SUMARIO

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Presidencia del diputado Guadalupe Acosta Naranjo

ASISTENCIA

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 347 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo(a las 11:21 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Tercer año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 6 de marzo de 2012.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política.

Reincorporación del diputado Jorge Arana Arana.

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De las diputadas Rosa Adriana Díaz Lizama y María Teresa R. Ochoa Mejía por las que solicitan el retiro de sus iniciativas.

De la diputada Rosi Orozco, por la que solicita el retiro de su proposición con punto de acuerdo.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con la que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de enero de 2012, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente con el mes de enero de 2011.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el Informe Trimestral respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos, correspondiente al cuarto periodo de 2011.

Con la que remite Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al cuarto trimestre de 2011, así como las observaciones de la Secretaría de Energía.

Dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año.

Solicitudes de licencia

De los diputados Manuel Jesús Clouthier Carrillo, José Luis Marcos León Perea, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. del decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que adiciona un Párrafo Segundo al artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 41 de la Ley General de Turismo

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo Cuarto que se denominará “Establecimiento y Manejo de las Concesiones Marinas Voluntarias para la Restauración” al Título Segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, en materia del Aviso de Funcionamiento.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del Artículo 36 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de genoma humano.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud, en materia de Enfermedades Bucodentales.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 127 y adiciona la fracción XXIV al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, informe el motivo por el que ni sus agentes ni sus vehículos son inspeccionados en los puntos de acceso del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o., 14, 20 y 129 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o., de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se declara sin materia la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 49 y un tercer párrafo al artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud.

Iniciativas

Que reforma el artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Yolanda De la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Jorge Herrera Martínez, Adriana Sarur Torre, Rodrigo Pérez-Alonso González y Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 56 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, a cargo del diputado Alejandro Del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que expide la Ley del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo de Tecnologías de la Información y reforma los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Silvia Fernández Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 225 y adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o., 104 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 111 y adiciona un artículo 8 ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que adiciona un cuarto párrafo al artículo 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 357 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 355 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4º del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 217 Bis al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Reyna Araceli Tirado Gálvez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Reyna Araceli Tirado Gálvez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos mayores de 65 años, residentes en zonas indígenas, zonas rurales y zonas marginadas de la República Mexicana, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Aysa Bernat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, obligue a la empresa Teléfonos de México, S.A. de C.V. al cumplimiento de los contratos C-411-001-05 y C-411-001-06 referentes a los proyectos del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones y se solicite la aclaración de las cifras presentadas por la SCT y las proporcionadas por la ASF en el informe de la Cuenta Pública 2010, en relación al número total de líneas telefónicas instaladas y la cobertura alcanzada en virtud del Fideicomiso FONCOS, a cargo de la diputada Silvia Fernández Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, realice lo conducente para instituir y celebrar el 25 de marzo como el “Día del Niño por Nacer”, suscrita por los diputados María Joann Novoa Mossberger, Paz Gutiérrez Cortina y Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la celebración de una Sesión Solemne para conmemorar el bicentenario de la Constitución de Cádiz, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para crear un Grupo de Trabajo Plural, para dar seguimiento y supervisar el ejercicio del gasto de los recursos destinados al Programa Integral para la Atención de la Sequía en zonas de desastre, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhortar a los titulares del Ejecutivo Federal, de la SRE y de la SHCP, a crear un Fondo de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores Migrantes, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SHCP, establezca la creación del Fondo emergente y compensatorio, para municipios afectados por la disminución presupuestal del Fondo III, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Efemérides

Relativa a Josefa Ortiz de Domínguez, a cargo de la diputada Silvia Fernández Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, dos peticiones; una, pedir al Senado de la República, en su condición de presidente de la Cámara, que nos informe por qué autorizó a incrementar la cuota de nuestro país al Fondo Monetario Internacional a 11 mil millones de dólares —si mal no recuerdo, denme por buena la cifra, la estoy citando de memoria—, más del 145 por ciento; cuando el Ejecutivo vetó de esta Cámara el acuerdo de un fondo por 10 mil millones de dólares para entidades con problemas de desastres naturales.

Cómo va a ser que le mandamos dinero a la Unión Europea, cuando nosotros estamos con la gente literalmente muriéndose de hambre en la zona de la sierra Tarahumara, que he insistido que vayamos y nada más no vamos; entonces, me parece un tema de la mayor importancia.

Creo que nosotros, aunque le tocó al Senado esta determinación, deberíamos sentar una posición como Cámara de Diputados, porque me parece una barbaridad que el 10 por ciento de las reservas del Banco de México se hayan enviado a la Unión Europea, vía el Fondo Monetario Internacional y el país no pueda tocar esos recursos para proyectos de infraestructura, para proyectos de generación de empleo, para salir del atolladero en que nos encontramos, y sí estemos literalmente de candiles de la calle y oscuridad de la casa.

La segunda petición, diputado presidente; veo con sorpresa que en los muros de esta Cámara no está el nombre de Ignacio Ramírez, El Nigromante, uno de los más grandes pensadores de liberalismo en el siglo XIX; un verdadero portento intelectual, con iniciativas en materia educativa, en materia del Estado laico, en materia de respeto a los pueblos indios, en materia de igualdad de las mujeres.

Si hubiera nacido en cualquier otro país Ignacio Ramírez, sería considerado uno de los grandes pensadores universales, aportadores a la humanidad, y aquí está olvidado, relegado, y veo con sorpresa que ni siquiera está en los muros de esta Cámara.

Presentaremos varios compañeros del PT una iniciativa para que su nombre sea incorporado, pero adelanto que ojalá nos acompañen de varias fracciones y agilicemos este trámite, porque me parece una omisión terrible, que Ignacio Ramírez, El Nigromante, no esté en los muros de esta Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muy bien, diputado. Cuando presente su iniciativa, me sumaré a que se ponga en los muros esta leyenda. Le informo que el Senado de la República ya ha turnado a la Cámara de los Diputados la minuta, porque no solamente es una facultad del Senado, sino también la Cámara de Diputados tiene que discutir y votar, y me parece que hoy mismo le daremos publicidad y en todo caso, a partir de hoy mismo estará a disposición de cualquier diputado la minuta completa.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Muchas gracias diputado presidente. Para recordar que han pasado 2 años, 9 meses, un día, y no se ha hecho justicia en el caso de la Guardería ABC.

La procuradora general de la República, Marisela Morales, sigue protegiendo, sigue encubriendo a Juan Molinar Horcasitas; flamante político, poderoso político y económicamente Eduardo Bours Castelo, ex gobernador del estado de Sonora.

Los dueños de la Guardería ABC, entre las que están Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de la primera dama de México; el ex procurador general de Justicia del estado de Sonora, y todavía ni siquiera los han llamado a comparecer.

Hago un llamado a esta Cámara para que llamemos a comparecer a Marisela Morales, procuradora general de la República y aplique la ley. No puede quedar en la impunidad la tragedia de la Guardería ABC. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, diputado. Diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, señor presidente. Lo primero, presidente, para preguntarle acerca de la solicitud que hace algunos días distintos diputados de varios grupos parlamentarios hicimos, en torno a la información sobre el acuerdo de yacimientos transfronterizos que celebró el gobierno mexicano, la secretaria de Relaciones Exteriores con la señora Clinton, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Conocer si ya tenemos alguna información, si ya por la vía del Poder Ejecutivo o de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del Senado de la República contamos con la información precisa sobre ese acuerdo sobre yacimientos transfronterizos.

Lo segundo es simplemente una información, presidente. Les quiero informar a todos mis compañeros diputados y diputadas que el día de hoy presentaré la denuncia que había ofrecido ante la Procuraduría General de la República, en donde enumero todas las observaciones del informe de resultados de la Cuenta Pública 2010, para que la Procuraduría General de la República, en el ámbito de su competencia, realice las investigaciones correspondientes, integre la averiguación previa y combata la impunidad en esta materia, de aquellos malos funcionarios federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, que desvían recursos públicos federales con otros propósitos.

Está a disposición de todos los compañeros esta denuncia para el que la quiera firmar, y antes de entregarla a la Procuraduría General de la República, el que quiera pueda sumarse a la misma. Le agradezco mucho su atención, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, señor diputado. Hicimos la solicitud de información de inmediato y estamos esperando una respuesta oficial. En cuanto tengamos la respuesta oficial se lo haremos de conocimiento por parte de Pemex y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El diputado Pedro Ávila.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Señor presidente, hace unos días desde mi curul —porque he presentado varias iniciativas pidiendo que los artículos de primera necesidad se bajen, y no ha sido posible que yo haga uso de la tribuna—, pero desde aquí, desde mi curul, quiero pedirle a usted una vez más que intervenga usted ante el señor presidente de la República como presidente del Congreso del pueblo, del Congreso de la Unión, porque todos nosotros somos representantes de la nación y usted nuestro más digno representante porque es nuestro presidente, ante el presidente del Poder Ejecutivo, que es Felipe Calderón, para que cesen las alzas.

Ayer anduve por mi distrito, allá en Durango, que son las colonias de la ciudad y son todos los pueblos de la sierra y del valle, y la gente está en una situación precaria, no tienen ni qué comer, no tienen qué vestir, no tienen nada. Se están muriendo de hambre —en una palabra— y esto no es por culpa de que no se intervenga, sino es por culpa de aquí el Congreso no hemos pedido al presidente; somos la voz, señor presidente, los diputados somos la voz —como usted lo sabe— del pueblo, todos los que estamos aquí, y si nosotros le pedimos al presidente que cese al secretario de Economía o al de Energía, para que no suban las gasolinas y por ende que no suban los artículos de primera necesidad, estoy seguro que lo haría, porque ninguno de estos dos funcionarios está cumpliendo con su papel en beneficio del pueblo.

Son funcionarios y son secretarios de un gabinete presidencial, y el presidente puede removerlos a la hora que quiera.

Creo que ya llegó la hora, ya vamos a terminar nuestro periodo como diputados y no hemos hecho nada. Óigase bien, nada, para que el presidente Calderón cese a estos pillos, porque no son más que unos pillos, y los artículos de primera necesidad ya no suban más.

Por favor, señor presidente, vamos a alzar la voz en beneficio del pueblo, para que ya no suban más la tortilla, el pan, la leche, la energía eléctrica, el gas.

Aquí se forman muchos comités, que de electricidad, que van a hacer esto, que van a hacer aquello y no hacen nada; iniciativas vacías de contenido, porque no hemos intervenido a favor de quien nos eligió, y es el pueblo.

Allá en nuestros distritos la gente piensa: ¿bueno, y cuándo van a bajar los artículos de primera necesidad? ¿Para qué están los diputados en el Congreso de la Unión?

No somos diputados locales, somos representantes de la nación; entonces, intervengamos en beneficio del pueblo.

La sequía, los programas de sequía en Durango son una nulidad. El presidente los autoriza y los señoritingos, funcionarios, delegados, apretados y para qué digo más, y perfumados del PAN no los ponen en vigor; traicionan al presidente y a ellos les importa un pito que el presidente haya autorizado 34 mil millones y ahí los tienen agarrados y no los sueltan y los campesinos se mueren de hambre.

Hay que intervenir, señor presidente, no hay que estar nada más aquí, aplastadotes en nuestras curules, sin hacer nada. Usted tiene la palabra, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, don Pedro. De nueva cuenta, esta solicitud que usted ha hecho de manera reiterada la voy a turnar a la Junta de Coordinación Política para que nos hagan llegar la propuesta de punto de acuerdo correspondiente.

Todas las propuestas que usted nos ha hecho han sido turnadas a esa instancia, que es la que puede hacernos esta propuesta.

El diputado Antonio Benítez Lucho. Sonido, por favor, en la curul del diputado.

El diputado Antonio Benítez Lucho(desde la curul): Gracias, presidente. Presidente, después de manifestar mi inconformidad en relación con un punto de acuerdo que presenté en septiembre del año pasado, respecto a una respuesta que debe dar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación con el Fondo de Apoyo para la Restructuración de Pensiones, el señor secretario general me notifica que de acuerdo con el artículo 184, numeral 2, del Reglamento, fue desechado.

Siempre he sabido que la Comisión de Hacienda no dictamina nada, eso lo tengo claro, pero, en ese sentido, le quiero decir que en tiempo y forma haré valer el derecho documentalmente de que sí solicité la actualización del tema.

Me da la impresión de que en este tema lo que no quisieron es dictaminar para que la Secretaría de Hacienda no dijera cuál es destino del Fondo de Aportaciones para la Reestructuración de Pensiones, porque ahí hay recursos suficientes que han utilizado para otros fines, especialmente el Ejecutivo.

En otro tema, señor presidente, le quisiera rogar, si es tan amable, para que solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos informe cuáles son las empresas que han estado reparando el puente de Coatzacoalcos Uno y si están legalmente establecidas las empresas, considerando que la vía de comunicación de Coatza Uno es prácticamente un tránsito necesario para las actividades económicas que requiere el país y hace tres años que no vemos claro, en relación con la reparación, con el mantenimiento, con las empresas que legalmente deben estar establecidas y al parecer, son empresas que están discrecionalmente dirigidas para que hagan el trabajo de reparación del Coatza Uno, de Coatzacoalcos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Le solicito de favor, señor diputado, que nos haga llegar a la Mesa los datos específicos de esta última solicitud y de inmediato la turnaremos a la SCT. El diputado Elpidio Concha Arellano.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano(desde la curul): Gracias, señor presidente. Para solicitar a la Presidencia que pueda enviar un exhorto al gobierno de Oaxaca, por acontecimientos que se han suscitado y precisamente, a partir de problemas post electorales que no se han resuelto todavía en el estado de Oaxaca, presidente.

Solicito de esta Presidencia que le haga el exhorto puntual al gobierno de Oaxaca para que intervenga, ya que tiene más de un año la elección y no han resuelto los problemas post electorales, problemas en Santa María la Asunción, San José Tenango, Santa Cruz Acatepec, San Antonio, Eloxochitlán y Santa María Tlalixtac.

Antier precisamente, señor presidente, se dio un conato de violencia importante, y en el cual no aparece ni siquiera la Secretaría General del gobierno del estado de Oaxaca.

Por tanto, señor presidente, le solicito de la manera más atenta, a nombre de los diputados de Oaxaca, el exhorto correspondiente al gobierno de Gabino Cué Monteagudo, en Oaxaca.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muy bien, diputado. Le solicito de igual manera que nos haga llegar los datos específicos de los municipios para poder trabajar el comunicado.

El diputado Alejandro del Mazo Maza, del Partido Verde.

El diputado Alejandro del Mazo Maza(desde la curul): Señor presidente, para pedirle que por su conducto pudiera hacer un llamado y pedirle a la Secretaría General que haga un análisis profundo, una investigación de la condición que guarda el Internet en la Cámara de Diputados; es verdaderamente una vergüenza que el Internet en esta Cámara de Diputados tenga una velocidad promedio inferior a los dos megabytes por segundo. Esto afecta la eficiencia legislativa, esto afecta la eficiencia de los asesores que apoyan a los legisladores; de nosotros mismos, de los diputados.

Es por eso que le pido que por su conducto, dado que la Cámara tiene un presupuesto de 5 mil 944 millones, que le fue aprobado para este 2012, pudiera destinar una pequeña parte para eficientar los trabajos, eficientando lo que es el Internet en esta Cámara de Diputados. Creo que es un gasto que se justifica, creo es un gasto que se necesita hacer para hacer más eficientes los trabajos de esta Cámara de Diputados, por la importancia de los temas que aquí vemos y que necesitamos sean más ágiles estos mismos trabajos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Le solicito por favor a la Secretaría General pueda atender la solicitud que ha hecho el diputado Del Mazo, para revisar nuestro servicio de Internet.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves primero de marzo de dos mil doce, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoJuanita Arcelia Cruz Cruz

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos cincuenta y cinco diputadas y diputados, a las diez horas con veinticuatro minutos del jueves primero de marzo de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

A las diez horas con veintiséis minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de doscientos sesenta diputadas y diputados.

En sendas votaciones económicas, la Asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación con el orden del día y sobre diversos temas legislativos los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Partido Revolucionario Institucional; y Martín García Avilés, del Partido de la Revolución Democrática. La Presidenta hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Del diputado Joel González Díaz, por la que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 6 de marzo del año en curso. De enterado. Comuníquese.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite Informe sobre el Comportamiento de los Ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, observados durante el Ejercicio Fiscal de dos mil once. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

En su oportunidad y desde sus curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados Antonio Benítez Lucho, María Hilaria Domínguez Arvizu, Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional; y Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional. La Presidenta hace aclaraciones.

• Por la que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Gloria Montserrat Gutiérrez Terán y José Castellanos Félix, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen.

• Por la comunica que el ciudadano Tomás Alejandro Williams García, deja de prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California. Se remite a las Comisiones de Gobernación de las Cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

• Contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaría. Se remite a la Comisión de Turismo, para su conocimiento.

• Contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año. Se turna al promovente, para su conocimiento.

c) Del Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se mejoren las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. Se remite a la Comisión Economía, para su conocimiento.

Presidencia del diputadoGuadalupe Acosta Naranjo

d) Del ciudadano César Antonio Prieto Palma, por la que solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada de Finlandia. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

e) Del diputado Juan Carlos López Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, a partir del primero de marzo del año en curso, por tiempo indefinido. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo y en votación económica se aprueban. Comuníquese.

La Secretaría da lectura a los encabezados de los dictámenes con proyectos de decreto que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de las Comisiones de:

a) Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Que reforma la fracción segunda del artículo ciento veintisiete y adiciona la fracción vigésimo cuarta al artículo ciento veintidós de la Ley General de Vida Silvestre.

• Que reforma la fracción cuarta del artículo quince de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Que reforma el primer párrafo del artículo sesenta y dos de la Ley General de Vida Silvestre.

b) Salud:

• Que reforma el artículo ciento sesenta y tres de la Ley General de Salud.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

• Que reforma la fracción primera del artículo cien y se adiciona un tercer párrafo al artículo noventa y siete de la Ley General de Salud.

La Presidencia informa que, de conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

Se someten a discusión los dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) Unidas de Justicia, de Comunicaciones, y de Seguridad Pública, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el proyecto de decreto a nombre de la Comisión de Justicia al diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, quien acepta interpelación del diputado Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática, y por parte de la Comisión de Comunicaciones al diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, quien acepta interpelación del diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia; y Mario Alberto Di Costanzo Armenta, ambos del Partido del Trabajo; y en pro los diputados Martín García Avilés, del Partido de la Revolución Democrática; Nancy González Ulloa, del Partido Acción Nacional; María de Jesús Aguirre Maldonado, Arturo Zamora Jiménez, José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Partido Revolucionario Institucional; y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos quince votos a favor; seis en contra; y siete abstenciones. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados Gastón Luken Garza, del Partido Acción Nacional; Miguel Ernesto Pompa Corella, del Partido Revolucionario Institucional; y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

b) De Economía, que adiciona al artículo mil trescientos noventa y uno, una fracción octava, recorriendo la actual octava para quedar como novena del Código de Comercio. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el proyecto de decreto a nombre de la Comisión al diputado Vidal Llerenas Morales. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e interviene en contra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; y en pro el diputado Raúl Gerardo Cuadra García, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido, y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos seis votos a favor; cinco en contra; y tres abstenciones. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

c) De Puntos Constitucionales, que adiciona un último párrafo al artículo cuarto y reforma la fracción vigésimo novena-J del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Reginaldo Rivera de la Torre. Se concede el uso de la palabra para fijar postura de sus grupos parlamentarios los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo y Reyna Araceli Tirado Gálvez, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Adolfo de la Garza Malacara, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa que se reserva la fracción vigésima novena-J, del artículo setenta y tres del proyecto de decreto. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto por mayoría calificada de doscientos noventa y nueve votos a favor; y cuatro abstenciones. Se concede el uso de la palabra para presentar propuesta de modificación a la fracción vigésima novena-J del artículo setenta y tres del proyecto de decreto al diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. Se somete a discusión la propuesta de modificación e interviene en contra el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional; y en pro el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo. Desde su curul el diputado Jesús Alejandro Encinas Rodríguez, expresa la aceptación de la propuesta de modificación a nombre de la Comisión. En votación económica se acepta la modificación propuesta por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación nominal se aprueba en lo particular el artículo reservado con la modificación aceptada por la Asamblea por doscientos sesenta y nueve votos a favor; y tres abstenciones. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes en sentido negativo con puntos de acuerdo por los que desechan iniciativas o minutas con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Presupuesto y Cuenta Pública:

• Que reforma el artículo diecinueve de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

• Que adiciona el artículo ciento once Bis y reforma el artículo ciento catorce de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

• Que adiciona un artículo treinta y dos Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

• Que reforma el artículo diecinueve de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de uso de los recursos del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones.

• Que reforma el artículo diecinueve de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

b) Justicia, que adiciona los artículos trescientos noventa Bis a trescientos noventa Quintus y reforma el artículo ciento noventa y cuatro, fracción primera, inciso dieciocho del Código de Procedimientos Penales.

c) Agricultura y Ganadería, que reforma el Segundo Párrafo del artículo veintiuno de la Ley Federal de Sanidad Animal.

d) Salud:

• Que reforma el artículo ciento setenta y siete de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo tercero de la Ley General de Salud.

e) Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma los artículos siete y cuarenta y dos de la Ley General de Educación.

f) Agricultura y Ganadería, por el que reforma los artículos cuatro, veintiuno y ciento setenta y uno de la Ley Federal de Sanidad Animal.

g) Salud:

• Por el que se reforma el artículo trescientos siete de la Ley General de Salud.

• Por el que se reforman los artículos tres, diecisiete, ciento cincuenta y nueve, doscientos doce, doscientos setenta y cinco, doscientos setenta y seis, doscientos setenta y siete, doscientos setenta y siete Bis, trescientos siete y se reforma el Título del Capítulo décimo primero, de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo cuarenta y siete de la Ley General de Salud.

h) Unidas de Salud, de Agricultura y Ganadería y de Economía, con Puntos de Acuerdo por los se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Productos Orgánicos y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

i) Vivienda:

• Por el que se adiciona un artículo cuarenta y nueve Bis a la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.

• Por el que se reforman los artículos dos, seis y ocho de la Ley de Vivienda.

j) Educación Pública y Servicios Educativos:

• Que reforma los artículos treinta y tres de la Ley General de Educación y doce de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en materia de distribución de software especial para personas con discapacidad visual.

• Que adiciona una fracción quinta al artículo veinte de la Ley General de Educación.

• Que reforma los artículos seis y catorce de la Ley General de Educación, en materia de dotación de útiles escolares.

• Que adiciona una fracción octava al artículo catorce de la Ley General de Educación.

• Que adiciona la fracción décima séptima al artículo siete de la Ley General de Educación, en materia de educación y seguridad vial.

k) Turismo, por el que se establece la última semana de febrero de cada año, como la Semana Nacional de Turismo.

l) Marina, que adiciona dos párrafos a la fracción segunda del artículo cincuenta y nueve de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

m) Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

n) Salud:

• Por el que se reforman los artículos diecisiete y veintiocho de la Ley General de Salud.

• Que reforma y adiciona el artículo trescientos siete de la Ley General de Salud.

• Que adiciona la fracción quinta al artículo noventa de la Ley General de Salud.

• Que reforma el párrafo quinto del artículo treinta y seis de la Ley General de Salud.

• Que adiciona un tercer párrafo al artículo setenta y siete bis nueve de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo ciento tres de la Ley General de Salud.

• Que adiciona un segundo párrafo al artículo cuatrocientos ochenta de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo setenta y nueve y se adiciona un párrafo al artículo ochenta y nueve de la Ley General de Salud.

o) Comunicaciones, que reforma los artículos dos y doce de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

p) Recursos Hidráulicos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

q) Seguridad Social, que reforma la fracción quinta del artículo doscientos cincuenta y uno de la Ley del Seguro Social.

r) Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que expide la Ley General de Bienestar Animal.

s) Desarrollo Social:

• Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.

• Por el que se reforma el artículo ocho de la Ley General de Desarrollo Social relativo a la creación de un Sistema Nacional de Comedores Públicos.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

• Que reforma el artículo tres de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

• Por el que se reforma los artículos cinco, y cuarenta y uno de la Ley General de Desarrollo Social.

• Por el que se reforma el artículo veintiocho de la Ley General de Desarrollo Social.

• Por el que se expide la Ley General para el Apoyo y el Desarrollo de las Madres Solteras Jefas de Familia.

• Que reforma los artículos tres, cinco, siete, ocho, once, diecinueve, veintiuno, veintisiete, treinta y tres, y cuarenta y uno de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma los artículos treinta y tres, y treinta y cuatro de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma el artículo catorce de la Ley General de Desarrollo Social.

t) Reforma Agraria, por el que se reforman los artículos cincuenta y seis, y cincuenta y ocho de la Ley Agraria.

u) Salud, por el que se reforman los artículos veintiséis, veintisiete y veintiocho de la Ley General para el Control del Tabaco.

v) Seguridad Pública, por el que se reforma el artículo doce de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

w) Unidas de Economía y de Salud, que reforma los artículos cuarenta y uno de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y doscientos ochenta y uno de la Ley General de Salud.

x) Economía, por el que se reforman los artículos cuatro y veintidós de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

y) Seguridad Pública, por el que se reforman los artículos cinco, veinticinco, veintiocho, veintinueve, treinta, y treinta y uno de la Ley de Seguridad Privada.

z) Defensa Nacional, por el que se reforman los artículos quince, y veintiséis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

aa) Gobernación, por el que se reforman y adicionan los artículos treinta y cuatro, y setenta y cuatro de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

bb) Asuntos Indígenas, por el que se reforma la fracción décimo novena y se adiciona una fracción vigésima al artículo dos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

cc) Salud:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

• Que reforma los artículos dos, seis, siete, diecisiete, noventa y siete, noventa y nueve, ciento cuatro, y ciento seis de la Ley General de Salud.

dd) Unidas de Salud y de Economía, que reforma los artículos trescientos siete de la Ley General de Salud, y treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

ee) Salud:

• Que adiciona los artículos ciento cincuenta y siete Ter y ciento cincuenta y siete Quáter, a la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo doscientos cincuenta y cuatro de la Ley General de Salud.

• Que adiciona la fracción segunda y cuarta al artículo sesenta y uno de la Ley General de Salud.

• Que reforma los artículos sexto, y noventa y tres de la Ley General de Salud.

ff) Población Fronteras y Asuntos Migratorios:

• Por el que se adiciona un inciso g) a la fracción tercera del artículo treinta y siete, y reforma el último párrafo del artículo cuarenta de la Ley de Migración.

• Por el que se reforma el artículo ciento siete de la Ley General de Población.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos concluidos, por lo que se refiere a las Minutas, se devuelven al Senado para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública, contador público Rafael Morgan Ríos, ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el marco del Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública dos mil diez, presentado por la Auditoría Superior de la Federación. En votación económica se aprueban las propuestas. Comuníquese.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional:

– Para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Melchor Múzquiz. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

– Que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Daniela Nadal Riquelme, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el Título Quinto de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Jorge Herrera Martínez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Rafael Pacchiano Alamán, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento dieciséis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Pedro Jiménez León, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo octavo del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Laura Arizmendi Campos, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos séptimo y octavo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados.

• Héctor Guevara Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y expide la Ley Federal de la Pirotecnia. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Presidencia del diputadoJesús María Rodríguez Hernández

• María de Lourdes Reynoso Femat, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Radio, Televisión y Cinematografía, para dictamen.

• Juan Carlos Regis Adame, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.

– Que adiciona un artículo cinco Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

– Que reforma el artículo setenta del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Que reforma el artículo doscientos doce del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Jaime Arturo Vázquez Aguilar, que reforma el artículo cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, para dictamen.

• Diana Patricia González Soto, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

Se recibe de la diputada Laura Viviana Agundiz Pérez, del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento nueve de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General de Protección y Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos Generadas por la Violencia. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La Secretaría da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea una Secretaría adicional de las Comisiones de Defensa Nacional, Especial de Vigilancia y Seguimiento de la Industria Azucarera, y Especial de Seguimiento a las Aportaciones de los Ex-trabajadores Mexicanos Braceros. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Herón Agustín Escobar García, a nombre propio y del diputado Óscar González Yáñez, ambos del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Rafael Rodríguez González, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo tercero de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Ganadería, para dictamen.

• Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento treinta y cuatro y adiciona un artículo doscientos veinte Ter al Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Susana Hurtado Vallejo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Presidencia del diputadoGuadalupe Acosta Naranjo

• Edgardo Chaire Chavero, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Ricardo López Pescador, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo los diputados quienes solicitan de viva voz o por escrito sean inscritas la siguiente sesión; en consecuencia se turnan las siguientes:

a) Iniciativas con proyecto de decreto, de los diputados:

• Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del Código de Justicia Militar, de la Ley Orgánica de la Armada de México y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Justicia, para dictamen.

