Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXI Legislatura
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Director del
Diario de los Debates
Jesús Norberto Reyes Ayala
Año II
México, DF, martes 1 de marzo de 2011
Sesión No. 10

SUMARIO


ORDEN DEL DIA

Desde sus curules realizan comentarios respecto a diversos asuntos, los diputados:

Jaime Fernando Cárdenas Gracia

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña

Pablo Escudero Morales quien solicita minuto de silencio

Guillermo Cueva Sada

VICTIMAS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente solicita minuto de silencio por las víctimas inocentes de la delincuencia organizada

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Se dispone la votación de la proposición con punto de acuerdo, presentada en la anterior sesión por el diputado José Narro Céspedes, por el que se proponen diversas acciones en apoyo de la presidencia municipal de Ensenada, Baja California, respecto a la operación de Regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy

Desde sus curules realizan comentarios los diputados:

Francisco Javier Orduño Valdez

Jesús Ramírez Rangel

José Narro Céspedes

Francisco Javier Orduño Valdez

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

Se recibe del diputado José Alberto González Morales, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para exentar del pago del servicio de electricidad a toda la infraestructura pública que sea utilizada para la enseñanza y el aprendizaje de los educandos, incluyendo todos los niveles y modalidades de: preprimaria, primaria, secundaria, bachillerato. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Se recibe de los diputados Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y José Luis Jaime Correa, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la elección del Presidente de la Mesa Directiva. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA - LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Federal de Defensoría Pública y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que propone la incorporación de la perspectiva de género como figura jurídica inmersa en la legislación procesal penal. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública, para dictamen

Desde su curul la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena se adhiere a la iniciativa

ARTICULOS 72, 73, 76, 88, 89, 126, 133 Y 134 CONSTITUCIONALES

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 72, 73, 76, 88, 89, 126, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de política exterior

Desde sus curules realizan interpelaciones los diputados:

Jaime Fernando Cárdenas Gracia

Herón Agustín Escobar García

Desde sus curules presentan moción de procedimiento los diputados:

Pablo Escudero Morales

Arturo Ramírez Bucio

A lo que el Presidente da respuesta

Desde sus curules realizan interpelaciones los diputados:

José Luis Jaime Correa

Alejandro Gertz Manero

Rosalina Mazari Espín

Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega da respuesta

La iniciativa presentada se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL DE TASA UNICA

Se recibe del diputado Alejandro Cano Ricaud iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Unica, sobre un estímulo fiscal a las empresas que lleven a cabo operaciones de maquila. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Diputado Muñoz Ledo

ARTICULOS 72, 73, 76, 88, 89, 126, 133 Y 134 CONSTITUCIONALES

Desde su curul el diputado don Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega solicita ampliación de trámite a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 72, 73, 76, 88, 89, 126, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores

ARTICULOS 3o. Y 130 CONSTITUCIONALES - LEY GENERAL DE EDUCACION – LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO - LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El diputado Jorge Arana Arana presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Educación, de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de Ciencia y Tecnología, y Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para implementar nuevos métodos y programas que fomenten la educación, la investigación y los resultados científicos nacionales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Gobernación y de Ciencia y Tecnología, para dictamen

CODIGO PENAL FEDERAL

Se recibe del diputado Francisco Herrera Jiménez iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, relativa a delitos contra el patrimonio cultural de la nación. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY FEDERAL DE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS - LEY FEDERAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y MATERIAL DE LA NACION

El diputado Francisco Herrera Jiménez presenta iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para expedir la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reestructuración tarifaria, tomando en consideración las temperaturas medidas en bulbo húmedo, conforme a las estaciones meteorológicas instaladas por la Comisión Federal de Electricidad. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen

Desde su curul el diputado Ernesto de Lucas Hopkins se adhiere a la iniciativa

Desde su curul el diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf acepta

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY DE AMPARO

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para eliminar la posibilidad de que el arraigo sea impuesto a víctimas u ofendidos del delito y testigos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

Desde sus curules se adhieren a la iniciativa los diputados:

Enoé Margarita Uranga Muñoz

Víctor Humberto Benítez Treviño acepta

Emilio Serrano Jiménez

LEY FEDERAL DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL

El diputado César Augusto Santiago Ramírez presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Propaganda Institucional

Desde su curul realiza interpelación el diputado Emilio Serrano Jiménez y se adhiere a la iniciativa

La iniciativa presentada se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona a los artículos 7o, 46 y 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer el tiempo de antigüedad, acreditable y comprobable de pertenencia a cualquiera de los partidos o coalición que postule a los candidatos a cargos de elección popular. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

CODIGO CIVIL FEDERAL - LEY GENERAL DE POBLACION

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo en una exposición presenta las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

Que reforma el artículo 2790 del Código Civil Federal, con relación a jubilados y pensionados. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

Que reforma los artículos 26, 32, 33, 35, 41 y 42, fracción II de la Ley General de Población, para permitir la existencia de visas temporales de tránsito en nuestro país para combatir las agresiones en contra de migrantes. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para dictamen

Desde su curul el diputado Uriel López Paredes solicita ampliación de trámite a la iniciativa que reforma el artículo 2790 del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen y a la Comisión de Seguridad Social, para opinión

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El diputado Fernando Espino Arévalo presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para utilizar bolsas biodegradables entre los diversos sectores de la sociedad. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen

Desde sus curules se adhieren a la iniciativa los diputados:

Paz Gutiérrez Cortina

Emilio Serrano Jiménez

LEY FEDERAL DEL TRABAJO - ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL

El diputado Jaime Flores Castañeda presenta en una exposición las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que los días de descanso obligatorio se realicen en las fechas correspondientes al evento histórico, sin importar el día de la semana, y mantener arraigadas nuestras tradiciones. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la rehabilitación social del sentenciado o sentenciada por medio de obligar a trabajar dentro de la prisión de las y los presos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

ARTICULOS 4 Y 123 CONSTITUCIONALES

El diputado José del Pilar Córdova Hernández presenta en una exposición las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que todos los bebés de México reciban atención médica gratuita sin condiciones ni restricciones en todas las instituciones que reciban aportes del Estado mexicano. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el derecho de las madres trabajadoras a los Centros de Desarrollo Infantil. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

ARTICULOS 55 Y 58 CONSTITUCIONALES

El diputado Guillermo Cueva Sada presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 55 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como requisito el grado de licenciatura para ser legislador federal. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

Desde su curul el diputado Maurilio Ochoa Millán se adhiere a la iniciativa

El diputado Guillermo Cueva Sada acepta

LEY GENERAL DE EDUCACION

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 y adiciona un 73 Bis, a la Ley General de Educación, para prevenir y evitar la violencia escolar, conocido por bullying

Desde su curul la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía se adhiere a la iniciativa

Desde su curul el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar acepta

La iniciativa presentada se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

LEY GENERAL PARA EL CONTROL DE TABACO - ARTICULOS 108 Y 110 CONSTITUCIONALES - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Omar Fayad Meneses presenta en una exposición las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

Que reforma los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control de Tabaco, para regular el establecimiento de lugares totalmente libres de humo de tabaco. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen y a la Comisión de Puntos Constitucionales, para opinión

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión ordinaria de Desarrollo Municipal. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

Que reforma los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir al Presidente de la República como sujeto de juicio político. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

ARTICULOS 73, 76 Y 90 CONSTITUCIONALES - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES - LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA - LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA - LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS - LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS - LEY DE LOS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO - LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 73, 76 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en materia de competitividad. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para dictamen, y a las Comisiones de Comunicaciones, de Economía, de Energía y de la Función Pública para opinión

LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El diputado Alejandro Cano Ricaud presenta en una exposición las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

Que reforma la fracción II del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, respecto a las importaciones temporales de bienes de activo fijo que efectúen las empresas de las industrias manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

Que reforma el artículo segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con relación a las empresas maquiladoras bajo el programa de albergue. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

Desde su curul el diputado Alejandro Bahena Flores se adhiere a las iniciativas

El diputado Alejandro Cano Ricaud acepta

LEY GENERAL DE EDUCACION

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de crédito educativo. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

Desde su curul el diputado Jaime Flores Castañeda se adhiere a la iniciativa

Desde su curul el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano acepta

ARTICULOS 25, 89, 113, 115 Y 116 CONSTITUCIONALES - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY GENERAL DE TURISMO

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja presenta en una exposición las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para obligar al Estado a resarcir el daño causado por error judicial o por deficiencias en la administración de justicia. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión Ordinaria de Moneda y Banca. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, para promover el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, bajo criterios ecológicos y de sustentabilidad, en compatibilidad con el ordenamiento turístico del territorio. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen

Que reforma los artículos 2o, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, para promover el turismo de las personas adultas mayores. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen

Que reforma los artículos 25, 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer los principios de conducción de la actividad turística en nuestro país. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL - LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL - ARTICULOS 61, 89 Y 93 CONSTITUCIONALES

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia presenta en una exposición las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

Que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para que los ciudadanos tengan legitimidad procesal a fin de impugnar la validez de las elecciones y los resultados electorales. . Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, para su dictamen

Que adiciona el artículo 19 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que el expediente y datos médicos de los servidores públicos se estimen como información pública. Se turna a la Comisión de la Función Pública para dictamen

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar la competencia de las comisiones de investigación de ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen

Que reforma el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prohibir el mandato imperativo sobre los legisladores, y establecer que los diputados y senadores son inviolables por sus votos y opiniones, y que no pueden ser reconvenidos por ellos, y para que la Ley del Congreso regule el Estatuto del legislador. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para limitar la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen

PROGRAMA DE ADQUISICION DE LECHE NACIONAL

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con el que se desecha proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a tomar medidas que fortalezcan el Programa de Adquisición de Leche Nacional de Liconsa para promover la compra del producto de origen mexicano, presentada en la sesión del 29 de abril de 2010

LECHE INDUSTRIALIZADA CONASUPO

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con el que se desecha proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las Reglas de Operación de Liconsa, presentada en la sesión del 6 de octubre de 2009

PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE 2010

Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte con el que se desecha proposición con punto de acuerdo con la que se exhorta al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo federal, a considerar la inclusión de la ciudadana Yadira Lira Navarro como candidata al Premio Nacional del Deporte 2010, presentada en la sesión del 9 de noviembre de 2010

ESTADO DE MEXICO

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el que se desecha proposición con punto de acuerdo relativa a la construcción y operación del viaducto elevado Bicentenario en el estado de México, presentada en la sesión del 15 de diciembre de 2009

ESTADO DE MICHOACAN

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con el que se desecha proposición con punto de acuerdo por la que se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que exhorte al secretario de Seguridad Pública a realizar lo conducente a fin de que los ex funcionarios públicos de Michoacán detenidos durante los operativos de fecha 26 de mayo y 29 de junio de 2009 sean trasladados al centro de readaptación social licenciado David Franco Rodríguez de la Ciudad de Morelia, Michoacán, presentada en la sesión del 15 de diciembre de 2009

Se archivan como expedientes de asuntos totalmente concluidos

INICIATIVAS TURNADAS

Comunicación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con la que comunica turnar nuevamente, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, de 24 iniciativas a las comisiones correspondientes para que presenten dictamen

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica con motivo del CLXXXII aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez. La Mesa Directiva notificará a los integrantes de los grupos parlamentarios para asistir en representación de esta Cámara

ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y VIDA LABORAL

Oficio del Gobierno del estado de Morelos con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 15 de diciembre de 2010, relativo a la incorporación de las adolescentes embarazadas a la vida laboral. Se remite a la Comisión de Equidad y Género para su conocimiento

DELINCUENCIA ORGANIZADA

Oficio de la Policía Federal con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los operativos de las zonas fronterizas para la implantación y el fortalecimiento de políticas públicas, estrategias y programas que garanticen la seguridad en las zonas fronterizas para combatir la delincuencia organizada. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento

COMIDA CHATARRA EN EDUCACION BASICA

Oficio del Gobierno del estado de Morelos con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para exhortar a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, a intensificar las acciones de vigilancia contra la venta de comida chatarra en el entorno de las escuelas de educación básica. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud, para su conocimiento

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 30 de septiembre de 2010, por la que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a disponer la reubicación de la planta generadora de energía, dentro de la misma subestación Los Remedios, en razón de que genera contaminación ambiental acústica y daños a las construcciones de los habitantes de los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México. Se remite a la Comisión de Energía

BIOENERGETICOS

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 14 de diciembre de 2010, por el que se exhorta a los titulares de diversas dependencias del Gobierno Federal, realicen las gestiones necesarias para que se promueva una mayor generación y utilización de los bioenergéticos. Se remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería

PRECIOS DE GASOLINAS Y DIESEL

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 7 de diciembre de 2010, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar medidas que favorezcan al sector campesino y contrarresten el alza debida al aumento del costo de las gasolinas y del diesel. Se remite a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Economía

MATERNIDAD

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 14 de diciembre de 2010, relativo a ratificar el Convenio 186 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 15 de diciembre de 2010, que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores exprese su beneplácito por la aprobación del Dream Act y manifieste la preocupación del Estado mexicano al veto que ha realizado a dicha ley el gobernador del estado de California. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores

ESTADO DE CHIHUAHUA

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 15 de diciembre de 2010, relativo al diseño de un programa de subsidio y apoyo para el estado de Chihuahua. Se remite a la Comisión de Energía

VIVIENDA

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 15 de diciembre de 2010, que exhorta a los organismos nacionales y a los estatales que financian vivienda a evitar la autorización de créditos o subsidios para adquirir, construir, ampliar o remodelar inmuebles localizados en zonas de riesgo. Se remite a la Comisión de Vivienda

GRANJAS ACUICOLAS

Oficio de la Comisión Nacional del Agua con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 5 de octubre de 2010, para agilizar y facilitar la realización de los trámites de impacto ambiental, particularmente de proyectos de granjas acuícolas. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento

ACUERDOS DE EQUIVALENCIA

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, en el que se citaba a comparecer ante esa soberanía a los titulares de las Secretarías de Economía, y de Salud para rendir cuenta de los motivos, la evaluación técnica, jurídica operativa y económica así como de los objetivos que persigue el Ejecutivo federal con la publicación de los denominados “acuerdos de equivalencia” en materia de aparatos eléctricos, electrónicos y de procesamiento de datos así como en materia de dispositivos médicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2010. Se remite al promovente

SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2010. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social; de Seguridad Social, para su conocimiento

LEY DE COORDINACION FISCAL

Oficio del Congreso del estado de Chiapas por el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25, y los artículos 48, 49 y 50, recorriendo los subsecuentes en el orden de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo y adiciona la fracción IX del primer párrafo, del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado . Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

ESTADO DE SINALOA

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita una ampliación presupuestal a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el fin de fortalecer los programas de apoyo al campo en Sinaloa, debido a las heladas registradas recientemente

Intervienen sobre el tema los diputados:

Alfredo Villegas Arreola quien presenta adición

Desde sus curules:

Carlos Alberto Pérez Cuevas

José Ramón Martel López

Carlos Alberto Pérez Cuevas

El Presidente reserva el tema para ser elaborado el documento respectivo

Carlos Alberto Pérez Cuevas

Miguel Ernesto Pompa Corella

Víctor Manuel Castro Cosío

Julián Nazar Morales

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7 Bis y 18 de la Ley de Aguas Nacionales

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXXIV del artículo 3 y III del artículo 77 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente

LEY GENERAL DE LA VIDA SILVESTRE

El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 127 y adiciona la fracción XXIV del artículo 122 de la Ley General de la Vida Silvestre

LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL

El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGETICOS

El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

Dictamen a discusión de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción segunda del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Voto particular del diputado César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra del dictamen de la Comisión de Energía con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

A discusión se concede la palabra a la diputada Laura Itzel Castillo Juárez

Desde sus curules realizan comentarios los diputados:

Juan José Guerra Abud

Teresa Guadalupe Reyes Sahagún

Continúan la discusión los diputados:

Juan Gerardo Flores Ramírez quien realiza propuesta de modificación

Laura Itzel Castillo Juárez desde su curul

Carlos Alberto Pérez Cuevas desde su curul

Laura Itzel Castillo Juárez desde su curul

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez

Jaime Fernando Cárdenas Gracia

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña desde su curul

Juan José Guerra Abud

César Augusto Santiago Ramírez desde su curul realiza interpelación

Juan José Guerra Abud da respuesta

Laura Itzel Castillo Juárez

César Octavio Pedroza Gaitán

Ramón Jiménez López

Se acepta la modificación propuesta

Desde sus curules realizan comentarios los diputados:

Agustín Guerrero Castillo

José Narro Céspedes

ESTADO DE SINALOA

Desde sus curules se refieren a la aprobación del acuerdo por el que se solicita una ampliación presupuestal a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el fin de fortalecer los programas de apoyo al campo en Sinaloa, debido a las heladas registradas recientemente, los diputados:

Carlos Alberto Pérez Cuevas

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña

Carlos Alberto Pérez Cuevas

José Ramón Martel López

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

Es aprobado con la modificación presentada, el proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales

ESTADO DE SINALOA

Es aprobado el acuerdo por el que se solicita una ampliación presupuestal a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el fin de fortalecer los programas de apoyo al campo en Sinaloa, debido a las heladas registradas recientemente, con la modificación presentada por el diputado Alfredo Villegas Arreola. Comuníquese

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los siguientes dictámenes:

Proposición con punto de acuerdo, por el que se proponen diversas acciones en apoyo de la presidencia municipal de Ensenada, Baja California, respecto a la operación de Regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy (si se aprueba)

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (en lo general y en lo particular, con la modificación propuesta por el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez y aceptada por la asamblea)

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

Oficio de la Presidencia de la Mesa Directiva con el que informa los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día de esta sesión y que no fueron abordadas, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las que se enlistan enseguida:

ARTICULOS 26 Y 124 CONSTITUCIONALES

Del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de sistema de competencias; relaciones y coordinación entre los niveles federal, estatal y municipal; y planeación del desarrollo nacional. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales

LEY DE EMERGENCIA CONTRA LOS FEMINICIDIOS - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

De la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Emergencia contra los Feminicidios, y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

LEY GENERAL DE EDUCACION

De la diputada Lorena Corona Valdés iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley General de Educación, para establecer el desarrollo de programas de apoyo económico a fin de implantar las medidas que aseguren el desarrollo de habilidades informáticas y de idiomas para los alumnos de educación media superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

ARTICULOS 52, 53, 54 Y 56 CONSTITUCIONALES

Del diputado Arturo Zamora Jiménez iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52 a 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir de 200 a 100 diputados de representación proporcional y de 64 a 32 senadores de primera minoría. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

Del diputado Gustavo González Hernández iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, proteger a los consumidores a través de la publicación de una leyenda de advertencia en las fotografías protagonizadas por personas cuya imagen corporal ha sido alterada, con objeto de prevenir casos de anorexia o bulimia. Se turna a la Comisión de Economía

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

De las diputadas Tomasa Vives Preciado y María de Lourdes Reynoso Femat niciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia la prevención y atención integral de las adicciones. Se turna a la Comisión de Participación Ciudadana

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Del diputado Ramón Merino Loo iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 85 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, sobre infraestructura hidraúlica para el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento a comunidades rurales. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural

2011 AÑO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO

Del diputado Luis Felipe Eguía Pérez iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara 2011 Año Nacional del Cooperativismo. Se turna a la Comisión de Gobernación

LEY GENERAL DE EDUCACION

De la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, para promover la enseñanza de lenguas extranjeras desde la educación básica. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

ARTICULOS 26 Y 73 CONSTITUCIONALES - LEY DE PLANEACION

Del diputado Ariel Gómez León iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley de Planeación, para que el Congreso de la Unión analice, discuta y, en su caso, apruebe el Plan Nacional de Desa-rrollo propuesto por el Ejecutivo federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE HIDALGO

De la diputada Paula Angélica Hernández Olmos proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implantar medidas y acciones que permitan frenar el deterioro ambiental de la laguna de Tecocumulco, Hidalgo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

ESTADO DE JALISCO

Del diputado Carlos Luis Meillón Johnston proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar la normativa sobre pesos y dimensiones al autotransporte de carga en las carreteras federales, en particular en la 80, tramo Cocula-Barra de Navidad, Jalisco. Se turna a la Comisión de Transportes.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De la diputada Olga Luz Espinosa Morales proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que amplíe y emita una circular para aplicar a personas con discapacidad un descuento permanente en las tarifas de transporte en los servicios ferroviarios y en el autotransporte federal de pasajeros. Se turna a la Comisión de Transportes.

ESTADO DE HIDALGO

De la diputada Paula Angélica Hernández Olmos proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar por la SCT la concesión del aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana, por asentarse en el corredor Pachuca-Tizayuca, Hidalgo. Se turna a la Comisión de Transportes

SECTOR AZUCARERO

Del diputado Carlos Luis Meillón Johnston proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer la política relacionada con la regulación ambiental en materia agrícola y a promover tecnologías distintas del uso de fuego en la cosecha de la caña de azúcar, en beneficio de la población, del ambiente y de este sector. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

De la diputada María Araceli Vázquez Camacho proposición con punto de acuerdo, para celebrar en este recinto parlamentario una sesión solemne conmemorativa de los 75 años de la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Se turna a la Junta de Coordinación Política

ENFERMEDADES GENETICAS

De la diputada Clara Gómez Caro proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a implantar y difundir información relativa a las enfermedades de depósito lisosomal (enfermedad de Gaucher, enfermedad de Fabry, mucopolisacaridosis I y enfermedad de Pompe). Se turna a la Comisión de Salud

EDUCACION AMBIENTAL

De la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas estatales a analizar la viabilidad de impulsar la incorporación -en los tipos y las modalidades educativos- de una asignatura de carácter presencial que aborde y haga comprensibles los efectos del cambio climático y las acciones para disminuirlos y prevenirlos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

DISTRITO FEDERAL

De la diputada Leticia Quezada Contreras proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Instituto de Verificación Administrativa y a las delegaciones del Distrito Federal a examinar la operación de los hoteles de las zonas donde se ofrece sexoservicio y, de presumirse la comisión de delitos que ameriten extinción de dominio, dar vista al efecto a las autoridades competentes. Se turna a la Comisión del Distrito Federal

CONNACIONALES SENTENCIADOS A MUERTE

De la diputada Clara Gómez Caro proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a realizar lo conducente para ayudar a los 51 connacionales sentenciados a muerte en Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

DANZA FOLCLORICA

De la diputada Yolanda Montalvo López proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a estudiar la pertinencia de incorporar la danza folclórica en los contenidos curriculares del sistema de educación básica. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ESTADO DE PUEBLA

Del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Comisión Nacional del Agua a implantar acciones para regularizar el líquido destinado a usos agrícola, pecuario e industrial del acuífero del valle de Tehuacán, Puebla. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos

JOVENES

De la diputada Nelly Edith Miranda Herrera proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar juntos foros regionales de consulta, con trascendencia a todos los estados y los municipios, donde se promuevan y consoliden el derecho a la no discriminación y la libertad de expresión de los jóvenes. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

DERECHOS HUMANOS

De la diputada Diana Patricia González Soto proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a diseñar e implantar un programa especial sobre asuntos de la juventud para fomentar la formación y capacitación de ese sector en materia de derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

Del diputado Héctor Franco López proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fin de que se reúna con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta soberanía para presentar su programa de trabajo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.


Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín



ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores diputados y las señoras diputadas.

A nuestros compañeros de los medios de comunicación les suplico que pasen a los lugares previamente reservados para el desempeño de sus funciones.

Adelante, secretaria.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 334 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 11:49 horas): Por tanto, se abre la sesión.



ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 1o. de marzo de 2011.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se proponen diversas acciones en apoyo a la Presidencia Municipal de Ensenada, Baja California, respecto de la operación de la empresa “Regasificadora Energía-Costa Azul, S. de R. L. de C. V.”, propiedad de Sempra Energy, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Votación Nominal)

Iniciativas de diputadas y diputados y a nombre de grupo

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez y José Luís Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de la Ley Federal de Defensoría Pública, y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación; de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; de la Ley de Ciencia y Tecnología; y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, y expide la Ley Federal para la Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos por el Delito, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón y suscrita por el diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Herrera Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Propaganda Institucional, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 7°, 46 y 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2790 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69 y adiciona un 73 Bis a la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y la de Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 85, 107 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Segundo Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 6°, 9° y 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 de la Ley General de Educación y 12 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7° y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Transitorio Primero y deroga los Artículos Transitorios Décimo Segundo y Décimo Tercero, del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 141 de la Ley Federal del Trabajo, y 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5°, 6° y 20 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y expide la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación, a cargo del diputado Francisco Herrera Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 28, 37 y 43 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 85 y 86 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Víctor Roberto Silva Chacón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2°, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Seguro de Desempleo, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° y deroga los artículos 133 Bis, 205 y 256 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Emergencia contra los Feminicidios, y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6° y 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 Bis 9 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Servicios Ambientales, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 23 y 39 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 25 de la Ley de Aeropuertos y 7° de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 46, 53 y 65 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40 y Octavo Transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y que expide la Ley de Adopción, a cargo de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 56 y 58 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 9° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4°, 21 y 171 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 16, 113 y 156 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5° de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Tomasa Vives Preciado y suscrita por la diputada María de Lourdes Reynoso Femat, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21 y 24, y adiciona un artículo 24 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley para Favorecer la Actividad Laboral de Grupos Vulnerables, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5° y 41 de la Ley General de De-sarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 85 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Ramón Merino Loo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se declara el año 2011, como “Año Nacional del Cooperativismo”, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Salud, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, y de la ley Sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De los Diputados Caritina Saénz Vargas, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Mario Moreno Arcos y Balfre Vargas Cortez, Ma. De Lourdes Reynoso Femat, José Óscar Aguilar González, Ilich Augusto Lozano Herrera, Eduardo Mendoza Arellano, Ramón Jiménez Fuentes, Heladio Verver y Vargas Ramírez y Porfirio Muñoz Ledo.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del 182 Aniversario Luctuoso de Josefa Ortíz de Domínguez, el 2 de marzo a las 10:00 hrs.

Del Gobierno del Estado de Morelos, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

De la Policía Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

De la Comisión Nacional del Agua, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Del Gobierno del Estado de México, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Gobernación, con las que remite ocho contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Informe Trimestral sobre la Situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2010.

Iniciativa de ley o decreto de las legislaturas de los estados

Del Congreso del Estado de Chiapas, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25 y los artículos 48, 49 y 50, recorriendo los subsecuentes en su orden de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión)

Iniciativa de ley o decreto de los senadores

Con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo y adiciona la fracción IX del primer párrafo del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de dictámenes

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7 bis y 18 de la Ley de Aguas Nacionales.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXXIV del artículo 3o. y III del artículo 77 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 127 y adiciona la fracción XXIV al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

De la Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Cultura, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona un Segundo Párrafo al artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel, adopten las medidas que correspondan para atender los problemas de calidad en las redes de telefonía móvil, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente Resolución)

Agenda política

Comentarios para referirse a la situación migratoria, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Proposiciones de las diputadas y de los diputados

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, implemente medidas y acciones que permitan frenar el deterioro ambiental de la Laguna de Tecocumulco, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, aplique la normatividad sobre pesos y dimensiones al autotransporte de carga en las carreteras federales del territorio nacional, y en forma particular en la carretera 80, en el tramo Cocula-Barra de Navidad ubicada en el estado de Jalisco, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Titular de la SCT, amplíe y emita una circular con el propósito de que se otorgue un descuento permanente en las tarifas del transporte público para personas con discapacidad, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SCT, entregue la concesión del Aeropuerto Ing. Juan Guillermo Villasana a ubicarse en el corredor Pachuca-Tizayuca, en el estado de Hidalgo, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, fortalezca la política pública relacionada con la regulación ambiental en materia agrícola y promueva tecnologías alternativas al uso del fuego en la cosecha de la caña de azúcar, en beneficio de la población, del medio ambiente y del sector azucarero, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para celebrar una Sesión Solemne al interior de este Recinto Parlamentario, para conmemorar los 75 años de la fundación del Instituto Politécnico Nacional, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud, implementen y difundan información respecto de las enfermedades de depósito lisosomal, a cargo de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas estatales, analicen mediante un estudio, la viabilidad de impulsar la incorporación de los diferentes tipos y modalidades educativos, una asignatura de carácter presencial dirigida a estudiar y hacer comprensibles los efectos del cambio climático y las acciones de su disminución y prevención, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto de Verificación Administrativa del DF y a las Delegaciones del DF, verifiquen la operación de los hoteles que se ubican en zonas de la ciudad en las que se oferta el sexoservicio, y en caso de existir presunción de comisión de delitos que ameriten acciones de extinción de dominio, se dé vista a las autoridades competentes, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, haga lo conducente para ayudar a los 51 connacionales sentenciados a muerte en Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la SEP, estudie la pertinencia de incorporar en los contenidos curriculares del sistema de educación básica a la danza folklórica, a cargo de la diputada Yolanda Montalvo López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de la conagua, implementen acciones institucionales a fin de regularizar el agua destinada para uso agrícola, pecuario e industrial del acuífero Valle de Tehuacán, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, realicen en conjunto foros regionales de consulta que impacten en todos los estados y municipios del país, donde se promuevan y consoliden el derecho a la no discriminación y la libertad de expresión de los jóvenes, a cargo de la diputada Nelly Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la CNDH, diseñe, implemente y ejecute un programa especial sobre asuntos de la juventud, tendiente a fomentar la formación y capacitación de los jóvenes, en materia de derechos humanos, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya al Titular de la Profepa, a una reunión con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía, con el fin de presentar su Programa de Trabajo, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).»

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas, ¿es respecto del orden del día? Sonido a la curul del diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. De nuevo no veo en el orden del día la propuesta de la Junta de Coordinación Política respecto de los nombramientos de los consejeros electorales.

Pasan los días, pasan las semanas y la Junta de Coordinación Política brilla por su ausencia en su propuesta correspondiente a este pleno. Creo que debemos exigirle con mayor severidad a la Junta de Coordinación Política que ya concluya sus trabajos y nos envíe las propuestas correspondientes.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Se registra su participación. El diputado Fernández Noroña, y el diputado Escudero, para terminar.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, entiendo que esta sesión es continuación de la anterior que el Partido Acción Nacional reventó, aunque dice que quiere trabajar.

A pesar de ello, como en el orden del día se ha presentado, está sólo un punto de la agenda política, cuando se incluyen por lo menos dos en cada sesión; que se llegue o no a ellos es otra historia. Entonces, yo pediría que se incluyera el punto que sigue después del que está ahí citado, porque yo he solicitado insistentemente que el punto que yo había aceptado cambiar, de las alianzas PRD-PAN, volviera a su lugar, y tengo la impresión de que es el que seguiría en turno, pero no estoy cierto de ello.

Y, quiero solicitarle también, diputado presidente, con fundamento en el artículo 61 constitucional y en el 12, numeral 1, de la Ley Orgánica, que me permito leer:

1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables, toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del presidente del Congreso de la Cámara respectiva o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.

Quiero preguntarle, diputado presidente, si usted solicitó la presencia de la Policía Federal, que está permanentemente en el recinto, porque el Reglamento establece el recinto como todo el edificio. Si es así, si me pudiera dar copia de la solicitud, y si me dijera usted, que está al frente de esa policía, ¿bajo qué condiciones y circunstancia está?

De no ser así, le solicitaría formalmente que la policía se retire del edificio de la Cámara de Diputados, del recinto y que hay un destacamento aquí a un lado, por si en algún momento se necesitara, que no veo yo la razón. Pero si hubiera, en algún momento, le solicitaría esto.

Y quiero hacer una precisión más, pero antes quisiera respuesta a esto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí. Con mucho gusto, diputado. Efectivamente la Presidencia de la Cámara de Diputados ha solicitado esta presencia permanente de la Policía Federal Preventiva, que se encuentra a las órdenes de la Presidencia de la Mesa Directiva. No puede, de ninguna manera, realizar cualquier actuación que no viniere expresamente de una solicitud del presidente de la Mesa Directiva.

Ocasionalmente se cuenta con un poco más de integrantes, según sea la situación, esto lo coordina directamente la Secretaría General, el destacamento permanente en esta Cámara es de 50 personas. Adelante, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Sí. Le pediría copia de la solicitud, diputado presidente. Y con la estima que le tengo, ojalá se pudiera revisar esta decisión, porque la creo innecesaria.

Finalmente, diputado presidente, después del tema de Sempra, quiero anunciar que haré ejercicio de mi libertad de expresión. Pero quiero adelantar que la manta que voy a sacar no está dirigida al Partido Acción Nacional, mucho menos está dirigida a Calderón Hinojosa, y quiero que conste en actas esta precisión. Porque no quisiera que hubiera ninguna confusión de a quién va dirigido el mensaje y, en todo caso, estaría dirigido a Acción Nacional de manera indirecta, porque la manta está dirigida al pueblo de México, y en la medida que Acción Nacional es parte del pueblo de México, sólo en esa medida sería parte del mensaje para ellos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan registradas sus expresiones.

El diputado Guillermo Cueva Sada(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Guillermo Cueva.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Pablo Escudero, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ah, perdón. Pablo Escudero, primero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente, solicitar cuando usted lo crea pertinente, un minuto de silencio por los familiares de la señora Maricela Reyes Salazar, que aquí estuvimos discutiendo el asunto y lamentablemente fueron hallados sus familiares ejecutados. Y una breve reflexión, presidente, estoy seguro de que lo peor que le puede pasar a este país, es que la familia de Maricela Reyes Salazar se tenga que ir a vivir a otro país ante el fracaso y la incapacidad del Estado mexicano y de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. Sería una señal clara del abandono que tiene el Estado hacia sus ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lo haremos al terminar la votación del acta. Diputado Cueva.

El diputado Guillermo Cueva Sada(desde la curul): Diputado presidente, en mi opinión este nuevo formato del orden del día no está funcionando bien. Le dedicamos mucho tiempo a la agenda política y al punto de acuerdo de urgente resolución y nunca llegamos a las iniciativas. Llevo tratando de subirme a tribuna desde el principio del periodo y soy el primero de mi grupo parlamentario, nada más quería saber qué se va a hacer al respecto para poder darle agilidad a esto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si usted lee el orden del día de hoy, verá que pasaremos solamente después del punto en el que nos quedamos a iniciativas, y estaremos en iniciativas hasta las 3 de la tarde, donde a solicitud de la vicepresidencia de la Mesa Directiva –me parece a mí que por demás adecuada– pasaremos a dictámenes.

Continúe la Secretaría.



ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.  Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Diputados y diputados por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinticuatro de febrero de dos mil once, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos ochenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con dieciocho minutos del jueves veinticuatro de febrero de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

Desde sus respectivas curules  realizan comentarios con relación al orden del día los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo; María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Jesús Gerardo Cortez Mendoza; Carlos Alberto Pérez Cuevas, ambos del Partido Acción Nacional; Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En sendas votaciones económicas se dispensan la lectura al orden del día y del Acta de la sesión anterior, la que se aprueba de la misma manera.

Se reciben comunicaciones oficiales:

• De la Mesa Directiva, relativos a solicitudes de modificación de turno de iniciativas y proposiciones, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. De conformidad  con los artículos setenta y tres y setenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se instruye  la modificación de los turnos, y la publicación en la Gaceta Parlamentaria.

• De la Junta de Coordinación Política, con relación a cambios de integrantes en Comisiones Ordinarias, Especiales y Comités. De Enterado, comuníquense.

• De los Diputados Claudia Edith Anaya Mota, José Luis Jaime Correa, Janet Graciela González Tostado, María Elena Pérez de Tejada Romero, Antonio Benítez Lucho, Leticia Quezada Contreras, Silvia Isabel Monge Villalobos, Ramón Merino Loo, José Manuel Marroquín Toledo, Francisco Javier Orduño Valdés y Alma Carolina Viggiano Austria, por las que solicitan que sus iniciativas presentadas de septiembre de dos mil nueve a diciembre de dos mil diez, sean procesadas bajo las nuevas reglas de conformidad con el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados. Con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento, se turnan nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen. Se instruye su publicación en el Diario de los Debates y se actualicen los registros parlamentarios.

• De la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del cuadrigentésimo  octogésimo sexto Aniversario Luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, el veintiocho de febrero a las diez horas. Se designa comisión de representación.

• De la Auditoría Superior de la Federación, con el que remite Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de dos mil nueve. De Enterado, se remite al archivo para consulta de los diputados.

• Del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que remite acuerdo aprobado, por el que solicita a la Cámara de Diputados, que reforme el artículo Primero Transitorio del decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción vigésima primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; con el objeto de ampliar la Vacatio Legis del mismo, en ciento ochenta días. Se remite a las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública, para su atención.

• De la Secretaría de Gobernación:

a) Cinco, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos:

– A la adquisición de equipos y herramientas tecnológicos. Se remite a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

– A las Reglas de Operación del Programa setenta y Más. Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

– A reclasificar la Ciudad del Carmen, Campeche, en el área geográfica “A”, en materia de salarios mínimos para el dos mil once. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

– A la Iniciativa Mérida. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

– A la equidad en los salarios mínimos a los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulúm, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Lázaro Cárdenas del estado de Quintana Roo. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

b) Dos, con las que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente. Se remiten a los promoventes, para su conocimiento.

c) Dos, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Minako Nishimura Murakami, Juan Carlos Morales Moreno, Ernesto Martínez Rivera, Gerardo Mejía Lara, Eduardo Francisco Jiménez Gómez, puedan prestar servicios en la Embajada del Japón en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y Monterrey Nuevo León, respectivamente; e informa que los ciudadanos Juan Pablo López Cruz, Gaciela Balcazar Rivera, Alejandra Domínguez Saldaña, José Francisco Serna Gómez y Mónica Anel Montaño han dejado de prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México. Las solicitudes de permiso se turnan a la Comisión de Gobernación, para dictamen;  por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, se remiten a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en el mes de enero de dos mil once, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

Se recibe de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos dos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y ciento treinta y siete Bis uno de la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

En el capítulo de Agenda Política, se refiere la diputada Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, a los Derechos Humanos en el estado de Chihuahua. Intervienen los diputados: Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Florentina Rosario Morales, del Partido de la Revolución Democrática; María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional; y Jaime Flores Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional.

Continúa en intervenciones los diputados: María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Teresa del Carmen Inchaústegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática; Yolanda del Carmen Montalvo López, del Partido Acción Nacional; y Adriana Terrazas Porras, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

Desde sus curules realizan comentarios los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; y María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

Se recibe acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que cumpla cabal y puntualmente lo establecido en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de septiembre de dos mil diez, a más tardar el nueve de marzo del corriente año, es decir, el pago total de la devolución de los ahorros de los ex trabajadores migratorios mexicanos. Fijan postura de sus grupos parlamentarios los diputados: Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo; Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional; y María Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelación de los diputados: Miguel Ernesto Pompa Corella, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Luis Meillón Johnston, del Partido Acción Nacional; y Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se aprueba, comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

• De la Reforma Agraria, que reforma los artículos ochenta y dos y ochenta y cuatro de la Ley Agraria.

• De Asuntos Indígenas:

– Que adiciona una fracción décima séptima al artículo dos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas.

– Que reforma y adiciona los artículos seis y trece de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

• De Cultura, que reforma la fracción tercera del artículo doscientos treinta y uno de la Ley Federal del Derecho de Autor.

• De Ciencia y Tecnología, que adiciona un Segundo Párrafo al artículo nueve Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

• Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción vigésima primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

A las trece horas con cincuenta y seis minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y tres diputadas y diputados.

En votación económica se considera de urgente resolución y se somete a discusión el dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción vigésima primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fundamentan el dictamen los diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente, a nombre de la Comisión de Justicia; y Bonifacio Herrera Rivera, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Se somete a discusión en lo general e interviene en contra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; y en pro los diputados: Camilo Ramírez, Puente, del Partido Acción Nacional; Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo; Arturo Santana Alfaro, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Adriana Sarur Torre, Partido Verde Ecologista de México; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia;

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

Víctor Humberto Benítez Treviño, del Partido Revolucionario Institucional; y responde alusiones personales el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.

El Presidente hace un reconocimiento por el septuagésimo quinto Aniversario del Instituto Politécnico Nacional. Desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al tema los diputados: María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática; Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional; Sergio González Hernández; Kenia López Rabadán, ambos del Partido Acción Nacional; Ifigenia Martha Martínez y Hernández, del Partido del Trabajo; y Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática.

En votación nominal se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos cincuenta votos; cuatro en contra y cinco abstenciones. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a los diputados:

• Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, convoque a la firma de un pacto nacional que tenga como propósito frenar la especulación desmedida y que no permita que las fuerzas libres de mercado favorezcan la criminal escalada de precios, cuyas afectaciones al costo de la canasta básica de alimentos son ya de proporciones alarmantes, así como para que convoque al establecimiento de un plan emergente de acopio de granos para el consumo humano, que reúna y comprometa el apoyo de todos los intermediarios comerciales de este sector. Se considera urgente resolución. Se somete a discusión e interviene en contra del punto de acuerdo el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; y en pro el diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, del Partido Acción Nacional.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

En votación  nominal se aprueba el punto de acuerdo por doscientos noventa votos; tres en contra y cinco abstenciones. Comuníquese.

• José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se proponen diversas acciones en apoyo a la Presidencia Municipal de Ensenada, Baja California, respecto de la operación de la empresa “Regasificadora Energía-Costa Azul, S. de R. L. de C. V.”, propiedad de Sempra Energy. En votación económica se considera urgente resolución. Desde sus curules realizan moción de procedimiento los diputados: Carlos Samuel Moreno Terán, del Partido Verde Ecologista de México; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados: Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo; y en contra el diputado Francisco Javier Orduño Valdez, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido. En su oportunidad realizan comentarios los diputados: José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Partido Acción Nacional; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; y Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática. A las dieciséis horas con cinco minutos el Presidente declara un

RECESO

A las dieciséis horas con ocho minutos se reanuda la sesión. En su oportunidad y desde sus curules realizan moción de procedimiento y moción de orden los diputados: José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; y el diputado Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita a la Presidencia un minuto de aplausos para conmemorar el Día de la Bandera. El Presidente obsequia tal petición.

Se reciben iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma los artículos cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cinco de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

– Que adiciona los artículos sesenta y uno Bis y sesenta y siete Bis a la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veintidós, veintitrés y treinta y cuatro Bis de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, para dictamen.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que adiciona los artículos cuatrocientos veintiséis Bis y cuatrocientos veintiséis Ter al Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, a nombre propio y de la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional, que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Leonardo Arturo Guillén Medina, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento veinticuatro de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y siento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, que reforma los artículos cuarenta y uno y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y setenta y ocho del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, para dictamen.

• Agustín Castilla Marroquín, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• José Antonio Arámbula López, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Paz Gutiérrez Cortina, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veintitrés de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y octavo del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Agustín Castilla Marroquín, del Partido Acción Nacional, que adiciona los artículos ciento veintiuno Bis y ciento veintiuno Ter a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María Joann Novoa Mossberger, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Civil Federal y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley Federal de Mecanismos de Cooperación Ciudadana en la Gestión Pública de la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Sergio Gama Dufour, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ochenta y tres Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Justicia,  para dictamen.

• Agustín Castilla Marroquín, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cincuenta y cinco y ochenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Luis Ovando Patrón, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veinticinco del Código Penal Federal, y diez y once de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, para dictamen.

• Óscar Saúl Castillo Andrade, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento setenta y uno y ciento setenta y cuatro Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Oralia López Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos trescientos noventa y cinco del Código Penal Federal y ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Guadalupe García Almanza, de Convergencia, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de De-sarrollo Social, para dictamen.

• Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo trescientos setenta y seis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Norma Sánchez Romero, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo sesenta y nueve-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.

• Oscar Martín Arce Paniagua, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Mary Telma Guajardo Villareal, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley Federal para el Rescate y Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre, y reforma el artículo veintisiete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Carlos Luis Meillón Johnston, del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo ciento veintiséis Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad  Pública, para dictamen.

• Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Gobernación, para dictamen.

• Agustín Castilla Marroquín, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social y de Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma los artículos trece, veintiuno y treinta y dos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

– Que reforma los artículos noveno y décimo de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

Se reciben las proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• María de Jesús Aguirre Maldonado, a nombre propio y del diputado Rogelio Cerda Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León, incorpore el municipio de General Zuazua a la zona metropolitana de Monterrey y sea beneficiado con los recursos del Fondo Metropolitano. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, aumente el número de operativos, para que el autotransporte de carga que circula por las carreteras federales en el estado de Tamaulipas, cumpla con la normatividad en materia de pesos y dimensiones. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, revise exhaustivamente la ejecución de los recursos erogados en las entidades federativas y municipios, derivados del Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para dictamen.

• Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la venta ilegal de información del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT). Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Comunicaciones, para dictamen.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, enfoque los programas a su cargo, a diversificar la economía, promover y fomentar las vocaciones productivas, impulsar el desarrollo de las cadenas productivas, y difundir e impulsar el modelo de franquicias de las empresas del norte del país en el territorio nacional y en el extranjero. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Mary Telma Guajardo Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Congreso de la Unión, emita un Decreto para rescatar los restos mortales de los sesenta y tres mineros que permanecen en los túneles de la mina Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobierno del estado de Tamaulipas, generen e intensifiquen campañas de promoción del turismo en sus diferentes modalidades en dicha entidad, así como impulsen y desarrollen la infraestructura en las playas del municipio de Matamoros. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, excluya diversas fracciones en la negociación del Tratado de Libre Comercio con la República del Perú y no modifique los aranceles de las fracciones no presentadas en el Acuerdo de Complementación Económica número ocho, permaneciendo conforme a la oferta original de México con reciprocidad, la desgravación más larga a diez años. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Camilo Ramírez Puente, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que a través del Centro Nacional de Prevención del Delito, realice un estudio que tenga el objeto de considerar la viabilidad de la implementación de la “Policía Social”. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas con doce minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes primero de marzo de dos mil once a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Ya dispensamos la lectura, señor secretario. Tiene usted razón, está a discusión y no hay nadie que quiera discutir, por tanto, está suficientemente discutida. Póngala a votación.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Diputados y diputados por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta.



VICTIMAS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a solicitar a las señoras diputadas y a los señores diputados nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio, como lo hemos hecho en otras ocasiones, por las víctimas de la delincuencia organizada y las víctimas inocentes de la lucha contra este flagelo de la sociedad.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias.



REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se pide a la Secretaría instruya el cierre electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputados y diputadas.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:¿Falta alguna diputada o algún diputado de registrar su asistencia? Sigue abierto el sistema electrónico.

Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 398 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 30 minutos para hacerlo por cédula.



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la votación de la proposición con punto de acuerdo en la que se proponen diversas acciones en apoyo a la presidencia municipal de Ensenada, Baja California, respecto de la operación de la empresa Regasificadora Energía Costa Azul, propiedad de Sempra Energy.

Vamos a pasar a la votación en la cual se interrumpió la sesión. Ábrase el sistema de votación. Instrúyalo, señor secretario, hasta por 5 minutos; a menos de que los señores coordinadores de los grupos parlamentarios tengan alguna otra noticia que enterar a esta Presidencia.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema hasta por 5 minutos para proceder a la votación del punto de acuerdo.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quiero suplicar la atención de los señores diputados y señoras diputadas, para darle una calurosa bienvenida a la excelentísima señora Kristina Vogel, embajadora de Nueva Zelanda, que se encuentra en esta sala con nosotros. Bienvenida distinguida embajadora a la sesión de la Cámara de Diputados.

Y con ella, sumamos nuestro aplauso, para recibir a los medallistas paralímpicos mexicanos que participaron, justamente, en la competencia deportiva llevada a cabo en Nueva Zelanda, trayendo importantes medallas para nuestro país. Bienvenida Patricia Bárcenas Ponce de León, Alfonso Zaragoza Solorio, Mario Santillán Hernández, Aarón Gordián Martínez medallistas paralímpicos mexicanos. Sonido a la curul del diputado Orduño.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez(desde la curul): Nada más le pido que se explique el sentido de la votación, ¿qué es a favor y qué es en contra?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A favor es para aprobar el punto de acuerdo que pide que se haga un llamado al ayuntamiento de Ensenada. En contra es que el turno sea rechazado y, entonces, no se haría ningún llamado.

Sírvase la Secretaría de leer el resolutivo del punto de acuerdo, nuevamente. Está publicado en la Gaceta Parlamentaria, pero de todas maneras con mucho gusto lo leemos.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se proponen diversas acciones en apoyo de la presidencia municipal de Ensenada, Baja California, respecto a la operación de Regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del PRD, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se proponen diversas acciones en apoyo a la presidencia municipal de Ensenada, Baja California.

La carta abierta publicada el pasado 15 del presente mes y año en diario de circulación nacional dirigida por el presidente municipal de Ensenada, contador público Enrique Pelayo Torres, al honorable Congreso de la Unión, merece una puntual respuesta que, mediante la presente proposición, ponemos a consideración de las diputadas y los diputados de esta Cámara.

El pasado 26 de enero del año en curso, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se aprobaron los resolutivos correspondientes al punto de acuerdo presentado por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el que señala las diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.

El resolutivo quinto de la Comisión Permanente que fue aprobado, expresa textualmente lo siguiente:

Quinto: Remítase copia del presente expediente al honorable ayuntamiento del municipio de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus atribuciones revise los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de ese municipio a la empresa Energía Costa Azul, para el funcionamiento de la terminal de gas natural licuado.

En cumplimiento a esa disposición del órgano legislativo federal, la autoridad municipal de Ensenada, Baja California, procedió a realizar el análisis solicitado por nuestros compañeros legisladores, encontrando diversas irregularidades y violaciones a diversas disposiciones legales, tanto por parte de la autoridad municipal que en su momento otorgó el permiso de uso del suelo, como de la empresa, por lo que, en pleno ejercicio de la autonomía municipal prevista en la Constitución y con base en las atribuciones que le otorgan las leyes del estado, procedió a la clausura temporal de la citada planta regasificadora.

Dicha clausura fue consumada técnica y jurídicamente, la tarde del día 11 de febrero del presente año, por parte de las autoridades del ayuntamiento de Ensenada, atendiendo un mandato del pleno del Congreso de la Unión y un conjunto de irregularidades y violaciones a las leyes nacionales y estatales.

Esta acción del municipio causó una respuesta inmediata de los gobiernos federal y estatal, expresada en la presencia de fuerzas militares y estatales para obligar a la reapertura de la planta. Es grave e irresponsable que el propio Secretario de Gobernación Francisco Blake le haya llamado al secretario de Seguridad Pública del ayuntamiento de Ensenada para pretender darle instrucción, sin estar facultado para ello. ¿Cómo se puede pedir respeto al Estado de derecho cuando la misma autoridad recurre a prácticas ilegales y autoritarias que pensábamos que estaban superadas?

En una actitud contraria a cualquier forma de respeto interinstitucional, el secretario de Gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona Benavides, dirigió la operación en contra del acto de clausura total temporal, realizado por el vigésimo ayuntamiento de Ensenada, mediantes las atribuciones que el marco jurídico, nacional y estatal, le brindan a la representación municipal.

La prudencia de las autoridades municipales, particularmente del alcalde y del secretario de Seguridad Pública Municipal, general DEM Florencio Raúl Cuevas Salgado –quien se retiró conjuntamente con sus elementos de las instalaciones de la empresa– impidió un enfrentamiento armado que bien pudo llenar de luto al país, considerando que en la regasificadora se encuentran dos tanques cada uno con capacidad de almacenamiento de 189 millones de litros y una explosión o incendio, que pudieran ocurrir con el fuego cruzado, hubiera sido de magnitudes inconcebibles.

Es notoria, compañeras y compañeros diputados, la irresponsabilidad con la cual se manejó este asunto, que pudo costar, en caso de haber intercambio de fuego en aras de la defensa de una empresa extranjera que viola las leyes mexicanas, la vida de la totalidad de los contendientes de las fuerzas militares y de seguridad pública estatales y municipales presentes, la de quienes en ese momento circularan por la carretera y de los habitantes de los poblados cercanos a la planta.

Si esto hubiera sucedido, ¿quiénes serían los culpables? Seguramente, a pesar de haber sido la causante la empresa simple y olímpicamente se lavaría las manos.

Lo que sucedió en Ensenada, es grave compañeras y compañeros. Y es grave no sólo por lo que acabo de mencionar. El que se haya utilizado al ejército como punta de lanza para defender los intereses de la trasnacional, demuestra la falta de oficio político y los intereses de quienes gobiernan no sólo el estado, sino de quienes, desde el centro del país, autorizaron su intervención.

Con este sólo hecho –independientemente de todo lo expresado y sustentado en contra de la empresa en el Congreso Local de Baja California, en esta Cámara y en el Senado de la República–, queda demostrado lo pernicioso que es para el país que Sempra Energy opere la planta multicitada o cualquier otra en territorio nacional.

Es grave también porque el municipio no actuó por cuenta propia, sino en cumplimiento de un exhorto emanado del Poder Legislativo federal que representamos. La amenaza con la intervención del ejército, en contra de la policía municipal de Ensenada, es así, un atentado a lo dispuesto por esta soberanía y quebranta, de hecho, el marco legal que nos rige.

Queremos pensar que los militares desconocían esto, que la acción municipal era en cumplimiento de un acuerdo del Congreso para que se llevara a cabo la investigación en relación con los permisos otorgados por anteriores administraciones municipales para la instalación de la empresa. Queremos pensar que se les dijo que el municipio era el que estaba incumpliendo con la ley.

Hoy que sale la verdad a la luz, y que el ayuntamiento ensenadense ejerció en forma valiente y decidida las facultades que le permiten actuar para que se cumpla la ley y en defensa del patrimonio colectivo de la ciudadanía, no es comprensible la presencia militar ni de fuerzas públicas estatales en la planta regasificadora.

Coincidimos con el presidente municipal cuando expresa que los hechos sucedidos no sólo coartan la libre determinación municipal, sino que constituyen un atentado a la Constitución, al régimen republicano y al municipio libre. Es pertinente identificar a los responsables de lo ocurrido y fincarles las responsabilidades que correspondan.

Con todo el respeto que merece el ejército mexicano, le decimos que meterse en éste problema no le corresponde. Es una situación de carácter legal, justificada en contra de una empresa que está violando la Constitución y  las leyes nacionales, que el propio ejército está obligado a defender.

En la carta que mencionamos al principio, el presidente municipal de Ensenada solicita nuestro apoyo en esta que menciona desigual batalla por la legalidad, en la cual está de nuestro lado. Desde esta tribuna les contestamos: No están solos ni el ayuntamiento ni el pueblo de Ensenada. Cuentan y contarán con nuestro apoyo, señor presidente municipal de Ensenada, Enrique Pelayo Torres.

Es loable su decidida acción para clausurar una empresa que está corrompiendo a las instituciones, destruyendo el medio ambiente de la región y violentando la legalidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, quien suscribe, me permito proponer con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

1. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, envíe un escrito expresando su respaldo formal e institucional al presidente municipal de Ensenada, Baja California, para llevar a cabo, hasta sus últimas consecuencias, el resolutivo quinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 26 de enero de 2011, relativo al punto de acuerdo presentado por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, en el que señala las diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.

2. Que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que una subcomisión de la misma, se traslade a Ensenada, Baja California, para reunirse con las autoridades y conocer en detalle la situación relacionada con las autorizaciones para la operación de la empresa regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.

3. Que la representación de legisladores referida en el resolutivo anterior, con el apoyo de la autoridad municipal, y en su caso estatal y federal, verifique documentalmente el cumplimiento de toda la legislación, reglamentación y normas oficiales mexicanas, estatales y municipales aplicables en la construcción y operación de la planta regasificadora de la empresa Sempra Energy en el municipio de Ensenada, Baja California; e investigue en qué forma, bajo qué criterios, en cuanto tiempo y por quienes fueron otorgados los permisos, licencias y documentos necesarios, a fin de detectar si hubo irregularidades, incumplimientos u omisiones al respecto; e informen a esta soberanía el resultado de su investigación y consultas.

4. Se turne el presente punto de acuerdo al Senado de la República, considerando que la Comisión Permanente, de la cual emanó el resolutivo quinto previamente citado, está integrada también por legisladores integrantes del Senado.

5. Se comunique el presente punto de acuerdo al gobernador del estado de Baja California y se le exhorte a que, en cumplimiento del pacto federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las dependencias a su cargo expresen un comportamiento republicano de pleno respeto a la autonomía municipal, basada en el ejercicio de las atribuciones y facultades  que le son otorgadas por las leyes.

6. Se exhorta al Ejecutivo gire instrucciones al secretario de la Defensa Nacional para que las fuerzas armadas de la zona militar que resguardan a Ensenada, se abstengan de intervenir en problemas de carácter legal.

7. Se comunique el presente punto de acuerdo al congreso del estado de Baja California, para los fines y efectos que el mismo considere como más pertinentes.

Palacio de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.— Diputados: José Narro Céspedes, María Dina Herrera Soto, Balfre Vargas Cortez, María Araceli Vázquez Camacho, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, José M. Torres Robledo (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Orduño.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez(desde la curul): Presidente.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:¿Falta algún diputado o diputada...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítanos un minuto, diputado.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez(desde la curul): La fracción parlamentaria del PAN está de acuerdo en la transparencia, pero no podemos nosotros como Congreso darle instrucciones a otros órdenes de gobierno. No lo hemos hecho con ningún orden de gobierno, ¿por qué lo vamos a hacer ahora?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Recojo sus expresiones tal como corresponde y se inscribirán en el Diario de los Debates. Desafortunadamente ya estamos en la parte procesal de la votación.

El diputado Jesús Ramírez Rangel(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Ramírez Rangel.

El diputado Jesús Ramírez Rangel(desde la curul): Gracias, presidente. Respaldar lo que dice el diputado Orduño e insistir que en el pasado la Junta de Coordinación Política a mí me rechazó un punto de acuerdo porque estaba haciendo un exhorto al gobierno del estado de Coahuila. Pedir en ese sentido que este Congreso sea congruente con sus decisiones. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Yo entiendo perfectamente estas justificaciones y doy fe de que lo que usted dice ha sido efectivamente aplicado en el pasado.

Pero estamos en la parte de votación y tendremos que respetar el resultado de la misma, ofreciéndole que esta Presidencia abrirá un espacio, toda vez que al principio de esta sesión vimos acercamientos de los grupos parlamentarios y antes de hacer el exhorto respectivo, mandatado por el pleno, si así fuera, daremos un espacio a fin de que los grupos parlamentarios, si se pusieran de acuerdo, pudieran presentar un nuevo punto de acuerdo. Adelante, diputado.

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Escuchamos al diputado Narro y me da usted el recuento de la votación.

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul): Nada más comentar que no estamos ordenando a nadie, es un exhorto que se hace nada más. Plantearle que el documento ya previo al pleno y a su debate ha sido revisado y comentado por varias de las fracciones parlamentarias. Ha tenido modificaciones en el marco de buscar el consenso y el acuerdo.

Este paso que usted comenta, presidente, ya se hizo. Todavía se le hicieron algunas modificaciones puntuales antes de esta última lectura en lo que es el punto 6. Nosotros le pediríamos que pasáramos a la votación en consecuencia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ya estamos votando, diputado. Vamos a dar a conocer el resultado de la votación. Esta Presidencia lo que hará será exclusivamente abrir un margen hasta la sesión siguiente para ver si presentan los grupos un nuevo punto de acuerdo consensuado. Pero éste está votado en sus términos.

El resultado, señor secretario.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, tenemos 259 votos a favor, 95 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Orduño.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez(desde la curul): Quiero decirle, presidente, que éste no es un asunto de negociación. Esto tenemos que verlo bien claramente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me queda claro, señor diputado. Hemos terminado la votación, lo que quede en lo siguiente será resultado de lo que hagan los grupos parlamentarios.

Adelante, señor secretario, continúe con el orden del día.



LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Alberto González Morales iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, fracción I, 77, 78 y 133, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con el objetivo de establecer en dicho marco jurídico la exención del pago por consumo de energía eléctrica a los planteles e infraestructura educativa del sistema educativo nacional, en aras de contribuir a que, quienes concurren en este sector, ya no realicen gastos derivados con el pago del servicio por el suministro de electricidad en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, como en la gran mayoría de las naciones del mundo, la educación es un elemento fundamental que determina el nivel de crecimiento y desarrollo económico. La educación es un referente que refleja las principales características de un país, de ahí que representa una prioridad en el conjunto de metas y objetivos de las políticas públicas.

Es importante destacar el avance que se ha logrado durante los últimos años en el tema educativo, lográndose incrementar el promedio de escolaridad de la población nacional, llegando a un nivel escolar de 8.1 años, poco más de primero de secundaria.

Los problemas que enfrenta el sistema educativo nacional pasa por diversas aristas y vicisitudes, entre las que destaca el tema de los recursos asignados a este sector. Cabe destacar que la educación es el único rubro en el cual se establece en la normatividad que se le deben destinar cuando menos el equivalente al 8 por ciento del producto interno bruto. Si bien es cierto que este porcentaje aún no se ha logrado otorgar es la Secretaría de Educación Pública la dependencia del gobierno federal que mayores recursos recibe.

El presupuesto destinado a la educación durante los último tres años ha pasado de los 200 mil 931 millones de pesos en el 2009, a los 230 mil 684 millones de pesos para este 2011, un incremento superior a los 30 mil millones de pesos.

Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), denominado Panorama de la educación en México 2010, señala que gracias a la expansión del sistema educativo mexicano se ha logrado incrementar el porcentaje de titulación en el nivel de preparatoria, pasando de 19 a 40 por ciento. Sin embargo, dicho porcentaje aún se encuentra lejos del promedio de países de la OCDE que es de 80 por ciento.

En lo que se refiere a la educación superior, el promedio de titulación en México es del 1.8 por ciento, inferior al promedio de la OCDE que es del 3.4 por ciento. Este dato es más preocupante al considerar que 42 por ciento de los estudiantes de educación superior no se titulan, situando a México en el cuarto lugar en el ranking de la OCDE.

México dedica el 5.7 por ciento de sus ingresos nacionales a sistemas educativos, más que Brasil (5.2 por ciento) pero menos que Chile (6.4 por ciento). Puesto que el presupuesto público es relativamente reducido, la educación en México tiene la mayor tasa de inversión en los países de la OCDE (21.7 por ciento del gasto público total en comparación con un promedio de 13.3 por ciento en la OCDE).

Sin embargo, el gasto por alumno permanece muy bajo en México, llegando a los  2 mil 111 dólares por alumno de educación primaria comparado con un promedio de 6 mil 741 dólares promedio en la OCDE, y 2 mil 236 dólares por alumno de educación secundaria contra un promedio de 8 mil 267 en la OCDE. Por su parte, los alumnos de educación superior obtienen mejores recursos con 6 mil 971 dólares por estudiante cuando el promedio de la OCDE es de 12 mil 907 dólares.

En este contexto, el gobierno federal, en el ánimo de apoyar las economías domésticas, publicó el pasado 15 de febrero de este año, un decreto a través del cual se otorga un incentivo fiscal para aquellas personas físicas que tienen a sus hijos estudiando en planteles privados, estableciendo un tabulador de costos educativos promedio por nivel escolar.

Si bien es cierto que lo anterior es un esfuerzo loable, también debemos destacar que es una medida selectiva, focalizada a atender a la clase media y alta, que esta acción no permea sobre todo el universo educacional, ya que es mayor en número de alumnos que estudian en planteles de origen público.

Es importante señalar que no se está en contra del decreto del 15 de febrero, sin embargo, es prioritario que desde el Congreso impulsemos medidas complementarias que coadyuven a lograr una mayor equidad en la otorgación de apoyos e incentivos.

La propuesta que se presenta tiene como objetivo exentar del pago del servicio de electricidad a toda la infraestructura pública que sea utilizada para la enseñanza y el aprendizaje de los educandos, incluyendo todos los niveles y modalidades de: preprimaria, primaria, secundaria, bachillerato, la capacitación para el trabajo, la educación media superior y la educación superior.

Con esta modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica lograremos impactar de manera positiva en los millones de familias, quienes desembolsan una parte de sus ingresos para el pago de este servicio, el cual les es requerido a través de una cuota o pago adicional que solicitan los comités de padres de familia de cada plantel educativo.

Aun y cuando el solicitar algún tipo de cuota está prohibido por la Ley General de Educación, también debemos reconocer que en un número importante de planteles escolares es muy complicado que las administraciones en turno hagan frente con sus propios recursos para el pago de mantenimiento, compra de materiales y el pago del servicio de electricidad.

Ante este panorama, se requiere de medidas que permitan subsanar este tipo de deficiencias que nada tienen que ver con la calidad de la enseñanza.

Para tener mayores elementos que contribuyan a exponer de mejor manera la importancia de la propuesta, es necesario señalar:

• En el sistema educativo nacional están inscritos 38 millones 654 mil 70 alumnos para el ciclo escolar 2010-2011.

• De los cuales, 25 millones 814 mil 300 alumnos de nivel básico y bachillerato asisten a escuelas públicas.

• En el nivel de preprimaria hay 90 mil 795 planteles en total, con aproximadamente 4 millones 650 mil 500 educandos; de los cuales, 77 mil 831 escuelas son de índole pública y asisten 3 millones 986 mil 300 alumnos; y sólo 14 mil 964 preprimarias son privadas y atienden a 664 mil 300 alumnos.

• Para el nivel primaria se tiene un registro de 99 mil 64 escuelas a las que asisten aproximadamente 14 millones 860 mil 300 alumnos; de los cuales, 90 mil 966 planteles son del sector público, a los que acuden 13 millones 633 mil 200 estudiantes; y sólo hay 8 mil 100 escuelas privadas, asistiendo a un millón 227 mil 300 niñas y niños.

• En lo que se refiere a la enseñanza secundaria, tenemos que hay 35 mil 888 escuelas, a las que asisten aproximadamente 6 millones 118 mil 619 adolescentes; de los cuales 31 mil 664 son planteles públicos, a los que asisten 5 millones 650 mil 700 alumnos; y 4 mil 224 secundarias privadas que atienden a 468 mil educandos.

• En el bachillerato hay 13 mil 263 planteles identificados, a los que acuden aproximadamente 3 millones 785 mil 400 alumnos; de los cuales 7 mil 673 escuelas son públicas y se atiende a 2 millones 604 mil 100 alumnos; asimismo, se tiene registro de 4 mil 814 escuelas privadas en las que estudian 677 mil 900 educandos.

Lo mencionado anteriormente nos brinda un panorama amplio de lo que implica una medida como esta. Si consideramos las cifras que proporciona en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que señala que en promedio una familia tiene 2.1 hijos, de la operación simple de dividir el total de la matricula entre el dato anterior, tenemos que el impacto se notara en 12 millones 292 mil 524 familias con estudiantes en nivel básico y bachillerato que asisten a escuelas públicas.

Como ya se mencionó, se trata que los apoyos sean otorgados a todo el conjunto de la sociedad, primordialmente, a los grupos sociales más desprotegidos, en situación de desventaja, de pobreza y marginación, que tienen hijos que están estudiando, que cuentan con el deseo de superarse, de ser mejores ciudadanos, preparados, con conocimientos amplios e integrales.

No coartemos el derecho de millones de mexicanos y mexicanas que ven en la educación una oportunidad para mejorar su precaria situación, no les neguemos la posibilidad de lograr la meta de elevar su calidad de vida a través de la enseñanza.

El Grupo Parlamentario del PRI está comprometido con la defensa de los derechos fundamentales de las personas, estamos a favor de todas aquellas medidas que permiten alcanzar la meta de erradicar la pobreza, la ignorancia y fomentan el bienestar social.

En razón de lo anterior, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Único.  Se adiciona un párrafo al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar de la siguiente manera:

Artículo 31. ...

Estarán exentos del pago por el servicio de consumo de energía eléctrica los planteles e infraestructura que forme parte del sistema educativo nacional de carácter público, incluyendo todos los niveles y modalidades: preprimaria, primaria, secundaria, de capacitación para el trabajo, profesional técnico, bachillerato, media superior y superior.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará lo establecido en el párrafo anterior haciéndolo del conocimiento público a través del Diario Oficial de la Federación.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Quedan sin efecto cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en la presente ley.

Tercero.El Ejecutivo federal, en un plazo no mayor a 60 días naturales, deberá realizar las adecuaciones que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2011.— Diputado José Alberto González Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Energía para dictamen.



LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez y José Luis Jaime Correa.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez y José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver: Para facilitar los acuerdos y consensos para la gobernabilidad democrática de la Cámara de Diputados, se flexibiliza el precepto para la elección del presidente de la Mesa Directiva.

Exposición de Motivos

Las Cámaras del Congreso de la Unión expresan la pluralidad de la sociedad mexicana y sus órganos de gobierno tienen que ser sensibles a esa realidad y el ejercicio de gobierno de dichos órganos tiene que expresar un equilibrio entre las fuerzas políticas que sea incluyente y justo, para los partidos políticos representados en las Cámaras.

La Ley Orgánica del Congreso de la Unión, objeto de la reforma que aquí proponemos contiene disposiciones que consagran este precepto con mucha claridad. Se ha establecido, particularmente desde 2006, la conveniencia de que ningún grupo parlamentario ejerza simultáneamente la titularidad de los dos órganos principales de gobierno de la Cámara de Diputados, que son, a saber, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política. La conducción de estos órganos se ha ejercido, alternadamente, desde la época de mayor pluralidad en el Congreso, es decir, desde 1997 a la fecha, por las tres principales fuerzas políticas del país, que son el PRI, el PAN y el PRD.

Es desde luego, idóneo que ninguno de los grupos parlamentarios predominantes en la Cámara de Diputados concentre a la vez la titularidad de los máximos órganos de gobierno, en aras de promover la gobernabilidad y la armonía convivencial entre la pluralidad de las fuerzas políticas expresadas en la Cámara. Sin embargo, es de admitirse que en ocasiones, el consenso entre dos fuerzas preponderantes arroja escenarios no previstos en la ley, que obligan a que uno de los grupos relevantes de la Cámara de Diputados se vea en la necesidad, y por acuerdo de los demás, a presidir ambos órganos de gobierno de manera simultánea, como ya sucedió en el tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura en la Cámara de Diputados.

De tal suerte que la reforma a la Ley Orgánica que proponemos, para honrar la palabra empeñada entre los coordinadores de los grupos parlamentarios de la presente legislatura, en un acuerdo para la gobernabilidad de la Cámara de Diputados, es mantener el mandato de no privilegiar el ejercicio de la titularidad de los dos órganos de gobierno de manera simultánea, pero, sin embargo, de no impedir esta circunstancia de excepción de manera tajante. Es por ello, que reconociendo el carácter extraordinario que el consenso de gobernabilidad para una legislatura pueda prever esta concurrencia de un solo grupo en el ejercicio de la titularidad de los dos órganos de gobierno, esto sea posible legalmente, siempre que medie el gran acuerdo de la pluralidad de la Cámara de Diputados, avalada y expresada por una mayoría calificada, de la misma.

Por lo expuesto, los suscritos, diputados federales integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77, 78, 89 numeral 1, 97, 102, 105 y 239 fracción VIII del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el numeral octavo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Capítulo Segundo De la Mesa Directiva

Sección Primera De su integración, duración y elección

Artículo 17.

1. al 7. ...

8. Se procurará que la presidencia de la Mesa Directiva la ejerza un diputado o diputada de distinto Grupo Parlamentario del que presida la Junta de Coordinación Política en el mismo año legislativo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2011.— Diputados: Alejandro Encinas Rodríguez, José Luis Jaime Correa (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

Tiene la palabra la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se encuentra en el salón de sesiones. Por tanto, recibirá el tratamiento correspondiente.



CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA - LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de la Ley Federal de Defensoría Pública y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Adelante, diputada.

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez:Con su venia, señor presidente. Le solicito que sea incluido el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, con el fin de responder a las necesidades de las mujeres mexicanas que por su condición se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor, vengo hoy a esta tribuna para exponerles la problemática de desigualdad que sufren las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en todo el país.

Aun cuando el acceso a la justicia es un derecho contemplado en nuestra Constitución, los vacíos e irregularidades de la investigación, las deficiencias en el juzgamiento y sanción, la falta de efectividad de mecanismos preventivos de prevención, así como las barreras que enfrentan las víctimas al procurar acceder a las instancias judiciales, reflejan sólo parte de la problemática que sufren las mujeres reclusas en nuestro México.

Por tal motivo, es necesario incorporar a la realidad que se juzga elementos de análisis, interpretación y valoración jurídica de conformidad con el ordenamiento nacional e internacional en la materia de derechos humanos de las mujeres, tomando en cuenta los principios de la no discriminación e igualdad sustantiva contemplada en el artículo 1o. de nuestra Constitución.

En ese sentido podemos decir que para que estos elementos se institucionalicen en los procesos de impartición de justicia a nivel nacional, es indispensable que las autoridades que participan en él reconozcan las condiciones que discriminan a las mujeres e impiden el acceso y garantía de sus derechos, así como que se observen y atiendan las lagunas que se encuentran inmersas en la legislación penal.

Cabe señalar que los factores que inciden para que las mujeres intervengan en cierto tipo de delitos se ven acompañados de la violencia de género, como un hecho causal del hecho delictivo, ya que la presencia de ésta en la vida de las mujeres que enfrentan una acusación penal, es frecuente y está íntimamente ligada al hecho delictivo que se les imputa.

Asimismo, la mayoría de las mujeres que permanecen en reclusión lo están, entre muchas otras razones, por una nula o mala defensa jurídica de los casos, aspecto que se profundiza por no contar con los recursos económicos para sostener los gastos de su defensa y la evidente falta de mecanismos oficiales idóneos en la normatividad penal mexicana.

Por tal motivo, se propone la incorporación de la perspectiva de género como figura jurídica inmersa en la legislación procesal penal que deberán atender las autoridades a quienes les compete la resolución de estos conflictos.

Dicha figura  tendrá por objeto establecer que la comisión de un delito estuvo motivada por cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual.

En este tenor se establece que el juez que conozca el proceso deberá tomar en cuenta los antecedentes de violencia y en su caso considerarlos como atenuantes de la sentencia. Las resoluciones, sean autos o sentencias, deberán incluir el análisis de la perspectiva de género, a efecto de evitar que sea vulnerado el principio de imparcialidad de la ley penal previsto en la fracción II del artículo 17 de nuestra Constitución; es decir, que no se debe actuar conforme a intereses específicos o privados a efecto de evitar discriminaciones arbitrarias.

Por ello, es importante establecer que el principio de imparcialidad de la ley deriva del principio de igualdad plasmado en el artículo 4 de la nuestra Constitución y que obliga al servidor público encargado de la administración de justicia a actuar de manera neutral e imparcial.

Por tal motivo, se propone que al momento de integrar la averiguación previa el Ministerio Publico evite emitir aseveraciones o descalificaciones derivadas de patrones socio-culturales que discriminen a la víctima o a sus familiares.

En tal virtud, debido a las irregularidades de la investigación, deficiencias en el juzgamiento y sanción, y la falta de efectividad de los mecanismos preventivos de protección, con el objeto de fortalecer la protección de las víctimas que sufren violencia, la iniciativa propone que las autoridades encargadas de practicar diligencias de averiguación previa puedan establecer la evaluación del riesgo de las víctimas y de sus familiares.

Por último, la presente propuesta busca reformar la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados para que el tratamiento impuesto a los internos se efectúe con base en perspectiva de género. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; y de las Leyes Orgánica de la Procuraduría General de la República, Federal de Defensoría Pública, y que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del artículo 6 y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el presente proyecto de decreto al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, los derechos fundamentales de las personas a las que se les imputa algún delito, así como a las que son víctimas de éstos, surgen a la vida jurídica con las reformas de 1993 y de 2000, que reconocen de manera plena el momento procedimental en el que las garantías que dicho artículo consagra, deben observarse.

Al respecto, menciona el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela:

“Detrás de las más hondas transformaciones sociales, económicas y políticas que han operado en la historia, se descubre sin un acucioso análisis los acontecimientos que les han determinado, el anhelo persistente e insatisfecho de la humanidad, consistente en lograr un verdadero ambiente de igualdad, como supuesto imprescindible de la justicia.”

Históricamente, las mujeres han estado relegadas a la esfera privada y los hombres a la esfera pública. Esta situación ha derivado en que las mujeres tengan un limitado acceso a la riqueza, a los cargos de toma de decisiones, a los empleos remunerados y por su puesto al acceso a la justicia, en igualdad a los Hombres; condición que generalmente desencadena un trato injusto y discriminatorio para las mujeres mexicanas.

Acorde a esta realidad, y firme en un sentido de justicia y congruencia con quienes represento, presento este proyecto de decreto, con la finalidad de visibilizar la desigualdad que sufren hoy día las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, en todo el país, a fin de responder a las necesidades de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor.

El acceso a la justicia es un derecho considerado en la Carta Magna, sin embargo, la situación de las mujeres que se encuentran recluidas, por haber cometido un delito, refleja una de las realidades sociales que hoy veo con mayor preocupación y con la necesidad de sacar a la luz pública debido al abandono, desigualdad y a la ausencia del reconocimiento, ejercicio y respeto de los derechos fundamentales de las mujeres en esta condición.

El diagnóstico que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado en enero de 2007 sobre el acceso a la  justicia de las mujeres víctimas de violencia en las Américas, señala que hay cinco problemas en particular en el acceso a la justicia de las mujeres privadas de su libertad: los vacíos e irregularidades en la investigación, deficiencias en el juzgamiento y sanción, la falta de efectividad de los mecanismos preventivos de protección, barreras que enfrentan las víctimas al procurar acceder a instancias judiciales.

En cuanto a las víctimas de los delitos en el análisis, la comisión hace referencia a los obstáculos que éstas presentan en general, afirmando que el foco de la problemática de la criminalidad se ha dirigido al autor del delito y ha ocultado el abandono de que ha sido objeto la víctima como afectada directa y su entorno social. Destaca que se trata a las víctimas sin respeto y no se les informa acerca del proceso, aunado a lo anterior se encuentra el desconocimiento de las víctimas de sus derechos fundamentales.

En el caso  de las mujeres infractoras, la comisión considera que la discriminación comienza a evidenciarse desde el  momento en que son detenidas, ésta continúa por parte de las personas que administran justicia, quienes en consecuencia de su socialización y el desconocimiento de las condiciones de género de una infractora, contribuyen a que las mujeres permanezcan más tiempo en reclusión que los hombres, al imponerles penas mayores aún cuando se trata de un mismo delito.

De acuerdo con lo que establece el diagnóstico sobre incidencia de los delitos cometidos por las mujeres privadas de su libertad, procesadas y sentenciadas, que elaboró el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, las mujeres como víctimas del delito, como sobrevivientes del mismo o como infractoras, padecen la misma situación en lo que refiere al desconocimiento de sus derechos, carencia de servicios adecuados y gratuitos, vejaciones, trato discriminatorio, entre otras.

