciento del total de contrataciones que realiza el gobierno federal lo hace por dos procedimientos: la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa, las cuales presentan un alto grado de discrecionalidad respecto a los proveedores, prestadores de servicios o contratistas que pueden ser invitados, ya que no se realizan mediante convocatorias públicas y abiertas.

El objetivo final es generar un beneficio sustancial para los ciudadanos, ya que la utilización de los procesos electrónicos permite abatir costos de operación, ahorrar tiempo, desalentar la discrecionalidad y abatir la brecha digital, tanto tecnológica como cultural, que inhibe la inserción exitosa de los ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento. Esto se logrará mediante el SubastaNet, herramienta informática que permitirá la participación de los particulares mediante la presentación de una o más propuestas económicas con precios descendentes e ilimitados.

Así, se hará más eficiente la operación y el gasto de las dependencias y entidades federales, asegurando a la ciudadanía que cada peso que se erogue será aprovechado de la mejor manera posible.

Con esta propuesta se trata de establecer un marco operativo interno de la administración pública federal más eficiente, oportuno, claro, transparente y eficaz en el proceso de contrataciones bajo las modalidades de invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, con lo que se obtendrían los siguientes beneficios

a) Disminuir la discrecionalidad en la actividad administrativa de contratación de bienes y servicios, con el fin de obtener un universo mayor de proveedores y prestadores de servicios que oferten bajo mejores condiciones.

b) Eliminar gastos operativos innecesarios y sin valor agregado, estableciendo sistemas electrónicos que permitan agilizar el trabajo interno de la administración pública federal, de conformidad con las medidas de racionalidad establecidas por la Cámara de Diputados en los decretos de presupuesto de egresos de los últimos cuatro años.

c) Transparentar y rendir cuentas de las acciones y actividades del gobierno federal, generando una cultura de información continua y permanente, que permita al ciudadano interesado poder ofrecer bienes o servicios, sin necesidad de asistir a oficinas públicas.

d) Apoyar a las pequeñas y medianas empresas e industrias, toda vez que tendrán un campo de oportunidades accesible para la colocación de sus bienes y servicios, sin corrupción y de manera eficiente.

e) La administración pública federal agilizará el uso de los recursos públicos disminuyendo con esta herramienta y reformas la posibilidad de tener recursos ociosos o demandas no atendidas.

En los últimos años se ha considerado importante la agilización en el uso de los recursos presupuestales. Ejemplo de esto fue la ampliación en el mes de mayo de 2009 del límite establecido en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para las adjudicaciones directas e invitaciones a cuando menos tres personas, pasando de 20 por ciento al 30 por ciento, lo que representó un primer paso en la eficiencia del procedimiento de ejercicio de gasto público, ya que se generan posibilidades de un manejo responsable y ágil del presupuesto.

Asimismo, la tendencia actual establece como política general que los requerimientos que puedan ser consolidados se conjunten para buscar mejores precios. Las herramientas centralizadoras como CompraNet han comenzado a ser fortalecidas en estos aspectos de grandes compras o contrataciones, pero las compras menores, especializadas por dependencia o entidad, las que por cuestiones de tiempo y funcionalidad no pueden ser consolidadas, o las que surgen por cambios derivados de eventos externos o causas de fuerza mayor o caso fortuito, requieren un tratamiento diferenciado, es por esto que se requiere agilizar el uso de los recursos presupuestales en estos procedimientos.

En el caso de las invitaciones restringidas se considera oportuno homologar este procedimiento con la licitación pública en el sentido de que se puedan asignar contratos una vez que haya sido declarado desierto un proceso, ya que se generan retrasos al realizarse las asignaciones en un segundo proceso.

Finalmente, se considera necesario ir progresando en la eliminación de la discrecionalidad en el quehacer público diario. En la actualidad, la información es muy restringida y son pocos los proveedores o prestadores de servicios que suministran al gobierno de bienes y servicios. En muchas ocasiones el grueso de empresas pequeñas y medianas restringe su participación por desconocimiento de la normatividad, por falta de información y por corrupción. Con las modificaciones propuestas se podrán evitar excesos y se conseguirán condiciones más favorables.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia del ejercicio oportuno de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a las dependencias y entidades de la administración pública federal mediante la inclusión de un Sistema de Subastas Electrónicas público y abierto en los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 2, en su fracción II; 42 y 43. Se adicionan los artículos 2 con un segundo párrafo en la fracción II, una fracción II Bis y una fracción XIII; 22 con un segundo párrafo a la fracción IV; 40 con un sexto párrafo; y 43 con un segundo párrafo en la fracción I; todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue

Artículo 2. ...

I. ...

II.- CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

En el caso de las invitaciones restringidas a cuando menos tres personas y las adjudicaciones directas, se integrará con los datos históricos de los procesos ya concluidos de la convocatoria, como lo son las actas de las juntas de aclaraciones, acta de fallo y datos de los contratos y los convenios modificatorios sobre los mismos, que serán ingresados por las dependencias, órganos desconcentrados y entidades directamente del SubastaNet.

...

II Bis.- SubastaNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado por las convocatorias a las invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas nacionales; las actas de las junta de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las inconformidades que hayan causado estado; y las notificaciones y avisos correspondientes de los procesos abiertos por las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública.

Este sistema estará a cargo de cada dependencia, entidad u órgano desconcentrado, las cuales establecerán los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información y su posterior envío al sistema Compranet dentro de los 15 días naturales posteriores a la adjudicación o modificación del contrato.

III. a XII. ...

XIII.- Subasta en línea: procedimiento electrónico utilizado en los procesos de invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, mediante el cual los participantes a estos procedimientos pueden hacer proposiciones durante el tiempo señalado en la invitación, mediante una o más ofertas subsecuentes y decrecientes que mejoren el precio ofertado inicialmente, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente establecidas en las bases de cotización o invitación.

Artículo 22. ...

I. a III. ...

IV. ...

Dentro del informe que se menciona en el primer párrafo, se deberá identificar en un apartado especial las invitaciones a cuando menos tres personas y las adjudicaciones directas que fueron realizadas por el sistema SubastaNet, con el fin de conocer los ahorros obtenidos entre las posiciones iniciales y las finales que resultaron adjudicadas, debiendo tomar incluso para este análisis la obtenida en la investigación de mercado.

V. a VII. ...

...

...

...

Artículo 40. ...

...

...

...

...

Los casos de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas con base en este artículo, se deberán incluir en el sistema SubastaNet, con el fin de permitir a cualquier interesado presentar propuestas técnicas y económicas.

A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I, II y III del artículo 28 de la presente ley.

Artículo 42. ...

...

...

...

En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato.

..

...

Artículo 42 Bis. Para efectos de las adquisiciones que se realicen al amparo del artículo 42, se deberá utilizar el sistema SubastaNet, con el fin de obtener las mejores condiciones para la administración pública federal, por lo que se deberá seguir el siguiente procedimiento

I. Las personas físicas o morales que deseen participar en los procedimientos a través del sistema SubastaNet, deberán solicitar su inscripción y asignación de clave en las oficinas de la convocante, que sean señaladas en la dirección electrónica de cada dependencia, entidad u órgano desconcentrado, presentando para estos efectos originales de escritura pública en la que se constituye la persona moral o acta de nacimiento de la persona física; poder otorgado ante la fe de un fedatario público del representante legal en su caso; comprobante de domicilio, el cual deberá corresponder al domicilio fiscal; identificación oficial del representante legal o de la persona física; Formato de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes en el que se incluya la Cédula de Identificación Fiscal; las tres últimas declaraciones de pagos provisionales de impuestos federales y la última del ejercicio fiscal anterior, tomando en cuenta la fecha de solicitud de inscripción y una carta bajo protesta de decir verdad que todos los datos asentados son ciertos, que no se encuentra inhabilitado por parte de la Secretaria de la Función Pública, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que acepta se inicie proceso de sanción o en su caso inhabilitación ante el incumplimiento de los contratos asignados. Los documentos con los que se cumplan estos requisitos serán determinados por la dependencia, entidad u órgano desconcentrado, y publicados en sus direcciones electrónicas y tendrán como finalidad comprobar la existencia, personalidad y ubicación de las personas que deseen ofrecer sus bie-nes o servicios.

II. La convocante hará una notificación dentro del sistema SubastaNet de los bienes requeridos o servicios a contratar, señalando como mínimo los siguientes datos; las características técnicas necesarias para la identificación del producto o la descripción del servicio, el número de bienes o servicios requeridos, la fecha de entrega o el período de ejecución, el lugar de entrega, la unidad ejecutora de gasto que los requiere y la mención del mes en que se tiene la suficiencia presupuestal, cuando menos dos días naturales antes de la publicación de las bases de invitación o cotización. Dicha notificación no elimina la responsabilidad de publicar las bases de invitación o cotización, para efectos de hacerla transparente y abierta.

III. Se publicarán las bases de invitación o de cotización de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas en el sistema SubastaNet, durante un período no menor a tres días hábiles ni mayor a diez días hábiles, contados a partir de la hora y minuto en que se hizo la captura en el sistema SubastaNet. Este plazo será determinado bajo la estricta responsabilidad de la convocante. Las bases contendrán los mismos requisitos que los establecidos para la licitación pública, siempre que le sean aplicables, y el tiempo de vigencia de la publicación deberá estar claramente señalado en la convocatoria, estableciendo día, hora y minuto en el que se cerrará el sistema.

IV. Los participantes podrán realizar durante los primeros dos días del período de vigencia las solicitudes de aclaraciones sobre las características o aspectos técnicos. La convocante deberá contestarlas a más tardar el tercer día de publicación de la convocatoria. En el caso de que se determine el plazo mínimo establecido en la fracción anterior, únicamente habrá un día para realizar dichas solicitudes de aclaración.

V. Los participantes sólo podrán realizar una propuesta técnica, pero podrán presentar una o más propuestas económicas bajo el sistema de mejoramiento de oferta descendente, la cual siempre tendrá que ser menor a la última que aparece publicada en el sistema. El sistema hará una evaluación de las propuestas técnicas, con base en los datos determinados en las bases de invitación o cotización y las que capture el participante, en caso de aprobar se podrán iniciar la presentación de la propuesta económica y en su caso las ofertas consecutivas, públicas y descendentes.

VI. Una vez terminado el plazo, por medios electrónicos se notificará el fallo al proveedor o prestador de servicios que presentó la oferta más conveniente, emitiendo otras notificaciones a los demás concursantes.

VII. Cualquier deficiencia en la conexión del sistema Subastanet, que sea comprobada técnicamente como responsabilidad de la convocante ampliará el plazo de publicación por un día hábil más.

Toda vez que este es un proceso abierto y público, para el caso de las adjudicaciones directas se podrá adjudicar el pedido o contrato aún teniendo una sola propuesta, por lo que para efectos de publicación de las bases de invitación o cotización se deberá contar con la investigación de mercado que contenga cuando menos tres cotizaciones, conforme lo establecido en el último párrafo del artículo anterior.

En caso de que el participante al que se le haya asignado el contrato, no cumpla dentro del plazo establecido para la entrega o prestación de servicios, se cancelará el pedido o se iniciará la aplicación de sanciones o penas convencionales, se le notificará electrónicamente y se remitirá el expediente al órgano interno de control de la dependencia, órgano desconcentrado o entidad o a la Secretaría de la Función Pública en caso de que no existiere esta instancia, para iniciar los procedimientos correspondientes.

Artículo 43. ...

I. Se difundirá la invitación en SubastaNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad; estableciéndoseles la responsabilidad de ingresar los datos históricos y estadísticos al Sistema CompraNet, para efectos de consolidación de la información de acuerdo a lo señalado en la fracción II del artículo 2.

El procedimiento se llevará conforme a lo establecido en el artículo 42 Bis de este ordenamiento, salvo que en los casos de los procedimientos que se realicen bajo el amparo del artículo 41, se dará preferencia a las personas que fueron invitadas y que fueron puestas en conocimiento del comité, de conformidad con la fracción II del artículo 22, no obstante se hará la invitación abierta y pública.

II. ...

III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; sin embargo si dos o más fueran desechadas en la revisión técnica, se procederá a su asignación con el participante que haya cumplido técnicamente;

IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de bie-nes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la proposición. Dicho plazo no podrá ser inferior a tres días hábiles a partir de que se entregó la última invitación, y

V. ...

En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto, o bien éste derive de una licitación pública declarada desierta, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato, siempre que se mantengan los requisitos establecidos como causas de desechamiento en el procedimiento anterior.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 2, en su fracción II, 41 y 44. Se adicionan los artículos 2 con un segundo párrafo en la fracción II, una fracción II Bis y una fracción XIII; 25 con un segundo párrafo en la fracción VII; 43 con un último párrafo; un artículo 43 Bis; y 44 con un segundo párrafo en la fracción I; todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. ...

II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

En el caso de las invitaciones restringidas a cuando menos tres personas y las adjudicaciones directas, se integrará con los datos históricos de los procesos ya concluidos de la convocatoria, como lo son: las actas de las juntas de aclaraciones, acta de fallo y datos de los contratos y los convenios modificatorios sobre los mismos, que serán ingresados por las dependencias, órganos desconcentrados y entidades directamente del SubastaNet.

El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga;

II Bis. SubastaNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado por las convocatorias a las invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas nacionales, las actas de las junta de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo, los datos de los contratos y los convenios modificatorios, las inconformidades que hayan causado estado y las notificaciones y avisos correspondientes, de los procesos abiertos por las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública hasta 15 días posteriores a la fecha de fallo o adjudicación o modificación.

Este sistema estará a cargo de cada dependencia, entidad u órgano desconcentrado, las cuales establecerán los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información y su posterior envío al sistema Compranet.

III. a XII. ...

XIII. Subasta en línea: procedimiento electrónico utilizado en los procesos de invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, mediante el cual los participantes a estos procedimientos pueden hacer proposiciones durante el tiempo señalado en la invitación, mediante una o más ofertas subsecuentes y decrecientes que mejoren el precio ofertado inicialmente, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente establecidas en las bases de cotización o invitación.

Artículo 25. ...

I. a VI. ...

VII. ...

Dentro del informe que se menciona en el primer párrafo, se deberá identificar en un apartado especial las invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas que fueron realizadas por el sistema SubastaNet, con el fin de conocer los ahorros obtenidos entre las posiciones iniciales y las finales que resultaron adjudicadas, debiendo tomar incluso para este análisis la obtenida en la investigación de mercado.

......

Artículo 41. En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, los cuales deberán incluirse cuando por su naturaleza sea posibles, en el sistema SubastaNet.

...

...

...

...

Artículo 43. ...

...

...

...

Los casos de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas con base en este artículo, se deberán incluir en el sistema SubastaNet, con el fin de permitir a un cualquier interesado presentar propuestas técnicas y económicas.

Artículo 43 Bis. Para efectos de las contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se realicen al amparo del artículo 43, se deberá utilizar el sistema SubastaNet, con el fin de obtener las mejores condiciones para la administración pública federal, por lo que se deberá seguir el siguiente procedimiento

I. Las personas físicas o morales que deseen participar en los procedimientos a través del sistema SubastaNet, deberán solicitar su inscripción y asignación de clave en las oficinas de la convocante, que sean señaladas en la dirección electrónica de cada dependencia, entidad u órgano desconcentrado, presentando para estos efectos originales de escritura pública en la que se constituye la persona moral o acta de nacimiento de la persona física; poder otorgado ante la fe de un fedatario público del representante legal en su caso; comprobante de domicilio, el cual deberá corresponder al domicilio fiscal; identificación oficial del representante legal o de la persona física; formato de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes en el que se incluya la Cédula de Identificación Fiscal; las tres últimas declaraciones de pagos provisionales de impuestos federales y la última del ejercicio fiscal anterior, tomando en cuenta la fecha de solicitud de inscripción y una carta bajo protesta de decir verdad que todos los datos asentados son ciertos, que no se encuentra inhabilitado por parte de la Secretaria de la Función Pública, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que acepta se inicie proceso de sanción o en su caso inhabilitación ante el incumplimiento de los contratos asignados. Los documentos con los que se cumplan estos requisitos serán determinados por la dependencia, entidad u órgano desconcentrado y publicados en sus direcciones electrónicas y tendrán como finalidad comprobar la existencia, personalidad y ubicación de las personas que deseen ofrecer sus bienes o servicios.

II. La convocante hará una notificación dentro del sistema SubastaNet de los bienes requeridos o servicios a contratar, señalando como mínimo los siguientes datos; los términos de referencia, el periodo de ejecución, la unidad ejecutora de gasto que los requiere y la mención del mes en que se tiene la suficiencia presupuestal, cuando menos dos días naturales antes de la publicación de las bases de invitación o cotización. Dicha notificación no elimina la responsabilidad de publicar las bases de invitación o cotización para efectos de hacerla transparente y abierta.

III. Se publicarán las bases de invitación o de cotización de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas en el sistema SubastaNet durante un periodo no menor a siete días hábiles ni mayor a diez días hábiles, contados a partir de la hora y minuto en que se hizo la captura en el sistema SubastaNet. Este plazo será determinado bajo la estricta responsabilidad de la convocante. Las bases contendrán los mismos requisitos que los establecidos para la licitación pública, siempre que le sean aplicables y el tiempo de vigencia de la publicación deberá estar claramente señalado en la convocatoria, estableciendo día, hora y minuto en el que se cerrará el sistema.

IV. Los participantes podrán realizar durante los primeros dos días del período de vigencia las solicitudes de aclaraciones sobre las características o aspectos técnicos. La convocante deberá contestarlas a más tardar el quinto día de publicación de la convocatoria.

V. Los participantes sólo podrán realizar una propuesta técnica, pero podrán presentar una o más propuestas económicas bajo el sistema de mejoramiento de oferta descendente, la cual siempre tendrá que ser menor a la última que aparece publicada en el sistema. El sistema hará una evaluación de las propuestas técnicas, con base en los datos determinados en las bases de invitación o cotización y las que capture el participante, en caso de aprobar se podrán iniciar la presentación de la propuesta económica y en su caso las ofertas consecutivas, públicas y descendentes.

VI. Una vez terminado el plazo, por medios electrónicos se notificará el fallo al proveedor o prestador de servicios que presentó la oferta más conveniente, emitiendo otras notificaciones a los demás concursantes.

VII. Cualquier deficiencia en la conexión del sistema Subastanet, que sea comprobada técnicamente como responsabilidad de la convocante ampliará el plazo de publicación por un día hábil más.

Toda vez que este es un proceso abierto y público, para el caso de las adjudicaciones directas se podrá adjudicar el contrato aún teniendo una sola propuesta, por lo que para efectos de publicación de las bases de invitación o cotización se deberán contar con la investigación de mercado que contenga cuando menos tres cotizaciones.

En caso de que el participante al que se le haya asignado el contrato no cumpla dentro del plazo establecido de ejecución, se iniciará la aplicación de sanciones o penas convencionales, se le notificará electrónicamente y se remitirá el expediente al órgano interno de control de la dependencia, órgano desconcentrado o entidad o a la Secretaría de la Función Pública en caso de que no existiere esta instancia, para iniciar los procedimientos correspondientes.

Artículo 44. ...

I. Se difundirá la invitación en SubastaNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad, teniendo éstas la responsabilidad de ingresar los datos históricos y estadísticos al sistema CompraNet para efectos de consolidación de la información, de acuerdo a lo señalado en la fracción II del artículo 2.

El procedimiento se llevará conforme a lo establecido en el artículo 43 Bis de este ordenamiento, salvo aquellos que se realicen bajo el amparo del artículo 42, en los cuales se dará preferencia a las personas que fueron invitadas y que fueron puestas en conocimiento del comité, de conformidad con la fracción II del artículo 25. No obstante lo anterior, la invitación será pública y abierta.

II. ...

III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; sin embargo si dos o más fueran desechadas en la revisión técnica, se procederá a su asignación con el participante que haya cumplido técnicamente;

IV. ...

V. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos. Dicho plazo no podrá ser inferior a siete días hábiles a partir de que se entregó la última invitación;

VI. a VII. ...

En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto, o bien éste derive de una licitación pública declarada desierta, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato, siempre que se mantengan los requisitos establecidos como causas de desechamiento en el procedimiento anterior.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procedimientos que se hayan iniciado antes de la publicación de estas modificaciones se continuarán con las anteriores disposiciones, hasta su conclusión.

Tercero. Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet y el diseño del sistema SubastaNet que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente decreto se realizan a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberán estar concluidas en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de la Función Pública.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió de la misma diputada Cuevas Barron recibimos iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal para extender la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y transparentar el ejercicio de los Fondos de Aportaciones Federales al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En un país como México, en el que aún persisten acentuadas desigualdades entre las entidades que lo forman, el federalismo fiscal tiene entre sus objetivos el de cerrar las brechas regionales mediante un adecuado sistema de transferencias que garantice que todos los individuos gocen de las mismas oportunidades, independientemente de la entidad federativa, municipio o delegación en donde residan.

Mediante las transferencias intergubernamentales se otorgan recursos del gobierno federal a los gobiernos subnacionales con el fin de financiar las necesidades de gasto del ámbito receptor, de forma tal que la recaudación y la dotación de bienes y servicios públicos que provee el Estado sea lo más eficiente posible; transferencias que han sido necesarias dada la inconsistente y casi nula recaudación de los gobiernos locales.

Con la Ley de Coordinación Fiscal de 1980 se sentaron las bases de un esquema de coordinación intergubernamental más amplio para resolver el problema del reparto desigual de las participaciones, pues se consideró que cierta cantidad de ellas deberían distribuirse no sólo en función del nivel de recaudación, sino también en función del grado de desarrollo regional. Hacia el inicio de los noventa cobró mayor impulso el proceso de descentralización de los recursos para combatir la pobreza y se transfirieron a estados y municipios el 23 por ciento de los recursos del ramo 26 (Solidaridad y desarrollo regional), monto que aumentó a un 65 por ciento en 1997. Sin embargo, para 1998 se llevaron a cabo reformas al sistema de transferencias con las que se crearon un conjunto de Fondos de Aportaciones Federales, llamado el ramo 33.

De esta manera, pasamos de un sistema fiscal intergubernamental con carácter resarcitorio, a otro que incluye una cantidad equivalente de recursos federales delegados a los gobiernos subnacionales con un espíritu compensatorio, cuyo principal objetivo es fomentar la equidad entre las entidades integrantes de la federación. Ahora, se transfieren mayores recursos a las entidades que aún presentan rezagos con la finalidad de garantizar un cierto nivel de equidad entre las distintas regiones del país. De esta forma, se cumple con dos de los objetivos centrales de todo gobierno federal: la asignación de recursos y la distribución del ingreso.

Las aportaciones federales han tenido una tendencia a la alza desde su aparición en 1998. Para 2006 su incremento real fue de 44.5 por ciento, mientras que en 2007 representaron 46.17 por ciento del gasto federal transferido a las entidades federativas y los municipios. En otras palabras, dentro del esquema de transferencias federales, las aportaciones del ramo 33 y las participaciones del ramo 28 suman, en conjunto, casi 90 por ciento del total.

En este marco, ahora contamos con un federalismo fiscal en lo que se refiere al ejercicio del gasto, pero no por el lado de los ingresos estatales y municipales, ya que estos se componen mayoritariamente por transferencias y participaciones federales. De hecho, en 2005 la recaudación por parte de los estados y municipios no llegó a representar ni el 5 por ciento de sus ingresos totales.

Ante un escenario como el anterior, es imprescindible no sólo fortalecer las facultades recaudatorias de los gobiernos locales, sino también mejorar el diseño de las políticas federales de descentralización fiscal, tales como los recursos del ramo 33, los cuales constituyen una fuente de recursos federales destinada a la creación de infraestructura social, especialmente para seguridad pública, seguridad social y educación, a fin de beneficiar a los sectores que se encuentran en condición de rezago y pobreza.

Entre los fondos que componen el ramo 33 se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el cual permite a muchas localidades del país crear infraestructura social con el propósito de disminuir las brechas de pobreza existentes. A su vez, el FAIS se encuentra dividido en dos sub-fondos: el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM). El primero es un conjunto de recursos que se transfieren hacia los gobiernos estatales con el objetivo de crear obras de infraestructura y acciones a nivel intermunicipal o regional. El segundo, por su parte, tiene como objetivo la creación de infraestructura de servicios públicos en las zonas más marginadas y en condición de pobreza extrema del país para reducir las brechas de desigualdad, por lo que sus recursos pueden destinarse al abastecimiento de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.

Los criterios de repartición del FAIS son cinco: ingreso per cápita del hogar, nivel educativo promedio por hogar, disponibilidad de espacio de la vivienda, disponibilidad de drenaje y disponibilidad de electricidad y combustible para cocinar. Sin embargo, en caso de que los gobiernos estatales no puedan aplicar esa fórmula -ya sea por su complejidad o por la escasez de información-, los datos que se toman en cuenta son: población empleada que gana más de dos salarios mínimos, población analfabeta de quince años de edad o más, disponibilidad de drenaje y disponibilidad de electricidad; rasgos que también se presentan en el Distrito Federal, entidad que a pesar de contar con una gran parte de la población en condiciones de pobreza no recibe recursos de este fondo.

Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al 2005, todavía hay 3 delegaciones (Iztapalapa, Milpa Alta y Tláhuac) con un alto porcentaje de población en situación de pobreza de patrimonio (entre un 38 y un 47 por ciento), mientras que otras 5 delegaciones reportan que entre un 30 y un 39 por ciento de su población se encuentra en la misma situación. Y, lo que es más preocupante, todavía en Milpa Alta y Tláhuac hay un alto porcentaje en situación de pobreza alimentaria, entre 8 y 11 por ciento, y entre 6 y 9 por ciento, respectivamente.

Visto de otra manera, el 51 por ciento de la población del Distrito Federal (alrededor de 4.5 millones de personas) se encuentra en algún tipo de nivel de pobreza, desde moderada hasta extrema, según datos del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. A ello se suma que en los últimos años la pobreza alimentaria en la capital ha aumentado más de 5 por ciento del nivel nacional que se registró por la crisis económica, según datos de la Secretaría de Desarrollo Social.

En este contexto, resulta apremiante incluir al Distrito Federal y a sus delegaciones como receptores del FAIS, pues algunos estudios estiman que el porcentaje de reducción en la pobreza y la indigencia por las transferencias públicas en la capital podría ser de 2.8 por ciento y 9.1 por ciento, respectivamente. Además, existen varios argumentos teóricos que se muestran en favor de la descentralización fiscal, siendo el principal la promoción de la eficiencia económica, pues se sostiene que los servicios públicos son más eficientes si se encuentran relacionados directamente con las necesidades y preferencias de los actores que los demandan.

Rezagos como la falta de agua potable, alcantarillado, caminos y electrificación, son algunos de los servicios que aún faltan por prestarse en diversas colonias de la capital, lo que acentúa la desigualdad persistente en la misma. Por esta carencia de infraestructura social se requiere un mayor apoyo de la federación para poder proveer servicios públicos básicos a los ciudadanos que se encuentran en zonas marginadas.

Por otro lado, no escapa a la presente iniciativa que los esfuerzos emprendidos para transparentar el ejercicio de los recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales han sido insuficientes. Autores como Guillermo Cejudo y Roberto Gerhard sostienen que “la compleja trama de flujos de información de municipios a estados y de éstos a la federación podría dar la apariencia de un régimen de rendición de cuentas sofisticado que garantiza que los ciudadanos sepan que la autoridad delegada y los recursos entregados a los gobiernos sirven para construir infraestructura social básica que contribuya a abatir la marginación. Lo cierto, sin embargo, es que la información objeto de dicho flujo no sirve para ello”.

De la revisión que hicieron los citados autores sobre el funcionamiento de la rendición de cuentas en torno al FAIS se desprende que ésta se trata, en realidad, de relaciones de información en las que una autoridad envía a otra información en formatos preestablecidos, que son agregados, procesados y publicados por distintas autoridades, pero que nunca pasan por una revisión crítica que permita volver a los gobiernos locales con preguntas concretas sobre el gasto federal ejercido por ellos y los resultados alcanzados. En otras palabras, se rinde cuentas por los montos ejercidos y los avances de las obras, mas no por el impacto de las mismas o por los resultados alcanzados en materia de marginación, a lo que se agrega la inexistencia de mecanismos para verificar la información y evaluar la calidad del gasto.

Aunque son dos las instancias receptoras de dichos informes, ninguna puede rendir cuentas sobre el destino del fondo ni explicar los efectos de su ejercicio. Por un lado, la Secretaría de Desarrollo Social sólo puede explicar su papel al inicio del proceso de transferencias para el cálculo de las fórmulas correspondientes y, por el otro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite informes mensuales, trimestrales y anuales sobre las transferencias federales, donde incluye datos agregados sobre el FAIS, mismos que se reducen a mostrar los montos agregados entregados a cada entidad federativa.

Además, existen otros problemas en los mecanismos de rendición de cuentas de los fondos: a) los reportes no siempre se entregan; b) las autoridades no tienen mecanismos para exigir dichos informes; y c) la no presentación de informes carece de consecuencias.

Todo ello ocasiona que no exista la información ni los datos suficientes para medir el impacto y la eficiencia con que se contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y, en consecuencia, no se pueden reprogramar o corregir los programas y recursos aplicados a través de los fondos de aportaciones federales.

En síntesis, los objetivos de esta iniciativa son los siguientes:

a) Ampliar la aplicación del FAIS al Distrito Federal y a sus demarcaciones territoriales, con la finalidad de combatir las condiciones de pobreza en que todavía vive la mitad de su población, dándole un trato igualitario al de las demás entidades federativas que son beneficiarias de estos recursos.

b) Mejorar la calidad de la información con que se rinde cuentas y que no sean simplemente reportes de avances de obras o de gasto.

De esta manera, se pretende que las transferencias funcionen de manera adecuada mediante una vigilancia sistemática de su ejercicio, procurando que se destinen a los fines que marca la propia legislación y sin excluir al Distrito Federal de la aplicación del FAIS, ya que sectores de su población aún se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con el siguiente proyecto de iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal para extender la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y mejorar la calidad de la información sobre el ejercicio de los Fondos de Aportaciones Federales

Artículo Único. Se reforman los artículos 32, 33, 34, 35 y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 32.El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable, el 0.303 por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades y el 2.197 por ciento al Fondo para Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a las entidadespor conducto de la federación , a los municipios a través de los estados y a las demarcaciones territoriales a través del Distrito Federal, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley.

...

Artículo 33.Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

a)Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social municipal y delegacional:agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, vialidades secundarias,e infraestructura productiva rural; y

b)Fondo de Infraestructura Social de las Entidades Federativas: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional, intermunicipal e interdelegacional.

En caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, éstos podrán disponer de hasta un 2 por ciento del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y delegacional que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno de la entidad correspondiente y el municipio o delegaciónde que se trate.

Adicionalmente, las entidades federativas, municipios y delegaciones podrán destinar hasta el 3 por ciento de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. respecto de dichas aportaciones, las entidades federativas, los municipios y las delegacionesdeberán:

I.a III. ...

IV.Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida, que deberá incluir, al menos, datos sobre la población beneficiada y el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos de los programas sociales.En el caso de los municipios y demarcaciones territoriales,lo harán por conducto de los estados y del Distrito Federal; y

V....

Artículo 34.-El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre las entidades federativas, considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos:

I.a IV. ...

V. ...

...

...

...

...

Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza extrema de una entidad, se obtiene la masa carencial de la entidad, determinada por la siguiente fórmula:

...

...

MCEk = Masa carencial de la entidad k;

MCHjk = Masa carencial del hogar j en pobreza extrema en la entidad k; y

jk = Número total de hogares pobres extremos en la entidad k.

Una vez determinada la masa carencia de la entidad, se hace una agregación similar de todas las entidades para obtener la masa carencial nacional.

Cada una de las masas carenciales de las entidades se divide entre la masa carencial nacional (MCN), para determinar la participación porcentual que del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le corresponde a cada entidad, como lo indica la siguiente fórmula:

...

...

PEk = Participación porcentual de la entidad k;

MCEk = Masa carencial de la entidad k; y

...

Así, la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se realiza en función de la proporción que corresponda a cada entidad de la pobreza extrema a nivel nacional, según lo establecido.

Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, en el mes de octubre de cada año, en el Diario Oficial de la Federación las normas establecidas para necesidades básicas (Zw) y valores para el cálculo de esta fórmula y estimará los porcentajes de participación porcentual (PEk) que se asignará a cada entidad.

Artículo 35. Las entidades distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y delegacional, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y delegaciones con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:

a)Población ocupada del municipio o demarcación territorial del Distrito Federalque perciba menos de dos salarios mínimos respecto de la población de la entidad en similar condición;

b) Población municipal o delegacionalde 15 años o más que no sepa leer y escribir respecto de la población de la entidad en igual situación;

c)Población municipal o delegacionalque habite en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la población de la entidad sin el mismo tipo de servicio; y

d) Población municipal o delegacionalque habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la población de la entidad en igual condición.

con objeto de apoyar a las entidades en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y delegacionalpara cada entidad.

Las entidades, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social municipal y delegacionalcorrespondientes a sus Municipios y demarcaciones territoriales,debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.

Las entidades deberán entregar a sus respectivos municipios y delegacioneslos recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la federación lo haga a las entidades, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales y delegacionalespor parte de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, ypublicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial.

Artículo 48.Los estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere este Capítulo, que deberá incluir, al menos, datos sobre la población beneficiada y el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos de los programas sociales.

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Manual de transferencias federales para municipios, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Secretaría de Gobernación, México 2008.

2 Barceinas J, César Marcelo; y Monroy Luna, Rubén, Origen y funcionamiento del ramo 33.

3 Íbid.

4 La rendición de cuentas de transferencias intergubernamentales. El caso del FAIS, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en www.juridicas.unam.mx

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010. — Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 Bis-1 de la Ley General de Salud. No se encuentra en el salón, por tanto.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

A nivel mundial, la salud mental es un fenómeno complejo que es determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos.

Ante esto, debemos hacer notar que los trastornos mentales constituyen uno de los mayores problemas de salud de muchas naciones, pero particularmente en nuestro país, así podemos observar cómo se han incrementado éstos de manera drástica en las últimas décadas.

Los datos sugieren que los problemas mentales están entre los que más contribuyen a la carga global de enfermedades y discapacidades presentando el 11.5 por ciento de la morbilidad en todo el mundo.

Cifras detalladas de la Organización Mundial de la Salud dan a conocer que unos 800 mil individuos llagan al límite del suicidio después de padecer alguna enfermedad relacionada a la salud mental en todo el orbe.

De igual manera, señala con datos estadísticos que desde 2001, en los últimos 15 años las tendencias al suicidio oscilan desde un aumento de casi 62 por ciento para el caso de México, así como un descenso del 17 por ciento para China, mientras que en los Estados Unidos de Norteamérica y Rusia, su variación es del 5.3 por ciento, en reducción y aumento, respectivamente.

Compañeras y compañeros: actualmente en nuestro país existen trastornos neuropsiquiátricos que ocupan el quinto lugar como índice de muerte y discapacidad y para ser exactos, precisamente son este tipo de enfermedades las que figuran dentro de los diez primeros lugares entre nuestra población enferma.

De éstas podemos mencionar a la esquizofrenia, la depresión, la obsesión, la compulsión y alcoholismo como ejemplos más recurrentes.

Podemos asegurar que cualquier tipo de malestar o enfermedad en nuestro país, generalmente está asociado a la pobreza, que bajo un esquema de carencia de recursos económicos para sufragar los costos de una adecuada atención médica, su deterioro pronto se ve reflejado en la salud de las personas, pero que día con día se tornan más agresivas y con pocas posibilidades para evitarlas.

Estas consecuencias repercuten directamente en la salud mental del individuo, debido a que las personas pobres están expuestas, en mayor grado, a adversidades ambientales que producen altos niveles de estrés y de angustia psicológica, como la violencia, el consumo de drogas, un bajo nivel educativo y bajo desarrollo socioeconómico, puesto que el ingreso mensual en la mayoría de la población es entre uno a dos salarios mínimos mensuales, con lo que prácticamente es imposible sobrevivir.

Bajo el supuesto de que el salario mínimo representa el ingreso que debería de garantizar un nivel de vida digno a un trabajador y su familia, en nuestro país desde los años 80 se ha observado un deterioro salarial. Por lo que se considera que este grupo tiene mayor probabilidad de sufrir cualquiera de esas enfermedades, así como por tener menor accesibilidad a recibir atención médica.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de nuestro país, esta problemática se resume, con los siguientes datos: 8 por ciento de las enfermedades mentales corresponden al área neuropsiquiátrica, 4 millones de personas padecen depresión, 6 millones más tienen problemas relacionados con el consumo de alcohol, 10 por ciento de los adultos mayores de 65 años sufren cuadros demenciales, mientras que un 15 por ciento de la población entre los 3 y 12 años de edad padecen de algún tipo de trastorno mental o de conducta.

Por si fuera poco, más de 3 millones de personas son dependientes del alcohol, 13 millones son fumadores y 400 mil personas se reportan adictas a las drogas; 500 mil presentan esquizofrenia, un millón epilepsia y 5 de cada mil niños sufren retardo mental.

Prácticamente la poca importancia que se da generalmente a la salud mental en México, también se debe a la centralización de los servicios de salud mental, por la deficiente organización y financiamiento de los servicios, y por el estigma asociado a las enfermedades mentales que a menudo ocasiona que los enfermos no busquen tratamiento.

El tratamiento por parte del estado se remonta a la construcción del Hospital Psiquiátrico de La Castañeda a principios del siglo pasado y que se encontraba ubicado en las inmediaciones de Mixcoac, al sur de la Ciudad de México.

Sus necesidades eran las de atender de manera integral a las personas con discapacidad mental provenientes del estado de Querétaro y gran parte del Bajío, después de ver que no existía ninguna institución de gobierno con estas características.

En ese sentido, podemos mencionar que a la fecha el Distrito Federal concentra poco más del 40 por ciento de los psiquiatras y psicólogos institucionales y que únicamente son 6 las entidades federativas como Michoacán, Guadalajara, Sonora, Chihuahua, Veracruz y Sinaloa que cuentan con suficiencia de psiquiatras, mientras que apenas sólo 4 estados son los que cuentan con suficiencia de psicólogos.

En México sólo existen 28 hospitales psiquiátricos en el país, de los cuales 4 cuentan con posibilidad de internamiento de individuos con trastornos mentales.

Compañeras y compañeros diputados: nuestras leyes están diseñadas para atender a toda la población mexicana, sin embargo, un gran segmento de esta población no cuenta con los recursos económicos suficientes para acceder a servicios de salud privados y no se encuentran protegidos por los servicios de seguridad social como el IMSS o ISSSTE.

Con lo anterior, la incorporación de los servicios de salud mental como especialidades básicas en primer nivel de atención, resultaría fundamental y muy relevante, puesto que diversos estudios han concluido que una de cada seis personas sufrirá problemas de salud mental que podrá requerir atención médica especializada, lo cual en una población de 107 millones de habitantes como lo es nuestro país, más de 15 millones de personas padecerán trastornos mentales.

Finalmente queremos decirles que esta iniciativa propone el manejo y tratamiento de los trastornos mentales en el ámbito de la atención primaria, como un paso fundamental que permita el acceso a los servicios de atención a la salud mental para un mayor número de personas.

La aprobación de la presente iniciativa traería un avance en el desarrollo de la política de salud pública, pero al mismo tiempo, concede a la salud mental y a sus trastornos la misma importancia que a la salud física, puesto que la salud mental ha sido objeto de indiferencia o abandono y derivado de ello, nuestro país está sufriendo una carga creciente de trastornos mentales en mucha gente y un desfase terapéutico cada vez mayor.

Decreto

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 77 Bis 1, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 1. ...

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar la atención de enfermedades mentales y sus trastornos, los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Transitorios

Primero.La reforma contenida en el presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de octubre de 2010.— Diputado: Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Juan José Cuevas García, Hilda Ceballos Llerenas (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud.

Si se presenta el diputado, en ese momento leerá su iniciativa.

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION RURAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, recibimos y escucharemos iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Nacional de Innovación Rural. ¿Se encuentra en salón el diputado Jiménez Merino?

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que expide la Ley del Sistema Nacional de Innovación Rural, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Innovación Rural, a fin de que sea una herramienta que permita la vinculación y participación activa de los estudiantes de universidades vinculadas con las actividades agropecuarias y el aparato productivo del sector primario, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

El sector agropecuario mexicano ha demostrado en incontables ocasiones que tiene la capacidad suficiente para hacer que el aparato productivo nacional alcance niveles de crecimiento por encima de las estimaciones realizadas.

No se debe menospreciar el potencial del sector primario, ya que tiene la capacidad de ser un productor multifactorial, es decir, en el cúmulo de producción genera bienes de consumo final, así como otros que son materia prima para el resto de los sectores económicos.

Durante los últimos treinta años se ha dado especial atención y apoyo a la producción industrial y de servicios, dejando de lado el fomento de las actividades agropecuarias, lo que ha devengado en problemáticas que ponen en riesgo la sustentabilidad, no sólo del país, sino de la población entera, ya que se ha privilegiado el apoyo las actividades de alto valor agregado.

Este descuido del campo mexicano ha ocasionado que seamos un importador de bienes y productos agropecuarios, los cuales hace tres décadas eran generados por nuestras tierras cultivables, y nos permitía ubicarnos entre los primeros lugares mundiales en la producción agropecuaria.

Lo anterior hace que en este momento se encuentre pendiendo de un hilo la soberanía alimentaria, situación que no debe ser tolerada por los más de 106 millones de habitantes que viven en el territorio nacional, ya que está de por medio el futuro de nuestros hijos y nietos, quienes deberán enfrentarse al desabasto, a la falta de alimentos y por ende a la pandemia que se estaría dando como consecuencia de la falta de atención inmediata.

No se trata de ser catastrofista, por el contrario, se debe ser objetivo y analizar la problemática en su contexto real, a fin de poder implementar medidas que permitan corregir dichas fallas que ya se han identificado.

Es por ello que la presente Iniciativa por la que se expide el Sistema Nacional de Innovación Rural, es un esfuerzo por intentar abatir los rezagos que se presentan en el sector primario. El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados está comprometido con el impulso a la economía nacional, teniendo claro que el objetivo primordial es abatir la pobreza y la marginación, dotando de elementos suficientes a la población para que sea capaz de poner en marcha proyectos productivos que le permitan hacerse de un ingreso.

En este sentido, la presente propuesta forma parte de un conjunto de reformas de índole social que tienen por objeto, construir el andamiaje institucional, normativo, de programas y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los más de 54 millones de pobres que habitan en México.

El flagelo de la pobreza y la marginación afectan por igual a los ámbitos rural y urbano, sin embargo, la población que habita fuera de las urbes enfrenta dificultades que, en ocasiones, no puede afrontar aún y cuando son beneficiarios de algún programa gubernamental.

Nos enfrentamos a un panorama en el cual:

• El promedio de escolaridad a nivel nacional es de 8.5 años; más de 6 millones de habitantes no saben leer ni escribir; 10 millones no han concluido la primaria; 17 millones no cuentan con la secundaria terminada.

• En el campo, aproximadamente el 75 por ciento de los productores es mayor de 55 años.

• El nivel de ingresos en el ámbito rural es precario, muestra de ello es que más de 9 millones de personas en el medio rural se dedican a la autoproducción y no perciben un ingreso por dicha actividad.

• De los 54 millones de personas que se encuentran en algún umbral de la pobreza, 20 millones padecen pobreza alimentaria, más de 40 millones de habitantes tienen desnutrición, y paradójicamente, la obesidad y el sobrepeso afectan al 70 por ciento de los mayores de 15 años.

A lo anterior debemos sumar las problemáticas que son propias del sector primario, entre las que se pueden mencionar:

• Baja productividad agrícola, pecuaria y acuícola. Alta incidencia de plagas y enfermedades.

• Escasa cultura de control integrado.

• Poca utilización de semillas mejoradas y reducido mejoramiento genético.

• Bajo nivel de penetración en investigación e insuficiente tecnología aplicada para atender las cadenas productivas.

• Largos periodos de adopción tecnológica, los cuales van de 8 a 12 años.

• Y, primordialmente, la falta de recursos humanos capacitados para apoyar la producción agropecuaria, es decir, no existe una vinculación entre el sector productivo y el educativo, lo que limita el potencial del sector.

Esta última arista es en la que la presente Iniciativa tiene por objeto incidir, no podemos continuar sectorizando las políticas públicas, se trata de hacerlas convenir en aquello en lo que las coincidencias pueden generar mejores resultados.

Es imperativo tejer el puente que permita una vinculación directa y permanente entre el sector educativo, principalmente el de educación superior vinculado con las actividades agropecuarias, y el aparato productivo, ello en aras de coordinas ambas herramientas para se traduzca en una mejoría en la calidad de vida de quienes participan en el sector agropecuario.

Cabe señalar que con este modelo de vinculación que ahora proponemos no estamos descubriendo el hilo negro, por el contrario, estamos modernizando y actualizando nuestro aparato productivo. En países como Estados unidos y otros de Europa, existen mecanismos permanentes de vinculación entre el sector universitario y las actividades del campo, dicho enclave ha permitido aprovechar de mejor manera las potencialidades de ambas esferas, traduciéndose en un incremento de la producción, una mejoría en la calidad de los productos haciéndolos más competitivos.

En el caso de México, se pretender lograr las metas mencionadas, además de lograr una mayor  tecnificación en el campo, alcanzar un nivel mayor de eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos materiales, económicos y humanos, fomentar una mayor utilización de semillas mejoradas e incrementar el uso de mejoras genéticas animales, entre otros objetivos.

También una de las metas de esta propuesta es generar un banco de información que contenga las variaciones de los principales productos agropecuarios, a fin de que sean un referente de la producción, orientando los esfuerzos en producir aquello en lo cual se presentará una disminución.

De igual forma, estaremos construyendo un modelo de sustitución de importaciones agropecuarias, es decir, estaríamos reduciendo los niveles de importación de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas en un plazo no mayor a quince años, con lo cual se estaría logrando consolidar el proyecto de contar con la soberanía alimentaria que nos catapulte al desarrollo.

La vinculación incluye también el fomento de la organización de los productores, orientándolos para lograr conjuntarse en pequeños grupos, lo cual les permitirá planificar de mejor manera su producción, logrando disminuir los costos de la misma, y permitiéndoles llegar a mercados locales y foráneos, sin la utilización de intermediarios.

No podemos olvidar que un elemento fundamental es la tecnificación del sector agropecuario, para lo cual, mediante la vinculación, se fomentará la generación de un número mayor de agroindustrias, las cuales generarán productos de un alto valor agregado.

Los problemas que enfrentamos requieren de soluciones concretas, viables, sin demagogia, ni falsos discursos. Es momento de plantear alternativas que se traduzcan en beneficios reales y que mejoren la microeconomía, el poder adquisitivo de las familias ha sido vapuleado, lacerado, lastimado, por ello, es fundamental generar las condiciones propicias que permitan subsanar las deficiencias del sistema productivo.

En razón de las consideraciones antes expuestas someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único.Se expide la Ley del Sistema Nacional de Innovación Rural, la cual queda como a continuación se menciona:

Ley del Sistema Nacional de Innovación Rural

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer los lineamientos que fomenten, promuevan, impulsen y coordinen las acciones que permitan una participación estrecha y un vinculo de colaboración entre las instituciones de educación superior relacionadas con el desarrollo rural y el sistema de producción agropecuario.

Artículo 2. Será competencia de las Secretarías de Educación Pública, de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y Función Pública, promover y vigilar el cumplimiento de lo señalado en la presente norma.

Artículo 3. El Sistema Nacional de Innovación Rural estará integrado por:

a) La Secretaría de Educación Pública;

b) La Universidad Nacional Autónoma de México;

c) El Instituto Politécnico Nacional:

d) La Universidad Autónoma de México;

e) La Universidad Chapingo;

f) La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

g) Las universidades autónomas de los estados.

h) El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

i) Otras instituciones Públicas dedicadas a la investigación y desarrollo en las ciencias vinculadas a las actividades agropecuarias.

j) Las comunidades campesinas y rurales, como espacios activos de preservación y difusión del conocimiento tradicional, cultural y folclórico del país.

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

a) Actividad agrícola: relativo a la agricultura, al cultivo de la tierra.

b) Actividad forestal: relativo al aprovechamiento de bosques, de tierras con cobertura vegetal no cultivada.

c) Actividad pecuaria: relativo al ganado, a los animales domésticos.

d) Asesor técnico comunitario: profesionista egresado del sistema de educación agrícola superior abocado a la dirección de procesos de mejoramiento tecnológica y al desarrollo de organizaciones prestadoras de servicios, proveedoras de insumos y promotoras de la comercialización; responsable de promover  junto con los habitantes de las localidades rurales cambios en sus actividades productivas y en los procedimientos de las que realizan, favorecer la adopción de las tecnologías idóneas y prestar servicios técnicos, que conduzcan al mejoramiento de las condiciones de vida en el medio rural, el incremento del ingreso y el perfeccionamiento y profesionalización de las actividades del campo.

e) Asistencia técnica integral al desarrollo rural: ayuda o cooperación relativa a los procedimientos de producción en el campo, desde el acopio de insumos, hasta el consumo de los productos, y tanto para actividades agrícolas, acuícolas, pecuarias, acuícolas, forestales como no agropecuarias; constituye un elemento esencial para el desarrollo rural.

f) Consejo: El Consejo Nacional de Innovación Rural

g) DDR: Distritos de Desarrollo Rural.

h) Consejo distrital: Los Consejos Técnicos Distritales de Innovación.

i) Iesa. Instituciones de Educación Superior vinculadas al desarrollo Agropecuario.

j) Innovación rural: Proceso por el cual el productor obtiene información que le ayuda a entender sus problemas y a decidir cómo solucionarlos. Aunque incluye a las acciones de generación y transferencia de tecnologías agrícolas, pecuarias y forestales, no se limita a ello, sino comprende todo aquello que conduzca al desarrollo rural.

k) Innovador Rural: Personal académico de tiempo completo del sistema de educación agrícola superior, responsable de orientar a los asesores técnicos comunitarios en algún campo de la técnica y del conocimiento; para ello realiza permanentemente consultas documentales, mantiene un diálogo con los investigadores de ese campo e interactúa con otros Innovadores del país.

l) Medio Agrario: relativo al campo, a los terrenos no urbanos.

m) Prestador de servicio social profesional: Estudiante del sistema de educación agrícola que auxilia temporalmente al asesor técnico comunitario en labores específicas definidas y supervisadas por éste.

n) Promotor del trabajo comunitario: Productor rural residente en la localidad, con potencial de influencia sobre la mayoría de la población de la misma para facilitar la comunicación entre los habitantes de la localidad y el asesor técnico comunitario; preferentemente deberán ser personas innovadoras con amplia experiencia en la producción local.

o) Sagarpa: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación.

p) SNITT: Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica, SNITT.

q) Sistema: El Sistema Nacional de Innovación Rural.

r) Sistema de Educación Agrícola Superior: Conjunto de instituciones de educación facultadas para otorgar títulos profesionales en las áreas del conocimiento relacionadas con el sector agropecuario y rural.

Artículo 5. El Sistema Nacional de Innovación Rural será la institución encargada de promover e impulsar la productividad del sector agropecuario nacional.

La Sagarpa administrará, coordinará y supervisará la operación del sistema a través del SNITT, las delegaciones y los DDR.

Artículo 6. El sistema, tiene la responsabilidad de realizar un diagnóstico y estudio de la situación que prevalece en el sector agropecuario nacional, dichos documentos deberán ser revisados y actualizados de manera periódica, cuando menos cada dos años, ello con el objetivo de ser un referente para el diseño e implementación de políticas públicas orientadas al sector primario.

Artículo 7. Los diagnósticos incluirán un análisis regional de las características y generalidades de la región que corresponda, con el objetivo de identificar sus fortalezas y debilidades.

Artículo 8. El Sistema, tiene como principales objetivos los siguientes:

I. Establecer un sistema de asistencia técnica integral al desarrollo rural en las localidades de entre 500 y 2 mil 500 habitantes, en el que participen asesores técnicos comunitarios, Innovadores rurales, promotores de trabajos comunitarios y prestadores de servicio social operando en torno a los distritos de desarrollo rural, DDR, del país.

II. Conformar un plan de desarrollo comunitario para cada una de las localidades atendidas.

III. Definir los paquetes tecnológicos idóneos para las principales actividades productivas que se efectúan en las localidades atendidas.

IV. Promover el establecimiento de sociedades regionales prestadoras de servicios, proveedoras de insumos y promotoras de la comercialización, con la participación de los asesores técnicos comunitarios, promotores del trabajo comunitario y organizaciones sociales o productivas de la región.

V. Incrementar la generación de riqueza a partir de la naturaleza en las localidades atendidas, articulando el saber tradicional comunitario y el conocimiento científico y tecnológico pertinente y acoplando los diversos programas gubernamentales tendientes al desarrollo rural.

VI. Propiciar que el productor rural obtenga mayores utilidades por sus actividades productivas, cuidando su ambiente.

VII. Crear nuevas oportunidades económicas con base en la valoración de los recursos locales y en el desarrollo de los mercados locales y regionales.

VIII. Aumentar el grado de participación de los profesionistas residentes en las localidades rurales en los procesos de desarrollo de las mismas.

IX. Favorecer un mayor grado de vinculación entre las IEAS y el sector rural.

X. Fortalecer a los DDR como fuente permanente de información sobre la situación social, económica y tecnológica del sector rural del país, que permita el análisis sistemático de lo existente y fundamentar el ajuste de los programas de desarrollo.

Artículo 9. Para su funcionamiento el sistema contará con una red de despachos integrados por asesores técnicos comunitarios que actúen en las comunidades que no son atendidas por los esquemas establecidos por la Sagarpa.

De acuerdo a la naturaleza del sistema, que tiene como uno de sus objetivos fomentar e incrementar la productividad rural de los productos básicos y estratégicos definidos por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cada DDR se le asignará un despacho.

La definición de las localidades a atender estará en función del número de habitantes y su grado de marginación según las estimaciones publicadas por el Consejo Nacional de Población. Lo anterior implica ordenar las localidades rurales (menores de 2,500 habitantes) del DDR, en forma descendente según su población y grado de marginación y seleccionar en la misma forma hasta igualar el número de técnicos asignados al DDR.

Artículo 10. La red, mencionada en el artículo anterior, estará conformada por innovadores rurales, distribuidos entre los 3 mil 148 núcleos agrarios registrados.

Artículo 11. El sistema contará con un Consejo Nacional de Innovación Rural, el cual estará integrado por el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica; el Consejo Nacional de Innovación Rural, un representante del secretario de Educación Pública y otro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Dicho consejo tiene la responsabilidad de vigilar que la Red de Despachos sea integrada de manera focalizada a fin de atender las principales problemáticas que aquejan a un Distrito Rural en particular. Asimismo, verificará que la distribución de los asesores técnicos cumpla con los principios de eficiencia, equidad, integralidad y profesionalismo.

Artículo 12. El consejo tiene como objetivos:

I. Generar información descriptiva de los procesos de obtención, comercialización y consumo de los productos definidos por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como básicos y estratégicos en las localidades rurales.

II. Otorgar lineamientos generales para la integración del plan de desarrollo comunitario y de los núcleos agrarios de cada uno de los Distritos de Desarrollo Rural atendidos, con la participación de los habitantes de las localidades, los Despachos, por medio de los Innovadores Rurales y las autoridades locales y municipales.

III. Aportar elementos que permitan el diseño de paquetes tecnológicos idóneos para las principales actividades productivas que se realizan en las localidades atendidas, especialmente para los productos definidos como básicos y estratégicos por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

IV. Constituir en cada distrito de desarrollo rural una o más sociedades regionales prestadoras de servicios, proveedoras de insumos y promotoras de la comercialización, con la participación del Sistema Nacional de Innovación Rural y organizaciones sociales o productivas de la región.

Capítulo 3Estructura organizacional

Artículo 13. El consejo, como parte del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología, es el órgano colegiado de dirección del Sistema Nacional de Innovación Rural integrado por los titulares de la Secretarías de Educación Pública, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, un representante del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, un representante de Conacyt, el rector de la Universidad Autónoma Chapingo, el rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el director del Colegio de Posgraduados, el director general de Estudios Tecnológicos Agropecuarios y el director del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Entre las atribuciones del consejo, se encuentran:

1. Establecer la normatividad del sistema;

2. Aprobar los nombramientos de los innovadores rurales,

3. Definir la distribución de recursos y el calendario de ejecución de los mismos, de los distritos de desarrollo rural.

4. Establecer convenios de cooperación y vinculación entre las instituciones de educación superior vinculadas con las actividades agropecuarias y los gobiernos estatales, municipales, comunidades, organizaciones de productores y demás agrupaciones que

Artículo 14. Con el objetivo lograr detonar potencial de las regiones, el consejo contará con representaciones regionales y estatales, las cuales deberán aportar la información solicitada por el consejo a fin de consolidar el vinculo que permita una mayor participación de las instituciones de educación superior con las actividades agropecuarias.

Artículo 15. El consejo, a su vez, contará con la colaboración de los Consejos Técnicos Distritales de Innovación. Los cuales son los órganos colegiados de dirección del Sistema en los Distritos de Desarrollo Rural, integrados por el jefe del distrito, un representante del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable, un representante del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, dos innovadores que participen en el distrito y dos representantes de las organizaciones sociales de los productores del distrito.

Asimismo, los Consejos Distritales definirán las localidades del distrito de desarrollo rural en que operará el sistema, contratarán a los asesores técnicos comunitarios y les designarán la o las localidades en que habrán de desempeñar sus funciones.

De igual forma, los consejos distritales administrarán los recursos del sistema asignados al distrito, dará seguimiento a las acciones realizadas, promoverá la gestión de las iniciativas, proyectos o solicitudes presentadas como parte de los programas del Programa Especial Concurrente para el De-sarrollo Rural Sustentable, así como designar a los promotores del trabajo comunitario.

Artículo 16. Los despachos de asesores técnicos comunitarios, deberán cumplir con las siguientes características:

a) Tener como sede alguna de las comunidades asignadas por parte del Consejo Distrital;

b) Desarrollar sus actividades con estricto apego a la ética profesional, al civismo y al respeto hacia la comunidad, sus integrantes y sus instituciones.

c) Mantener un diálogo e intercambio permanente con los habitantes de las comunidades en que labora, sobre sus actividades productivas, las formas en que se realizan, los sistemas de adquisición de insumos, los procesos de agregación de valor a sus productos y las maneras en que se utilizan y comercializan.

d) Recopilar y sistematizar la información socioeconómica y tecnológica de las comunidades en que opera, conforme al esquema metodológico que para ello desa-rrollen los innovadores rurales.

e) Apoyar a la comunidad en la elaboración de una propuesta de plan integral de desarrollo territorial para las comunidades en que opera.

f) Identificar, con la asesoría de los Innovadores y la participación de los productores, los paquetes tecnológicos idóneos que serán utilizados en las actividades productivas que se desarrollan en las comunidades.

g) Conocer de manera detallada el conjunto de programas gubernamentales orientados al apoyo del desarrollo rural, contar con un conocimiento amplio de sus procesos a fin de apoyar a los agentes sociales comunitarios en las gestiones correspondientes.

h) Mantener un diálogo permanente con los innovadores regionales con el objetivo de discutir los productos de su trabajo, recibir información reciente sobre los campos pertinentes de la técnica y del conocimiento y analizar las técnicas emergentes con potencial de aplicación.

i) En función de los paquetes tecnológicos propuestos para la región y con la finalidad de aminorar las desventajas derivadas de la reducida escala de producción, conformar sociedades proveedoras de los servicios e insumos tecnológicos, así como promotoras de la comercialización, que impulsen e incrementen la productividad de la zona.

j) Llevar una bitácora de las actividades realizadas y datos relevantes, para con ello, redactar un informe semestral de las actividades realizadas en la localidad, el cual entregará al DDR correspondiente.

k) Establecer y mantener una relación de colaboración estrecha con el promotor del trabajo comunitario en la localidad, tendiente a identificar y promover tanto las áreas de oportunidad de mejoramiento de los procesos de producción como las formas de propiciar su adopción en la localidad.

l) Promover e impulsar la especialización en aquellas actividades que han demostrado tener una alta productividad, así como promover el desarrollo de otras que, después de realizada la evaluación correspondiente, pueden generar un impacto positivo en los grupos que habitan en dicha comunidad.

Artículo 17. Por su parte, los asesores técnicos, con el objetivo de lograr mejores resultados en la implementación de las estrategias diseñadas por el sistema, deberán, entre otros requisitos, cumplir con los establecidos en el artículo 16 de la presente ley.

Artículo 18. Los asesores técnico deberán cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones:

I. En coordinación con grupos organizados de productores y habitantes del sector rural, deberá presentar un programa trianual de trabajo, en el que se describan y especifiquen las innovaciones a impulsar y las metas a alcanzar. El programa será aprobado por el Consejo Técnico Distrital de Innovación y será la base de su evaluación trianual para el refrendo de su nombramiento por el Consejo Nacional de Innovación.