• David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que proponga ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción de la Lucha Libre Profesional como patrimonio cultural inmaterial de México. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Rosi Orozco, del Partido Acción Nacional, por el que se reconocen y felicitan las acciones de la Procuraduría Federal de la República, para lograr el desmantelamiento de una red de trata de personas que operaba en México-Estados Unidos, vía Tlaxcala-Nueva-York, así como la detención de siete integrantes; y se exhorta a las entidades federativas que intensifiquen operativos que posibiliten la obtención de resultados en el rescate, detección y castigo de la trata de personas. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la celebración de una Sesión Solemne para conmemorar el centésimo vigésimo quinto Aniversario de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y el inicio del normalísimo en México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación a los servicios que deberán considerar como limitativos los contadores públicos registrados para la emisión de dictámenes de carácter fiscal, a fin de evitar confusiones. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que implemente la regionalización de las reglas de operación de los programas federales y así lograr distribuir de manera igualitaria, prioritaria y suficiente, los apoyos generados mediante los programas existentes. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Daniela Nadal Riquelme, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para implantar acciones que satisfagan las necesidades de educación especial de niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, inicie la construcción y rehabilitación de infraestructura de espacios deportivos en escuelas públicas de nivel básico de todo el país y designe el presupuesto necesario para la ampliación de horas de clase de Educación y Cultura Física en dichas escuelas, con la finalidad de contribuir en la atención de la obesidad infantil. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

El Presidente levanta la sesión a las quince horas con once minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el día martes  seis de marzo de dos mil doce a las once horas.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Gloria Romero León: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Adolfo de la Garza Malacara cause alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que la diputada Frida Celeste Rosas Peralta cause alta como integrante en la Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 2 de marzo de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Javier Ramírez Acuña, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Edgardo Chaire Chavero cause alta como secretario de la Comisión de Desarrollo Rural.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 2 de marzo de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobados. Comuníquense.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

La Secretaria diputada Gloria Romero León: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguido diputado Acosta Naranjo:

Por este medio me permito solicitar a usted de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se realicen los trámites necesarios para la reincorporación a mis actividades legislativas a partir del lunes 5 de marzo del año en curso.

Sin otro particular y para los efectos legales a los que haya lugar, agradezco de antemano su fina atención.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 5 marzo de 2012.— Diputado Jorge Arana Arana (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De enterado. Comuníquese.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

La Secretaria diputada Gloria Romero León: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que con fecha 16 de febrero del actual, la diputada Rodolfina Gatica Garzón, tomó la decisión de integrarse a este grupo parlamentario.

Lo anterior, con la finalidad de que se realicen los trámites administrativos que correspondan.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de febrero de 2012.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), coordinador general.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De enterado. Comuníquese.

LEY FEDERAL DE EXTINCION DE DOMINIO

La Secretaria diputada Gloria Romero León: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Reciba un cordial saludo.

Por este medio, me permito solicitar de la manera más atenta que se retire la iniciativa que reforma el artículo 56 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por una servidora, la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que fue turnada a la Comisión de Justicia el día martes 28 de febrero del 2012, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Adjunto la iniciativa correspondiente.

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2012.— Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Gloria Romero León: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado presidente:

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, y para los efectos procesales en este acto me permito retirar la siguiente iniciativa presentada por la suscrita:

Proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que los grupos parlamentarios respondan a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 1o. de marzo de 2012.— Diputada María Teresa Ochoa Mejía (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

TRATA DE PERSONAS

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de este conducto me dirijo a usted en forma respetuosa, para solicitar su valioso apoyo para que con fundamento en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, sea retirado de todos los trámites y registros parlamentarios; la proposición con punto de acuerdo por el que se reconocen y felicitan las acciones de la Procuraduría General de la República, para lograr el desmantelamiento de una red de trata de personas que operaba en México y Estados Unidos, vía Tlaxcala-Nueva York, así como la detención de siete de sus integrantes; y se exhorta a las entidades federativas a que intensifiquen los correspondientes operativos en el ámbito de su competencia, que posibiliten la obtención de resultados, en el rescate, detección y castigo de la trata de personas; asunto que fue incluido en el orden del día de la pasada sesión del jueves 1 de marzo con solo turno a comisión

Sin más por el momento le agradezco la atención brindada al presente y me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

Palacio Legislativo, a 2 de marzo de 2012.— Diputada Rosi Orozco (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de enero de 2012.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de enero de 2011.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 2012. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de enero del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 1o. de marzo de 2012.— José Antonio Meade Kuribreña (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnense a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número 100.DGVEE.011/2012, el ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez, director general de Vinculación y Enlace Energético de la Secretaría de Energía, remite el informe trimestral respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos, correspondiente al cuarto periodo del 2011.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Anexo al presente me permito enviarle el “Informe Trimestral respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos”, remitido a esta dependencia por el Director General de la entidad paraestatal, el 27 de febrero de 2012, correspondiente al cuarto periodo del año 2011. Lo anterior con el objeto de que, por su conducto, se haga llegar dicha información al honorable Congreso de la Unión, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 29 de febrero de 2012.— Ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez (rúbrica), director General de Vinculación y Enlace Energético.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 100.DGVEE.012/2012, el ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez, director general de Vinculación y Enlace Energético de la Secretaría de Energía, remite el informe del Programa para incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEO), correspondiente al cuarto trimestre de 2011, así como las observaciones de esa dependencia.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Anexo al presente oficio el “informe del Programa para incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEO)”, correspondiente al cuarto trimestre de 2011, entregado por Pemex el 27 de febrero de 2012 a esta dependencia, así como las observaciones de la Secretaría de Energía a este informe, de conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007 (decreto).

Lo anterior con objeto de que, por su amable conducto, se haga llegar dicha información al honorable Congreso de la Unión, dando cumplimiento de lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 29 de febrero de 2012.— Ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez (rúbrica), director General de Vinculación y Enlace Energético.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-4964, signado por el diputado Bonifacio Herrera Rivera, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número GRI/ 103/2012 suscrito por el licenciado Alejandro Lozano Botello, Gerente de Relaciones Interinstitucionales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los créditos otorgados a los trabajadores que se encuentran en estado de insolvencia y se investiguen los desalojos que está llevando a cabo dicho Instituto.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF., a 29 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Diputado Federal Bonifacio Herrera Rivera, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.

Me refiero a su atento oficio identificado con la referencia número D.G.P.L. 61-II-9-4966 de fecha 16 de febrero del presente año, dirigido al contador público Víctor Manuel Borrás Setién, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en adelante Infonavit), mediante el cual se nos informa del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 16 del actual, en el cual se “exhorta al Consejo de Administración del Infonavit, para que de inmediato ponga fin a los desalojos y declare una prórroga indefinida sobre los créditos otorgados a los trabajadores que se encuentran en estado de insolvencia, especialmente respecto a los que habitan en las zonas del país más golpeadas por la crisis económica, la violencia y la sequía, a fin de que preserven su patrimonio familiar; así como al director general del Instituto, para que inicien los procesos de investigación para el deslinde de responsabilidades respecto a los autores del desalojo llevado a cabo el1 de febrero de 2012 en el fraccionamiento Los Encinos de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas”.

Al respecto respetuosamente le manifiesto lo siguiente:

Entre los principales objetivos del Infonavit, se encuentra el administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, que se constituye con las aportaciones hechas por las empresas a favor de sus trabajadores, a través del establecimiento y operación de un sistema de financiamiento que permita a los derechohabientes obtener crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas; la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, o bien para el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores.

Ahora bien, la viabilidad del Fondo Nacional de la Vivienda y, por ende, el cumplimiento del doble mandato legal conferido al Infonavit, otorgar créditos y pagar rendimientos al ahorro de los trabajadores, depende de la administración correcta y apegada a derecho de su cartera de créditos, es por ello que de manera permanente se trabaja por encontrar mecanismos que permitan la recuperación de los créditos sin perder de vista el carácter social del Instituto.

Por lo que respecta específicamente al segundo resolutivo del punto de acuerdo, relativo al fraccionamiento Los Encinos, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en su exposición de motivos que dio origen al exhorto firmado por la Junta de Coordinación Política y aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, el diputado Rodolfo Lara Lugunas del Partido de la Revolución Democrática afirma que “el pasado primero de febrero de este año, abogados del Infonavit respaldados hasta por una tanqueta del ejército, comenzaron el desalojo de 300 familias” del mencionado fraccionamiento.

Lo anterior resulta ser inexacto, ya que el Infonavit no ha llevado a cabo desalojo alguno en el fraccionamiento Los Encinos en la fecha señalada, es decir, el día primero de febrero del año en curso, debiendo señalar el único acto que se ha registrado en últimas fechas fue la recuperación de dos viviendas por parte de la empresa SCRAP, mismas que se referían a créditos cedidos por el Infonavit a dicho despacho.

Cabe señalar que de estas dos viviendas recuperadas por la empresa SCRAP, una estaba desocupada y la otra estaba habitada por otra persona que no era el acreditado.

En este segundo caso, antes de llevar a cabo la posesión del inmueble y el Juzgado emitiera fecha para la diligencia para la toma de posesión, el referido despacho acudió al domicilio para revisar la situación del inmueble, mismo que se encontraba habitado por un tercero quien recibió las notificaciones desde el 13 de enero de 2010, así como las posteriores notificaciones realizadas por el Juzgado sin obtener respuesta del acreditado ni del referido tercero que ocupaba la vivienda. Para el 31 de enero de 2012, se realizó la diligencia de toma de posesión del bien.

Ahora bien, respecto a la cartera que en su momento el Infonavit cedió a la empresa SCRAP, cabe señalar que lo anterior se debió a que se trataba de créditos en cartera de difícil recuperación, cuya característica era alta morosidad (37 o más omisiones de pago en promedio) o bien, casos en los que no se había realizado pago alguno a lo largo de 17 años, con acciones y esfuerzos para localizar a los deudores y ofrecerles alternativas de regularización mediante los esquemas de apoyo social diseñados por el Instituto antes de su venta.

El incidente en el fraccionamiento Los Encinos en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, confirma la condición que guardaban los créditos cedidos a la empresa SCRAP, ya que de las dos viviendas recuperadas, una se encontraba abandonada y la otra habitada por una persona distinta al acreditado.

En todo momento el Infonavit aplica esquemas de salida para dar solución al problema de cartera vencida, apoyando a los acreditados con voluntad de pago, es por ello que desarrolla efectivamente un modelo único de cobranza social que garantiza una solución a cada caso concreto, a saber:

Modelo de cobranza social

Como administrador del Fondo Nacional de la Vivienda, tiene la responsabilidad de recuperar los créditos que ha otorgado a sus derechohabientes para la adquisición de vivienda, por ello, desde el 2005 y tomando en cuenta las mejores prácticas en materia de administración de cartera hipotecaria, el Instituto diseñó el Modelo de Cobranza Social, el cual busca entre otras cosas, brindar alternativas de solución a los acreditados que por falta de capacidad económica se vieron imposibilitados para hacer frente a los pagos de sus créditos hipotecarios suscritos con el Infonavit, privilegiando las soluciones de carácter administrativo a efecto de minimizar la promoción de acciones de carácter judicial, que resultan gravosas para las partes en conflicto, en particular para los acreditados.

Por lo anterior, es que se tienen establecidos 39 esquemas de apoyo para que a través de la reestructura de adeudos bajo las mejores condiciones, dentro del mercado hipotecario, los acreditados regularicen su situación de adeudo y conserven su vivienda. Estas acciones se promueven desde el primer mes de omisión de pago y prosiguen por varios meses más, a pesar que desde el primer o tercer mes en que se ha omitido el pago, según la fecha del contrato de crédito, el Infonavit tiene la posibilidad legal de iniciar con un juicio para rescindir el contrato o solicitar la ejecución de la garantía, que lo es la vivienda que se adquirió con el crédito, según corresponda. Cabe mencionar que a pesar de que a la fecha se tienen dictadas 5,286 sentencias a favor del Instituto, solo 103 viviendas han sido adjudicadas

Mediante el modelo de cobranza social se ofrecen alternativas de regularización que atienden a las particularidades de cada caso, para que las familias conserven su patrimonio. Además, cuando se detectan condiciones económicas críticas, se llevan a cabo estudios socioeconómicos por las diferentes universidades del país, cuyo resultado es determinante para fijar un pago de acuerdo con la capacidad real de la familia o, incluso, para condonar el adeudo. El modelo de cobranza social ha permitido que, desde la fecha de su implementación, se hayan beneficiado 56,453 trabajadores tamaulipecos, dando con ello tranquilidad a su familia y seguridad a su patrimonio.

Garantía Infonavit

Por otra parte, el Infonavit en su carácter de Hipotecaria Social lanzó el programa Garantía Infonavit, que consiste en agrupar los beneficios, apoyos, soluciones y defensoría en un solo instrumento.

Los beneficios, apoyos y soluciones que ofrece la Garantía Infonavit son los siguientes:

En caso de pérdida de empleo:

• Prórroga total

• Prórroga parcial

• Seguro de protección de pagos (2007-2008)

• Fondo de protección de pagos (2009-2010)

• Bolsa de trabajo

• Seguro de defunción y seguro de incapacidad total permanente

En caso de Disminución de ingresos y regularización:

• Disminución de pago por disminución de salario

• Disminución de pago por estabilidad en el empleo

• Disminución de pago por paro técnico

• Reestructuración automática de adeudas a créditos ROA

• Disminución de pago créditos posteriores a febrero 2008.

• Reestructura vía “solución y cuenta nueva” (33 diferentes opciones)

Si se trata de acreditados cumplidos:

• Sorteo de 120,000 mensualidades

• Del 5 al 10% de descuento al liquidar para acreditados cumplidos con más de 2 años de antigüedad

• Promociones y Descuentos

En caso de liquidación anticipada:

• 30% de descuento para créditos anteriores a Julio del 1995.

• 10% de descuento para acreditados cumplidos con más de 10 años de antigüedad

Defensoría del acreditado

Como parte de la Garantía Infonavit, se crea adicionalmente la figura de Defensoría del Acreditado para garantizar un servicio de calidad imparcial y transparente, con un enfoque de ayuda y asegurar así, que los acreditados reciban las garantías de apoyo que Infonavit le ofrece.

Al crearse la Defensoría del acreditado, se garantiza que tendrá acceso a los productos y que, en caso de no recibirlos, existirá esta entidad que le apoyará para hacer valer su garantía, con lo cual se obtienen los siguientes beneficios:

• Para el acreditado: Beneficios y soluciones a la mano, de fácil acceso y guía para obtenerlos.

• Para el Infonavit: Establecer y observar un esquema integral de apoyo a los trabajadores acreditados.

Lineamientos de servicio en materia de cobranza de créditos

Es importante destacar que la Delegación cuenta una plantilla de 24 personas en el área de Cobranza, por lo que resulta indispensable contar con el apoyo de terceros a fin de poder servir con calidad a los 235,118 acreditados que conforman el portafolio total actual de Tamaulipas.

Ahora bien, por lo que respecta a los despachos de cobranza y a los asesores o promotores de solución que apoyan al Instituto en las labores de cobranza de la cartera que no tiene una relación laboral formal, es importante destacar que los mismos forman parte del programa Compromisos de Servicio Infonavit, el cual contempla la aplicación de autosanciones y compensaciones en caso de que el Instituto o un tercero que opere en su nombre, incumpla una promesa de servicio. Estos despachos de cobranza deben dar cumplimiento a lo establecido en el código de ética, el cual define de manera clara el comportamiento que deben observar en sus actividades diarias.

En caso de cobros indebidos, errores u omisiones operativas en la formalización de convenios de reestructura, procesos iniciados de manera inadecuada, gestiones de cobro fuera de horarios establecidos o valiéndose de amenazas, entre otros, los despachos deberán compensar económicamente a los acreditados afectados, además de ofrecer una disculpa y en su caso, asumir costos administrativos. La compensación económica podrá ir desde una mensualidad hasta el pago de todos los omisos al momento de que se presente la queja o denuncia.

El derechohabiente puede denunciar al despacho a través de los diferentes canales de atención que ofrece el Instituto como Infonatel, los Centros de Servicio y la página web www.infonavit.org.mx. donde asesores identifican la problemática, la remiten a un comité que analiza el caso y de confirmarse el mal servicio, se determina la penalización correspondiente.

Además de ofrecer una compensación al acreditado afectado, los despachos pueden ser sancionados.

La sanción, que podrá ir desde el retiro temporal del 50% de la cartera asignada, la suspensión de labores durante seis meses hasta la rescisión del contrato, dependerá de la falta y de la recurrencia de la misma.

En este sentido se han implementado diversas acciones entre las cuales, por su importancia, destacan las siguientes:

• Estandarización del servicio (avisos, notificaciones, asesoría, engomado, etc.)

• Capacitación a despachos y delegaciones

• Certificación a través de normas de competencia laboral a Despachos y gestores de cobranza

• Transformación cultural de los gestores, convertir/os en asesores hipotecarios.

• Alineación al Código de Ética:

• A través de los contratos con despachos.

• Supervisión a despachos por medio de encuestas al acreditado y sembrado de testigos.

• Auditorías a los procesos de asesoría y cobranza.

• Compromiso de Servicio hacia los acreditados.

• Con lo cual garantizamos que si un despacho incurrió en un desapego al Código de Ética se hará acreedor a una sanción que va desde una indemnización económica al acreditado, hasta una rescisión contractual.

• Hoy llevamos a cabo un plan Estratégico denominado “Evaluación y aseguramiento de Calidad de Proveedores”, que entre sus objetivos principales persigue:

• Medición continúa del servicio que ofrecen los despachos de cobranza a los acreditados en materia de calidad y de operación.

• Elevar de manera permanente la calidad de los servicios que reciben nuestros derechohabientes, acreditados y en general todas las partes interesadas.

• Establecer un modelo general de índices de calidad para cada uno de los integrantes del Infonavit ampliado.

• Asegurar que los productos y servicios están 100% alineados a los requerimientos de los usuarios.

Por último, es importante mencionar que la participación del Infonavit en el desarrollo de Tamaulipas en los últimos 10 años, ha contribuido a la generación de empleo y por ende al crecimiento económico del Estado. La derrama económica en este periodo ha sido en el orden de los 51,918 millones de pesos equivalente al 36.6% del total de transferencias (Participaciones y Aportaciones) del Gobierno Federal a Tamaulipas. Así mismo, durante éste período se han otorgado 245 mil créditos, con lo que el 35% de los tamaulipecos ha adquirido una vivienda con crédito Infonavit.

Finalmente, reiteramos el compromiso de la administración del Instituto por buscar de manera permanente mecanismos acordes a las necesidades de todos aquellos acreditados que atraviesan una situación económica que les limita la posibilidad de cumplir de manera puntual con el pago de su crédito sin perder de vista de igual manera, la responsabilidad que se tiene de proteger el ahorro de los trabajadores y mantener la viabilidad del Fondo Nacional de la Vivienda.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 29 de febrero de 2012.— Licenciado Alejandro Lozano Botello (rúbrica), gerente de Relaciones Interinstitucionales del Infonavit.»

«Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su atento oficio identificado con la referencia número D.G.P.L. 61-II-9-4966 de fecha 16 de febrero del presente año, dirigido al contador público Víctor Manuel Borrás Setién, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en adelante Infonavit), mediante el cual se nos informa del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 16 del actual, en el cual se “exhorta al Consejo de Administración del Infonavit, para que de inmediato ponga fin a los desalojos y declare una prórroga indefinida sobre los créditos otorgados a los trabajadores que se encuentran en estado de insolvencia, especialmente respecto a los que habitan en las zonas del país más golpeadas por la crisis económica, la violencia y la sequía, a fin de que preserven su patrimonio familiar; así como al director general del Instituto, para que inicien los procesos de investigación para el deslinde de responsabilidades respecto a los autores del desalojo llevado a cabo el1 de febrero de 2012 en el fraccionamiento Los Encinos de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas”.

Al respecto respetuosamente le manifiesto lo siguiente:

Entre los principales objetivos del Infonavit, se encuentra el administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, que se constituye con las aportaciones hechas por las empresas a favor de sus trabajadores, a través del establecimiento y operación de un sistema de financiamiento que permita a los derechohabientes obtener crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas; la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, o bien para el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores.

Ahora bien, la viabilidad del Fondo Nacional de la Vivienda y, por ende, el cumplimiento del doble mandato legal conferido al Infonavit, otorgar créditos y pagar rendimientos al ahorro de los trabajadores, depende de la administración correcta y apegada a derecho de su cartera de créditos, es por ello que de manera permanente se trabaja por encontrar mecanismos que permitan la recuperación de los créditos sin perder de vista el carácter social del Instituto.

Por lo que respecta específicamente al segundo resolutivo del punto de acuerdo, relativo al fraccionamiento Los Encinos, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en su exposición de motivos que dio origen al exhorto firmado por la Junta de Coordinación Política y aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, el diputado Rodolfo Lara Lugunas del Partido de la Revolución Democrática afirma que “el pasado primero de febrero de este año, abogados del Infonavit respaldados hasta por una tanqueta del ejército, comenzaron el desalojo de 300 familias” del mencionado fraccionamiento.

Lo anterior resulta ser inexacto, ya que el Infonavit no ha llevado a cabo desalojo alguno en el fraccionamiento Los Encinos en la fecha señalada, es decir, el día primero de febrero del año en curso, debiendo señalar el único acto que se ha registrado en últimas fechas fue la recuperación de dos viviendas por parte de la empresa SCRAP, mismas que se referían a créditos cedidos por el Infonavit a dicho despacho.

Cabe señalar que de estas dos viviendas recuperadas por la empresa SCRAP, una estaba desocupada y la otra estaba habitada por otra persona que no era el acreditado.

En este segundo caso, antes de llevar a cabo la posesión del inmueble y el Juzgado emitiera fecha para la diligencia para la toma de posesión, el referido despacho acudió al domicilio para revisar la situación del inmueble, mismo que se encontraba habitado por un tercero quien recibió las notificaciones desde el 13 de enero de 2010, así como las posteriores notificaciones realizadas por el Juzgado sin obtener respuesta del acreditado ni del referido tercero que ocupaba la vivienda. Para el 31 de enero de 2012, se realizó la diligencia de toma de posesión del bien.

Ahora bien, respecto a la cartera que en su momento el Infonavit cedió a la empresa SCRAP, cabe señalar que lo anterior se debió a que se trataba de créditos en cartera de difícil recuperación, cuya característica era alta morosidad (37 o más omisiones de pago en promedio) o bien, casos en los que no se había realizado pago alguno a lo largo de 17 años, con acciones y esfuerzos para localizar a los deudores y ofrecerles alternativas de regularización mediante los esquemas de apoyo social diseñados por el Instituto antes de su venta.

El incidente en el fraccionamiento Los Encinos en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, confirma la condición que guardaban los créditos cedidos a la empresa SCRAP, ya que de las dos viviendas recuperadas, una se encontraba abandonada y la otra habitada por una persona distinta al acreditado.

En todo momento el Infonavit aplica esquemas de salida para dar solución al problema de cartera vencida, apoyando a los acreditados con voluntad de pago, es por ello que desarrolla efectivamente un modelo único de cobranza social que garantiza una solución a cada caso concreto, a saber:

Modelo de cobranza social

Como administrador del Fondo Nacional de la Vivienda, tiene la responsabilidad de recuperar los créditos que ha otorgado a sus derechohabientes para la adquisición de vivienda, por ello, desde el 2005 y tomando en cuenta las mejores prácticas en materia de administración de cartera hipotecaria, el Instituto diseñó el Modelo de Cobranza Social, el cual busca entre otras cosas, brindar alternativas de solución a los acreditados que por falta de capacidad económica se vieron imposibilitados para hacer frente a los pagos de sus créditos hipotecarios suscritos con el Infonavit, privilegiando las soluciones de carácter administrativo a efecto de minimizar la promoción de acciones de carácter judicial, que resultan gravosas para las partes en conflicto, en particular para los acreditados.

Por lo anterior, es que se tienen establecidos 39 esquemas de apoyo para que a través de la reestructura de adeudos bajo las mejores condiciones, dentro del mercado hipotecario, los acreditados regularicen su situación de adeudo y conserven su vivienda. Estas acciones se promueven desde el primer mes de omisión de pago y prosiguen por varios meses más, a pesar que desde el primer o tercer mes en que se ha omitido el pago, según la fecha del contrato de crédito, el Infonavit tiene la posibilidad legal de iniciar con un juicio para rescindir el contrato o solicitar la ejecución de la garantía, que lo es la vivienda que se adquirió con el crédito, según corresponda. Cabe mencionar que a pesar de que a la fecha se tienen dictadas 5,286 sentencias a favor del Instituto, solo 103 viviendas han sido adjudicadas

Mediante el modelo de cobranza social se ofrecen alternativas de regularización que atienden a las particularidades de cada caso, para que las familias conserven su patrimonio. Además, cuando se detectan condiciones económicas críticas, se llevan a cabo estudios socioeconómicos por las diferentes universidades del país, cuyo resultado es determinante para fijar un pago de acuerdo con la capacidad real de la familia o, incluso, para condonar el adeudo. El modelo de cobranza social ha permitido que, desde la fecha de su implementación, se hayan beneficiado 56,453 trabajadores tamaulipecos, dando con ello tranquilidad a su familia y seguridad a su patrimonio.

Garantía Infonavit

Por otra parte, el Infonavit en su carácter de Hipotecaria Social lanzó el programa Garantía Infonavit, que consiste en agrupar los beneficios, apoyos, soluciones y defensoría en un solo instrumento.

Los beneficios, apoyos y soluciones que ofrece la Garantía Infonavit son los siguientes:

En caso de pérdida de empleo:

• Prórroga total

• Prórroga parcial

• Seguro de protección de pagos (2007-2008)

• Fondo de protección de pagos (2009-2010)

• Bolsa de trabajo

• Seguro de defunción y seguro de incapacidad total permanente

En caso de Disminución de ingresos y regularización:

• Disminución de pago por disminución de salario

• Disminución de pago por estabilidad en el empleo

• Disminución de pago por paro técnico

• Reestructuración automática de adeudas a créditos ROA

• Disminución de pago créditos posteriores a febrero 2008.

• Reestructura vía “solución y cuenta nueva” (33 diferentes opciones)

Si se trata de acreditados cumplidos:

• Sorteo de 120,000 mensualidades

• Del 5 al 10% de descuento al liquidar para acreditados cumplidos con más de 2 años de antigüedad

• Promociones y Descuentos

En caso de liquidación anticipada:

• 30% de descuento para créditos anteriores a Julio del 1995.

• 10% de descuento para acreditados cumplidos con más de 10 años de antigüedad

Defensoría del acreditado

Como parte de la Garantía Infonavit, se crea adicionalmente la figura de Defensoría del Acreditado para garantizar un servicio de calidad imparcial y transparente, con un enfoque de ayuda y asegurar así, que los acreditados reciban las garantías de apoyo que Infonavit le ofrece.

Al crearse la Defensoría del acreditado, se garantiza que tendrá acceso a los productos y que, en caso de no recibirlos, existirá esta entidad que le apoyará para hacer valer su garantía, con lo cual se obtienen los siguientes beneficios:

• Para el acreditado: Beneficios y soluciones a la mano, de fácil acceso y guía para obtenerlos.

• Para el Infonavit: Establecer y observar un esquema integral de apoyo a los trabajadores acreditados.

Lineamientos de servicio en materia de cobranza de créditos

Es importante destacar que la Delegación cuenta una plantilla de 24 personas en el área de Cobranza, por lo que resulta indispensable contar con el apoyo de terceros a fin de poder servir con calidad a los 235,118 acreditados que conforman el portafolio total actual de Tamaulipas.

Ahora bien, por lo que respecta a los despachos de cobranza y a los asesores o promotores de solución que apoyan al Instituto en las labores de cobranza de la cartera que no tiene una relación laboral formal, es importante destacar que los mismos forman parte del programa Compromisos de Servicio Infonavit, el cual contempla la aplicación de autosanciones y compensaciones en caso de que el Instituto o un tercero que opere en su nombre, incumpla una promesa de servicio. Estos despachos de cobranza deben dar cumplimiento a lo establecido en el código de ética, el cual define de manera clara el comportamiento que deben observar en sus actividades diarias.

En caso de cobros indebidos, errores u omisiones operativas en la formalización de convenios de reestructura, procesos iniciados de manera inadecuada, gestiones de cobro fuera de horarios establecidos o valiéndose de amenazas, entre otros, los despachos deberán compensar económicamente a los acreditados afectados, además de ofrecer una disculpa y en su caso, asumir costos administrativos. La compensación económica podrá ir desde una mensualidad hasta el pago de todos los omisos al momento de que se presente la queja o denuncia.