La perspectiva de género permite identificar la situación de las mujeres respecto a los hombres por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Juzgar con perspectiva de género supone incorporar a la realidad que se juzga, elementos de análisis, interpretación y valoración jurídica en conformidad con el ordenamiento nacional e internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, tomando en cuenta los principios de no discriminación e igualdad sustantiva considerada en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Asimismo, el artículo 20 del mismo ordenamiento legal establece los principios que se seguirán en todo proceso penal así como el reconocimiento de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas. Ergo, el derecho a la justicia es uno de los derechos humanos más invocados y desarrollados en los diferentes sistemas de protección nacionales e internacionales.

Es entonces cuando los artículos 8o. y 25 numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus correlativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen lo siguiente:

Artículo 8

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

Artículo 25

“I. Toda Persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

Artículos que establecenel ejercicio de la garantía para el acceso a la justicia que todo persona tiene derecho y, las garantías judiciales o de debido proceso que deben estar presentes en todo acto o proceso en el que se puedan ver afectados los derechos de las personas.

Asimismo, los numerales 2 al 5 del mismo artículo 8 desglosan las garantías de debido proceso que deben asegurarse a cualquier persona que enfrente una acusación penal, bajo el principio de igualdad.

Resultan también aplicables el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención del Belém Do Pará), en los artículos 4o., 6o. y 7o., entre otras disposiciones ratificadas por el Estado mexicano.

Para que estos elementos se institucionalicen en los procesos de impartición de justicia a nivel nacional, es indispensable que las autoridades que participan en él reconozcan las condiciones que discriminan a las mujeres e impiden el acceso y garantía de sus derechos, así como observan y atiendan las lagunas que se encuentran inmersas en la legislación penal.

Asimismo, es indispensable puntualizar que los factores que inciden para que las mujeres intervengan en cierto tipo de delitos, se ven acompañados de la violencia de género  como un nexo causal del hecho delictivo. Ya que la presencia de ésta en la vida de las mujeres que enfrentan una acusación penal es frecuente y está íntimamente ligada al hecho delictivo que se le imputa.

Estos factores por los que las mujeres reaccionan frecuentemente cometiendo un delito, al desafiar los roles que les son socialmente asignados o al actuar cuando se encuentran en extremo peligro, estado de necesidad e incluso en defensa propia, no son observados y analizados por las autoridades que imparten justicia.

La incidencia delictiva, se ve determinada a partir del número de delitos que se cometen en un país. Según el diagnóstico sobre la incidencia de delitos cometidos por mujeres privadas de su libertad, del CEAMEG establece que en 2007, los países en el mundo con mayor población penitenciaria, fueron Estados Unidos de América, China, Federación Rusa, Brasil, India, México, Tailandia, Sudáfrica, Irán y Ucrania. Cabe destacar que México ocupa la posición 5 con 217 mil 457 personas privadas de su libertad. Al respecto, del total de las personas recluidas, la criminalidad femenina representa siempre porcentajes más bajos respecto del porcentaje de la población masculina. Por ejemplo, en México, a 2003, el número total de hombres recluidos ascendía a 172 mil 567, el porcentaje es de 95.5 por ciento, mientras que las mujeres eran un total de 8 mil 654 que se encontraban recluidas, es decir, el 4.5 por ciento de la población total.

Para 2007, las sentencias condenatoria y absolutoria dictadas a mujeres y hombres, según los tipos de delitos, se reflejaba para los hombres, en promedio, a 86 de cada 100 se les dicta una sentencia condenatoria, y a las mujeres, 83 de cada 100. En tanto que para la sentencia absolutoria 14 de cada 100 hombres son absueltos de su condena y en el caso de las mujeres 17 de cada 100.

Sin embargo, la mayoría de las mujeres que permanecen en reclusión, lo están, entre muchas otras razones, por una nula o mala defensa jurídica de sus casos, aspecto que se profundiza por no contar con los recursos económicos para sostener los gastos de su defensa, y la evidente falta de mecanismos judiciales idóneos en la normatividad penal mexicana que les permita acceder a la justicia penal.

Por otro lado, es importante puntualizar que el objeto de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, ordenamiento que establece regirse bajo los principios de la igualdad, la no discriminación y la equidad, además que alude a la incorporación de la perspectiva de género.

Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, es creada obedeciendo a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que contenga una real perspectiva de género, estableciendo las condiciones jurídicas para brindar seguridad a todas las mujeres de este país, sin ser exclusiva de una localidad, sino aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los tres niveles de gobierno; por esta razón se establece en la presente iniciativa la supletoriedad de la legislación, cuando el juzgador lo considere necesario para la interpretación de la perspectiva de género y la evaluación de riesgo en la que se encuentren las mujeres.

En este sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera que la perspectiva de género debe ser entendida como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que eliminen causas de opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género, promoviendo en todo momento la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, contribuyendo a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

Es decir, deberán tomarse en cuenta las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que mantienen a la mujer en una situación de desventaja y subordinación en relación con el hombre.

En este orden de ideas, el 11 de marzo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de reglamentar las disposiciones de la mencionada Ley General en lo relativo al Poder Ejecutivo Federal, así como las bases de coordinación entre éste, las entidades federativas y los municipios, que sean necesarias para su ejecución.

Tal y como es posible apreciar, en México se han llevado a cabo acciones para poder lograr un estado de igualdad de género en los distintos ámbitos del derecho, al grado incluso que en el plan nacional de desarrollo 2007-2012, su eje 3 considera la igualdad de oportunidades y concretamente en su punto 3.5, hace referencia a la necesidad de promover acciones para fomentar una vida sin violencia ni discriminación, así como una auténtica cultura de la igualdad argumentando que por tal motivo incorpora la perspectiva de género de manera transversal en cada uno de los ejes que los conforman.

De lo anterior se pone de manifiesto que en su objetivo 16 considera “eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual”.

Por su parte el 11 de marzo de 2008 se publicó el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el cual se desarrollan, entre otros temas, el procedimiento para la atención de solicitudes de alerta de violencia de género y se establecen las atribuciones de la Segob y otras autoridades en la materia.

Así también, en 2009 se trabajó en forma conjunta con las tres instancias del Poder Judicial de la Federación (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral), derivado de lo cual se creó una Comisión Interinstitucional de Equidad de Género y una Coordinación General del Programa de Equidad de Género que asesora el trabajo que realizan las tres instancias.

No obstante, en las últimas décadas la tasa de delincuencia femenina en México ha tenido un crecimiento considerable. La mayoría de las mujeres que se encuentran en prisión pertenecen a sectores sociales desfavorecidos que permanecen encarceladas por delitos que son comunes a personas que han padecido maltrato, carecen de poder y han sido violentadas la mayor parte de sus vidas. En la actualidad, las mujeres se han visto involucradas en nuevas conductas delictivas, como asalto a bancos, secuestro, extorsión y delitos contra la salud.

Factores importantes que tienen probabilidad de poner en marcha los mecanismos que orillan a un individuo a ser delincuente son su baja posición en el sistema de clases sociales, deficiencias educativas, pobreza, ambiente familiar ina-decuado o perturbado, residencia en un mal vecindario y pertenencia a una familia numerosa. Así, los factores adversos tienden a presentarse en conjunto y a actuar recíprocamente, hasta el punto de crear una situación que puede inducir a un individuo a cometer conductas ilícitas.

Asimismo, la prisión puede reflejar un ejercicio del sistema que se transforma en una función marginalizante ya que ahí se encuentran las mujeres más pobres y de menor nivel educativo. La discriminación de la mujer en prisión es doble: en primer lugar, sufre como mujer; y en segundo, como delincuente, por pertenecer no sólo a un grupo desfavorecido en todos los aspectos sociales, sino también al grupo que ha violado la clásica imagen de la mujer impuesta por la sociedad, que por ello debe ser recriminada severamente, olvidando la violencia y los abusos que ha sufrido.

Entre las mujeres en reclusión hay un alto nivel de abandono (60 por ciento) por parte de familiares y amigos; estas mujeres, así, carecen por lo general de apoyo social, con el consecuente impacto que esto tiene sobre su bienestar físico y emocional. El ingreso es entonces conflictivo y angustiante tanto por la situación del delito como por el rompimiento del núcleo familiar, y además por el lugar donde debe vivir, esto es, el dormitorio en el que se le aloja.

Por otra parte, en México contamos con un proceso penal que, en la práctica, se lleva a cabo alejado de los principios del sistema acusatorio, es decir, con ausencia del principio de igualdad entre las partes en donde los casos se resuelven sin tomar en cuenta la perspectiva de género.

Cierto es que la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 instaura un sistema procesal penal acusatorio que, en palabras de Ferrajoli, es una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral, público y resuelta por el Juez según su libre convicción. Para el citado jurista la obtención de la verdad, en el sistema acusatorio, se lleva a cabo mediante un proceso cognoscitivo a través del conocimiento empírico de las hipótesis acusatorias, por cánones de conocimiento como la presunción de inocencia, la carga de la prueba para el acusador, el principio in dubio pro reo, la publicidad del procedimiento probatorio, el principio de contradicción y el derecho de defensa mediante la refutación de la acusación.

Sin embargo, es imperiosa la necesidad de que los procedimientos penales se lleven a cabo tomando en consideración la perspectiva de género a efecto de lograr un efectivo equilibrio entre los hombres y las mujeres y con ello lograr una resolución de los casos justa y acorde con las circunstancias por las que se cometió el delito.

En este sentido, debemos asumir el compromiso de proponer e impulsar reformas legales que conviertan a nuestro sistema de justicia penal justo en donde la perspectiva de género sea tomada en cuenta en el desarrollo de la averiguación previa, en el juicio, en la ejecución de sentencias, así como en el ámbito de la defensoría de oficio.

Por lo anterior, la presente iniciativa, tiene como finalidad atenuar la problemática descrita, y establecer en la legislación penal los mecanismos jurídicos antidiscriminatorios, que incluya en todo momento del proceso penal, la perspectiva de género, con la finalidad de que las autoridades que administren la justicia, reconozcan en todo momento el derecho de las mujeres a que les sea administrada la justicia con apego a sus garantías fundamentales.

Por tal motivo se propone la incorporación de la perspectiva de género como figura jurídica inmersa en la legislación procesal penal, que deberán atender las autoridades a quienes les compete la resolución de estos conflictos, dicha figura tendrá por objeto establecer que la comisión de un delito, estuvo motivada por cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual.

En este tenor, se establece que el juez que conozca del proceso deberá tomar en cuenta los antecedentes de violencia y, en su caso, considerarlos como atenuantes para la sentencia.

Las resoluciones sean autos o sentencias, deberán incluir el análisis de la perspectiva de género, a efecto de evitar que sea vea vulnerado el principio de imparcialidad de la ley penal previsto en la fracción II del artículo 17 de nuestra Constitución en donde se señala:

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para expedirla en los plazos y en los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”

Aunque el artículo constitucional es una expresión formal de que la Constitución mexicana garantiza a las mujeres el acceso a la justicia, sólo está escrito en la ley, pero en la praxis, en diversas ocasiones, no se le da el cumplimiento debido, ya que no tiene aplicación general, en virtud de que si la persona que opera la justicia no toma en cuenta que en la práctica debe observar la perspectiva de género que rodea el caso concreto e ignora el principio de no discriminación por cuestiones de género, entonces los casos de mujeres que tengan en sus manos los resolverá bajo parámetros tradicionalmente masculinos con lo que estará profundizando la desigualdad en la aplicación de la ley entre hombres y mujeres, en detrimento de estas últimas.

Recordemos, que la administración de justicia debe ser imparcial, lo que quiere decir que no debe actuar conforme a intereses específicos o privados a efecto de evitar discriminaciones arbitrarias, por ello es importante establecer que el principio de imparcialidad de la ley deriva del principio de igualdad, plasmado en el artículo 4 de la Constitución y que obliga al servidor público encargado de la administración de justicia a actuar de manera neutral e imparcial. Por tal motivo, se propone, que al momento de integrar la averiguación previa, el Ministerio Público evite emitir aseveraciones o descalificaciones, derivadas de patrones socioculturales que discriminen a la víctima o a sus familiares.

De acuerdo con el diagnóstico regional, elaborado por la Relatoría sobre Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominado Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”, publicado en 2007, los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en el campo de la administración de justicia se enfocan a los vacíos e irregularidades en la investigación, deficiencias en el juzgamiento y sanción, la falta de efectividad de los mecanismos preventivos de protección. Por esta razón, y con el objeto de fortalecer la protección de víctimas que sufren violencia, la iniciativa propone que las autoridades encargadas de practicar diligencias de averiguación previa, puedan establecer la evaluación del riesgo de las víctimas o de sus familiares en la medidas cautelares, para lo cual faculta al Ministerio Público para otorgar las órdenes de protección, descritas en el capítulo VI de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En tal virtud, esta iniciativa propone también reformas al Código Federal de Procedimientos Penales a efecto de que la perspectiva de género se tome en cuenta, por las autoridades competentes, durante el desarrollo de la averiguación previa, así como durante todo el proceso penal.

Además, se proponen reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, esto a efecto de que los Ministerios Públicos tomen en cuenta la perspectiva de género en el momento de llevar a cabo sus actos de investigación o bien, durante el desarrollo del proceso.

Sumado a lo anterior se proponen reformas a la Ley Federal de Defensoría Pública para que los abogadores defensores hagan valer la perspectiva de género ante la autoridad ministerial o judicial. Por otra parte, se proponen reformas a la Ley que establece la Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para que el tratamiento impuesto a los internos se efectúe con base en perspectiva de género.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Federal de la Defensoría Pública y de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Primero. Se reforman la fracción II del artículo 2o., el artículo 95, fracción V; se adiciona un capítulo XI Bis al título primero; se reforma el primer párrafo y adiciona un segundo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 123; se reforman los artículos 133 y 293, todos del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 2o. ..

...

I. ...

II. Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, la reparación del daño y , en su caso, la perspectiva de género;

III. a XI. ...

Artículo 95. Las sentencias contendrán:

I. al IV. ...

V.-Las consideraciones, fundamentaciones y motivaciones legales de la sentencia y, en su caso, la perspectiva de género;

VI. ...

Capítulo XI BisDe la Perspectiva de Género

Artículo 102 Bis. A efecto de contar con un debido proceso que logre el equilibrio entre los hombres y mujeres, tanto el Ministerio Público como los jueces de oficio, en todas sus resoluciones deberán realizar el análisis de perspectiva de género, el cual tendrá por objeto establecer que la comisión de un delito, estuvo motivada por cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual.

Artículo 102 Ter. Cuando el juez decrete la sujeción a proceso o la formal prisión, admitirá, desahogará y valorará las pruebas que se ofrezcan tendientes a acreditar las circunstancias de perspectiva de género.

Si de las actuaciones del procedimiento se desprende la existencia de las circunstancias de perspectiva de género, el juez ordenará el desahogo de las pruebas para mejor proveer.

Artículo 102 Quáter. Al momento de individualizar las sanciones, deberán fundar y motivar el análisis de perspectiva de género, y tomar en cuenta los antecedentes de violencia. Cuando así proceda, considerarlos como atenuantes para la sentencia.

Artículo 102 Quintus. La defensa durante el procedimiento, promoverá el ofrecimiento y desahogo de pruebas, que permitan acreditar la existencia de las circunstancias de perspectiva de género.

Artículo 123.Inmediatamente que el Ministerio Público, las policías o los funcionarios encargados de practicar en su auxilio diligencias de averiguación previa tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para: proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas y testigos; impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo, evitar emitir aseveraciones derivadas de patrones socioculturales que discriminen o descalifiquen a la víctima o a sus familiaresy, en general, impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante y su registro inmediato.

El Ministerio Público, las policías o los funcionarios encargados de practicar en su auxilio diligencias de averiguación previa, establecerán la evaluación del riesgo de las víctimas o de sus familiares en la medidas cautelares que en su caso procedan.

..

...

Artículo 133. ..

..

..

...

Las resoluciones del procurador general de la República deberán contener:

I. y II ...

III. Las nuevas consideraciones que se realicen del estudio de la averiguación, incluyendo, en su caso, el análisis de perspectiva de género,así como la respuesta a los planteamientos hechos en el escrito de inconformidad debidamente fundadas y motivadas; y

IV. ...

Artículo 293. En el primer caso de la parte final del artículo anterior, deberá fijar en proposiciones concretas, los hechos punibles que atribuya al acusado, solicitar la aplicación de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparación del daño y perjuicio, y citar las leyes, tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano y la jurisprudencia aplicables al caso. Estas proposiciones deberán contener los elementos constitutivos del delito y los conducentes a establecer la responsabilidad, así como las circunstancias que deban tomarse en cuenta para individualizar la pena o medida. Para este último fin, el Ministerio Público considerará las reglas que el Código Penal señala acerca de la individualización de las penas medidas.

Segundo. Se reforma el inciso f) del apartado A y el inciso h) del apartado B de la fracción I del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. ...

A. ...

a) a e) ...

f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención. En su caso, deberá contener el análisis de perspectiva de género, a efecto de acreditar las circunstancias que hayan motivado la comisión del delito;

g) a w) ...

...

...

B. ...

a) a g) ...

h)En general, promover lo conducente al desarrollo de los procesos, en su caso,  realizar la promociones que sean pertinentes a efecto de que sea acreditada y valorada la perspectiva de género ylas demás atribuciones que le señalen las normas aplicables.

C. ...

a) a l) ...

II. ...

a) a d) ...

III. a IX. ...

Tercero. Se reforma la fracción II de la Ley Federal de Defensoría Pública para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. ...

II. Representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de los defendidos o asistidos, a cuyo efecto harán valer acciones, opondrán excepciones o defensas, interpondrán incidentes o recursos, acreditarán la perspectiva de género y realizarán cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a derecho que resulte en una eficaz defensa;

III. a VII. ...

Cuarto. Se reforma el párrafo primero del artículo 6o. de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para quedar como sigue:

Artículo 6o. El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, la perspectiva de género, sus usos y costumbres tratándose de internos indígenas, así como la ubicación de su domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto último, con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad.

...

...

...

I. a VI. ...

...

...

a) y b) ...

...

...

I. y II. ...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, décimo tercera edición actualizada, editorial Porrúa, página 343.

2 http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm

3 Véase http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html

4 Véase http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm

5 Véase http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml

6 Véase http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm

7 Artículo 1 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres [en línea] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGIMH. doc, consultado en 24-05-2010.

8 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 [consultado en línea] http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades /igualdad-entre-mujeres-y-hombres.html

9 Segundo Informe de ejecución 2008, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 [consultado en línea] http://pnd.calderon.presidencia.gob. mx/pdf/SegundoInformeEjecucion/3_5.pdf

10 Tercer Informe de ejecución 2009, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 [consultado en línea] http://pnd.calderon.presidencia.gob. mx/pdf/TercerInformeEjecucion/3_5.pdf

11 Martínez Lanz, Patricia; Carabaza, Rodrigo; Hernández, Andrea, “Factores de riesgo predisponentes a la delincuencia en una población penal femenina” en Enseñanza e investigación en psicología, volumen 13, número 2, julio-diciembre, 2008, México, Universidad Veracruzana, página 302.

12 Ídem.

13 Ídem.

14 Ídem.

15 Ibídem, página 308.

16 Ferrajoli, Luigui, Derecho y razón, Madrid, Trotta, 2005, página 564.

17 Ibídem, página 541.

18 Op. cit. Página 17-19. Suárez Cabrera, Julia Marcela, Acceso a la justicia penal para las mujeres, construcción de un marco conceptual metodológico, operativo, para un sistema de evaluación y seguimiento de la institucionalización de la perspectiva de género,publicado por el CEAMEG.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.— Diputados: Laura Elena Estrada Rodríguez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Laura Viviana Agundiz Pérez,  Jaime Oliva Ramírez, Jesús Giles Sánchez, Sergio Arturo Torres Santos, José Manuel Hinojosa Pérez, María de Lourdes Reynoso Femat, José Luis Iñiguez Gómez, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Gloria Trinidad Luna Ruiz, Adriana Fuentes Cortés, José Ignacio Seara Sierra, Tomasa Vives Preciado, Norma Sánchez Romero, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, Ovidio Cortazar Ramos, J. Guadalupe Vera Hernández, Julio Saldaña Morán, Oralia López Hernández, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Norma Leticia Salazar Vázquez, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, María Antonieta Pérez Reyes, María Yolanda Valencia Vales, Gloria Romero León, María del Carmen Guzmán Lozano, César Octavio Pedroza Gaitán, Enrique Octavio Trejo Azuara, Laura Margarita Suárez González, Yolanda del Carmen Montalvo López, María Felicitas Parra Becerra, Juan José Cuevas García, Sergio Gama Dufour, Rubén Arellano Rodríguez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública para su dictamen.

Esta Presidencia tiene el gusto de dar la bienvenida a los señores ciudadanos don Germán Escobar, doña Martha Ofelia Meza, don Francisco Javier Meza, Ulises Gaxiola y José Guillén, productores orgullosamente del estado de Sinaloa, invitados por la diputación de Sinaloa. Bienvenidos a la Cámara de Diputados; que todo salga bien en Sinaloa, queridos amigos.

Igualmente le damos la bienvenida a un grupo de 40 alumnos del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados del diputado Martín Vázquez Pérez. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Están con nosotros 39 invitados de Huixquilucan, estado de México. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Ellos son invitados del diputado Octavio Germán Olivares. ¿Diputada Gallegos?

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena(desde la curul): Buenos días. Para preguntarle a la diputada Laura Estrada si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Estrada acepta. Queda usted adherida a esta iniciativa.



ARTICULOS 72, 73, 76, 88, 89, 126, 133 Y 134 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora el diputado don Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Muchas gracias, señor presidente.

Traigo a esta tribuna un asunto que, en mi criterio, es de la mayor relevancia. Se trata de incluir en la Constitución General de la República un título sobre política exterior de Estado. Éste es un propósito que se ha venido discutiendo desde hace más de 20 años y que fue objeto de una definición puntual por los eminentes diplomáticos e internacionalistas que participaron en el 2000 en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado.

El tema es: ¿debe haber o no un marco constitucional normativo en materia de política exterior? La respuesta es sí, para evitar una excesiva centralización de las funciones en una sola persona, que puede ser salvador de la patria, pero que también puede venderla.

Quiero decir, de entrada, porque espero la cooperación de las bancadas, que éste no es un proyecto dirigido contra ningún partido ni contra ningún gobierno. Es un proyecto institucional.

Contiene los siguientes elementos:

Primero. La definición de los principios de política exterior. Está atribuida en exclusiva al presidente de la República, cuando es obvio que son principios universales que deben ser acatados por todos los órganos del Estado mexicano.

Segundo. Se amplían nuestros principios respeto de los derechos humanos, desarrollo sustentable y equidad económica internacional.

Tercero. Cuál es la relación entre los principios y los intereses. La Constitución dice que la política exterior se regirá por principios, y la ley dice que se regirá por el interés nacional. Esto ha sido motivo de enormes controversias. Aquí hay una serie de disposiciones que determinan cuál es la relación entre esos principios y esos intereses de modo que no entren en contradicción.

Cuarto. ¿Debe o no la sociedad nacional participar en el diseño de la política exterior? La respuesta es sí. De hecho ya lo hace, de acuerdo con la Ley de Cooperación, en las acciones de cooperación internacional.

La vida internacional es una participación de todos. Hacen vida internacional los estados de la república, los municipios, los Congresos —a través de la diplomacia parlamentaria—, los actores económicos, los sindicatos; es entonces conveniente crear una instancia nacional de coordinación por lo que hace a la política exterior.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado Muñoz Ledo. Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Si me acepta una pregunta el diputado Muñoz Ledo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Acepta usted la interpelación del diputado Cárdenas, diputado Muñoz Ledo?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Con mucho gusto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta, diputado. Adelante.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente.

Para preguntarle al diputado Muñoz Ledo que es una iniciativa, la que presenta y nos comenta hoy, muy importante. Preguntarle, ¿qué cambios, por ejemplo, habría, diputado Muñoz Ledo, respecto de la intervención de las Cámaras en la aprobación de tratados?

Y también quiero preguntar, ¿cómo participaría la ciudadanía, si es que existe algún mecanismo en la aprobación de los tratados, en la vigilancia, en la fiscalización para su implementación, etcétera?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:La intervención o control congresional de la política exterior, señor diputado, –si me lo permite, señor presidente–...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:... tiene los siguientes aspectos:

Primero. Existe un consenso muy extendido en el sentido de que la facultad de aprobación de los tratados no sea exclusividad del Senado de la República, sino que sea de ambas Cámaras. Éste es un tema muy importante.

Segundo. Los tratados tendrían un control congresional, porque como ocurre en numerosos países, el Ejecutivo deberá dar parte al Congreso del proceso de iniciación de los tratados. Le estamos dejando en este proyecto al Senado de la República dos facultades: son debatibles, pero voy a decir cuáles; el decidir la apertura o cierre de embajadas y el decidir la apertura o clausura de relaciones diplomáticas.

Queremos también enmendar un entuerto. Aquí se aprobó y nunca he entendido o no quiero pensar por qué, que el Ejecutivo ya nunca debe pedir permiso al Congreso para salir del país.

Como usted lo sabe, que es un distinguido jurista, en todas las Constituciones mexicanas, a partir de la Constitución de Cádiz que nos rigió, hay un permiso para la ausencia del jefe del Estado. Decía la Constitución de Cádiz que si el monarca saliese del territorio de la Corona, entenderase que ha abdicado.

Aquí se les ocurrió que se puede ir siete días seguidos, pero no dice cuántas veces; con lo cual constitucionalmente, el jefe del Ejecutivo puede pasar todo el año en el extranjero viniendo a la ciudad o al país sólo los fines de semana. Aquí estamos restituyendo el permiso, que se le dé permiso cinco días seguidos, que es lo que basta para una gestión internacional, si no ya se trata de vacaciones, ahí sí que sea libre, pero que no pueda salir más de 30 días al año.  Si se reduce a otro nivel, las giras al extranjero, se van a reducir enormemente los gastos y habrá más presencia de los Ejecutivos en el país. Ésos son los principales fortalecimientos de las facultades del Legislativo.

El diputado Herón Agustín Escobar García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Muñoz Ledo.

Permítame, le va a hacer seguramente una pregunta el diputado Herón Escobar. ¿Acepta usted la pregunta del diputado?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Con mucho gusto, compañero de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El diputado Herón Agustín Escobar García(desde la curul): Gracias, señor presidente.

Diputado Muñoz Ledo, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Si en su iniciativa se contempla la manera de cómo quitarle el monopolio al Ejecutivo sobre la política exterior?

Y la otra es, ¿de qué manera su iniciativa rescata la función del Estado en el Servicio Exterior Mexicano?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Es una pregunta muy pertinente, señor diputado. ¿Cuándo se inicia la transición democrática que ahora ha naufragado? Ésa fue la gran pregunta que se planteó. Vamos a democratizar todas las instituciones. ¿Por qué no democratizamos la política exterior? Si nos toca un presidente patriota —lo dije ya— puede salvar a la patria, y si no, ¿qué hacemos?

Entonces, nosotros necesitamos incorporar al Congreso —como ya lo dije— en toma de decisiones fundamentales. Están previstos, además, límites a la aseveración de tratados. No todo tratado se puede celebrar. Uno que afecte los derechos fundamentales de los mexicanos, cambie las instituciones fundamentales de la República, permita –ojo- el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional, no puede ser aprobado por mandato constitucional.

Luego, para tratados de gran relevancia nacional se está previendo, como existe en todo el mundo democrático, la consulta por referéndum a la población. Esos son los métodos de control que evitan que una sola persona resuelva sobre el destino de la nación.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Muñoz Ledo. Tengo sucesivamente inscritos, seguramente para hacerle una pregunta, al diputado Jaime Correa, diputado Ramírez Bucio, al diputado Gertz Manero y a la diputada Rosalinda López y al diputado Escudero... Permítame, el diputado Escudero es con otro motivo.

Adelante, diputado. ¿Usted le quiere hacer una pregunta o es una moción?

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente, simplemente para ir aclarando el trabajo en el pleno. No era uso de este pleno que se aceptaran preguntas durante la exposición de las iniciativas. ¿Ahora con el nuevo Reglamento, sí? Simplemente para ir aclarando el trabajo legislativo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El nuevo Reglamento no lo prohíbe, diputado. Queda a criterio de la Mesa, y la Mesa tenía dos opciones, aplicar al diputado Muñoz Ledo el criterio que señala el artículo 63 para las nuevas leyes y darle 10 minutos o aceptar las preguntas que le están haciendo. Optamos por lo segundo.

El diputado Arturo Ramírez Bucio(desde la curul): En el mismo sentido. Creo que en iniciativas no hay preguntas.  Para obviar esto y hacerlo más ágil, tenemos 110 iniciativas, que fuese más ágil el tema y que no permita las preguntas, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a aceptar las preguntas que ya he admitido y con gusto voy a contar a partir de aquí, de la respuesta de Muñoz Ledo –a solicitud de ustedes– los cinco minutos que le faltan. Diputado Correa.

El diputado José Luis Jaime Correa(desde la curul): Gracias, señor presidente. He solicitado el uso de la palabra para hacerle una pregunta al diputado Muñoz Ledo.

Primero, felicitarlo por esta iniciativa y porque coincide con una que hemos presentado en otro momento...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Su pregunta, diputado.

El diputado José Luis Jaime Correa(desde la curul): ... sobre política exterior de Estado. ¿Qué opinión tiene el diputado Muñoz Ledo sobre la minuta del Senado, sobre Ley de Tratados Internacionales que deja en manos del Ejecutivo acuerdos interinstitucionales y acuerdos del Ejecutivo? ¿No cree usted que esto sea un retroceso cuando se está buscando que la Cámara de Diputados, en una política exterior de Estado participe en la política exterior y la minuta ahora le quita facultades al Senado?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame diputado Muñoz Ledo. Oímos al diputado Gertz y a la diputada Rosalinda López y contesta usted sucesivamente, si es tan amable. Diputado Gertz.

El diputado Alejandro Gertz Manero(desde la curul): Gracias, señor presidente.

Diputado, ¿cómo propone su iniciativa incorporar los compromisos internacionales dentro del derecho interno?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Gertz. Diputada Rosalinda López. Perdón, Rosalina Mazari.

La diputada Rosalina Mazari Espín(desde la curul): Diputado Porfirio, ¿usted no cree que la diplomacia parlamentaria que se realiza en un Congreso es también una expresión de la política exterior del Estado o solamente la realiza el Poder Ejecutivo federal?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado, tiene usted sus preguntas. Gracias. Súmenle por favor 5 minutos en su tiempo al diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Muchísimas gracias, presidente.

En efecto, señor diputado, tenemos a discusión en nuestra comisión la minuta del Senado de la República sobre la Ley de Tratados que funde dos anteriores. Hemos recibido observaciones de casi todos los partidos. Sé que la que usted ha presentado en nombre del Partido de la Revolución Democrática tiene observaciones críticas que proceden.

El tema es éste: no existen en la Constitución, no existen ni los acuerdos interinstitucionales ni los acuerdos ejecutivos. De acuerdo con la Convención de Viena, todos los compromisos contraídos por un Estado se entienden como tratado.

En México se inventaron los acuerdos ejecutivos a solicitud de Estados Unidos de América. Esto significa que una dependencia del gobierno federal mexicano puede convenir con una dependencia del gobierno norteamericano o francés o ruso, para el caso es lo mismo. Esos acuerdos a veces no los conocía y muchos todavía no los conoce ni siquiera la Secretaría de Relaciones Exteriores. La iniciativa del Senado subsana ese asunto, que lo conozca la Secretaría, pero ¿y el Congreso?

No podemos estar de acuerdo en que se vuelvan a meter de contrabando acuerdos interinstitucionales. Haga de cuenta que la Secretaría de la Defensa Nacional hace un convenio con el Pentágono y no pasa por el Ejecutivo, no pasa por el Congreso de la Unión. Esta redacción establece claramente los límites de los tratados y no da lugar a inventar otras figuras que no existen en la legislación internacional.

Finalmente, por ser compromisos entre Estados multilaterales, regionales o bilaterales –hay muchos tipos de tratados- deben regirse por el derecho internacional. Lo digo porque eso hay que combatirlo.

El famoso ASPAN y la Iniciativa Mérida fueron firmados a espaldas del Congreso de la Unión. Y voy más lejos. El método para adoptar el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio en América del Norte no fue democrático, no hubo una verdadera consulta. Un solo legislador votó en contra, que es el de la voz, por cierto.

Entonces, no hubo ningún proceso de consulta ni de debate verdadero. No habrá más tratados, no debe haberlos, que no sean los que firme el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. No el jefe del Ejecutivo, de la Unión, no el Presidente de la República.

Ésa es una larga explicación técnica, así está el derecho de los tratados, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la nación, con la suscripción y ratificación del Congreso, y en casos de extrema gravedad, con la consulta popular. Muchas gracias.

Respecto de la internación de compromisos internacionales, mire usted, diputado Gertz Manero, aquí estamos con el asunto del huevo y la gallina. Porque de nada o de poco sirve que digamos que los tratados de derechos humanos, por ejemplo, tienen jerarquía constitucional.

¿En dónde los van a encontrar los jueces? El 133 dice que los jueces locales y federales se atendrán a los tratados internacionales para sus fallos. Lo primero es internarlos en la Constitución.

Yo no estuve de acuerdo en aspectos de la reforma sobre derechos humanos, porque se les da jerarquía constitucional, pero no se modifican los artículos de la Constitución que son contrarios a los tratados.

Lo que nosotros estamos proponiendo, hay el modelo americano. En Estado Unidos no se ratifican los tratados, se hace un below implementation, quiere decir: se definen las leyes que hay que cambiar, para que se pueda aplicar internamente.

Estamos promoviendo un método quizá más semejante al de Canadá que es: una vez que se ratifique el tratado, esta Cámara manda una iniciativa con los textos de ley que deben modificarse. Si tiene jerarquía constitucional, debe verse reflejada en las leyes. Las leyes no pueden ser contrarias a la Constitución y, también, nos manda a las legislaturas de los estados, se llama proceso de internación de tratados, que al margen de toda literatura jurídica es lo único que realmente permite que el espíritu, sí, y que la letra de los tratados internacionales se aplique en el ámbito interno.

Por último, los actores nacionales son el Congreso y el referéndum, pero esta iniciativa tiene una novedad que espero que no asuste a nadie. Esta iniciativa tiene dos nuevos principios: uno, que en la nación mexicana, oigan, la nación mexicana trascienda sus fronteras territoriales, ya están en documentos oficiales mexicanos.

Hay una nación que está más allá del territorio. El Estado nacional es territorial, la nación es extraterritorial y obliga al Estado mexicano a defender a sus nacionales en el extranjero y admite otro principio fundamental, que espero tomamos en cuenta en la discusión de la minuta del Senado sobre migración. El derecho a migrar es un derecho humano. Hay un derecho humano a la migración contenido en los pactos civiles y políticos de Naciones Unidas y a la convención sobre todo en los trabajadores migrantes y sus familiares.

Por último, hace universal el derecho de los mexicanos en el extranjero a votar en elecciones nacionales y establece un mecanismo de representación para que los mexicanos del extranjero puedan ser votados.

En una semana presentaré otro proyecto de iniciativa, en el que presentamos un mecanismo para que por fin se cumpla nuestra promesa de que voten en realidad los mexicanos en el extranjero...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Y puedan tener representación en este Congreso, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PT

Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, diputado federal a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de los artículos 72, 73, 76, 88, 89, 126, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Al final del siglo XX, el surgimiento de una nueva correlación de fuerzas ha cambiado radicalmente la estructura de poder en el mundo heredado por la Guerra Fría. Las grandes potencias y los países emergentes han buscado una mejor inserción en la nueva arquitectura global con base en su poderío científico, económico y militar, mientras que la mayoría de las naciones en desarrollo se ha mantenido al margen de las decisiones globales que más afectan al mundo contemporáneo.

La nueva agenda internacional pone en evidencia el alcance de la globalización y la creciente interdependencia entre los pueblos. Los propósitos y principios tradicionales de convivencia internacional han sido revalorados a la luz del surgimiento de nuevos actores y desafíos en la escena internacional. Paralelamente, ocurre un ejercicio de revisión de las prioridades de las políticas exteriores para consolidar sus posiciones con proyectos de largo aliento.

La adopción acrítica y subordinada del modelo neoliberal por México y la consolidación de la tecnocracia en el Estado generaron, entre otros males, el extravío de la política exterior y finalmente, su reconversión. La prestigiosa posición internacional de nuestro país se ha contraído a una presencia convencional y apenas reactiva frente a la dinámica de una avasalladora globalización, en la que ocupamos un papel subordinado.

Los gobernantes han dilapidado el histórico reconocimiento que la comunidad internacional nos había concedido y, con su ignorancia de la historia y escasa integridad, han colocado a nuestro país entre la rutina de la pasividad y el papel de comparsa de intereses hegemónicos.

Distinguidos expertos y diplomáticos que participaron en la coyuntura de la alternancia del año 2000 convocados por la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado (CERE), concluyeron en la urgencia de corregir el rumbo de la política exterior, construir los nuevos referentes e instrumentos, clarificar objetivos y replantear el diseño constitucional de la misma.

Es imperioso sentar nuestras acciones internacionales en los valores democráticos, en la equidad en las relaciones económicas y en el respeto a los derechos humanos para posicionar a México en la conformación de un nuevo orden mundial. Es necesario promover acuerdos multilaterales avanzados, más justos y creativos, que impulsen vínculos fundados en la cooperación política, económica e intercultural. Para ser respetados, debemos abolir el doble rasero y la simulación que nos hace mostrar hacia el exterior un rostro que no corresponde con la política interna del país.

Proponemos una reforma constitucional en materia de política exterior de Estado sustentada en los siguientes ejes rectores:

1. La articulación de la política exterior como una política de Estado.

a. La actualización de los propósitos y principios, así como de los órganos y actores responsables de la política exterior mexicana.

b. Interés nacional y política exterior.

2. Nuevo andamiaje constitucional para la interiorización y cumplimiento de las obligaciones internacionales.

a. Reconocimiento de jerarquía constitucional de las normas de derechos humanos contenidas en los tratados.

b. Implementación de compromisos internacionales mediante su incorporación al derecho interno.

c. Obligatoriedad efectiva de resoluciones en materia de derechos humanos emitidas por instancias internacionales.

3. Coordinar y definir responsabilidades en el diseño, ejecución y evaluación de la política exterior y celebración de tratados.

a. Establecer y delimitar el marco constitucional para la celebración de todo acuerdo internacional.

b. Fortalecer las facultades del Congreso de la Unión en materia de política exterior y celebración de tratados.

c. Establecer el referéndum como mecanismo de democracia directa para la aprobación de los tratados que así lo requieran.

d. Condiciones y límites para la celebración de tratados.

e. Constitucionalizar la creación de un órgano plural y participativo de la política exterior mexicana (Consejo Nacional de Política Exterior).

4. Definir objetivos y prioridades de la política exterior mexicana con un enfoque progresivo del derecho internacional.

a. Impulsar la integración de América Latina y el Caribe como una zona de paz, solidaridad y libre movilidad de las personas, a fin de crear una ciudadanía común y órganos de carácter supranacional.

b. El carácter extraterritorial de la nación mexicana y el derecho humano a migrar.

c. Derechos político-electorales y representativos de los mexicanos que se encuentran en el exterior.

Estas son las líneas de argumentación que justifican la presente iniciativa:

PRIMER EJE. LA ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR COMO UNA POLÍTICA DE ESTADO

La política exterior mexicana carece de visión de Estado. Los últimos gobiernos la han empleado para compensar la ilegitimidad y para encubrir la entrega de intereses fundamentales del país al extranjero. La subordinación ante el proceso de acumulación global ha estancado el desarrollo económico y relegado el ejercicio de la soberanía nacional.

Lejos de haber seguido una trayectoria lineal o uniforme, en el pasado la política exterior de México abanderó causas progresistas y pugnó por un orden internacional más justo. Son ejemplos de ello la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la concesión de refugio y asilo político, la condena internacional del belicismo y del expansionismo, la solidaridad con las naciones en desarrollo, la búsqueda activa de la paz y la aprobación de zonas libres de armas nucleares.

El llamado “consenso de Washington” indujo a numerosos países a la aprobación de acuerdos económicos internacionales en los que se privilegiaron los medios sobre los objetivos, se abolió la defensa de nuestra independencia y se promovió una integración asimétrica y lesiva para el desa-rrollo interno. Se renunció a una inserción digna dentro de la mundialización y se abandonaron las estrategias y principios soberanos que habían hecho posible la afirmación de la identidad nacional.

En ese contexto, grandes constructores de la diplomacia mexicana como Luis Padilla Nervo y Alfonso García Robles expresaron que “la defensa sin tregua de la autodeterminación de los pueblos es la esencia de la política exterior de un país históricamente amenazado” y también que “nuestro prestigio internacional consiste en el seguimiento de una política exterior propia, basada en principios, con visión global y ejercida con autonomía”. Por su parte, el jurista Jorge Castañeda enunció: “toda la diplomacia mexicana, bilateral, multilateral, económica, política y cultural tiene un objetivo central, compensar la terrible gravitación de los Estados Unidos sobre la vida nacional.”

El Estado mexicano debe definir su propia ruta de inserción en el orden multipolar, diversificar sus relaciones con otros países y así sumarse al ímpetu de las nuevas potencias emergentes con proyección global. No podemos someter nuestra política exterior a los dictados de los organismos financieros multilaterales y de concepciones importadas sobre la seguridad nacional. En todos los acuerdos debe prevalecer la consideración del interés nacional y para ello es necesaria una participación más amplia del Congreso, de los actores internos y de la ciudadanía.

Es indispensable definir en la Constitución una política de Estado soberana, en concordancia con un proyecto de nación, que no dependa de caprichos sexenales ni de presiones coyunturales. Dicha política exterior de Estado debe reunir los siguientes elementos básicos:

- Perseguir los más altos fines de la comunidad internacional.

- Reflejar el interés nacional y responder a la voluntad del pueblo soberano.

- Superar las visiones coyunturales o subordinadas, en nombre de un proyecto de desarrollo de largo plazo.

- Incorporar y coordinar en la política exterior los estándares internacionales que expresan la pluralidad democrática.

a. LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA. ÓRGANOS Y ACTORES RESPONSABLES

El ciclo neoliberal ha concentrado la riqueza en unos cuantos países y ha promovido una globalización excluyente que desdeña los proyectos y necesidades de la periferia; ha auspiciado la proliferación de actividades ilícitas como la trata de personas, el narcotráfico y la venta de armas. Al propiciar la desigualdad, la degradación del trabajo y la sobreexplotación de los recursos naturales ha contribuido al deterioro del medio ambiente y a fenómenos tan amenazantes como el cambio climático.

El Estado mexicano debe sostener que el respeto al derecho internacional es una condición indispensable para la justa solución de los problemas comunes conforme a relaciones solidarias y cooperativas. No obstante, en la reforma de 1988, al incorporar formalmente los propósitos y principios de las Naciones Unidas a nuestra Constitución, se atribuyó el cumplimiento de esos “principios normativos” al titular del Ejecutivo Federal, con exclusión del resto de los poderes públicos y de los agentes económicos, sociales y civiles que en la práctica tienen vínculos con el extranjero.

Por medio del llamado “soberanismo”, el antiguo régimen invocaba la autonomía política para incumplir en el interior las normas internacionales que habíamos suscrito e impulsado, a fin de mantener una imagen externa que no correspondía a nuestra realidad nacional. De ahí la importancia de que las resoluciones de tribunales internacionales sean acatadas por las autoridades mexicanas y que la política interior del país se adecúe con los propósitos y principios que sostenemos en el exterior.

En diversos debates ya se ha planteado la necesidad de ampliar los principios de la política exterior mexicana y compatibilizarlos con el interés nacional. La Comisión de Estudios para la Reforma del Estado propuso formular un título de la Constitución que integre todas las disposiciones referentes a la política exterior y a la celebración de tratados.

Así, planteamos su sistematización en un título octavo integrado por el artículo 133 reformado y un nuevo 134. Se proponen también modificaciones y adiciones correlativas en otras disposiciones constitucionales: al artículo 72 en lo referente a la iniciativa y formación de las leyes; a los artículos 73, 76, 88 y 89, por lo que hace a las facultades del Congreso, del Senado y del Ejecutivo de la Unión.

Esta iniciativa propone reformar el artículo 89 constitucional para que los propósitos y principios de la política exterior enumerados no sean exclusivos del Ejecutivo, sino de todo el Estado mexicano. Para ello, los traslada al primer párrafo del artículo 134 a fin de que diversos actores mexicanos sean responsables de su observancia:

La política exterior del Estado mexicano se regirá por los propósitos y principios de la convivencia internacional que ha contribuido a forjar y que están contenidos en los instrumentos de los que forma parte, primordialmente: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; la lucha por la paz y la seguridad internacionales; el respeto de los derechos humanos; el desarrollo sustentable de las naciones y la equidad económica internacional.

b. INTERÉS NACIONAL Y POLÍTICA EXTERIOR

El artículo 2° de la Ley del Servicio Exterior Mexicano estipula que la diplomacia debe ceñir su actuación al interés nacional. La Comisión de Estudios para la Reforma del Estado planteó la necesidad de definir constitucionalmente dicho interés a efecto de orientar adecuadamente la política exterior, dado que la falta de tal precisión ha dado lugar a que los gobiernos en turno y los propios funcionarios de la cancillería interpreten de modo circunstancial el contenido, los propósitos y los principios consagrados en la Constitución con un amplio margen de discrecionalidad.

Uno de los aciertos históricos de la diplomacia mexicana fue el apego al derecho internacional. Ello constituyó un escudo contra los abusos de los intereses hegemónicos y una posición de igualdad en negociaciones internacionales asimétricas. Las cancillerías extranjeras consideraron que la política “principista” de los mexicanos era la más pragmática de todas, pues con el auxilio de la ley procuraba una correlación de fuerzas favorable al más débil.

En este debate, hay quienes proponen explicitar en la propia Constitución que el interés nacional nunca debe ser contrario a los propósitos y principios consagrados, a efecto de no abrir una ventana legal a su inobservancia o a su franca contravención. Otros han sostenido que, habida cuenta de la diversidad de actores y situaciones en la esfera internacional, es necesario establecer además un método para definir y ajustar el concepto de interés nacional.

Esta iniciativa incorpora ambas posiciones. Establece un vínculo entre la política exterior y el contenido de los artículos 3º, 25 y 26 de la Constitución, en los que se precisan los intereses del país y el procedimiento para plasmarlos en los programas nacionales de desarrollo, que incluyen un capítulo de política exterior. Así, el artículo 3º determina que:

“... el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I ...

II ...

Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos...”

Al respecto, el artículo 25 indica:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución...”

Y en el artículo 26 se prevé:

“A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal...”

Así se expresa el mandato para correlacionar la política interna con la política exterior a fin de que ambas sean compatibles y se refuercen mutuamente. Por ello, la diplomacia mexicana y la política interior en ningún caso pueden ser contrarias a los valores y principios que sustentamos. Esto debe incluirse expresamente en el texto constitucional.

Además es necesaria la constitucionalización del Servicio Exterior como cuerpo representativo del Estado mexicano para la ejecución de la política exterior. En conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, éste deberá promover y salvaguardar el interés nacional mediante la protección de la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero; fomentar y mantener las relaciones entre México y la comunidad internacional; velar por el prestigio del país; intervenir en la celebración de tratados y su cumplimiento; participar en todo esfuerzo por la paz y seguridad internacionales y para la consecución de un orden internacional justo y equitativo; promover la cultura nacional, y coadyuvar a la mejor inserción de México en el mundo.

De esta manera los deberes atribuidos a la diplomacia mexicana en la ley tendrían un marco constitucional, y por lo tanto, deberán ser contemplados para la creación del capítulo relativo a la política exterior en el Plan Nacional de Desarrollo.

Sostenemos además que no debe repetirse en el futuro la práctica del candil y la oscuridad, según la cual aquello que postulamos en lo exterior se viola en el interior, en detrimento de nuestra congruencia política y fortaleza internacional. Por ello, proponemos la siguiente redacción en el segundo párrafo del artículo 134 constitucional:

Dicha política se orientará a la defensa y promoción del interés nacional conforme lo disponen el primer párrafo del artículo 25 y los artículos 3º y 26 de esta Constitución. El Plan Nacional de Desarrollo contendrá un capítulo de política exterior, cuyos lineamientos no podrán contradecir los propósitos y principios enunciados.

Es preciso afirmar el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ejecución de la Política Exterior. En ese sentido presentamos la adición de un séptimo párrafo al artículo 134:

El Ejecutivo de la Unión dirigirá la política exterior mexicana a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las dependencias competentes. Para tales efectos contará con un Servicio Exterior permanente integrado por funcionarios al servicio del Estado encargado de representarlo y de ejecutar la política exterior de México en el extranjero.

Por lo que se refiere a la concordancia entre la política interna y la política exterior, se establece el último párrafo del artículo 134:

Los poderes públicos garantizarán que la política interior concuerde con los propósitos y principios de la política exterior.

SEGUNDO EJE. NUEVO ANDAMIAJE CONSTITUCIONAL PARA LA INTERIORIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES

a. RECONOCIMIENTO DE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL DE LAS NORMAS DE DERECHOS HUMANOS CONTENIDAS EN LOS TRATADOS

La defensa irrestricta de los derechos humanos debe ser un principio rector de la política exterior del Estado mexicano. El proceso civilizatorio ha convertido a esos derechos en valores fundamentales. Su sistematización internacional ha supuesto que los organismos regionales y gobiernos nacionales los reconozcan con la más alta jerarquía en sus sistemas jurídicos, e incluso que la mayoría de las democracias avanzadas les otorguen jerarquía supraconstitucional.

El Estado mexicano ha soslayado esta tarea básica. Si bien los derechos humanos están contenidos en nuestro orden jurídico a través de los tratados internacionales, carecen de eficacia en el derecho interno. La impartición de justicia en México generalmente no recurre a la aplicación de estas normas ni éstas tienen –según la interpretación de la Suprema Corte del artículo 133 en la tesis P. LXXVII/99– la jerarquía suficiente para ser acatadas por encima de otras disposiciones que ofrecen menor protección a las personas.

Existe una percepción demitificadora respecto a la actuación del Estado mexicano en cuanto a la firma de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la expresa Mariclaire Acosta:

“Para el Estado mexicano los derechos humanos son fundamentalmente un asunto reservado para la diplomacia. El establecimiento de tratados y compromisos internacionales en la materia responde sobre todo a razones de política exterior. En el ámbito doméstico, la crítica situación de estos derechos, se ha dejado al sistema público de protección para los derechos humanos... cuya actuación ha tenido poco impacto real en la modificación de las prácticas y leyes que propician su violación. Las comisiones públicas de derechos humanos... rara vez invocan las normas internacionales de derechos humanos...”

La Carta de Naciones Unidas convierte en derecho positivo la tradición histórica de los derechos humanos y obliga a los Estados parte a la incorporación en sus sistemas normativos: “La primacía del Derecho internacional sobre el Derecho interno es clara... un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno para disculpar la falta de cumplimiento de sus obligaciones internacionales...”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 28 que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional que haga efectivos los derechos y libertades proclamados. Así, es imperativo que los contenidos normativos de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos sean reconocidos con jerarquía constitucional.

En ese contexto, planteamos adicionar al texto del primer párrafo del artículo 133 constitucional la siguiente redacción:

...Las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales tendrán jerarquía constitucional...

Ello permitiría tutelar todos los derechos de los niños, adolescentes, mujeres, trabajadores, campesinos, migrantes, discapacitados, indígenas, adultos mayores y otros, en los términos que estipulan los instrumentos internacionales.

b. IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISOS INTERNACIONALES MEDIANTE SU INCORPORACIÓN AL DERECHO INTERNO

México ha adquirido una gama inmensa de compromisos en los más de 1,300 instrumentos internacionales que ha suscrito.

La incongruencia más dramática entre la política externa e interna del Estado mexicano se expresa en la situación que genera el incumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos fundamentales, que no se han implementado y cuya jerarquía y contenido ignoran las autoridades y los juzgadores.

A fin de eliminar el parroquialismo y el letrismo en el sistema judicial, esta iniciativa propone construir una base legal para que los derechos contenidos en los tratados internacionales tengan garantía interna de cumplimiento. Para ello, es necesario atribuir a los Poderes Legislativos el deber constitucional de compatibilizar e implementar las normas contenidas en los tratados en las leyes de nivel federal y local, en concordancia con el principio pacta sunt servanda.

Al ratificar el Pacto de San José, el Estado mexicano contrajo la obligación que estipula su artículo 2: si el ejercicio de los derechos y libertades de esa convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Asimismo, la cláusula federal del artículo 28 de la misma convención prevé:

“1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención...”

Por ello proponemos que se adicione un segundo párrafo al texto del artículo 133 constitucional:

...El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán legislar a fin de incorporar al derecho interno las disposiciones de esos instrumentos. Cuando fuese necesario se introducirán las reformas constitucionales correspondientes...

c. OBLIGATORIEDAD EFECTIVA DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EMITIDAS POR INSTANCIAS INTERNACIONALES

El Estado mexicano debe acatar las sentencias y resoluciones internacionales en aras de la credibilidad y de la congruencia jurídica. Tenemos la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos contenidos en los dispositivos internacionales, a pesar de que éstos puedan estar en oposición a las normas nacionales, puesto que nuestro país ha reconocido la jurisdicción de los organismos internacionales en la materia y, conforme al Derecho Internacional, los Estados deben cumplir con lo pactado.

El preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por México en 1981, reconoce que los derechos esenciales del hombre no surgen por el hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana reconocidos por el ius gentium.

Existe en nuestro país una práctica sistemática de violación a los derechos humanos acreditada por diversas organizaciones nacionales e internacionales. Ello ha devenido en denuncias contra el Estado mexicano ante organismos internacionales y multinacionales; en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han resultado en sentencias condenatorias.

Numerosos Estados han recurrido al argumento de que la ejecución de las resoluciones de tribunales internacionales sería violatoria de la soberanía nacional, para excusarse de su cumplimiento. La Propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos, elaborada por organizaciones de la sociedad civil y académicos especialistas, expone lo siguiente:

“México, en ejercicio de su voluntad soberana, ha reconocido competencia contenciosa a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, por lo que las resoluciones que estos tribunales dicten en contra del Estado mexicano resultan obligatorias y deben cumplirse. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no se prevé un procedimiento de ejecución de sentencias internacionales, sino que se deja al derecho interno de cada Estado su regulación y ejecución.”

Ante un problema esencial de implementación, resulta indispensable elevar a rango constitucional la obligatoriedad de acatar y ejecutar las resoluciones en materia de derechos humanos de los tribunales internacionales a los que el Estado mexicano reconoce jurisdicción y competencia. El cumplimiento de dichas sentencias no implica una claudicación o sometimiento respecto de otros Estados, ya que dicha obligación ha sido contraída en el ejercicio de facultades soberanas. Se trata de salvaguardar la dignidad de las personas y sobre ésta no debe estar ningún prejuicio localista.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha contribuido a este despropósito al negarse a ordenar la ejecución de la sentencia del caso Radilla vs el Estado mexicano en los términos previstos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Convención de Viena en su artículo 27 prevé que un Estado parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado, menos aún cuando ha ratificado tal compromiso internacional; y tampoco debe colocar la soberanía nacional como pretexto para la impunidad y la prevalencia de las violaciones a los derechos humanos. Finalmente, la soberanía exterior de un país no es sino la expresión y el vehículo de la soberanía popular.

Las resoluciones sobre derechos humanos no son comparables con otra índole de tratados. Por ejemplo, para las resoluciones en materia comercial podríamos convalidar la negativa a su ejecución –con fundamento en la cláusula rebus sic stantibus– porque su vigencia ha acarreado perjuicios para la nación y su población. Por ende, resulta indispensable velar por el cumplimiento de las resoluciones a favor de las personas, pues un Estado que viola los derechos humanos difícilmente hará justicia a las víctimas por decisión de instancias internas, a no ser que reconozca plenamente la jurisdicción internacional.

Se propone la inclusión de un tercer párrafo en el texto del artículo 133 constitucional:

...Las resoluciones y sentencias en materia de derechos humanos emitidas por tribunales internacionales cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano serán de observancia obligatoria. Las leyes federales y locales establecerán las conductas punibles y los procedimientos correspondientes para la ejecución de las mismas...

TERCER EJE. COORDINAR Y DEFINIR RESPONSABILIDADES EN EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y CELEBRACIÓN DE TRATADOS

a. ESTABLECER Y DELIMITAR EL MARCO CONSTITUCIONAL PARA LA CELEBRACIÓN DE TODO ACUERDO INTERNACIONAL

Las relaciones internacionales han cambiado sustancialmente en las últimas décadas. La soberanía se encuentra en una etapa de redefinición, ya que la complejidad y diversidad de la realidad internacional supera actualmente los ámbitos tradicionales.

Con la Paz de Westfalia, las relaciones internacionales se estructuraron a través de la consolidación de los Estados-nación, cuyos fines inmediatos fueron preservar la independencia y la integridad territorial. Las soberanías monárquicas representaban la unidad nacional hacia el exterior y usualmente sus decisiones no podían ser objetadas al interior. Así, las únicas voces que se podían escuchar en el ámbito internacional eran las de los Jefes de Estado o de Gobierno.

Los parlamentos fueron los primeros órganos en influir y acotar la actividad del soberano en materia de política exterior. En la tradición liberal del siglo XVIII se introdujo una mayor participación popular en la toma de las grandes decisiones del Estado, lo que influyó directa e indirectamente en las relaciones internacionales.

Durante el siglo XX, devinieron cambios fundamentales en el sistema internacional hacia una nueva configuración de los balances de poder. En la primera posguerra, se hizo evidente la necesidad de crear un organismo internacional donde las naciones zanjaran sus diferencias, aunque pronto su eficacia fue puesta en entredicho.

La creciente interdependencia y contacto entre las regiones del mundo hizo necesaria la creación de organismos que atendieran un sinnúmero de asuntos que trascendían el ámbito estatal. Los Estados y los gobiernos por sí mismos no eran capaces de satisfacer cabalmente las demandas de la incipiente sociedad global.

A partir de la creación de Naciones Unidas, el orden jurídico internacional comenzó a adaptarse a esa realidad y paulatinamente incluyó como sujetos de derecho internacional a los organismos internacionales. De tal suerte, las relaciones internacionales se han diversificado al grado de que actores supranacionales, no gubernamentales e incluso sub-estatales como las entidades federativas, los organismos descentralizados y los poderes locales interactúan cotidianamente.

En nuestro país la administración pública federal, estatal y municipal ha suscrito acuerdos con entidades semejantes de otros países. Esta tendencia corresponde a un cambio sustantivo en la política de cooperación internacional: por ejemplo, al incorporarse México a la OCDE renunció a una modalidad vertical de cooperación. Nuestro recurso remanente es la cooperación horizontal y el logro de acuerdos de carácter local e institucional.

El hecho de que entidades públicas celebren acuerdos de cooperación y convenios institucionales ha generado un debate, ya que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece en su artículo segundo:

“Se entiende por ‘tratado’ un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.”

Lo anterior se refiere a los tratados celebrados entre Estados, cuyo procedimiento de celebración se encuentra consagrado en nuestra Constitución al establecer que el Ejecutivo firma los tratados y el Senado los aprueba.

El problema radica en que la Convención de Viena no menciona explícitamente a los acuerdos internacionales celebrados por dependencias u organismos descentralizados de la Administración Pública ni de las unidades sub-estatales de los países. En el caso de México, estos acuerdos sólo están previstos en la Ley sobre la Celebración de Tratados de 1992 en su artículo 2º, fracción II, que a la letra dice:

“‘Acuerdo interinstitucional’: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.”

Según esta ley, México puede celebrar dos tipos de instrumentos internacionales: los tratados y los acuerdos interinstitucionales. En los primeros, el Estado mexicano contrae la obligación como sujeto de derecho internacional; en los segundos, son las dependencias respectivas quienes la adquieren. A pesar de que no cuentan con personalidad jurídica internacional, pues no poseen el jus tracti, las instituciones contraen obligaciones internacionales y en el caso de las dependencias del Ejecutivo, comprometen al Estado nacional; lo cual carece de consistencia jurídica y es a todas luces inaceptable. Por tanto, los acuerdos interinstitucionales carecen de fundamento constitucional, lo que se ha tratado de resolver confusamente en la legislación secundaria.

Por la ausencia de un debido procedimiento constitucional para su celebración y aprobación, la entrada en vigor de los acuerdos interinstitucionales tan sólo requiere que sean firmados, sin el concurso de otro poder. Estos acuerdos no son publicados en el Diario Oficial de la Federación, por lo que su secrecía desatiende las políticas de transparencia y es difícil conocer de su existencia y contenido.

La ambigüedad jurídica de los acuerdos interinstitucionales deriva de la obligación internacional que imponen al Estado. Al exterior, algunos de estos acuerdos se asemejan a los tratados en el sentido de que implican la misma obligatoriedad frente al derecho internacional; no obstante, al interior estos acuerdos no poseen la jerarquía de tratados. Al carecer de ella, el artículo 133 constitucional no les reconoce el carácter de ley suprema de la Unión, por lo que algunos juristas los consideran simplemente disposiciones administrativas.

La Ley de Tratados es inconsistente al permitir el establecimiento de obligaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación particular, sin la sanción legislativa. En el mismo vicio incurre el proyecto de decreto para la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, ya que su diferenciación entre los acuerdos ejecutivos y los interinstitucionales es contraria al artículo 76 fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política.

Bajo la figura planteada de los “acuerdos ejecutivos” se permite al Ejecutivo celebrar tratados sin la aprobación del Senado, por lo que sus dependencias podrían, por ejemplo, firmar acuerdos comerciales, de exploración y explotación de hidrocarburos, energía eléctrica, ingreso de tropas extranjeras, entre otros asuntos de vital importancia para la Nación, requiriendo para ello tan sólo un dictamen favorable de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dicho mecanismo carece de contrapesos, puesto que la participación de dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, es menester para que el Estado mexicano quede vinculado jurídicamente a nivel internacional.

El “Memorándum de Entendimiento con Guatemala, en materia de Derechos Humanos de Migrantes”, concertado el 9 de junio de 2002 y el “Memorándum de Entendimiento en Relación con la Cooperación para Resguardar la Seguridad en la Frontera entre los dos países”, del 13 de junio de 2002, son ejemplos de acuerdos ejecutivos que no recibieron opinión alguna del Senado a pesar de que atienden asuntos fronterizos de vital importancia. Lo mismo podría decirse de ASPAN y de la Iniciativa Mérida, que de manera unilateral han modificado sustancialmente la esfera jurídica de nuestro país.

Nuestra legislación en materia de tratados es tan endeble que, además, se han distinguido al interior del país los tratados en materia económica del resto. Considerando que en el Derecho Internacional todos los acuerdos tiene la misma naturaleza jurídica, hacer distinciones es peligroso, sobre todo si se pretende establecer requisitos más laxos para algunos de ellos.

Prestigiados internacionalistas han expuesto que se han agregado nuevos ámbitos de cooperación –que rebasan con mucho las áreas comercial y económica, y abarcan como nueva área prioritaria la de seguridad– por medio de una serie de acuerdos administrativos o ejecutivos, que entrañan una importante cesión de soberanía y se pactan de manera desequilibrada y asimétrica entre gobiernos que dejan al margen la sanción legislativa.

Además, en opinión de diversos juristas existen tratados perniciosos que, a pesar de ser celebrados por el Presidente y aprobados por el Senado, afectan las competencias consagradas en el artículo 124 constitucional para las Entidades Federativas, sin la menor oportunidad de participación o consulta.

Por todo lo anterior, convendría clarificar en el texto constitucional –y no en una Ley que puede ser considerada inconstitucional– el carácter de los acuerdos interinstitucionales y ejecutivos sometiéndolos a la aprobación del Senado y del Congreso de la Unión, respectivamente.

Es pertinente precisar que esta propuesta no limitará a las instituciones públicas que celebran acuerdos con sus homólogos extranjeros en el desempeño de actividades académicas, científicas y de derechos humanos, pues sus vínculos con el exterior no comprometen a toda la nación. Por tanto, no es razonable ni deseable jurídicamente someter a la aprobación parlamentaria los acuerdos celebrados por Universidades o Consejos de Cultura, Ciencia y Tecnología cuando estos sean autónomos.

Proponemos la incorporación del siguiente texto en el último párrafo del artículo 133 de la Constitución:

Las Entidades Federativas y los municipios podrán celebrar acuerdos con entidades de otros países y organismos internacionales, siempre que no vulneren los intereses nacionales; en todo caso, serán aprobados por el Senado.

En lo que refiere a la celebración de acuerdos ejecutivos que comprometan a la nación, se propone en el segundo párrafo, fracción VI del artículo 73:

Los compromisos internacionales celebrados por el titular del Ejecutivo o por la Administración Pública Federal que afecten el interés nacional o la esfera jurídica de las personas serán sometidos a la aprobación del Congreso.

b. FORTALECER LAS FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR Y CELEBRACIÓN DE TRATADOS

La resistencia a superar las prácticas del presidencialismo autoritario y centralista constituye uno de los principales lastres del sistema político mexicano. La política exterior y la celebración de tratados se han inscrito igualmente en esta tendencia.

La confluencia de diversas tradiciones constitucionales ha propiciado subterfugios legales para reafirmar, en distintas épocas, la supremacía indebida del Ejecutivo sobre los otros poderes. En la figura del Jefe de Estado concurran personalidades jurídicas diferenciadas, que favorecen la acumulación del poder en una sola persona.

La zaga hispanoamericana, proveniente de la Constitución de Cádiz, estableció una monarquía constitucional que concentraba en el rey la primacía de las decisiones fundamentales, pero con limitaciones explícitas dictadas por las Cortes tanto en la esfera normativa como en la acción ejecutiva. Por otro lado, la tradición jurídica estadounidense subyace en la enunciación de que los Estados Unidos Mexicanos son el conjunto de las instituciones públicas federadas y municipales.

Por ello, una misma institución tiene tres acepciones distintas en nuestra historia y en el propio texto constitucional vigente. En la primera, como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se coloca a la cabeza de todas las instituciones públicas federales, estatales y municipales, según el artículo 80. En segundo lugar, la expresión de Presidente de la República alude a la tradición francesa, en el sentido de que la decisión nacional es unitaria, sin especificar la relación entre los componentes del Estado. Finalmente, se emplea la de Jefe del Ejecutivo Federal, con lo que se designa al responsable de un poder en uno de los órdenes de gobierno.

Esta confusión doctrinal ha permitido que el Ejecutivo Federal suscriba, bajo diversas personalidades, acuerdos internacionales que comprometen al país al margen de cualquier control congresual. Así, el poder centralizado ha contaminado desde antaño nuestras relaciones exteriores y le ha otorgado una autoridad excesiva al Jefe de Estado.

Desde el año de 1933 la Constitución atribuyó al Senado facultades exclusivas en materia de política exterior. Sin embargo, el sometimiento de éste al Presidente de la República en el sistema de partido hegemónico derivó en que el Ejecutivo impusiera su voluntad y cancelara así la participación de otras entidades políticas y sociales que también son protagonistas en las relaciones internacionales.

Ante la recomposición de las fuerzas políticas en el país y la nueva estructura de la globalidad en el siglo XXI, se torna esencial que la pluralidad sea partícipe de las decisiones sobre la convivencia internacional.

Gran número de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Haití, Noruega, Paraguay, República Dominicana y Uruguay prevén en sus constituciones que sea el Congreso en su conjunto quien apruebe los tratados internacionales, o cuando menos los acuerdos en materia económica y comercial.

Consideramos necesario constitucionalizar la participación de ambas cámaras en la legislación y el análisis sobre la política exterior, así como en las diversas fases de adopción de los instrumentos internacionales. Se propone facultarlas para que analicen las acciones del Estado relacionadas con la protección de los derechos de los migrantes, argumentación que presentaremos posteriormente.

Originariamente las facultades del Senado provenían del carácter representativo que las entidades delegaban a este órgano de la Federación; sin embargo, las reformas políticas recientes han modificado su naturaleza. La actual composición de esta Cámara rompió con la tradición de representación paritaria de las entidades a la luz del pacto federal e incorporó una lista de representación proporcional para los partidos políticos. Por tal motivo, en la aprobación de los tratados no se manifiesta estrictamente la voluntad de los estados ni existe razón suficiente para excluir de tal encomienda a los diputados.

En ese sentido, las atribuciones sobre política exterior a la Cámara de Diputados no son nuevas. Desde 1824 la Constitución confirió esta función al órgano representativo popular; con la reinstauración del Senado en 1874, se otorgó de manera exclusiva a éste. La realidad actual exige que la representación popular participe también de estas decisiones. Ello significa democratizar la aprobación de los instrumentos internacionales y reconocer el peso específico de la Cámara de Diputados ante el pacto federal, al asignar al Senado el carácter de Cámara de origen en su atribución para legislar en materia de política exterior y celebración de tratados.

Por otra parte, la iniciación y la suspensión de relaciones diplomáticas comprometen al Estado nacional, a los poderes federales y a los órdenes de gobierno. Estos actos no pueden estar sujetos exclusivamente a la discrecionalidad del Ejecutivo: deberían merecer, cuando menos, el debate y la aprobación del Senado, a efecto de otorgar transparencia a estas decisiones y eficacia a las facultades de dicho órgano legislativo. Poco sentido tendría la simple ratificación del nombramiento de agentes diplomáticos y consulares sin incluir la atribución de opinar y juzgar sobre la conveniencia de establecer o mantener las relaciones que dan origen a la representación política del Estado.

Diversos especialistas han argumentado en fechas recientes que el cierre o apertura de relaciones diplomáticas o consulares tiene consecuencias sobre la política exterior y en ocasiones forma parte integrante de la misma. Los argumentos de carácter económico o de seguridad que suelen presentarse cuando se retira a un representante diplomático o consular no logran ocultar las prioridades en las relaciones con otros Estados y comunidades que mediante estas acciones expresa la diplomacia mexicana. De ahí la conveniencia de otorgar al Senado la facultad de discutir y aprobar tales actos definitorios de la política exterior.

Por lo que hace a la autorización del Congreso para que el Presidente de la República salga del país, desde la Constitución de Cádiz se estableció que: “No puede el Rey ausentarse del reino sin consentimiento de las Cortes; y si lo hiciere, se entiende que ha abdicado la corona”, ello para evitar sucesos como el cautiverio del rey Fernando VII, que desarticuló a la monarquía española.

Por razones semejantes, las constituciones posteriores de México conservaron ese principio. La Constitución de 1824 preveía en el artículo 112 fracción V: “El presidente, y lo mismo el vicepresidente, no podrá, sin permiso del Congreso, salir del territorio de la República durante su encargo y un año después”. La de 1857, en su artículo 84: “El presidente no puede separarse del lugar de la residencia de los poderes federales, ni del ejercicio de sus funciones, sin motivo grave calificado por el congreso, y en sus recesos por la diputación permanente”. Y en la de 1917, el artículo 88 dispuso: “El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión”.

En 2008 se reformó la Constitución para permitir la salida del Presidente de la República hasta por 7 días sin necesidad de la aprobación del Congreso. Aduciendo un asunto coyuntural, esta propuesta culminó una componenda entre las fuerzas políticas principales que, al alternarse en el poder, desean conservar plena libertad para que el titular del Ejecutivo eluda los controles parlamentarios.

Se argumentó que la decisión de realizar gestiones diplomáticas en el exterior debe corresponder al Presidente, en virtud de su facultad exclusiva para la conducción de la política exterior. Ello es contrario a nuestra tradición constitucional, que se funda en las condiciones de la política interna que aconsejan o no las salidas del territorio. Por lo que dichas ausencias requieren permiso congresual, independientemente de que se trate de gestiones internacionales o simples vacaciones.

Tal reforma no sólo arrebató al legislativo el control sobre las salidas del titular del Ejecutivo, sino que llegó al extremo de permitir ausencias por 7 días consecutivos sin especificar el número de las mismas; con ello, el Presidente podría ausentarse casi todo el año, permaneciendo un solo día a la semana en el país.

Se ha argüido que la globalización y la multiplicación de foros internacionales obligan al Jefe de Estado a viajar fuera del país con mucha mayor frecuencia que en el pasado, y que en tiempos de la cibernética se puede gobernar desde el extranjero. Ambos enunciados son falaces, ya que debe existir un vínculo territorial entre el Jefe del Estado y su país por razones jurídicas, por eficacia política y por respeto a los gobernados. Es inexacto que la presencia en el exterior sea indispensable para el Jefe de Estado, pues en buena parte de los actos predominan las formalidades intrascendentes y el objetivo real es utilizarlos como propaganda oficial. Por ello, sería conveniente estimular el nombramiento de funcionarios de alto perfil que puedan sustituir al Jefe del Estado y que tengan responsabilidad ante el Congreso.

Bastaría mencionar que en la actual gestión el ocupante del Ejecutivo ha pasado 174 días en el extranjero durante 49 viajes, y esos desplazamientos han significado una erogación total de casi 75 millones de pesos –que representa un 40% más que su antecesor en un mismo periodo de tiempo-, dichos gastos se reducirían sensiblemente si se suprimieran los séquitos presidenciales y, más aún, si las delegaciones fueran encabezadas por funcionarios de mayor rango.

A fin de conciliar esos extremos, proponemos que el titular del Ejecutivo sólo pueda ausentarse 5 días consecutivos sin permiso del Congreso, pero que en ningún caso pueda permanecer más de 30 días al año en el extranjero. Cuando estos viajes impliquen gestiones internacionales, deberá rendir cuentas al Congreso.

Es necesario frenar la tendencia que desvincula al Presidente de sus obligaciones con la nación y los otros Poderes de la Unión, so pretexto de colaboración y fluidez para la gestión ejecutiva. Es propio de un sistema democrático, fundado en atribuciones explícitas y equilibrios políticos, que las facultades del Ejecutivo no menoscaben la supervisión, el control y la rendición de cuentas que corresponden a otros órganos del Estado.

Es pertinente incluir la siguiente redacción al inciso H del artículo 72, a las fracciones IV, V y VI del artículo 73, a la fracción I del artículo 76, al artículo 88 y a la fracción X del artículo 89 de la Constitución:

Artículo 72. [...]

H. [...] la Cámara de Diputados; los que se refieran a la política exterior y celebración de tratados se discutirán primero en la Cámara de Senadores.

Artículo 73. [...]

IV. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.

V. Para legislar en materia de política exterior y celebración de tratados internacionales. Para examinar la conducción de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo de la Unión, supervisar su ejecución y solicitar en cualquier tiempo las explicaciones que estime pertinentes al Secretario de Despacho correspondiente. Asimismo, para analizar las labores de protección y promoción de los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior.

Por lo que hace a la observancia de los tratados, ambas cámaras podrán llamar a comparecer a toda autoridad pública responsable de aplicarlos.

VI. Para aprobar los tratados internacionales que suscriba el Ejecutivo de la Unión, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, en los términos que disponga la ley. Todo acuerdo internacional que comprometa a la Unión tendrá carácter de tratado.

Los compromisos internacionales celebrados por el titular del Ejecutivo o por la Administración Pública Federal que afecten el interés nacional o la esfera jurídica de las personas serán sometidos a la aprobación del Congreso.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Aprobar la iniciación y suspensión de relaciones diplomáticas, así como la apertura o el cierre de misiones diplomáticas y consulares.

Artículo 88. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por cinco días, informando previamente de los motivos de la ausencia al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a cinco días consecutivos, se requerirá permiso del Congreso o de la Comisión Permanente. En ningún caso podrá permanecer en el extranjero más de 30 días al año.

Artículo 89 [...]

X. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados internacionales en representación de los Estados Unidos Mexicanos, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso.

En aras de la democratización de la aprobación de los tratados, proponemos la siguiente modificación al párrafo primero del artículo 133, a fin de involucrar a la Cámara de Diputados en el proceso:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados celebrados y que se celebren por el Ejecutivo de la Unión, aprobados por el Congreso, serán la Ley Suprema de la República.

Es necesario también fortalecer las facultades del Congreso en materia de política exterior con la adición de un cuarto párrafo al artículo 133:

El Ejecutivo solicitará al Congreso autorización para iniciar la negociación o revisión de un tratado, a efecto de involucrarlo en el proceso y facilitar su posterior aprobación.

c. ESTABLECER EL REFERÉNDUM COMO MECANISMO DE DEMOCRACIA DIRECTA PARA LA APROBACIÓN DE LOS TRATADOS QUE ASÍ LO REQUIERAN

La conducción de la política exterior recae en manos del titular del Ejecutivo de la Unión, como resabio de una profunda tradición monárquica que sostiene que el rey es el representante del Estado soberano. Las repúblicas presidencialistas conservan esta tradición en diversos grados de centralización.

Nuestra Constitución reconoce la dirección de la política exterior y la celebración de los tratados internacionales como facultades exclusivas del Ejecutivo, otorgando algunas facultades limitadas al Senado. Esto responde a que el Presidente, al ser electo popularmente, es el primer mandatario y por lo tanto debe representar y defender los intereses de la nación. Sin embargo, como hemos señalado, la política exterior mexicana está sometida a visiones sexenales y en ocasiones a los intereses de los actores económicos y políticos, lo cual vulnera la existencia de una verdadera política de Estado.

A mayor abundamiento, la evolución de los regímenes políticos contemporáneos apunta a entregar la responsabilidad de la política exterior al Jefe de Gobierno, que a su vez es designado por el Parlamento y responde políticamente frente a éste. En no pocos casos, la conducción de la política exterior motiva las mociones de censura y aun la sustitución de los gobiernos por cuenta de los parlamentos.

En los regímenes presidenciales el Jefe del Estado mantiene la conducción de la política exterior, mas las facultades del Congreso para contribuir a la determinación de esa política son amplias y reconocidas, como lo son la necesidad de la consulta popular vía referéndum para compromisos internacionales de gran envergadura. Sin duda, existen decisiones de política exterior que deben ser consultadas y debatidas por los actores sociales, ya que en el caso de México una gran cantidad de acuerdos que afectan la situación jurídica, económica y política de la ciudadanía han sido firmados a espaldas de los diversos actores nacionales.

Muchas naciones han instituido figuras de democracia directa en la toma de decisiones fundamentales como mecanismo de aprobación de sus leyes, así también de los tratados internacionales, acuerdos o convenios que implican una modificación a las instituciones públicas o a la esfera jurídica de sus gobernados y que conlleven una transformación en la forma de ejercer la soberanía del Estado o comprometan la economía o sus recursos naturales.

Un ejemplo es la Constitución Francesa que en su artículo 11 establece:

“El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno y mientras dure el período de sesiones, o a propuesta conjunta de las dos asambleas, publicadas en el Boletín Oficial (Journal Officiel), podrá someter a referéndum cualquier proyecto de ley que verse sobre la organización de los poderes públicos, sobre reformas relativas a la política económica y social de la Nación y a los servicios públicos que concurren en ella, o que proponga la ratificación de un tratado que, sin ser contrario a la Constitución, pudiera tener incidencias en el funcionamiento de las instituciones.”