II. Realizar, de manera permanente, consultas documentales sobre los avances científicos y tecnológicos alcanzados en su área y mantener un diálogo constante con los investigadores tanto de la institución en la que está adscrito, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en la región, con el fin de conocer y evaluar el avance tecnológico en el sector rural, así como los procedimientos adecuados para su implementación, que permita el desarrollo de alternativas viables para la región.

III. Mantener un diálogo permanente con los asesores técnicos comunitarios de la región que le corresponda, revisar y discutir con ellos la información descriptiva de sus condiciones y actividades, de los planes de desarrollo comunitario y de los paquetes tecnológicos utilizados y sus alternativas de modificación.

Organizar en la institución de educación superior de su adscripción la participación de estudiantes como prestadores de servicio social en el Sistema.

Visitar al menos una vez al mes las localidades rurales en que operan los asesores técnicos comunitarios bajo su asesoría.

Promover y dirigir el establecimiento de unidades demostrativas de las técnicas productivas idóneas para la región, en las localidades que por su representatividad agroecológica y su ubicación, posibiliten la cobertura de varias localidades de la región.

Publicar al menos una vez al año un folleto de información tecnológica sobre innovación productiva.

Sistematizar la información descriptiva de las localidades para integrar y publicar el perfil social, económico y tecnológico de la región.

Artículo 19.Los promotores del trabajo comunitario, tienen la responsabilidad de:

I. Colaborar estrechamente con el asesor técnico comunitario en la realización de sus tareas relativas al Sistema.

II. Facilitar y promover la comunicación adecuada entre el asesor técnico comunitario y los integrantes de la comunidad.

III. Promover la participación de la comunidad en los diferentes aspectos del sistema.

IV. Promover el establecimiento de unidades demostrativas de las técnicas productivas idóneas y otras formas de propiciar la adopción de técnicas por los productores de la localidad.

V. Colaborar en la coordinación y apoyo de las labores de los estudiantes que presten su servicio social a fin de lograr la consecución de servicios asistenciales.

Artículo 20.Los prestadores de servicio social, deben cumplir con las siguientes encomiendas:

I. Permanecer en la localidad que se les asigne durante el periodo que les corresponda.

II. Desarrollar con atingencia, eficiencia y responsabilidad, las tareas que se les asignen.

III. Llevar un registro de las actividades realizadas y datos relevantes y con base en éste, redactar un informe de las actividades realizadas en la localidad, el cual deberá entregar al Innovador correspondiente al término de su estancia.

IV. Comportarse durante su estancia en la localidad con estricto apego a la ética profesional, al civismo y al respeto hacia la comunidad, sus integrantes y sus instituciones.

Artículo 21.Para establecer el vínculo institucional entre el sistema de educación superior y el aparato productivo agropecuario, se asignará una institución de educación superior a cada DDR, donde fungirá como responsable técnico del Sistema en el distrito.

En los DDR en que se ubiquen dos o más instituciones de educación superior con disposición de participación, el Consejo Mexicano de Innovación definirá el distrito en que podrá participar cada una de ellas.

Los DDR cuyo territorio no sea sede de ningún plantel de educación agrícola superior, podrán ser cubiertos por el plantel más cercano, o por una institución de educación superior de influencia regional o nacional.

El proceso de selección y definición de las instituciones de educación superior  en cada uno de los DDR será coordinado por el Consejo Nacional de Innovación y debe ser realizado durante el mes de enero, incluyendo la designación en las instituciones educativas correspondiente, de los dos Innovadores Rurales que participarán en el Consejo Distrital de Innovación.

Artículo 22.La evaluación del trabajo realizado por el Sistema Nacional de Innovación Rural, así como de las metas y objetivos logrados, corresponderá a la Cámara de Diputados, quien analizará, y en su caso, realizará propuestas y/o modificaciones encaminadas a fortalecer las estrategias que permitan lograr mejores resultados.

Artículo 23.La participación de las Organizaciones de Productores en los Consejos distritales de Innovación será bajo los siguientes lineamientos:

a) Disponibilidad para participar en las sesiones del consejo;

b) Vocación de la organización hacia las actividades rurales básicas y estratégicas predominantes en el DDR;

c) En el caso de que dos o más organizaciones cumplan tales condiciones, su participación será rotativa por periodos de un año.

Artículo 24.La integración y operación de los Consejos Distritales de Innovación se realizará de acuerdo a lo siguiente:

1. Durante el mes de enero de cada año el Jefe de Distrito de cada DDR debe solicitar y obtener la designación de un representante del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable y un representante del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable ante el Consejo Distrital de Innovación.

2. Bajo la coordinación de Sagarpa, a través de sus estructuras operativas estatales y distritales, durante el mes de febrero deberá realizarse en cada DDR la reunión constitutiva del Consejo Distrital de Innovación, en la que cada uno de ellos definirá su organización interna y el calendario de sesiones a realizar durante el año.

3. Los Consejos Distritales de Innovación en coordinación con la instituciones de educación superior vinculadas a al desarrollo rural, deberán calendarizar la contratación de los Asesores Técnicos Comunitarios y su asignación a las localidades correspondientes, a fin de que éstos puedan comenzar a laborar a partir del 1 de abril.

4. Conforme a lo anterior, cada Consejo Distrital de Innovación sostendrá un mínimo de cinco sesiones durante el año. Las sesiones serán legales con la participación de al menos cuatro de sus integrantes, sus decisiones serán tomadas por consenso, de ser necesario, los acuerdos serán válidos por mayoría simple de votos.

5. En cada sesión deberá levantarse un acta con la fecha, hora y lugar de la sesión, lista de presentes, orden del día, acuerdos tomados por consenso, y en su caso, argumentos de disenso y resultados de la votación.

Artículo 25. La contratación de los asesores técnicos será competencia exclusiva de los Consejos Distritales de Innovación, coordinados con las instituciones de educación superior vinculadas al desarrollo rural.

En la contratación se dará preferencia a los profesionales que residen en el distrito y que hayan realizado sus estudios en una institución de educación superior vinculada al desa-rrollo rural de la región.

Los contratos serán multianuales y no podrán ser por más de tres años.

Artículo 26. Los promotores del trabajo comunitario serán nombrados por los Consejos Distritales de Innovación en coordinación con las instituciones de educación superior vinculadas al desarrollo rural, a propuesta de los Asesores Técnicos Comunitarios.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan sin efecto cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en la presente ley.

Tercero. En el primer año de operación del Sistema Nacional de Innovación Rural, se plantea como meta contar con 2 mil 82 promotores del trabajo comunitario en igual número de localidades rurales de 500 a 2 mil 500 habitantes en los 192 distritos de desarrollo rural del país.

Cuarto.En el primer año de operación del Sistema Nacional de Innovación Rural incluiría a 715 asesores técnicos comunitarios distribuidos en los 192 DDR del país.

Quinto.El Ejecutivo federal tiene un plazo de 180 días hábiles para publicar el Reglamento del Sistema Nacional de Innovación Rural.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputados: Alberto Jiménez Merino, Janet Graciela González Tostado, María Isabel Merlo Talavera, Ramón Merino Loo, Julieta Octavia Marín Torres, Rolando Zubia Rivera, Violeta Avilés Álvarez, Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. No se encuentra tampoco el diputado Báez Ceja.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado>: «Iniciativa que reforma los artículos 41 y 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXI Legislatura, somete a consideración de la honorable asamblea la presente iniciativa que modifica los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 41 y agrega una fracción V al artículo 46 de la Ley de Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Una de las áreas de actividad económica que tuvo mayor crecimiento durante los últimos gobiernos fue la construcción de vivienda. Las administraciones gubernamentales, basadas en los crecientes saldos de la cuenta de vivienda en el Sistema de Ahorro para el Retiro, idearon agresivos esquemas de desarrollo de unidades habitacionales, de construcción de vivienda, aparentemente con la intención de reducir el déficit que se había acumulado, que fue superior a un millón a principios de la década.

No había problema por los recursos, se tenía un ahorro lo suficientemente grande para financiar ese esfuerzo. Se multiplicaron los esquemas de financiamiento, con cofinanciamiento, con la banca comercial, con las sociedades financieras de objeto limitado o con las sociedades financieras de objeto múltiple. La institución líder en ese esfuerzo fue el Infonavit, administrador de la mayor masa de recursos de ese ahorro, que en febrero de este año sumó 564 mil 870 millones de pesos (esa cifra incluye los recursos de los empleados públicos que administra el Fovissste).

Desafortunadamente, muchos de los conjuntos habitacionales que se construyeron, sin planeación de ningún tipo, lejos de ser motivo de esperanza de un mayor bienestar para miles de familias, en realidad fueron, en un alto porcentaje, una causa de malestar: mal construidas, sin supervisión, alejadas de las fuentes de trabajo, de los centros escolares, de los centros de salud, sin servicios adecuados, sin sustentabilidad ambiental, sin transporte y otras muchas fallas.

Una evaluación de lo que se hizo en vivienda confirmaría que las últimas administraciones gubernamentales se preocuparon sólo por los negocios de los desarrolladores y de algunos intermediarios, eso sí, con modelos muy sofisticados. Desafortunadamente, por su incapacidad perdimos, como país, la enorme oportunidad de resolver el problema de la vivienda con un enfoque humano y de eficiencia económica. No se diseñaron desarrollos que permitieran reducir el costo de vida del trabajador y su familia, que le brindaran bienestar en armonía con el entorno ambiental, que nos permitieran ser más competitivos en el entorno internacional.

Por esa razón, lejos de ser una solución que además permitiera a los trabajadores capitalizar como ahorro lo que destinaban para el pago de sus rentas, esos desarrollos se convirtieron, por su ubicación y mala planeación en una fuente de egresos por los elevados costos derivados de su ubicación e incluso de desintegración familiar, por el tiempo que pasaban alejados los padres y los hijos. Hoy se observan las consecuencias de lo anterior, al grado de que muchas familias han preferido emigrar y perder su crédito a correr los riesgos que ocasiona la inseguridad en las que debieron ser unidades habitacionales para el desarrollo humano.

La situación se agravó a partir de octubre de 2008, cuando estalló la crisis financiera, que provocó una caída del PIB de 6.5 por ciento en 2009, provocando la pérdida de cientos de miles de empleos formales, lo que dio lugar a un fuerte crecimiento en la cartera vencida y de las solicitudes de prórrogas.

Hasta diciembre de 2009, la cartera vigente del Infonavit fue de 564 mil 816 millones de pesos, apenas 1.3 por ciento por arriba, en términos reales, a la registrada en 2008. En cambio, la cartera en prórroga llegó a 38 mil 111 millones de pesos, 54.3 por ciento más que en 2008; sólo, entre enero y agosto del 2009, el Instituto contabilizó 93,000 prórrogas para pagos de créditos de trabajadores que perdieron el empleo. Por su parte, la cartera vencida ascendió a 38 mil 23 millones de pesos, con un incremento real de 20.2 por ciento respecto al año anterior. Con ello, la cartera total sumó 640 mil 950 millones, con un aumento real de 4.4 por ciento y un total de 3.5 millones de créditos, 65 por ciento de toda la cartera hipotecaria del país. Al final de 2009, la suma de las carteras en prórroga y vencida representó 11.8 por ciento de la cartera total, el porcentaje más alto desde 2004.

Por cierto, ese comportamiento de la cartera del Infonavit deja entrever los riesgos que pueden afectar a esta dependencia y que, por lo mismo, deben llevar a rechazar iniciativas como la que está en la Comisión de Hacienda, que propone que una partes sustancial de la cotización patronal se traslade a subsidiar a las administradoras de ahorro para el retiro, donde sólo garantizaría mayores ganancias a las administradoras privadas, porque todas las proyecciones coinciden en señalar que ni con esos recursos se alcanzarían los compromisos de pensión digna para los trabajadores.

Más aún, olvidando el carácter social del instituto, en lugar de establecer canales de recuperación acordes con las condiciones de los trabajadores, a quienes se debe el Infonavit, esta institución ha vendido parte de la cartera vencida a las administradoras de cartera, que son una verdadera pesadilla para quien, por haber perdido su fuente de empleo o no contar con un sueldo suficiente, se ve obligado a caer en mora. Fue ese tipo de decisiones las que en los últimos años han provocado la movilización de los afectados, que exigen que el Infonavit les dé el trato correspondiente a quien con su trabajo generó fondos de ahorro y por causas ajenas no puede cumplir con sus mensualidades.

Así, son constantes las demandas y movilizaciones para que el Infonavit escuche a los afectados. En Chihuahua, en Michoacán, en Veracruz. En muchos estados miles de deudores esperan que la institución les dé opciones de renegociar su pasivo.

En respuesta, la administración de Infonavit justifica la contratación de despachos externos de abogados para la cobranza y estima que ese proceso de cobranza afectará a una tercera parte de quienes están en cartera vencida. Actualmente el Infonavit tiene contratadas cerca de 150 empresas de cobranza que supuestamente realizan acciones de acercamiento con los trabajadores, a fin de ofrecerles seguros de pago y de prórroga, aunque si no llegan a un acuerdo recurren a la práctica judicial de recuperación de créditos.

El problema está en que las condiciones de la economía nacional han llevado a cada vez más grupos de trabajadores a perder su trabajo en la economía formal, por lo que se han visto obligados a buscar empleo en la informalidad, con ingresos mínimos. El mismo instituto no puede ignorar que por la incapacidad de sus administraciones ha contribuido a afectar la capacidad económica del trabajador.

Por eso, se considera conveniente modificar la Ley del Infonavit, para obligar al instituto a responder a las nuevas condiciones de la sociedad y a comprometerse con una administración más racional y responsable de los recursos a su cargo, para que la inversión que realiza en vivienda realmente sea un solución, un incremento en patrimonio del trabajador, un instrumento de bienestar y de liberación de recursos en el párrafo segundo del artículo 41, para ampliar el plazo de la prórroga del que disponen quienes se queden sin trabajo, de 12 a 24 meses, plazo durante el cual el saldo quedará congelado y no generará intereses.

Asimismo, se propone incorporar criterios generales acerca de la calidad de la vivienda de los trabajadores, además de ampliar la cantidad de información que deberá hacer pública el instituto.

En estos tiempos, en los que la crisis económica agudiza la incapacidad del gobierno de generar empleos formales, es necesario que las instituciones diseñadas para recibir el ahorro de los trabajadores, para atender sus necesidades, actúen con corresponsabilidad. Los trabajadores están dispuestos a hacer su parte y es necesario que las autoridades hagan la suya.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 41 y agrega una fracción V al artículo 46 de la Ley del Infonavit

Único:Se modifica el artículo 41 y se agrega una fracción V al artículo 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

Cuando un trabajador que hubiere recibido crédito del Instituto pierda su trabajo, éste le otorgará, a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos salariales, prórrogas en los pagos de la amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses ordinarios. Para tal efecto, Instituto dará a conocer ampliamente estas disposiciones, para que todos los trabajadores que así lo deseen puedan ejercer este derecho una vez que dejen de percibir ingresos salariales. Durante dichas prórrogas se congelará el saldo del crédito y no se generarán intereses. Una vez que concluya la prórroga o antes, si el acreditado logró recuperar su capacidad de pago, se renovará la operación del crédito, extendiendo el plazo para la terminación del mismo en las condiciones pactadas originalmente, por el tiempo que se haya suspendido el pago. En caso de que el trabajador no solicite la prórroga en el plazo de 30 días señalado, podrá contar con una ampliación de 30 días adicionales, en las que deberá recibir aviso del Instituto.

Las prórrogas que se otorguen al trabajador de conformidad con el párrafo anterior no podrán ser mayores de veinticuatro meses, ni exceder en su conjunto más de veinticuatro meses y terminarán anticipadamente cuando el trabajador inicie una nueva relación laboral.

En caso de que hayan transcurrido treinta años contados a partir de la fecha de otorgamiento del crédito, el Instituto lo liberará del saldo pendiente, excepto en caso de pagos omisos del trabajador o por el tiempo correspondiente a las prórrogas concedidas.

Artículo 46. ...

V. En todo caso, el Instituto vigilará que las propuestas elegidas cumplan con los requisitos de ofrecer una vivienda digna, con servicios públicos eficientes y en armonía con el medio ambiente, que signifiquen un mayor bienestar a los trabajadores que serán sus futuros ocupantes.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente decreto, hará las adecuaciones pertinentes en su reglamento.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de octubre de 2010.— Diputados: Víctor Manuel Báez Ceja, Juan José Cuevas García, Uriel López Paredes, Carlos Manuel Joaquín González, Ivideliza Reyes Hernández, Pedro Peralta Rivas (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social.

ARTICULO 93 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió delTiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado Pedro Vázquez sí se encuentra en el salón y hará uso de la palabra. Hasta por 5 minutos, señor diputado.

El diputado Pedro Vázquez González:Gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, la iniciativa que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta Cámara de Diputados tiene el propósito de reformar el artículo 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer de manera clara la facultad que ya tienen las cámaras de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y es para ampliarlo a todas las dependencias que integran el sector estatal.

El artículo 90 de la propia Constitución, mismo que fue reformado en virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1981, establece que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación y que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación.

La Ley Orgánica a la que hace mención el artículo 90 constitucional es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo artículo primero establece: La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal centralizada y paraestatal. La Presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos  administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal integran la administración pública centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos componen la administración pública paraestatal.

El artículo 93 constitucional en su párrafo tercero otorga la facultad a las Cámaras del Congreso, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de la de Senadores, para investigar el funcionamiento sólo de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, excluyendo al resto de las entidades paraestatales que se establecen en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Ley Orgánica de la presente administración pública federal. En particular y tratándose de fideicomisos públicos existe una total opacidad respecto de su funcionamiento y del uso transparente de los recursos públicos que se les asignan.

Por lo que nuestra propuesta se centra en ampliar la facultad de creación de comisiones de investigación no sólo a los organismos públicos descentralizados y a las empresas de participación estatal mayoritaria sino a todas las entidades paraestatales.

Debemos tener presente que la facultad de creación de las comisiones de investigación por parte de las Cámaras del Congreso de la Unión se inscribe en los mecanismos de control que el Poder Legislativo ejerce sobre el Poder Ejecutivo y que mucho abonará la propuesta que hoy sometemos a su consideración para fortalecer el régimen de control de cuentas.

La iniciativa que sometemos a su consideración reforma el párrafo tercero del artículo 93 constitucional y suprime la enumeración taxativa que de ahí se hace de los organismos públicos descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que en su lugar se haga referencia a las entidades paraestatales, que serán todas aquellas que se constituyan en los términos de la Ley Orgánica correspondiente, a la que hace mención el artículo 90 constitucional que ya cité.

En el Diario Oficial de la Federación del jueves 12 de agosto de este año se publicó la relación de entidades paraestatales en las que se incluyen fideicomisos tan importantes como el Fondo Nacional de Fomento Turístico, el Fideicomiso de Habitaciones Populares, el Fideicomiso de Fomento Minero y el Fideicomiso Pro México, que en esta relación de entidades paraestatales se establece que suman 197 las entidades paraestatales del gobierno federal y que desarrollan una importante función tanto en las áreas estratégicas y prioritarias de la economía a las que hace referencia el párrafo quinto del artículo 28 constitucional, que a la letra establece:

Artículo 28. ...

El Estado contará con los organismos y empresas que se requieran para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y de las actividades de carácter prioritario donde de acuerdo con las leyes participe por sí o con los sectores sociales y privados.

Y concluyo, señor presidente, que de esta parte del artículo 28 constitucional se desprende claramente que el sector paraestatal forma parte importante de la actividad económica del país, en tanto que a éste le corresponde el desa-rrollo de las actividades estratégicas y prioritarias de la economía.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, por favor, señor diputado.

El diputado Pedro Vázquez González:Compañeras y compañeros, con las consideraciones expuestas someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La iniciativa que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta Cámara de Diputados, tiene el propósito de reformar el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer de manera clara la facultad, que ya tienen las Cámaras, de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, para ampliarlo a todas las dependencias que integran el sector paraestatal.

El artículo 90 de la propia Constitución, mismo que fue reformado en virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1981, establece que: “La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación”.

La Ley Orgánica a la que hace mención el artículo 90 constitucional es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo artículo 1° establece: “La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal centralizada y paraestatal.

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la administración pública centralizada.

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública para estatal”.

El artículo 93 constitucional en su párrafo tercero, otorga la facultad a las Cámaras del Congreso, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, para investigar el funcionamiento sólo de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, excluyendo al resto de las entidades paraestatales que se establecen en el artículo 1°, párrafo tercero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En particular y en tratándose de fideicomisos públicos existe una total opacidad respecto de su funcionamiento y del uso transparente de los recursos públicos que se les asignan.

Por lo que nuestra propuesta se centra en ampliar la facultad de creación de comisiones de investigación no sólo a los organismos públicos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria, sino a todas las entidades paraestatales.

Debemos tener presente que la facultad de creación de comisiones de investigación por parte de las Cámaras del Congreso de la Unión se inscribe en los mecanismos de control que el Poder Legislativo ejerce sobre el Poder Ejecutivo y que mucho abonará la propuesta que hoy sometemos a su consideración para fortalecer el régimen de control de cuentas.

En el pasado, la Cámara de Diputados, en particular, ha creado comisiones de investigación como la Comisión de Investigación sobre Teléfonos de México en 1979, cuando esta empresa, hoy privada, era una empresa de participación estatal mayoritaria. En la LIV Legislatura se creó la Comisión de Investigación del Banco Nacional Pesquero y Portuario y en la LVI Legislatura la Comisión de Investigación de Conasupo.

De los tres ejemplos citados una era empresa de participación mayoritaria y los otros dos organismos públicos descentralizados, por lo que encuadraban en la hipótesis del párrafo tercero del artículo 93 constitucional.

La iniciativa que sometemos a su consideración reforma el párrafo tercero del artículo 93 constitucional y suprime la enumeración taxativa que ahí se hace de los organismos públicos descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria, para en su lugar hacer referencia a las entidades paraestatales, que serán todas aquellas que se constituyan en términos de la Ley Orgánica correspondiente a la que hace mención el artículo 90 constitucional, que ya citamos.

En el Diario Oficial de la Federación del jueves 12 de agosto de este año, se publicó la relación de entidades paraestatales en las que se incluyen fideicomisos tan importantes como el Fondo Nacional de Fomento Turístico o el Fideicomiso de Habitaciones Populares, el Fideicomiso de Fomento Minero y el Fideicomiso ProMéxico, en esta relación de entidades paraestatales se establece que suman 197 las entidades paraestatales del gobierno federal y que desarrollan una importante función tanto en las áreas estratégicas y prioritarias de la economía a las que hace referencia el párrafo quinto del artículo 28 constitucional que a la letra establece: “El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado”.

De esta parte del artículo 28 constitucional, se desprende claramente que el sector paraestatal forma parte importante de la actividad económica del país en tanto que a él le corresponden el desarrollo de las áreas estratégicas y prioritarias de la economía del país.

Compañeras y compañeros diputados: por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos. Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 93. ...

...

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de las entidades de la administración pública paraestatal que se constituyan en términos de la ley correspondiente.Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los doce días del mes de octubre del año dos mil diez.— Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias a usted, señor diputado. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:Muy amable, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.

Iniciativa con proyecto de decreto que mediante la reforma del segundo párrafo del artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud incorpora a las enfermedades mentales como especialidades básicas, en primer nivel de atención dentro de los esquemas de la protección social en salud.

A nivel mundial la salud mental y sus trastornos son un fenómeno complejo determinado por múltiples factores: económicos, sociales, ambientales y biológicos. Ante esto, debemos hacer notar que los trastornos mentales constituyen uno de los mayores problemas de salud de muchas naciones, pero particularmente en nuestro país podemos observar cómo se han incrementado éstas de manera drástica en las últimas décadas, hasta ser hoy consideradas como enfermedades de salud pública.

Los datos sugieren que los problemas mentales se presentan entre la población y que son los que más contribuyen a la carga global de enfermedades y discapacidades, presentando el 11.5 por ciento de la morbilidad en todo el mundo.

En nuestro país existen trastornos neuropsiquiátricos que ocupan el quinto lugar como índice de muerte y discapacidad, y para ser exactos, precisamente son ese tipo de enfermedades las que figuran dentro de los 10 primeros lugares entre nuestra población enferma. De éstas podemos mencionar a la esquizofrenia, la depresión social, la obsesión, la ansiedad y la compulsión, como ejemplos más recurrentes.

Podemos asegurar que las enfermedades en nuestro país generalmente están asociadas a la pobreza y, por ello, no pueden sufragar los costos de una adecuada atención médica, su deterioro pronto se ve reflejado en la salud de las personas que día con día se tornan más graves y con pocas posibilidades para evitarlas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de nuestro país, esta problemática se resume con los siguientes datos: 8 por ciento de las enfermedades mentales corresponden al área de neuropsiquiatría. Cuatro millones de personas padecen depresión. El 10 por ciento de los adultos mayores de 65 años sufren cuadros demenciales, mientras que un 15 por ciento de la población entre los 3 y 12 años de edad padece algún tipo de trastorno mental o de conducta.

Por si fuera poco, más de 3 millones de personas son dependientes del alcohol. Trece millones son fumadores y 400 mil personas se reportan adictas a las drogas. Quinientas mil presentan esquizofrenia. Un millón epilepsia y 5 de cada mil niños sufren algún tipo de retardo mental.

En México sólo existen 28 hospitales psiquiátricos en el país, de los cuales, 4 cuentan con infraestructura para el internamiento y tratamiento de personas con trastornos mentales. En este gobierno resulta evidente que la atención a la salud mental es casi nula. Tan es así que para este año 2011, el presupuesto provisto tendrá una reducción de alrededor de 5 mil millones de pesos.

Amén de lo anterior, algunas de las asignaciones y recortes frenarán que diversos proyectos encaminados a mitigar los problemas en materia de salud se puedan concluir a tiempo. Aunado a esto, un gran segmento de esta población no cuenta con los recursos económicos suficientes para acceder a los servicios de salud privados y no se encuentran protegidos por los servicios de seguridad social como el ISSSTE o el IMSS.

Con lo anterior, la incorporación de los servicios de salud mental como especialidades básicas en primer nivel de atención resultaría fundamental y muy relevante, puesto que diversos estudios han concluido que una de cada seis personas sufrirá problemas de salud mental que podrán requerir de atención médica especializada, lo cual, en una población de 107 millones como la nuestra, más de 15 millones de personas padecerán trastornos mentales.

Finalmente, esta iniciativa propone el manejo y tratamiento de los trastornos mentales en el ámbito de la atención primaria como un paso fundamental que permita el acceso a los servicios de atención a la salud mental para mayor número de personas.

Ante ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, esperamos su aprobación de esta modificación a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 1...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:Concluyo. La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. Para ello, como mínimo se deberá contemplar la atención de enfermedades mentales y sus trastornos, los servicios de consulta externa de primer nivel de atención...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado, concluya.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:... así como de consulta externa y hospitalización. Es cuanto, señor presidente, muy amable.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Su iniciativa ya había sido turnada, señor diputado.

El diputado Velázquez. Sonido en la curul del diputado Velázquez.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente(desde la curul): Sí, señor presidente. Pedirle al diputado si me permite adherirme a su iniciativa. Habla perfectamente bien de la integralidad implícita en el concepto de salud que es tan necesario que todos consideremos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Diputado Ríos, le preguntan si acepta usted la adhesión del diputado Velázquez y Llorente.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:Con todo gusto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado acepta su adhesión. Muchas gracias.

Ésta es la del diputado Báez Ceja. Habían sido turnadas. Regresando de inmediato al salón de sesiones han recuperado la posibilidad de hacer uso de la palabra en la tribuna.

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION RURAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Jiménez Merino para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Nacional de Innovación Rural.

Les suplicamos a los señores oradores ajustarse al tiempo previsto en este capítulo.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de diputados del sector agrario del PRI someto a consideración del pleno de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Nacional de Innovación Rural, con el objetivo de institucionalizar el vínculo que permita la relación directa entre los centros de educación universitaria y el aparato productivo agropecuario para mejorar la productividad y lograr hacer más competitivo al campo mexicano en virtud de los siguientes antecedentes.

Más de 3 millones de familias no tienen acceso al agua potable y 4 millones se encuentran hoy en pobreza alimentaria.

México cuenta con 199 mil centros de población, de los cuales 196 mil son poblaciones con menos de 2 mil 500 habitantes.

La práctica agropecuaria se ha realizado en forma tradicional, con escasa tecnificación, transmitiendo los conocimientos de una generación a otra.

Hay baja productividad agrícola, pecuaria y acuícola, y hay alta incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos y en el ganado.

La producción agropecuaria se realiza en condiciones de adversidad. Más del 50 por ciento del territorio nacional corresponde a zonas áridas y semiáridas y casi el 25 por ciento son regiones montañosas.

La agricultura y ganadería de temporal predomina en 80 de cada 100 hectáreas.

Los centros educativos son las mayores fuentes de conocimiento, pero no tienen los mecanismos suficientes de vinculación con los sectores productivos, razón por lo que la productividad es baja y el desperdicio de recursos es muy alto. Hay una baja competitividad.

Tan sólo por aplicación de insumos de más en el campo mexicano se pierden cada año 18 mil millones de pesos, al no contar con esquemas que ofrezcan servicios técnicos, de lo cual son ejemplo el Procampo y Oportunidades.

Además, en el campo hay escasa cultura del control integrado de plagas. Largos periodos de adopción tecnológica que van desde 8 hasta 12 años.

El cambio climático amenaza con mayores sequías, heladas, ciclones, lluvias torrenciales y huracanes. Se estima que se perderá más de 20 por ciento del agua disponible y el desembolso para la reparación de daños es incalculable.

Las importaciones alimentarias superan el 54 por ciento de las necesidades nacionales. Destaca el caso del maíz con más de 30 por ciento, casi 9 millones de toneladas anuales.

La falta de recursos humanos capacitados para apoyar la producción agropecuaria. Es decir, no existe una vinculación entre el sector productivo y el sector educativo, lo que limita el potencial de este sector.

En países como Estados Unidos y otros de Europa existen mecanismos permanentes de vinculación entre el sector universitario y las actividades del campo. Lo que ha permitido aprovechar de mejor manera las potencialidades de ambas esferas, traduciéndose en un incremento de la producción, una mejoría en la calidad de los productos, haciéndolos a su vez más competitivos.

Por todo lo anterior, se propone la presente iniciativa que crea la Ley del Sistema Nacional de Innovación Rural como una herramienta para abatir los rezagos que se presentan en el sector primario.

La presente propuesta forma parte de un conjunto de reformas de índole social, que tiene por objeto construir el andamiaje institucional normativo de programas y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los más de 54 millones de pobres que habitan en este país. Es todo, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muy agradecidos con usted, señor diputado. Su iniciativa ya había sido turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Antes de concederle el uso de la palabra al diputado Báez, vamos por este medio a saludar muy respetuosamente la visita de coordinadoras y alumnos de los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil del Distrito Federal. Gracias por acompañarnos esta mañana. Invitados por la diputada María de Jesús Aguirre.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora Víctor Manuel Báez Ceja, cuya iniciativa también, ya ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social. Adelante, señor diputado hasta por 5 minutos. Muchas gracias.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja:Gracias, señor presidente.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, vengo a proponer una iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit que tiene dos objetivos:

El primero, proponer cambio para aumentar el compromiso de solidaridad del Infonavit con aquellos de sus acreditados que enfrenten problemas de empleo.

El segundo, se propone la necesidad de obligar al Instituto a hacer una mejor planeación de los desarrollos habitacionales que financia.

Es importante tener presente que una de las áreas de actividad económica que tuvo el mayor crecimiento durante los últimos gobiernos fue la construcción de vivienda. Lo anterior fue posible gracias a los crecientes saldos de la cuenta de vivienda acumulados por el ahorro de los trabajadores.

Hasta septiembre de este año, la cuenta de vivienda acumuló alrededor de 600 mil millones de pesos. Eso propició que las autoridades diseñaran agresivos esquemas de desa-rrollo de unidades habitacionales.

Aparentemente el objetivo era reducir el déficit que se había acumulado, se decía que era un millón de viviendas por lo menos. No había problema por los recursos de multiplicación y se multiplicaron los esquemas de financiamiento, cofinanciamiento con la banca comercial, con las sociedades bancarias, con las sociedades financieras, objetos como las sociedades financieras de objeto múltiple. La institución líder en ese esfuerzo fue el Infonavit.

Desafortunadamente, muchos de los conjuntos habitacionales que se construyeron no se apoyaron en ninguna planeación, y lejos de ser motivo de esperanza y de un mayor bienestar para miles de familias, en realidad fueron en un alto porcentaje una causa de malestar: mal construidas, alejadas de las fuentes de trabajo, de los centros escolares, de los centros de salud, sin servicios adecuados, sin sustentabilidad ambiental, sin transporte y con muchas otras fallas.

En realidad lo que se hizo en vivienda indicaría que en realidad sólo interesó el negocio de los desarrolladores y de algunos intermediarios.

Por su incapacidad perdimos como país la enorme oportunidad de resolver el problema de la vivienda con un enfoque humano, y de eficiencia económica. No se redujo el costo de vida del trabajador y sus familias. No les brindaron bienestar en armonía con el entorno ambiental. No nos permitieron como país ser más competitivos en el entorno internacional.

Hoy se observan las consecuencias de lo anterior, al grado de que muchas familias han preferido emigrar y perder su crédito a correr los riesgos que ocasiona la inseguridad, la erosión social que prevalece en esas unidades habitacionales, que debieron ser base para el desarrollo humano. Y lo más grave, a pesar de lo anterior ahora resulta que según el Infonavit, el déficit de vivienda es de 9 millones.

Aunque se han recuperado algunos empleos perdidos en la crisis de 2008, persiste la incertidumbre para los trabajadores y por eso constante y continuamente se registran movilizaciones para que el Infonavit escuche a los afectados en Chihuahua, Michoacán, Veracruz. En muchos estados miles de deudores esperan que la institución mejore su actuación.

Por eso se considera conveniente modificar la Ley del Infonavit para obligar al Instituto a responder a las nuevas condiciones de la sociedad y a comprometerse con una administración más racional y responsable de los recursos a su cargo, para que la construcción de vivienda no sea sólo un negocio sino una solución. Un incremento al patrimonio del trabajador y un instrumento de bienestar y de liberación de recursos e incluso de competitividad económica.

Por eso propongo reformar el párrafo segundo del artículo 41, para ampliar el plazo de la prórroga que dispone a quienes se queden sin trabajo de 12 a 24 meses, plazo durante el cual el saldo quedará congelado y no generaría intereses. Asimismo, se propone incorporar criterios generales acerca de la calidad de la vivienda de los trabajadores, además de ampliar la cantidad de información que deberá hacer pública el Instituto.

En estos tiempos es necesario que las instituciones diseñadas para recibir el ahorro de los trabajadores para atender sus necesidades actúen con corresponsabilidad. Los trabajadores están dispuestos a hacer su parte y es necesario que la autoridad haga la suya. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra ahora la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández...

El diputado Uriel López Paredes(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, diputado Uriel López.

El diputado Uriel López Paredes(desde la curul): Presidente, pido también se turne a la Comisión de Seguridad Social para emitir opinión sobre esta iniciativa, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Nos parece correcto, toda vez que se trata del Infonavit. Se turna también a la Comisión de Seguridad Social.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Señor presidente, a ver si el compañero proponente me hace el favor de podernos adherir.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Báez, el diputado Cuevas le pregunta si se puede adherir a su propuesta.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja(desde la curul): Con mucho gusto, diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta el diputado Báez. Muchas gracias, diputado Cuevas.

Recuerdo a esta asamblea que el trámite anterior dictado es con turno a la Comisión de Seguridad Social para opinión. Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Blanca Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Adelante, diputada. Gracias.

La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputadas y diputados. La que suscribe, diputada federal del distrito IX con cabecera en la ciudad capital del estado de Puebla, perteneciente a la fracción del Grupo Parlamentario del PRI, con las facultades que me conceden los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, bajo la siguiente exposición de motivos.

A lo largo de nuestra historia las mujeres al igual que los hombres han contribuido al adelanto de nuestra sociedad en diversos ámbitos. Sin embargo, aún existen barreras que impiden a las mujeres lograr un pleno desarrollo y, por ende, influyen directamente en el progreso de nuestro país.

Uno de estos obstáculos es la discriminación en el acceso a la educación, el acoso sexual, la discriminación laboral y la discriminación salarial, entre otras.

El derecho a la no discriminación de las mujeres está reconocido en nuestra Carta Magna, en el párrafo tercero del artículo 1o., en el que se establece la prohibición de toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, México ha suscrito y ratificado instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer, la CEDAW, en la que se reafirma el principio de no discriminación y recuerda que la discriminación contra las mujeres viola los principios de igualdad de derechos y de dignidad humana.

En el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, ratificado por México en 1961, en el que se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar la discriminación a este respecto.

Lo anterior establece que es responsabilidad del Estado mexicano implementar los mecanismos adecuados para garantizar los derechos. No obstante, lo anterior, las prácticas discriminatorias en contra de las mujeres continúan sucediendo, a pesar de que sostienen uno de cada cuatro hogares del país y aventajan a los hombres en su preparación académica. Tienen un promedio de estudios de 9.2 años en contra de 8.6 de los varones.

Según las cifras del INEGI, 17.5 millones constituyen más de 40 por ciento de la población económicamente activa. De ellas, el 12 por ciento ocupan puestos gerenciales, el 3 por ciento directivos y sólo un 1 por ciento la dirección general de una empresa.

Es por ello que nuestro marco normativo no debe quedarse en el reconocimiento de la igualdad formal entre mujeres y hombres sino que debe ir encaminado a la prohibición y erradicación de todas las formas existentes de discriminación por razones de género.

En ese orden de ideas la iniciativa que hoy someto a consideración de este pleno es reformar la fracción VIII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de establecer entre ellas obligaciones, evitar acciones u omisiones que tengan por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.

De igual forma se reforma el artículo 53 de la ley en comento, a efecto de considerar la anterior conducta como causal de inhabilitación del servidor público.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la desigualdad y la discriminación por motivos de género lesiona profundamente el desarrollo de toda sociedad. Es inaceptable seguir manteniendo una actitud de indiferencia y falta de compromiso ante las condiciones de exclusión, pobreza y discriminación en las que viven miles de mujeres mexicanas. Superar la discriminación hacia las mujeres...

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya, por favor, diputada.

La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández:... no sólo es una deuda histórica, es además, el único camino para alcanzar el progreso de nuestra nación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto para quedar de la siguiente manera:

Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 47, pasando el texto de la siguiente manera: fracción IX y recorriéndose las demás fracciones en el orden subsiguiente, y el párrafo del artículo 53, ambos de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, para quedar como sigue:

VIII: Evitar acciones u omisiones que tengan por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real entre hombres y mujeres.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro, impida o anule el reconocimiento o ejercicio de los derechos y de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres o cause daños y perjuicios, será de un año...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Su tiempo ha terminado, diputada, concluya, por favor.

La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández:Ya concluyo, señor presidente.

... real de oportunidades entre mujeres y hombres o cause daños y perjuicios, será de un año hasta 10 años si el monto de aquellos no excede 200 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal y de 10 a 20 años si excede de dicho límite. El último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 47 y 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En el país, la cultura es un crisol de costumbres, tradiciones y creencias que hasta hoy se conservan. Esto ha traído como consecuencia la exclusión de las mujeres de participar como entes activos en el progreso del país.

A lo largo de la historia, las mujeres, igual que los hombres, han contribuido al adelanto de la sociedad en diversos ámbitos. Sin embargo, persisten barreras que impiden a las mujeres lograr un pleno desarrollo y, por ende, influyen directamente en el progreso del país.

Uno de estos obstáculos es la discriminación en el acceso a la educación, el acoso sexual, la discriminación laboral y la discriminación salarial, entre otras.

De acuerdo con la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación, realizada por la Secretaria de Desarrollo Social en 2005, de un total de 5 mil 608 personas encuestadas, 21.7 por ciento considera natural que se prohíban a las mujeres más cosas que a los hombres, casi 15 por ciento opinó que no hay que gastar tanto en la educación de las hijas porque después se casan, casi 15 por ciento solicitaría a una mujer una prueba de embarazo al solicitar empleo, 40 por ciento considera que las mujeres deben trabajar en labores propias de su sexo, 30 por ciento considera normal que los hombres ganen más dinero que las mujeres, 21 por ciento opinó que las mujeres tienen menos capacidades para ejercer cargos importantes y 1 de cada 4 personas está de acuerdo en que las mujeres son violadas porque provocan a los hombres.

El derecho a la no discriminación de las mujeres está reconocido en la Carta Magna, en el párrafo tercero del artículo 1o., en el que se establece la prohibición de toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. México ha suscrito y ratificado instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer, en la que se reafirma el principio de no discriminación y recuerda que la discriminación contra las mujeres viola los principios de igualdad de derechos y la dignidad humana.

El Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, ratificado por México en 1961, en el que se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación al respecto.

Lo anterior establece que es responsabilidad del Estado mexicano implantar mecanismos adecuados para garantizar estos derechos. No obstante, las prácticas discriminatorias contra las mujeres continúan sucediendo, pese a que sostienen uno de cada cuatro hogares del país y aventajan a los hombres en preparación académica (tienen un promedio de estudios de 9.2 años, contra 8.6 de los varones). *

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 17.5 millones constituyen más de 40 por ciento de la población económicamente activa. De ellas, 12 por ciento ocupa puestos gerenciales, 3 por ciento directivos, y sólo 1 por ciento la dirección general de una empresa. Por ello, el marco normativo no debe quedarse en el reconocimiento de la igualdad formal entre mujeres y hombres sino que debe de ir encaminado a la prohibición y erradicación de todas las formas de discriminación por razones de género.

La iniciativa que hoy someto a consideración del pleno reforma la fracción VIII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de establecer, entre otras obligaciones, evitar acciones u omisiones que tengan por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.

De igual forma, se reforma el artículo 53 de la ley en comento, a efecto de considerar la anterior conducta como casual de inhabilitación del servidor público.

La desigualdad y la discriminación por motivos de género lesionan profundamente el desarrollo de toda sociedad. Es inaceptable seguir manteniendo una actitud de indiferencia y falta de compromiso ante las condiciones de exclusión, pobreza y discriminación en que viven miles de mujeres mexicanas. Superar la discriminación hacia las mujeres no sólo es una deuda histórica: es, además, el único camino para alcanzar el progreso de la nación.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 47, pasando el texto vigente de la actual a ser la fracción IX y recorriéndose las demás en el orden subsiguiente, y el párrafo octavo del artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 47. ...

I. a VII. ...

VIII. Evitar acciones u omisiones que tengan por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.

IX. a XXV....

Artículo 53. ...

I. a VI. ...

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro, impida o anule el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres o cause daños y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. El último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

* Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Blanca Estela Jiménez Hernández, Carlos Manuel Joaquín González, Violeta Avilés Álvarez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de la Función Pública.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en nuestro país quienes más padecen de las complicaciones para acceder a los servicios educativos son las personas menos favorecidas y en específico las niñas y los niños, ya sea porque las escuelas no tienen espacios suficientes, los padres de familia no cuentan con los recursos necesarios para mantener a sus hijas o hijos estudiando, no hay planteles cercanos, los horarios de trabajo de las madres y padres no compaginan con los de la escuela, la falta de infraestructura, entre otros factores, lo que produce que sea necesario otro tipo de soluciones a esta crónica problemática.

Ante este panorama, las soluciones o una parte de ellas han venido desde la sociedad civil organizada que, a través de la formación de centros comunitarios u otras instituciones que tienen por objeto brindar servicios educativos sin fines de lucro, han podido ayudar a un sector de la población que no puede acceder a escuelas públicas y mucho menos privadas.

Los centros comunitarios, así como otras instituciones de la sociedad civil que brindan servicios educativos sin fines de lucro, se caracterizan por ser autogestivos, cuentan con el apoyo y participación de los padres de familia y tienen como objetivo otorgar ayuda a favor de los segmentos de la sociedad con mayor desventaja económica. Su trabajo es coordinado con autoridades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales con el objeto de desarrollar diversos programas que, además de centrarse en los servicios educativos, también proporcionan alimentación, custodia y atención médica.

Su trabajo se lleva a cabo a través de una visión integral que considera a la educación como un mecanismo encaminado a favorecer competencias para la vida, fomenta la buena y sana alimentación, promueve la salud física y mental, fortalece la cultura comunitaria que es necesaria para el establecimiento de una verdadera democracia participativa.

Su aportación es fundamental para las familias con escasos recursos económicos, ya que operan con bajas tarifas y ofrecen un sistema de cuotas diferenciadas de recuperación con base en estudios socioeconómicos realizados a las familias, además de que cuentan con horarios amplios y flexibles que permiten el cuidado de las niñas y los niños mientras sus padres y madres trabajan.

Sin embargo, el problema radica en que dichas organizaciones no cuentan con reconocimiento jurídico en la Ley General de Educación, por lo que los programas y planes de estudio muchas veces no cuentan con validez, dejando desprotegidos a los niños y niñas que han recibido educación en los centros comunitarios del sector social.

Esta iniciativa pretende reconocer jurídicamente a los centros comunitarios y demás instituciones afines y así emitir normas específicas para su incorporación al sistema educativo nacional, acorde a su objeto, organización, administración, operación y finalidad no lucrativa.

Esta reforma es necesaria, es benéfica para un número importante de niñas y niños que estudian en dichos centros comunitarios. Que para darles un ejemplo de la magnitud, en el Distrito Federal existen registrados al menos 350 centros comunitarios. 82 afiliados al DIF, que brindan educación a más de 20 mil niñas y niños. Esta cifra se incrementa exponencialmente si analizamos los casos de las zonas urbanas y áreas rurales de las demás entidades federativas.

Es importante que los centros comunitarios y demás instituciones no lucrativas que otorgan servicios de educación cuenten con reconocimiento oficial.

Finalmente, insto a esta soberanía a apoyar esta iniciativa cuya importancia radica en que ayuda a fortalecer los servicios educativos, proporciona una mejor perspectiva de la educación en un futuro y otorga herramientas para romper con el desastroso círculo de la pobreza que aqueja a más de 19.5 millones de mexicanas y mexicanos según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Hoy se encuentran aquí con nosotros los coordinadores, coordinadoras, alumnos y alumnas de los centros comunitarios del Distrito Federal a quienes hace un momento el presidente de la Mesa Directiva les dio la bienvenida y que mucho tiene que ver esta iniciativa con el impulso que ellos y que ellas han hecho.

Solicito, diputado presidente, en virtud del tiempo, que se inserte íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias diputados y diputadas.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de la honorable asamblea el presente proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El desarrollo de la historia de la educación en México explica la importancia que ha tenido el tema en la agenda pública nacional desde los primeros pasos como nación independiente, ya que ha sido un pilar fundamental en la construcción de nuestro tejido social y en la creación de una identidad única.

Los objetivos primordiales de la educación pública del México independiente fueron los de forjar una identidad nacional y fomentar los principios independentistas, pues se requería que el modelo educativo respondiera a las características de nuestro sistema político.

Posteriormente fue asociándose la idea del progreso con el concepto de educación, lo cual conllevó a implantar programas que ampliaron la oferta educativa, sobre todo cuando Gabino Barreda, por mandato del presidente Benito Juárez, implantó la Ley de Instrucción Pública, la cual garantizó la educación para todos los sectores de la población, incluidos los más marginados.

También durante este periodo se confirieron a la educación pública dos características fundamentales para hacerla asequible por la juventud mexicana, las cuales se identifican en la laicidad y en la separación de la oferta educativa de las instituciones militares.

Posteriormente a la intervención francesa se intensificó la inversión en infraestructura, hecho que posibilitó la difusión de la educación pública, pues de las 5 mil 570 escuelas que había en 1870 se alcanzó la cifra de 8 mil 103 en 1874. Esta oferta educativa fue fundamental para el establecimiento de políticas públicas en la materia en años posteriores.

En el porfiriato se buscó la modernización de los programas escolares, introduciendo la concepción positivista y la difusión del conocimiento científico, sobre todo europeo, aunque nunca se logró establecer un modelo incluyente de los distintos sectores de la sociedad.

Esa situación provocó que una vez instalados los gobiernos posrevolucionarios se velaran los derechos a la educación pública, laica, obligatoria y gratuita, protegidos en el artículo 3o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

La educación pública desde ese entonces ha tenido un desarrollo institucional que se reflejó en la creación de la Secretaría de Educación Pública, en el gobierno de Álvaro Obregón, y se instauraron programas ambiciosos para atacar el analfabetismo a través de la difusión educativa de los maestros itinerantes, lo cual fue idea de José Vasconcelos.

Años después se instauró una educación con perspectiva social y vinculada a las actividades productivas, por lo que en el gobierno de Lázaro Cárdenas se establecieron escuelas rurales y técnicas con la finalidad de proteger el proceso de industrialización y las mejoras en el campo.

En la actualidad no se ha podido alcanzar, pese a los esfuerzos realizados en la historia de la educación en México, una cobertura total de los servicios educativos para todos, pues a escala nacional aún se mantienen tasas preocupantes de analfabetismo, las cuales alcanzan 8.4 por ciento (5.7 millones) de la población mayor de 15 años, situación que no es posible para un país que forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, además de la alarmante cifra actual que expone la penosa deserción escolar, la cual es de 90 mil niños y 60 mil niñas en el nivel primario, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

El Estado no ha sido capaz de proveer una cobertura total pese a la existencia de un modelo educativo que ha tenido, como se describió, un desarrollo sistemático hacia la integralidad. Por ende, tampoco ha logrado garantizar el derecho a la educación, establecido en diferentes instrumentos jurídicos.

Un ejemplo de éstos es el artículo 3o. de la Constitución, que dice: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, la primaria y la secundaria forman la educación básica obligatoria”. Otro instrumento es la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en el capítulo décimo apunta como derecho fundamental recibir educación, sobre todo en las edades tempranas de todo mexicano.

A escala internacional destaca lo expuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser generalizada y gratuita, por lo menos en su instrucción básica. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hace una mención importante al respecto, pues en el artículo 13 establece el derecho a la educación.

La Convención sobre los Derechos del Niño, un parteaguas en el desarrollo y la protección de los derechos de la infancia, consagra en los artículos 28 y 29 la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación.

Sin embargo, la educación, pese a ser un derecho fundamental, no se otorga a la totalidad de niños del país y aunque se han implantado escuelas públicas y privadas para lograrlo, los sectores más marginados de la población no tienen la posibilidad de cumplir su formación básica.

La ineficacia de las políticas públicas de la época contemporánea del país en materia de educación ha impedido erradicar el analfabetismo y lograr por ende una cobertura educativa de calidad, que responda a las necesidades y a los intereses del país.

Lo anterior es fundamental para que los jóvenes desarrollen un sentido critico y analítico, se acerquen al conocimiento científico, entiendan los valores democráticos y tengan formación cultural y deportiva que les permita tener mayores y mejores oportunidades para un desarrollo futuro en mundo cada vez más competitivo.

Desafortunadamente, quienes más padecen las complicaciones para acceder a los servicios educativos son las personas menos favorecidas, en específico los niños, ya sea porque las escuelas no tienen espacios suficientes, los padres de familia no cuentan con recursos para mantener a los hijos estudiando, no hay planteles cercanos, los horarios de trabajo de los padres no compaginan con los de las escuelas, la falta de infraestructura, entre otros factores, produce que sea necesario otro tipo de soluciones a la crónica problemática.

Ante ese panorama, las soluciones, o una parte de ellas, han venido desde la sociedad civil organizada que, a través de la formación de centros comunitarios u otras instituciones que tienen por objeto prestar servicios educativos sin fines de lucro, se ha podido ayudar a un sector de la población que no puede acceder a escuelas públicas y mucho menos privadas.

Los centros comunitarios y otras instituciones de la sociedad civil que prestan servicios educativos sin fines de lucro se caracterizan por ser autogestivos, cuentan con apoyo y participación de los padres de familia y tienen como objetivo otorgar ayuda a los segmentos de la sociedad con mayor desventaja económica.

Su trabajo es coordinado con autoridades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, con objeto de desa-rrollar diversos programas que, además de centrarse en los servicios educativos, proporcionan alimentación, custodia y atención médica.

Dicho trabajo se lleva a cabo a través de una visión integral, que considera la educación como un mecanismo encaminado a favorecer competencias para la vida, fomenta la buena y sana alimentación, promueve la salud física y mental y fortalece la cultura comunitaria, necesaria para establecer una verdadera democracia participativa.

Su aportación es fundamental para las familias con escasos recursos económicos, ya que operan con bajas tarifas y ofrecen un sistema de cuotas diferenciadas de recuperación con base en estudios socioeconómicos realizados a las familias, además de que cuentan con horarios amplios y flexibles que permiten el cuidado de los niños mientras los padres trabajan.

En resumen, el sector social ha posibilitado una aportación que responde a una realidad en la cual no todos los niños tienen acceso a la educación básica, por lo que la de tipo comunitario apoya a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

Sin embargo, el problema radica en que dichas organizaciones no cuentan con reconocimiento jurídico en la Ley General de Educación, por lo que los programas y planes de estudio muchas veces no cuentan con validez, dejando desprotegidos a los niños que han recibido educación en los centros comunitarios del sector social.

Esa situación es preocupante, pues nuestro constitucionalismo reconoce la concurrencia de los sectores público, privado y social en el desarrollo económico nacional y permite, en el caso de la impartición de servicios educativos, la participación de particulares, lo cual debería posibilitar a los centros comunitarios y demás instituciones no lucrativas participar en el sector educativo.

Por tal motivo, esta iniciativa pretende reconocer jurídicamente a los centros comunitarios y demás instituciones afines y así emitir normas específicas para su incorporación al sistema educativo nacional, acorde con su objeto, organización y administración, operación y finalidad no lucrativa.

Modificar la legislación permitirá que dichos organismos no dependan de la elaboración de convenios específicos, de temporalidad limitada, con las autoridades locales, como es el caso del acuerdo para la instauración de acciones tendentes a favorecer el acceso a la educación preescolar de los menores de edad que acuden a los centros comunitarios en el Distrito Federal, lo cual otorgará certidumbre a los encargados de dichos centros y a los padres de familia.

Esta reforma es necesaria, pues beneficia a un número importante de niños que estudian en dichos centros comunitarios. Para darnos un ejemplo de su magnitud, en el Distrito Federal hay registrados al menos 350 centros comunitarios, 82 afiliados al DIF, que dan educación a más de 20 mil alumnos. Las cifras se incrementan exponencialmente si analizamos los casos de las zonas urbanas y áreas rurales de las demás entidades federativas, aunque desafortunadamente no se cuenta con cifras precisas.

Es importante que los centros comunitarios y demás instituciones no lucrativas que prestan servicios de educación cuenten con reconocimiento oficial, pues los dota de derechos, pero también de obligaciones. Además, permitirá garantizar que más personas cuenten con instrucción educativa, apoyar a los sectores más económicamente marginados de la sociedad, tener un padrón fehaciente y actualizado de dichas organizaciones y ayudar a saldar la deuda que aún mantiene el Estado mexicano con los niños del país, que es ofrecer una cobertura nacional en materia de educación.

Finalmente, insto a esta soberanía a apoyar la iniciativa, cuya importancia radica en que ayuda a fortalecer los servicios educativos, proporciona una mejor perspectiva de la educación en un futuro y otorga herramientas para romper el desastroso círculo de la pobreza que aqueja a más de 19.5 millones de mexicanos, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Decreto por el que se adicionan los artículos 54 Bis y 57 Bis a la Ley General de Educación

Artículo Primero.Se adiciona el artículo 54 Bis a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 54 Bis. Los particulares dentro del sector social, a través de los centros comunitarios y demás instituciones que tengan por objeto proporcionar educación sin fines de lucro, podrán impartir educación en los términos de la presente ley. Para lo anterior, los centros comunitarios deberán contar con las siguientes características:

I. Su administración y operación serán resultado de procesos sociales autogestivos de las comunidades, en coordinación con instituciones gubernamentales u organizaciones no gubernamentales;

II. Deberán constituirse como asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada u otras formas legales de asociación no lucrativa para participar en proyectos de desarrollo social;

III. Además de los planes y programas de estudio respectivos, contarán con programas complementarios de salud, nutrición y fortalecimiento de la cultura;

IV. Deberán funcionar en un horario que fluctuará de 8 a 12 horas diarias;

V. Los encargados de los centros comunitarios deberán formar parte de la comunidad y recibirán instrucción y formación para su desempeño a través de programas de capacitación y educación permanente, implantados por la secretaría, por entidades de los tres órdenes de gobierno o por organizaciones civiles, con la finalidad de realizar con mejores habilidades la función encomendada.

La autoridad educativa federal, en ejercicio de sus atribuciones, emitirá normas específicas para la operación de las actividades educativas de los centros comunitarios, acorde con su objeto, organización, administración, operación y finalidad no lucrativa.

Artículo Segundo.Se adiciona el artículo 57 Bis a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 57 Bis. Los centros comunitarios y demás instituciones que tengan por objeto proporcionar educación sin fines de lucro que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán

I. Cumplir lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente ley;

II. Cumplir los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes;

III. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55; y

IV. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Barreda, Gabino. La educación positivista en México, Porrúa, 1978.

2 Inegi, Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Analfabetismo, México, 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.— Diputados: María de Jesús Aguirre Maldonado, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, María Dina Herrera Soto, Julieta Octavia Marín Torres, María Isabel Merlo Talavera, Malco Ramírez Martínez, Janet Graciela González Tostado (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Tal como lo ha solicitado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado.

El diputado Gastón Luken Garza:Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes.

Comentarles que la transparencia y la rendición de cuentas son dos de las herramientas más valiosas que podemos tener en contra de la impunidad y la corrupción.

Por eso, la propuesta de iniciativa que hoy someto a consideración del Poder Constituyente Permanente por conducto de esta Cámara de Diputados, y que tiene por objeto adicionar una fracción al artículo 73 de la Constitución general, con el fin de dotar de atribuciones al Congreso de la Unión para establecer las bases sobre las cuales deberán elaborarse los Presupuestos de Egresos de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Con dicha propuesta se pretende obligar a una mejor rendición de cuentas a todos los órdenes de gobierno desde el origen mismo de la distribución de los recursos públicos, y con ello inhibir la discrecionalidad en el uso y la opacidad en el ejercicio de éstos.

El Presupuesto de Egresos es el plan de acción de gobierno que afecta directa o indirectamente a toda la población de una comunidad determinada, en virtud de que a través de este instrumento se establecen recursos que se destinarán para la seguridad pública, para la generación de empleos, el desarrollo de infraestructura, así como el financiamiento de servicios públicos como agua potable, luz, educación, entre otros. Incide pues, en el desarrollo nacional y en la vida de las familias mexicanas.

Por tanto, se requiere que el dinero se gaste, se gaste a plenitud y se gaste bien, en beneficio de aquellos a quienes nos debemos: a los ciudadanos. En las últimas dos décadas ha sido una constante que las entidades federativas y los municipios han incrementado sus presupuestos. Ésta es una buena noticia, cada vez tienen más recursos para hacer sus obras de manera directa  y en mayor contacto con la comunidad.

No obstante que ha habido mayores recursos, la transparencia y la certeza del gasto público no se han visto incrementados en forma alguna, en particular en los estados y los municipios existe un elevado grado de discrecionalidad en el uso de esos recursos públicos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad elaboró un estudio en materia de transparencia y buenas prácticas presupuestales. Este estudio da una calificación promedio a la información presupuestal que ofrecen los municipios a los ciudadanos. Por dar un ejemplo, en el caso de Mexicali, Baja California, fue el más alto en ese índice, y el otro extremo el municipio de Toluca, que ni siquiera explica cómo planea distribuir los montos asignados.

Dicho estudio establece que de 373 municipios que concentran el 80 por ciento del producto interno bruto y el 65 por ciento de la población a nivel nacional, sólo 97 publicaron el Presupuesto de Egresos de 2009.

En cuanto a malas prácticas presupuestales tienen que diversos municipios aprueban sus presupuestos sin desglose de remuneraciones, sin desglose de partidas, de subpartidas o, incluso, nombre alguno. Es decir, sin un mínimo de transparencia.. Esta opacidad es caldo de cultivo para la corrupción e ineficiencia en el manejo de los recursos de la gente. Los estados andan por el estilo, unos más, otros menos. Es evidente pues, que esto es inaceptable.

Justo reconocer y subrayar que esta propuesta no pretende de modo alguno ir en contra de nuestro sistema federalista, toda vez que es claro y así lo prevé la Constitución, que la facultad para la aprobación de los Presupuestos de Egresos le compete a los Congresos locales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los ayuntamientos.

Tampoco esta iniciativa pretende imponer o determinar las prioridades en materia de gasto público, toda vez que dicha cuestión incumbe, por obvias razones, a los entes del gobierno mencionados. Nadie mejor que ellos para conocer las carencias y prioridades en materia de gasto público.

El objetivo, sí, de esta iniciativa, es que se establezcan bases comunes y uniformes que permitan a la ciudadanía conocer en qué, cómo y por qué se gastan los recursos públicos de sus estados y de sus municipios.