El derechohabiente puede denunciar al despacho a través de los diferentes canales de atención que ofrece el Instituto como Infonatel, los Centros de Servicio y la página web www.infonavit.org.mx. donde asesores identifican la problemática, la remiten a un comité que analiza el caso y de confirmarse el mal servicio, se determina la penalización correspondiente.

Además de ofrecer una compensación al acreditado afectado, los despachos pueden ser sancionados.

La sanción, que podrá ir desde el retiro temporal del 50% de la cartera asignada, la suspensión de labores durante seis meses hasta la rescisión del contrato, dependerá de la falta y de la recurrencia de la misma.

En este sentido se han implementado diversas acciones entre las cuales, por su importancia, destacan las siguientes:

• Estandarización del servicio (avisos, notificaciones, asesoría, engomado, etc.)

• Capacitación a despachos y delegaciones

• Certificación a través de normas de competencia laboral a Despachos y gestores de cobranza

• Transformación cultural de los gestores, convertir/os en asesores hipotecarios.

• Alineación al Código de Ética:

• A través de los contratos con despachos.

• Supervisión a despachos por medio de encuestas al acreditado y sembrado de testigos.

• Auditorías a los procesos de asesoría y cobranza.

• Compromiso de Servicio hacia los acreditados.

• Con lo cual garantizamos que si un despacho incurrió en un desapego al Código de Ética se hará acreedor a una sanción que va desde una indemnización económica al acreditado, hasta una rescisión contractual.

• Hoy llevamos a cabo un plan Estratégico denominado “Evaluación y aseguramiento de Calidad de Proveedores”, que entre sus objetivos principales persigue:

• Medición continúa del servicio que ofrecen los despachos de cobranza a los acreditados en materia de calidad y de operación.

• Elevar de manera permanente la calidad de los servicios que reciben nuestros derechohabientes, acreditados y en general todas las partes interesadas.

• Establecer un modelo general de índices de calidad para cada uno de los integrantes del Infonavit ampliado.

• Asegurar que los productos y servicios están 100% alineados a los requerimientos de los usuarios.

Por último, es importante mencionar que la participación del Infonavit en el desarrollo de Tamaulipas en los últimos 10 años, ha contribuido a la generación de empleo y por ende al crecimiento económico del Estado. La derrama económica en este periodo ha sido en el orden de los 51,918 millones de pesos equivalente al 36.6% del total de transferencias (Participaciones y Aportaciones) del Gobierno Federal a Tamaulipas. Así mismo, durante éste período se han otorgado 245 mil créditos, con lo que el 35% de los tamaulipecos ha adquirido una vivienda con crédito Infonavit.

Finalmente, reiteramos el compromiso de la administración del Instituto por buscar de manera permanente mecanismos acordes a las necesidades de todos aquellos acreditados que atraviesan una situación económica que les limita la posibilidad de cumplir de manera puntual con el pago de su crédito sin perder de vista de igual manera, la responsabilidad que se tiene de proteger el ahorro de los trabajadores y mantener la viabilidad del Fondo Nacional de la Vivienda.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 28 de febrero de 2012.— Licenciado Alejandro Lozano Botello (rúbrica), gerente de Relaciones Interinstitucionales del Infonavit.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Vivienda, para su conocimiento.

ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-2076 signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CA/AG/162/2012 suscrito por la licenciada Virginia Messina Portugal, coordinadora de asesores de la Secretaría de Turismo, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la situación de los grupos de pescadores y prestadores de servicios inconformes con el desarrollo del proyecto concesionado a Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno Federal.— Secretaría de Turismo.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al oficio número SEL/UEL/311/4321/11, de fecha 9 de diciembre del año en curso, por medio del cual el licenciado Adrián Flores Ledesma, director general adjunto de Proceso Legislativo, de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación (Segob), hizo del conocimiento de esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su sesión del 8 de diciembre de 2011, mismo que menciona:

“Único.La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se revise la situación de los grupos de pescadores y prestadores de servicios inconformes con el desarrollo del proyecto concesionado a Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, para la administración portuaria integral tanto del recinto portuario correspondiente al puerto de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes, que comprenden la zona de fondeo de la bahía del mismo nombre, en Zihuatanejo de Azueta, como de la Barra de Potosí, en Petatlán, Guerrero, y se determine su posible incorporación al desarrollo de dicho proyecto portuario.”

Sobre el particular y con el fin de desahogar el referido punto de acuerdo, me permito remitirle copia del informe elaborado por Fonatur, Operadora Portuaria SA de CV, referente a la atención que se le ha dado a la problemática planteada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2012.— Licenciada Virginia Messina Portugal (rúbrica), coordinadora de Asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Turismo

Maestro Fernando Toriz Flores, encargado del despacho de la coordinación de asesores de la Secretaría de Turismo.— Presente.

Fernando Gaytán Valle, en representación de Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV y en mi carácter de gerente de la Administración Portuaria Integral (API) de Zihuatanejo y Barra de Potosí, en respuesta a su atento oficio SELUEL/311/4321/11, en el cual se informa que mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-4-2076, el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le comunicaron que el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 8 del presente, en el acuerdo único se exhortó al titular del Ejecutivo federal para que se revise la situación de los grupos de pescadores y prestadores de servicios inconformes con el desarrollo concesionado a Fonatur Operadora Portuaria, en Zihuatanejo y Petatlán, estado de Guerrero, y se determine su posible incorporación al desarrollo de dicho proyecto portuario, al respecto, se informa sobre las acciones que se han llevado a cabo para brindar el servicio y atención a todos los actores involucrados en el desarrollo de este proyecto dentro de los cuales se encuentra un grupo de pescadores y prestadores de servicios inconformes, se expresa lo siguiente:

Participación de grupos sociales en API Ixtapa-Zihuatanejo

El desarrollo del proyecto de la concesión otorgada a Fonatur Operadora Portuaria SA de CV para la administración portuaria integral, tanto del recinto portuario correspondiente al puerto de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes, que comprenden la zona de fondeo de la bahía del mismo nombre, en Zihuatanejo de Azueta, como de la Barra de Potosí en Petatlán, Guerrero; se ha venido realizando, desde la entrega del recinto portuario por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 31 de enero de 2011, a esta entidad paraestatal, considerando a los prestadores de servicios turísticos, de pesca deportiva y de pesca rivereña, como integrantes del mismo, buscando su inclusión y su beneficio.

Lo anterior según lo que a continuación se describe:

Se han sostenido diversas reuniones con líderes, lancheros y población general, representantes de la SCT, representantes del Poder Legislativo, los presidentes municipales de Zihuatanejo de Azueta y Petatlán, donde se ha dado puntual explicación al proyecto. Se acompañan marcados como anexo I los documentos que acreditan lo anterior.

Desde el inicio de operaciones se ha invitado a aquellas cooperativas que así lo estimen conveniente a la prestación del servicio portuario de lanchaje, sin que hasta la fecha haya habido algún interesado en el mismo.

A partir de la constitución del Comité de Operación de la administración portuaria integral (API), órgano colegiado de información, quejas y consulta regulado por la Ley de Puertos, se ha invitado a los presidentes de las diferentes cooperativas a las reuniones mensuales del mismo y se les ha pedido la designación de representantes a fin de que participen como miembros, interviniendo en la construcción de los acuerdos de ese importante colegiado, donde se han presentado: el programa maestro de desarrollo portuario y las reglas de operación del puerto; documentos básicos que, conforme a la Ley de Puertos, rigen el desarrollo y operación de la API. Se acompañan marcados como anexo II los documentos que acreditan lo anterior.

Conforme a los términos contenidos en el título de concesión otorgado, que establece en su condición segunda la regularización de las áreas ocupadas de manera irregular, se ha iniciado la invitación a quienes prestan servicios u ocupan alguna zona del recinto de manera irregular, a que regularicen su situación mediante la suscripción de contratos de cesión parcial de derechos o prestación de servicios, al respecto se les ha indicado que la intención de esta entidad es mantenerlos, en tanto sea posible, en los lugares que ocupan de manera irregular. Se acompañan marcados como anexo III los documentos que acreditan lo anterior.

A partir de mayo de 2011, se iniciaron gestiones ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Pesca y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, con el objeto de emprender acciones conjuntas para el mejoramiento y el posible desarrollo de una marina para pescadores y prestadores de servicios en la laguna de Las Salinas, zona del recinto portuario donde atracan la mayoría de las embarcaciones y desde hace varios años está contaminada por desechos provenientes del drenaje de la ciudad, fileteo y desecho de basura clandestino en sus laderas, descargas pluviales y otros elementos que han generado su daño ecológico. Se acompañan marcados como anexo IV los documentos que acreditan lo anterior.

Se ha informado a los pobladores de la Barra de Potosí, que no se tiene prevista la construcción de un muelle de cruceros o alguna obra de infraestructura en la zona, donde sólo se tiene concesionado el espejo de agua en el mar. En su caso, se realizarían previamente los trámites que conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se requieren y que contemplan la participación social. Se acompañan marcados como anexo V los documentos que acreditan lo anterior.

Aunado a lo anterior, a continuación se menciona la lista de reuniones de Fonatur Operadora Portuaria con grupos sociales.

Lista de reuniones de Fonatur Operadora Portuaria con grupos sociales

• 4 de febrero de 2011. Reunión del gerente de la administración portuaria integral (API) en el campo de golf Palma Real, con presidentes de sociedades cooperativas con el objeto de informarles las acciones a realizar por Fonatur Operadora Portuaria, en ejercicio de la concesión otorgada por SCT del recinto portuario de Zihuatanejo.

• 8 de febrero de 2011. Reunión del gerente de la API en el campo de golf Palma Real, con el secretario del ayuntamiento y presidentes de sociedades cooperativas con el objeto de informarles las acciones a realizar por Fonatur Operadora Portuaria, en ejercicio de la concesión otorgada por SCT del recinto portuario de Zihuatanejo.

• 9 de febrero de 2011. Participación del gerente de la API en el programa radiofónico Opinando ahora para informar las acciones a realizar por Fonatur Operadora Portuaria, en ejercicio de la concesión otorgada por SCT del recinto portuario de Zihuatanejo.

• Reunión del gerente de la API con reparadores de embarcaciones de fibra de vidrio asentados en el estero de las salinas, donde se les solicitó presentar un proyecto para la realización de dicha actividad.

• Reunión del gerente de la API con el administrador del campo de futbol irregular, donde se le solicitó un informe de actividades y las cuotas que cobra a fin de determinar las acciones a seguir.

• 18 de febrero de 2011. Reunión organizada por el delegado del CIP en el ayuntamiento con el síndico y el secretario para informar al grupo ecologista Rogaz los aspectos ecológicos del proyecto, A la reunión originalmente pactada para alrededor de 10 personas, acudieron 100, entre líderes de cooperativas y ecologistas, los líderes más radicales desecharon la propuesta de hacer reuniones con grupos pequeños con actividades comunes a fin de detectar necesidades, y exigieron reuniones masivas a realizarse siempre en esa oficina. Las autoridades municipales no manifestaron nada.

• 28 de febrero de 2011. La directora general de Fonatur, hizo una presentación a los medios de comunicación locales de lo que es una API, la entidad, su experiencia y las acciones a realizar conforme al Programa Maestro de Desarrollo Portuario y el Programa Operativo Anual ( anexo VI).

•8 de marzo de 2011. El director general de Fonatur Operadora Portuaria, hizo la presentación a alrededor de 100 líderes de pescadores, prestadores de servicios, pobladores de Barra de Potosí y ecologistas, del documento indicado en el punto anterior.

En dicha presentación participó el director de Concesiones, Permisos y Autorizaciones de la SCT, quien informó que no hay concesionada zona de tierra en Barra de Potosí y entregó copia del plano autorizado a los pobladores, informándoles que el muelle que aparece en el mismo es una factibilidad y que no significa que se vaya a construir tal instalación.

• 14 de marzo de 2011. Participación del gerente de la API en el programa radiofónico Opinando ahora para hacer la presentación autorizada de las acciones a realizar por Fonatur Operadora Portuaria.

• 17 de marzo de 2011. Reunión del gerente de la API en el campo de golf Palma Real, con el presidente municipal de Petatlán, con el objeto de hacer la presentación autorizada de las acciones a realizar por Fonatur Operadora Portuaria y precisar que no se construirá muelle para cruceros en Barra de Potosí ni en Zihuatanejo. En dicha reunión el presidente municipal solicitó una reunión en Barra de Potosí con colonos y pescadores, debido a que en esa ocasión no pudieron acudir.

• 22 de marzo de 2011. Reunión del gerente de la API, en la telesecundaria de Barra de Potosí, con colonos y pescadores, con el objeto de hacer la presentación autorizada de las acciones a realizar por Fonatur Operadora Portuaria y precisar que no se construirá muelle para cruceros en Barra de Potosí ni en Zihuatanejo.

• 31 de marzo de 2011. Mediante oficio del gerente de la API, se informó al presidente municipal de Zihuatanejo, la total disposición de recibir a una comisión de los manifestantes que marcharon en esa fecha para protestar contra las acciones de Fonatur, asimismo, se mantuvo comunicación constante con el director de Gobernación Municipal a efecto de que informara lo anterior. El líder de los manifestantes, Florentino Zavala Clímaco, declinó sostener alguna reunión.

• 6 de abril de 2011. Se autorizó a la Cooperativa Teniente Azueta, la más grande de Zihuatanejo, la celebración de la XXVIII edición del torneo de pesca, los días 29 y 30 de abril y 10 de mayo.

• Reunión del gerente de la API en el campo de golf Palma Real, con los señores Romo, dueños del hotel El Solecito, de Barra de Potosí, con el objeto de hacer la presentación autorizada de las acciones a realizar por Fonatur Operadora Portuaria y precisar que no se construirá muelle para cruceros en Barra de Potosí ni en Zihuatanejo.

• 14 y 15 de abril de 2011. Diversas reuniones en la playa principal con líderes y dueños de lanchas de pescadores rivereños para solicitarles un censo preliminar de lanchas y motores a sustituir a fin de iniciar el trámite correspondiente ante la Conapesca.

• 14 de abril de 2011. Reunión en la sede de algunas cooperativas, ubicada en las salinas, con diversos líderes de cooperativas a fin de explicarles la mecánica operativa de una cesión parcial de derechos para construir atracaderos, así como del movimiento de pesos para amarre de embarcaciones, para dar seguridad en la navegación.

• 27 de abril de 2011. Reunión del gerente de la API el campo de golf Palma Real, con colonos y comerciantes de Ixtapa, a fin de escuchar su petición de construir un muelle de cruceros en la Bahía de Ixtapa, al respecto se les solicitó remitir su petición por escrito y se les informó que no fue otorgada superficie alguna en la zona de Ixtapa a FOP.

• 29 y 30 de abril y 10 de mayo. Durante el XXVIII torneo de pesca, se llevó a cabo un operativo especial: se rotuló el cuadro de la zona de trofeos de pesca, se limpió el muelle, se controló el acceso de vehículos, se colocó una sombra de descanso, a los capitanes de las embarcaciones que arribaban al puerto se obsequió agua para beber, y se coordinó con la cooperativa la colocación de los stands de comerciantes. Adicionalmente, se obtuvo el apoyo de la armada para la vigilancia en mar y tierra y se les invitó para que colocaran un stand de venta de productos promocionales.

• 4 de mayo de 2011. El director general de Fonatur Operadora Portuaria, llevó a cabo una reunión con diversos colonos y líderes de Barra de Potosí con el objeto de explicar las acciones a realizar por Fonatur Operadora Portuaria y precisar que no se construirá muelle para cruceros en Barra de Potosí ni en Zihuatanejo.

• 17 de mayo de 2011. El subdirector de API de Fonatur Operadora Portuaria, sostuvo reunión con representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Pesca y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, con el objeto de emprender acciones conjuntas para el mejoramiento y el posible desarrollo de una marina para pescadores y prestadores de servicios en la laguna de Las Salinas, zona del recinto portuario donde atracan la mayoría de las embarcaciones, y desde hace varios años está contaminada por desechos provenientes del drenaje de la ciudad, fileteo y desecho de basura clandestino en sus laderas, descargas pluviales y otros elementos que han generado su daño ecológico.

• 22 de junio de 2011. El director general de Fonatur Operadora Portuaria, director de Concesiones, Permisos y Autorizaciones de la SCT, El diputado federal, Salomón Rosas y miembros de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados y autoridades municipales, realizaron un recorrido por el recinto portuario, posteriormente se reunieron con lancheros inconformes, después sostuvieron una reunión con un grupo de empresarios de Ixtapa, quienes propusieron que se cambie el recinto portuario a Ixtapa.

• 18 de julio de 2011. Se llevó a cabo reunión con presidentes de cooperativas de prestadores de servicios con el objeto de acordar sistemas para dar ordenamiento a la prestación de sus servicios.

• 22 de julio de 2011. El subdirector de API de Fonatur Operadora Portuaria participó en la reunión sostenida en las instalaciones de la SCT, con el director general de Puertos, director de Concesiones, Permisos y Autorizaciones, el secretario del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y diferentes líderes de cooperativas de embarcaciones de Zihuatanejo de Azueta y ecologistas, donde el director general de puertos les explicó el contenido y alcance de la concesión otorgada y les informó que las API, mercantes o mixtas son operadas por entidades de la SCT, las turísticas por FOP, existe una privada (Acapulco) y que las API estatales o municipales no han tenido éxito.

• 25 de agosto de 2011. Durante el bloqueo del recinto portuario (25-28 de agosto) se estableció contacto con el líder del movimiento, ofreciendo recibir las peticiones de los inconformes, dicha persona declinó el ofrecimiento.

• 9 de septiembre de 2011. Reunión del gerente de la API el campo de golf Palma Real, con líderes de pescadores rivereños con el objeto de informarles respecto de las acciones a llevar a cabo en el recinto portuario.

• 21 de octubre de 2011. Reunión del gerente de la API, en el muelle, con líderes de pesca deportiva con el objeto de acordar la instalación de una toma de agua en el muelle para uso de sus agremiados.

• 25 de noviembre de 2011. Durante la manifestación de opositores al proyecto de API, se intentó entablar comunicación con el líder, pero no se obtuvo respuesta.

No obstante lo anterior, en el presente año se continuará con los esfuerzos y acciones de comunicación con los grupos inconformes a efecto de que conozcan el proyecto y se incorporen a su desarrollo.

Atentamente

México, DF, a 11 de enero de 2012.— Fernando Gaytán Valle (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

SEQUIA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-4753 signado por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.-225/2012 suscrito por el licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la problemática de sequía y hambruna que vive el campo mexicano en el país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/0253/11 del 26 de enero de 2012, mediante el cual nos remite punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión, exhortando al Ejecutivo federal para que de manera urgente dé solución a la gran problemática de sequía y hambruna que vive el campo mexicano en el país, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Sobre el particular adjuntamos a la presente información con las observaciones y comentarios que sobre el tema nos hizo llegar la Subsecretaría de Desarrollo Rural, con el oficio número 412.-152/2012 del 15 de febrero de 2012, con el cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de febrero de 2012.— Licenciado Salvador Moreno Cerda (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales.— Presente.

Por instrucciones del ingeniero Ignacio Rivera Rodríguez, subsecretario de Desarrollo Rural me refiero a su oficio número 112.2-143/2012, mediante el cual se solicita la información para dar respuesta al punto de acuerdo del 25 de enero del presente mediante el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que de manera urgente dé solución a la gran problemática de sequía y hambruna que vive el campo mexicano en el país.

Al respecto informo a usted que con fecha 25 de enero del presente, la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas. (Se anexa copia del mismo)

Con este acuerdo el presidente de la Republica, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, da respuesta a la situación apremiante que desde julio del año 2011 viven mil 213 municipios de 19 entidades federativas como consecuencia de la sequía. En el acuerdo se establecen las acciones, responsabilidades, recursos y seguimiento para las acciones comprometidas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de febrero de 2012.— Ingeniero Víctor Celaya del Toro (rúbrica), director general.»

«Diario Oficial

Poder ejecutivo

Presidencia de la República

Miércoles 25 de enero de 2012.

Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 27, 31, 32, 32-Bis, 34, 35 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

Considerando

Que México, al igual que otros países, está viviendo condiciones de sequía excepcionales; en particular, en 2011 se presentó la peor sequía en los estados del norte y centro del país desde 1941, la cual afecta a mil 213 municipios de 19 entidades federativas;

Que la situación apremiante que se vive en dichas entidades federativas como consecuencia de las sequías, reclama una respuesta clara y contundente de las autoridades para atender las demandas de las familias y los productores afectados;

Que desde julio del año 2011, ante la inminencia de una sequía prolongada para el país, el gobierno federal estableció la Estrategia para la Atención de los Estados Afectados por la Sequía. A través de ella, tan sólo entre agosto y diciembre de 2011 se entregaron recursos por más de 5 mil millones de pesos en apoyo de las familias y los sectores productivos afectados. Asimismo, se han implementado acciones a través de cinco ejes de atención para mantener las capacidades productivas, impulsar el manejo adecuado del agua y uso sustentable de los recursos naturales, promover la activación de esquemas de aseguramiento, establecer esquemas de financiamiento y apoyar al empleo en las zonas afectadas;

Que la seguridad alimentaria nacional es un tema prioritario para la presente administración por lo que se han venido tomando todas las medidas de política social, económica y fiscal para garantizar el abasto de alimentos en el país. Por ello, no sólo se ha actuado con determinación para potenciar las capacidades productivas del sector rural, sino también para definir los cupos de importación que se requieran para asegurar la disponibilidad de granos básicos en todo el territorio nacional, en particular de frijol y de maíz blanco para consumo humano;

Que esta situación de emergencia es un asunto que convoca y compromete a los tres órdenes de gobierno, a los poderes públicos y a la ciudadanía, por lo que se requiere de la unidad, solidaridad y corresponsabilidad de todos para superar los efectos de la sequía;

Que para hacer frente a esta contingencia en 2012, con el apoyo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se cuenta con recursos por un monto histórico de más de 33 mil millones de pesos, a los cuales se podrán sumar apoyos del Fondo de Desastres Naturales;

Que además de las acciones puntuales citadas anteriormente para atender esta sequia extraordinaria, es necesario redoblar esfuerzos a fin de atender la emergencia con mayor eficacia y oportunidad, lo cual permitirá orientar todos los esfuerzos presupuestales de manera más ágil para que la atención a la sequía tenga los resultados deseados, y

Que con las nuevas medidas y acciones para atender los efectos de las sequías, el gobierno federal ratifica su compromiso con el desarrollo humano, social y económico de las entidades federativas afectadas, con un impacto inmediato en la calidad de vida de las familias mexicanas afectadas y que además contribuirán a dinamizar el crecimiento regional en el mediano y el largo plazos, he tenido a bien expedir el siguiente

Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas

Artículo Primero. A efecto de continuar mitigando los efectos que recaen sobre la población, respecto de la sequía que enfrenta la población en diversas entidades federativas se instruye lo siguiente:

I. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acelerarán la entrega emergente de agua a través de carros tanque y cisternas a las comunidades que así lo requieran;

II. La Secretaría de Salud reforzará el monitoreo y vigilancia de riesgos y enfermedades asociadas a las sequías, y coadyuvará con los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, a garantizar la prestación de servicios de atención médica y el suministro de los medicamentos que se requieran en los municipios afectados;

III. La Comisión Nacional del Agua pondrá en marcha un programa temporal de rehabilitación y construcción de pozos para uso doméstico; fortalecerá la supervisión y las actividades de inspección para clausurar cualquier obra o pozo que se haya construido sin permiso de la autoridad; e intensificará las acciones para mejorar el manejo de cuencas y acuíferos, con el propósito de disponer de una mayor cantidad de agua para las personas, y

IV. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Comisión Nacional de Zonas Áridas agilizarán los recursos destinados a la creación de pequeña infraestructura para captación y almacenamiento de agua, a fin de que los beneficiarios cuenten con obras terminadas para aprovechar las lluvias del presente año.

Artículo Segundo. Con el objeto de proteger el empleo y los ingresos de la población afectada se instruye lo siguiente:

I. La Secretaría de Economía establecerá los mecanismos necesarios para incrementar los apoyos a los molineros de masa de nixtamal y ampliar el cupo para importar frijol, a fin de garantizar el abasto de dicho alimento en las zonas afectadas por la sequía y en todo el país, e intensificará los esfuerzos para atender las necesidades de financiamiento de las micro y pequeñas empresas, los productores y los establecimientos ubicados en las zonas afectadas;

II. Las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público seguirán promoviendo, impulsando y apoyando, con los gobiernos estatales, las organizaciones de productores y el sector financiero, las coberturas de aseguramientos catastróficos durante el ejercicio fiscal de 2012;

III. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de Agroasemex, SA, establecerá los mecanismos operativos necesarios para que las evaluaciones de daños y pago de indemnizaciones se realicen dentro de un plazo que no exceda de 20 días a partir de la integración del expediente, y continuará las acciones para incrementar la cobertura del seguro agrícola, y

IV. Las instituciones de banca de desarrollo otorgarán, bajo condiciones preferenciales y de forma expedita, financiamiento a las entidades federativas y municipios comprendidos en declaratorias de desastre natural a fin de mantener la liquidez y reactivar la economía de los productores afectados.

Artículo Tercero. Para agilizar el ejercicio de recursos públicos y la realización de obras públicas para atender los efectos de la sequía, se instruye lo siguiente:

I. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público resolverá, a más tardar en 24 horas, las solicitudes de adecuaciones presupuestarias que correspondan para orientar el gasto a los programas y proyectos cuyos objetivos y metas resultan preponderantes ante la presente situación excepcional;

II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgará el registro de los programas y proyectos de inversión a que se refiere este acuerdo, sin requerir la presentación de la evaluación costo y beneficio, aplicando la excepción prevista en el artículo 34, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

III. La Secretaría de Gobernación se coordinará con los titulares de las dependencias y entidades que corresponda, a efecto de que en términos de la Ley General de Protección Civil y las demás disposiciones aplicables, se emitan de manera prioritaria e inmediata las declaratorias de desastre natural relativas a las entidades federativas y municipios que hayan severamente afectados por la sequía y aún no cuenten con dichas declaratorias;

IV. Las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán en el Fondo de Desastres Naturales una reserva especial, con el objetivo de asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos prioritarios urgentes para mitigar los efectos de la sequía severa en las entidades afectadas;

V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, prestarán facilidades a las entidades federativas que así lo requieran, para utilizar el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, establecido en el Transitorio Vigésimo Sexto del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, en apoyo a las operaciones asociadas a infraestructura, que incluyen equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, así como el pago de las obligaciones de concurrencia de recursos con la federación;

VI. La Comisión Nacional del Agua modificará de inmediato las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2012, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2011, a efecto de que durante el presente año la Comisión Nacional del Agua pueda ejercer directamente los recursos federales en las entidades federativas y municipios comprendidos en declaratorias de desastre natural emitidas por la Administración Pública Federal y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, sin requerir la concurrencia de otros recursos. Para tal efecto las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía emitirán, dentro de un plazo máximo de 24 horas, los dictámenes de impacto presupuestario y de mejora regulatoria correspondientes, y

VII. En el marco de excepción que prevé el artículo 7 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no requerirá la previa evaluación del impacto ambiental para los proyectos, obras o actividades que se realicen para atender la sequía y se asegurará de que, cuando así proceda, se realicen acciones de mitigación y compensación para atenuar posibles impactos al medio ambiente.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Gobernación solicitará, periódicamente, a las secretarías de estado a que se refiere el presente acuerdo un informe que contenga las acciones concretas que se vayan realizando al amparo del mismo.

Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo federal, en la Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.- El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica.- El secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra.- Rúbrica.- El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quezada.- Rúbrica.- El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda.- Rúbrica.- El secretario de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg.- Rúbrica.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se turna al promovente, para su conocimiento.

ESTADO DE MEXICO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-4646 signado por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00001088 suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la observación de las normas ambientales correspondientes durante la operación del depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de marzo de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por medio del presente, hago referencia a su oficio SEL/ UEL/311/131/11, mediante el cual hizo del conocimiento a esta Unidad Administrativa el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el día 11 de enero del año 2011, relativo a la observación de las normas ambientales correspondientes durante la inspección de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México.

Al respecto, me permito comentarle que esta Unidad Coordinadora recibió copia de conocimiento del oficio PFPA/3/8C.17.5/0057-12, mediante el cual, el licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres, envió la respuesta a lo solicitado en el punto del acuerdo referido directamente al licenciado Rubén Alfonso Hernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de esa Dependencia.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 29 de febrero de 2012.— Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/131/12, de fecha 12 de enero de 2012, por el que el maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo a su digno cargo, informó al licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que mediante oficio número DGPL 61-II-9- 4646, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hizo del conocimiento de la Secretaría de Gobernación, sobre el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el miércoles 11 de enero del 2012, que en su punto segundo a la letra dice “Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a realizar una inspección a fin de evaluar la observación de las normas ambientales correspondientes durante la operación de depósito de basura proveniente de! Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México”.