La Constitución Federal de la Confederación Suiza estipula en su artículo 141 el referéndum facultativo como mecanismo de aprobación de los tratados en los siguientes supuestos:

“d. los tratados internacionales que:

1. tengan una duración indeterminada y no sean denunciables;

2. prevean la adhesión a un organismo internacional;

3. contengan disposiciones importantes que fijen las reglas de derecho o cuya ejecución exija la adopción de leyes federales”

En América Latina, constituciones como las de Ecuador, Bolivia y Venezuela, que cuentan con regímenes presidenciales, han adoptado también esta figura para la aprobación de los tratados internacionales.

No existe razón jurídica ni política que impida la consulta popular para la aprobación de determinados instrumentos internacionales, pues son los ciudadanos los principales beneficiados o afectados por dichos compromisos, de ahí que su participación sea necesaria.

Es inaceptable argumentar que el desconocimiento y desinformación de la ciudadanía son razones suficientes para no incluirla en la toma de decisiones; en todo caso, el Estado tienen la obligación de crear mecanismos y espacios de discusión para llevar a cabo estos fines. Reconocer el derecho del pueblo al referéndum en la aprobación de la instrumentación internacional constituye una gran oportunidad para permear a otros procedimientos de la vida pública nacional.

Resulta impostergable la incorporación de los mecanismos de democracia participativa en el proceso de aprobación de los instrumentos internacionales que modifiquen sustancialmente el régimen jurídico-político o que comprometan el ejercicio de la soberanía y el desarrollo económico de los mexicanos.

Proponemos añadir a la Constitución un quinto párrafo en el artículo 133:

Los tratados que modifiquen la estructura o funcionamiento de las instituciones republicanas, los que contraríen los propósitos del desarrollo nacional establecidos en el artículo 25 constitucional y los que impliquen integración con otros Estados deberán ser sometidos a consulta popular y aprobados por referéndum.

d. CONDICIONES Y LÍMITES PARA LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

La negociación y suscripción de acuerdos internacionales debe ceñirse a los propósitos y principios de la política exterior, a fin de hacer prevalecer el interés superior de la nación y propiciar la convivencia pacífica entre los Estados.

La memoria histórica registra tratados y acuerdos internacionales gravemente lesivos para el país, tales como los de Guadalupe Hidalgo, McLane-Ocampo, Bucareli y recientemente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ello obliga a establecer parámetros claros y límites explícitos para la celebración de todo acuerdo internacional.

Como ya se mencionó, el marco normativo debe comprender cualquier género de acuerdos, incluyendo los ejecutivos e interinstitucionales, a efecto de que ninguno quede fuera de la supervisión de la opinión pública y de la aprobación de los órganos legislativos cuando afecten el interés nacional.

La enunciación de límites a la celebración de tratados se encuentra contemplada en legislaciones de otros países, por ejemplo en la Constitución ecuatoriana:

“Art. 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.”

Consideramos por todo lo expuesto, que debe incorporarse la siguiente redacción al sexto párrafo del artículo 133 constitucional:

No podrán celebrarse tratados, acuerdos o convenios que vulneren el ejercicio de la soberanía nacional, que permitan la intervención militar extranjera en territorio mexicano o que limiten o restrinjan los derechos de los gobernados.

e. CONSTITUCIONALIZAR LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO PLURAL Y PARTICIPATIVO DE LA POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA (CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA EXTERIOR)

La Comisión para la Reforma del Estado ha criticado la falta de coordinación en el diseño y práctica de la política exterior mexicana debido a la complejidad del proceso de globalización y al gran número de foros de concertación a nivel internacional, regional y bilateral que obligan al país a guardar la debida coherencia en todos ellos.

Se requiere una visión estratégica de largo plazo sobre las necesidades y objetivos del desarrollo nacional en la que participen los diversos actores aun cuando tengan agendas distintas o incluso contrarias a la gubernamental.

Es preciso crear un órgano cuya composición garantice la inclusión de un mayor número de actores calificados en la toma de decisiones sobre la vida internacional; deberá también fortalecer la especialización en el diseño, coordinación y vigilancia con la opinión de expertos. La actuación del Ejecutivo y el Legislativo en política exterior deberá desa-rrollarse con el concurso de un órgano conformado por diversas entidades.

En la práctica diplomática, las embajadas y consulados de México se esfuerzan en coordinar a los diversos actores públicos y privados del país que participan en actividades internacionales, lo que hace más patente la necesidad de un órgano que articule el diseño y la planeación de la política exterior.

Con ese espíritu se estableció en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, recientemente aprobada, un Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que integra a los principales actores involucrados en esos procesos; no obstante, las observaciones formuladas por el Ejecutivo a ese proyecto regatearon la participación del Congreso con el fallido argumento de la exclusividad absoluta del Ejecutivo en la dirección de la política exterior.

Es necesario facultar al Congreso de la Unión para crear el Consejo Nacional de Política Exterior, que deberá estar integrado por representantes de los poderes públicos federales, estatales y municipales, e incorporar la opinión de los actores económicos, sociales y culturales que participan en la convivencia internacional.

Este Consejo se establecerá como un órgano de Estado de carácter consultivo. Auspiciará la búsqueda de consensos mediante la coordinación de distintos actores y analizará los retos actuales del orden jurídico internacional. Además vigilará en todo tiempo el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el derecho internacional.

Se propone la inclusión de un párrafo octavo en el artículo 134 constitucional:

El Congreso de la Unión establecerá el Consejo Nacional de Política Exterior, que contribuirá al diseño, coordinación y evaluación de las relaciones internacionales del país. Dicho Consejo deberá incorporar a las entidades económicas, sociales, cívicas y culturales que realicen actividades o mantengan vínculos con el exterior.

CUARTO EJE. DEFINIR OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE LA POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA CON UN ENFOQUE PROGRESIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL.

a. IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE COMO UNA ZONA DE PAZ, SOLIDARIDAD Y LIBRE MOVILIDAD DE LAS PERSONAS, A FIN DE CREAR UNA CIUDADANÍA COMÚN Y ÓRGANOS DE CARÁCTER SUPRANACIONAL.

Los intentos para crear una Comunidad Latinoamericana y del Caribe se remontan al principio mismo de nuestras independencias nacionales. Los pueblos de la región comprendieron la importancia de enfilar a los nacientes Estados hacia un destino común que los uniera ante las agresiones imperialistas, tanto de nuestro vecino del norte como de potencias europeas.

El político y diplomático mexicano Isidro Fabela afirmaba que “[...] la historia del monroísmo en América no es otra cosa que la historia de las intervenciones positivas de los Estados Unidos en los países hispanoamericanos o bien la actitud negativa de esa gran potencia, permitiendo numerosas intervenciones europeas en este hemisferio...”.

El proyecto de la unión latinoamericana planteada desde principios del siglo XIX por Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Francisco Morazán y José María Morelos, entre otros, ha quedado como una asignatura pendiente que es necesario revitalizar y materializar en el presente siglo.

Es indudable que la identidad mexicana es más próxima a una concepción latinoamericana, incluyente y solidaria con los pueblos del Caribe, que corresponde a vínculos culturales antiguos y a un proyecto político común. Ciertamente, el proceso de integración demográfica y económica hacia el norte, debe ser compensado por relaciones internacionales más simétricas y por la creación de un polo orgánico de intereses compartidos entre las naciones de nuestro continente cultural.

En los últimos años, el enfriamiento o la rispidez de relaciones diplomáticas históricamente armoniosas como en el caso de Cuba y Venezuela, además de las tensiones generadas con diversos países latinoamericanos, constituyen la evidencia irrefutable de que los últimos gobiernos se han alejado de la tradición diplomática mexicana y han desdeñado sus formas y contenidos.

Estamos convencidos que la cooperación para el desarrollo regional es un medio idóneo para enfrentar las consecuencias nocivas impuestas por la globalidad. También para equilibrar las relaciones políticas mundiales por medio de procesos de integración equitativos y consistentes, que contribuyan a la creación de un mundo multipolar más justo.

La gran cantidad de convenios, mecanismos de cooperación y organismos intergubernamentales en Latinoamérica refleja el avance en esta dirección, trátese de acuerdos regionales o subregionales que han dado origen a más de un centenar de instituciones internacionales, muchas de las cuales carecen ya de vigencia y que podrían ser integradas en una organización de mayor alcance y eficiencia.

Recientemente se llevó a cabo en Cancún la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, en la que se reunieron los Jefes de Estado y de Gobierno de todos los países de la región, con excepción de Honduras. El principal resultado fue la Declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe por la que se creará la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

A pesar de las diferencias de origen étnico, cultural o de cualquier otra índole, el acercamiento del Caribe con América Latina se debe tanto a la vecindad geográfica como a las similitudes históricas y a la situación colonial a la que fuimos sometidos; además, por la enorme cantidad de problemas comunes y de coincidencias posibles en nuestros proyectos políticos, económicos y sociales.

El espíritu comunitario se sustenta en un diálogo intercultural con las múltiples naciones de nuestra región, respetando en todo momento la pluralidad y diversidad. La Unión Europea ha incluido naciones de diversos orígenes culturales como los pueblos latinos, germanos, anglosajones, eslavos y nórdicos, por mencionar algunos. La diversidad en su composición no ha sido pretexto para abandonar el esfuerzo de un proyecto común.

En el escenario actual de conformación de bloques, excluir a los países caribeños en la comunidad latinoamericana significaría una ausencia de compromiso regional y de voluntad política para construir un espacio económico y político capaz de sumar nuestras potencialidades y contribuir a un mundo multipolar. A pesar de que tenemos distintos grados de afinidad con esas naciones, compartimos un gran número de carencias y aspiraciones.

Debemos avanzar hacia la verdadera integración política, social y económica que permita no sólo el libre paso de mercancías, sino también de las personas; la creación de una ciudadanía latinoamericana y caribeña, y la formulación de una política exterior coordinada que defienda los intereses de la región, la biodiversidad y los recursos naturales que hacen de América Latina una región estratégica.

Las aspiraciones de integración latinoamericana ya han sido reflejadas de manera específica en los textos constitucionales de varios países de la región.

Sobre el particular, la Constitución ecuatoriana prevé en los artículos 416 y 423 lo siguiente:

“Art. 423. La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a:

1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica internacional común; el fomento de políticas de compensación para superar las asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado.

2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desa-rrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria.

3. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con los principios de progresividad y de no regresividad.

4. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para las industrias culturales.

5. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en la región; la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio.

6. Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de la región.

7. Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter supranacional conformadas por Estados de América Latina y del Caribe, así como la suscripción de tratados y otros instrumentos internacionales de integración regional.”

Por su parte, las Constituciones de Brasil, Argentina y Venezuela, entre otras ya prevén también la creación de una integración latinoamericana y del Caribe.

Por todo lo expuesto proponemos la siguiente inclusión constitucional en el tercer párrafo del artículo 134:

Procurará la formación de una comunidad de naciones latinoamericanas y del Caribe a fin de establecer una zona de paz, libre movilidad de las personas, concertación política, asociación económica, proyecto comunitario e identidad pluricultural. Promoverá la conformación de organismos supranacionales entre esos Estados que posibilite la creación de una ciudadanía común.

b. EL CARÁCTER EXTRATERRITORIAL DE LA NACIÓN MEXICANA Y EL DERECHO HUMANO A MIGRAR

Las naciones se conforman a través de procesos históricos, culturales, lingüísticos y poblacionales que no corresponden a las fronteras territoriales de los Estados. Así, en Europa se manifiesta la convivencia de distintas naciones dentro de un mismo Estado, y también la existencia de naciones que se han extendido en diversos Estados.

Este fenómeno de movilidad no ha sido ajeno al caso mexicano. Esto ocurre desde la firma de los Tratados de Guadalupe Hidalgo, por los cuales se reconocieron derechos originarios a los mexicanos que permanecieron del otro lado de la frontera que entonces se estableció. El propio Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 reconoció que la nación mexicana trasciende sus fronteras geográficas.

La migración y el establecimiento de un gran número de mexicanos que mantienen vínculos culturales y económicos con México aun en el extranjero obligan al Estado, a las entidades federativas y a los municipios del país a velar por sus derechos y a promover nuestra permanente relación con ellos, independientemente de su calidad migratoria.

Es del conocimiento público que la gran mayoría de ellos son indocumentados, lo cual los coloca en un estado de vulnerabilidad para el ejercicio pleno de sus derechos. Paulatinamente se han tomado medidas para superar esta situación, entre ellas, el reconocimiento de la doble nacionalidad. En este sentido, la Constitución mexicana se reformó el 20 de marzo de 1997 para reconocer que la asunción de otra nacionalidad no implica la pérdida de la mexicana. Se argumentó entonces que:

“Existe la necesidad de establecer un estricto control sobre la No Pérdida de la Nacionalidad Mexicana, las dobles o múltiples nacionalidades, para garantizar la cobertura de sus derechos, especialmente consulares, así como los políticos y patrimoniales en el orden interno, por lo que el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dar por concluido el compromiso internacional de nuestro país con la Convención de Montevideo de 1933, que establece el Principio de la Nacionalidad Única, cuyos efectos cesarán para México, el 10 de marzo de 1998...

...Establecer la No Pérdida de la Nacionalidad mexicana por nacimiento, independientemente de que se adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía, con el objeto de que los mexicanos residentes en el extranjero puedan optar por la adquisición de otra nacionalidad, con todos los beneficios que ello implique, sin perder su nacionalidad mexicana. Dichos beneficios son, entre otros, el mejoramiento de las condiciones de vida del mexicano residente en un país extranjero al adquirir la nacionalidad del lugar, lo cual se traduce en mayores medios de protección contra cualquier tipo de discriminación y mejores perspectivas económicas, sociales y culturales”.

El carácter extraterritorial de la nación mexicana no responde a fines expansionistas o de reconquista, que serían contrarios a los propósitos y principios que postulamos y cuya observancia exigimos a la comunidad internacional, tales como la no intervención y el respeto a la soberanía de los Estados.

El Estado mexicano debe asumir la responsabilidad de proteger los derechos de los connacionales residentes en el extranjero, reconociendo que a pesar de estar más allá de las fronteras, mantienen vínculos estrechos con el país. Es reprochable el abandono para el ejercicio de sus derechos, igualmente la incomprensión hacia sus esfuerzos por conservar y mantener viva la cultura mexicana en el extranjero.

Las corrientes migratorias constituyen un fenómeno repetido a lo largo de la historia que se ha exacerbado durante los últimos decenios por el incremento de las relaciones económicas internacionales y el proceso de globalización. De hecho, constituye un tema primordial de la nueva agenda internacional, que ha sido motivo de convenciones y tratados internacionales y a menudo objeto de conflictos sociales y políticos. Requiere un tratamiento correspondiente a la progresividad de los derechos humanos y a los innegables beneficios que representa para los países receptores la incorporación de mano de obra, talentos y expresiones culturales a su propio desarrollo.

Con la inequitativa distribución del ingreso en nuestro país y la disminución alarmante del nivel de los salarios reales, se ha agudizado el fenómeno de la migración y plantea la necesidad de una revisión de los acuerdos internacionales en la materia. Por desgracia, el TLCAN no previó el libre flujo de las personas como ha ocurrido en todos los procesos de integración convenidos en otras regiones del mundo.

El carácter asimétrico de las relaciones establecidas en ese tratado hacía presumir un aumento acelerado de los flujos migratorios que desde de la vigencia de dicho documento suma alrededor de 9 millones de personas, es decir, cerca de la mitad de los que habían emigrado durante el resto del siglo XX. Cabe recordar que a la libre circulación de las mercancías, servicios y transacciones financieras, en Europa se han añadido la libertad de tránsito y de residencia en cualquier otro país de la Unión, lo que no ha ocurrido en nuestra relación con América del Norte.

Bajo la apariencia de un tratado de libre comercio se esconde un proceso avanzado de integración, que comprende la recepción de fuerza de trabajo para efectos económicos, pero que al mismo tiempo la combate, la discrimina y le niega el reconocimiento de sus derechos. Esto no puede ser la base de una relación armoniosa y justa entre nuestros países. La migración es el tema actual de desencuentro y el principal saldo pendiente de la agenda bilateral, pues el intenso y desigual intercambio comercial entre México y los Estados Unidos ha creado un mercado de facto que las autoridades de ese país se niegan a regularizar: el mercado laboral.

Los trabajadores migratorios han realizado grandes aportaciones a la economía norteamericana y también a la mexicana. Actualmente, a pesar de la crisis, se siguen recibiendo más de 20 mil millones de dólares anuales en remesas, lo que representa el mayor ingreso de dólares al país sólo por debajo del tráfico de drogas. A pesar de ello, ninguno de los dos gobiernos ha asumido las responsabilidades que tienen con estos trabajadores y sus familias.

Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense ( American Community Survey) de la Oficina del Censo de 2008, se calculaba en los Estados Unidos 46’822,000 personas de origen hispano, de las cuales 30’747,000 son de origen mexicano. De este último número de personas, 19’375,000 nacieron en Estados Unidos y 11’372,000 en México, aunque no se incorpora la cifra exacta de los indocumentados.

El Estado mexicano no puede ser pasivo ante medidas arbitrarias y denigrantes como la construcción de muros fronterizos y las leyes que pretenden criminalizar, por mera apariencia y condición étnica, a los latinoamericanos.

El recrudecimiento de la política antimigratoria en los Estados Unidos, por la Ley SB 1070 del estado de Arizona, nos obliga a reforzar la defensa de nuestros compatriotas en ese país. Es ineludible la responsabilidad del Estado mexicano en la activa promoción del respeto y la garantía de los derechos individuales, civiles, políticos, laborales y culturales de los nacionales en el extranjero.

Es necesario reconocer que la migración es un derecho inalienable. Conforme al numeral 2 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

“2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.”

Deben crearse mejores condiciones económicas y sociales para que los mexicanos permanezcan en el país. Si bien la migración es un derecho fundamental, reconocido por instrumentos internacionales, es pertinente implementar políticas internas y mecanismos de solidaridad internacional que protejan tanto a los que deciden salir de su país como a los que desean permanecer en él. La decisión de migrar debe ser un acto libre y voluntario de las personas y no el último recurso ante las circunstancias económicas.

Diversos Estados nacionales cuyas poblaciones poseen altas tasas de emigración han legislado para proteger los derechos e intereses de sus nacionales. La Constitución turca señala en su artículo 62, fracción X, inciso C, que “El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar la unidad de la familia, la educación de los niños, la satisfacción de las necesidades culturales y de seguridad social de los nacionales turcos en el exterior y adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar sus vínculos con el país y auxiliarlos en su repatriación”.

Del mismo modo la Constitución rumana establece en su artículo 7 que “El Estado apoya el fortalecimiento de los vínculos con los rumanos en el extranjero y contribuye a la preservación, desarrollo y expresión de su identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa”.

Hemos exigido de manera reiterada al gobierno de nuestro vecino del norte que respete los derechos humanos de los migrantes mexicanos; por desgracia, México no ha practicado una política equivalente hacia los migrantes que provienen del sur. Olvidamos a menudo que por nuestra situación geográfica y económica somos un país de expulsión, tránsito y destino de migrantes.

Por congruencia política e imperativo jurídico, es indispensable atender de manera efectiva los derechos de los migrantes extranjeros que atraviesan el territorio nacional o deciden establecerse en el mismo. De otra manera nos hacemos cómplices de las autoridades estadounidenses, que al no poder sellar nuestra frontera norte nos han impuesto sellar la frontera sur.

Nuestro planteamiento se sustenta en lo previsto por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que en sus artículos primero y segundo protegen a éstos sin distinción de raza, color, lengua u origen nacional durante todo el proceso de migración.

Es cierto que una facultad soberana de los Estados es el establecimiento de sus propias políticas migratorias y decisiones legislativas al respecto; también, que desde la creación de las Naciones Unidas se ha considerado que los derechos humanos corresponden a una categoría universal que debe determinar la conducta interna de los Estados. Consecuentemente, estos últimos son responsables por las decisiones económicas y vínculos internacionales que promueven esa migración, lo cual los obliga a su adecuada legalización.

También la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en el que Viven, en los artículos 5, apartado 1, inciso a) y el artículo 6, establece que los extranjeros gozarán del derecho a la vida y a la seguridad personal y que no podrán ser privados de su libertad ni serán sometidos a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El trato vejatorio que se ha dado a los migrantes constituye una flagrante violación al conjunto de prácticamente todos sus derechos humanos.

Por otra parte, como país de recepción y tránsito, México ha mostrado un profundo desdén por los migrantes del sur, ha tolerado violaciones graves por parte de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y se ha desentendido de delitos cometidos por la delincuencia organizada, lo que incluso ha motivado reproches por parte de la comunidad latinoamericana.

Deben revisarse profundamente las atribuciones y prácticas de los órganos y funcionarios que participan en los filtros de tránsito y que han orillado a los migrantes a optar por rutas alternas y peligrosas. Es preciso respetar la garantía constitucional de libre tránsito para todas las personas que estén en el país.

Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, se registraron 9,758 casos de secuestro de migrantes en territorio nacional. La situación ha adquirido tal relevancia y preocupación ante la comunidad internacional que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al gobierno mexicano adoptar vías concretas para solucionarla, en vista de las masacres recientemente cometidas y del hecho de que las víctimas son los más pobres del continente.

La defensa de los mexicanos en el exterior debe garantizarse en la misma medida que el respeto a los derechos de los migrantes en nuestro territorio.

Por tanto, se propone la siguiente redacción constitucional en el cuarto párrafo del artículo 134:

La nación mexicana trasciende sus fronteras territoriales. El Estado reconoce el derecho humano a la migración. En consecuencia, protegerá y promoverá los derechos de los mexicanos en el extranjero, con independencia de su condición migratoria, conforme a las normas del derecho internacional; fortalecerá sus vínculos con la nación; atenderá sus necesidades, y los defenderá frente a toda violación a sus derechos fundamentales.

Y un párrafo sexto al artículo 134:

En consonancia con el artículo 1º de esta Constitución, el Estado mexicano observará el más estricto respeto a los derechos humanos y a la identidad cultural de los migrantes que se encuentren en su territorio. Concederá los derechos de asilo, refugio y protección ampliada a toda persona que lo solicite en los términos previstos en los instrumentos internacionales.

c. DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES Y REPRESENTATIVOS DE LOS MEXICANOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTERIOR

Los mexicanos en el exterior que mantienen vínculos y les concierne la vida pública del país también enfrentan problemas ante la falta de representación política. Existen órganos del Estado que procuran la protección de los mexicanos residentes en el extranjero; no obstante, su función ha sido deficitaria para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Tal es el caso de los derechos político-electorales, los cuales deben ser reconocidos independientemente del lugar de residencia de los ciudadanos.

En el programa de la Revolución Democrática de 1990 –que me correspondió coordinar– se incluyó el tema bajo el rubro de “Restitución de Derechos Ciudadanos”, que contemplaba también los Derechos a la representación política de los habitantes del Distrito Federal. El texto dice así:

“No existe argumento jurídico, moral ni políticamente válido para impedir que los mexicanos residentes en el extranjero emitan su voto y participen en la vida democrática del país: [...] Exigimos que los mexicanos de afuera puedan votar, mediante procedimientos inobjetables de control ciudadano, para Presidente de la República, así como en cualquier consulta plebiscitaria o referéndum nacional”.

El asunto fue eludido en las primeras negociaciones de la reforma electoral de ese año, que arrojó resultados precarios. Sin embargo, se retomó en los Diálogos de Bucareli iniciados en enero de 1994, pero no se llegó a ningún acuerdo por la cercanía de los comicios federales. La discusión se reanudó un año después en el marco de la llamada “Reforma Electoral Definitiva”. Fue así, que en julio de 1996 acordamos lo siguiente:

“Hacer posible el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero modificando el artículo 36 Constitucional y adicionando un artículo transitorio que establecería que este derecho solo podrá ejercerse para elección presidencial. La forma de su ejercicio se determinará en la Ley de la materia y estará vinculado a los trabajos de Registro Nacional Ciudadano y la correspondiente expedición de la Cédula de Identidad.”

Cabe destacar que este compromiso fue suscrito por los presidentes de los partidos políticos Alberto Anaya, Felipe Calderón, Porfirio Muñoz Ledo y Santiago Oñate Laborde, figurando como testigo de honor el presidente Ernesto Zedillo.

Frente a la inacción legislativa, y en el marco de una revisión integral de la Constitución, la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado reasumió el tema en el año 2000 y tras un amplio debate presentó las siguientes propuestas:

“Instrumentar los mecanismos que permitan a los compatriotas en el extranjero ejercer su derecho a votar y ser votados.

Atribuir al Instituto Federal Electoral la responsabilidad de realizar el registro y empadronamiento de los mexicanos residentes en el extranjero.

Reconocer a los mexicanos residentes en el exterior el derecho a contar con representación política en el Congreso de la Unión (no se definió el método para concretarlo).

Establecer como norma constitucional que sean diputados quienes representen a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.”

Algunos se manifestaron por introducir una reforma a la Carta Magna “que fortalezca y explicite la vigencia de esos derechos”, aunque tampoco se pronunciaron por las formas de aplicación. No obstante, todos coincidieron en que esas figuras ya se practican en numerosos países con el propósito de estrechar los vínculos políticos y económicos con sus comunidades nacionales en el exterior, sin que esto haya sido considerado invasión alguna de soberanía ni se hayan requerido acuerdos diplomáticos o instrumentos internacionales. Esta discusión fue sacrificada por los intereses de corto plazo y las expectativas electorales de los partidos durante una década entera.

En 2006 los mexicanos en el exterior votaron por primera vez en elecciones presidenciales. Sin embargo, aún existe una agenda pendiente al respecto, sobre todo a nivel federal. Algunas entidades federativas han avanzado en este renglón, entre las que destacan los estados de Zacatecas y Michoacán. Muchos países ya reconocen estos derechos a sus nacionales. En Latinoamérica: Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Venezuela tienen legislaciones que específicamente consignan estos derechos, en algunos casos, también para elecciones municipales.

México es uno de los países con más migrantes en el mundo. El Estado debe reconocer constitucionalmente la ampliación de sus derechos electorales, posibilitando a nuestros connacionales residentes en el exterior para elegir a sus representantes en elecciones de diputados federales y locales. Del mismo modo, debe incorporarse su derecho al sufragio pasivo, es decir, a ser candidatos y competir en elecciones para un cargo de representación popular.

En el marco de la discusión sobre la reforma política, los partidos han presentado separadamente algunas propuestas para representar en el legislativo federal a los mexicanos que residen en el exterior. Por nuestra parte presentaremos en iniciativa por separado las fórmulas de elección y representación que constituyen, en nuestro criterio, la síntesis de las que se han discutido hasta ahora y consideramos las más adecuadas para llevar adelante estos propósitos por medio de un consenso amplio de las fuerzas políticas del país.

Proponemos la inclusión del siguiente texto al quinto párrafo del artículo 134:

Los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el extranjero tienen el derecho a votar en elecciones libres, directas y universales para Presidente de la República; a elegir sus representantes al Congreso, y a participar en consultas nacionales conforme a lo previsto por esta ley fundamental. Podrán además votar en elecciones locales y elegir a sus representantes en los Congresos de los Estados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal conforme lo estipulen las constituciones respectivas.

Por todo lo anteriormente expuesto, presento a este H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 72, 73, 76, 88, 89, 126, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se modifica el apartado H del artículo 72; se traslada el texto de la fracción V del artículo 73 a la fracción IV y se modifican las fracciones V y VI; se modifica la fracción I del artículo 76, el artículo 88, la fracción X del artículo 89; se traslada el texto del artículo 134 para adicionarse al artículo 126; se modifica la denominación del actual Título Octavo para comprender los artículos 133, que se modifica y se le adicionan seis párrafos, y el artículo 134, al que se adicionan nueve párrafos; se modifica la denominación del Título Noveno y se reubica a fin de que comprenda los artículos 135 y 136; para quedar como sigue:

Artículo 72. [...]

A a G [...]

H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados; los que se refieran a la política exterior y celebración de tratados, se discutirán primero en la Cámara de Senadores.

I. [...]

J. [...]

[...]

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a III [...]

IV. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.

V. Para legislar en materia de política exterior y celebración de tratados internacionales. Para examinar la conducción de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo de la Unión, supervisar su ejecución y solicitar en cualquier tiempo las explicaciones que estime pertinentes al Secretario de Despacho correspondiente. Asimismo, para analizar las labores de protección y promoción de los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior.

Por lo que hace a la observancia de los tratados, ambas cámaras podrán llamar a comparecer a toda autoridad pública responsable de aplicarlos.

VI. Para aprobar los tratados internacionales que suscriba el Ejecutivo de la Unión, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, en los términos que disponga la ley. Todo acuerdo internacional que comprometa a la Unión tendrá carácter de tratado.

Los compromisos internacionales celebrados por el titular del Ejecutivo o por la Administración Pública Federal que afecten el interés nacional o la esfera jurídica de las personas serán sometidos a la aprobación del Congreso.

VII a XXX [...]

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Aprobar la iniciación y suspensión de relaciones diplomáticas, así como la apertura o el cierre de misiones diplomáticas y consulares.

II. a XII. [...]

Artículo 88. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por cinco días, informando previamente de los motivos de la ausencia al Congreso de la Unióno a la Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a cinco días consecutivos, se requerirá permiso del Congreso o de la Comisión Permanente. En ningún caso podrá permanecer en el extranjero más de 30 días al año.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a IX. [...]

X. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados internacionales en representación de los Estados Unidos Mexicanos, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso.

XI. a XX. [...]

Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior.

(Se traslada el texto del actual artículo 134)

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

TÍTULO OCTAVODe la Celebración de Tratados Internacionales y de la Política Exterior del Estado Mexicano

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados celebrados y que se celebren por el Ejecutivo de la Unión, aprobados por el Congreso,serán la Ley Suprema de la República. Las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales tendrán jerarquía constitucional.Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán legislar a fin de incorporar al derecho interno las disposiciones de esos instrumentos. Cuando fuese necesario se introducirán las reformas constitucionales correspondientes.

Las resoluciones y sentencias en materia de derechos humanos emitidas por tribunales internacionales cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano serán de observancia obligatoria. Las leyes federales y locales establecerán las conductas punibles y los procedimientos correspondientes para la ejecución de las mismas.

El Ejecutivo solicitará al Congreso autorización para iniciar la negociación o revisión de un tratado, a efecto de involucrarlo en el proceso y facilitar su posterior aprobación.

Los tratados que modifiquen la estructura o funcionamiento de las instituciones republicanas, los que contraríen los propósitos del desarrollo nacional establecidos en el artículo 25 constitucional y los que impliquen integración con otros Estados deberán ser sometidos a consulta popular y aprobados por referéndum.

No podrán celebrarse tratados, acuerdos o convenios que vulneren el ejercicio de la soberanía nacional, que permitan la intervención militar extranjera en territorio mexicano o aquellos que limiten o restrinjan los derechos de los gobernados.

Las Entidades Federativas y los municipios podrán celebrar acuerdos con entidades de otros países y organismos internacionales, siempre que no vulneren los intereses nacionales; en todo caso, serán aprobados por el Senado.

Artículo 134. La política exterior del Estado mexicano se regirá por los propósitos y principios de la convivencia internacional que ha contribuido a forjar y que están contenidos en los instrumentos de los que forma parte, primordialmente: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; la lucha por la paz y la seguridad internacionales; el respeto de los derechos humanos; el desarrollo sustentable de las naciones, y la equidad económica internacional.

Dicha política se orientará a la defensa y promoción del interés nacional conforme lo disponen el primer párrafo del artículo 25 y los artículos 3º y 26 de esta Constitución. El Plan Nacional de Desarrollo contendrá un capítulo de política exterior, cuyos lineamientos no podrán contradecir los propósitos y principios enunciados.

Procurará la formación de una comunidad de naciones latinoamericanas y del Caribe a fin de establecer una zona de paz, libre movilidad de las personas, concertación política, asociación económica, proyecto comunitario e identidad pluricultural. Promoverá la conformación de organismos supranacionales entre esos Estados que posibilite la creación de una ciudadanía común.

La nación mexicana trasciende sus fronteras territoriales. El Estado reconoce el derecho humano a la migración. En consecuencia, protegerá y promoverá los derechos de los mexicanos en el extranjero, con independencia de su condición migratoria, conforme a las normas del derecho internacional; fortalecerá sus vínculos con la nación; atenderá sus necesidades, y los defenderá frente a toda violación a sus derechos fundamentales.

Los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el extranjero tienen el derecho a votar en elecciones libres, directas y universales para Presidente de la República; a elegir sus representantes al Congreso, y a participar en consultas nacionales conforme a lo previsto por esta ley fundamental. Podrán además votar en elecciones locales y elegir a sus representantes en los Congresos de los Estados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal conforme lo estipulen las constituciones respectivas.

En consonancia con el artículo 1º de esta Constitución, el Estado mexicano observará el más estricto respeto a los derechos humanos y a la identidad cultural de los migrantes que se encuentren en su territorio. Concederá los derechos de asilo, refugio y protección ampliada a toda persona que lo solicite en los términos previstos en los instrumentos internacionales.

El Ejecutivo de la Unión dirigirá la política exterior mexicana a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las dependencias competentes. Para tales efectos contará con un Servicio Exterior permanente integrado por funcionarios al servicio del Estado encargado de representarlo y de ejecutar la política exterior de México en el extranjero.

El Congreso de la Unión establecerá el Consejo Nacional de Política Exterior, que contribuirá al diseño, coordinación y evaluación de las relaciones internacionales del país. Dicho Consejo deberá incorporar a las entidades económicas, sociales, cívicas y culturales que realicen actividades o mantengan vínculos con el exterior.

Los poderes públicos garantizarán que la política interior concuerde con los propósitos y principios de la política exterior.

TÍTULO NOVENODe las Reformas a la Constitución y la Inviolabilidad de la Constitución

Artículo 135. [...]

[...]

Artículo 136. [...]

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Al inicio de la vigencia del presente decreto, el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión revisarán las reservas hechas a los tratados a fin de retirarlas.

Artículo Tercero. En cumplimento con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 133, el Congreso de la Unión expedirá la ley reglamentaria correspondiente en un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto. En tanto, las resoluciones de los tribunales internacionales se ejecutarán en los términos previstos en las mismas.

Artículo Cuarto. Para la creación del Consejo Nacional de Política Exterior previsto en el octavo párrafo del artículo 134, el Congreso de la Unión contará con un plazo máximo de un año a partir del inicio de la vigencia del presente decreto.

Notas:

1 SORENSEN, Max. Manual de Derecho Internacional Público. Fondo de Cultura Económica. México. 1992.

2 FABELA, Isidro. Los Estados Unidos contra la Libertad. Estudios de Historia Diplomática Mexicana. Barcelona. 1988.

3 Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Relaciones Exteriores sobre Ley de Nacionalidad, con fecha del 12 de diciembre de 1997.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 2 de febrero de 2011— Diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Señores diputados, para aclarar el criterio de la Mesa aplicable a las siguientes ocasiones, durante la sesión: en presentación de iniciativas no hay lugar a interpelaciones para preguntas.

Cuando se trata, como dice el artículo 76, fracción I de la promulgación, de la expedición de una nueva norma, la aprobación existente y se conceden hasta 10 minutos, esta Mesa hace una interpretación ligándola al tiempo destinado a las intervenciones en dictámenes de reformas constitucionales, hasta por 15 minutos.

Por tanto, quedará sujeto al criterio de la Mesa si el orador hace uso de hasta 10 minutos contestando alguna pregunta que hubiera en el pleno. En otras palabras, en ningún caso algún orador en iniciativas podrá excederse de 10 minutos.

Túrnese la iniciativa del diputado Muñoz Ledo a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL DE TASA UNICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibe del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Única.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos Alejandro Cano Ricaud, Sergio Tolento Hernández, Jesús Gerardo Cortez Mendoza y Alejandro Bahena Flores, diputados federales a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, todos pertenecientes a la Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Resumen. La importancia de la industria manufacturera y maquiladora de exportación (Immex) en México es fundamental en materia de empleo, inversión y exportaciones; representa una de las actividades económicas centrales para los estados del norte del país. La Immex debe ser considerada estratégica dentro de la política económica nacional; en la coyuntura actual dicha industria puede ser uno de los pilares que permitan la recuperación del empleo, inversión y aumento de la competitividad nacional. La reciente crisis constituye uno de los momentos históricos en los cuales los países líderes disminuyen su ritmo de crecimiento y algunos países en desarrollo logran cerrar parte de la brecha con estos países desarrollados. Consideramos que en el contexto actual México debe responder con una política que promueva decididamente a la Immex para consolidar la urgente recuperación del empleo en el corto plazo y atraer empresas que apoyen la estrategia del país por insertarse en industrias dinámicas y aumentar su competitividad a mediano plazo. Proponemos en esta iniciativa transitar de un esquema fiscal recaudador para la Immex hacía un esquema promotor a partir de otorgar una mayor certidumbre jurídica y fiscal. El contexto global exige medidas fiscales decididas que impulsen la recuperación del empleo, la atracción de empresas estratégicas y la inversión. Una política fiscal de promoción a la Immex significará el aumento del volumen y valor de la actividad en la industria y una futura mayor captación tributaria.

Antecedentes

Los antecedentes de la industria maquiladora se remontan a 1964, cuando finaliza el Programa Braceros México y Estados Unidos (EUA) que permitía que campesinos mexicanos laboraran temporalmente en los campos agrícolas de EUA. La cancelación del programa Braceros provocó el desempleo de los campesinos mexicanos quienes fueron retornados a la frontera norte del país. Con la finalidad de hacer frente a ese alto nivel de desempleo se implementó el programa de industrialización de la frontera que consistió básicamente en la instalación de empresas maquiladoras empleando mano de obra nacional para realizar procesos de ensamble y transformación de productos importados; la primera de ellas, se estableció en 1966 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dicho esquema de producción bilateral mantuvo un desa-rrollo constante arraigándose en el territorio mexicano, lo cual fue de particular importancia para los estados del norte del país; sin embargo, en la estrategia de “industrialización por sustitución de importaciones” implementada en México distó mucho de tener el impacto e importancia que tiene actualmente. La importancia del esquema maquilador cobraría sentido con el fin de la etapa “fordista keynesiana” a finales de la década de 1970 y con la transición hacía un nuevo esquema donde cambia radicalmente la forma de organización de la producción a nivel mundial y se modifican los determinantes de la división internacional del trabajo.

A partir de la década de los noventa, sustentado en una nueva base tecnológica centrada en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se consolida un nuevo modelo de desarrollo y competencia en la economía mundial al que hoy se le denomina Economía Informática, Sociedad o Economía del Conocimiento, Globalización, etc. Uno de los principales cambios que se observan en la economía mundial es el hecho de una creciente globalización de la producción, lo cual implica una dispersión de la producción geográficamente alrededor del mundo a través de redes globales de producción, manteniendo un centro que coordina y controla las operaciones productivas. En esta nueva estructura de competencia las posibilidades de desarrollo económico se determinan en gran medida por la inserción a ramas industriales y actividades de mayor complejidad tecnológica, y por tanto de mayor valor agregado, lo cual implica una mayor competitividad y la posibilidad de mayores ganancias (a partir de rentas tecnológicas) y salarios (trabajo complejo y calificado). Por el contrario, los segmentos de menor valor agregado implican trabajo precario, intensivo en mano de obra no calificada y menores niveles de ganancias así como la participación en la competencia internacional por abaratar la mano de obra.

Sobresalen algunos efectos en la producción en esta nueva fase de la economía:

a) Transformación profunda de las actividades productivas; automatizando procesos e integrando en línea el diseño, las manufactura, inventarios, ventas, administración, entre otros.

b) En el marco de la integración de actividades, el diseño se convierte en la actividad fundamental por su capacidad para transformar productos y procesos de manera cada vez más acelerada y ampliada.

c) Incremento de la capacidad humana para generar valor y riqueza por medio de efectos cuantitativos (aumento de productividad) y cualitativos (calidad y variedad) que devuelven al trabajo su condición compleja (trabajo en equipo, iniciativa, etc.)

d) Formación de redes entre múltiples unidades productivas, integrando a proveedores y usuarios para generar grandes economías de abastecimiento.

e) Organización de la RGP en enormes y complejas bases de datos y medios de procesamiento cada vez más avanzados de procesamiento de información, gracias a los cuales se integra producción y distribución

Mediano plazo: aprendizaje tecnológico e institucional para aumentar la competitividad

De acuerdo con el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial 2009-2010, México cayó seis puestos en la lista desde 2008, colocándose en la economía número 66 del mundo por ser uno de los países más afectados por la crisis económica global. Este mal resultado no es un hecho aislado; debido a se suma a una tendencia en el deterioro de su sector productivo y su competitividad; ya que durante 1999-2006 México cayó continuamente en el ranking mundial de competitividad de 104 países del lugar 34 en el 1999, al 48 en el 2004, al 55 en el 2006 para llegar en el 2009-2010 al 66. Este último informe señala la ineficiencia de la burocracia, corrupción, crimen y robo, acceso al financiamiento y las regulaciones laborales restrictivas como los principales rubros en los que México sufrió un deterioro de sus indicadores de competitividad. Es evidente, que la economía mexicana sufre una pérdida de dinamismo, donde conviene ahondar en los determinantes de la competitividad para entender los principales retos que enfrenta la economía mexicana a mediano y largo plazo.

En primer término, una definición práctica de competitividad es aquella que hace referencia al porcentaje de la producción mundial que satisface un país en determinada industria (sostenida por altos niveles de productividad). Es decir, un país es competitivo en alguna industria si satisface un alto porcentaje de la producción mundial respecto a sus competidores; verbigracia: Japón es la segunda economía más competitiva en la industria automotriz, debido a que es el segundo país que más autos produce y exporta; así como Finlandia es la economía más competitiva en la industria de teléfonos móviles respecta, ya que Nokia, empresa finlandesa, cubre la mayor cuota de mercado frente a sus competidores a nivel mundial; no obstante, si se redujera su cuota de mercado hablaríamos de una reducción de su competitividad. En ambos casos la clave de la competitividad se deriva de la productividad (el valor de los bienes y servicios producidos por unidad de sus recursos humanos, económicos y naturales) de la economía. La productividad permite a un país soportar salarios altos, una divisa fuerte y una rentabilidad atractiva del capital. Y con ello, un alto nivel de vida.

Michael Porter, en 1990, consideró que los determinantes de la competitividad de las naciones se centraban en el ambiente microeconómico –en la sofisticación de las prácticas de trabajo y las estrategias de las empresas, así como en la calidad del entorno empresarial microeconómico en el que compiten las empresas de un país–. Sin embargo, luego de casi 30 años, estás ideas han evolucionando a partir de el desarrollo de nuevas investigaciones y conceptos. Hoy se considera que la competitividad es un asunto sistémico (Messner, 2000; Meyer Stamer, 2001) y dentro del análisis de la competitividad se toma en cuenta la creciente segmentación de las cadenas de valor en el actual proceso de globalización (Gereffi, 1994); desde esta perspectiva el fomento a la competitividad del sector productivo y la de manufactura no sólo requiere un apoyo particular a empresas sino toda una gama de instrumentos a nivel macro, meso y microeconómico. Por lo que desde esta perspectiva sistémica, el incremento de la competitividad radica en la capacidad de los sectores privado, publico y académico de generar los ambientes adecuados en estos tres niveles. Asimismo, se han incorporado al análisis inicial de Porter la consideración de las nuevas formas de eficiencia colectiva (Schmitz, 1997), la nueva organización industrial y las relaciones intra e interempresa, así como los efectos de la globalización en procesos de desarrollo a nivel regional, clusters, distritos y parques industriales, encadenamientos ( linkages) de valor agregado en general, así como formas institucionales de asociacionismo parecen jugar un papel cada vez más significativo en la competitividad de las naciones y regiones (Schmitz y Nadvi, 1999; Piore y Sabel, 1984). Desde la perspectiva de los Sistemas Nacionales de Innovación también es notoria la necesidad de coordinación entre los distintos niveles micro, meso y macro y más aun, se consideran medidas más específicas a las distintas industrias y mecanismos de asimilación y generación de conocimiento que existe en cada una de ellas.

Otro de los enfoques más prometedores en el análisis de los determinantes de la competitividad lo constituyen una serie de aportaciones neo-schumpeterianas (véase Freeman, y Carlota Pérez) que investigan las formas en que los países escalan en la complejidad tecnológica de sus procesos a partir de una serie de políticas orientadas a canalizar el esfuerzo nacional hacía el aprendizaje tecnológico. El de-sarrollo de mecanismos de financiamiento, de vinculación entre universidad y empresa y hasta de la generación de una nueva cultura productiva juegan aquí un papel fundamental. Asimismo, se ha destacado la necesidad de que este aprendizaje tecnológico debe necesariamente de ir acompañado de una transformación institucional que se adapte a la “nueva forma de hacer las cosas”; por lo que nuevas prácticas en el servicio público, una nueva actitud laboral y un nuevo pacto entre empresa y sociedad son los pilares de este nuevo “paradigma institucional”.

En resumen, la recuperación de los niveles de competitividad del sector productivo mexicano demanda reformas estructurales en todos los niveles: micro, meso y macro económicos; que permitan hablar de una política de aprendizaje tecnológico e innovación en la industria manufacturera que sirva como eje para la transformación institucional. En términos macroeconómicos es de suma importancia redefinir la dirección de la política cambiaria a favor de la producción versus estabilidad financiera, ya que se requiere un tipo de cambio que no perjudique los sectores orientados al mercado interno y con mayor énfasis en los sectores orientados a las exportaciones. Asimismo, es necesario recuperar los niveles de financiamiento de industria manufacturera correspondientes a la década de los noventa, especialmente por parte de la banca comercial. A nivel mesoeconómico, conviene lograr una mejor claridad en las metas del sector empresarial y público a mediano plazo debido a que no ha jugado un papel relevante en la gestión de propuestas y proyectos prioritarios que tengan continuidad. De esta forma, la creación de vínculos funcionales entre industria y universidad; y el aumento del nivel educativo parecen ser uno de los puntos fundamentales en la explicación del aumento de la competitividad en los países del sudeste asiático (Banco de México; 2008). A nivel microeconómico es urgente considerar a las empresas de menor tamaño en los programas y metas de exportación; ya que este sector ha sido el más afectado y olvidado dentro de la estrategia exportadora y, por ser el sector en dónde se concentra el grueso del empleo de la economía mexicana este debería ser parte central de cualquier proyecto de desarrollo económico. El acceso al crédito, a la tecnología, la reducción y simplificación de trámites, son medidas que podrían tener un alto impacto positivo en este sector.

Coyuntura actual: Medidas a corto plazo para la recuperación del empleo y atracción de inversión

En México, previo a finalizar la década de 1980, las plantas de producción se dedicaban a actividades intensivas en mano de obra, las cuales operaban con tecnologías rudimentarias y en condiciones precarias.

A partir de la década de 1990 México se insertó decididamente dentro de este proceso mundial a través del impulso a su estrategia exportadora, apertura comercial, la atracción de Inversión Extranjera Directa y desregulación especialmente en el sector servicios. La industria manufacturera y maquiladora de exportación alcanzó su mayor auge a finales del año 2000; durante esta etapa de auge destacó la industria electrónica como puntal en los inicios de la industria manufacturera de exportación, ya que desde los años setenta se convirtió en la rama más importante de esta industria por el personal ocupado y el valor agregado de sus procesos. Actualmente también destaca la industria automotriz/autopartes, electrónica/telecomunicaciones, tecnologías de la información, electrodomésticos, biotecnología e industria aeroespacial.

A partir de entonces se da un proceso de declive, principalmente por la contracción de la economía estadounidense que implicó para la Immex en México una disminución en el empleo de 22 por ciento, en cuanto al número de plantas representó una caída del 20 por ciento (GAO). A medida en que la economía norteamericana se recuperaba, dichos empleos se recuperaron también en su mayoría; sin embargo, el anterior dinamismo y ritmo de crecimiento en la Immex no se ha vuelto a alcanzar; derivado también de la fuerte competencia con China, Centroamérica y otras economías emergentes que han desplazado a México de los primeros lugares como potencia exportadora; es evidente que luego del año 2000 se observa una disminución en el ritmo de crecimiento y un menor dinamismo en el monto y calidad de las inversiones. Es claro, que la política económica orientada al sector no ha sido suficiente para responder a los nuevos retos en la competencia internacional, son evidentes las fallas cuando comparamos su desempeño con los avances de países del sudeste asiático, China, India y Brasil y otras economías emergentes. La coyuntura actual exige configurar una estrategia de apertura activa; esto es sustentada en una política tecnológica, de educación, de desarrollo de proveedores, de financiamiento, entre otras con una decidida actividad de promoción y desarrollo por parte del Estado. Es evidente que hoy la Immex requiere de un nuevo impulso que apoye tanto la atracción y retención de empresas como el desarrollo hacía segmentos de mayor valor agregado.

Con la inserción de México a la nueva organización de la economía mundial el propio nombre de maquila es insuficiente. En cambio el concepto de industria manufacturera de exportación describe mejor la realidad de los estados del norte del país, en la que las actividades forman parte de una cadena altamente integradas a las redes globales de producción mundial, con altos niveles de organización, infraestructura desarrollada y compleja y tecnología de punta tanto en diseño como en producción y logística.

Sin embargo, a pesar de la pérdida de dinamismo, la importancia de la Immex es fundamental en la economía de México, y en especial para los estados del norte del país actualmente da cuenta de más de 1.8 millones de empleos directos (figura 1), 5,123 establecimientos (figura 2), alrededor de 1.8 por ciento del PIB, ingresos de divisas superiores a los generados por la industria del turismo, equivalentes a las remesas de los migrantes y en ocasiones superiores a los ingresos provenientes de la exportación de petróleo crudo (gráfico 1). Además, la industria manufacturera de exportación tiene vínculos con el desarrollo regional, en la diversificación de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología; además, permite el desarrollo social por medio del trabajo productivo y la mano de obra calificada; actualmente se busca consolidar una industria limpia y sustentable.

Figura1

Figura 2Figura 2

Gráfico 1

Fuente: INEGI, Estadística del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) Diciembre 2010.

La reciente crisis como todos sabemos significo una drástica reducción en la actividad económica la inversión y el empleo. Según datos del IMSS, se perdieron más de de 250 mil empleos y fue precisamente el sector de la industria manufacturera de exportación uno de las más afectadas ya que reportó al menos el 50 por ciento de ésta perdida en materia de empleos. La recuperación avanza gradualmente, pero no está asegurada (gráfico 2)

Es claro que la Immex se encuentra hoy en una coyuntura en la cual debe recibir atención especial: a corto plazo representa una oportunidad para recuperar el empleo y la inversión; y a mediano plazo es indispensable considerarla en la estrategia que tenga como objetivo de lograr una mejor inserción en el mercado mundial de la manufactura de exportación. Debemos orientar los esfuerzos de la política económica hacía una inserción activa que se proponga escalar hacía actividades de mayor valor agregado. Para ello se requerirá una decidida e inteligente política económica de desarrollo, además de una estrecha cooperación entre los distintos niveles de gobierno, empresas, universidades y sociedad en general; así como una serie de pilares que garanticen acceso al crédito y financiamiento. Mejorar los niveles de educación, fortalecer las instituciones, contar con reglas claras y sencillas así como lograr una mayor certeza jurídica y fiscal, parecen piezas claves en los determinantes de la competitividad.

En la coyuntura actual, se requieren medidas fiscales audaces que hagan mucho más atractiva la inversión en sectores estratégicos y que alienten el empleo. A partir de una política económica clara, se puede aprovechar el hecho de que los países líderes en la carrera hayan bajado su velocidad para intentar reducir la brecha que nos separa en la competencia económica. Es muy probable que China, la India y Brasil y otras economías emergentes salgan más fortalecidos de esta crisis; México debería intentar ser parte de estos países que alteren favorablemente la proporción de riqueza mundial entre países líderes y países en desarrollo.

Diversos problemas aquejan hoy a la Immex: la pérdida de competitividad de los estados del norte, la inseguridad en la vida cotidiana y en la actividad económica, la falta de proveedores nacionales certificados, el rezago en materia educativa, eliminación de cuellos de botella administrativos en materia aduanera, rezago en creación de infraestructura de transportes, entre otros. Sin embargo, consideramos de la mayor urgencia, la necesidad brindar certidumbre jurídica y fiscal a los inversionistas de este sector que les permita planear, al menos, a mediano plazo y transitar de un marco fiscal recaudador hacía un marco promotor de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación de exportación (Immex) que apoye la recuperación del empleo a partir del incentivo a la inversión.

Política fiscal promotora

Así, atendiendo una serie de problemáticas específicas y urgentes del sector, proponemos consolidar la política fiscal promotora y otorgar una certidumbre jurídica a la industria; consideramos que dicha medida puede tener un efecto inmediato en la recuperación del empleo, la promoción de la industria y el aumento en la cantidad y calidad de inversiones, en consecuencia proponemos:

La extensión definitiva de los beneficios fiscales en materia del IETU contemplados durante el periodo 2008-2011. En materia del IETU, la industria maquiladora para determinar su impuesto aplica el beneficio fiscal del decreto publicado en el DOF el 5 de noviembre de 2007, que consiste en calcular un crédito utilizando la misma base que en ISR; es decir, a la base de ISR se aplica la tasa del IETU; logrando con ello sólo el pago de la diferencia. Sin embargo, el decreto contempla el otorgamiento de este beneficio sólo durante los ejercicios de 2008 a 2011; es decir, el tiempo que tiene de vigencia dicho decreto. Dicha situación constituye una situación que, aunque afectará al sector hasta el 2012, al día de hoy representa una situación que inhibe la inversión en el sector al no contar con la certidumbre de que dicho impuesto no será aplicado en el 2012. Las ventajas de declarar permanente el beneficio fiscal para el sector significan mantener una situación favorable para la Immex en materia fiscal y, además, en permitir que los inversionistas del sector puedan llevar a cabo una planeación de sus inversiones y proyectos de inversión sobre la base de una mayor certidumbre fiscal. Se propone, entonces, declarar dicho beneficio fiscal permanente.

Detallando, el beneficio fiscal en materia de IETU que se otorga a empresas maquiladoras de exportación que operan en los términos del artículo 2 y 216-bis de la LISR está contemplado en el artículo quinto del “decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de noviembre de 2007 y consiste en acreditar contra el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a cargo del contribuyente, un monto que se calcula conforme al procedimiento establecido en el propio articulo.

Con este decreto, el gobierno Mexicano reconoce a la industria maquiladora de exportación como un sector prioritario para la generación de empleo, promotor de inversión y generación de exportaciones al consignar en la propia exposición de motivos lo siguiente:

“Que la industria maquiladora, por sus actividades orientadas hacia los mercados del exterior, es una importante generadora de exportaciones y de empleos para el país, que además contribuye a elevar la competitividad de la industria nacional;

”Que la Ley del Impuesto sobre la Renta exceptúa a los residentes en el extranjero de constituir establecimiento permanente cuando tengan una relación económica o jurídica con una maquiladora establecida en el país, siempre que ésta cumpla por cuenta del residente en el extranjero con las reglas establecidas en el artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

”Que por lo anterior, se otorga un estímulo fiscal a la industria maquiladora, con el propósito de impulsar la competitividad de nuestro país en este sector y seguir fomentando la generación de empleos;”

El “decreto IETU” ha sido fundamental para mantener el nivel competitivo de la industria Maquiladora de Exportación. También ha sido una herramienta de promoción muy importante ya que a través de él, los inversionistas pueden pronosticar con anticipación la tasa fiscal efectiva de impuestos corporativos que se van a pagar en México por sus operaciones de Manufactura. Sin embargo, la vigencia de aplicación del beneficio otorgado en el “decreto IETU” está limitada a los ejercicios fiscales terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2009 y a los que terminarán el 31 de diciembre de 2010 y 2011.

Esta acotación a la vigencia del “decreto IETU” es un tema de preocupación para los inversionistas extranjeros que llevan a cabo operaciones de manufactura con empresas Maquiladoras establecidas en México. Lo anterior, por la incertidumbre que genera el seguir promoviendo tanto nuevas como actuales inversiones. Esta limitante está incluida en el artículo Tercero transitorio del “decreto IETU”, el cual establece:

“Tercero. El estímulo fiscal a que se refiere el artículo quinto del presente decreto podrá aplicarse únicamente para los ejercicios fiscales de 2008 a 2011.”

Consideramos que resulta prioritario eliminar la limitante de la vigencia del beneficio del “decreto IETU” y se envíe un mensaje de certeza jurídica al extranjero que invierte sus capitales en el país a efectos de aclarar que el beneficio del “decreto IETU” se mantenga vigente y de manera indefinida.

Mientras exista esta situación de indefinición respecto a los años siguientes al 2011 las empresas maquiladoras y sus inversionistas viven en un ambiente de incertidumbre e inhiben, como se mencionó, el desarrollar nuevas inversiones o mantener las ya existentes. La planeación a largo plazo es un tema fundamental para cualquier empresa, especialmente para una empresa que está evaluando el establecer operaciones en un país como México.

Los ejercicios de planeación de inversión y ampliación de operaciones de las empresas van mucho más allá del ejercicio 2011, ya que son de 5 y hasta 10 años y actualmente por las limitaciones del decreto IETU se están perdiendo oportunidades de crecimiento.

Vigencia del decreto ISR

La necesidad de mantener vigente el decreto ISR 2003 está íntimamente relacionada a la vigencia de la LIETU, el decreto IETU 2007 y a los Títulos II y IV de la LISR. Veamos por qué.

Mediante el artículo decimo primero del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado el 30 de octubre de 2003 establecieron los que le son aplicables a la industria maquiladora de exportación al señalar lo siguiente

Artículo Décimo Primero. Se exime parcialmente del pago del impuesto sobre la renta a los contribuyentes a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en una cantidad equivalente a la diferencia del impuesto sobre la renta que resulte de calcular la utilidad fiscal que represente, al menos, la cantidad mayor de aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 216-Bis de la citada Ley, y el impuesto sobre la renta que resultaría de calcular dicha utilidad fiscal aplicando el 3 por ciento, en ambos casos, siempre que se cumplan con los demás requisitos establecidos en el artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Para calcular el beneficio a que se refiere este artículo, los contribuyentes al aplicar lo dispuesto en el inciso a) de la fracción II del artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán excluir del cálculo a que se refiere dicho inciso, el valor de los inventarios utilizados en la operación de maquila.

En propio decreto se reconoce la necesidad de contribuir a la competitividad internacional del sector maquilador al expresar en su exposición de motivos lo que a continuación se reproduce:

“Que con la aparición de nuevas tecnologías. Que las empresas maquiladoras constituyen una importante fuente de empleos para nuestro país, por lo que ha sido política de esta administración establecer mecanismos que fomenten su crecimiento;

”Que como parte de los esquemas establecidos por esta administración para fomentar el empleo y la inversión productiva en nuestro país, es necesario impulsar a la industria maquiladora, ya que constituye un importante sector generador de inversiones y empleos, por lo que se considera conveniente otorgar una exención parcial del pago del impuesto sobre la renta equivalente a la diferencia entre el impuesto determinado considerando los porcentajes establecidos en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el impuesto sobre la renta que resultaría de calcular la utilidad fiscal considerando el 3 por ciento, permitiendo calcular el impuesto sobre la renta sobre el cual se aplica la exención, excluyendo del cálculo el valor de los inventarios utilizados en la operación de maquila.”

Tomando en cuenta los considerandos del decretos ISR 2003 y del decreto 2007 así como las disposiciones establecidas en los Artículos Decimo Primero y Quinto respectivamente, resulta clara la necesidad de que mientras se mantengan vigentes la LISR y la LIETU en los términos actúales, es necesario mantener vigentes los dos decretos y en caso del decreto IETU, es urgente además eliminar la limitación de su vigencia al 2011 y hacerlo indefinido mientras subsista la vigencia de la LIETU

Necesitamos mantener el esquema fiscal que permite a México seguir siendo un foco de atracción para inversión extranjera directa en operación de manufactura que se establezcan en México, por lo que es indispensable que ante cualquier cambio de las condiciones y tasas de Impuestos Sobre la Renta y/o Empresarial a Tasa Única nos aseguremos que el esquema fiscal hasta aquí descrito prevalezca

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única

Artículo Primero.Se adiciona el Capítulo VIII, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, para quedar como sigue:

Capítulo VIIIDe los Estímulos Fiscales para Operaciones de Maquila

Artículo Segundo.Se adicionan los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, para quedar como sigue:

Artículo 20. Para efectos del presente estimulo se entiende por Operación de manufactura o maquila, al proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación

Artículo 21. Se otorga un estímulo fiscal a las empresas que lleven a cabo operaciones de maquila en los términos del artículo 20 de esta ley y que tributen conforme al artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 22. El estímulo fiscal a que se refiere el artículo anterior consistirá en acreditar contra el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a cargo del contribuyente, calculado conforme al artículo 8 de esta Ley, un monto equivalente al resultado que se obtenga de restar a la suma del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a cargo y del impuesto sobre la renta propio del ejercicio, el monto que se obtenga de multiplicar el factor de 0.175 por la utilidad fiscal que se hubiese obtenido de aplicar las fracciones I, II o III del artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según corresponda.

Los contribuyentes a que se refiere el artículo 20 podrán acreditar el estímulo previsto en el mismo, siempre que el monto que se obtenga de multiplicar el factor de 0.175 por la utilidad fiscal que se hubiese obtenido de aplicar las fracciones I, II o III del artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según corresponda, resulte inferior al resultado que se obtenga de sumar el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a cargo del contribuyente calculado conforme al artículo 8 de la presente Ley y el impuesto sobre la renta propio del ejercicio.

Artículo 23. Para los efectos de los artículos 21 y 22, los contribuyentes deberán considerar la utilidad fiscal calculada conforme lo establecen el artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta sin considerar el beneficio que exime parcialmente del pago del ISR a los contribuyentes a los que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 2 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Artículo 24. Para calcular la utilidad fiscal a que se refieren los que anteceden, los contribuyentes que tributen conforme a la fracción I del artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de aplicar una cantidad equivalente al 1 por ciento del valor neto en libros del residente en el extranjero de la maquinaria y equipo propiedad de residentes en el extranjero cuyo uso se permita a los contribuyentes señalados en el primer párrafo de este precepto en condiciones distintas a las de arrendamientos con contraprestaciones ajustadas a lo dispuesto en los artículos 215 y 216 de la citada ley, deberán aplicar el 1.5 por ciento.

Artículo 25. Los contribuyentes podrán acreditar contra el pago provisional del impuesto empresarial a tasa única a su cargo correspondiente al periodo de que se trate, calculado en los términos del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, un monto equivalente al resultado que se obtenga de restar a la suma del pago provisional del impuesto empresarial a tasa única a su cargo del periodo de que se trate y del pago provisional del impuesto sobre la renta propio por acreditar, correspondiente al mismo periodo, el monto que se obtenga de multiplicar el factor de 0.175 por la utilidad fiscal para pagos provisionales determinada conforme al artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 26. Los contribuyentes podrán acreditar el estímulo contra los pagos provisionales del impuesto empresarial a tasa única, siempre que el monto que se obtenga de multiplicar el factor de 0.175 por la utilidad fiscal para pagos provisionales determinada conforme al artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del periodo de que se trate, resulte inferior al monto que se obtenga de sumar el pago provisional del impuesto empresarial a tasa única a cargo del contribuyente calculado conforme al artículo 10 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y el pago provisional del impuesto sobre la renta propio por acreditar, correspondientes al mismo periodo.

El referido estímulo no será aplicable a las actividades distintas a las operaciones de maquila.

Artículo 27. Para determinar la parte proporcional del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio o del pago provisional de dicho impuesto del periodo de que se trate, según corresponda, por las actividades de maquila, los contribuyentes deberán dividir los ingresos gravados por dicho impuesto del ejercicio o del periodo de que se trate, que correspondan a las operaciones de maquila, entre los ingresos gravados totales del mismo ejercicio o periodo que se consideren para los efectos del impuesto empresarial a tasa única.

Esta proporción se deberá multiplicar por el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio o por el pago provisional de dicho impuesto del periodo de que se trate a cargo del contribuyente y el resultado que se obtenga será el que se deberá utilizar para realizar los cálculos a que se refieren los artículos que anteceden, tratándose de la aplicación del estímulo contra el impuesto del ejercicio, o en el caso de la aplicación del estímulo contra los pagos provisionales.

Artículo 28. Los contribuyentes deberán determinar la parte proporcional del impuesto sobre la renta propio del ejercicio o del pago provisional del impuesto sobre la renta propio por acreditar del periodo de que se trate, según corresponda, dividiendo los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta del ejercicio o del periodo de que se trate, que correspondan a operaciones de maquila, entre los ingresos acumulables totales del mismo ejercicio o periodo para efectos de dicho impuesto.

Esta proporción se deberá multiplicar por el impuesto sobre la renta propio del ejercicio o por el pago provisional del impuesto sobre la renta propio por acreditar del periodo de que se trate y el resultado que se obtenga será el que se deberá utilizar para realizar los cálculos a que se refieren los artículos que anteceden, tratándose de la aplicación del estímulo contra el impuesto del ejercicio, o en el caso de la aplicación del estímulo contra los pagos provisionales.

Artículo 29. Para los efectos de este artículo se considera como impuesto sobre la renta propio del ejercicio, aquél a que se refieren los párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 8 de la presente Ley y como pago provisional del impuesto sobre la renta propio por acreditar, aquél a que se refiere el quinto párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según se trate, multiplicado por la proporción determinada conforme al artículo anterior.

Artículo 30. El estímulo fiscal a que se refiere este capítulo no podrá ser superior al impuesto empresarial a tasa única del ejercicio o al pago provisional de dicho impuesto del periodo de que se trate, a cargo del contribuyente, según corresponda, calculado conforme a los artículos 8 ó 10 de la presente Ley, en la proporción que corresponda a las operaciones de maquila.

Artículo 31. Para ejercer el estímulo a que se refiere este capítulo, los contribuyentes deberán informar a las autoridades fiscales en la forma oficial o formato que para tal efecto publique el Servicio de Administración Tributaria, junto con su declaración anual del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, entre otros, los siguientes conceptos, distinguiendo las operaciones de maquila de aquellas operaciones por las actividades distintas a la de maquila:

I. El impuesto empresarial a tasa única a cargo del contribuyente calculado conforme al artículo 8 de esta la Ley.

II. El monto de los ingresos gravados totales para los efectos del impuesto empresarial a tasa única.

III. El monto de las deducciones autorizadas para los efectos del impuesto empresarial a tasa única.

IV. El impuesto sobre la renta propio del ejercicio.

V. El monto de los ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta.

VI. El monto de las deducciones autorizadas para los efectos del impuesto sobre la renta.

VII. El valor de los activos de la empresa, aun cuando éstos se hayan otorgado para su uso o goce temporal en forma gratuita.

VIII. El monto de los costos y gastos de operación.

IX. El monto de la utilidad fiscal que se haya obtenido de aplicar las fracciones II o III del artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según corresponda. En su caso, los contribuyentes deberán informar el monto de la utilidad fiscal que se hubiese obtenido de aplicar la fracción I del artículo 216-Bis de la citada Ley, calculada conforme al artículo 22.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el 1 de enero del 2012.

Notas:

1 Castells, Manuel; 1999. The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. 1: The network society.

2 Gereffi, Gary; Humprey John, Sturgeon, Timothy (2005). “The Governance of Global Value Chains”. Review of Iinternational Political Economy, Vol. 12, Num. 1, pp 74-104.

3 Rivera Ríos, Miguel (2007). Capitalismo informático y economía del conocimiento. (UNAM; México, DF).

4 Michael Porter agrupó los determinantes de la competitividad en 4 factores centrales conocidos como “el diamante de Porter” que incluye a) condiciones de los factores, b) condiciones de la demanda, c) industrias relacionadas y de apoyo y, d) estructura de la empresa y rivalidad

5 Nicolás Amoroso, Daniel Chiquiar, Nuria Quella, Manuel Ramos-Francia; 2008. Determinantes de la Ventaja Comparativa y del Desempeño de las Exportaciones Manufactureras Mexicanas en el Periodo 1996-2005. Banco de México. Working Papers 2008-01.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.— Diputados: Alejandro Cano Ricaud, Sergio Tolento Hernández, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Alejandro Bahena Flores (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.



ARTICULOS 72, 73, 76, 88, 89, 126, 133 Y 134 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Señor presidente, gracias por sus atenciones.

Creo que procede, salvo su mejor opinión, que la turne también a la Comisión de Relaciones Exteriores, porque...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene usted razón. Tratándose de tratados internacionales debe conocer la Comisión de Relaciones Exteriores. Queda el turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Muchísimas gracias.



ARTICULOS 3O. Y 130 CONSTITUCIONALES - LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO -LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Jorge Arana, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución. Adelante diputado Arana, hasta por 5 minutos.

El diputado Jorge Arana Arana:Con su permiso, diputado presidente. En los últimos 15 años el país ha dado un viraje profundo en su desarrollo económico, en su organización política y en la expresión de los grupos culturales y sociales, este cambio también abarca la educación.

Las antiguas formas de relación, financiamiento y reconocimiento social que atraviesan  y rodean a las instituciones de educación se han modificado, esto es resultado de las exigencias hacia esa materia desde distintos ámbitos nacionales e internacionales que demandan una educación de alta calidad.

La apertura económica plantea a las instituciones educativas retos que no se limitan solamente a la esfera de la capacitación y el desarrollo tecnológico, sino también abarcan los valores, la cultura, la identidad y la soberanía. Esos mismos retos se aplican en la investigación científica y tecnológica, al representar un papel estratégico en la formación y capacitación de estudiantes e investigadores del desarrollo nacional.

En la actual dinámica, el desarrollo científico y económico, así como tecnológico mundial, las modernizaciones educativa, científica y tecnológica resultan indispensables para consolidar, profundizar y modernizar el desarrollo que difícilmente, sin capacidad científica y tecnológica se puede dar en nuestro país.

Por ello, debemos generar las condiciones para que México cuente con una infraestructura adecuada que fortalezca las ciencias básicas y que la comunidad científica se multiplique y se profesionalice, al tiempo que se eleve la calidad de producción y de trabajo académico.

La educación, la ciencia y la tecnología son componentes fundamentales de un desarrollo. Una educación de cobertura suficiente y de calidad adecuada es decisiva para impulsar, sostener y extender un desarrollo integral. La educación, la ciencia y la tecnología forman una fuerza de trabajo mejor capacitada para todos los sectores económicos.

Cuando se introdujo dicho concepto durante el sexenio de Miguel Alemán, el país comenzó su industrialización y comenzó a avanzar de manera significativa en muchos rubros del quehacer nacional, así como en lo educativo, lo cultural y sobre todo en la salud.

En el ámbito internacional, el 10 de noviembre de 1975 fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3384 y fracción XXX; la Declaración sobre la utilización del progreso científico, así como tecnológico de interés para la paz y el beneficio de la humanidad.

Esa resolución reconoció al progreso científico y tecnológico como uno de los factores más importantes del  desarrollo de la sociedad humana y de impulso social, así como económico en países desarrollados, considerando también a nuestro país.

Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas mediante su resolución 2200, inciso a), fracción XXI del 16 de diciembre de 1976 y en vigor desde el 3 de enero del año 76, reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico, así como de sus aplicaciones.

Como se observa, el progreso científico y tecnológico es un método de garantizar y proteger el derecho de toda persona a no ser privada de los beneficios del avance tecnológico y del progreso científico en todos los campos, llámese salud, seguridad social, empleo, cultura, familia, seguridad, etcétera.

Refrendemos nuestro compromiso con la educación, con la ciencia, con el progreso, ya que el sistema educativo en nuestro país ha sido uno de los medios más eficaces de cohesión cultural entre las regiones, de difusión de nuestros valores culturales, así como de la programación de oportunidades para todas las esferas de la sociedad.

Incorporemos ampliamente el progreso científico y tecnológico en nuestro marco jurídico para que sea una obligación observarlo, cumplirlo e incorporarlo al proyecto de nación que requerimos.

Es una obligación de todo gobierno. Participemos todos los mexicanos en este impulso que estamos solicitando. Es cuanto, diputado presidente. Solicito a esta Presidencia se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes General de Educación, de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de Ciencia y Tecnología, y Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado Jorge Arana Arana, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a este pleno la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el numeral II del artículo 3o., que modifica el inciso c) del numeral II del artículo 3o., que modifica el numeral V del artículo 3o., que modifica el numeral VI del artículo 3o., y que modifica el inciso e) del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que adiciona un segundo párrafo al artículo 5o., que modifica el numeral VII del artículo 7o., que modifica el primer párrafo del artículo 8o., que modifica el numeral III del artículo 8o., que modifica el artículo 9o., que modifica el numeral VII del artículo 14, y que modifica el primer párrafo del artículo 27 de la Ley General de Educación; que modifica el numeral I del artículo 8o., que modifica el numeral III del artículo 9o., y que modifica el numeral X del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; que adiciona un numeral X al artículo 1o., que modifica el numeral II del artículo 2o., que modifica el numeral I del artículo 6o., y que modifica el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Ciencia y Tecnología; y que modifica el artículo 2., y que modifica el numeral XV del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos quince años el país ha dado un viraje profundo en su desarrollo económico, en su organización política y en la expresión cultural de los grupos sociales. Este cambio también abarca a la educación. Las antiguas formas de relación, financiamiento y reconocimiento social que atraviesan y rodean a las instituciones de educación se ha modificado. Esto es resultado de las exigencias hacia esta materia desde distintos ámbitos nacionales e internacionales.

Históricamente, la sociedad mexicana ha dado un gran valor a la educación. Si bien ha sido notable el esfuerzo por extender la matrícula de educación en todos sus niveles, sobre todo superior, por aumentar los recursos y por la importancia que le atribuyen la familia, la juventud, las instituciones de gobierno y las empresas a la educación, estas acciones no siempre han sido correspondidas con niveles adecuados y eficientes de enseñanza. Las exigencias demandan educación de alta calidad, pertinencia ocupacional de la formación, funcionamiento institucional transparente y equidad social.

Las mismas instituciones de educación e investigación solicitan aumentar los ingresos de los profesores, mejorar las condiciones de su trabajo, fomentar la investigación e influir en las decisiones estratégicas de sus instituciones.

Los estudiantes exigen instalaciones adecuadas, profesionalismo de los profesores, oportunidades para estudiantes de escasos recursos y, principalmente, actualización de los programas de estudio con las cambiantes condiciones de empleo y desempeño en las instituciones y empresas.

La apertura económica plantea a las instituciones educativas retos que no se limitan a la esfera de la capacitación y el desarrollo tecnológico, sino también abarcan los valores, la cultura, la identidad y la soberanía.

Estos reclamos sociales y de las propias instituciones se suman a los retos externos. Así, el entorno se torna aún más exigente hacia las instituciones de educación.

Por su parte, estos mismos retos se aplican a la investigación científica y tecnológica, al representar un papel estratégico en la formación y capacitación de estudiantes e investigadores para el desarrollo nacional.

En la actual dinámica del desarrollo científico y tecnológico mundial, las modernizaciones educativa, científica y tecnológica resultan indispensables para consolidar y profundizar la modernización económica.

Las condiciones del desarrollo mundial y nacional, así como las directrices previsibles para el futuro, reclaman una base científica y tecnológica sólida. Difícilmente, sin capacidad científica y tecnológica no hay desarrollo económico.

Por ello, debemos generar las condiciones para que México cuente con una infraestructura adecuada que fortalezca las ciencias básicas y la comunidad científica se multiplique y se profesionalice, al tiempo que se eleve la calidad de producción y trabajo académico.

La educación, la ciencia y la tecnología son componentes fundamentales del desarrollo. Una educación de cobertura suficiente y de calidad adecuada es decisiva para impulsar, sostener y extender un desarrollo integral. La educación, la ciencia y la tecnología forman una fuerza de trabajo mejor capacitada para todos los sectores económicos, y aún para los ámbitos informales de la economía.

La modernización del país y las condiciones para la recuperación económica, exigen una vinculación más rápida, eficaz e imaginativa entre la educación y el aparato productivo y servicios de calidad, a costos menores y como resultado de procesos altamente tecnificados. Es imperativo que la educación apoye a los sectores productivos, incrementando los niveles de escolaridad y proporcionando el adiestramiento necesario y suficiente.

La educación y la investigación científica y tecnológica deben contribuir y promover el bienestar sustentado en el esfuerzo personal, modernizar la actividad profesional y resaltar el impacto benéfico de la investigación y la aplicación tecnológica, y que continúen garantizando la permeabilidad social.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología también es necesario para elevar la productividad, modernizar la infraestructura básica del país y competir decorosamente en los mercados internacionales. La modernización tecnológica y el crecimiento de la base científica están firmemente ligados.

El avance científico y la modernización tecnológica de México resultan indispensables para consolidar una estrategia de progreso científico y tecnológico y de desarrollo orientadas a elevar el bienestar de los mexicanos, a avanzar hacia la justicia social y a reposicionarnos nuevamente en los primeros lugares de la dinámica mundial.

Es el momento de plantear e impulsar una nueva política de ciencia y tecnología que se ligue a una estrategia del crecimiento económico, apoyada en la labor de los científicos y tecnólogos, que cumpla con el propósito de formar y capacitar cuadros científicos y técnicos de alto nivel necesarios para el desarrollo del país, y que México se inserte como productor de bienes con grandes ventajas competitivas en el mercado internacional. Únicamente de esta forma los conocimientos científicos y los avances tecnológicos pasarán a ser no sólo insumos necesarios, sino también los principales actores del cambio.

El contexto global demandará sociedades con sistemas educativos que capaciten y especialicen a los jóvenes con la más alta calidad. El porvenir de la sociedad mexicana reclama una reforma profunda en la calidad de nuestra educación.

Debido a esta importancia que representan la educación, la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país, es ineludible reforzar, fortalecer y actualizar la enseñanza en general, elevar su calidad en las instituciones públicas, todo con el fin común de sustentar y fincar el bienestar nacional en la educación a través del progreso científico y tecnológico establecido en el artículo tercero constitucional y en el octavo de la Ley General de Educación.

Este progreso científico y tecnológico debe contar con todo el apoyo del estado, de escuelas y universidades públicas y privadas, de institutos y centros de investigación y, de toda la población.

El concepto “progreso científico”, fue introducido en la Constitución Política mexicana el 30 de diciembre de 1946, cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Desde entonces, se ligó de manera definitiva a la educación con la ciencia; sin embargo, esta relación ha tenido altibajos. Las universidades y los centros de investigación han quedado al margen en muchos de los diseños de las políticas educativas y además, de las públicas.

Cuando se introdujo el concepto “progreso científico” durante el sexenio de Miguel Alemán, el país comenzó su industrialización y avanzó significativamente en muchos rubros del quehacer nacional.

En el ámbito internacional, el 10 de noviembre de 1975 fue proclamada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en su resolución 3384 (XXX), la declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad.

Esta resolución reconoce al progreso científico y tecnológico como uno de los factores más importantes del desarrollo de la sociedad humana y del impulso social y económico de los países en desarrollo.