Esta iniciativa nos da la oportunidad de dar un golpe en contra la impunidad. Dar un golpe en contra de la corrupción que en ocasiones se hace presente en manejos públicos de los recursos públicos.

Esta iniciativa nos permite dar un paso en la dirección correcta para que los recursos de la gente sean utilizados de manera más transparente, adecuada y confiable.

Nuestra obligación como legisladores es fortalecer la transparencia y rendición de cuentas para que las instituciones del Estado funcionen y con ellas se proteja el interés público, el interés de todos. Por su apoyo, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Gastón Luken Garza, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un inciso P a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia presupuestaria en la federación, entidades federativas y municipios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presupuestación es una actividad que deben realizar todas las personas. De los ingresos que se obtienen por la actividad profesional, comercial o de cualquier otro tipo, es necesario elaborar un plan de acción para determinar los recursos que se destinaran para el alimento, la vivienda, el pago de los servicios, la educación, el esparcimiento, y en fin, para satisfacer todas aquellas necesidades que tiendan al desarrollo en forma satisfactoria para nosotros y nuestras familias.

Al igual que las personas, los gobiernos deben elaborar su presupuesto, es decir, su plan de acción, a efecto de determinar, cuánto, cómo y en que se gastarán los recursos públicos. Es importante destacar que los recursos públicos no son patrimonio de ningún gobierno o municipio, toda vez que éstos se integran principalmente del pago de impuestos de los ciudadanos, de la venta de bienes y servicios públicos, y en su caso, de las aportaciones de los trabajadores y patrones al sistema de seguridad social.

Razón sin duda suficiente para exigir total claridad, en la manera en como se van a destinar y usar los recursos públicos. Pero su importancia no radica solamente del origen de los recursos destinados al gasto público, sino que, téngase presente que el presupuesto nos afecta a todos de manera directa o indirecta, en virtud de que a través de éste instrumento, se establecen los recursos que se destinarán para la seguridad pública, la generación de empleos, el desarrollo de infraestructura, así como al financiamiento de servicios públicos, tales como luz, educación, seguridad social, entre otros muchos rubros, que inciden en el desarrollo nacional o regional.

Es en este sentido, que no basta únicamente exigir claridad en el gasto, reconociendo que es un factor importante, sino además, se requiere que el dinero se gaste y se gaste bien, en los rubros que necesita el país, una entidad federativa o municipio.

Lo anterior, destaca la relevancia que tiene para cualquier ciudadano en nuestro país, el conocer en que, cómo y porqué, se gastan los recursos públicos, que con tanto esfuerzo vía contribuciones o explotación del patrimonio nacional, entrega a sus gobernantes.

En el orden federal, en el año de 2006, se expidió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de contar con un dispositivo legal que regulará entre otros aspectos, las diversas etapas del ciclo presupuestal.

Así, por lo que se refiere al Presupuesto de Egresos, el artículo 41 del cuerpo legal mencionado, señala los componentes mínimos que debe tener dicho instrumento, consistentes en la exposición de motivos, el proyecto de decreto, los anexos y tomos, así como los anexos informativos.

De cada uno de estos componentes, se desglosan los elementos que deben integrarlos, con la finalidad de brindar la mayor claridad, certeza y transparencia en el gasto público, así como los motivos por los cuales se destinan a determinados rubros; esto, con la finalidad de que la ciudadanía conozca cual es la política existente en materia de gasto público.

Desafortunadamente, debe señalarse, en los otros órdenes de gobierno, no se cuentan con ordenamientos similares, lo que ha generado, una gran opacidad e incertidumbre respecto del gasto público.

Al respecto, según el índice municipal de información presupuestal 2009, del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, (Imco), existe un crecimiento real acumulado del gasto público entre el período de 1990 a 2007, de un 150 por ciento para municipios, y de un 147 por ciento  por ciento para Estados. Es decir, en las últimas dos décadas, ha sido una constante que las entidades federativas y los municipios, incrementen su gasto público.

No obstante que ha habido mayores recursos, la transparencia y certeza del gasto público, no se ha visto incrementada en forma alguna.

Así tenemos que del estudio del Imco, elaborado en base a un cuestionario de 31 preguntas en materia de transparencia y buenas prácticas presupuestales, la calificación promedio de la información presupuestal de los municipios, fue de 28 puntos sobre 100. Mexicali, Baja California, fue el Municipio con mejor calificación, con 58 puntos, que presenta información desglosada por dependencia e instancias tan específicas como el zoológico de la ciudad. Por otro lado, existen municipios como Iztapalapa o Toluca, que no explican siquiera cómo planean distribuir los montos asignados.

Otro ejemplo del desorden y deficiencia en las prácticas en la elaboración de los presupuestos de egresos, lo es el presupuesto de 2009 de Cuernavaca, que contempla en el primer artículo, un incremento salarial de hasta 20 por ciento para los funcionarios del ayuntamiento.

Dicho índice establece que de 373 municipios que concentran el 80 por ciento del producto interno bruto y el 65 por ciento ciento de la población a nivel nacional, sólo 97 publicaron el Presupuesto de Egresos para 2009. En cuanto a malas prácticas presupuestales, se tienen que diversos municipios, aprueban sus presupuestos sin desglose de partidas, de subpartidas e incluso sin nombre alguno.

De igual manera, no se señalan con claridad y en forma desglosada las remuneraciones de los servidores públicos, así como sus prestaciones ya sean en efectivo o en especie; tampoco se encuentran reglas claras para la reasignación de los recursos públicos.

En el orden estatal, la calificación se ubicó en 50 puntos de 100 probables, es decir, en general, las entidades federativas también se encuentran reprobadas en materia de transparencia presupuestal. Así, a manera de ejemplo, el Presupuesto de Egresos de 2008 de Baja California Sur, contenía únicamente un artículo.

Sin duda que todo lo anterior, pone en evidencia, la falta de claridad, en el uso y destino del gasto público, en los órdenes estatales y municipales, en general.

Motivo por el cual, someto a consideración de este cuerpo colegiado, integrante del poder reformador de la Constitución General, un proyecto de iniciativa de reforma constitucional, que pretende dotar al Congreso de la Unión, de la facultad de dictar bases mínimas en materia de elaboración y aprobación del presupuesto de egresos en los órdenes federal, de las entidades federativas y los municipios.

Es importante destacar, que la presente propuesta, no pretende en modo alguno, ir en contra de nuestro sistema federalista, toda vez que es claro, y así lo prevé la Constitución Federal en los artículos 115, 116 y 122, que la facultad para la aprobación de los presupuestos de egresos, le compete a los congresos locales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y a los ayuntamientos.

Tampoco se pretende imponer o determinar las prioridades en materia de gasto público, toda vez que dicha cuestión incumbe por obvias razones, a los entes de gobierno mencionados. Nadie mejor que ellos para conocer las carencias y prioridades en materia de gasto público en sus comunidades o regiones.

Sino que el objetivo de la iniciativa, es establecer bases comunes y uniformes que permitan conocer a la ciudadanía, en que, cómo y porqué, se gastan los recursos públicos en sus estados y municipios.

Nuestro país, se encuentra en un proceso de creciente participación social, en los procesos de toma de decisiones, y nada mejor que la transparencia en el destino de los recursos públicos, desde el origen de los mismos, como lo es su presupuestación, para incidir de la mejor manera en la discusión pública de los temas reelevantes, ya sea en el orden federal, de las entidades federativas, y de los municipios.

En la legislatura anterior, se aprobaron reformas constitucionales trascendentales en materia de rendición de cuentas, fiscalización y armonización contable, que actualmente se encuentran en la etapa de implementación en diversas entidades federativas y municipios, y creo firmemente, que la presente iniciativa, viene a fortalecer ese prurito que a veces parece inasequible, como lo es la transparencia en las finanzas públicas

Por lo expuesto y fundado; me permito someter a consideración de este órgano del Poder Legislativo Federal, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el inciso P a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona el inciso P a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 73. ...

I. a XXIX-O. ...

XXIX-P. Para expedir la ley que establezca las bases en materia de elaboración de presupuestos de egresos, que sobre la facultad concurrente, tienen conferidas la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

XXX. ...

Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, tiene un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, para expedir la ley que señala el inciso P de la Fracción XXIX.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de octubre del año 2010.— Diputados: Gastón Luken Garza, Jesús Giles Sánchez, José Gerardo de los Cobos Silva, Bonifacio Herrera Rivera, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, José Ignacio Seara Sierra, José Manuel Hinojosa Pérez, Juan José Cuevas García, Ramón Merino Loo, Enrique Torres Delgado, Gumercindo Castellanos Flores, Sergio Tolento Hernández, Ivideliza Reyes Hernández, César Octavio  Pedroza Gaitán, María Dina Herrera Soto, Pedro Peralta Rivas, José Manuel Marroquín Toledo (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, señor diputado.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Dígame, diputado Cuevas.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Quiero preguntarle al compañero Gastón Luken, a ver si nos permite adherirnos ahí a su iniciativa, todo lo que tenga que ver en contra de la corrupción y a favor de la transparencia y rendición de cuentas, a ver si nos permite adherirnos a su iniciativa.

El diputado Gastón Luken Garza:Será un honor recibir su adhesión, diputado Cuevas.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ha estado de acuerdo, señor diputado, puede usted pasar a la Secretaría a firmarla. Esta iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 6O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa propone plasmar dentro de la parte dogmática de la Constitución Política uno de los derechos fundamentales que ha comenzado a ser reconocido dentro de la categoría de los derechos humanos denominados de la cuarta generación: el derecho de toda persona al acceso y uso de Internet.

Para ello, hay que decir que existen razones de toda índole para no dejar de hacerlo.

La Organización de las Naciones Unidas, ha definido a los derechos humanos, como aquellos principios y normas universalmente aceptados que tienen que regir los actos de las personas, las comunidades y las instituciones si queremos que se preserve la dignidad humana y se fomenten la justicia, el progreso y la paz.

Dicho organismo reconoce a los derechos humanos como el conjunto de condiciones materiales y espirituales inherentes al ser humano, orientados a su plena realización; esto es, realización en el plano material, racional y espiritual. Por ende, los derechos humanos persiguen el desarrollo del hombre en esas tres dimensiones.

En la teoría del derecho se ha señalado que los derechos humanos constituyen un conjunto de derechos que el ordenamiento jurídico reconoce en cada país, poniéndole límite y reglamentación a la actuación estatal; a fin de concretar la libertad frente al Estado y garantizar en el sentido normativo de una meta que hay que alcanzar.

De ahí que se ha concluido que la función primordial de los derechos fundamentales del hombre no sólo está en afirmar su posición frente al Estado, sino lograr integrar al hombre con el Estado y con la sociedad, buscando que ésta sea un verdadero tejido de solidaridad y de progreso.

Tal y como ha señalado el jurista francés Karel Basak, históricamente, los derechos humanos han surgido y han sido reconocidos, de manera progresiva, por etapas o generaciones; sin interpretar que las nuevas sustituyen a las anteriores.

Cada una de estas etapas o generaciones corresponden o constituyen, en cierta forma, la realización de valores o principios como los consagrados por la Revolución Francesa de 1789: libertad, igualdad y fraternidad.

En relación con estos principios, en un primer momento se habló de la existencia de tres generaciones; actualmente, se habla de una categoría de derechos humanos de cuarta generación, que busca la realización de la unidad en la diversidad. Podríamos señalar, que en esta categoría se inscribe el derecho fundamental de tener acceso a Internet.

En el plano internacional se ha sostenido que esta nueva categoría de derechos de la cuarta generación, obedece a la necesidad de concebir a la humanidad como un sola familia y que todos sus miembros deben sumar esfuerzos para el bienestar global, por lo que esta nueva generación de derechos sería el resultado del inevitable desenvolvimiento de la organización política social hacia formas cada vez mayores y complejas y, junto a ello, también el arribo hacia ordenamientos jurídicos correspondientes a esas nuevas formas.

De esta forma, la cuarta generación de derechos humanos comprende entre otros aspectos el derecho a la plena y total Igualdad de derechos sin distingos de nacionalidad.

Como antecedente de la tendencia que empieza a cobrar gran relevancia en el nivel internacional por reconocer el acceso a Internet, como un derecho humano de cuarta generación; podemos referir la carta de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que fue elaborada desde 2001 por miembros de dicha asociación y otras organizaciones sociales, en los talleres sobre “Derechos en Internet” que se realizaron en Europa, Asia, América Latina y África, a partir de la convicción de que la capacidad para intercambiar información y comunicarse libremente usando Internet es fundamental para la realización de los derechos consagrados en los principales instrumentos jurídicos internacionales en la materia, como lo son:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos de1948,

• El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de1976 y

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1980, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés.

Dicha carta se inspiró originalmente en la “Carta de comunicación de los pueblos” y en la declaración del “Movimiento mundial por la voz del pueblo en los medios y la comunicación del siglo XXI”.

No hay que perder de vista que la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, es una red internacional de organizaciones de la sociedad civil fundada desde 1990 para proporcionar infraestructura de comunicaciones, incluyendo aplicaciones de internet, a grupos e individuos que trabajan por la paz, los derechos humanos, la protección del ambiente y la sustentabilidad.

Por otra parte, debemos saber que desde el 1 de julio de este año 2010, en Finlandia se ha reconocido que el acceso a Internet de banda ancha es un derecho fundamental, con base en el razonamiento de que “el acceso a Internet permite igualdad de acceso a la información para el desa-rrollo personal, la educación, el estímulo, el enriquecimiento cultural, la actividad económica y la participación informada en la democracia”.

En cuanto a las cifras, el monitoreo sobre la sociedad de la Información publicado por la Cepal, señala la región de América Latina y el Caribe está muy atrasada en el acceso a Internet, si se compara con los países desarrollados.

Sólo el 27 por ciento de sus habitantes puede utilizar ese servicio y las tarifas exceden los 35 dólares mensuales, en comparación al promedio de 19 dólares en los países industrializados.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), presenta un panorama general sobre el uso y aprovechamiento de Internet en los hogares y por los individuos, tomando como fuente la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares.

Así tenemos que para el 2008, 22.3 millones de personas en el país hicieron uso de los servicios que ofrece la internet, el monto representa poco menos de una cuarta parte de la población de seis años o más.

La tasa de crecimiento de usuarios de Internet en el periodo 2001-2008 fue de 17.8 por ciento.

El 77 por ciento de los cibernautas mexicanos tiene menos de 35 años, lo que significa que los jóvenes son quienes más uso hacen de la tecnología, y también los primeros que las adoptan. Por su parte, la proporción de niños (6-11 años) que navegan en la red es de 7.3 por ciento.

Entre la población con escolaridad de nivel primaria, la proporción de quienes usan Internet es de uno de cada diez; para los de nivel secundaria, la proporción se duplica.

Por otra parte, la encuesta muestra que quienes acceden a Internet lo hacen de forma recurrente, 91 por ciento utiliza la red mundial al menos un día por semana. Añadiendo a los que acceden al menos un día de cada mes, la proporción alcanza 98.4 por ciento.

En contraste, los usuarios esporádicos -aquellos que indicaron un uso semestral o anual- representan el uno por ciento del total.

En suma, se dice que en México alrededor de una cuarta parte tiene computadora y una décima parte cuenta con conexión a Internet, en promedio.

Considerando, que

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su artículo 19 establece “el derecho a la libertad de opinión y expresión, este derecho incluye la libertad para tener opiniones sin interferencia y para buscar, recibir e impartir información e ideas mediante cualquier medio sin importar las fronteras”.

• El establecimiento del derecho de acceso y uso de la red Internet, es congruente y complementario del derecho a la información previsto en tal Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 6 de nuestra ley fundamental.

• La categoría de derechos humanos se emplea dentro de un enfoque supranacional (declaraciones, pactos, convenios, tratados, protocolos y convenciones de derechos humanos).

• Los derechos fundamentales o constitucionales, en cambio, están referidos al derecho interno contenido en la Constitución.

• El acceso y uso de internet, como derecho humano no se contrapone al propósito de plasmarlo como derecho fundamental de toda persona en nuestro derecho interno.

• En efecto, coincidimos de que cada vez son más las personas que tienen acceso a este espacio, pero también muchas siguen excluidas, y de que al igual que el proceso de globalización con el cual está estrechamente ligado, la expansión del acceso a Internet sucede en forma desequilibrada y suele exacerbar las desigualdades sociales y económicas.

• Es cierto que el acceso y uso de internet puede ayudar a generar sociedades más igualitarias, y servir para fortalecer los servicios de educación y salud, el desarrollo económico, la participación ciudadana, el acceso a la información, y la erradicación de la pobreza.

Compañeras diputadas y compañeros diputados:

Nuestra Constitución Política la de 1917 que sigue vigente, en su momento histórico fue la más avanzada por haber consagrado derechos sociales fundamentales, como el de la propiedad en su carácter social, así como en materia laboral que se encuentran plasmados en sus artículos 27 y 123.

Seamos pioneros para que se consagre como un derecho fundamental, el acceso y uso de Internet, a fin de que realmente pueda convertirse –tal y como ya la han considerado en diversos países– en una herramienta de empoderamiento para todos los pueblos del mundo.

Por supuesto, que el pueblo de México, no puede ni debe ser la excepción.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo único. Se reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.

El derecho a la información y el acceso a Internet en igualdad de condiciones de toda persona, será garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.

Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

B. Para el ejercicio del derecho de acceso a Internet, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. El acceso a Internet, deberá ser asequible, gratuito y con base en el principio de la no discriminación previsto en el artículo 1º. de esta Constitución.

II. El Estado garantizará en todo momento el ejercicio de este derecho en todos los tipos y modalidades de la educación que imparta el Estado.

III. El acceso a fuentes de información relativa a la vida privada y los datos personales será regulado en los términos y con las excepciones que establezca la ley.

IV. El Estado fomentará el uso eficiente y responsable de Internet, para que el acceso público sea a información y comunicación de calidad.

La ley establecerá los mecanismos para garantizar el ejercicio eficaz de estos derechos, así como las sanciones por el incumplimiento o violación a estos principios y a las disposiciones que se hayan expedido en la materia.

Salón de sesiones, a los 14 días del mes de septiembre de 2010.— Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DE AVIACION CIVIL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 7o., y 17o. de la Ley de Aviación Civil.

El diputado Gerardo del Mazo Morales:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en los años recientes nuestro país ha sufrido un importante cambio en los esquemas de seguridad que rigen nuestra vida diaria. En países como el nuestro el tema seguridad ha dejado de ser un discurso para convertirse en un constante reclamo social.

Un ejemplo claro de lo antes mencionado son los aeropuertos, ya que estos lugares de servicios han sido sujetos de acontecimientos que han puesto en riesgo la seguridad e integridad de cada pasajero.

En el caso del servicio aéreo tenemos dos partes igualmente importantes: la seguridad en vuelo y la seguridad en tierra. Ambas son elementos de una misma tarea y permitir que la vigilancia de este tema tan importante quede en manos de personal sin experiencia y sin calificaciones suficientes para hacerse cargo de una labor que requiere cuidados especiales resulta inaceptable, ya que cada movimiento en el que un profesional relacionado con un vuelo interactúa con el avión debe obedecer a una estricta normativa.

Quisiera resaltar que en los casos en que ha sucedido algún incidente o contingencia que afecta a la industria del transporte aéreo —como los hechos recientes en Grecia o en Estados Unidos— se han reiterado los principios que rigen la seguridad de las operaciones en este sector, y gracias a esto se han tenido que documentar, sistematizar, reforzar procedimientos, investigar y adecuar nuevas tecnologías, pero esto no ha sido suficiente.

Necesitamos como país establecer estrategias estrictas de cumplimiento de los protocolos de seguridad en cada aeropuerto, y concesionarios del servicio de aviación, para poder otorgar una completa seguridad a los usuarios de este servicio.

En la Ley de Aviación Civil se contemplan medidas que se tienen que cumplir para otorgar la mayor seguridad posible, pero debemos establecer el carácter estricto a estas disposiciones para que se cumplan con precisión y eficiencia.

Estas medidas crean un régimen sorpresa de inspecciones y un control más riguroso sobre todos los elementos que directamente interfieren en el servicio aéreo. La aplicación estricta de controles de acceso en los aeropuertos, controles de pasajeros, equipajes y de personal, incluida la tripulación, deben de ser prioridad en el plan de verificación constante que implemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en el margen de errores se reduzca de manera significativa.

También resulta imprescindible revisar periódicamente el sistema de control de tránsito aéreo, el estado de los equipos y las condiciones generales de los aeropuertos y de las aerolíneas comerciales.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza está seguro de que se debe adoptar un programa nacional de seguridad de la aviación civil para garantizar la aplicación de las normas comunes.

Como integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza estoy comprometido con la seguridad de la población y la promoción del correcto y estricto cumplimiento de nuestro orden jurídico.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante de este grupo parlamentario someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., 7o., y 17o. de la Ley de Aviación Civil.

Por respeto al tiempo de mis compañeras y compañeros legisladores omitiré la lectura del articulado y solicito a la Mesa Directiva sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria, con el turno correspondiente. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 6o., 7o. y 17 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Gerardo del Mazo Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6,7 y 17 de la Ley de Aviación Civil.

Exposición de Motivos

En los últimos años, nuestro país ha sufrido un importante cambio en los esquemas de seguridad que rigen nuestra vida diaria. Por lo tanto, los aeropuertos han sido sujetos de acontecimientos que han puesto en riesgo la seguridad e integridad de cada pasajero.

Necesitamos como país, establecer estrategias estrictas de cumplimiento de los protocolos de seguridad en cada aeropuerto y concesionarios del servicio de aviación, para poder otorgar una completa seguridad a los usuarios de este servicio.

En la Ley de Aviación Civil, se contemplan medidas que se tienen que cumplir para otorgar la mayor seguridad posible, pero debemos establecer el carácter estricto a estas disposiciones para que se cumplan con precisión y eficiencia.

Estas medidas crean un régimen de inspecciones por sorpresa y un control más riguroso de los pasajeros, el equipaje y el personal.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza, está seguro que se debe adoptar un programa nacional de seguridad de la aviación civil para garantizar la aplicación de las normas comunes.

Medidas como la aplicación estricta de controles de acceso en los aeropuertos, controles de pasajeros, equipajes y del personal, incluida la tripulación y su equipaje, deben de ser prioridad en el plan de verificación constante que implemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que el margen de errores se reduzca de manera significativa.

Como integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza estoy comprometido con la seguridad de la población y la promoción del correcto cumplimiento de nuestro orden jurídico.

Por lo anterior expuesto, presento ante esta honorable asamblea el siguiente

Decreto que reforma los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil.

Primero.Se adiciona una fracción sexta al artículo sexto, dejando las demás fracciones en orden subsecuente de la Ley de Aviación Civil.

Capítulo IIDe la autoridad aeronáutica

Artículo 6. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia de aviación civil y aeroportuaria, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:

Párrafo reformado DOF 28-12-2001

I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para la regulación y el desarrollo de los servicios de transporte aéreo;

II. a IV. ...

V. Expedir y aplicar las medidas y normas de seguridad e higiene que deben observarse en los servicios de transporte aéreo, así como verificar su cumplimiento constante y preciso.

VI. Elaborar un plan periódico de verificación de cumplimiento estricto de los mecanismos de seguridad de los aeropuertos.

VII. Expedir certificados de matrícula, de aeronavegabilidad y los de explotador de servicios aéreos y, en su caso, decretar la suspensión, cancelación, revalidación o revocación de los mismos, así como llevar el Registro Aeronáutico Mexicano;

...

Segundo. Se reforma el contenido de las fracciones primera y quinta del artículo séptimo de la Ley de Aviación Civil.

Artículo 7. La Secretaría ejercerá la autoridad aeronáutica en los aeropuertos, helipuertos y aeródromos en general, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por conducto de los comandantes regionales y los comandantes de aeropuerto.

Los comandantes regionales deberán ser mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, y en el ejercicio de sus atribuciones dependerán funcional y operativamente de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Los comandantes regionales tendrán a su cargo las comandancias de aeropuerto que expresamente les sean determinadas por la propia Dirección General de Aeronáutica Civil, los cuales ejercerán las atribuciones que a continuación se mencionan:

I. Vigilar y verificar permanentemente que los concesionarios, permisionarios, operadores de aeronaves y los prestadores de servicios a la navegación aérea, cumplan de manera precisa con lo dispuesto en esta ley, su reglamento, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables;

II. a IV. ...

V. Vigilar que con estricto cumplimiento se cumplan los protocolos de seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas;

...

Tercero. Se reforma en su contenido el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil.

Capítulo IVDel servicio de transporte aéreo Sección PrimeraGeneralidades

Artículo 17. En la prestación de los servicios de transporte aéreo se deberán adoptar las medidas necesarias de acuerdo a las leyes y normas correspondientes para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros.

Los servicios deberán prestarse de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de octubre de 2010.— Diputados: Gerardo del Mazo Morales, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Laura Arizméndi Campos (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Como lo ha solicitado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Transportes.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el fenómeno del bullying es un problema real y delicado que en los últimos años ha aumentado en las escuelas. Las agresiones producidas entre los alumnos pueden motivar que nuestros niños y jóvenes tengan temor de acudir a las clases sin motivo aparente.

Las bromas, adjetivos peyorativos, humillaciones e incluso agresiones físicas conllevan a que el alumno sufra cuadros depresivos o estados de ansiedad, lo cual dificulta su integración en el medio escolar y la adquisición de aprendizajes.

Lamentablemente no se trata de un fenómeno coyuntural o aislado, se trata de una situación que si no se detiene a tiempo puede provocar daños emocionales severos a la víctima.

Las estadísticas sobre el bullying nos muestran un panorama poco alentador que padecen miles de alumnos en las escuelas de nuestro país.

De acuerdo con la SEP y la UNICEF, en el marco del Primer Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México 2010, el 43 por ciento de los docentes mencionaron que habían detectado casos de bullying en las escuelas, debido a que 3 de cada 10 niños en primaria habían recibido alguna agresión física de un compañero.

Una quinta parte de los niños y niñas de sexto de primaria y secundaria señalaron que uno de los motivos para molestar a los niños es que estos no cumplían con las características del estereotipo masculino.

La Secretaría de Educación Pública estima que al menos 10 por ciento de los alumnos de educación básica son víctimas de acoso y lo más grave es que sólo 1 de cada 10 recibe atención especializada.

El bullying debe considerarse un problema de salud pública por los daños psicológicos que genera a los alumnos, los cuales van desde el aislamiento en las relaciones sociales, dificultades para mantener amistades, hasta problemas de confianza en sí mismos y en los demás.

Por su parte, los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en la Escuelas Públicas de Educación Media y Superior, realizada por la Secretaría de Educación Pública a estudiantes de 15 a 19 años, señala que el 45 por ciento de los hombres y 26 por ciento de las mujeres encuestados reconoció haber abusado de sus compañeros y 4 de cada 10 alumnos aceptaron que habían ignorado esta práctica.

Más grave aún, en el mismo estudio se indica que el 54 por ciento de los estudiantes manifestó que no les gustaría tener como compañeros en la escuela a enfermos de SIDA. El 53 por ciento les desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales. El 51 por ciento desaprueba trabajar con alumnos con capacidades diferentes y otro 38 por ciento con jóvenes que tengan ideas políticas diferentes. Mientras que el 35 por ciento de estos alumnos no desean compartir sus clases con jóvenes que tengan una religión diferente.

Por su parte, el INE en la publicación Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en las escuelas primarias y secundarias de México, publica en su estudio 2007, publica que el 9 por ciento de los estudiantes de primaria y el 6 por ciento de los de secundaria han incurrido en actos de violencia en las escuelas y 2 de cada 10 niños que asistieron a la primeria participaron en peleas donde golpean a un compañero, y casi una cuarta parte de los alumnos de primaria afirmaron que sus compañeros los acosan constantemente, mientras que el 17 por ciento de los alumnos de primaria manifestó que había sido lastimado físicamente por otro compañero o un grupo de compañeros.

El 11 por ciento de los alumnos que hoy día tenemos en primaria reconoció que había robado o amenazado a un compañero, lo cual es muy grave, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, y por las anteriores circunstancias estoy convencido de que es un buen momento para encontrar soluciones inmediatas a la realidad de la violencia psicológica, verbal y física que padecen miles de alumnas y alumnos en las escuelas de educación básica y media superior en este país, y por lo cual es imprescindible que incorporemos en la Ley  General de Educación los derechos y obligaciones de los alumnos en las escuelas, en donde se reconozca que todas las niñas, niños y jóvenes tienen derecho de no sufrir violencia o maltrato de sus compañeros. Asimismo, que se establezca que todos los alumnos tienen la obligación de manejarse con responsabilidad, respeto y tolerancia hacia sus iguales y con ello, compañeras y compañeros legisladores, daremos un paso fundamental al reconocer al bullying como una realidad en las escuelas y establecer pautas de comportamientos para nuestros alumnos.

Diputado presidente, por economía parlamentaria le solicito de la manera más atenta que el texto íntegro quede inscrito en el Diario de los Debates, y por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar

El suscrito, diputado federal Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y diputado sin partido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo 9 a la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia en la escuela es un fenómeno que empieza a estudiarse con mayor detenimiento por los efectos sicológicos y de personalidad que produce en la vida adulta de las personas. A este tipo de agresiones se le conoce comúnmente como bullying, el cual hace referencia a la provocación sistemática, sea física, verbal o sicológica entre alumnos; asimismo, a la capacidad de un individuo para lastimar a otro sin obtener mayor resistencia de su contraparte. Una de sus características consiste en que las agresiones son persistentes y pueden durar semanas, meses e inclusive años.

El bullying puede adoptar diversas formas: físico, atacar violentamente a los demás, robar y/o dañar sus pertenencias; verbal, poner sobrenombres, insultar, ser irreverente y hacer comentarios racistas; indirecto o social: propagar rumores calumniosos o excluir a alguien por el sólo hecho de ser diferente. En todos los casos, el agresor actúa de forma premeditada, sin una provocación aparente, y ante todo busca imponer su poder y dominar, incluso puede darse por simple diversión.

El bullying es un problema real y delicado en la escuela, las agresiones producidas entre los alumnos puede motivar a que la niña, el niño o el joven tenga temor de acudir a clases sin motivo aparente; las bromas, adjetivos peyorativos, humillaciones e incluso agresiones físicas conllevan a que el alumno sufra cuadros depresivos o estados de ansiedad, lo cual dificulta su integración en el medio escolar y la adquisición de aprendizajes. Lamentablemente no se trata de un fenómeno coyuntural, se trata de una situación que si no se detiene a tiempo puede provocar daños emocionales severos a la víctima.

En México, son pocos los estudios que ofrecen cifras y estadísticas sobre la problemática, sin embargo, a pesar de que son escasas nos muestran un panorama poco alentador que padecen miles de alumnos en las escuelas. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el marco del Primer Informe nacional sobre violencia de género en la educación básica en México, 2010, el 43.2 por ciento del personal docente mencionó que habían detectado casos de bullying en su escuela; 3 de cada 10 niños de primaria había recibido alguna agresión física de un compañero; una quinta parte de los niños y niñas de sexto de primaria y de secundaria señalaron que uno de los motivos para molestar a los niños es que éstos no cumplían con características del estereotipo masculino.

La SEP estima que al menos 10 por ciento de los alumnos de educación básica son víctimas de acoso escolar, y lo más grave es que sólo uno de cada 10 recibe atención especializada. El bullying debe de considerarse un problema de salud pública por los daños sicológicos que genera en los alumnos, los cuales van desde aislamiento en las relaciones sociales, dificultades para mantener amistades, hasta problemas de confianza en sí mismos y en los demás.

Por su parte, los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de la Educación Media y Superior, 2008, realizada por la SEP a 13 mil 104 estudiantes de 15 a 19 años, señalan que el 44.6 por ciento de los jóvenes hombres y 26.2 por ciento de las mujeres encuestadas reconoció haber abusado de sus compañeros; mientras que 40.4 por ciento y 43.5 por ciento respectivamente, aceptaron que habían ignorado la práctica, en tanto que 39.3 por ciento y 18.5 por ciento había puesto apodos ofensivos.

Más grave aún, el mismo estudio indica que el 54 por ciento de los estudiantes manifestó que no les gustaría tener como compañeros en la escuela a enfermos de sida; otro 52.8 por ciento les desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales; el 51.1 por ciento desaprueba trabajar con alumnos con capacidades diferentes; otro 38.3 por ciento con jóvenes que tengan ideas políticas diferentes; mientras que el 35.1 por ciento con jóvenes que tengan una religión diferente. El 16.3 por ciento de los estudiantes declaró que la violencia forma parte de la naturaleza humana y otro 16 por ciento justifica la agresión a alguien porque le quitó algo y el 13 por ciento de los encuestados aceptó que los hombres les pegan a las mujeres por instinto.

El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INNE), en la publicación “Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en las escuelas primarias y secundarias de México”, publicado en 2007, señala que 8.8 por ciento de estudiantes de primaria y 5.6 por ciento de secundaria incurrieron en actos de violencia en la escuela; 2 de cada 10 niños que asistieron a primaria participaron en peleas, donde golpearon a uno de sus pares; casi una cuarta parte de los alumnos de primaria, afirmaron que sus compañeros se burlaron de ellos constantemente; 17 por ciento de los alumnos de primaria manifestó que había sido lastimado físicamente por otro compañero o grupo de compañeros; 11 por ciento de los alumnos de primaria reconoció que había robado o amenazado a un compañero.

Con el avance en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la escuela, también han evolucionado las agresiones compulsivas, acosos permanentes y hostigamientos sistemáticos hacia los alumnos, se incluye el uso inadecuado de la telefonía celular, los blogs, redes sociales, chats, entre otros. Los agresores emplean correos, vídeos o fotografías para insultar, difundir rumores y atentar contra la intimidad de sus pares. La tecnología en el actual contexto social se ha convertido como un detonante en el incremento del abuso escolar.

El bullying es una realidad en la mayoría de los centros educativos en nuestro país y ante la magnitud de la problemática se han realizado esfuerzos importantes para lograr reducir la violencia en las escuelas, sea por parte de las autoridades educativas, padres de familia, maestros, y demás actores que inciden en la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes. Entre las acciones realizadas por la SEP destacan:

1. Incorporación de talleres y cursos orientados al manejo de conflictos en las escuelas, combate a la violencia hacia las mujeres y erradicación del bullying en el Catálogo Nacional de Opciones de Formación Continua para Maestros en Servicio;

2. Mediante el programa Escuela Segura se han realizado cursos de educación básica para erradicar la violencia y el hostigamiento entre alumnos;

3. En el último año se han destinado más de 113 millones de pesos en carteles y folletos para impulsar campañas contra el bullying;

4. Revisión de contenidos de los libros de texto gratuitos para impedir que se reproduzca la enseñanza con carácter discriminatorio.

Sin embargo, es preciso señalar que han sido insuficientes para atender la problemática, la cual muestra síntomas de que algo grave sucede en las escuelas. Esto a pesar de que todas las niñas, niños y jóvenes son sujeto de una serie de derechos que garantizan no sufrirá ningún tipo de vejación o exclusión social.

La convivencia escolar es parte fundamental en la formación integral de los alumnos, y la escuela juega un papel de primer nivel en la promoción del respeto a la dignidad humana y la diferencia. Para formar mejores alumnos, mejores ciudadanos y mejores seres humanos capaces de respetar y de ser respetados, es necesario que se establezcan derechos y obligaciones de los alumnos en los centros escolares. En la medida en que reconozcamos los derechos y obligaciones, estaremos en condiciones de lograr ambientes agradables de cordialidad, solidaridad y compañerismo.

Como representante de la nación, estoy plenamente convencido que atacar el fenómeno del bullying es una responsabilidad de todos y que cada actor, desde su trinchera, tiene algo que hacer al respecto. Es momento de encontrar soluciones inmediatas a la realidad de violencia psicológica, verbal y física que padecen miles de alumnos en las escuelas, desde el niño gordito de primaria que por su condición es golpeado, o el niño de secundaria que por ser diferente es acosado, hasta el joven universitario que sufre burlas por usar lentes y tener de acné.

Es momento de que incorporemos en la Ley General de Educación los derechos y obligaciones de los alumnos en las escuelas, en donde se reconozca que todas las niñas, niños y jóvenes tienen el derecho de no sufrir violencia o maltrato de sus compañeros; asimismo, se establezca que todos los alumnos tienen la obligación de manejarse con responsabilidad, respeto y tolerancia hacia sus iguales. Con ello, daremos un paso fundamental al reconocer al bullying como una realidad en las escuelas y establecer pautas de comportamiento de los alumnos en las mismas.

Asumo el compromiso de promover y fortalecer el desarrollo integral de los alumnos, en espacios libres de agresiones y violencia, es por ello que someto al pleno de esta soberanía reformas a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo 9, a la Ley General de Educación, de conformidad con lo siguiente:

Primero. Se adiciona un Capítulo 9 con los artículos 86, 87 y 88 para quedar en los términos siguientes:

Capítulo 9De los derechos y obligaciones de los alumnos en la escuela

Artículo 86.Los alumnos tienen el derecho a desarrollarse en ambientes libres de agresiones y violencia en las escuelas.

Derechos

I. Estudiar en ambientes de tolerancia y respeto mutuo, en donde bajo ninguna circunstancia se atente contra su integridad física o moral, o sea objeto de maltrato verbal o psicológico por parte de sus compañeros y maestros.

II. Acceder a tratamiento psicológico cuando sea objeto de agresiones, en cualquiera de sus manifestaciones, en el interior de las escuelas;

III. Obtener educación sobre los efectos de la violencia y su incidencia en la personalidad, en el aprovechamiento escolar y en las relaciones interpersonales, así como los problemas relacionados que produce en la vida adulta.

IV. Acceder a programas de control de la violencia, la ira y orientación y manejo de conflictos.

V. Recibir menciones honoríficas por su participación en la promoción de valores solidarios y de convivencia sana en relación con sus pares.

Artículo 87.Es responsabilidad de los alumnos manejarse con respeto y tolerancia hacia todos los integrantes de la comunidad educativa.

Obligaciones

I. Manifestar en forma permanente una conducta de respeto a sus compañeros, maestros y demás miembros de la comunidad escolar, cuidando que sus acciones no violenten la integridad física o moral de terceros.

II. Respetar las normas de disciplina y convivencia escolar, haciendo suyos los postulados y principios de civilidad y conducta que rigen en la escuela.

III. Procurar constituirse en un alumno de excelencia académica, cumplidor de sus tareas escolares, responsable en la consecución de logros escolares y promotor de los valores democráticos que justifican la tolerancia y respeto a la dignidad humana.

IV. Participar en todas las actividades escolares y extraescolares que fomenten la solidaridad y cooperación escolar, poniendo al máximo sus capacidades para alcanzar una convivencia armónica.

Artículo 88. De los maestros y las escuelas

I. Aplicar su conocimiento teórico y práctico a fin de ejecutar acciones que permitan el desarrollo del proceso educativo conducirse en un ambiente de civilidad y respeto entre todos los integrantes de la comunidad educativa.

II. Mantener comunicación permanente con los padres de familia o tutores, informándoles sobre la conducta de los alumnos y el avance de sus logros académicos.

III. Cada escuela deberá contar con lineamientos generales de convivencia escolar, así como servicios de orientación a las víctimas de acoso escolar.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública tendrá 90 días hábiles para publicar los Lineamientos Generales de Convivencia Escolar, así como exhortar a las escuelas a instrumentar servicios de orientación a las víctimas de acoso escolar, que se mencionan en la fracción III del artículo 88 del decreto.

Notas:

1 La palabra es relativamente nueva, proviene de bull (toro en inglés) y su derivación bully significa trato cruel o malvado; en español se ha traducido bajo el término de “intimidación escolar”.

2 El análisis se realizó en una muestra de 26 mil 319 alumnos de los niveles de 4to de primaria a tercero de secundaria, en 395 escuelas públicas primarias y secundarias, de los niveles de marginación muy alta- alta, media y baja-muy baja. Se entrevistó también a 324 directores y mil 485 docentes

3 “Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de la Educación Media y Superior”, en http://www. sems.gob.mx/aspnv/encuesta/encuesta2.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de octubre de 2010.— Diputados: Jaime Arturo Vázquez Aguilar, María del Carmen Izaguirre Francos, María Dina Herrera Soto, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Germán Contreras García, Ariel Gómez León, Sabino Bautista Concepción, Carlos Samuel Moreno Terán, Gerardo Leyva Hernández, Janet Graciela González Tostado, María Isabel Merlo Talavera, Julieta Octavia Marín Torres, Malco Ramírez Martínez, Violeta Avilés Álvarez, Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.Dígame, señor diputado.

El diputado Ariel Gómez León(desde la curul): Señor presidente, para pedirle muy respetuosamente si el señor diputado me permite adherirme a su propuesta, ya que muchos jóvenes en este país están siendo acosados en sus escuelas y hay  mucha ausencia escolar.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado Ariel Gómez nos solicita, diputado Vázquez Aguilar, adherirse a su propuesta.

Con mucho gusto, señor diputado, puede pasar, y todos aquellos señores diputados que quieran adherirse a la iniciativa del diputado Vázquez Aguilar pueden pasar.

Les informo, señoras y señores diputados, que nos visitan invitados de Ecatepec, estado de México, que han sido invitados por el diputado Martín Vázquez Pérez. Igualmente, integrantes del Club Alfa, del Distrito Federal, a invitación de la diputada Silvia Pérez Ceballos. Sean ustedes bienvenidos.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió oficio solicitando la sustitución de una iniciativa del diputado Lobato García. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro:Con su permiso, señor presidente. Muy estimadas diputadas y diputados, llamo la atención de ustedes para compartir que el pasado 21 de diciembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, en cuyo decreto se adicionó el artículo 4 B que creó el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, conocido comúnmente como Fexhi, que lo instituyó con .46 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, cuyo fondo sería distribuido entre aquellas entidades federativas que formen parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas, definida en el último censo económico realizado por el I-NEGI.

Lo anterior en beneficio de los estados petroleros como Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas.

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un cambio al porcentaje de distribución del Fexhi, que pasó del .46 al .06 por ciento. No obstante, la creación de este fondo y el ligero aumento de su porcentaje de distribución requieren de un esfuerzo mayor que permita con mayor justicia y responsabilidad ubicar un porcentaje razonable y más justo que se patentice en las haciendas de los estados y de los municipios que se encuentran resintiendo la problemática que les acarrea la industria petrolera asentada en sus territorios.

No resulta de menor importancia el hecho de que también se les permita legalmente a los Poderes Legislativos de esos estados controlar, evaluar y fiscalizar la administración de estos recursos y poder, a través de informes semestrales, informar puntualmente sobre la ejecución de estos recursos, inclusive en sus páginas propias de Internet.

Merece toda nuestra atención la carencia de recursos para afrontar presupuestalmente los daños ocasionados por desastres naturales originados por lluvias atípicas, huracanes o sismos, lo que conlleva a ser más cautelosos en el destino de los mismos, por lo cual se requiere que los beneficiarios puedan destinarlos precisamente a ese concepto, entre otros, de igual importancia como infraestructura y programas de protección ambiental que se detallan en esta iniciativa.

Como diputado federal por Campeche, no puedo dejar de señalar que inconcebiblemente en mi estado, de donde sale la mayor producción del crudo nacional y una importante producción del gas natural, apenas en el 2009 —es decir el año pasado—, después de más de 30 años de presencia de Pemex en Campeche, se le haya reconocido como estado petrolero, y más injusto todavía que ocupemos el lugar 32 en el país en infraestructura carretera, enfrentando el impacto social, ambiental y económico de Pemex.

Esta reforma sería un profundo acto de justicia para los estados petroleros del país, empezando y terminando por Campeche.

La propuesta en su contenido y fondo es que este fondo de extracción de hidrocarburos esté conformado de un 3 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, pagado por Pemex Exploración y Producción en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos.

Debo aclarar que estos recursos serían de mucha utilidad para nuestros cinco estados petroleros, de donde depende la base económica de nuestro país. Recursos que bien pueden destinarse de manera prioritaria a infraestructura vial, rural y urbana. A infraestructura hidráulica, a movilidad urbana, a prevención de desastres y rehabilitación de infraestructura y apoyo a damnificados por desastres naturales, prestación de servicios públicos y, por supuesto, un 10 por ciento a programas para la protección y conservación ambiental.

Ojalá, estimadas diputadas y estimados diputados, nos den la oportunidad de reservar esta justa e importante iniciativa, que por economía procesal solicito muy atentamente a esta Presidencia se sirva publicar íntegramente en el Diario de los Debates esta importante iniciativa. Muchas gracias, señores diputados. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado federal por el estado de Campeche Carlos Oznerol Pacheco Castro, perteneciente a esta LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 21 de diciembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, en cuyo decreto se adicionó el artículo 4o.-B, que creó el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, conocido comúnmente como FEXHI que lo instituyó con 0.46 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, cuyo Fondo sería distribuido entre aquellas entidades federativas que formen parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un cambio al porcentaje de distribución del FEXHI que pasó del 0.46 al 0.6 por ciento.

No obstante la creación de este Fondo y el ligero aumento en su porcentaje de distribución, requiere de un esfuerzo aún mayor que permita con mayor justicia y responsabilidad ubicar un porcentaje razonable y más justo que se patentice en las haciendas de los estados y municipios que se encuentran resintiendo la problemática que les acarrea la industria petrolera asentada en sus territorios.

No resulta de menor importancia el hecho de que también se les permita legalmente a sus Poderes Legislativos controlar, evaluar y fiscalizar la administración de estos recursos y que exista la obligación de rendir informes semestrales por ello, tiempo que se considera prudente para glosar su avance en la ejecución de los mismos, así como en términos constitucionales imponer el deber de colocar en sus páginas de Internet, tales informes semestrales para conocimiento público.

Merece toda nuestra atención que precisamente existe carencia de recursos para afrontar presupuestalmente los daños ocasionados por desastres naturales originados por lluvias atípicas, huracanes o sismos, lo que conlleva a ser más cautelosos en el destino de los mismos, por lo cual se requiere que los beneficiarios puedan destinarlo precisamente a ese concepto, entre otros de igual importancia tales como infraestructura y programas de protección ambiental que se detallan en esta iniciativa.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor del siguiente proyecto de

Decreto

Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 4o.-B. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado con el 3.0 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos.

...

...

...

El control, la evaluación y fiscalización del manejo de estos recursos quedará a cargo del Poder Legislativo local que corresponda, por conducto al órgano de fiscalización estatal, o sea la Auditoría Superior conforme a lo que establezcan sus propias leyes. Los estados y sus municipios deberán presentar ante el Órgano de Fiscalización o su similar de cada uno de ellos, un informe semestral detallado sobre la aplicación y avance de gestión del ejercicio de los recursos establecidos en este artículo a más tardar 15 días naturales después de terminado el semestre. Asimismo, el citado informe será puesto a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión a más tardar 5 días posteriores a la entrega del citado informe.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los recursos correspondientes a este fondo podrán destinarse de manera prioritaria a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidráulica; movilidad urbana, prevención de desastres y rehabilitación de infraestructura y apoyo a damnificados por desastres naturales, prestación de servicios públicos y, por lo menos 10 por ciento a programas para la protección y conservación ambiental.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2010.— Diputados: Carlos Oznerol Pacheco Castro, Oscar Román Rosas González  (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado Pacheco Castro, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación.

El diputado Gastón Luken Garza:Gracias, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, comentarles que nuestro país está viviendo tiempos políticos nuevos. Existe por fortuna cada vez más una ciudadanía atenta a los asuntos públicos y, en particular, más vigilante del desempeño de los gobernantes en todos los órdenes de responsabilidad.

Esta nueva cultura política, de escrutinio, de exigencia de rendición de cuentas, en uno de los temas de más profunda preocupación es el que se refiere a las remuneraciones que los servidores públicos percibimos en el ejercicio de nuestro cargo.

Es evidente que el desarrollo de un país va de la mano con la existencia de servidores públicos capaces, eficientes, responsables y honestos que merecen una retribución justa y digna por su talento al servicio del país. Pero también lo es que somos un país en el que se vive la pobreza y la carencia de recursos económicos, en donde lamentablemente ciertos funcionarios tanto municipales como estatales e incluso federales, han amasado ingresos que se antojan impropios o indebidos, se asignan salarios en ocasiones desproporcionados y se otorgan prestaciones, bonos y compensaciones de retiro que para muchos resulta insultante.

Lo anterior motivó la aprobación de la llamada Ley de Salarios Máximos, que fue una reforma constitucional en materia de remuneraciones a los servidores públicos, la cual se publicó el 24 de agosto del 2009.

Sin embargo, a pesar de que esa ley que se considera un avance importante, un paso en la dirección correcta en poner límites a las remuneraciones de los servidores públicos, la verdad es que hoy por hoy es para efectos prácticos letra muerta, es decir, se aprobó la ley pero no hay una ley reglamentaria secundaria que le dé vida a esa disposición.

Es por eso que esta propuesta de iniciativa es para precisamente darle vida a esa ley llamada de Salarios Máximos.

La razón de esta iniciativa que hoy presento es precisamente para ese cumplimiento de la reforma constitucional en materia de las remuneraciones de los servidores públicos.

Esta medida considero que es un clavo en el ataúd de los abusos que en ocasiones se presentan en esta materia. Claro, faltan muchas más acciones, muchos más clavos, pero esta propuesta es un paso en la dirección correcta y sin duda un beneficio al interés público, al interés de todos. Por su atención y por su apoyo, muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Gastón Luken Garza, diputado a la LXI Legislatura Federal por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación; al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Nuestro país en los últimos años diez años, ha creado los pilares jurídicos sobre los cuales se sustenta la transparencia, responsabilidad, profesionalismo, igualdad,  equidad y rendición de cuentas de los actos provenientes de los órganos públicos, así como del desempeño de los servidores públicos.

Lo anterior, ha impulsado la participación del Gobierno, en diversos rubros de la vida nacional, con el fin de garantizar el bien común, como objetivo indispensable para la existencia del Estado mexicano.

Ante ello, es evidente que el sector público debe contar con servidores públicos competentes, profesionales, honestos e imparciales que pongan en marcha los mandatos de ley, así como las políticas públicas que lancen a nuestro país, a una modernidad y desarrollo profundamente anhelado. No importa si acceden al cargo, empleo o comisión mediante el voto popular, o a través de una designación o selección en términos de ley; lo importante es que nuestro país tenga los mejores hombres y mujeres en los puestos públicos.

En tal sentido, es claro que el servicio público debe ser remunerado de manera tal, que el Estado se asegure que en el desempeño de los cargos públicos se cuente con ciudadanos que por su preparación, capacidad y honestidad, puedan desempeñar con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que les han sido confiadas, al tiempo que, quien presta el servicio público, pueda obtener también un ingreso digno.

Desafortunadamente ante este hecho tan evidente, tenemos por el otro lado, la insuficiencia de recursos públicos que permitan retribuir de la mejor manera, las capacidades y talentos que aportan los servidores públicos en bien del país, así como la realidad socioeconómica nacional, que evidencia amplios márgenes de pobreza.

Lo anterior, nos conmina a buscar un justo equilibrio que tenga como fin, la captación de talentos que cuenten con retribuciones dignas; y que éstas, no excedan los límites salariales impuestos por la realidad económica nacional.

No obstante lo anterior, tal premisa ha sido ignorada en muchos casos, y todos nosotros hemos sido testigos de ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que se asignan servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno, o que decir de aquellas pensiones y jubilaciones millonarias que sin que estén previstas en ley o decreto, se han entregado en detrimento del patrimonio público.

El problema se agrava, dado el enorme sacrificio que implica para los ciudadanos el cumplir con sus responsabilidades fiscales, por una parte, y por la otra, por la terrible situación económica en la que viven millones de mexicanos. Es verdaderamente ofensivo observar cómo en estados y municipios donde se vive en condiciones de verdadera miseria y donde la carencia de servicios públicos para diversos sectores de la población es abrumadora, existen presidentes municipales con sueldos y prestaciones económicas que resultan incluso superiores a las percepciones del propio Presidente de la República.

En razón de ello, Acción Nacional participó con diversas propuestas y en forma determinante para la aprobación de la reforma a la Constitución Federal en materia de remuneraciones de los servidores públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de agosto del año 2009. Téngase presente que la primera propuesta de reforma constitucional en la materia, estuvo a cargo del entonces Diputado Federal, Felipe Calderón Hinojosa, en el año 2002.

La reforma Constitucional cuyo eje rector lo es el artículo 127, determina una facultad coincidente para los poderes legislativos federal, y de las entidades federativas, a efecto de que en sus respectivos ámbitos, expidan las leyes reglamentarias de dicho precepto fundamental y de las otras disposiciones constitucionales modificadas en esta reforma.

Debe destacarse que el órgano revisor de la Constitución Federal, le impuso, por igual,al Congreso de la Unión, a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un plazo de 180 días naturales contados a partir del día siguiente a su entrada en vigor, con el fin de expedir o adecuar la legislación en materia de remuneraciones, así como para crear los tipos penales y las sanciones administrativas que correspondan para reprimir el incumplimiento o la elusión de la reforma constitucional mencionada.

Este plazo constitucional venció el día 20 de febrero del año en curso, sin que a la fecha se haya aprobado por este Congreso, un ordenamiento legal en la materia, razón por la cual, en congruencia con nuestros actos en materia de rendición de cuentas, es que sometemos a consideración de este órgano legislativo, el presente Proyecto de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Es importante destacar, que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual fue expedida en mucha anterior a la aprobación d elas reformas constitucionales, contiene disposiciones en materia de remuneraciones de los servidores públicos federales, mismas que por la materia, deben incorporarse en la ley, que por mandato del Poder Reformador de la Constitución debe expedirse. En tal sentido, diversas disposiciones contenidas en el cuerpo legal mencionado, se han trasladado a este proyecto normativo.

En razón de lo anterior, debemos mencionar que la iniciativa de ley se apega sin duda a las bases y mandatos de los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal, en la aplicación y observancia de nuestro orden federal.

Así, el proyecto de ley consta de 39 artículos y cinco transitorios, divididos en Tres Títulos y Seis Capítulos.

Entre los elementos destacables del proyecto, se encuentran los siguientes:

El ámbito personal de aplicación lo son todos los servidores públicos de la Federación, siéndoles aplicable en lo conducente, a aquellos trabajadores de base, así como de los servicios diplomáticos. Debe destacarse que derivado de las últimas reformas a la Constitución Federal, en materia de seguridad y justicia, se estimó no incorporara a los miembros de los cuerpos de seguridad pública.

Ahora bien, uno de los ejes primordiales sobre los que gira la propuesta de ley, es el reconocer la aportación de los servidores públicos, al buen funcionamiento de las instituciones públicas, por lo tanto, es obligado prever a su favor, toda una serie de garantías en materia de remuneraciones, como lo son: la garantía del derecho a una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión; asimismo, que la remuneración deberá ser suficiente para procurarles un nivel de vida digno y estimular y reconocer su labor sobre la base profesional; también, que opere la tácita reconducción en caso de que se omitiera señalar en el presupuesto de Egresos respectivo, la remuneración correspondiente.

De igual manera, se señala que las remuneraciones serán determinadas de forma anual y equitativa en los presupuestos de egresos correspondientes, lo que viene a ser un mandato para quienes deben preparar los proyectos de dichos presupuestos como para los órganos encargados de su aprobación.

Se incorpora al proyecto de ley la definición constitucional de remuneraciones, que incluye elementos en forma enunciativa e incluso general, con el fin de evitar elusiones a los mandatos de la norma máxima. Por otra parte, se excluye delconcepto de remuneraciones a las siguientes prestaciones, siempre y cuando sean otorgados por ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo: como son las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, las liquidaciones por servicios prestados, los préstamos y los créditos.

Se establece el tope a las remuneraciones, el cual sin duda es el origen de la reforma constitucional. Al respecto, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 127 de la norma suprema, ningún servidor público de la Federación, debe recibir una remuneración mayor a la del C. Presidente de la República.

La propuesta que se somete a consideración, impone la prohibición de que ningún servidor público obtendrá una remuneración igual o mayor que la percibida por su superior jerárquico, con la salvedad de los casos en que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que la remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función.

Asimismo, se dispone que la suma de esas retribuciones no deba exceder la mitad de la remuneración que el presupuesto atribuya al C. Presidente de la República.

Se determinan principios en materia de determinación de remuneraciones, como lo son los de igualdad y proporcionalidad.

Por otra parte, con el espíritu de la transparencia en la función pública, y el derecho de acceso a la información contenido en el artículo 6° de la Constitución Federal, se obliga a la publicidad de las remuneraciones y sus tabuladores, los que deberán señalar puntualmente la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.

De la misma manera, se incorpora la obligación deincluir en los presupuestos de egresos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones de los servidores públicos, sujetándose a las disposiciones de esta Ley.

Un elemento que debe destacarse en la presente propuesta, y que deberá ser motivos de profundas reflexiones por parte de mis compañeros legisladores, lo es la creación de un órgano colegiado, con el carácter de consultivo, que apoye a la Cámara de Diputados, en la determinación de las remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación.

Dicho cuerpo colegiado que fue impulsada por el Partido Acción Nacional, en sus diversas propuestas de reformas constitucionales, así como por el Presidente de la República en su proyecto de iniciativa en la materia; tiene como fin, que exista un ente plural en su composición -en tanto que involucra a representantes de todos los órganos y organismos públicos federales, así como a los sectores académico, social y empresarial- que proponga las remuneraciones que deben percibir los servidores públicos.

Dicho ente es importante y relevante no sólo en términos de transparencia y participación de todos los sectores nacionales, sino también, en razón de que deberá actuar como un órgano de estabilidad de las instituciones públicas nacionales. Se señala lo anterior, en virtud de que seria desastroso el que quién llegaré a ocupar la Presidencia de la República, solicitará a la Cámara de Diputados, una reducción sustancial de sus remuneraciones como titular del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que dicho acto, tendría como efecto inmediato, el que se redujese sustancialmente las remuneraciones a todos los servidores públicos del país; considerando lo que prevé el artículo 127 de la Constitución Federal.

En tal sentido, debemos mencionar que se generaría una crisis institucional, al ya no poder retener a los mejores hombres y mujeres en los puestos públicos.  no se trata sólo de vocación en el servicio público, sino también de proveer de un nivel de vida digno a los servidores públicos y sus familias, así como evitar a toda costa, que por otras vías ilícitas, se alleguen de recursos para el sustento familiar.

Se destaca y subraya que no se trata en forma alguna, de la creación de una nueva estructura burocrática, que sin duda sería contraproducente al espíritu de la presente ley; sino que se refiere a un órgano incluyente tanto de los miembros de los órganos obligados al cumplimiento de la ley, como de sectores académicos, sociales y productivos; mismos que en base a criterios que previamente determinen, puedan sugerir a esta Cámara, las retribuciones que debe percibir cada servidor público. Si bien es cierto, la Constitución Federal no prevé la existencia de este órgano colegiado, tampoco lo prohíbe, por lo que dicha propuesta esta totalmente apegada a nuestro orden constitucional y legal.

Es importante destacar, la incorporación de sanciones administrativas y penales, tal como lo exige la reforma al artículo 127 de la Constitución General, precisamente con el fin de evitar y en su caso sancionar, actos contrarios a los mandatos constitucionales y legales.

Sin duda que al establecer principios y bases que normen las remuneraciones públicas, se permitirá, por una parte, garantizar la permanencia, regularidad y eficiencia en la prestación del servicio público y por otra, evitar los abusos que con cargo al erario se presentan por parte de servidores públicos.

Compañeros legisladores, nuestro país está viviendo tiempos políticos nuevos; existe, por fortuna, una ciudadanía cada vez más atenta a los asuntos públicos y en particular más vigilantes del desempeño de los gobernantes en todos los niveles de responsabilidad. La ciudadanía está interesada en conocer el destino y cerciorarse del correcto uso de los recursos que con el esfuerzo de todos los mexicanos se recaudan para sufragar los gastos públicos.

En esta nueva cultura política de escrutinio y exigencia de rendición de cuentas, uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos, es el que se refiere a las remuneraciones que los servidores públicos percibimos en el ejercicio de nuestro cargo.

Es claro que la democracia en nuestro país, se sustenta en el principio de representación, cuya expresión más simple es la que define al servidor público como mandatario y a los ciudadanos como mandantes. En esa virtud, todo servidor público, sea por elección o designación, tiene la obligación de vincular sus decisiones al marco constitucional y legal que rige el ejercicio de la función que le ha sido confiada, amén de la responsabilidad de actuar con apego a la ley y con sensibilidad y prudencia para que se aprovechen de manera eficiente los recursos de un país con rezagos como el nuestro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta representación nacional, el presente proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación.

Decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación.

Artículo Único. Se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, para quedar de la siguiente forma:

LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN

TITULO PRIMERODisposiciones Generales Capítulo ÚnicoDe las Disposiciones Generales

Artículo 1.La presente ley es de orden público y de observancia obligatoria en el territorio nacional. Tiene por objeto reglamentar el artículo 127 de la Constitución Federal en materia de remuneraciones de los servidores públicos de la Federación.

Artículo 2. Los servidores públicos tienen derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión, en los términos previstos por la Constitución Federal y esta Ley. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo para los trabajadores en general, en el área geográfica que corresponda.