Sobre el particular, por instrucciones superiores, aprovecho este conducto para acusar recibo del referido oficio, y hacer de su conocimiento que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, carece de competencia para verificar el cumplimiento de las normas ambientales correspondientes a la operación de sitios en donde se deposite basura, específicamente la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, toda vez que en la misma se indica que su vigilancia le corresponde a los gobiernos de los estados y municipios.

Asimismo, de conformidad con las fracciones VI y XIII del artículo 7o. y fracciones IV, XII y XIV del artículo 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, le corresponde a los gobiernos estatales y municipales, respectivamente, vigilar el cumplimiento de la citada Norma Oficial Mexicana, es decir, la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos.

Además, de acuerdo a las fracciones II, III, IV y XVIII del artículo 9o., fracciones III, IV, V y VII del artículo 10° y artículo 97 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, corresponde a los Gobiernos Estatales y Municipales, vigilar el manejo de los residuos de manejo especial y regular la generación y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y vigilar el cumplimiento de la citada NOM-083-SEMARNAT- 2003, correspondiente.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

México, DF, a 30 de enero de 2012.— Licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres (rúbrica), subprocurador.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se turna al promovente, para su conocimiento.

ESTELA DE LUZ

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-4650, signado por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCE/020/2012, suscrito por el licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al estado actual de las investigaciones relacionadas con la obra denominada Estela de Luz.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de marzo de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Remito a usted oficio número UAJ/027/12, suscrito por la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría de Educación Pública, licenciada Nelly Arocha Dagdug, por el que da respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en la sesión celebrada el 11 de enero de 2012, relativo al estado actual de las investigaciones relacionadas con la obra denominada Estela de Luz.

Atentamente

México, DF, 1o. de marzo de 2012.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.— Presente.

Hago referencia a su oficio número UR 120 UCE/CECU/0021/12, mediante el cual solicita la opinión de esta unidad respecto del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en la sesión celebrada el 11 de enero del año en curso (punto de acuerdo), que a la letra dice:

Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Educación Pública ya la Procuraduría General de la República informen a esta soberanía sobre el estatus actual que guardan las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción de la obra denominada “Estela de Luz”.

Al respecto y con fundamento en el artículo 13, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, me permito formular la opinión solicitada en los siguientes términos:

En nuestro orden jurídico se confieren facultades a la Secretaría de la Función Pública para investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como a la Procuraduría General de la República para investigar y perseguir los delitos del orden federal, según se desprende de las disposiciones que se citan a continuación:

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Artículo 3. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:

III. La Secretaría de la Función Pública;

Articulo 4. Para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la presente Ley, serán autoridades competentes los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas, aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;

Ley Orgánica de la Procuraduría General De La República

Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende.

A) En la averiguación previa:

a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables;

b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

c) Ejercer la conducción y mando de las policías en la función de la investigación de los delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo en la averiguación del delito y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley;

e) Llevar a cabo las acciones necesarias para solicitar la reparación del daño correspondiente;

f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;

g) Tomar conocimiento de las detenciones que en f1agrancia o caso urgente se lleven a cabo y que le deban ser notificadas, así como llevar un registro de las mismas y realizar las actualizaciones respectivas;

h) Llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito;

i) Cerciorarse de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; asentar cualquier violación a las disposiciones para la recolección, el levantamiento, preservación y el traslado de los mismos, y dar vista a la autoridad competente para efectos de las responsabilidades a que hubiere lugar;

j) Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables;

k) Ordenar a la policía que brinde protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención en procedimientos penales del orden federal, de conformidad con los acuerdos que para tal efecto emita el Procurador General de la República,

l) Restituir provisionalmente a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, en los términos de las disposiciones aplicables;

m) Solicitar al órgano jurisdiccional la prisión preventiva de los indiciados en términos de las disposiciones legales aplicables;

n) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de fa justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;

ñ) Practicar las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente, para lo que podrá auxiliarse de la policía;

o) Prestar apoyo a los particulares en la captación de las comunicaciones en las que éstos participen, cuando los mismos lo soliciten para su aportación a la averiguación previa o al proceso penal;

p) En aquellos casos en que la ley lo permita, propiciar la conciliación de los intereses en conflicto, proponiendo vías de solución que logren la avenencia;

q) Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocerlo así como la acumulación de las averiguaciones previas cuando sea procedente;

r) Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, conforme a las disposiciones aplicables;

s) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando:

1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito;

2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado;

3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables;

4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables;

5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito por obstáculo material insuperable, y

6. En los demás casos que determinen las normas aplicables;

t) Acordar el no ejercicio de la acción penal y notificarlo personalmente al denunciante o querellante y a la víctima u ofendido;

u) Poner a disposición de la autoridad competente a los menores de edad que hubieren incurrido en acciones u omisiones correspondientes a ilícitos tipificados por las leyes penales federales;

v) Poner a los inimputables mayores de edad a disposición del órgano jurisdiccional, cuando se deban aplicar medidas de seguridad, ejerciendo las acciones correspondientes en los términos establecidos en las normas aplicables, y

w) Las demás que determinen las normas aplicables

Cuando el Ministerio Público de la Federación tenga conocimiento por sí o por conducto de sus auxiliares de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a la autoridad competente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos lo que a sus facultades o atribuciones corresponda Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público de la Federación la determinación que adopten.

En los casos de detenciones en delito flagrante, en los que se inicie averiguación previa con detenido, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitará por escrito y de inmediato a la autoridad competente que presente la querella o cumpla el requisito equivalente, dentro del plazo de retención que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B) Ante los órganos jurisdiccionales:

a) Ejercer la acción penal cuando exista denuncia o querella, esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia.

Cuando se estime necesario atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, la acción penal se ejercitará ante un Juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito;

b) Solicitar las medidas cautelares que procedan, en términos de la legislación aplicable, así como la constitución de garantías para los efectos de la reparación del daño,

c) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos por la ley,

d) Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios, así como para la fijación del monto de su reparación;

e) Solicitar la autorización u orden correspondientes para la obtención de cualquier elemento probatorio cuando para ello sea necesaria la intervención de la autoridad judicial, para acreditar el delito y la responsabilidad del inculpado, de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables;

f) Impugnar, en los términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales;

g) Solicitar la restricción de las comunicaciones de los internos inculpados y sentenciados por delincuencia organizada, salvo el acceso a su defensor, y la imposición de medidas de vigilancia especial a los mismos, y

h) En general, promover lo conducente al desarrollo de los procesos y realizar las demás atribuciones que le señalen las normas aplicables.

C) En materia de atención y seguridad a la víctima o el ofendido por algún delito:

a) Proporcionar asesoría jurídica a la víctima u ofendido e informarle de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, cuando lo solicite, sobre el desarrollo del procedimiento penal,

b) Recibir todas aquellas pruebas que presente la víctima u ofendido, que considere que ayuden a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la probable responsabilidad del indiciado y la procedencia y cuantificación por concepto de reparación del daño, fundando y motivando la recepción o negativa de las mismas;

c) Ordenar la práctica de las diligencias conducentes en la investigación que soliciten la víctima o el ofendido o, en su caso, fundar y motivar su negativa;

d) Otorgar las facilidades para identificar al probable responsable y dictar todas las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica de la víctima u ofendido,

e) Informar a la víctima u ofendido que desee otorgar el perdón en los casos procedentes, el significado y trascendencia jurídica de dicho acto;

f) Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u ofendido reciba atención médica y psicológica de urgencia Cuando el Ministerio Público de la Federación lo estime necesario, tomará las medidas conducentes para que la atención médica y psicológica se haga extensiva a otras personas;

g) Solicitar a la autoridad judicial, en los casos en que sea procedente, la reparación del daño;

h) Solicitar a la autoridad judicial que el inculpado sea separado del domicilio de la víctima cuando se trate de delitos que pongan en peligro su integridad física o mental, así como otras medidas cautelares que sean procedentes;

i) Solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para la protección a las víctimas u ofendidos y sus familiares, así como a los bienes, posesiones y derechos de dichas víctimas u ofendidos, cuando existan datos que establezcan la posibilidad de que se cometan actos de intimidación o represalias por parte de los probables responsables o por terceros relacionados con los mismos;

j) Ejercer las acciones que las disposiciones normativas en materia de extinción de dominio de bienes prevean a favor o en beneficio de las víctimas y ofendidos;

k) Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y en los demás casos que se considere necesario para su protección, y

l) Informar a la víctima o al ofendido menor de edad, que no está obligado a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, las declaraciones respectivas se efectuarán conforme lo establezcan las disposiciones aplicables;

(...)

IV. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y personas que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones

Es obligatorio proporcionar los informes que solicite el Ministerio Público de la Federación en ejercicio de sus funciones. El incumplimiento a los requerimientos que formule el Ministerio Público de la Federación será causa de responsabilidad en términos de la legislación aplicable; (...)

En ese sentido, corresponde a las citadas instituciones, en sus respectivos ámbitos de competencia, llevar a cabo las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción a los que se refiere el Punto de Acuerdo.

Si bien, como se señala en el Punto de Acuerdo, el artículo 38, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría de Educación Pública (SEP) corresponde “Orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público federal”, de dicha atribución no se desprende que esta dependencia se encuentre facultada para llevar a cabo investigaciones sobre presuntos actos de corrupción.

Inclusive, el hecho de que actualmente el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, órgano administrativo desconcentrado encargado de la coordinación ejecutiva de los programas y calendarios acordados por la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, se encuentre jerárquicamente subordinado a la SEP, de manera alguna implica que ésta cuente con atribuciones para llevar a cabo investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción relacionados con la obra arquitectónica conocida como “Estela de Luz”.

En razón de lo anterior, corresponde a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias, proporcionar la información sobre el estatus actual de las investigaciones a que se refiere el punto de acuerdo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Notas:

1 Cfr. Acuerdo por el que se determina la coordinación ejecutiva de los programas y calendarios acordados por la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2009.

2 Cfr. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del similar por el que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana amplia sus atribuciones y objetivos; del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública; del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y del Acuerdo por el que se determina la coordinación ejecutiva de los programas y calendarios acordados por la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el1 de julio de 2010.

Atentamente

México, DF, a 3 de febrero de 2012.— Nelly Arocha Dagdug (rúbrica), titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se turna al promovente, para su conocimiento.

DIPUTADOS QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente

El que suscribe, diputado federal Manuel Jesús Clouthier Carrillo, por mi propio derecho y con fundamento en los artículos 12, párrafo 1o., fracción III, y 13, párrafo 2o., del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar licencia en el ejercicio de mi cargo, con efectos a partir del día martes 6 de marzo del año en curso. Ello, ante mi propósito de postularme a otro cargo de elección popular federal.

Por lo anterior, le solicito asimismo presentar esta petición a la consideración del pleno de esa soberanía para que proceda a emitir su resolución.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de marzo de 2012.— Diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Primera Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobados. Comuníquense.

Quisiera desearle mucha suerte al diputado Manuel Clouthier en su nuevo camino que está decidiendo tomar, y en verdad felicitarlo por su participación que tuvo en esta LXI Legislatura. Mucha suerte, señor diputado.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Presidente.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente...

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Perdón. Estaba pidiendo la palabra el diputado, todavía, Manuel Clouthier.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo(desde la curul): Gracias presidente. Al contrario, quien agradece es un servidor, todo el apoyo que me dieron los compañeros, usted y todos los demás, en su momento, por las atenciones que tuvieron para con uno en la realización de la tarea legislativa y sobre todo, la amistad que me dispensan. Muchas gracias a todos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. También le deseo mucho éxito al diputado Clouthier, y únicamente manifiesto que es una lástima que haya solicitado la licencia, aunque respetamos, desde luego, su derecho, porque era importante que en esta Cámara de Diputados alguien siguiera dando la pelea en torno a los derechos inherentes del diputado en el ejercicio de su función.

Creo que fueron importantes las discusiones que tuvimos en sesiones anteriores sobre si los diputados que quedan sin partido, sin grupo parlamentario pueden pertenecer o no a las comisiones, y cuáles son los derechos equivalentes de un diputado sin grupo parlamentario para participar en los trabajos de esta Cámara de Diputados; es una pena que se vaya, porque ya no vamos a poder dar esa pelea.

Pero insisto a la Presidencia de la Mesa Directiva, sin embargo, que concluya el estudio jurídico que ha ofrecido para que esos derechos de los diputados que se quedan sin grupo parlamentario, de los diputados independientes, sean discutidos por este pleno.

Mi felicitación al diputado Clouthier, deseándole mucho éxito en su postulación a los cargos que aspira de elección popular. Muchas gracias, presidente.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Agustín Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): Muchas gracias diputado presidente. De igual manera, a nombre de los diputados del PRD desearle la mejor de las suertes al diputado Manuel Clouthier, ex diputado Manuel Clouthier, en esta decisión que ha tomado y en los caminos que vendrán para él en el futuro.

Pero no podemos dejar de reflexionar sobre cómo es que se llegó a esta situación; me parece que es el resultado de una cerrazón, de una actitud contraria a un espíritu democrático, al no reconocimiento a una trayectoria que para todos los mexicanos que hemos visto el actuar de Manuel Clouthier, es la de una persona íntegra, de una persona comprometida con su manera de pensar, de ver el país, de ver la democracia y no quisiera dejar de pensar que es también el resultado de una actitud cerrada, y en otros tiempos sería el resultado de una purga política.

No así, sin embargo, yo al igual que todos los demás compañeros y compañeras que integramos el grupo del PRD, le deseamos el mejor de los éxitos en este camino que inicia ahora nuestro compañero Manuel Clouthier. Adelante y mucha suerte.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Víctor Castro.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío(desde la curul): A don Manuel Clouthier, quiero reconocerle; fuimos compañeros en la Comisión de Educación y de verdad se destacó como un parlamentario en esta comisión, muy importante para la vida del país y muy consecuente.

Quiero reconocerte, compañero, tu esfuerzo en la comisión y seguramente en las otras comisiones que destacadamente se manifestó a través de sus intervenciones en el pleno. Este esfuerzo, esta congruencia política, esta posibilidad de tu ejemplo, Manuel, para muchos de nosotros es muy importante, va más allá de un asunto ideológico, es una congruencia como un ser humano importante, y mi modesto reconocimiento como sudcaliforniano, a ese ser humano que eres y que lo has manifestado con tu compromiso con la comunidad. Enhorabuena y que tengas mucho éxito en lo que emprendas. Buena suerte, Manuel.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Gracias, presidente. Nosotros no podemos dejar de participar, porque para la bancada del PAN fueron meses de convivencia, de relación, de cariño y aprecio a Manuel Clouthier; habíamos dicho en otras circunstancias que en el caso de la bancada, con él nos unen afectos, nos unen respetos, nos une un aprecio legítimo que le tenemos.

No podemos menos que desearle éxito en lo que él emprenda, en lo que su conciencia, sus dictados, su congruencia le haya dictado, y para nosotros no dejará jamás de ser nuestro amigo, no dejará de ser tampoco parte de esta bancada, aunque formalmente ya lo ha expresado, porque se queda en los momentos de reflexión, de diálogo, de combate, de esfuerzo conjunto que emprendimos en muchas tareas y también en la anécdota, también en el trabajo cotidiano y en muchas cosas que pudimos compartir en comisiones, en el pleno y en la Cámara. De tal manera que, Manuel, ojalá tengas mucho éxito.

Refrendarte nuestra amistad, nuestro cariño y nuestro respeto, indistintamente del camino que legítimamente en tus convicciones tengas que tomar. Enhorabuena y un abrazo, querido Manuel.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Hoy, obsequiando la solicitud de Manuel, la Cámara dejará de tener un diputado cuyas características de sobra aquí se han hablado.

Manuel, con muy pocas palabras, en la vida prestigia el hombre con sus acciones y construye su historia; tú, lejos de lo que muchos dicen, has construido tu personalidad y tu propia historia.

En esta bancada, la bancada del Partido Revolucionario Institucional tienes muchas manos de amigos que te has ganado y de respeto que te has ganado. Aquí está una, Manuel, y sintetizo así mi intervención: gracias, amigo, por haberte tenido en esta Legislatura y portarte como lo que eres, un hombre de principios, de ética, que lucha por sus ideales y que está construyendo su propia historia. Gracias, Manuel.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputada Paz Gutiérrez.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. No quiero dejar también de agradecer y de haberme sentido orgullosa por haber compartido esta diputación con mi amigo diputado Manuel Clouthier, con el que compartimos la Comisión de Educación y otra comisión muy importante, en la que su presencia destacó, porque fue la Comisión Especial de la Familia.

Manuel fue el único, es el único hombre —hasta ahorita— en la Comisión Especial de la Familia; su presencia realmente nos llenó a todos de riqueza, de aportaciones, porque Manuel es un gran padre, es un gran esposo, es un hombre de familia y realmente, creo que lo vamos a extrañar; vamos a extrañar sus comentarios oportunos, sus chascarrillos, sus dichos, pero sobre todo su sentido común y su amor por México y por la familia. Muchas gracias, Manuel, fue un orgullo haber compartido contigo esta diputación.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Manuel Clouthier, a ver si me escuchas.

Manuel Clouthier, acá; Manuel, acá, en el PRD, acá.

Nada más para hacer notar que tú nos has mostrado que cuando los principios se traen de familia, tú padre los heredó en ti; nos has demostrado ser una persona cabal, que a ti no te hace ningún partido, los principios los traes, los has manifestado y por eso te has ganado el respeto y el reconocimiento de propios y extraños.

De mi parte, recibe mi más profundo reconocimiento. Sé que vas a tener éxito dónde quiera que vayas. Enhorabuena, Manuel Clouthier.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Eduardo Bailey.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo(desde la curul): Estimado amigo, compañero diputado Clouthier, reconocer en todo lo que vale tu valía, tu gran sentido de solidaridad, tu congruencia con tus ideas y siempre el trabajo responsable que se ha caracterizado.

Quiero aprovechar, en las comisiones en las que compartimos el trabajo y el esfuerzo conjunto siempre tu buena disposición y apertura democrática para lograr acuerdos importantes, en pro de nuestro país y para beneficio de nuestra Legislatura.

Recibe mi muy humilde reconocimiento y respeto por tu honorabilidad y tu gran sentido patriótico, lo cual todos te reconocemos. Clouthier, en ti sabemos que tenemos un buen amigo y un hombre cabal. Estamos contigo.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Alejandro del Mazo.

El diputado Alejandro del Mazo Maza(desde la curul): De igual forma, en el Partido Verde nos sumamos a todas las muestras de reconocimiento a nuestro compañero Manuel Clouthier, precisamente un cuadro importante, un cuadro que tomó muy en serio la responsabilidad legislativa, que formó parte en las comisiones de manera activa y que hizo grandes amistades y se comprometió con su trabajo en esta LXI Legislatura.

Nos sumamos a los reconocimientos y tiene en nosotros también amigos que hizo en esta Legislatura. Muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias. De nueva cuenta, a nombre de la Mesa Directiva y de la Cámara de Diputados, nuestro reconocimiento al político, al legislador, al ser humano y al amigo.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva  de la Cámara de Diputados.— Presente.

Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción XVI, y 12, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a solicitar licencia por tiempo indefinido al cargo de diputado federal por el estado de Sonora, distrito 04, los efectos de la solicitud serán a partir del 5 de marzo del presente.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2012.— Diputado José Luis Marcos León Perea (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado José Luis Marcos León Perea para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el IV distrito electoral del estado de Sonora a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobados. Comuníquense.De la misma manera le deseamos mucha suerte al diputado José Luis Marcos León Perea, en sus nuevas tareas y responsabilidades.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva  de la Cámara de Diputados.— Presente.

Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción XVI, y 12, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a solicitar licencia por tiempo indefinido al ejercicio de diputado federal por el 5o. distrito electoral federal del estado de Sonora, los efectos de la solicitud serán a partir del 2 de marzo del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2012.— Diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el V distrito electoral del estado de Sonora, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobados. Comuníquense.

CONVENIO SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

La Secretaria diputada Gloria Romero León: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 del decreto que autorizó al Ejecutivo federal a firmar, en representación del gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional.

Atentamente

México, DF, a 1o. de marzo de 2012.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 3o. del decreto que autorizo al Ejecutivo federal a firmar, en representación del gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional.

Artículo Primero.Se reforma el artículo 3o. del decreto que autorizó al Ejecutivo federal a firmar, en representación del gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional, aprobado en Bretton Woods, Estados Unidos de América, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1945, para quedar como sigue:

Artículo 3o.El Banco de México efectuará la aportación de los Estados Unidos Mexicanos al Fondo Monetario Internacional. La citada aportación será hasta por la cantidad equivalente a ocho mil novecientos doce millones, setecientos mil derechos especiales de giro.

Artículo Segundo.Se autoriza al Ejecutivo federal por conducto del Banco de México, para que, en representación de los Estados Unidos Mexicanos, actualice las aportaciones al Fondo Monetario Internacional por una cantidad de cinco mil doscientos ochenta y siete millones de derechos especiales de giro, conforme a los términos establecidos en la Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo primero de este decreto.

Artículo Tercero.Se autoriza al Ejecutivo federal para que en representación del gobierno de México, acepte la enmienda al Convenio Constitutivo sobre el Fondo Monetario Internacional aprobada por su Junta de Gobernadores conforme a la Resolución 66-2 del 15 de diciembre de 2010.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 1o. de marzo de 2012.— Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

La Secretaria diputada Gloria Romero León: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos  2o. y 3o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de marzo de 2012.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman los artículos 2o. y 3o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo

Artículo Primero.Se reforman los artículos 2o. y 3o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, para quedar como sigue:

Artículo 2o.Se autoriza al Gobierno Federal, para que, por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción adicional de 401,052 acciones del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta por el equivalente a 4,838,063,683 (cuatro mil ochocientos treinta y ocho millones sesenta y tres mil seiscientos ochenta y tres) dólares de los Estados Unidos de América.

Artículo 3o.Se autoriza al Gobierno Federal, para que, por conducto del Banco de México, efectúe aportaciones adicionales hasta por el equivalente de 17,434,076 (diecisiete millones cuatrocientos treinta y cuatro mil setenta y seis) dólares de los Estados Unidos de América, para cubrir la cuota de la contribución de los Estados Unidos Mexicanos al Fondo para Operaciones Especiales a que se refiere el Artículo IV del Convenio Constitutivo de dicho Organismo.

Artículo Segundo.Se faculta al Ejecutivo Federal para aceptar las enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, que sean consecuencia de las reformas y adiciones a que se refiere el artículo primero de este decreto.

En su caso, el Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión sobre las enmiendas que acepte conforme al párrafo anterior, en un plazo que no exceda de 10 días hábiles posteriores a su suscripción.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 1o. de marzo de 2012.— Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 67, 68, 78, 80, 82, 84, 85 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 2 de febrero de 2012, se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, suscrita por el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número D.G.P.L. 61-II-7-2231, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para estudio y dictaminación.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura procedió a la revisión del expediente, al análisis de la iniciativa y a la elaboración del presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

El diputado Vázquez Aguilar señala que el 20 de agosto de 1986, por decreto presidencial, se crea el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), como órgano descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para dar respuesta a la necesidad de modernizar las prácticas operativas y administrativas en busca de una mayor productividad en la prestación de los servicios de comunicación.

Refiere que Sepomex tiene a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de servicios diversos, distintos a la correspondencia. El objetivo es proporcionar a la población un servicio eficiente y confiable, que facilite la comunicación, favorezca el comercio y promueva el desarrollo socioeconómico en nuestro país.

El proponente indica que al mes de junio de 2011, la cobertura de Sepomex fue de 29 mil 166 puntos de servicio, con un total 2 mil 739 rutas y circuitos terrestres, manejando 727.5 millones de piezas (productos postales, estampillas filatélicas, franqueo y porte pagado, mensajería y paquetería, servicio internacional y franquicias), 210 mil 802 cajas de apartado, 20 mil 945 buzones (tradicionales, expreso y particulares), contando con 11 mil 267 vehículos y equipo de reparto en operación, con los cuales brindó el servicio postal a 16 mil 973 localidades en beneficio de 98.2 millones de habitantes, aproximadamente.

El autor de la iniciativa expone que el servicio público de correos es un área estratégica reservada al Estado, sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de su boletín electrónico “Brújula de Compra”, indica que a la fecha hay más de 2 mil 400 empresas de mensajería que ofrecen servicios de envío de documentos y paquetes, además de distribuir, importar, exportar, almacenar y gestionar todo tipo de mercancías, ya que cuentan con la infraestructura necesaria para llegar en un día al 68 por ciento de la población, en dos días al 75 por ciento y en tres días al 90 por ciento.

De la misma forma manifiesta que la incursión de empresas privadas de envíos de paquetería en un mercado que se estima con valor de mil 500 millones de dólares y con un crecimiento del 10 por ciento anual, que comenzó durante la segunda mitad de la década de los noventa, demostró que existen otras formas eficientes de entrega.

El proponente señala que en el Informe de la Cuenta Pública de 2008, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprobó a Correos de México. En cuanto a la calidad del servicio señala que el tiempo de entrega se encuentra de debajo de las empresas privadas, debido a que tarda cinco días promedio cuando se trata de entregar en la misma zona y hasta 7 días en una distinta; asimismo, por incumplir con las metas de su Plan de Transformación, que llevó a la empresa gubernamental a incrementar su deuda y a perder mercado.

Aunado a lo anterior, el autor indica que según la información de la base de datos de la UPU, México registró 7.32 como valor promedio de paquetes recibidos anualmente por habitante. Esta cifra se encuentra muy por debajo del promedio de los 104 países que reportaron información en 2006, que es de 73.8 unidades, en incluso al 9.8 de la mediana de una distribución muy concentrada en menos de veinte países que tienen un promedio superior a 100 unidades.

Derivado de lo anterior, el diputado Vázquez Aguilar expresa la necesidad del uso de tecnologías de la información y comunicación para fomentar el comercio nacional e internacional, servicios financieros, pago de beneficios sociales y servicios de telecomunicaciones, transferencia de fondos y divisas, entre otros. Asimismo, señala la urgencia de consolidar la modalidad de exportación de tráfico postal y envíos urgentes, buscando incrementar la competitividad de la pequeña y mediana empresa mediante un sistema de exportación simplificado, accesible y de bajo costo.

Ante tal problemática y con objeto de lograr su modernización y garantizar su continuidad como empresa líder del mercado nacional, el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar propone el siguiente

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano para quedar como sigue:

Artículo 4o. El gobierno federal, por conducto del organismo, tendrá a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los servicios diversos contenidos en esta ley.

El organismo garantizará la continuidad y modernización del Servicio Postal Mexicano a través del empleo de las tecnologías de la información y comunicación, gestionando nuevos productos y servicios que permitan, de acuerdo con los estándares de eficiencia y calidad del mercado nacional, agilizar la recepción, transportación y entrega de correspondencia.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones de la comisión

1. Los integrantes de esta Comisión de Comunicaciones consideramos que los servicios postales brindan una red de comunicación que fomenta el desarrollo nacional y el crecimiento económico.

A pesar del desarrollo de diversas formas de comunicación, el mercado de servicios postales se estima en más de 23 mil millones de pesos.  Sepomex participa con 50 por ciento de la correspondencia ordinaria y sólo 2 por ciento de la paquetería exprés, sin embargo, sigue siendo la mayor fuerza de distribución en el país.

Actualmente, Sepomex cuenta con mil 410 oficinas de atención al público, 4 mil 841 agencias y 19 mil empleados a lo largo de todo el país; proporcionando su servicio a través de más 29 mil puntos. Mediante esta red, se atiende aproximadamente al 94 por ciento de la población en 16 mil 973 localidades. Según datos de Sepomex, durante 2011 se procesaron 885.6 millones de piezas postales, generando ingresos superiores a los 2 mil 466 millones de pesos.

De acuerdo a Sepomex, durante los dos últimos años se han realizado esfuerzos de modernización con el objeto de aumentar la eficiencia operativa y la calidad del servicio.

Dichas mejoras comprenden:

• Mejora de los procesos de recepción, clasificación y distribución del material postal.

• Optimización de la red de transporte, con base en un modelo radial que conecta con rutas troncales a los 32 centros estatales de donde se distribuye a puntos de servicio postal.

• Aplicación de un sistema informático de rastreo de la materia postal, con lo cual se mejora el control de la distribución.

• Control de la entrega en la última milla, mediante el uso de lectores ópticos de códigos de barras por parte de los carteros al momento de entregar las piezas.

2. Al igual que el legislador proponente, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos que el Servicio Postal Mexicano debe adaptarse a las nuevas necesidades sociales y tecnológicas, que permitan mejorar la calidad del servicio, los tiempos de entrega y optimizar la utilización de los recursos disponibles.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos necesario garantizar la continuidad y modernización de Sepomex a través de la utilización de tecnologías de la información y las mejoras antes mencionadas, con el objeto de aumentar su competitividad y su potencial de generación de ingresos; a través de la modificación al ordenamiento jurídico vigente.