Los puntos proclamados por la Asamblea General son los siguientes:

1. Todos los estados promoverán la cooperación internacional con objeto de garantizar que los resultados del progreso científico y tecnológico se usen en pro del fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, la libertad y la independencia, así como para lograr el desarrollo económico y social de los pueblos y hacer efectivos los derechos y libertades humanos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

2. Todos los estados tomarán medidas apropiadas a fin de impedir que los progresos científicos y tecnológicos sean utilizados, particularmente por órganos estatales, para limitar o dificultar el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los pactos internacionales de derechos humanos y en otros instrumentos internacionales pertinentes.

3. Todos los estados adoptarán medidas con objeto de garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población.

4. Todos los estados deben abstenerse de todo acto que entrañe la utilización de los logros científicos y tecnológicos para violar la soberanía y la integridad territorial de otros estados, intervenir en sus asuntos internos, hacer guerras de agresión, sofocar movimientos de liberación nacional o seguir políticas de discriminación racial. Estos actos no sólo constituyen una patente violación de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios del derecho internacional, sino que además representan una aberración inadmisible de los propósitos que deben orientar al progreso científico y tecnológico en beneficio de la humanidad.

5. Todos los estados cooperarán en el establecimiento, el fortalecimiento y el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo, con miras a acelerar la realización de los derechos sociales y económicos de los pueblos de esos países.

6. Todos los estados adoptarán medidas tendientes a extender a todos los estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología y a protegerlos, tanto en lo social como en lo material, de las posibles consecuencias negativas del uso indebido del progreso científico y tecnológico, incluso su utilización indebida para infringir los derechos del individuo o del grupo, en particular en relación con el respeto de la vida privada y la protección de la persona humana y su integridad física e intelectual.

7. Todos los estados adoptarán las medidas necesarias, incluso de orden legislativo a fin de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas.

8. Todos los estados adoptarán medidas eficaces, incluso de orden legislativo, para impedir y evitar que los logros científicos se utilicen en detrimento de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la dignidad de la persona humana.

9. Todos los estados adoptarán medidas, en caso necesario, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes que garantizan los derechos y las libertades humanos en condiciones del progreso científico y tecnológico.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, acuerdo que reconoce derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía, reconoce en su artículo 15, párrafo 1, inciso B, el derecho de toda persona a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.”

Este pacto, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución 2200A, fracción XXI, el 16 de diciembre de 1966 y entrando en vigor el 3 de enero de 1976, establece que las partes trabajarán para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas.

Derechos económicos, sociales y culturales

• Derecho al trabajo

• Derecho a la elección de empleo

• Derecho a la propiedad

• Derecho a un nivel de vida adecuado

• Derecho de acceso a la educación

• Derecho a fundar una familia

• Derecho al respeto y la protección de la familia

• Derecho a la ciencia y la cultura

• Derecho a la seguridad social

• Derecho a la asistencia social y médica

• Derecho a una alimentación adecuada

• Derecho a las prestaciones de bienestar social

• Derecho a disfrutar del progreso científico

• Derecho a la protección de la salud

• Derecho a la protección de la moral

El pacto es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y es inspeccionado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

Ante este panorama descrito, la obligación del Estado mexicano es garantizar y proteger el derecho de todas las personas a no ser privadas de los beneficios del avance tecnológico y del progreso científico en todos los campos: salud, seguridad social, empleo, cultura, familia, seguridad.

Por lo tanto, es necesario que las autoridades implementen nuevos métodos y programas que fomenten la educación, la investigación y los resultados científicos nacionales, con el fin de que todos los sectores de la población alcancen una mejor calidad de vida.

Refrendemos nuestro compromiso con la educación, con la ciencia, con el progreso, ya que el sistema educativo de México ha sido uno de los medios más eficaces de cohesión cultural, de unión entre regiones, de difusión de nuestros valores culturales, así como de la programación de oportunidades para todas las esferas de la sociedad.

Por lo antes expuesto, presento ante el pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto

Que modifica el numeral II del artículo 3o., que modifica el inciso c) del numeral II del artículo 3o., que modifica el numeral V del artículo 3o., que modifica el numeral VI del artículo 3o., y que modifica el inciso e) del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que adiciona un segundo párrafo al artículo 5o., que modifica el numeral VII del artículo 7o., que modifica el primer párrafo del artículo 8o., que modifica el numeral III del artículo 8o., que modifica el artículo 9o., que modifica el numeral VII del artículo 14, y que modifica el primer párrafo del artículo 27 de la Ley General de Educación; que modifica el numeral I del artículo 8o., que modifica el numeral III del artículo 9o., y que modifica el numeral X del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; que adiciona un numeral X al artículo 1, que modifica el numeral II del artículo 2, que modifica el numeral I del artículo 6o., y que modifica el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Ciencia y Tecnología; y que modifica el artículo 2, y que modifica el numeral XV del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en los siguientes términos

Artículo Primero. Se modifica el numeral II del artículo 3o.; se modifica el inciso c) del numeral II del artículo 3o.; se modifica el numeral V del artículo 3o.; se modifica el numeral VI del artículo 3o.; y se modifica el inciso e) del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado —federación, estados, Distrito Federal y municipios—, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

....

I. ....

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico y tecnológico en toda su extensión, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) ....

b) ....

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, sin privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

III ....

IV ....

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos —incluyendo la educación inicial y a la educación superior— necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación y el progreso científico y tecnológico, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, observando y respetando los resultados y conocimientos adquiridos a través del progreso científico y tecnológico nacional. En los términos que establezca la ley, el estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán

a) ....

b) ....

VII....

VIII....

Artículo 130. El principio histórico de la separación del estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.

....

a)  a  d)....

e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país, a sus instituciones, a los resultados del progreso científico y tecnológico, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.

....

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 5o.; se modifica el numeral VII del artículo 7o.; se modifica el primer párrafo del artículo 8o.; se modifica el numeral III del artículo 8o.; se modifica el artículo 9o.; se modifica el numeral VII del artículo 14; y se modifica el primer párrafo del artículo 27 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue

Artículo 5o. La educación que el estado imparta será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

Sin discriminar el ejercicio del derecho a la educación religiosa que ofrecen las instituciones educativas particulares, éstas observarán y respetarán los resultados del progreso científico y tecnológico establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8o. de esta ley, sin objeción alguna.

Artículo 7o. La educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I al VI....

VII. Fomentar y promover permanentemente actitudes y apoyos que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas;

VIII al XVI....

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el estado y sus organismos descentralizados impartan —así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan— se basará en los resultados del progreso científico y tecnológico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I....

II....

III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, sin privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el estado promoverá y atenderá —directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio— todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica como bases del progreso científico y tecnológico nacional, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I al VI....

VII. Promover permanentemente y dotar de los recursos necesarios a la investigación, para que sirva como base a la innovación educativa y al progreso científico y tecnológico;

VIII al XIII....

Artículo 27. En el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de esta sección, el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del progreso científico, tecnológico y del desarrollo nacional.

....

Artículo Tercero. Se modifica el numeral I del artículo 8o.; se modifica el numeral III del artículo 9o.; y se modifica el numeral X del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Las asociaciones religiosas deberán

I. Sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, respetar las instituciones del país y los resultados del progreso científico y tecnológico establecido en el artículo 3o. constitucional, y en el artículo 8o. de la Ley General de Educación;

II al IV....

Artículo 9o. Las asociaciones religiosas tendrán derecho en los términos de esta ley y su reglamento, a:

I....

II....

III. Realizar actos de culto público religioso, así como propagar su doctrina, siempre que no se contravengan las normas y previsiones de éste y demás ordenamientos aplicables, ni se opongan a los resultados del progreso científico y tecnológico.

IV al VII....

Artículo 29. Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere:

I al IX....

X. Oponerse a las leyes del país, a sus instituciones o a los resultados del progreso científico y tecnológico en reuniones públicas;

XI al XIV....

Artículo Cuarto. Se adiciona un numeral X al artículo 1; se modifica el numeral II del artículo 2; se modifica el numeral I del artículo 6o.; y se modifica el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 1.

La presente ley es reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto:

I al IX....

X. Fomentar e impulsar el progreso científico y tecnológico nacional como base de la educación.

Artículo 2.

Se establecen como bases de una política de estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las siguientes

I....

II. Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica, el desarrollo tecnológico y la innovación asociados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento, así como convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales del progreso científico y tecnológico y de la cultura general de la sociedad;

III al VII...

Artículo 6.

El Consejo General tendrá las siguientes facultades

I. Establecer políticas nacionales para el avance de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que apoyen el progreso científico, tecnológico y el desarrollo nacional;

II al XI....

Artículo 30.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) promoverá la conformación y el funcionamiento de una red nacional de grupos y centros de investigación. Dicha red tendrá por objeto definir estrategias y programas conjuntos, articular acciones, potenciar recursos humanos y financieros, optimizar infraestructura, propiciar intercambios y concentrar esfuerzos en áreas relevantes para el progreso científico, tecnológico y el desarrollo nacional, así como formular estudios y programas orientados a incentivar la profesión de investigación, fortalecer y multiplicar grupos de investigadores y fomentar la movilidad entre éstos; proponer la creación de nuevos grupos y centros y crear redes en áreas estratégicas del conocimiento.

....

....

Artículo Quinto. Se modifica el artículo 2; y se modifica el numeral XV del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue

Artículo 2.

El Conacyt, tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo federal y especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el progreso científico y tecnológico, y el desarrollo y la modernización tecnológica del país. En cumplimiento de dicho objeto le corresponderá al Conacyt, a través de los órganos que establece esta ley y de sus representantes, realizar lo siguiente

I al XIV....

XV. Promover y apoyar la conformación y funcionamiento de una red nacional de grupos y centros de investigación para definir estrategias y programas conjuntos, articular acciones, potenciar recursos humanos y financieros, optimizar infraestructura, propiciar intercambios y concertar esfuerzos en áreas relevantes para el progreso científico, tecnológico y para el desarrollo nacional, así como definir los criterios y estándares de calidad institucional aplicados en los procesos de evaluación para ingreso y permanencia en dicho sistema;

XVI al XXVIII....

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito se turne esta iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Gobernación, y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, para su discusión, dictamen y aprobación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.— Diputados: Jorge Arana Arana, José Manuel Agüero Tovar, Jaime Sánchez Vélez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Como usted lo solicita se hará, señor diputado. Su proposición se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Gobernación y de Ciencia y Tecnología para su dictamen.

Esta Presidencia saluda la presencia en este salón de sesiones de 28 alumnos del Centro de Estudios José de la Borda, de Taxco de Alarcón, Guerrero, invitados por el diputado Esteban Albarrán Mendoza.

También saludamos a los alumnos y personal docente del Colegio Thomas Jefferson, invitados por la diputada María Teresa Ochoa Mejía.

Se encuentran con nosotros alumnos de la Escuela Primera Juan Fernández Albarrán, de San Pablo Autopan, municipio de Toluca, estado de México, invitados por el diputado Héctor Hernández Silva. Bienvenidos todos ustedes, amigos, a la sala de sesiones de la Cámara de Diputados



CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Escucharemos ahora al diputado Francisco Herrera Jiménez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal. Adelante, diputado, hasta por 5 minutos.

El diputado Francisco Herrera Jiménez:Muchas gracias, diputado presidente. Solicito a la Mesa Directiva se dé sólo turno a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, con el objeto de hacer uso del tiempo asignado para referirme a la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para expedir la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural y Material de la Nación.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Herrera Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Francisco Herrera Jiménez, diputado de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo vigésimo séptimo al Código Penal Federal relativo a delitos contra el patrimonio cultural de la nación.

Exposición de Motivos

Pese a que México es uno de los países con mayores sitios y monumentos declarados patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), no puede dejar de denunciarse que éstos están en peligro inminente. La gravedad del tema, es el fundamento central de la presente propuesta.

Es un hecho, que los robos y saqueos son la principal amenaza a nuestro patrimonio, y la razón de tales robos se debe a la falta de condiciones de seguridad en los lugares donde permanecen los objetos patrimoniales. Uno de los más graves problemas derivados del saqueo de piezas arqueológicas es que se descontextualiza el posterior estudio de éstas, se pierde la información y en el caso de que se recuperen resulta difícil relacionarlas con el entorno en el que se encontraban, constituyendo un verdadero atentado contra los vestigios de las raíces históricas de cualquier pueblo, etnia o nación.

Los saqueos no son nuevos, prácticamente desde la conquista española el fenómeno ha sido recurrente, y sólo recientemente se ha podido ver con mayor precisión el alto nivel de destrucción del contexto de las piezas. En México menos de 10 por ciento de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos robados de iglesias, museos, galerías, bibliotecas y colecciones particulares son recuperadas.

Datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señalan que de 1999 a junio de 2006 fueron robados 964 objetos religiosos, de los cuales 190 se recuperaron. Además, de los 35 mil sitios prehispánicos que existen, 10 mil 485 han sufrido algún tipo de saqueo.

Los estados del norte y del sur tienen mayor saqueo arqueológico, mientras que en los del centro se concentra el robo de arte sacro. Algunas piezas llegan a alcanzar en el mercado negro un costo de 300 mil pesos.

La Procuraduría General de la República (PGR) señala que durante el sexenio pasado se iniciaron 192 averiguaciones previas relacionadas con el robo de arte sacro, de las cuales 17 continúan en trámite y se han resuelto 175.

Por lo anterior, en la iniciativa que hoy se somete a consideración, se propone adicionar un capítulo al Código Penal Federal, con la finalidad de elevar al rango de delito los actos realizados en contra del patrimonio cultural de la nación; en particular, del patrimonio cultural material.

En este orden de ideas, se propone elevar las penas privativas de libertad y las sanciones pecuniarias.

Una vez presentado las generalidades de la iniciativa, y en soporte a la misma, quisiera comentar que nuestra tradición legislativa ha sido de constante vanguardismo en la materia, baste mencionar las reformas que se realizaron a la Constitución Política de 1917, entre otras, la integración en la fracción XXV del artículo 73 de una referencia específica sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y, durante los gobiernos de Emilio Portes Gil y Abelardo L. Rodríguez, se decretan ordenamientos en materia de protección y registro de bienes arqueológicos. Entre ellos, destaca la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, promulgada el 19 de enero de 1934 en la cual se prohibía la exportación de monumentos prehispánicos y los declarados como históricos por la Secretaría de Educación Pública.

En 1970 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Patrimonio Cultural. Dos años más tarde, el 28 de abril de 1972, se promulgó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con el objeto de fortalecer el marco jurídico para detener y prevenir actos atentatorios contra la integridad, conservación, recuperación y propiedad del patrimonio cultural, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo del mismo año. Tal ordenamiento que se encuentra vigente hasta nuestros días y tipifica diversas figuras delictivas expresadas en un capítulo denominado De las Sanciones.

En términos generales podemos decir que México es un país pionero en materia de protección del patrimonio cultural. Considérese que el mismo concepto de“patrimonio cultural” como tal, difundido por la Unesco a partir del siglo XX, en México ya existía, primero como “antigüedades mexicanas”, posteriormente vino la acepción que lo denominaría “monumento”, en referencia a la fuente de conocimiento científico, cultural e histórico tangible e intangible. Bienes sujetos de protección en tanto que tienen dicho valor.

El daño que produce el saqueo, la destrucción, alteración y el coleccionismo basado en el tráfico ilícito de bienes culturales, es enorme. Genera la destrucción de contextos históricos, vital para el entendimiento de los pueblos que produjeron los bienes culturales que le dieron origen.

Por ello, debemos entender que la protección de nuestro patrimonio cultural y el desarrollo económico y social que éste genera son conceptos íntimamente ligados y no excluyentes y toda política nacional representa la inclusión de esta materia, tal como se concibe tanto en el plan nacional de desarrollo como en los programas sectoriales de cultura y turismo.

Si bien es cierto que los sitios y zonas arqueológicas son un recurso que impulsa la actividad turística dentro del denominado turismo cultural, también puede ser un objeto de degradación patrimonial a causa del turismo masivo.

La pretensión es evitar todas aquellas acciones que deterioren y sean un factor de pérdida de los bienes culturales, patrimonio de los mexicanos, fortalecer la protección del patrimonio cultural para que siga siendo un recurso aprovechable y no solamente un recurso explotado.

De ahí la necesidad de generar estrategias de carácter jurídico y trasladar el capítulo de sanciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos al Código Penal Federal.

Uno de los razonamientos de lo antes expresado, es evitar el problema que representa el tipificar conductas en una ley de naturaleza administrativa, en lugar de hacerlo en el Código Penal Federal, ocasionando un problema de dispersión de las normas en materia penal, toda vez que la propia Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se remite a las reglas generales señaladas en el Código Penal Federal para resolver acerca de figuras como la reincidencia.

Los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia se enfrentan día a día con la innecesaria dispersión normativa, siendo ésta la razón primordial por la que nuestro derecho se orienta cada vez más a la unificación de las normas penales que aún se encuentran en diversas leyes de carácter administrativo.

Es de suma importancia reunir en un sólo cuerpo normativo todas las conductas que son consideradas como delitos. La armonización y posterior unificación de las normas penales facilitan el trabajo de la autoridad responsable de su aplicación y otorgan certidumbre jurídica a los sujetos a un proceso penal.

De esta forma, resulta necesario derogar las disposiciones que establecen una conducta penal típica de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para trasladarlas al Código Penal Federal, actualizándolas y adecuándolas a la realidad social y a las reglas generales emitidas por la legislación penal vigente.

En lo que se refiere a los montos de las sanciones administrativas actualmente establecidas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y que en un parámetro real no son las adecuadas, proponemos que el monto de las multas se fijen en los términos establecidos en el Código Penal Federal, es decir, en días multa y no como la redacción vigente que establece cantidades líquidas.

Se aumentan en sus mínimos las penas privativas de la libertad en determinados delitos, en atención al bien jurídico protegido, y a fin de acortar el rango de discrecionalidad del juez para imponer arbitrariamente desde el plazo mínimo de un año hasta diez años.

Se separan las conductas relativas a la realización de actos traslativos de dominio de un monumento arqueológico mueble y a su comercialización, para dar una penalidad mayor por el carácter eminentemente lucrativo que muchas veces buscan los coleccionistas al ir tras una pieza arqueológica, con relación a aquellos sujetos que sólo lo transporten, exhiban o reproduzcan.

Se aumenta la penalidad a los sujetos que promuevan, organicen, financien o dirijan la realización sin autorización de trabajos de excavación sobre monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, en virtud de su peligrosidad por contar estos sujetos con conocimientos amplios sobre la labor arqueológica.

Dado el nivel de responsabilidad, se contempla la destitución e inhabilitación de los servidores públicos pertenecientes al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el doble del tiempo a la pena de prisión impuesta, que hayan otorgado indebidamente la autorización para la realizar trabajos arqueológicos y dispongan para sí de un monumento arqueológico mueble, situación no establecida en la redacción de la ley federal vigente.

Asimismo, se eleva la pena aplicable al servidor público que indebidamente se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico, como consecuencia de la confianza en él depositada y por la disposición del monumento arqueológico mueble.

En el caso de daños a monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, se unifica el criterio respecto al medio comisivo empleado, dejándolo de manera general.

Se mantiene la descripción de la conducta relativa a quien por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin que medie permiso de la autoridad competente. De esta forma se prevé integrar tanto a las instituciones como a los órganos del gobierno encargados de otorgar, en su caso, la autorización correspondiente y no sólo al instituto, como se señala en el texto vigente.

Con las precisiones jurídicas mencionadas a lo largo de esta exposición de motivos se busca otorgar la certeza y coherencia jurídica que no se advierten en la redacción vigente de la ley federal mencionada, además estaría acorde con la política de sanciones pecuniarias en días multa que hoy rigen a los cuerpos legales.

El patrimonio cultural de México es invaluable, por ello resulta necesario adecuar la ley a nuestra realidad social y garantizar la preservación de nuestros monumentos, arte y memoria histórica.

En ello consiste nuestra obligación legislativa, permitir que posteriores generaciones de mexicanos disfruten de un legado cultural, histórico y artístico, que nos une y nos identifica como nación.

Recientemente ha habido reformas a las leyes en materia penal, con el fin de que los tipos penales que se encontraban erróneamente dispersos en diversas leyes de carácter administrativo sean ahora contemplados en el código en comento.

Decreto

Artículo Único.Se adiciona el título vigésimo séptimo al Código Penal Federal, en materia de los delitos contra el patrimonio cultural de la nación, para quedar como sigue:

Título vigésimo séptimo De los Delitos contra el Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación

Artículo 430.Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de dos a doscientos días.

Artículo 431.Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de sesenta a trescientos días; y se le destituirá inhabilitará por el doble del tiempo de la pena impuesta.

Si los delitos previstos en este título, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de este ordenamiento, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 432.Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de veinte a trescientos días.

Artículo 433.Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento histórico mueble y que éste sea considerado como tal en los términos de la Ley Federal en Materia de Monumentos Históricos y Arqueológicos, se le impondrá prisión de uno a seis años y multa de dos a quinientos días.

Artículo 434.Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la ley, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa de sesenta a trescientos días.

Artículo 435.Al que con dolo y por medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Artículo 436.Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del instituto competente, se le impondrá prisión de dos a doce años y multa de dos a quinientos días.

Artículo 437.A los reincidentes en los delitos tipificados en esta ley, se les aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor.

Para resolver sobre reincidencia y habitualidad se estará a las reglas generales de este código.

Los traficantes de monumentos arqueológicos serán considerados delincuentes habituales para los efectos de esta ley.

La graduación de las sanciones a que este título se refiere se hará tomando en cuenta la educación, las costumbres y la conducta del sujeto, sus condiciones económicas y los motivos y circunstancias que lo impulsaron a delinquir.

Transitorio

Artículo Único.Esta ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2010.— Diputados: Francisco Herrera Jiménez, José Manuel Agüero Tovar, Jaime Sánchez Vélez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Solamente para precisar al registro de esta sesión, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.



LEY FEDERAL DE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS - LEY FEDERAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y MATERIAL DE LA NACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y usted expondrá en este momento la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y expide la Ley General de Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación.

El diputado Francisco Herrera Jiménez:Es correcto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señor diputado.

El diputado Francisco Herrera Jiménez:Muchas gracias, diputado presidente. El que suscribe, diputado federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1 y fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para expedir la Ley General sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación.

Estimados legisladores, la cultura es el medio de expresión por excelencia de la facultad creativa del hombre. Por fortuna, la historia del hombre también es la historia de sus expresiones de la realidad, es decir, de su cosmovisión, de ahí la importancia que la cultura tiene para un país, no es sólo el pasado.

Al ser una iniciativa humana, es dinámica y está en constante transformación, por lo que representa también el presente, y determina en mucho el futuro de un pueblo. La cultura es, por tanto, un componente esencial de la identidad nacional.

En nuestro caso tenemos la fortuna de ser herederos de culturas como la olmeca, teotihuacana, maya, mexica y totonaca, de la cual provengo con mucho orgullo. Más aún, en el crisol de la historia se han ido sumando otras varias, principalmente la hispánica, pero también las culturas africanas, la judía, entre otras, que han aportado a la construcción del mosaico cultural que hoy es nuestro país.

Valorando lo anterior, pongo a la consideración de esta honorable asamblea actualizar nuestro marco jurídico de salvaguarda y difusión de nuestro patrimonio cultural. Es así que propongo expedir la Ley Federal sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial y Material.

Permítanme hacer algunas consideraciones al respecto.

Primero. Debemos reconocer los aportes que la actual ley ha hecho a la protección y conservación del patrimonio cultural de los mexicanos.

El diseño institucional establecido en ella ha permitido el desarrollo de dos loables instituciones: el Instituto Nacional de Antropología y el Instituto Nacional de Bellas Artes, ambas instituciones deben seguir siendo apoyadas en su esfuerzo cotidiano. Por ello, esta propuesta no tiene la intención de reducir ninguna de sus atribuciones.

Segundo. La propuesta tiene como ejes dos conceptos: el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material.

En el caso del concepto de patrimonio cultural inmaterial, el concepto no existe en nuestra legislación actual pese a que, por ejemplo, en México se hablan 68 lenguas indígenas, cada una de ellas corresponde a un pueblo indígena, cada uno con sus propias expresiones, danza, música, ceremonia y vestimenta, es decir, tenemos una gran riqueza que es necesario valorar y proteger. En ese sentido consideramos que la mejor manera de preservarlas es el conocimiento y la difusión de las mismas.

En el ámbito internacional, nuestro patrimonio inmaterial ha sido ampliamente reconocido. Permítanme ilustrar con algunos casos: desde el 2008 el Centro de las Artes Indígenas de Cumbre Tajín, en Papantla, Veracruz, conjuntamente con los tres niveles de gobierno, gestionó el reconocimiento de las organizaciones de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a la ceremonia de Voladores de Papantla, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Por fortuna la ceremonia totonaca...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Francisco Herrera Jiménez:...se convirtió en el segundo elemento más vivo.

La cultura es el alma de nuestra nación. Los exhorto a reflexionar en torno a las siguientes preguntas: ¿cuánto valor tiene aquello que no puede palparse pero que nos define frente al mundo? ¿Qué significado y aportación tiene para los mexicanos de hoy nuestros sitios arqueológicos, históricos y artísticos?

Gracias por su atención. Hago entrega formal de mi propuesta y solicito que el texto íntegro sea insertado en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que abroga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y expide la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación, a cargo del diputado Francisco Herrera Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Francisco Herrera Jiménez, diputado federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta  honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para expedir la Ley General sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación.

Exposición de Motivos

La cultura es el conjunto de expresiones que a por excelencia de la capacidad creativa del hombre. Así, los pueblos y civilizaciones han ido construyendo un bagaje cultural que hoy en día cada pueblo debe valorar. Lo mismo podemos admirar los hermosos palacios japoneses en Kyoto, que las danzas purépechas en Michoacán, o de las esculturas griegas expuestas en museos europeos. La historia del hombre por fortuna, también es la historia de su capacidad de expresión de la realidad, de su contexto, de su relación con su entorno y de su cosmovisión.

De ahí la importancia que la cultura tiene para un país. No es sólo el pasado; por el contrario, al ser una actividad humana, es dinámica y está en constante transformación, por lo que representa también el presente y determina en mucho el futuro de un pueblo. La cultura es el componente principal de la identidad nacional, entendida como la síntesis de lo que nos es común como nación. Somos lo que recordamos, afirman los neurólogos. Esta aseveración no se aplica únicamente en lo individual, los pueblos deben saber de dónde vienen, quiénes han sido, para saber quiénes son hoy y de ahí caminar hacia el futuro. En tanto que cultura es identidad, preservarla se vuelve un asunto de interés nacional.

En este sentido, la diversidad es uno de los pilares que sustentan lo anterior. Uno de los pocos países del mundo que puede preciarse de ser un país con una gran complejidad no sólo en cuanto a diversidad biológica, sino también cultural, es México. Originalmente ha sido habitado por grandes culturas como la olmeca, teotihuacana, maya y mexica, por mencionar algunas, en el crisol de la historia se han ido sumando otras varias, principalmente la hispánica, pero también las culturas africanas, la judía, entre otras que han aportado a la construcción del mosaico cultural que hoy es México.

Valorando y apreciando la gran herencia cultural de nuestro país, es que ha surgido la preocupación por actualizar y ampliar el marco jurídico, que permita una efectiva preservación de las diferentes expresiones de la cultura.

Al respecto, es conveniente apuntar primeramente que la propuesta tiene como ejes dos conceptos: el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material. Ambos conceptos derivan de la nomenclatura internacional, utilizada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En especial existen dos instrumentos jurídicos internacionales donde encontramos dichos conceptos: la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural del 16 de noviembre de 1972, aceptada por nuestro país el 23 de febrero de 1984. Como así también, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada el 17 de octubre de 2003 y ratificada por México el 14 de diciembre de 2005.

Es importante resaltar que cuando hablamos de patrimonio no es en el sentido económico ni comercial estrictamente hablando. Si bien, al preservar y difundir nuestras culturas y sus expresiones podemos generar una gran derrama económica, tema que se retomará más adelante, lo cierto es que para efectos de la presente iniciativa, el concepto tiene como objetivo tomar consciencia del legado de nuestro pasado y de la constante creatividad de los mexicanos y no sólo ello, sino además apreciarlo y garantizar su continuidad.

Por ello, para establecer con precisión el concepto patrimonio cultural material, consideremos el concepto de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural:

Artículo 1

A los efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio cultural”:

- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,

- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,

- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

Mientras tanto, el concepto patrimonio cultural inmaterial lo encontramos en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial como sigue:

Artículo 2: Definiciones

A los efectos de la presente Convención.

1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio  cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo primero supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;

b) artes del espectáculo;

c) usos sociales, rituales y actos festivos;

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;

e) técnicas artesanales tradicionales.

Además es el componente que garantiza que el desarrollo humano realmente lo sea.

3...

No obstante que la nomenclatura está basada en dos instrumentos internacionales, el sustento jurídico fundamental lo encontramos en nuestra propia Carta Magna. El pasado 30 de abril fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 4°, y se reforma la fracción XXV y adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo central consistió en elevar a rango constitucional el derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado, establecer la obligación de las instituciones de promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura; y lo más relevante para efectos de la presente iniciativa, otorgar facultades al Congreso para legislar en materia cultural, derechos de autor, propiedad intelectual, así como para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación que los tres órdenes de gobiernos en materia de cultura y los mecanismos de participación de los sectores social y privado en la materia.

Aunado a lo anterior, debemos considerar que el artículo 2° constitucional, reformado en 2001 establece en su apartado A, fracción IV, que versa sobre los derechos de los pueblos indígenas, la obligatoriedad de “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”. Al respecto baste sólo un ilustrador ejemplo: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) ha catalogado un total de 68 lenguas indígenas y 364 variantes, lo que convierte a nuestro país en uno de los Estados con mayor riqueza cultural en cuanto a lenguas habladas.

Esta propuesta también atiende a lo dispuesto en artículo 73 fracción XXV constitucional, cuya inserción data de 1966, que faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de monumentos y zonas de monumentos, y de ahí también que se le denomine Ley General; toda vez que la Constitución mandata directamente se legisla sobre un tópico.

Cabe hacer mención aquí, que esta fracción significó un gran avance en su momento, y fue producto de mentes privilegiadas que impulsaron un intenso y constructivo debate legislativo.

Ahora bien, la iniciativa que se pone a la consideración; parte de la actual Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, promulgada por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, el 6 de mayo de 1972 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en esa misma fecha. Su última reforma data del 13 de enero de 1986. Dicho instrumento aún operante y que sin duda significó un avance, pues considera e instituye el actual sistema de protección, estableciendo por ejemplo el registro de nuestras zonas y monumentos arqueológicos, y no sólo ello, hace imperativo su conservación. Impone además sanciones en la materia. En general, se trata de un instrumento que aporta en mucho a la protección al patrimonio cultural, aunque sólo se ocupe de una parte del patrimonio cultural, forma parte de una traición jurídica histórica que comienza en el siglo XVIII.

Sin embargo, debemos reconocer que diversos fenómenos derivados de la globalización como el desarrollo del libre comercio, las nuevas tecnologías y en especial, de las necesidades sociales que se han gestado en estas últimas tres décadas han creado una serie de fenómenos que han rebasado por mucho el alcance de este ordenamiento: la explosiva expansión de los centros de población; el incremento de turismo “cultural”; la intensificación en el tráfico ilícito de bie-nes culturales; el crecimiento del mercado internacional del arte; entre otras, se han convertido en riesgos inminentes para nuestro patrimonio cultural.

Adicionalmente, es importante señalar que en la estructura de la Administración Pública Federal se han suscitado una serie de cambios que no han sido consignados en este ordenamiento. Es un hecho que en la actualidad es necesario redimensionar el papel del Estado frente al patrimonio cultura. Alejarse de las tendencias que lo situaban como el único responsable y facultado para decidir sobre los mismos: procurando en cambio, crear una política nacional que privilegia los espacios de diálogo y acuerdo entre los diversos sectores involucrados en este tema.

Todo lo anterior, nos lleva al objetivo central de la iniciativa: la preservación integral de nuestro patrimonio. El derecho a tener “acceso” a la cultura no tiene significado alguno si no hay un patrimonio que conocer, apreciar, disfrutar, difundir y reproducir. Por esta razón la necesidad de generar un cuerpo de normas que establezcan los ejes rectores de acción, y que a su vez generen políticas públicas que garanticen el círculo virtuoso, que de otra forma se puede convertir en un círculo vicioso.

Lo anterior supone fortalecer las facultades de todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil en la defensa de los monumentos y zonas en un esquema de corresponsabilidad, procurando por otra parte intensificar las acciones destinadas a difundir entre la sociedad la importancia de preservar su legado cultural.

En razón de lo anterior, se proponen tres medios: primero, ampliar los alcances de la ley, empezando con la inclusión de los dos tipos de patrimonio cultural; segundo introducir esquemas de coordinación entre las instituciones encargadas de la conservación y difusión de nuestro patrimonio de los diferentes niveles de gobierno; y tercero, un aspecto fundamental: el presupuesto. Sin los recursos financieros necesarios, las voluntades sumadas sembrarían en terreno infértil.

Respecto a lo anterior, es oportuno hacer notar que la propuesta descansa en dos pilares: por una lado el institucional, y por el otro el de la sociedad civil. No se puede pensar en la conservación integral sin que ambos actores coadyuven. De hecho, en el caso de la protección, preservación y transmisión del patrimonio cultural intangible recae principalmente en la sociedad; especialmente en los pueblos y comunidades indígenas, quienes de forma innegable, al ser herederos de ancestrales pueblos, son quieres reproducen, transmiten y por tanto resguardan la mayor parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial.

Asimismo, se proponen tres títulos: El primero de disposiciones generales; el segundo acerca del patrimonio cultural intangible y el tercero sobre el patrimonio cultural tangible.

En el primero de ellos se introducen los conceptos generales. Se propone también un Sistema de Salvaguardia del Patrimonio Cultural de la Nación, cuyo presidente será el Secretario de Educación Pública, toda vez que necesitamos que la cultura sea una prioridad real para la administración pública.

Asimismo, al pilar de la sociedad civil, se propone fortalecer también el institucional, al incorporar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi) e Inali, en la conservación integral. Ambas instituciones, pese a la relevancia de sus mandatos en lo relativo a la preservación y difusión de las culturas indígenas, no están coordinadas con las demás instituciones encargadas en la materia como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA).

El segundo título comprende al patrimonio cultural intangible de la nación. Para ello se propone partir de la catalogación como instrumento de conservación. En este sentido la participación activa de cada uno de los sectores de la sociedad involucradas en el contexto de cada expresión cultural será determinante pues quiénes conocen mejor sus formas de comunicación con su entorno y naturaleza que las comunidades mismas.

La importancia de la preservación del patrimonio cultural intangible muchas veces es también difícil de palpar; sin embargo, habría que hacemos una pregunta ¿cuánto vale aquello que no se puede tocar, pero que nos da identidad como pueblo, como nación?

En el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, podemos leer: “Una nueva dimensión de la cultura en la vida nacional presupone la renovación del esfuerzo del Estado y la sociedad en su valoración y fomento.” En consecuencia, toca al legislativo ejercer el mandato constitucional para garantizarlo.

La misma Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial establece:

Artículo 11: Funciones de los Estados Partes

Incumbe a cada Estado Parte:

a) adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;

b) entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo tercero del artículo 2o., identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial

c) presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes.

Artículo 13: Otras medidas de salvaguardia

Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio, cada Estado Parte hará todo lo posible por:

a) adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación;

b) designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;

c) fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial, y en particular del patrimonio cultural inmaterial que se encuentre en peligro;

d) adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas para:

i) favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de este patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión;

ii) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio;

iii) crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y facilitar el acceso a ellas.

Lo anterior es un compromiso internacional que nuestro país adquirió al ratificar el instrumento en 2005. La comunidad internacional ha reconocido ampliamente a nuestro país. Relativo al patrimonio cultural intangible, la UNESCO ha incluido dentro de la lista del patrimonio de humanidad, la ceremonia ritual de los Voladores de Papantla, en Veracruz.

Esta declaratoria gestionada desde 2008 por el Centro de las Artes Indígenas de Cumbre Tajín y los tres niveles de gobierno mexicano, convierte a esta tradición en el segundo elemento vivo de México que recibe dicha nominación. El nombramiento en mucho se debió a un extenso plan de cuidado, preservación, difusión y desarrollo del patrimonio cultural enfocado a tres grupos principales: Los voladores de Veracruz, Puebla y San Luis Potosí; los danzantes de Guatemala y las regiones de México y Centroamérica en las que se ha desvanecido la práctica del ritual. Dicho plan incluye medidas como el encuentro internacional de Voladores realizado anualmente durante el Festival Cumbre Tajín, la Escuela de Niños Voladores del Centro de las Artes Indígenas, la conformación de un Consejo de Voladores y el Plan de Salvaguarda presentado a la UNESCO como parte del Expediente oficial.

Con este nombramiento, Papantla posee dos elementos inscritos en las listas de Patrimonio Material -la Ciudad Sagrada de El Tajín- y de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, virtud que lo consolida como punto de interés mundial. Y El festival Cumbre Tajín recibe cada año, para el 2011, el ayuntamiento prevé la llegada de alrededor de 155 mil personas, con una derrama del orden de 100 millones de pesos.

Otro ejemplo a destacar es el de las fiestas dedicadas al día de muertos, proclamadas Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en 2003. En este caso, la isla de Janitzio es el claro ejemplo de la derrama económica que puede obtenerse al preservar el patrimonio cultural. La isla prácticamente subsiste del turismo, que anualmente recibe de todas partes del mundo, en todo el año, en especial el 1 y 2 de noviembre.

Cabe añadir que México, ratificó la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, cuyo articulado hace hincapié en el diálogo intercultural y las acciones en favor de los pueblos indígenas. Lo que genera a su vez, el compromiso por fomentar la producción de artesanías, la literatura en lenguas indígenas, por mencionar dos expresiones.

Un argumento más: en el Estudio Estratégico de Viabilidad de Turismo Cultural en México, publicado por la Secretaría de Turismo en 2003, se afirma que se puede leer “sin cultura no hay turismo”. En este sentido la premisa debiera ser el aprecio de la cultura per se, y la derrama económica como consecuencia de su salvaguarda y preservación.

Las propuestas asentadas en el título tercero, sobre el patrimonio cultural material se derivan de diversos documentos emitidos por la UNESCO tales como la “Recomendación para la Conservación en el Ámbito Nacional del Patrimonio Cultural y Natural”, emitida en París en 1972- así como de el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), donde se reconoce que no basta la conservación física de un monumento o zona para garantizar su protección integral, sino que debe atenderse a sus valores testimoniales, su significación para la población y su relación al medio ambiente cultural y natural. Es por ello, que la iniciativa establece una serie de disposiciones para garantizar la conservación integral de los monumentos y zonas de monumentos, superando la visión limitada que actualmente priva en la ley vigente en el sentido de proteger tan solo la integridad física del edificio, estableciendo además principios generales que sirvan de marco de referencia a las autoridades y a la población en el tratamiento de estos bienes y zonas.

En la propuesta se contempla la obligatoriedad de realizar un plan de manejo de zona de monumento, para cada zona en cuestión, como un instrumento que pretende proveer de sistematización y coordinación a las acciones destinadas a la preservación de una zona de monumentos y eventualmente, a la de monumentos aislados que así lo requieran.

Asimismo, se prevé la creación de estudios previos de impacto cultural que pretendan mitigar y evitar los efectos adversos de los proyectos constructivos que puedan representar un riesgo para la integridad o valores de una zona o monumento. La iniciativa propone una serie de disposiciones con el fin de fortalecer las funciones y efectos de la inscripción de bienes y sitios en el Registro Público de Monumentos y Zonas previsto por la ley, con el fin dotar de mayor eficiencia a las labores de registro y catalogación como instrumentos de conservación.

Por último, siendo la declaratoria de monumentos y zonas de monumentos el instrumento que permite incorporar a un bien o área territorial al régimen de protección previsto en esta ley, se proponen dos acciones:

Primero, regular de manera más clara su procedimiento de emisión y sobre todo, incorporar en el cuerpo de este ordenamiento un medio de defensa para el afectado por este acto de autoridad, con el fin de subsanar el vicio de inconstitucionalidad que puede apreciarse en el siguiente criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que apareció en el Semanario Judicial de la Federación, en su Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 466, Clave p. XXIX/2000; omisión que ha motivado que monumentos representativos para la historia de nuestro país hayan dejado de contar con la protección que prevé la ley al ser revocada, al amparo de este criterio jurisprudencial, la declaratoria respectiva:

“Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La Ley Federal relativa es violatoria de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional. Es inconstitucional la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, porque no prevé un procedimiento para que los afectados impugnen la declaratoria de que un bien es monumento histórico, que emitan las autoridades administrativas; pues como dice la jurisprudencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo está obligado, según el artículo 14 constitucional, a establecer en las leyes un procedimiento para que los afectados puedan impugnar los actos de aplicación. No obsta a lo anterior el hecho de que, en los artículos 23 y 24, la ley en cita prevea un recurso de oposición contra la inscripción de la declaratoria en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues la oposición de referencia opera contra la inscripción en el registro, pero no contra la declaratoria de que un bien es monumento histórico, que es la que causa perjuicio, por la serie de obligaciones que impone. Por tanto, si independientemente de la inscripción en el registro, la sola declaratoria impone obligaciones a los afectados (artículos 6, 7, 10, 11 y 12, entre otros, de la ley reclamada) y si la ley no contempla procedimiento o recurso alguno para que los propios afectados impugnen dicho acto de aplicación, ese ordenamiento es violatorio del artículo 14 constitucional.”

Mención especial merecen los 27 bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, 24 de ellos y 3 naturales. Entre los bienes registrados están las ciudades patrimonio, México cuenta con diez ciudades cuyos centros históricos están inscritos en tan insigne lista. Anualmente reciben millones de visitantes. Desafortunadamente no se tienen cifras exactas de la derrama económica que generan los visitantes de estas ciudades; sin embargo, sí podemos afirmar de manera genérica que revisten una gran importancia, puesto que el turismo es uno de los tres principales rubros de ingresos de nuestro país. Es tal su importancia, que los alcaldes de las ciudades patrimonio que en agosto de 1996 se creó la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial AC. Entre sus acciones, a finales del año 2001, “se firmó el Convenio General de Concertación entre la Secretaría de Turismo y la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial AC, cuyo fin es apoyar la conservación, preservación, promoción y difusión de estos centros históricos, mediante el de-sarrollo de programas, proyectos, y otras acciones de interés y beneficio para ambas partes”.

Los resultados han sido destacables: para 2007, la Secretaría de Turismo (Sectur) había invertido más de 70 millones de pesos; y por su parte la asociación a través de los ayuntamientos, más de 140 millones de pesos, lo que representa una inversión total que supera los 200 millones de pesos en el proyecto de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.

Asimismo, en julio de 2002, se firmó un convenio con el INAH, “cuyo objeto es la cooperación y colaboración entre esa dependencia, las presidencias municipales y la asociación, para el mejoramiento de nuestras ciudades mexicanas inscritas en la lista del Patrimonio Mundial, asegurando así que en las acciones emprendidas en los centros históricos se respete en todo momento su carácter histórico y sus valores excepcionales”.

En apoyo a lo anterior, ante esta Soberanía se presentaron puntos de acuerdo para que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de los ejercicios fiscales 2004, 2005, 2006 y 2007 se asignen recursos en este sentido. Así, en el PEF de los ejercicios fiscales 2004 a 2008 se han aprobado recursos no sólo en Sectur, sino también en la Secretaría de Desarrollo Social a través del Programa Habitat; en el Conaculta a través, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) en el subprograma Ciudades Patrimonio. De hecho, el PEF 2010 contempla en el Anexo 26.E Ampliaciones a Cultura, 100 millones de pesos el Programas Ciudades Patrimonio.

Por último, en materia de sanciones, la ley actual contempla algunos ordenamientos que por su carácter penal debiesen estar en el Código Penal Federal. Recientemente ha habido reformas a las leyes en materia penal, con el fin de que los tipos penales que se encontraban erróneamente dispersos en diversas leyes de carácter administrativo sean ahora contemplados en el Código en comento.

A este respecto, se considera de suma importancia que un delito tan grave y peor aún, muchas veces irreparable, como los que se cometen contra nuestro patrimonio tenga una sanción ejemplar.

Son muchos los ejemplos que podrían citarse a este respecto, por ejemplo en el mes de febrero del año en curso en Hidalgo ladrones saquearon una capilla completa con bienes históricos que datan del Siglo XVI.

En este mismo orden de ideas, resulta contradictorio que en la actual legislación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, se contemplen los delitos en la materia y se establezca que para aclarar diversas situaciones como reincidencia, habitualidad u otras cuestiones relacionadas con el proceso penal, se remita a las reglas generales del Código Penal, lo que evidencia este problema de dispersión de las normas en materia penal, y lo que se soluciona buscando la debida unificación de estas normas.

En este caso la propuesta es adicionar un capítulo al Código Penal Federal, misma que presentó en una iniciativa que complementa a la presente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo Primero. Se abroga la Ley General Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos para Expedir la Ley Federal de Protección al Patrimonio Inmaterial y Material de la Nación.

Título Primero Capítulo ÚnicoDisposiciones Generales

Artículo 1o. El objeto de esta leyes de interés público y sus disposiciones de orden público.

Artículo 2o.El patrimonio cultural de la nación comprende tanto el patrimonio material como el inmaterial. Por tanto, es de utilidad pública, el aprecio, investigación, protección, conservación, restauración, recuperación, transmisión y difusión del mismo.

En cumplimiento de lo anterior, la sociedad civil; en particular las comunidades indígenas coadyuvarán en todo momento con las autoridades competentes.

Artículo 3o.La Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, coordinará, promoverá, apoyará, fomentará y dará seguimiento a los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas destinadas al cumplimiento del artículo segundo de esta ley.

Para tal efecto, se crea el Sistema de Salvaguardia del Patrimonio Cultural de la Nación, presidido por el Secretario de Educación Pública e integrado además por:

a) Director General Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

b) Un representante del Instituto Nacional de Bellas Artes.

c) Un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

d) Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

e) Un representante del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

f) Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México.

g) Un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

h) Un representante de la Asociación Nacional de Municipios.

i) Un representante de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial.

El presidente del sistema, convocará a sesión cada seis meses, con el objeto de dar seguimiento a las políticas públicas diseñadas e implementadas en dicha materia. Las reuniones tomarán lugar una vez que la exista mayoría simple. Las resoluciones se acordarán bajo el mismo principio, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. Los informes de dichas reuniones serán públicos, difundiéndose especialmente tanto con las entidades federativas como con las organizaciones no gubernamentales vinculadas en la materia de la presente ley.

Artículo 4o. La Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los institutos culturales de las entidades federativas, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, las autoridades del gobierno del Distrito Federal, delegacionales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento, aprecio y respeto al patrimonio cultural de la nación.

La Secretaría de Educación Pública, promoverán la inclusión educación básica de materias y actividades relacionadas con el conocimiento y aprecio del patrimonio cultural de la nación.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de esta ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación.

Artículo 5o.La aplicación de esta ley corresponde a:

I.El Presidente de la República;

II.El Secretario de Educación Pública;

III.El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;

IV.El Instituto Nacional de Antropología e Historia;

V.El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y

VI.Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia.

Artículo 6o. Las autoridades de los estados y municipios tendrán, en la aplicación de esta ley, la intervención que la misma y su Reglamento señalen.

Título SegundoDel Patrimonio Cultural Inmaterial Capítulo Único Disposiciones Generales

Artículo 7o.Se entiende por patrimonio cultural inmaterial las costumbres, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, mismo que se transmite de generación en generación; es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.

Artículo 8o.En Sistema desarrollará e implementará, la Estrategia Nacional de Conservación, Protección y Transmisión del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Artículo 9o.El Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial será el diagnóstico oportuno y puntual de atención y cumplimiento del artículo segundo de esta ley, el cual deberá dar atención prioritaria al patrimonio inmaterial en peligro de extinción.

Artículo 10.El Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial se enlistará en consulta con las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, los institutos estatales y las autoridades federales encargados de la cultura.

Artículo 11.El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Sistema será el ente encargado del resguardo del Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Título Tercero Del patrimonio cultural tangible de la nación Capítulo I

Artículo 12. El patrimonio cultural tangible de la nación está comprendido por monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos, los archivos de la nación, los determinados expresamente en esta ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte.

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 13.Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos, deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos en los términos del artículo siguiente, previa autorización del instituto correspondiente.

Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento, que pretendan realizar obras de excavación, cimentación, demolición o construcción, que puedan afectar las características de los monumentos históricos o artísticos, deberán obtener el permiso del instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los requisitos que se exijan en el Reglamento.

Artículo 14.Las autoridades de los estados, del Distrito Federal y municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Asimismo, dichas autoridades cuando resuelvan construir o acondicionar edificios para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia exhiba los monumentos arqueológicos e históricos de esa región, podrán solicitarle el permiso correspondiente, siendo requisito el que estas construcciones tengan las seguridades y los dispositivos de control que fija el Reglamento.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá recibir aportaciones de las autoridades mencionadas, así como donaciones de particulares para los fines que señala este artículo.

Artículo 15. Las autoridades de los estados, el Distrito Federal y municipios podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos en los términos que fije dicho instituto.

Artículo 16.El instituto competente proporcionará asesoría profesional y supervisará la conservación y restauración de los bienes inmuebles declarados monumentos.

Artículo 17.El instituto competente procederá a efectuar las obras de conservación y restauración de un bien inmueble declarado monumento histórico o artístico, cuando el propietario, habiendo sido requerido para ello, no la realice. La Tesorería de la Federación hará efectivo el importe de las obras.

Artículo 18.Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos que los mantengan conservados y en su caso los restauren, en los términos de esta ley, podrán solicitar la exención de impuestos prediales correspondientes, en la jurisdicción del Distrito Federal, con base en el dictamen técnico que expida en instituto competente, de conformidad con el Reglamento.

Los institutos promoverán ante los gobiernos de los estados la conveniencia de que se exima del impuesto predial, a los bienes inmuebles declarados monumentos, que no se exploten con fines de lucro.

Artículo 19.Las obras de restauración y conservación en bienes inmuebles declarados monumentos, que se ejecuten sin la autorización o permiso correspondiente, o que violen los otorgados, serán suspendidas por disposición del instituto competente, y en su caso, se procederá a su demolición por el interesado o por el instituto, así como a su restauración o reconstrucción.

La autoridad estatal y municipal respectiva deberá actuar en casos urgentes en auxilio del instituto correspondiente, para ordenar la suspensión provisional de las obras, a solicitud del mismo.

Lo anterior será aplicable a las obras a que se refiere a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

Las obras de demolición, restauración o reconstrucción del bien, serán por cuenta del interesado. En su caso se procederá en los términos del artículo 15.

En estos casos, serán solidariamente responsables con el propietario, el que haya ordenado la obra y el que dirija su ejecución.

Artículo 20.El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse bajo lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales.

Artículo 21.Los comerciantes en monumentos y en bienes históricos o artísticos, para los efectos de esta ley, deberán registrarse en el instituto competente, llenando los requisitos que marca el Reglamento respectivo. Deberán además presentar trimestralmente un reporte respecto de las condiciones que guardan los bienes muebles o inmuebles patrimonio cultural de la nación, que se encuentren bajo su resguardo.

Artículo 22.Los monumentos históricos o artísticos de propiedad particular podrán ser exportados temporal o definitivamente, mediante permiso del instituto competente, en los términos del Reglamento de esta ley.

Se prohíbe la exportación de monumentos arqueológicos, salvo canjes o donativos a gobiernos o institutos científicos extranjeros, por acuerdo del Congreso de la Unión, a solicitud del Presidente de la República.

El Estado mexicano, promoverá la recuperación de los monumentos arqueológicos de valor cultural para la nación mexicana, que se encuentran en el extranjero.

Artículo 23.Para la reproducción de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, con fines comerciales, se requerirá permiso del instituto competente, y en su caso se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos de Autor. Se exceptúa la producción artesanal en lo que se estará a lo dispuesto por la Ley de la Materia, y en su defecto, por el Reglamento de esta ley.

Artículo 24.Los gobiernos de los tres órdenes de Gobierno cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de antropólogos titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia y asimismo entreguen las piezas y estudios correspondientes, a este instituto.

Los productos que se recauden por los conceptos anteriores y otros análogos, formarán parte de los fondos propios de los institutos respectivos, y serán destinados a actividades de restauración y conservación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuidará que dichos institutos tengan oportunamente las asignaciones presupuestales para el debido cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Artículo 25.A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán complementaria o supletoriamente:

I. Los tratados internacionales y las leyes federales;

II. El Código Civil Federal;

III. El Código Penal Federal;

IV. La Ley Federal del Procedimiento Administrativo; y

V. Las leyes de las secretarías o institutos de cultura estatales.

Artículo 26.Para vigilar el cumplimiento de esta ley, la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y los institutos competentes, podrán efectuar visitas de inspección, en los términos del Reglamento respectivo.

Capítulo IIDel Registro

Artículo 27.El Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos, dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, son las instancias competentes para la inscripción de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos y las declaratorias de zonas respectivas.

Artículo 28.Los institutos respectivos harán el registro de los monumentos pertenecientes a la Federación, al Distrito Federal, estados y municipios y los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y las personas físicas o morales privadas, deberán inscribir ante el registro que corresponda, los monumentos de su propiedad, que se consideren monumentos arqueológicos, históricos o artísticos.

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su jurisdicción.

Artículo 29.La inscripción en los registros se hará de oficio o a petición de la parte interesada. Para proceder a la inscripción de oficio, deberá previamente notificarse en forma personal al interesado. En caso de ignorarse su nombre o domicilio, surtirá efectos de notificación personal la publicación de ésta, en el Diario Oficial de la Federación.

El interesado podrá oponerse mediante el recurso de revisión, ante el superior jerárquico de quien emitió el acta, y ofrecer pruebas en el término de quince días, contados a partir de la fecha de notificación. El instituto correspondiente recibirá las pruebas y resolverá, dentro de los treinta días siguientes a la oposición.

Artículo 30.La inscripción no determina la autenticidad del bien registrado. La certificación de autenticidad se expedirá a través del procedimiento que establezca el Reglamento respectivo.

Artículo 31.Los actos traslativos de dominio sobre bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos deberán constar en escritura pública. Quien transmita el dominio, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si el bien materia de la operación ha sido declarado monumento arqueológico, histórico o artístico.

Los notarios públicos mencionarán la declaratoria de monumentos si la hubiere y darán aviso al instituto competente de la operación celebrada en un plazo no mayor de treinta días.

Artículo 32. Las partes que intervengan en actos traslativos de dominio de bienes muebles declarados monumentos históricos o artísticos, deberán dar aviso de su celebración, dentro de los treinta días siguientes, al instituto que corresponda.

Capítulo IIIDe los Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Artículo 33. Son patrimonio cultural; por tanto propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles.

Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas.

Artículo 34. Para los efectos de esta ley y de su Reglamento, las disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicos serán aplicables a los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y cuya investigación, conservación, restauración, recuperación o utilización revistan interés paleontológico, circunstancia que deberá consignarse en el registro que se contempla en el artículo 29 de esta ley.

Artículo 35. Los monumentos arqueológicos muebles no podrán ser transportados, exhibidos o reproducidos sin permiso del instituto competente. El que encuentre bienes arqueológicos deberá dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente expedirá la constancia oficial del aviso, o entrega en su caso, y deberá informar al INAH, dentro de las 24 horas siguientes, para que éste determine lo que corresponda.

Con el fin de garantizar la protección del descubrimiento de un yacimiento arqueológico, el INAH instruirá a la autoridad civil que emitió el aviso correspondiente para tomar las medidas que deberán adoptarse de manera temporal, en tanto dicho instituto interviene de manera directa en el sitio de descubrimiento.

Artículo 36.Toda clase de trabajos materiales, para descubrir o explorar monumentos arqueológicos, únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por instituciones científicas nacionales o de reconocida solvencia moral, previa autorización de éste.

Artículo 37. En las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, el Instituto Nacional de Antropología e Historia señalará los términos y condiciones a que deban sujetarse los trabajos, así como las obligaciones de quienes los realicen.

Artículo 38.En el caso de instituciones extranjeras, además deberán solicitar autorización ante la Secretaría de Gobernación, entregando el proyecto ejecutivo los y los documentos correspondientes que en el Reglamento se señalen. En el caso de ser rechazada, la decisión será inapelable.

Artículo 39. El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que haya substracción de materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes.

Artículo 40. Por determinación de esta ley son monumentos históricos:

I. Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XX inclusive. Los restos y pecios con valor histórico que hayan naufragado durante el periodo mencionado en esta fracción y que se encuentren en el mar territorial o en la zona económica exclusiva de nuestro país.

II.Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de los estados o de los municipios y de las casas curiales.

III.Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos XVI al XIX que por su rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en el país.

IV.Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría, mediante la declaratoria correspondiente.

V.Los sitios culturales inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Artículo 40 Bis. El Sistema de Salvaguardia del Patrimonio Cultural, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Turismo, los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios y del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, impulsarán la conservación y preservación de la infraestructura que requieran los centros históricos y sitios mexicanos declaradas patrimonio mundial por la UNESCO.

Artículo 41.En el Presupuesto de Egresos de la Federación se establecerá un monto para la conservación, preservación, restauración y recuperación de los sitios declarados patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y a las ciudades que estén en la lista indicativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes.

El monto anual que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión destine al gasto para los fines señalados en el párrafo anterior no podrá ser menor, en términos reales, al asignado en el ejercicio previo. Dicho monto será independiente de cualquier otro programa o fondo federal.

Los recursos presupuesta les federales asignados para atender la protección, conservación, restauración y recuperación de los sitios y ciudades declaradas patrimonio mundial por la UNESCO y aquellos que estén en la lista indicativa, podrán ser complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales y municipales, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado.

La distribución de los recursos que se destinen a la conservación y preservación de dichos sitios y ciudades se hará con criterios de equidad y transparencia, conforme al diagnóstico que el Ejecutivo federal, por conducto del Sistema Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural en coordinación a su vez con las secretarías de Desarrollo Social y de Turismo, dando prioridad a aquellas que muestran mayor deterioro y requieran acciones urgentes.

Artículo 42. Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante.

Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizadas y otras análogas.

Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano.

Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bie-nes muebles no podrán declararse monumentos artísticos.

Podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el lugar donde sean producidas. Cuando se trate de artistas extranjeros, sólo podrán ser declaradas monumentos las obras producidas en territorio nacional.

La declaratoria de monumento podrá comprender toda la obra de un artista o sólo parte de ella. Igualmente, podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de las zonas de monumentos artísticos, obras de autores cuya identidad se desconozca.

La obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado.

Artículo 43.La Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, es la instancia que tiene por objeto dar su opinión a la autoridad competente sobre la expedición de declaratorias de monumentos artísticos y de zonas de monumentos artísticos.

La opinión de la comisión será necesaria para la validez de las declaratorias.

La comisión se integrará por:

a) El director general del INBA, quien decidirá

b) Un representante de la UNAM

c) Tres personas, vinculadas con el arte, designadas por el director general del INBA

d) Un representante de la comunidad artística

Tratándose de la declaratoria de monumentos artísticos de bienes inmuebles o de zonas de monumentos artísticos, se invitará, además a un representante del gobierno de la entidad federativa en donde los bienes en cuestión se encuentran ubicados.

La comisión sólo podrá funcionar cuando esté presente el director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y más de la mitad de sus restantes miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los presentes y el presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 43 Bis.Cuando exista el riesgo de que se realicen actos de efectos irreparables sobre bienes muebles o inmuebles con valor estético relevante conforme al artículo 41 de esta ley la Secretaría de Educación Pública, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes sin necesidad de la opinión a que se refiere el artículo 42 podrá dictar una declaratoria provisional de monumento artístico o de zona de monumentos artísticos debidamente fundada y motivada de acuerdo con la misma ley que tendrá efectos por un plazo de 90 días naturales a partir de la notificación de que esa declaratoria se haga a quien corresponda en la que se mandará suspender el acto y ejecutar las medidas de preservación que resulten del caso.

Los interesados podrán presentar ante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura objeciones fundadas, dentro del término de 15 días contados a partir de la notificación de la declaratoria, que se harán del conocimiento de la Comisión de Zonas y Monumentos Artísticos y de la Secretaría de Educación Pública para que ésta resuelva.

Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo, se expedirá y publicará, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria definitiva de monumento o de zona de monumentos artísticos. En caso contrario, la suspensión quedará automáticamente sin efecto.

Artículo 44. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley.

CapítuloIVDe las Zonas de Monumentos

Artículo 45.El Presidente de la República, mediante decreto, hará la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, en los términos de esta ley y su Reglamento.

Las declaratorias deberán inscribirse en el registro correspondiente, a que se refiere el artículo 29 y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

En dichas declaratorias deberán inscribirse además normas específicas con el fin de preservar la integridad, los valores culturales y los valores de contexto de la zona en cuestión.

Dentro de un plazo no mayor a seis meses, contado a partir de la entrada en vigor de la declaratoria correspondiente, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en su calidad de presidente del sistema, emitirá un Plan Integral de Manejo de la Zona. Para el diseño y operación del plan, deberá garantizarse la participación de las dependencias estatales, municipales y/o delegacionales, y en especial con las comunidades que se encuentran en la zona declarada.

Lo anterior es aplicable a los sitios y bienes declarados patrimonio cultural de la humanidad en los términos del artículo 36 Bis de la presente ley.

Artículo 46. El Plan Integral de Manejo deberá contener los siguientes aspectos:

I. La descripción de la zona, así como de sus valores arqueológicos, históricos, artísticos o paleontológicos y de sus valores culturales y de contexto;

II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo. Dichas acciones comprenderán, entre otras, las siguientes: de investigación, de protección, de conservación, de restauración, de recuperación, de uso sustentable de la zona, de prevención y control de contingencias, de vigilancia y las demás que por las características propias de la zona se requieran;

III. Los mecanismos de coordinación entre las distintas dependencias y entidades en los tres niveles de gobierno y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la zona, así como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable;

IV. Los objetivos específicos de la zona de monumentos protegida;

V. La referencia a las disposiciones jurídicas aplicables a la zona y cada una de las actividades a que esté sujeta la misma, y

VI. Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en la zona de que se trate.

La Secretaría de Educación Pública deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo respectivo.

Artículo 47.Las zonas de monumentos estarán sujetas a la jurisdicción de los poderes federales en los términos prescritos por esta ley y su Reglamento.

Artículo 48.Zona de monumentos arqueológicos es el área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se presuma su existencia. Una vez declarada como zona arqueológica, ésta no puede permanecer bajo propiedad privada. Deberá expropiarse inmediatamente conforme a lo establecido en el artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria.

Artículo 49.Las organizaciones indígenas tienen derecho a celebrar sus ceremonias en las zonas arqueológicas, previo aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia y siempre conservando la integridad de la zona.

Artículo 50.Zona de monumentos artísticos, es el área que comprende varios monumentos artísticos asociados entre sí, con espacios abiertos o elementos topográficos, cuyo conjunto revista valor estético en forma relevante.

Artículo 51.Zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país.

Artículo 52. En las zonas de monumentos y en el interior y exterior de éstos, todo anuncio, aviso, carteles; las cocheras, sitios de vehículos, expendios de gasolina o lubricantes; los postes e hilos telegráficos y telefónicos, transformadores y conductores de energía eléctrica, e instalaciones de alumbrados; así como los kioscos, templetes, puestos o cualesquiera otras construcciones permanentes o provisionales, se sujetarán a las disposiciones que al respecto fije esta ley y su Reglamento.

Artículo 53.En las zonas de monumentos, los institutos competentes autorizarán previamente la realización de cualquier obra o proyecto en materia de construcción, siempre y cuando las mismas no representen un riesgo para la integridad de los monumentos localizados en ellas, así como de sus valores culturales y de contexto.

En aquellas obras o proyectos constructivos que pudieran representar, a juicio del instituto competente, un riesgo para la integridad de los monumentos localizados en una zona de monumentos, así como sus valores culturales y de contexto, el instituto podrá requerir, exponiendo las razones que fundan esta petición, al interesado de la presentación de un estudio de impacto cultural dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba la solicitud de autorización de obra o proyecto constructivo.

El interesado contará con 15 días hábiles contados partir de  la recepción de la notificación, con el fin de presentar los estudios, análisis, dictámenes y evaluación que hayan sido realizadas con el fin de demostrar que la obra no tendrá efectos adversos con relación a la protección de la integridad y valores culturales o de contexto de la zona en cuestión.

El instituto competente contará con 30 días hábiles para analizar el estudio de impacto cultural presentado por el interesado, pudiendo resolver en los siguientes sentidos:

I. Emitir una autorización simple y llana, toda vez que la obra o proyecto constructivo no afecta la integridad o valores culturales o de contexto de la zona;

II. Emitir una autorización condicionada que deberá establecer las medidas y acciones que el interesado deberá adoptar con el fin de que evitar o mitigar los efectos negativos que la obra o proyecto constructivo pueda tener sobre la integridad o valores culturales o de contexto de la zona de monumentos, o

III. Negación de la autorización, cuando existe evidencia de que la obra o proyecto constructivo puede representar un riesgo inminente para la protección o conservación de la integridad o valores culturales o de contexto de la zona de monumentos en cuestión, o bien, si la obra o proyecto constructivo no cumple con las disposiciones marcadas en esta ley, su Reglamento o la declaratoria respectiva

El instituto competente podrá solicitar la presentación del estudio de impacto cultural para un monumento inmueble aislado, aún y cuando no se encuentre localizado en una zona de monumentos, cuando por los valores culturales o de contexto del monumento así lo amerite, a juicio del instituto, sea necesario evitar cualquier así como los efectos o riesgos de la obra o proyecto constructivo en cuestión así lo requiera, cumpliéndose en lo conducente lo señalado en este artículo.

Capítulo V De la Competencia

Artículo 54. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.

Artículo 55. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos.

Artículo 56. En caso de duda sobre la competencia de los institutos para conocer un asunto determinado, el Secretario de Educación Pública resolverá a cual corresponde el despacho del mismo, de conformidad con el valor cultural predominante del monumento o zona en cuestión, promoviendo la celebración de un convenio de colaboración entre ambos institutos con el fin de coordinar acciones con el fin de proteger de manera integral todos los valores que contenga dicho monumento o zona.

Capítulo VI De las Sanciones

Artículo 57. En lo referente a delitos contra el patrimonio cultural de la nación, se estará a lo dispuesto en el Título Vigésimo Séptimo “De los Delitos contra el Patrimonio Cultural Material de la Nación”.

Transitorios

Artículo Primero.Esta ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.Se abroga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972 y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo Tercero.Las declaratorias de monumentos que hayan sido expedidas al amparo de leyes anteriores, así como sus inscripciones, subsisten en sus términos.

Notas:

1 Ver Cottom, Bolfy. Nación patrimonio cultural y legislación. Cámara de Diputados y Miguel Ángel Porrúa. México, 2008. P. 217.

2 Cottom, Bolfy. Op. Cit. 359.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.— Diputados: Francisco Herrera Jiménez, José Manuel Agüero Tovar y Jaime Sánchez Vélez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Tal como lo solicita el diputado, el texto íntegro de su iniciativa se inserta en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

La iniciativa que presentarían los diputados José Luis Ovando Patrón y Bonifacio Herrera Rivera se pospone, a solicitud de los propios diputados.



LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, del Grupo Parlamentario del PRI. Él presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf:Con su permiso, señor presidente. El que suscribe, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, diputado federal de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6o., 77, 78 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 12, fracción VII y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, bajo la siguiente exposición de motivos.

Hablar de reformas o modificaciones al marco legal de la Comisión Federal de Electricidad no es materia reciente, han llegado a esta tribuna compañeros diputados de diferentes partidos y estados a mostrar la necesidad de establecer leyes más justas y sensibles a la condición humana que beneficie no solamente a la población en su conjunto, sino para que los habitantes de todas las regiones del país logren ver reflejado en su economía un ahorro en el pago de consumo de energía eléctrica.

Según datos de la propia dependencia, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno de México que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para cerca de 34.2 millones de clientes, lo que representa a más de 100 millones de habitantes. En cuanto a su volumen de ventas totales, 99 por ciento lo constituyen ventas directas al público y el 1 por ciento lo exporta.

De ese 99 por ciento de clientes nacionales, el 88.23 de las ventas se refleja en el sector doméstico, el 9.91 en el sector comercial, el .81 en el industrial, el .63 en el de servicios y con apenas 1.42 en el agrícola.  Qué observamos. Que los ciudadanos comunes y corrientes consumimos en nuestros hogares gran parte de la electricidad que la empresa genera y vende; sin embargo, como empresa del gobierno mexicano, está regulada por diversas disposiciones legales.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2005, el estado de Tabasco cuenta con un millón 989 mil 699 habitantes ubicados en 473 mil 121 viviendas, de las cuales 452 mil 319 disponen de energía eléctrica.

Hoy me presento ante ustedes para exponer la necesidad de modificar el marco legal de la Comisión Federal de Electricidad en lo que respecta a la clasificación de tarifa vigente.

La temperatura de bulbo húmedo, temperatura húmeda, es la temperatura que da un termómetro a la sombra con el bulbo envuelto en una mecha de algodón húmedo bajo una corriente de aire. La corriente de aire se produce mediante un pequeño ventilador o poniendo un termómetro en un molinete y haciéndolo girar; al evaporarse el agua, absorbe calor, rebajando la temperatura, efecto que refleja el termómetro. Cuanto menor sea la humedad relativa ambiente, más rápidamente se evaporará el agua que moja el paño.

Este tipo de medición se utiliza para dar la idea de la sensación térmica o en el ecómetro para calcular la humedad relativa y la temperatura de punto de rocío. La sensación térmica es la sensación aparente que las personas tienen en función de parámetros que determinen el ambiente en el que se mueven, los cuales son temperatura seca, temperatura radiante media o temperatura de bulbo negro; temperatura húmeda o humedad relativa al aire y velocidad del aire.

El cuerpo humano desnudo tiene posibilidades de regular por sí mismo la emisión del calor para temperaturas ambientales comprendidas entre 15 grados y 30 grados centígrados. Por encima y por debajo de este parámetro tiene que hacer algo, es decir, abrigarse o utilizar sistemas de ventilación o aire acondicionado.

La evaporación es el fenómeno asociado con las temperaturas, más la humedad de una localidad, es decir, a mayor humedad, mayor calor. Un ejemplo claro es que con una temperatura de 33 grados centígrados y una humedad de 80 por ciento, la sensación térmica es de 49 grados centígrados, lo cual está totalmente fuera del límite superior de tolerancia en ambientes calurosos.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 95 por ciento de la superficie de Tabasco presenta clima cálido húmedo y el restante 4.5 es clima cálido subhúmedo, hacia la parte este del estado. La temperatura media anual en el estado es de 27 grados centígrados, la temperatura máxima promedio es de 36 grados centígrados y la mínima promedio es de 18.5 grados centígrados.

El objetivo de esta iniciativa es precisamente hacer conciencia de la necesidad de que la empresa sea sensible a las carencias de los mexicanos más vulnerables, sobre todo de servicios públicos de calidad con tarifa justa.

Por lo expuesto anteriormente, me permito someter a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, y 31 de la Ley del Servicio Público.

Artículo 1. Se reforma la fracción VII del artículo 12 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 12. La junta de gobierno deberá aprobar, en su caso, la propuesta de restructuración tarifaria, tomando en consideración las temperaturas medidas en bulbo húmedo, conforme a las estaciones meteorológicas instaladas por la Comisión Federal de Electricidad.

Artículo 2. Se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar con la inclusión de las de ampliación del servicio público, las necesidades sociales de la población expresadas en el índice de marginación por localidad vigente.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Rúbrica del diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf. Es todo, presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 12 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, 77, 78 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, fracción VII, y 31, fracción II, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Hablar de reformas o modificaciones al marco legal de la Comisión Federal de electricidad no es materia reciente. Han llegado a esta Tribuna, la máxima de nuestra nación, compañeros diputados federales de diferentes partidos a mostrar la necesidad de establecer leyes más justas y sensibles a la condición humana que beneficien no solamente a la población en su conjunto, sino para que los habitantes de todas las regiones del país logren ver reflejado en su economía un ahorro en el consumo de energía eléctrica.

Según datos de la propia dependencia, Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno de México que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para cerca de 34.2 millones de clientes, lo que representa a más de 100 millones de habitantes.

En cuanto a su volumen de ventas totales, el 99 por ciento lo constituyen ventas directas al público y el 1 por ciento se exporta.

De ese 99 por ciento de clientes nacionales, el 88.23 por ciento de las ventas se reflejan en el sector doméstico, el 9.91 por ciento el sector comercial, el 0.81 por ciento el industrial, el 0.63 por ciento el de servicios y con apenas un 0.42 por ciento el agrícola.

¿Qué observamos? Que la inmensa mayoría de los habitantes, es decir, los ciudadanos comunes y corrientes consumimos en nuestros hogares gran parte de la electricidad que la empresa genera. Sin embargo, como empresa del gobierno mexicano está regulada por diversas disposiciones legales que rigen su operación y funcionamiento.

De acuerdo con cifras al año 2005 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado de Tabasco cuenta con 1,989,969 habitantes, ubicados en 473,121 viviendas, de las cuales 452,319 disponen de energía eléctrica.

Si nos basamos en los datos anteriores, podemos darnos cuenta que la gran mayoría de los habitantes del estado son usuarios del servicio de energía eléctrica suministrada por la Comisión Federal de Electricidad. Lo que representa al año 2007 un volumen de 2,605 gigawatts-hora, que en valor monetario se traduce en 3,709,447 miles de pesos; lo cual representa un consumo mayor comparado al de estados como Guerrero, Chiapas, Campeche o Yucatán.

Hoy, me presento ante ustedes para exponerles la necesidad de modificar el marco legal de la Comisión Federal de Electricidad en lo que respecta a la clasificación tarifaria vigente.

En la república mexicana observamos diversos tipos de suelo; de flora y fauna; de costumbres; de extractos sociales; de ciudades, pueblos y comunidades; de tipos de clima e índices de humedad. Es bien sabido, que el calor de Tabasco, no es el mismo al de Sonora; o que las temporadas de frío no son iguales en Campeche que en Chihuahua. Sin embargo, lo que hace en gran parte la diferencia es la temperatura de bulbo húmedo o temperatura húmeda.

La temperatura de bulbo húmedo o temperatura húmeda es la temperatura que da un termómetro a la sombra, con el bulbo envuelto en una mecha de algodón húmedo bajo una corriente de aire. La corriente de aire se produce mediante un pequeño ventilador o poniendo un termómetro en un molinete y haciéndolo girar. Al evaporarse el agua, absorbe calor, rebajando la temperatura, efecto que refleja el termómetro.

Cuanto menor sea la humedad relativa ambiente, más rápidamente se evaporará el agua que moja el paño. Este tipo de medición se utiliza para dar la idea de la sensación térmica, o en los psicómetros para calcular la humedad relativa y la temperatura punto de rocío.

La sensación térmica es la sensación aparente que las personas tienen en función de parámetros que determinan el ambiente en el que se mueven, los cuales son: temperatura seca, temperatura radiante media o temperatura de bulbo negro, temperatura húmeda o humedad relativa al aire, y velocidad del aire.

La sensación térmica depende de la relación entre el calor que produce el metabolismo del cuerpo y el que disipa el entorno. Si es mayor el primero, la sensación es de calor; si es mayor el segundo, la sensación es de frío. Todo mecanismo que aumente las pérdidas de calor del cuerpo, dará sensación de frío y viceversa.

El cuerpo humano desnudo tiene posibilidades de regular por sí mismo la emisión del calor para temperaturas ambientales comprendidas entre 15° y 30°. Por encima y por debajo de este parámetro, tiene que hacer algo; es decir, abrigarse o utilizar sistemas de ventilación o aire acondicionado.

La sensación térmica también puede ser de mayor temperatura cuando al calor se añade una alta humedad relativa, ya que la evaporación del sudor es el principal medio para disipar el calor corporal y, la humedad ambiental alta dificulta esa evaporación, por lo que se tiene sensación de más calor.

La evapotranspiración es el fenómeno asociado con las temperaturas más la humedad de una localidad, es decir, a mayor humedad, mayor calor. Un ejemplo claro es que a una temperatura de 33°C y una humedad de 80 por ciento la sensación térmica  es de 49°C, lo cual está totalmente fuera del límite superior de tolerancia en ambientes calurosos por lo que disminuye capacidades humanas para desarrollarse en un ambiente confortable.

Además, este fenómeno físico provoca que se deprima el sistema nervioso, puede ocasionar enfermedades intestinales o diarreicas, deshidratación, shock térmico y en algunos casos, hasta la muerte. Lo cual podría convertirse en un problema de salud pública y por lo mismo, limitaría a las instituciones encargadas de la atención pre y hospitalaria, reduciendo su capacidad instalada para atender otro tipo de padecimientos.

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 95.5 por ciento de la superficie de Tabasco presenta clima cálido húmedo, el restante 4.5 por ciento es clima cálido subhúmedo hacia la parte este del estado.

La temperatura media anual en el Estado es de 27°C, la temperatura máxima promedio es de 36°C y la mínima promedio es de 18.5°C durante el mes de enero.

Derivado de lo anterior, planteo la necesidad de establecer una reestructuración tarifaria tomando en cuenta las temperaturas medidas en bulbo húmedo, ya que al haber más calor en el ambiente y al tenerse mayor sensación térmica, se vuelve indispensable la utilización de aparatos electrodomésticos altamente consumidores de energía eléctrica que proporcionen confort para poder desarrollar actividades productivas, tales como, ventiladores o aires acondicionados.

Si a todos los efectos anteriormente mencionados le añadimos que las necesidades de la población distan mucho de las necesidades financieras de una empresa como lo es la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual es necesario tomar en cuenta la problemática que presentan distintas regiones del país en las que la temperatura está directamente relacionada con la calidad de vida de las personas.

No debemos olvidar que el objetivo de una empresa es obtener ganancias, pero tampoco debemos dejar a un lado que la CFE es una paraestatal creada para brindar servicio a todos los mexicanos, por lo que debería tener mayores consideraciones con los usuarios, quienes finalmente somos, como lo comenté al principio, el 88.23 por ciento de los clientes nacionales de la empresa. Una de sus prioridades debería ser dotarnos de servicios que nos permitan gozar de una mejor calidad de vida.

El objetivo de esta Iniciativa es precisamente hacer consciencia de la necesidad de que la empresa sea más sensible a las carencias de los mexicanos más vulnerables, sobre todo, de servicios públicos de calidad y con tarifas justas.

Para mejor referencia, cito el artículo 5 fracción VI de la Ley General de Desarrollo Social en el que se menciona a los grupos más vulnerables de la sociedad: “Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan  situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar”.

Las inconformidades por las altas tarifas del servicio de energía eléctrica han dado pie a movimientos de rechazo a las mismas por parte de la población en diversas entidades federativas; inclusive, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto al Poder Ejecutivo Federal para que lleve a cabo una amplia y profunda revisión del sistema de tarifas eléctricas vigente.