Artículo 3.La remuneración de los servidores públicos, dentro de las bases previstas en esta Ley y conforme a las previsiones presupuestales, deberá ser suficiente para procurarles un nivel de vida digno y estimular y reconocer su desempeño laboral sobre la base de su capacidad profesional.

Artículo 4.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo, cargo o comisión que esté establecido por la ley o por decreto; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido en el Presupuesto anterior o en la ley o decreto que estableció el empleo, cargo o comisión.

Artículo 5.Los servidores públicos tendrán derecho a percibir por su trabajo el sueldo y demás prestaciones en efectivo, crédito, especie o servicios que establezcan la ley, el contrato o el nombramiento respectivos, en forma regular y completa.

Artículo 6. Son servidores públicos de la Federación, y por lo tanto, sujetos al cumplimiento de la presente ley; cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, en los siguientes órganos u organismos públicos:

I.El Poder Legislativo Federal;

II.El Poder Judicial Federal;

III.Los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Federal o en ley del Congreso de la Unión;

IV.Los tribunales administrativos federales;

V.La Procuraduría General de la República;

VI.La Presidencia de la República;

VII.Las dependencias de la Administración Pública Federal, y

VIII.Las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.

Artículo 7.Sin perjuicio de las disposiciones legales especiales que los regulen, la presente ley también será aplicable en lo conducente, a los servidores públicos que formen parte del personal operativo y de base de los órganos u organismos públicos, el personal docente de los modelos de educación básica, media superior y superior, así como al personal de los cuerpos diplomáticos.

Artículo 8. No están sometidas a la presente ley, los miembros de los cuerpos de seguridad pública; así como las personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, y sin que exista una relación de subordinación, se vinculen contractualmente con un órgano u organismo público.

Artículo 9. Son principios aplicables en materia de remuneraciones, los siguientes:

I. Principio de igualdad:La remuneración de los servidores públicos se determinará sin discriminación por motivos de género, edad, etnia, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opinión política, preferencia sexual o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

II. Principio de proporcionalidad:La remuneración de cada función pública deberá ser proporcional a la responsabilidad que derive del cargo y al presupuesto designado para el órgano u organismo público, en cuyo tabulador se incluya.

Artículo 10. Para los efectos de esta ley, del manual de remuneraciones y de los tabuladores respectivos, se entenderá por:

I. Remuneración: Toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales;

II. Órganos u Organismos públicos: Los señalados en el artículo 5 de esta Ley;

III. Presupuesto: El Presupuesto de Egresos de la Federación;

IV. Consejo:El Consejo para la Determinación de las Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación;

V. Manual de Remuneraciones: Documento donde se establecen los objetivos, las políticas y los procedimientos que norman la integración del sueldo y la asignación de las prestaciones en efectivo, en crédito, en especie y en servicios, así como de otras percepciones, de los servidores públicos:

VI. Tabulador:Instrumento técnico en que se fijan y ordenan, por nivel, categoría, grupo o puesto, las remuneraciones para los servidores públicos;

VII. Nivel:La escala de remuneraciones, excluidas las percepciones variables, relativa a los puestos ordenados en una misma categoría;

VIII. Categoría:El valor que se da a un puesto de acuerdo con las habilidades, la capacidad de solución de problemas y las responsabilidades requeridas para desa-rrollar las funciones legales que le corresponden;

IX. Grupo:El conjunto de puestos con la misma jerarquía o categorías similares;

X. Puesto: La unidad impersonal que describe funciones, implica deberes específicos, delimita jerarquías y autoridad;

XI. Plaza: La posición presupuestaria que respalda un puesto, que no puede ser ocupada por más de un servidor público a la vez y que tiene una adscripción determinada;

XII. Ley: La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación.

Artículo 11.La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es de aplicación supletoria a la presente Ley.

TÍTULO SEGUNDODe la Remuneración de los Servidores Públicos Capítulo IDe las Bases y Mecanismos para el pago de las Remuneraciones de los Servidores Públicos

Artículo 12.Ningún servidor público podrá recibir una remuneración superior a la autorizada en el Presupuesto de Egresos respectivo, para el Presidente de la República .

Artículo 13.Los servidores públicos no podrán tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo en los siguientes supuestos:

1) Que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos;

2) Que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función.

En cualquiera de los casos, la remuneración total no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el C Presidente de la República, en el presupuesto correspondiente.

Artículo 14. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración.

Se excluye de dicha prohibición, los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos, por razón del cargo desempeñado.

Artículo 15. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, en los términos que señalen las disposiciones en materia de acceso a la información, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie .

Artículo 16.Para efectos del cálculo de la remuneración de los servidores públicos, se distinguirá la porción monetaria integrada por el sueldo y las prestaciones en efectivo, de la porción no monetaria integrada por las prestaciones en especie.

La porción monetaria de la remuneración de los servidores públicos deberá pagarse en moneda de curso legal, cheques o medios electrónicos de pago.

Artículo 17.La remuneración de los servidores públicos sólo podrá referirse a la prestación de servicios que se inscriban en el ámbito de competencia y en la estructura de organización de cada uno de los órganos u organismos públicos.

En dicha estructura de organización deberán señalarse los servicios que, sin pertenecer estrictamente a la competencia de cada órgano de la autoridad, constituyen un apoyo.

Artículo 18.En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección específica las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende:

I.Las remuneraciones de los servidores públicos en forma desglosada y las erogaciones a cargo de los órganos u organismos públicos, por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y

II.Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos.

Una vez aprobada la asignación global de servicios personales en el Presupuesto de Egresos, ésta no podrá incrementarse.

Artículo 19.El gasto en servicios personales aprobado en el Presupuesto de Egresos deberá comprender la totalidad de recursos para cubrir:

I.Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos de los órganos u organismos públicos por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias;

II.Las aportaciones de seguridad social;

III.Las primas de los seguros que se contratan en favor de los servidores públicos y demás asignaciones autorizadas en los términos de las normas aplicables, y

IV.Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, conforme a las disposiciones generales aplicables.

Artículo 20.Los órganos u organismos públicos, al realizar pagos por concepto de servicios personales, deberán observar lo siguiente:

I. Sujetarse a su presupuesto aprobado, a los tabuladores de remuneraciones en los términos previstos en esta ley, y en las disposiciones generales aplicables conforme a lo previsto en el artículo 19 de esta Ley;

II.En materia de incrementos en las percepciones, deberán sujetarse estrictamente a las previsiones salariales y económicas a que se refiere el artículo 19 fracciones II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobadas específicamente para este propósito por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos;

III.Sujetarse, en lo que les corresponda, a lo dispuesto en las leyes laborales y las leyes que prevean el establecimiento de servicios profesionales de carrera, así como observar las demás disposiciones generales aplicables. En el caso de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán observar adicionalmente la política de servicios personales que establezca el Ejecutivo Federal;

IV.En materia de percepciones extraordinarias, sujetarse a las disposiciones generales aplicables y obtener las autorizaciones correspondientes.

Las percepciones extraordinarias son aquéllas que no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social;

V.Las dependencias deberán cubrir los pagos en los términos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el caso de las entidades paraestatales, adicionalmente por acuerdo del órgano de gobierno;

VI.Las adecuaciones presupuestarias al gasto en servicios personales deberán realizarse conforme a lo dispuesto en materia de adecuaciones presupuestarias, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta Ley y a las disposiciones que establezca el Reglamento;

VII.Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales, salvo en los casos permitidos en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. En todo caso, la creación, sustitución de plazas y las nuevas contrataciones sólo procederán cuando se cuente con los recursos previamente autorizados para cubrir todos los gastos inherentes a las contrataciones, incluyendo las obligaciones por concepto de impuestos, aportaciones a seguridad social y demás pagos y prestaciones que por ley deban cubrirse. Los recursos para cubrir obligaciones inherentes a las contrataciones que tengan un impacto futuro en el gasto deberán constituirse en reservas que garanticen que dichas obligaciones estén en todo momento plenamente financiadas;

VIII.Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren previstas en el respectivo presupuesto destinado a servicios personales;

IX.Sujetarse a las disposiciones generales aplicables para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y

X.Las dependencias y entidades deberán sujetarse a la estructura ocupacional o a la plantilla de personal autorizada por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias.

XI.Las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo o que se fijen en las condiciones generales de trabajo de la Administración Pública Federal, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos medios y superiores y personal de enlace.

Los titulares de las entidades paraestatales, independientemente del régimen laboral que las regule, serán responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente, durante los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos de trabajo, así como durante las revisiones de salario anuales, para que los servidores públicos de mando y personal de enlace al servicio de las entidades queden expresamente excluidos del beneficio de las prestaciones aplicables al personal de base, en los términos del artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo, en aplicación directa o supletoria según se trate, con excepción de las de seguridad social y protección al salario.

Artículo 21.La Secretaría de Hacienda y Crédito Pública y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el cual incluirá el tabulador de percepciones y las reglas para su aplicación, conforme a las percepciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos y lo dispuesto en esta Ley. Los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos con autonomía reconocida en la Constitución, por conducto de sus respectivas unidades de administración, emitirán sus manuales de remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes, conforme a lo señalado anteriormente.

Los manuales a que se refiere este artículo deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de mayo de cada año.

Artículo 22.Los movimientos que realicen los órganos u organismos públicos a sus estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas conforme a los recursos previstos específicamente para tal fin en el Presupuesto de Egresos en los términos del artículo 19, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria .

En el caso de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán observar las disposiciones generales aplicables al servicio profesional de carrera y, en su caso, obtener las autorizaciones correspondientes de la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 23.Los órganos y organismos públicos que establezcan percepciones extraordinarias en favor de los servidores públicos a su cargo, por concepto de estímulos al de-sempeño destacado o reconocimientos e incentivos similares, deberán sujetarse a lo siguiente:

I.Los estímulos deberán otorgarse en los términos que dispongan el artículo 9 de la Ley de Planeación, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, o en las demás leyes que prevean expresamente percepciones extraordinarias similares;

II.Los recursos para cubrir los estímulos deberán estar previstos en sus respectivos presupuestos;

III.Los esquemas para el otorgamiento de los estímulos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que respecta al control presupuestario, y

IV.Los estímulos sólo podrán ser cubiertos a los servidores públicos que cuenten con nombramiento y ocupen una plaza presupuestaria.

Artículo 24.Los órganos y organismos públicos podrán celebrar contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, únicamente cuando se reúnan los siguientes requisitos:

I.Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para tal efecto en sus respectivos presupuestos autorizados de servicios personales;

II.Los contratos no podrán exceder la vigencia anual de cada Presupuesto de Egresos;

III.La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que desempeñe el personal que ocupe una plaza presupuestaria, salvo las excepciones que se prevean en el Reglamento;

IV.El monto mensual bruto que se pacte por concepto de honorarios no podrá rebasar los límites autorizados conforme a los tabuladores que se emitan en los términos de las disposiciones aplicables, quedando bajo la estricta responsabilidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que la retribución que se fije en el contrato guarde estricta congruencia con las actividades encomendadas al prestador del servicio. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución General, no podrán rebasar los límites fijados por sus respectivas unidades de administración.

Tratándose de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, además se apegarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, los que deberán observar y cumplir las disposiciones generales aplicables.

La Secretaría de la Función Pública emitirá las disposiciones generales y el modelo de contrato correspondiente para las contrataciones por honorarios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Los órganos y organismos públicos deberán reportar en los informes trimestrales y la Cuenta Pública las contrataciones por honorarios que realicen durante el ejercicio fiscal.

Artículo 25.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, será responsable de establecer y operar un sistema, con el fin de optimizar y uniformar el control presupuestario de los servicios personales.

La Secretaría de la Función Pública contará con un sistema de administración de los recursos humanos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y para tal efecto estará facultada para dictar las normas de su funcionamiento y operación. El registro del personal militar lo llevarán las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, según corresponda.

Los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos con autonomía reconocida en la Constitución General, por conducto de sus respectivas unidades de administración, convendrán con la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública la manera de coordinarse en el registro del personal, a efecto de presentar periódicamente la información correspondiente.

Artículo 26.Salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, determinará en forma expresa y general los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las dependencias y entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan. En todo caso, los interesados podrán optar por el empleo o comisión que les convenga.

Artículo 27.La acción para exigir el pago de las remuneraciones prescribirá en un año contado a partir de la fecha en que sean devengados o se tenga derecho a percibirlas. El mismo término será aplicable a las recompensas y las pensiones de gracia a cargo del Erario Federal.

La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.

Artículo 28.Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad en el servicio de seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con él en la fecha del fallecimiento y se hagan cargo de los gastos de inhumación, recibirán hasta el importe de cuatro meses de las percepciones ordinarias que estuviere percibiendo en esa fecha.

Capítulo IIIDel Consejo para la determinación de las remuneraciones de los Servidores Públicos Federales

Artículo 29.El Consejo es un órgano de apoyo a la Cámara de Diputados, que tiene por objeto, establecer los criterios para la determinación de las remuneraciones de servidores públicos; así como hacer las propuestas de tabuladores de los órganos u organismos públicos.

Artículo 30.El Consejo estará integrado por:

a) Un Diputado, quien lo presidirá;

b) Un Senador;

c) Un representante de la Secretaria de la Función Pública,

d) Un representante de la Secretaría de Hacienda;

e) Un representante del Consejo de la Judicatura Federal;

f) Un representante del Instituto Federal Electoral;

g) Un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

h) Dos representantes de Universidades o instituciones de Educación Superior Públicas, en los términos que señale el reglamento de esta Ley;

i) Dos representantes de Universidades o Instituciones de Educación Superior Privadas, en los términos que señale el reglamento de esta Ley;

j) Dos representantes de organizaciones de la Sociedad Civil, en los términos que señale el reglamento de esta Ley;

k) Dos representantes en forma rotatoria, de las Confederaciones Nacionales de Cámaras de Comercio, Servicios, Turismo e Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que señale el reglamento de esta Ley.

Los cargos tendrán el carácter de honoríficos, por lo que no deberá retribuirse en forma alguna.

Artículo 31.El Consejo tiene las siguientes atribuciones:

Hacer estudios y análisis con el fin de establecer los criterios para la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos, de acuerdo a la clasificación prevista en el artículo 9 de la Ley ;

Hacer las recomendaciones a los órganos u organismos públicos, respecto de la conformación de los tabuladores;

Difundir los estudios y análisis que para el cumplimiento de su objeto, lleve a cabo;

Aprobar su Reglamento de sesiones.

Artículo 32. El Consejo sesionará válidamente cuando en la sesión se encuentren presentes más de la mitad de los miembros, siempre que entre ellos se encuentre el Presidente.

En caso de que en la primera convocatoria no se obtenga el quórum previsto en el párrafo anterior, se convocará  a una segunda reunión, en un plazo máximo de tres días, debiendo sesionar, con los miembros que asistan a la misma, aunque no se encuentre el Presidente.

Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. El Consejo sesionará al menos dos veces al año. La participación en el Consejo es de carácter honorífico.

Artículo 33.Durante el mes de febrero de cada año fiscal, el Consejo deberá emitir a los órganos u organismos públicos, las propuestas de remuneraciones de los servidores públicos, a efecto de que puedan integrarse en sus proyectos de presupuestos respectivos.

Artículo 34. El Consejo deberá apoyarse para el establecimiento de criterios en la determinación de remuneraciones, y en la elaboración de propuestas de tabuladores, de especialistas que formen parte de alguno o algunos de los órganos u organismos públicos.

Título TerceroDe las Responsabilidades Capítulo IDe la responsabilidad administrativa

Artículo 35. Son motivos de responsabilidad administrativa, y se sancionará con destitución e inhabilitación de seis meses a cinco años, para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, al servidor público que:

I.- Omita o altere registros, o partes de las nóminas de remuneraciones de los servidores públicos;

III. No conserve, en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, la documentación comprobatoria de la entrega de remuneraciones a los servidores públicos;

IV.  Entregar a un servidor público, remuneraciones mayores a los de su superior jerárquico .

Capítulo IIDe la responsabilidad penal

Artículo 36. Se sancionará con prisión de seis meses a seis años, y de quinientos a tres mil días multa, al servidor público que a sabiendas:

Autorice o entregue remuneraciones a un servidor público, superiores a las que perciba el Presidente de la República, en el correspondiente presupuesto de egresos.

Autorice o entregue remuneraciones a un servidor público, mayores a las que correspondan a su superior jerárquico, en el presupuesto de egresos correspondiente.

Artículo 37. Al servidor público que a título de remuneración, exija por sí o por conducto de otro, dinero, servicios o prestaciones que no estén incluidas en los tabuladores correspondientes, o en ley, o contrato colectivo o decreto legislativo, se le impondrán de dos a ocho años de prisión, y de quinientos a cinco mil días multa.

Artículo 38. Al que autorice el pago de  jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, liquidaciones  por servicios prestados, préstamos o créditos, sin que éstos se encuentren asignados por ley, decreto legislativo o condiciones generales de trabajo; se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de mil a diez mil días multa.

Artículo 39. Para la individualización de las sanciones previstas en este capítulo, el Juez tomará en cuenta, en su caso si el servidor público es trabajador de base o funcionario o empleado de confianza, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación, derogándose todas aquellas disposiciones contravengan su contenido.

Segundo. Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima establecida en el presente decreto, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente decreto.

Tercero. Todas las disposiciones legales que aludan a los emolumentos, salarios, sueldos, percepciones o cualquier expresión similar alusiva a la remuneración de los servidores públicos deberán entenderse en los términos de esta ley.

Cuarto. A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente decreto, las percepciones de los ministros, magistrado y jueces del Poder Judicial Federal que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente:

a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en esta Ley, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.

b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la Ley.

c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse si la remuneración total no excede el monto máximo antes referido.

Quinto. El Consejo deberá instalarse en un plazo máximo de 90 días, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre del año 2010.— Diputados: Gastón Luken Garza, Juan José Cuevas García, Luis Enrique Mercado Sánchez,  Ivideliza Reyes Hernández, María Sandra Ugalde Basaldúa, Rosa Adriana Díaz Lizama, César Octavio  Pedroza Gaitán, Sonia Mendoza Díaz, José Ignacio Seara Sierra, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Oscar Román Rosas González (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, señor diputado. Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY SOBRE CELEBRACION DE TRATADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre Celebración de Tratados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente: iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 1o., 2o., 12, 13, 14, 15 y 16 a la Ley sobre Celebración de Tratados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

2. En virtud de lo dispuesto en la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión.

3. Por su parte, la Ley sobre la Celebración de Tratados determina que se llamará tratado el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.

Los tratados internacionales constituyen compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en su conjunto, de manera que comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional.

4. Los derechos humanos hoy son un componente sin el cual un estado democrático no podría entenderse. No obstante la fuerza de tal premisa, en México la violación a los derechos fundamentales de las personas es una realidad que rompe con el sistema jurídico nacional e internacional en la materia.

5. La existencia de situaciones que vulneran los derechos humanos tiene en gran parte su raíz en la ausencia o deficiente educación en la materia, razón por la cual se plantea que las presentes reformas y adición.

6. Las víctimas de violación a los derechos humanos y los defensores de los derechos humanos hasta la fecha sufren la ignorancia y las resistencias de las autoridades judiciales y administrativas para aplicar el derecho contenido en los tratados.

Lo anterior, a pesar de que el artículo 128 de la Constitución de la República prescribe que todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

7. La entrada del siglo XX, primordialmente a raíz de los movimientos socio políticos que se generaron en América Latina y Europa, dio nacimiento a un nuevo constitucionalismo, acompañado de una superación del concepto mismo de soberanía. Esta concepción va a ser relativizada, admitiéndose así límites al derecho interno que van a derivar de los compromisos internacionales y de principios universales que van a ser reconocidos por los Estados.

8. Sin embargo, precisamente derivado de esa progresión de ideas, el enfoque de los tratados ha pasado de ser un conflicto de reconocimiento a uno de eficacia, que tiene que ver más con la manera en que éstos son incorporados al derecho interno.

9. A la fecha el artículo 11 de la Ley sobre la Celebración de Tratados ya prevé que las sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales derivados de la aplicación de los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales a que se refiere el artículo 8o., tendrán eficacia y serán reconocidos en la República, y podrán utilizarse como prueba en los casos de nacionales que se encuentren en la misma situación jurídica, de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados aplicables.

10. Al hablar de la incorporación de los tratados debe de analizarse si el Estado ha adoptado una posición dualista o monista respecto de la relación entre el instrumento jurídico internacional y el ordenamiento jurídico interno. Así, la doctrina dualistaresponde a la antigua concepción de Estado nacional, conforme a la cual existen dos ámbitos de derecho y jurisdicción: uno internacional y otro nacional. De acuerdo a esta tesis, los tratados no primarían sobre las leyes, tan sólo serían una fuente de interpretación para los jueces, sin capacidad jurídica vinculante.

Por su parte, la doctrina monistaclásica ha postulado que ambos ordenamientos jurídicos, el interno y el internacional, constituyen un solo sistema jurídico estrechamente relacionado, donde los tratados internacionales se incorporan de forma automática. Esta es la posición que ha trascendido en nuestro orden jurídico.

11. Es de indicar que bajo el sistema monista, el sistema jurídico nacional e internacional se interconectan y se constituyen en un único sistema jurídico estrechamente relacionados donde los tratados se incorporan de manera automática luego de haber sido ratificados soberanamente por los estados, y por lo tanto también se convierten en normas de aplicación inmediata por los tribunales.

12. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que a partir de lo previsto en el artículo 133 de la Constitución de la República, los tratados se encuentran en un segundo plano, inmediatamente debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales y locales.

Ese criterio se refrendó por ese alto tribunal en sesión de trece de febrero de dos mil siete, donde, al conocer sobre el amparo en revisión 120/2002. La Corte reiteró que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales.

Por otra parte, es de indicar que en la acción de inconstitucionalidad 47/200612y sus acumuladas, que siendo incluso anterior a la formulación del criterio de jerarquización a que nos hemos venido haciendo referencia, ha sentado las bases para considerar, en cierta medida, que la intención de ese alto tribunal es crear una especie de bloque de constitucionalidad (donde estarían incluidos, además de la constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales), a partir del cual estaría sujeta la conformidad de las leyes restantes.

Por ende, debe entenderse que los tratados guardan un lugar de privilegio frente a las llamadas leyes generales, con las consecuencias correspondientes.

13. Ahora bien, existen diversas posiciones en el sentido de que instrumentos internacionales de derechos humanos tienen la suficiente precisión como para aplicarse de manera cotidiana por los tribunales domésticos (autoejecutabilidad o autoaplicabilidad del tratado), pues los tratados en esta materia tienen como objetivos reconocer derechos y libertades fundamentales a favor de los individuos.

Al ratificar un tratado o convención en materia de derechos humanos, el Estado se encuentra obligado a prevenir, investigar y sancionar violaciones, así como de organizar instituciones que de manera efectiva cumplan con ese cometido.

14. De conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, “una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

15. En consecuencia, se propone adicionar los artículos 1o., 2o., 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, teniendo la adición como objetivo central compeler a las autoridades administrativas y judiciales para que apliquen el derecho internacional contenido en los tratados, específicamente en materia de derechos humanos.

Sin duda la reforma promoverá una aplicación más armónica y efectiva del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho nacional.

16. Por otra parte, es de indicar que la reforma planteada establece la aplicación del principio pro homine, principio que se encuentra ya contemplado en un considerable número de tratados en materia de derechos humanos: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los derechos de los niños, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Este principio garantizará que la interpretación de la disposición internacional se haga a favor del individuo, de tal forma que se proteja al individuo o a la víctima de violaciones de los derechos humanos.

Por expuesto y fundado, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan los artículos 1o., 2o., 12, 13, 14, 15 y 16 a la Ley sobre Celebración de Tratados

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 1o. a la Ley sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue:

Artículo 1o.La presente Ley tiene por objeto regular la celebración de tratados, instrumentos internacionales y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados sólo podrán ser celebrados entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. Los acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una dependencia u organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción II al artículo 2o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados y se recorre la actual numeración, para quedar como sigue:

Artículo 2o.Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. “Tratado”...

II. “Instrumentos Internacionales”: las convenciones, declaraciones, pactos o cartas que tienen como objeto reconocer los derechos humanos y que son conocidos como instrumentos internacionales de derechos humanos regionales o internacionales, así como los documentos vinculantes que deriven de su cumplimiento, como lo son las recomendaciones de los órganos o mecanismos de seguimiento.

III. “Acuerdo Interinstitucional”...

IV. “Firma ad referéndum”...

V. “Aprobación”...

VI. “Ratificación”, “adhesión” o “aceptación”...

VII. “Plenos Poderes”...

VIII. “Reserva”...

IX. “Organización Internacional”

Artículo Tercero. Se adiciona el artículo 12 a la Ley sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue:

Artículo 12. En materia de derechos humanos, la aplicación de los tratados ratificados por el Estado mexicano será obligatoria para jueces y autoridades administrativas.

Cuando el juez o la autoridad administrativa apliquen una ley local o federal en violación a una norma internacional en materia de derechos humanos que se deba cumplir, dará pie a responsabilidad en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo Cuarto. Se adiciona el artículo 13 a la Ley sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue:

Artículo 13. En caso de conflicto entre el tratado o convención de derechos humanos y la ley, prevalecerá el primero.

Artículo Quinto. Se adiciona el artículo 14 a la Ley sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue:

Artículo 14. Los derechos y garantías determinados en los tratados o instrumentos internacionales de derechos humanos, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad administrativa, a menos que contenga una estipulación expresa de ejecución por medio de una ley.

Artículo Sexto. Se adiciona el artículo 15 a la Ley sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue:

Artículo 15. Para los efectos de interpretación y aplicación de las disposiciones de un tratado o instrumento de derechos humanos, el contexto comprenderá, además del texto, su preámbulo y sus anexos.

Artículo Séptimo. Se adiciona el artículo 16 a la Ley sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue:

Artículo 16. Para efecto de interpretar y aplicar las disposiciones de los tratados en materia de derechos humanos se atenderá al principio de pro homine.

Transitorios

Primero. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para su mayor difusión publíquese en 3 diarios de difusión nacional.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

2 Este principio se tendría que aplicar en sus tres vertientes:

A) La aplicación de la norma más protectora.

B) La conservación de la norma más favorable.

C) La interpretación de la norma con sentido tutelar.

Palacio Legislativo, a 6 de octubre de 2010.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, todos los años el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público recauda millones de pesos por la venta de bienes asegurados por el gobierno federal, provenientes de diversas dependencias y entidades, así como del crimen organizado.

En materia de administración de bienes inmuebles, el 31 de diciembre de 2009, el padrón del SAE tenía en posesión 7 mil 424 inmuebles con un valor estimado a los 3 mil 166 millones de pesos. De ellos mil 609 fueron asegurados, entre otros, a cárteles de la droga y a organizaciones criminales.

En este sentido, con el combate frontal contra los principales cárteles del narcotráfico se han multiplicado de forma exponencial los bienes transferidos al SAE para su enajenación y venta. En los últimos 10 años es importante mencionar que se han incautado cerca de 70 mil bienes.

En este sentido, el gobierno federal ha realizado esfuerzos para desmantelar los bienes en posesión del crimen organizado. Sin embargo, también es cierto que el gobierno federal no ha podido erradicar los principales perjuicios que generan las organizaciones criminales en la sociedad.

Como consecuencia del narcotráfico, las adicciones han aumentado. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el consumo de drogas tales como la mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetamina, alucinógenos, inhalantes y otras drogas han aumentado de un 4 a un 5 por ciento.

Éste es un problema de seguridad nacional y salud pública que crece día con día, lo cual, además de confrontar con los valores familiares y la efectividad de la educación familiar, desestabiliza a la sociedad y a los tres órdenes y niveles de gobierno.

Como representante de la nación estoy plenamente convencido de que es una tarea insoslayable erradicar estos males y debemos apoyar el fortalecimiento de aquellos programas federales instrumentados principalmente por el Poder Judicial de la federación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública para coadyuvar en la promoción de la cultura de la legalidad, la prevención del delito y el combate a las adicciones.

Consciente de esta necesidad, considero que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes debe asumir el compromiso social de destinar los recursos obtenidos de la enajenación y venta de bienes inmuebles asegurados a las organizaciones criminales para el fortalecimiento y difusión de programas que contribuyan a la armonía social, a la prevención del delito y a las adicciones.

Estoy seguro de que la política preventiva es parte sustancial del combate contra el crimen. Por ello es necesario dar impulso a programas con acciones integrales a nivel nacional, estatal y municipal, a fin de evitar que haya más mexicanas y mexicanos que se conviertan en delincuentes, que sufran violación a su integridad o a su patrimonio o que queden atrapados por el consumo de las drogas.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía las reformas a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y al Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de que los recursos que obtenga el SAE por la enajenación de los bienes decomisados a las organizaciones criminales sean entregados en partes iguales al Poder Judicial de la federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y sobre todo a la Secretaría de Educación Pública, a fin de que fortalezcan y difundan los programas institucionales relacionados con la prevención del delito, el combate a las adicciones y la cultura de la legalidad.

Diputado presidente, por economía parlamentaria le solicito atentamente que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Compañeras y compañeros, por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar

El suscrito, diputado federal Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y diputado sin partido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que se reforma el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), es un organismo público descentralizado, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se crea en 2003 a partir del Fideicomiso Liquidador y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fidelic) y el Sistema de Administración de Bienes Asegurados (Sera) y con las funciones de la Unidad de Desincorporación (SHCP), Destino de Bienes del Comercio Exterior (SAT), y Activos no Monetarios (Tesofe).

De conformidad con la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que tiene por objeto regular la administración y destino de los bienes asegurados ministerialmente, corresponde al SAE, según sea el caso, la administración, enajenación, destrucción o destino de los bienes que le sean transferidos por las entidades transferentes.

Su objetivo es dar trámite y destino, entre otros, a: 1. Bienes asegurados y decomisados; 2. Bienes recibidos en donación en pago; 3. Bienes sujetos a procedimientos establecidos en otras leyes; 4. Bienes que pasaron a ser propiedad del gobierno federal; 5. Títulos, valores y activos y demás derechos susceptibles de enajenación; 6. Bienes del dominio privado de la Federación y los que constituyan patrimonio de las entidades paraestatales; y 7. Cualquier bien que el gobierno federal, sus entidades paraestatales y dependencias pueda disponer de él, en términos de la normativa aplicable.

Todos los años, el SAE recauda centenares de millones de pesos por la venta de bienes asegurados por el gobierno federal, provenientes de diversas entidades, tales como: Sistema de Administración de Aduanas, Tesorería de la Federación, Financiera Rural, Secretaría de Gobernación, Banobras, Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Procuraduría General de la República (PGR), entre otras. En materia de administración de bienes inmuebles, al 31 de diciembre de 2009 el padrón del SAE tenía en posesión 7,424 inmuebles con un valor estimado a los 3,166 millones de pesos. De ellos, 1,609 fueron asegurados, entre otros, a organizaciones del crimen organizado.

En ese sentido, con el combate frontal contra los principales cárteles de la droga en el país, y en general contra todas las organizaciones criminales, se han multiplicado de forma exponencial los bienes transferidos al SAE para su enajenación y venta. Por mencionar algunas cifras, durante los años 2000-2009, el gobierno federal vendió 69 mil 870 bienes muebles e inmuebles asegurados a narcotraficantes, por los que obtuvo cerca de 900 millones de pesos. De estos, por un lado, la mayor parte corresponden al sexenio de Vicente Fox, pues se liquidaron 59 mil 298 por la cantidad de 676 millones 120 mil 533 pesos. Por otro lado, en los primeros tres años y medio del actual sexenio se han enajenado 10 mil 572 bienes por un monto que alcanza los 185 millones de pesos.

En el listado de bienes asegurados y vendidos de 2000 a 2009, aparece la venta de 5 mil 96 vehículos (automóviles, camionetas y tractocamiones), con precios que van de 170 mil a 650 mil pesos por unidad; 70 aeronaves y 238 embarcaciones; yeguas finas de la raza friesian vendidas entre 70 mil y 90 mil pesos; etcétera. En el apartado correspondiente a la venta de inmuebles, el SAE señala que de 2006 a 2009 se vendieron a valor de mercado tres departamentos localizados en el Distrito Federal, así como cuatro casas en Jalisco, estado de México y San Luis Potosí, y un terreno urbano en Sinaloa. La suma de las ocho transacciones fue de 34 millones 540 mil 742.81 pesos.

En el mes de junio de 2010, el SAE subastó 733 lotes asegurados a organizaciones del crimen organizado que en conjunto superaron el valor de 6.9 millones de dólares, destacando vehículos, avionetas, embarcaciones, obras gráficas, contenedores de mercancía diversa, joyería, y miles de bienes materiales, decomisados en aduanas o requisados por deudas fiscales.

Es preciso señalar, que el gobierno federal ha realizado extraordinarios esfuerzos para desmantelar los bienes en posesión del narcotráfico y el crimen organizado. En esta tarea, la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Seguridad Pública (SSP) y la Administración General de Aduanas (AGA), han cumplido un papel de primer orden al alcanzar récords mundiales en decomisos y aseguramientos de bienes y valores a narcotraficantes. Sin embargo, también es cierto que el gobierno federal no ha podido erradicar los principales perjuicios que generan las organizaciones criminales en la sociedad.

El narcotráfico genera inseguridad y violencia, degrada el tejido social, lastima la integridad de las personas y pone en riesgo la salud física y mental de nuestros adolescentes y los jóvenes. Es una realidad que en entidades clave para el trasiego de la droga, tales como Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero y Michoacán, ser un narcotraficante parece una opción real de nuestros jóvenes para ganarse la vida. En esas entidades es común observar que los alumnos abandonan las escuelas para enlistarse a alguna organización criminal, principalmente como un instrumento para ganar prestigio y respeto.

Las organizaciones criminales son uno de los mayores problemas de México, y sin duda el fenómeno que más lacera la armonía social es el incremento de muertes relacionadas con el tráfico de estupefacientes. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, al mes de julio de 2010 se habían realizado más de 7,000 ejecuciones, cifra preocupante si las comparamos con las 9,635 registradas en 2009. Lo es mucho más que en los tres años y medio del actual sexenio se hayan realizado cerca de 25,000 asesinatos.

Como consecuencia del narcotráfico, las adicciones se han multiplicado exponencialmente, de acuerdo con la V Encuesta Nacional de Adicciones, coordinada por la Secretaría de Salud (SSa), el consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 años de edad ha aumentado de un 5 por ciento observado en 2002 a un 5.7 por ciento en este periodo. Las drogas ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras drogas) aumentaron de 4.6 a 5.2 por ciento.

La mariguana y la cocaína son las sustancias preferidas entre la población. El consumo de la primera aumentó de 3.5 a 4.2 por ciento; el aumento en el consumo de la segunda fue mayor: pasó de 1.2 por ciento en 2002 a 2.4 por ciento en 2008, es decir, que se duplicó entre ambas mediciones. El crecimiento en el número de usuarios de cocaína se debe a los cambios de ruta del mercado de drogas y el reforzamiento de las medidas de seguridad en las fronteras norte y sur del país, que propician un incremento de disponibilidad de sustancias.

Por supuesto, nuestro país cuenta con una infraestructura eficaz para el tratamiento de las adicciones, hoy día, existen en operación 329 centros de atención a las adicciones Nueva Vida, donde laboran más de mil 200 especialistas, que se unen a los 110 centros de integración juvenil y más de 400 centros civiles y privados, conformando la red más grande del mundo. Sin embargo, es necesario fortalecerlos para rehabilitar a todas las mexicanas y mexicanos que han sido presas del consumo de estupefaclentes.

El involucramiento de nuestros adolescentes y jóvenes con las organizaciones criminales, los constantes asesinatos, el clima de violencia, así como el aumento de personas adictas a las drogas, son factores que perturban la vida de las comunidades y alteran la estabilidad de los núcleos familiares. Este es un problema de seguridad nacional y salud pública que crece día con día, lo cual, además de confrontar los valores familiares y la efectividad de la educación familiar, desestabiliza a la sociedad y a los tres órdenes de gobierno.

Como representante de la nación, estoy plenamente convencido que es una tarea insoslayable erradicar estos males, y pienso que una solución eficaz es a través del fortalecimiento de aquéllos programas federales, instrumentados principalmente por el Poder Judicial de la Federación (PJF), la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Salud (SSa) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), que promueven la cultura de la legalidad, la prevención del delito y combate a las adicciones. Sé que es un reto de gran importancia por superar, sobre todo en cuanto a los recursos adicionales que requieren para mejorar su operación.

Consciente de esta necesidad, considero que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), debe asumir el compromiso social de destinar los recursos obtenidos de la enajenación y venta de bienes inmuebles asegurados a las organizaciones criminales para el fortalecimiento y difusión de programas que contribuyan a la armonía social.

Estoy seguro que como lo señala el Plan Nacional de Desa-rrollo, 2007-2012, la política preventiva es parte sustancial del combate contra el crimen. Por esto, es necesario dar impulso a programas de acciones integrales a nivel nacional, estatal y municipal, a fin de evitar que haya más mexicanos que se conviertan en delincuentes, que sufran violación a su integridad y su patrimonio, o que queden atrapados por el consumo de drogas.

Por lo expuesto y motivado, y para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, en lo correspondiente a la política de prevención del delito, someto al pleno de esta soberanía

Iniciativa con proyecto de decreto  que reforma la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y al Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo Primero.Se adiciona un párrafo sexto al artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 89....

...

...

...

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...

Los recursos que obtenga el SAE por la enajenación de los bienes decomisados en los procesos penales a que se refiere la fracción I del artículo 1 de esta ley, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, a fin de que fortalezcan y difundan los programas institucionales relacionados con la prevención del delito, el combate a las adicciones y la cultura de la legalidad.

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, eliminándose el párrafo segundo, para quedar como sigue:

Artículo 182-R. Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada ley, en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública.

Los recursos que correspondan al Poder Judicial deberán destinarse a programas que promuevan la atención de las víctimas del delito.

Los que correspondan a la Procuraduría General de la República deberán destinarse a la difusión de las consecuencias de la violencia y el crimen en la seguridad de la población.

Los que correspondan a la Secretaría de Salud a programas de prevención contra las adicciones y rehabilitación de farmacodependientes.

Los que correspondan a la Secretaría de Educación Pública se destinarán para el fortalecimiento de programas que promuevan la cultura de la legalidad y la seguridad en las escuelas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Comunicado de prensa 01/10, México, D.F., 25 de enero de 2010.

2 El 15 de marzo de 2007, la Policía Federal realizó el mayor decomiso de dinero en efectivo en el mundo proveniente del crimen organizado, al incautar 205 millones de dólares en la Ciudad de México. Tercer Informe de Gobierno, Gobierno Federal, 1 de septiembre de 2009.

3 V Encuesta Nacional de Adicciones 2008, Secretaría de Salud-Instituto Nacional de Salud Pública, México 2008.

4 Ibídem.

5 Consejo Nacional contra las Adicciones, www.conadic.salud.gob.mx

6 Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2010, Eje 1. Estado de Derecho y Seguridad, Estrategia 1.11. Prevención del Delito.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de octubre de 2010.— Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado, insértese el texto íntegro de su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia.

El señor diputado Vázquez Aguilar también ha invitado a maestros y alumnos del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, de la licenciatura de comercio exterior. Les enviamos un saludo.

LEY DE ENERGIA PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Energía para los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

El diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados del honorable Congreso de la Unión, el objetivo de los sistemas de agua es atender a la ciudadanía que les confiere la administración del sistema de aguas. Los beneficiarios de sus servicios, los usuarios, sus clientes, son ciudadanos con poder de voto y decisión en el sistema, patrones del organismo y copropietarios de la infraestructura, y no, desde luego, con objeto de lucro.

El usuario les ha conferido a los sistemas de agua la obligación de mantener, acrecentar y administrar su patrimonio, hacerlo eficientemente útil y duradero. Además, los sistemas tienen la facultad de preservar el recurso para no afectar los intereses de las generaciones futuras.

El marco legal ha sido creado por instituciones especializadas o por representantes electos para prever riesgos y ofrecer las mejores garantías posibles al ciudadano que solicita servicios públicos. Sin embargo, esas disposiciones pueden estar incompletas y, por tanto, son perfectibles.

Es por ello que es necesario reconocer la problemática financiera que estos organismos operadores de agua tienen, dado que el servicio que brindan tiene características sociales, pero no los servicios públicos que éstos pagan.

Los energéticos como la gasolina, el diesel, el combustóleo y la energía eléctrica son empleados directamente en las actividades para satisfacer el servicio de agua potable para uso doméstico, así como para atender las demandas de sus comunidades por contingencias climatológicas, para lo cual, entre otros, se requieren motores para bombeo y rebombeo, vehículos de fuerza motriz, maquinaria y motores fuera de borda.

Los sistemas de agua potable son considerados como cualquier empresa de la iniciativa privada, verbigracia, en los últimos tres años la tarifa H6 impuesta por la Comisión Federal de Electricidad a dichos organismos se ha incrementado más de 30 por ciento, y qué más que añadir el deslizamiento gradual de las gasolinas y sus derivados.

El fin del marco legal en torno a los derechos y obligaciones de un sistema de agua es preservar los recursos hídricos e hidráulicos para que la ciudadanía actual y futura proporcione un servicio de calidad, pero también el objeto más importante que es el interés social.

Cuando una disposición legal o su vigilancia fallan suele haber quejas, peticiones y demandas de la ciudadanía. Transformar esas inquietudes en leyes y reglamentar apropiados y establecer mecanismos para asegurar su cumplimiento es nuestra responsabilidad como legisladores.

El principal sustento legal para la administración del agua en la República Mexicana es el artículo 27 de la Constitución, que establece que las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional son propiedad de la nación. El Ejecutivo federal puede autorizar la explotación, el uso o el aprovechamiento a particulares mediante concesiones y a los gobiernos estatales y municipales mediante asignaciones. En la actualidad la federación ejerce tales funciones a través de la Comisión Nacional del Agua.

El artículo 27 constitucional está reglamentado por la Ley de Aguas Nacionales. El artículo 115 de la Constitución establece a partir de las reformas del 23 de diciembre del 99, la responsabilidad plena de los municipios de prestar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales dentro de su jurisdicción. El municipio podrá operar dichos servicios mediante órganos descentralizados.

Deseo subrayar el hecho de que no existe una ley reglamentaria para el artículo 115 constitucional de la materia. En relación a lo anterior, los gobiernos estatales han creado las comisiones estatales de agua que procuran respetar la soberanía de los municipios y a la vez observar las leyes federales.

Estas comisiones coordinan a los Sistemas de Agua Municipales, que de otra manera estarían aislados. Las comisiones estatales brindan asesoría, apoyo financiero y promueven el cumplimiento de la normatividad. La actuación de estas comisiones suele ser normativa y está respaldada por la correspondiente ley estatal del agua.

La presente iniciativa propone la Ley de Energía para los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, reglamentaria del artículo 115 constitucional, que tiene por objeto apoyar a las familias mexicanas en el consumo de agua para su uso doméstico, estableciendo una cuota energética con precios y tarifas para los sistemas de agua potable, la cual el Ejecutivo deberá determinar a través de la Secretaría de Hacienda, en el proyecto de decreto de la Ley de Ingresos, y en el decreto del Presupuesto de Egresos que se haga llegar a esta soberanía.

Los ahorros obtenidos en la operación para el uso doméstico de agua por parte de los sistemas de agua deberán ser trasladados al usuario y verse reflejados en su recibo de pago.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, y teniendo como objetivo el bienestar de los mexicanos, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de ley que crea la Ley de Energía para los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

En espera de recibir su total apoyo a esta iniciativa, le reitero mi agradecimiento por la atención a dicho documento. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley de Energía para los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo del diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza,de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa de ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

El agua es un recurso vital y estratégico para la seguridad nacional en virtud de sus valores económico, social y ambiental. Por ello, debe privilegiarse para las generaciones futuras. Debido a la deficiente gestión del agua, al crecimiento demográfico y a la expansión de  las actividades productivas de las últimas décadas, muchos municipios enfrentan el serio problema de tener cada vez menor disponibilidad de agua. El problema se agrava al combinarse con la contaminación de los cuerpos de agua superficiales, el abatimiento del  nivel de las aguas subterráneas y el riesgo de fallas en el abasto por cuestiones  energéticas. Además, se encarecen las extracciones y aumenta la competencia por el  líquido entre diferentes tipos de usuarios.

En nuestro país, los servicios de agua potable están a cargo de los municipios, que crean organismos operadores para satisfacer las necesidades de abasto, alcantarillados, saneamiento y disposición sin riesgo de las aguas residuales. Se les llama Comisión de Agua, Junta de Agua, Sistema Descentralizado de Agua, Comité del Agua, Empresa de Agua, etc. Algunos. Pertenecen directamente al gobierno municipal y otros son concesiones parciales otorgadas por el municipio a empresas privadas con fines de lucro. Estos sistemas de agua deberán estar constituidos formalmente mediante algún decreto de creación firmado por el ayuntamiento municipal y teniendo de testigos a las autoridades estatales. Existen diversos aspectos legales, normativos y de usos y costumbres que rigen la labor de estos sistemas, además, se recomienda que éste cuente con suficientes instrumentos técnicos  para medir su desempeño y resolver cualquier problema o anomalía de inmediato y a escala local. Las leyes y reglamentos relacionados con el manejo del agua deben promover justicia y equidad, disminuir riesgos y exigir la generación de información confiable, la planeación  cabal y el uso sustentable de los recursos. Deben lograr la ampliación de coberturas a la sociedad urbana y rural, además de mejorar la calidad y seguridad de los servicios de agua potable y saneamiento.

El principal sustento legal para la administración del agua en la República Mexicana es el artículo 27 de la Constitución, que establece que las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional son propiedad de la nación. El Ejecutivo federal puede autorizar la explotación, el uso o el aprovechamiento a particulares mediante concesiones y a los gobiernos estatales y municipales mediante asignaciones. En la actualidad la Federación ejerce tales funciones a través de la Comisión Nacional del  Agua. La Ley de Aguas Nacional está reglamenta por el  artículo 27 constitucional. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, a partir de las reformas del 23 de diciembre de 1999, la responsabilidad plena de los municipios de prestar los servicios de agua  potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales dentro de  su jurisdicción, el municipio podrá operar dichos servicios mediante órganos Descentralizados. Sus tareas son:

- Prestar los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento en su respectiva Jurisdicción.

- Participar, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, en la prestación del servicio, de acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades.

- Planear y programar la prestación de los servicios.

- Realizar, por sí mismos o a través de terceros, las obras de infraestructura hidráulica.

Su operación y mantenimiento.

- Adoptar las medidas necesarias para alcanzar su autosuficiencia financiera.

No existe una ley reglamentaria para el artículo 115 constitucional en la materia.

Para apoyar la gestión local del agua, los gobiernos estatales han creado las Comisiones Estatales de Agua, que procuran respetar la soberanía de los municipios y a la vez observar las leyes federales. Estas comisiones coordinan a los sistemas de aguas municipales, que de otra manera estaría aislada. Las comisiones estatales brindan asesoría, apoyo financiero y promueven el cumplimiento de la normatividad. La actuación de estas comisiones suele ser normativa y está respaldada por la correspondiente Ley Estatal de Agua.

La presente iniciativa de Ley de Energía para los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Tiene por objeto, apoyar a las familias mexicanas en el consumo de Agua para Uso Domestico, estableciendo una cuota energética con precios y tarifas para los Sistemas de Agua Potable, la cual el Ejecutivo deberá determinar a través  de la Secretaria del Ramo en el Proyecto de Decreto de Ley de Ingresos y del Decreto del Presupuesto de Egresos.

Los ahorros obtenidos en la operación para el Uso de Agua Domestico por parte de los Sistemas de Agua, deberán ser trasladados al usuario y verse reflejado en su recibo de pago.

Por lo anteriormente fundado y expuesto y teniendo como objetivo el bienestar de los mexicanos, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que crea la Ley de Energía para los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Único:Se crea la Ley de Energía para los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Ley de Energía para los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Capítulo PrimeroDel objeto y aplicación de la ley

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República Mexicana.

Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a coadyuvar al desarrollo sustentable del país, estableciendo acciones que protejan la economía familiar, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a las regiones del país de conformidad con lo que establece el artículo 3 fracción XXI y demás disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

La aplicación de esta ley corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Artículo 2o. Son sujetos de esta ley los previstos en el artículo 3o. fracciones L, LII, LIV, LVI y LX de la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Sistemas de servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento: La empresa estatal, del Distrito Federal o de los municipios que brinde: Conjunto de obras y acciones que permiten la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento, entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales, para uso domestico.

III.Cuota energética. El volumen de consumo de energético para el Servicio de Agua Potable Domestico que se establezca para cada Sistema que reciba el beneficio;

IV.Desarrollo sustentable.El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido dentro de los núcleos considerados urbanos, de acuerdo con las disposiciones aplicables asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de los centros de población y asentamientos humanos;

V. Energéticos para el servicio de agua potable domestico. Son la gasolina, el diesel, el combustóleo y la energía eléctrica empleados directamente en las actividades para satisfacer el servicio de agua potable para uso domestico;

VI.Ley.La Ley de Energía para los Sistemas de Servicio Público de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento;

VII. Precios y tarifas. Son los precios y tarifas cuyo propósito es proteger la economía familiar en los términos de esta ley y su reglamento,  los cuales nunca podrán ser superiores a los establecidos en el mercado nacional e internacional y

VIII.Programa.Programa de Energía para los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Capítulo SegundoDe las cuotas energéticas

Artículo 4o.El Poder Ejecutivo federal establecerá el programa, mediante precios y tarifas de estímulo de los energéticos a los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

El Poder Ejecutivo federal incluirá dentro del proyecto de Ley de Ingresos y del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, las previsiones necesarias para atender la operación del programa.

Artículo 5o. En los términos de la Ley de Aguas Nacionales, los precios y tarifas que se otorguen a los sistemas de agua potable en cumplimiento de lo establecido en este ordenamiento, protegiendo el salario de los trabajadores.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, establecerá los precios y tarifas de estímulo de los energéticos a los sistemas de agua potable, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional.

También se observarán las disposiciones señaladas en los artículos 12 fracciones VI y VII y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Los precios y tarifas de protección a la economía de la familia, serán iguales para todos los sistemas de agua potable del país.

Artículo 6o. La cuota energética de consumo por beneficiario a precio y tarifas de protección, se entregará de acuerdo con las disposiciones que establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el reglamento respectivo.

Artículo 7o. La cuota energética se otorgará previo dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y se utilizará exclusivamente en:

I.Motores para bombeo y rebombeo, vehículos de fuerza motriz, maquinaria y motores fuera de borda, que se utilicen directamente en las actividades objeto de esta ley, según lo establecido en el artículo 3o. fracción II, de la misma;

II. Maquinaria pesada utilizada en Contingencias Naturales y

III.Las demás actividades que establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Reglamento.

El reglamento establecerá el consumo mensual o anual, según sea el caso. La adopción del programa deberá significar ahorro en sistema de agua potable y en consecuencia en la economía domestica y establecerá por parte del sistema de agua potable un compromiso de mayor eficiencia productiva y energética. Los requisitos del mismo serán establecidos en el reglamento que para tal efecto emita la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La solicitud de cuota energética deberá hacerse por cada año fiscal.

Artículo 8o.Las cuotas energéticas serán establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, tomando en cuenta las características diferenciadas de las regiones del país.

Artículo 9o. El Reglamento de la presente ley, deberá establecer los mecanismos de supervisión y verificación de la cuota energética en cuanto su aplicación y asignación.

Capítulo TerceroDe los requisitos y obligaciones de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Artículo 10. Se considera a la cuota energética como estimulo para apoyar a la economía nacional y familiar. Por ello los sistemas de agua deberán presentar un informe anualizado del traslado de esos ahorros a las familias mexicanas.

Artículo 11. Los sistemas de agua potable beneficiarios del programa, deberán cumplir las condiciones, trámites y requisitos que establezca el Reglamento de esta ley.

Artículo 12. Los sistemas de agua potable, estarán a lo que determine el Reglamento de la presente ley, cuando no se haga uso del total anualizado del la cuota energética.

Capítulo CuartoDe las infracciones y sanciones

Artículo 13. Son infracciones a la presente ley:

I.El desvío de la cuota energética para fines diversos a los que fue autorizada el Sistema de Agua Potable, y

II. Comercializar la cuota energética.

Artículo 14. Las infracciones señaladas en el artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos y penales a que haya lugar o ambas.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal expedirá dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta ley, el Reglamento del presente cuerpo normativo y demás disposiciones administrativas necesarias.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 4 de noviembre de 2010.— Diputados: Ricardo Armando Rebollo Mendoza, Janet Graciela González Tostado, María Isabel Merlo Talavera, Malco Ramírez Martínez, Julieta Octavia Marín Torres, Blanca Estela Jiménez Hernández, Violeta Avilés Álvarez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Energía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se recibió del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, presenta ante esta soberanía, la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud, define la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social en armonía con el medio ambiente, y no sólo como la ausencia de infecciones o enfermedades. La salud de la población es y ha sido siempre una obligación del Estado, como un fin para alcanzar el estado de bienestar, en el entendido de que la función del Estado incluye tanto la protección de la salud de sus gobernados, como la prestación de un servicio público que satisfaga los preceptos establecidos en la Constitución.

México adolece de un buen sistema de seguridad social integral, así como de una política pública de Estado, integral, en materia de salud. Esto impacta a toda la población, pero son invariablemente las clases sociales más bajas y vulnerables, como los niños, los ancianos y los enfermos, quienes se ven más afectadas.

La ausencia de programas integrales que favorezcan la nutrición y la salud en general y eviten la obesidad en las personas, trae como consecuencia problemas sociales mayúsculos. La obesidad ya vista como enfermedad, ocasiona padecimientos crónico-degenerativos y es causante de otras enfermedades cardiovasculares, de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, y también provoca niveles elevados de colesterol, entre otros padecimientos.

Las causas del problema son diversas y multifactoriales, unas que pueden ser culturales, otras biológico-genéticas e incluso también pueden haber causas ambientales.

En relación con las causas culturales, es urgente promover un mayor cuidado en la dieta y en los hábitos alimenticias de las personas. Se ha comprobado que la obesidad y la obesidad mórbida son causadas por la mala nutrición de las personas, pero principalmente por los malos hábitos alimenticios; es decir que las personas consumen una dieta con mayor ingesta calórica, producida por alimentos con alto contenido de grasas saturadas, azúcares, bebidas endulzadas, carbohidratos simples, es decir refinados. Es indispensable procurar una mayor ingesta de verduras, frutas, carbohidratos complejos (cereales) y promover rutinas de actividad física que impliquen la práctica del ejercicio para las personas.

México es hoy día, el país con más personas con obesidad en el mundo; cerca del 30 por ciento de la población son obesos y 70 por ciento tienen sobre peso. Del total de las mujeres, es decir del 100 por ciento de mujeres mexicanas, 72 por ciento tienen sobrepeso y del 100 por ciento de los hombres, 67 por ciento tienen sobrepeso. Estos datos son de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Además tenemos que la población infantil se ve seriamente afectada, puesto que 31 por ciento de la misma, padece obesidad. En consecuencia, más de la mitad de la población padece obesidad o tiene sobre peso.

Asimismo la OCDE, destacó que el costo de combatir la obesidad sería tan bajo como de 12 dólares por persona, costo per cápita. Con ello además de contribuir a disminuir las causas de mortalidad, que ascienden a unas 55 mil muertes anuales aproximadamente, se contribuirá a la disminución significativa del gasto público en materia de salud.

Para dar una pequeña muestra de las afirmaciones anteriores, tenemos que de la atención a las enfermedades ocasionadas por obesidad, tales como Diabetes mellitus, gastamos 322 mil 406 millones de pesos; para la atención a las enfermedades cardiovasculares, 276 mil 406 millones de pesos; obesidad (considerando que sólo 50 por ciento de las personas que la padecen solicitan atención médica), 147 mil 583 millones de pesos, e incluso se atienden diversos tipos de cáncer que son estimulados por la condición de obesidad, cuyos costos ascienden aproximadamente a 1,579 millones de pesos.

El problema tardaría aproximadamente 10 años en revertirse, al decir de los expertos, pero es necesario empezar a actuar a la brevedad posible, pues de no hacer nada, la cifra de personas con obesidad iría en aumento, al extremo que, según las estadísticas disponibles, en el año 2015, la obesidad representaría una carga financiera superior a los 100 mil millones de pesos, de los cuales 70 mil millones corresponderían exclusivamente a gastos médicos.

En consecuencia, es evidente que se trata de un problema social, de interés público, y por ello se justifica la existencia de una política pública para enfrentarlo a través de acciones gubernamentales, puesto que la salud es un derecho constitucional, lo que lo confiere un carácter de obligación del Estado.

Estos problemas se pueden ver mejorados con un programa integral de salud, que abarque desde la medicina preventiva, hasta la medicina curativa; es decir, crear un programa de salud integral para la población desde la infancia hasta la senectud, donde  la sociedad tenga acceso a la información adecuada y necesaria, tanto en las escuelas como en el sector salud.

El Estado debe contar con información adecuada, que se pueda traducir en una cultura por una vida más sana, y debe favorecer programas de carácter obligatorio, como el fomento al deporte, la restricción a ciertos productos denominados “comida chatarra”, sobre todo en sectores de la población más vulnerables, como son los menores de edad, y debe, además, incentivar las restricciones contra productos nocivos para la salud, e impulsar las campañas para de-sestimular su consumo.

Se debe actuar cuanto antes, ante la imperiosa necesidad de combatir este problema, pues de no hacerlo, los problemas a largo plazo impactarán, no sólo directamente en la salud de las personas, sino que también en la economía del país, puesto que será el Estado quien deberá solventar después los enormes costos que tienen tratamientos concernientes a enfermedades crónico degenerativas.

Además del sector salud, un programa así, deberá abarcar otras dependencias como las Secretarías de Educación Pública, de Gobernación y demás dependencias vinculadas a la materia, ya que el problema de salud que hoy vive México, como se ha dicho antes, es de interés público.

El restringir la venta de productos considerados como nocivos para la salud, así como, de la comida chatarra, implica cierta reducción de las ganancias de quienes ejercen su actividad mercantil en torno a estos productos, aunque no deberá ser mayor al beneficio alcanzado en la salud de la población, en la inteligencia de que se deberá ponderar y privilegiar siempre el interés público sobre el interés particular.

Llevando a cabo medidas como ésta, el estado alcanzaría un ahorro interesante en materia de salud, toda vez que previniendo factores como la obesidad entre otros, se podría ahorrar en tratamientos largos y costosos a futuro.

En principio hay que aceptar que estamos ante un problema ante el cual el Estado no puede ser omiso. De no hacer nada al respecto, de seguir la actitud apacible frente a este problema, en particular de seguir consecuentando un deficiente sistema de salud, las consecuencias serían muy graves, por decir lo menos. Ya que de no contar pronto con un sistema de seguridad social adecuado, integral y eficaz, los problemas del sector se verían seriamente agravados. Por tanto, consideramos que una legislación que derive en alentar campañas de prevención permanente contra el problema de la obesidad, no sólo es una alternativa, sino que apunta a ser parte de una solución.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud

Único. Se adiciona la fracción IV y se recorren las subsiguientes fracciones del artículo 2; se reforma la fracción XIV, se adiciona la fracción XXI y se recorren las subsiguientes fracciones y se reforma la fracción XXVII del artículo 3; se adiciona el capitulo II del Titulo Décimo Primero y se recorren los demás capítulos y artículos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a III. ...

IV. La prevención de las enfermedades crónico-degenerativas derivadas de la obesidad.

V.La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

VI.El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VII.El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VIII.El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

Artículo 3. ...

XIV. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares ; aquellas atribuibles al tabaquismo y a la obesidad.

XV. a XX. ...

XXI. El programa contra la obesidad;

XXII.El programa contra el alcoholismo;

XXIII. El programa contra el tabaquismo;

XXIV.La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la fármaco-dependencia ;

XXV.El control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación;

XXVI.El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos;

XXVII.El control sanitario de los establecimientos dedicados al proceso de los productos incluidos en la fracciones XXI,XXII y XXIII ;

XXVIII.El control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios a que se refiere esta ley;

XXIX. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células ;

XXIX Bis.El control sanitario de cadáveres de seres humanos;

XXX.La sanidad internacional;

XXXI.El tratamiento integral del dolor, y

XXXII.Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del Artículo 4o. Constitucional .

Título Décimo PrimeroProgramas contra las adicciones y enfermedades adictivas Capítulo IConsejo Nacional Contra las Adicciones

Artículo 184 Bis. ...

Capítulo IIPrograma para la prevención de la obesidad y tratamiento del sobre peso

Artículo 185. La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa para la prevención de la obesidad y tratamiento del sobrepeso  a través de las siguientes acciones:

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación a la sociedad en general acerca de la importancia de contar con buenos hábitos alimenticios;

II. Promover la educación sobre los efectos de la obesidad y el sobre peso en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, mujeres, y toda aquella persona que se encuentre en un sector vulnerable, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, y

III. Fomentar actividades físicas, deportivas y de cultura que coadyuven a la lucha contra la obesidad y sobre peso, especialmente en sectores de la población considerados como más vulnerables.