Esta dictaminadora concurre respecto a que la problemática tratada en la citada iniciativa, se encuentra plenamente identificada y sustentada en términos de una necesidad social y económica para un área estratégica del estado.

Aunado a lo anterior, consideramos que la modificación al texto jurídico no atenta la llamada “Reserva del Estado”, establecida por los artículos 25 y 28 de la Constitución, los cuales proporcionan al servicio público de correos el carácter de estratégico.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano para quedar como sigue:

Artículo 4o. El gobierno federal, por conducto del organismo, tendrá a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los servicios diversos contenidos en esta ley.

El organismo garantizará la continuidad y modernización del Servicio Postal Mexicano a través del empleo de las tecnologías de la información y comunicación, gestionando nuevos productos y servicios que permitan, de acuerdo con los estándares de eficiencia y calidad del mercado nacional, agilizar la recepción, transportación y entrega de correspondencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), secretarios; Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Aránzazu Quintanilla Padilla, Mayra Lucila Valdés (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Adriana Sarur Torre, Martín García Avilés, Norberta Adamira Díaz Azuara (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza, Ricardo Ahued Bardahuil, Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Fermín Alvarado Arroyo (rúbrica), Ana Estela Durán Rico, Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Javier Corral Jurado.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Asuntos Indígenas le fue turnado el oficio de la honorable Cámara de Senadores, con el que devuelve el expediente con la minuta proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de conformidad con lo que establece la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Comisión de Asuntos Indígenas es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos, 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, motivo por el cual, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

1. Con fecha 2 de febrero de 2010, la diputada Gloria Trinidad Luna Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó, para la referida iniciativa, el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas.

3. En fecha 3 de marzo de 2010 con oficio número CAI/086/2010, la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas remitió a los integrantes de la misma, la citada iniciativa, para efectos de estudio y opinión.

4. La Comisión de Asuntos Indígenas en su reunión ordinaria celebrada el 16 de febrero de 2011 aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

5. En la sesión ordinaria del 3 de marzo de 2011, el pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen se sometió a discusión, siendo aprobado el proyecto de decreto por 378 votos en pro, 3 en contra y 13 abstenciones; con esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L.61-II-4-957, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió la minuta proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII, recorriéndose las demás fracciones en su orden al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la Cámara de Senadores, para los efectos del inciso A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. En su sesión ordinaria realizada el 3 de marzo de 2011, la honorable Cámara de Senadores acusó de recibido la minuta referida en el numeral anterior, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

7. Las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Comisión de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 117, 135, 177, 182, 188, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado, estimaron la conveniencia de hacerle modificaciones a la minuta proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII, recorriéndose las demás fracciones en su orden al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por lo que emitieron el dictamen correspondiente.

8. El día 18 de octubre de 2011, la honorable Cámara de Senadores puso a discusión y aprobó por 81 votos en pro, el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por lo que se resolvió devolver a la Cámara de Diputados de Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional, el expediente correspondiente a la minuta proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII, recorriéndose las demás fracciones en su orden al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

9. Mediante oficio número D.G.P.L.61-II-4-1828, del 20 de octubre de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó al diputado Jorge González Illescas, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, que se devuelve el expediente de la minuta proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII, recorriéndose las demás fracciones en su orden al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de conformidad a lo que establece el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Descripción de la Minuta

La minuta que presenta la colegisladora realiza modificaciones a la similar que le envió esta Cámara de Diputados. Dichos cambios si bien respetan la intención de adicionar una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), su contenido es diferente.

El proyecto de decreto de la Cámara de Diputados establece:

La comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

I. a XVI. ...

Mientras que el proyecto de decreto de la Cámara de Senadores, se presenta de la siguiente manera:

Artículo 2 . La comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

I. XVI. ...

XVII.

XVIII. a XX. ...

Consideraciones de la Comisión

I. Del estudio del dictamen de las comisiones de la Cámara de Senadores, que motivó la aprobación de la minuta en comento, se identifica que las observaciones de la colegisladora se sustentan en los siguientes argumentos:

1. “No existe un registro, ni tampoco legislación o normatividad que regule su creación o funcionamiento...”;

2. “... hablar de un registro en los términos en los que plantea la colegisladora, se estaría generando una limitante para los pueblos indígenas pues se estaría coartando su derecho a la auto identificación...

II. Sobre dichos razonamientos, esta comisión dictaminadora precisa que, en primer lugar, como se desprende de la lectura del contenido del proyecto de decreto que aprobó el pleno de esta Cámara, la intención es darle validez legal al Registro de Pueblos y Comunidades Indígenas, y esto se logra, consideramos, al expresar que “La información contenida en este registro deberá ser la base para la definición de las políticas públicas, normas y requisitos de los programas que operen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la atención a los pueblos y comunidades indígenas”. En segundo lugar, sobre la afirmación de la colegisladora de que se correría el riesgo de coartar el derecho a la auto adscripción de algunos pueblos indígenas, esta comisión recuerda que, como también se expresa en el dictamen de la Cámara de Senadores, la facultad de reconocimiento de los pueblos indígenas según lo establecido en el artículo 2o. constitucional corresponde a las entidades federativas, observando las normas reglamentarias que deberá emitir el Congreso local correspondiente, por ello, en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se considera como insumo del registro la información que proporcionen las entidades federativas.

III. Además de lo expresado, la minuta de la Cámara de Senadores pretende cambiar el “registro” por una “base de datos” sobre los pueblos indígenas. Independientemente del nombre que se le proporcione al instrumento, la redacción implica asignar a la CDI esta tarea como una de sus funciones, pero sin proporcionarle valor legal alguno; según la minuta que se dictamina, esa base de datos sólo contendría “ información detallada sobre los pueblos y comunidades indígenas en el país...”.En cambio ,el proyectode la Cámara de Diputados establece que el registro será “... base para la definición de las políticas públicas, normas y requisitos de los programas que operen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la atención a los pueblos y comunidades indígenas”.

IV. Esta comisión dictaminadora considera que la formulación de una base de datos como la propone en su minuta la Cámara de Senadores, sin carácter vinculante para efectos de diseño y ejecución de políticas públicas, podrá realizarse sin un mandato expreso, haciendo uso de las funciones que la vigente Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, le asigna a esa entidad, concretamente a través de las fracciones VI y XIV, que a la letra dicen:

“ VI. Realizar investigaciones y estudios para promover el desarrollo integral de los pueblos indígenas;”

“ XIV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas;”

V. Por lo anteriormente expresado, esta comisión dictaminadora considera que el proyecto legislativo presentado por esta Cámara de Diputados a la colegisladora, no fue valorado plenamente.

VI. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en obvio de repeticiones hace suyas las consideraciones que realizó en su sesión celebrada del 3 de marzo de 2011, misma fecha en que fue remitida la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII, recorriéndose las demás fracciones en su orden al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la Cámara de Senadores, para los efectos legislativos correspondientes, procediendo ahora, en caso de que este proyecto merezca la aprobación de esta honorable asamblea, remitir nuevamente la citada minuta con proyecto de decreto a la Cámara de Senadores, para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someten a consideración, el siguiente:

Proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XVII, recorriéndose las demás fracciones en su orden del artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XVI. ...

XVII. Coadyuvar en la integración y actualización del Registro Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, con las aportaciones de las entidades federativas y en coordinación con ellas. La información contenida en este registro deberá ser la base para la definición de las políticas públicas, normas y requisitos de los programas que operen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la atención a los pueblos y comunidades indígenas;

XVIII. a XX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2012.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Jorge González Illescas (rúbrica), presidente, José Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín, María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez, María de Jesús Mendoza Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; María Ester Alonzo Morales (rúbrica), Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Norberta Adalmira Díaz Azuara (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica en abstención), Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gloria Trinidad Luna Ruíz, Alba Leonila Méndez Herrera, Ma. Elena Pérez de Tejada Romero, Dora Evelyn Trigueras Durón, Luis Hernández Cruz (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y análisis correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se avoca al examen de la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 19 de febrero de 2012, los diputados José Luis Ovando Patrón, Bonifacio Herrera Rivera del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado y los diputados Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y Salvador Caro Cabrera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

II. En la misma fecha, el presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha iniciativa con proyecto de decreto fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

III. El 29 de febrero de 2012 en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 18 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.

Contenido de la iniciativa

1. La pretensión de los proponentes encuentra fundamento en la reforma constitucional de 2008, que estableció que el Sistema Nacional de Seguridad Pública integrado por la federación, los estados y los municipios, garantizará una política coherente en la materia, incluyéndose la integración de un sistema nacional de información sobre delincuentes y cuerpos policiales, la coordinación de elementos humanos y materiales entre los distintos niveles de gobierno en la prevención y combate a la delincuencia y la profesionalización creciente de esas corporaciones y su vinculación de manera renovada con la comunidad para recuperar su prestigio y credibilidad a través del cumplimiento cabal y respetuoso de su deber. Por ello, se reformó el artículo 21 Constitucional a fin de establecer la obligación del Estado de velar por la seguridad de los gobernados, señalando el mandato para que todos los cuerpos de seguridad pública que pertenezcan a la federación, entidades federativas y municipios se organicen bajo los principios de legalidad

2. Así, expresan que al ser el federalismo un acuerdo de distribución del poder, de reconocimiento de espacios de autonomía y esferas de competencia, es un método democrático en el que comunidades autónomas tienen y conservan el control de los resortes de gobierno de los ámbitos de su competencia. Sin embargo, no debe confundirse una sana estratificación del poder con un sistema de fronteras que favorezcan la impunidad y la delincuencia.”

3. Derivado de la interpretación de la citada reforma constitucional y su exposición de motivos, se colige que en tanto exista la obligación de coordinar los esfuerzos de todas las instancias de gobierno en la consecución de un fin común como lo es el garantizar la seguridad y tranquilidad de la población, la Seguridad Pública necesariamente está ubicada dentro del federalismo cooperativo, mismo que integra el poder central con los poderes estatales en un único mecanismo de gobierno en el que todos actúan concertadamente para hacer frente a problemas que superan su estricta esfera individual.

Es así que la seguridad privada se encuentra comprendida dentro de la Seguridad Pública, por lo que los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus atribuciones tienen facultad para regular los servicios de seguridad privada que en ellos se presten.

4. Señalan que la seguridad pública y privada son dos expresiones que se refieren a una misma actividad que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, llevada a cabo mediante la colaboración entre instituciones públicas y empresas privadas, misma que no produce la delegación de la titularidad y ejercicio de la gestión de un servicio al ámbito privado, sino que se trata de un mecanismo de colaboración en el que las |empresas de seguridad privada coadyuvan con el Estado, sin subsumirse en sus funciones.

5. Manifiestan que la actual redacción del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, distribuye competencias determinando los casos en que será competencia de la autoridad administrativa Federal el otorgamiento de dicha autorización y los casos en los que será competencia de la autoridad administrativa local el otorgamiento de ésta para los mismos efectos. De esta manera, la distribución competencial en materia de seguridad privada se establece de la siguiente manera: La federación, a través de la Secretaría de Seguridad Pública federal, se encargará de autorizar los servicios de seguridad que se presten en dos o más entidades federativas, sin dejar de cumplir con la regulación local y, por otra lado, las entidades federativas, a través del órgano que establezcan las leyes locales, se encargarán de autorizar los servicios de seguridad que se presten en una sola entidad federativa.

6. Consideran que la Ley Federal de Seguridad Privada establece una serie de requisitos necesarios y suficientes para poder otorgar la autorización a la que refiere el artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública sin dejar de enfatizar la necesidad de que las autoridades locales deberán a su vez otorgar la autorización a la que hace referencia el citado artículo cuando la prestación de servicios de seguridad privada los preste una empresa en dos o más entidades federativas.

7. Sin embargo, los proponentes se avocaron al análisis detallado de las legislaciones estatales que se encuentran vigentes en materia de prestación de servicios de seguridad privada, encontrando que en la actualidad existen además de los requisitos que establece la Ley Federal de Seguridad Privada, un sinnúmero de requisitos que exigen las entidades federativas, el Distrito Federal y en ocasiones los municipios para poder otorgar la autorización que requieren las citadas empresas para estar en posibilidad de prestar el servicio.

El resultado de dicho análisis arroja que de la totalidad de los requisitos que solicitan las entidades federativas, el Distrito Federal y algunos municipios (además de los ya establecidos en la ley en comento) es de 114 requisitos adicionales, siendo estos diferentes en cada una de las entidades federativas, Distrito Federal y municipios, esto es, no existe una homologación en cuanto a lo solicitado, lo cual impide su cabal cumplimiento, restando eficiencia en la prestación de los servicios de seguridad privada.

Es menester hacer notar que uno de los requisitos que exigen algunas Entidades Federativas, es que los prestadores de servicios deberán ser personas físicas de nacionalidad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros tal y como se observa en el artículo 155 de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; el artículo 20 del Reglamento de los Servicios de Seguridad del Estado de Jalisco; el artículo 11 del Reglamento de Seguridad Privada del Estado de Quintana Roo, así como el artículo 9 de la Ley que Regula los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Tlaxcala.

8. De la totalidad de los requisitos que establecen las entidades federativas, el Distrito Federal, existen algunos requisitos que hacen que la obtención del registro de las empresas que prestan servicios de seguridad privada ante autoridades sea de difícil cumplimentación o en su caso, impida que de manera ágil se observe lo establecido en la legislación estatal en la materia, sin dejar de considerar que en algunos casos, se pone en riesgo la seguridad de los inversionistas, al requerir documentación con la que ya cuenta la autoridad federal.

9. Señalan que la multiplicidad de requisitos diferentes que solicitan para que las empresas de seguridad privada presten sus servicios en dos o más entidades federativas o en municipios, genera este tipo de inconsistencias que dan como resultado la imposibilidad de cumplir con lo requerido por las autoridades estatales y municipales, al no haber homogeneidad en las disposiciones establecidas en las leyes locales en la materia.

10. Por las razones antes expuestas, los proponentes consideran necesario mantener la facultad de los estados y el Distrito Federal de regular y autorizar la prestación de servicios de seguridad privada aún cuando cuenten con la debida autorización federal tratándose de empresas que operan en dos o más entidades federativas a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11. Sin embargo, manifiestan la necesidad de homologar los requisitos que establecen las leyes estatales y del Distrito Federal a lo dispuesto en la Ley Federal de Seguridad Privada, a fin de observar lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley Federal de Seguridad Privada, a fin de que exista una verdadera regulación armónica entre las disposiciones federales, las estatales y del Distrito Federal, convergiendo y concurriendo la facultad legislativa en materia de seguridad privada.

Análisis y consideraciones de la iniciativa

Primero. Tal y como lo manifiestan los proponentes de la iniciativa objeto del presente dictamen, el artículo 21 párrafos noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

...La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

...

Como se observa, la Constitución no hace ninguna distinción entre actividades de seguridad pública y de seguridad privada, resultando fundamental el análisis de la Exposición de Motivos de la iniciativa de reforma Constitucional de la que emanó el texto vigente, como se observa a continuación:

Por otra parte, para alcanzar la seguridad que demandan los mexicanos es necesario sentar las bases legales para un sistema nacional de seguridad pública que facilite la coordinación de acciones entre los distintos niveles de gobierno.

Esta iniciativa de reformas a la Constitución, forma parte de un conjunto de acciones que fortalecen el orden público y la seguridad individual, familiar y patrimonial. Se trata de una reforma profunda que parte de la voluntad de los mexicanos de vivir en un Estado fundado en la soberanía nacional, la democracia, la división de poderes, el federalismo y el respeto de las garantías individuales. Su objeto último es el establecimiento del equilibrio de poderes y del estado de derecho.

La iniciativa plantea las bases de un Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que la Federación, los Estados y los Municipios, deberán garantizar una política coherente en la materia, Esto debe incluir, entre otros elementos, la integración de un sistema nacional de información sobre delincuentes y cuerpos policiales, la coordinación de elementos humanos y materiales entre los distintos niveles de gobierno en la prevención y combate a la delincuencia y la profesionalización creciente de esas corporaciones y su vinculación de manera renovada con la comunidad para recuperar su prestigio y credibilidad a través del cumplimiento cabal y respetuoso de su deber.

Por ello, la iniciativa propone establecer en el artículo 21 constitucional la obligación del Estado de velar por la seguridad de los gobernados, señalando el mandato para que todos los cuerpos de seguridad pública que pertenezcan a la Federación, entidades federativas y municipios se organicen bajo los principios de legalidad, honestidad, eficiencia y eficacia. En este sentido, se contempla la obligación de la federación, de las entidades federativas, Distrito Federal y de los municipios para coordinarse en esta materia.

El federalismo es un acuerdo de distribución del poder, de reconocimiento de espacios de autonomía y esferas de competencia. El federalismo es un método democrático en el que comunidades autónomas tienen y conservan el control de los resortes de gobierno de los ámbitos de su competencia. Sin embargo, no debe confundirse una sana estratificación del poder con un sistema de fronteras que favorezcan la impunidad y la delincuencia.

Derivado de la interpretación del citado precepto constitucional y su exposición de motivos se colige que en tanto exista la obligación de coordinar los esfuerzos de todas las instancias de gobierno en la consecución de un fin común como lo es el garantizar la seguridad y tranquilidad de la población, la seguridad pública necesariamente está ubicada, tal y como señalan los iniciantes, dentro del federalismo cooperativo, que integra el poder central con los poderes estatales en un único mecanismo de gobierno en el que todos actúan concertadamente para hacer frente a problemas que superan su estricta esfera individual.

Es así que la seguridad privada se encuentra comprendida dentro de la Seguridad Pública, por lo que los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus atribuciones tienen facultad para regular los servicios de seguridad privada que en ellos se presten.

Segundo. La ley reglamentaria del artículo 21 constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece en su artículo 2o. la definición de seguridad pública de la siguiente manera:

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...

Así, la seguridad pública se entiende como la actividad dirigida a la protección de personas, bienes, la mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano, mismos que incluyen un conjunto de acciones orientadas a una misma finalidad: la custodia del bien jurídico, situándose dentro de este conjunto de actuaciones las específicas de las organizaciones destinadas a este fin y en especial, las que corresponden a las instituciones de seguridad pública a que se refiere el artículo 21 constitucional.

Tercero. Al tratarse la seguridad pública de una función inherente a la finalidad social del Estado, siendo este el encargado de garantizar su prestación regular, continua y eficiente, ésta se encuentra sometida al régimen jurídico fijado por la ley, lo cual incluye la posibilidad de que dicho servicio sea prestado por el Estado de manera directa o indirecta, es decir, por las autoridades públicas o los particulares, reservándose la competencia para regular, controlar, inspeccionar y vigilar su prestación sin que en ningún momento se deje de lado el cumplimiento de la legislación estatal en la materia.

Tomando en consideración la exposición de motivos de la iniciativa en comento, esta comisión coincide en que la seguridad pública y privada son dos expresiones que se refieren a una misma actividad que forma parte del Sistema de Seguridad Pública, llevada a cabo mediante la colaboración entre instituciones públicas y empresas privadas, misma que no produce la delegación de la titularidad y ejercicio de la gestión de un servicio al ámbito privado, sino que se trata de un mecanismo de colaboración en el que las empresas de seguridad privada coadyuvan con el Estado, sin subsumirse en sus funciones.

Cuarto. El artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala la distribución de competencias determinando los casos en que será competencia de la autoridad administrativa federal el otorgamiento de dicha autorización y los casos en los que será competencia de la autoridad administrativa local el otorgamiento de ésta para los mismos efectos.

De esta manera, la distribución competencial en materia de seguridad privada se establece de la siguiente manera:

1) La federación, a través de la Secretaría de Seguridad Pública federal, se encargará de autorizar los servicios de seguridad que se presten en dos o más entidades federativas, sin dejar de cumplir con la regulación local.

2) Las entidades federativas, a través del órgano que establezcan las leyes locales, se encargarán de autorizar los servicios de seguridad que se presten en una sola entidad federativa.

Quinto. Al respecto, la Ley Federal de Seguridad Privada establece los requisitos que las entidades federativas y el Distrito Federal, deberá cumplir a efecto de obtener la autorización que permita la operación de empresas de seguridad privada en dos o más entidades federativas, así el artículo 25 de la citada ley establece:

Artículo 25. Para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas, los prestadores de servicios deberán presentar su solicitud ante la Dirección General, señalando la modalidad y ámbito territorial en que pretendan prestar el servicio, además de reunir los siguientes requisitos:

I. Ser persona física o moral de nacionalidad mexicana

II. Tratándose de personas morales, deberán estar constituidas coniforme a la legislación mexicana

III. Exhibir original del comprobante de pago de derechos por el estudio y trámite de la solicitud de autorización

IV. Presentar copia simple, acompañada del original y comprobante del pago de derechos para su cotejo, o en su caso, copia certificada, de los siguientes documentos

a). Acta de nacimiento, para el caso de personas físicas

b). Escritura en la que se contenga el acta constitutiva y modificaciones, si las tuviere, para el caso de las personas morales, y

c). En su caso, poder notarial en el que se acredite la personalidad del solicitante.

V. Señalar el domicilio de la matriz y en su caso de las sucursales, precisando el nombre y puesto del encargado en cada una de ellas, además de adjuntar los comprobantes de domicilio correspondientes.

VI. Acreditar en los términos que señale el Reglamento, que se cuenta con los medios humanos, de formación, técnicos, financieros y materiales que le permitan llevar a cabo la prestación de servicios de seguridad privada en forma adecuada, en las modalidades y ámbito territorial solicitados

VII. Presentar un ejemplar del Reglamento Interior de Trabajo, y Manual o Instructivo operativo, aplicable a cada una de las modalidades del servicio a desarrollar, que contenga la estructura jerárquica de la empresa y el nombre del responsable operativo.

VIII. Exhibir los Planes y programas de capacitación y adiestramiento vigentes, acordes a las modalidades en que se prestará el servicio, así como la constancia que acredite su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

IX. Constancia expedida por Institución competente o capacitadores internos o externos de la empresa, que acredite la capacitación y adiestramiento del personal operativo

X. Relación del personal directivo y administrativo, conteniendo nombre completo y domicilio

XI. Currícula del personal directivo, o en su caso, de quien ocupará los cargos relativos

XII. Relación de quienes se integrarán como personal operativo, para la consulta de antecedentes policiales en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, debiendo acompañar el comprobante de pago de derechos correspondiente, además de señalar el nombre, Registro Federal de Contribuyente y en su caso Clave Única de Registro de Población de cada uno de ellos

XIII. Adjuntar el formato de credencial que se expedirá al personal

XIV. Fotografías del uniforme a utilizar, en las que se aprecien sus cuatro vistas, conteniendo colores, logotipos o emblemas, mismos que no podrán ser iguales o similares a los utilizados por las corporaciones policiales o por las fuerzas armadas

XV. Relación de bienes muebles e inmuebles que se utilicen para el servicio, incluido equipo de radiocomunicación, armamento, vehículos, equipo en general, así como los aditamentos complementarios al uniforme, en los formatos que para tal efecto establezca la dirección general

XVI. Relación, en su caso, de perros, adjuntando copia certificada de los documentos que acrediten que el instructor se encuentra capacitado para desempeñar ese trabajo; asimismo se anexará listado que contenga los datos de identificación de cada animal, como son: raza, edad, color, peso, tamaño, nombre y documentos que acrediten el adiestramiento y su estado de salud, expedido por la autoridad correspondiente

XVII. Copias certificadas del permiso para operar frecuencia de radiocomunicación o contrato celebrado con concesionaria autorizada

XVIII. Fotografías de los costados, frente, parte posterior y toldo del tipo de vehículos que se utilicen en la prestación de los servicios, las cuales deberán mostrar claramente los colores, logotipos o emblemas, y que no podrán ser iguales o similares a los oficiales utilizados por las corporaciones policiales o por las Fuerzas Armadas; además deberán presentar rotulada la denominación del prestador del servicio, y la leyenda “seguridad privada”; asimismo, deberán apreciarse las defensas reforzadas, torretas y otros aditamentos que tengan dichas unidades

XIX. Muestra física de las insignias, divisas, logotipos, emblemas o cualquier medio de identificación que porte el elemento

XX. En caso de que se utilicen vehículos blindados en la prestación del servicio, independientemente de la modalidad de que se trate, se deberá exhibir constancia expedida por el proveedor del servicio de blindaje, con la que acredite el nivel del mismo, y

XXI. Tratándose de prestadores de servicios que operen en la modalidad prevista en la fracción III del artículo 15 de la presente Ley, y específicamente para el traslado de valores, será indispensable contar con vehículos blindados, y exhibir constancia expedida por el proveedor del servicio de blindaje, con la que se acredite el nivel del mismo.

A su vez, el artículo 26 de la ley en comento establece que de ser procedente la autorización, el solicitante deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de procedencia:

• Original del comprobante de pago de derechos por la inscripción de cada arma de fuego o equipo utilizado en la prestación de los servicios.

• Original del comprobante de pago de derechos por la inscripción en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, de cada uno de los elementos operativos de quienes la Dirección General haya efectuado la consulta previa de antecedentes policiales.

• Póliza de Fianza expedida por institución legalmente autorizada a favor de la Tesorería de la Federación, por un monto equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, misma que deberá contener la siguiente leyenda:

Para garantizar por un monto equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal las condiciones a que se sujetará en su caso la autorización o revalidación para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas otorgada por la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, con vigencia de un año a partir de la fecha de autorización; la presente fianza no podrá cancelarse sin previa autorización de su beneficiaria, la Tesorería de la Federación.

• Original del comprobante de pago de derechos por la expedición de la autorización.

Sexto. Por lo que respecta al personal tanto directivo, como administrativo y operativo, el artículo 27 de la multicitada ley establece que para el desempeño de sus funciones, los directores, administradores, gerentes y personal administrativo de los prestadores de servicios deberán reunir los siguientes requisitos:

I. No haber sido sancionado por delito doloso

II. No haber sido separados o cesados de las fuerzas armadas o de alguna institución de seguridad federal, estatal, municipal o privada, por alguno de los siguientes motivos:

a) Por falta grave a los principios de actuación previstos en las Leyes

b) Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia o abandono del servicio

c) Por incurrir en faltas de honestidad o prepotencia

d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos similares, por consumir estas sustancias durante el servicio o en su centro de trabajo o por habérseles comprobado ser adictos a alguna de tales substancias

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento por razón de su empleo

f) Por presentar documentación falsa o apócrifa

g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo cualquier concepto

h) Por irregularidades en su conducta o haber sido sentenciado por delito doloso.

III. No ser miembros en activo de alguna institución de seguridad pública federal, estatal o municipal o de las Fuerzas Armadas.

En cuanto al personal operativo, el artículo 28 establece que para el desempeño de sus funciones, el personal operativo de los prestadores de servicios deberá reunir y acreditar los siguientes requisitos:

I. Carecer de antecedentes penales

II. Ser mayor de edad

III. Estar inscritos en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública

IV. Estar debidamente capacitados en las modalidades en que prestarán el servicio

V. No haber sido separado de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad pública o privada por alguna de las causas previstas en la fracción II del artículo 27 de la presente ley,

VI. No ser miembros en activo de alguna institución de seguridad pública federal, estatal o municipal o de las Fuerzas Armadas.

Séptimo. Como se observa en el presente análisis la Ley Federal de Seguridad Privada establece una serie de requisitos que ésta comisión considera necesarios y suficientes para poder otorgar la autorización a la que refiere el artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública sin dejar de considerar que las autoridades locales deberán a su vez otorgar la autorización a la que hace referencia el citado artículo cuando la prestación de servicios de seguridad privada los preste una empresa en dos o más entidades federativas.

Sin embargo, es de observarse que los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen lo siguiente:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal...”

Así, al ser libres y soberanos los estados en su régimen interior, de no observar el cumplimiento de lo establecido en materia de seguridad privada en los ordenamientos estatales que para el efecto existan, resultaría procedente la interposición de una controversia constitucional misma que se instauraría para el tema que nos ocupa a fin de demandar la reparación de un agravio producido por una norma general o un acto que en ejercicio excesivo de sus atribuciones constitucionales fue responsabilidad de la federación, estado, Distrito Federal o municipio, transgrediendo el reparto de competencias consagrado en la Constitución, dañando la soberanía.

Además, generaría un inminente estado de inseguridad al disminuir la regulación y supervisión efectiva de las empresas dedicadas a la prestación del servicio, sin dejar de mencionar que la federación se vería impedida para asumir las funciones y obligaciones que recaen en las Entidades Federativas, debiendo nuevamente enfatizar que al ser actividades auxiliares de la seguridad pública, son facultades concurrentes.