Deben tomarse en cuenta indicadores que nos muestran cuáles son las zonas con mayor rezago económico y en las que la población carece de condiciones adecuadas para vivir, tales como el Índice de Marginación por Localidad. Ya que en Tabasco, de acuerdo a éste indicador al 2005 habían alrededor de 2,042 localidades con grado de marginación. De esas, 1,033 están consideradas como de alto grado.

De ahí mi intención de presentar lo que hoy expongo a ustedes, ya que como representante popular tengo el enorme compromiso moral de impulsar reformas que beneficien no sólo a los habitantes de mi Estado, sino para que en nuestro país se tenga una mayor conciencia por parte de las autoridades y no pierdan el sentido humano, y a la vez se impulsen cambios trascendentales para el mejoramiento de la vida de los mexicanos.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo Primero.Se reforma el artículo 12 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 12. La Junta de Gobierno deberá:

VII. Aprobar, en su caso, la propuesta de reestructuración tarifaria, tomando en consideración las temperaturas medidas en bulbo húmedo, conforme a las estaciones meteorológicas instaladas por la Comisión Federal de Electricidad.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras, las de ampliación del servicio público, las necesidades sociales de la población expresadas en el índice de marginación por localidad vigente y el racional consumo de energía. Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.— Diputados: Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Emilio Serrano Jiménez, Paula Angélica Hernández Olmos, Alma Carolina Viggiano Austria, Samuel Herrera Chávez,  Sergio Lobato García, José Manuel Agüero Tovar, Jaime Sánchez Vélez, Juan Gerardo Flores Ramírez, Maurilio Ochoa Millán, Juan Carlos Natale López, Felipe Cervera Hernández, Ernesto de Lucas Hopkins, Miguel Ernesto Pompa Corella, Oscar Román Rosas González, Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Energía para dictamen.

El diputado Ernesto de Lucas Hopkins(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado De Lucas Hopkins. Permítame, diputado Bellizia. Dígame, diputado De Lucas.

El diputado Ernesto de Lucas Hopkins(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para preguntarle al promovente de esta iniciativa si permitiría que los legisladores sonorenses del PRI nos pudiésemos adherir a su propuesta, y para ver si ahorita, aquí en corto, señor diputado, nos pudiese explicar lo relativo al bulbo húmedo que está usted ahí mencionando. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado Bellizia.

El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf:Por supuesto, acepto la adhesión.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí acepta que queden ustedes adheridos y también acepta explicarles, en corto, lo del bulbo húmedo. Adelante, señor diputado, muchas gracias.

El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf:Con su permiso, presidente. Es simplemente un método científico de tomar en cuenta en la medición de las temperaturas...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Perdón, diputado. Le pidió que se lo explicara usted allá, en las curules. Muchas gracias.



LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado don Víctor Humberto Benítez Treviño, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Con su permiso, señor presidente. Distinguidas diputadas y compañeros legisladores, efectivamente, señor presidente, como usted lo acaba de mencionar, a nombre de mi Grupo Parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, estoy planteando la modificación de diversos ordenamientos, con el objetivo de regular, acotar y precisar la utilización de la figura del arraigo para que cumpla su función, para fortalecer la investigación ministerial y evitar la violación de garantías constitucionales: la garantía del debido proceso, la garantía de legalidad y la garantía de seguridad jurídica.

Convertir el arraigo en un instrumento de investigación, porque en este país seguimos deteniendo para investigar; en lugar de investigar para detener, porque la utilización y el abuso de la figura del arraigo rompe con el principio de presunción de inocencia y una persona arraigada tiene que demostrar la no culpabilidad, cuando tiene que prevalecer el principio de presunción de inocencia.

Se ha abusado de la figura del arraigo en varias averiguaciones previas. El michoacanazo es la mayor prueba del fracaso de esta figura cuando no se adminicula con otras pruebas que lleven a la conclusión al Ministerio Público de que hay probable responsabilidad.

Por eso es que estoy proponiendo la regulación de la figura del arraigo y estoy planteando varias alternativas: el arraigo domiciliario, la prohibición de salir del lugar determinado, la prohibición de ir a una comunidad y la utilización de sistemas de localización electrónicos para tener el cuidado de los imputados.

El arraigo no debe utilizarse en la figura de los testigos y de los ofendidos y las víctimas de los delitos. Por eso ya en su oportunidad plantee el Programa Nacional de Regulación de Testigos Protegidos, en donde distinguimos al testigo incidental, a la víctima del delito del testigo colaborador que es el delincuente que participa en una averiguación previa.

También estoy planteando que el arraigo no proceda en el caso de flagrancia de delito. En este caso, las normas procesales establecen la inmediata consignación y para los jueces dictar la prisión preventiva.

También estoy proponiendo reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular la actuación de los jueces federales, especializados en cateos, arraigo e intervenciones telefónicas, porque hoy en día los jueces especializados están dictando la providencia cautelar del arraigo con sendas circulares del Consejo de la Judicatura expedidas en el 2008 y en el 2009.

Finalmente, estoy planteando el reenvío de todas las disposiciones que hay en el Código Federal de Procedimientos Penales a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, para establecer un criterio de interpretación, de especialización y de sistematización. En suma, que el arraigo se convierta en un elemento de juicio para la averiguación previa y no en un castigo para los ciudadanos en los que se presume, como el nombre lo indica, el principio vital de la presunción de inocencia. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de las Leyes Orgánica de la Procuraduría General de la República, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Víctor Humberto Benítez Treviño integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, conforme a las atribuciones que me confieren los artículos 51, 71, fracción II, 73, fracción XXIII, y 21, párrafo V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que contiene el texto para la modificación de los artículos 2 y 12, y el agregado de los artículos 12 Bis, 12 Ter y 12 Quáter a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; la modificación del artículo 2, fracción III, y la derogación de los artículos 133 bis, 205 y 256, del Código Federal de Procedimientos Penales; la modificación del artículo 4, inciso A), subinciso n), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; la modificación del artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la derogación de la fracción III del artículo 50 y los artículos 50 Bis y 50 Ter y el agregado de un Título Quinto, denominado “De los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigo e Intervención de Comunicaciones”, integrado por los artículos 55 Bis, 55 Ter, 55 Quáter y 55 Quintus, recorriendo la numeración de los títulos subsecuentes de la misma ley y modificación de los artículos 23, 26, 31, 104, 147 y 149 de la Ley de Amparo.

Exposición de Motivos

En el México en que vivimos no se ha logrado la eficiencia de los órganos de justicia, lo cual se manifiesta en el incremento de los índices delictivos, la especialización operativa de la delincuencia organizada, el temor social y en suma, el descrédito de las instituciones públicas a quienes ha sido encomendada la tarea de garantizar la seguridad pública nacional.

Esa imposibilidad de acceder a la justicia, que como condición permanente se aprecia en México la última década, ha generado una transformación radical del sistema de justicia penal mexicano, que ha tenido que sufrir en los últimos tiempos una serie de cambios de gran profundidad, cuya magnitud, propicia la modificación de prácticamente la totalidad de los ordenamientos jurídicos vinculados con la prevención del delito, la investigación, la procuración e impartición de justicia y la ejecución de las penas en México.

Para enfrentar a la delincuencia, se han planteado diferentes vías; por una parte, la especialización normativa mediante la aparición de nuevas legislaciones, la reclasificación delictiva, el incremento de la penalidad y la penalización de nuevas conductas antisociales; las cuales han generado una complejidad a veces confusa en cuanto a la pertinencia en la aplicación de los ordenamientos e incluso frente a la competencia de las autoridades.

De la misma forma el incremento y división de los cuerpos policiacos ha sido una constante en esta etapa de lucha contra la criminalidad que sin embargo, no han dado los resultados esperados.

Y finalmente, la consideración de la necesaria participación ciudadana en los temas que se relacionan con el combate a la delincuencia son las rutas que se han marcado para fortalecer las labores en defensa de la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos.

Los altos niveles de impunidad reconocidos por el Ejecutivo federal, colocan en una grave crisis el tema de la seguridad pública e impartición de justicia en nuestro país.

Ante esa inminente y urgente búsqueda de estrategias efectivas que permitan hacer frente al fenómeno delincuencial y devolver la confianza a los ciudadanos se han institucionalizado, con la mejor de las intenciones, figuras que si bien es cierto, no son ilegales soslayan de alguna forma, el espíritu de estricta legalidad y seguridad jurídica que dieron origen a nuestra Constitución federal como máximo ordenamiento legislativo, así como algunos principios generales del derecho, pilares del esquema garantista de la propia Constitución.

Actualmente, existe una perspectiva predominante respecto de las fallas e imprecisiones del sistema de justicia penal, toda vez que a pesar de haber instaurado un “régimen especial” para la delincuencia organizada, denominado derecho penal de excepción o derecho del enemigo, no ha logrado una prevención real del delito, e incluso, ha propiciado que los delincuentes se tornen más violentos y perfeccionen cada vez más su modus operandi.

En particular, la figura del arraigo en el sistema jurídico mexicano, cuya misión originalmente era la de ser una medida cautelar en apoyo de la investigación de hechos delictuosos, se ha constituido en una herramienta sin la cual no se puede concebir la indagatoria, e incluso, en un instrumento de política de desacreditación.

La aparición del arraigo, arraigo, de arraigar, latín = echar raíces, en el contexto legal mexicano desde la década de los ochentas, no ha significado una mejora sustancial en la procuración de justicia, pues la falta de evolución de la propia figura y la nula evolución de las tareas de investigación, han dado lugar a excesos en cuanto a su ejecución, así como al descontrol por parte del Ministerio Público, propiciando innumerables violaciones a las garantías personales y con ello la ausencia de la reparación adecuada de los daños a quienes habiendo sido arraigados no fue posible acreditarles la probable responsabilidad de un delito.

El arraigo, desde sus orígenes en la reforma al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales promulgada en diciembre de 1983, se consideró como una medida cautelar, cuya finalidad era la de permitir la disponibilidad del inculpado ante el Ministerio Publico o el juzgador y evitar que una persona, respecto de la cual existían mínimos elementos para suponer alguna relación en la comisión de un delito, le fuera limitado el derecho de salir de su domicilio, pretendiendo de esa manera, facilitar las diligencias de investigación.

Frente a las reiteradas críticas y recomendaciones de instituciones internacionales y locales respecto del uso del arraigo como medida casi automática en la investigación de los delitos en México, como el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas; así como en atención a las especificaciones marcadas en materia de privación de la libertad y prevención de la tortura por organismos internacionales en materia de derechos humanos, como la estipulada en el artículo 7, fracción 2, de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que refiere el derecho a la libertad personal y la prohibición de privar de la libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, se incorporó al texto del artículo 16 constitucional el arraigo lo que no obstante, continúa siendo factor de innumerables críticas y ataques por estos organismos, por su notoria falta de resultados en el combate a la criminalidad, como la reciente recomendación emitida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el nonagésimo octavo periodo de sesiones, efectuado en el mes de marzo del 2010, en Nueva York.

De acuerdo con las modificaciones al marco legal constitucional y secundario tanto de 1983 como de 2008; el arraigo está diversificado en nuestra legislación, siendo procedente tanto en el fuero común como en el fuero federal y existe tanto en el procedimiento de investigación o indagatoria, como en el proceso jurisdiccional penal y lo mismo para delitos de delincuencia organizada como para delitos federales graves; lo que es contrario al actual texto del artículo 16 constitucional, que considera su procedencia solo tratándose de delincuencia organizada y con fines de fortalecer la investigación delictiva.

Por ello la adición constitucional, que pretendió justificar de forma parcial la implantación del arraigo en el sistema penal mexicano, no ha sido suficiente, puesto que lo coloca en franca oposición al principio de la presunción de inocencia, que ha sido uno de los argumentos de mayor crítica a dicha figura, toda vez que sin existir elementos para suponer en ocasiones la consumación de un delito, se priva a un individuo de su libertad, contrariando la declaración universal de derechos humanos de la ONU, promulgada en 1948 y suscrita por el gobierno mexicano, que en su artículo 111.1 señala que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa, ya que la libertad del hombre no debe de restringirse sino en el caso absolutamente indispensable.

La realidad demuestra que las consecuencias del arraigo bajo las condiciones y características con las que actualmente se opera la figura, son preocupantes, como el minar la integridad del proceso penal de manera irreversible, pues su aplicación implica el establecimiento de un régimen de excepción con restricciones a las garantías básicas de debido proceso, que de igual manera atenta contra los principios de igualdad y seguridad jurídica, ya que constituye una restricción de la libertad personal cuando se ha acreditado la probable responsabilidad sin la inmediata consignación que ponga al probable responsable o imputado a disposición de la autoridad judicial o sin la emisión de la orden jurisdiccional que ordene la prisión preventiva, más aún cuando existe flagrancia en el hecho delictivo el procesado en materia penal, no es más que un hombre sospechoso y presunto responsable de la comisión de un delito, al que, por su condición de presunto le asiste el perfecto derecho de ser considerado como inocente, mientras la justicia no demuestre lo contrario, pues la libertad no es un lujo, ni únicamente un derecho, ya que en las condiciones de la vida moderna, la libertad constituye una función social, vital y necesaria.

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano depositario de la función soberana de asegurar que se dicte el derecho y conceda a cada quien lo que le corresponda ha declarado en sendas oportunidades, que el arraigo es inconstitucional por afectar y restringir la libertad de la persona e impedir su libertad de tránsito contemplada en el artículo 11 de la Constitución.

Desde el 19 de septiembre de 2005, por ocho votos contra uno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la figura del arraigo que se había establecido dos años atrás, en el artículo 122 bis del Código de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua y con posterioridad mediante las jurisprudencias 78/99 y I.1o.P. J/12, ha reiterado su postura sobre que el arraigo viola la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, “pues no obstante que la averiguación previa todavía no arroja datos que conduzcan a establecer que en el ilícito tenga probable responsabilidad penal una persona, se ordena la privación de su libertad personal..., sin que al efecto se justifique tal detención con un auto de formal prisión en el que se le den a conocer los pormenores del delito que se le imputa, ni la oportunidad de ofrecer pruebas para deslindar su responsabilidad”.

En esa forma, ha quedado al descubierto que no solo el arraigo ha sido motivo de una fuerte crítica internacional y nacional para México y el sistema de justicia penal mexicano; sino que el propio arraigo amén de estar desacreditado en cuanto a sus resultados, es una figura que al no estar correctamente acotada se convierte en una inadecuada herramienta de la investigación ministerial dotada solo de cierto sentido legaloide, conculcadora de garantías individuales.

En este sentido, la reforma propuesta contempla la delimitación y precisión del arraigo en el sentido estricto y la transformación de la figura original, para convertirla en una medida de carácter cautelar personal, a través de la cual se tenderá a garantizar el éxito de las diligencias de investigación, asegurando la comparecencia del imputado una vez formalizada ésta, para que el Juez del conocimiento, a petición del Ministerio Público, pueda imponer al indiciado una o más medidas consistentes en una serie de prohibiciones para el indiciado de transitar o aproximarse a ciertos lugares o personas, o de realizar determinadas actividades, o trasladarse a determinada zona geográfica, que limitarían el actuar del indiciado, pero sin restringir su libertad personal, además de dotar de congruencia a la propia figura del arraigo con el espíritu y finalidad de otras figuras del sistema de justicia penal mexicano como la consignación y la prisión preventiva oficiosa, mediante la determinación de que el arraigo será improcedente tratándose de una detención en flagrancia en cuyo caso para el cual, tanto el Ministerio Público Federal como la autoridad jurisdiccional competente no podrán más que actuar conforme a las reglas procesales existentes; es decir, consignando o decretando el auto de formal prisión si así procediere.

De acuerdo a las múltiples solicitudes, reclamos y demandas de las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos relativas a la figura del arraigo, que bajo las condiciones de regulación y operación actuales, viene a convertirse en una violación a la libertad de la persona y de tránsito de la misma, afectando no solo su garantía de libertad sino también las de certeza jurídica y legalidad, y en atención a la inminente necesidad de fortalecer la investigación delictiva como tarea exclusiva del Poder Ejecutivo a través del Ministerio Público; se somete a esta soberanía el siguiente proyecto de reforma y adición a distintos ordenamientos federales en materia penal mediante lo que se desa-rrolla y acota de manera precisa el arraigo como medida cautelar, impuesto con exclusividad a personas señaladas como probables responsables, partícipes o imputados; siempre que se trate de delitos de delincuencia organizada.

De la misma forma, la iniciativa establece con precisión las causas de procedencia del arraigo, los requisitos de procedibilidad, acota las circunstancias de tiempo, lugar, forma y medios de realización.

La reforma que se propone, elimina la posibilidad de que el arraigo sea impuesto a víctimas u ofendidos del delito y testigos, en razón de ser innecesaria y arbitraria la retención de los primeros, y en relación a los segundos, estos encuentran garantías para salvaguardar su integridad, a través del Programa Nacional de Protección a Testigos que ha sido motivo de una diversa propuesta legislativa por el Diputado suscribiente.

En el mismo sentido y en atención que a partir del 2008 y mediante diversas disposiciones administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, se crearon y se han venido regulando las actividades de los “Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones”; sin que su existencia y operación esté considerada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; esta iniciativa, regulariza su existencia insertando dichos juzgados en el texto del artículo primero de la propia ley, creando además un título específico donde se reglamenta su naturaleza y competencia como autoridad jurisdiccional responsable del otorgamiento de la medida cautelar del arraigo.

Por lo anterior, la presente propuesta, presenta total coincidencia con las reformas de los artículos 50 Bis y 50 Ter, párrafo primero y la adición del segundo párrafo al artículo 50 Ter, que recorre en su orden los párrafos subsecuentes, tal y como fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2010, cuya vigencia iniciará el 28 de febrero de 2011.

Con el propósito de consolidar en forma global el uso del arraigo, como una medida cautelar efectiva de investigación, se realizan además una serie de adiciones en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 101 y 103 constitucionales, en lo concerniente a la determinación de los plazos para el desahogo del Juicio de garantías, donde se pretenda obtener el amparo y la protección de la justicia federal contra la orden de arraigo o su negativa; lo cual colma una necesidad surgida en un sinnúmero de procesos de esta índole, donde el exceso en la temporalidad para la resolución de los asuntos, ha traído como consecuencia que éstos se resuelvan favorablemente sin ninguna utilidad para el quejoso, ya porque el amparo quede sin materia al haber concluido la vigencia del arraigo, o bien, cuando el acto reclamado finalmente se haya consumado, concediendo así, un halo de protección eficaz a las garantías procedimentales de cualquier persona señalada como probable responsable o imputado.

Finalmente, con la intención de apartar cualquier limitación que pudiera existir para el Ministerio Público en las labores de combate a la delincuencia organizada, se generaliza como parte de esta, la comisión de cualquier tipo de delito o delitos contemplados en la legislación penal, cualesquiera que sea su naturaleza, con el simple requisito de que quienes los realicen reúnan las características propias de este tipo de organización delictiva, no limitando tal carácter solamente a los delitos señalados como tales actualmente en la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Proyecto de Decreto

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Artículo Primero.Se modifica el texto de los artículos 2 y 12, y se agregan los artículos 12 Bis, 12 Ter y 12 Quáter a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como siguen:

Artículo 2o. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer cualquier delito o delitos contemplados en la legislación federal, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.

De igual forma, a quienes cometan alguno o algunos de los delitos siguientes:

Artículo 12. La autoridad jurisdiccional podrá decretar el arraigo, como condición temporal de permanecer en lugar determinado a una persona señalada como probable responsable, partícipe o imputado y a solicitud del Ministerio Público de la Federación, en los casos previstos en el artículo 2o. de esta Ley y con las modalidades de lugar, tiempo, forma y medios de realización que estime pertinentes, siempre que la persona sobre quien se solicite el arraigo, no sea detenida en flagrancia, que sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, sin que esta medida pueda exceder de cuarenta días y se realice con la vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y la Policía que se encuentre bajo su conducción y mando inmediato en la investigación.

Artículo 12 Bis. La solicitud de arraigo que haga el Ministerio Público deberá reunir los siguientes requisitos:

a. La designación y competencia de la autoridad solicitante de la medida;

b. Nombre de la persona sobre quien habrá de dictarse el arraigo;

c. Elementos o indicios que vinculen directamente a la persona sobre quien se solicita el arraigo con la organización delictiva de la que se presume ser parte o con los delitos sobre los que se efectúe la investigación ministerial, que en su adminiculación acrediten suficientemente la necesidad de la medida;

d. Características del imputado respecto de su peligrosidad;

e. Lugar donde habrá de ejecutarse la medida cautelar; y

f. Tiempo que habrá de subsistir la medida.

Artículo 12 Ter. La resolución a la solicitud de arraigo deberá ser fundada y motivada, debiendo redactarse de manera precisa y congruente con las circunstancias de hecho y de derecho que la originen, refiriéndose de manera exhaustiva a cada uno de los puntos expuestos en la solicitud por el Ministerio Público, debiendo contener:

I. El lugar y fecha en que se pronuncie;

II. La designación del tribunal que la dicte;

III. La designación y competencia de la autoridad solicitante de la medida;

IV. Los nombres y apellidos de la persona sobre quien se hubiere solicitado la medida, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena al que pertenece, idioma, residencia o domicilio, y ocupación, oficio o profesión.

V. Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos;

VI. Las consideraciones, fundamentaciones y motivaciones legales de la medida;

VII. La decisión de todas las cuestiones planteadas por el Ministerio Público;

VIII. El otorgamiento o negación de la medida según proceda

IX. El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad competente que la emite.

La solicitud de arraigo, podrá ser presentada por el Ministerio Público Federal por cualquier medio escrito o electrónico del cual quede suficiente constancia de la hora y fecha de solicitud. Para ello, se considerarán hábiles cualesquiera horas del día. El tiempo máximo en que el juzgador deberá resolver respecto de la solicitud será de 24 horas.

En la resolución el juez podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que la motivan y a la intervención o participación de la persona sobre quien se solicita la medida.

En caso de que la solicitud de arraigo no reúna alguno de los requisitos previstos en el artículo que antecede, el juez, de oficio, prevendrá al Ministerio Público para que dentro del plazo máximo de 12 horas los precise o aclare.

En caso de que el juez hubiere prevenido al Ministerio Público y este hubiese cumplido la prevención, el plazo de 24 horas con que cuenta la autoridad jurisdiccional para resolver sobre la solicitud de arraigo, se contará a partir de que sean recibidas en el juzgado, las constancias mediante las cuales el Ministerio Público haya de-sahogado la prevención.

Artículo 12 Quáter. Para garantizar el éxito de la investigación ministerial, proteger a la víctima, ofendido o testigos, proteger bienes jurídicos o asegurar la comparecencia del probable responsable o imputado a las actuaciones del procedimiento de indagatoria y después de formalizada la solicitud por el Ministerio Público; la autoridad jurisdiccional, podrá imponer el arraigo a cualquier persona señalada como probable responsable, partícipe o imputado, el cual que podrá consistir en:

I. La obligación temporal de permanecer en un lugar determinado, pudiendo ser éste, la casa en que habitualmente resida la persona o bien la institución que para ello tenga establecida la autoridad ministerial, cuando cumpla con las condiciones necesarias que aseguren la adecuada cobertura de las necesidades de subsistencia del arraigado, y la protección a sus derechos humanos y cuando el domicilio se encontrare fuera de la ciudad asiento del juzgado que haya de conocer sobre la solicitud;

II. La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al juez;

III. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designare;

IV. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que fijare la autoridad jurisdiccional;

V. La prohibición de asistir o visitar determinados lugares o personas;

VII. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afectare el derecho de defensa;

VIII. La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física de la persona arraigada, y

IX. Internamiento en instituciones de salud, en los casos en que el estado físico o mental de la persona sobre quien se solicite el arraigo así lo amerite.

El juez podrá imponer una o más de estas medidas según resultare adecuado al caso y ordenará las actuaciones y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento.

La decisión de imponer o negar el arraigo es revocable o modificable de oficio por el juzgador en cualquier momento de la indagatoria, lo cual deberá ser comunicado de manera inmediata al Ministerio Público Federal que la hubiera solicitado, cuando así favorezca a la administración de justicia y a la salvaguarda de las garantías constitucionales.

No se podrá ordenar la medida cuando ésta resulte desproporcionada en relación con las circunstancias de hecho y de derecho que motiven la solicitud del Ministerio Público.

Artículo Segundo. Se modifica el texto del artículo 2 fracción III y se derogan los artículos 133 Bis, 205 y 256 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como siguen:

Artículo 2o. Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:

...

III. Solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo, en términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aseguramiento o embargo que resulten indispensables para la averiguación previa, así como las órdenes de cateo que procedan;

Artículo 133 Bis. Se deroga.

Artículo 205. Se deroga.

Artículo Tercero. Se modifica el texto del artículo 4 inciso A) subinciso n) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de La República, para quedar como siguen:

Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

A) En la averiguación previa:

...

n) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo en términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;

...

Artículo Cuarto. Se modifica el texto de los artículos 1 fracción VIII y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se deroga la fracción III del artículo 50 y los artículos 50 Bis y 50 Ter, se agrega un Título Quinto denominado “De los juzgados federales penales especializados en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones”, integrado por los artículos 55 Bis, 55 Ter, 55 Quáter y 55 Quintus, recorriendo la numeración de los Títulos subsecuentes, para quedar como siguen:

Artículo 1o. El Poder Judicial de la Federación se ejerce por:

I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación;

...

VIII. Los juzgados federales penales especializados en cateos, arraigo, e intervención de comunicaciones, y

IX. Los tribunales de los Estados y del Distrito Federal en los casos previstos por el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás en que, por disposición de la ley deban actuar en auxilio de la Justicia Federal.

Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán:

I. De los delitos del orden federal.

...

III. De las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada y de las solicitudes del Ministerio Público Federal para conceder el arraigo en términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo 50 Bis. Se deroga.

Artículo 50 Ter. Se deroga.

Titulo QuintoDe los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigo, e Intervención e Comunicaciones Capítulo ÚnicoDe su Integración, Funcionamiento y Atribuciones

Artículo 55 Bis. Los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigo, e Intervención de comunicaciones, se compondrán de un Juez y contarán, al menos, con cinco secretarios y con el personal administrativo que determine el presupuesto.

Artículo 55 Ter. Los Jueces Federales Penales especializados en Cateos, Arraigo e Intervención de comunicaciones serán competentes para conocer y resolver las peticiones que, en toda la República, solicite el Ministerio Público de la Federación en la etapa de averiguación previa que se refieran a:

I. Cateo;

II. Arraigo; e

III. Intervención de comunicación, cuya autorización en materia federal será otorgada de conformidad con la Ley Federal en materia de Delincuencia Organizada y con la Ley de Seguridad Nacional respectivamente.

De igual forma serán competentes para conocer de las solicitudes siguientes:

a) De la intervención de comunicaciones que sean formuladas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y por la Policía Federal, en los términos de la ley de la materia; y

b) De la autorización que solicite la Policía Federal para solicitar por escrito a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones, de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, de acuerdo a la ley que la rige.

c) De las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada.

Artículo 55 Quáter. Cuando la solicitud de autorización de intervención de comunicaciones privadas, sea formulada en los términos previstos en las legislaciones locales, por el titular del Ministerio Público de alguna entidad federativa, exclusivamente se concederá si se trata de los delitos de homicidio, asalto en carreteras o caminos, robo de vehículos y privación ilegal de la libertad o secuestro, los primeros previstos en el Código Penal Federal y el último en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, o sus equivalentes en las legislaciones penales locales.

La solicitud de autorización de intervención de comunicaciones de los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se formulará de conformidad con ese ordenamiento.

La autorización se otorgará únicamente al titular del Ministerio Público de la entidad federativa, cuando se constate la existencia de indicios suficientes que acrediten la probable responsabilidad en la comisión de los delitos arriba señalados. El titular del Ministerio Público será responsable de que la intervención se realice en los términos de la autorización judicial.

La solicitud de autorización deberá contener los preceptos legales que la fundan, el razonamiento por el que se considera procedente, el tipo de comunicaciones, los sujetos y los lugares que serán intervenidos, así como el periodo durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el cual podrá ser prorrogado, sin que el periodo de intervención, incluyendo sus prórrogas, pueda exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el titular del Ministerio Público de la entidad federativa acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.

En la autorización, el juez determinará las características de la intervención, sus modalidades y límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración.

En la autorización que otorgue el juez deberá ordenar que, cuando en la misma práctica sea necesario ampliar a otros sujetos o lugares la intervención, se deberá presentar ante el propio juez, una nueva solicitud; también ordenará que al concluir cada intervención se levante un acta que contendrá un inventario pormenorizado de las cintas de audio o video que contengan los sonidos o imágenes captadas durante la intervención, así como que se le entregue un informe sobre sus resultados, a efecto de constatar el debido cumplimiento de la autorización otorgada. El juez podrá, en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o total.

En caso de no ejercicio de la acción penal y una vez transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, el juez que autorizó la intervención, ordenará que se pongan a su disposición las cintas resultado de las intervenciones, los originales y sus copias y ordenará su destrucción en presencia del titular del Ministerio Público de la entidad federativa.

Artículo 55 Quintus. En caso de ser procedente el arraigo solicitado por el Ministerio Público Federal, el juez competente, dictará la resolución que autorice la medida en un plazo no mayor a 24 horas y de acuerdo con lo señalado por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, teniendo la obligación de resolver sobre cada uno de los puntos solicitados o hechos valer por el Ministerio Público.

Artículo Quinto. Se modifican los artículos 23, 26, 31, 104, 147 y 149 de la Ley de Amparo, para quedar como siguen:

Artículo 23. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 1o. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre. Tratándose de resoluciones que nieguen o concedan el arraigo, serán considerados hábiles para la tramitación y resolución del amparo, todos los días del año.

Puede promoverse en cualquier día y a cualquiera hora del día o de la noche, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal...

Artículo 26. No se computarán dentro de los términos a que se refiere el artículo 24 de esta ley, los días hábiles en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que deban hacerse las promociones.

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior, los términos relativos al incidente de suspensión, así como los que se refieran a la tramitación y resolución del amparo, cuando la solicitud se efectúe contra la resolución que niega o conceda el arraigo.

Artículo 31. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la mejor eficacia de la notificación, la autoridad que conozca del amparo o del incidente de suspensión, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades responsables por la vía telegráfica, sin perjuicio de hacerla conforme al artículo 28, fracción I, _de esta ley. El mensaje se transmitirá gratuitamente, _si se trata de cualquiera de los actos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 23 de esta ley, y a costa del interesado en los demás casos. Aun cuando no se trate de casos urgentes, la notificación podrá hacerse por la vía telegráfica, si el interesado cubre el costo del mensaje.

Cuando la materia de que se trate la solicitud de amparo sea la concesión o negación del arraigo, la notificación de cualquier diligencia o resolución a la autoridad señalada como responsable, deberá hacerse a través del medio escrito, telegráfico o electrónico que resulte más rápido; siempre y cuando, el medio utilizado deje constancia fehaciente de la notificación.

Artículo 104. En los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución federal, luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el juez, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución que haya pronunciado en materia de amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y la harán saber a las demás partes.

En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá ordenarse por la vía telegráfica el cumplimiento de la ejecutoria, sin perjuicio de comunicarla íntegramente, conforme al párrafo anterior. Cuando el asunto principal en el amparo se refiera a la concesión o negación del arraigo, el cumplimiento de la ejecutoria será ordenado incluso por vía electrónica, cuidando que quede constancia fehaciente de la notificación realizada.

En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que...

Artículo 147. Si el juez de Distrito no encontrare motivos de improcedencia, o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informe con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda al tercer perjudicado, si lo hubiere; señalará día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, en el caso de que la materia sobre la que verse el amparo sea la concesión o negación del arraigo, el plazo a que se refiere este artículo, no deberá exceder de 5 días, y dictará las demás providencias que procedan con arreglo a esta ley.

Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al pedirle informe previo.

...

Artículo 149. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, si el informe no se rinde con dicha anticipación, el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia.

La prórroga a que se refiere el párrafo presente no procederá cuando el acto reclamado se refiera a la resolución que conceda o niegue el arraigo; a cuyo caso, el término será de tres días improrrogables, de acuerdo con lo señalado por el artículo 156 de esta Ley.

Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales....

Transitorios

Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Tercero. Los juzgados federales penales especializados en cateos, arraigo e intervención de comunicaciones, continuarán ejerciendo sus facultades así como su organización, en términos de los acuerdos generales 75/2008, 23/2009, 24/2009 y 25/2009, dictados por el Consejo de la Judicatura Federal.

Cuarto. Los términos y notificaciones dentro de los juicios de amparo interpuestos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, cuya materia verse sobre la concesión o negación del arraigo, continuarán tramitándose bajo las reglas que al respecto señale el texto vigente de la Ley de Amparo, en el momento en que este haya sido solicitado.

Quinto. Las legislaturas de los estados deberán adecuar el marco jurídico local para lograr la congruencia con el contenido del presente decreto.

Sexto. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía jurídica que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.— Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño, Emilio Serrano Jiménez,  Paula Angélica Hernández Olmos,  Luis Félix Rodríguez Sosa, José Ricardo López Pescador, Maurilio Ochoa Millán, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Josué Cirino Valdés Huezo, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Samuel Herrera Chávez, Alma Carolina Viggiano Austria, José Alfredo Torres Huitrón, Miguel Ángel Terrón Mendoza, Sergio Lobato García, Jaime Sánchez Vélez, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias por su intervención, señor diputado Benítez Treviño. Túrnese a la Comisión de Justicia para su dictamen.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí. Adelante, diputada Enoé.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Diputado presidente, el tema es de la mayor relevancia y urgencia en el país, y por ello le pregunto al diputado Humberto si me haría el honor de sumarme a su iniciativa.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño(desde la curul): Sí, con mucho gusto.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Benítez Treviño accedió a su petición con mucho gusto.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, diputado Emilio Serrano, por favor.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Diputado presidente, le pido que si es tan amable de preguntarle al diputado Benítez Treviño si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Benítez Treviño ha manifestado su beneplacencia en este caso y se considera como tal, está a la disposición de los diputados y las diputadas que deseen adherirse a su planteamiento aquí el documento, en la mesa de esta Secretaría.

Damos las más cordial y sincera bienvenida a los alumnos y maestros de la Universidad  de Quinta Roo que están de visita aquí en este recinto legislativo. Son invitados por los diputados Rosario Ortiz Yeladaqui, Susana Hurtado Vallejo y Carlos Joaquín González, de la coordinación de diputados quintanarroenses priistas.

También contamos con la hermosa presencia de la niña Mariana Alanís Yáñez, es una niña cuyo sueño es ser presidenta de México. Cuenta con 10 años de edad y es invitada de parte de los diputados del PRI del estado de Nuevo León, aquí se encuentra con nosotros y esperamos que ésta sea una de las experiencias más grandes que tenga en su vida.



LEY FEDERAL DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Propaganda Institucional. Esto en términos del artículo 76, hasta por 10 minutos.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:Señor presidente, muy buenas tardes. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, quiero proponer a su consideración un proyecto de ley integral para regular la propaganda institucional.

Este proyecto es una vieja aspiración de los mexicanos que hemos participado en donde estamos todos nosotros, en los procesos electorales de este país, y que a contar de la última reforma electoral a los artículos constitucionales, que fueron denominados como la última reforma electoral de última generación, se creó este concepto de propaganda institucional.

Concretamente está definido y comentado con amplitud en el artículo 134, en su párrafo 8o., pero como varios de los temas de esta reforma exigen una reglamentación para que puedan ser aplicados con racionalidad y con equidad y justicia si no existen estas disposiciones reglamentarias, ha sido frecuente motivo de conflictos, frecuente ámbito para las interpretaciones de la autoridad electoral, y naturalmente que en detrimento de la certeza que debe tener todo el contexto de una campaña electoral.

En el artículo correspondiente de la reforma existe establecido el concepto de propaganda institucional, y por derivación se presume que este concepto de propaganda institucional se aplica exclusivamente al Poder Ejecutivo. Pero en esencia, el concepto de propaganda institucional debe corresponder a las esferas del poder público. Al Poder Judicial, al Legislativo y por supuesto, al Poder Ejecutivo.

En los términos de la Cámara de Diputados, del Senado de la República y de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial federal no hemos encontrado mayores problemas. Pero sí en el caso de la aplicación de las normas a cargo del Poder Ejecutivo, donde amparados por este artículo, el titular del Ejecutivo federal ha realizado, realiza cotidianamente una extensa, masiva y a veces injustificada promoción institucional de su gobierno.

Aun cuando la propia ley define en una fracción II qué debe entenderse por propaganda institucional, es mi opinión que el error está en la connotación. Poner propaganda institucional evidentemente lleva a una valoración de lo que debemos entender por propaganda.

Por eso yo he pensado que es necesario el establecimiento de una ley reglamentaria para que, en efecto, el gobierno en sus niveles, en sus entidades, con su potencial pueda informar a la ciudadanía de sus acciones; pueda alertar en caso de desastres; pueda realizar campañas de salud pública, de educación; pueda hablar de derechos humanos; pueda hablar de los temas que son motivo de información que la sociedad requiere.

Pero no confundir esto con la promoción de logros de gobierno y menos para hacer uso de las actividades que por obligación jurídica debe cumplir, como una hazaña propia del gobierno que puede traer adeptos.

Mi iniciativa de ley es una ley breve, pero tiene varias características. La primera es que le da un contexto jurídico tal para que pueda aparecer obligatoriamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que obligaría al conocimiento de esta soberanía, primero, y luego a la posibilidad de rendición de cuentas. Éste es un tema de la mayor opacidad, nadie rinde cuentas en el tema ni a nadie parece importarle.

También tiene la consideración de que esta iniciativa propone un acotamiento de aquellas cuestiones que deben ser sujeto de la promoción a través de los espacios publicitarios.

No pretendo con esto cambiar el sentido que estuvo originalmente en la disposición constitucional, por eso no atiende a cambiar este concepto. Pero sí darle una reglamentación que producirá certeza, equidad y evitará este permanente reclamo de la gente que ve al titular del Ejecutivo en todas las estaciones de radio de este país, que son muchas. Por supuesto que en todas las cadenas de televisión sin propósito educativo, de salud o de información; sino simplemente como una promoción del Ejecutivo con evidentes características electorales.

Dejo pues aquí mi proyecto de iniciativa de ley, de promoción, de propaganda institucional y los invito a que nos ayuden para que este debate se dé con mayor eficacia.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Señor diputado. El diputado Serrano.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:Diputado Serrano, es una novedad. Yo no sabía de las iniciativas, pero me encanta la idea. Si me quiere preguntar, yo ya tengo rato de no estar por acá. Con mucho gusto...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: A ver, es que todavía no se manifiesta el diputado Serrano. Dígame usted, diputado Serrano, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Serrano, por favor.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Diputado presidente, antes de solicitarle al promovente si me permite adherirme a su propuesta. Nada más para preguntarle si se tiene considerado no utilizar los recursos económicos del Ejecutivo en todos los niveles, para fines de propaganda electoral, es la conclusión.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:Bueno, se trata de reglamentar toda la incidencia de los poderes en el tema de promoción institucional por los medios masivos de comunicación, para evitar el abuso.

Tiene usted razón, lo digo como es, para evitar los excesos, para evitar que se convierta esto en una promoción individual con recursos públicos, naturalmente, ésa es la razón. Es un honor, muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley Federal de Propaganda Institucional, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, ciudadano diputado César Augusto Santiago Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción I, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal de Propaganda Institucional.

Exposición de Motivos

En nuestro país hace falta expedir una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional que regule de manera integral la propaganda institucional ya que el marco legal actual es deficiente.

La publicidad institucional debe ser un bien útil para la ciudadanía y un canal de comunicación entre el Estado y la población, la cual debe contener las siguientes características: clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para la sociedad.

La presente iniciativa ha tenido en cuenta que los propósitos de la publicidad institucional son realizar campañas de orientación cívica, de salud, educación y seguridad pública; difundir los avances legislativos que amplíen los derechos fundamentales o impongan obligaciones a los gobernados; promover el ejercicio de los derechos constitucionales y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; transmitir información relativa a estados de emergencia ocasionados por desastres naturales; incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de interés público.

La ley que nos ocupa prescribe los principios rectores en la materia que son transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos públicos. Así, la publicidad institucional en los medios de comunicación es un mecanismo que sirve para dar visibilidad y transparencia a las acciones de las instituciones públicas.

La ley tiene como principal objetivo el control de la publicidad institucional, favoreciendo la rendición de cuentas y evitando la discrecionalidad en la materia, así como que la misma sea utilizada con fines políticos y electorales.

Al respecto, la ley establece la prohibición de promover implícita o explícitamente los intereses de las entidades públicas o de algún partido político, así como destacar los logros de la gestión gubernamental. De esa manera, la ley evita que la publicidad institucional sea utilizada como propaganda encubierta. La propaganda institucional no debe tener como propósito crear una imagen positiva del partido gobernante o generar una impresión negativa de una persona o entidad crítica del gobierno.

Asimismo, la ley prevé la prohibición expresa de la difusión de cualquier tipo de propaganda oficial desde el inicio de las campañas hasta la conclusión de la jornada electoral. Durante dicho periodo, únicamente estarán permitidas las campañas de información de las autoridades electorales, las que sean necesarias para la protección civil en casos de emergencia; así como las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos.

Como puede observarse, la ley garantiza que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos y no a quien las promueve. Por ello, la ley señala que las campañas de publicidad de las instituciones públicas deben identificarse claramente como tales e incluir la mención expresa del organismo promotor o contratante.

También la ley incorpora los requisitos que deberán cumplir las campañas de propaganda institucional como señalar los objetivos, el costo, la duración, las herramientas de comunicación utilizadas, el sentido de los mensajes; sus destinatarios, los organismos o entidades afectadas, los medios utilizados para su difusión, así como las agencias de publicidad involucradas en su elaboración.

La ley crea la oficina de propaganda institucional, que tendrá como función principal vigilar el cumplimiento de parte de las entidades públicas de las normas constitucionales y legales relativas a la propaganda institucional.

Para efectos de transparencia y rendición de cuentas, la ley prevé que la Oficina Federal de Información Gubernamental deberá rendir anualmente a la Cámara de Diputados un informe detallado de su actuación en el cual se incluirá un apartado de análisis sobre la propaganda institucional difundida en el período, por nivel y ámbito de difusión, así como del gasto efectuado.

Asimismo, con el objetivo de evitar la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos en la materia, la ley establece que los fondos destinados a la materia que nos ocupa deberán estar debidamente etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal correspondiente lo cual trae como consecuencia que dichos recursos sean objeto de control por las entidades fiscalizadoras correspondientes.

Una cuestión de suma relevancia que establece la ley en materia de transparencia es que los presupuestos aprobados en este rubro deberán publicarse en Internet.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Propaganda Institucional

Artículo Único. Se expide la Ley Federal de Propaganda Institucional.

Ley Federal de Propaganda Institucional Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1

Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en el territorio nacional. Esta ley reglamenta las normas constitucionales relativas a la propaganda institucional de las entidades públicas.

Artículo 2

Se entiende por:

Entidades públicas: los poderes de la federación, de los estados y del Distrito Federal; los órganos constitucionales autónomos; los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y cualquier institución de carácter público.

Comunicación social: Instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional.

Propaganda institucional: Acción o efecto de dar a conocer algo con fines informativos, educativos o de orientación social.

Artículo 3

La presente ley tiene como objetivo vigilar el cumplimiento de parte de las entidades públicas de las normas constitucionales y legales relativas a la propaganda institucional, así como la transparencia en el manejo de los recursos públicos en la materia.

Artículo 4

Son principios rectores de la materia la transparencia, la objetividad, la neutralidad y la profesionalización de las campañas de comunicación institucionales, así como la eficiencia en el buen uso de los fondos públicos.

Capítulo II De las Características y Temporalidad de la Propaganda Institucional de las Entidades Públicas

Artículo 5

Las entidades públicas podrán llevar a cabo propaganda institucional en cualquier momento y mediante cualquier modalidad de comunicación social.

La propaganda institucional:

a) Se enmarcará en los principios y valores del Estado constitucional democrático de derecho;

b) Tendrá fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que será útil para el colectivo a quien se dirija;

c) Será neutral, por lo que no promoverá implícita o explícitamente los intereses de la entidad pública de que se trate o de algún partido político, así como destacar los logros de alguna gestión gubernamental.

d) Será objetiva y directa por lo cual los mensajes de las campañas institucionales no deberán utilizar símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por algún partido político. La publicidad institucional deberá incluir un enunciado que señale que es pagada por la entidad pública correspondiente y no contendrá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público o que se asocien con alguna persona, física o moral, de carácter político.

Artículo 6

Queda prohibida la difusión de cualquier tipo de propaganda de las entidades públicas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, desde el inicio de las campañas electorales, federales o locales, hasta la conclusión de la jornada electoral respectiva, con las siguientes excepciones:

a) Campañas de información de las autoridades electorales;

b) Campañas relativas a servicios educativos y de salud;

c) Campañas necesarias para la protección civil en casos de emergencia;

d) Campañas que resulten necesarias para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes concretos de los ciudadanos, y

e) Campañas para salvaguardar el interés público.

Artículo 7

La propaganda institucional, particularmente las campañas, deberá justificarse en términos de necesidad comunicacional y beneficio social.

Las campañas señalarán los objetivos, el costo, la duración, las herramientas de comunicación que serán utilizadas, el sentido de los mensajes, sus destinatarios, las entidades públicas afectadas, los medios que se utilizarán para su difusión, así como las agencias o empresas de publicidad o comunicación involucradas en su elaboración.

Al efecto, las entidades públicas presentarán, con el respectivo proyecto de presupuesto, los datos de la planificación correspondiente.

El documento y los elementos que se presenten ante las instancias competentes para la autorización del gasto público en la materia, también será remitido a la Oficina de Propaganda Institucional.

Capítulo III De la Vigilancia y Control de la Propaganda Institucional

Artículo 8

La Oficina de Propaganda Institucional vigilará el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda institucional. Contará con autonomía financiera, normativa y administrativa.

Artículo 9

La Oficina de Propaganda Institucional tendrá un consejo integrado por cinco personas con experiencia materia de comunicación social, derecho o auditoría, que serán designados con el voto de al menos la tercera parte de los integrantes presentes en la sesión correspondiente de la Cámara de Diputados. Dicho Consejo emitirá las normas que sean necesarias para el funcionamiento interno de la Oficina, la cual contará con el personal técnico suficiente para el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 10

La Oficina de Propaganda Institucional tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales en materia de propaganda institucional;

II. Establecer la vinculación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones con las entidades públicas;

III. Celebrar convenidos de coordinación con las instancias respectivas de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y prestarles el apoyo técnico que soliciten;

IV. Realizar auditoría e investigación sobre casos específicos, para formarse un juicio en el ámbito de su competencia;

V. Atender y en su caso, remitir a las autoridades correspondientes las denuncias que se presenten;

VI. Emitir opinión a la Cámara de Diputados sobre los programas de propaganda institucional que presenten las entidades públicas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;

VII. Elaborar anualmente y conforme a las aprobaciones presupuestales, la agenda de propaganda institucional;

VII. Dar seguimiento a la propaganda institucional programada;

IX. Autorizar las modificaciones presupuestales conducentes para el desarrollo de campañas de propaganda institucional no previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, previa justificación por razones de interés público;

X. Recabar periódicamente de las entidades públicas la información relativa al ejercicio del gasto público en materia de propaganda institucional;

XI. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de sus atribuciones.

Capítulo IV De los Informes

Artículo 11

La Oficina de Propaganda Institucional deberá rendir anualmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un informe detallado de su actuación en el cual se incluirá un apartado de análisis sobre la propaganda institucional difundida en el período, por nivel y ámbito de difusión, así como del gasto efectuado.

Capítulo V De los Recursos Públicos y la Transparencia

Artículo 12

Los presupuestos para propaganda institucional aprobados deberán publicarse en Internet.

Artículo 13

La contratación que realicen las entidades públicas en materia de propaganda institucional se regirá por las disposiciones constitucionales y legales correspondientes.

El ejercicio presupuestal será el estrictamente autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación respectivo.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Cámara de Diputados designará a los integrantes de la Oficina de Propaganda Institucional en un plazo en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente decreto.

Artículo Tercero. El Consejo de la Oficina de Propaganda Institucional emitirá en un plazo no mayor a 90 días las normas que sean necesarias para su funcionamiento interno.

Artículo Cuarto. Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2011.— Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, María de Jesús Aguirre Maldonado, Samuel Herrera Chávez, Sergio Lobato García, Emilio Serrano Jiménez, Paula Angélica Hernández Olmos, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, Jaime Sánchez Vélez, José Manuel Agüero Tovar, José Ricardo López Pescador, Luis Félix Rodríguez Sosa, Maurilio Ochoa Millán, Ana Georgina Zapata Lucero (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: También el diputado Héctor Ramírez Puga Leyva se pronunció en el sentido de solicitar, de usted, la anuencia para adherirse a su propuesta, señor diputado. El diputado César Augusto Santiago Ramírez ha manifestado su beneplácito y, por ende, el documento para las adhesiones se encuentra en la mesa de la Secretaría a disposición de ustedes.

Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.



CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o, 46 y 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en tres artículos el 7o, el 46 y el 95, con el objeto central de frenar el transfuguismo político.

Se trata de una iniciativa, para bien de la democracia y de la sociedad, para bien de la vida de los partidos políticos, para defender los derechos de los militantes de los mismos y, para, fomentar mejores gobiernos que se guíen por principios y valores que en el fondo conlleven a una mejor calidad de vida para los mexicanos.

El transfuguismo es una actitud y comportamiento de quien se convierte en tránsfuga. Tránsfuga proviene del latín y quiere decir persona que pasa de una ideología o colectividad a otra. Tránsfuga sería, también, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un militar que cambia de bando en tiempo de conflicto. Ambas, acepciones, en el fondo refieren la traición a principios y valores, y al grupo o ejército al que se pertenece.

Hasta ahora es legal ser postulado para algún cargo de elección popular por cualquier partido o coalición de partidos, aun habiendo pertenecido o militado unas horas o días antes a otro instituto político cuyo ideario y programa de acción puede ser totalmente diferente o incluso totalmente opuesto del que lo registra ante la autoridad electoral.

Esta práctica, tan socorrida últimamente, de saltar de un partido a otro, les parece a algunos muy conveniente y se desviven en argumentar sus virtudes envueltos en el discurso de que somos un país democrático, abierto y plural en el que se vale de todo para competir en una elección. Nada más irreal e incierto. El menosprecio de los principios y programas que sustentan los partidos políticos, el pirateo de candidatos y el atropello al trabajo de las militancias partidarias no puede ser un buen signo de avance democrático.

Lo cierto, compañeras diputadas y compañeros diputados, es que lo que se ha propiciado con el trasfuguismo político son por lo menos dos cosas gravísimas;

Primero. Se ha pervertido y deteriorado la política, los ciudadanos mexicanos han estado atestiguando en los últimos años un espectáculo que exhibe que determinados personajes y las dirigencias de algunos partidos están en la política no para servir, sino para servirse, que lo único que buscan es conseguir el poder por el poder mismo.

Las negociaciones personales que se dan con el transfuguismo político en nada benefician la vida institucional y política del país, y mucho menos a los ciudadanos.

Segundo. El transfuguismo político ha generado confusión en la sociedad y decepción en las militancias de los partidos, a quienes también se les ha traicionado, dado que los partidos políticos registran ante el IFE su declaración de principios, su programa de acción, sus estatutos y su código de ética, y tienen la obligación de promover y difundir ante la ciudadanía para darle certidumbre a la sociedad y también en sus estatutos para darle certeza a sus militantes de los derechos que tienen cuando participan activamente en esos institutos.

Pero de repente los militantes de muchos años y mucho trabajo en sus partidos son desplazados, relegados, ninguneados por un personaje ajeno a su partido, por alguien impuesto por una decisión cupular de su dirigencia que también los traiciona. Y lo más grave, la sociedad y los militantes de los partidos se encuentran con que fulano de tal de un día para otro cambió de ideología, de programa y de convicciones.

La sociedad valoraría más, creo, que nosotros trabajáramos por la consistencia de los partidos políticos, de sus candidatos en torno a un ideario y a una propuesta sustentada en principios; de compromisos producto de una plataforma electoral bien difundida y diferenciada, y no de protagonismos personales que se disuelven en la vaguedad y en la confusión de intereses.

Estimo que nosotros como legisladores debemos hacer cambios para fortalecer el sistema de partidos políticos y para robustecer la participación ciudadana en ellos.

Tomando en consideración que el Constituyente, en las fracciones I y IV del artículo 41 constitucional delegó en la ley reglamentaria el establecimiento de normas y requisitos para que los partidos políticos intervengan en los procesos electorales y en la selección y postulación de sus candidatos, es por lo que se presenta esta iniciativa para darle certidumbre a la sociedad de lo que cada quien propone para fortalecer a los partidos políticos y para respetar y defender los derechos de sus militantes.

Con base en lo anterior, solicito a esta soberanía su respaldo para promover la aprobación de modificaciones al Cofipe, adicionando un inciso g) al artículo 7o; un párrafo al inciso d), numeral 3, del artículo 46 y modificar el numeral 1 del artículo 95, para quedar como sigue:

Capítulo segundo. De los requisitos de elegibilidad.

Artículo 7o, numeral 1. Son requisitos para ser diputado federal o senador, además de los que señalan respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes:

g) Tener como mínimo de antigüedad un año acreditable y comprobable de pertenecer al partido que lo postula.

Capítulo sexto. De los asuntos internos de los partidos políticos.

Artículo 46, numeral 1, inciso d). Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargo de elección popular, los cuales deberán contar por lo menos con una antigüedad de un año, acreditable y comprobable, de pertenecer a cualquiera de los partidos o coalición que lo postule, y

Capítulo segundo. De las coaliciones.

Artículo 95. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y diputados por el principio de mayoría relativa...

Se adicionaría: y sus candidatos postulados deberán cumplir con una antigüedad mínima de un año acreditable y comprobable en alguno de los partidos que formen la coalición. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 7o., 46 y 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona el inciso g) al artículo 7 y un párrafo al inciso d) numeral 3 del artículo 46 y adiciona el numeral 1 del artículo 95, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En la sociedad democrática mexicana se expresan distintas ideologías políticas y proyectos de Nación a través del sistema de partidos que institucionalmente le ha dado a México el marco de competencia legal para afianzar su estabilidad política.

Los diferentes partidos políticos, que disputan el poder en las elecciones periódicas, tienen la obligación de registrar ante la autoridad competente; el Instituto Federal Electoral, sus llamados documentos básicos en los cuales además de definir su postura ideológica y su visión sobre los problemas y propuestas de solución, establecen las reglas internas de su manejo y conducción para dar certidumbre a la sociedad y también a sus militantes, afiliados o adherentes.

Así, los partidos políticos son una parte fundamental de la legalidad y legitimación del ejercicio del poder público en México. Tienen también la obligación de promoverse ante la ciudadanía para que ésta, cada vez más informada, tenga mayores elementos para decidir a la hora de emitir el sufragio en las casillas y con ello lograr una mejor democracia para tener mejores gobiernos y lograr el buen funcionamiento del país.

Por su parte, los ciudadanos todos tienen el derecho y la obligación de votar en las elecciones y también tienen el derecho a ser votados. En este sentido, mucho se ha discutido sobre el tema de las candidaturas ciudadanas independientes y su pertinencia o no para fortalecer la democracia en nuestro país. Se trata de un debate que hay que seguir procurando pero el cual no puede ser dique para avanzar en nuestro fortalecimiento democrático e institucional.

Diversos estudios e investigaciones realizados por instituciones de prestigio en México destacan por un lado la baja evaluación que los ciudadanos le conceden a los partidos  políticos y la confianza que sobre ellos tienen; asimismo, y de manera contrastante, también expresan el reconocimiento que los ciudadanos le otorgan a los partidos políticos para promover los cambios que la Nación requiere y para mejorar el funcionamiento del gobierno.

Es por ello que es muy importante fortalecer tanto la imagen de los partidos políticos como la participación ciudadana en ellos.

Los partidos políticos son formas de representación ciudadana y los simpatizantes activos, los militantes y/o adherentes que participan en ellos son también ciudadanos, por lo que no debemos alimentar un falso debate en torno a candidaturas ciudadanas independientes versus partidos políticos.

No debemos permitir que el tema de las candidaturas ciudadanas independientes se convierta en el icono del avance democrático nacional. En algún momento reciente de nuestra historia el tema de la “alternancia política” se constituyó en el emblema de la democracia. Se decía que así era en gran parte de los países y que había que promoverla en México y se indujo desde el poder.

Sería un grave error caer en falsos dilemas otra vez. En falsas tesis que porque operan en otros países y latitudes a fuerza tienen que aplicarse en México. Nuestra historia es diferente. Aquí nos ha funcionado la democracia representativa en la cual los partidos políticos, todos, están abiertos a la participación de los ciudadanos.

Como se sabe la exclusividad de postular candidatos corresponde por ley a los partidos político, esto tiene una razón de ser, ya que en la arquitectura institucional vigente, se trata de fortalecer a los partidos políticos para que a través de ellos se ejerza la democracia representativa conceptualizada en la carta magna.

Es decir, mediante el fortalecimiento del sistema de partidos y de fomentar la participación en ellos e impulsando la difusión de las ideologías que los sustentan, de respetar las disposiciones de su vida interna, así como de verificar que los programas de acción propuestos se lleven a cabo, es como podremos fortalecer la confianza de la ciudadanía y garantizar la defensa de los derechos de los militantes de cada uno de los partidos políticos.

Por tal motivo debemos realizar las acciones que sean necesaria para fortalecer a los partidos políticos y obtener la confianza de los ciudadanos, con acciones que permitan el dialogo y difusión de los principios e ideales y el programa de acción y la manera de aplicarlos para alcanzar sus fines.

También, los ciudadanos y especialmente los militantes y simpatizantes de determinado partido se sienten defraudados al ser desplazados, ya sea como candidatos a cargos de elección e incluso como dirigentes cuando los partidos políticos admiten y postulan a personas que renuncian a sus partidos políticos por no haber sido electos o designados como candidatos a algún puesto de elección sin importar su ideología ni sus principios y esto pasa sobre todo cuando  el partido receptor no tiene buenos cuadros para contender, lo que refleja ante la sociedad que la existencia de ese partido no tiene razón de ser, vulnerando así la imagen de los demás partidos, que si se preocupan por formar cuadros capaces de ganar una elección.

Con lo anterior solo se exhibe que hay personajes y partidos políticos que  en realidad están en la política estrictamente por el poder, no por ideas, convicciones o proyectos concretos. Sus intereses no tienen nada que ver con un proyecto de Nación sino sólo con sus ambiciones personales.

Considerando la importancia y urgencia de legislar para que se promueva la participación de los ciudadanos en la política a través de los partidos; para que se respeten los derechos y obligaciones tanto partidistas, como de los afiliados y militantes de todos y cada uno de los partidos políticos registrados, me permito presentar estas sencillas adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales.

Esta iniciativa está enfocada para dar protección de los derechos políticos electorales de los afiliados y militantes de los partidos políticos y fortalecer la democracia interna de estos mismos, obligando a respetar sus documentos básicos, como son su declaración de principios, programa de acción, estatutos y código de ética.

Es pertinente recordar que el Instituto Federal Electoral, esa institución de tanto valor para la confianza y estabilidad política nacional, en su reciente publicación de noviembre de 2010 (“El IFE y el costo de la vida democrática en México”) considera como su principal aportación a la sociedad mexicana fortalecer el sistema de partidos.

Tomando en consideración que el Constituyente, en las fracciones I y IV del artículo 41 constitucional delegó en la Ley Reglamentaria el establecimiento de normas y requisitos para que los Partidos Políticos intervengan en los procesos electorales y en la selección y postulación de sus candidatos, es por lo que se propone esta iniciativa para fortalecer a los partidos políticos y respetar y defender los derechos de sus militantes.

Con base en la anterior exposición de motivos, pongo a consideración de esta soberanía su respaldo para la aprobación de la adición del inciso g) del artículo 7 y de un párrafo al inciso d), numeral 3, del artículo 46, y el numeral 1 al artículo 9 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, quedando de la siguiente forma:

Decreto por el que se adiciona el inciso g) del artículo 7, un párrafo al inciso d), numeral 3, del artículo 46, y el numeral 1 del artículo 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Primero. Se adiciona el inciso g) del artículo 7, un párrafo al inciso d), numeral 3, del artículo 46, y el numeral 1 del artículo 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Capítulo SegundoDe los Requisitos de Elegibilidad

Artículo 7

1. Son requisitos para ser diputado federal o senador, además de los que señalan respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes:

a) a f)...

g) Tener como mínimo una antigüedad de un año, acreditable y comprobable de pertenecer al partido que lo postula.

Capítulo SextoDe los Asuntos Internos de los Partidos Políticos

Artículo 46

1. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo final de la Base I del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución, en este código, así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

2. Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que establecen la Constitución, este Código y las demás leyes aplicables.

3. Son asuntos internos de los partidos políticos:

a) a c)...

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

Los cuales deberán contar por lo menos con una antigüedad de un año, acreditable y comprobable de pertenecer a cualquiera de los partidos o coalición que lo postule; y

e) ...

4. ...

Capítulo SegundoDe las Coaliciones

Artículo 95

1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa, y sus candidatos postulados deberán cumplir con una antigüedad mínima de un año acreditable y comprobable en alguno de los partidos que formen la coalición.

2. Los partidos ......

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2011.— Diputados: Salomón Rosas Ramírez, Jaime Sánchez Vélez, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.



CODIGO CIVIL FEDERAL - LEY GENERAL DE POBLACION

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2790 del Código Civil Federal. A la vez va a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo:Con su permiso, señor presidente. Previamente solicito, presidente, que sean recogidas las dos iniciativas tal como las he presentado, debido a que el tiempo será corto y solamente comentaré el propósito de las mismas.

Inicio por la reforma al artículo 2790. Yo quisiera llamar la atención sobre un grupo social al que nosotros no le hemos puesto la mínima atención. Me refiero a la gente de la tercera edad, pero en ese apartado a los jubilados y pensionados de este país.

Les hemos regateado cualquier cantidad de propuestas que ellos han hecho. No revisamos sus pensiones. No atendemos su seguridad social. Y pareciera que en este país llegar a la etapa de ser pensionado y jubilado significa un detrimento en los sueldos, los salarios y en las prestaciones sociales.

Pero además de eso hay una trampa en la que están ellos sometidos, la mal nombrada carta de supervivencia, que es una trampa que sólo lo que hace obliga a presentarse a los jubilados –hombres y mujeres- y pensionados y acreditar que todavía viven. Bueno, es para dar risa porque creo que hay otros medios y otros métodos para poder probar que todavía existen.

Yo vengo a proponer que se pueda, de acuerdo al artículo 2790, queden exentas de su acreditación aquellas personas que por su edad o enfermedad no puedan acudir por sí mismas a tal acto. En estos casos los institutos de seguridad social comprobarán la supervivencia del derechohabiente o del rentista por los medios tecnológicos o humanos que instauren para tal efecto, absteniéndose de retener o suspender el pago correspondiente a excepción del fallecimiento del beneficiario. Lo único que han hecho es parar y suspender un derecho por el cual trabajaron por muchos años.

Hoy me quiero referir también a una reforma muy ambiciosa a los artículos 26, 32, 33, 35, 41 y 42, fracción II de la Ley General de Población. Esta iniciativa tiene algunos días que fue presentada, afortunadamente hoy podemos hablar de ella, sobre un problema muy serio que tiene México desde hace bastantes años.

Nos dedicamos a quejarnos exactamente de lo que hace Estados Unidos de Norteamérica, de las vejaciones, del maltrato que hacen con los inmigrantes. Pero nos hemos olvidado que en la frontera sur de este país hemos hecho de todo: tráfico de órganos, tráfico de menores, de niños y niñas, pero sobre todo, todo este viacrucis que vive el migrante al entrar a territorio mexicano.

Es increíble cómo solamente forman parte de una estadística los hombres y las mujeres que en busca del sueño americano llegan a territorio nacional. Es increíble cómo la violación a los derechos humanos, la falta de atención ha estado a la orden del día: mueren, son secuestrados, vejados, un sinnúmero de atropellos que tienen que ver con sus derechos humanos.

Por eso estoy proponiendo una visa del transmigrante, una visa temporal en donde él pueda recorrer, previo ante la autoridad correspondiente, el territorio y pueda demostrar que solamente está en tránsito, pero además se le garanticen sus derechos humanos. Se les vean como personas, como seres humanos que son, no como animales como se les ha tratado.

A los migrantes de Centro y Sudamérica les han sido fuertemente mancillados sus derechos humanos. Por eso yo estoy proponiendo esta visa que en síntesis sería por 90 días, tiempo en el que podrán utilizar los servicios de transportación aérea, terrestre y marítima que requieren para su tránsito, y no se le impedirá el acceso a servicios a ningún extranjero que cuente con su visa de tránsito. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 2790 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2790 del Código Civil Federal, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Por la situación en que se encuentran las personas de la tercera edad, México tiene que realizar un trabajo urgente para no enfrentar un problema de grandes dimensiones en el futuro inmediato. Durante más de 20 años se nos olvidó que existía un grupo de adultos mayores de 60 años o más restándole importancia a tal crecimiento; hoy tenemos 7 millones 100 mil adultos mayores.

En  México las personas de la tercera edad tienen prestaciones por ley, tales como: las jubilaciones y pensiones dependiendo de la vida laboral que desempeñaron. Sin embargo, estos sistemas están lejos de satisfacer las demandas de la población senil en la actualidad y por consiguiente de las futuras generaciones.

En el país, sabemos que existen distintas instituciones que se encargan de brindar atención médica, recreativa, jurídica, laboral, de vivienda y económica donde se contemplan prestaciones como la jubilación y la pensión; entre las más importantes están el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que cuenta con la mayor parte de pensionados del país; seguida por el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los trabajadores del Estado (ISSSTE); El Movimiento Unificador Nacional de Pensionados y Jubilados (MUNJP), que asesora a las personas de la tercera edad que cuentan con alguna pensión o que quieran tener ese beneficio; el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que brinda atención al sector, que integra la tercera edad del país, pero ninguno de ellos se ha preocupado por facilitar el pase de supervivencia a los jubilados y pensionados que se encuentran impedidos para trasladarse.

La atención a este sector debe ser integral, tomando en cuenta el deterioro físico de las personas de más de 60 años, porque después de haber laborado gran parte de su vida, no deben sufrir la desatención de los sistemas de seguridad social para los comprobantes de supervivencia.

En estos términos podemos decir, que el derecho y acceso a la seguridad social son una garantía individual de todos los mexicanos y una obligación que el estado, debe cumplir con sus gobernados; en este rubro, y en atención a que la mayoría de las y los mexicanos, se encuentran próximos a jubilarse y/o pensionarse, es urgente cambiar los viejos moldes respecto al pase de revista y del procedimiento administrativo de supervivencia los cuales están siendo mal aplicados por los dos principales sistemas de seguridad social (IMSS, ISSSTE), los cuales, causan más molestias que beneficios a los derechohabientes.

En la actualidad es extenso el numero de pensionados del IMSS y del ISSSTE, que se ven afectados por la retención infundada, de su derecho al pago de pensión, por no realizar el procedimiento de supervivencia, o pase de revista según sea el caso, sin que los institutos señalados sean claros y precisos respecto a la obligatoriedad de dicha comprobación ocasionando con esto una violación a sus derechos.

La ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado deben de ser precisas para brindar las facilidades idóneas a sus derechohabientes para que en caso de que estos por discapacidad, enfermedad o por cualquier otro impedimento físico y/o motriz derivado de alguna enfermedad o de la edad misma no puedan acudir a comprobar su supervivencia, los ordenamientos mencionados deben prever del elemento tecnológico y/o humano para que los derechohabientes puedan comprobar de manera fácil su supervivencia sin necesidad de trasladarse a los lugares correspondientes para tal efecto, ya que los obligados son los institutos, no los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de respetar a las personas pensionadas y jubiladas en su salud e integridad física, presento a está Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma y adiciona el artículo 2790 del Código Civil Federal para quedar como sigue:

Artículo 2790. El pensionista y/ o jubilado podrá demandar las pensiones y/ o jubilaciones, acreditando su supervivencia o la de la persona sobre cuya vida se constituyó la renta.

Quedan exentos de tal acreditación, aquellas personas que por su edad o enfermedad, no puedan acudir por sí mismas a tal acto. En estos casos, los Institutos de Seguridad Social comprobarán la supervivencia del derechohabiente o del rentista, por los medios tecnológicos o humanos que instauren para tal efecto absteniéndose de retener o suspender el pago correspondiente; a excepción del fallecimiento del beneficiario.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2011.— Diputados: Diva Hadamira Gastélum Bajo, Jaime Sánchez Vélez, José Manuel Agüero Tovar, Samuel Herrera Chávez, Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada Diva. Tal como lo solicitó al inicio, se insertará el texto íntegro de su intervención en el Diario de los Debates. Túrnese la primera a la Comisión de Justicia para dictamen,

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como del artículo 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26, 32, 33, 35, 41 y 42 fracción II de la Ley General de Población, que permitan la existencia de visas temporales de tránsito en nuestro país para combatir las agresiones en contra de migrantes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Son distintas circunstancias sociales, políticas y económicas las que viven los hermanos centroamericanos y que los orillan a migrar de forma indocumentada hacia otros países, principalmente hacia el norte del continente, siendo Estados Unidos su meta; miles de inmigrantes indocumentados que buscan mejorar su situación convierten a México no sólo en un país de destino, sino también de tránsito.

Los conflictos sociales suelen acompañarse de problemas económicos, violencia indiscriminada, muerte de no combatientes y, en síntesis, de la alteración de la vida diaria. Una consecuencia, al parecer inevitable, es el desplazamiento de núcleos de población, ya sea al interior del mismo país o a naciones vecinas. La cantidad y el tiempo que duren fuera estos refugiados, desplazados, inmigrantes ilegales, y expulsados –nombre con el que se les conoce– depende principalmente de la intensidad y duración del conflicto.

La frontera sur de México, ha sido la principal puerta de entrada para los migrantes indocumentados provenientes de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Novecientos sesenta y dos kilómetros delimitan la frontera de México con Guatemala, seiscientos de éstos, corresponde al estado de Chiapas, el primer estado receptor de cientos o miles de migrantes indocumentados; “el Instituto Nacional de Migración tiene detectado 17 municipios chiapanecos como los puntos principales de entrada hacia México como Amatenango de la Frontera, Ciudad Hidalgo, Marqués de Comillas, Talismán, Motozintla, Ciudad Cuauhtémoc, Frontera Comalapa, son algunos de los que mayor entrada de indocumentados tienen.

Es importante, que para proteger los derechos humanos de los migrantes y transmigrantes que atraviesan por nuestro país, los tres niveles de gobierno tomen las medidas necesarias para respetar la integridad física de las personas, así como sus derechos más elementales, puntualizando los requisitos que deben presentar extranjeros y nacionales para ingresar al país, principalmente a extranjeros que requieran visa, dando facilidades para hacerlo directamente en los consulados de México en el exterior o desde las oficinas del Instituto Nacional de Migración en el país.

Lo anterior reforzará la certeza jurídica sobre los casos en que la autoridad migratoria puede negar el ingreso de un extranjero o su permanencia en el territorio nacional, para restringir la discrecionalidad de la autoridad migratoria. Especial atención se deberá prestar a los requerimientos para la entrada y salida al país de niñas, niños y adolescentes, en ánimo de protegerlos de cualquier sustracción o robo, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por México.

Se debe plantear una reforma sustancial al sistema migratorio vigente, con el propósito de ordenar los flujos migratorios e incentivar el ingreso de extranjeros que pueden traer consigo inversión, generación de empleos y fuentes de ingreso. A través de esta iniciativa, las más de treinta calidades y características migratorias que actualmente contempla la Ley General de Población, agrupadas en las calidades de no-inmigrante, inmigrante e inmigrado, deberán ser sustituidas en la ley por tres grandes grupos de condiciones de estancia: Visitante, Residente Temporal y Residente Permanente, especificando en cada caso si cuenta o no con permiso de trabajo, lo que permite distinguir claramente la temporalidad y la actividad que vienen a desempeñar los extranjeros en México.

La condición de Visitante (para visa de tránsito o trasmigración) se prevé otorgar a los extranjeros que van a permanecer por estancias cortas en el país, ya sea como turistas o personas de negocios; visitantes con permiso para recibir una remuneración en el país, por estancias menores a 90 días; visitantes o trabajadores de las regiones fronterizas; visitantes por razones humanitarias o para realizar un procedimiento de adopción. Con las visas por razones humanitarias se reconoce el derecho de los migrantes a acceder a la justicia y a participar en el procedimiento respectivo hasta la reparación del daño, con lo cual se buscan crear incentivos para denunciar y combatir a la delincuencia que se aprovecha de la vulnerabilidad de los migrantes; pero también, en casos excepcionales, las víctimas, tendrán la oportunidad de permanecer en el país sin participar en el proceso, pues la calidad de víctimas se reconoce independientemente de que denuncien, identifiquen, se aprehenda o se haya juzgado a su agresor.

En los últimos años, tanto el Ejecutivo federal como el Congreso de la Unión, han dado pasos significativos en el tema de migración, al efectuar reformas profundas al texto de la Ley General de Población, como la despenalización de la migración irregular propuesta en el año 2008, derogando los artículos 119 al 124 o más recientemente, con las modificaciones efectuadas al artículo 67, con el objeto de que no se restringiese a los extranjeros que lo requieran, sin importar su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles, así como el derecho a ser auxiliados en el caso de desastres y recibir la atención médica que requieran en enfermedades o accidentes que pongan en riesgo su vida.

Siguiendo la prioridad de adecuar la legislación a las necesidades y realidad actual en la migración, se debe impulsar la creación de una visa temporal de tránsito que coadyuve de manera eficiente a eliminar o al menos reducir los muy altos índices de violencia y violación a los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional.

Con base en lo anterior, pongo a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman y adicionan los artículos 26, 32, 33, 35, 41 y 42 fracción II, para quedar como sigue:

Artículo 26. Los extranjeros que encontrándose en tránsito desembarquen con autorización del servicio de migración en algún puerto nacional y permanezcan en tierra sin autorización legal por causas ajenas a su voluntad después de la salida del buque o aeronave en que hacen la travesía, deberán presentarse inmediatamente a la oficina de migración correspondiente. En este caso dicha oficina tomará las medidas conducentes o bien al trámite pertinente para su legal estancia, en caso de que el extranjero califique conforme a lo que dicta la presente ley podrá solicitar una visa de transmigrante.

Artículo 32. La Secretaría de Gobernación fijará, previos estudios demográficos correspondientes, el número de extranjeros cuya internación podrá permitirse al país, ya sea por actividades, por condición de transmigrante o por zonas de residencia, y sujetará a las modalidades que juzgue pertinentes, la inmigración de extranjeros, según sean sus posibilidades de contribuir al progreso nacional.

Artículo 33. De conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, los permisos de internación se otorgarán preferentemente a los científicos y técnicos dedicados o que se hayan dedicado a la investigación o a la enseñanza en disciplinas no cubiertas o insuficientemente cubiertas por mexicanos, así como a los inversionistas a que se refiere el artículo 48, fracción II, de esta ley. A los turistas se les proporcionarán facilidades para internarse en el país. A los migrantes en transito temporal se les facilitará una visa de transmigrante que permita salvaguardarlos de las agresiones y riesgos de la transmigración por territorio nacional

Artículo 35. Los extranjeros que sufran persecuciones políticas o aquéllos que huyan de su país de origen, en los supuestos previstos en la fracción VI del artículo 42, serán admitidos provisionalmente por las autoridades de migración, mientras la Secretaría de Gobernación resuelve cada caso, lo que hará del modo más expedito. A los migrantes en transito, por su vulnerabilidad, se les facilitará la obtención de una visa de transmigrante que les permita acceder a servicios de transportación nacional.

Artículo 41. Los extranjeros podrán internarse legalmente en el país de acuerdo con las siguientes calidades:

a). No Inmigrante,

b). Inmigrante.

c). Transmigrante.

Artículo 42. No Inmigrante es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente, dentro de alguna de las siguientes características

II.- Transmigrante. En tránsito hacia otro país y que podrá permanecer en territorio nacional hasta por noventa días. Tiempo en el que podrá utilizar los servicios de transportación aérea, terrestre y marítima que requiera para su tránsito. No se le impedirá el acceso a servicios a ningún extranjero que cuente con su visa de transito.

Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.— Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, también para su dictamen.

El diputado Uriel López Paredes(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado. Sonido a la curul del diputado Uriel López, por favor. Sí, dígame el objeto, señor diputado.

El diputado Uriel López Paredes(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Si la primera se turna también a la Comisión de Seguridad Social, por favor.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se va a turnar a la Comisión de Justicia para su dictamen y con opinión de la Comisión de Seguridad Social.



LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

El diputado Fernando Espino Arévalo:Gracias, señor diputado presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, por economía procesal parlamentaria solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva se inscriba íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, la iniciativa en comento.

Desde la década de los setenta, tanto las grandes tiendas de descuento como los supermercados empezaron a promover a sus clientes, la utilización de bolsas de plástico para difundir su marca comercial y de esta forma captar un mayor segmento de mercado.

Cabe señalar que la fabricación de estos productos es a base de polietileno en diversa densidad, el cual requiere importantes cantidades de petróleo, aproximadamente el 5 por ciento de la extracción total mundial, por lo que se puede deducir que la producción creciente de bolsas conlleva a una demanda irracional de dicho recurso no renovable.

Según las estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental, de los Estados Unidos, un individuo emplea seis bolsas de plástico por semana en el mundo, 24 al mes y 288 al año, para sólo reciclarse el 1 por ciento del total.

Además, esta institución junto con Greenpeace y el Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat, calculan que una bolsa de plástico tarda entre 400 y mil años en degradarse, dependiendo de su tamaño y su peso.

En ese sentido, para el caso de México, no se cuenta con amplios estudios sobre el tema. Semarnat estima que diariamente se consumen 20 millones de bolsas de plástico en todo el país. La industria reporta 400 mil toneladas de plástico producidas por año y aseguran que existe piratería, es decir, plástico que llega de China u otro lugar, que no está en estos números y se desconoce la cantidad.

Cuando las bolsas son entregadas a los clientes de dichos establecimientos mercantiles, aquellos las utilizan para tirar la basura o para contener otros objetos. Cuando sucede esta situación, la fauna marina se encuentra expuesta a las partículas tóxicas que se desprenden en el agua, pero también suele confundir las bolsas con alimento, provocándose una muerte lenta por ahogamiento.

Por estas circunstancias en los últimos años han surgido empresas enfocadas a la producción de bolsas amigables con el medio ambiente, conocidas comúnmente como biodegradables.

Estos productos son elaborados a base de almidón de soya, papa y oleaginosas. Su principal característica es su nivel de degradación en un plazo de 90 a 180 días como máximo.

Aunque su costo de producción es mayor al de las bolsas de plástico, los beneficios que generan a la población son altamente significativos en el medio y largo plazo.