Artículo 186. Realizar acciones de investigación, permanentes enfocadas en los siguientes aspectos:

I. Causas de la obesidad y sobre peso;

II. Factores externos que la provocan;

III. Hábitos alimenticios de las personas en la sociedad y en la familia.

Artículo 187. En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen para la prevención de la obesidad y el tratamiento del sobre peso. La coordinación en la adopción de medidas, en los ámbitos federal y local, se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas.

Capítulo IIIPrograma contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas

188. a 485. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 21 de octubre de 2010.— Diputado Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Salud.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud.

La diputada María Cristina Díaz Salazar:Gracias, señor presidente. Compañeros legisladores, la salud mental es cómo pensamos, sentimos y actuamos, cómo lidiamos con la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. Al igual que la salud física, la salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta.

Las enfermedades mentales son comunes. Estos trastornos: depresión, fobias, trastorno bipolar, esquizofrenia y muchos otros son enfermedades reales que no desaparecerán por su voluntad. Afortunadamente, suelen ser tratables. La medicina y la terapia pueden mejorar la vida de la mayoría de las personas con enfermedades mentales.

México se encuentra rezagado en la atención que brinda a la salud mental, si bien se estima que alrededor de 15 por ciento de la población de nuestro país padece algún trastorno mental, sólo el 2.5 por ciento de los pacientes se encuentran bajo supervisión de algún especialista.

Nuestro país tiene 2.7 psiquiatras por cada 100 mil habitantes y destina el 0.85 por ciento del presupuesto en salud para atender la salud mental, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda que este porcentaje sea el 10 por ciento, lo que apunta que en México apenas se alcanza —si podemos decirlo— el 1 por ciento. Considerando que la mayor parte de los recursos son utilizados para pagar los salarios de las plantillas laborales.

Considerando que en nuestro país existe 7 por ciento de personas con depresión, 1.6 con trastorno bipolar, 1 por ciento de personas con esquizofrenia, más de 1 por ciento con trastorno obsesivo-compulsivo, 7 por ciento trastorno de angustia y pánico, y que las cifras de la Organización Mundial de la Salud, según las cuales el suicidio que se relaciona estrechamente con enfermedades mentales ocupa el quinto lugar en la población joven a nivel mundial, y en México el INEGI lo reporta en segundo o en tercer lugar, dependiendo la entidad federativa.

Que según la Organización Mundial de la Salud de las 10 enfermedades más frecuentes y de alto costo entre la población mundial, al menos 4 son de tipo mental: la epilepsia, la depresión, el alcoholismo y el trastorno bipolar.

Que la depresión es la cuarta enfermedad discapacitante en la población mundial. Se calcula que para el año 2020 será la segunda y en los países llamados en desarrollo menos del 5 por ciento de las personas con depresión recibe tratamiento.

Por lo anteriormente expuesto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que modifica la fracción IV del artículo 73, capítulo séptimo, en materia de salud mental de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia fomentarán y apoyarán:

Fracción IV. Instalar dentro de los hospitales generales servicios psiquiátricos que cuenten con un mínimo de seis camas para pacientes psiquiátricos, así como un reforzamiento, aumentando los centros comunitarios de salud mental y las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento de la salud mental de la población.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de noviembre de 2010. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa que modifica la fracción IV del artículo 73, capítulo VII, en materia de salud mental, de la Ley General de Salud; de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La salud mental es cómo pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. Al igual que la salud física, la salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta.

Todas las personas se sienten preocupadas, ansiosas, tristes o estresadas algunas veces. Pero en el caso de una enfermedad mental, estos sentimientos no desaparecen y son lo suficientemente severos para interferir con la vida cotidiana. Puede dificultar hacer amigos y conservar amistades, mantener un trabajo o disfrutar de la vida.

Las enfermedades mentales son comunes. Estos trastornos, depresión, fobias, trastorno bipolar, esquizofrenia y muchos otros, son enfermedades reales que no desaparecerán por su voluntad. Afortunadamente, suelen ser tratables. Las medicinas y la terapia pueden mejorar la vida de la mayoría de las personas con enfermedades mentales.

En cambio, un punto en común en el cual coinciden los expertos es que “salud mental” y “enfermedades mentales” no son dos conceptos opuestos, es decir, la ausencia de un reconocido desorden mental no indica necesariamente que se tenga salud mental y, al revés, sufrir un determinado trastorno mental no es óbice para disfrutar de una salud mental razonablemente buena.

La observación del comportamiento de una persona en su vida diaria es la principal manera de conocer el estado de su salud mental en aspectos como el manejo de sus temores y capacidades, sus competencias y responsabilidades, la manutención de sus propias necesidades, las maneras en las que afronta sus propias tensiones, sus relaciones interpersonales y la manera en que dirige una vida independiente. Además el comportamiento que tiene una persona frente a situaciones difíciles y la superación de momentos traumáticos permiten establecer una tipología acerca de su nivel de salud mental.

Los conceptos de salud mental incluyen el bienestar subjetivo, la autonomía y potencial emocional, entre otros. Sin embargo, las precisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que no existe una definición oficial sobre lo que es salud mental y que cualquier definición al respecto estará siempre influenciada por diferencias culturales, asunciones subjetivas, disputas entre teorías profesionales y demás.

México se encuentra rezagado en la atención que brinda a la salud mental, si bien se estima que alrededor del 15 por ciento de la población del país padece algún trastorno mental, sólo 2.5 por ciento de los pacientes se encuentran bajo supervisión de algún especialista.

Nuestro país tiene 2.7 psiquiatras por cada 100 mil habitantes y destina 0.85 por ciento del presupuesto en salud, para atender la salud mental, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que este porcentaje sea del 10 por ciento por ciento, lo que apunta que en México apenas se alcanza el 1 por ciento. Considerando que la mayor parte de los recursos son utilizados para pagar los salarios de las plantillas laborales.

Cifras de la OMS revelan que, en tanto que la población a nivel mundial tiene un 10 por ciento de posibilidades de contraer enfermedades como, por ejemplo, infartos, tuberculosis o VIH-Sida, en el caso de las personas con algún padecimiento mental estos porcentajes se elevan a 22 por ciento en el caso de infarto, 42 por ciento de tuberculosis y 44 por ciento de VIH-sida. El costo de atender estos casos resulta mucho más elevado, que prevenir a través de la atención oportuna de los trastornos mentales.

En el mundo, la pérdida de productividad laboral por discapacidad psiquiátrica es de 13 por ciento (años de vida ajustados por discapacidad, según lo denomina la OMS), mientras que en el caso de otros padecimientos el porcentaje es mucho más bajo: En el caso de diabetes es del 1 por ciento, enfermedades respiratorias 6 por ciento y VIH/sida, 6 por ciento. A nivel mundial se calcula que 450 millones de personas están afectadas por un trastorno mental. A la pérdida de productividad del enfermo se debe añadir la de sus familiares que en muchos casos se ven obligados a abandonar sus actividades laborales para atender a este tipo de pacientes.

Considerandos

La discapacidad psiquiátrica como tal simplemente no existe en el país, a pesar de que la OMS nos indica que las enfermedades mentales representan 13 por ciento dentro de las discapacidades.

En el país hay 7 por ciento de personas con depresión, 1.6 por ciento con trastorno bipolar, 1 por ciento con esquizofrenia, más de 1 por ciento con trastorno obsesivo compulsivo y 7 por ciento trastorno de angustia y pánico.

Que según las cifras de la OMS, el suicidio que se relaciona estrechamente con enfermedades mentales ocupa el quinto lugar en la población joven a nivel mundial y en México el Inegi lo reporta en segundo o en tercer lugar, dependiendo la entidad federativa.

Que según la OMS, de las 10 enfermedades más frecuentes y de alto costo entre la población mundial, al menos 4 son de tipo mental: la epilepsia, la depresión, el alcoholismo y el trastorno bipolar.

Que la depresión es la cuarta enfermedad discapacitante en la población mundial. Se calcula que para el año 2020 será la segunda. En los países llamados en desarrollo, menos de 5 por ciento de las personas con depresión recibe tratamiento.

Si bien el tema de la salud mental ha sido una prioridad en anteriores legislaturas, y se ha posicionado en la agenda política como un problema de salud pública, con reformas de la Ley General de Salud y del sistema de salud mental, que incluye un modelo de atención en salud mental, el cual considera la creación de estructuras de atención que, en congruencia con los avances a nivel mundial, debe buscar, el definitivo cierre de los hospitales psiquiátricos asilares, así como sobre el derecho a ser debidamente informado, tanto pacientes con padecimientos mentales como sus familiares.

En voz de los expertos en la materia, es urgente impulsar la creación de nosocomios psiquiátricos que tuvieran máximo una capacidad de 100 camas y estuvieran en zonas más accesibles. También es necesario que los hospitales generales tengan servicios de psiquiatría, con un mínimo de seis camas disponibles para estos casos, además de reforzar los centros comunitarios de salud mental, pues hay sólo tres unidades de especialidad médica.

Es urgente que el gobierno federal ponga más interés a la atención de estos padecimientos, toda vez que actualmente, debido a la falta de información y estigmas que aún prevalecen al respecto, la carga económica y emocional de un paciente con una enfermedad mental, recae principalmente en su familia.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica la fracción IV del artículo 73, capítulo VII, en materia de salud mental, de la Ley General de Salud

Único. Se modifica la fracción IV del artículo 73, capítulo VII, en materia de salud mental, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73.Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán

I. a III. ...

IV. Instalar en los hospitales generales servicios psiquiátricos que cuenten con un mínimo de seis camas para pacientes psiquiátricos, así como un refuerzo aumentando los centros comunitarios de salud mental y las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento de la salud mental de la población.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.— Diputados: María Cristina Díaz Salazar, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Sergio Tolento Hernández, Hilda Ceballos Llerenas, Carlos Manuel Joaquín González, Janet Graciela González Tostado, María Isabel Merlo Talavera, Julieta Octavia Marín Torres, Malco Ramírez Martínez, Delia Guerrero Coronado (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada Díaz Salazar. Se turna su iniciativa a la Comisión de Salud.

Sí, diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente, dígame.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente(desde la curul): Sí, presidente. Pedirle a la diputada Cristina Díaz si nos permite adherirnos a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Díaz Salazar, nos solicitan adherirse a su propuesta.

La diputada María Cristina Díaz Salazar(desde la curul): Muchísimas gracias. Con todo gusto, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí ha aceptado, diputado Velázquez y Llorente, puede usted pasar a firmar su iniciativa.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico e instruir el cierre del sistema.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:¿Falta alguna diputada o diputado por registrar su asistencia?

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 431 diputados y diputadas.

Ciérrese el sistema electrónico. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo.

Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se dispensa la lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el día 30 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alfredo Ruíz Argueta, Alicia Chávez Castillo, Víctor Jair López Frausto, Héctor Ruíz Gamiño, Salomón Motte Santiago, Marcela González Meléndez, J. Darío Ortega Mercado y Adrián Leopoldo Navarro Soto, puedan prestar sus servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América y de Belice, en México, y en los consulados de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas; en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

Que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Alfredo Ruíz Argueta, para prestar servicios como auxiliar contable, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Alicia Chávez Castillo, para prestar servicios como inspector de mantenimiento rotativo, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Víctor Jair López Frausto, para prestar servicios como examinador de cuentas, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Héctor Ruíz Gamiño, para prestar servicios como chofer, en la embajada de Belice en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Salomón Motte Santiago, para prestar servicios como asistente en la oficina de seguridad, en el consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Marcela González Meléndez, para prestar servicios como empleada de visas temporal, en el consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano J. Darío Ortega Mercado, para prestar servicios como guardia de detección de vigilancia, en el consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Adrián Leopoldo Navarro Soto, para prestar servicios como chofer/mensajero, en el consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 26 de octubre de 2010.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruíz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David, Karla Verónica González Cruz, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazarez Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez, Arturo Zamora Jiménez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quién haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 19 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Christian Alfredo Álvarez Maciel, Jorge Ulises Bautista Magallón, Pedro Gómez Gómez, Leopoldo Miguel Espinosa Horcasitas, Valentín Martínez Soto, Adrián Sánchez Rosaldo, Leonardo Guzmán Maltos, Roberto Alonso Picos Rubio, Miguel Olguín Antonio, David James García Sotello y Eva Jenny Arias Moreno puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros, turnándose a la suscrita comisión para dictamen el expediente relativo.

Consideraciones

Que los peticionarios acreditaron la nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Christian Alfredo Álvarez Maciel para prestar servicios como asistente de recursos humanos en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Jorge Ulises Bautista Magallón para prestar servicios como abogado en la Embajada del Estado de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Pedro Gómez Gómez para prestar servicios como escolta en la Embajada del Estado de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Leopoldo Miguel Espinosa Horcasitas para prestar servicios como chofer en la Embajada del Estado de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Valentín Martínez Soto para prestar servicios como escolta en la Embajada del Estado de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Adrián Sánchez Rosaldo para prestar servicios como jefe de escolta en la Embajada del Estado de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Leonardo Guzmán Maltos para prestar servicios como empleado telefonista en la Sección Consular del Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Roberto Alonso Picos Rubio para prestar servicios como ingeniero electromecánico en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Noveno. Se concede permiso al ciudadano Miguel Olguín Antonio para prestar servicios como especialista en detección de vigilancia en el Departamento de Seguridad del Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Décimo. Se concede permiso al ciudadano David James García Sotello para prestar servicios como guardia de vigilancia en el Departamento de Seguridad del Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Undécimo. Se concede permiso a la ciudadana Eva Jenny Arias Moreno para prestar servicios como especialista en seguridad en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 26 de octubre de 2010.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Emilio Chayffet Chemor (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), José Ramón Martell López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Beatriz Paredes Rangel (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, César Augusto Santiago Ramírez, Arturo Zamora Jiménez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quién haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión celebrada el martes 12 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alfredo Aguirre Flores, Jesús Fernando Martínez Estrada, Ernesto Martínez Chávez, María Irene Salazar Ortega, Luis Patricio Garza Zaldívar y Abigail Reyes González, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

Que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Alfredo Aguirre Flores, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Jesús Fernando Martínez Estrada, para prestar servicios como chofer, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Martínez Chávez, para prestar servicios como chofer, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana María Irene Salazar Ortega, para prestar servicios como empleada telefonista en la sección consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Luis Patricio Garza Zaldívar, para prestar servicios como empleado de mensajería en la sección de información tecnológica, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Abigail Reyes González, para prestar servicios como empleada en la sección de visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 26 de octubre de 2010.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David, Karla Verónica González Cruz, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez (rúbrica en contra), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Arturo Zamora Jiménez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quién haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 15 minutos para recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ábrase el sistema electrónico hasta por 15 minutos, para proceder a la votación nominal de los proyectos de decreto en un solo acto.

(Votación)

Señor presidente, tenemos 321 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobados los proyectos de decreto por 321 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE VIVIENDA - LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda, y 16 de la Ley General de Protección Civil.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda y 16 de la Ley General de Protección Civil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una nueva fracción XXIV recorriéndose las subsecuentes en el artículo 19, se adiciona una nueva fracción V recorriéndose las subsecuentes en el artículo 29, y se reforma la fracción I del artículo 34, todos de la Ley de Vivienda; se adiciona una nueva fracción VIII al artículo 16 y se recorren las subsecuentes de la Ley General de Protección Civil.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 57, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:

Antecedentes

Primero. El antecedente histórico de la minuta de referencia, es el siguiente:

• Con fecha 20 de noviembre de 2007, el senador Carlos Lozano de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de los senadores integrantes de la Comisión de Vivienda, presentó al Senado de la República de la LX Legislatura, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan al artículo 19, fracción II, un párrafo, se adiciona la fracción XXIV y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 22 la fracción I, y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 29 la fracción V y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 33 la fracción I y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 34, fracción I, un párrafo de la Ley de Vivienda.

• Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

• Elaborado el dictamen en comisiones unidas, fue presentado ante el pleno de la Cámara de Senadores a primera lectura el 14 de octubre de 2008, y aprobado por 97 votos por esa Cámara el 16 de octubre del mismo año.

• Se integró la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una nueva fracción XXIV recorriéndose las subsecuentes en el artículo 19, se adiciona una nueva fracción V recorriéndose las subsecuentes en el artículo 29, y se reforma la fracción I del artículo 34, todos de la Ley de Vivienda; se adiciona una nueva fracción VIII al artículo 16 y se recorren las subsecuentes de la Ley General de Protección Civil, y con fecha 19 de octubre de 2008 se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.

Segundo. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 21 de octubre de 2008, los Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la minuta que remitió la colegisladora.

Tercero. El Presidente de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Vivienda”.

Cuarto. La minuta que origina el presente dictamen tiene como objeto:

• Contar con políticas públicas, que permitan prever las contingencias en desastres naturales y antropogénicos, y actuar con programas permanentes en materia de vivienda, reubicación de asentamientos humanos y de auxilio a la población.

• Propone que la Ley de Vivienda, deba estar vinculada con la Ley General de Protección Civil, con lo que se busca que la dependencia encargada de coordinar la Política Nacional de Vivienda, cuente con instrumentos de control y previsión de desastres en el diseño de las políticas públicas de vivienda y asentamientos humanos.

• Propone una adición a la Ley General de Protección Civil la cual tiene por objeto que la materia de prevención de desastres se convierta en una constante para la planeación y ordenación del territorio, y para la creación de nuevos desarrollos habitacionales y asentamientos humanos tanto rurales como urbanos.

III. Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Vivienda con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la minuta de referencia.

Segunda. Que el dictamen favorable a la iniciativa referida, realizado por las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, establece como fundamento de su posición lo siguiente:

“... C. Estas dictaminadoras coinciden parcialmente en el planteamiento original de la iniciativa, puesto que derivado de una análisis jurídico, concluimos por una parte, desechar la adición al artículo 22 y 33 de la Ley de Vivienda, puesto que resulta improcedente la participación del titular de la Segob en un órgano interno de la Conavi, por abocarse solo a cuestiones de carácter administrativo. En el mismo sentido, también, consideramos improcedente la adición propuesta del artículo 33, lo que estrictamente, hace innecesaria la participación del titular de la Segob, lo que se puede subsanar proponiendo una adición a la Ley General de Protección Civil, como lo plantearemos más adelante.

...

D. Por otra parte, estas dictaminadoras aceptan reformar con modificaciones los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda; replanteando la redacción de los mismos, pero conservando el espíritu originalmente planteado, de acuerdo a la técnica legislativa, puesto que el asunto materia de la iniciativa, debe partir de la premisa, que el ordenamiento y la planeación de las ciudades, de la infraestructura, la vivienda y los asentamientos humanos deben ser una prioridad para evitar que los fenómenos meteorológicos y los desastres naturales se puedan prever o disminuir su impacto económico y social, y por tanto se requiere adicionar una fracción VIII y recorrer las subsecuentes, al artículo 16 de la Ley General de Protección Civil.

Por lo anterior estas dictaminadoras, estiman procedente la adición de la fracción VIII y recorrer las subsecuentes del artículo 16 de la Ley General de Protección Civil,

...

De esta manera, la creación de nuevos desarrollos habitacionales y asentamientos humanos rurales y urbanos, se convierten en una gran oportunidad para que la planeación y ordenación del territorio sea una constante en materia de prevención de desastres de cualquier naturaleza.

E. Si bien es cierto que las materias de planeación, protección civil, vivienda y gestión del desarrollo urbano, son atribuciones legales de los gobiernos municipales y estatales, se requiere de un marco institucional federal fuerte, con elevada capacidad técnica y financiera para apoyar oportuna y eficazmente a los gobiernos locales. ...

Se requiere una política de planeación, infraestructura, desarrollo urbano y vivienda, eficaz que dé certidumbre a todos los sectores sociales, que favorezca una estructuración urbana más equitativa y eficiente, que promueva la consolidación de ciudades densas y compactas, con criterios de prevención de riesgos y desastres naturales, con una mezcla adecuada de usos del suelo, la operación eficiente de transportes públicos y la adecuada dotación de suelo, infraestructura, equipamientos y servicios urbanos. Asimismo, es necesario que contribuya a la sustentabilidad, ...

F. En particular, esta política de protección civil y planeación urbana-rural debe asegurar que los conjuntos habitacionales que se realicen estén vinculados al tejido urbano, cuenten con equipamientos, transporte público y una relación efectiva con los centros de trabajo; debiendo también impulsar la identificación de zonas de alto riesgo, recuperación, conservación y aprovechamiento de los espacios públicos urbanos; todo ello, para avanzar hacia una mejor calidad de vida.

...

En ánimo de instrumentar políticas, estrategias y proyectos que tengan como elemental variable la planeación y la prevención en caso de desastres naturales, para implantar medidas para evaluar pérdidas humanas y materiales, después de ocurrido un fenómeno natural o antropogénico.

G. Estas comisiones que dictaminan estiman mencionar que es necesario atender las necesidades de una emergencia derivadas de la ocurrencia de un fenómeno natural o antropogénico, es decir, poder estimar qué recursos deberán ser destinados a la zona afectada; y mejorar la calidad en la contratación de seguros de la infraestructura pública, tal como escuelas, hospitales, viviendas, vías de comunicación, entre otros temas concurrentes.

H.Por tanto, estas comisiones que dictaminan consideran que resulta jurídicamente viable y conveniente alinear los contenidos sustantivos de la Ley de Vivienda con los de la Ley General de Protección Civil, no obstante que los de carácter adjetivo no sean convenientes de incorporarse; lo anterior para evitar la vulnerabilidad de la población generada por los asentamientos irregulares y por la falta de políticas públicas que prevean que en la construcción de nuevos desarrollo habitacionales, la ordenación territorial sea congruente con las medidas preventivas establecidas en la legislación en materia de protección civil.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, someten a consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma al artículo 19, fracción II, un párrafo, se adiciona la fracción XXIV y se recorren las subsecuentes, se adiciona al artículo 29 la fracción V, se reforma al artículo 34, fracción I, un párrafo de la Ley de Vivienda; y se adiciona al artículo 16 la fracción VIII y se recorren las subsecuentes de la Ley General de Protección Civil.”

Tercera. Que esta comisión, estima legítimo el espíritu de la iniciativa y correctas las razones por las cuales la Cámara de Senadores decide realizar las modificaciones a la iniciativa original y que se plantean en la minuta de referencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto y para los efectos del apartado A del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión con base en las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la minuta del Senado de la República y someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 19, 29 y 34 la Ley de Vivienda; y 16 de la Ley General de Protección Civil

Primero. Se reforma la fracción II y se adiciona una nueva fracción XXIV, recorriéndose las subsecuentes en el artículo 19, se adiciona una nueva fracción V recorriéndose las subsecuentes en el artículo 29 y se reforma la fracción I del artículo 34, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como siguen:

Artículo 19. Corresponde a la Comisión:

I. ...

II. Realizar las acciones necesarias para que la política y programas de vivienda observen las disposiciones aplicables en materia de desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, la prevención de desastres naturales y antropogénicos, y el desarrollo sustentable;

III. a XXII. ...

XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría y acompañamiento a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat;

XXIV. Impulsar y promover, en coordinación con las demás autoridades competentes, que la Política Nacional de Vivienda considere lo establecido en el Programa Nacional de Protección Civil y el Atlas Nacional de Riesgos, y

XXV. Las demás que le otorguen la presente ley u otros ordenamientos.

Artículo 29. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes funciones:

I. a IV. ...

V. Proponer medidas para planear y ordenar la actividad habitacional, bajo lineamientos orientados a la prevención de desastres naturales y antropogénicos, en los términos del Programa Nacional de Protección Civil;

VI. Proponer esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las actividades de vivienda en los diferentes sectores de la administración pública federal, con las entidades federativas y los municipios, y con los diversos sectores productivos del país;

VII. Solicitar y recibir información de las distintas dependencias y entidades que realizan programas y acciones de vivienda;

VIII. Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento, y

IX. Aprobar la creación de comités y grupos de trabajo para la atención de temas específicos y emitir los lineamientos para su operación.

Artículo 34. Para cumplir con su objeto, la Comisión Intersecretarial tendrá las siguientes funciones:

I. Vincular las acciones de fomento al crecimiento económico, de desarrollo social, desarrollo urbano, desarrollo rural, ordenación del territorio, la prevención de desastres naturales y antropogénicos, mejoramiento ambiental y aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, con la Política Nacional de Vivienda;

II. a VIII. ...

Segundo. Se adiciona la fracción VIII y se recorren las subsecuentes del artículo 16 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 16. El Consejo Nacional es un órgano consultivo en materia de planeación de la protección civil. Sus atribuciones son las siguientes:

I. a VII. ..

VIII. Promover ante las autoridades correspondientes, la incorporación de la materia de Protección Civil en la Política Nacional de Vivienda;

IX. Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional, y

X.Las demás atribuciones afines a éstas que le encomiende el titular del Ejecutivo federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, el 5 de octubre de 2010.

La Comisión de Vivienda, diputados:Martín Rico Jiménez (rúbrica), presidente; Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), David Hernández Vallín (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica) secretarios; Laura Arizmendi Campos, Gumercindo Castellanos Flores, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Marcos Carlos Cruz Martínez, Héctor Franco López (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Adán Augusto López Hernández, Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Leticia Robles Colín, Adela Robles Morales (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea, no habiendo oradores registrados, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de la que se trate.

Se ha reservado la fracción XXIV, adición de un párrafo, por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez. Tiene la palabra, diputada.

Perdón, diputada, permítame un segundo. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados de dicho decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Les damos la más cordial bienvenida al personal docente y a estudiantes de la secundaria general número 7, Francisco Zarco, de Tetela del Monte, del municipio de Cuernavaca, Morelos, invitados por la diputada federal Rosalina Mazari Espín. Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Continúa abierto el tablero. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Adelante, continúa abierto el tablero. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Está abierto el sistema electrónico.

¿Alguna diputada o algún diputado que falte de emitir su voto? Continúa abierto el sistema de votaciones. ¿Alguna diputada o algún diputado que falte de emitir su voto?

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se emitieron 314 votos en pro, 1 abstención y 0 en contra.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 314 votos.

Esta Presidencia informa que se ha reservado para la discusión en lo particular el artículo 19, fracción XXIV, para la adición de un párrafo. Se abre a discusión.

Se ha inscrito la diputada Laura Itzel Castillo para esta reserva. Tiene la palabra diputada Laura Itzel Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Gracias, diputado presidente. La propuesta que estamos planteando específicamente es una reserva para adicionar un segundo párrafo a la fracción XXIV del artículo 19 de la Ley de Vivienda.

Entendemos, y por eso desde luego que votamos a favor del proyecto que se planteó, que es necesario tomar en consideración las cuestiones específicas de protección civil y lo relacionado con el atlas de riesgo para la planeación de los proyectos habitacionales.

Por tal motivo, consideramos que es necesario que a partir del mismo Sistema Nacional de Información y de que las entidades federativas tienen la obligación de enriquecer este mismo sistema mandando la información que se les requiera, es necesario que la planeación de los proyectos habitacionales esté cumpliendo con la normatividad, para lo cual considero que es muy importante darle mayores elementos a la propia Ley de Vivienda.

Por esa razón estamos proponiendo que se adicione un párrafo, ya que la Comisión Nacional de Vivienda es la encargada de la planeación y de la coordinación de la política habitacional en este país, pero para poder cumplir estas funciones tenemos que tomar en consideración qué es lo que ha venido sucediendo en este país en torno a los proyectos habitacionales.

Tenemos una serie de proyectos que se han concluido, que la gente está habitando ahí y que desafortunadamente también los están deshabitando, y yo quiero llamar la atención específicamente sobre el número de viviendas que se encuentran abandonadas en México.

De acuerdo al censo del 2005, se habla de 4.5 millones de viviendas abandonadas, mientras que existe una demanda de vivienda de alrededor de 9 millones, nos parece que es lo que arroja este sistema neoliberal. Por un lado, hay una carencia de vivienda, y por otro, existe un número muy importante de viviendas que se encuentran desocupadas, viviendas que se encuentran en zonas de riesgo.

Simplemente yo recordaría que recientemente visité Riveras del Bravo, en Ciudad Juárez, así como Hacienda de Salvarcar, donde nos damos cuenta que en una manzana están desocupadas todas las viviendas y exclusivamente está una sola vivienda habitada, mientras que las demás se encuentran bandalizadas.

Todas las viviendas se encuentran en un estado de deterioro grave si además tomamos en consideración que las divisiones, por ejemplo, son de tablarroca.

Lo mismo podríamos hablar del Pórtico de San Antonio, en el caso de Tijuana o en el caso de Monclava, El Campanario, Valle San Miguel y Mezquital del Valle. Y me podría pasar toda la sesión mencionando un número elevado de unidades habitacionales que no están cumpliendo con las características que deberían tener para que realmente sean habitables.

Por tal razón pensamos que es muy importante que la Comisión Nacional de Vivienda tenga mayores elementos y que no autorice subsidios ni créditos a aquellos proyectos que no se ajusten a estas normas, es decir, a lo que está mencionando el párrafo que se está considerando para su votación.

En este sentido pensamos que se necesita, desde luego, que los municipios también participen en este proceso de coordinación. ¿Por qué razón? Porque son los municipios los que otorgan directamente los permisos para la construcción de estas unidades habitacionales.

Por tal motivo estaríamos haciendo esta propuesta. El párrafo de esta fracción XXIV dice así: Impulsar y promover en coordinación con las demás autoridades competentes, que la política nacional de vivienda considere lo establecido en el Programa Nacional de Protección Civil y el Atlas Nacional de Riesgos.

La adición que estamos planteando es: La Comisión, estamos hablando de la Conavi, no autorizará ni asignará subsidios ni créditos a aquellos proyectos que no se ajusten al párrafo anterior en los términos del artículo 46 de esta ley.

Los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en coordinación con la Comisión, proporcionarán al Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, la información sobre los permisos que concedan a proyectos de vivienda en materia de protección civil, así como sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Protección Civil y el Atlas de Riesgos.

Éste es el asunto que estamos proponiendo, es algo que hemos venido planteando desde la Comisión de Vivienda, es un asunto que considero muy importante, que han venido demandado los habitantes de las distintas unidades habitacionales y quienes son los acreditados de vivienda, los derechohabientes de las distintas instituciones.

Me parece que no se riñe con lo que se está considerando y que le da más elementos a la propia Comisión Nacional de Vivienda para poder actuar. Es cuanto, muchas gracias.

«Propuesta de modificación para adicionar un párrafo a la fracción XXIV del artículo 19 de la Ley de Vivienda, presentada por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez.

Dice:

Ley de Vivienda:

Artículo 19. Corresponde a la Comisión:

XXIV. Impulsar y promover, en coordinación con las demás autoridades competentes, que la Política Nacional de Vivienda considere lo establecido en el Programa Nacional de Protección Civil y el Atlas Nacional de Riesgos, y

Debe decir:

Ley de Vivienda:

Artículo 19. Corresponde a la Comisión:

XXIV. Impulsar y promover, en coordinación con las demás autoridades competentes, que la Política Nacional de Vivienda considere lo establecido en el Programa Nacional de Protección Civil y el Atlas Nacional de Riesgos.

La Comisión no autorizará ni asignará subsidios ni créditos a aquellos proyectos que no se ajusten al párrafo anterior. E n los términos del artículo 46 de esta Ley, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en coordinación con la Comisión, proporcionarán al Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, información sobre los permisos que concedan a proyectos de vivienda en materia de protección civil, así como sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Protección Civil y el Atlas de Riesgos, y

Atentamente

Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Laura Itzel Castillo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se admite la modificación propuesta por la diputada Laura Itzel Castillo, por tanto, está a discusión.

No habiendo oradores registrados consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta que hace la diputada Laura Itzel Castillo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aceptada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo reservado.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del artículo reservado, con la modificación propuesta por la diputada Laura Itzel Castillo.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal del artículo.

(Votación)

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, sólo para pedir a la Mesa Directiva que clarifique el voto, si es a favor, qué implica; si es en contra, qué implica.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí. Por favor, la Secretaría dé lectura a la proposición y aclare cuál sería el sentido de la votación.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Artículo 19, segundo párrafo de la fracción XXIV.

Artículo 19. Corresponde a la comisión:

XXIV. Impulsar y promover, en coordinación con las demás autoridades competentes, que la política nacional de vivienda considere lo establecido en el Programa Nacional de Protección Civil y el Atlas Nacional de Riesgos.

La Comisión no autorizará ni asignará subsidios ni créditos a aquellos proyectos que no se ajusten al párrafo anterior en los términos del artículo 46 de esta ley.

Los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en coordinación con la Comisión proporcionarán el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, la información sobre los permisos que concedan a proyectos de vivienda en materia de protección civil, así como sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Protección Civil y el Atlas Nacional de Riesgos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Pérez Cuevas, estamos precisamente votando esta adición propuesta por la diputada Laura Itzel Castillo.

El diputado Martín Rico Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Dígame, diputado.

El diputado Martín Rico Jiménez(desde la curul): Le solicitaría que nos diera 5 minutos de receso, por favor, que pare el reloj para poder hacer el análisis de la reserva del artículo que hizo la diputada Laura Itzel Castillo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Estamos en una votación, señor diputado. ¿Cuál es su idea?

Detengan por favor el reloj parlamentario. Vamos a oír la propuesta del señor diputado.

El diputado Martín Rico Jiménez(desde la curul): Gracias, presidente. Lo que le quiero solicitar es que si para el reloj y nos dan un receso de 5 minutos, por favor, para analizar el sentido del artículo que se reservó la diputada Laura Itzel.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Autorizado el receso por 5 minutos.

Diputada Laura Itzel puede usted pasar con los diputados para aclarar el sentido de su propuesta.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Sí, diputado presidente, esta propuesta la planteé desde la semana pasada y la consulté incluso con el presidente de la Comisión de Vivienda, el diputado Martín Rico.

Ahorita los diputados del Partido Revolucionario Institucional estuvieron de acuerdo con la iniciativa que yo estoy adicionando y no entiendo por qué están solicitando más tiempo, si en principio me decían que estaban de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Vamos a concluir el procedimiento. Los señores y señoras diputadas que hayan expresado su voto. Los que no lo hayan hecho tienen un momento más para hacerlo.

Que se reactive el reloj.

(Votación)

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Diputado, le están pidiendo la palabra acá.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, dígame diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas:Presidente, muchas gracias. Derivado de los minutos en los que hemos discutido esta confusión de la reserva, por lo menos por parte de la bancada del PAN, le pediríamos que pudiesen valorarse algunos minutos más, dado que algunos diputados vinieron votaron, con la confusión votaron en un sentido, se han ido a comisiones.

Pero lo que pedimos es el plazo para que regresen, porque en el análisis consideramos que es dable apoyar la propuesta que se ha presentado.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se da solamente unos minutos, si es que algún diputado quiere cambiar el sentido de su voto, porque esta iniciativa ya fue aceptada por la asamblea, señor diputado.

Es responsabilidad de los diputados que salen del salón durante una votación, señor diputado.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Se emitieron 278 votos a favor, 22 votos en contra y 7 abstenciones, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada por 278 votos, la adición propuesta por la diputada Laura Itzel Castillo al artículo 19, a su fracción XXIV.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Con todo respeto a la Mesa Directiva, presidente, siempre es establecido en el Reglamento que una vez que se ha cerrado el tablero, se pregunta si todavía falta algún diputado por votar. Y a algunos, como es mi caso, no apareció en el registro y no se preguntó el sentido del voto. No puede ser ésa la votación.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tomamos nota, señor diputado. Estuvo abierto el reloj para el tiempo aprobado.

Por tanto, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda y 16 de la Ley General de Protección Civil. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Les mandamos un saludo afectuoso a los invitados especiales de las colonias Hidalgo y estado de México, del municipio de Naucalpan de Juárez, a invitación del diputado Sergio Mancilla Zayas.

LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 57, 60, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, recibida por esta Cámara de Diputados de la Cámara colegisladora, en fecha 7 de septiembre de 2010.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 62 y 63 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la minuta mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero.En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 7 de septiembre de 2010, los Secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo.El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero.El antecedente histórico de la minuta de referencia es el siguiente:

1. En fecha 25 de noviembre de 2008, el senador Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, la cual fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

2. Seguido su trámite legislativo, en fecha 22 de abril de 2010, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones, la iniciativa referida por 79 votos a favor y 10 en contra, enviándose la minuta a esta Cámara de Diputados para continuar con el trámite legislativo.

3. En fecha 7 de septiembre de 2010, el pleno de la Cámara de Diputados resolvió enviar a esta Comisión de Economía para su estudio y dictaminación correspondiente, la minuta de referencia.

Consideraciones

Primera.Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública.

Segunda.Que el dictamen con el cual el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la minuta, establece lo siguiente:

“...Las comisiones desean expresar de manera previa al análisis pormenorizado de esta iniciativa, su convicción de que las reformas que permitan incrementar la competitividad, en este caso las vinculadas con la agilización de los trámites para abrir y operar negocios, un mejor y más económico acceso a los servicios de fedación pública y la vigencia del Estado de Derecho, deben ser impulsadas en el Poder Legislativo, cuidando que las mismas sean siempre coherentes con el conjunto del sistema jurídico vigente en México.

En esta virtud, a continuación se realiza un análisis de cada una de las modificaciones y adiciones propuestas en la presente iniciativa.

Primero.Cambio de denominación de la Ley

La iniciativa contempla modificar la denominación de la Ley Federal de Correduría Pública por Ley General de Correduría Pública y Fedación Federal.

Al respecto, en cuanto a la denominación “Ley General” en diversas tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha considerado que las “Leyes Generales” son aquellas cuyo objeto es la distribución de competencias en materias concurrentes, es decir aquellas en las que los Estados y la Federación acuden al ejercicio de una misma atribución y, no se estima que la correduría pública sea una facultad concurrente, toda vez que su materia, en el orden mercantil corresponde a las atribuciones del Poder Legislativo Federal, contenidas en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto una de las tesis referidas, establece:

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”, también lo es que el órgano reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII, y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero, y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero, y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.

Por otra parte, no existe una atribución expresa para que el Congreso de la Unión legisle sobre la fedación pública en sentido amplio y para todo el país, como lo ha estimado también la Suprema Corte de Justicia al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2002 en la cual asienta: “que del examen de las facultades expresamente otorgadas al Congreso de la Unión en la Constitución se desprende que no se contempla la función notarial, de ahí, que conforme al principio de distribución de competencias consagrado en el artículo 124 es inconcuso que corresponda a las entidades federativas esta atribución.”

Este razonamiento es congruente con el contenido del artículo 121 de la propia Constitución, que señala la obligación de los estados de la Federación de dar entera fe y crédito a los actos públicos, registrales y procedimentales de los otros Estados, lo que implica, en base a la distribución de atribuciones contenida en la Constitución, que estas facultades están reservados a la legislación estatal.

En este sentido, el Constituyente Permanente ratificó esta distribución de atribuciones de la fe pública entre la Federación y las entidades federativas, al expedir en 1996 la reforma al artículo 122 constitucional y señalar expresamente en la Base Primera, fracción V, inciso h) del mismo la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para normar lo relativo al notariado.

En este orden de ideas y dado lo previsto en el artículo 124 constitucional, que expresa que las facultades no expresamente concedidas por la Carta Magna a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados, no se considera procedente ni necesario el cambio de denominación a “Ley General” ni el relativo a “Fedación Federal” por ser las atribuciones de fe pública concedidas de manera diversa a los Poderes Legislativos de la Federación y a las entidades federativas, en la materia mercantil para el primero y en el resto de las materias para éstos últimos.

Segundo. Propuesta de reformas al artículo 1

La iniciativa contempla ajustar la redacción del actual artículo 1, adicionando que el objeto de la ley es regular la función del corredor público “y a la correduría pública en general” así como agregar que la observancia de la ley debe ser “general” en toda la República.

Al respecto, estas comisiones consideran innecesarias estas adiciones, pues no implican modificaciones en  el contenido, significado y alcance del actual artículo 1, que ya indica la materia y el ámbito de aplicación de este cuerpo normativo.

Tercero. Reformas al artículo 2

Tiene el propósito de sustituir en el primer y segundo párrafo, la denominación de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por la de Secretaría de Economía.

Estas comisiones consideran procedente la referida propuesta.

Cuarto. Reformas al artículo 3

En el artículo 3 la iniciativa propone adicionar la fracción I de las atribuciones de la Secretaría de Economía para quedar de la siguiente manera (se destacan las modificaciones propuestas con negritas):

“I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos, como fedatarios públicos, y como auxiliares de la administración de justicia,cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos en que intervengan;”

Sobre el particular, se considera procedente precisar la actual atribución de la Secretaría de Economía para asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos como fedatarios públicos, siendo que esta es una actividad importante que realizan cotidianamente.

Por otra parte, en lo referente en su carácter de auxiliares en la administración de justicia, no se considera procedente su inserción en este artículo, pues el mismo no es el que precisa facultades de los corredores y, adicionalmente, tampoco se considera necesario aclarar que los mismos son auxiliares en la administración de justicia, siendo que su participación en actos jurídicos en su carácter de fedatarios públicos es suficiente para que los documentos que emite sean reconocidos por su carácter público por las autoridades competentes, tales como pueden ser documentales públicas o pruebas periciales.

Estas facultades están ya inscritas en el marco de atribuciones de los corredores y en los distintos cuerpos normativos de carácter procedimental, por lo que no se considera necesaria esta adición.

Quinto. Reforma y adición al artículo 4

La iniciativa propone adicionar dos párrafos (segundo y tercero) al artículo 4, para quedar como sigue:

“Artículo 4. Para efectos de la presente ley, el territorio nacional se divide en plazas: una por cada estado y otra por el Distrito Federal.

Serán plaza de libre ejercicio para los corredores aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza su jurisdicción.

Cuando los corredores públicos actúen como fedatarios en plaza distinta a la suya, de conformidad con el párrafo anterior, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos en que otorguen su fe pública.”

Al respecto, estas comisiones consideran que las propuestas generarían confusión respecto al ámbito territorial en el que los corredores pueden ejercer sus funciones,  pues de la redacción de la misma se desprende que los corredores públicos podrían libremente ejercer en todo el territorio nacional, rompiendo entonces con el sistema de plazas al que hace referencia el propio encabezado del artículo 4°.

Conforme al artículo 5º, ya se prevé la posibilidad de que los corredores actúen fuera de su plaza cuando no actúen como fedatarios públicos. En este sentido, bajo el esquema actual, los corredores pueden efectivamente ejercer sus funciones en los lugares en que la Federación tenga competencia y ejerzan su jurisdicción.

No obstante lo anterior, estas comisiones toman en consideración el comentario del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, AC, en relación a que “lo que se pretendió con esta reforma es dar certeza a las actuaciones que los corredores públicos, en su carácter de fedatarios habilitados por la Federación, realicen en zonas de la jurisdicción exclusiva de la Federación. Al momento solo puedan dar fe en dichas zonas, y respecto de las materias de su competencia, el Ministerio Público Federal”.

Por lo anterior estas comisiones consideran pertinente adicionar un segundo párrafo al artículo 4º para prever la posibilidad anotada, delimitando de manera expresa la materia a la que se refiere la presente Ley, para quedar como sigue:

Los corredores públicos podrán actuar como fedatarios públicos en aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza jurisdicción de manera exclusiva, sólo en las materias en que esta ley los autoriza. Cuando actúen como fedatarios en los lugares a los que se refiere este párrafo, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos correspondientes.

Sexto. Reforma al artículo 5

La iniciativa propone la reforma del artículo 5 para quedar como sigue:

“Artículo 5. Los corredores públicos podrán ejercer sus funciones fuera de la plaza respectiva. Cuando actúen como fedatarios lo podrán hacer únicamente dentro de la plaza para la que fueron habilitados, o en los lugares o territorios de la jurisdicción o competencia Federal a que se refiere el artículo 4° de esta ley, aunque los actos que se celebren ante su fe podrán referirse a cualquier otro lugar.

El corredor sólo podrá cambiar de plaza previa autorización de la Secretaría.”

Sobre el particular, estas comisiones consideran que por las mismas razones que se estimaron en el análisis de la propuesta de adición al artículo 4° es innecesaria la adición propuesta para este artículo.

Por lo que hace a derogar el segundo párrafo que contempla la posibilidad de que el corredor pueda cambiar de plaza, previa autorización de la Secretaría (que en el proyecto de decreto contenido en la iniciativa no aparece)  tampoco se considera conveniente pues dejaría un vacío legal y la imposibilidad de regular la asignación de las plazas a los corredores por parte de la Secretaría de Economía.

Séptimo. Reformas al artículo 6, fracciones V, VI, VII y último párrafo

La iniciativa propone reformar este artículo que establece las atribuciones del corredor público, en sus fracciones V, VI, VII y último párrafo del artículo, para quedar como sigue:

“Artículo 6. Al corredor público corresponde:

I. Actuar como agente mediador, para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil;

II. Fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente;

III. Asesorar jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio;

IV. Actuar como árbitro, a solicitud de las partes, en la solución de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como las que resulten entre proveedores y consumidores, de acuerdo con la ley de la materia;

V. Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos contemplados en la legislación federal expedida por el Congreso de la Unión, así como para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos que le autoricen las leyes locales; cuando el acto jurídico de que se trate implique la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles, éste se formalizará mediante póliza;

VI. Actuar como fedatario público para hacer constar hechos jurídicos en general;

VII. El cotejo y certificación de las copias de documentos que haya tenido a la vista independientemente de su naturaleza; y

VIII. Las demás funciones que le señalen ésta y otras leyes o reglamentos.

Las funciones que se establecen en las fracciones I, II, III, y IV, se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, y no se consideran exclusivas de los corredores públicos.”

Sobre el particular, conviene destacar que las fracciones referidas fueron reformadas en el año 2006 por el legislador federal con el propósito de definir con claridad y dar plena certidumbre y fundamento a las facultades de los corredores públicos generando claridad y eficacia en su actuación, buscando con ello actualizar su campo de acción.

Respecto a la modificación propuesta a la fracción V del artículo 6, en el sentido de permitir a los corredores públicos intervenir en todas las materias legisladas por el Congreso de la Unión, estas comisiones consideran que tal reforma podría interpretarse de forma errónea y generar la intervención de los corredores en materias ajenas a lo mercantil, que es la esencia sobre la cual está fundamentada la facultad del legislador federal en la materia.

Habría que advertir además que los corredores que actualmente se encuentran habilitados han demostrado alta capacidad de conocimientos en materia mercantil por el procedimiento de selección que llevan a cabo, pero no han aprobado rigurosos exámenes en otras materias, lo que también podría resultar inconveniente, dejando a salvo las consideraciones sobre la constitucionalidad de la propuesta.

Por lo que hace a la posibilidad de intervenir en los actos jurídicos que les autoricen las leyes locales, no se encuentra en el marco jurídico regulatorio actual ninguna imposibilidad de que, siendo autorizados por legislaciones locales, intervengan conforme al imperio de las mismas, por lo que no se considera necesaria dicha adición en el texto de esta ley federal.

Adicionalmente la propuesta de redacción de la fracción V, elimina la excepción que tienen los corredores públicos para intervenir en cuestiones vinculadas con bienes inmuebles. Estas comisiones consideran, como ha sido debatido y ratificado por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la materia inmobiliaria corresponde al ámbito civil y en consecuencia está reservado a la potestad legislativa de las entidades federativas de la unión, según lo prevé expresamente el artículo 121 constitucional en su fracción II: “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación;”.

Por lo anterior, al no existir disposición expresa que permita al legislador federal normar esta actividad, de aprobarse esta propuesta se estima que podría interpretarse como afectada de inconstitucionalidad, lo que también implicaría un retroceso en la regulación de los servicios que presta el Corredor Público, en perjuicio de la sociedad que requiere de los mismos.

Estas comisiones no omiten la reflexión sobre la naturaleza mercantil que en ocasiones conllevan las transacciones  que pueden tener efecto sobre bienes inmuebles, sin embargo estas no son suficiente argumento para considerar aprobar una legislación que pudiere interpretarse contraria al texto constitucional y que en consecuencia afectaría seriamente la seguridad y certeza jurídica a que los ciudadanos tienen derecho y cuya promoción es obligación indubitable de los legisladores federales y de cualquier servidor público.

En este sentido, conforme a los artículos 78 y 79 del Código de Comercio, las convenciones mercantiles son fundamentalmente de carácter consensual, no requieren para su validez de formalidades determinadas, pero remite a la ley civil cuando tales convenciones requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia.

Asimismo,  la Ley General de Bienes Nacionales, al regular los bienes inmuebles de naturaleza federal a que se refiere el artículo 132 de la Constitución Política establece que en cuanto a la formalización de los actos adquisitivos y traslativos de dominio, se deberán satisfacer los requisitos que establezcan las leyes locales para su validez.

Sobre este mismo aspecto, se transcribe la siguiente tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Tesis jurisprudencial 105/2005

“PROTECCION AL CONSUMIDOR, EL ARTICULO 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO PUGNA CON LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR EN MATERIA CONTRACTUAL CIVIL Y DE BIENES INMUEBLES” (JURISPRUDENCIA). Si bien es cierto que el citado dispositivo impide que surta efectos en contra del consumidor un contrato relacionado con viviendas destinadas a casa habitación o de tiempo compartido, cuando el proveedor no lo registró previamente ante la Procuraduría Federal del Consumidor, también lo es que ello no pugna con la facultad exclusiva de los estados y del Distrito Federal para legislar en materia contractual civil y de bienes inmuebles. Ello es así, porque el artículo ochenta y siete de la Ley Federal de Protección al Consumidor contiene una regulación específica de la materia mercantil y de protección al consumidor, ambas de carácter federal, referida a los acuerdos de voluntades entre proveedores y consumidores sobre la venta de los inmuebles indicados y, en ese orden, no es posible contrastarlo con el diverso ciento veintiuno, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que ambos aluden a cuestiones diversas; por un lado, la norma federal sobre la materia de protección al consumidor regula una obligación a cargo de comerciantes y, por otro, la norma sobre la materia de bienes inmuebles dispone que éstos se rigen por la ley del lugar donde se encuentran. Además, tampoco se vulnera la facultad de legislar en la materia contractual civil de las entidades federativas y del Distrito Federal, pues el citado artículo ochenta no rige tal materia, sino que se limita a imponer obligaciones a quien tiene el carácter de proveedor, esto es, alguien con la calidad de comerciante y que, por ello, está sujeto a las normas federales, tanto en materia de comercio como de protección al consumidor”.

Estas comisiones estiman y tienen a la vista la reiterada argumentación e iniciativas que sobre el particular se han hecho valer por diversos actores, abogados y corredores públicos sobre la necesidad de reformar la normatividad para permitir la intervención de estos últimos en los actos jurídicos vinculados a inmuebles y en el otorgamiento de poderes vinculados al contrato de mandato.

También han analizado los criterios que los tribunales han seguido al resolver controversias que involucran esta  intervención, como las siguientes:

Tesis aislada 2706/1996

“FACULTAD DE LA LEGISLATURA LOCAL PARA ESTABLECER LA FORMA PARA LA GARANTIA HIPOTECARIA CORREDORES PUBLICOS. FALTA DE LEGITIMACION PARA IMPUGNAR EL ARTICULO 468 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL. La reforma al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, relativa a su numeral 468, dispone que la norma va dirigida a todos aquellos que constituyan, amplíen, dividan, registren o cancelen una hipoteca, así como los requisitos que éstos deban cumplir para tramitar la vía especial hipotecaria; es decir, el ordenamiento establece legítimamente el derecho a personas físicas y morales que se ubiquen en la constitución o tramitación de hipotecas, para ejercer la acción de amparo; por ello, es incuestionable que los quejosos carecen de legitimación para impugnar la reforma al artículo en cuestión, en su calidad de corredores públicos, al reclamar dicho precepto en su carácter de auto aplicativo y derivar la inconstitucionalidad del hecho de que con su sola vigencia se limita o restringe el ejercicio profesional de los corredores públicos y que, en términos de la fracción V del artículo sexto de la Ley Federal de Correduría Pública, no les afecta su interés jurídico, porque no son sujetos de la norma ni les restringe el ejercicio de fedatarios públicos en actos y hechos mercantiles.”

Tesis jurisprudencial 64/2009

“INTERES JURIDICO EN EL AMPARO.- LA POLIZA EXPEDIDA POR UN CORREDOR PUBLICO EN LA QUE CONSTA EL PAGO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA EMPRESA CON LA APORTACION DEBIENES INMUEBLES, POR SI SOLA ES INEFICAZ PARA ACREDITARLO.Acorde con el artículo dieciocho de la Ley Federal de Correduría Pública, los actos jurídicos, convenios o contratos mercantiles en los que puede intervenir el corredor público como fedatario se hacen constar en un instrumento denominado póliza. Por otro lado, los artículos sexto, fracción quinta, y vente, fracción once, de dicha Ley, y el numeral cincuenta y tres, fracción primera, de su Reglamento prohíben al corredor público actuar como fedatario en actos jurídicos no mercantiles, en tratándose de inmuebles, así como dar fe de hechos que no se consideren de naturaleza mercantil. Así, resulta evidente que los corredores públicos están impedidos para dar fe de la enajenación de inmuebles aportados para el pago de acciones del capital de una sociedad mercantil y, por tanto, al expedir una póliza tocante a esa operación se excederían en la esfera competencial de sus atribuciones. En ese sentido, se concluye que la póliza expedida por un corredor público en la que consta el pago de acciones de capital social de una empresa con aportaciones de bienes inmuebles, por sí sola es ineficaz para acreditar el interés jurídico en el amparo solicitado contra el embargo de tales inmuebles, ya que no es apta para demostrar su titularidad. En efecto, conforme a los artículos ciento veintinueve y doscientos dos del Código Federal de Procedimientos Civiles la indicada póliza, en lo relativo a la referida enajenación, no puede considerarse un documento público que haga prueba plena, sino que sólo constituye un documento privado que no prueba fehacientemente los hechos declarados en él, según los artículos ciento treinta y tres y doscientos tres del citado Código, en tanto que la circunstancia de haberlo expedido quien carecía de facultades legales para ello imposibilita determinar irrefutablemente si la reclamación constitucional se deriva de actos anteriores o posteriores a la ejecución del embargo.”

Del mismo modo, las comisiones han analizado la reflexión contenida en la iniciativa sobre la estructura constitucional mexicana y la interpretación del artículo 121, en el sentido de que las leyes federales pueden aplicarse en las entidades federativas en las materias atribuidas por la Constitución a los Poderes Federales, sin embargo, en las resoluciones jurisdiccionales que se han analizado y citado antes, relacionadas  con el tema que nos ocupa, la Suprema Corte ha concluido que la regulación de la materia inmobiliaria se encuentra reservada a los estados, comprendida en la materia civil local.

Teniendo a la vista estos antecedentes, estas comisiones consideran que la interpretación referida por el senador promovente no sería convalidada por los tribunales de suscitarse controversias como las que ya se han dado en este tenor, exponiendo así a los particulares a que los actos jurídicos que se pudieren derivar de aprobarse esta propuesta sean controvertidos ante los tribunales y calificados de inválidos por ser contrarios a la Constitución o bien, provocar el inicio de controversias constitucionales por parte de las entidades federativas, que podrían devenir también en incertidumbre jurídica para los ciudadanos, con los altos costos que implicarían para ellos y para el Estado.

Al mismo tiempo, estas comisiones reiteran que han analizado el significado que una propuesta de esta naturaleza puede tener para mejorar la competitividad en el ámbito de la fedación pública y para propiciar un mejor desarrollo económico, sin embargo, este propósito no puede materializarse en una acción legislativa que pudiera ser calificada como contraria a la Constitución.

Por ello, estiman que para darle plena solidez jurídica y coherencia con el sistema jurídico mexicano y evitar las posibles controversias anotadas, estas reformas deberían ser propuestas al Constituyente Permanente y no al legislador ordinario.

Por otro lado, la reforma a la fracción VI tiene propósito de que el corredor público pueda hacer constar hechos jurídicos en general, suprimiendo las limitaciones al ámbito mercantil que actualmente señala tal fracción:

“VI. Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica;”

En este sentido, operan las mismas argumentaciones que se han hecho previamente, relativas a ampliar el ámbito de facultades del corredor público más allá de la materia mercantil, y se considera que la fedación debe de circunscribirse única y exclusivamente para los efectos y la materia consignada en la presente ley, acorde a las atribuciones del legislador federal,  por lo que en todo caso, se sugiere su modificación para quedar: “Actuar como fedatario público para hacer constar cualquier hecho jurídico o relacionado con los efectos y la materia consignada en la presente ley”.

Al respecto, se cita enseguida una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculada con este tema, destacándose lo conducente, y que en su momento fue considerada por esta soberanía al aprobar las reformas a la Ley Federal de Correduría Pública de 2006, por establecer que los corredores públicos no están facultados para dar fe del otorgamiento de poderes o mandatos, por ser actos jurídicos de naturaleza civil, la cual corresponde legislar de forma exclusiva a las legislaturas locales:

Tesis jurisprudencial 113/2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“CORREDORES PÚBLICOS. ESTÁN FACULTADOS PARA DAR FE DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y DE LAS FACULTADES DE QUE ESTÉN INVESTIDOS (REPRESENTACIÓN ORGÁNICA), CUANDO SE OTORGUEN EN LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE AQUELLAS.Conforme a los artículos 6°, fracciones V y VI, de la Ley Federal de Correduría Pública y 54 de su Reglamento,así como en la constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades, en la designación de sus representantes legales y facultades de que estén investidos, y en los demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, si se toma en cuenta que la representación orgánica comprende actos como el nombramiento y facultamiento de los órganos de representación de las sociedades mercantiles (Consejo de Administración, Administradores o Gerentes), por ser éstos quienes en términos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles representan orgánicamente a la empresa, es indudable que los corredores públicos están autorizados para certificar tales actos; sin embargo, no están facultados para dar fe del otorgamiento de poderes o mandatos, los cuales son actos jurídicos de índole civil regulados por la legislación común, pues el mandato es un contrato previsto en los Códigos Civiles de todas las entidades federativas del país y que implica un acto de representación voluntaria, en tanto que encuentre su fuente en la voluntad de las partes y se confiere precisamente a través del otorgamiento de un poder; de ahí que las pólizas y actas expedidas por los corredores públicos en que hagan constar la designación y facultades de representación de las sociedades mercantiles (representación orgánica), deberán admitirse para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, siempre y cuando dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales y se trate de actos exclusivamente de carácter mercantil.”

Por otra parte, en lo relativo a la reforma a la fracción VII, promueve que el corredor público  pueda fungir como prestador de servicios de certificación de cualquier tipo, independientemente de su naturaleza, fuera de las limitaciones que señala la referida fracción en su texto vigente:

“VII. Cotejar y certificar las copias de las pólizas o actas que hayan sido otorgadas ante ellos, así como de los documentos que hayan tenido a la vista que sean de los referidos en los artículos 33 a 50 del Código de Comercio, y...”

Sobre el particular, estas comisiones consideran que ampliar la facultad de certificación fuera de los supuestos que actualmente prevé la propia fracción podría igualmente devenir en controversias sobre la validez de los mismos, bajo los argumentos previamente anotados y de conformidad a la interpretación que el máximo tribunal ha hecho en las resoluciones antes citadas.

Por lo que se refiere a la reforma del último párrafo al artículo 6º, estas comisiones no consideran conveniente dichas modificación, pues es importante prever tal y como lo hace el texto vigente, que todas las funciones contempladas en este artículo no son exclusivas de los corredores públicos,  y tal  como se plantea en la redacción propuesta que las fracciones I, II, III y IV “no se consideran exclusivas de los corredores públicos”, dejaría fuera las fracciones V, VI, VII y VIII, lo que podría interpretarse a “contrario sensu” como facultades exclusivas de los mismos.

Octavo. Adición al artículo 7

Mediante una adición al artículo 7, se pretende incluir que la sanción por infracción a este precepto será sin perjuicio de las sanciones previstas en la legislación de la entidad federativa donde se realice dicha conducta y que en caso de tratarse de profesionistas o agentes de ventas, además se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 250 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 7. Sólo podrán ostentarse como corredores las personas habilitadas por la Secretaría, en los términos de esta ley. La infracción a este precepto será sancionada con una multa hasta por el equivalente a 500 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, monto que podrá imponerse diariamente mientras persista la infracción, sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte y sin perjuicio  de las sanciones previstas en la legislación de la entidad federativa donde se realice dicha conducta.  En caso de tratarse de profesionistas o agentes de ventas, además se les aplicarán las sanciones previstas en el artículo 250 del Código Penal Federal.

Al respecto, estas comisiones consideran que no es necesaria dicha adición pues en la parte final del artículo vigente se prevé que las sanciones administrativas previstas en el mismo son “sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte” lo que se entiende aplicable a cualquier persona y en los tipos penales que consignen los ordenamientos tanto federal como los de la entidad federativa donde se pudiere realizar esa conducta.