Octavo. Ahora bien, esta comisión se avocó al análisis detallado de las legislaciones estatales que se encuentran vigentes en materia de prestación de servicios de seguridad privada, encontrando que en la actualidad existen además de los requisitos que establece la Ley Federal de Seguridad Privada, un sinnúmero de requisitos que exigen las entidades federativas, el Distrito Federal y en ocasiones los municipios para poder otorgar la autorización que requieren las citadas empresas para estar en posibilidad de prestar el servicio.

El resultado de dicho análisis arroja que de la totalidad de los requisitos que solicitan las entidades federativas, el Distrito Federal y algunos municipios (además de los ya establecidos en la ley en comento) es de 114 requisitos adicionales, siendo estos diferentes en cada una de las entidades federativas, Distrito Federal y municipios, esto es, no existe una homologación en cuanto a lo solicitado, lo cual impide su cabal cumplimiento, restando eficiencia en el mercado que presta este servicio y mayor inseguridad para los ciudadanos.

Noveno. De la totalidad de los requisitos que establecen las Entidades Federativas, el Distrito Federal y en ocasiones municipios, se hace mención de algunos de ellos:

• Manifestar el lema de la empresa

• Relación de accionistas

• Relación de socios

• Relación de personal directivo y administrativo

• Balance de resultados auditado por contador con cédula profesional

• Dormitorio

• Exclusión de extranjeros

• Exhibir contrato con proveedores

• Exhibir documentos originales o certificados del personal administrativo que aparece en el acta constitutiva

• Exhibir libro de acta de asamblea

• Exhibir libro de registro de accionistas

• Exhibir registro de marca ante el IMPI

• Rotulación de vehículos con medidas específicas (centímetros por letra)

• Archivo fotográfico de socios

• Documentos personales de socios y accionistas

• Registro de Socios ante el C4 estatal

• Archivo fotográfico de accionistas.

Como se observa, existen algunos requisitos que hacen que la obtención del registro de las empresas que prestan servicios de Seguridad Privada ante autoridades sea de difícil cumplimentación o en su caso, impida que de manera ágil se observe lo establecido en la legislación Estatal en la materia, sin dejar de considerar que en algunos casos, se pone en riesgo la seguridad de los inversionistas, al requerir documentación con la que ya cuenta la autoridad Federal.

Décimo. Es menester hacer notar que uno de los requisitos que exigen algunas entidades federativas, es que los prestadores de servicios deberán ser personas físicas de nacionalidad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros tal y como se observa a continuación:

• Guerrero

Ley Número 281 de Seguridad Pública del estado de Guerrero

Artículo 155.- Los servicios de seguridad privada sólo podrán ser prestados por ciudadanos mexicanos y personas jurídicas colectivas, con cláusula de exclusión de extranjeros.

• Jalisco

Reglamento de los Servicios Privados de Seguridad del estado de Jalisco

Artículo 20. Se prohíbe prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Jalisco, si previamente no se obtiene la autorización correspondiente. Para obtener la autorización, los solicitantes deberán cumplir con los requisitos siguientes: I. Ser de nacionalidad mexicana, tratándose de personas jurídicas el acta constitutiva debe contener cláusula de exclusión de extranjeros; ...

• Quintana Roo

Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada del estado de Quintana Roo

Artículo 11. Para obtener la autorización, registro o revalidación, los interesados deberán solicitarlo a la Secretaría a través de la dirección, además de cumplir y acreditar los siguientes requisitos:  ... II. Que las personas físicas o morales sean de nacionalidad mexicana, acreditándolo con documento idóneo. En caso que sea la segunda de las nombradas, deberá incluir en su acta constitutiva la cláusula de exclusión de extranjeros;

...

• Tlaxcala

Ley que Regula los Servicios Privados de Seguridad en el estado de Tlaxcala

Artículo 9. La solicitud de autorización se presentará por escrito, y para su tramitación se sujetará al procedimiento de emisión de actos regulatorios que establece la Ley del Procedimiento Administrativo y cubrirán los requisitos siguientes: I. En cuanto a la acreditación general del solicitante: [...] d) Acreditará su nacionalidad mexicana. Para el caso de las personas jurídicas, además, acreditarán que sus acciones serán nominativas, que sus socios no sean extranjeros, y que dentro de sus estatutos existan las cláusulas relativas a la exclusión de extranjeros.

Al respecto, esta comisión observa que las citadas disposiciones estatales contravienen lo dispuesto en los artículos 73, fracciones XXIII y XXIX F y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establecen:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

...XXIII Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución...

...XXIX F Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional...”

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.”

Derivado de los artículos constitucionales antes mencionados, al establecer las Entidades Federativas como obligatoria la cláusula de exclusión de extranjeros para las empresas encargadas de prestar el servicio de seguridad privada, transgrede la facultad de la Federación para legislar en materia de inversión extranjera, por lo que hace a las restricciones que deben observar los prestadores de estos servicios en la conformación de su capital social.

Así, la cláusula de exclusión de extranjeros que dichos estados establecen en la normatividad de la materia, vulnera el sistema de distribución de competencias que establece la Carta Magna al establecer restricciones a la inversión extranjera en la prestación de servicios de seguridad privada, siendo esta una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, cuya regulación se encuentra establecida en la Ley de Inversión Extranjera, misma que establece en el artículo 6o. de manera limitativa aquellas actividades económicas cuyo ejercicio está reservado exclusivamente a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión, siendo que del análisis sistemático de la legislación, así como de los tratados internacionales de los que México es parte, no se advierte disposición alguna que limite o restrinja la prestación de servicios de seguridad privada como actividad económica reservada de manera exclusiva a ciudadanos mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, en consecuencia, resulta evidente que al establecer esta disposición en la regulación estatal de dichas actividades, invaden la facultad exclusiva de la Federación para legislar en materia de inversión extranjera y para constituirse como rector en la materia.

Undécimo. Esta comisión considera necesario enfatizar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los estados y el Distrito Federal hacer cumplir las leyes federales, por lo que el régimen impuesto por la federación en materia de inversión extranjera es obligatorio para las entidades federativas, debiendo atender la regulación expedida por el Congreso de la Unión en materia de reservas impuestas a este tipo de inversión, siendo por tanto evidente la contravención del principio de distribución de competencias establecido en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Duodécimo. La comisión observa que además de la multiplicidad y diversidad de requisitos que la normatividad estatal y municipal establecen para poder prestar servicios las empresas de Seguridad Privada, existen requisitos que generan la posible interposición de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo es el establecimiento de cláusulas de exclusión de extranjeros.

Cabe señalar que ya existe precedente en la materia, la controversia constitucional número 77/2010 por parte del Poder Ejecutivo federal en contra del Poder Ejecutivo del estado de México, toda vez que en fecha 6 de septiembre del año 2010 se publicó en la Gaceta de Gobierno Estatal el decreto número 150 por el que se reforma el artículo 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México y establece que para prestar servicios de seguridad privada conforme a la modalidad que realicen deberá ser persona física de nacionalidad mexicana o jurídica colectiva constituida conforme a las leyes del país y con cláusula de exclusión de extranjeros.

En el escrito de demanda de controversia constitucional se observa la siguiente argumentación:

B) El artículo 19, fracción I de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México, viola los principios de funcionalidad y congruencia previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que se traduce en la vulneración de la facultad del Congreso General para legislar en materia de seguridad privada, como actividad auxiliar de la seguridad pública.

Lo anterior, porque se estima que el hecho de que la legislación del estado de México establezca como condición necesaria la cláusula de exclusión de extranjeros, produce la inoperancia de las autorizaciones otorgadas por la federación para la prestación del servicio de seguridad privada, pues aún cuando la Secretaría de Seguridad Pública Federal autorice a determinadas empresas, en cuyo capital haya participación extranjera, dicho acto no surtirá sus efectos en el Estado de México, vulnerándose así el mandato de homologación y congruencia que debe existir en ambos ordenamientos como lo ordena la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que rige como ley marco en materia de seguridad privada.

En esta tesitura, se menciona que si bien en los artículos 16 y 25, fracción I, de la Ley Federal de Seguridad Privada, la autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas, requiere de manera genérica que el solicitante sea una persona física o moral de nacionalidad mexicana, la porción normativa en comento, adiciona como requisito, que en el caso de empresas que deseen prestar el servicio de seguridad privada en la entidad, deberán estar constituidas con capital nacional, es decir, deberán pactar en su conformación una cláusula de exclusión de extranjeros.

Tal disposición no resulta congruente, pues si en la ley general no existe restricción alguna respecto a la inversión extranjera, en consecuencia tal acotación resulta carente de sentido en una ley local que debe sujetarse a los principios de la ley general; pues de haber sido el caso que se hubiera considerado necesario sería el Congreso de la Unión quien hubiera establecido la restricción de manera clara o por lo menos indicar las directrices en tal sentido.

Es por ello que, se manifiesta en la demanda que el artículo 19, fracción I, de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México transgrede lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vulnerando los principios de funcionalidad y congruencia, pues el precepto tildado no es homogéneo con la normatividad en materia federal.

Por tanto, se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conforme a sus atribuciones constitucionales resuelva lo conducente a efecto de salvaguardar la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, que analice la constitucionalidad de la porción normativa motivo de impugnación, a la luz de lo dispuesto por la Constitución Federal, la Ley de Inversión Extranjera y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública...”

Cabe señalar que dicha controversia constitucional se sobreseyó toda vez que el gobierno del estado de México reformó la fracción I del artículo 19 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México, suprimiendo la cláusula de exclusión de extranjeros en ella contenida, dejando de producir sus efectos, siendo publicada dicha modificación en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, mediante el decreto número 242 de diecisiete de diciembre de 2010.

Decimotercero. Como se observa, la multiplicidad de requisitos diferentes que solicitan para que las empresas de Seguridad Privada presten sus servicios en dos o más entidades federativas o en municipios, genera este tipo de inconsistencias que dan como resultado la imposibilidad de cumplir con lo requerido por las autoridades estatales y municipales, o ambos, al no haber homogeneidad en las disposiciones establecidas en las leyes locales en la materia.

Decimocuarto. Aunado a lo anterior, es de suma importancia hacer notar la diferencia existente entre los resultados de diversos censos y registros que contienen la relación de empresas de seguridad privada que operan en la república mexicana:

• Número de empresas de seguridad privada que opera en el país: 2 mil 270

• Empresas de seguridad privada con autorización únicamente local: 1 mil 845

• Empresas de seguridad privada autorizadas por la SSPF: 750

Es de observarse que del total de las empresas que manifestaron al Inegi dedicarse a la prestación de servicios de Seguridad Privada en alguna de sus modalidades, no están debidamente registradas ante las autoridades correspondientes (ya sea Federal, Estatal o ambas), resultando imposible supervisar su adecuado funcionamiento y así garantizar la seguridad de los usuarios de dichos servicios.

Al existir la multiplicidad de requisitos planteada en el contenido del presente dictamen, genera que las empresas dedicadas a la prestación de estos servicios lo otorguen de manera irregular, esto es, al margen de las leyes y reglamentos estatales aplicables, generando inclusive menores costos por la prestación del servicio de manera irregular, toda vez que las empresas que cumplen con todos los requisitos establecidos a nivel Federal y Estatal, realizan inversiones económicas adicionales, trasladando dicho costo al usuario final, el cual si tiene la solvencia económica suficiente hará uso del servicio que se preste de manera regular. Sin embargo, el usuario que no cuente con los recursos necesarios para sufragar el costo de los servicios que presten las empresas regulares, optará por contratar otra empresa que, en razón de no cumplir con los requisitos exigidos, no ha realizado una inversión de la magnitud de la empresa que sí cumple con los mismos, estando por tanto en posibilidad de hacer una mejor propuesta económica, fomentando así la irregularidad e inseguridad con la que operan.

Decimoquinto. Por lo expuesto, la comisión considera necesario mantener la facultad de los estados y el Distrito Federal de regular y autorizar la prestación de servicios de seguridad privada aún cuando cuenten con la debida autorización Federal tratándose de empresas que operan en dos o más Entidades Federativas a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, se estima necesaria la homologación de los requisitos que establecen las leyes estatales y del Distrito Federal a lo dispuesto en la Ley Federal de Seguridad Privada, a fin de observar lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley Federal de Seguridad Privada, tomando en consideración que la fracción V del artículo 7o. establece que “La secretaría, con la intervención que corresponda al Sistema Nacional de Seguridad Pública, podrá suscribir convenios o acuerdos con las autoridades competentes en los estados, Distrito Federal y municipios, con el objeto de establecer lineamientos, acuerdos y mecanismos relacionados con los servicios de seguridad privada que faciliten la homologación de los criterios, requisitos, obligaciones y sanciones en esta materia, respetando la distribución de competencias que prevé la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal y los municipios, con el fin de garantizar que los servicios de seguridad privada se realicen en las mejores condiciones de eficiencia y certeza jurídica.

Finalmente esta comisión propone adicionar la modalidad de monitoreo electrónico a fin de armonizar la ley en comento con el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2, 15, 25 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, aprobado por esta comisión y posteriormente en el pleno del la Cámara de Diputados por 403 a favor, 0 en contra y 11 abstenciones, el 8 de febrero del 2011, enviado el Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Por lo expuesto y fundado los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y consideran que es procedente aprobar en sentido positivo la presente iniciativa con proyecto de decreto, por lo que se somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 150. Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado y monitoreo electrónico; deberán obtener autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir la regulación local, que no excederá los requisitos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo noveno, del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las entidades federativas y el Distrito Federal, deberán realizar las adecuaciones necesarias a las disposiciones aplicables en la materia de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Federal de Seguridad Privada.

Notas:

1 Ferrer Mac- Gregor, Eduardo, Ensayos sobre Derecho Procesal Constitucional,México, Porrúa-Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2004.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de febrero de 2012.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica en abstención), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica en contra), Ernesto de Lucas Hopkins, Jorge Fernando Franco Vargas, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica en abstención), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Reyna Araceli Tirado Gálvez (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL ANTICORRUPCION EN CONTRATACIONES PUBLICAS

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública, dictaminando con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 176, 177, 180, 182, 187, 188, 190, 191 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

De la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Antecedentes

I. El Titular del Ejecutivo Federal presentó el 3 de marzo de 2011 ante el Senado de la República del H. Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la cual fue turnada por la Mesa Directiva de dicha Cámara, a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, para que procedieran a su revisión y a la elaboración del dictamen correspondiente.

II. Con fecha 5 de abril de 2011 las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, presentaron ante el Pleno del Senado de la República, el Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, el cual fue aprobado en lo general con 86 votos a favor y turnado  a la Cámara de Diputados para efectos del Apartado A), del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 7 de abril de 2011, la Mesa Directiva recibió la minuta, asignándole el número de expediente 4505, y dispuso que la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, fuera turnada a esta Comisión de la Función Pública en su calidad de dictaminadora.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de la Función Pública, es competente para conocer la minuta con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Segunda. Que la minuta de referencia propone contar con un marco jurídico que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 fracción XXI y 134 Constitucionales, permita a las autoridades federales sancionar en el ámbito de administrativo, los actos de corrupción en que incurran los particulares en el desahogo de procedimientos de contratación pública, lo que constituirá una herramienta necesaria a efecto de garantizar que los citados procedimientos se lleven a cabo con estricto respeto a la legalidad y a los principios consagrados en el marco constitucional.

Tercera. Los aspectos contenidos en la minuta que se consideran más relevantes y que darían sustento a la expedición de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas son los siguientes:

• A través del ordenamiento que se expediría se establecerían las responsabilidades y sanciones a las que se harían acreedoras las personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana y extranjeras, por las infracciones en que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal, así como aquéllas que deban imponerse a las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, por las infracciones en que incurran en las transacciones comerciales internacionales que lleven a cabo.

• La Secretaría de la Función Pública sería en el ámbito de la Administración Pública Federal y en las contrataciones públicas que realicen las entidades federativas y municipios con cargo total o parcial a recursos públicos federales, la autoridad facultada para investigar y, en su caso, sancionar a los particulares que incurran en las infracciones que establece la  Ley propuesta.

• Asimismo, también serían autoridades competentes para aplicar la Ley  Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, en el ámbito de las contrataciones públicas que realicen las Cámaras de Diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los tribunales agrarios, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México.

• Para efectos de la Ley se asimilan a las contrataciones públicas de carácter federal, los actos y procedimientos relativos a concurso, convocatoria o licitación pública para el otorgamiento de permisos y concesiones de carácter federal o su prórroga, con lo cual también serían sancionables los actos de corrupción que se realicen por los particulares en esta clase de procedimientos.

• Se prevén una serie de infracciones en las que pueden incurrir los particulares en el desarrollo de los procedimientos de contratación pública, tales como el cohecho, la confabulación, la simulación, el tráfico de influencias, la presentación de información falsa, entre otras.

• Las sanciones a imponerse a los infractores de la Ley consistirían en multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal e inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años para el caso de personas físicas, y multa equivalente a la cantidad de diez mil hasta dos millones de veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal, e inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años, para el caso de personas morales.

• Asimismo, el proyecto en estudio prevé en las contrataciones públicas federales realizadas en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista resulta menor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor, con lo cual se asegura la ejemplaridad y efectividad de la sanción económica que se imponga.

• En el mismo sentido el proyecto de referencia establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría no podrán otorgar a las personas que hubieren sido sancionadas en términos de la Ley y durante el plazo en que éstas se encuentren inhabilitadas, subsidios, donativos y otros beneficios previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y en los demás ordenamientos aplicables.

• Con el objeto de fomentar la formulación de denuncias y combatir la impunidad en este tipo de prácticas de corrupción, se prevén mecanismos de reducción de sanciones a las personas que confiesen su responsabilidad y cooperen en forma plena y continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, que en su caso, substancie el procedimiento administrativo respectivo.

• Finalmente, es de comentarse que con la expedición de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas se daría cumplimiento a diversas convenciones internacionales suscritas por el Estado Mexicano en materia de combate a la corrupción, tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, firmada por México el 26 de marzo de 1996 y ratificada por el Senado de la República el 2 de junio de 1997, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, firmada por México el 21 de noviembre de 1997 y ratificada por la Cámara de Senadores el 27 de mayo de 1999 (Convención Anticohecho de la OCDE), y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, firmada por México el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por el Senado de la República el 29 de abril de 2004.

Cuarta. Durante los trabajos de dictaminación de la minuta que nos ocupa, se considero necesario realizar algunas modificaciones al texto enviado por el Senado de la República para incorporar la facultad reglamentaria en el artículo segundo de la ley; también se incluyo a los servidores públicos como sujetos de la ley, los cuales tienen regulada su responsabilidad en términos del Titulo Cuarto de nuestra Carta Magna, por lo que se modificó la fracción IV del artículo segundo.

Se consideró la necesidad de modificar la fracción XII del artículo tercero, a efecto de mejorar la semántica sustituyendo la preposición “de” por “en”. Así también se modifico el artículo cuarto de la ley, en su fracción XI a la que se incluyo el termino de “autónomos” para definir la clase de los órganos públicos que también se consideran autoridad en lo relativo a las definiciones, en conjunto con las demás señaladas en el mismo numeral.

Se perfecciona la redacción del artículo séptimo, incluyéndole el término “sanciones” para diferenciarla de las responsabilidades. Se elimina de la fracción II del artículo octavo, y del primer párrafo del artículo noveno, ambos relativos al cohecho, las palabras “determinando por este”  que seguían a “...un servidor público o a un tercero...” lo anterior para eliminar esta condicionante, la cual en un juicio tendría que acreditarse, retrasando o complicando el procedimiento de responsabilidad, y en atención a las recomendaciones del reporte relativo a la aplicación de la Convención anticorrupción en México de la OCDE de octubre de 2011.

Se modifican los artículos decimo cuarto y decimo quinto para establecer de forma precisa y clara el procedimiento de solicitud de información incluyendo al primero de ellos tres fracciones, logrando un texto más completo y se reacomodan los tres últimos párrafos del artículo décimo quinto, los cuales se integran a la redacción del artículo 14, y en el párrafo primero del artículo 15 se señala la facultad de la autoridad para realizar las diligencias necesarias para allegarse de la verdad.

Por su parte se modifica la parte final del primer párrafo del artículo decimo octavo para establecer el elemento de validez relativo a la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador de conformidad al procedimiento regulado en el articulo decimo noveno de la misma ley y para concluir se modifica el último párrafo del artículo vigésimo quinto de la ley para precisar que toda medida de apremio deberá estar “debidamente fundada y motivada”.

Quinta. Se coincide con la Colegisladora en que la aprobación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas objeto de la minuta que se dictamina, fortalecerá los instrumentos legales con los que se cuenta para prevenir y combatir la corrupción.

Asimismo, debe tenerse presente que en las contrataciones públicas de carácter federal existe un importante ejercicio de recursos públicos, por lo que debe asegurarse que dichos procedimientos se encuentren en todo momento apegados a la legalidad y de que en los mismos se obtengan las mejores condiciones para el Estado, por lo que en las determinaciones de quien debe ser proveedor para el gobierno no deben influir factores externos que comprometan la imparcialidad de los servidores públicos involucrados.

Sexta. Por otro lado, con la aprobación de la minuta de mérito se vendría a llenar una laguna en el marco jurídico en virtud del cual actualmente no se puede sancionar desde el punto de vista administrativo a los particulares que cometan actos de corrupción en las contrataciones públicas, por lo que se considera inaplazable que quien lleve a cabo dichas conductas se les sancione con multas e inhabilitaciones que les impidan continuar manteniéndose como proveedores del gobierno.

En mérito de las razones y consideraciones expuestas, los Diputados integrantes de la Comisión de la Función Pública, tomando en cuenta las modificaciones formuladas por la Colegisladora a la iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, se pronuncian a favor de la minuta que se analiza, por lo que someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

Artículo Único. Se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

Capítulo PrimeroDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto:

I. Establecer las responsabilidades y sanciones que deban imponerse a las personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana y extranjeras, por las infracciones en que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal previstas en esta Ley, así como aquéllas que deban imponerse a las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, por las infracciones en que incurran en las transacciones comerciales internacionales previstas en esta Ley, y

II. Regular el procedimiento para determinar las responsabilidades y aplicar sanciones, y

III. Establecer las autoridades federales competentes para interpretar y aplicar esta Ley.

Artículo 2. Son sujetos de la presente Ley:

I. Las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjeras, que participen en las contrataciones públicas de carácter federal, en su calidad de interesados, licitantes, invitados, proveedores, adjudicados, contratistas, permisionarios, concesionarios o análogos;

II. Las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjeras, que en su calidad de accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas, empleados o que con cualquier otro carácter intervengan en las contrataciones públicas materia de la presente Ley a nombre, por cuenta o en interés de las personas a que se refiere la fracción anterior, y

III. Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que participen, de manera directa o indirecta, en el desarrollo de transacciones comerciales internacionales en los términos previstos en la presente Ley, y

IV. Los servidores públicos que participen, directa o indirectamente, en las contrataciones públicas de carácter federal, quienes estarán sujetos a responsabilidad en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Autoridades competentes: La Secretaría, los titulares de los Órganos Internos de Control y los titulares de sus respectivas áreas de quejas y de responsabilidades, así como los órganos que al efecto determinen las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los tribunales agrarios, el Instituto Federal Electoral, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de México y demás órganos públicos, en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 de la presente Ley;

II. CompraNet: El sistema electrónico de información pública gubernamental a que se refieren la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

III. Contrataciones públicas de carácter federal: Los procedimientos de contratación, sus actos previos, y aquéllos que deriven de la celebración, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, que lleven a cabo las instituciones públicas contratantes a que se refiere la fracción VIII de este artículo, en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas y con independencia del régimen especial de contratación o del esquema que se utilice para su realización. Se considerarán incluidos los actos y procedimientos relativos a concurso o convocatoria o licitación pública para el otorgamiento de permisos y concesiones de carácter federal o su prórroga, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con las contrataciones públicas;

IV. Convenciones internacionales para la prevención y el combate a la corrupción: La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y las demás que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables sean suscritas por el Estado Mexicano en la materia;

V. Dependencias: Las secretarías de Estado y sus órganos desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y las unidades administrativas de la Presidencia de la República;

VI. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal a que se refieren los artículos 3o, 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

VII. Fideicomisos públicos no paraestatales: Los fideicomisos públicos constituidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de fideicomitente único de la Administración Pública Federal Centralizada o de alguna entidad de la Administración Pública Paraestatal en términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, y que no son considerados entidades paraestatales;

VIII. Instituciones públicas contratantes: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; los fideicomisos públicos no paraestatales, los mandatos y contratos análogos; la Procuraduría; las entidades federativas y los municipios, incluidos los entes públicos de unas y otros, así como los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que realicen contrataciones públicas con cargo total o parcial a fondos federales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y las áreas u órganos competentes de las autoridades que refieren las fracciones II a XI del artículo 4 de esta Ley, encargadas de las contrataciones públicas de carácter federal;

IX. Intermediario: Las personas a que se refiere la fracción II del artículo 2 de esta Ley;

X. Mandatos y contratos análogos: Los mandatos y contratos análogos celebrados por las dependencias, entidades y, en su caso, la Procuraduría, en términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables y que involucren recursos públicos federales;

XI. Ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la Ley de Petróleos Mexicanos y demás ordenamientos jurídicos que establezcan un régimen, esquema o mecanismo especial de contratación pública;

XII. Órganos Internos de Control: Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, así como de la Procuraduría;

XIII. Procuraduría: La Procuraduría General de la República;

XIV. Secretaría: La Secretaría de la Función Pública;

XV. Servidor público extranjero: Toda persona que ostente u ocupe un empleo, cargo o comisión público considerado así por la ley extranjera respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas públicas, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como en cualquier organismo u organización pública internacionales, y

XVI. Transacciones comerciales internacionales: Los actos y procedimientos relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un Estado extranjero o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Artículo 4. En el ámbito de sus competencias, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, dictar las disposiciones administrativas necesarias para el adecuado cumplimiento de la misma e interpretar sus disposiciones para efectos administrativos, en relación con las contrataciones públicas de carácter federal que realicen:

I. La Secretaría, en el ámbito de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría, así como de las entidades federativas, los municipios y los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que lleven a cabo contrataciones públicas de carácter federal;

II. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

III. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

IV. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

V. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y los tribunales agrarios;

VI. El Instituto Federal Electoral;

VII. La Auditoría Superior de la Federación;

VIII. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

IX. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

X. El Banco de México y

XI. Los demás órganos públicos autónomos que determinen las leyes.

Las autoridades referidas en las fracciones II a XI de este artículo, de conformidad con las disposiciones que les resulten aplicables, determinarán las áreas u órganos encargados de investigar la posible comisión de las infracciones a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, determinar las responsabilidades que deriven de las mismas y aplicar las sanciones correspondientes.

Artículo 5. La Secretaría, así como los titulares de los Órganos Internos de Control y los titulares de las áreas de quejas y de responsabilidades de dichos Órganos, serán autoridades competentes para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, del procedimiento y recurso establecidos en esta Ley.

La Secretaría será la única autoridad competente encargada de investigar la posible comisión de la infracción a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, determinar las responsabilidades que deriven de la misma y aplicar las sanciones correspondientes.

La Secretaría podrá solicitar a un Estado Extranjero la información que requiera para la investigación y sustanciación del procedimiento administrativo sancionador a que se refieren los Capítulos Tercero y Cuarto de esta Ley, en los términos previstos en los instrumentos internacionales de los que ambos Estados sean parte y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 6. Las disposiciones contenidas en los Capítulos Tercero, Cuarto, y Sexto de esta Ley, serán aplicables en todos los casos en que se investigue y, en su caso, sustancie el procedimiento administrativo sancionador que derive de la posible comisión de las infracciones previstas en el artículo 9 de esta Ley, con independencia de que para tales efectos se utilicen los mecanismos de asistencia y cooperación internacional previstos en las convenciones internacionales para la prevención y el combate a la corrupción, de las que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 7. Las responsabilidades y sanciones a que se refiere esta Ley se determinarán y aplicarán con independencia de las demás responsabilidades y sanciones previstas en los ordenamientos legales aplicables.

Capítulo SegundoDe las Infracciones

Artículo 8. Cualquiera de los sujetos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 2 de esta Ley, incurrirá en responsabilidad cuando en las contrataciones públicas de carácter federal, directa o indirectamente, realice alguna o algunas de las infracciones siguientes:

I. Prometa, ofrezca o entregue dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público o a un tercero, a cambio de que dicho servidor público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, con el propósito de obtener o mantener un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del dinero o de la dádiva o del resultado obtenido.