Como se pude observar, la problemática que encierra el uso de las bolsas de plástico es compartida por muchos mexicanos en diferentes zonas del país. Por esta razón, la iniciativa en comento pretende establecer en todo el territorio nacional la reducción total del consumo de bolsas de plástico que los establecimientos mercantiles empleen para sí o que las otorguen a sus clientes.

Para su reemplazo se propone la utilización de bolsas fabricadas con materiales biodegradables, considerando ciertas excepciones en caso de asepsia o conservación de alimentos.

De esta forma uniremos esfuerzos para solucionar esta problemática en común y revertir los efectos negativos de la degradación tardía de las bolsas de plástico en el medio ambiente. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Fernando Espino Arévalo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 60, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración del pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuosconforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Desde la década de los setenta, tanto las grandes tiendas de descuento como los supermercados empezaron a promover a sus clientes, la utilización de bolsas de plástico para difundir su marca comercial y de esa forma, captar un mayor segmento de mercado.

Debido a su costo nulo para los consumidores, dicha estrategia fue rápidamente adoptada por otros negocios, trayendo consigo que millones de personas reemplazaran sus bolsas tradicionales de tela o malla sin evaluar las afectaciones que traería esto al medio ambiente.

El problema reside en que las empresas y la población en general, utilizan las bolsas de plástico en una sola ocasión sin preguntarse la composición, el destino final y los costos implícitos que éstas acarrean a un país en el largo plazo.

Cabe señalar que la fabricación de estos productos es a base de polietileno en diversas densidades, el cual requiere importantes cantidades de petróleo (aproximadamente el 5.0 por ciento de la extracción total mundial se destina para este tipo de industrias), por lo que se puede deducir que la producción creciente de bolsas conlleva a una demanda irracional de dicho recurso no renovable.

Según las estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), un individuo emplea “seis bolsas de plástico por semana en el mundo; 24 al mes y 288 al año (para sólo reciclarse uno por ciento del total)”.

Además, esta institución junto con Greenpeace y el Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat (IFAW, por sus siglas en inglés), calculan que “una bolsa de plástico tarda entre 400 y mil años en degradarse, dependiendo de su tamaño y peso”.

En este sentido, para el caso de México no se cuentan con amplios estudios sobre el tema, aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “estima que diariamente se consumen 20 millones de bolsas de plástico en todo el país; la industria reporta 400 mil toneladas de plástico producidas por año y aseguran que existe piratería, es decir, plástico que llega de China u otro lugar que no está en estos números y se desconoce la cantidad”.

Asimismo, la Asociación Nacional de la Industria del Plástico informa que en la República Mexicana existen 25 empresas dedicadas “a la elaboración de bolsas de plástico”, las cuales reportan ganancias por cinco mil millones de pesos al año, según estimaciones del investigador Álvaro Rodríguez, del Centro de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Con estos acercamientos es posible observar la magnitud del problema, sin embargo, la situación se vuelve más alarmante si analizamos detenidamente el ciclo de vida que poseen las bolsas de plástico entre las empresas y la población en general.

Bajo esta lógica, se ha constatado que la distribución de dichos productos ocurre principalmente en “tiendas de autoservicio, minisúpers, pequeños comercios y tianguis”.

De hecho, la propia Semarnat estima que el 72.0 por ciento del total de bolsas producidas en el país, circulan “entre almacenes de ropa y regalos, tiendas de conveniencia (Oxxo, 7-Eleven, Super City, etcétera) y otros pequeños negocios dedicados específicamente a la venta de bolsas al mayoreo, cuyos principales clientes son los comerciantes de mercados, tianguis y tiendas de abarrotes”. Mientras tanto, el 28.0 por ciento restante se concentra en 38 cadenas de supermercados.

Cuando las bolsas son entregadas a los clientes de dichos establecimientos mercantiles, aquéllos las utilizan para tirar la basura o para contener otros objetos.

Más tarde, son colocadas en los botes de basura y reclutadas, en el mejor de los casos, por los camiones del servicio de limpia, quienes deberán depositarlos en rellenos sanitarios para cumplir con su proceso de degradación.

De lo contrario, las podemos encontrar tiradas en las esquinas, parques o en la vía pública en general; inclusive, en las orillas o profundidades de lagunas y mares. Cuando sucede esta situación, la fauna marina se encuentra expuesta a las partículas tóxicas que se desprenden en el agua pero también, suele confundir las bolsas por alimento, provocándose una muerte lenta por ahogamiento.

Al respecto, el Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat (IFAW), afirma que “las tortugas marinas, por ejemplo, las confunden con medusas y se las comen hasta ahogarse”.

En adición a lo anterior, durante el año 2008, esta organización llevó a cabo una campaña de limpieza en las playas de Cancún recolectándose en tan sólo tres horas, más de media tonelada de basura donde el 90.0 por ciento correspondía a bolsas y botellas de plástico.

Basta recordar que en 2001, “autoridades del estado de Chiapas y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas extrajeron del cañón del sumidero 13 mil 726 bolsas de plástico”, las cuales mantuvieron en alto riesgo la flora y fauna de la región.

Por estas circunstancias, en los últimos años han surgido empresas enfocadas a la producción de bolsas amigables con el medio ambiente, conocidas comúnmente como biodegradables.

Estos productos son elaborados a base de almidón de soya, papa y oleaginosas. Su principal característica es su nivel de degradación en un plazo de 90 a 180 días. Aunque su costo de producción es mayor al de las bolsas de plástico, los beneficios que genera a la población son significativos en el largo plazo.

De hecho, el investigador Álvaro Rodríguez (citado en párrafos anteriores) asegura que “para los industriales del plástico, la fabricación de bolsas recicladas y biodegradables representa a la vez una nueva oportunidad de crecimiento”.

Aunado a ello, se han observado importantes aportaciones científicas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) referente al empleo de materiales orgánicos en el desarrollo de bolsas, platos y cucharas. Inclusive han demostrado que los “productos a base de almidón de maíz, por ejemplo, tardan entre 3 y 12 meses para degradarse”.

Además, la degradación de los productos biodegradables no “generan gases tóxicos al medio ambiente ya que únicamente emiten oxígeno y bióxido de carbono”.

Por otro lado, en los últimos años, ha sido evidente que las principales tiendas de descuento en nuestro país, están adquiriendo este tipo de bolsas en múltiples colores para las amas de casa.

Gracias a que estas innovaciones se han ido desarrollando en distintas regiones del orbe, muchos países han empezado a reformar sus legislaciones para reducir la producción y el consumo de bolsas de plástico.

Por mencionar algunos casos, en 2002 Irlanda se convirtió en la primera nación en establecer un impuesto por cada bolsa producida, cuyo monto recaudado es destinado a proyectos ambientales.

Bangladesh expidió la prohibición en la producción y distribución de bolsas de plástico cuando se descubrió que éstas fueron las causantes de tapar el drenaje en las inundaciones acontecidas en los años 1988 y 1998 en la que murieron ahogadas más de dos mil personas.

Por otro lado, en marzo de 2007, la ciudad de San Francisco implantó la “la sustitución paulatina de bolsas de plástico en supermercados y tiendas por unas hechas con almidón de maíz que se degradan y se pueden emplear como abono”.

Asimismo, la alcaldía de Río de Janeiro aprobó una ley a fin de que los clientes de supermercados puedan pedir descuentos en sus compras si no utilizan bolsas de plástico para trasladar sus productos.

Con relación a México, en los últimos años, diversos legisladores han presentado tanto en el Congreso federal como en los congresos locales, importantes puntos de acuerdo e iniciativas de ley para aminorar los efectos contraproducentes de las bolsas de plástico en el medio ambiente.

En este sentido, destaca la sesión del 17 de marzo del año 2009 cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó diversas reformas y adiciones a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, decretando, entre otras cosas, el uso de productos biodegradables tanto para la transportación, contención y envase de materiales (considerando ciertas excepciones) como en el manejo de residuos sólidos; la difusión y aplicación de un programa de sustitución de plásticos y la prohibición de la entrega gratuita de bolsas de plástico en los establecimientos mercantiles.

Por otro lado, legisladores del honorable Congreso del estado de Nuevo León, han coincidido en que debe retirarse paulatinamente las bolsas de plástico del mercado, ya que el año pasado fueron la causa de la formación de tapones de agua en las alcantarillas durante el clima adverso provocado por el huracán “Alex”.

Además, el honorable Congreso del estado de Guerrero considera pertinente la cancelación del uso de bolsas de plástico en centros comerciales y supermercados.

Como se puede observar, la problemática que encierra el uso de las bolsas de plástico es compartida por muchos mexicanos en diferentes zonas del país.

Sin embargo, los hechos demuestran que las acciones que se han realizado para aminorar su utilización, presentan un carácter local y parcial sin descontar algunas que se mantienen pendientes hasta el momento.

Por esta razón, la iniciativa en comento, pretende establecer en todo el territorio nacional, la reducción total del consumo de bolsas de plástico que los establecimientos mercantiles empleen para sí o que las otorguen a sus clientes. Para su reemplazo; se propone la utilización de bolsas fabricadas con materiales biodegradables, considerando ciertas excepciones en caso de asepsia o conservación de alimentos.

Así también, se prohíbe la recolección, transporte o almacenamiento de residuos mediante bolsas o empaques de plástico; así como el tomar conciencia para utilizar bolsas biodegradables entre los diversos sectores de la sociedad.

De esta forma, las instituciones gubernamentales podrán unir esfuerzos para solucionar esta problemática en común y revertir los efectos negativos de la degradación tardía de las bolsas de plástico en el medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el suscrito, diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Único.Se adiciona la fracción XX Bis al artículo 7, se adiciona el artículo 32 Bis y se reforma la fracción VI del artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para quedar como sigue:

Artículo 7.Son facultades de la federación:

I. a XX....

XX Bis. Establecer programas y acciones conducentes a la reducción total del consumo de bolsas de plástico que empleen los establecimientos mercantiles o que a su vez, las ofrezcan a sus clientes; sustituyéndolas por bolsas fabricadas con materiales biodegradables, con la salvedad de aquellos casos que por asepsia o conservación de alimentos, sea inviable la utilización de sustitutos del plástico.

XXI. a XXVI. ...

Artículo 32 Bis. Queda prohibido, la recolección, transportación o almacenamiento de residuos a través de bolsas o empaques fabricados con plástico salvo en aquellas situaciones que por asepsia o higiene, sea inviable la sustitución de estos productos.

Artículo 35.El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos, para lo cual:

I. a V. ...

VI.Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente Ley, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos, así como también en la sustitución total del uso de bolsas de plástico por bolsas biodegradables. Para ello, podrán celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales; y

VII....

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los programas y acciones referentes a la sustitución total del uso de bolsas de plástico deberán aplicarse en un término máximo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del mismo decreto.

Tercero.La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las demás autoridades competentes, deberá implantar un programa de incentivos para que las empresas que se dedican a la producción de bolsas y empaques de plástico, adecuen su tecnología a lo establecido en este decreto.

Notas:

1 Alcántara, Liliana, “Bolsas de plástico envenenan al país”, El Universal, México, 16 de febrero de 2009, http://www.eluniversal. com.mx/primera/32501.html.

2 Alcántara, Liliana, “Un mal que dura 1000 años”, El Universal, México, 16 de febrero de 2009, http://www.eluniversal.com.mx/notas/577100.html.

3 “Concientizarán a población en reciclaje de bolsas”, Milenio, México, 9 de septiembre de 2010, http://www.milenio.com/node/526674.

4 Godínez, Julio; Alcántara, Liliana, “Los reyes de las bolsas. Industriales ganan 5 mil millones de pesos al año”, El Universal, México, 17 de febrero de 2009, http://www.eluniversal.com.mx/notas/577383. html.

5 Alcántara, Liliana, “Bolsas de plástico envenenan al país”, El Universal, México, 16 de febrero de 2009, http://www.eluniversal.com. mx/primera/32501.html.

6 Godínez, Julio; Alcántara, Liliana, “Los reyes de las bolsas. Industriales ganan 5 mil millones de pesos al año”, El Universal, México, 17 de febrero de 2009, http://www.eluniversal.com.mx/notas/577383. html.

7 Alcántara, Liliana, “Un mal que dura 1000 años”, El Universal, México, 16 de febrero de 2009, http://www.eluniversal.com.mx/notas/577100.html.

8 Alcántara, Liliana, “Un mal que dura 1000 años”, El Universal, México, 16 de febrero de 2009, http://www.eluniversal.com.mx/notas/577100.html.

9 Godínez, Julio; Alcántara, Liliana, “Los reyes de las bolsas. Industriales ganan 5 mil millones de pesos al año”, El Universal, México, 17 de febrero de 2009, http://www.eluniversal.com.mx/notas/577383. html.

10 “¿Le regalamos una bolsita?”, Revista del Consumidor, México, 19 de agosto de 2010, http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=12624.

11 “¿Le regalamos una bolsita?”, Revista del Consumidor, México, 19 de agosto de 2010, http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=12624.

12 Alcántara, Liliana, “Un mal que dura 1000 años”, El Universal, México, 16 de febrero de 2009, http://www.eluniversal.com.mx/notas/577100.html.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de 2011.— Diputados: Fernando Espino Arévalo, Emilio Serrano Jiménez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado Fernando Espino Arévalo. Tal como lo solicitó de inicio, el texto íntegro de su intervención se inserta en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.Diputada Paz Gutiérrez, dígame usted.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina(desde la curul): Para adherirme a la propuesta del diputado.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Fernando Espino, la diputada le está solicitando adherirse a su propuesta.

El diputado no tiene inconveniente. Diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): También diputado, en el mismo sentido, si le pregunta al diputado Fernando Espino Arévalo si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Fernando Espino Arévalo ha manifestado su complacencia y los diputados o diputadas que deseen adherirse a su propuesta pueden pasar a la mesa de esta Secretaría.

Queremos agradecer y destacar la presencia en este salón de sesiones de una delegación del Grupo de Cooperación Bilateral del Parlamento de Indonesia, presidida por el señor Josef Adreanus Nae Soi y acompañada por el excelentísimo señor Hamdani Djafar, embajador de la República de Indonesia en México. Esta delegación ha participado en reuniones de trabajo con el Grupo de Amistad México-Indonesia y con la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Cámara de Diputados del Congreso mexicano les da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento de los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre las dos naciones.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO - ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

En el mismo acto presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jaime Flores Castañeda:Muchas gracias, diputado presidente. El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

El principal objetivo del presente proyecto es establecer que los días de descanso obligatorio se realicen en las fechas establecidas, según lo marca el calendario, y no como se ha manejado con la última modificación al presente artículo.

El 17 de enero del 2006 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en la cual se establecen tres fines de semana largos, para lo cual se trasladan los días de descanso obligatorio correspondientes a la conmemoración de algún evento histórico importante al día lunes, con la finalidad de apoyar al sector turístico.

Se debe destacar que los días de descanso obligatorio establecidos en la Ley Federal del Trabajo se establecieron con la finalidad de conmemorar fechas de importancia histórica y cívica para nosotros los mexicanos y conservar nuestras raíces y recordar a los héroes que nos dieron patria, no así para vacacionar, como se planteó en la iniciativa presentada y aprobada en el 2005.

Se está perdiendo el amor a nuestro país y el sentido patriótico haciendo que la gente deje de tener respeto a las fechas conmemorativas. Por otra parte, como ya se ha mencionado anteriormente, la finalidad de los llamados fines de semana largos, es la de apoyar al sector turístico, pero la realidad es que en los últimos años se ha presentado una época de crisis económica en varios países, incluido México, lo que trae como consecuencia que la población no tenga los suficientes recursos para vacacionar.

El dato anterior se considera relevante sólo para demostrar que la modificación realizada al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, del 2006, no ha cubierto las expectativas u objetivos para los cuales fue fundamentada; sin embargo, los valores cívicos sí han perdido importancia. La población no identifica el motivo por el que deja de realizar sus labores tanto académicas como laborales en el día de descanso correspondiente, en los llamados puentes vacacionales.

En virtud de lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Son días de descanso obligatorio: 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transición del Poder Ejecutivo federal, 25 de diciembre, y el que determinen las leyes federales y locales electorales en caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral.

Por otro parte, quiero plantear la iniciativa al artículo 18, con la siguiente exposición de motivos.

El sistema penal como modelo preventivo pretende lograr la reinserción social en el sentenciado. A través del artículo 18 constitucional debemos interpretar y aplicar específicamente lo siguiente.

El trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte serán la base para la rehabilitación social del sentenciado o sentenciada. La finalidad esencial del trabajo penitenciario es la preparación de una futura reinserción del interno.

Al hablar de las condiciones en las que el interno realiza el trabajo convendría comenzar señalando que trabajar es una obligación del preso para que nada condicione la obligación que tiene la administración de ofrecerle una vida digna. Sin embargo, el trabajo realizado por los presos ayudaría para pagar al menos una parte de su sustento y otros gastos.

Los presos al encontrarse en momentos de ocio no piensan en la reinserción social, sino en ver cómo sobrevivirán dentro de la prisión, por ello es recomendable que trabajar dentro de los penales sea obligatorio para los presos, aunado al dramático incremento de la población reclusa en prisiones y cárceles.

Como resultado de las recias políticas del control al crimen y el aumento del costo de la justicia criminal, es importante remarcar que el trabajo penitenciario deberá ser obligatorio para los reclusos, siendo esto una verdadera fortuna de reinserción social y que a su vez puede mejorar su calidad de vida.

Es frecuente que cuando se encarcela a un preso su familia quede en la indigencia. No sólo pierde el salario que podría estar recibiendo el preso, sino que además se enfrenta con una serie de gastos adicionales. Muchas personas están encarceladas lejos de sus hogares y sus familias y no pueden costear las visitas. La opinión pública protesta por el manejo ineficaz.

Es por ello que mi propuesta tiene como finalidad obligar a los presos a trabajar, pues el hecho de estar en prisión no significa que deban permanecer sin hacer algo productivo con su vida, debido que no están ahí para vacacionar sino para lograr una verdadera reinserción social.

La readaptación no existe en nuestros penales; sin embargo, con esta propuesta saldrían convertidos en personas productivas o de gran provecho.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, pongo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos apartados al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por razones de tiempo solicito al presidente se ordene que se integre al Diario de Debates el contenido íntegro de esta iniciativa que entrego a la Secretaría. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Jaime Flores Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II y 64, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 78 del reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El principal objetivo del presente proyecto es el de establecer que los días de descanso obligatorio se realicen en la fechas establecidas según lo marque el calendario y no como se ha manejado con la última modificación al presente artículo, a fin de que las celebraciones conmemorativas y ceremonias se lleven a cabo en la fecha correspondiente al evento histórico, sin importar el día de la semana, ya que de esta forma mantendremos más arraigadas nuestras tradiciones.

Es de nuestro conocimiento que el sector turístico es uno de los más dinámicos en la economía nacional, y que su importancia en la actividad económica general es significativa, toda vez que contribuye con 8.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) total.

Por otra parte, es también una fuente importante de empleos de calidad, puesto que del total de la población ocupada del país, 5.5 por ciento, esto es casi un millón 800 mil personas, prestan sus servicios en el sector turismo.

Cabe manifestar que el 17 de enero de 2006 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual se establecen tres fines de semana “largos”, es decir que, en lugar de descansar sólo dos días (sábado y domingo), se incluirá también el día lunes, para lo cual se trasladan los días de descanso obligatorio correspondiente a la conmemoración de algún evento histórico importante al día lunes, con la finalidad de apoyar al sector turístico.

Ahora bien, hay que destacar que los días de descanso obligatorio establecidos en la Ley Federal del Trabajo fueron establecidos en la ley por motivo de asueto nacional, es decir, con la finalidad de conmemorar fechas de importancia histórica y cívica para nosotros los mexicanos y conservar nuestras raíces y recordar a los héroes que nos dieron patria; no así para vacacionar y beneficiar a empresarios del sector turístico, tal como se planteó en la iniciativa presentada y aprobada en el año 2005.

En función de lo anterior, se debe resaltar que la historia no sólo es un registro de nuestro pasado, sino una herramienta para el porvenir, un valor que enlaza y enriquece la conciencia de todos los mexicanos.

Sin embargo, en los últimos años se advierte un fenómeno, se están perdiendo el amor a México y el sentido patriótico, se ha generalizado la idea de confundir patria con política, la gente deja de querer a su patria, pierde la fe en ella y sus instituciones, y por ende deja de tener respeto a las fechas conmemorativas.

La promoción de los valores cívicos debe extenderse al nivel de educación media superior y superior, el respeto a las fechas conmemorativas refleja el respeto a nuestra identidad como nación, y nos obliga cada vez a ser mejores ciudadanos.

Es elemental resaltar la importancia del impacto que tienen estos cambios en el proceso de aprendizaje en los niños, hoy en día ellos ven un día festivo a nivel nacional como un día ordinario o de descanso, donde no pasa nada, no se estimula que el menor perciba la importancia de un acontecimiento nacional histórico, y que éste da lugar a una conmemoración.

El gran error es que la actividad de la fecha cívica en sí va perdiendo valor, lo que da como consecuencia que los menores no tengan claridad en las fechas en que ocurrieron eventos históricos relevantes para la nación.

El Estado mexicano debe fortalecer la cultura cívica y reivindicar los hechos históricos por los cuales preservamos nuestra independencia y soberanía como nación, la preservación de la memoria colectiva no se restringe a una fecha, sino a resaltar su importancia para la construcción de la identidad nacional actual y futura.

Aunado a lo anterior, es indispensable reforzar las costumbres y tradiciones a los ideales que han estado presentes a lo largo de nuestra historia, así como los valores que caracterizan a México como producto de la historia del país y de la participación que en ella tuvieron nuestros antepasados.

Por otra parte, como ya se ha mencionado anteriormente, la finalidad de los llamados fines de semana “largos” es apoyar al sector turístico, pero la realidad es que en los últimos años se ha presentado una época de decrecimiento económico o crisis en varios países, incluido México, lo que trae como consecuencia que la población no tenga los suficientes recursos para vacacionar como se demuestra con los datos publicados por la Secretaría de Turismo, en los cuales se menciona que la ocupación hotelera en el último puente vacacional, el pasado 1 de febrero, disminuyó aproximadamente en 15 por ciento.

El dato anterior se considera relevante sólo para demostrar que la modificación realizada al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo en el año 2006 no ha cubierto las expectativas u objetivos por los cuales fue fundamentada, sin embargo, los valores cívicos sí han perdido importancia, la población no identifica el motivo por el que deja de realizar sus labores tanto académicas como profesionales en el día de descanso correspondiente en los llamados fines de semana “largos” o puentes vacacionales.

En virtud de lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue

Artículo Único.Se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

I. El 1 de enero;

II. El 5 de febrero;

III. El 21 de marzo;

IV. El 1 de mayo;

V. El 16 de septiembre;

VI. El 20 de noviembre;

VII. El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transición del Poder Ejecutivo federal;

VIII. El 25 de diciembre, y

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.— Diputados: Jaime Flores Castañeda, Emilio Serrano Jiménez, María de Jesús Aguirre Maldonado, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandro Cano Ricaud, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Jaime Sánchez Vélez, José Manuel Agüero Tovar y Carlos Cruz Mendoza (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tal como lo solicita el proponente, se inserta el texto íntegro de su propuesta en el Diario de los Debates. La primera intervención se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

El diputado Jaime Flores Castañeda:

«Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Jaime Flores Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados pone a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos apartados al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Exposición de Motivos

El sistema penal, como modelo preventivo, busca evitar la desadaptación social en el procesado; y como modelo correctivo, pretende lograr la reinserción social del sentenciado.

Si bien la prisión es un mal ineludible para evitar otros mayores, la pena es una medida de defensa social; debemos hacer de ésta un verdadero instrumento de preparación de hombres y de mujeres para poder y saber vivir en libertad.

A través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podemos hablar del penitenciarismo en el país. Reflejado en el artículo 18 del citado ordenamiento, debemos interpretar y aplicar específicamente lo siguiente: el trabajo, la capacitación para éste y la educación, la salud y el deporte, que serán la base para la rehabilitación social del sentenciado o sentenciada.

Con relación al trabajo penitenciario algunas Instituciones cuentan con talleres industriales, de los cuales tienen concesionarios externos y otros como lo es el de panaderías, en ellos se da trabajo a internos; por otra parte, se cuenta con comisionados en diversas actividades (mantenimiento, jardineros, estafetas, promotores culturales y deportivos), con la finalidad de brindar un tratamiento integral a los internos.

La finalidad esencial del trabajo penitenciario es la preparación para una futura reinserción del interno.

Al hablar de las condiciones en las que el interno realiza el trabajo, convendría comenzar señalando que trabajar es una obligación del presoque para nada condiciona la obligación que tiene la administración de ofrecerle una vida digna, sin embargo el trabajo realizado por los presos o las presas ayudaría para pagar al menos una parte de su sustento y sus otros gastos.

El hacinamiento de los reos, los elevados problemas de violencia, la creación de mafias en los penales y la falta de respuesta del sistema judicial para dictar sentencias, son sólo una parte de la gravedad del tema, debido a que las y los presos al encontrarse en momentos de ocio no piensan en su reinserción social sino en ver como sobrevivirán en la prisión. Por ello es recomendable que trabajar en los penales sea obligatorio para las y los presos. Aunado al dramático incremento de la población reclusa en prisiones y cárceles, como resultado de las recias políticas de control al crimen y el aumento del costo de la justicia criminal, es importante remarcar que el trabajo penitenciario deberá ser obligatorio para las y los reclusos, siendo esto una verdadera forma de reinserción social y que a su vez puede mejorar su calidad de vida dentro.

Es un hecho que en el país las cárceles están sobrepobladas, en virtud de que no hay espacios suficientes para albergar a los procesados y sentenciados, ni una verdadera clasificación de éstos, lo cual impide cumplir el artículo 18 constitucional, ocasionando que el sistema penitenciario se encuentre colapsado, aunando al hecho de que en la mayoría de los penales estatales se encuentran internas e internos que están siendo procesados, incluso ya sentenciados por delitos del fuero federal.

Esta situación, que abona en gran medida a la sobrepoblación de las cárceles de las entidades federativas y a la contaminación de internos, tiene como resultado el enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico y nuevas composiciones de células del crimen organizado dentro de los propios penales, corrompiendo de igual forma a las autoridades de los centros penitenciarios.

Es frecuente que cuando se encarcela a un preso, su familia quede en la indigencia. No sólo pierde el salario que podía estar recibiendo el preso sino que, además, se enfrenta con una serie de gastos adicionales. Muchas personas están encarceladas lejos de sus hogares, y sus familiares no pueden costear las visitas. A menudo, los reclusos necesitan medicamentos, jabón, ropa de abrigo, o comida para complementar un régimen inadecuado, y es posible que a la familia no le quede con qué pagar su propia comida, el alquiler o la educación de los hijos, por ende es importante recalcar que trabajar dentro de la prisión deber ser una obligación de las y los presos.

La opinión pública protesta por el manejo ineficaz, violento y carente de rehabilitación del sistema de prisiones del gobierno.

Al respecto, mucho se ha dicho que “la situación no pudo llegar a ser peor” y que “vale la pena intentar cualquier cosa” para mejorar las condiciones del sistema penitenciario.

Por ello, mi propuesta tiene como finalidad obligar a las y los presos a trabajar, pues el hecho de estar en prisión no significa que deban permanecer sin hacer algo productivo con su vida, debido a que no están ahí para vacacionar sino para lograr una verdadera reinserción social.

Durante la “guerra del crimen y de las drogas” se ha endurecido la política criminal. El número de reclusos ha crecido de una manera impresionante. La férrea voluntad política de detener los crecientes niveles de criminalidad se ha reflejado en el incremento de las asignaciones presupuestarias al sistema judicial, así como también en la aprobación de un marco regulatorio que facilite la aprehensión y procesamiento judicial de los delincuentes. Por obvias razones, estas políticas han conducido inevitablemente a un incremento sustantivo de la población reclusa. En otras palabras: la tasa de criminalidad continúa en aumento y los gobiernos continúan aprobando leyes que imponen mayores sentencias.

El crecimiento de la población penal ha ejercido presión sobre los presupuestos estatales y federales; consecuentemente los gobiernos no están “llenos de dinero” al contrario, cuentan con indicaciones presupuestarias. La lógica de gasto público es implacable: los ciudadanos tenemos que contribuir con mayores impuestos para financiar el hacinamiento de establecimientos penitenciarios. Y por supuesto la lógica de la política no lo es menos: el tema de los costos de las cárceles se debe ubicar rápidamente como prioritario en la agenda de la política.

El sistema penitenciario nacional está colapsado. Tenemos una sobrepoblación en los 429 penales del país del 28 por ciento y continúan en orden descendente.

El artículo 18 constitucional establece pilares de la reinserción social: la educación, la capacitación, la salud y el trabajo.

El sistema de reinserción social es un total fracaso en México, porque la readaptación no existe en nuestros penales. Los internos llegan a los reclusorios por haber robado algo insignificante y salen convertidos en líderes de bandas de delincuencia organizada, extorsionadores o capos. Debido a ello hay presos que no deberían salir de los penales, amén de que deberían ser obligados a trabajar durante su estancia en prisión.

La opinión pública protesta por el manejo ineficaz, violento y carente de rehabilitación del sistema de prisiones del gobierno y es, en atención a estas inconformidades planteadas, y en virtud de los antecedentes expuestos, que me permito proponer a esta soberanía la conveniencia de reformar y adicionar diversos apartados al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que sea obligatorio para los presos el trabajar durante su estancia en las prisiones.

Con base en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversos apartados al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman y adicionan diversos apartados al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 18.Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destine para la extinción de las penas y estarán completamente separados. (Reformado en su integridad mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.)

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinmersión del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para el prevé la ley. Las mujeres compurgaran sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

La federación, los estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

La federación, los estados y el Distrito Federal establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito en las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como los derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley sólo serán sujetas a rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros podrán ser trasladados a la república para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinmersión social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinmersión social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinaran centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.

Régimen de trabajo lícito

A. La obligatoriedad del trabajo

El trabajo en los establecimientos penales es uno de los fundamentos del régimen de readaptación. Los reclusos tienen obligación de trabajar de acuerdo con las prescripciones de esta ley.

B. Sanciones por negarse a trabajar

Los reclusos que se nieguen a trabajar incurrirán en falta grave de conducta para los efectos de su libertad condicional y de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que indiquen esta ley.

C. Trabajos de los reclusos en obras del Estado

Las autoridades competentes podrán destinar a trabajar en obras del Estado o de los municipios, fuera de los establecimientos penales y en cualquier lugar de la república, a los reclusos condenados, a los declarados en estado de peligrosidad y a los presuntos peligrosos, en el número y por el tiempo que estime conveniente.

D. Reclusos exentos de obligación de trabajar

Están exentos de la obligación de trabajar

I. Los reclusos que por enfermedad o por impedimento físico o mental dictaminado por el médico del establecimiento, se hallen incapacitados para realizar toda clase de labores;

II. La mujer que se halle en el periodo prenatal o en el posnatal, tratándose de trabajos calificados por el médico del establecimiento como incompatibles con tales estados;

III. Los reclusos mayores de sesenta años, salvo en trabajos calificados como compatibles con su edad;

E. Destino a trabajos intelectuales

Los reclusos que por su educación y conocimientos tengan la preparación adecuada podrán ser destinados, con autorización del director general de centros penales y de readaptación social, a ocupaciones de índole intelectual.

F. Comisión para la organización del trabajo

La organización del trabajo en las penitenciarías estará a cargo de una comisión integrada por el director, uno de los médicos del establecimiento y un trabajador social, designados los dos últimos por la dirección general, la que tendrá también las demás funciones que determine el reglamento. Dicha comisión podrá consultar a los maestros jefes de los correspondientes talleres sobre puntos específicos relativos a la forma como mejor convenga organizar las industrias.

En los centros penales, el trabajo de industria y artesanías será organizado por la sección de servicio social, consultando sobre puntos específicos al comandante del correspondiente centro.

G. Asignación de trabajo a reclusos

I. La comisión a que se refiere el apartado anterior o la sección de servicio social, en su caso, propondrá al director general de centros penales y de readaptación social los trabajos que considere conveniente organizar en cada establecimiento y los planes de desarrollo, los que una vez aprobados se remitirán para su cumplimiento a los respectivos establecimientos.

II. Los directores de penitenciarías y los comandantes de los centros penales asignarán los reclusos a los trabajos y talleres tomando en cuenta su vocación, aptitudes, ocupaciones anteriores y conocimientos. Para hacer esta selección, cada director oirá previamente a los demás miembros de la comisión y cada comandante a la sección de servicio social.

III. Todo problema que se suscite por la asignación de trabajo a los reclusos relacionado con el trabajo, o por cualquier otra causa será resuelto por la comisión o por el comandante; pero cuando éstos lo consideren conveniente, lo plantearán a la dirección general para que lo resuelva.

H. Remuneración del trabajo a reclusos

I. Todo trabajo de los reclusos en favor del Estado o de los municipios será remunerado.

II. La remuneración que reciban por el trabajo obligatorio, los dividendos que perciban de las cooperativas y las utilidades que obtengan por cualquier actividad económica lícita desarrollada en el centro penal o en campamento de trabajo se distribuirá en la forma siguiente: un veinticinco por ciento para satisfacer las responsabilidades civiles determinadas en la sentencia, un veinticinco por ciento para constituir un fondo de reserva del cual podrá disponer el recluso en la forma que determine el reglamento, un veinticinco por ciento para el cumplimiento de sus obligaciones familiares y un veinticinco por ciento que ingresará en el Estado a título de remuneración por los servicios penitenciarios recibidos.

III. Al recluso liberado se entregará todo o parte de los fondos que formen su peculio.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El reglamento para el trabajo lícito y obligatorio en penales, cárceles o centros de readaptación deberá expedirse por la autoridad competente, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.— Diputados: Jaime Flores Castañeda, Emilio Serrano Jiménez, María de Jesús Aguirre Maldonado, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandro Cano Ricaud, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Jaime Sánchez Vélez, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: S e turna a la Comisión de Puntos Constitucionales también para el correspondiente dictamen.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Dígame, diputado Serrano. Por favor, sonido a la curul del diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Diputado ponente. Bueno primero, diputado presidente, si me permite o a través de usted, preguntarle al diputado, si me permite.

Pero antes hacer una reflexión, que efectivamente coincido con usted en que se ha deteriorado...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: No. No ha lugar, por favor. Si es con el objeto de hacer la pregunta al diputado en cuanto...

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Sí, pero para la adhesión.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ... para la adhesión. Adelante.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Pero hay una consideración, que efectivamente se ha deteriorado el calendario cívico; efectivamente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Es que no está a discusión eso, diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Y la otra, él lo manifestó en su declaración de motivos. Por favor.

Y también en cuanto al trabajo obligatorio para los presos, es necesario cambiar el Código Penal. ¿Me permite adherirme a su propuesta?

El diputado Jaime Flores Castañeda:Adelante.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Jaime Flores Castañeda ha aceptado su adhesión.



ARTICULOS 4 Y 123 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También, en el mismo acto, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José del Pilar Córdova Hernández:Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, hoy subo a esta tribuna a plantear una reforma para que no haya una pregunta, estudio socioeconómico, ni afiliación a seguro médico que se interponga en la inmediata atención médica al niño que lo necesita.

Por ello, propongo la adición de un cuarto párrafo al artículo 4o. constitucional, para que todos los bebés de México reciban atención médica gratuita sin condiciones ni restricciones en todas las instituciones que reciban aportes del Estado mexicano.

Debemos poner nuestras prioridades en la Mesa, debemos asegurarnos de mirar por el bienestar de nuestros niños. Hagamos que en México a ningún menor de un año se le niegue el servicio médico.

Comprometamos a las instituciones médicas que mantenemos con nuestros impuestos con el futuro de México, nuestras niñas y niños mexicanos.

También desde esta la máxima tribuna del país hablaré de la educación, porque se ha dicho mucho de la importancia de ésta. Se han pronunciado las diputadas y los diputados por la protección a los niños. Han levantado la voz por las madres trabajadoras y sus derechos.

Como legisladores hemos demostrado que nos ocupamos de estas prioridades porque sabemos que las mujeres dan un empuje tremendo a México. Sabemos que nuestras mexicanas son extraordinarias y enfrentan los retos con valentía, son fuertes, son grandes, son luchadoras, son trabajadoras, y porque lo sabemos legislamos con la plena conciencia de que su bienestar debe garantizarse en las leyes y ésa es nuestra responsabilidad.

Bajo este tenor vengo hoy a presentarles mi propuesta de modificación al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el derecho de las madres trabajadoras a los Centros de Desarrollo Infantil.

Se preguntarán ¿por qué los Cendi, si ya está en la ley el servicio de guarderías infantiles? Señoras diputadas y señores diputados, en el año 2002 por decreto presidencial se estableció que la educación preescolar es de carácter obligatorio en sus tres niveles.

En el mismo decreto se indicó que todas las leyes concernientes debían modificarse para que se cumpliera este ordenamiento constitucional. Sin embargo, en los apartados A y B del artículo 123, aún cita que el servicio será de guarderías infantiles, las cuales, como su nombre lo dice, sólo se encargan de guardar a los menores mientras sus padres trabajan, sin proporcionarles en forma ordenada la educación preescolar, la cual es obligatoria constitucionalmente.

En cambio, los Cendi proporcionan el servicio en las tres etapas de los niños, desde lactantes de 45 días hasta los 3 grados de educación preescolar. Este hecho convierte a los Cendi en la opción más adecuada para el cumplimiento de la ley.

Debo mencionar que también la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 171, habla del servicio de guarderías y de los derechos de las madres trabajadoras en el artículo 170, ni siquiera se especifica éste como un derecho legítimo. Por ello propuse, también, modificar estos artículos de la citada ley.

Tenemos dos prioridades que atender en esta situación: la educación de nuestros niños y los derechos y tranquilidad de las madres trabajadoras. Debemos asumir esta responsabilidad brindando la seguridad a las madres de que sus hijos están recibiendo la educación  que el Estado está obligado a proporcionar.

La encomienda que nos han dado los ciudadanos es trabajar para darles mejores leyes y debemos proclamar con hechos que es precisamente lo que estamos haciendo: trabajando por una legislación más justa. Trabajando y con resultados por un mejor porvenir para nuestro futuro México. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José del Pilar Córdova Hernández, diputado de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad en lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

1. Los niños en una sociedad representan el futuro y porvenir de la misma, ya que serán estos los ciudadanos que lleven las riendas del andar del país. Por otro lado son la descendencia y la perpetuación de la raza humana y por esta razón se ha establecido como obligación del estado proteger a los menores brindándoles todos los elementos necesarios para su desarrollo integral.

2. En nuestras leyes se protege a los menores de distintas formas, desde los derechos fundamentales hasta los lineamientos para aquellos que trabajan.

3. En materia de salud también se les considera de prioridad y se regulan diversas disposiciones respecto a su cuidado, prevención de adicciones entre otras.

4. Uno de los beneficios con el que goza el menor en nuestro país es aquel que le exime del pago de cuota de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento hasta los cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud, esto está establecido en la Ley General de Salud en el artículo 36, sin embargo en este mismo artículo dice que para el cumplimiento de esta disposición será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

5. Son considerados bebés aquellos humanos que son menores de 12 meses de vida; a esta edad no caminan, ni hablan ni son capaces de valerse por sí mismos en ningún aspecto.

6. Brindar un servicio médico a los bebés no debe estar condicionado a ninguna clase de requisito, debe ser también gratuito y ser previsto por nuestra Carta Magna en los derechos fundamentales de los niños, garantizando más oportunidades de sobrevivencia en los bebés que son vulnerables.

7. En otros países, como Colombia, se establece en la Constitución en su artículo 50 lo siguiente: todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del estado.

8. Podemos observar que el derecho de los menores de un año a recibir atención gratuita está garantizado por la constitución y no está limitado a un requisito socioeconómico.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se modifica el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue

Artículo 4. (párrafos 1 y dos)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Los menores de un año de vida tendrán derecho a recibir atención médica gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del estado.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.— Diputados: José del Pilar Córdova Hernández, Jaime Sánchez Vélez, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

El diputado José del Pilar Córdova Hernández:

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José del Pilar Córdova Hernández, diputado de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad en lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción XXIX del apartado A y la fracción XI inciso C del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

1. En beneficio de las madres incorporadas al área laboral, se han dispuesto diversos derechos y lineamientos para equilibrar su papel de madre y de trabajadora, una de estas disposiciones es la del servicio de guarderías infantiles, el cual, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 apartado A fracción XXIX, es prestado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También lo marca de esta forma la Ley Federal del Trabajo en su artículo 171.

2. La educación representa la base para integrar una nación más sólida y próspera por ello en México se estableció el derecho a la educación básica preescolar, así lo dicta el decreto que se emitió por el Ejecutivo federal en el año 2002, actualizando de esta manera los requerimientos del mexicano de comenzar a prepararse desde la edad adecuada.

3. Sin embargo en la Ley del Seguro Social en su artículo 206 dicta que el servicio de guarderías infantiles se les brindará sólo a niños de 45 días a 4 años de edad, es decir, el servicio es únicamente de resguardo y cuidado de los menores mientras sus padres trabajan, dejando fuera el aspecto del preescolar, lo cual deja claro que las guarderías ya no cumplen con la evolución que está teniendo la educación en nuestro país ya que ahora el preescolar es obligatorio en términos constitucionales, por lo tanto todas las disposiciones que se refieran a la misma deben adecuarse al artículo 3o. de nuestra Carta Magna.

4. La prestación que las madres trabajadoras necesitan ya no es más de guarderías, sino de Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), los cuales atienden a los niños desde los 45 días hasta los 6 años, por lo cual son instituciones de educación temprana que ofrecen servicios de cuidado y educación infantil a diferencia de las guarderías las cuales sólo se enfocan en los cuidados asistenciales necesarios de los niños que aún no están en edad de escolarización. El Cendi, por otro lado, comprende tres etapas: maternal, lactante y preescolar, cubriendo los aspectos de resguardo y además el de la educación básica preescolar lo cual resulta conveniente ya que, como mencionamos con anterioridad, es obligatoria constitucionalmente.

5. La presente propone que en la Constitución Política en su artículo 123, apartado A fracción XXIX y apartado B fracción XI inciso C, se establezca que en lugar de guarderías infantiles, el servicio sea de Centro de Desarrollo Infantil (Cendi).

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Único. Se modifica el artículo 123 apartado A fracción XXIX y apartado B fracción XI inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue

Título SextoDel Trabajo y de la Previsión Social

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

De la I a la XXVIII

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de Centro de Desarrollo Infantil y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

De la XXX a la XXXI

B. Entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de Centro de Desarrollo Infantil.

De la XII a la XIV

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.— Diputados: José del Pilar Córdova Hernández, Jaime Sánchez Vélez, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.



ARTICULOS 55 Y 58 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 55 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Guillermo Cueva Sada:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, ¿es importante o no lo es que los legisladores tengamos una formación académica? Como todos vemos, México enfrenta desafíos importantes en materia legislativa. Recordemos las necesidades de reformas estructurales y acuerdos políticos que lleven al país a integrarse en la evolución mundial. Esto nos obliga como legisladores a ser mejores, a brindar los mejores esfuerzos y capacidades para formular las leyes. Recordemos que las leyes son fundamentales para el crecimiento y sustentabilidad de la nación.

En nuestro Congreso tenemos principalmente dos funciones: la primera, la legislativa, que con tristeza vemos olvidada y rezagada, sin considerar la importancia que permite perfeccionar las normas que rige la sociedad y la representatividad abusada constantemente, haciendo presa del poder político.

Cada día es más necesario y justo darles a los ciudadanos la oportunidad de votar por legisladores con un cierto grado de estudios, con una visión global de la problemática y con los conocimientos para darnos las soluciones que necesitamos. Diputados y senadores íntegros en la actitud de compromiso, servicios y vocación a la ciudadanía y al país.

Sabemos bien que los grados académicos no demeritan el talento de las personas, pero son buenos referentes para elegir a quienes desempeñan cargos de alta responsabilidad. Por eso, que este Congreso tenga legisladores con una formación académica sólida, conocedores de nuestra cultura, con pluralidad y formaciones profesionales, con sensibilidad y representación social nos dará como resultado un importante impacto en los debates y en la formación de  proyectos legislativos.

Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son quienes aplican las leyes, es requisito indispensable contar con un título profesional de licenciado en derecho, lo que permite una especialización probada, por qué los legisladores que son los encomendados de hacer y reformar esas leyes, no necesitarían cumplir con un requisito que compruebe conocimientos o especialidades. Seamos coherentes y exijamos, cuando menos, título profesional que acredite el grado de estudios superiores que demuestre ciertos conocimientos, aptitudes y capacidades.

Ahora, bien, buscando tener una mejor estructura gubernamental hemos presentado reformas de ley que exigen un perfil profesional mínimo a los funcionarios que nombra el Poder Ejecutivo o de aquellos que requieren la ratificación del Senado.

Por eso, asumamos la misma responsabilidad con nuestros representados, pensemos en la calidad del trabajo legislativo y la calidad moral para exigirles a los funcionarios habilidades y talentos para el digno ejercicio de sus funciones.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el conocimiento no está peleado con la política, el conocimiento es poder y en nuestra labor entre más conocimiento tengamos podremos hacer mejor las cosas.

Según el portal de la página de diputados 435 legisladores cuentan con educación superior: 214 del PRI, 128 del PAN, 51 del PRD, 19 del Partido Verde, 11 del PT, 7 del Panal, 5 de Convergencia. Es la Legislatura con más graduados de licenciatura, con más graduados que tenemos de la historia de México y creo que no es suficiente.

Esta reforma nos llevaría a ser mejores representantes, brindar trabajo más profesional y de calidad, con conocimientos útiles para el trabajo que nos ocupe durante nuestro encargo constitucional como legisladores, ofrezcamos certeza y mayor calidad en nuestra labor.

Concluyo, presidente. Exijo adición al artículo 55 Constitucional que establece los requisitos para ser diputado, una fracción que exija poseer al día de la elección título profesional que acredite el grado de educación superior, expedido por autoridades o instituciones legalmente facultadas para ello. De igual manera, exijo en el artículo 58, para ser senador, que el título profesional se obtenga cuando menos con un año de antigüedad, antes de llegar al cargo.

Profesionalicemos el Congreso y obtendremos normas de calidad, porque mejores diputados y senadores proponen mejores leyes y fortalecen el Poder Legislativo. Muchas gracias, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 55 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM

Problemática

Refiere baja calidad de los proyectos legislativos, provocando alto grado de rezago y falta de acuerdos políticos que permitan avances en las reformas que necesita el país.

Argumentación

En la actualidad México enfrenta desafíos importantes en materia legislativa, que se observan en la constante necesidad de reformas estructurales y acuerdos que permitan la integración del país a la constante evolución del entorno mundial, desde los índices de competitividad que requerimos para estar en equilibrio con el desarrollo y transformación internacional hasta el perfeccionamiento de las normas que regulan las conductas de la sociedad.

Todo lo anterior obliga irrefutablemente a los legisladores a brindar los mejores esfuerzos y capacidades para formular nuevos proyectos, mecanismos e instrumentos que desarrollen y estimulen el desarrollo y la normatividad como pilares fundamentales del crecimiento y sustentabilidad de una nación

Es claro que una democracia de calidad es el régimen, en donde celebran elecciones competitivas,  con regularidad y bajo condiciones de libertad y justicia. Pero también un democracia debe garantizar un Estado democrático de derecho, en donde se ejercen libertades políticas y civiles sobre mecanismos institucionales para la rendición de cuentas.

El sistema Parlamentario supone dos funciones: la legislativa y la representativa. Esta última ha sido ampliamente debatida desde el punto de vista de su inviabilidad (pese a la concepción de Jean-Jacques Rousseau, que sostenía la inviabilidad de la representación y  ésta acabó por imponerse).Este hecho supuso que el Parlamento se erigiera en el depositario de la voluntad y soberanía del pueblo.

De acuerdo a lo anterior es que podemos ver que esta función representativa desafortunadamente ha sido abusada, provocando que los espacios legislativos sean en muchas ocasiones presas del poder político dejando de lado la importancia de la función legislativa, de la cual proviene el perfeccionamiento de las normas que rigen a la sociedad. Si bien los legisladores tienen el derecho de contar con personal especializado en la materia parlamentaria que les oriente y apoye en las cuestiones técnicas, se hace necesario y justo brindarle a la ciudadanía, la oportunidad real de elegir legisladores con un cierto grado de estudios, que les permita tener una visión global de las problemáticas y los métodos de solución desde el ámbito legislativo y sea señal de integridad en la actitud de compromiso, servicio y vocación a los ciudadanos y al país.

Tener un Congreso con legisladores de formación académica sólida, conocedores de nuestra cultura, con pluralidad en sus formaciones profesionales pero con sensibilidad y representación social, produciría un importante impacto en el tipo de debate, la formación de proyectos legislativos, deliberación y acuerdos.

Es por lo anterior que debemos propiciar condiciones adecuadas que permitan el desarrollo libre de las capacidades de los legisladores en el ámbito parlamentario, porque solo así podremos lograr trabajo legislativo realmente enfocado a formar un marco normativo que permita un Estado de Derecho con pleno desarrollo económico-político y social.

El caso del Poder Judicial es contrario a lo que sucede en el Poder Legislativo, pues para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es requisito legal contar con título profesional de licenciatura en Derecho, lo que permite una especialización probada en el área que va a desarrollar. No obstante el Poder Judicial respalda el desarrollo de su fuerza laboral con un programa de capacitación permanente en la denominada carrera judicial.

El Congreso de la Unión, en el afán de una mejor estructura gubernamental, con instituciones capaces y personal de cualidades técnicas y profesionales que desarrollen sus actividades en los diferentes encargos frente a las dependencias; ha venido legislando para exigir un perfil mínimo con las aptitudes y especialidades profesionales  de los funcionarios que nombre el Poder Ejecutivo, o de aquellos que requieren la ratificación del Senado de la república. Asimismo ha manifestado la inconformidad sobre de quienes no considera lo suficientemente aptos para desempeñar deberes públicos como una legítima facultad parlamentaria.

De tal modo que los legisladores debemos asumir la misma responsabilidad con nuestros representados y dejar las bases para que transitemos a una representatividad cualitativa que enriquezca las labores del Congreso y estemos en una posición decorosa de profesionalización y de calidad moral para exigir a los funcionarios habilidades y talentos para el digno ejercicio de sus funciones.

Compañeras y compañeros legisladores, la ciudadanía demanda más de nosotros, tanto en resultados como en procedimientos, una forma de revelar la voluntad política de parte de todas las fuerzas políticas es que se incluya entre los requisitos constitucionales para ser legislador federal un grado de estudios mínimo del que pueda desprenderse que se ejercerá con ética profesional y decoro la función parlamentaria.

Podemos esperar que existan intereses que ataquen esta propuesta de profesionalizar a los legisladores, aludiendo a la “representatividad” como si fuera a ser victimizada, pero seamos consientes de nuestro futuro, de nuestro encargo y de la importancia del mismo, recordemos que la ciencia o la técnica no se encuentran en conflicto con la representatividad y por el contrario, la fortalecen. Esto significa que esta reforma nos llevaría a una representatividad cualitativa, profesional, allegada de más conocimientos útiles para la amplia gama de labores que nos ocupan durante nuestro encargo constitucional.

En  esta  gratificante labor todos nos hemos llegado a enfrentar a retos para la construcción de una norma más eficiente y adecuada en diversas disciplinas y, la formación profesional implica que como legisladores nos especialicemos en alguna rama de la ciencia o técnica para afrontar, proponer, enfocar de manera preferente más no limitativa los esfuerzos y proyectos legislativos.

No han sido pocas, las vergonzosas notas críticas a la preparación académica de los legisladores, en particular la de ésta Cámara, señalando la proporción de legisladores que concluyó el nivel licenciatura en relación con aquellos que no lo han conseguido. Hacen referencia a los ingresos que reciben los legisladores sin grados académicos en relación a los ciudadanos que tienen posgrados y otros conocimientos de validez oficial. Es importante aclarar que los grados académicos no demeritan el talento de las personas, pero son un buen referente de las capacidades de la gente para de-sempeñar un cargo de alta responsabilidad como bien lo es el de legislador.

El motivo de la presente propuesta no es finalizar el tipo de notas periodísticas que señalen o pongan en evidencia el grado de estudios que los legisladores tenemos, esto va más allá, se trata de dar a la ciudadanía mayor certeza de nuestra labor así mismo de la calidad de los trabajos que nos proponemos para su bienestar, de hacer su representación más digna y especializada en alguna disciplina, por ende más profesional.

Nuestro Congreso, de manera atinada ha constituido centros de estudios y otros grupos de trabajo en materias específicas, ha colaborado con el sector académico y establecido convenios con instituciones de educación superior, lo cual no implica el interés en profesionalizar el trabajo legislativo, sin embargo, se torna un asunto de interés nacional que los legisladores contemos con un grado de estudios que implique que además de nuestra experiencia empírica, talentos prácticos, sensibilidad política y otras virtudes que enriquecen la labor parlamentaria poseemos los conocimientos técnicos y científicos para asumir nuestra función y exigir de otros funcionarios un desempeño eficaz.

¡Seamos mejores legisladores para nuestro México y pongamos el ejemplo!

Fundamentación

Fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 3, numeral 1, fracción I, del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 55 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único.Se adiciona un párrafo VIII, al artículo 55 y se reforma el artículo 58, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

I.  a VII...

VIII. Poseer al día de la elección, título profesional que acredite el grado de educación superior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección y que el título profesional que ostente, cuente con una antigüedad mínima de 1 año.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2011.— Diputados: Guillermo Cueva Sada, Maurilio Ochoa Millán (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Se pospone la intervención del diputado Óscar González Yáñez, que aparece en el numeral 19.

Diputado Ochoa, sí diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Maurilio Ochoa Millán(desde la curul): Sólo para preguntarle, señor presidente, al diputado Cueva, si estuviese de acuerdo en que nos adhiramos a su iniciativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado, ¿tiene usted inconveniente en que se adhieran a su propuesta?

El diputado Guillermo Cueva Sada:Sí, con gusto.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias.



LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 y adiciona un 73 Bis a la Ley General de Educación.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en México el bullying o violencia escolar es un problema creciente en los centros de todos los niveles educativos. Miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes son víctimas de adjetivos peyorativos, humillaciones, burlas e incluso agresiones físicas por parte de sus compañeros.

El fenómeno ha tenido una creciente notoriedad pública en los últimos años, sobre todo por la exposición mediática, lo que ha incidido fuertemente en la percepción pública del incremento, tanto en su frecuencia como en el nivel de violencia asociado a él.

El acoso y la intimidación contra iguales ya no se limitan sólo al salón de clases o a la escuela, con el desarrollo de Internet y el uso cada vez más frecuente de la telefonía móvil está creciendo un nuevo rostro de la violencia escolar conocido como bullying cibernético. En la red se pueden visualizar miles de videos y fotografías de niños y jóvenes que son víctimas de este fenómeno.

En nuestro país la violencia escolar es un fenómeno alarmante. De acuerdo con el INEE, casi el 9 por ciento de los estudiantes que tenemos en nuestras primarias y el 5.6 por ciento de secundaria, han incurrido en actos de violencia en la escuela; 2 de cada 10 niños que asisten a la primaria han participado en peleas donde han golpeado a uno de sus pares.

Casi una cuarta parte de los alumnos de primaria afirmaron que sus compañeros se burlan de ellos constantemente, y el 17 por ciento de los alumnos de primaria manifestó que había sido lastimado físicamente por otro compañero o un grupo de compañeros, y una cifra que es verdaderamente dramática; el 11 por ciento de los niños que tenemos en nuestras primarias han reconocido que han robado o amenazado a un compañero.

Esta problemática se ha agudizado, entre otros factores, porque no existe un marco normativo que permita establecer las pautas o lineamientos nacionales para la detección temprana de la violencia en las escuelas, así como las responsabilidades que tiene cada actor que integra la comunidad educativa.

Los maestros y los directivos minimizan la violencia debido a que carecen de capacitación o herramientas pedagógicas para la resolución de los conflictos, y normalmente los padres no se enteran que sus hijos son golpeados, intimidados o abusados psicológicamente, debido a que el alumno en la mayoría de las ocasiones teme represalias y tiene vergüenza, pero también porque sus padres no les inspiran confianza o simplemente no les creen o no hacen nada.

Más allá de buscar sancionar a quienes acosan en la escuela, se debe alcanzar mecanismos de prevención, pues no podemos caer en una criminalización del agresor sin conocer cuáles son los factores que le influyeron a realizar dicha agresión.

Resulta impostergable sensibilizar a la comunidad educativa sobre la violencia en las aulas, generar hábitos y actitudes sociales que favorezcan la convivencia, pero sobre todo prevenir, detectar e intervenir y dar seguimiento no sólo a las víctimas de acoso escolar, sino también a los agresores que la propician.

Por lo anterior, propongo que la Secretaría de Educación Pública, como instancia normativa de la educación del país, formule lineamientos nacionales y promueva la creación de la Comisión Nacional de Convivencia, Paz Escolar y Prevención de la Violencia, la cual tiene por objeto definir el Plan Nacional de Convivencia, Paz Escolar y Prevención de la Violencia, así como un reglamento para lograr que la escuela sea segura y libre de violencia.

Establecer lineamientos para la atención médica y tratamiento psicológico de las víctimas y de los agresores. Recomendar contenidos educativos para una vida libre de violencia en las escuelas. Analizar de manera periódica las acciones de las autoridades educativas en materia de combate a la violencia escolar, maltrato psicológico y verbal entre alumnos y proponer recomendaciones y acciones para prevenir las agresiones en los centros escolares.

Asimismo, determinar sin prejuicio del desarrollo escolar de los alumnos, el tipo de faltas y sanciones que ameriten los actos de violencia, así como los procedimientos que se deben seguir en cada uno de los casos. Recomendar programas de capacitación docente acerca de la consecuencia del maltrato escolar y de cualquier otro tipo de conducta contraria a la armonía que se debe desarrollar en nuestros centros escolares.

Promover la adopción de estatutos de convivencia escolar en cada uno de nuestros centros educativos. Impulsar acciones y programas entre la comunidad educativa para la atención temprana de la violencia; y, asimismo, que en el marco de los consejos escolares de participación social previstos en el artículo 69 de la Ley General de Educación se instale esta comisión.

Entre sus atribuciones se encontrarán aprobar al inicio de cada ciclo escolar un Plan de Prevención de la Violencia derivado de las normas sobre esta materia que se considere a nivel nacional.

Todo esto, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, está encaminado a combatir el bullying en nuestras escuelas.

Es cuanto, diputado presidente. Le solicito amablemente que el texto íntegro sea inscrito en el Diario de los Debates. Por su atención muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 69 y adiciona el 73 Bis a la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar

El suscrito, diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar,integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y diputado sin partido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la escuela se producen abusos injustificados de los adultos hacia los niños y niñas, y también de unos grupos de niños sobre otros, a través de sutiles formas de discriminación, atropellos y humillaciones... La falta de diálogo y el autoritarismo que se permite en la convivencia diaria, alimentan una violencia que cada día se expresa con mayor fuerza en los centros educativos.

En nuestro país, la violencia escolar es un fenómeno que está aumentando de forma alarmante, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  (INEE), tenemos que:

• El 8.8 por ciento de estudiantes de primaria y 5.6 por ciento de secundaria incurrieron en actos de violencia en la escuela;

• 2 de cada 10 niños que asisten a primaria han participado en peleas, donde han golpeado a uno de sus pares;

• Casi una cuarta parte de los alumnos de primaria, afirmaron que sus compañeros se burlan de ellos  constantemente;

• El 17 por ciento de los alumnos de primaria manifestó había sido lastimado físicamente por otro compañero o grupo de compañeros y el 11 por ciento  reconoció que ha robado o amenazado a un compañero.

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF):

• 43.2 por ciento del personal docente mencionó que han detectado casos de bullying en su escuela;

• 3 de cada 10 niños de primaria han recibido alguna agresión física de un compañero;

• Una quinta parte de los niños y niñas de sexto de primaria y de secundaria señalaron que uno de los motivos para molestar a los niños es que éstos no cumplan con características del estereotipo masculino.

Por su parte, la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, indica que:

• El 44.6 por ciento de los jóvenes hombres y 26.2 por ciento de las mujeres de este nivel educativo reconoció haber abusado de sus compañeros;

• El 40.4 por ciento y 43.5 por ciento respectivamente, aceptaron que habían ignorado la práctica, en tanto que 39.3 por ciento y 18.5 por ciento había puesto apodos ofensivos.

• El 54 por ciento de los estudiantes manifestó que no les gustaría tener como compañeros en la escuela a enfermos de sida;

• El 52.8 por ciento les desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales y el 51.1 por ciento desa-prueba trabajar con alumnos con capacidades diferentes; otro 38.3 por ciento con jóvenes que tengan ideas políticas diferentes.

El fenómeno de la violencia escolar lleva consigo una serie de consecuencias físicas y psicológicas, no sólo para la víctima, sino también para el agresor y para los alumnos presenciales del fenómeno. Los principales efectos que produce son la deserción escolar y el bajo nivel de aprovechamiento académico, además de provocar ansiedad y fobia en situaciones extremas, así como baja autoestima, cuadros depresivos, bajas expectativas de logro, intentos de suicidio e indefensión aprendida.

Ante la problemática que crece diariamente encontramos muchas dificultades para emprender acciones y soluciones para la atención de la violencia escolar, las cuales no permiten una coordinación efectiva entre todos los actores que participan en la educación. Destacan las siguientes.

1. No existe un marco normativo que permita establecer las pautas o lineamientos para la detección temprana de la violencia en las escuelas, así como las responsabilidades que tiene cada actor de la comunidad educativa;

2. Los maestros y directivos minimizan la violencia debido a que carecen de capacitación teórica o de herramientas prácticas para la resolución de los conflictos;

3. Normalmente los padresno se enteran que sus hijos son golpeados, intimidados o abusados psicológicamente, debido a que el alumno, la mayoría de las veces, tiene temor a represalias y vergüenza, pero también porque sus padres no les inspiran confianza o simplemente no les creen.

Muchos niños y adolescentes se sienten impotentes e incapaces de hacer algo para evitar que sigan siendo víctimas del acoso escolar. No saben a quién contarlo, con quién de-sahogarse, sienten miedo, y no existe gente capacitada para ayudarles, y no dejar que este problema que afecta a tantos jóvenes, se agrave.

El acoso escolar, sin duda alguna, está ligado a las situaciones familiares de cada alumno o alumna y al entorno social de la escuela. Por ello más allá de buscar sancionar a quienes acosan en la escuela, se deben alcanzar mecanismos de prevención, pues no podemos caer en una criminalización del agresor, sin conocer cuáles son los factores que influyeron.

Sin una atención integral de quienes participan en el acoso escolar como víctimas o agresores, sólo se facilita el camino para que quienes agreden, sin ninguna consecuencia, se fomente una percepción de impunidad y con ello aumente el riesgo de que con el tiempo puedan caer en actividades delictivas, pues este fenómeno no se limita al salón de clases o al interior de las instalaciones educativas sino trasciende a la vida social y el desarrollo de los individuos.

Resulta impostergable sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la violencia en las aulas, generar hábitos y actitudes sociales que favorezcan la convivencia, pero sobre todo, abordar con eficacia los casos de acoso escolar: prevenir, detectar, intervenir y dar seguimiento no sólo a las victimas si no también a los agresores que la propician. Por ningún motivo las autoridades educativas deben de avalar la expulsión de los alumnos de las escuelas, ni mucho menos represalias que afecten su desarrollo educativo, todo lo contrario deben establecerse lineamientos para la atención oportuna de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Frente a esta situación, la escuela juega un papel fundamental para revertir la violencia infantil y juvenil, a efecto de lograr instaurar ambientes de respeto y libres de violencia. Por ello, considero que una acción fundamental es necesario que en el marco de los Consejos Escolares de Partición Social de cada centro escolar, previstos en la Ley General de Educación, empiecen a trabajar conjuntamente con las autoridades estatales y federales.

Ello hace inaplazable que la Secretaría de Educación Pública formule las reglas para la creación de la Comisión Nacional de Convivencia, Paz Escolar y Prevención de la Violencia, la cual defina la política nacional sobre el acoso escolar y realice estudios e investigaciones que permitan profundizar y actualizar los conocimientos sobre el acoso escolar en México.

Es precisamente en este sentido que como representante de la nación y comprometido con la mejora continua de la seguridad e integridad física de los alumnos en las escuelas, propongo la siguiente iniciativacon proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley General de Educación

Artículo Primero.Se adiciona dos párrafos al Artículo 69 a la Ley General de Educación y un 73 Bis, para quedar como sigue:

Artículo 69. Será responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de educación básica vincular a ésta, activa y constantemente, con la comunidad. El ayuntamiento y la autoridad educativa local darán toda su colaboración para tales efectos.

...

El Consejo Escolar velará por el correcto cumplimiento de los derechos y obligaciones de los alumnos. Para facilitar dicho cometido, se constituirá en su seno una Comisión de Convivencia, Paz Escolar y Prevención de la Violencia, formada por el director que será el presidente, un profesor, dos alumnos y dos padres de familia, elegidos por y entre los representantes de cada sector en el Consejo Escolar.

Aprobar al inicio de cada ciclo escolar el Plan de Convivencia, Paz Escolar y prevención de la violencia, derivado de las normas que sobre esta materia se consideren a nivel nacional.

Consejos análogos deberán operar en las escuelas particulares de educación básica.

Artículo Segundo.Se adiciona un Artículo 73 Bis a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 73 Bis. La Secretaría promoverá la creación de la Comisión Nacional de Convivencia, Paz Escolar y Prevención de la Violencia, la cual tendrá por objeto:

a) Definir el Plan Nacional de Convivencia, Paz Escolar y Prevención de la Violencia, así como un reglamento para una escuela libre de violencia.

b) Analizar de manera periódica las acciones de las autoridades educativas en materia de combate de la violencia escolar, maltrato psicológico y verbal entre alumnos.

c) Proponer recomendaciones y acciones para prevenir las agresiones en los centros escolares.

d) Determinar, sin prejuicio del desarrollo escolar de los alumnos, el tipo de faltas y sanciones que ameriten los actos de violencia, así como los procedimientos a seguir en cada caso.

e) Recomendar programas de capacitación docente acerca de las consecuencias del maltrato, acoso escolar y de cualquier otro tipo de conducta contraria a la armonía escolar.

f) Establecer lineamientos para la atención médica y tratamiento psicológico a las víctimas y a los agresores.

g) Recomendar contenidos educativos y programas de capacitación docente para una vida libre de violencia en las escuelas.

h) Promover la adopción de estatutos de convivencia en cada escuela

i) Impulsar acciones y programas entre la comunidad educativa para la atención de temprana de la violencia.

j) Las que disponga la ley para asegurar los derechos de los alumnos en la escuela.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de 2011.— Diputados: Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Laura Arizméndi Campos (rúbricas).»

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputada Rosaura Ochoa. Después la diputada Laura Arizmendi. Sonido por favor.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía(desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para solicitarle al diputado Jaime Vázquez si nos permite sumarnos a su iniciativa. Creemos que es muy importante y sobre todo creo que está en el momento en que debemos atender y frenar una problemática que está afectando a la comunidad estudiantil.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Diputado Jaime Arturo Vázquez?

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar(desde la curul). Con gusto, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Jaime Arturo Vázquez pone a disposición de ustedes la iniciativa en la mesa de esta Secretaría, para todas aquellas diputadas y diputados que amablemente deseen adherirse.

Tal como lo solicita el diputado Jaime Arturo Vázquez, el texto íntegro de su intervención se inserta en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.



LEY GENERAL PARA EL CONTROL DE TABACO - ARTICULOS 108 Y 110 CONSTITUCIONALES - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control de Tabaco.

Asimismo, presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. También lo hará para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, señor diputado.

El diputado Omar Fayad Meneses:Gracias, presidente. Antes de que corra mi tiempo quisiera pedirle un favor. Quiero denunciar públicamente ante esta soberanía, que esta iniciativa que voy a presentar de reforma a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control del Tabaco, que estaba inscrita para una sesión anterior, resulta que ha sido objeto de señalamiento por parte de asociaciones médicas. Siguió el tiempo corriendo, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: No se preocupe, señor diputado, en razón de que usted fue considerado con nosotros, vamos a tomarlo en cuenta.

El diputado Omar Fayad Meneses:Y quiero decirle que es increíble que ya haya yo recibido cartas respecto del contenido de la iniciativa, cuando todavía ni siquiera la he presentado ante esta Cámara. Eso habla de que algo está ocurriendo.

Cuando mandamos los textos parece ser que pueden ser sujetos ya de análisis, incluso antes de haberse presentado en la tribuna. Lo sé, porque es un tema controvertido.

Quisiera ahora sí pedirle que corra nuestro tiempo. En el año 2008 se publicó esta Ley General para el Control del Tabaco. Se hizo con el propósito de regular el establecimiento de lugares totalmente libres de humo de tabaco, procurando respetar el derecho de las personas a no convertirse en fumadores pasivos.

Para la creación de la ley se escuchó la voz de los fumadores, de los no fumadores, de los prestadores de servicios, de las instituciones de salud pública, de las empresas productoras de tabaco, entre muchos otros, tomando en consideración, con valor pleno, los argumentos de aquellos que se alzaron en contra de los fumadores relegando las opiniones y elementos que aportaron quienes defendieron los derechos de los fumadores.

A unos años de su aplicación, la eficacia de la ley ha quedado en duda. Los establecimientos pequeños no han podido adecuar su infraestructura ante los altos costos que representa la instalación de equipo especial y adecuaciones de espacio, y que supera por mucho sus ingresos anuales. Tampoco los consumidores han adaptado sus hábitos de consumo a la reglamentación, obligándolos a salir a la calle cuando desean fumar.

Su funcionamiento ha versado en los derechos fundamentales de los no fumadores y de los riesgos a la salud a la que están sujetos, pero se han olvidado de los derechos de los fumadores, los cuales también deben velarse para respetar los principios de igualdad y equidad en lo que sustenta la sana y armónica convivencia en esta sociedad.

El tabaquismo y, por ende, las personas fumadoras, como el sujeto activo, son un problema a la salud. No tengo duda. Y como tal debe abordarse aplicando las medidas que ayuden a las personas a afrontar su adicción, pero dejando de lado las conductas que laceran sus derechos con actitudes que los discriminan.

Las sanciones en contra de los establecimientos y de los consumidores que violen disposiciones de la Ley del Control de Tabaco, se equiparan en el perjuicio ocasionado a las que se aplican a traficantes de drogas y corruptores de menores, en donde son más graves las multas por infracción administrativa que por la comisión de un delito.

Es correcto prever la existencia de lugares libres de humo. Estamos conscientes de ello. Eso lo apoyamos, porque ello asegura el derecho de los no fumadores, pero también debe considerarse que bajo las reglas de equidad los fumadores deben contar con lugares de reunión y convivencia dedicados ex profeso para ellos, en los que se respete su derecho a permanecer en un local, con lo que se cuidaría a la vez la integridad física de los asistentes.

Es sabido que en aquellos lugares dedicados a la diversión nocturna como son los antros, centros nocturnos, discotecas, bares, centro de espectáculos, donde se hace más patente la necesidad de los fumadores de salir a la vía pública para fumar, se les expone a sufrir asaltos ante la inseguridad que vive nuestro país.

Añado el hecho de que la propensión a accidentes automovilísticos, riñas, enfrentamientos, aumento de riesgo de la vida a la congregación de personas fuera de los establecimientos saliendo del control de la seguridad que los propietarios de los establecimientos deben brindar a los usuarios.

Los establecimientos mercantiles reciben en promedio 390 millones de visitas al año y el 70 por ciento de los asistentes son personas que fuman, lo que representa un flujo constante de salida de personas de los locales a fumar, dificultando aún más la posibilidad de ofrecer la seguridad que requieren.

Otro riesgo para la seguridad de los fumadores se da porque han comenzado a proliferar lugares conocidos como islas clandestinas, ya que en ellos se les permite fumar sin ninguna restricción, pero al ser lugares sin control de la autoridad ni contar con las mínimas medidas de seguridad, se encuentran expuestos a acciones más dañinas que las que conlleva el riesgo aún para la integridad de los jóvenes que frecuentan ante la facilidad de convertirlas en blanco de delincuentes o por lo expuestos que quedan a sufrir accidentes graves.

Debo dejar claro que no se pretende alentar el consumo del tabaco. El combate a esta adicción es materia de salud pública y de interés público. Sin embargo, he de decirles, para concluir esta primera iniciativa que presento, en una ciudad como ésta en donde está la Cámara de Diputados, donde puedes acudir a un establecimiento mercantil a ahogarte en alcohol, donde se le ha permitido a los homosexuales casarse, a las lesbianas adoptar hijos, las mujeres pueden adoptar, ah, pero fumar no se puede y fumar representa además una multa más grave que la que se establece para ciertos delitos y para ciertas conductas ilícitas.

Hay que reflexionar sobre este tema. Y así como defiendo el derecho a la vida, defiendo el derecho de los no fumadores, defiendo que sea un problema de salud que debe ser atacado como tal, como un problema de salud, así tenemos que defender a las personas que tienen esa adicción y que están siendo discriminadas, están siendo tratadas en las multas como si fueran los peores delincuentes.

Por eso les pido en esta controvertida iniciativa que reflexionemos juntos y que tratemos de lograr un equilibrio.

Sí el derecho al no fumador, sí el derecho a la vida y sí el derecho a ser tratado con dignidad y atenderle un problema de salud a las personas que fuman. Es cuanto a la primera iniciativa, señor presidente.

En cuanto a la segunda iniciativa, es una propuesta que pretende que reformemos juntos los artículos 108, párrafo segundo y 110, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir a la figura, a la persona del presidente de la República como sujeto a juicio político.

Ustedes recordarán, amigas y amigos diputados, que desde la década de los ochenta, cuando se establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, se le da el nivel constitucional para hacer una renovación casi total, por lo que establece cuatro tipos de responsabilidad: la penal, la civil, la administrativa y la política, en un afán de combatir las conductas de corrupción que se puedan dar en el gobierno bajo el lema —si ustedes no lo olvidaron— de la famosa renovación moral.

Con esta reforma se reguló la figura de la declaratoria de procedencia y del juicio político como instrumento para mantener la posibilidad de que los altos funcionarios del gobierno, del Poder Judicial, así como los del Legislativo, gobernadores, titulares de los organismos públicos autónomos, sean responsables, política y penalmente por la comisión de delitos y la violación al orden constitucional y legal.

Sin embargo, la figura del presidente permaneció y sigue permaneciendo intocable, ya que el presidente de la República está sustraído de facto del régimen constitucional de responsabilidad, pues no se encuentra en el listado de servidores públicos que pueden ser sujetos de juicio político.

Esto hace inoperante el hecho de que en la Constitución se señala que el presidente sólo puede ser juzgado por traición a la patria y por delitos graves del orden común, pero se limita porque para proceder en su contra debe sujetarse a juicio político, cosa que en los hechos no es factible sin un claro mandato constitucional. Este mandato es un airado reclamo de la sociedad, harta de acciones arbitrarias y de impunidad que han generado riquezas a nivel de escándalo de altos funcionarios.

La situación privilegiada que se ha dado al titular del Ejecutivo debe modificarse y quitarle el lugar preponderante en el que se le ha ubicado, por encima de los otros poderes y órdenes de gobierno, de acuerdo con la tendencia que se está marcando a nivel mundial, posición que le ha permitido pasar por encima de las leyes arbitraria y descaradamente, sin importar el daño que se ha generado a la sociedad con actuar irresponsable que daña el interés público, cuando su objetivo primordial debe ser el de velar por él y no por los intereses personales.

Ante ello, urge que en nuestro sistema de responsabilidad de los servidores públicos quede plasmado de manera clara y concreta el mecanismo de control que  permita fincar responsabilidad a los servidores públicos que ostenten el más alto nivel, el nivel incluso de presidente de la República.

Que aquéllos que alcancen la titularidad del Ejecutivo sepan que en caso de buscar beneficios personales en vez del bie-nestar de la población serían juzgados no sólo por la historia, sino por las leyes, con lo que se conseguirá que el estado de derecho rija en nuestro país como la base de un sistema democrático y no ser sólo palabras huecas que se repiten únicamente como un lema de campaña.

Es por eso que vengo a proponerles una figura que debe ser una figura en un marco de derecho para construir un verdadero Estado, como figura de Estado, no como moda pasajera, que ya existe en la Constitución, para que, sea quien sea el titular del Poder Ejecutivo, del partido que sea, se sujete estrictamente a la Constitución en este capítulo de responsabilidad de los servidores públicos, exactamente igual que los presidentes de los otros dos Poderes, que los gobernadores, que nosotros mismos.

Espero que sea vista esta iniciativa con simpatía para que podamos dar un paso importante en  la modernización de nuestro Estado de derecho y en la construcción de un mejor Estado. El Estado mexicano al que tanto esperamos modificar y que con ello podamos tener reglas mucho más claras, justas y equitativas.

Aquí concluye la presentación de esta iniciativa respecto del juicio político al presidente de la República.

Y la última es una iniciativa que pretende que reformemos el artículo 39, numeral 2, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una comisión ordinaria del desarrollo municipal en la Cámara de Diputados.

En obvio de tiempo, aunque creo que si las hubiera presentado por separado hubiera gozado de un poco más de tiempo, solamente en unas cuantas palabras permítanme decirles que esta Cámara debe hacer un esfuerzo por abrir una ventanilla para atender específicamente a los municipios de este país.

Si bien tenemos una comisión a la que orgullosamente pertenezco, de Fortalecimiento al Federalismo, a veces los asuntos que tienen que ver con este fortalecimiento tienen que verlo desde la óptica de lo que significa el orden federal o particularmente del orden estatal de quienes no tenemos ninguna cosa o ninguna situación en contra; pero ya debiera haber una ventanilla específica que atienda las necesidades del orden de gobierno más cercano a los ciudadanos, del orden de gobierno que tiene que dar respuesta a las necesidades más sentidas, del órgano de gobierno que a veces transita por los pasillos y por los corrillos de este Palacio Legislativo y que no encuentra una respuesta adecuada, una atención debida; que no sabe ya qué hacer para presentar sus propuestas y que éstas sean vistas y dictaminadas con el interés de quien pueda ver, con una visión municipalista, con una visión federalista, pero con el ángulo municipal puesto enfrente.

Por eso les pido, amigas y amigos, que apoyemos la posibilidad de crear esa ventanilla, desde hoy y para siempre, aquí en el Poder Legislativo, que sería la Comisión ordinaria de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Omar Fayad Meneses, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que me otorgan los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 62 numeral 2, 68, 69 numeral 1, 76 numeral 1 fracción II, 77, 78, 89 numeral 2, 97, 102, 105 y 239 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control del Tabaco, para autorizar establecimientos donde se permita fumar al interior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el año 2008, fue publicada la Ley General para el Control del Tabaco en el Diario Oficial de la Federación con el propósito de regular, entre otras cuestiones, primordialmente el establecimiento de lugares totalmente libres de humo de tabaco, procurando respetar el derecho de las personas a no convertirse en fumadores pasivos, entre ellos, lugares de acceso público, escuelas y centros de trabajo.