Noveno. Reformas al artículo 16

Respecto a la reforma del artículo 16 de la iniciativa pretende realizar las siguientes adiciones:

Artículo 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que intervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en un libro especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que no deberá tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas.

El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.

Cabe señalar que si bien no existe  inconveniente en rea-lizar esta reforma y adición, la Secretaría de Economía expresó en su opinión su pretensión de buscar la regulación de ese libro especial en forma electrónica para facilitar la vigilancia y control de los mismos, garantizar la eficacia de los servicios y poner a la vanguardia a la correduría pública.

Por lo antes expuesto, estas comisiones consideran agregar un tercer párrafo a la propuesta que permita a la Secretaría en comento realizar de mejor manera las funciones descritas y que facilite el control y revisión de los registros correspondientes, en el siguiente tenor:

“Además de los libros descritos, los corredores públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los mismos bajo las características que se determinen en el reglamento de esta ley y los criterios que al efecto emita la Secretaría.”

Décimo. Reformas al artículo 18

Por su parte, la propuesta de reforma al artículo 18 propone la siguiente redacción:

Artículo 18. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él un acto jurídico, convenio o contrato en el que esté autorizado a intervenir como fedatario.

Acta es la relación escrita de un hecho jurídico.

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos.

Al respecto, se advierte que se suprime la naturaleza mercantil de los actos jurídicos en los que interviene el corredor, ampliando las definiciones correspondientes a cualquier ámbito, al respecto, estas comisiones consideran convenientes los cambios previstos para hacerlos acordes a la fracción VIII del artículo 6º vigente de la ley, pero agregando la frase “en los que estén autorizados a intervenir.” para limitar las actuaciones a las materias previstas en las leyes federales, garantizando así la legalidad de los mismos.

Undécimo. Modificaciones al artículo 19

La iniciativa prevé realizar reformas al artículo 19 para quedar como sigue:

Artículo 19. Las pólizas y actas a que se refiere el artículo anterior deberán:

I. a IV. ...

V. Elaborarse en español.

Podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte, o que sean usadas como nombre o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo percibido por el corredor público respectivamente;

Los documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traducidos por perito traductor reconocido por alguna autoridad. No se requerirá traducción cuando se trate de documentos presentados para cotejo, o cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas en cuyo caso el corredor no incurrirá en responsabilidad cuando las partes le declaren que conocen y entienden el contenido del documento.

VI. a XIII. ...

Se considera procedente la modificación al primer párrafo de la fracción V del artículo 19, para suprimir la referencia de que los documentos presentados en idioma extranjero también deban elaborarse en español y permitir las excepciones referidas a términos de ciencia y arte, así como nombres y marcas, ajustándose a la realidad comercial actual.

Sin embargo, respecto al supuesto considerado en el segundo párrafo que se propone adicionar a dicha fracción, en el sentido de no requerir traducción cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos, aspecto que se considera modificar para garantizar la plena seguridad jurídica de las partes y del propio corredor,  agregando al final del mismo la frase “siempre y cuando las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance y el corredor comprenda cabalmente el contenido y alcance del mismo.”

Duodécimo. Modificaciones al artículo 20

En relación a las modificaciones a la fracción V del artículo 20, que señala las prohibiciones a los corredores públicos, no se estima conveniente establecer al corredor público la prohibición de ser notario, en virtud de que hay leyes locales que no consideran incompatibilidad entre ambas funciones y pueden existir licenciados en derecho que ejercen la fe pública como notarios y como corredores públicos, habiendo acreditado los requisitos y capacidades correspondientes, es decir, se estima que no hay contraposición  entre la naturaleza de la función del notario y del corredor.

Por otra parte, la reforma propuesta a la fracción XI, no se considera adecuada porque implica otorgarles a los corredores públicos facultades para actuar como fedatarios en todas las materias, excepto en lo que expresamente les esté prohibido, siendo el caso que por su naturaleza sólo deben actuar en aquellas materias y casos que las leyes les permiten.

En relación con la fracción XII, estas comisiones no consideran conveniente derogarla toda vez que la misma permite afianzar la seguridad jurídica de todos los actos en los que los mismos intervienen.

Décima Tercera. Modificaciones al artículo 21

No es procedente la propuesta incluida en la iniciativa para suprimir la fracción XII contenida en la hipótesis prevista por el artículo 21, fracción II, por ser las consideraciones vertidas en el duodécimo punto de este dictamen.

Décima Cuarta. Adición de un artículo 24

La iniciativa propone la adición de un artículo 24 para incluir tipos penales vinculados con la función de los corredores públicos, a saber:

Artículo 24. Se impondrá pena de tres a seis años de prisión, y multa de entre 500 a 10,500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurra:

I. A toda aquella persona que a sabiendas, presente documentación falsificada o rinda información falsa a un corredor público, que sirva como antecedente para el otorgamiento de un instrumento u otro documento expedido en ejercicio de sus funciones.

II. A toda aquella persona que sin motivo fundado niegue la validez o fuerza probatoria de los instrumentos públicos otorgados ante corredor público; la sanción se duplicará en caso de que el infractor o su representante tenga título de licenciado en derecho o abogado.

III. Al solicitante de un avalúo que, a sabiendas, presente documentación falsificada o rinda información falsa a un corredor público, que sirva como antecedente para la formación del documento;

IV. A todo aquel que produzca instrumentos públicos en los que consten actos jurídicos que por virtud de la ley requieran otorgarse ante Corredor Público para su validez.

Al respecto, cabe señalar que la conducta de falsificación de documentos, sean estos públicos o privados, se encuentra tipificada en el Código Penal Federal, en su artículo 243:

Artículo 243. El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días de multa. En el caso de documentos privados, con prisión de tres a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días de multa.

Por su parte, la fracción VI pretende tipificar la conducta de producir instrumentos públicos en los que consten actos jurídicos que por virtud de la ley requieran otorgarse ante Corredor Público para su eficacia, se considera que estas conductas son cuestiones de incumplimiento de formalidades por lo que se sugiere que la sanción para estas debe ser de tipo administrativa y no de carácter penal.

Actualmente, la actuación de fedatarios públicos se encuentra tipificada en el Código Penal Federal es la de que: “el notario o cualquier otro funcionario público que, en ejercicio de sus funcionesexpida una certificación de hechos que no sean ciertos, o da fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos”, la cual será acreedora a una pena similar a la prevista en el artículo 243.

Por otra parte, no sería congruente con el contenido del artículo 6°, ya que las facultades en fe pública previstas en dicho artículo “no son exclusivas de los corredores públicos”. Además, se generaría un “conflicto de normas” porque existen ordenamientos federales y locales que facultan a otros fedatarios a intervenir en materias en que actúan corredores públicos.

Por lo anterior, estas comisiones consideran no procedente la adición del referido artículo.

Décima Quinta. Adición de un artículo 25

Mediante una adición de un artículo 25, la iniciativa incluye la obligación a las autoridades de prestar auxilio al Corredor Público que así lo solicite para la realización de sus funciones:

Artículo 25. Las autoridades deberán prestar auxilio al Corredor Público que así lo solicite para la realización de sus funciones.

Al respecto, estas comisiones consideran innecesaria esta adición, pues diversas autoridades locales y federales tienen entre sus atribuciones, en el ámbito de la colaboración, prestar el auxilio que requieran los servidores y fedatarios públicos para garantizar el debido ejercicio de sus funciones.

Décima Sexta. Artículos Transitorios

Estas comisiones estiman que los artículos tercero y cuarto transitorios de la iniciativa no son necesarios de incluir en el decreto, en virtud de las modificaciones a la misma que estás comisiones se han permitido realizar.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de estas comisiones unidas nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, el siguiente:

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Correduría Pública.

Artículo Único:Se reforman los artículos 2; 3, fracción I; 16, 18, 19, fracción V; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 4°, un tercer párrafo al artículo 16, y dos párrafos a la fracción V del artículo 19 todos de la Ley Federal de Correduría Pública, para quedar como sigue:

Articulo 2. La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, con la participación que corresponda a las autoridades estatales.

Cuando esta ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría de Economía.

Artículo 3. ...

I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos, como auxiliares del comercio y como fedatarios públicos en la materia que esta ley les autoriza, cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos en que intervengan;

II. a VI. ...

Artículo 4. ...

Los corredores públicos podrán actuar como fedatarios públicos en aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza jurisdicción de manera exclusiva, sólo en las materias en que esta ley les autoriza. Cuando actúen como fedatarios en los lugares a los que se refiere este párrafo, fuera de su plaza, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos correspondientes.

Artículo 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que intervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en un libro especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que no deberá tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas.

El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.

Además de los libros descritos en los dos párrafos anteriores, los corredores públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los mismos bajo las características de orden y contenido similares a las versiones que señalan los dos párrafos anteriores y conforme a las disposiciones que se prevean en el reglamento de esta ley y los criterios que al efecto emita la Secretaría.

Artículo 18. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él un acto jurídico, convenio o contrato en el que esté autorizado a intervenir como fedatario.

Acta es la relación escrita de un hecho jurídico en el que esté autorizado a intervenir como fedatario.

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos.

Artículo 19....

I.a IV. ...

V. Elaborarse en español.

Podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte, o que sean usadas como nombre o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo percibido por el corredor público respectivamente;

Los documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traducidos por perito traductor reconocido por alguna autoridad. No se requerirá traducción cuando se trate de documentos presentados para cotejo, o cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas, siempre y cuando las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance y el corredor comprenda cabalmente el contenido y alcance del mismo.

VI. a XIII. ...

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal, contará con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las modificaciones necesarias al reglamento de esta ley.

Dado en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el día 21 de octubre de 2009.

Tercera.En misma fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó propuestas de modificación a los artículos 4 y 18 del proyecto, las cuales fueron aprobadas por 84 votos y 2 en contra; el proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados.

RESERVA QUE FORMULAN LOS SEÑORES SENADORES... INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO... AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, AL PROYECTO DE DECRETO PO R EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA, QUE PASO A PRIMERA LECTURA EL PASADO JUEVES 22 DE LOS CORRIENTES EN LO REFERENTE AL TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 18 DE LA LEY QUE SE PRETENDE REFORMAR.

Artículo 4

Texto actual:

Artículo 4. Para efectos de la presente ley, el territorio nacional se divide en plazas: una por cada estado y otra por el Distrito Federal.

Texto del dictamen:

Artículo 4 ...

Los corredores públicos podrán actuar como fedatarios públicos en aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza jurisdicción de manera exclusiva, solo en las materias en que la ley los autoriza. Cuando actúen como fedatarios en los lugares a los que se refiere este párrafo, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos correspondientes.

Al respecto, los suscritos consideran que la propuesta generaría confusión respecto al ámbito territorial en el que los corredores pueden ejercer sus funciones, pues de la redacción de la misma se desprende que los corredores públicos podrían libremente ejercer en todo el territorio nacional, rompiendo entonces con el sistema de plazas al que hace referencia al propio encabezado del artículo 4°.

Conforme al artículo 5°, ya se prevé la posibilidad de que los corredores actúen fuera de su plaza cuando no actúen como fedatarios públicos. En este sentido, bajo el esquema actual, los corredores pueden efectivamente ejercer sus funciones en los lugares en que la Federación tenga competencia y ejerzan su jurisdicción. Por lo anterior, al no contribuir a dar claridad y mejorar esta normatividad, se considera desechar esta propuesta.

La Ley Federal de Correduría Pública, busca proporcionar seguridad jurídica a los solicitantes de los servicios del Corredor Público, sin embargo, a lo largo de poco más de 16 años de vigencia, la realidad nos demuestra que la falta de claridad en algunos de sus preceptos, ha generado confusión y dudas al respecto de su exacta aplicación, lo que ha traído como consecuencia inseguridad jurídica para los usuarios de los servicios de dicho fedatario, la segunda parte que se pretende añadir al artículo 4°, generaría nuevamente dudas e incertidumbre sobre la actuación de los corredores, entre otras razones por lo impreciso de la formula “en aquellos lugares en donde la Federación ejerza jurisdicción de manera exclusiva”. Por lo que al ser contraria a la ratio de la ley y de las reformas a la misma de 23 de mayo del 2006, no compartimos la conveniencia de la aprobación de este numeral en lo particular.

En resumen proponemos que no se adicione el segundo párrafo del artículo 4°.

Artículo 18

Texto actual:

Artículo 18.Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él acto jurídico, convenio o contrato mercantil en el que este autorizado a invertir como fedatario

Acta es la redacción escrita de un hecho jurídico de naturaleza mercantil.

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas que expida de las pólizas, actas y asientos, son documentos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos de naturaleza mercantil respectivos.

El corredor podrá expedir copias certificadas de las pólizas y actas en que haya intervenido, siempre que obren en su archivo y en el libro de registro correspondiente.

Texto del dictamen:

Artículo 18.Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él un acto jurídico, convenio o contrato en el que esté autorizo a intervenir como fedatario.

Acta es la relación escrita de un hecho jurídico en el que esté autorizo a intervenir como fedatario.

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplaresque expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos de naturaleza mercantilrespectivos.

En relación con el numeral arriba transcrito se pretende básicamente modificar el concepto de póliza y acta. En el texto actual de la ley se limita y precisa claramente que los actas jurídicos que el corredor hace constar en una póliza y por su parte los hechos que son materia de un acta necesariamente deben ser de naturaleza MERCANTIL, lo anterior acorde a los límites esenciales de las facultades de los corredores. Resulta contradictorio y confuso que en la parte final del texto del artículo en el dictamen si se conserve la referencia a los actos jurídicos y hechos de naturaleza mercantil respectivos.

No encontramos justificación alguna para que en lo referente a las definiciones de póliza y acta se pretenda suprimir la naturaleza mercantilque define y limita los actos y hechos en ellas contenidos, y únicamente se mencione la formula “En los que esté autorizado a intervenir como fedatario”,  para referirse a los actos y hechos. Como se desprende de la lectura del dictamen elaborado por las comisiones, la actuación de los corredores está limitada en todo caso a la materia mercantil por lo que la reforma propuesta resulta inútil y por tanto innecesaria, ya que los actos y hechos en los que los corredores públicos están autorizados para intervenir como fedatarios son limitativamente y sin excepción de los mercantiles.

Consideramos que la propuesta de reforma al artículo 18 como aparece en el dictamen de las comisiones esta descontextualizado, es preciso tener presente que el texto propuesto por la iniciativa y el que se presenta en el dictamen para dicho artículo en particular son muy similares, sin embargo hay que tener presente que la iniciativa tal y como fue presentada a las comisiones para su estudio tuvo la pretensión de ampliar considerablemente el ámbito de las facultades de los Corredores Públicos cuando actúan como fedatarios, pretensión que con fundamento en los argumentos de carácter constitucional que fueron valorados por las comisiones de estudio determinaron categóricamente improcedente, de tal forma que el ámbito de actuación de los corredores seguirá restringido y circunscrito al ámbito mercantil  por lo que no hay otro tipo de casos en que esté autorizado para actuar como fedatario por lo que la reforma al artículo 18 de aprobarse en los términos propuestos sería contraria al sentido general del dictamen.

En resumen proponemos que NO se modifiquen los conceptos de póliza y acta del texto actual de la Ley (primer y segundo párrafos del artículo 18 de la ley)

Cuarta.Que los diputados que integran esta Comisión de Economía, estiman legítimo el espíritu de la iniciativa y correctas las modificaciones que realizó a la misma la Cámara de Senadores.

Asimismo, consideran atinadas las razones por las cuales la Cámara de Senadores decide realizar modificaciones a la iniciativa original, así como los argumentos que se apuntan en el dictamen en comento, por lo que los hace suyos para los efectos del presente dictamen.

Quinta.No obstante lo anterior, y partiendo de que la iniciativa plantea actualizar el artículo 2 de la Ley Federal de Correduría Pública, en el sentido de cambiar la referencia que se hace a la “Secretaría de Comercio y Fomento Industrial”, por el vigente que es el de “Secretaría de Economía”, los diputados integrantes de la Comisión de Economía consideran que se debe actualizar de igual manera la fracción I del artículo 10 de la ley de referencia para quedar de la siguiente manera:

Artículo 10. ... I. Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con designación específica del secretario de Economía, y sin cuya presencia no podrá celebrarse el examen;...

Sexta.En virtud de lo anterior, esta comisión se manifiesta por aprobar la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, con la modificación apuntada, para que en los términos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remita a la Cámara de origen para su discusión correspondiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Correduría Pública

Artículo Único.Se reforman los artículos 2º, 3º, fracción I; 10, fracción I; 16, 18, 19, fracción V; y se adicionan dos párrafos a la fracción V del artículo 19 de la Ley Federal de Correduría Pública, para quedar como sigue:

Artículo 2.La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, con la participación que corresponda a las autoridades estatales.

Cuando esta ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría de Economía.

Artículo 3. ...

I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos, como auxiliares del comercio y como fedatarios públicos en la materia que esta ley les autoriza, cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos en que intervengan;

II. a VI. ...

Artículo 10....

I. Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con designación específica del secretario de Economía, y sin cuya presencia no podrá celebrarse el examen;

II. y III. ...

...

Artículo 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que intervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en un libro especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que no deberá tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas.

El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.

Además de los libros descritos en los dos párrafos anteriores, los corredores públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los mismos bajo las características de orden y contenido similares a las versiones que señalan los dos párrafos anteriores y conforme a las disposiciones que se prevean en el reglamento de esta ley y los criterios que al efecto emita la Secretaría.

Artículo 18....

...

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos.

...

A rtículo 19. ...

I. a IV. ...

V. Elaborarse en español.

Podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte, o que sean usadas como nombre o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo percibido por el corredor público respectivamente.

Los documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traducidos por perito traductor reconocido por alguna autoridad. No se requerirá traducción cuando se trate de documentos presentados para cotejo, o cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas, siempre y cuando las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance y el corredor comprenda cabalmente el contenido y alcance del mismo;

VI. a XIII. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal, contará con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las modificaciones necesarias al reglamento de esta ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2010.

La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:  Está a discusión en lo general. No habiendo oradores inscritos consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficiente discutido en lo general.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Por instrucciones de la Presidencia,  en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Se ha reservado para la discusión en lo particular el siguiente artículo por el diputado Jaime Cárdenas Gracia. El artículo 19, fracción V, párrafo segundo y tercero.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema.

¿Falta alguien por emitir su voto? Quedan 30 segundos.

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Diputado presidente, se emitieron en total 317: 313 en pro, 4 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 313 votos.

Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular el artículo 19, fracción V, los párrafos segundo y tercero.

Tiene la palabra el señor diputado Jaime Cárdenas Gracia, hasta por 5 minutos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados.

La reserva que estoy presentando es para que se deroguen los párrafos que se adicionaron a la fracción V del artículo 19 de esta Ley Federal de Correduría.

¿Cuál es la razón? La primera parte del artículo 19, fracción V dice que los documentos que elaboran los corredores deben elaborarse en español. Hasta ahí me parece que es congruente con lo establecido en la Constitución de nuestro país.

Pero más adelante permite, en el párrafo segundo y tercero de la fracción V, que se puedan realizar o asentarse palabras en esos documentos en lenguaje extranjero. También se permite en el párrafo tercero, de la fracción V, del artículo 19 que no se requiera traducción cuando se trate de documentos presentados para cotejo o cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos, o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas, siempre y cuando las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance, y el corredor comprenda cabalmente el contenido y alcance del mismo.

Lo que objeto de esta redacción del párrafo segundo y del párrafo tercero de la fracción V del artículo 19 de la Ley Federal de Correduría, es precisamente esta posibilidad de utilizar idioma extranjero en los documentos que elaboran los corredores públicos, sin que exista la obligatoriedad en todos los casos de traducción al español de estos documentos por perito autorizado por autoridad competente.

¿Cuál es la violación que encuentro a la Constitución? Encuentro distintas violaciones a la Constitución; al artículo segundo, apartado A, fracción IV, que obliga al Estado mexicano a preservar y enriquecer sus lenguas. Al artículo 3o., fracción II, inciso b), de la Constitución, que habla de la obligación del Estado de dar continuidad y acrecentar nuestra cultura, y desde luego, a lo que dispone el último párrafo del artículo 4o. de la Constitución, que de manera taxativa determina lo siguiente como derecho fundamental en México: Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de los derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura.

Esto significa que cualquier documento realizado por fedatario público, sea notario, corredor público o por las autoridades del Estado mexicano en los tres niveles de gobierno, debe ser documentación, documentos autorizados solamente en las lenguas del Estado mexicano, de la lengua en español.

Me parece totalmente inadecuado que se permita que sin traducción al español puedan utilizarse lenguas en idioma extranjero. No estamos respetando a cabalidad la cultura y la lengua de nuestro país, estamos permitiendo excepciones que facultan a estos fedatarios públicos, a los corredores, a utilizar términos en lengua extranjera y a utilizar también en algunos casos lengua extranjera o a permitir que no exista traducción cuando se presenten para el cotejo documentos en lengua extranjera.

No importa que el artículo 19 que estoy comentando establezca que necesariamente deben conocer los hechos o las partes declaren conocer y entender su contenido. En todos los casos el Estado mexicano debe preservar la cultura de los mexicanos empezando por la defensa del patrimonio de la lengua en español y no permitir que lenguaje extranjero o idiomas extranjeros se introduzcan en los documentos de los fedatarios públicos.

Solicito, por tanto, muy atentamente, que este artículo se retire del dictamen o en su caso, que se derogue el párrafo segundo y párrafo tercero de la fracción V del artículo 19, para que únicamente se diga que todos los documentos que elaboren los fedatarios públicos, corredores públicos deben elaborarse en español a fin de preservar la lengua española en nuestro país. Por su atención, muchas gracias compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Jaime Cárdenas. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados por la negativa.

Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Cárdenas Gracia.

No habiendo más oradores consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo reservado.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo reservado. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del artículo reservado en los términos del dictamen.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal del artículo reservado, en los términos del dictamen.

(Votación)

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto?

Ciérrese el sistema de votación.

Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Tenemos 316 votos en total: 301 votos en pro, 1 abstención y 14 en contra. 301 a favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado por 301 votos el artículo que se había reservado. Por tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 57, 60, 62 y 63, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, recibida por esta Cámara de Diputados de la Cámara colegisladora, en fecha 30 de octubre de 2008.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 62 y 63, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la minuta mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero.En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 30 de octubre de 2008, los Secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo.El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero.El antecedente histórico de la minuta de referencia es el siguiente:

1. En fecha 9 de febrero de 2006, los diputados Manuel López Villarreal y Guillermo Tamborrel Suárez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la cual fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Economía.

2. Seguido su trámite legislativo, en fecha 23 de marzo de 2006, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modificó la iniciativa de referencia por 322 votos a favor y 1 abstención.

3. En fecha 28 de marzo de 2006, el Senado de la República recibió la minuta correspondiente, turnándose para su dictaminación a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera.

4. En fecha 14 de octubre de 2008, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 79 votos el dictamen de las comisiones dictaminadoras que modificó la minuta de origen, enviándose en esa misma fecha a esta Cámara de Diputados a efecto de continuar con el trámite legislativo.

5. El pleno de la Cámara de Diputados, en fecha 30 de octubre de 2008, resolvió turnar para su estudio a esta Comisión de Economía la minuta de referencia.

Consideraciones

Primera.Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Segunda.Que la minuta de referencia en resumen propone lo siguiente:

• Adicionar un párrafo al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para establecer que el presupuesto de egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior.

Tercera.Que el dictamen con el cual el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la minuta, establece lo siguiente:

“Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la minuta enviada por la colegisladora al señalar que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son muy importantes en la creación de empleo y en el impulso al crecimiento económico.

Aunado a lo anterior, estas comisiones reconocen que incrementar la competitividad de nuestro país es una necesidad impostergable. Las empresas micro, pequeñas y medianas, requieren de programas y fondos de fomento y apoyo por parte de los gobiernos para establecerse, crecer y desa-rrollarse en condiciones favorables para su competitividad.

Los mecanismos de apoyo a las mismas son sin duda un estimulo para la capacidad de emprender que nuestros connacionales han demostrado tener.

Los beneficios económicos y en la creación de empleos que aportan no pueden menospreciarse: más 7 de cada 10 empleos formales en México son generados por micro, pequeñas y medianas empresas, que generan además más del 52 por ciento del PIB nacional (Datos de la Secretaría de Economía y del Inegi en: Resumen ejecutivo Fondo Pyme 2007 www.fondopyme.gob.mx).

Asimismo, estas comisiones dictaminadoras consideramos que el Presupuesto de Egresos de la Federación es un valioso instrumento de política económica que busca asignar de manera eficiente y equitativa el gasto público para impulsar y fomentar el crecimiento económico, el desarrollo social y una mejor distribución del ingreso, por lo que tiene un impacto de gran alcance para la sociedad.

De igual forma, reconocemos que el presupuesto para el desarrollo y crecimiento de las Mipymes es, más que un gasto, una importante inversión para el país. Toda vez que estos recursos fomentan la inversión productiva en la creación de empresas y de empleos y, por lo tanto, el fomento a su establecimiento y desarrollo es una responsabilidad inexcusable de los poderes públicos, especialmente el Ejecutivo y el Legislativo, que deben convertirse en los principales promotores de la actividad de este sector, aportando asesoría, capacitación, orientación, y recursos económicos en condiciones competitivas para impulsar la generación, viabilidad y desarrollo de las Mipimes (sic) mexicanas.

Estas comisiones dictaminadoras, no omiten mencionar que es de vital importancia articular una estrategia con visión de largo plazo, ya que los cambios que se pueden dar en cada ejercicio de gobierno en el enfoque, contenido e instrumentos de la política hacia Mipymes poco favorecen el avance y modernización de las empresas de menor tamaño. Además consideramos que lo deseable sería incrementar sustancialmente los fondos de apoyo a este sector.

Por ello, garantizar que los recursos que se destinan a estas actividades de fomento, al menos no disminuyan, es una forma de asegurar una atención mínima a este sector a la vista de su aporte a la economía nacional y el empleo. Cualquier esfuerzo que se haga para apoyarlas es absolutamente justificado.

Por otra parte, consideramos pertinente la inclusión de esta previsión en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ya que es el instrumento normativo idóneo para plantearla, de conformidad con el objeto de la misma, establecido en su artículo 1:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.

Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa.

Estos recursos estarán destinados a programas de apoyo que coordina la Secretaría de Economía, que es la responsable de coordinar las acciones previstas en la Ley para el Desa-rrollo de la Competitividad de las Mipymes.

Finalmente, cabe destacar que en los últimos años el Presupuesto Federal ha destinado cantidades para el apoyo y fomento a Mipymes menores al 0.2 por ciento del monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que la medida propuesta no compromete de manera relevante la asignación del gasto público federal, ni resta flexibilidad en su integración a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sobre todo a la vista de los beneficios que estos fondos pueden acarrear a la economía nacional.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto, se considera procedente aprobar la propuesta contenida en la minuta en estudio, para que el Presupuesto de Egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no pueda ser inferior, en términos reales, al presupuestos autorizado en el ejercicio fiscal anterior; por lo que estas Comisiones Unidas sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 2....

...

El presupuesto de egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior.

Transitorios

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Cuarta.Es importante mencionar los cambios que sufrió la iniciativa original a lo largo del trámite legislativo, a fin de ubicar el tema materia del presente dictamen:

1. La iniciativa original proponía como redacción de la reforma el término “El presupuesto de egresos de la Federación”.

2. El dictamen de la Comisión de Economía de la LX Legislatura, que fue el aprobado por esta Cámara de Diputados, modificó la iniciativa original y utilizó el término “El presupuesto federal”.

3. El dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, modificó la minuta proveniente de esta Cámara y retomó el término de la iniciativa original, es decir, la frase “El presupuesto de egresos de la Federación”.

Aclarado lo anterior y de conformidad con el apartado E del artículo 72 constitucional, la discusión en esta Cámara de origen sólo puede versar sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones realizadas por la Cámara revisora, por lo que lo procedente es analizar si el término “El presupuesto de egresos de la Federación”, es uno que tiene una connotación más apropiada al de “El presupuesto federal”.

Cabe decir, que ni en el dictamen aprobado por esta Cámara de origen, ni el aprobado por la Cámara revisora, hacen referencia o justificación alguna a la modificación del término referido.

En este sentido, los diputados que integran esta Comisión de Economía de la LXI Legislatura, estiman que existe afinidad en la definición que al término presupuesto de egresos de la federación da la minuta que se dictamina, y el que a ese mismo término expresa la Constitución Política Mexicana

Asimismo, el término presupuesto de egresos de la federación es uno que tiene concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el mismo es mencionado literalmente en los artículos 74 fracción IV, 100, 116 y 122, no así el de presupuesto federal, al cual la Carta Magna no hace referencia alguna.

En ese sentido, siendo la Constitución el documento de máxima jerarquía dentro de nuestro sistema jurídico, resulta evidente que el término presupuesto de egresos de la federaciónes uno que es más apropiado que el que originalmente utilizó esta Cámara de Diputados, de ahí que lo correcto sea aceptar la modificación proveniente del Senado.

Quinta.Que en virtud de lo anterior, esta comisión se manifiesta por aprobar la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y remitir en su momento al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo Único.Se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 2....

...

El presupuesto de egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de junio de 2010.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica en contra), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica en abstención), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica en abstención), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, José Antonio Arámbula López (rúbrica en contra), Sergio Gama Dufour (rúbrica en contra), Luis Enrique Mercado Sánchez, Ramón Merino Loo, Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Carlos Torres Piña (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal por la comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal:Con la venia de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros, subo a esta tribuna a posicionar por parte de la comisión el decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Compañeros diputados, si los pequeños y medianos empresarios de este país tuvieran un peso por cada discurso, por cada comentario en comisión que se ha hecho en esta Legislatura, hoy no tendrían los problemas económicos que tienen.

Lamentablemente hemos hecho mucho, pero no suficiente. Hoy lo único que estamos proponiendo es, en este dictamen, agregar a la Ley de las Pequeñas y Medianas Empresas, en el artículo 2, el siguiente párrafo: El Presupuesto de Egresos de la Federación que se destina para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas no podrá ser inferior en términos reales al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior.

Compañeros, el 72 por ciento del empleo generado en este país es gracias a las pequeñas, medianas y micro empresas. El 52 por ciento del producto bruto de este país es generado por las mismas, y México ha sido uno de los países que menos han apoyado este sector.

En relación al Presupuesto de Egresos de la Federación, en materia de gasto programable, en el año 2006 dedicábamos el 0.11 de 1 por ciento. El esfuerzo que se ha hecho en los últimos 5 años ha logrado empujar este porcentaje prácticamente tres veces para que sea un tercio de 1 por ciento. No hay proporción entre el esfuerzo de las Pyme y el apoyo que les brindamos.

Es por ello que la Comisión de Economía, que me honro en presidir, les pide el apoyo a este dictamen que viene respaldado desde que por primera vez subió el asunto a este pleno, en el año 2006, con una votación de unanimidad en la Cámara de Diputados. Fue dictaminado en el Senado de la República en el 2008, también por unanimidad y finalmente regresa a este pleno para ser aprobado por ustedes.

De antemano, gracias por el apoyo a los pequeños, micro y medianos empresarios de este país. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

Esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, para hablar en contra, el señor diputado Mario di Costanzo Armenta. Tiene usted la palabra señor diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Yo vengo a hablar en contra de este dictamen, porque me parece que una vez más refleja el no querer actuar de la Cámara de Diputados.

Creo que todos nosotros hemos criticado la manera en cómo se ha manejado el llamado Fondo Pyme, los apoyos a las pequeñas y medianas empresas que se han manejado además, a través de la Secretaría de Economía, que ya se ha vuelto un banco y hemos descuidado totalmente, la verdadera labor que tiene que hacer la banca de desarrollo, es decir, hay iniciativas importantes, incluso lo señalo, del Grupo Parlamentario del PRI, que hablan de la urgencia de volver a agrupar a la banca de desarrollo para que ésta retome su papel.

Frente a nuestros ojos vemos cómo están desintegrando a la banca de desarrollo. Están terminando con el capital humano de la gente que trabaja en órganos como Bancomext, como Nafinsa.

Lejos de poner un remedio a la situación sacamos este tipo de enmiendas a la ley, que únicamente fortalecen el hecho de echarle dinero bueno al malo.

No seamos demagógicos y tomemos las cosas como son. Reformemos y retomemos el papel de la banca de desarrollo. Hagamos leyes para fortalecer a la banca de desarrollo y no pongamos parches nada más para garantizar que recursos que se han destinado de manera ineficiente a las pequeñas y medianas empresas, muchas veces con un carácter electorero, sigamos alimentando esta forma ya de actuar de la Cámara de Diputados.

Les doy un ejemplo, porque hace pocos días aquí hubo una discusión importante sobre el tema de los impuestos al tabaco. Nada más quiero decirles que de los 12 mil millones de pesos que se piensan recaudar, no van a ir al sector salud como se había analizado. Yo los invito a que vean que en el Presupuesto de Egresos a duras penas y se le van a destinar mil 500 millones de pesos a este sector, cuando la recaudación adicional por el asunto del tabaco es de 12 mil millones.

Más aún, el 2 de noviembre, ya se incluyó en el cuadro básico de medicinas, el asunto de la medicina o de los tratamientos para dejar de fumar. Es decir, ahora en el Seguro Social nos van a dar chicles para dejar de fumar y si no los tiene nos van a dar un vale.

Creo que éste es el resultado de legislar sin conocer a fondo los problemas y sin mencionar a fondo cuáles son los verdaderos problemas que atraviesa y que enfrenta la economía mexicana.

Y lo señalo porque el tema de la banca de desarrollo es un tema toral, es un tema que se ha rehusado discutir en el seno de la Comisión de Hacienda y ya estamos parchando las leyes, asegurando recursos vía programas o vía dependencias que han mostrado ser altamente ineficientes y electoreras en el reparto de estos recursos.

Por eso los invito a votar en contra de este dictamen y a retomar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario, incluso del PRI, que busca redefinir, reagrupar y redimensionar a la banca de desarrollo, y a evitar los ataques que se están teniendo contra los empleados de la banca de desa-rrollo.

Aquí han venido, con muchos legisladores, empleados del Sindicato de Bancomext, empleados del Sindicato de Banobras, empleados del Sindicato de Nacional Financiera que están siendo sacados de sus oficinas, que están siendo relegados, que están siendo víctimas de una ofensiva contra ellos por implementar esquemas como el outsourcing en la banca de desarrollo.

No queramos detener y tapar el sol con un dedo con este tipo de modificaciones a las leyes que no nos van a llevar a nada. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. No habiendo más oradores registrados consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor muchas gracias. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Les informo, señores diputados, que nos visitan invitados ciudadanos del municipio de Acámbaro, Guanajuato, invitados por el diputado Ramón Merino Loo.

Igualmente, alumnos de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, a invitación del diputado Canek Vázquez Góngora. Les damos la más cordial bienvenida y les enviamos un saludo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Adelante, diputada, sigue abierto el sistema.

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico.

Diputado presidente, se emitieron 242 votos en pro, 57 abstenciones y 16 en contra.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado en lo general y en lo particular por 242 votos el proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social de la H. Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por los diputados Enoé Margarita Uranga Muñoz del Partido de la Revolución Democrática y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Seguridad Social corresponde dictaminar la iniciativa en comento.

En cumplimiento del turno realizado por la Presidencia de esta H. Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Social, emite el siguiente:

Antecedentes

I. Con fecha nueve de marzo de dos mil diez la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a la Comisión de Seguridad Social para su estudio y elaboración de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por los diputados Enoé Margarita Uranga Muñoz y Rubén Ignacio Moreira Valdez, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PRI, respectivamente. Esta comisión es competente para examinar el contenido de la citada iniciativa, en los términos de la Ley Orgánica y del Reglamento Interior de esta H. Cámara de Diputados.

II. Del análisis de la exposición de motivos de la citada iniciativa se desprende que busca la igualdad en los derechos de Seguridad Social de las familias derivadas de las Sociedades de Convivencia del Distrito Federal y Pactos Civiles de Solidaridad del estado de Coahuila, con los hogares de matrimonios heterosexuales la cual significa un avance innegable en la cultura de la no discriminación por motivos de preferencia sexual que es fundamental continuar fortaleciendo.

Contenido de la Iniciativa

Los proponentes de la iniciativa, consideran que el derecho a la no discriminación es transversal a los derechos humanos sustantivos; uno de los cuales es el de la seguridad social, por lo cual, es indispensable que a las diversas instituciones distintas al matrimonio heterosexual que nos hemos dado para reconocer jurídicamente, les sean garantizados sus derechos a la seguridad social. La legislación debe reconocer en forma efectiva, el derecho que los diversos estados de la república dan a las instituciones civiles para atender a nuestra realidad y a la mejor convivencia ciudadana tal y como corresponde a la federación.

El avance mejora la formación y comportamiento tolerante de nuestra sociedad hacia quienes son diferentes y favorece la cohesión social al combatir expresiones de intolerancia y de exclusión social hacia estas familias, cuando éstas tienen las mismas necesidades de seguridad social.

Los autores refieren que los trabajadores asegurados, unidos civilmente a través de Sociedades de Convivencia del Distrito Federal, Pactos Civiles de Solidaridad, cumplen con el pago puntual de sus cuotas en la misma medida que quienes han contraído matrimonio heterosexual, o viven en concubinato, pero no reciben el mismo trato legal, ni la misma contraprestación o beneficio para sus familiares, lo cual se traduce en una desigualdad de derechos.

La iniciativa tiene la intención de eliminar la discriminación que aún enfrentan quienes han suscrito algunas de las figuras jurídicas vigentes tanto en el Estado de Coahuila como en el Distrito Federal, ya sea como Pacto de Solidaridad o como Sociedad de Convivencia, para acceder al derecho a la seguridad social que el Estado mexicano proporciona a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, toda vez que tales figuras dan reconocimiento a familias de estas entidades que no se conforman bajo patrones tradicionales.

Consideraciones

El sistema de seguridad social en nuestro país ha tenido como una de sus finalidades la protección del individuo y su familia.

El concepto de familia actualmente ha cambiado, y como consecuencia de esos cambios se han reformado las legislaciones en el Distrito Federal y Coahuila reconociendo los derechos derivados de estos cambios y otorgando protección legal a estas nuevas figuras entre las que se incluye a la familia homoparental.

La regulación legislativa de la familia corresponde a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, situación por la cual en las referidas entidades federativas se llevaron a cabo tales modificaciones a la forma en que el Estado concibe a la familia.

Siendo así que si la Ley del Seguro Social tiene como uno de sus objetivos la protección social de la familia, no existe razón alguna por la que se deba negar la protección familiar a las parejas unidas bajo las figuras de sociedades de convivencia o matrimonio de personas del mismo sexo, para el caso del Distrito Federal; o pactos civiles de solidaridad, para el caso de Coahuila y en su caso, para el resto de los estados que integran la Federación y que en su momento consideren realizar cambios legislativos para el reconocimiento de familias homoparentales.

El marco constitucional ampara la naturaleza del pacto federal sobre el cual se funda el Estado mexicano; se considera que para la mayoría de los diputados del estado de Coahuila de Zaragoza y del Distrito Federal, es indispensable que a los instrumentos que se han dado legalmente para reconocer jurídicamente la realidad de los hogares distintos al matrimonio heterosexual, les sean garantizados plenamente sus derechos a la seguridad social inscritos en el ámbito federal de cuyo contrato político son parte.

En ese sentido, la iniciativa no solamente pretende que los actos jurídicos bilaterales existentes en el país accedan a la seguridad social sin discriminación, también incita a que el H. Congreso de la Unión reconozca y respete en forma efectiva y no limite el derecho que los diversos estados de la República tienen para darse las instituciones civiles que requieren para atender sus evidentes realidades familiares y a la mejor convivencia de su ciudadanos tal y como corresponde a la federación.

Siendo así que para el caso de algunas otras formas de familia, el Consejo Nacional de Población ha afirmado que los cambios demográficos de finales del siglo XX “contribuyeron a la configuración de nuevos contextos familiares en el país...propiciando nuevos arreglos residenciales e inéditas formas de organización de la vida en familia...Todo parece indicar que la disminución de hogares de parejas con hijos, el aumento de los hogares monoparentales, los de parejas sin hijos y los hogares unipersonales serán los ejes que marcarán el rumbo de los arreglos residenciales en México.”

La Ley del Seguro Social vigente, establece quienes son los beneficiarios y en qué modalidades son únicamente las beneficiarias, por el hecho de ser mujeres y en casi todos los casos por ser cónyuge o concubina.

La conclusión inevitable es en el sentido de que las familias son una institución social dinámica en permanente transformación, cuyos cambios requieren ser reconocidos y protegidos por el derecho. Sin duda, entre estas formas familiares se encuentran las homoparentales, aquellas integradas por parejas formadas por personas del mismo sexo con hijos. Esto es así, porque hay que convenir que las familias son fundamentalmente, un espacio de vinculación de afectos, un espacio en que los seres humanos transmiten su experiencia vital, pero, esencialmente, comparten sus sentimientos y anhelos.

El actual artículo 5-A de la Ley del Seguro Social tal y como se encuentra redactado, da pie a interpretar que dicha Ley protege los derechos de los matrimonios homoparentales, sociedades de convivencia y pactos civiles de solidaridad, no obstante tal circunstancia, la redacción actual de la Ley del Seguro Social genera confusión en su interpretación al realizar distinciones entre géneros al otorgar derechos que dependen de esta circunstancia.

El Congreso de la Unión carece de competencia para definir las modalidades de integrar una familia, de acuerdo con el artículo 73 constitucional, ya que como se ha mencionado con antelación, esta materia es competencia de las legislaturas locales; sin embargo, resulta imperativo que la federación realice los cambios legislativos correspondientes para dar cobertura de Seguridad Social a los distintos tipos de familias que se reconozcan en los entes políticos que integran la federación.

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos de la seguridad social es la protección de la familia; por lo que en una interpretación armónica de la Ley del Seguro Social con los conceptos de familia de los estados de la federación y el Distrito Federal, no existe razón para dejar sin seguridad social a este tipo de uniones que difieren de la generalidad de formas de familia que hay en nuestro país.

El reconocimiento legal de estas nuevas instituciones, es mediante un acto jurídico sancionado por la ley, considerando que el acto jurídico se define como: “Es la manifestación exterior de la voluntad tendiente a la producción de efectos sancionados por la Ley y que precisa de elementos esenciales sin los cuales no puede existir como son: a) La voluntad y b) Un objeto posible. En tal sentido, tanto los Pactos Civiles de Solidaridad como las Sociedades de Convivencia comprendidas y reconocidas por una legislación local, son actos jurídicos bilaterales, puesto que se celebran voluntariamente (de común acuerdo) entre dos personas con el objeto de establecer un hogar común, con la voluntad de permanencia y la ayuda mutua, por esos actos se derivan obligaciones alimentarias, de sucesión o semejantes.

Puesto que, estos actos jurídicos bilaterales, en la práctica son también un tipo de uniones, en éste caso de carácter civil, el vocablo “Unión Civil” servirá para ser considerada en la parte de definiciones tanto de la Ley del Instituto Mexicano de Seguridad Social, como en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cuando se hable del Pacto Civil de Solidaridad o de la Sociedad de Convivencia o de alguna otra unión civil.

Las figuras jurídicas que reconocen la composición real de los hogares mexicanos se colocan a la vanguardia al responder a las nuevas necesidades de organización familiar que caracteriza a las sociedades actuales y en ampliar el deber del Estado para con ellas. De ahí que la reforma que se plantea apela a que el Federalismo no se reduce a una noción formal y puramente jurídica, sino que se refleja como una expresión viva, cotidiana y profunda del acontecer social y político, del cual la diversidad de hogares no ha sido cabalmente abarcada y muestra rezagos frente a una realidad que exige su entero reconocimiento para hacer efectivos los derechos fundamentales que se sustentan en la Carta Magna, tal como ha sido el caso de los estados donde ya se han registrado, con apego al federalismo que configura a la nación.

Esta Comisión de Seguridad Social también acepta que las reformas aquí propuestas se corresponden con la mundialización, en la cual está inmerso el país, pues las normas jurídicas están evolucionando vertiginosamente. Así, en general, los países que encabezan la lista de desarrollo humano del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), han reconocido la Seguridad Social y de hecho la igualdad de derechos respecto del resto de la población, para parejas del mismo sexo.

Existen algunos de estos países que han dado pasos similares atendiendo a sus propios esquemas jurídicos. Por ejemplo, vale la pena señalar las diferencias sustantivas que tenemos con Canadá, país que articula y organiza su sistema en materia de seguridad social a partir de un criterio de acceso ciudadano efectivo y no discriminatorio a estos derechos.

Esta Comisión admite que uno de los factores que contribuyen a explicar la desigualdad que actualmente caracteriza al sistema de seguridad social en el país, radica en que éste está basado en un modelo de familia tradicionalmente heteronormativa, que actualmente está rebasado ante el avance visible de una realidad social más compleja y diversa. Lo anterior se confirma con la irrupción constitucional del Derecho a la no Discriminación, que trastoca y otorga una nueva dimensión al campo de los derechos humanos, en particular al derecho a la seguridad social.

La reforma que se propone encuentra sustento en el Derecho a la no Discriminación que está contemplada en nuestro marco constitucional, en donde las preferencias sexuales quedaron prohibidas expresamente en nuestro Estado. Continuar con la actual legislación generaría el incumplimiento de este principio constitucional de no Discriminación. Esta Soberanía considera indebido desconocer los derechos de Seguridad Social a las familias homoparentales.

En respeto a los derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su carácter de ordenamiento jurídico de mayor nivel, establece esta serie de derechos en su artículo 1 señalando que:

“En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Este sentido, se confirma en el artículo 4º, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es la Ley Reglamentaria de este artículo 1º, y donde explícitamente se señala que se trata de las preferencias sexuales como motivo de discriminación. De tal forma que la Carta Magna aclara que la discriminación en cualquiera de sus formas es inconstitucional porque atenta contra la dignidad de las personas y con ello perjudica la cohesión social. Por su parte, la fracción XXIX del apartado A del artículo 123 señala que:

XXIX. “Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.”

En su apartado B, que corresponde a los trabajadores del Estado, este mismo artículo 123, ubica en su fracción XI, las bases mínimas de la seguridad social, las cuales son similares en cuanto que protege de accidentes y enfermedades y cubre aspectos en la maternidad, asistencia médica y medicinas, incluyendo a los familiares de los trabajadores y otros beneficios sociales como vivienda, tiendas económicas y centros vacacionales.

El impacto de esta práctica discriminatoria sitúa en desventaja y en extrema vulnerabilidad económica y social a quienes no son derechohabientes de dicho sistema, ya que se abandona al individuo y a su familia en el cuidado de su estado de salud, se restringen sus oportunidades para mejorar sus ingresos, se le niega el acceso a servicios sociales y culturales y se le rechaza de cualquier previsión para la vejez.

Además, como es bien sabido, el Derecho a la no Discriminación no se constriñe únicamente al marco constitucional, dado que es norma constante en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a cuyos tratados y declaraciones se ha obligado dar cumplimiento el Estado mexicano. El Derecho a la Seguridad Social, por lo tanto, es un compromiso internacional que no puede ser negado por motivo de discriminación, y sus componentes son sin duda, necesarios para edificar el proyecto de vida personal y familiar de toda persona, sea cual sea su orientación o preferencia sexual, ya que están expuestas por igual y a lo largo de su vida a los riesgos y a las contingencias de la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte.

El reconocimiento a la realidad universal de una diversidad familiar se vislumbra en la observación general No. 19 referente al artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, relativo al derecho a la seguridad social, entre otras cosas manifiesta que no hay un concepto único de familia y que más allá de esto:

Cuando la legislación y la práctica de un Estado consideren a un grupo de personas como una familia, éste debe ser objeto de la protección prevista en el artículo 23. Por consiguiente en sus informes, los Estados Partes deberían exponer la interpretación o la definición que se da del concepto de familia y de su alcance en sus sociedades y en sus ordenamientos jurídicos...En vista de la existencia de diversos tipos de familia, como las de parejas que no han contraído matrimonio.

En esta misma ruta de reconocimiento de la existencia de muchos tipos de familias, se han pronunciado las Conferencias Internacionales del Cairo y Beijing. De hecho, en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo, México convino reconocer como deber y compromiso, “elaborar políticas y leyes que presten mayor apoyo a las familias, que contribuya a su estabilidad y tengan en cuenta su pluralidad de formas”.

La Seguridad Social es asimismo definida por la Organización Internacional del Trabajo como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no darse, ocasionan una desigualdad de derechos traducible en la práctica como desigualdad de oportunidades y de trato respecto al resto de las familias, convirtiéndose en los hechos, en una especie de castigo o sanción para quienes no cumplan con los postulados hegemónicos ni se adscriban o ajusten al modelo único. Esto contradice a la realidad y niega a la diversidad como un valor ético que se debe promover.

Al respecto cabe señalar que el Estado mexicano debe atender, como todos los demás Estados Parte de la comunidad internacional las estipulaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que para este efecto implica al artículo 22 siguiente:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Del mismo modo, se encuentra el artículo 6 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que garantiza el Derecho a la constitución y a la protección familiar:

Artículo VI. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.

Los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género, el cual es el documento que contiene los principios legales para la aplicación de las normas internacionales de Derechos Humanos en relación a la orientación sexual e identidad de género, establece en su numeral 13-A que los Estados: “Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, a la seguridad social y a otras medidas de protección social, incluyendo beneficios laborales, licencia por maternidad o paternidad, beneficios por desempleo, seguro, cuidados o beneficios de salud (incluso para modificaciones del cuerpo relacionadas con la identidad de género), otros seguros sociales, beneficios familiares, beneficios funerarios, pensiones y beneficios relativos a la pérdida de apoyo para cónyuges o parejas como resultado de enfermedad o muerte”.

Es importante resaltar que los hogares juegan un papel mediador entre la sociedad en su conjunto y cada persona portadora de derechos y es en este espacio doméstico en donde se posibilitan los vínculos económicos más estrechos para la satisfacción de las necesidades básicas así como para la reproducción cultural y normativa. El reconocimiento jurídico de los cambios en los arreglos que subsisten en su seno permite por lo tanto, mejorar la calidad.

Cabe recordar que el quehacer legislativo debe atender a las demandas sociales, así como resolver y prever las problemáticas que al conglomerado social puedan presentarse. En síntesis, no puede desconocer el esfuerzo de dos entidades integrantes del Pacto federal que han decidido hacerse cargo de la realidad social que se les impone, como es la existencia de familias distintas a la tradicional y a la necesidad de dar seguridad social a quienes aportan y por ende, tienen legítimo derecho a ella y que no reciben sus beneficios por un vacío en la norma; pero más importante aún, debe ser garante del respeto a la norma y a la no conculcación de la misma como podría ser la discriminación a un importante y productivo sector social sino se reforman los ordenamientos materia del presente dictamen.

La legislación federal no debe obstaculizar los derechos sociales reconocidos en estas dos entidades integrantes del Pacto federal, antes al contrario, debe servir de marco propicio a la armonización legislativa de los derechos humanos. La reforma propuesta busca respetar e impulsar la autonomía de los procesos legislativos innovadores y creativos, que consoliden la voluntad política de enfrentar las nuevas demandas y realidades sociales, a partir de valorar los importantes avances en las legislaciones locales, concretamente de Coahuila y el Distrito Federal, que admiten ya en sus ordenamientos una realidad constatable como lo son las familias diversas entre personas del mismo género.

El avance referido en ambas entidades para reconocer distintas modalidades de arreglos familiares es civilizatorio por varias razones. En primer lugar, fortalece el marco de laicidad al permitir el respeto a la libertad de las personas para decidir el proyecto de vida que desean tener.

Un Estado constitucional del siglo XXI, no puede ni avalar, permitir o perpetuar las prácticas de intolerancia, exclusión y discriminación, dado que la recomposición del tejido social debe ser su prioridad a través de acciones que favorezcan una reforma social apegada a sus deberes en derechos humanos. La omisión legislativa en este terreno, no se corresponde con una actitud para con los nuevos retos que la sociedad reclama.

La propuesta asume que las sociedades son cambiantes y evolucionan, requiriendo reformas que favorezcan la cohesión social, al combatir expresiones de exclusión hacia estas familias, siendo que tienen las mismas necesidades de seguridad social que las familias enmarcadas en esquemas tradicionales. De manera que el hecho de representar proyectos de vida diferentes no puede ser motivo para no acceder al derecho a la seguridad social.

Además, constituye un paso más contundente para lograr hacer de la diversidad un valor amplio y profundamente incluyente. Esto contribuye al diálogo entre distintos que es premisa fundamental de cualquier democracia.

Por último, pero no menos importante, responde al Principio de Igualdad que asiste a todas las personas en el marco del Derecho Internacional de Derechos Humanos y al progreso que amerita la ratificación de los tratados e instrumentos jurídicos en la materia. Esta iniciativa por ende, atiende todas las dimensiones de este Principio, al perseguir la igualdad de derechos y con ello la igualdad de trato y de oportunidades para todos los arreglos familiares bajo los cuales las personas se desarrollan.

Bajo esta mirada resulta relevante el reciente pronunciamiento realizado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, quien dentro de sus observaciones finales al V Informe que el Estado mexicano presentó ante dicha instancia, incluyó la recomendación de que el Gobierno mexicano debe reconocer los derechos LGBTI, ya que se trata de uno de los grandes pendientes.

No es despreciable el hecho tampoco de que el mismo gobierno federal en su reciente participación en la sesión 54° de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, incluyó en su informe, como ejemplo de avance en materia de derechos humanos, la aprobación de la Ley de Sociedad en Convivencia del Distrito Federal, de manera tal que no resulta comprensible que se niegue al interior lo que se presume hacia fuera del país de lo alcanzado por este gobierno local.

Para cualquier entidad que genere los cambios legislativos similares a los de Coahuila y el Distrito Federal, resultaría injustificado, el trato discriminatorio de negar la protección y beneficios derivados de la seguridad social a las parejas unidos por pactos de civiles, concubinatos, sociedades de convivencia o matrimonios homparentales en los cuales haya un miembro con derechos de la seguridad social que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Cabe destacar que tal segregación es todavía más violatoria de estos derechos, en tanto que el trabajador o trabajadora asegurados o unidas civilmente, cumple con el pago puntual de sus cuotas en la misma medida que quienes han contraído matrimonio, o viven en concubinato, pero no recibe ni el mismo trato legal, ni la misma contraprestación o beneficio para sus familiares que éstos últimos.

La ley legitima prácticas discriminatorias que deben ser erradicadas, de manera que se evite cualquier interpretación que valide el acceso al derecho de seguridad social exclusiva y excluyentemente por un patrón heteronormativo, donde las parejas del mismo sexo o arreglos familiares que no pasan por relaciones sexoafectivas nada más pierdan su derechos a los servicios o beneficios de la seguridad social. Las Sociedades de Convivencia establecidas en el Distrito Federal incluso permiten por ejemplo, dar cobertura jurídica a quienes celebren dicha unión civil sin que necesariamente tengan que ser homosexuales.

Vale la pena traer al análisis, la opinión de otro especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que ha efectuado todo un replanteamiento de definiciones como la del matrimonio, ante la necesidad que existe ante numerosos modelos de familia que no pasan por la unión previa y formal como la que implica el matrimonio tradicional. Jorge Adame en su disertación aristotélica, ética y jurídica llega al resultado de demostrar la inviabilidad de que este tipo de definiciones, como la de matrimonio, le competan o sean decisión que le corresponde tomar al legislador y de hecho propone la incursión en nuevos caminos para rehacer este concepto.

Este investigador señala, como bien lo ratifica Nuria González, que:

...en lugar del precepto de la Constitución mexicana que dice que el matrimonio tiene la validez y los efectos que determinen las leyes, convendría reconocer este otro principio: “que la unión entre personas tendrá la validez y efecto que determinan los propios contrayentes”...Y según sea la unión que quieran, así será la justicia natural de su amistad y la justicia que el ordenamiento jurídico deberá reconocer a esa unión.

Ambos especialistas en ciencias jurídicas coinciden en expresar que:

...no corresponde a la legislación pública (provenga del legislador nacional o de órganos supranacionales) establecer una sola forma de unión entre varón y mujer, sino reconocer las diversas posibilidades de unión, y dejar que sean los propios contrayentes quienes decidan el tipo de unión que quieran hacer y los efectos de esa unión.

De esta forma refuerzan el sentido democrático, igualitario y libertario de un Estado respetuoso de las decisiones del individuo, ya que en su análisis, más que el acto ceremonial en sí, colocan el énfasis de estas adecuaciones jurídicas a la garantía de derechos como el de la seguridad social.

Es por eso que se propone corregir mediante esta reforma y adiciones a las definiciones de ambos ordenamientos legales objeto de esta iniciativa, un carácter hermenéutico más amplio que obligue al Estado mexicano a incorporar al trabajador o a la trabajadora y a quienes legalmente decidan compartir su proyecto de vida al disfrute de los mismos derechos, independientemente de sus preferencias sexuales o afectivas.

En lo tocante al impacto presupuestal que puede significar esta reforma, se considera que no existe detrimento en las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social ni del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que la cuota obrero-patronal que se aporta a tales instituciones abarca per se la posibilidad de que el afiliado o afiliada tenga una pareja y en su caso, hasta descendientes o ascendientes como beneficiarios de los servicios de salud y seguridad social; es decir, que los afiliados homosexuales no pagan una cuota distinta a la que pagaría cualquier otro derechohabiente heterosexual.

Se deduce que no existe mayor costo de lo que está considerado, derivado de que al fijar las cuotas obrero-patronales, éstas son calculadas teniendo como base el salario que percibe el cotizante y por lo tanto, se le considera por cuestión generalizada como una persona heterosexual que posiblemente tendrá o tiene un concubinato o un matrimonio; luego entonces, si a un derechohabiente que aporta su cuota para la cobertura de seguridad social de su pareja, no existe argumento financiero para afirmar que si es del mismo sexo que el aportarnte, resulta en un gasto no considerado, máxime que al afiliar a los trabajadores sus preferencias sexuales no inciden en la cuota que habrán de pagar el patrón y trabajador.

De lo anterior, resultaría en un argumento falaz el considerar que una persona por el hecho de tener una pareja de sexo distinto le resulta más barata la cobertura social, y una persona con una pareja de su mismo sexo, resultaría en una cobertura más onerosa.

Así, estos derechohabientes no disponen de los mismos servicios y contraprestaciones que sí reciben los trabajadores casados en matrimonio heterosexual o en concubinato y, en cambio, los institutos administradores de la seguridad social sí perciben los mismos beneficios financieros, ahí sí, sin hacer distingo alguno entre las y los trabajadores casados o no, reafirmando un trato injusto por discriminación, contrario a los principios de solidaridad social que deben regirlos.

También es importante señalar que la iniciativa refiere el cálculo elaborado por el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social ante el previsible desafío que representará para su operación la necesaria aceptación de este tipo de reconocimientos civiles, y que se presentó en el documento denominado Evaluación de los Riesgos Considerados en el Programa de Administración de Riesgos Institucionales de 2008.

Entre los supuestos que el Instituto Mexicano del Seguro Social consideró para hacer efectivo el reconocimiento a figuras como las de Sociedad de Convivencia y los Pactos de Solidaridad, están que se infiere que cerca del 2.3 por ciento de los asegurados trabajadores del IMSS son homosexuales, con tasas de 2.8 hombres y 1.4 mujeres por cada 100 personas de cada sexo, respectivamente.

En términos generales, la estimación repercute en dos tipos de seguros del instituto: el derecho a las pensiones de viudez de los seguros de Riesgo en el Trabajo (SRT) y de Invalidez y Viudez (SIV). Dicha magnitud se haría extensiva bajo el supuesto (en el caso más extremo) de que el 59 por ciento tendría una pareja estable, quisiera formalizarla y compartiera el mismo hogar.

Esta Comisión de Seguridad Social hace hincapié en la improcedencia del cálculo que refiere la iniciativa, dado que es evidente que, a partir de los datos duros del registro efectivo de estas uniones del año pasado que encontró en su investigación legislativa, las proyecciones del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto del número de uniones en Sociedad de Convivencia o Pactos de Solidaridad por año son a todas luces exageradas.

La evidencia echa abajo la estimación del IMSS, que con supuestos tan frágiles y exagerados establece que el impacto de la reforma sobre el Seguro de Retiro del Trabajo y del Seguro de Invalidez y Viudez, llegaría en 2010 a un total de 123, 436 asegurados homosexuales. Como se puede observar existe una diferencia sustantiva entre lo que la realidad señala con lo que el IMSS estima y por lo tanto, esta Comisión considera que en ningún momento las reformas ponen en riesgo financiero a dicho instituto y por similitud, tampoco al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado.

Las personas que decidieron cobijarse en relaciones jurídicamente reconocidas como el Pacto de Solidaridad, la Sociedad de Convivencia o bien matrimonio entre personas del mismo género, constituyen verdaderas familias y que corresponde al Estado su reconocimiento y tutela legal, pues la discriminación impide que sus derechos laborales sean ejercidos cuando se les niega el acceso a la seguridad social a sus compañeras o compañeros civiles, conviviente o cualquier otra categoría derivada de las uniones civiles. La presente iniciativa tiene por objeto corregir esta práctica y reconocer textualmente, en las leyes respectivas, tales derechos.