Se incurrirá asimismo en responsabilidad, cuando la promesa u ofrecimiento de dinero o cualquier dádiva se haga a un tercero, que de cualquier forma intervenga en el diseño o elaboración de la convocatoria de licitación pública o de cualquier otro acto relacionado con el procedimiento de contratación pública de carácter federal;

II. Ejecute con uno o más sujetos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal;

III. Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto participar en contrataciones públicas de carácter federal, no obstante que por disposición de ley o resolución administrativa se encuentre impedido para ello;

IV. Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal o simule el cumplimiento de éstos;

V. Intervenga en nombre propio pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas para participar en contrataciones públicas de carácter federal, con la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de la contratación;

VI. Obligue sin tener derecho a ello, a un servidor público a dar, suscribir, otorgar, destruir o entregar un documento o algún bien, con el fin de obtener para sí o un tercero una ventaja o beneficio;

VII. Promueva o use su influencia, poder económico o político, reales o ficticios, sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o un tercero un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación del servidor o de los servidores públicos o del resultado obtenido, y

VIII. Presente documentación o información falsa o alterada con el propósito de lograr un beneficio o ventaja.

Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que la persona física o moral a que se refiere la fracción I del artículo 2 de esta Ley obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán sancionados previo procedimiento administrativo sancionador que se sustancie en términos de esta Ley.

Artículo 9. Incurrirán en responsabilidad los sujetos señalados en la fracción III del artículo 2 de esta Ley, cuando en alguna transacción comercial internacional, por sí o a través de un tercero, prometan, ofrezcan o entreguen dinero o cualquier otra dádiva indebida, a un servidor público extranjero o a un tercero, a cambio de que dicho servidor público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público extranjero, con la finalidad de obtener o mantener un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o del resultado obtenido.

Cuando además del Estado mexicano otro o más Estados extranjeros tengan jurisdicción sobre la infracción a que hace referencia el presente artículo, las autoridades competentes de dichos Estados, a solicitud de una de ellas, deberán realizar consultas para coordinar las acciones y medidas para perseguirla y sancionarla.

Capítulo TerceroDe la Investigación

Artículo 10. La investigación que precede al procedimiento administrativo sancionador iniciará de oficio o por denuncia.

Las autoridades competentes podrán tomar conocimiento de las presuntas infracciones que cometan las personas sujetas a esta Ley, entre otros, a través de los siguientes medios:

I. CompraNet, por medio del apartado de denuncias establecido en dicho sistema;

II. Denuncia formulada por las instituciones públicas contratantes o cualquier otra autoridad, las cuales deberán remitirla a la Secretaría o, cuando corresponda, a las autoridades a que se refieren las fracciones II a la XI del artículo 4 de esta Ley, acompañada de la documentación o información en que aquélla se sustente y demás elementos probatorios con los que, en su caso, se cuente;

III. Denuncia de particulares en la que señalen, bajo protesta de decir verdad, las presuntas infracciones. La manifestación hecha con falsedad será sancionada en términos de la legislación penal aplicable;

IV. Denuncias anónimas que se reciban a través de los medios establecidos para tal efecto, y

V. Denuncia internacional formulada por un Estado extranjero u organismo u organización públicos internacionales, en la que se deberán precisar las presuntas infracciones y acompañar los elementos de prueba en que aquélla se sustente.

Las autoridades competentes mantendrán con carácter confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones previstas en esta Ley, así como la de aquéllas que pretendan acogerse al beneficio establecido en el artículo 31 de la misma.

Artículo 11. Todo servidor público tendrá la obligación de denunciar por escrito las acciones u omisiones que en ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento y que pudieren ser sancionadas en términos de esta Ley. El incumplimiento de dicha obligación será motivo de las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o del ordenamiento legal aplicable de las entidades federativas, tratándose de contrataciones públicas federales que realicen dichas entidades federativas, los municipios, incluidos los entes públicos de unas y otros y los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Artículo 12. El escrito de denuncia deberá contener lo siguiente:

I. Los hechos y cualquier otra información que permitan advertir la comisión de presuntas infracciones;

II. Los datos de identificación del presunto infractor, y

III. El señalamiento de los elementos probatorios que acrediten las presuntas infracciones. En el caso de las denuncias a que se refieren las fracciones II y V del artículo 10 de esta Ley, las instituciones denunciantes deberán acompañar los elementos probatorios correspondientes.

Artículo 13. Una vez recibida la denuncia, si las autoridades competentes advierten la posible existencia de infracciones, iniciarán la etapa de investigación a que hace referencia esta Ley.

Artículo 14. Las solicitudes de información se sujetarán a las reglas siguientes:

I. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en las contrataciones públicas de carácter federal, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y motivados, les formulen las Autoridades competentes dentro de los plazos establecidos en esta ley y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Para los efectos de tales requerimientos la Autoridad competente fijará un plazo para la atención del requerimiento respectivo y no será inferior a 5 días hábiles ni mayor a 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del requerimiento respectivo, sin perjuicio de poder ampliarlo hasta 10 días hábiles más, cuando, por causas justificadas, así lo soliciten los interesados. En caso de no atender los requerimientos sin causa justificada, la Autoridad competente podrá imponerles una multa en términos del artículo 25 de esta Ley.

II. Las instituciones públicas contratantes a las que se les formulen requerimientos de información, tendrán la obligación de proporcionarla dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva.

Cuando derivado de la complejidad de los requerimientos de información formulados, las instituciones públicas contratantes requieran de un plazo mayor para su atención, deberán solicitar prórroga por escrito ante la autoridad competente, debidamente justificada. La ampliación del término que en su caso se otorgue será improrrogable y no podrá exceder de 20 días hábiles.

Cuando los servidores públicos no atiendan los requerimientos a que se refiere este artículo, se les impondrá una multa en términos de lo dispuesto por el artículo 25 de esta Ley, salvo que exista mandato legal o judicial o causa justificada a juicio de la autoridad competente que se los impida y con independencia de que se inicien las acciones para fincar a los servidores públicos la responsabilidad administrativa a que haya lugar.

III. La Autoridad competente tendrá acceso, en términos de las leyes en la materia,  a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, cuando esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, hasta en tanto no se derive de su revisión la determinación de las sanciones correspondientes.

La información obtenida en los términos de este artículo tendrá valor probatorio en el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.

Para los efectos de las fracciones I y II del presente artículo, la reincidencia en el incumplimiento de requerimientos se sancionará con multa de hasta el doble de aquélla que se hubiera impuesto en términos de esas fracciones, sin perjuicio de que subsista la obligación de dar cumplimiento al requerimiento respectivo.

Artículo 15. Durante la etapa de investigación, las autoridades competentes podrán, además de requerir información en términos del artículo 14, llevar a cabo las demás diligencias que para mejor proveer se estimen necesarias, incluyendo la solicitud de documentación e información a cualquiera otra persona física o moral, tendiente a comprobar las presuntas infracciones.

Para la investigación de la infracción a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, la Secretaría podrá promover las acciones que deriven de los mecanismos de asistencia y cooperación internacional previstos en las convenciones internacionales para la prevención y el combate a la corrupción.

Artículo 16. Los servidores públicos de las autoridades competentes que con motivo de las investigaciones que lleven a cabo, tengan acceso a información clasificada como reservada o confidencial, se abstendrán de divulgarla o proporcionarla indebidamente bajo cualquier medio; en caso contrario, serán sancionados en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 17. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades competentes procederán al análisis de la información recabada, a efecto de determinar la procedencia del inicio del procedimiento administrativo sancionador.

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del infractor, se emitirá acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios y no hubieren prescrito las facultades para sancionar.

Capítulo CuartoDel Procedimiento Administrativo Sancionador

Artículo 18. Si de la investigación realizada se advirtieren elementos suficientes que hagan presumir la existencia de las infracciones previstas en el Capítulo Segundo de la presente Ley, la autoridad competente dictará acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador, el cual deberá ser notificado en términos del artículo 19 de esta ley.

El acuerdo a que hace referencia el párrafo anterior deberá contener, por lo menos:

I. Nombre del presunto infractor o infractores;

II. Datos de identificación del expediente que se integre con motivo del inicio del procedimiento y lugar en donde podrá consultarse;

III. Señalamiento claro, objetivo y preciso de las infracciones que se le imputan y, en su caso, de quien haya actuado como intermediario;

IV. Las disposiciones de esta Ley en que se funde el procedimiento, señalando aquéllas que se estimen transgredidas;

V. El señalamiento de los beneficios establecidos en esta Ley para las personas que confiesen su responsabilidad sobre la imputación que se les formule, y

VI. Nombre y firma de la autoridad competente, así como fecha y lugar de su emisión.

Artículo 19. Las notificaciones se harán:

I. En forma personal, cuando se realicen a los sujetos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, y

II. Por oficio, cuando se realicen a las autoridades.

Para la práctica de notificaciones personales fuera del lugar de residencia de la autoridad competente, ésta podrá auxiliarse de cualquier autoridad federal, quien la llevará a cabo de acuerdo a la normativa aplicable y tendrá la obligación de remitirle las constancias respectivas, dentro de los tres días siguientes a aquél en que se practicó la misma.

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, la autoridad competente también podrá auxiliarse de autoridades estatales o municipales, conforme a los convenios o instrumentos de colaboración que se establezcan para tal efecto.

Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente a aquél en que se haya realizado.

Artículo 20. Dentro de los quince días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador, el presunto infractor podrá manifestar lo que a su derecho convenga, por escrito firmado bajo protesta de decir verdad o mediante comparecencia ante la autoridad competente, dando respuesta a todos y cada uno de los actos que se le imputan, ofreciendo y presentando las pruebas que estime pertinentes y, en su caso, reconociendo su responsabilidad en relación con la infracción de que se trate en los términos y para los efectos previstos en la presente Ley.

Si el presunto infractor confesara su responsabilidad, se procederá de inmediato a dictar resolución, salvo que las autoridades competentes dispongan la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la plena validez de la confesión, se aplicará lo dispuesto en el artículo 32 de la presente Ley.

Si el presunto infractor no manifestare por escrito lo que a su derecho convenga o no compareciere dentro del plazo establecido en el párrafo primero de este artículo o dejare de responder alguna de las conductas o hechos que se le imputan, éstos se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario.

Artículo 21. Transcurrido el plazo para que el presunto infractor manifieste lo que a su derecho convenga, la autoridad competente deberá proveer respecto de la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por éste, observando para tal efecto las reglas previstas en el Título Cuarto del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Las autoridades competentes podrán allegarse de los medios de prueba que consideren necesarios, sin más limitaciones que las establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 22. Desahogadas las pruebas, se concederá al presunto infractor un plazo de cinco días hábiles para formular alegatos. Transcurrido dicho plazo, se cerrará la instrucción y se dictará la resolución que corresponda en un plazo que no excederá de cuarenta días hábiles.

Artículo 23. La resolución que se dicte decidirá sobre la inexistencia de responsabilidad o sobre la imposición de las sanciones, debiendo notificarse al interesado en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Artículo 24. Los sujetos sancionados en términos de esta Ley, podrán interponer el recurso de revisión previsto en el Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 25. Dentro de la etapa de investigación o dentro del procedimiento administrativo sancionador, las autoridades competentes podrán imponer medidas de apremio, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones.

Las medidas de apremio, serán las siguientes:

I. Apercibimiento, y

II. Multa, de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Toda medida de apremio deberá estar debidamente fundada y motivada.

Artículo 26. En todas las cuestiones relativas al procedimiento administrativo sancionador no previstas en esta Ley, se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Capítulo QuintoDe las Sanciones Administrativas

Artículo 27. Las sanciones administrativas que deban imponerse por la comisión de las infracciones a que se refieren los artículos 8 y 9 de la presente Ley, consistirán en:

I. Tratándose de personas físicas:

a) Multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal.

Tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones o trámites relacionados con contrataciones públicas federales o transacciones comerciales internacionales, la multa máxima prevista en el párrafo anterior podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan elementos objetivos para determinar por parte de la autoridad competente que el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima.

Para el caso de contrataciones públicas federales realizadas, en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer párrafo de este inciso resulta menor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor, y

b) Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 8 años;

II. Cuando se trate de personas morales:

a) Multa equivalente a la cantidad de diez mil hasta dos millones de veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal.

Tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones o trámites relacionados con contrataciones públicas federales o transacciones comerciales internacionales, la multa máxima prevista en el párrafo anterior podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan elementos objetivos para determinar por parte de la autoridad competente que el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima.

Para el caso de contrataciones públicas federales realizadas, en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer párrafo de este inciso resulta menor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor, y

b) Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 10 años.

Las multas que se determinen en términos de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable.

Tratándose de la infracción prevista en la fracción II del artículo 8 de esta Ley, sólo resultará aplicable la sanción de inhabilitación, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones aplicables.

El plazo de la sanción de inhabilitación se computará a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad competente publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación, salvo que la inhabilitación derive de la participación del infractor en contrataciones públicas de carácter federal cuyos actos deben difundirse en CompraNet en términos de las disposiciones aplicables, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir de la fecha de su difusión en ese sistema.

Cuando en términos de lo previsto por esta Ley, se impongan a una misma persona dos o más inhabilitaciones en diversas contrataciones públicas de carácter federal, dichas inhabilitaciones se aplicarán en forma sucesiva, de manera tal que una vez que se agote el plazo de la primera, comenzará la aplicación de la segunda inhabilitación y así sucesivamente. La misma regla se aplicará tratándose de transacciones comerciales internacionales.

En ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aún cuando el infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute.

Artículo 28. Para la imposición de las sanciones administrativas previstas en esta Ley se tomarán en cuenta los elementos que a continuación se señalan:

I. La gravedad de la infracción en que se incurra;

II. Las circunstancias económicas del infractor.

Para efectos de lo previsto en esta fracción, se podrá considerar la información de los contratos que el infractor tenga celebrados y estén registrados en CompraNet, o bien, si no se contara con esa información, se podrá considerar el monto del contrato, permiso, concesión o transacción comercial que dé origen al procedimiento administrativo sancionador de que se trate;

III. Los antecedentes del infractor, incluido su comportamiento en contrataciones públicas de carácter federal previas o, en su caso, en transacciones comerciales internacionales;

IV. El grado de participación del infractor;

V. Los medios de ejecución;

VI. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley, y

VII. El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se hubieren causado.

Para los efectos de la presente Ley, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable de la comisión de alguna de las infracciones a que se refiere esta Ley, incurra nuevamente en una o varias de ellas, dentro de un lapso de diez años contados a partir de que surta efectos la notificación de la primera sanción.

Artículo 29. Las facultades de las autoridades competentes para imponer las sanciones administrativas previstas en esta Ley prescribirán en un plazo de diez años, contados a partir del día siguiente de aquél en que se hubieren cometido las infracciones o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.

Para los efectos del presente artículo la prescripción se interrumpe con la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador o con la impugnación de la resolución respectiva por el infractor.

Artículo 30. Las dependencias y entidades, así como la Procuraduría no podrán otorgar a las personas que hubieren sido sancionadas en términos de esta Ley, durante el plazo en que éstas se encuentren inhabilitadas, subsidios, donativos y otros beneficios previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y en los demás ordenamientos aplicables.

Capítulo SextoDe la Reducción De Sanciones

Artículo 31. La persona que haya realizado alguna de las infracciones previstas en esta Ley, o bien, que se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones establecido en este artículo.

La aplicación del beneficio a que hace referencia el párrafo anterior, tendrá por efecto una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan al responsable. Para su procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos:

I. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del procedimiento administrativo sancionador;

II. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea entre los sujetos involucrados en la infracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes y que a juicio de las autoridades competentes permitan comprobar la existencia de la infracción;

III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que substancie el procedimiento administrativo sancionador conducente, y

IV. Que la persona interesada suspenda de inmediato su participación en la infracción.

Las personas que soliciten este beneficio serán sujetas del procedimiento administrativo sancionador a que se refiere esta Ley, en el cual se constatará el cumplimiento de los requisitos a que hace referencia este artículo, así como la veracidad y validez de la confesión realizada y se resolverá sobre la procedencia de dicho beneficio.

Artículo 32. Una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador a que se refiere esta Ley, si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan, se le aplicará una reducción del cincuenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan, siempre que lo haga dentro del plazo a que se refiere el artículo 20 de esta Ley.

Capítulo SéptimoDe la Prevención

Artículo 33. La Secretaría podrá suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas de carácter federal y en transacciones comerciales internacionales, así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización.

En el diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el párrafo anterior, se considerarán las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios, además de incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad y que contengan herramientas de denuncia y de protección a denunciantes.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La implementación de esta Ley deberá realizarse con los recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados a la Secretaría de la Función Pública, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República, así como a las demás autoridades facultadas para aplicar dicho ordenamiento, por lo que no implicará erogaciones adicionales.

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 23 de noviembre de 2011.

La Comisión de la Función Pública, diputados:Pablo Escudero Morales (rúbrica), presidente; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Juan Carlos López Fernández (rúbrica), secretarios; Janet Graciela González Tostado, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Sergio Lobato García, Kenia López Rabadán (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Pedro Peralta Rivas, José Luis Soto Oseguera, Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral, Enrique Torres Delgado (rúbrica), Esthela Damián Peralta (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María de Jesús Mendoza Sánchez (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez, Enrique Octavio Trejo Azuara, Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE TURISMO

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 41 de la Ley General de Turismo

De la Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley  Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada por la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión, la diputada García Coronado presentó la iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo, la Presidencia dictó trámite para dictamen a esta Comisión de Turismo.

A esta comisión le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 6188, que contiene la iniciativa presentada por la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 21 de diciembre de 2011.

Materia de la iniciativa

La Ley General de Turismo, en el título V, correspondiente al tema de fomento y promoción turística, establece como se integra el patrimonio tanto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en los artículos 41 y 43, respectivamente. Respecto a los ingresos que percibe el Fonatur la ley está plenamente acorde a lo que señala la Ley Federal de Derechos.

El Consejo de Promoción Turística de México es el organismo facultado para la planeación y consolidación de los proyectos y estrategias de promoción turística, en busca de posicionar a México en el entorno competitivo tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Una de sus tareas es la de posicionar la imagen de México, a través del desarrollo de programas y campañas de Promoción Turística consistentes y permanentes que a su vez fomenten esquemas de inducción y coordinación que multipliquen los esfuerzos de los diferentes actores y promuevan turísticamente a México en los mercados emisores, para generar economías de escala y ventajas competitivas para todos los agentes participantes.

Esto se logra básicamente efectuando campañas de publicidad en los mercados objetivo, con mensajes permanentes que posicionen la oferta turística mexicana como multidestino y multiproducto en las preferencias de consumo.

El título V de la Ley General de Turismo se establecen que las acciones de fomento y promoción de la actividad turística quedarán a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) respectivamente, a través del desarrollo de estrategias y políticas públicas por parte del Estado y en coordinación con todos los agentes involucrados en el ramo turístico.

Consideraciones

Primera. El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo regional. Aporta alrededor del 11 por ciento de la producción mundial y genera uno de cada once empleos. Se estima que en los próximos 20 años viajarán por el mundo 1.6 millones de turistas que dejarán una derrama económica de dos millones de millones de dólares.

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no sólo se reflejan en ser una industria que genera empleos y detonador del desarrollo regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales.

Segunda.El 19 de mayo de 1999  se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo; como consecuencia de estas modificaciones, la Secretaría de Turismo, en el ejercicio de sus atribuciones en materia de promoción turística, nacional e internacional, sería auxiliada por la empresa de participación estatal mayoritaria de la administración pública federal denominada Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV.

En octubre del mismo año, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo dictaminaron favorablemente la propuesta por primera vez de la estructura orgánica del Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, la cual tendría por objeto planear, diseñar y coordinar, en coadyuvancia con la Secretaría de Turismo, las políticas y estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional

El 22 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se re sectoriza el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y las empresas del sector público en que dicho fondo tiene como participación accionaria mayoritaria, en el sector coordinado por la Secretaría de Turismo.

En el mismo título se establece la conformación del patrimonio de ambos organismos para que puedan cumplir con sus respectivas funciones. En el caso de Fonatur el texto se encuentra homologado con el de la Ley Federal de Derechos, en concreto en la fracción IV, a partir de la reforma a la Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de mayo del 2011.

En el caso del Consejo de Promoción Turística de México se hace referencia a que tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes en los términos de su Estatuto Orgánico, por la propia Ley General de Turismo y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, sin que exista vínculo con la Ley Federal de Derechos.

Tercera.El espíritu de la iniciativa de la diputada García Coronado propone homologar con las leyes concurrentes  el destino que se otorgó al “derecho de no migrante”en la Ley Federal de Derechos, misma que señala lo siguiente:

“Artículo 18-A.Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente ley, se destinarán en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10 por ciento de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismopara los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.”

A razón delesta comisión dictaminadora propone la sustitución del término a fin de que coincida con lo que señala la Ley Federal de Derechos en el artículo 8o. ....

Artículo 8o. Por la expedición de autorización en la que se otorga calidad migratoria de no inmigrante a extranjeros y por las prórrogas correspondientes, en las diversas características migratorias, se pagará el derecho por servicios migratorios, conforme a las siguientes cuotas...

La Ley General de Turismo es una ley sustantiva no debe contener una referencia de un monto previsto en un ordenamiento cuyo carácter es precisamente disponer montos o porcentajes de recursos o contraprestaciones a favor del Estado.

Es importante recordar que el monto del DNI (derecho por servicios migratorios) comenzó en 2004 en 50 por ciento, ahora está en 80 por ciento el próximo periodo podría cambiar a 85 por ciento y ello implicaría cambiar nuevamente la Ley General de Turismo, esto no es técnicamente correcto, por eso ninguna ley sustantiva contiene referencias similares.

De tal modo que el texto propuesto en la iniciativa, materia de este dictamen, se someterá a consideración del pleno de la manera como se presenta en el siguiente cuadro:

Texto vigente

Ley General de Turismo

Capítulo IDe la Promoción de la Actividad Turística

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su estatuto orgánico y se regirá por esta ley, así como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

El Consejo estará sectorizado en el ámbito de la Secretaría. El titular del Consejo de Promoción será nombrado por el presidente de la República.

Texto propuesto

Ley General de Turismo

Capítulo IDe la Promoción de la Actividad Turística

Artículo 41.El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su estatuto orgánico y se regirá por esta ley, así como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Al patrimonio del Consejo se integrarán los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho por servicios migratorios establecido en la ley de la materia, para los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, el cual se destinará a la promoción turística del país.

El Consejo estará sectorizado en el ámbito de la Secretaría. El titular del Consejo de Promoción será nombrado por el presidente de la República.

En cuanto a los recursos recibidos por el concepto de derecho de no inmigrante al término de 2010 se recibieron un total de $343, 823,176.00 mdp. De acuerdo a datos emitidos por el Banco de México en 2010, el turismo representó la tercera fuente de ingresos del país, con 9 por ciento del producto interno bruto y aproximadamente siete y medio millones de empleos directos e indirectos. La Cuenta Satélite del Turismo establece que el mercado interno explica más del 80 por ciento del consumo turístico. De acuerdo con estos datos, es relevante analizar la dinámica de crecimiento del “índice de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” que elabora y difunde mensualmente el Inegi y que, en línea con los indicadores antes comentados, muestra un crecimiento favorable a partir de mayo de 2009, aunque aún no se ha llegado a los niveles de los primeros meses de 2008.

De acuerdo con los últimos datos disponibles en la Cuenta Satélite del Turismo, en 2008 el consumo doméstico participa con el 87 por ciento  del consumo turístico total. Durante 2010 el número de turistas domésticos se estimó en 161 millones, mientras que los turistas internacionales fueron 22.4 millones

Esta comisión dictaminadora considera que la precisión que incluye la diputada García Coronado, es adecuada, toda vez que no se contrapone con otras leyes y que de manera específica, procura homologar los términos de tan importante ingreso dentro de la Ley General de Turismo, así como establecer la procedencia de los mismos.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Turismo somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo

Artículo Único.Se adiciona un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser tercero al artículo 41 de la Ley General de Turismo para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

Asimismo, se integrará al patrimonio del consejo el porcentaje referido para la captación del derecho de no inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Turismo, diputados:Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica), presidente; Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Gustavo Antonio Ortega Joaquín, Miguel Martínez Peñaloza, Lizbeth García Coronado (rúbrica), José Alfredo González Díaz (rúbrica), María Guadalupe García Almanza (rúbrica), secretarios; Rafael Yerena Zambrano (rúbrica),Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), Martha Elena García Gómez (rúbrica), Iridia Salazar Blanco (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Mayra Lucila Valdés González (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo IV, que se denominará Establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración, al título segundo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona el capítulo cuarto, “Establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración”, al título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 3463, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud del análisis y estudio de las iniciativas que se dictaminan, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 78, 80 numeral 1, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84 numeral 1 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. En la sesión plenaria celebrada el 13 de diciembre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. En la misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para análisis y discusión.

Tercero. En fecha 7 de abril de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva, de acuerdo con la solicitud del diputado promovente hecha con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que dicha Iniciativa sea procesada bajo las nuevas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dictó que se turnara a esta comisión, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Torres Ibarrola, que tiene por objeto crear una figura jurídica que establezca zonas marinas de restauración con una visión integral del ecosistema marino, pero que a su vez incentive la corresponsabilidad de las comunidades costeras para su conservación, otorgando beneficios a las comunidades por contribuir al equilibrio ecosistémico. Para ello propone lo siguiente:

Iniciativa con proyecto dedecreto que adiciona el capítulo I Bis, “De las concesiones marinas comunitarias”, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se adiciona el capítulo I Bis, “De las concesiones marinas comunitarias”, con los artículos 97 Bis, 97 Bis 1, 97 Bis 2, 97 Bis 3, 97 Bis 4, 97 Bis 5, 97 Bis 6, 97 Bis 7, 97 Bis 8, 97 Bis 9 y 97 Bis 10, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Capítulo I Bis

De las Concesiones Marinas Comunitarias

Artículo 97 Bis. La Secretaría podrá otorgar concesiones marinas comunitarias. Éstas tendrán por objeto el uso y aprovechamiento sustentable, la restauración, así como la conservación de ecosistemas dentro de polígonos ubicados en la zona federal marítimo-terrestre, aguas marinas interiores, mar territorial o zona contigua.

Artículo 97 Bis 1. Dentro del o los polígonos determinados y previa autorización, concesión o permiso de las dependencias y entidades del orden federal competentes, solamente el concesionario con plena observancia a lo previsto en las leyes aplicables, podrá realizar las siguientes actividades:

I) Pesca de especies comerciales, deportivo-recreativa, de fomento y didáctica;

II) Turismo de bajo impacto ambiental;

III) Generación de energías renovables, u

IV) Otras que no contravengan el objeto de restauración y conservación del ecosistema en el polígono.

Las autorizaciones y permisos a las actividades que este artículo se refiere, serán tramitadas por la Secretaría ante las dependencias y entidades competentes, dentro del proceso de otorgamiento de la concesión marina comunitaria. Para tal efecto, la Secretaría deberá celebrar convenios de colaboración con las dependencias y entidades correspondientes. Será obligación de los solicitantes, cumplir con todos los requisitos que al efecto determinen las leyes y demás disposiciones aplicables.

Las actividades en el título de concesión original podrán ampliarse a solicitud del concesionario, de acuerdo con las disposiciones de esta ley y demás disposiciones legales y reglamentarias respectivas; pero en este caso, el concesionario será el responsable de llevar a cabo los trámites correspondientes ante las dependencias y entidades competentes, debiendo para tal efecto informar a la Secretaría.

Artículo 97 Bis 2. Son requisitos para el otorgamiento de concesiones marinas comunitarias, los siguientes:

a) Ser una sociedad cooperativa debidamente constituida de conformidad con las leyes mexicanas. La sociedad cooperativa, independientemente de lo que disponga la Ley General de Sociedades Cooperativas, deberá garantizar que la administración y control de ésta, recaiga siempre en socios mexicanos, bajo la sanción de revocación del título concesión.

b) Dedicar al menos el 20 por ciento de la superficie total concesionada, exclusivamente a actividades de restauración y conservación de hábitat esenciales para mantener las funciones del ecosistema.

c) Presentar un programa de manejo del polígono, con la inclusión de los usuarios actuales del mismo, que garantice el uso y aprovechamiento sustentable y especifique las acciones para el cumplimiento de los objetivos de restauración y conservación.

d) El polígono solicitado deberá estar próximo al centro de población donde resida la mayoría de los miembros de la cooperativa.

e) Cumplir los requerimientos de las leyes, reglamentos y normas respectivas que regulen las actividades solicitadas.

f) Los demás requisitos que se establezcan por la Secretaría en el reglamento respectivo.

Artículo 97 Bis 3. La Secretaría resolverá las solicitudes de concesiones marinas comunitarias dentro de un plazo que no excederá de noventa días hábiles desde la fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente.

Excepcionalmente bajo los supuestos que establezca el Reglamento respectivo, dicho plazo podrá ampliarse por un periodo similar por una vez.