Para la aprobación de esta ley se escuchó la voz de diversos actores: los fumadores, los no fumadores, los prestadores de servicios, las instituciones de salud pública, las empresas productoras de tabaco entre otros, tomando en consideración con valor pleno, los argumentos de aquellos que se alzaron en contra de los fumadores, relegando las opiniones y elementos que aportaron quienes defendieron los derechos de los fumadores.

A unos años de su aplicación, la eficacia de la ley queda en duda ya que los lugares no han podido adecuar su infraestructura ante los altos costos que representan para los establecimientos pequeños en el que la instalación de equipo especial y adecuación de espacios, supera por mucho sus ingresos anuales y la dificultad que representa para los negocios de la vida nocturna por el tipo de giro mercantil exclusivo para población adulta ni tampoco los consumidores han adaptado sus hábitos de consumo a la reglamentación ante la existencia de factores sociales, económicos, culturales y legales que se confrontan con lo señalado en la norma.

La base de la argumentación para la creación de la ley y su funcionamiento, ha versado en los derechos fundamentales de los no fumadores y de los riesgos a la salud a la que están sujetos, criterios con los que se está de acuerdo ya que las políticas de salud pública es una de las obligaciones básicas en el fin del estado, pero se han olvidado los derechos de los fumadores lo cuales también deben velarse para respetar los principios de igualdad y equidad en los que se sustentan la sana y armónica convivencia en sociedad.

Grave es la violación a las garantías que se comete en contra de los fumadores, ya que el artículo 1o. de la Constitución Política señala claramente la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Las acciones emprendidas a raíz de esta ley, son discriminatorias para los fumadores al impedirles el libre acceso a lugares públicos y contar con espacios en los que puedan ejercer libremente su derecho a fumar y a decidir sobre su persona, como parte del ejercicio del libre albedrio para decidir qué hacer o dejar de hacer en cuestiones lícitas, base de los derechos fundamentales en los que debe erigirse cualquier cuerpo normativo.

Si como se ha afirmado de manera constante, el tabaquismo y por ende las personas fumadoras como el sujeto activo es un problema de salud, debe abordarse como tal y aplicar las medidas que ayuden a las personas interesadas en afrontar su adicción, pero dejando de lado las conductas que laceran sus derechos con actitudes que los discriminan y señalan a aquellos que desean consumir algún producto legal como lo es el tabaco.

El manejo de las cifras de fallecimientos relacionados con el uso del tabaco, es engañosa, a los números se les puede manejar de acuerdo a las necesidades de argumentación y tendencia hacia donde se quiera dirigir para manipular la opinión pública o incidir en el razonamiento individual, las enfermedades respiratorias pueden ser acusadas como consecuencia del tabaquismo por ser fumador activo o pasivo si se le pretende adjudicar la enfermedad al hábito del fumar, pero pueden existir otros factores como la contaminación ambiental o trabajar en lugares de riesgo que incidan en el problema.

Es grave que al contrario de otro tipo de adicciones como el alcohol o las drogas legales o ilegales en donde a los consumidores en grado de adicción se les trata como enfermos y a los consumidores ocasionales o recurrentes se les concede la oportunidad de contar con espacios para su consumo, a los fumadores se le ha estigmatizado al grado de tratarlos como delincuentes y asesinos, términos utilizados cotidianamente dentro de la sociedad ante la campaña mediática emprendida contra los fumadores, dejando en claro que no en contra del tabaquismo, por el supuesto daño que representa a la salud de aquellas personas que conviven cerca de algún fumador y el daño que representa el humo de “segunda mano”.

Es constante conocer de riñas, asaltos, robos, lesiones y homicidios culposos y dolosos cometidos bajos los influjos de alguna droga ilegal o del alcohol, aún así, la sociedad y las autoridades presentan mayor condolencia hacia los consumidores de alcohol y drogas que hacia los consumidores de tabaco.

Las sanciones en contra de los establecimientos y de los consumidores que violen las disposiciones establecidas en la Ley General para el Control del Tabaco, se equiparan en el perjuicio ocasionado a las que se les aplican a traficantes de drogas y corruptores de menores, actividades sí tipificadas como delito y en el que el daño a la persona y a la sociedad es realmente grave, afirmación que se hace en el hecho de que el perjuicio y la incidencia de otros delitos derivados de esta conducta, es parte del problema de inseguridad que se vive en nuestro país.

El monto de la multa fijada en el artículo 48 de la ley, pese a ser una infracción administrativa y no un delito, va hasta cien veces el salario mínimo, cinco mil pesos aproximadamente para los consumidores que enciendan un producto de tabaco en los espacios 100 por ciento libres de humo, y desde mil hasta diez mil veces el salario mínimo, de cincuenta mil a cinco millones de pesos para los establecimientos que incumplan con el ordenamiento, mientras que de acuerdo con lo estipulado en el Código Penal Federal en el artículo 243 señala que para los delitos de hostigamiento sexual la sanción es hasta de cuarenta días de multa, dos mil pesos aproximadamente y en el artículo 289 para los casos de lesiones que no pongan en peligro la vida del ofendido y que tarden en sanar menos de 15 días, la multa como sanción alternativa a la pena privativa de la libertad es de treinta a cincuenta días de salario mínimo, esto es, de mil quinientos a dos mil quinientos pesos.

De conformidad con dichas sanciones, acaso ¿es más grave encender un cigarro que cometer un delito?

Es correcto prever la existencia de lugares libres de humo para asegurar el derecho de los no fumadores, pero también debe considerarse que bajo las reglas de equidad, los fumadores deben contar con lugares de reunión y convivencia en las que se respete su derecho a fumar, ya no sólo con espacios dedicados dentro de los distintos establecimientos públicos y privados, sino con establecimientos dedicados ex profeso para fumadores y aquellos no fumadores que no se sientan agraviados por esta conducta.

Ante todo esto es necesario añadir, una variable que ha sido poco considerada y que representa en sí un grave problema de seguridad derivado de la aplicación de la normatividad de espacios 100 por ciento libres de humo, es de tomar en cuenta que han aparecido algunas conductas no tan convenientes siendo una de las más recurrentes, que derivado del texto actual del artículo 27 de la ley, el establecimiento de espacios exclusivamente para fumadores es opcional para quienes poseen lugares de acceso público, áreas de trabajo y universidades y a consecuencia de que muchos de estos propietarios no han realizado las adecuaciones pertinentes, las personas que desean fumar tienen que salir de los locales, inmuebles, o lugares, para realizar esta actividad, con las consecuentes molestias, que en su caso pueden tener quienes sean clientes de restaurantes, cafeterías, bares y centros nocturnos.

Especialmente en estos últimos sitios, los lugares dedicados a la diversión nocturna, como lo son las discotecas, bares y centros de espectáculos, se hace más patente la necesidad de los fumadores de salir prácticamente a la vía pública para fumar. Esto sin duda, tiene repercusiones negativas en la seguridad de las personas, ya que es de todos conocidos que en el país se vive un clima de inseguridad en el que se expone al fumador a sufrir asaltos, además de que la propensión a accidentes automovilísticos, riñas y enfrentamientos aumenta debido a la congregación de personas fuera de los establecimientos, saliendo del control de la seguridad que los propietarios de los establecimientos deben brindar a los usuarios.

Los establecimientos mercantiles reciben en promedio 390 millones de visitas al año, de las cuales, 70 por ciento está compuesto por gente joven con una edad que fluctúa entre los 18 y los 27 años, la cual es más proclive a tener este tipo de problemas, situación que se agrava si se considera el hecho de que en estos lugares dedicados a la vida nocturna, se ha encontrado que el 70 por ciento de los asistentes son personas que fuman, lo que dificulta aún más la seguridad de ellos por el flujo constante en las entradas de personas que abandonan el local para fumar.

Derivado de todo esto, las ventas de estos lugares han caído en 20 por ciento ya que ese porcentaje de fumadores ha preferido dejar de asistir a los lugares de diversión en vez de dejar de fumar con el consecuente daño que esto representa a la economía de los centros de diversión, con el añadido de que han comenzado a proliferar lugares conocidos como “islas clandestinas”, en donde se les permite fumar sin ninguna restricción e incluso se cometen acciones más dañinas por no tener ningún control por parte de la autoridad, lo que conlleva un riesgo aún mayor para la integridad de los jóvenes.

Tampoco se debe evadir el hecho de que actualmente la población adulta mayor de 40 años que consume tabaco, creció ante una agresiva campaña de publicidad permitida por las autoridades, en la que el fumar era considerado un símbolo de status, de masculinidad y de femineidad dependiendo del género al que se enfocaba, y en la que nunca se consideró que presentara un riesgo para la salud, ahora después de décadas de tener el hábito, hoy pretendemos que cambien su mentalidad y dependencia de manera radical, aún en violación a sus derechos fundamentales.

Es conveniente dejar patente que con esta propuesta, no se pretende alentar el consumo del tabaco, es materia de salud pública y de interés público el propiciar ya no sólo la disminución del consumo del tabaco, sino el evitar que existan nuevos fumadores y desde luego evitar que este hábito llegue a la niñez y a los adolescentes, lo que se busca es que se respeten los derechos tanto de los no fumadores como de los fumadores, es evitar políticas discriminatorias, así como reducir la incidencia de riesgos de la población adulta que recurre a lugares de esparcimiento, principalmente aquellos llamados de vida nocturna, por tener que permanecer en la vía pública fuera del control de la vigilancia de los establecimientos.

En el mundo, en los lugares donde han puesto leyes sumamente estrictas contra el tabaco lo que se ha detectado es un incremento mayor en la manera de fumar ya que como la gente sabe que no puede fumar dentro de los establecimientos fuma más antes de ingresar en ellos, o salen constantemente a hacerlo a la calle, por ello, algunos países como España, Italia, Brasil, Argentina, Inglaterra, y muchos otros más han cambiado sus leyes tan estrictas de no fumadores por leyes que permiten operar establecimientos en donde se le avisa la gente que en este establecimientos se fuma y que cuentan con una área que representa 20 por ciento de local para la gente que no fuma, o bien hay establecimientos especiales para no fumadores que cuentan con zonas para fumadores que son áreas con techos a una altura de tres metros como mínimo con la ventilación suficiente para que la gente que fuma tenga un aire ventilado.

Si bien, es conveniente la existencia de lugares que deben considerarse como espacios 100 por ciento libres de humo, también lo debe ser aquellos en que se permita el consumo del tabaco libremente, para brindarle la opción a los propietarios de los establecimientos en que rubro desean estar y principalmente, que la decisión de asistir a cada uno de ellos, sea por cuenta y voluntad de cada persona.

Por estas circunstancias, la presente iniciativa propone reformas los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control del Tabaco, para establecer con claridad, lo siguiente:

• Que el propietario, administrador o responsable de un lugar distinto a los señalados podrá constituirlo como 100 por ciento libre de humo de tabaco, o bien, como un establecimiento para fumadores, cumpliendo con las disposiciones reglamentarias.

• De conformidad con la equidad, que existan establecimientos donde se permita fumar, ya sea en espacios al aire libre, o bien, en espacios interiores.

• Que los propietarios, administradores o responsables de los lugares señalados en la ley, deben garantizar igualmente la existencia y correcto funcionamiento de los espacios tanto 100 por ciento libres de humo, como los lugares establecidos exclusivamente para fumadores.

De esta forma, pretendemos compatibilizar este derecho, con el derecho de los fumadores, al establecer la obligatoriedad de que todos estos lugares cuenten con espacios para fumadores, lo que en el caso de los clientes de lugares de diversión nocturna, contribuirá a brindarles mayor seguridad.

En ambos casos, queda claro que a la par de estas acciones, deben seguir fortaleciéndose todas aquellas actividades gubernamentales tendientes a disminuir, combatir y erradicar la adicción al tabaco, como parte de una política integral de salud pública.

Por todo lo anterior, someto a esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue

Artículo 26. Las escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior, universidades e instituciones de educación superior, lugares de acceso público y áreas interiores de trabajo, públicas y privadas, son espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, quedando prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco.

El propietario, administrador o responsable de un lugar distinto a los señalados podrá constituirlo como 100 por ciento libre de humo de tabaco, o bien, como un establecimiento para fumadores, cumpliendo con las disposiciones reglamentarias.

En dichos establecimientos se fijará en el interior y en el exterior los letreros, logotipos y emblemas que establezca la secretaría, según se trate de un establecimiento para fumar, de uno 100 por ciento libre de humo, o si hay coexistencia en un mismo establecimiento.

Artículo 27. Los establecimientos podrán conformarse como lugares de acceso libre para fumadores o bien, deberán existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán funcionar de conformidad con las disposiciones reglamentarias:

I. Ubicarse en espacios al aire libre o que se encuentren dentro del lugar, local o espacio físico de que se trate y pertenezcan a él, o

II. En espacios interiores aislados que dispongan de mecanismos que eviten el traslado de partículas hacia los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y que no sea paso obligado para los no fumadores.

Artículo 28. El propietario, administrador o responsable de un establecimiento 100 por ciento libre de humo de tabaco, estará obligado a hacer respetar los ambientes libres de humo de tabaco establecidos en los artículos anteriores.

Asimismo, el propietario, administrador o responsable de un establecimiento para fumar, deberá garantizar la existencia y correcto funcionamiento de los espacios destinados exclusivamente para fumar y estará obligado a respetar las disposiciones de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.— Diputados: Omar Fayad Meneses, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

El diputado Omar Fayad Meneses:

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Omar Fayad Meneses, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 62, numeral 2, 68, 69, numeral 1, 76, numeral 1, fracción II, 77, 78, 89, numeral 2, 97, 102, 105 y 239 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, que reforma el artículo 39, numeral dos, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México requiere un Estado en el que los distintos órdenes de gobierno dispongan de facultades, instrumentos y recursos para responder de manera más expedita a las demandas de bienestar de la sociedad. La población desea seguridad para las personas y su patrimonio, justicia y un conjunto de bienes públicos que le permitan vivir en mejores condiciones materiales y, a su vez, permitan el desarrollo material. Esto requiere gobiernos que conduzcan los asuntos públicos cumpliendo mejor sus responsabilidades y con el menor costo para los contribuyentes.

En esta nueva realidad de alternancia, pluralidad y creciente participación política de la ciudadanía, de manera sustantiva debemos avanzar en un mejor entendimiento entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para incrementar la eficacia y la eficiencia en la atención de las demandas de los ciudadanos.

De igual forma, necesitamos evolucionar en la relación entre los órdenes federal, estatal y municipal con una mejor división del trabajo. Necesitamos mejorar la coordinación y distribución de facultades, responsabilidades y recursos entre estos órdenes de gobierno para responder a las necesidades de las personas en los lugares donde viven.

La tarea no es sencilla, pues diversas dificultades impiden una equitativa distribución de competencias entre poderes y órdenes de gobierno.

Ha sido ampliamente señalado y además confirmado con la realidad de estados y municipios que el federalismo está afectado, que no corresponde a las necesidades de competencias, de recursos y de posibilidades de los gobiernos locales.

En muchos sentidos, las entidades federativas y los municipios son hoy simples administradores y gestores de recursos federales.

Por ello se requiere una profunda reforma legal que les otorgue nuevamente poderes de decisión y con ello instrumentos tributarios y de gasto, especialmente para los municipios, el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía, que recibe la mayor presión para otorgar bienes y servicios, y que –además– padece las más difíciles condiciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros.

Compañeras y compañeros diputados: ésta es una realidad que todos nosotros percibimos al visitar nuestros municipios y recorrer los distritos que representamos.

Es la misma realidad que muchos alcaldes en forma individual y a través de todas las organizaciones de municipios del país, gobernados por diferentes partidos políticos, han venido aquí a plantearnos para tratar de llevarse un planteamiento de solución.

Sin embargo, quiero compartir con ustedes una reflexión: poco hemos podido hacer para engendrar un esquema institucionalizado y sistematizado de atención de estos planteamientos.

La dinámica de la Cámara de Diputados no ofrece hoy una vía para la atención específica de las problemáticas que nos plantean los municipios del país; por el contrario, se diluyen en el abanico de comisiones y comités a que son enviadas, ya sea en materia económica, tributaria, de gasto público, de infraestructura, de desarrollo social o de desarrollo económico, entre otros.

Ahí, en las comisiones que tratan estas temáticas las prioridades son de otro orden, más de corte nacional o sectorial, pero de ninguna manera para encauzar la construcción de soluciones municipalistas.

Si bien esta soberanía cuenta con la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, la misma inercia señalada lleva a que las prioridades de atención sean para la federación, los estados y, en última instancia, los municipios, pese a la voluntad y la intervención de varios de los diputados que la integramos.

Algunos legisladores hemos hecho planteamientos para fortalecer los municipios, requerimos una actividad legislativa mucho más permanente, de mayor envergadura, que posicione los temas de los gobiernos locales a la par de los de las entidades federativas y de la federación.

De ahí que la presente iniciativa plantee la creación de la comisión ordinaria de desarrollo municipal, para abrir esta oportunidad de atención y generación de soluciones centradas en la promoción del municipalismo. Esta representación popular debe especializarse en el tema.

Afortunadamente, el Senado de la República cuenta con la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Por eso, la colegisladora puede desahogar los temas específicos sobre el municipio.

La comisión que se propone tiene el objeto de dictaminar las iniciativas y proposiciones en materia municipal para proporcionar al pleno de la Cámara de Diputados elementos técnicos, jurídicos y económicos para la aprobación de sus dictámenes.

Asimismo, tendrá las facultades de llevar a cabo estudios y consultas en nombre de la Cámara de Diputados a todas las instancias de los tres órdenes de gobierno, para solicitar y recibir información de los asuntos que le sean turnados igual que las demás comisiones ordinarias.

Sin duda, con la creación de esta comisión estaremos avanzando en el trabajo responsable, incluyente y equitativo de esta representación nacional.

Por lo anterior se somete ante el pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 39, numeral 2, fracción X, y se recorren las fracciones siguientes, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39....

1. y 2. ...

I. a IX. ...

X. Desarrollo Municipal;

XL. ...

3. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.— Diputados: Omar Fayad Meneses, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, también para dictamen.

El diputado Omar Fayad Meneses:

«Iniciativa que reforma los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Omar Fayad Meneses, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 62, numeral 2, 68, 69, numeral 1, 76, numeral 1, fracción II, 77, 78, 89, numeral 2, 97, 102, 105 y 239 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa

Exposición de Motivos

El tema de las responsabilidades de los servidores públicos ha sido objeto de atención en la historia reciente de México.

Si bien no fue hasta la década de 1980 cuando el régimen de responsabilidades de los servidores púbicos fue renovado casi por completo con la llamada renovación moral del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado.

A partir de entonces, el título cuarto de la Constitución Política establece la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad política de los servidores públicos.

Se regula así la figura de la declaratoria de procedencia y del juicio político, como instrumentos para mantener la posibilidad de que los altos funcionarios del gobierno, del Poder Judicial, así como los legisladores, gobernadores, titulares de órganos públicos autónomos, sean responsables política y penalmente por la comisión de delitos y violaciones al orden constitucional y legal.

Sin embargo existe una laguna que ha permitido que el presidente de la república esté sustraído de facto del régimen constitucional de responsabilidades ya que no se encuentra entre los servidores públicos que puede ser sujetos de juicio político en términos del artículo 110, y si bien para proceder penalmente contra él, según mandata el artículo 111, debe sujetársele a juicio político, en los hechos, esto no es posible ni factible sin un claro mandato constitucional.

Resulta imposible que a la fecha el titular del Ejecutivo Federal goce de esta prerrogativa, que lo pone asimétricamente por encima de los otros poderes y ordenes de gobierno.

Más aún, no existe posibilidad alguna de someterlo a la voluntad popular a través de sus representantes para someterlo a la responsabilidad política.

Por tanto, la presente iniciativa propone reformar los artículos 108 y 110 constitucionales para incluir al presidente como sujeto del régimen de responsabilidades del título.

Por lo anterior expuesto someto a ésta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 108, segundo párrafo, y 110, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. ...

El presidente de la república, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado por violaciones a esta Constitución, a las leyes federales, traición a la patria y delitos graves del orden común y federal, y será sujeto de responsabilidad administrativa, civil o penal.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político el presidente de la república, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el Consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.— Diputados: Omar Fayad Meneses, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se  turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para los mismos efectos.

El diputado Omar Fayad Meneses:Perdón, presidente, quisiera solicitarle que la primera no sólo vaya a la Comisión de Salud, sino que también vaya a la Comisión de Puntos Constitucionales, porque estoy tratando un tema de discriminación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se atiende su petición, su solicitud. Así se hará; por supuesto, sólo para opinión de la Comisión de Puntos Constitucionales.



ARTICULOS 73, 76 Y 90 CONSTITUCIONALES - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES - LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA - LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA - LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS - LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS - LEY DE LOS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO - LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y suscrita ésta por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Adelante, señor diputado.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez:Gracias, presidente. Hoy, y a nombre de la Comisión Especial de Competitividad, venimos a presentar a este pleno, todos los diputados, de todas las fracciones que forman parte de esta comisión, una iniciativa que nos parece absolutamente indispensable en materia de competitividad y de competencia para el país.

Como desgraciadamente todos sabemos, México ha perdido más de 20 posiciones en los últimos 10 años a través de los diferentes indicadores que miden la competitividad mundial. El índice global de competitividad, el Foro Económico Mundial ubica a México particularmente en posiciones muy malas en lo que tiene que ver con diseño institucional, con solidez de las instituciones y por compartir algunos de estos indicadores con ustedes, el índice de la calidad de las instituciones públicas está en la posición 110 de 139.

Esto tiene que ver y afecta de manera muy importante a lo que se refiere a la capacidad de los órganos reguladores de este país para hacer que los mercados funcionen más adecuadamente. En particular, y también lo mide el Foro Económico Mundial, México se encuentra en eficiencia de mercado de bienes en el lugar 96 y en la competencia doméstica en el 119 de 139.

En realidad, compañeros diputados y compañeras diputadas, no necesitamos que el Foro Económico nos venga a explicar los índices tan malos que tenemos en competitividad en este país. Todos los mexicanos la vivimos día a día: bajo crecimiento económico, precios altos para los consumidores, monopolios y oligopolios con un poder exagerado, no solamente sobre los consumidores, también que ejerce un poder malsano en muchas de las instituciones de este país.

Estrategias monopólicas, incapacidad de crear más empleos, baja distribución de la riqueza, poca competitividad internacional que se puede medir con una balanza comercial año con año deficitaria, son sólo unas de las consecuencias de no tener una economía competitiva, con un sano desa-rrollo de la iniciativa privada en un mercado de bienes y servicios que atienda mejor a los consumidores de este país.

Nuestros órganos reguladores encargados de atender esta situación presentan deficiencias claras. No atienden mejores prácticas recomendadas por diferentes organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), diferentes foros internacionales expertos, incluso consultorías y las ONG nacionales, mandatos poco claros, responsabilidades poco específicas, baja autonomía y solidez, discrecionalidad a la hora de definir los casos a investigar, baja transparencia y rendición de cuentas, perfiles y requisitos de los comisionados que podrían mejorarse y a los cuales muchas veces se les obliga a criterios de elegibilidad.

Por decir algo, el Instituto Espinosa Yglesias reprobó en estudios del año pasado y antepasado a todos los órganos reguladores, a todos los órganos reguladores la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión para la Competencia, todas las comisiones tuvieron una calificación promedio de cuatro.

¿Qué buscamos con esta iniciativa? Incrementar la autonomía y solidez y posición en la administración pública centralizada.

Es muy importante entender que la figura que actualmente existe, de órgano desconcentrado para estos órganos reguladores, fomenta la interferencia política, reduce la autonomía, genera conflictos de interés y debilita la interlocución.

Por su parte, el organismo descentralizado responde claramente a una lógica de la función empresarial o de asistencia social. Uno de los mayores méritos de esta iniciativa, compañeras diputadas y compañeros diputados, es que está enfocada a generar más autonomía para los órganos reguladores, fortalecer al Estado en una lógica muy específica creando una figura jurídica diferente nueva, que es la de órgano regulador.

Esta figura de órgano regulador que es la que propone la iniciativa, implica renunciar al criterio que se ha tenido siempre, tradicionalmente, de elegir entre órgano descentralizado y órgano desconcentrado.

Esta iniciativa, y concluyo con esto, señor presidente, busca además generar mayor transparencia y rendición de cuentas, requisitos de elegibilidad para el mandato, mejora el sistema de colaboración entre comisionados y entre poderes.

Ojalá podamos contar con la aprobación y con el visto bueno de todos los diputados para impulsar esta reforma que ayudaría a que nuestro país sea más competitivo, genere más empleos, los consumidores mejoren su nivel de vida y acabemos con los monopolios y oligopolios que tanto daño le hacen a este país. Muchas gracias, presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de Telecomunicaciones, Federal de Competencia Económica, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Federal de Instituciones de Fianzas, General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los que suscriben, diputados Alberto Cinta Martínez (PVEM), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), Norma Sánchez Romero (PAN), Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT), César Daniel González Madruga (PAN), Nancy González Ulloa (PAN), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (PRI), Israel Reyes Ledesma Magaña (PRI), Vidal Llerenas Morales (PRD), Armando Ríos Piter (PRD), María Teresa Ochoa Mejía (Convergencia) y Melchor Sánchez de la Fuente (PRI), a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes federales con el objetivo de fortalecer a los órganos reguladores mediante la creación de una nueva figura jurídica dentro de la administración pública federal, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Durante la última década, México se ha rezagado de manera importante en materia de competitividad. En el Índice Global de Competitividad 2010-2011, elaborado por el Foro Económico Mundial, el país ocupa la posición 66 de 139 economías analizadas, habiendo registrado un retroceso de 6 posiciones respecto del reporte anterior.

El índice muestra que uno de los principales problemas del país se encuentra en la calidad de las “instituciones públicas”, colocándonos en la preocupante posición 110. Dentro de este rubro se evalúan, entre otros factores, los derechos de propiedad, la ética y corrupción, el favoritismo de las decisiones gubernamentales, la ineficacia gubernamental, la transparencia en la elaboración de las políticas públicas y la seguridad. El factor más problemático para hacer negocios en el país es la “burocracia gubernamental ineficaz”.

Por su parte, bajo el indicador referido, la ineficiente regulación se refleja en el pilar de “eficiencia del mercado de bienes”, donde México ocupa la posición 96. En particular, llama la atención el rubro de “competencia doméstica”, donde nos encontramos en la posición 119, muy por debajo de países con un nivel de desarrollo similar, inclusive menor al nuestro, tal es el caso de Chile, China, Guatemala, Ghana, Honduras, India, Kenia, Nigeria, Panamá, Perú, entre otros.

El rezago competitivo en nuestro país también se muestra en otros indicadores, incluyendo el del World Competitiveness Yearbook 2010, elaborado por el International Institute for Management Development, donde ocupamos la posición 47 de 58, y en el Índice de Competitividad Internacional 2009 del Instituto Mexicano de Competitividad, en el que nos encontramos en la posición 32 de 48 países. En estos últimos casos, el factor institucional es también una de las principales causas de la baja posición competitiva de nuestro país.

Todo lo anterior se refleja en la inequitativa distribución de riqueza. Bajo el Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad (entre el 0 y 100, donde 0 corresponde a perfecta igualdad y 100 a perfecta desigualdad), México obtiene un coeficiente de 51.6 para 2008, ubicándose como uno de los países con peor distribución de riqueza en el mundo (World Bank Development Indicators, 2010).

Pese a que los índices referidos no dejan de ser referentes que deben formar parte de un análisis más comprensivo, ilustran de manera clara una situación que viene dañando al país de forma brutal desde hace mucho tiempo: una economía fuertemente concentrada, monopolizada y distorsionada a la par de un Estado débil para intervenir eficazmente en la economía a efecto de procurar bienestar social y el funcionamiento óptimo de los mercados.

La literatura económica y la evidencia señalan claramente que las instituciones juegan un rol crucial en el crecimiento y desarrollo. En este orden de ideas, los mercados funcionales dependen de raíces institucionales profundas. Si bien el Estado no debe reemplazar al mercado, sí debe proveer los cimientos básicos para su adecuado funcionamiento, por ejemplo, definiendo los derechos de propiedad, garantizando la seguridad jurídica y física de las personas y sus bie-nes, e instaurando un sistema de administración de justicia. Además, el Estado debe corregir una serie de fallas para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados y el suministro adecuado, de calidad y precio justo, de los servicios públicos indispensables para la sociedad.

En particular, cuando se trata de áreas como la competencia económica o sectores como el transporte, energía, telecomunicaciones y servicios financieros, los modelos modernos y exitosos de gestión pública exigen una forma especial y continua de control que privilegie la autonomía en la toma de decisiones, políticas de largo plazo y el uso de la técnica sobre consideraciones políticas o cortoplacistas. Es así como nacieron y se han consolidado alrededor del mundo los reguladores económicos.

El Estado es más eficaz para procurar la eficiencia de los mercados y el desarrollo de los diversos sectores cuando actúa a través de agentes sólidos dotados de arreglos institucionales especiales. Considerando las mejores prácticas internacionales, estos arreglos tienen que ver con la existencia de un mandato claro y explícito, una gama suficiente de atribuciones, grados importantes de autonomía, así como la suficiencia de recursos humanos y económicos. Sin estas características, el regulador pierde capacidad para cumplir con el objetivo de política pública que le ha sido encomendado.

Por otra parte, debido a que gozan de mandatos delegados con importantes espacios de discrecionalidad, autonomía y poder, los reguladores deben ser transparentes y rendir cuentas a los poderes públicos y la sociedad de forma efectiva, mostrando que privilegian el interés público en todo momento. Estos arreglos deben guardar un equilibrio que sólo se logra mediante una adecuada ingeniería institucional.

Los órganos reguladores mexicanos, en general, son sumamente frágiles a causa de su mal diseño institucional. Prácticamente todos presentan carencias e insuficiencias evidentes respecto de su mandato, atribuciones, autonomía y recursos económicos y humanos. Son también, en lo general, poco transparentes y tienen un bajo nivel de rendición de cuentas, lo que impide evaluar si están cumpliendo su mandato. Esto explica, en parte, el déficit de desempeño de los reguladores y, en algunos casos, la baja legitimidad y credibilidad de la que gozan.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en su reporte de México en 2007, recomendó ajustes al marco de los reguladores a efecto de mejorar la infraestructura en el país, incluyendo la asignación de recursos adecuados a la Comisión Federal de Competencia (CFC) y a los diversos reguladores sectoriales, así como incrementar la autonomía y facultades de los reguladores y fortalecer la cooperación interinstitucional entre éstos.

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, en el Índice Global de Competitividad 2009, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la política de competencia en todos los sectores, lo que incluye el fortalecimiento de los propios reguladores.

En fechas recientes, algunos centros de investigación mexicanos se han dado a la tarea de estudiar el tema. Por ejemplo, en octubre de 2009 el Centro de Estudios Espinosa Yglesias publicó el documento denominado “Evaluación del Desempeño de los Órganos Reguladores en México”, mismo que evalúa a la CFC, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Aunque en distintos grados, la conclusión arrojó un notorio déficit de desempeño aparejado de carencias institucionales. Trabajos recientes de la Red Mexicana de Competencia y Regulación impulsada por el Centro de Investigación para el Desarrollo también han detectado una grave fragilidad institucional en los reguladores y concluido que es necesario revisar y modificar su actual forma jurídica, misma que resulta obsoleta e inadecuada.

En virtud de lo anterior, y con el objetivo de identificar los principales retos y desafíos que enfrenta México en materia de regulación, la Comisión Especial para la Competitividad de la Cámara de Diputados realizó diversas mesas de análisis y discusión sobre la CFC, la CRE, la CNBV, la Cofetel  y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). En estas reuniones, reconocidos especialistas identificaron diversas áreas de oportunidad y coincidieron en la necesidad de fortalecer a los reguladores. En todos los casos, señalaron la conveniencia de incrementar los niveles de autonomía, así como de intensificar diversos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

La presente iniciativa propone fortalecer a los reguladores de forma sistémica, en lo que se refiere a una serie de arreglos comunes que deben caracterizar a dichas instituciones. En particular, busca (i) incrementar su nivel de autonomía, solidez institucional y posición en la administración pública federal, (ii) establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, (iii) fortalecer los requisitos de elegibilidad de los mandos individuales o colegiados y establecer una sana colaboración entre Poderes a efecto de procurar el nombramiento de los mexicanos más aptos, (iv) establecer medios jurídicos que permitan un mejor y más eficaz ejercicio del mandato de cada Órgano Regulador (v) fomentar la colaboración y el trabajo interinstitucional entre éstos y (vi) prever mecanismos adecuados de revisión jurisdiccional.

Cabe señalar que la Iniciativa busca establecer un diseño institucional único de los Órganos Reguladores en lo que se refiere a una serie de arreglos que deben ser comunes. Las leyes dispondrán para cada caso los arreglos específicos pertinentes, que serán adicionales y no sustitutos de los que plantea esta Iniciativa, como por ejemplo el mandato, atribuciones y procedimientos especiales.

La autonomía es la característica definitoria del regulador. Este elemento presupone la pertenencia pero a la vez sana distancia respecto del gobierno. Una primera dimensión consiste en que el regulador tenga la capacidad de adoptar resoluciones sin injerencia de los mandos superiores y ausente de cualquier tipo de interferencia política. No obstante, la autonomía también se ve fortalecida en las dimensiones presupuestal y administrativa.

De acuerdo con una encuesta realizada a 87 países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, en áreas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, energía, transporte y agua, se detectó que en el 67 por ciento de los casos existen reguladores autónomos, es decir, son autoridades separadas del Ministerio encargado de la política del sector. (United Nations Conference on Trade and Development, Survey of Infrastructure Services Regulators, March 2010.)

En México, la gran mayoría de los reguladores adoptan la figura de “órganos desconcentrados”, la cual es definida en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) como órganos administrativos “jerárquicamente subordinados” a las Secretarías de Estado con “facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso”. La figura fue concebida para atenuar los inconvenientes de la centralización y llevar la función administrativa fuera de la capital del país. Sin embargo, los reguladores a que se refiere esta Iniciativa son atípicos en la medida que tienen una serie de atribuciones originarias que no se sujetan al poder de instrucción y revisión de los mandos superiores (a excepción de la Cofetel). Lo anterior ha creado una constante confusión respecto de la verdadera naturaleza de los reguladores mexicanos, mismas que ha generado una serie de problemas prácticos.

En general, la figura de “órgano desconcentrado” es obsoleta para los reguladores económicos y genera una serie de problemas, como la interferencia política y tensión institucional (al ser órganos que forman parte de las Secretarías), fragilidad presupuestal, conflictos de interés y debilidad de interlocución frente al Titular del Ejecutivo y las dependencias y entidades de la administración pública federal. Adicionalmente, debido a su naturaleza de “órganos desconcentrados”, el Congreso de la Unión enfrenta límites importantes para legislar arreglos que podrían ser sumamente convenientes. Así, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la intervención del Senado de la República en los nombramientos de los comisionados, así como la obligación del regulador de entregar reportes al Congreso, resultan inconstitucionales, principalmente por violar el principio de división de poderes (acciones de inconstitucionalidad 26/2006 y 33/2006).

Por las razones anteriores, la iniciativa propone crear una nueva figura que formaría parte de la Administración Pública Centralizada, para que los reguladores tengan el mismo nivel que la Consejería del Ejecutivo Federal y las Secretarías de Estado, aunque con reglas especiales en materia de autonomía, transparencia y rendición de cuentas.

La autonomía es necesaria para evitar la interferencia política-burocrática y procurar la toma de decisiones autónoma, imparcial, objetiva y científica, pero no constituye un fin en sí mismo. Por ello, la Iniciativa reconoce la importancia de que los reguladores formen parte de la Administración Pública Central. De esta forma, aunque con grados importantes de autonomía, los reguladores quedan sujetos a leyes y políticas de corte transversal que garantizan una alineación a políticas generales de gobierno y a una vigilancia y tutela razonables por parte del Ejecutivo. Otras formas, como la autonomía constitucional y la descentralización, corren el riesgo de fraccionar y aislar la política regulatoria y debilitar al Estado en su capacidad de rectoría. La autonomía constitucional es un modelo de excepción para ciertas funciones políticas o sociales (a excepción de los bancos centrales). Por su parte, la descentralización, que opera bajo un sistema de jerarquía indirecta respecto del Ejecutivo (no necesariamente con mayor autonomía), fue diseñado para el ejercicio de funciones individuales de tipo empresarial o de asistencia social. Los reguladores, en cambio, ejercen funciones que deben converger a fines comunes, por lo que resulta indispensable que exista entre ellos cierta unidad de acción y propósito, lo que se logra con la pertenencia a la administración pública centralizada. Por último, cabe señalar que para el ejercicio de funciones de autoridad, no se requiere la personalidad jurídica y patrimonio propios, sino por el contrario, dichos atributos podrían imponer costos y cargas administrativas innecesarias.

La presente iniciativa propone una modificación al artículo 90 de la Constitución Política. Esto obedece básicamente a dos factores. Primero, por la conveniencia de que los reguladores gocen de un reconocimiento jurídico al más alto nivel. Y segundo, porque algunas reformas que se proponen a nivel de ley requieren en lo jurídico de ese respaldo constitucional, como por ejemplo la colaboración entre el Poder Ejecutivo y Legislativo (para nombramientos y reportes) y la facultad de que el Órgano Regulador emita su propio Reglamento Interior. Se propone, asimismo, reformar el artículo 73 de la Constitución Política para otorgar atribución expresa al Congreso de la Unión para legislar las bases del Órgano Regulador, así como el artículo 76, a efecto de que el Senado de la República ratifique a los mandos individuales o colegiados de los Órganos Reguladores, tal y como ya lo hace para otros casos.

Para reglamentar la nueva figura de Órgano Regulador, se elimina la figura de “departamento administrativo”, actualmente en desuso, y se establece la del Órgano Regulador como parte de la Administración Pública Centralizada, para lo cual se reforman los artículos 1 y 2 de la LOAPF.

Con estas reformas, algunas reglas generales contenidas en la LOAPF que son aplicables a las dependencias aplicarían de igual forma a los “Órganos Reguladores”, permitiendo, entre otras cosas, interlocución directa con el Titular del Ejecutivo y la Administración. Se propone en específico hacer aplicables a los Órganos Reguladores el artículo 7 (convocatorias del titular del Ejecutivo), artículo 10 (igualdad de rango), artículo 12 (formulación de proyectos de leyes o reglamentos), artículo 13 (refrendo), artículo 19 (expedición de manuales de organización), artículo 20 (servicios de apoyo administrativo), artículo 21 (comisiones intersecretariales), artículo 23 (comparecencias ante el Congreso) y artículo 25 (cooperación interinstitucional).

Es importante señalar que otras reglas deben ser aplicables únicamente a las Secretarías, dada la naturaleza de los Órganos Reguladores. Tal es el caso del artículo 11 (ejercicio de funciones por acuerdo del Ejecutivo), el artículo 16 (delegación de funciones) y el artículo 17 (creación de órganos desconcentrados). Mediante esta combinación se logra precisamente un equilibrio entre la autonomía y la pertenencia a la administración pública centralizada.

La propuesta modifica el artículo 15 de la LOAPF a efecto de prever la integración unipersonal o colegiada de los Órganos Reguladores, así como para establecer que será el Titular quien funja en representación del Órgano Regulador para efectos de las diversas disposiciones de aplicación general que exigen la intervención de un individuo para determinados actos.

Se reforma el artículo 18 de la LOAPF a efecto que sean los propios Órganos Reguladores quienes emitan su Reglamento Interior conforme a sus necesidades. Cabe señalar que esta propuesta no choca con la facultad reglamentaria del Ejecutivo federal, ya que bajo la presente Iniciativa la propia Constitución autoriza al Congreso para legislar los arreglos relativos a la autonomía de los Órganos Reguladores.

La iniciativa propone incorporar el capítulo II Bis denominado “De los Órganos Reguladores”, que incluye una serie de reglas especiales en materia de nombramientos, causales de remoción, función colegiada, recurribilidad de decisiones, emisión de normatividad secundaria, transparencia y rendición de cuentas y coordinación interinstitucional. Cabe señalar que, conforme el artículo 44 propuesto, las leyes podrán establecer arreglos específicos para cada caso.

En el artículo 44 Bis Primero se categoriza como Órganos Reguladores a las siguientes Comisiones: CFC, Cofetel, CRE, CNBV, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Cabe señalar que dentro de la administración pública existen otros cuerpos especiales que ejercen funciones regulatorias. No obstante, se estima que sólo deben incluirse dentro de esta nueva figura aquellas autoridades que: (i) regulen directamente a los particulares, (ii) intervengan en sectores económicos de alta trascendencia, (iii) se dediquen, entre otras cosas, a corregir o mitigar fallas de mercado, (iv) regulen la prestación de un servicio público o de una actividad de alto impacto colectivo. Es precisamente en estos casos donde la autoridad requiere mantener una sana distancia respecto del gobierno, así como de arreglos sólidos que disminuyan la influencia y eviten la captura de los grupos de interés regulados. Bajo la práctica internacional, es común denominador que los reguladores de solidez y autonomía especiales se desempeñan precisamente en las telecomunicaciones, energía, servicios financieros y competencia económica.

El artículo 44 Bis Segundo establece que el Ejecutivo designará a los mandos individuales o colegiados de los Órganos Reguladores, quienes tendrían que ser ratificados por mayoría por el Senado de la República o, cuando esté en receso, por la Comisión Permanente. Se establece un plazo de treinta días para que la instancia legislativa emita resolución al respecto. Asimismo, para evitar bloqueos que conduzcan a la ausencia de mandos se propone que ante dos rechazos sucesivos el titular del Ejecutivo quede en libertad para proceder al nombramiento sin ratificación, sin que pueda nombrar a las personas previamente propuestas. Este precepto propone establecer un régimen de elegibilidad común para todos los Órganos Reguladores, que privilegie los atributos cualitativos así como la experiencia afín y comprobada de los individuos propuestos. Este régimen, conjuntamente con la intervención del Senado de la República, procurará que los mexicanos más aptos lleguen a ocupar estas posiciones de alta responsabilidad. En lo que se refiere a los funcionarios actualmente nombrados por períodos fijos, este sistema operaría respecto de las futuras designaciones, a efecto de respetar los derechos adquiridos, así como para procurar una ordenada y gradual recomposición de los Órganos Reguladores. Cabe señalar que el artículo Transitorio Segundo establece que, para el caso de los primeros nombramientos por período fijo en mandos colegiados, éstos tendrán que darse de tal forma que opere un escalonamiento a futuro. Para tal efecto se permiten nombramientos distintos pero no mayores a 7 años. Para el caso de funcionarios que actualmente no desempeñen su cargo por un período fijo, el Titular del Ejecutivo contará con 30 días hábiles para someter su propuesta de conformidad con el mecanismo que plantea la Iniciativa.

El artículo 44 Bis Segundo también incorpora algunas reglas relativas al desempeño imparcial, ético y profesional de los mandos. Asimismo, el precepto aludido establece un período fijo de nombramiento de siete años, lo que coincide con la práctica internacional, renovable por un igual período a efecto de incentivar el buen desempeño con miras a una reelección. No procede la remoción durante el periodo de nombramiento salvo en los casos establecidos por ley. En este punto, la iniciativa especifica de forma concreta una serie de causales de remoción para ofrecer mayores condiciones de certeza jurídica y, aunque se conserva de forma residual la causal de “causa grave”, ésta deberá de ser notoria y estar debidamente justificada. En este orden de ideas, el titular del Ejecutivo conserva el poder de remoción, sin intervención de otro Poder, aunque con limitantes. Se establece de esta manera un equilibrio entre la autonomía y la debida vigilancia de un órgano que forma parte armónica de la administración pública federal.

El artículo 44 Bis Tercero establece una serie de reglas a efecto de garantizar el orden y la funcionalidad del cuerpo colegiado, en su caso. Entre otros, se propone que sea el titular del Ejecutivo quien nombre al Presidente o equivalente del Órgano Regulador, a efecto de evitar desgaste hacia el interior de la institución. Asimismo, se establece que el presidente representa al Órgano Regulador, aunque las deliberaciones deben hacerse de forma colegiada y las decisiones adoptadas por mayoría, teniendo el Presidente voto de calidad.

El artículo 44 Bis Cuarto establece que las decisiones de los Órganos Reguladores serán recurribles ante el propio órgano o directamente ante el Poder Judicial de la federación. Esta regla sería consistente con las mejores prácticas internacionales, que establecen la intervención directa de las instancias judiciales en ciertas materias; evita el fraccionamiento derivado de la coexistencia del juicio contencioso-administrativo y la revisión judicial; abona a la celeridad y calidad de la revisión jurisdiccional de decisiones de alto impacto en el interés público, y fomenta la creación y consolidación de criterios judiciales. Cabe señalar que esta regla actualmente aplica para el caso de la CFC, derivado de la jurisprudencia 30/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El artículo 4 Bis Quinto maximiza la facultad materialmente legislativa de los Órganos Reguladores”. Un regulador no puede actuar eficazmente si su actuar está constreñido por un régimen jurídico estático. Actualmente, según los criterios vigentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las reglas administrativas de carácter general encuentran una serie de límites formales y materiales (adicionales a la subordinación legal y reglamentaria) en la medida que la autoridad que las emite debe estar claramente habilitada por ley y las regulaciones deben limitarse a cuestiones “técnicas-operativas” (Tesis de Jurisprudencia 2a./J.7/2003, Registro 184950; y 2a./J.107/2004, registro 180700). Bajo este marco, muchas autoridades emiten normas de esta naturaleza, especialmente cuando regulan fenómenos dinámicos y complejos. Por ello, se considera pertinente habilitar a los Órganos Reguladores para que emitan regulación sobre cualquier disposición legal o reglamentaria para cuya aplicación tengan competencia, sin mayores límites que la subordinación a leyes y reglamentos. No se trata de una invasión de poderes o de un choque con la facultad reglamentaria del Ejecutivo, sino todo lo contrario, se trata de una herramienta jurídica que permite una mejor individualización de las leyes y reglamentos. Además, reglas generales de este tipo reducirían los márgenes de discrecionalidad del Órgano Regulador y facilitarían la revisión judicial. La propuesta encuentra plena viabilidad jurídica a raíz de las propuestas de reforma constitucional.

El artículo 44 Bis Sexto establece la obligación de fijar indicadores “ex ante” a efecto de permitir una evaluación “ex post”. Los informes tendrían que presentarse ante el Titular del Ejecutivo, el Congreso de la Unión y la sociedad. Este mecanismo haría más viable una efectiva rendición de cuentas que permita evaluar el desempeño del Órgano Regulador y su contribución.

En el artículo 44 Bis Séptimo se establecen una serie de mecanismos en materia de transparencia, como la obligación de hacer públicas todas las decisiones, incluyendo votos particulares, así como la sistematización y publicación de los criterios en que el Órgano Regulador basa sus decisiones. En particular, este último punto ha sido un faltante entre las autoridades administrativas mexicanas, lo cual resulta inadmisible para el caso de los Órganos Reguladores, que funcionan con espacios importantes de discrecionalidad y aplican una serie de conceptos jurídicos indeterminados. En conjunto, todos estos esquemas presionarían constantemente a la autoridad para hacer mejor su labor y someter sus decisiones al imperio de la razón. Por último, el mismo artículo prevé la realización de actividades en materia de difusión e información a efecto de que cada Órgano Regulador, además de sus responsabilidades primarias, fomente una cultura sobre la materia de que se trate.

El artículo 44 Bis Octavo incorpora una serie de disposiciones legales para fomentar el trabajo interinstitucional de los Órganos Reguladores, habida cuenta la necesidad de que actúen de forma congruente y consistente. Aunque con mandatos distintos, los diversos Órganos Reguladores tienen como fin último el procurar un mejor desempeño de los mercados, mayor inversión en los sectores regulados, mayores condiciones de competencia y el beneficio de los consumidores. Por ello, se prevé la obligación de compartición de información, capacitación recíproca y reunión periódica.

Por último, el artículo Segundo Transitorio establece que el Consejo de la Judicatura Federal establecerá tribunales especializados en materia económica, lo que incluiría la revisión de las decisiones de los Órganos Reguladores. Lo anterior, dentro del Primer Circuito, es decir, en los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito que ejercen jurisdicción territorial sobre el Distrito Federal. La razón de limitar la especialización a dicha zona obedece a dos razones. Primero, no resulta factible ni conveniente especializar a tribunales en todo el país; en muchos casos, y especialmente en ciertas zonas, la competencia de los tribunales es mixta precisamente porque la carga y tipo de asuntos no exigen la especialización o porque los recursos no permiten el establecimiento más tribunales de los estrictamente necesarios. Segundo, porque es en el Distrito Federal donde se ventilan los asuntos regulatorios de mayor trascendencia. Es importante que sean varios tribunales especializados y no sólo uno, a efecto de propiciar la formación de criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia mediante el esquema de contradicción de tesis.

La falta de especialización en el Poder Judicial ha servido de alimento a la parálisis regulatoria vía tribunales, ya que los asuntos cualitativos se pierden en lo cuantitativo. Desde el 2004 la OCDE señaló la falta de pericia económica y técnica dentro del sistema judicial mexicano, precisamente porque los tribunales no están especializados. Una buena práctica internacional consiste en especializar a tribunales para que los jueces adquieran mayor experiencia en los asuntos reguladores y de naturaleza económica. El conocimiento de la materia por parte de los jueces permite, entre otras cosas, (i) considerar a cabalidad las implicaciones económicas de las decisiones, (ii) desarrollar capacidad interna, (iii) no exagerar en el análisis de la forma, (iv) formar criterios sustantivos y (v) dar deferencia a las decisiones de alto impacto en el interés público, sin perjuicio de las garantías individuales (de forma consistente con la tesis de jurisprudencia establecida por la Suprema Corte, 1a./J.84/2006, Registro 173,957, que establece un nivel distinto de intensidad de revisión constitucional para el caso de normatividad con efectos económicos).

Por consistencia así como para evitar duplicidades y contradicciones, se reforman las leyes que rigen a los Órganos Reguladores, estrictamente en lo que se refiere a los arreglos comunes que se plantean. En este sentido, se reforman las siguientes leyes: Ley Federal de Telecomunicaciones, Ley Federal de Competencia Económica, Ley de la Comisión Reguladora de Energía, Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Por último, acorde a la mejor práctica internacional, se reforma la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal a efecto de que los Órganos Reguladores establezcan sus propios sistemas de servicio civil de carrera, tal y como sucede actualmente para el sector paraestatal.

En su conjunto, la iniciativa fortalece de forma integral a los Órganos Reguladores con miras a que el Estado mexicano tenga mejores herramientas para procurar y garantizar un mejor funcionamiento de los mercados y un mejor desempeño de los sectores económicos de impacto transversal en la economía nacional. Lo anterior es compatible con la responsabilidad constitucional del Estado mexicano en materia de rectoría económica, y con el rol moderno de los Estados de intervenir en las economías, no como productores o proveedores, sino como reguladores eficaces. Es parte de la receta para lograr el crecimiento y desarrollo al que México aspira.

Por lo expuesto sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en La Administración Pública Federal

Artículo Primero. Se adicionan una fracción XXIX-P al artículo 73 y un segundo párrafo al artículo 90, y se reforma la fracción II del artículo 76, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-O. ...

XXIX-P. Para expedir leyes que establezcan la organización y funcionamiento de los órganos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 90 de esta Constitución.

...

Artículo 76.Son facultades exclusivas del Senado:

I....

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, mandos individuales o colegiados de los órganos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 90 de la Constitución, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

III. a XII. ...

...

Artículo 90. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación.

La administración pública centralizada contará con Órganos Reguladores dotados de las atribuciones y autonomía en los términos que señalen las leyes.

...

Artículo Segundo.Se reforman el párrafo segundo del artículo 1; la fracción II del artículo 2; los artículos 7; 10; 11; 12; 13; 15; el segundo párrafo del artículo 16; los artículos 17; 19; 20; 21; 23; 24; 25; se adicionan un segundo párrafo al artículo 18; un capítulo II Bis al Título Segundo; eliminándose la referencia a los departamentos administrativos que hace el Capítulo II del Título Segundo, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 1.La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal.

La Presidencia de la República, las secretarías de Estado, los Órganos Reguladoresy la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, integran la administración pública centralizada.

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.

Artículo 2.En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada:

I.Secretarías de Estado;

II. Órganos Reguladores, y

III.Consejería Jurídica.

Artículo 7.El presidente de la República podrá convocar a reuniones de Secretarios de Estado, titulares de los Órganos Reguladoresy demás funcionarios competentes, cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno Federal en materias que sean de la competencia concurrente de varias dependencias, o entidades de la administración pública federal. Estas reuniones serán presididas por el Titular del Ejecutivo Federal y el Secretariado Técnico de las mismas estará adscrito a la Presidencia de la República.

Artículo 10.Las secretarías de Estado ylos Órganos Reguladores tendrán igual rango, y entre ellos no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna.

Artículo 11.Los titulares de las Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del presidente de la República.

Artículo 12.Cada Secretaría de Estado u Órgano Regulador formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del presidente de la República.

Artículo 13.Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el secretario de Estado o por el titular del Órgano Reguladorrespectivo, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías u Órganos Reguladores, deberán ser refrendados por todos los titulares de los mismos.

...

Artículo 15. Al frente de cada Órgano Regulador habrá uno o varios funcionarios según lo dispongan las leyes. Para efectos de esta ley se entiende por titular del Órgano Regulador, para el caso de mando unipersonal, el Director General, Presidente o su equivalente y, para el caso de mando colegiado, el Comisionado Presidente o su equivalente.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Órgano Regulador se auxiliará del personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

Artículo 16.Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refieren los Artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En los casos en que la delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de sección y de mesa de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, aquellos conservarán su calidad de trabajadores de base en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Los propios titulares de las secretarías de Estado y Órganos Reguladores también podrán adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las subsecretarías, Oficialía Mayor, y a las otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior.

...

Artículo 17.Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 18.En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado, que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias.

Los Órganos Reguladores emitirán su propio reglamento interior.

Artículo 19.El titular de cada secretaría de Estado y Órgano Regulador expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.

Artículo 20.Las secretarías de Estado y los Órganos Reguladores establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo federal.

Artículo 21.El presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias secretarías de Estado u Órganos Reguladores.

...

...

Artículo 23.Los secretarios de Estado y los titulares de los Órganos Reguladores, una vez abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos y deberán informar, además, cuando cualquiera de las Cámaras los cite en los casos en que se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus actividades. Esta última obligación será extensiva a los directores de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria.

Artículo 24.En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna secretaría de Estado para conocer de un asunto determinado, el Presidente de la República resolverá, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a qué dependencia corresponde el despacho del mismo.

Artículo 25.Cuando alguna Secretaría de Estado u Órgano Regulador necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a las normas que determine la Secretaría de la Función Pública.

Capítulo IIDe la competencia de las secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo federal

...

Capítulo II BisDe los Órganos Reguladores

Artículo 44. El presente capítulo aplica a la organización y funcionamiento de los Órganos Reguladores, sin perjuicio de lo que las leyes dispongan para cada caso.

Los Órganos Reguladores contarán con autonomía técnica, operativa, de gestión, de decisión y presupuestal.

Artículo 44 Bis Primero. Para el despacho eficaz de ciertos asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con los siguientes Órganos Reguladores:

Comisión Federal de Competencia,

Comisión Federal de Telecomunicaciones,

Comisión Reguladora de Energía,

Comisión Nacional Bancaria y de Valores,

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y

Los demás que señalen las leyes.

Los Órganos Reguladores tendrán el mandato y atribuciones que establezcan las leyes.

Artículo 44 Bis Segundo. El director general, presidente o comisionados de los Órganos Reguladores serán designados por el titular del Ejecutivo federal y ratificados por mayoría por el Senado de la República y, cuando se encuentre en receso, por la Comisión Permanente, con la misma votación.

En todo caso, la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver, vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como ratificado el nombramiento. Ante dos rechazos sucesivos, el Titular del Ejecutivo podrá proceder al nombramiento sin mediar ratificación, sin que puedan ocupar el cargo las personas propuestas previamente.

El director general, presidente o comisionados de los Órganos Reguladores deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser profesional en las áreas afines al objeto del Órgano Regulador;

III. Ser mayor de treinta y cinco años de edad y menor de setenta y cinco al momento de la designación;

IV. Haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales, del sector empresarial, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el  objeto del Órgano Regulador;

V. Tener experiencia profesional afín y comprobada de cuando menos cinco años,

VI. No tener litigio pendiente con el Órgano Regulador,

VII. No haber sido condenado mediante sentencia irrevocable por delito doloso, ni haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público,

VIII. No haber ocupado, durante los seis meses anteriores a la designación, cargos directivos en partidos políticos o de elección popular, y

IX. No tener ningún tipo de conflicto de interés.

Una vez en funciones, los funcionarios referidos deberán abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión pública o privada, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estarán impedidos para conocer de asuntos en que tengan interés directo o indirecto.

El director general, presidente o comisionados de los Órganos Reguladores serán designados para desempeñar su cargo por un período de siete años, renovable por única ocasión, y sólo podrán ser removidos por el Titular del Ejecutivo y en razón de cualquiera de las siguientes causas:

I. Causa que así lo amerite de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

II. Incapacidad mental o física,

III. Utilizar en beneficio propio o de cualquier tercero información reservada o confidencial,

IV. Proveer de forma dolosa información falsa para la toma de decisiones,

V. Participar en un asunto donde tenga conflicto de interés,

VI. Incumplir cualquiera de los requisitos, sea previo o posterior a la fecha de nombramiento,

VII. Ausentarse frecuentemente de sus funciones sin motivo o causa justificada, y

VIII. Causa grave, misma que deberá ser notoria y que deberá estar debidamente justificada. 

La vacante que se produzca será cubierta por la persona que designe el Ejecutivo Federal en términos de este artículo. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo, la persona que se designe para cubrirla durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida, pudiendo ser designada nuevamente, aunque por única ocasión, al término de ese período.

El presente artículo no aplica para los integrantes de la Junta de Gobierno, a excepción del presidente del Órgano Regulador, cuando las leyes prevean dicha modalidad.

Artículo 44 Bis Tercero. Para el caso de integración colegiada, se estará a lo siguiente:

a. El presidente del Órgano Regulador será elegido por el titular del Ejecutivo,

b. El Presidente del Órgano Regulador lo representará legalmente,

c. Los integrantes del Órgano Regulador deliberarán de forma colegiada, y

d. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, teniendo el presidente voto de calidad.

Artículo 44 Bis Cuarto. En la vía administrativa, contra los actos de un Órgano Regulador sólo podrá interponerse el recurso de revisión conforme a las disposiciones del Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o cualquier otro recurso previsto en ley, que en cualquier caso se resolverán por el propio Órgano Regulador. Fuera de esos casos, los actos del Órgano Regulador serán recurribles exclusivamente ante el Poder Judicial de la federación.

Artículo 44 Bis Quinto. Los Órganos Reguladores podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general sobre cualquier disposición legal o reglamentaria para cuya aplicación tengan competencia, sin mayores límites que la subordinación a las leyes y reglamentos.

Artículo 44 Bis Sexto. El titular del Órgano Regulador deberá presentar al titular del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, de forma bianual, un plan de trabajo así como un informe anual de desempeño, que incluya los resultados de las acciones, la consecución de los objetivos y los criterios que al efecto se hubieren aplicado. Ambos tendrán carácter público. Lo anterior, sin perjuicio del Artículo 23 de esta ley.

Artículo 44 Bis Séptimo. Los Órganos Reguladores deberán:

a) Hacer públicas todas sus decisiones, incluyendo los votos particulares en su caso;

b) Hacer públicas las actas de las sesiones del Pleno en su caso;

c) Si se tramitan procedimientos seguidos en forma de juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción II de la Ley de Amparo, prever una audiencia oral en la que sólo participarán las personas con interés jurídico en el procedimiento;

d) Sistematizar y publicar los criterios administrativos en que basan sus decisiones;

e) Publicar, cuando menos trimestralmente, una Gaceta para fines informativos, y

f) Realizar acciones tendientes a difundir el mandato y objetivos del Órgano Regulador.

Para el cumplimiento de sus obligaciones en términos del presente Artículo, los Órganos Reguladores podrán tomar las debidas salvaguardas para proteger los datos personales o la información confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 44 Bis Octavo. Los Órganos Reguladores tienen la obligación de:

I. Compartir información entre sí,

II. Fomentar el trabajo interinstitucional y la capacitación recíproca,

III. Transmitir, por oficio o a petición de parte, información sobre sus actuaciones y resoluciones, e

IV. Informar posibles actos ilícitos que caigan en la esfera de competencia de otro Órgano Regulador.

Los Órganos Reguladores deberán reunirse cuando menos dos veces por año a efecto de intercambiar información y experiencias sobre sus programas, metas, acciones y resultados. La participación de los titulares en estas reuniones será obligatoria. Las reuniones, así como las minutas correspondientes, serán públicas. Corresponde a la Comisión Federal de Competencia efectuar la convocatoria correspondiente.

Artículo Tercero. Se reforman los párrafos primero y último del artículo 9-A; los artículos 9-C y 9-E; y se derogan el segundo párrafo del artículo 9-B y el artículo 9-D, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es un Órgano Regulador en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la citada Comisión el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. a XVII. ...

Para los fines de la presente ley, al Órgano Regulador a que se refiere este artículo se le podrá denominar también como la comisión.

Artículo 9-B. El órgano de gobierno de la comisión es el pleno, que se integra por cinco comisionados, incluido su presidente.

(Se deroga segundo párrafo)

Para que el pleno pueda sesionar deberán estar presentes, cuando menos, tres comisionados.

Artículo 9-C. Los comisionados serán designados de conformidad con el artículo 44 Bis Segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 9-D. Derogado.

Artículo 9-E. Le corresponde al presidente de la comisiónel ejercicio de las siguientes facultades:

I.a VI. ...

Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 23; 25; 26; y el primer párrafo del artículo 28; y se deroga el artículo 27, todos de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 23.La Comisión Federal de Competencia es un Órgano Regulador en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y tendrá a su cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de esta ley.

Artículo 25.El pleno estará integrado por cinco comisionados, incluyendo al presidente de la comisión.

...

Artículo 26. Los comisionados serán designados de conformidad con el artículo 44 Bis Segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 27. Derogado.

Artículo 28.El presidente de la comisión tendrá las siguientes facultades:

I. a VI. ...

Artículo Quinto. Se reforman los artículos 1; primer y segundo párrafo del artículo 4; los artículos 5 y 7; y se deroga el artículo 6, todos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para quedar como sigue:

Articulo 1. La Comisión Reguladora de Energía es un Órgano Regulador en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 4. La comisión estará integrada por cinco comisionados, incluyendo al presidente.

Las decisiones de la comisión se inscribirán en el registro a que se refiere la fracción XVI del artículo 3 de esta Ley. En las decisiones fundadas y motivadas que sean aprobadas por la comisión no podrá alegarse un daño o perjuicio en la esfera económica de las personas que realicen actividades reguladas.

...

Artículo 5. Los comisionados serán designados de conformidad con el artículo 44 Bis Segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 6. Derogado.

Articulo 7. El Presidente de la Comisión tendrá las facultades siguientes:

...

Artículo Sexto. Se reforman los artículos 1; 5; 14 y 15 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para quedar como sigue:

Artículo 1. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un Órgano Regulador en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 5.La supervisión que realice la comisión se sujetará al reglamento interiory comprenderá el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección que le confieren a la Comisión esta Ley, así como otras leyes y disposiciones aplicables.

...

...

...

...

...

Artículo 14.El presidente es la máxima autoridad administrativa de la comisión y será designado de conformidad con el artículo 44 Bis Segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 15. Adicionalmente a lo previsto por el artículo 44 Bis Segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,el nombramiento del Presidente de la Comisión deberá recaer en persona que reúna los siguientes requisitos:

I. Haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera; y

II. No ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de las entidades.

No se incumplirá este requisito cuando se tengan inversiones en términos de lo dispuesto por el artículo 16 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores;

Artículo Séptimo. Se reforma el artículo 66 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para quedar como sigue:

Artículo 66.La inspección y vigilancia de las instituciones de fianzas, así como de las demás personas y empresas a que se refiere esta Ley, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la misma, queda confiada a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de esta Ley y del reglamento interior, la que además de las facultades y obligaciones que le atribuye esta propia Ley, se regirá para esos efectos en materia de fianzas y respecto de las instituciones y demás personas mencionadas, por las disposiciones relativas a la inspección y vigilancia de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Artículo Octavo. Se reforman los artículos 106 en su primer párrafo; el primer párrafo del artículo 108; y el segundo párrafo del artículo 108-B de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para quedar como sigue:

Artículo 106. La inspección y vigilancia de las instituciones y de las sociedades mutualistas de seguros así como de las demás personas y empresas a que se refiere esta Ley, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la misma, queda confiada a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de esta Ley y del reglamento interior.

...

...

...

Artículo 108. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un Órgano Regulador en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y tendrá las facultades siguientes:

...

Artículo 108-B. La Junta de Gobierno estará integrada por el presidente y vicepresidentes de la Comisión y por nueve Vocales. Cuatro Vocales serán designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, uno por el Banco de México, y uno por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. La propia Secretaría designará los otros dos vocales, quienes no deberán ser servidores públicos de la Dependencia. Por cada vocal propietario se nombrará un suplente.

El presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, quien será a su vez presidente de la Junta de Gobierno, será designado de conformidad con el artículo 44 Bis Segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

..

...

Artículo Noveno. Se reforma el artículo 10 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 10. El presidente de la comisión será designado de conformidad con el artículo 44 Bis Segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Adicionalmente a lo previsto por el artículo 44 Bis Segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,el presidente de la comisión deberá reunir los requisitos siguientes:

I. No tener nexos patrimoniales con los accionistas que formen el grupo de control de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro sujetos a la supervisión de la Comisión, ni con los funcionarios de primer y segundo nivel de los mismos, así como no ser cónyuge ni tener relación de parentesco consanguíneo dentro del segundo grado con dichas personas;

II. No ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro.

La limitación consistente en no ser accionista de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro no será aplicable tratándose de las acciones del capital variable emitidas por Sociedades de Inversión en las que participe como trabajador.

Artículo Décimo. Se reforma el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada.

Las entidades del sector paraestatal y los Órganos Reguladores previstos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal podrán establecer sus propios sistemas de servicio profesional de carrera tomando como base los principios de la presente ley.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los servidores públicos a que se refiere el artículo 44 Bis Segundo que con anterioridad a la publicación de este decreto hayan sido nombrados por períodos fijos, continuarán con su encargo hasta la conclusión del período para el cual fueron designados.

Para el caso de integración colegiada, los primero nombramientos que se realicen de conformidad con el artículo 44 Bis Segundo se harán por periodos de tiempo que busquen el escalonamiento de los nombramientos, sin que éstos excedan del periodo estipulado en dicho artículo. El periodo de los nombramientos comenzará a correr a partir de que finalice el nombramiento del comisionado saliente, independientemente de la fecha en que se haya realizado la nueva designación.

Para el caso de los servidores públicos que a la fecha de publicación de este Decreto hubieren sido nombrados sin período fijo determinado, el Titular del Ejecutivo contará con 30 días hábiles para someter sus propuestas en términos de lo dispuesto por el artículo 44 Bis Segundo.

Tercero.Los Órganos Reguladores emitirán su reglamento interior dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este Decreto. En cualquier caso, los reglamentos interiores vigentes a la fecha de publicación de este Decreto tendrán validez en tanto los nuevos no sean emitidos.

Cuarto.Dentro de los 90 días siguientes a la publicación de este Decreto, el Consejo de la Judicatura, en el marco de sus atribuciones establecidas en el artículo 81 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, organizará Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito especializados en materia económica, en el Primer Circuito, que conocerán, entre otras, las controversias que se susciten con motivo de las resoluciones y actos emitidos por los Órganos Reguladores.

Quinto. Los Órganos Reguladores se entenderán con la naturaleza jurídica que este Decreto les otorga para efecto de las referencias que se hagan en otros ordenamientos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los ocho días del mes de febrero de 2011.— Diputados: Alberto Cinta Martínez, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Norma Sánchez Romero, Mario Alberto di Costanzo Armenta, César Daniel González Madruga, Nancy González Ulloa, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Israel Reyes Ledesma Magaña, Vidal Llerenas Morales, Armando Ríos Piter, María Teresa Ochoa Mejía, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para dictamen, y a las Comisiones de Comunicaciones, de Economía, de Energía y de la Función Pública para opinión.



LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

En el mismo acto presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adelante, diputado.

El diputado Alejandro Cano Ricaud:Con su venia, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, presento como presidente de la Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación dos iniciativas: la primera reforma la fracción II del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, y la segunda modifica el artículo segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La industria de exportación de un país emergente es el punto clave a partir del cual se relaciona y se enfrenta con el mercado mundial. Es el sector con mayor potencial para aumentar la productividad del trabajo, los salarios, el crecimiento y el desarrollo económico.

Sin embargo, el aumento de la calidad y cantidad de las exportaciones demanda de una importante coordinación institucional y de la suma de amplias energías sociales, ascender institucionalmente hacia industrias de mayor valor agregado, demanda una participación coordinada entre empresas nacionales y extranjeras, universidades, gobierno local y federal, inversionistas y la sociedad en general. Demanda también que el Estado sea capaz de pensar y actuar con una visión de largo plazo y tenga ambición de una trascendencia histórica.

Un buen indicador de la debilidad institucional de un país es la superabundancia y excepción de regulaciones normativas acompañadas de serios problemas de gestión. En este sentido, la Comisión Especial para la industria manufacturera de exportación se ha propuesto como una de sus funciones sustantivas escuchar a los actores relevantes de la industria y favorecer su coordinación.

En coordinación con este esfuerzo hemos abierto desde nuestra comisión especial una línea de acción a seguir a partir de la cual buscamos corregir parte de las irregularidades jurídicas que obstaculizan, dificultan y entorpecen la actividad comercial. Las dos iniciativas que presento van orientadas precisamente a brindar una mayor certidumbre jurídica para el sector manufacturero exportador.

Asimismo, en el punto seis del orden del día de hoy presentamos también que fue turnada a la Comisión de Hacienda, la relativa al impuesto a tasa única, que se incluye dentro de estas dos iniciativas que van también con el único objeto de darle mayor certidumbre jurídica al sector manufacturero de exportación y, sobre todo, poder ayudarles a planear a largo plazo para que se dé una generación constante de empleos en éste mismo.

La primera iniciativa reforma la fracción II del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos para resolver una incongruencia en las tarifas de trámite aduanero. Actualmente dichas tarifas de derechos de trámite aduanero presentan dos problemas centrales.

En primer lugar, el cobro discrepante sobre el valor de los activos fijos que se incorporan en contraposición a la que comprende un pago de derechos, el cual debería aplicar una cuota fija que representa el costo en el que incurre el órgano público por la presentación de dicho servicio.

En segundo lugar, dicho trámite aduanero incurre en el error de aplicar el cobro del derecho cuantas veces cambie el bien de ubicación geográfica, aun en el territorio nacional; inclusive dentro de un mismo parque industrial.

Para eliminar esta incongruencia proponemos establecer una cuota fija de 222.9 pesos por pedimento, cantidad similar a la prevista actualmente para la importación temporal de mercancías distintas a los activos fijos mencionados, que es precisamente el artículo 49, fracción II.

Con esto termino mi primera iniciativa y presento en acto seguido, señor presidente, la segunda. Dentro de la segunda iniciativa que proponemos se modifica el artículo segundo transitorio a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual define que los inversionistas extranjeros no constituirán establecimiento permanente dentro de las empresas maquiladoras, sin periodos o vigencia para tal figura.

Dicha propuesta surge como demanda por parte de las empresas albergue o shelters, como se les conoce, las cuales juegan un papel importante en la promoción de la industria exportadora mexicana y ofrecen la oportunidad a los inversionistas extranjeros de encargarse de las actividades organizativas y administrativas; de tal forma que éstos pueden enfocarse únicamente en las labores de producción y de diseño.

Sin embargo, la actividad de las empresas albergue o shelters se encuentra amenazada por un vacío jurídico que de no resolverse conduciría a la pérdida de estas empresas y, por consiguiente, a la pérdida de miles de empleos que se generan a través de las mismas ya en el país.

Por lo que bajo este escenario, la operación de dichas empresas está en función de la vigencia de las disposiciones relativas a la residencia de los inversionistas extranjeros, contenidas, precisamente, en un decreto presidencial de 2007, que vence en 2012.

Precisamente, es importante fijar esta posición, para que se turne a la Comisión de Hacienda y se le pueda dar la importancia a las empresas albergue o shelters, para que en enero de 2012 no se pierda esta disposición y pueda ser definitiva su estancia en el país.

Nuestra propuesta consiste, precisamente, en eso. En mantener de manera definitiva dicho decreto. Al incluirse esta precisión dentro del la Ley del Impuesto sobre la Renta otorgamos una mayor certeza jurídica a las empresas nacionales que se dedican a este esfuerzo de promoción, para que puedan llevar a cabo su actividad sobre la base de un marco legal más estable y definitivo.

Nuestro objetivo como comisión especial es, sin duda, ayudarle a la industria manufacturera de exportación, para que de la misma, que ya el día de hoy genera poco más de 2 millones de empleos, pueda tener una planeación de largo plazo y de esta manera podamos ser lo suficientemente hábiles como país, de ser atractivos a esta inversión, generar más empleos a través de empresas de mucho mayor valor agregado y poder darle una mayor calidad de vida a los mexicanos.

La industria manufacturera de exportación siempre ha estado regida por este tipo de decretos y lo que estamos pidiendo, analizando y pidiéndole a la Comisión de Hacienda es que lo revisen con el mayor interés posible, para que a través de esta industria podamos darle una mayor generación de empleos a nuestro país.

Una mayor generación de empleos con mayor valor agregado y que nuestro país pueda entrar en otro tipo de dimensiones de transferencia de tecnología, etcétera.

Por eso, les agradezco compañeras diputadas y compañeros diputados su atención y le pido, le solicito a la Mesa Directiva incorpore de forma íntegra dichas iniciativas al Diario de los Debates, por su atención compañeras y compañeros, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Alejandro Cano Ricaud, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Importancia e impacto de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX). Desde hace más de cuatro décadas, la industria maquiladora (ahora industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) ha sido un importante motor de la economía: durante las décadas de los 70 y los 80 fue una fuente generadora de divisas; en los 80 fue gran generadora de empleo; en los 90 la industria ya había tomado gran importancia como generadora de impuestos; y desde el 2000 hasta la fecha, ha consolidado su posición en los tres rubros señalados; cabe destacar que también se ha consolidado como importante generadora de desarrollo tecnológico y motor de la industrialización del país.

El desarrollo de la industria maquiladora se puede caracterizar por cuatro etapas:

1. Ensamblaje;

2. Manufactura e integración vertical;

3. Alta tecnología;

4. Valor agregado y el desarrollo de servicios logísticos.

El objetivo de la política económica debe ser escalar dichas etapas en la cadena de valor pues ello supone un aumento de las capacidades nacionales de aprendizaje tecnológico e institucional. Al mismo tiempo, supone el ascenso hacía actividades de alto valor agregado que demandan conocimiento y trabajo altamente calificado y experimentado. Dicho ascenso sustentado en una mayor productividad supone también la capacidad de sostener salarios elevados y ganancias superiores.

Diversos estudios destacan que la industria manufacturera y maquiladora de exportación cumple un rol relevante en la economía nacional, los cuales destacan que desde el establecimiento de las primeras empresas maquiladoras en México, el crecimiento anual de empleo fue aproximadamente del 10 por ciento, contrastándolo con el promedio nacional del 2 por ciento. Por tanto, los objetivos de la industria maquiladora de crear fuentes de empleo, fortalecer la balanza comercial del país, elevar la competitividad internacional de la industria mexicana y fomentar la capacitación de los trabajadores, junto con el impulso del desarrollo y la transferencia de conocimiento y tecnología moderna en la nación, se han cumplido reiteradamente, no obstante a los periodos de altas y bajas en el entorno económico internacional.

Además de lo ya señalado, industria maquiladora también se destaca por su gran contribución a los programas de contratación de personal con capacidades diferentes, contratación y capacitación de la mujer, lo cual según demuestran estudios sociológicos, ha contribuido a lo largo del tiempo, a modificar positivamente el núcleo familiar en muchas poblaciones en las que tradicionalmente se ha asentado la maquila, con madres mejor preparadas que infunden en el seno familiar una cultura de mayor compromiso y responsabilidad social.

La importancia de la IMMEX se puede resumir en las siguientes estadísticas:

En enero de 2010, en el país existía un universo total de 5 mil 267 empresas con programa IMMEX, ocupando a un total de 1 millón 702 mil 164 trabajadores directos registrados en el IMSS. Se calcula que por cada empleo directo se generan al menos tres indirectos, por lo que dependen de la IMMEX al menos 5.1 millones de  trabajadores. En 2008 y 2009, después de las exportaciones petroleras, la IMMEX ha ocupado el segundo lugar nacional en generación de divisas. El siguiente gráfico muestra las aportaciones de los sectores generadores de divisas:

En el mismo periodo las exportaciones de la IMMEX fueron superavitarias representando 198 por ciento de la IED; 201 por ciento de los ingresos del turismo; 107 por ciento de las remesas familiares; y 73 por ciento de las exportaciones petroleras (ver gráfico 2).

Además, se puede afirmar que, hoy día, la IMMEX genera un impacto positivo y que tiene vinculación con:

• Desarrollo e infraestructura regional;

• Empleo formal, respeto pleno a derechos constitucionales de   trabajadores y nueva cultura laboral;

• Diversificación de la inversión extranjera y transferencia de tecnología;

• Desarrollo social vía trabajo productivo y mano de obra calificada;

• Industria limpia y desarrollo sustentable.

La IMMEX, compite con grandes economías como China, Tailandia, Malasia y países Centroamérica.  En este entorno algunos puntos resultan cruciales para mantener un avance en el sector y mantenerse en los primeros lugares en esta competencia:

• La pérdida de competitividad particularmente en la frontera norte;

• El deterioro de la dinámica de inversiones en la industria, como consecuencia de la falta de certidumbre jurídica;

• La incertidumbre fiscal:

• La sobre regulación para la industria;

• La falta de proveedores nacionales certificados

Armonización y simplificación de trámites comerciales.

Ligado al tema de la sobre regulación para la industria también se encuentra el tema de la facilitación comercial a la cual se ha prestado más atención en épocas recientes y se ha destacado como  una parte importante en los determinantes de la competitividad de los países y para el ambiente que estos ofrecen para la actividad económica internacional. Consideramos que la simplificación y armonización de procedimientos de comercio internacional es parte de una estrategia integral para promover y estimular las actividades de la industria manufacturera de exportación; y, en este sentido, se debe de fomentar aún más la competitividad de ésta industria.