El reconocimiento a la diversidad familiar de estas dos entidades y las que en el futuro realicen los cambios legislativos para reconocer los tipos de familia homoparentales, legitima a las y los interesados que han cumplido sus requisitos de ley para reclamar las prestaciones correspondientes a modalidades de seguridad social como pensiones, disposiciones testamentarias especiales o beneficios o provechos por prestaciones sociales. Una especialista, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de hecho integra a estas dos figuras dentro de sus análisis de las nuevas estructuras familiares, señalando las peculiaridades de cada una de ellas como son el hecho de que una se inscribe en el registro civil y la otra no.

Esta Comisión apunta que un aspecto sobre el cual avanza el dictamen, a partir de la intención de garantizar el derecho a la Seguridad Social a los matrimonios y uniones civiles ya referidas, es el que tiene que ver con el tiempo para que el concepto de permanencia de las relaciones de concubinato se acorte de cinco a dos años. El criterio que aplican las legislaciones del orden civil para presumir cierta estabilidad o voluntad de permanencia y ayuda mutua en una relación conyugal distinta al matrimonio, como es el caso del concubinato, es un periodo de dos años. La ley se ha dado éste mínimo de tiempo de vida en común como referencia para establecer meritorio para la pareja o contraparte el reclamo de derechos fundados en dicha convivencia, tales como son las obligaciones alimentarias o sucesorias.

Pero además, si tanto la legislación del derecho civil como la de seguridad social comparten la finalidad de ordenar los términos en que se respaldan los derechos adquiridos por cada integrante de la pareja cuando se forma un hogar para la ayuda mutua, no existe motivo fundado que justifique la persistencia de dos temporalidades tan disímbolas como la de dos y cinco años. Si el matrimonio surte efectos inmediatos y en los hechos su duración puede ser menor a la que prevalece en uniones distintas a él, es de revisar jurídicamente estos criterios escasamente verificables.

En tal virtud, la iniciativa propone que, toda vez que lo que se protege es la permanencia de las relaciones afectivas y los derechos interpersonales que genera, éste supuesto requerido para reconocer el concubinato se puede confirmar transcurridos los dos primeros años, lo cual se retoma en varios de los artículos que se piensa reformar tanto en la Ley del Seguro Social como en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En este sentido, este dictamen considera la intención de la iniciativa presentada por la diputada Uranga y por el diputado Moreira, en lo que se refiere a la temporalidad exigida para establecer supuestos de estabilidad en la relación que motiva la unión civil, en primer lugar, porque ya ha sido reconocido y aprobado por dos entidades del Pacto federal y en segundo lugar porque es un término que más se apega al requisito que se pide a las familias fundadas bajo modelos más tradicionales.

Es importante señalar que la reforma tiene como finalidad la de ampliar el abanico de beneficiarios, a partir de la admisión del hecho de que también se cumple con el requisito de cotización a los institutos en comento. Debido a ello, esta Comisión decide apegarse a lo que jurídicamente ya está determinado y definido en las legislaciones de Coahuila y del Distrito Federal.

En la perspectiva de que en el futuro, otras entidades que conforman el pacto federal pueden realizar reformas en el mismo sentido que las ya efectuadas en el estado de Coahuila y en el Distrito Federal y en sintonía con el avance de los derechos humanos a nivel mundial, la inscripción de una definición genérica que pueda delimitar a este tipo de figuras novedosas dentro del derecho familiar a través de un término como el de Unión Civil, y debiéndose entender ahora al matrimonio en un sentido más amplio, en el cual se encuentre contemplado cuando los cónyuges son del mismo género, tal como se pretende al introducir dicho concepto en el artículo 5-A, fracción XX de la Ley del Seguro Social y en el artículo 6, fracción XXX de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resulta pertinente en opinión de esta comisión dictaminadora.

Como Unión Civil se comprende a todo acto jurídico bilateral que, de inicio involucra una manifestación voluntaria de compartir un proyecto de vida entre personas del mismo o distinto sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena para decidir establecer un hogar con voluntad de permanencia y ayuda mutua, a partir del cual se derivan obligaciones alimentarias, de sucesión o semejantes.

La igualdad de derechos que debe corresponder en el ejercicio del derecho a la seguridad social, queda reflejado en la homologación de los mismos efectuada en la modificación a la mayoría de los artículos, donde se incorpora la leyenda “a quien haya suscrito una unión civil”, con lo cual se alcanza a dar la misma cobertura que la alcanzada por las figuras del matrimonio y del concubinato.

Asimismo, con la finalidad de hacer más acorde la iniciativa que se dictamina, esta comisión considera que debe ser modificado también el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, con la finalidad de igualar los derechos de los beneficiarios de los seguros que refiere tal cuerpo normativo, sean amparados sin distinción de género, ya que si el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere la igualdad ante la ley, no tiene razón de ser una norma que discrimine por cuestiones de género, máxime en los casos en que las uniones civiles o matrimonio puedan ser entre personas del mismo sexo.

Por lo expuesto se somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 5-A, fracción XII; 64, párrafo tercero, fracción II; 65; 66, párrafos tercero y cuarto; 69; 84, fracciones I, II, III y IV; 130, párrafo primero; 137; 138, párrafo primero, fracción I, III y IV; 165, párrafos primero y segundo; 166, párrafo primero y se adicionan los artículos 5 A, con una fracción XX; 140, con un párrafo segundo a la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 5-A. ...

I. a XI. ...

XII. Beneficiarios: la o el cónyuge del asegurado o asegurada o del pensionado o pensionada y a falta de éstos, quienes hayan suscrito una unión civil o matrimonio con el asegurado o asegurada o el pensionado o pensionada, cualquiera que fuere su sexo, a la concubina o el concubinario en su caso, así como los ascendientes y descendientes de la o el asegurado ó de la o el pensionado señalados en la ley;

XIII. a XVII. ...

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal;

XIX. Trabajador eventual del campo: persona física que es contratada para labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón. En caso de rebasar dicho período por patrón será considerado trabajador permanente. Para calcular las semanas laboradas y determinar la forma de cotización se estará a lo previsto en la ley y en el reglamento respectivo;

XX. Unión civil: es el acto jurídico bilateral que se constituye cuando las personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua, por el que se deriven obligaciones alimentarias, de sucesión o semejantes y que esté reconocido en la legislación de los estados, cualquiera que sea la denominación que adquiera.

Por lo que respecta a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, esta ley reconoce tales uniones con los mismos derechos y obligaciones que los celebrados entre hombre y mujer.

Artículo 64. ...

...

Las pensiones y prestaciones a que se refiere la presente Ley serán:

I. ...

II. A la viuda o viudo de la o el asegurado, a quienes hayan suscrito una unión civil con la o él asegurado a la concubina o concubinario que le sobreviva y que hubiera dependido económicamente de la o el asegurado, se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida;

III. a VI. ...

...

...

...

Artículo 65.Sólo a falta de la o el cónyuge o de quien suscribió una unión civil tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, la persona con quien la o el asegurado vivió como si fueran matrimonio durante los dos años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien procreo o registró hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio o de haber suscrito una unión civil durante el concubinato. Si al morir la o el asegurado tenía varias o varios concubinos ninguno de ellos gozará la pensión.

Artículo 66....

...

A falta de viuda o viudo, o de quien haya suscrito una unión civil, huérfanos, concubina o concubinario con derecho a pensión, a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del trabajador fallecido, se le pensionará con una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que hubiese correspondido al asegurado, en el caso de incapacidad permanente total.

Tratándose de la viuda o del viudo, o de quien haya suscrito una unión civil y que sobreviva, o de la concubina o concubinario, la pensión se pagará mientras éstos no contraigan matrimonio o suscriban una unión civil o vivan en concubinato. Al contraer matrimonio o al suscribir alguna unión civil, cualquiera de los beneficiarios mencionados recibirá una suma global equivalente a tres anualidades de la pensión otorgada. En esta última situación, la aseguradora respectiva deberá devolver al Instituto el fondo de reserva de las obligaciones futuras pendientes de cubrir, previo descuento de la suma global que se otorgue.

Artículo 69. Las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes del asegurado o asegurada por riesgo de trabajo serán revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda, en términos de lo dispuesto en el artículo anterior.

Respecto de quienes hayan suscrito una unión civil las revisiones e incrementos a que se refiere el presente artículo seguirán los mismos criterios que los seguidos para determinar las pensiones de viudez.

Artículo 84. ...

I. El asegurado o asegurada;

II. El pensionado o pensionada por:

a) a d) ...

III. La o el cónyuge del asegurado o asegurada o, a falta de éstos, quienes hayan suscrito una unión civil con el asegurado o asegurada, o a la concubina o el concubinario con quien ha hecho vida marital durante los dos años anteriores a la enfermedad, con quien haya procreado o registrado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio, unión civil o concubinato. Si la o el asegurado tiene varias o varios concubinos ninguno de ellos tendrá derecho a la protección;

IV. La esposa o esposo del pensionado o pensionada en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de esposa o esposo, quienes hayan suscrito una unión civil con el asegurado o asegurada, o a la concubina o el concubinario si reúnen los requisitos de la fracción III;

V. a IX. ...

...

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la o el que fuera cónyuge de la o el asegurado o la o el pensionado por invalidez. A falta de cónyuge, tendrán derecho a recibir la pensión quien hubiera suscrito una unión civil con la o el asegurado o la o el pensionado y que le sobreviva, o en su caso, y a falta de los anteriores, la o el concubinario de la o el asegurado o pensionado por invalidez, que haya vivido durante al menos los dos años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o la persona con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias o varios concubinos, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión.

...

Artículo 137. Si no existieran viuda, viudo, o quienes hayan suscrito una unión civil y que le sobreviva, huérfanos ni concubina o concubinario con derecho a pensión, ésta se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente de la o el asegurado o pensionado por invalidez fallecido, por una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que el asegurado o asegurada estuviese gozando al fallecer, o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez.

Artículo 138. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado o pensionada por invalidez, de acuerdo con las reglas siguientes:

I. Para la o el cónyuge, o para quienes hayan suscrito una unión civil o, a falta de éstos, hubiere mantenido relación de concubinato, el quince por ciento de la cuantía de la pensión;

II. ...

III. Si el pensionado o pensionada no tuviera cónyuge, o quienes hayan suscrito una unión civil con éstos o no mantuviere relación de concubinato, ni tuviera hijos menores de dieciséis años, se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres de la o el pensionado si dependieran económicamente de él o de ella.

IV. Si el pensionado o pensionada no estuviera casado civilmente, o no tuviera suscrita una unión civil o no mantuviere relación de concubinato, ni tuviera hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él o ella, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la cuantía de la pensión que le corresponda, y

V. ...

...

...

...

...

Artículo 140. ...

Igual derecho que las viudas o viudos pensionados, le corresponderá a quienes hayan suscrito una unión civil y que le sobrevivan.

Artículo 165. La o el asegurado tiene derecho a retirar, como ayuda para gastos de matrimonio o unión civil, y proveniente de la cuota social aportada por el Gobierno Federal en su cuenta individual, una cantidad equivalente a treinta días de salario mínimo general que rija en el Distrito Federal, conforme a los siguientes requisitos:

I. a III. ...

Este derecho se ejercerá por una sola vez y el asegurado o asegurada no tendrá derecho por posteriores matrimonios o uniones civiles.

Artículo 166. El asegurado o asegurada que deje de pertenecer al régimen obligatorio conservará sus derechos a la ayuda para gastos de matrimonio o de unión civil, si los firma dentro de noventa días hábiles contados a partir de la fecha de su baja.

...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 6, fracción XII, inciso a); 39, párrafo primero; 40 párrafo primero; 41, párrafo primero y fracción I; 70; 129, párrafo primero; 131, fracciones I, II, párrafo primero y III; 133, párrafo segundo y tercero; 135, párrafo primero y fracción II; 136 y se adiciona los artículos 6, con una fracción XXX; 129, con un segundo párrafo a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. a XI. ...

XII. Familiares Derechohabientes a:

a) La o el cónyuge, o quienes hayan suscrito una unión civil con la o el trabajador o pensionado, o a falta de éstos la concubina o concubinario que haya vivido como si fuera su cónyuge durante los dos años anteriores o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio o de unión civil. Si la o el trabajador o la o el pensionado, tiene varias concubinas o concubinos, ninguno de éstos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley;

b) a d) ...

...

XIII. a XXVII. ...

XXVIII. Sueldo Básico, el definido en el artículo 17 de esta Ley;

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta Ley que presten sus servicios en las Dependencias o Entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de los Trabajadores temporales, incluidas aquéllas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y el contrato sea por un periodo mínimo de un año;

XXX. Unión civil, es el acto jurídico bilateral que se constituye cuando las personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua por el que se deriven obligaciones alimentarias, de sucesión o semejantes y que esté reconocido en la legislación de los estados, en los pactos civiles de solidaridad y las sociedades de convivencia.

Por lo que respecta a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, esta ley reconoce tales uniones con los mismos derechos y obligaciones que los celebrados entre hombre y mujer.

Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge, o la mujer con quien la o el trabajador o la o el pensionado haya suscrito una unión civil o, en su caso, la concubina, así como la hija de la o el trabajador o de la o el pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a:

I. a III. ...

Artículo 40. Para que la Trabajadora, Pensionada, cónyuge, o la mujer con quien la o el trabajador o la o el pensionado haya suscrito una unión civil o la hija menor de dieciocho años y soltera, o en su caso, la concubina, tengan derecho a las prestaciones que establece el artículo previo, será necesario que, durante los seis meses anteriores al parto, se hayan mantenido vigentes sus derechos o los de la o el trabajador o la o el pensionado del que se deriven estas prestaciones.

...

Artículo 41. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los familiares derechohabientes de la trabajadora o del trabajador o de la pensionada o del pensionado que en seguida se enumeran:

I. La o el cónyuge, o quienes hayan suscrito una unión civil con la o el trabajador o pensionado, o a falta de éstos la concubina o concubinario que haya vivido como si fuera su cónyuge durante los dos años anteriores a la enfermedad o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio o de unión civil. Si la o el trabajador o la o el pensionado, tiene varias concubinas o concubinos, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la prestación;

II. a V. ...

...

Artículo 70.Para la división de la pensión derivada de este Capítulo, entre los familiares de la o el trabajador, así como en cuanto a la asignación de la pensión para el viudo o viuda, o para quien haya suscrito una unión civil y que sobreviva, o en su caso para el concubinario o concubina, hijo ascendiente, o quien, en su caso, tenga derecho a la ministración de alimentos, se estará a lo previsto en la sección de Pensión por causa de muerte, del seguro de invalidez y vida.

Artículo 129. La muerte de la o el trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al Instituto por tres años o más, dará origen a las Pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia en su caso, según lo prevenido por esta ley.

Respecto de las pensiones de viudez a que se refiere el presente artículo estas consideraran tanto a la viuda o viudo como a quienes hubieran suscrito una unión civil con la o el trabajador.

...

...

...

Artículo 131....

I. La o el cónyuge, o quienes hayan suscrito una unión civil que le sobrevivan, sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de dieciocho años o que no sean menores de dieciocho años pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien hasta veinticinco años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo;

II. A falta de cónyuge, o de quienes hayan suscrito una unión civil que le sobrevivan, la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos, o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la o el concubinario hubieren tenido hijos con la o el trabajador o con la o el pensionado o vivido en su compañía durante los dos años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio o de unión civil durante el concubinato. Si al morir la o el Trabajador o la o el pensionado tuviere varias o varios concubinos, ninguno tendrá derecho a pensión.

...

III. A falta de cónyuge, o de quienes hayan suscrito una unión civil que le sobrevivan, o de hijos, o en su caso de concubina o concubinario la Pensión se entregará a la madre o padre conjunta o separadamente y a falta de éstos a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen dependido económicamente de la o el trabajador o de la o el pensionado.

IV. y V. ...

Artículo 133. ...

En caso de que dos o más interesados reclamen derecho a Pensión como cónyuges o con quienes hayan suscrito una unión civil la o el trabajador o la o el pensionado, exhibiendo su respectiva documentación se suspenderá el trámite del beneficio hasta que se defina judicialmente la situación, sin perjuicio de continuarlo por lo que respecta a los hijos, reservándose una parte de la cuota a quien acredite su derecho en la calidad que lo reclame.

Cuando un solicitante, ostentándose como cónyuge supérstite de la o el trabajador o de la o el pensionado, o como quien suscribiera una unión civil con la o el trabajador o con la o el pensionado reclame un beneficio que ya se haya concedido a otra persona por el mismo concepto, sólo se revocará el anteriormente otorgado, si existe sentencia ejecutoriada en la que se declare la nulidad del matrimonio o de la unión civil, según el caso, que sirvió de base para la concesión de la Pensión. Si el segundo solicitante reúne los requisitos que esta Ley establece, se le concederá Pensión, la cual percibirá a partir de la fecha en que se reciba la solicitud en el Instituto, sin que tenga derecho a reclamar al Instituto las cantidades cobradas por el primer beneficiario.

Artículo 135. Los derechos a percibir pensión se pierden para los familiares derechohabientes de la o el trabajador o de la o el pensionado por alguna de las siguientes causas:

I. ...

II. Porque la o el pensionado contraigan matrimonio, suscriban una unión civil o llegasen a vivir en concubinato. Al contraer matrimonio, suscribir una unión civil o vivir en concubinato, la o el derechohabiente recibirá como única y última prestación el importe de seis meses de la Pensión que venían disfrutando.

La divorciada o divorciado, o las o los legalmente separados de alguna unión civil, no tendrán derecho a la Pensión de quien haya sido su cónyuge o de quien hubiese suscrito una unión civil, a menos que a la muerte del causante, éste estuviese ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que no exista viuda o viudo o sobreviviente de alguna unión civil, hijos, concubina o concubinario y ascendientes con derecho a la misma. Cuando la divorciada o divorciado, o los legalmente separados de alguna unión civil disfrutasen de la Pensión en los términos de este artículo, perderán dicho derecho si contraen nuevo matrimonio o suscriban otra unión civil o si viviesen en concubinato, y

III. ...

Artículo 136.No tendrá derecho a Pensión la o el cónyuge, o quienes hayan suscrito unión civil que sobrevivan, en los siguientes casos:

I. Cuando la muerte de la o el trabajador o de la o el pensionado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio o de haber suscrito una unión civil.

II. Cuando hubiese contraído matrimonio o suscrito una unión civil con la o el Trabajador después de haber cumplido éstos los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio o unión civil, y

III. Cuando al contraer matrimonio, o suscribir una unión civil la o el Pensionado recibía una Pensión de riesgos del trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio o la unión civil.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir la o el trabajador o la o el pensionado, la o el cónyuge o quien haya suscrito una unión civil y le sobreviva compruebe tener hijos con ella o él.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Consejo Nacional de Población; 2006

2 Manuel Bejarano Sánchez: Obligaciones Civiles, 3era. Edición, Ed. Textos Jurídicos.

3 Idem, pág.72.

4 González Martín, Nuria, Un acercamiento a las nuevas estructuras, El Derecho de Familia en un Mundo Globalizado, pág. 64, Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, Ed. Porrúa, México, 2007.

La Comisión de Seguridad Social, diputados:Uriel López Paredes (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica en contra), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica en contra), Malco Ramírez Martínez (rúbrica), Elvia Hernández García (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Isaías González Cuevas, Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Graciela Ortiz González, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica en abstención), Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica en contra), María Elena Pérez de Tejada, José Gerardo de los Cobos Silva, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica en contra), Bernardo Margarito Téllez Juárez, Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica en contra), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica), María Guadalupe García Almanza (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica en abstención).»

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Sí, presidente. Para solicitar con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior que este dictamen sea fundamentado y explicado por algún miembro de la comisión.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En eso estamos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): En concreto, presidente, lo que me preocupa mucho es que —por supuesto yo estoy totalmente a favor del dictamen y votaré a favor del mismo— presentamos el mismo día la diputada Enoé Uranga y yo, ante este pleno, iniciativas semejantes, y la Comisión de Seguridad Social solamente dictaminó una de las iniciativas y no hace referencia a las iniciativas que se presentaron ante la Comisión de Seguridad Social en el mismo sentido.

Es llamar simplemente la atención, ¿cuál es el trámite que le dan en la Comisión de Seguridad Social, a iniciativas que se presentan el mismo día, sobre el mismo tema, sobre el mismo sentido y que solamente una de esas iniciativas fue dictaminada y la del de la voz no fue dictaminada por esa comisión, presidente?

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Su inquietud, señor diputado, la transmitiremos a la Comisión de Seguridad Social.

Pero, precisamente hoy por la comisión, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior, tiene la palabra la diputada Enoé Uranga Muñoz, hasta por 5 minutos.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Gracias, señor presidente.

Libertad, independencia, derecho, ciudadanía, inclusión, todas palabras usadas en los discursos oficiales de los festejos del bicentenario y del centenario; pero en los hechos palabras huecas, vacías de contenido, de acciones concretas que prueben un compromiso real de fortalecimiento de estos conceptos como algo efectivo, palpable. Que muestre a la luz de este siglo que apreciamos y honramos el legado de aquellas gestas. Con el vano discurso de la no discriminación que Calderón ha aprendido a repetir no se llena la ausencia de políticas públicas respecto del tema, menos cuando el mismo presidente de la República ha usado recursos del erario para negar a una parte de las familias de este país.

La práctica discriminatoria sigue con carta de naturalización y se perpetúa gracias a la continua violación del estado laico de la que el Ejecutivo es cómplice.

Desde la Cámara de Diputados tampoco hemos generado las leyes necesarias para la inclusión, que hagan de la diversidad un valor social profundamente incluyente. Ante ello, afirmamos que de aprobarse ésta, será la primera ley a la que podamos llamar, sin lugar a dudas: una ley del bicentenario. Una ley para el amor sin castigos, una ley para decirle a la ciudadanía desde este Congreso: tienes derecho a elegir el proyecto de tu vida, tu pareja y el Estado no va a castigar negándote la salud por ello.

Ciertamente esta reforma busca revertir la injusticia cometida contra una parte de la población a la que se le niega la protección y beneficios derivados de la seguridad social. Hoy las y los compañeros civiles o convivientes del trabajador o pensionado del IMSS o ISSSTE, así como los concubinatos y matrimonios de parejas del mismo sexo son objeto de la segregación que es todavía más violatoria de estos derechos, en tanto que como trabajadores asegurados y unidos civilmente cumplen con el pago puntual de sus cuotas en la misma medida de quienes han contraído un matrimonio tradicional.

No deben admitirse distingos. Si en la ley se reconoce al cónyuge del hombre heterosexual, debe reconocerse al cónyuge de la mujer heterosexual y a los cónyuges del mismo sexo, cuya unión tiene la misma validez legal. O no reconocer a ninguna.

Se trata de una práctica discriminatoria que es violatoria de la Constitución, pues se abandona a estos trabajadores y a sus familias, al cuidado de su salud y a cualquier penuria que pueda padecer en su vejez.

Cada persona es portadora de derechos y uno elemental es el derecho a decidir con quién compartir la vida. El derecho a amar, y en este Estado laico nadie puede, menos aún las leyes, privar, castigar con la falta de derechos a personas porque sus amores y sus hogares desatiendan los decretos de una creencia religiosa.

Con esta ley del bicentenario se reconoce que la no discriminación y el principio de la igualdad no se constriñen al marco constitucional, dado que es una norma constante del derecho internacional de los derechos humanos.

Esta ley del bicentenario también permite confirmar el pacto federal que nos une como nación, pacto que sustenta la República y servirá de marco propicio para la armonización legislativa de los derechos humanos.

La reforma busca respetar e impulsar la autonomía de los procesos legislativos innovadores y creativos que consolidan la voluntad política para enfrentar las nuevas demandas y realidades sociales a partir de valorar los importantes avances de las legislaciones locales, concretamente de Coahuila y del Distrito Federal, avances civilizatorios que fortalecen el marco de la laicidad, la cuestión social y el respeto a la libertad individual.

Se incita a que el Honorable Congreso de la Unión reconozca y respete, en forma efectiva y no limitante, el derecho de estos estados a darse las figuras que consideren convenientes.

Esta reforma además, de hecho servirá para que todas las personas en el país puedan acceder al derecho, suscribiendo un pacto en Coahuila o una sociedad de convivencia, un matrimonio en el Distrito Federal, aunque radiquen en cualquiera de los 31 estados restantes.

Ésa es la ratificación del federalismo que no puede resumirse en una norma formal y puramente jurídica.

Con esta ley reconocemos además a la Suprema Corte de Justicia de la Nación única con el poder de interpretar la Constitución, que ha resuelto que es evidente que las familias son una institución social dinámica, en permanente transformación, cuyos cambios requieren ser reconocidos y protegidos por el derecho y que entre otras formas de familia se encuentran las homoparentales.

Un Estado constitucional del siglo XXI no puede ni avalar ni permitir o perpetuar prácticas de intolerancia, exclusión o discriminación dada la recomposición del tejido social. Además es su prioridad reconocer leyes que favorezcan y que protejan a estas nuevas realidades sociales.

La omisión legislativa en este terreno no se corresponde con una actitud para los nuevos retos de la sociedad moderna.

Que sea esta LXI Legislatura y en el año del bicentenario en donde se vayan al cielo de la Santa Inquisición los resabios del totalitarismo. Que sea en esta Legislatura donde le demos contenido a libertad, independencia, ciudadanía e inclusión.

Comencemos a sacudirnos el retraso legislativo que aún arrastramos como cadena de esta parte oligarca del pasado que nos avergüenza.

Avancemos, como diría el gran Gabo, por una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad.

Dediquemos esta reforma a quienes, movidos por la utopía de la igualdad hacemos de cada día el tiempo de los intentos y digamos hoy, con este paso, que la política parlamentaria camina al futuro de la bienandanza. Convengamos que las diputadas y los diputados somos conscientes de que la rueda gira. Certifiquemos que no seremos, que no serán ustedes quienes le pongan obstáculos al derecho a la felicidad.

Vamos andando. Vamos andando para llegar a la vida.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Uranga.

En consecuencia, está a discusión en lo general.

Se informa que se han registrado para participar en la discusión en lo general, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT. La diputada Claudia Edith Anaya Mota, del PRD. La diputada Ana Elia Paredes Árciga, del PAN, y la diputada Gabriela Cuevas Barron, del PAN.

Tiene la palabra hasta por 5 minutos para la discusión en lo general, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente.

Desde luego, se trata, compañeras diputadas, compañeros diputados, de un dictamen muy importante. Decía con razón la diputada Enoé Uranga que civilizatorio, porque lo que se está haciendo en este dictamen es garantizar los derechos de acceso a las prestaciones sociales a aquellas personas que provengan de uniones del mismo sexo.

Es decir, se está garantizando que no solamente respecto de parejas heterosexuales se tengan los beneficios de las prestaciones sociales que brinda el ISSSTE o que brinda el Seguro Social sino que también en personas del mismo sexo, en uniones del mismo sexo, en matrimonios del mismo sexo, o uniones del mismo sexo. O respecto de familias no tradicionales, no familias integradas por una mujer y un hombre sino familias que existen sociológicamente en la realidad mexicana, en donde un hermano mayor o hermana mayor se hace cargo de la familia. O familias en donde la cabeza de las mismas es la madre soltera puedan tener beneficios todos los miembros de la familia y también los integrantes de parejas o de uniones del mismo sexo, ya sea como matrimonio o en otros tipos de uniones que reconoce el marco jurídico nacional.

En ese sentido se están ampliando los derechos a los servicios sociales y a las prestaciones sociales a miles de personas de este país y se hace sin discriminar. El propósito de este dictamen y de la reforma que se está presentando al conocimiento de todos ustedes es el de evitar la discriminación en razón de preferencias sexuales. Se están garantizando los derechos fundamentales a la seguridad social de todos los mexicanos. Se está logrando con ello poner a punto esta legislación que estaba atrasada, que no había evolucionado en el sentido del desarrollo de las familias y también de las relaciones entre las personas en la sociedad nacional y es totalmente congruente, por tanto, con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución que prohíbe la discriminación.

Me complazco para la presentación de este dictamen.

Reprocho, eso sí, a la Comisión de Seguridad Social que una iniciativa que haya presentado, que presenté el mismo día que la presentó la diputada Enoé Uranga, no haya sido dictaminada por la Comisión de Seguridad Social.

Pero al margen de esto, que eso no es lo importante, lo importante es que el tema, que el propósito que anima la iniciativa de la diputada Enoé Uranga, y del diputado Rubén Moreira salga adelante y se reconozcan a plenitud los derechos humanos de personas que conviven, aunque sean del mismo sexo. Eso es muy importante para la seguridad social, para el desarrollo democrático de este país y para garantizar la tolerancia y el pluralismo en nuestro país.

Mi beneplácito y el respaldo total a este dictamen, que espero que sea aprobado por la mayoría de los compañeros legisladores. Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota:Con su permiso, ciudadano presidente.

El Consejo Nacional de Población ha afirmado que los cambios demográficos de fines del siglo XX contribuyeron a la configuración de nuevos contextos familiares en el país, propiciando nuevos arreglos residenciales e inéditas formas de organización de la vida en familia.

Destaca el aumento de los hogares monoparentales, los de parejas sin hijos y los hogares unipersonales con los ejes que marcan el rumbo de los arreglos residenciales en México.

La reforma de la que estamos hablando en la Cámara de Diputados será el primer garante del respeto y la no discriminación con la carencia de derechos. Exhorto a estos diputados federales y diputadas federales a aprobar esta reforma que estamos promoviendo. Exhorto también a las senadoras y los senadores a que den celeridad a la reforma para hacer del Poder Legislativo un poder al servicio de las demandas de las mexicanas y los mexicanos.

Tanto la legislación civil como la seguridad social comparten la finalidad de ordenar los términos en los que se respaldan los derechos adquiridos por cada integrante de la pareja. No hay razón para que el concubinato se posponga por 5 años en espera de tener derechos, pues además el plazo de reconocimiento de estas relaciones es menor.

Con estas reformas nos alineamos a normas jurídicas que evolucionan vertiginosamente en el mundo. Los países que encabezan la lista del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas han reconocido la seguridad social y la igualdad de derechos respecto del resto de la población, para parejas del mismo sexo y hogares alternativos.

En el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo México convino reconocer como deber y compromiso elaborar políticas y leyes para las familias que contribuyan a la estabilidad y tengan en cuenta su pluralidad de formas. El reconocimiento de la existencia de muchos tipos de familias quedó señalado en las conferencias internacionales del Cairo y Beijing, de las que somos además signantes.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos para este efecto impacta en el artículo 22 que dice: Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y el libre desa-rrollo de su personalidad.

La observación general, número 19, referente al artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas relativo al derecho a la seguridad social manifiesta, entre otras cosas, que no hay un concepto único de familia y que más allá de esto, cuando la legislación y la práctica de un Estado consideran a un grupo de personas como a una familia, ésta debe ser objeto de dicha protección.

Los Principios de Yogyakarta señala que los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el acceso a la igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual o de identidad de género a la seguridad social y a otras medidas de protección social, incluyendo beneficios laborales, licencia por maternidad o paternidad, beneficios por desempleo, entre otros.

Relevantes son las observaciones finales al Quinto Informe de Estado Mexicano, hechas por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, quien incluyó la recomendación de que el gobierno mexicano debe reconocer los derechos de la comunidad LGBT, ya que se trata de uno de sus grandes pendientes.

Además, México, por conducto del presidente de la República, en su reciente participación oficial en la LIV Sesión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, incluyó en su informe como ejemplo de avance en materia de derechos humanos la aprobación de la Ley de Sociedad en Convivencia, de manera tal que no podemos andar pregonando por el mundo lo que en nuestro país estamos restringiendo y estamos negándole a la población. Esta reforma es cuestión de derechos, es cuestión de dar a todos lo que les corresponde.

Quiero felicitar a mi compañera Enoé Uranga del Grupo Parlamentario del PRD, por esta iniciativa que le reconocemos en el grupo parlamentario y que le respaldamos porque es una iniciativa que no es de una persona ni de un grupo parlamentario. Es una iniciativa que debe adoptarse por todo este Congreso, que debe respaldarse para que todos los mexicanos y mexicanas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Elia Paredes Arciga, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Ana Elia Paredes Arciga:Gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas  y compañeros diputados, quiero dejar constancia, antes que nada, de que siempre he estado y estaré, como legisladora, como secretaria de la Comisión de Seguridad Social y como persona, a favor de que se creen las condiciones necesarias para que las personas gocemos y ejerzamos todos y cada uno de los derechos que nuestro marco jurídico nacional consagra. Sin embargo, es nuestro deber como legisladores vigilar que se dé cumplimiento al procedimiento legislativo y que toda iniciativa que se emita cumpla con los requisitos de ley.

Por ello es preciso manifestar, desde esta tribuna, para conocimiento del pueblo de México y de ustedes compañeras y compañeros legisladores, que a la iniciativa que hoy se ha presentado ante este pleno, en el momento en que fue presentada y aprobada en el seno de la Comisión de Seguridad Social no le fue anexada la valoración del impacto presupuestal que establece como obligación de las comisiones la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, es necesario considerar que dicha ley prevé que se realizará con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara y que se podrá solicitar opinión a la Secretaría de Hacienda sobre el proyecto de dictamen correspondiente, cosa que yo exigí dentro de la comisión tal y como lo exijo en este momento.

Resulta evidente lo controversial del tema de los alcances jurídicos que deben otorgársele o reconocérsele a las modificaciones que en el seno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se llevaron a cabo en materia de familia.

Estoy cierta de que no son representativas de lo que la mayoría de la población mexicana opina, siente o conoce. Muestra de ello fue la dividida votación con la que se aprobó el dictamen en el interior de la Comisión de Seguridad Social: 7 votos a favor y 4 en contra.

Hago referencia al dictamen aprobado, porque contiene argumentos muy discutibles y hasta incorrectos. Por ejemplo, afirma que uno de los objetivos de la seguridad social es la protección de la familia, y se concluye con base en ello que no se existe razón para dejar sin seguridad social a este tipo de uniones que difieren de la generalidad de formas de familia que hay en nuestro país. Sin embargo, ni en la Ley de Seguridad Social ni en la Constitución se afirma de manera expresa tal cosa.

Afirma también que la reforma que se propone encuentra sustento en el derecho a la no discriminación que se contempla en nuestro marco constitucional. No obstante, que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5o., fracción III establece que no se considera conducta discriminatoria la distinción establecida por las instituciones públicas de seguridad social entre sus asegurados y la población en general.

La motivación jurídica del dictamen aprobado en el seno de la comisión rebasa los efectos jurídicos de la resolución emitida recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la materia en lo tocante a la legislación local del Distrito Federal, pues de ella no se desprende ni puede desprenderse la homologación del marco jurídico del resto de las entidades federativas, así lo ratifica el texto de la misma resolución que a la letra dice: La fracción I del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las leyes de un estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.

Esto es, el legislador local encuentra una prohibición constitucional en su actuar, consistente en que en ejercicio de su función no podrá imponer obligaciones o crear derechos fuera del ámbito de su territorio.

Lo anterior implica que la norma del Código Civil para el Distrito Federal que se reclama en la presente acción de inconstitucionalidad, referida al matrimonio entre personas del mismo sexo, sólo tiene efectos en su propio territorio, esto es, en el Distrito Federal, sin que la misma disposición sea obligatoria en las demás entidades federativas.

La reiterada afirmación del carácter discriminatorio de la Ley del Seguro Social y de la homóloga del ISSSTE resulta cuestionable, pues lo que está de fondo es que como sociedad debemos conocer, debemos hacer de nuestro marco jurídico un instrumento incluyente para la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, pero con apego a derecho.

Compañeras, compañeros, los invito a legislar con responsabilidad y a tomar con mayor seriedad los efectos que para la conformación de nuestra sociedad y su estructura fundante pueden tener iniciativas como la que hoy nos ocupa. Es cuanto, señor presidente, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dígame, diputada Uranga.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Me gustaría pedir la palabra para aclaración de hechos, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada, estamos en discusión en lo general, son posicionamientos de los grupos parlamentarios.

El diputado Malco Ramírez Martínez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros. En ese sentido venimos a velar a favor de dicha iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por algo muy importante.

Como integrante de la Comisión de Seguridad Social la voté a favor y hoy precisamente los invito a que la votemos a favor por algo trascendental. Los trabajadores y las trabajadoras que cotizan cada quince al Seguro Social y al ISSSTE, que tienen los descuentos, tienen la obligación de que a sus derechohabientes se les dé la atención médica y se les dé la seguridad social.

En ese sentido estaríamos nosotros haciendo un apartado, pues dichos compañeros y compañeras están excluidos y se tiene la obligación de darles esta atención porque están cotizando, es algo muy importante y lo vuelvo a defender.

Desde el punto de vista laboral sería una discriminación también que no se les dé la seguridad social que tanto hemos anhelado. Quiero comentarles que tendríamos que ir todavía más a fondo de dicha iniciativa porque aun así se queda corta en el sentido de que tendríamos que verificar la atención de maternidad, la atención de lactancia materna, la incapacidad en muchos sentidos, por cuidados maternos.

Tendríamos que avanzar de manera más sustantiva de cómo lo estamos haciendo en este momento.

Tenemos el 2.3 por ciento de asegurados de trabajadores del IMSS que tienen otro tipo de preferencia sexual, homosexuales, con tasas de 2.8 los hombres y 1.4 las mujeres por cada 100 personas del sexo, respectivamente.

Éste es obviamente un porcentaje mínimo, por lo cual el Seguro Social o el ISSSTE no pueden poner algo en contra y decir que sería un número muy alto y que generaría un desgaste económico mayor.

También, dentro de lo que tenemos como derecho a la seguridad social de las familias derivadas de la citada iniciativa de las sociedades de convivencia del Distrito Federal y de los pactos civiles de solidaridad del estado de Coahuila con los hogares de matrimonios heterosexuales, lo cual va a significar un avance innegable en la cultura de la no discriminación por motivos de preferencia sexual que es fundamental seguir fortaleciendo.

En ese sentido tenemos que garantizar la seguridad social de todos los mexicanos y mexicanas, independientemente de cuál sea su unión civil: sociedad de convivencia, matrimonio, etcétera. Estaríamos buscando darles seguridad social a todos los trabajadores y trabajadoras en el país y que incluso, como lo dije hace un momento y como lo he repetido en la Comisión de Seguridad, tendríamos que avanzar de manera integral, universal a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país para ampliar sus servicios y su atención médica y no ir parchando de manera momentánea o por ocurrencias.

Tendríamos que todavía ir más a fondo, como lo hemos manejado con la Comisión de Seguridad Social, buscar la integración de todo el país para tener una seguridad social real que nos permita tener atención médica, vivienda digna y un sistema de pensiones y jubilaciones adecuado, acorde a las necesidades de nuestro  país.

Reitero para invitar a todos los compañeros diputados y diputadas a que hagamos esa reflexión: No permitamos que se viole un derecho de un trabajador que está cotizando y aportando para la seguridad social.

Yo los invito a que lo votemos a favor, compañeros. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Gabriela Cuevas Barron:Con su venia, diputado. Compañeras y compañeros, estamos por votar un dictamen de suma importancia.

Estoy aquí porque estoy convencida de que podemos hacer mejor este trabajo. Estoy aquí y retomo las palabras del compañero que me antecedió en el uso de esta tribuna porque estoy convencida de que la seguridad social puede tener mayores alcances y aquí tenemos una oportunidad.

Hoy tenemos un dictamen que se presenta en el sentido de apoyar a las personas que contrajeron una unión civil, propiamente sería en el Distrito Federal y en Coahuila, y que son personas del mismo sexo. Sin duda mi voto sería a favor porque considero que tienen ese derecho a reconocerse, no sólo por el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero, a pesar de que comparto el trabajo de nuestros compañeros en este dictamen creo que hay problemas que deben resolverse.

Primero, tenemos un problema en procedimiento. Hay dos iniciativas que al menos se argumenta que no están consideradas en este dictamen. La primera, la del compañero Jaime Cárdenas; la segunda, la iniciativa que presentamos algunos diputados de Acción Nacional y que incluso algunos otros compañeros de otros partidos también la firmaron.

Esta última reconozco que fue presentada el mismo día del dictamen, pero habiéndose suspendido este dictamen en esta tribuna por dos semanas creo que podríamos hacer un análisis mucho más profundo, mucho más sereno sobre cómo mejorar las condiciones de seguridad social, no sólo para las personas que se casan y que son del mismo sexo.

Creo que se puede generalizar a todas las personas, independientemente de su preferencia sexual; independientemente de su estado civil o independientemente de si viven en el Distrito Federal o en Coahuila, y puedan acceder a estos mecanismos del orden civil.

La oportunidad que nosotros presentamos en la iniciativa se refiere a la posibilidad de tener un registro voluntario. El derecho a tutelar es el del trabajador. El trabajador que se lo ha ganado y que puede o podría tener la posibilidad de registrar a sus beneficiarios.

Con esto, además de darle la posibilidad al trabajador, independientemente de su estado civil o de sus preferencias sexuales o del estado en donde viva, podríamos también tener una mejor cobertura y podríamos dar un verdadero paso hacia la universalización de los servicios de salud, de vivienda e incluso de pensiones.

Yo quisiera pedirle a los proponentes de este dictamen, que pudiéramos abrir un espacio de diálogo, a fin de construir un esquema en el que se planteen realmente todas las iniciativas y podamos tener un dictamen incluyente que favorezca a más mexicanos.

Sin duda, insisto, comparto la preocupación de fondo que se expresa en el dictamen, pero estoy profundamente convencida de que podemos hacerlo mejor. Si cada persona puede registrar a su beneficiario, estaremos dándoles el mismo trato a todos los trabajadores y estaremos dejando bien claro que el bien a tutelar es el derecho al trabajador, pero también la libertad a decidir, que es el fondo que guía el dictamen que se presenta; una libertad a decidir.

Si realmente creemos en la libertad, si realmente creemos en proteger el derecho al trabajador, compañeras y compañeros, yo los invito a que de verdad hagamos una reflexión, creo que los trabajadores lo merecen. Muchas gracias, por su atención.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuevas. Para hablar en pro del dictamen tiene la palabra la diputada Enoé Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Gracias, presidente.

Para la libertad canto, lucho, pervivo y sé que parte de las objeciones hoy están en quienes están buscando construir escenarios de avanzada. Pero sé también que lo que genera aquí las mayores resistencias, lo que realmente está en medio es que les molesta mi amor y mi amor es un amor sin antifaz y un amor que es arte en su paz.

La Constitución y la Suprema Corte de Justicia resolvió que los matrimonios son válidos en todo el territorio nacional atendiendo el artículo 121 de la Constitución, que leo textualmente: Los actos de estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros. Entonces es mentira el argumento que se alude.

Efectivamente, ya la diputada Gabriela Cuevas reconoce que su iniciativa la metieron casualmente el día que dictaminábamos, y ella sabe que el marco de ese diálogo que pide para una iniciativa, que es muy atractiva, está generado en la propia comisión a la que ha sido destinada y donde la revisaremos evidentemente.

También sabe, como el diputado Jaime Cárdenas, que la iniciativa del diputado del PT no fue incluida en el dictamen porque está destinada a comisiones unidas, porque toca artículos de la Ley de Salud.

Pero me importa dejar sentado aquí un asunto que se ha convertido en un falso debate respecto del impacto presupuestal. Es falso que exista un detrimento en las finanzas de la seguridad social por las parejas del mismo sexo, no existe mayor costo del ya considerado en el IMSS o en el ISSSTE, puesto que al fijar las cuotas obrero-patronales éstas abarcan per se la posibilidad de que el afiliado o afiliada tenga una pareja, e incluso descendientes o ascendientes como beneficiarios de la seguridad social.

¿Cómo pueden sostener el argumento de que si la pareja es del mismo sexo que la portante, esto resulta de mayor gasto que la de una pareja heterosexual, al contratar a los trabajadores no se pregunta su preferencia sexual o acaso los afiliados pagan distintas cuotas según su preferencia sexual?

No sólo no aplica el argumento que es falaz y risible, de que tener una pareja de distinto sexo resulte más barato que tener una pareja del mismo sexo. Pero aún si ése fuera el caso, los derechos humanos, el derecho en particular a la salud no pueden ser negados a la población bajo el argumento de los gastos que al erario pudieran implicar, y eso no lo digo yo, lo firmó México en la ONU.

Entonces es muy importante el que vayamos destejiendo lo que está en medio. Hay escenarios abiertos para dar una discusión a cuanta nueva iniciativa se presente, y la voluntad de recibirlos.

El derecho universal a la salud y la libertad del amor es algo que contará absolutamente con mi complicidad y si ésa es, efectivamente, la intención que plantea la diputada Gabriela Cuevas. Contará con todo mi apoyo e impulso, pero es muy importante que quede claro que estos cambios legislativos que se han hecho en Coahuila y en el Distrito Federal y que hoy quedarían cubiertos con la seguridad social, tendrán validez en los 31 estados restantes donde hay IMSS y hay ISSSTE, que estamos legislando a nivel federal.

Debe quedar absolutamente señalado que lo demás es un invento solamente para quien se resiste a admitir que hay amores que nacieron para ser visibles y que no están dispuestos a callar su voz ni a renunciar a sus derechos. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Señor secretario, proceda a preguntarle a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto en lo general.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suficientemente discutidos.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trate.

Hemos recibido de la diputada Gabriela Cuevas Barron las siguientes reservas: el 5 A, el 65, el 66, el 84, el 130, el 132, 133 y 137 de la Ley del Seguro Social.

Vamos a darle un minuto a Servicios Parlamentarios para que nos dé la lista de los artículos reservados de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Ya pasado un minuto en los términos del reloj parlamentario, informo a ustedes que los artículos que quedaron reservados son los siguientes: el 5 A, el 65, el 66, el 84, el 130, el 132, el 133 y el 137 de la Ley del Seguro Social. Y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado quedan reservados el artículo 6o., 41, 70, 131, 135 y 136.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se nos informa también que otra reserva es la adición de un transitorio al proyecto de decreto. Ése obviamente no se está votando porque no formaba parte del dictamen.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, tenemos 232 votos a favor, 58 en contra, 17 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por consiguiente, queda aprobado en lo general y en lo particular, en los artículos no impugnados por 232 votos.

Se han reservado, como informamos oportunamente, para la discusión en lo particular los siguientes artículos: 5 A, 65, 66, 84, 130, 133 y 137 de la Ley del Seguro Social. Y el 6o, 41, 70, 131, 135, 136 y la adición de un transitorio de la Ley Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Le pregunto a la diputada Cuevas Barron si va a exponer las reservas en una sola intervención.

La diputada Gabriela Cuevas Barron(desde la curul): Sí, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así será. Amplíese el tiempo para la exposición de la diputada Cuevas. Le pregunto también si el artículo 132 se encuentra entre sus reservas.

La diputada Gabriela Cuevas Barron(desde la curul): No.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No está el artículo 132. Tiene usted la palabra, diputada.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): En lo que llega la diputada Cuevas a la tribuna. Sólo comentar que hoy el diputado César Nava no vino y que pediría, con fundamento en el artículo 64 constitucional, se le haga el descuento correspondiente de la dieta, lo voy a pedir por escrito, pero además de las inasistencias anteriores, porque como ya pagó el departamento tampoco tiene mucha presión de recursos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.Esta Mesa realiza esas operaciones oficialmente, una vez cerrado el registro de asistencia. Diputada Cuevas, tiene usted la palabra.

La diputada Gabriela Cuevas Barron:Con su venia, diputado.

Subo de nueva cuenta a esta tribuna para insistir en la valiosa oportunidad que tenemos. Hoy tenemos la posibilidad de decidir por el derecho del trabajador y por respetar la libertad de las personas.

Las reservas que estoy por presentar tienen que ver en comentarles de qué se trata precisamente este tema del registro voluntario.

Si bien nuestro país ha firmado tratados internacionales que tutelan un orden de prelación, primero en la pareja de unión civil, los hijos, también establece que si no se cuenta con un esposo o esposa o con hijos pudiera darse este supuesto del registro voluntario.

Sin duda habrá que hacer muchos análisis y por ello es que pedimos también en la anterior intervención que pudiéramos abrir tiempo para debatirlo, para dialogarlo y para analizarlo a fondo.

Aquí lo que queremos o se supone que es lo que queremos y se supone que es nuestro trabajo, es ver por el bien de la mayoría en nuestro país, y me parece que estaríamos desperdiciando una valiosa oportunidad.

Parte de los beneficios que se tendrían con esta iniciativa es que el trabajador pueda determinar a sus beneficiarios, y que abarcaría temas de salud, temas de pensiones, temas también incluso hasta en casos de vivienda. Creo que es un tema que tiene que ver más bien con la justicia y que ojalá estuviéramos con la altura de miras suficiente en esta Cámara y con la sensibilidad que demanda nuestro cargo, para poder al menos analizar y reflexionar esta propuesta. Muchas gracias a todos por su atención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Voy a poner a votación si se admiten o no las reservas de la diputada, y son las únicas intervenciones que se admiten en este momento procesal.

Pregunte la Secretaría si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por la diputada Cuevas Barron.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por la diputada Cuevas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desechan las modificaciones propuestas por la diputada Gabriela Cuevas, y consulte la Secretaría si está suficientemente discutido. Dado que no hay oradores inscritos, se considera de esa manera.

Proceda a tomar la Secretaría la votación nominal de los artículos reservados, abriendo el sistema hasta por 5 minutos para proceder. La votación a favor es en los términos del dictamen.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen.

(Votación)

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina(desde la curul) Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina(desde la curul): Diputado presidente, es para aclaración en el sentido del voto. Si lo que se está poniendo a consideración es el dictamen, votar a favor, es a favor de la reserva señalada por la diputada Gabriela Cuevas. O que aclare usted el sentido de los votos, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto, diputado. Las reservas no fueron admitidas. Luego entonces, el sentido del voto es a favor en los términos del dictamen. En contra significa rechazar el dictamen; en las partes reservadas, en los artículos que no habían sido votados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Si falta algún diputado o diputada por emitir su voto, está abierto el sistema electrónico. Está abierto el sistema, señores diputados. Está abierto el sistema.

Ciérrese el sistema electrónico.

Señor presidente, tenemos 197 votos a favor, 57 en contra; y 13 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Algunos diputados todavía quieren manifestar su voto. El diputado Herón Escobar. ¿En qué sentido, diputado? Pregunte el señor secretario.

El diputado Herón Agustín Escobar García(desde la curul): Señor secretario, mi voto es a favor.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Carolina Viggiano, aquí al centro.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria(desde la curul): Señor presidente, a favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Meillón Johnston.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston(desde la curul): En contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En contra. Diputada, aquí adelante. Otro diputado del PAN, aquí atrás, el diputado Vladimir, perdón.

Si son tan amables repitan su nombre y el sentido de su voto. Gracias, diputado Liev Vladimir.

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas(desde la curul): En contra.

La diputada María Felicitas Parra Becerra(desde la curul): En contra.

La diputada Guadalupe Valenzuela Cabrales (desde la curul): A favor.

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Martínez Martínez(desde la curul): En contra.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín(desde la curul): A favor.

El diputado Benigno Quezada Naranjo(desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Armando Albores Gleason(desde la curul): A favor.

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): A favor.

La diputada Julieta Octavia Marín Torres(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Ramos Montaño(desde la curul): A favor.

La diputada Daniela Nadal Riquelme (desde la curul): A favor.

El diputado Felipe Borja Texocotitla(desde la curul): A favor.

El diputado Martín García Avilés(desde la curul): A favor.

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Señor presidente, tenemos 201 votos a favor, 72 en contra y 13 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados los artículos reservados por 201 votos. Por tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o., y 14, fracción VIII de la Ley General de Educación.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. y 14, fracción VIII, de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fueron turnadas, para estudio y análisis, dos iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de divulgación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la educación básica.

De conformidad con lo enunciado en los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procedió al análisis de la mencionada Iniciativa, presentando a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el 8 de diciembre de 2009, el diputado federal Reyes Tamez Guerra, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de fomento de actividades de divulgación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la educación básica.

2. En sesión de la Cámara de Diputados del 2 de marzo del 2010, la diputada María de Lourdes Reynoso Femat, en nombre propio y del diputado Alejandro Bahena Flores, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de fomento de actividades de divulgación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la educación básica.

3. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó las iniciativas en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen correspondiente.

4. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis conjunto de las iniciativas por abordar el mismo tema.

II. Descripción de las iniciativas

A. Iniciativa del diputado Tamez Guerra

En la iniciativa en análisis, el promovente afirma que la ciencia, la tecnología y la innovación deben formar parte esencial de la educación en nuestro país, para lo cual es necesario que los tres órdenes de gobierno diseñen y desarrollen estrategias comunes. De esta manera –señala- se creará una verdadera cultura científica nacional y se logrará que México pase de ser un consumidor de ciencia y tecnología a un productor de ambas.

El diputado Tamez destaca que no es posible continuar ignorando los resultados de pruebas internacionales como PISA, que indican que los jóvenes mexicanos de 15 años no cuentan con las habilidades intelectuales para resolver problemas elementales ni los conocimientos básicos para acceder a estudios superiores. Nuestro país se distingue “por ocupar el último lugar no sólo en ciencias, sino también en las competencias lectoras y de matemáticas de las 30 naciones de la OCDE”.

Ante la situación descrita, el promovente considera necesario que la sociedad mexicana avance hacia el logro de los siguientes objetivos:

1. Conocer desde temprana edad, lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación.

2. Capacitar a las maestras y maestros en el manejo de materiales y experimentos sencillos.

3. Fomentar entre estudiantes, desde los niveles de educación básica, el interés por carreras orientadas a las ciencias exactas y naturales consideradas como necesarias para la competitividad, el crecimiento económico y el avance social.

En este marco, la iniciativa se propone establecer las bases legales para el efectivo fomento de actividades de divulgación de la ciencia y la innovación tecnológica en el sistema educativo nacional, definiendo funciones específicas para las autoridades educativas de los diferentes niveles y normando la participación de los padres de familia y los medios masivos de comunicación. También se busca que el Ejecutivo federal apoye con recursos específicos los programas de fomento educativo para la investigación y divulgación científica e innovación tecnológica que impulsen los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.

Las reformas a la Ley General de Educación se formulan en los siguientes términos:

Artículo 33. ...

I. a IX. ...

X.Otorgarán estímulos a las asociaciones civiles y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza, al fomento de la investigación y divulgación de la ciencia e innovación tecnológica;

XI. a XIV. ...

XV. Implantarán programas destinados a fomentar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico de alumnos y maestros, considerando la participación de padres en el proceso de fomento y divulgación de la ciencia.

...

Artículo 34. ...

El Ejecutivo federal apoyará con recursos específicos los programas de fomento educativo para la investigación y divulgación científica e innovación tecnológica que impulsen los gobiernos de los de las entidades federativas y de los municipios.

...

Artículo 67.Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto

I. y II. ...

III. Participar en los programas de investigación y divulgación de la ciencia e innovación tecnológica que implanten las autoridades educativas escolares;

IV. a VI. ...

...

Artículo 74.Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7, conforme a los criterios establecidos en el artículo 8o., y de forma específica a la difusión de experiencias educativas en la investigación y difusión de la ciencia e innovación tecnológica.

B. Iniciativa de los diputados Reynoso Femat y Bahena Flores

Sobre el mismo tema que la iniciativa descrita en el punto anterior, los diputados Reynoso y Bahena destacan que la difusión científica “permite que las personas estén informadas sobre los resultados de la ciencia, sus aplicaciones y los beneficios que ambas actividades aportan a sus vidas; además, contribuyen a consolidar la cultura del conocimiento”; agregan que, en este proceso, es de primordial importancia hacer accesible el conocimiento para el grueso de la población, lo cual implica un esfuerzo de divulgación.

En su opinión, “la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, debe complementar la labor didáctica que favorece la apropiación de conocimiento por parte del individuo en el proceso educativo, es este sentido debe estar vinculada con la labor cotidiana del sistema educativo nacional, en la medida en que habilita a los ciudadanos a ser actores del conocimiento. Asimismo, permite complementar los diferentes planes y programas de estudio, incorporen de forma rápida y sencilla los nuevos conocimientos que son comunicados a través de la divulgación; y dota, tanto a alumnos como a maestros, de las herramientas necesarias para mantenerse actualizados y ser competitivos”.

Los promoventes señalan que en nuestro país no se ha otorgado la importancia debida a la enseñanza de las ciencias en la educación básica, ni a acciones de divulgación de la ciencia que permitan adquirir actitudes, valores y formas de pensar basadas en la búsqueda de la verdad, y que ofrezcan elementos para aprender, entender, cuestionar y resolver creativamente los problemas.

Con base en los argumentos expuestos, se propone el siguiente proyecto de decreto:

Artículo 9o.Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación e impulsará su divulgación, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 12.Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. Fomentar las acciones, programas y políticas de divulgación científica, tecnológica e innovación en educación básica y media superior.

Artículo 13.Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a VI. ...

VII. Coordinar con la secretaría las acciones, programas y políticas en materia de divulgación científica, tecnológica e innovación que habrán de incluirse en el proceso educativo para la educación básica y media superior; y

VIII.Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 14.Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a V. ...

VI. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística y su divulgación;

VII. ...

VIII. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y alentara su divulgación;

IX. a XIII. ...

...

III. Consideraciones generales

En opinión de esta comisión dictaminadora, las iniciativas objeto del presente dictamen se refieren a un problema fundamental para el crecimiento económico y social de nuestro país, como es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y en particular lo concerniente a su fomento y divulgación. Se parte del principio de que el avance científico y tecnológico es uno de los factores que benefician la competitividad y el crecimiento económico de un país, lo cual repercute “en la generación de empleos, incrementos de la productividad, el uso eficiente de los recursos materiales, y en suma mejorar el bienestar y nivel de vida de la población”.

En coincidencia con el diputado Tamez, los miembros de la comisión reconocen que en nuestro país aun son insuficientes los recursos destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación, y que lo mismo sucede con las actividades de divulgación científica y tecnológica. De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2009), el gasto federal en ciencia y tecnología respecto al PIB –si bien muestra una tendencia a la alza considerando los últimos 10 años– entre 2003 y 2007 pasó de 0.43 a 0.36 por ciento. En lo que se refiere al sector educativo, el informe citado señala que “en 2007 el sector educativo tuvo una inversión en ciencia y tecnología de 12 mil 93 millones de pesos, cifra que representó el 34.2 por ciento del total, dos puntos porcentuales menos con relación al año previo”. Cabe destacar que este presupuesto considera estrictamente instituciones de educación superior y centros de investigación.

Por otra parte, al igual que los diputados Reynoso y Bahena, los integrantes de esta comisión reconocen la importancia de involucrar a los niños, desde temprana edad, en actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, pues de esa manera se despierta su interés y creatividad, además de propiciar el desarrollo de habilidades intelectuales que son la base para el aprendizaje permanente. Al respecto, Howard Gardner (2000) señala lo siguiente:

Muy pocos estudiantes serán científicos y la mayor parte de ellos sólo necesitará una aritmética elemental en su vida laboral y cotidiana. Sin embargo, privar a los estudiantes de los métodos de pensamiento de la ciencia y de la matemática equivaldría a condenarlos a la ignorancia del mundo en el que viven. Una exposición adecuada a estas disciplinas cumpliría, entre otros, tres objetivos muy importantes: en primer lugar, haría que los estudiantes pudieran tener una noción de las fuerzas que gobiernan al mundo físico y natural (en vez de aceptar, por ejemplo, las explicaciones astrológicas); en segundo lugar, conocerían el tipo de pensamiento que ha producido la imagen actual del mundo y que producirá revisiones válidas de esta imagen en el futuro (en vez de aceptar, por ejemplo, el pensamiento mágico); y, en tercer lugar, serían conscientes de que el lenguaje matemático permite expresar estas verdades para que todo el mundo las pueda confirmar por su cuenta (en vez de recurrir a argumentos basados en un lenguaje impreciso, en unas imágenes equívocas o en la mera autoridad).

Se considera de suma importancia que el Estado fomente la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los niveles educativos, puesto que sólo de esa manera se creará una cultura científica que favorezca el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en sus niveles más avanzados.

IV. Consideraciones particulares

En las consideraciones generales, la dictaminadora expresa su coincidencia con el sentido general de las dos Iniciativas en análisis y con el propósito de incorporar en la Ley General de Educación disposiciones de carácter más específico que las que ya contiene respecto a la difusión y divulgación de la ciencia en los tres niveles de la educación básica; sin embargo, se juzga necesario formular una serie de ajustes a los proyectos de decreto, en atención a las siguientes observaciones:

A. Iniciativa del diputado Tamez Guerra

Artículo 33

Respecto a la propuesta de reforma al artículo 33 de la Ley General de Educación, es necesario señalar que éste se ubica dentro del “Capítulo III. De la equidad en la educación”, que se refiere de manera específica a las actividades que las autoridades educativas –en el ámbito de sus respectivas competencias- llevarán a cabo a fin de “establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos”, dirigidas preferentemente “a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja” (artículo 32). Por esta razón es que en el artículo 33 se enlistan, por ejemplo, acciones que promuevan el arraigo de los maestros que trabajan en comunidades rurales, o la creación de internados y albergues; más aún, en el artículo 34 se establece la obligación del Ejecutivo federal de llevar a cabo programas compensatorios dirigidos a las entidades con mayores rezagos educativos. En este marco, el contenido de la reforma a la fracción X y la adición de una fracción XV del artículo 33 no se consideran objeto del citado artículo.

Es importante destacar que en la exposición de motivos de la Iniciativa no se justifica la propuesta de considerar tales programas de divulgación de la ciencia y la tecnología como acciones que promueven la equidad educativa ni mucho menos como programas compensatorios.

Sin embargo, la incorporación del contenido de la propuesta de reforma se considera viable en la sección 1 del capítulo II de la Ley General de Educación, dedicado a “la distribución de la función social educativa”. El artículo 14 de la Ley –incluido en la Sección referida- se refiere a las atribuciones concurrentes de las autoridades educativas de nivel federal y local, por lo que parece más conveniente ubicar el contenido de la propuesta de reforma en la fracción VIII de este artículo, tal como se propone a continuación:

Artículo 14.Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a VII. ...

VIII. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica, y fomentar acciones de divulgación dirigidas a maestros y alumnos, considerando la participación de los padres de familia y otorgando estímulos a las organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a estas actividades;

Artículo 34

La propuesta de reforma al artículo 34, además de que presenta el mismo problema señalado en el punto anterior en cuanto a la estructura de la Ley –es decir, no se justifica su inclusión en el Capítulo dedicado a la Equidad en la Educación- no se considera viable en virtud de que invade la materia específica de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCT), reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluso contradice disposiciones previstas en ésta. La LCT tiene, entre otros, los siguientes objetivos:

Artículo 1. ...

I. Regular los apoyos que el gobierno federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país;

II. Determinar los instrumentos mediante los cuales el gobierno federal cumplirá con la obligación de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación;

III. Establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública federal y otras instituciones que intervienen en la definición de políticas y programas en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación, o que lleven a cabo actividades de este tipo;

IV. Establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como de vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las instituciones de educación superior, de los sectores público, social y privado para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como para la formulación de profesionales en estas áreas”.

El artículo 12 de la LCT establece una serie de principios que rigen el apoyo del gobierno federal para fomentar, de-sarrollar y fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; entre estos principios se encuentra la divulgación de la ciencia y la tecnología (fracción XII); la promoción y fortalecimiento de centros interactivos de ciencia, tecnología e innovación para niños y jóvenes (fracción XVIII); así como el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas desde los primeros ciclos educativos (Fracción XIX).

De acuerdo con la propuesta de reforma, el Ejecutivo federal apoyaría con recursos específicos programas de divulgación científica y tecnológica impulsados por las entidades federativas y los municipios, pero no se definen criterios para la regulación de tales apoyos, es decir, para determinar el tipo de proyectos que se apoyarían y los mecanismos para su seguimiento y evaluación.

Este tipo de previsiones sí están en la LCT. Entre otras disposiciones, se establece que las secretarías de estado tienen la facultad para celebrar convenios con el Conacyt, cuyo propósito sea determinar el establecimiento de fondos sectoriales del Conacyt que se destinen, entre otros, a la divulgación científica, tecnológica e innovación. Dichos fondos son manejados por medio de fideicomisos en los que concurren el Conacyt, las entidades federativas y/o los municipios; los recursos federales –no regularizables– se asignan por concurso y son sometidos a evaluación técnica y científica, buscando en todo momento la transparencia. Un ejemplo de este tipo de fideicomisos es el Programa de Fomento a la Investigación Educativa, desarrollado por la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP.

Asimismo, el artículo 33 de la citada Ley establece que tanto la SEP como el Conacyt podrán realizar convenios con los gobiernos de las entidades federativas y con los municipios, “a efecto de establecer programas y apoyos específicos de carácter regional, estatal y municipal para impulsar el desarrollo y descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de investigación”.

En síntesis, los miembros de esta comisión consideran improcedente la reforma propuesta al artículo 34 de la Ley General de Educación, toda vez que el financiamiento de acciones de divulgación de la ciencia y la tecnología requiere establecer criterios que aseguren el uso adecuado de los recursos públicos. Tales criterios están establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología para todas las actividades relacionadas con ese campo, por lo cual cualquier tipo de apoyo a acciones de divulgación debe sujetarse a lo establecido en dicho instrumento jurídico.

Artículo 67

En lo concerniente a la propuesta de reforma al artículo 67 de la Ley General de Educación, es conveniente hacer notar que contradice el penúltimo párrafo del mismo artículo, que establece lo siguiente:

Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.

Adicionalmente, el artículo 66 señala como obligaciones de los padres “apoyar el proceso educativo de sus hijos o pupilos”, y colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen.” En consecuencia, se considera que no es necesario enlistar todas las actividades en las que los padres deben participar.

Artículo 74

La propuesta de reforma al artículo 74 se considera redundante y por tanto no procedente, en virtud de que una de las finalidades previstas en el artículo 7o. –a las que se hace referencia en el artículo que se pretende reformar- es justamente “fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas” (fracción VII).

B. Iniciativa de los diputados Reynoso Femat y Bahena Flores

Artículo 9o.

La propuesta de reforma al artículo 9o. parece pertinente, toda vez que incorpora la divulgación de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación como una de las obligaciones del Estado, que puede realizarse directamente, a través de sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros o por cualquier otro medio. Cabe aclarar que se considera necesario realizar una precisión en la redacción del texto, en los siguientes términos:

Artículo 9o.Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación,apoyará la investigación científica , el desarrollo tecnológico y la innovación e impulsará su divulgación, además de alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 12

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por acciones de fomento, “la promoción, normalmente mediante incentivos económicos y fiscales, para que los particulares realicen actividades consideradas de utilidad general”; en atención a tal definición, los miembros de esta Comisión consideran que la propuesta de reforma limita injustificadamente la participación de las entidades federativas y los municipios en el fomento de acciones de divulgación científica, tecnológica y de innovación, lo cual no parece pertinente para el desarrollo de este campo en nuestro país, ni está acorde con los principios generales del esquema de federalización educativa aplicado actualmente en México.

Adicionalmente, la propuesta contradice lo establecido en el artículo 33 de la LCT respecto a que tanto la SEP como el Conacyt podrán realizar convenios con los gobiernos de las entidades federativas y con los municipios, “a efecto de establecer programas y apoyos específicos de carácter regional, estatal y municipal para impulsar el desarrollo y descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de investigación”.

Con base en las consideraciones anteriores, es más pertinente mantener la promoción de acciones de fomento como una atribución concurrente de las autoridades educativas federal y locales, tal como se propone párrafos antes en la reforma al artículo 14.

Artículo 13

En opinión de los miembros de esta comisión, aunque la propuesta de reforma al artículo 13 es acorde con lo establecido de manera general en la LCT, resulta innecesaria al incorporar la promoción de acciones de fomento como una atribución concurrente de las autoridades educativas federal y locales.

Artículo 14

Las propuestas de reforma a este artículo se consideran innecesarias, toda vez el asunto se da por atendido al incorporar la propuesta del diputado Tamez.

Para concluir, en opinión de los miembros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, las propuestas de reforma que se derivan del presente dictamen se encuentran en armonía con las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, respecto de las obligaciones de los distintos órdenes de gobierno respecto al fomento de acciones de divulgación de la científica, la tecnología y la innovación.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea acordar que se remita a la Cámara de Senadores el presente proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación, para efecto de que las reformas propuestas por esta Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 9o y 14 de la Ley General de Educación, en materia de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación

Artículo Único.Se reforman los artículos 9o, y 14, fracción VIII, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9o.Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación,apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación e impulsará su divulgación, además de alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 14....

I. a VII. ...

VIII. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica, y fomentar acciones de divulgación dirigidas a maestros y alumnos, considerando la participación de los padres de familia y otorgando estímulos a las organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a estas actividades;

IX. a XIII. ...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Conacyt (2009). Informe general del estado de la ciencia y la tecnología México 2008. México, Conacyt.

2 Se refiere al gasto que las dependencias y entidades de la administración pública federal destinan a investigación y desarrollo experimental; servicios científicos y tecnológicos; y educación de posgrado.

3 Gardner, Howard (2000). La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los estudiantes deberían comprender. Barcelona, Paidós (Transiciones, 21), páginas 171-172.

4 Aunque existen diferentes enfoques para entender lo que es la divulgación de la ciencia y la tecnología, “existe consenso en cuanto a que además de transmitir cierta información, también es  importante ayudar al público a comprender cómo se hace la ciencia, cuya aplicación nos lleva a la tecnología. La práctica del proceso que emplean los científicos, la búsqueda de la objetividad, la capacidad de hacer modelos de la realidad, la verificación experimental y la aceptación de que un error implica un cambio de modelo”. Tagüeña, Julia, et al. (2006). La divulgación de la ciencia en México en el contexto de la América Latina. México, primer Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, DGDC/UNAM.

Salón de sesiones de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 22 de octubre de 2010.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva, José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Baiyle Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, está a discusión en lo general. No se han inscrito oradores en lo general, ni por parte de la comisión. Y únicamente en pro se ha registrado la diputada María de Lourdes Reynoso Femat, del Partido Acción Nacional. Lo hace en este momento el diputado Reyes S. Tamez. Quedan registrados la diputada María de Lourdes Reynoso Femat y el diputado Reyes S. Tamez, como oradores en pro de este dictamen. Tiene la palabra la diputada María de Lourdes Reynoso Femat.

La diputada María de Lourdes Reynoso Femat:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara recientemente recibió dos iniciativas que tienen como propósito incorporar en la Ley General de Educación disposiciones respecto de un tema fundamental para el de-sarrollo futuro de nuestro país: la difusión y divulgación de la ciencia en tres niveles de la educación básica.

Estas dos iniciativas han sido incorporadas en el dictamen que ahora someto a su consideración y que tienen sentido positivo.

Si bien es cierto que la Ley General de Educación ya contempla algunas disposiciones en materia de fomento de la ciencia y la tecnología, las reformas que se proponen mediante este dictamen tienen un carácter más específico, pues explícitamente se busca involucrar a los niños desde temprana edad en actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología.

Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, los invito a apoyar la aprobación de este dictamen por las razones que enumeraré en seguida:

Primera. La iniciativa objeto del presente dictamen se refiere en un nivel general a un asunto básico para el crecimiento económico y social de nuestro país, puesto que el avance científico y tecnológico es uno de los factores que repercuten en la generación de empleos, en el incremento de la productividad, en el uso eficiente de los recursos materiales y en suma, en la mejora del bienestar y el nivel de vida de la población.

Segunda. Resulta de suma importancia que el Estado fomente la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los niveles educativos, puesto que sólo de esta manera se creará una cultura científica que favorezca el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en sus niveles más avanzados.

Tercera. El proyecto de decreto que se somete a su consideración establece la participación concurrente de las autoridades educativas de nivel federal y local en las acciones de fomento y divulgación de la ciencia en la educación básica, lo cual es congruente con los principios generales del esquema de federalización educativa que rige actualmente en México.

Cuarta. La propuesta se encuentra en armonía con los preceptos establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología, reglamentaria de la fracción V y del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que establece las obligaciones de los distintos órdenes de gobierno respecto del fomento de acciones de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Asimismo, compañeras y compañeros, deseo enfatizar la que a mi juicio es la principal razón por la cual debemos aprobar este dictamen. Hoy sabemos que el involucramiento de los niños pequeños en actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología tiene importantes beneficios en su desarrollo personal y en su desarrollo social, ya que se despierta su interés y creatividad, además de propiciar el desarrollo de habilidades intelectuales que son la base del aprendizaje permanente.

Al respecto es importante considerar que la educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas serán siempre fundamento esencial según Howard Gardner.

En este sentido, el proyecto de decreto que someto a su consideración refuerza a nivel de la Ley General de Educación el precepto establecido en la fracción III del artículo 3o. constitucional, respecto de que la educación impartida por el Estado se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Por todas las razones enumeradas los miembros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos los invitamos a votar a favor del dictamen que hoy les presento. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Reyes Tamez Guerra para hablar en pro del presente dictamen.

El diputado Reyes Silvestre Tamez Guerra:Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores, la ciencia, la tecnología y la innovación deben ser parte esencial de la educación de una nueva generación de niños y jóvenes mexicanos que deberán estar más preparados que nunca para enfrentar con las mejores armas la lucha por el conocimiento.

Nosotros, quienes fuimos educados bajo otro contexto veíamos el acceso al conocimiento científico y tecnológico como un asunto exclusivo de especialistas e investigadores adscritos a centros de investigación y universidades. Es decir, gente que dedicaba su vida entera al aprendizaje y generación de este conocimiento.

Sin embargo, con el creciente número de economías basadas en el conocimiento, la velocidad con que se disemina la información y aplicación de éste y el interés de las naciones por la eficiencia y la productividad basada en la innovación, se hizo indispensable que el ciudadano común, sin distinguir edades, profesión o grado académico, hiciera parte de su cotidianeidad el nuevo contexto.

Hoy día quien no se involucra con este desarrollo vive en el atraso. Por ello, debemos garantizar que las escuelas de nuestro país se encuentren listas para que sus estudiantes se apropien correctamente de este nuevo conocimiento.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza trabajamos a diario por hacer de la educación un tema de prioridad nacional. Los niños y los jóvenes del país son los pilares de nuestro futuro, por ello deben tener una educación pertinente y de calidad. El que el Estado mexicano apoye el de-sarrollo tecnológico, la innovación e impulse su divulgación traerá beneficios graduales y de largo plazo para todo el sector educativo.

Al respecto, actualmente existen esfuerzos significativos por parte del gobierno federal, la iniciativa privada, la sociedad civil e incluso organismos internacionales. Sin embargo, la desarticulación es evidente y los resultados no se potencian como se espera.

Con las modificaciones que se proponen a la Ley General de Educación que hoy votamos, estamos abriendo la puerta para que todos esos esfuerzos cuenten con el apoyo o sean considerados por la autoridad federal y estatal competente para el desarrollo de sus funciones.

Involucramos a todas las autoridades para que de manera concurrente fomenten acciones de divulgación hacia maestros y alumnos, contando con la participación de los padres de familia y la sociedad civil.

Compañeros, en el seno de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se ha realizado un gran trabajo de análisis y discusión respecto de las iniciativas que dieron origen a la que hoy se somete a votación.

Los invito a dar buen término a este enorme esfuerzo, que a través de la suma de voluntades e inquietudes genera un producto útil y necesario. No olvidemos que la divulgación científica y tecnológica al representar una labor didáctica que favorece la apropiación del conocimiento por parte del individuo está íntimamente vinculada con el quehacer cotidiano del sistema educativo. Por su apoyo y su respaldo a esta iniciativa, yo quiero agradecérselos anticipadamente. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. No habiendo artículos reservados en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, esto en un solo acto.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema.

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Está abierto el sistema.

Ciérrese el sistema de votación.

Diputado presidente, tenemos una votación de 281 votos: 278 a favor, 3 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. y 14, fracción VIII de la Ley General de Educación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Pasando al capítulo de proposiciones. Se recibió del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo relativo al sobrepeso y obesidad que afecta a la población infantil del estado de Baja California.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al sobrepeso y a la obesidad que afecta a los infantes de Baja California, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Eduardo Ledesma Romo, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Baja California es uno de los primeros estados con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población, y los niños los padecen más: tan sólo “poco más de una tercera parte de infantes en edad escolar y de los adolescentes presentan sobrepeso y obesidad, y 6 de cada 10 adultos mayores de 20 años presentan exceso de peso, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006”.

Los resultados de la encuesta alertaron a las autoridades estatales, y a fin de detener el crecimiento de la prevalencia del sobrepeso y de la obesidad en la población infantil se adoptaron diversas medidas, entre ellas

• Reformar la Ley de Salud Pública, para establecer que las autoridades sanitarias, educativas y laborales del estado apoyarán y fomentarán “la supervisión nutricional de los alimentos que se proporcionan o venden a los niños en las instituciones educativas, de conformidad con lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas, a fin de evitar los que, a criterio de la propia Secretaría de Saluddel estado, causen daño a la salud, ya sea por su contenido o por las prácticas de higiene y sanidad en su preparación, de conformidad con los lineamientos que en la materia se expidan”.

• Un “plan contra la obesidad y sobrepeso en escolares”, que derivó del programa piloto Por un Futuro Saludable, aplicado en el ciclo escolar 2008-2009 en 15 escuelas.

El plan incluía la detección, la atención y el control del sobrepeso y de la obesidad, así como la realización de actividades físicas en la población estudiantil y el control de cooperativas.

• Celebrar convenios con escuelas para no vender a los estudiantes frituras, dulces condimentados y otros productos de bajo contenido nutricional.

• Publicar un “manual de preparación de alimentos en expendios de alimentos de educación básica”, cuya finalidad consiste en orientar para la venta de alimentos sanos en las cooperativas escolares y recomendar actividad física durante 30 minutos de 3 a 5 días a la semana.

Pese a la adopción de ésas y otras medidas para combatir el sobrepeso y la obesidad, las autoridades estatales no lograron contener el crecimiento de la epidemia en la población infantil; peor aún, para 2009 la reforma legal seguía siendo letra muerta.

Aun cuando parecía que el conjunto de medidas adoptadas era de carácter multidisciplinario, la política pública estatal se caracterizó por dar prioridad a la sensibilización de la comunidad escolar y a los padres de familia respecto a una alimentación sana.

Además, la Secretaría de Salud del estado tardó en cumplir lo previsto en los artículos tercero y cuarto transitorios del decreto número 196, publicado en el Periódico Oficial el 19 de mayo de 2006, que la obligaban a remitir los lineamientos y criterios al Sistema Estatal de Educación y Bienestar Social, para evitar la venta de alimentos que causaran daño a la salud, cabe precisar que el retraso en la expedición de los lineamientos contraviene lo dispuesto en el artículo 92, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el papel de los gobiernos es fundamental para lograr cambios sostenibles en el ámbito de la salud pública y, es el caso, que la obesidad infantil ha sido reconocida como uno de los problemas más graves de salud pública del siglo XXI.

La misma organización internacional señala que los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes vasculares cerebrales), la diabetes, los trastornos del aparato locomotor, en particular la artrosis, y ciertos tipos de cáncer (de endometrio, mama y colon).

Más aún: de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, el efecto que estas enfermedades tienen no sólo en la mortalidad sino en la morbilidad y calidad de vida representa una enorme carga tanto para el individuo y su familia como para el sistema de salud y la sociedad en general. Simplemente el año pasado, la obesidad causó gastos mayores de 42 mil millones de pesos y a la sociedad le representó pérdidas en aproximadamente 25 mil millones de pesos.

En mayo pasado, en el marco del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, “Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad”, la Secretaría de Educación y Bienestar Social de la entidad informó sobre los lineamientos de la “Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad” y afirmó que entrarían en vigor para el ciclo escolar 2010-2011, en preescolar, primaria y secundaria.

En agosto, el secretario de Salud estatal informó que ya se había entregado al sistema educativo estatal la lista de productos que no podrían venderse en los planteles de educación básica.

Sin embargo, en el mismo mes, el secretario estatal de Educación señaló que hasta el siguiente ciclo escolar no se retirarán de los centros escolares los alimentos y las bebidas que no contengan valor nutricional y que, en todo caso, se preparará un cuadro alimenticio para sustituir los productos “chatarra”.

De lo expuesto se colige que el Programa Estatal contra la Obesidad Infantil es sólo una tardía respuesta a un viejo problema, por lo que resulta urgente exhortar al gobernador de Baja California a informar a esta soberanía por los secretarios de Salud y de Educación y Bienestar Social acerca de los avances en la implantación del mencionado programa y si en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Salud Pública, la secretaría del ramo ya expidió los lineamientos en materia de nutrición de los alimentos que se venden en los planteles escolares y que a su criteriocausen daño a la salud, ya sea por su contenido o por las prácticas de higiene y sanidad en su preparación.

La Organización Mundial de la Salud señala que “la obesidad infantil se asocia fundamentalmente a la dieta malsana y a la escasa actividad física.

Por esa razón resulta indispensable que el congreso estatal realice las modificaciones que sean necesarias a su legislación local, a fin de que se establezca que las autoridades sanitarias y educativas propiciarán que los educandos practiquen, al menos 30 minutos diarios de ejercicio físico, para prevenir padecimientos de sobrepeso y obesidad.

Finalmente, es oportuno precisar que si bien Baja California ocupa uno de los primeros lugares de obesidad y sobrepeso en el país, desde 2006 no se ha logrado implantar ninguna política integral que permita contener el crecimiento de la prevalencia de la epidemia ni las medidas de prevención han dado resultados. Por ello urge conocer si las medidas que el estado adopta son similares a las implantadas en otros años.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Baja California a informar por sus secretarios de Salud, y de Educación y Bienestar Social respecto a lo siguiente:

a) Las acciones que se han adoptado para contener y revertir el sobrepeso y la obesidad infantiles en el estado y los resultados que se han obtenido;

b) El avance en la implantación del Programa Estatal contra la Obesidad Infantil;

c) Los resultados de la supervisión de la calidad nutricional de los alimentos que se proporcionan o venden a los niños en las instituciones educativas, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Salud Pública;

d) Las razones por las cuales no se han expedido los lineamientos para evitar la venta a los niños en las instituciones educativas de los alimentos, que a criterio de la propia Secretaría de Salud del estado, causen daño a la salud, ya sea por su contenido o por las prácticas de higiene y sanidad en su preparación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos tercero y cuarto transitorios del decreto número 196, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 19 de mayo de 2006.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Baja California a evaluar la conveniencia de reformar su legislación local a fin de que se establezca que las autoridades sanitarias y las educativas propicien al menos treinta minutos diarios de ejercicio físico, para prevenir padecimientos de sobrepeso y obesidad.

Notas:

1 Resultados por entidad federativa. Baja California. Diseñada y conducida por el Instituto Nacional de Salud Pública.

2 El 19 de mayo de 2006 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el decreto número 196, por el que se reforma el artículo 24 de la Ley de Salud Pública del estado.

3 Comunicado de prensa número 90 de la Secretaría de Salud, del 29 de septiembre de 2009.

4 Firmado el 25 de enero de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Salud.

FINANCIERA RURAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que revisen y disminuyan la tasa de interés de los créditos refaccionarios y de avío que otorga Financiera Rural.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP a revisar y disminuir la tasa de interés de los créditos refaccionarios y de avío de Financiera Rural, a cargo del diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Rafael Rodríguez González, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable Cámara proposición con punto de acuerdo de conformidad con los motivos que a continuación se exponen.

Antecedentes

Históricamente  uno de los retos para el país ha sido potenciar la productividad del campo, que permita por una parte, la generación de riqueza a favor del crecimiento de México y por otra el mejoramiento del nivel de vida quienes lo trabajan, siendo aproximadamente 25 millones de mexicanos quienes dependen de este importante sector que provee de alimentos al país, así como de insumos para la industria nacional.

Para lograr tal propósito, el Estado ha buscado desarrollar esquemas que consoliden uno de los mandatos que la Carta Magna consagra, para el desarrollo productivo agrícola, como es el acceso al financiamiento, siendo el instrumento más recurrente para dichas actividades el crédito, el cual a través de la implementación de esquemas sólidos permitiría otorgar estabilidad y certidumbre al financiamiento al campo permitiendo al Estado cumplir con su función social.

A lo largo de nuestra historia el Estado ha jugado un papel central con la constitución de bancos de desarrollo para el fomento del campo, cuya evolución desde la creación de los primeros bancos agrícolas hasta Banrural, permitía el acceso al crédito a pequeños y medianos productores en condiciones competitivas con respecto de la banca comercial.

Pero, a raíz de los problemas financieros de Banrural, el gobierno federal decide liquidarlo y crear una institución acorde a las dinámicas que los nuevos tiempos económicos exigían, constituyéndose la Financiera Rural, que permitiera el acceso al crédito a los pequeños y medianos productores en condiciones competitivas de interés con respecto de la banca comercial.

En este contexto la Financiera Rural cobra especial relevancia para impulsar la base productiva del sector rural del país, ante las deficiencias estructurales de nuestra economía, que afecta de manera significativa al sector agropecuario ante la falta de financiamiento oportuno y suficiente, es menester señalar que la apertura comercial producto del tratado de libre comercio con nuestros vecinos del norte ha evidenciado nuestras debilidades que se han agudizado con los difíciles entornos económicos mundiales y la falta de una verdadera política de Estado con visión de largo plazo que impulse decididamente a los productores nacionales.

Faltan políticas públicas que permitan a los productores competir en mejores condiciones, para posicionar sus productos en el mercado pero mientras las diferencias de acceso al crédito con tasas de interés competitivas, transporte y almacenaje continúen, seguiremos en desventajas con los productores de otros países.

Es necesario orientar los créditos de la banca de desarrollo de manera efectiva a los productores que tienen dificultades de acceder a los créditos comerciales, pero en términos realmente competitivos, con verdaderas tasas de interés preferenciales que permitan la rentabilidad de las actividades productivas a las que están dirigidas y promuevan su dinamismo con eficacia, y no como ocurre actualmente en donde la Financiera Rural tiene tasas de interés entre 15.4 y 16.8 por ciento y la banca comercial ofrezca tasas de interés que van del 8 al 14 por ciento. Siendo incongruente con la función estatal tener una banca de primer piso que otorgue créditos de 6 a 8 puntos más bajos que la banca de de-sarrollo, desvirtuando su razón de ser promotora del desa-rrollo nacional.

Es lamentable que a pesar del impulso al crédito que se ha dado en los últimos años este no se ha convertido en el detonante del desarrollo agrícola, merced a las altas tasa de interés que cobra la banca de desarrollo, la cual se ha enfocado más a la competitividad por tener los mejores clientes en cuestión de cartera para que  sean difusores del crédito, que en cumplir de manera efectiva con el fin para el cual fue creada como lo es fomentar de manera efectiva el desarrollo agrícola del país, a través de créditos accesibles, con tasa competitivas y preferentes para los productores, y con ello desaprovechando el papel que está llamada a desempeñar en el concierto de la economía nacional, atendiendo a las razones ya expuestas propongo a este honorable pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones revisen y disminuyan la tasa de interés de los créditos refaccionarios y de avío que otorga Financiera Rural.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre del 2010.— Diputado Rafael Rodríguez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE COAHILA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que instruya a los delegados de las diversas dependencias y titulares de organismos públicos federales radicados en el estado de Coahuila que cumplan con la legislación fiscal estatal y cubran el pago del impuesto predial, así como el impuesto sobre nómina.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Ejecutivo federal a instruir a los delegados de las diversas dependencias y a los titulares de organismos públicos federales radicados en Coahuila para que cumplan la legislación fiscal estatal y paguen los impuestos predial y sobre nómina, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, en nombre de diputados federales del estado de Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El impuesto predial es un tributo con el cual se grava una propiedad o posesión inmobiliaria. Esta contribución la hacen los ciudadanos que son dueños de un inmueble, ya sea vivienda, despacho, oficina, edificio o local comercial.

Este impuesto existe en muchos países y se sustenta en la idea de que todos aquellos que son propietarios de un bien inmueble deben aportar una cuota anual al Estado en forma de tributo. En nuestro país el dinero recaudado por el cobro del impuesto predial es utilizado por los municipios para la prestación de servicios públicos y para realizar diversas obras públicas, tales como pavimentación, recolección de residuos sólidos, conservación de áreas verdes y alumbrado público, entre otras. El cumplimiento oportuno del pago del impuesto predial es un factor primordial para las finanzas de los municipios, porque es uno de los principales ingresos propios de los municipios.

La recaudación por impuesto predial en México representa sólo el 0.2 por ciento como proporción del producto interno bruto (PIB) equivalente a 20 mil millones de pesos. Para darnos una idea de la recaudación del impuesto predial en México, el porcentaje promedio recaudado en los países que integran la Organización para la Cooperación y el De-sarrollo Económicos (OCDE), del que México forma parte, es de 2.0 por ciento, es decir, la recaudación por impuesto predial en México es 10 veces menor. Por otra parte, por encima de dicha proporción están el Reino Unido (3.29 por ciento), Canadá (3.2 por ciento), EUA (3.1 por ciento), España (2.8 por ciento) e Italia (2.7 por ciento). En Latinoamérica sobresalen por su nivel de recaudación como proporción de su PIB países como Brasil (1.7 por ciento), Colombia (1.2 por ciento) y Chile (0.6 por ciento).

Nuestra Carta Magna, en el artículo 115, en su fracción IV, establece que los municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

Asimismo, la propia Constitución Federal señala que las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con éstas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Por otra parte el Código Fiscal de la Federación en su artículo 1o. establece que la federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente.

De igual forma el artículo 14 de este código establece que las entidades o los particulares que, bajo cualquier título, utilicen inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la federación en fines administrativos o con propósitos distintos a los de su objeto público, estarán obligados a pagar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

En el marco del federalismo  y muy especialmente en el fortalecimiento municipal, y con objeto de incrementar los recursos económicos propios de los gobiernos municipales, se hace cada vez más necesario allegarse de estos impuestos para la mejor presentación de los servicios públicos. En ese sentido en 2009, y con estricto apego a la legislación vigente, el Congreso de Coahuila aprobó la eliminación de exenciones para el pago del gravamen municipal que estaban contenidas en el Código Financiero para los municipios de Coahuila.

A partir del año en curso la federación, estado y municipios deberán pagar el Impuesto Predial por las instalaciones en las que no ofrezcan servicios al público. Con ello, se deberá pagar el Predial por los bienes de dominio público de la federación, los estados o los municipios cuando sean utilizados para actividades distintas a la prestación de un servicio público.

En este supuesto se ubican almacenes, bodegas, oficinas administrativas, entre otras instalaciones mientras que seguirán exentas las plazas, escuelas, hospitales, oficinas de atención y similares.

Estas modificaciones se hicieron para fortalecer las finanzas públicas de los municipios, lo que permitirá obtener mayores ingresos y acceder a mayores fondos. Ya que las fórmulas para el reparto de participaciones federales premian a los municipios que tienen mayores ingresos propios. Cabe destacar que estas modificaciones al Código Financiero se aprobaron por mayoría, con excepción de los legisladores del Partido Acción Nacional.

De la misma forma se aprobaron cambios a la Ley de Hacienda para hacer sujetos de pago del impuesto sobre nóminas a instancias municipales, estatales y federales.

Por otra parte, cabe recordar que la federación ha demostrado su ineficiencia en la recaudación de los diversos impuestos que forman el ingreso nacional, así lo demuestran los altos índices de evasión y elusión fiscal, es decir, la falta de ingresos de la federación no se debe a la falta de impuestos, sino a la ineficiencia del sistemas recaudatorio de nuestro país.

Pareciera que el Ejecutivo quisiera trasladar su ineficiencia recaudatoria hacia las diversas entidades del país, al solapar el incumplimiento de la legislación fiscal por parte de sus funcionarios de las diferentes dependencias en las diferentes entidades.

Así lo demuestran en Coahuila los delegados de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Desarrollo Social, quienes han respondido abiertamente que no están dispuestos a pagar, el predial que considera el Código Municipal y que el Congreso del estado aprobó y el resto sólo hace caso omiso a los requerimientos de pago.

Por todo lo descrito, acudimos a esta tribuna para solicitar su apoyo para respaldar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a los delegados de las diversas dependencias y titulares de organismos públicos federales radicados en el estado de Coahuila a cumplir la legislación fiscal estatal y cubrir el pago del impuesto predial, así como el impuesto sobre nómina.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Tereso Medina Ramírez, Héctor Franco López, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme Solís, Melchor Sánchez de la Fuente, Héctor Fernández Aguirre, Noé Fernando Garza Flores (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público.

PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE 2010

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que considere la inclusión de la ciudadana Yadira Lira Navarro al Premio Nacional del Deporte 2010, en virtud de su destacada trayectoria deportiva.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:  «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar la inclusión de Yadira Lira Navarro en el Premio Nacional del Deporte 2010 por su destacada trayectoria, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El próximo 20 de noviembre, de manos del titular del Ejecutivo federal, deportistas profesionales, amateurs y entrenadores recibirán el Premio Nacional del Deporte.

Se trata del máximo reconocimiento al que un deportista pueda aspirar en el país, sobre todo de aquellos que sin recursos económicos y a base de sacrificio y esfuerzo personal logran poner en alto el nombre de México en las competencias internacionales.

Se trata de un premio que en sus inicios reconocía a aquellos deportistas no profesionales que lograban destacar. En los últimos años se han venido otorgando a deportistas profesionales que nada tienen que ver con deporte amateur.

Hace unos días, una mujer mexicana de 37 años, madre soltera, originaria de Arcelia, Guerrero, y avecindada en Puebla, obtuvo por segunda ocasión el Campeonato Mundial de Karate en Belgrado, Serbia, logro que en 2004 obtuvo por primera ocasión en el mundial de la especialidad celebrado en Monterrey, siendo la primera mexicana en ganar dos veces un mundial en esta modalidad.

Al igual que en 2004, se le ha negado acceder al Premio Nacional del Deporte, no obstante de ser la mujer con los mejores logros en la historia del karate mexicano al ganar tres medallas: una de oro en 2004 en Monterrey, una de plata en 2006 en Finlandia y una más de oro en esta ocasión en Belgrado.

La razón para dejarla fuera del Premio Nacional del Deporte es porque las fechas de las competencias (han sido en octubre y noviembre) coinciden con los plazos de la convocatoria al premio, por lo cual no ha habido el tiempo necesario para proponerla a tan alta distinción; sin embargo, existe el antecedente: en 2009, el deportista paralímpico Aarón Gordián, ganador de la edición de 2009 del Maratón en Silla de Ruedas de Los Ángeles, California, el cual, encontrándose en una situación similar, accedió al Premio Nacional del Deporte.

No obstante los meritos y la trayectoria deportiva de esta mexicana, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, Bernardo de la Garza, y las autoridades deportivas del país no han comentado nada al respecto.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo federal, a considerar la inclusión de la ciudadana Yadira Lira Navarro al Premio Nacional del Deporte 2010, en virtud de su destacada trayectoria deportiva y por los resultados obtenidos el pasado 30 de octubre de 2010 en el Campeonato Mundial de Karate en Belgrado, Serbia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Baja California a que reforme las disposiciones de su Código Penal que contravienen principios fundamentales de igualdad, la no discriminación y la equidad que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Baja California a reformar las disposiciones de su Código Penal que contravienen principios fundamentales de igualdad, no discriminación y equidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Eduardo Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las formas más frecuentes de violencia que sufren las mujeres es la física, que se manifiesta en golpes o lesiones y hasta el homicidio, sin dejar de lado la violencia psicológica.

Según resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, en Baja California, de cada 100 mujeres de 15 años y más, 62 han padecido algún incidente de violencia por su pareja u otras personas en los espacios comunitario, laboral, familiar, patrimonial o escolar.

De acuerdo con la misma encuesta, “34.6 por ciento de las mujeres declaró haber tenido incidentes de violencia a lo largo de la relación con su última pareja y las mujeres alguna vez unidas (divorciadas, separadas y viudas) presentan niveles más altos de violencia que los reportados por casadas o unidas y solteras.

”En las muertes por violencia, el homicidio ocupa el primer lugar como causa de muerte, y en segundo lugar se encuentra el suicidio.

”En 2008, Baja California ocupó el segundo lugar nacional en la tasa de homicidios de mujeres, con 5.4 muertes por cada 100 mil mujeres.

”La frecuencia de los homicidios y suicidios presenta una tendencia al alza. Entre 1990 y 2008, la tasa de homicidios de mujeres ascendió de 3.8 a 5.4 muertes por cada 100 mil mujeres.”

De lo expuesto se desprende que en esta entidad federativa se realizan conductas que corresponden a los diferentes tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres: física, psicológica, sexual, económica y social.

Pese a que esas conductas, que atentan contra la dignidad humana y la libertad de las mujeres, están tipificadas en el Código Penal de Baja California, su descripción típica contraviene algunos principios fundamentales, como la igualdad, la no discriminación y la equidad, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado mexicano y en leyes como la General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, presentado por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, se afirma que “la violencia contra la mujer persiste en todos los países como una violación generalizada de los derechos humanos, y es uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género”.

La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida que se genere por pertenecer a cualquier sexo. No obstante, en algunas entidades federativas las costumbres y las tradiciones se han utilizado para justificar la violencia contra el género femenino, como los crímenes cometidos en nombre del honor, las penas discriminatorias y las limitaciones de los derechos de la mujer en el matrimonio.

En Baja California, aun cuando hay legislación que constituye una ampliación de la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos de las mujeres, siguen vigentes normas penales que protegen la dominación masculina en la familia en perjuicio de la seguridad de adultas y de niñas.

En el Código Penal de Baja California aún se regula el “homicidio por infidelidad conyugal”, para el cual se establece una pena de 3 a 8 años de prisión, menor que la prevista para el homicidio simple, con una penalidad de 8 a 15 años de prisión (artículo 154).

En ese ordenamiento se establece una pena de prisión menor para quien infiera lesiones por infidelidad conyugal, en cuyo supuesto la pena se reduce a la mitad de la sanción que corresponda al tipo de lesiones inferidas.

El código punitivo estatal prevé un tipo penal que atenta contra el principio de igualdad respecto a las garantías que la Constitución federal confiere y es el relativo al delito de estupro, para el cual se establece que la menor de 18 años con que se realice cópula deberá ser castay honesta, aun cuando se haya obtenido su consentimiento por medio de la seducción o el engaño.

Ese delito, previsto en el artículo 182 del Código Penal estatal, constituye un acto de discriminación para la víctima, pues se trata de una norma que establece un trato diferenciado no razonable o desproporcionado entre las personas, como sería la discriminación por género, prohibida expresamente en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Carta Magna. Más aún: se atenta contra los derechos humanos de las mujeres, ya que se fomenta en ese código sustantivo el matrimonio forzado de menores al extinguir la acción penal cuando el victimario contrae matrimonio con la menor de 18 años.

En consecuencia, de los artículos descritos se desprende que la violencia sexual contra las mujeres se sanciona como un delito contra el honor y no propiamente como una violación del derecho de las mujeres a su integridad corporal; o bien, se permite la reducción de la pena cuando el victimario contrae nupcias con la víctima menor de edad.

La violencia contra las mujeres y la discriminación de género constituyen obstáculos para alcanzar el principio universal de igualdad de derechos de hombres y mujeres, el cual encuentra su fundamento en los artículos 1o. y 4o. de la Carta Magna y en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).

Incluso, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha manifestado que la violencia basada en género es uno de los abusos contra los derechos humanos y uno de los problemas de salud pública más difundidos en el mundo actual.

En términos del artículo 2o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las entidades federativas, entre ellas Baja California, tienen el deber de expedir las normas legales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado mexicano.

De conformidad con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, México como Estado parte está obligado a abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación, así como adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las autoridades correspondientes deberán impulsar reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado.

Por contravenir el principio universal de igualdad de derechos de hombres y mujeres y por tratarse de conductas discriminatorias que atentan contra la dignidad humana y los derechos de las mujeres se propone exhortar respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California para que reforme las disposiciones del Código Penal del Estado que resultan violatorias de los derechos humanos de las mujeres.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Baja California a reformar las disposiciones de su Código Penal que contravienen principios fundamentales, como los de igualdad, no discriminación y equidad, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 154, relativo a los delitos de homicidio o lesiones por infidelidad conyugal, y 182, que regula el delito de estupro, por tratarse de descripciones típicas que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las mujeres.

Notas:

1 “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer. Datos de Baja California”, comunicado del 8 de marzo de 2010, Inegi.

2 Artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

3 El marco internacional básico de derechos humanos para las mujeres está formado fundamentalmente por los siguientes tratados internacionales, todos ratificados por México (la fecha de ratificación se presenta entre paréntesis): Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (20 de febrero de 1975), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (23 de marzo de 1981), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (23 de marzo de 1981), Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (23 de marzo de 1981), Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (23 de enero de 1986), Convención sobre los Derechos del Niño (21 de noviembre de 1990) y Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (8 de marzo de 1999). Véase Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Marco jurídico básico nacional e internacional. Derechos humanos de las mujeres, Cámara de Diputados, LX Legislatura, diciembre de 2007.

4 Documento A/61/122/Add.1 Informe del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, 6 de julio de 2006.

5 Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para Baja California, publicadas respectivamente en el Periódico Oficial números 29 y 31, del 25 de junio de 2008 y 4 de julio de 2003.

6 De acuerdo con la publicación La violencia contra las mujeres: responde el sector salud, 2003, OPS.

7 Artículo 2 de la convención. Ratificada el 23 de marzo de 1981.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.

ESTADO DE NAYARIT

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió de la diputada Ivideliza Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nayarit a dar solución a la problemática que enfrentan los trabajadores de los servicios de salud de la entidad.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a solucionar de inmediato la problemática de los trabajadores de los servicios de salud, a cargo de la diputada Ivideliza Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Ivideliza Reyes Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta al gobierno del estado de Nayarit para dar inmediata solución a la problemática que enfrentan los trabajadores de los servicios de salud de la entidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 21 de octubre del presente, los trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Nayarit llevaron a cabo un paro de labores en toda la entidad exigiendo les sean pagados los adeudos que la Secretaría de Salud estatal tiene hasta hoy.

Dicho adeudo asciende a 80 millones de pesos en prestaciones como el fondo para la vivienda y el pago por concepto de guarderías, 50 millones de pesos del ahorro para el retiro, 800 mil pesos en cuotas de recaudación y 400 mil pesos en vales de despensa.

Este problema en sí ya es de suma gravedad, pero se suma a otras situaciones que se desprenden de la misma, como la deficiente administración de los servicios de salud en la entidad, en la infraestructura hospitalaria y en la carencia de insumos como el abasto pleno de medicamentos en las clínicas del sector salud.

Asimismo, la falta de regularización laboral del personal de salud, que trabaja bajo el concepto de la eventualidad, sin ningún tipo de contrato, sin las prestaciones básicas, sin derecho a vacaciones, aguinaldo, créditos para vivienda y sin servicios de salud y garantías sociales.

De igual forma, los trabajadores de salud han denunciado los posibles desvíos de recursos por parte de algunos funcionarios y ex funcionarios de dicha Secretaría para situaciones que aún no han sido esclarecidas.

La salud es un derecho fundamental de las personas, consagrado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna. No se trata de un servicio que pueda estar al arbitrio de ningún funcionario público y el estado debe velar porque se brinde de la mejor manera posible a todos y cada uno de los ciudadanos.

Es de vital importancia que el gobierno del estado de Nayarit tome cartas en el asunto, y que no convierta a la salud en un asunto de regateo político o de intereses partidistas, y que los recursos sean destinados y utilizados conforme a los requerimientos del sector: médicos, medicinas, infraestructura, equipamiento, etcétera.

De igual forma, es necesario que la federación revise puntualmente la forma en que se han gastado los recursos federales, que en 2010 ascendieron a 834 millones 763 mil 381 pesos por concepto del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), y su destino en este caso particular, que bien requiere de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades locales.

Porque la afectación no sólo es a los médicos, o al personal que brinda los servicios de salud, sino a la población en general, que no puede estar a expensas de decisiones de tipo administrativo, cuando de por medio está su bienestar y su vida.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta al gobierno del estado de Nayarit para dar inmediata solución a la problemática que enfrentan los trabajadores de los servicios de salud de la entidad.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, lleve a cabo una auditoría de los recursos que, del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se otorgaron al estado de Nayarit para servicios de salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de noviembre de 2010.— Diputada Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica).»

Túrnese el primer resolutivo a la Comisión de Salud, y el segundo resolutivo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Se retira del orden del día la propuesta del diputado Juan José Cuevas García, que con el número 205 tenemos aquí registrada.

SISTEMA DE PROTECCION CIVIL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió solicitud de excitativa del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Excitativa a la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Canek Vázquez Góngora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso p) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita, respetuosamente, que la Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Gobernación, a efecto de que dictamine las diversas iniciativas relacionadas con el tema de Protección Civil con base en las siguientes consideraciones:

A. Los legisladores han mostrado su preocupación por el tema de la protección civil al presentar un gran número de iniciativas sobre la materia que han sido turnadas a la Comisión de Gobernación, a efecto de ser dictaminadas buscando modificar diversos marcos normativos que van desde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Congreso General del EUM y la Ley General de Protección Civil.

B. Estas iniciativas plantean diversas reformas que, no obstante las diversas ópticas,  buscan fortalecer el sistema de protección civil en el país a efecto de brindar elementos concretos, acordes con la realidad nacional, para que los diversos niveles de gobierno puedan enfrentar las emergencias climatológicas que han sido recurrentes en tiempo e intensidad durante los últimos años y que se prevé mantengan ese comportamiento en el futuro.

C. En este contexto, durante este año los mexicanos hemos sido testigos del incremento inusual de la intensidad y los estragos de las lluvias. Durante este año como estados como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán. Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, entre otros, han padecido severamente los estragos de inundaciones y lluvias torrenciales, y recientemente de fríos intensos, que han derivado en la lamentable pérdida de vidas humanas, en problemas de desabasto de energía, inundaciones, daños a viviendas y cultivos, quebrantando el patrimonio de miles y miles de familias, sin contar con la destrucción de millones y millones de pesos en el rubro de infraestructura. Cabe destacar que en muchas zonas la destrucción fue de tal magnitud que se deberán reconstruir en su totalidad.

D. Especialistas de la UNAM han identificado cerca de 400 poblados en territorio nacional que pueden sufrir emergencias graves, concretamente de inundaciones. Estos espacios observan una mala planeación urbana, rezago social, altas tasas de deforestación, sin programas confiables de respuesta inmediata a los fenómenos naturales. Se destaca que muchos de estos lugares ya habían sido identificados como zonas con riesgo de emergencia mucho antes del incremento de la cantidad y la fuerza de los fenómenos climatológicos.

E. Debemos reconocer que la fuerza de las emergencias climatológicas parten de la intensidad del elemento natural que se agrava, en muchos de los casos, por la deficiente respuesta del elemento gubernamental. En este sentido, es responsabilidad del Congreso de la Unión contribuir con el mejoramiento del marco normativo sobre la materia para lo cual la Comisión de Gobernación tiene la encomienda de continuar con el proceso legislativo.

Por lo expuesto y fundado, a usted, ciudadano presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:

Único.Excite a la Comisión de Gobernación para que dictamine las diversas propuestas legislativas en materia de Protección Civil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Canek Vázquez Góngora (rúbrica).»

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Gobernación para que emita el dictamen correspondiente.

Dé cuenta la Secretaría con las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Comisión de Desarrollo Metropolitano

Baja: Diputado Manuel Cadena Morales (integrante)

Comisión de Gobernación

Baja: Diputado Emilio Chuayffet Chemor (integrante)

Alta: Diputado Miguel Ángel Luna Munguía (integrante)

Comisión Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de las aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, en relación con la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas

Baja: Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (integrante)

Alta: Diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar:

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 8 de noviembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Comisión de Puntos Constitucionales

Baja:Diputado Héctor Guevara Ramírez (integrante)

Alta:Diputado Héctor Guevara Ramírez (secretario)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 8 de noviembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Grupo de amistad México-Filipinas

Baja: Diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (presidenta)

Alta: Diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (presidenta)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Baja: Diputado Luis Enrique Mercado Sánchez (secretario)

Alta: Diputado Julio Castellanos Ramírez (secretario)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobadas. Comuníquese.

Se encuentran en este recinto alumnos y personal docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Son invitados del diputado Mario Moreno Arcos. Sean ustedes bienvenidos.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Orden del día de la próxima sesión...

TRABAJO LEGISLATIVO

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Noroña, por favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Antes de que lean el orden del día de la próxima sesión quiero que quede constancia de mi inconformidad, dado que van varias sesiones, por lo menos dos semanas, que no se toca la agenda política. En todas las sesiones debe tocarse, prioritariamente además los martes.

Hoy termina otra vez la sesión sin que se toque la agenda política. Los asesinatos de jóvenes en el país son un hecho verdaderamente grave y dramático que se ha venido acrecentando.

Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, por lo menos por Twitter los condena. No sé si eso sea su función, pero esta Cámara está peor, porque ni siquiera ha abordado estos temas que son verdaderamente lacerantes.

Yo estoy en el turno para tocar este tema, particularmente el joven herido en Ciudad Juárez, cuando se manifestaban en contra de la militarización en aquella ciudad, y me parece muy grave que esta Cámara siga obviando el tema de la agenda política.

Quiero hacer mi más enérgica protesta y exigir que en la próxima sesión y en las subsiguientes se respete el tiempo destinado para la agenda política.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Esta Mesa Directiva y la Junta de Coordinación recogen sus planteamientos, diputado, con mucho gusto. Diputado Ávila.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Tengo aproximadamente un mes pidiéndole a usted o al presidente en turno, que me den oportunidad de subir a tribuna para hacer los planteamientos de las alzas del diesel, de la gasolina, de la electricidad, de los artículos de primera necesidad que ya el pueblo de México no puede soportar más, y aquí como si fuera una oficina burocrática y aunque a uno lo eligió el pueblo y es diputado, ustedes le niegan la palabra y le niegan la tribuna.

Si la tribuna es de nosotros, de los diputados, de los que eligió el pueblo, no de los que lo señala el partido como plurinominales. Yo no perdí una casilla en mi estado y vengo aquí, óigalo bien presidente diputado, a defender al pueblo de Durango, a defender al pueblo de México, no como ustedes que son diputados de dedo y que nunca defienden a nadie, más que su bolsillo, porque nada más de eso saben.

La política es el arte de servir a los demás, de servir al pueblo, y ustedes, no sé por qué le niegan  a uno el deseo o le niegan a uno la importancia de subir y hacer uso de la tribuna para defender al pueblo de México.

No sé si haya contubernios entre ustedes y el presidente de la República para que haya una revolución social en México, cegando la vida de los diputados. Aquí en este recinto de la patria todos nosotros somos representantes de la nación, y no cualquier diputado nos puede impedir que subamos a tribuna, porque la tribuna nos la dio el pueblo de México.

A ver cuándo, a ver cuándo, a ver cuándo tienen la gentileza de darnos oportunidad de subir a tribuna.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Su proposición, compañero diputado, ha sido considerada y está registrada incluso hoy una vez más en el orden del día, sólo que no hemos llegado a ese momento.

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 11 de noviembre de 2010... Perdón, continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 11 de noviembre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Permítame usted, diputada.

A sus órdenes, don Pedro. Sonido a la curul de don Pedro, por favor.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Pido la palabra, pido que me dé oportunidad de subir a tribuna.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se concede el uso de la palabra de manera extraordinaria al diputado Pedro Ávila.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si de manera extraordinaria se le concede el uso de la palabra al diputado Pedro. Es mayoría, diputado presidente.

PRECIO DE GASOLINA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Pedro Avila Nevárez para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a detener los constantes aumentos en el precio de la gasolina.

El diputado Pedro Ávila Nevárez:El suscrito diputado federal integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo expuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos.

El presente punto de acuerdo nace de la necesidad que tenemos los legisladores de salvaguardar los intereses de la población y, a la vez, para exigir y exhibir el mal trabajo del gobierno actual, así como el poco o el nulo interés que muestran por llevar a cabo esas políticas públicas que conllevan al verdadero desarrollo del país, y que, por el contrario, parece que la misión que se tiene es dejar en completo estado de indefensión al pueblo y aumentar el número de pobres hasta llegar a cifras inimaginables.

En mi intervención pasada presenté proposición con punto de acuerdo en donde solicitaba la suspensión de los incrementos en las tarifas eléctricas y en los precios de la gasolina, el diesel y el gas doméstico. No obstante lo anterior, el pasado lunes de nuevo tuvieron un aumento en el precio de la gasolina, el gas, el diesel y la energía eléctrica.

Este nuevo aumento es intolerable, ya que, como se ve, actualmente llegamos casi a los 9 pesos a la gasolina. Y de igual forma está arriba de los 10 pesos el diesel. Y no se acepta que aun cuando ya se expuso en esta asamblea, hagan caso omiso de lo planteado.

Éste no sólo es un reclamo de una persona, es el reclamo de los millones de mexicanos que están pagando por la ineptitud del gobierno por esas improvisaciones que nos hunden cada vez más en la más grave de las miserias.

Estamos al borde de un estallido social y no lo vemos así. Estamos jugando con fuego, pero no lo vemos. Es evidente que el gobierno no tiene un plan bien estructurado, toda vez que no ha solucionado uno solo de los problemas que más aquejan a la población y que por el contrario lo único que sabe hacer es improvisar y tomar decisiones equivocadas como en esta ocasión lo es el nuevo aumento a la gasolina, al diesel, a la electricidad y a los artículos de primera necesidad.

Como ya mencioné, este es un tema que un servidor había expuesto hace sólo un par de días, lo que genera muchas dudas respecto del papel que desempeñamos como representantes del pueblo, ya que la propuesta, ya que la respuesta a la proposición planteada fue totalmente ignorada y sólo recibimos más aumentos para el pueblo de México que nos eligió.

Lamentablemente la mediocridad con la que se han tomado las decisiones del actual gobierno nos lleva a pensar que simplemente así es México, pero no nos damos cuenta de que ésta es una enfermedad del gobierno sin síntomas y sin dolores, razón por la cual parecen estar muy tranquilos con sus decisiones, pero a todos ellos les decimos que para su mala fortuna son una minoría.

La mediocridad es un parámetro inevitable que marca la pauta entre los individuos, es lo que hace la diferencia entre alguien inteligente, justo y con valor moral, y uno que sólo le interesa su imagen de poder y que sólo aparenta tener inteligencia. Ya lo dice el escritor José Ingenieros: “el hombre mediocre es una persona incapaz de usar su imaginación para forjar ideales que le planteen un futuro por el cual  luchar”.

¿A qué nos lleva este aumento en la gasolina? ¿En el diesel? ¿En la electricidad? A que los incrementos no sólo sean en ese rubro sino en todos los productos de primera necesidad, en todos aquellos servicios que están ligados a este aumento intolerable.

Es en estos casos cuando nos damos cuenta de que las decisiones del gobierno no son tomadas pensando en el pueblo sino en los intereses de unas cuantas personas. No volvamos a decepcionar a nuestro pueblo. Esta causa nos tiene que unir a todos los representantes populares, para evitar este tipo de atropellos y no permitir los nuevos incrementos.

Y a las autoridades le digo que no debemos olvidar que el hombre exitoso se rodea de buenos consejos.

Por lo anterior expuesto, pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo.

Se exhorta a esta soberanía a que acuerde con carácter de urgente u obvia resolución exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se detengan los constantes aumentos en el precio de la gasolina, el diesel, la electricidad y los artículos de primera necesidad.

Si mi general Villa viviera, ya habría ahorcado a Calderón y a sus hambreadores del palo más alto. Viva Villa, viva Villa, viva Villa. Viva Adolfo López Mateos.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a detener los constantes aumentos en el precio de la gasolina, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El presente punto de acuerdo nace de la necesidad que tenemos los legisladores de salvaguardar los intereses de la población y, a la vez, exhibir el mal trabajo del gobierno actual, así como el poco o el nulo interés que muestran por llevar a cabo esas políticas públicas que conlleven al verdadero desarrollo del país y que por el contrario, parece que la misión que se tiene, es dejar en completo estado de indefensión al pueblo y aumentar el número de pobres hasta llegar a cifras inimaginables.

En mi intervención pasada presente proposición con punto de acuerdo donde se solicitaba la suspensión de los incrementos de las tarifas eléctricas y de los precios de la gasolina, el diesel y el gas doméstico. No obstante, el lunes 11 de octubre del presente año volvimos a tener un aumento en el precio de la gasolina el gas y el diesel.

Este nuevo aumento es intolerable ya que como se ve actualmente llegamos casi a 9.0 pesos a la gasolina y de igual forma está arriba de 10 pesos el diesel, y no se acepta que aún cuando ya se expuso a esta asamblea, hagan caso omiso a lo planteado, este no sólo es un reclamo de una persona, es el reclamo de los millones de mexicanos que están pagando por la ineptitud del gobierno, por esas improvisaciones que nos hunden cada vez más.

Es evidente que el gobierno no tiene un plan bien estructurado, toda vez que no ha solucionado uno sólo de los problemas que más aqueja a la población y que por el contrario, lo único que sabe hacer es improvisar y tomar decisiones equivocadas, como en esta ocasión lo es el nuevo aumento de precio en la gasolina.

Como mencioné, éste es un tema que un servidor había expuesto hace sólo un par de días, lo que genera muchas dudas con respecto al papel que desempañamos como representantes del pueblo, ya que la respuesta a la proposición planteada fue totalmente ignorada y sólo recibimos mas aumento.

Lamentablemente la mediocridad con las que se han tomado las decisiones del actual gobierno, nos lleva a pensar que simplemente “así es en México”, pero no nos damos cuenta de que ésta es una enfermedad del gobierno, sin síntomas y sin dolores, razón por la cual parecen estar muy tranquilos con sus decisiones; pero a todos ellos les decimos que para su mala fortuna no son mayoría.

La mediocridad es un parámetro inevitable que marca la pauta entre los individuos, es lo que hace la diferencia entre alguien inteligente, justo y con valor moral y uno que sólo le interesa su imagen del poder y que sólo aparenta tener inteligencia. Ya lo dice el escritor José Ingenieros, “el hombre mediocre es una persona incapaz de usar su imaginación para forjar ideales que le planteen un futuro por el cual luchar”.

¿A qué nos lleva este aumento de la gasolina? A que los incrementos no sólo sean en ese rubro sino en todos los productos de primera necesidad, en todos los servicios ligados a este aumento intolerable. En estos casos nos damos cuenta de que las decisiones del gobierno no son tomadas pensando en los gobernados sino en los intereses de unas cuantas personas.

No volvamos a decepcionar a nuestro pueblo. Esta causa nos tiene que unir para evitar este tipo de atropellos y no permitir los nuevos incrementos; y a las autoridades les digo que no debemos olvidar que el hombre exitoso se rodea de buenos consejos.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a esta soberanía a acordar con carácter de urgente y obvia resolución exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a detener los constantes aumentos del precio de la gasolina.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.— Diputado Pedro Ávila Nevárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Está registrado en el orden del día y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Damos la más cordial bienvenida a ciudadanos de San Juan del Río, Querétaro, que nos visitan hoy aquí en este recinto, invitados de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa.

Toda vez que ya se dio lectura al orden del día...

JAIME LOZOYA AVILA

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: A ver, sonido en la curul del diputado Avelino Méndez, por favor.

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): Presidente, en concordancia con lo que mencionó el diputado Fernández Noroña, en este clima de violencia, de inseguridad y de asesinatos, me comentan que en la mañana se guardó un minuto de silencio por el asesinato del alcalde electo, de Juan Rodríguez Clara. También no debemos de pasar por alto y pido un minuto de silencio por el alcalde de San Bernardo, municipio de Durango, Jaime Lozoya Ávila, que también fue asesinado el día 5 de noviembre y por lo cual le solicito, señor presidente, me haga el favor de solicitar un minuto de silencio por este presidente municipal caído en este baño de sangre.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se concede la propuesta del diputado y en este momento procedemos a guardar un minuto de silencio solicitado.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada(a las 17:29 horas): Se levanta la sesión y se cita para que tendrá lugar el jueves 11 de noviembre de 2010 a las 12 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 10:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS • Tiempo de duración: 5 horas 39 minutos • Quórum a la apertura de sesión: 260 diputados • Asistencia al cierre de registro: 431 diputados • Minutos de silencio: 2 • Diputada que se integra a Grupo Parlamentario: 1 • Diputado que se reincoropora: 1 • Oradores que participaron: 237 PRI                                  150PAN                               32PRD                                 29PVEM                      6PT                                       16Nueva Alianza                 2Dip. Independiente                        2 Se recibió o presentó: • 1 oficio de la Comisión de Reforma Agraria; • 1 comunicación de la Duma estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa; • 1 iniciativa del Congreso del estado de Coahuila; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite observaciones del Presidente de la República sobre el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles; • 1 minuta con proyecto de decreto; • 7 oficios de los Gobiernos de los estados de Guanajuato, Guerrero, de Jalisco y del estado de México con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, respectivamente; • 1 oficio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Procuraduría Agraria con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente; • 6 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; • 9 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite los siguientes acuerdos con relación en otorgar mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2011; • 4 oficios de la Junta de Coordinación Política por los que se comunican cambios de integrantes en las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Metropolitano; de Gobernación; y Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de las aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, en relación con la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas; y del Grupo de amistad México-Filipinas; • 7 iniciativas del PRI; • 6 iniciativas del PAN; • 4 iniciativas del PRD; • 2 iniciativas del PT; • 1 iniciativa de Nueva Alianza; • 2 iniciativas de Diputado Independiente; • 172 proposiciones con puntos de acuerdo; • 1 excitativa a comisión Dictámenes aprobados: • 3 dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que 25 ciudadanos puedan para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente; • 1 de la Comisión de Vivienda con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda, y 16 de la Ley General de Protección Civil; • 1 de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública; • 1 de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; • 1 de la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; • 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. y 14, fracción VIII de la Ley General de Educación