Desde diversos enfoques e instituciones (CFC,WEF,CIDE,IQOM) se ha reconocido ampliamente que la facilitación comercial es uno de los aspectos claves de la competitividad internacional y el impulso a las exportaciones, esto es, la simplificación y armonización de procedimientos de comercio internacional (según la definición del a OCDE)  en la que confluyen aspectos relacionados con la estructura arancelaria, regulaciones y restricciones no arancelarias; aspectos de infraestructura y logística, la mejora regulatoria y los procedimientos aduaneros, entre otros.

De acuerdo con estimaciones del BM si México implementara políticas de facilitación comercial podría aumentar su flujo comercial como exportador en un total de 17.3 mil millones de dólares. Actualmente la política económica del país ha  prestado atención a esta problemática y ha declarado como prioritarias algunas áreas de facilitación comercial tales como:

1. Reducción de restricciones al comercio exterior, ya que un buen indicador de la debilidad institucional de un país es la superabundancia y extensión de regulaciones, normalmente acompañada de serios problemas de gestión.

2. Política arancelaria orientada a eliminar las incongruencias arancelarias, a disminuir la carga impositiva y la dispersión arancelaria.

3. Logística en las cadenas de valor.

4. Valor agregado, tecnología y servicios, en donde se busca un escalamiento de la producción a segmentos con mayor valor agregado y mayor intensidad tecnológica, ya existe una estrecha relación entre la posición en la cadena de valor de un país y los niveles salariales

5. Uso de tecnologías de la información, en los procedimientos y operaciones de comercio exterior.

En esta iniciativa consideramos una problemática específica en los derechos de trámite aduanero; buscamos simplificar los trámites, armonizar los conceptos con los estándares internacionales y facilitar el tránsito de mercancías con fines productivos.

Actualmente, las tarifas de derechos de trámite aduanero presentan dos problemas centrales: En primer lugar, éstos son cobrados sobre un porcentaje del valor del activo fijo que se importa, lo cual no obedece a la lógica de lo que debiera ser el pago de un derecho, ya que éste no se debe calcular en función del valor, sino que debe fijarse como una cuota fija que represente el costo en el que incurre el órgano público para la prestación de dicho servicio y al mismo tiempo encarece y desinhibe la importación de los activos fijos necesarios en la producción, en segundo lugar, el derecho de trámite aduanero se cobra tantas veces como el activo fijo cambie de localización, aun dentro del mismo territorio nacional o aún de un parque industrial a otro; en dichos casos se debe emitir una “exportación virtual” y luego una “importación virtual” y pagar nuevamente el DTA tantas veces como el activo fijo cambie de domicilio; aun cuando el activo en cuestión no haya abandonado nunca el territorio nacional.

Detallando más el problema, el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos establece el derecho de trámite aduanero (DTA). Dicha contribución se causa por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, conforme a las tasas o cuotas previstas en el precepto referido.

Dicho numeral establece en su fracción II la tasa aplicable para la importación temporal de bienes de activo fijo que efectúen las empresas con programa IMMEX, en los siguientes términos:

“Artículo 49. Se pagará el derecho de trámite aduanero, por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, conforme a las siguientes tasas o cuotas:

I. ...

II. Del 1.76 al millar sobre el valor que tengan los bie-nes, tratándose de la importación temporal de bienes de activo fijo que efectúen las maquiladoras o las empresas que tengan programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía o, en su caso, la maquinaria y equipo que se introduzca al territorio nacional para destinarlos al régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados.

...”

Como puede observarse, en el caso referido el DTA se calcula sobre un porcentaje del valor de los activos fijos que se importan temporalmente. Esta fórmula para el cálculo del DTA es inadecuada por lo siguiente:

a) Por un lado resulta inconveniente desde el punto de vista económico, porque se encarece innecesariamente la importación de los activos fijos, principalmente maquinaria y equipo importados para realizar procesos productivos. Se desinhibe la importación de maquinaria costosa.

Sabemos que la naturaleza de los Derechos, es la de una contraprestación que el particular paga al órgano público por un servicio recibido. En el caso que nos ocupa, el servicio en cuestión es precisamente el que presta la aduana para la importación de las mercancías. Es de explorado derecho que el importe a pagar por los servicios como el que nos ocupa, es decir, el importe del Derecho a pagar, debe corresponder al costo en que incurre el órgano público para la prestación de dicho servicio. En ese sentido, el importe del Derecho no está orientado a generar un ingreso público más allá del costo por la prestación del servicio. A diferencia de los impuestos (en este caso el impuesto general de importación –IGI-), en los que no existe dicha vinculación con el costo del servicio prestado, sino que la contribución se causa por la realización del hecho imponible, y en cuyo caso el importe del impuesto se calcula sobre la fuente de riqueza gravada, que sí puede ser el valor de la mercancía importada (en el caso del IGI).

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el IGI por la importación de la mercancía (mismo que está vinculado al valor de la mercancía importada) se paga al momento de la importación –incluso si se trata de importación temporal- salvo que la importación correspondiente esté exenta por la tarifa misma del IGI o por la aplicación de la tasa PROSEC o del trato arancelario preferencial derivado de algún tratado de libre comercio. Por lo cual es evidente que el importe del DTA debería estar vinculado con el costo del servicio aduanero, en vez de relacionarse con el valor de la mercancía.

Dicho de otra forma, si el DTA se vincula al valor de la mercancía, se desincentiva la importación de maquinaria y equipo para producir, debido a que se encarece innecesariamente dicha importación de los bienes productivos. En cambio, si el importe del DTA se determina en función del costo del servicio, se elimina el carácter distorsionador del DTA y se mantiene dicha contribución apegada al concepto del Derecho, tal como se encuentra previsto en la fracción IV del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación (CFF), que a la letra reza:

“Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

I a III. ...

IV. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

...”

b). Desde el punto de vista estrictamente jurídico, es ina-propiado determinar el monto del derecho de trámite aduanero con base en el valor de la mercancía, ya que no se trata de un impuesto, por lo que no es correcto tomar como base para éste, el valor de las mercancías sujetas a la importación o exportación. Asimismo, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que es inconstitucional determinar el monto del derecho en base en el valor de la mercancía, debido a que el importe del derecho debe corresponder al costo del servicio prestado; esto, aunado a que no se respeta el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, el cual sostiene lo siguiente: “Contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del estado y el municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. Cuando en materia de derechos se establece una cuota o tarifa aplicable a una base cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, ya que este sistema únicamente es aplicable a los impuestos, pero no puede aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta a la de los impuestos.

Asimismo, en el artículo VIII del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT), establece lo siguiente:

“Derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación

1. a) Todos los derechos y cargas de cualquier naturaleza que sean, distintos de los derechos de importación y de exportación y de los impuestos a que se refiere el artículo III, percibidos por las partes contratantes sobre la importación o la exportación o en conexión con ellas, se limitarán al coste aproximado de los servicios prestados y no deberán constituir una protección indirecta de los productos nacionales ni gravámenes de carácter fiscal aplicados a la importación o a la exportación.

b) Las partes contratantes reconocen la necesidad de reducir el número y la diversidad de los derechos y cargas a que se refiere el apartado A.

c) Las partes contratantes reconocen también la necesidad de reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de importación y exportación y de reducir y simplificar los requisitos relativos a los documentos exigidos para la importación y la exportación.*

2. Toda parte contratante, a petición de otra parte contratante o de las partes contratantes, examinará la aplicación de sus leyes y reglamentos, teniendo en cuenta las disposiciones de este artículo.

3. Ninguna parte contratante impondrá sanciones severas por infracciones leves de los reglamentos o formalidades de aduana. En particular, no se impondrán sanciones pecuniarias superiores a las necesarias para servir simplemente de advertencia por un error u omisión en los documentos presentados a la aduana que pueda ser subsanado fácilmente y que haya sido cometido manifiestamente sin intención fraudulenta o sin que constituya una negligencia grave.

4. Las disposiciones de este artículo se harán extensivas a los derechos, cargas, formalidades y prescripciones impuestos por las autoridades gubernamentales o administrativas, en relación con la importación y la exportación y con inclusión de los referentes a:

a) Formalidades consulares, tales como facturas y certificados consulares;

b) Restricciones cuantitativas;

c) Licencias;

d) Control de los cambios;

e) Servicios de estadística;

f) Documentos que han de presentarse, documentación y expedición de certificados;

g) Análisis y inspección;

h) Cuarentena, inspección sanitaria y desinfección.”

De esta forma, el cobro del DTA resta congruencia con los acuerdos internacionales de comercio existentes en la OMC.

Con base en esto, el DTA rompe la correspondencia que debe existir entre el objeto de una contribución y su base; puesto que existe relación entre el valor de las mercancías y la cantidad que debe pagarse por DTA, lo que consecuentemente genera que su cobro sea violatorio del principio de proporcionalidad.

De esta forma, se propone modificar la fracción II del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, para que el importe del derecho por la importación temporal de maquinaria y equipo para empresas con programa IMMEX, se determine con una cantidad fija, relacionada con el costo del servicio, en vez de calcularse sobre un porcentaje del valor de la mercancía. El importe de dicho DTA fijo se propone ascienda a 222.90 pesos por pedimento, cantidad similar a la prevista actualmente para la importación temporal de mercancías distintas a los activos fijos mencionados (artículo 49 fracción III de la LFD). Esta cantidad se argumenta en el sentido de que actualmente la cuota es de 223 pesos, monto que se va ajustando año con año conforme lo señala el artículo 1o. de la LFD:

“Artículo 1o. ...

Las cuotas de los derechos que se establecen en esta Ley se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del índice nacional de precios al consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10 por ciento. Esta actualización entrará en vigor a partir del primero de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada, se considerará el periodo comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado.”

En cuanto a las importaciones virtuales y cambio de régimen de maquinaria y equipo, se propone del mismo modo limitar el importe del derecho a pagar por lo siguiente:

Se debe considerar que cuando una maquinaria o equipo se va a transferir a otra empresa IMMEX, o se va a cambiar de régimen, necesariamente dicha maquinaria o equipo al momento de la importación ya había sido gravada al realizarse el ingreso al país, así como el respectivo pago por el DTA en los términos expresados arriba, en función del valor de la maquinaria o equipo. De esta manera debería eximirse el pago por dicho derecho ya que esto constituiría un segundo o hasta tercer pago del DTA sobre la misma mercancía.

Por estas razones se propone que tratándose de pedimentos de importación virtual (transferencias) o cambios de régimen de la maquinaria y equipo, el DTA se pague sobre una cantidad fija por cada pedimento, cantidad que se propone en los 222.90 pesos por pedimento mencionados anteriormente.

De esta manera, con el cobro por transferencias o cambio de régimen se generan desincentivos fiscales para las empresas de la IMMEX, debido a la fuerte carga fiscal contenida dentro de esta transacción, tal es el caso del cobro del IVA, el cual deberá liquidar en la aduana donde se esté llevando a cabo dicha operación de cambio de régimen, así como el pago del impuesto general de importación.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa que reforma la fracción II del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos

Artículo Primero.Se reforma la fracción II del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

“Artículo 49. Se pagará el derecho de trámite aduanero, por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, conforme a las siguientes tasas o cuotas:

I. ...

II. Tratándose de importaciones temporales de bienes de activo fijo que efectúen las empresas con programas autorizados por la Secretaría de Economía (industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación: IMMEX), incluso mediante pedimentos virtuales y los cambios de régimen a importación definitiva de dichos bienes o, en su caso, la maquinaria y equipo que se introduzca al territorio nacional para destinarlos al régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados: 223.00 pesos.

Transitorio

Único.Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Banco de México y SHCP-AGA.

2 World Economic Forum. The Global Enabling Trade Report 2009.Análisis de la competitividad del comercio internacional, elaborado por Word Economic Forum, a cargo de Sean Doherty, publicado en 2009. CIDE: Impacto de la regulación del comercio exterior en la competitividad y el bienestar económico, estudio preparado por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) para la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.— Diputados: Alejandro Cano Ricaud, Víctor Roberto Silva Chacón, Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, Jaime Flores Castañeda, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Benjamín Clariond Reyes Retana, Luis Antonio Martínez Armengol, María del Carmen Izaguirre Francos, Maurilio Ochoa Millán, Ana Georgina Zapata Lucero, Laura Felícitas García Dávila (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado Cano. Tal como lo solicita el texto íntegro de su propuesta se inserta en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

El diputado Alejandro Cano Ricaud:

«Iniciativa que reforma el artículo segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Alejandro Cano Ricaud, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica un transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A partir de la década de los noventa, sustentado en una nueva base tecnológica centrada en las tecnologías de la información y las comunicaciones, se consolida un nuevo modelo de desarrollo y competencia en la economía mundial al que hoy se le denomina economía informática, sociedad o economía del conocimiento, globalización, etcétera. Uno de los principales cambios que se observan en la economía mundial es el hecho de una creciente “globalización de la producción”, lo cual implica que la producción se dispersa geográficamente en todo el mundo a través de redes globales de producción pero manteniendo un centro que coordina y controla las operaciones productivas. Dicha característica ha complejizado dramáticamente la organización de la producción y las implicaciones para las empresas y localidades que se insertan en ella; el concepto de maquila no es suficiente para dar cuenta de los altos niveles de complejidad y coordinación implicados en la industria manufacturera contemporánea.

Sobresalen algunos efectos en la producción en esta nueva fase de la economía:

a) Transformación profunda de las actividades productivas; automatizando procesos e integrando en línea el diseño, las manufactura, inventarios, ventas, administración, etcétera.

b) En el marco de la integración de actividades, el diseño se convierte en la actividad fundamental por su capacidad para transformar productos y procesos de manera cada vez más acelerada y ampliada.

c) Incremento de la capacidad humana para generar valor y riqueza por medio de efectos cuantitativos (aumento de productividad) y cualitativos (calidad y variedad) que devuelven al trabajo su condición compleja (trabajo en equipo, iniciativa, etcétera).

d) Formación de redes entre múltiples unidades productivas, integrando a proveedores y usuarios para generar grandes economías de abastecimiento.

e) Organización de la RGP en enormes y complejas bases de datos y medios de procesamiento cada vez más avanzados de procesamiento de información, gracias a los cuales se integra producción y distribución.

Esta creciente globalización de la producción implica una creciente internacionalización y complejización de las actividades productivas a través de distintos países con distintos niveles de desarrollo. Los agentes principales en esta nueva estructura económica son las corporaciones trasnacionales (CTN), ellas coordinan y mantienen el control de la cadena de producción al o largo del mundo. En este nuevo contexto, los países en desarrollo y las economías en transición, para buscar un mejor lugar en la división internacional del trabajo, llevan a cabo significativos esfuerzos para competir y atraer inversión extranjera directa (IED) “de calidad” al mismo tiempo que buscan asegurar beneficios efectivos de esta IED, especialmente el acceso a nuevas tecnologías, prácticas organizacionales y empleos de calidad.

La creciente globalización, en cifras, ha implicado que el PIB global y la formación bruta de capital fijo se ha incrementado por un factor de 4 y las exportaciones por un de 10 durante el periodo 1982-2005, los indicadores relacionados con la expansión global de CTN han aumentado por un factor de 7 al considerar las exportaciones de filiales extranjeras; se han incrementado explosivamente en un factor de 10 en el caso de existencias de IED, ventas de filiales extranjeras y de ingresos por regalías y factor de 20. En otras palabras, el último cuarto de siglo ha atestiguado la irrupción de los sistemas internacionales de producción de las corporaciones trasnacionales.

De las principales 100 CTN no financieras 59 de ellas son manufactureras, 30 ofrecen servicios y 11 son de compañías de recursos naturales. Entre las manufacturas las principales actividades corresponden a las industrias automotriz (13), farmacéutica (11) y de equipo eléctrico y electrónico (10). Las principales actividades de servicios son telecomunicaciones (10), electricidad, gas y agua (9) y comercio al menudeo (8). Las compañías de recursos naturales se concentran en petróleo (9) y minería (2).

Las principales estrategias que llevan a las CTN a invertir en el extranjero son la búsqueda de acceso a mercados para las manufacturas (como automóviles y productos farmacéuticos) y servicios (como telecomunicaciones y electricidad); la búsqueda de eficiencia de la producción o exportación o exportación de automóviles y equipo eléctrico y electrónico, y la búsqueda de ciertos recursos naturales, como en la extracción de petróleo y minerales.

En el contexto de esta nueva economía política global, los países en desarrollo tienden a usar políticas activas orientadas a atraer IED y operaciones de las CTN de calidad o prioritarias que coincidan con las prioridades de cada país. Al mismo tiempo, las CTN dividen y se especializan cada vez más en sus actividades, especialmente en aquellas de mayor valor agregado o mayor intensidad de conocimiento tecnológico. Las CTN buscan desembarazarse de actividades secundarias o accesorias y buscan subcontratar dichas actividades a proveedores internacionales o locales.

Así, las CTN se instalan no sólo donde obtengan las mejores condiciones para llevar a cabo sus operaciones y actividades centrales sino donde existan también proveedores de servicios con elevados estándares de calidad que acompañen y garanticen el éxito de su operación en general. En consecuencia, alrededor de una CTN se encuentran “círculos de proveedores”: en el primer círculo se encuentran los proveedores de servicios especializados tales como los contratistas manufactureros que llevan a cabo las operaciones de manufactura que la CTN les solicite, dichos proveedores se caracterizan por elevados estándares tecnológicos y organizacionales, elevadas inversiones, entre otras; en un segundo circulo se encuentran proveedores de materias primas o insumos especializados y así sucesivamente, los proveedores de insumos o actividades simples se sitúan en los últimos círculos que se caracterizan por actividades de menor complejidad tecnológica y organizativa.

Simultáneamente, las CTN buscan delegar o subcontratar las actividades administrativas, de tal forma que puedan concentrarse en sus actividades centrales. En este contexto, en México ha brotado recientemente una innovación en la prestación de servicios que se ofrecen a las empresas que buscan invertir en México: los shelters o albergues que apoyan las etapas iniciales de las inversiones de extranjeros en México y se encargan, además, de promocionar e invitar a los potenciales inversionistas extranjeros a invertir en México. Con una destacada presencia en las ferias internacionales y un conocimiento de las condiciones y requisitos para invertir en México, los shelters o albergues” son una importante puerta de entrada para las inversiones extranjeras en México.

Detallando, los “shelters” o albergues como instrumento de la promoción de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) con los inversionistas extranjeros representan una de las innovaciones organizativas en auge dentro de la IMMEX; la creación de un sistema “shelter o albergue” supone una situación en la cual una empresa extranjera que carece del conocimiento necesario para poner en marcha y operar una planta en México o bien busca delegar estas funciones; por lo tanto el inversionista busca que alguien desde el territorio mexicano y con los conocimientos necesarios, le de albergue y opere directamente el proyecto, recibiendo del extranjero solamente materiales y equipo.

Las empresas shelter se dedican a apoyar a los inversionistas extranjeros en el arranque de sus operaciones de manufactura al tomar las responsabilidades de todas las funciones administrativas del negocio, dando así al inversionista la posibilidad de enfocarse en sus procesos claves y, con ello, incrementa sus posibilidades de éxito. El objetivo de un shelter es hacerse cargo de todos los trámites, requisitos administrativos y legales así como problemáticas no relacionados con el proceso de producción y el control de calidad. Los servicios que básicamente ofrece un shelter están enfocados a la administración de personal, licencias y permisos, contabilidad e impuestos, mantenimiento de la planta física, trámites aduanales, transporte y logística, relación con autoridades entre otros.

En esto consiste el “albergue” de la empresa extranjera en una entidad legal mexicana, que le permite a la empresa extranjera enfocarse en sus actividades críticas tales como: transferencia de tecnología, capacitación y entrenamiento del personal en México, aceleramiento de la curva de aprendizaje, aprender a operar en México, entender el contexto cultural y adaptarse a ellas, asegurar el cumplimiento con las leyes mexicanas, etcétera.

En la actualidad, dichas empresas han germinado y se han consolidado como uno de los principales promotores privados de la IMMEX; promoviendo las ventajas de invertir en México y ofreciendo la asesoría técnica, jurídica y administrativa a la empresa extranjera. Sin embargo, su existencia está sostenida a partir de un marco jurídico muy frágil y de hecho su existencia y desarrollo podría quedar abortada si no se llevan a cabo las modificaciones legales correspondientes contempladas en la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR). Se propone en este punto, dar definitividad a la disposición que establece que los residentes en el extranjero no constituyen establecimiento permanente en el país por los activos que proporcionan a empresas nacionales que operan un programa IMMEX bajo la modalidad de albergue. Y, además, corregir una serie de ambigüedades que existen en la redacción actual, en la que se enuncia que la empresa no constituirá establecimiento permanente, cuando lo que debiera aclarar que es el residente extranjero el que no debiera constituir establecimiento permanente.

Detallando en los antecedentes, a partir del ejercicio de 2002, mediante las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) se ha tratado de establecer que los residentes en el extranjero no constituyen establecimiento permanente (EP) en el país por los activos que proporcionan a empresas nacionales que operan un programa IMMEX bajo la modalidad de albergue (conocidas como shelters), por los servicios de manufactura que se contratan entre ambas partes. Desafortunadamente la propia redacción de las disposiciones no es acertada y objetiva ni ofrece una sólida certeza jurídica; ya que la exención de establecimiento permanente solo se ha otorgado e interpretado únicamente por periodos determinados, siendo el último ejercicio en cobertura el de 2011.

El primer periodo de “exención” de establecimiento permanente se dio para los ejercicios fiscales de 2002 y 2003 mediante la fracción LXXX del artículo segundo de las disposiciones transitorias publicadas el 1 de enero de 2002, cuyo texto es el siguiente (lo resaltado en negritas es nuestro):

Artículo Segundo. En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:

 ........

LXXX. Por los ejercicios fiscales de 2002 y 2003, las empresas maquiladoras bajo programa de albergue, podrán considerar que no tienen establecimiento permanente en el país, únicamente por las actividades de maquila que realicen al amparo del programa autorizado por la Secretaría de Economía, cuando para dichas actividades utilicen activos propiedad de un residente en el extranjero.

En este sentido, desde la publicación de dicha disposición transitoria, se dice que las empresas maquiladoras no tienen establecimiento permanente, cuando lo que debe decir es que no se da la figura de establecimiento permanente al residente en el extranjero y no a la maquiladora que opera bajo un programa shelter.

El segundo periodo de exención de EP se efectuó para los ejercicios fiscales de 2004 a 2007 mediante la Fracción XVIII del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias publicadas en 30 de diciembre de 2002. El texto es el siguiente (lo subrayado es nuestro):

Artículo Segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo primero de este decreto, se estará a lo siguiente:

...

XVIII. Por los ejercicios fiscales de 2004 al 2007, las empresas maquiladoras bajo programa de albergue, podrán considerar que no tienen establecimiento permanente en el país,únicamente por las actividades de maquila que realicen al amparo del programa autorizado por la Secretaría de Economía, cuando dichas actividades utilicen activos de un residente en el extranjero.

Nuevamente se volvió a hacer referencia a que es la empresa maquiladora la que no tiene un EP cuando debió igualmente decirse que la no constitución de EP en el país es para el residente en el extranjero que proporciona los activos y contrata los servicios de manufactura con la empresa shelter.

Finalmente, existe un tercer periodo de exención de establecimiento permanente, el cual se amplía hasta el ejercicio fiscal de 2011. Esto se dio a conocer mediante el Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias publicadas el 23 de diciembre de 2005 y cuyo texto es el siguiente:

Artículo Tercero. Lo dispuesto en la fracción XVIII del Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta del decreto por el que se establecen, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sustitutivo del Crédito al Salario, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, será aplicable hasta el ejercicio fiscal de 2011, siempre que la empresa maquiladora bajo el programa de albergue informe, a más tardar en el mes de febrero de cada año, el importe de los ingresos acumulables y del impuesto pagado por su parte relacionada correspondientes al ejercicio inmediato anterior.

En esta disposición transitoria se mantiene la redacción de no generar establecimiento permanente a la empresa maquiladora que opera un programa de alberque, continúa pues la desacertada redacción que prevalecía en la disposición de 2002. Aunado a esto, se adiciona la condicionante para ese establecimiento permanente, el que la empresa maquiladora cumpla con la obligación de informar en febrero de cada año con el importe de los ingresos acumulables y del impuesto pagado por su parte relacionada residente en el extranjero.

La regla I.3.19.7, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 define lo que debe considerarse como empresa maquiladora bajo el programa de albergue como sigue:

I.3.19.7. Para los efectos del Artículo Segundo, fracción XVIII de las Disposiciones Transitorias de la Ley del ISR, publicadas en el DOF el 30 de diciembre de 2002, y del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de dicha Ley publicadas en el DOF el 23 de diciembre de 2005, se consideran como empresas maquiladoras bajo el programa de albergue, aquellas que en los términos del artículo 215 de la Ley del ISR no sean parte relacionada del residente en el extranjero a quien le prestan el servicio de maquila bajo dicho programa.

Las empresas maquiladoras que operan bajo un programa de albergue no son menos importantes que las empresas que operan un programa IMMEX bajo cualquiera de las otras modalidades contenidas en el Decreto IMMEX; en muchos de los casos, estas empresas son la puerta de entrada de la inversión extranjera que primero explora el mercado nacional para después instalarse como empresa independiente bajo una empresa filial o subsidiaria Mexicana.

Es por ello que resulta necesario y urgente otorgar certidumbre jurídica desde la raíz a los extranjeros proporcionan activos y que contraten los servicios de manufactura con empresas maquiladoras residentes en el país que operan un programa IMMEX bajo la modalidad de albergue. Para ello, debe confirmarse de manera definitiva mediante modificaciones a las Disposiciones Transitorias de la LISR que no se constituirá establecimiento permanente y que no habrá periodos o vigencias de tal figura durante el tiempo.

Así, con esta propuesta se lograría:

1. Eliminar los plazos que la autoridad ha venido otorgando y hacer el artículo de aplicación permanente.

2. Aclarar que quien no tiene establecimiento permanente es el extranjero y no la maquiladora.

3. Señalar que los activos deben ser proporcionados por el extranjero y no necesariamente de su propiedad, ya que puede haber casos en donde los equipos sean arrendados.

4. Consideramos que este texto cubre a los dos esquemas de shelter, tanto a los que contratan directamente con el cliente como a los que lo hacen a través de una parte relacionada.

5. Se logra concentrar la disposición en un solo artículo en lugar de diversas disposiciones en Ley y en Reglas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente

Iniciativa que reforma la disposición transitoria del artículo 2, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero. Se reforma la fracción XVIII del artículo 2, de las disposiciones transitorias, para quedar como sigue:

Artículo 2. (...)

Fracción XVII. ...

Fracción XVIII. No se considera que los residentes en el extranjero que tienen establecimiento permanente en el país, únicamente por las operaciones de maquila que contraten directa o indirectamente con empresas con programa de albergue autorizado por la Secretaría de Economía, cuando para dichas operaciones se utilicen activos proporcionados por el residente en el extranjero. En su caso, las empresas maquiladoras bajo el programa de albergue informarán ante el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar en el mes de febrero de cada año, el importe de los ingresos acumulables y del impuesto sobre la renta pagado por su parte relacionada residente en el extranjero, correspondiente al ejercicio inmediato anterior.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Castells, Manuel; 1999. The information Age: economy, society and culture, vol. 1.: The network society.

2 Gereffi, Gary; Humprey John, Sturgeon, Timothy (2005). The Governance of Global Value Chains. Review of Iinternational Political Economy, Vol. 12, número 1, pp 74-104.

3 Rivera Ríos, Miguel (2007). Capitalismo informático y economía del conocimiento. (UNAM; México, DF).

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.— Diputados: Alejandro Cano Ricaud, Víctor Roberto Silva Chacón, Jaime Flores Castañeda, Guillermo Márquez Lizalde, Benjamín Clariond Reyes Retana, Luis Carlos Campos Villegas, María del Carmen Izaguirre Francos, Maurilio Ochoa Millán, Ana Georgina Zapata Lucero, Laura Felícitas García Dávila (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, también, para efectos del dictamen correspondiente.Diputado, Bahena.

El diputado Alejandro Bahena Flores(desde la curul): Para consultar al proponente si podemos adherirnos a la iniciativa que ha presentado.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Cano, el diputado Bahena está solicitando adherirse a su proposición.

El diputado Alejandro Cano Ricaud:Sí.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Cano no tiene inconveniente, está a su disposición el documento en la mesa de la Secretaría.



LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a solicitar el respaldo, el apoyo en esta modificación a la Ley de Educación, que contribuye desde luego al avance de este país.

En 2010 México alcanzó una cifra de poco más de 112 millones de habitantes, octavo lugar en el mundo. En agosto del mismo año, el INEGI dio a conocer que la población de 15 a 29 años para 2015 llegará a 29.5 millones. A principios de abril de 2010, el Banco Mundial dio a conocer el valor de las economías y México se ubica en el 11 del planeta. En capacidad de compra de sus habitantes en el lugar 76.

Respecto del cambio y avances científicos y tecnológicos, las universidades mexicanas están creando carreras en áreas como ingeniería molecular; bioinformática; biotecnología; energía sustentable; aeronáutica; robótica, importante pero no suficiente.

De la globalización en términos de competitividad, de 139 países México se ubicó en el 66, al reporte de 2010 a 2011, del Foro Económico Mundial. La cifra de integrantes de la población económicamente activa de 20 a 29 años pasó de 683 mil en el primer trimestre de 2008, a 942 mil en el mismo periodo de 2010.

Una de las consecuencias de la falta de acceso al mercado laboral y a la educación es cada vez que más jóvenes recurren a la delincuencia. A los anteriores factores se suma que uno de cada 10 alumnos de bachillerato eligió carreras saturadas, que no requiere el mercado.

De acuerdo con la OCDE, el mercado laboral y la generación de la riqueza se basará en la información a través de carreras profesionales o técnicas, de manera que 7 de 10 carreras mejor pagas en México están en las ingenierías, tales como la mecatrónica, robótica, biomédica, las cuales impartirán en los ámbitos socioeconómicos y culturales.

Naciones como China, como la India, como Rusia y como Brasil, ya iniciaron la reestructuración de sus procesos productivos y es fundamental que en el caso de México sus estudiantes desarrollen una cultura de calidad y excelencia.

Nuestros jóvenes, que compiten en certámenes científicos nacionales y en el extranjero, deben ser apoyados, estimulados en su inventiva e innovación, en beneficio de la sociedad. Para que este nivel de educación cumpla su misión de formación de profesionistas en apoyo al desarrollo del país. Es imprescindible que el Estado mexicano contribuya a generar las condiciones y lleve a cabo la obligación de proveer de recursos necesarios para alcanzar sus objetivos, en la misma proporción presupuestal y de financiamiento que dado al Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2011.

Por todo lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo único. Se adiciona una nueva fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de créditos educativos, corrigiéndose las subsecuentes fracciones para quedar como sigue:

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes: ...

Fracción IX. Desarrollarán programas con presupuesto público debidamente evaluado y auditado para otorgar créditos a estudiantes de alto rendimiento: de licenciatura, posgrado o especialización; ingenierías de área científica y tecnológica en la institución de educación superior nacional o internacional de su elección y que impulsen el desarrollo tecnológico, científico, económico y social del país.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I, 76, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputado, quien suscribe, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Elpidio Concha Arellano, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una nueva fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de crédito educativo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la actualidad, de acuerdo con los especialistas son tres las principales tendencias que en el ámbito internacional influirán en la dinámica de los países, la primera se refiere a los cambios en los patrones demográficos, la segunda, el cambio tecnológico y en tercer lugar el camino de la globalización económica, aunada a la competitividad, y nuestro país, no es la excepción.

En noviembre de 2010, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirman que este año, México alcanzó la cifra de los 112 millones 322 mil 757 habitantes, de los cuales, 57 millones 464 mil 459 son mujeres y 54 millones 858 mil 298 son hombres, ocupando el onceavo lugar en el mundo y el tercero de América por el monto de población, después de países como Estados Unidos y Brasil.

En agosto de ese mismo año, el Inegi, dio a conocer que la población de 15 a 29 años llegó a 28.1 millones, lo que representó el 26.2por ciento de la población del país, en tanto que para el 2015 se estima que la población joven logre su tope máximo al llegar a 29.5 millones.

Por su parte el Consejo Nacional de Población (Conapo), a través de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009, muestra que el 32.9 por ciento de los hombres y mujeres jóvenes asisten a la escuela y que el promedio de escolaridad es de 9.9 años. Asimismo, el porcentaje que estudia el nivel medio superior pasó del 23.1 por ciento en el 2000 al 29.8 por ciento en 2009.

El Conapo define al bono demográfico con el que cuenta México, en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente, y por tanto, el potencial productivo de la economía es mayor, lo que desde su punto de vista debe ser visto como una ventana de oportunidad, lo que ha sido y puede ser un factor de cambio y desarrollo para los países, siempre y cuando se aproveche, como ha ocurrido en Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Japón, Corea, Taiwán, India y China.

Sin embargo, en opinión de especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se está desperdiciando este bono demográfico, ya que aquellos que lo conforman están migrando hacia el mercado mundial, particularmente Estados Unidos, donde siete de cada 10 inmigrantes tienen entre 15 y 24 años, aquellos que están en fase productiva. Además, migra la fuerza de trabajo más calificada, con el agravante de que el costo social para la formación de los individuos es muy grande y no se aprovecha la formación de estos recursos, al no haber un mercado de trabajo suficiente para los trabajadores calificados.

Ahora bien, a principios de abril de 2010 el Banco Mundial dio a conocer el tamaño, valor y posición de las economías y México se ubica con una economía que genera bienes y servicios con valor de un billón 249 mil millones de dólares, la número 11 del planeta. Sin embargo, en términos de la capacidad de poder de compra de sus habitantes, se sitúa en el lugar 76.

Al respecto del cambio y avances científicos y tecnológicos, en los últimos años han provocado que se den pasos entre la “ficción y la realidad”, en varias universidades mexicanas se están creando carreras en áreas como nanomedicina, ingeniería molecular, bioquímica-diagnóstica.

En gobierno federal ha creado universidades o institutos tecnológicos en el país, después de realizar estudios de “pertinencia”.

Ha llevado a cabo la apertura de carreras en bioinformática, biotecnología, energía sustentable, nanotecnología, desarrollo urbano, logística y telemática, aeronáutica y robótica, de acuerdo con cada uno de esos subsistemas. Ello es importante, pero no suficiente.

Respecto de la globalización, en términos de competitividad, de un total de 139 países México se ubico en el lugar número 66 conforme al Reporte de Competitividad Global 2010-2011 del Foro Económico Mundial, donde en los últimos cuatro años, México ha perdido 14 sitios en el tablero de la competitividad que mide dicho foro, existiendo países mejor situados incluso de nuestro mismo continente tales como, Puerto Rico (41) y Barbados (43), seguidas por Panamá (puesto 53) y Costa Rica (puesto 56).

Datos del Inegi a través de la Encuesta Nacional de Empleo muestran que del 100 por ciento de los egresados a nivel nacional, únicamente 30 por ciento encuentra empleo en el primer año, y de éstos, sólo 30 por ciento labora en la actividad en la cual ha sido formado con sus estudios. En el último cuarto de siglo México ha tenido un crecimiento raquítico y no ha creado los empleos suficientes para absorber a la población que podría integrarse a los mercados laborales.

En materia educativa, las instituciones de educación superior rechazan a 152, 991 jóvenes en la Ciudad de México y 100 mil a nivel nacional. En la República existen más de 19 millones de jóvenes de 16 a 24 años que no están inscritos en el sector de educación media superior.

De acuerdo con datos de la SEP hay 24 millones de jóvenes en edad de cursar en bachillerato que, sin embargo, no estudian; y 7.5 millones no siguen tampoco estudios profesionales. A esto se suma el número de estudiantes que no lograron quedarse en la UNAM, el cual para este año fue de 152 mil 991 aspirantes.

Además, de los 430 mil estudiantes que egresaron en 2009, por lo menos 60 mil no han conseguido empleo.

Aunado a este problema de acceso a la educación, los jóvenes se enfrentan al desempleo: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el número de desocupados en ese segmento se incremento 38 por ciento en los últimos 2 años y de cada 7 puestos de trabajo perdidos durante la crisis, 3 corresponden a esa población.

La cifra de integrantes de la Población Económicamente Activa (PEA) desempleada de 20 a 29 años, pasó de 683 mil en el primer trimestre de 2008, a 942 mil en el mismo periodo de 2010, al tiempo que el número de jóvenes subempleados se elevo de 642 mil a 899 mil.

El desempleo está relacionado con la falta de oportunidades, como demuestran datos del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), ya que 58 por ciento de los jóvenes de 15 a 19 años reconoce que no tiene empleo por la inexperiencia, mientras 55.6 por ciento de 20 a 24 años considera que su desocupación se debe a la situación económica del país.

Lo anterior queda evidenciado en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que señala que 2 terceras partes de los jóvenes que terminan su estudios no son elegibles para trabajar a manos que tengan experiencia.

Otra problemática es que 40 por ciento de los jóvenes entre 20 y 29 años que ya ha terminado una carrera y tiene trabajo, no está empleado en el rubro que le pertenece.

El Imjuve revela que 32 por ciento de la población en edad económicamente activa que se encuentra desempleada cuenta con algún título de educación media superior o superior.

La ENOE señala que el número de jóvenes que tiene estudios superiores y postgrado que se encuentra en busca de empleo se incremento en 25.4 por ciento en un año, mientras que los jóvenes con nivel educativo medio y superior suman 1 millón 11 mil 781 personas.

Para la OCDE, en México al menos 13 por ciento de los jóvenes en edad productiva no trabaja, cifra que subraya podría llegar a 17 por ciento el siguiente año.

Dicha situación provoca que los jóvenes recurran al empleo informal, por lo que en el primer trimestre de 2010 el Inegi informo que el número de personas entre 14 y 29 años con empleos informales es de 3 millones 705 mil.

De igual manera que expertos de la UNAM, la OCDE advierte que ante la falta de oportunidades laborales cada año, 8 por ciento de los jóvenes egresados de universidades en México emigra a Estados Unidos, lo cual, tendrá un impacto real en 2050.

Conapo señala que de no cambiar a la brevedad estas condiciones, condenaremos a México a la pobreza por el resto de su historia porque su población muy pronto envejecerá y nos vamos a volver un país con una tasa de dependencia muy grande, porque el bono demográfico envejece.

Este patrimonio está en riesgo. Los problemas estructurales de la economía para competir pero sobre todo el rezago educativo está provocando el estancamiento de esta riqueza.

Una de las principales consecuencias de la falta de acceso al mercado laboral y a la educación es que cada vez más jóvenes son reclutados por el crimen o recurren a la delincuencia como consecuencia de la falta de oportunidades.

A los anteriores factores, se suma lo destacado por estudios estadísticos, que señalan que uno de cada 10 alumnos de bachillerato eligió una carrera saturada, de entre las que destacan Contaduría, Derecho y Administración que de manera excesiva generan personas con las mismas habilidades que no requiere el mercado.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y De-sarrollo Económico, en el presente siglo que inicia, el mercado laboral y la generación de la riqueza se basara en la información, a través de carreras profesionales o técnicas, de manera que siete de las 10 carreras mejor pagadas en México, están en las ingenierías tales como la mecatrónica, robótica, biomédica, eléctrico-electrónica, telecomunicaciones, las cuales impactarán en los ámbitos socioeconómicos, económico y cultural.

El Conapo destaca que para aprovechar el bono demográfico hace falta políticas económicas y laborales orientadas a utilizar el potencial productivo de la oferta laboral, incrementar la productividad del trabajo y garantizar la disponibilidad de empleos en condiciones bien remuneradas; resulta imprescindible diseñar y ampliar los beneficios derivados de esa ventana de oportunidad transitoria.

Los jóvenes deben ser una prioridad para las políticas y programas públicos.Atender esta problemática, resulta indispensable y definirá el futuro educativo de los jóvenes y del país.

Los problemas estructurales de la economía para competir pero sobre todo el rezago educativo está provocando el estancamiento de esta riqueza.

La crisis educativa se está convirtiendo en el preámbulo para una crisis laboral; pocos empleos y mal remunerados, es el escenario que vislumbran algunos analistas.

De acuerdo con expertos como el doctor René Drucker, investigador emérito de la UNAM y ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, la matrícula universitaria es bajísima, de los mexicanos entre 19 y 25 años, sólo el 23 por ciento de los jóvenes reciben educación superior mientras que en otros países, el 809 por ciento de su población en este segmento esta matriculada.

Desde hace algunos años, especialistas de la UNAM como el investigador Sergio Estrada ha manifestado que México registra un atraso de entre 75 a 100 años en su desarrollo, ya que ni las universidades ni el sistema productivo ha generado conceptos tecnológicos que lleguen de manera directa a la sociedad, además de que no existen incentivos para ello.

La impresión de los expertos es que naciones como China, India, Rusia y Brasil ya iniciaron la reestructuración de sus procesos productivos, y la consideración que hacen es que, es fundamental que en el caso de México, sus estudiantes desarrollen una cultura de calidad, excelencia y la mejora continua, contando desde luego con conocimientos y el de-sarrollo de nuevas tecnologías.

Por su parte el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), Arturo Menchaca Rocha, ha señalado que una nación que compra 96 por ciento de su conocimiento y lo paga con materia prima, corre el riesgo de quedarse al margen del éxito económico, pero también de perder su soberanía.

Rumbo al 2015, México no debe concentrar su principal activo en sus yacimientos petroleros o en sus grandes reservas de minerales sino en su capital intelectual: en su gente, en sus profesionistas, en sus estudiantes.

En consideración de los expertos, la estrategia para potencializar estos activos aún no se desarrolla.

México ha dado muestras de su capacidad y aporte tecnológico al mundo, en áreas como la construcción, con “pilotes de control”, para evitar el hundimiento de edificios, en el área de alimentos con la mejora de “maíz de calidad proteínica”, para la lucha contra la hambruna, en informática con la creación de administradores de bases de datos, contribuyendo en la creación imprentas que editan un libro en 17 segundos, de buscadores de información como Google, en medicina, a través de prótesis robóticas, en el transporte aeroespacial, entre otras especialidades. Así, nuestros jóvenes que compiten en certámenes científicos nacionales y en el extranjero, deben de ser apoyados, estimulando su inventiva e innovación, en beneficio de la sociedad.

En materia laboral, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de la población económicamente activa, que representa el 58.1 por ciento de la población total, expone que de ese porcentaje sólo el 8.6 por ciento corresponde a las personas de entre 15 a 29 años, ya que la mayoría de ellas aún asiste a la escuela.

Así, de los jóvenes que trabajan, el 59.6por ciento lo hace en el sector terciario, es decir, servicios y comercios; 26.9 en el secundario y 12.7por ciento en el primario.

Hay sólo 7 millones de trabajadores mexicanos con más de 15 años de educación.

En México, cada año cerca de 3 millones de estudiantes se gradúan de bachillerato, de acuerdo con la Sociedad de Fomento a la Educación Superior (Sofes), sólo la mitad de ellos continúa con estudios universitarios.

Mediante el instrumento de créditos educativos, los objetivos son evitar la deserción y la falta de estudios por cuestiones económicas, así como promover la educación de mexicanos en universidades dentro y fuera del país.

Nuestro país, posee uno de los recursos más valiosos para el desarrollo de nuestra nación, sus jóvenes y, este importante segmento de la población significa una oportunidad de transformación para materializar los beneficios del bono demográfico, y para ello es necesario garantizar condiciones de acceso y calidad en su educación, particularmente en la etapa de preparación profesional, en un mundo de mayor competitividad.

Así, para que este nivel de educación cumpla con su misión de formación de profesionistas en apoyo al desarrollo del país, es imprescindible que el estado mexicano contribuya a generar las condiciones y en este sentido, lleve a cabo la obligación de proveer los recursos económicos necesarios para alcanzar sus objetivos, en misma proporción presupuestal y de financiamiento que el dado al Programa Nacional de Becas, para el ejercicio fiscal 2011, en poco más de mil millones de pesos, a través de los ahorros, economías y subejercicios de que disponga la administración pública federal y demás organismos, entre ellos, lo autónomos, como lo ha demostrado el IFE a principios de febrero del presente este año.

Por todo lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se adiciona una nueva fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se adiciona una nueva fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de crédito educativo recorriéndose las subsecuentes fracciones, para quedar como sigue:

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. ...;

II....;

III. ...;

IV. ...;

V. ...;

VI. ...;

VII. ...;

VIII. ...;

IX. Desarrollarán Programas con presupuesto público, debidamente evaluados y auditados, para otorgar créditos a estudiantes de alto rendimiento académico que aspiren a cursar estudios de licenciatura postgrado y/o especialización en ingenierías del área científica y tecnológica, en la institución de educación superior nacional o internacional de su elección, que impulsen el desarrollo tecnológico, científico, económico y social del país.

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 STPS. Observatorio laboral: ¿Cómo se espera que sea el trabajo... Un estudio del Departamento de Trabajo des Estados Unidos de América (The future at work), arrojó que existen tres grandes tendencias que darán forma al futuro ... Estados 0Unidos y Canadá serán los primeros en enfrentar el fenómeno conocido como “baby...”

2 México, con más de 112 millones de ciudadanos” El Economista, 25 de noviembre de 2010.

3 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas /2009/poblacion09.asp?s=inegi&c=2734&ep=18

4http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/08/11/mexico-tendra-30 -millones-jovenes-2015

4 Op. Cit. http://eleconomista.com.mx/sociedad

5 Ixel Yutzil González. México desperdicia su bono demográfico. http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/vi_73384.html. 7 Sep.2009

6 Ob. Cit. Ixel Yutzil González.

7http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section= economia&article=023n1eco. Washington, DC, 11 de abril.

8 Op. Cit. STPS - Observatorio laboral: ¿Cómo se espera que sea el trabajo ...

9 Op. Cit. STPS - Observatorio laboral: ¿Cómo se espera que sea el trabajo ...

10 Martínez, Nurit “El futuro está en las carreras híbridas”. El Universal. Lunes 29 de marzo de 2010 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_176640.html

12 http://www3.weforum.org/docs/WEF GlobaCompetitivessReport 2010-11.pdf

13 http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/vi_73384.html

14 Gómez Quintero, Natalia. “Las carreras del futuro”, El Universal-Sociedad, 5 de octubre de 2010... Martes 24 de febrero de 2009.

15 Op. Cit. Gómez Quintero, Natalia

16 Conapo. La situación actual de los jóvenes en México. (Serie de documentos Técnicos). Primera edición: México, D.F., agosto 2010.

17 Olivares Alonso, Emir. México suma 100 años de atraso tecnológico: UNAM, La Jornada,martes 13 de marzo de 2007.

18 Poy Solano, Laura. La Jornada: “Apoyo a la ciencia, indispensable para mantener la”... 22 de mayo de 2010 www.jornada.unam.mx/2010 /05/22/index.php?section=sociedad...

19 Cárdenas, Isabel. “Presupuesto 2010, El Peor año de la Economía”. Revista Negocios & Economía, Año XVII no. 425/ Segunda Época, México, septiembre 2009, páginas 16-20.

20 Wicked Magazine:“10 inventos ‘Made in México’ triunfan en el mundo”. Post under México. Ciudad de México, 17 octubre 2010 ( El Universal). México es algo más que tequila, ...www.wickedmagazine.org/.../10/10-inventos-made-in-mexico-triunfan-en.html

21 Arreola, Juan José. “Ingenieros mexicanos ganan premio internacional”, El Universal. 10 de diciembre de 2010.

22 Dato para México sólo refleja ingresos laborales. IMCO con datos de Inegi-ENOE... población con educación media superior o más, 2006... Hay sólo 7 millones de trabajadores mexicanos con +15 años educación...imco.org.mx/images/pdf/Educación_(Importancia_del_talento)_09.pdf

23 De Gárate, Luis Eugenio. “Para seguir Estudiando”. Créditos Educativos. Revista Ejecutivos de Finanzas (Ámbito Académico, año XXXVIII, número 77, Mayo de 2009).

24 Elva González, Martha. El Sol de México. “IFE debería regresar los 348 mdp que ahorró: Gregorio Guerrero”, 3 de febrero de 2011 ...para el ejercicio 2011 autorizó 300 millones de pesos para que inicie.

Palacio Legislativo de San Lázaro, al día 17 de febrero de 2011.— Diputado Elipidio Concha Arellano, Jaime Flores Castañeda, Manuel Guillermo Marquez Lizalde, Víctor Roberto Silva Chacón, Alejandro Cano Ricaud, José Alberto González Morales (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, señor diputado Elpidio Desiderio. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

Se pospone la intervención del diputado Sabino Bautista Concepción.

El diputado Jaime Flores Castañeda(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado Flores Castañeda.

El diputado Jaime Flores Castañeda(desde la curul): Diputado presidente, solamente para solicitarle si nos da permiso el diputado promovente de sumarnos a su iniciativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Diputado Elpidio Desiderio?

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano(desde la curul). Con mucho gusto.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Desiderio no tiene inconveniente; al contrario, recibe complacido su propuesta.

Se pospone la intervención de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas.



ARTICULOS 25, 89, 113, 115 Y 116 CONSTITUCIONALES - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY GENERAL DE TURISMO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el mismo acto presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que aparece con el numeral 38.

También presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y que aparece en el numeral 48.

Asimismo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, con el numeral 52.

Igual presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, señor diputado.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja:Gracias, señor presidente, con su venia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en atención al tiempo y con la autorización del presidente, me permito tomar mi turno para presentar varias iniciativas.

En la primera propongo reformar el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para obligar al Estado a resarcir el daño causado por error judicial o por deficiencias en la administración de justicia.

Es un paso más en el establecimiento de un marco legal, para mejorar la relación entre el ciudadano y las instancias gubernamentales dedicadas a la administración de la justicia. Ya se tienen importantes avances, uno de ellos se refleja en la existencia de la Comisión de Derechos Humanos, la instancia creada para defender al ciudadano de los abusos de poder en los diferentes campos en los que se relaciona con el Estado.

No obstante, en lo que se refiere a la administración de justicia se requiere impulsar las modificaciones constitucionales, que las instancias judiciales garanticen al ciudadano un trato justo y apegado a derecho.

Esto es especialmente importante, debido a que en nuestro país persiste un sistema de justicia que se utiliza para detener y procesar a activistas sociales, políticos o a personas que defiendan los derechos humanos en lugar de perseguir eficazmente el delito.

Muchas personas son detenidas en función de pruebas claramente deficientes, y en ocasiones son encarceladas durante periodos que exceden, con mucho, los límites legales establecidos en nuestra Constitución, y los límites legales de la prisión preventiva.

Así sucedió con funcionarios públicos estatales y municipales de Michoacán, que fueron detenidos injustamente, con pruebas insuficientes, y finalmente pudieron recuperar su libertad, pero el daño a su persona, a sus familias les significó enormes costos morales e incluso económicos.

Además, el Estado mexicano ha suscrito y ratificado un número importante de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos encaminados a proteger la dignidad humana y la debida reparación del daño a toda persona acusada injustamente.

A su vez el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, dispone que cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena, como resultado de tal sentencia, deberá ser indemnizada conforme a la ley.

Por eso consideramos que ésta es una propuesta necesaria que obligará a las instancias penales a actuar con más responsabilidad social.

La segunda propuesta propone reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión Ordinaria de Moneda y Banca.

El objetivo es crear las instancias que permitan cubrir uno de los huecos más importantes de la actividad legislativa.

Con la creación ordinaria de la Comisión de Moneda y Banca se busca que el Congreso acompañe al Ejecutivo en el diseño del marco normativo, que garantice que el ahorro interno se orientará al financiamiento eficiente de actividades productivas en nuestro país.

Esto es muy urgente, tomando en cuenta que el sistema financiero internacional ha sufrido importantes cambios que generan incertidumbre y obligan a las economías a mejorar su arquitectura del sistema de regulación y supervisión financiera. En este proceso se requiere la participación del Congreso como uno de los Poderes de la Unión para contribuir en el diseño y supervisión de los cambios aludidos.

Hasta ahora la legislación de los temas relacionados con el sector financiero, ha estado a cargo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, ésta no ha estado en posibilidades de cumplir con su obligación legislativa, para con ese sector de actividad. Eso no puede continuar.

Es necesario que el Legislativo desarrolle la capacidad para hacer el seguimiento y las evaluaciones que se requieren para estar a la altura de los nuevos retos. Incluso, debe estar preparado para participar en las adecuaciones a las medidas de política monetaria y cambiaria con el propósito de obtener mejores resultados en la economía.

A México, a nuestro país, le urge contar con un sistema financiero orientado a apoyar la producción y el crecimiento. El Legislativo no puede permanecer ajeno al análisis del por qué un país con tantos recursos tiene tan pobres resultados.

Además se requiere contar con un sistema financiero que esté preparado para hacer frente a los procesos de los ajustes internacionales. Esos ajustes serán una constante en la fase actual del desarrollo económico en tanto que en el plano internacional persiste una gran incertidumbre.

Por eso para avanzar en este proceso, el primer paso consiste en que el Congreso adopte la decisión de ser el contrapeso que hace falta en la supervisión y regulación del sistema financiero del país y para ello lo más urgente es la creación de la Comisión de Moneda y Banca.

El Legislativo debe estar preparado para las nuevas circunstancias del sector financiero y contribuir al seguimiento de las acciones emprendidas y de los resultados alcanzados en ese campo.

La tercera, cuarta y quinta iniciativa que buscan mejorar el marco legal de la actividad turística, le solicito atentamente, señor presidente, les dé turno a las comisiones correspondientes. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD

En México, no obstante de contar con importantes avances en la legislación penal, continúa prevaleciendo un sistema de justicia que no corrige las afectaciones que indebidamente sufren los ciudadanos por el aparato judicial. Esta iniciativa va encaminada a que el Estado asuma la responsabilidad ocasionada por las deficiencias en la administración de la justicia o por los errores judiciales que comete y que afectan a los ciudadanos para que les permitan resarcir las afectaciones que hasta el momento resultan irreparables.

Exposición de Motivos

En México no obstante de contar con importantes avances en la legislación penal, continúa prevaleciendo un sistema de justicia que se utiliza para detener y procesar a activistas sociales, políticos o a personas que defienden los derechos humanos en lugar de perseguir eficazmente el delito.

Muchas personas son detenidas en función de pruebas claramente deficientes, en ocasiones son encarceladas durante periodos que exceden con mucho los límites legales de la prisión preventiva, a otras se les niega el acceso a una representación o asistencia jurídica adecuada precisamente en el momento procesal en que corren mayor riesgo de sufrir torturas u otros tratos crueles e inhumanos para obtener confesiones.

En muchos casos, los jueces desestiman o ignoran reiteradamente estas violaciones al debido proceso penal lo que fomenta la impunidad. Con mucha frecuencia son las personas más desfavorecidas socialmente o vulnerables las que tienen más posibilidades de convertirse en víctimas de estos abusos.

Todo lo anterior, sin ningún tipo de responsabilidad para el Estado.

Al respecto, el Estado mexicano ha suscrito y ratificado un número importante de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos encaminado a proteger los derechos elementales de la dignidad humana y la debida reparación a toda persona acusada injustamente.

La Organización de las Naciones Unidas adoptó en 1985 la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder, con el objeto de garantizar el reconocimiento y el respeto universal y efectivo de los derechos de las personas a interponer recursos y a obtener las reparaciones correspondientes cuando sean víctimas del abuso del poder por parte del Estado.

Dicha declaración señala que son víctimas del abuso de poder “las personas que, individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos”.

Señala además que cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial y hayan violado las leyes penales nacionales, las víctimas deben ser resarcidas por el Estado.

Por su parte el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

El Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9.5 señala que “Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”, más adelante el artículo 14 dispone que: “Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia, deberá ser indemnizada, conforme a la ley...”

No obstante estos instrumentos internacionales, en México hemos sido testigos directa o indirectamente de hechos donde las autoridades encargadas de investigar y perseguir los delitos, lejos de impartir justicia han llegado a los extremos de actuar con desapego a la Ley, lo cual ha propiciado las peores historias de prepotencia e injusticias vividas por los mexicanos. Existe un divorcio evidente entre lo que establece la norma y lo que sucede en la realidad, en los hechos, podemos constatar que existen serias irregularidades en las detenciones, en la presentación de cargos falsos contra activistas políticos o defensores de los derechos humanos.

Sin embargo, estas deficiencias no son exclusivamente dirigidas a los activistas y luchadores sociales, sino también los ciudadanos que por diversos motivos deben enfrentarse a las procuradurías o juzgados, se ven afectada por el mal manejo del sistema de justicia.

De manera general las procuradurías en casi todo el país se registran detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y aplicación de la tortura; en muchas ocasiones los detenidos son presentados ante el juez con signos evidentes de golpes y maltrato; constantemente se niega a los acusados el acceso a representación o asistencia jurídica adecuada en momentos clave como en su detención o al ser interrogados bajo el cobijo de un sistema legal que ignora las evidencias de un juicio mal llevado se logran condenas que distan mucho de ser consideradas como resultado de investigaciones serias y un debido proceso.

De lo anterior resulta evidente que el sistema de administración y procuración de justicia ha venido afectando a un número importante de ciudadanos que son sometidos a prisión preventiva y a un proceso penal y que finalmente obtienen su libertad por falta de elementos sin que el Estado asuma su responsabilidad por los daños que ocasiona operando un virtual “usted disculpe”.

Por tanto, la iniciativa que sometemos a la consideración de ésta soberanía va encaminada a que el Estado asuma la responsabilidad ocasionada por las deficiencias en la administración de la justicia o por los errores judiciales que comete y que afectan a los ciudadanos para que les permitan resarcir las afectaciones que hasta el momento resultan irreparables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito diputado federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Los daños causados por error judicial o por deficiencias en la administración de justicia, dará derecho a una indemnización a favor de los afectados a cargo del Estado en los términos que establezca la Ley.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor El día siguiente AL de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2011.— Diputado Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, señor diputado. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja:

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD

Hasta ahora, en México la asignación y canalización de recursos financieros y crediticios hacia las actividades económicas es muy limitada y lejos de atenuar los desequilibrios sectoriales y regionales, los acentúa. Adicionalmente, los cambios en el exterior imponen retos que obligan a la constitución de una nueva arquitectura del sistema de regulación y supervisión financiera. La conducción, que no la operatividad (tarea exclusiva del Poder Ejecutivo y del Banco de México) del Sistema Financiero de México, para que cumpla con la misión de apoyar eficazmente el desarrollo económico del país, debe ser una tarea conjunta del Ejecutivo y sus órganos de supervisión (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), del Banco de México y del Congreso como un factor de contrapeso necesario, y para estar a la altura de ese reto, se requiere la Comisión de Moneda y Banca.

Exposición de Motivos

La constitución de un sistema financiero sólido, eficiente, con elevada transparencia e integridad, de mercado y comprometido genuinamente a impulsar la economía productiva, debe ser uno de los pilares esenciales para garantizar un elevado desarrollo económico para México, en un ambiente de innovación económica, generación de empleos y menor desigualdad económica.  Actualmente la Cámara de Diputados no está en posibilidades de acompañar al país en esa necesidad, debido a que carece del instrumento estructural que le permita hacerlo.

Experiencia de crisis financieras

En las últimas dos décadas, en el país se aplicaron cambios importantes en la política económica, que significaron mayor apertura y liberalización, mayor participación del mercado en la asignación de recursos y una reducción del tamaño y responsabilidad del gobierno en las actividades económicas. La efectividad de estos cambios fue menor a lo esperado, debido a fallas intrínsecas de la propuesta, además de errores de instrumentación, opacidad y falta de transparencia. En paralelo con esos cambios, se propició una expansión del sistema financiero con una supervisión deficiente y de baja calidad, lo que permitió un crecimiento artificial del sector financiero entre 1991 y 1994. Eso propició y agravó una evolución no sostenible de la economía, lo que condujo a una crisis que debilitó y fragilizó la estructura económica del país, a pesar de las lecturas complacientes que hacían los funcionarios del sector financiero de la realidad económica del país.

Los desequilibrios macroeconómicos acumulados por el país (elevado déficit comercial, sobrevaluación del peso, montos insostenibles de deuda pública  de corto plazo, entre otros) y un ajuste alcista de las tasas en el exterior, terminaron por impactar en la frágil estructura económica.

El impacto del ajuste que, forzado por las alzas de interés externas, estalló en diciembre de 1994, provocó una fuerte devaluación del tipo de cambio que se acompañó de una drástica alza en las tasas internas de interés para frenar la salida de divisas y contener la inflación que provocaría la devaluación. Eso puso en riesgo la estabilidad del sistema bancario y la viabilidad del sistema de pagos de México, situación que fue acompañada por un colapso del Producto Interno Bruto y una severa destrucción de activos y de la riqueza neta del país. También propició una drástica expropiación de activos de quienes, impulsados por la política oficial, habían contraído deudas, cuyo costo de disparó y se volvieron impagables. La magnitud de la crisis hizo necesario que el gobierno procediera al rescate del sistema bancario, medida que a la fecha ha significado un costo fiscal aproximado de 130 mil millones de dólares.

Estos hechos revelaron claramente la desconexión existente entre la evolución del sistema financiero y la evolución de las actividades económicas. También demostró que una deficiente supervisión y poca regulación de los intermediarios financieros, puede tener consecuencias económicas muy negativas para el país. Lograr un sistema financiero adecuado a las necesidades del país pasa por una relación armónica con el resto de los sectores económicos y una supervisión eficiente y responsable.

Más supervisión no mejora resultados

Cierto, después de la crisis mejoró la supervisión. Sin embargo, eso no ha significado mejores resultados. La combinación de una gran laxitud en la orientación de la actividad financiera por parte de las autoridades hacia el sector y hacia la economía en su conjunto, propicia la búsqueda de utilidades con bajos riesgos, lo que permite cumplir sin problemas la regulación administrativa, aunque ésta sea más estricta. Así, se tiene un sistema financiero más sano, pero ajeno a su responsabilidad de apoyar a la economía mexicana, que por ello registra un desempeño muy por debajo de su potencial de crecimiento, impidiéndole resolver sus necesidades, agravando los rezagos sociales y estructurales.

Así, desde el año 2001 el sector financiero se orienta, predominantemente, hacia actividades sin riesgo, no sustentadas en la expansión del crédito a la actividad productiva, distanciándose por lo tanto de las necesidades económicas estructurales que requiere el país. Este sesgo es consecuencia de la deficiente política de incentivos aplicada por los supervisores bancarios.

Aunado a lo anterior, la experiencia del rescate al sistema bancario de México evidenció la opacidad, la discrecionalidad y la existencia de conflictos de interés en que incurrieron los supervisores financieros encargados de la operación antes, durante y después del rescate bancario. Desafortunadamente, esos vicios, que jugaron un papel relevante para elevar de manera sustancial los costos fiscales de dicho rescate, no necesariamente se corrigen con una regulación administrativa más estricta.

Banca de desarrollo ausente

La ausencia de objetivos de política, el efecto de una supervisión administrativa muy estricta, pero sin llegar a la transparencia y rendición de cuentas, son condiciones que predominan en el sector y también se reflejan en la banca de desarrollo. En contraste con lo que sucede en las naciones avanzadas, la banca de desarrollo en México ha jugado un pobre papel en el dinamismo del sector financiero y en la promoción del desarrollo económico. En Estados Unidos, por ejemplo, observamos un papel relevante de los bancos de desarrollo en el espectacular dinamismo del mercado financiero impulsado por la bursatilización hipotecaria, lo que hace posible la intermediación y canalización de importantes recursos (trillones de dólares) para el mercado de la vivienda de aquel país. Este caso revela lo fructífero que resulta que el sector financiero impulse la economía productiva. En China y en Brasil también juega un papel determinante en el desarrollo. En México no.

Necesario adecuar la supervisión

Adicional a lo anterior, que sólo se corrige con un real compromiso de transparencia y rendición de cuentas, la supervisión financiera debe adecuarse a la acelerada tasa de innovaciones que se registran en el sector, en un contexto de globalización de los mercados. Ésta tiende a generar una gran cantidad de operaciones crecientemente complejas, que pueden derivar en enormes riesgos latentes para todo el sistema financiero y para la actividad económica en general, como se comprobó en 2008.

En ese campo en particular, es necesario tener en cuenta la experiencia de las economías desarrolladas, que han logrado modernos sistemas de seguimiento, para asegurar el cumplimiento de la regulación, considerando los niveles y operaciones de apalancamiento de los intermediarios financieros. Los riesgos surgen de la multiplicación y de la complejidad de las operaciones financieras estructuradas, que son capaces de involucrar en forma simultánea a las diversas filiales (bancos, compañías de seguros y fianzas, casas de bolsa, fondos de inversión, fondos de pensiones, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado, entre otras) de los grupos financieros, aumentando su exposición y la magnitud de los riesgos.

Por otra parte, la necesidad de regular a los mercados financieros no puede ignorar la necesidad de desarrollar tecnología y especialistas. Debe tener en cuenta que actualmente los mercados financieros lideran la globalización y la innovación. En este nuevo ambiente, millones de computadoras trabajan 24 horas al día, realizando una cantidad enorme de operaciones de gran complejidad. Por ejemplo, en uno de los centros neurálgicos de este sistema, en Nueva York, más de 2 trillones de dólares cambian de manos casi instantáneamente a través de sofisticados medios electrónicos. Cada dos semanas el flujo monetario transferido en este inmenso centro financiero, iguala el tamaño del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Análogamente, sumas monetarias similares pasan en flujo y reflujo de Tokio a Londres, Frankfurt, Chicago y Hong Kong entre otros centro financieros.

Hoy día los flujos financieros mundiales exceden notoriamente a los flujos reales de mercancías, lo que de por sí es un riesgo que se agrava por el rezago en la regulación y supervisión. No es casualidad que con el aumento de la globalidad durante los últimos treinta años se haya observado un aumento sustancial en el número de crisis financieras y bancarias. A nivel mundial se han detectado más de 200 crisis bancarias en el periodo considerado. Esta es una poderosa razón para que las autoridades de supervisión den un seguimiento continuo al sistema financiero.

Desfase entre las normas y la tecnología

La velocidad de los cambios propicia también que los reguladores y supervisores respondan actuando ante el ritmo de creación de nuevos productos emitiendo normas secundarias, lo cual les da a la larga mucha discrecionalidad con el peligro de que pierdan de vista la necesaria coherencia entre la racionalidad estructural de la evolución del sistema financiero y los controles de riesgos. Eso abre la posibilidad de que estos factores se desfasen.

Ante los cambios vertiginosos del sistema financiero, pierden eficacia las normas y leyes generales y las normas secundarias se constituyen en los instrumentos de supervisión por excelencia.

Esto tiene dos inconvenientes.

En primer término, la emisión de normas secundarias tiende a enfocarse hacia las soluciones de regulación y supervisión contingentes o de coyuntura, no atienden la perspectiva estructural.

En segundo término, las normas secundarias emitidas por los reguladores van afectando de manera determinante el sistema inicial de incentivos regulatorios orientados a dar sentido y dirección al sistema financiero para que apoye el desarrollo económico.

Esto sucede porque las normas secundarias van generando incentivos regulatorios de corto plazo a los cuales los intermediarios financieros responden inmediatamente, en su búsqueda eterna de ganancias regulatorias. Si no se adecuan periódicamente las normas secundarias a un propósito más alto, como la creación de incentivos regulatorios que propicien el involucramiento de los intermediarios para generar productos financieros de innovación que faciliten la liquidez a las empresas en términos más competitivos, la expansión financiera será incapaz de apoyar el crecimiento y el desarrollo económico de forma eficaz.

Los siguientes son ejemplos de la distorsión que generan las normas secundarias: (1) la circular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que prohibió en su momento a los bancos nacionalizados participar en las subastas primarias de deuda gubernamental –Cetes–, lo cual propició en México el desarrollo de la banca paralela sin los controles adecuados. (2) Con la emisión de diversas normas secundarias los encargados del rescate Bancario relajaron las condiciones de aceptabilidad de las compras de cartera crediticia del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, lo cual encareció el costo del rescate bancario de México.

Finalmente, no se puede perder de vista que la regulación y supervisión del sistema financiero de México tiene que adecuarse a las tendencias internacionales de regulación, sobre todo en materia de supervisión integral (supervisión consolidada de los conglomerados financieros y de sus filiales) y por productos (en lugar de la supervisión tradicional por tipo de instituciones).

Cierto, después de la crisis bancaria y de los actos discrecionales del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, las autoridades encargadas de la supervisión de los intermediarios financieros que operan en México, introdujeron mejoras en el sistema de supervisión financiera. Sin embargo, persiste todavía un elevado cúmulo de problemas que de no resolverse con atingencia significan elevados riesgos latentes para el sistema financiero de México, lo que propicia sesgos en su conducta y le permite no cumplir su papel de impulsor del desarrollo económico del país.

Consideraciones finales

En síntesis, en México aún no se logra una articulación eficiente del sistema financiero con respecto de la economía productiva, entre la modernización y la supervisión del sector y, entre la transparencia y la rendición de cuentas. En ese marco se privilegia la utilidad sin riesgos, incluyendo cierta actividad especulativa apoyada en esas omisiones que incluso de ser necesario llevan a oportunos rescates y nuevas medidas a favor del sector.

Por esa razón, la asignación y canalización de recursos financieros y crediticios, es decir del ahorro nacional, hacia las actividades económicas, lejos de atenuar los desequilibrios sectoriales y regionales, los acentúa. Mientras los sectores productivos se debilitan, el sector financiero crece con altos márgenes.

No se pueden olvidar que los retos que enfrenta el Estado mexicano en el nuevo siglo que comienza: combatir eficazmente la pobreza, reducir los desequilibrios macroeconómicos sectoriales, promover el empleo en calidad y cantidad, hacer más competitiva a la economía, terminar de consolidar la modernización de las instituciones e impulsar el imperio de la ley, todo ello de manera sostenible.

Para enfrentar con éxito estos retos se requiere la constitución de una nueva arquitectura del sistema de regulación y supervisión financiera. La creación de esta nueva arquitectura constituiría un paso gigantesco para lograr que el sistema financiero se subordine a las necesidades de la economía productiva, base de un genuino crecimiento y desarrollo económico de largo plazo.

Y eso es necesario y posible sólo en el juego de los contrapesos de los poderes en un entorno más democrático. En la realización de esta magna tarea y en el marco de los nuevos equilibrios de poder que se están creando, el Congreso, particularmente la honorable Cámara de Diputados, tiene un papel estelar que jugar. Los hechos demuestran que el sistema financiero es demasiado valioso para que su control quede en manos exclusivamente del Poder Ejecutivo.

La conducción, que no la operatividad (tarea exclusiva del Poder Ejecutivo y del Banco de México) del Sistema Financiero de México, para que cumpla con la misión de apoyar eficazmente el desarrollo económico del país, debe ser una tarea conjunta del Ejecutivo y sus órganos de supervisión (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), del Banco de México y del Congreso como un factor de contrapeso necesario.

La actual falta de contrapesos tiene graves implicaciones en virtud de que, como se demostró anteriormente, el establecimiento de normas adecuada de regulación y supervisión financiera, puede crear poderosos incentivos para que la actuación económica de los intermediarios financieros siga una ruta que estimule el crecimiento y el desarrollo económico.

Es de la máxima importancia que el Congreso pueda recibir informes de los reguladores acerca de los efectos de los incentivos regulatorios, tarea que actualmente no llevan a cabo. La regulación vigente y la ausencia de una política armónica con los objetivos de desarrollo económico han generado incentivos perversos, propiciando que las instituciones financieras que operan en México privilegien áreas de negocios que dan cuantiosas utilidades de corto plazo que son transferidas al exterior, en tanto que el crédito a la economía productiva se ha desplomado.

En comparación, para evitar esa situación, en su momento el legislador estadounidense estableció que la Reserva Federal (FED), el banco central de su país, debía tener, además del objetivo de controlar la inflación, el de impulsar el crecimiento económico y el empleo.

La evolución histórica del sistema financiero de México de las últimas tres décadas, demuestra claramente que sin un fuerte contrapeso como el que puede brindar el Congreso, no hay garantía de que el sistema financiero sirva al desa-rrollo económico del país, ni que ante eventos adversos se evite la transferencia de recursos públicos a rescates bancarios sin la adecuada rendición de cuentas.

Las razones anteriores justifican ampliamente la creación de una Comisión de Moneda y Banca de la H. Cámara de Diputados, diferente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se propone esta Comisión estratégica para que el Congreso tenga un papel activo en el desarrollo financiero de México, a través de la vigilancia de la calidad de la regulación y de la supervisión, vigilando que los incentivos regulatorios logren el fin deseado: promover el desarrollo económico del país.

El objetivo del Congreso con los reguladores y supervisores financieros del Ejecutivo y del sector, es coadyuvar a la construcción de un sistema financiero no sólo sano y sólido, sino promotor del crecimiento económico y el progreso de la sociedad.

Esta tarea no pueden realizarla exclusivamente los reguladores y supervisores financieros del gobierno federal aún cuando se profundice la eficiencia de los mercados. Se requiere de una Política de Estado eficaz, que promueva los incentivos adecuados, en el contexto de una mayor transparencia, en un juego de contrapesos efectivos, que elimine el papel determinante y abrumador de los intereses de grupo a favor de los intermediarios financieros, que es la causa de una transparencia limitada y ninguna rendición de cuentas.

Se requiere de una política que propicie una relación armónica en los objetivos y necesidades de los sectores, una dinámica institucional eficiente, con una participación técnica eficaz de los órganos de regulación y autorregulación, con supervisión financiera estricta, pero que brinde la flexibilidad adecuada a la innovación, y que cuente con el apoyo decisivo de las instituciones encargadas de aplicar la ley con eficiencia y equidad. Todo esto requiere también de una participación técnicamente eficaz del Congreso.

En este contexto, la creación de la Comisión de Moneda y Banca puede ser el principio de una reorganización del sistema de regulación financiera de México, que reduzca los costos de esa tarea, incremente la calidad de la supervisión,  elimine los conflictos de intereses y enfrente de manera decidida el delito financiero de cuello blanco, sin que deje de alentar la innovación y el desarrollo económico. La reorganización del sistema financiero debe brindar, asimismo,  protección efectiva al usuario y preservar la integridad del mercado financiero.

La creación de la Comisión de Moneda y Banca tiene como propósito contribuir a consolidar un sistema que sea un ejemplo de cómo sí pueden funcionar las instituciones (públicas y privadas), y en el que el Congreso asuma un papel dinámico a través de la Comisión que se propone, un papel similar tendrían las instituciones de supervisión privadas, como los burós de crédito, las calificadoras y las  valuadoras financieras independientes.

Esta propuesta es aún más importante si se considera que en el plano internacional persiste la incertidumbre y el riesgo de que se agrave la competencia entre las economías por evitar sobrevaluaciones de sus monedas, así como los efectos sobre la producción y el empleo que pueden provocar esas manipulaciones, las cuales México no puede ignorar.

No obstante, para avanzar en ese proceso, el primer paso consiste en que el Congreso adopte la decisión de ser el contrapeso que hace falta en la supervisión y regulación del sistema financiero del país y para ello, lo más urgente es la creación de la Comisión de Moneda y Banca, que tendrá el propósito de evaluar las condiciones del sistema, su operación, sus resultados, la viabilidad y urgencia de las propuestas que aquí se han delineado y su instrumentación. El Legislativo debe estar preparado para las nuevas circunstancias del sector financiero y contribuir al seguimiento de las acciones emprendidas y los resultados alcanzados en ese campo.

En esta iniciativa se propone que las funciones que tiene la Comisión de Hacienda y Crédito relacionadas con el sector financiero, incluyendo el seguimiento del Banco Central y la banca de desarrollo, así como la política monetaria y cambiaria, pasen a ser materia de la Comisión de Moneda y Banca, de tal modo que la Comisión de Hacienda y Crédito Público tendría a su cargo los temas relacionados con las diferentes fuentes de ingresos presupuestarios y la deuda pública.

Hasta ahora, los temas del sector financiero han sido tema de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pero ésta no ha estado en posibilidades de cumplir con su obligación legislativa para con ese sector de actividad, que comprende la necesidad de hacer el seguimiento y las evaluaciones que se requieren para proponer una mejor normatividad o incluso adecuaciones a las medidas de políticas monetaria y cambiaria con el propósito de obtener mejores resultados en la economía. Esto no puede esperar. El desarrollo de México requiere contar con un sistema financiero orientado a apoyar la producción y el crecimiento de la economía nacional y que esté preparado para hacer frente a los procesos de ajuste internacional que, todo indica, serán una constante en la fase actual del desarrollo económico.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, Diputado Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Se inserta una fracción al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión Ordinaria de Moneda y Banca, al tenor de lo siguiente:

Artículo Primero.Se inserta un nuevo texto con la denominación que crea una nueva comisión ordinaria, a la fracción XXV del numeral 2, recorriéndose los que le siguen, de la fracción XXVI a la XLI, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

I a XXIV ....

XXV. Moneda y Banca

XXVI. Participación Ciudadana;

XXVII. Pesca;

XXVIII. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXIX. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXX. Puntos Constitucionales;

XXXI. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXXII. Recursos Hidráulicos;

XXXIII. Reforma Agraria;

XXXIV. Relaciones Exteriores;

XXXV. Salud;

XXXVI. Seguridad Pública;

XXXVII. Seguridad Social;

XXXVIII. Trabajo y Previsión Social;

XXXIX. Transportes;

XL. Turismo; y

XLI. Vivienda.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Por ejemplo, una operación de bursatilización hipotecaria internacional, puede involucrar más de 70 clases de instrumentos financieros a nivel mundial.

2 La supervisión consolidada, puede conducir a una reducción de los costos de regulación del sistema financiero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de enero de 2011.— Diputado Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja:

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD

La promoción del desarrollo sustentable debe regir toda la actividad, por lo que para la formulación del ordenamiento turístico del territorio se deben incluir criterios no sólo ecológicos, sino también de sustentabilidad y para ello se propone  ampliar y precisar la definición de la Ley General de Turismo.

Exposición de Motivos

La Ley General de Turismo, en adelante la Ley, busca establecer conforme a sus 73 artículos las bases de coordinación, así como las obligaciones y facultades de los tres órdenes de gobierno en materia de turismo, las cuales deberán ser acordes a los principios de legalidad, sustentabilidad y competitividad. Incluir y definir diversas figuras como prestador de servicios turísticos, turismo sustentable, ordenamiento turístico del territorio, región turística, zonas de desarrollo turístico sustentable, entre otros asuntos.

Al amparo de lo determinado por el párrafo tercero del artículo 27 y en congruencia con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se han creado dos instrumentos de planeación del territorio, el ordenamiento ecológico del territorio y los planes o programas de desarrollo urbano, el primero contenido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y el segundo en la Ley General de Asentamientos Humanos.

Ambos instrumentos tienen como finalidad determinar la vocación natural del suelo, así como determinar usos y reservas para su aprovechamiento; mientras que los planes o programas de desarrollo urbano se limitan únicamente a los núcleos poblacionales, el ordenamiento ecológico del territorio también aborda los usos del suelo en áreas distintas a los núcleos urbanos, con base en la vocación natural y usos tradicionales del suelo.<