En caso de que la Secretaría omita dar a conocer al promovente la resolución a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado. La Secretaría deberá expedir constancia de tal circunstancia y las razones de ello dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se debería emitir la resolución respectiva.

Artículo 97 Bis 4. El otorgamiento de concesiones quedará sujeto a las modalidades que dicten el interés público y la conservación y buen manejo de los ecosistemas marinos y costeros.

La Secretaría basará sus decisiones en criterios de equidad social y del bien común en el uso de los recursos naturales. Para ello llevará a cabo las acciones necesarias para asegurar que los distintos usuarios y habitantes de las comunidades locales puedan ser incluidos en el proceso de asignación de concesiones.

Artículo 97 Bis 5. Cuando dos o más cooperativas soliciten una concesión sobre polígonos iguales o sobrepuestos, deberán presentar una única solicitud, a la que deberán adjuntar el convenio respectivo ratificado ante notario o corredor público. En dicho convenio deberán hacerse constar los derechos y obligaciones que correspondan a cada parte, así como el cumplimiento de las disposiciones que al efecto determine la Secretaría.

En caso de que no exista acuerdo entre las partes, la Secretaría tendrá la facultad de decidir si otorga una o varias concesiones a todos los solicitantes, a algunos de ellos, o a uno solo, ya sea en el polígono solicitado o en nuevas delimitaciones. Para ello deberá procurar maximizar los beneficios ambientales, económicos y sociales, considerando lo siguiente:

I. La ubicación geográfica de la población susceptible de beneficiarse de la concesión.

II. La inclusión de los distintos usuarios del polígono en la solicitud y en la propuesta de plan de manejo.

III. La existencia de derechos de uso, aprovechamiento o explotación en el polígono.

IV. La no titularidad de otras concesiones marinas comunitarias.

V. El número de integrantes y la antigüedad de las cooperativas.

Artículo 97 Bis 6. La Secretaría emitirá los lineamientos que regulen la elaboración y la calidad técnica del programa de manejo del polígono bajo concesión. Los informes sobre la implementación del programa de manejo serán anuales.

Artículo 97 Bis 7. Las actividades de terceros titulares de concesiones, permisos o autorizaciones para actividades o servicios que operen en el polígono solicitado deberán ser compatibles con los objetivos de aprovechamiento sustentable, restauración y conservación de la concesión.

En caso de no ser compatibles, el solicitante deberá adjuntar convenio con el tercero o terceros titulares que estipule el acuerdo para cumplir un programa de manejo por todos ellos dentro del polígono solicitado y que permitirá alcanzar estos objetivos.

Dicho escrito será ratificado ante fedatario público.

Las diferentes partes del convenio serán corresponsables de las labores de restauración y conservación del polígono de acuerdo al programa de manejo.

Artículo 97 Bis 8. Los interesados en ocupar áreas, construir instalaciones o prestar servicios dentro del polígono concesionado, deberán celebrar contratos de cesión parcial de derechos o de prestación de servicios, según el caso, en los términos previstos en esta ley y demás disposiciones aplicables y atendiendo a lo siguiente:

I. El contrato deberá incluir las contraprestaciones que obtendrá el concesionario.

II. El concesionario incluirá en el programa de manejo las actividades autorizadas en el contrato y realizará los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos planteados en el mismo.

III. Dichas actividades procuren el desarrollo de la localidad;

IV. No afecten el objeto de la concesión;

V. La Secretaría apruebe la realización de estas actividades en el polígono concesionado.

Artículo 97 Bis 9. La concesión es intransferible y podrá tener una duración máxima de veinte años, dependiendo de las actividades a realizar y del plan de manejo que se presente.

La concesión se podrá refrendar previa solicitud, con una antelación de al menos dos años a que fenezca la misma, y cumpliendo los requisitos que para el efecto establezca la Secretaría.

Artículo 97 Bis 10. Son causas de revocación de la concesión:

I. El incumplimiento grave del programa de manejo imputable al concesionario.

II. La realización de actividades no permitidas en la concesión.

III. El no proporcionar en forma reiterada, la información en los términos y plazos que solicite la Secretaria o el incurrir en falsedad al rendir ésta.

IV. La existencia de alguna contingencia ambiental que impida, por un tiempo mayor al de la duración de la concesión, la realización de las actividades autorizadas. Este impedimento deberá justificarse en los estudios técnicos correspondientes.

V. La extinción de la cooperativa titular de la concesión.

VI. El interés público.

VII. Las demás que establezca esta ley y demás disposiciones aplicables.

Para efecto de esta ley, se entenderá incumplimiento grave a las conductas llevadas a cabo por el concesionario que afecten a los objetivos de la concesión o que reiteradamente incumpla el programa de manejo.

En el caso de incumplimiento del programa de manejo imputable a terceros sujetos a contratos de cesión de derechos o de servicios o bajo convenio en el polígono concesionado de acuerdo a los supuestos del artículo 97 Bis 7 y artículo 97 Bis 8, estos les serán cancelados los derechos para realizar las actividades o servicios dentro del polígono concesionado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a las reformas del presente decreto.

Tercero. Las concesiones, permisos y autorizaciones otorgados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto que queden enmarcadas dentro de los polígonos de las concesiones marinas comunitarias, continuarán vigentes hasta la conclusión de su vigencia.

Cuarto. Los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, que estén cumpliendo con todas las obligaciones derivadas de los mismos, podrán continuar desempeñando sus actividades en los polígonos de las concesiones marinas comunitarias otorgadas a sociedades cooperativas, satisfaciendo en lo posible los requisitos establecidos en esta ley.

Quinto. Las personas físicas o morales que al entrar en vigor esta ley tengan solicitudes en trámite y hayan cubierto los requisitos para la obtención de concesión, permiso o autorización podrán optar, para su otorgamiento, por sujetarse a lo dispuesto en ésta, o bien a las demás leyes aplicables con anterioridad.

En atención de dicha solicitud, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar su análisis en primer lugar del título y capítulo en donde se pretende adicionar la reglamentación de las concesiones marinas comunitarias.

El legislador propone adicionar el capítulo I Bis, “De las concesiones marinas comunitarias”, al título III, “Aprovechamiento sustentable de los elementos naturales”, el cual tiene como fin cumplir el objetivo general de la LGEEPA que es el de propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para

• Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;

• Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;

• La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;

• La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;

• El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;

• La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;

• Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;

• El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución;

• El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental; y

• El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.

Dicho título considera tres capítulos: el primero, del aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos; el segundo, de la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos; y el tercero, de la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico. Las disposiciones conferidas en dichos artículos comprenden los criterios que se deberán considerar en determinadas obras y actividades, los objetivos y las bases para la utilización de los recursos naturales (aguas, recursos pesqueros, bosques, suelos y recursos renovables) en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas que forman parte dichos recursos; serán las leyes reglamentarias las que determinen el quién, cómo, cuándo y en dónde podrán aprovecharse dichos recursos.

Por ello, los objetivos de dicho título quedan alejados de la figura jurídica de las concesiones marinas comunitarias, teniendo en cuenta que, de un análisis de la exposición de motivos del legislador, su objetivo es crear una figura jurídica que establezca zonas marinas de restauración con una visión integral del ecosistema marino, pero que a su vez incentiven la corresponsabilidad de las comunidades costeras para su conservación, otorgando beneficios a las comunidades por contribuir al equilibrio ecosistémico.

Ahora bien, en relación a los artículos que se adicionan se realizan las siguientes observaciones, sobre las disposiciones con mayor trascendencia:

1. El artículo 97 Bis señala la atribución de la s ecretaría para otorgar concesiones marinas comunitarias, las cuales tendrán por objeto el uso y aprovechamiento sustentable, la restauración, así como la conservación de ecosistemas.

Si bien este tipo de concesión lo que busca es que las comunidades colindantes de las costas, que realicen actividades de pesca se vean beneficiados al llevar a cabo acciones para proteger el ecosistema marino del que dependen, es de señalar que ésta no puede tener como objetivo el aprovechamiento sustentable, ésta será una consecuencia de llevar a cabo las acciones de preservación, protección y restauración de las zonas concesionadas.

Con relación al aprovechamiento sustentable, las disposiciones tendrán que ir encaminadas a que las actividades que se realicen en la zona respeten la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas que forman parte dichos recursos.

Es necesario organizar y priorizar jurídicamente los propósitos y alcances de la concesión, con el fin de dar certeza jurídica.

En el mismo artículo señala que dichas concesiones se otorgarán dentro de polígonos ubicados en la zona federal marítimo terrestre, aguas marinas interiores, mar territorial o zona contigua.

Es de precisar que de la enumeración de las aguas nacionales contenida en el párrafo quinto del artículo 27 constitucional, no se contempla a la zona contigua, razón por la cual y en concordancia con la Ley Federal del Mar, la zona contigua no se puede concesionar, pues sus artículo 3o. y 42 señalan que es una zona en la cual sólo se tiene competencia para tomar medidas de fiscalización con el objeto de prevenir infracciones a las normas de esta ley, así como de leyes en materia aduanal, fiscal, de inmigración o sanitarios que pudieran cometerse en el territorio, en las aguas marinas interiores o bien en el mar territorial; además de sancionar las infracciones a dichas normas.

En este sentido, se observa que en dicha zona marina no se puede concesionar y tampoco se permite la realización de actividades como pesca, turismo y generación de energías renovables a las que hace referencia el promovente de la iniciativa en estudio, por lo que su inclusión transgrede lo dispuesta en la ley federal en cita.

Por lo que hace a la zona federal marítimo-terrestre, debe tomarse en cuenta que de acuerdo con la fracción V del artículo 7 de la Ley General en cita es un bien de uso común, el cual requiere para un aprovechamiento especial de una autorización, premiso o concesión conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 8 del ordenamiento en comento.

Dicha zona, conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 119 de la Ley General de referencia, está constituida por la faja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable o contigua a las playas o en su caso a las riberas de los ríos. No queda clara la zona objeto de la concesión, se señala que las zonas marinas, pero la zona federal marítimo terrestre no se puede considerarse como zona marina.

2. Artículo 97 Bis 1, en el que señala que se podrán realizar actividades de pesca de especies comerciales, deportiva-recreativa, de fomento y didáctica; turismo de bajo impacto ambiental; generación de energías renovables, u otras que no contravengan el objeto de restauración y conservación del ecosistema en el polígono.

La conservación no es una actividad más, tiene que ser la principal para que se cumpla el objetivo que señala y no se contraponga con otras leyes. Aun y cuando más adelante se señale, que las actividades se realizarán, previa autorización, concesión o permiso de las dependencias y entidades del orden federal competentes, el objetivo no queda claro no se expresa lo argumentado en la exposición de motivos.

No se puede contemplar que se realicen actividades como la pesca comercial, deportivo-recreativa, de fomento y didáctica; turismo de bajo impacto, y generación de energía renovables, sin tomar en cuenta que no todas las zonas marinas son iguales y que tienen características ecológicas y biológicas particulares de cada ecosistema y sus recursos, así como una fragilidad distinta. Tienen que establecerse criterios técnico-ambientales que den las herramientas a que la autoridad pueda determinar el porcentaje, las actividades permitidas para que persista el cumplimiento del objetivo para lo que fueron creadas y la manera en que se realizarán acciones de conservación y restauración. Es importante que esto lo determine la autoridad, pues no hay que perder de vista que son bienes nacionales, el titular no puede tener atribuciones para determinar las actividades que pueden o no desarrollarse en la zona.

Más adelante, dentro del artículo en mención, señala que éstas serán tramitadas por la Secretaría ante las dependencias y entidades competentes, dentro del proceso de otorgamiento de las concesiones y que para tal efecto, la Secretaría deberá celebrar convenios de colaboración con las dependencias y entidades correspondientes.

A esto hay que señalar que se entiende como si la Semarnat tuviera que actuar como representante de la cooperativa para la obtención de los permisos o como ventanilla única con el fin de simplificar la gestión; sin embargo, por simplificar burocracia se puede ocasionar un conflicto de competencias, pues la Semarnat no cuenta con atribuciones para el trámite de autorizaciones y permisos ante otras dependencias y entidades competentes como podría ser la Sagarpa-Conapesca, la Sectur y la Sener.

Es obligación del solicitante reunir, previamente, los requisitos que para tal efecto señale la ley, y una vez obtenida la concesión personalmente ejecutar las obligaciones impuestas por el acto, las de construir las obras autorizadas y las de encargarse de la gestión del servicio.

Por lo que hace a que sólo el concesionario podrá realizar dichas actividades, es de señalar que no puede darse exclusividad para la realización de actividades que no son objeto de la ley que nos ocupa, la LGEEPA. Además debe tenerse claro que el concesionario no tenga el perfil y la capacidad para realizar todas esas actividades. Lo que si puede quedar establecido es que si al concesionario le interesa llevar a cabo ciertas actividades en la zona concesionada debe de considerarse que éste tenga preferencia en relación a otras personas, dado que está realizando actividades de interés público y para que se encuentre en las condiciones económicas para poder seguir llevando a cabo las acciones de preservación, protección y recuperación, objetivo principal de dicha concesión.

3. Con relación al artículo 97 Bis 2, relativo a los requisitos para el otorgamiento de concesiones marinas comunitarias, se señala lo siguiente:

• Ser una sociedad cooperativa debidamente constituida de conformidad con las leyes mexicanas. La sociedad cooperativa, independientemente de lo que disponga la Ley General de Sociedades Cooperativas, deberá garantizar que la administración y control de ésta, recaiga siempre en socios mexicanos, bajo la sanción de revocación del título concesión. Si bien, de la exposición de motivos se deriva que uno de los fines de la Iniciativa es generar, a través de acciones de conservación, beneficios a las comunidades aledañas que dependen del equilibrio de los ecosistemas marinos, es de señalar que establecer como requisito que sean sociedades cooperativas resulta limitativo y violatorio a lo que señala el artículo 27 constitucional en su párrafo sexto, que establece que podrán ser objeto de explotación, uso o aprovechamiento por particulares o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas mediante concesión otorgada por el Ejecutivo federal de acuerdo con las reglas y condiciones que se establezcan en las leyes.

Por lo que hace a dedicar al menos el 20 por ciento de la superficie total concesionada, exclusivamente a actividades de restauración y conservación de hábitat esenciales para mantener las funciones del ecosistema.

Resulta contrario al objetivo de la concesión y al de la LGEEPA, crear una figura que señale que al menos el 20 por ciento cuando tendría que ser un mínimo, además de que se deben de establecer criterios para poder determinar el porcentaje que, de acuerdo con las características ecológicas y biológicas de la zona deba de conservarse, así como a la fragilidad de la zona para mantener las funciones del ecosistema. Sin embargo, deben de establecerse criterios claros para la zona para no poner en riesgo los recursos naturales que serían sujetos de concesión y zonificar considerando las características particulares de los bienes naturales que se distribuyen en la zona marina para no dar un trato igualitario.

• Presentar un programa de manejo del polígono, con la inclusión de los usuarios actuales del mismo, que garantice el uso y aprovechamiento sustentable y especifique las acciones para el cumplimiento de los objetivos de restauración y conservación.

A lo que se refiere el legislador es a un estudio técnico justificativo, pero que lo que debe de definir son acciones para el manejo de los recursos, no para el manejo de personas. El concesionario no es autoridad como para tener la atribución de determinar cómo se van a llevar a cabo las relaciones con los usuarios actuales, ni para determinar cuándo se puede garantizar el uso y aprovechamiento sustentable, es la ley la que tiene que establecerlo para así dar certeza jurídica. La Secretaría del ramo, debe ser quien lo determine.

• El polígono solicitado deberá estar próximo al centro de población donde resida la mayoría de los miembros de la cooperativa.

Éste, más que un requisito, podría establecerse como un criterio que la autoridad deba de tomar en cuenta para cumplir con la naturaleza de la concesiones, que es el de incentivar a las localidades a proteger, preservar y restaurar el ecosistema, sobre todo porque son las que están directamente relacionadas con el ecosistema marino.

4. Artículo 97 Bis 3 señala que la resolución que haga la Secretaría, contempla un plazo que no excederá de noventa días hábiles desde la fecha de presentación, el cual podrá ampliarse por un periodo similar por una vez. Asimismo, señala que en caso de que la Secretaría omita dar a conocer al promovente la resolución a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado. La Secretaría deberá expedir constancia de tal circunstancia y las razones de ello dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se debería emitir la resolución respectiva.

Efectivamente, para bienes de la nación, los cuales son ina-lienables, imprescriptibles e inembargables, aplica la negativa ficta, figura que se contempla en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ordenamiento supletorio a la LGEEPA y aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, establece en el artículo 17: “Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver...”

Es de señalar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyo principal objeto es regular la actuación de las autoridades administrativas a fin de garantizar la seguridad jurídica de los gobernados, establece todas las formalidades a las que un acto administrativo, como sería la concesión, deberá sujetarse.

Asimismo, cabe aclarar que no es necesario establecer la figura de la negativa ficta. Sin embargo

5. El otorgamiento de concesiones quedará sujeto a las modalidades que dicten el interés público y la conservación y buen manejo de los ecosistemas marinos y costeros.

El concepto de interés público es el fundamental, todas las actividades que se realicen dentro de dicha zona tienen que ir acordes con éste y con las características de la zona concesionada, las acciones y prohibiciones se determinarán de manera particular en el título de concesión.

Respecto de que la secretaría basará sus decisiones en criterios de equidad social y del bien común en el uso de los recursos naturales. Para ello llevará a cabo las acciones necesarias para asegurar que los distintos usuarios y habitantes de las comunidades locales puedan ser incluidos en el proceso de asignación de concesiones. Si bien uno de los fines de dicha concesión es incentivar a que la comunidades aledañas lleven a cabo acciones de conservación y que mediante éstas obtengan beneficios, lo cierto es que la Secretaría deberá de basar sus decisiones en cuestiones ambientales principales, así como económicas y sociales por responder a los fines del principio de desarrollo sustentable plasmado en la legislación, deben de establecerse esto en principios.

6. Con relación al convenio que señala el legislador en su artículo 97 Bis 5 en el caso de que dos o más cooperativas soliciten una concesión sobre polígonos iguales o sobrepuestos.

Aun y cuando mediante dicho artículo se promueva la participación grupal, el entendimiento y la conciliación de intereses, conocido por diversos investigadores como comanejo, es de señalar que no puede quedar a voluntad de los particulares, pues es la Secretaría quien tiene la atribución de vigilar y garantizar el debido cumplimiento de los actos que emita. Así, conforme a los criterios establecido en dicho capítulo y a los estudios técnicos justificativos podría que solicitante podría cumplir de la mejor manera el objetivo de la concesión. El procedimiento a seguir para dicho caso tendría que establecerse en el reglamento que para el efecto se emita.

7. En relación con el programa de manejo , señala que la secretaría emitirá los lineamientos que regulen la elaboración y la calidad técnica.

Los objetivos, criterios y requisitos que se plasmen en dicho capítulo la autoridad tendrá los principales elementos para garantizar el cumplimiento del objetivo de la concesión, el reglamento que para el efecto se emita establecerá los requisitos de manera más específica.

Es de señalar que si se trata de un estudio inicial de la zona, la denominación correcta sería un estudio técnico justificativo, cuyo objetivo sea el saber si la zona tiene las características necesarias para que se lleven a cabo dichas acciones

8. Las actividades de terceros titulares de concesiones, permisos o autorizaciones para actividades o servicios que operen en el polígono solicitado deberán ser compatibles con los objetivos de aprovechamiento sustentable, restauración y conservación de la concesión.

Las actividades que no sean materia de la LGEEPA no pueden ser objeto de regulación. No hay que perder de vista que ésta es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Para determinar la “compatibilidad” se pueden utilizar diversos instrumentos, uno de ellos es la manifestación de impacto ambiental, que mediante la evaluación la autoridad determina si el proyecto es viable ambientalmente o no. Otra manera es que, tomando como base lo manifestado en la exposición de motivos de que los fines de dicha concesión son incentivar la conservación, a través del título de concesión se podrían determinar las modalidades de uso que deberán de cumplir en primer lugar el concesionario, pero de manera indirecta los usuarios de la zona concesionada, tal y como se señala para el caso de áreas naturales protegidas.

En caso de no ser compatibles, el solicitante deberá adjuntar convenio con el tercero o terceros titulares que estipule el acuerdo para cumplir un programa de manejo por todos ellos dentro del polígono solicitado y que permitirá alcanzar estos objetivos. Dicho escrito será ratificado ante fedatario público.

Las acciones de conservación del medio ambiente no pueden ser objeto de un acuerdo entre particulares, ni entre autoridades cuyas funciones son relativas a actos privados, como lo son los fedatarios públicos, ya que la Secretaría del ramo es la que tiene las atribuciones de garantizar la tutela de los bienes ambientales y de dictar las medidas para que, en el ámbito de su competencia, se garantice la sustentabilidad de las actividades existentes en la zona. Por ello, es importante que el solicitante cumpla con ciertos requisitos que garanticen que técnica y jurídicamente cumplirá con los objetivos de la concesión. Por lo que es improcedente el párrafo que establece que las diferentes partes del convenio serán corresponsables de las labores de restauración y conservación del polígono de acuerdo con el programa de manejo.

Dado que lo que se busca es satisfacer un interés colectivo, no puede ser objeto de derecho privado. La corresponsabilidad tendría que ser en todo caso, como lo menciona en su exposición de motivos, entre el concesionario y la autoridad con el fin de crear nuevas relaciones entre diversos sectores con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

9. Respecto al contrato de cesión parcial de derechos o prestación de servicios para los interesados en ocupar áreas, construir instalaciones o prestar servicios dentro del polígono concesionado.

El titular de la concesión no es el dueño de los bienes, sobre todo si tomamos en cuenta que los bienes son nacionales, éste podrá usar la zona con un solo fin: el de conservación ambiental. A cambio de dicha participación, podrá tener beneficios, pero esto no le dará el carácter de propietario para disponer transferir derechos de lo que se haga o no en la zona concesionada, sobre todo si está el objetivo es realizar acciones de conservación, las cuales son de interés público.

Finalmente, es de señalar que existen disposiciones propuestas por el legislador que al ser adjetivas se encuentran contempladas por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ordenamiento supletorio a la LGEEPA y al reglamento que para el caso se expida.

Es de mencionar que el reglamento es una norma o un conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de su facultad propia y que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo, teniendo en cuenta que el Ejecutivo es el que está en mejores condiciones de hacer ese desarrollo puesto que se encuentra en contacto más intimo con el medio en el cual se aplica la ley.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora ha valorando la iniciativa del legislador y considera importante retomar la inquietud y la esencia de la propuesta, atendiendo a las observaciones manifestadas con anterioridad, ya que la iniciativa identifica claramente las problemáticas y los vacíos legales que obligan a impulsar figuras jurídicas con una visión ecosistémica, que incentiven la corresponsabilidad de las comunidades costeras en actividades para la restauración y protección de los ecosistemas marinos, en zonas marinas en donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción y que otorguen beneficios económicos por contribuir al equilibrio ecosistémico marino.

El medio marino debe ser visto con un enfoque ecosistémico en el que la interrelación entre las especies, medio y hábitat es indisoluble y no fragmentable. Las especies marinas juegan un papel fundamental dentro de la biodiversidad marina, pues son el centro de la cadena trófica, en la provisión de bienes y servicios ambientales.

De acuerdo con la Unión Mundial para la Naturaleza, el enfoque ecosistémico debe ser “una estrategia para la gestión integrada de los recursos naturales, orientada a mantener, restaurar los sistemas naturales, sus funciones y valores, de tal manera que se promuevan la conservación y el usos sostenible de los recursos”.

Diversas actividades económicas han provocado en los ecosistemas marinos graves desequilibrios ecológicos, ocasiona lo que se conoce como efectos cascada produciendo la pérdida de bienes y servicios ambientales de la biodiversidad marina, lo que genera un alto impacto ambiental, económico y de seguridad en las sociedades costeras.

Tales impactos pueden tener pérdidas hasta 10 veces mayores que el valor mismo de las actividades económicas en la pérdida de otros servicios ambientales, como es el la protección de la zona costera de los arrecifes de coral que protegen las zonas costeras contra tormentas y huracanes.

Es necesaria una visión ecosistémica en el medio marino, en el que la interrelación entre las especies, medio y hábitat es indisoluble y no fragmentable para la provisión de bienes y servicios y ambientales.

Asimismo, se ha demostrado que la restauración y protección de una porción suficiente de los ecosistemas marinos permite no solo la recuperación de especies de interés comercial sino las funciones del ecosistema, acelera la recuperación de especies claves como son los corales.

Las políticas gubernamentales deben diseñar e implementen figuras jurídicas aplicables a los bienes nacionales que permitan incentivar una participación incluyente para llevar a cabo acciones de restauración y protección, mediante el acceso de beneficios generados por dichas acciones.

Ahora bien, ante tal escenario, el legislador señala que la problemática principal: existen comunidades locales que llevan a cabo medidas voluntarias de restauración y protección, debido a que son las directamente afectadas; sin embargo, una vez que empiezan a recuperarse las condiciones que permiten el repoblamiento de las especies, no pueden recoger los beneficios generados por sus actividades a favor del equilibrio ecológico, por no contar con los derechos de uso sobre todo el ecosistema sino sólo sobre una parte de él y sobre una actividad económica en particular, impidiendo una visión integral del mismo. De tal manera que no puede acceder a nuevas oportunidades económicas que les ayudaría a compensar financieramente los costos de inversión que asumen por acciones de restauración y protección.

Es importante lo que señala el legislador en relación a que deben de existir instrumentos que busquen beneficiar por las acciones de restauración y protección que las comunidades realicen, ya que los efectos de la creciente incapacidad de los ecosistemas por la degradación a la que han sido sometidos, ha provocado que los servicios de los que dependemos, se vean afectados y resientan más fuertemente en los grupos poblacionales más desprotegidos y pobres, aquellos con una marcada dependencia de los ecosistemas para su supervivencia.

El promovente agrega que es importante crear instrumentos que maximicen el beneficio social de los ecosistemas; sin embargo, la falta de derechos de acceso y usos de los bienes nacionales impiden la incorporación de esquemas como los de pago por servicios ambientales, como los ya existentes en el sector forestal, los cuales sean una alternativa para modificar la tendencia e incentivar la corresponsabilidad para su conservación y manejo sustentable.

Ante lo manifestado por el diputado promovente es importante puntualizar lo siguiente:

Si bien la ley general contempla instrumentos de política ambiental que tienen como fin proteger, preservar los ecosistemas marinos y regular el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, como lo son las áreas naturales protegidas es de señalar que se requiere de cambios institucionales sustanciales, cambios en la gobernanza, así como cambios importantes en el comportamiento social. El régimen jurídico debe considerar el interés público y las diversas formas de satisfacerlo.

Las conductas humanas de interés ambiental son aquellas que pueden influir sobre los procesos de interacción entre los organismos vivos y sus sistemas de ambiente y que pueden modificar de una manera importante las condiciones de existencia de los organismos vivos, es decir de todos los elementos que hacen posible la vida como los que determinan su calidad.

En este caso las actividades económicas tienen un gran desafío al que debe de enfrentarse, una ordenación del medio marino con un enfoque precautorio en el que se tenga una visión integral y ecosistémico.

No hay que perder de vista que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, por lo que el sector ambiental no debe ser ajeno a las diversas problemáticas que causen un desequilibrio ecológico.

Tal y como se señaló anteriormente el ambiente marino es indivisible y aunque administrativamente se encuentre separada la visión económica con la de restauración y protección, a partir de la LGEEPA, determinar las condicionantes de uso que deberán de tener las actividades que se realicen en la zona concesionada sujeta a que se restaure, para que lograr su equilibrio ecosistémico.

Asimismo, se debe de seguir el enfoque de política ambiental que deja a un lado la política de comando-control y toma en cuenta que es necesaria la creación de diversos instrumentos de gestión ambiental, mediante los cuales se proteja el bien ambiental y se prevenga el daño ambiental, incentivando a su conservación con esquemas de participación, que permita a los sectores directamente afectados, a las comunidades costera, a que coadyuven en el manejo y protección de los ecosistemas marinos.

El legislador propone la figura de la concesión marina comunitaria con objeto de crear una figura jurídica para las zonas marinas, que tenga una visión integral del ecosistema marino, que busque proteger, preservar o recuperar las funciones ambientales que han sido afectadas por la fragmentación que las actividades productivas han generado, y que a su vez incentiven la corresponsabilidad de las comunidades costeras para su conservación, otorgando beneficios a las comunidades por no pescar y contribuir al equilibrio ecosistémico.

Esta comisión dictaminadora considera que dicha figura jurídica es correcta, pues al autorizar al particular el uso de bienes del dominio público, el Estado se mueve en vista del interés colectivo primordial que es compatible con la apropiación que el concesionario haga de dichos bienes.

La concesión es un acto administrativo que prevé el párrafo sexto:

...

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes...

La concesión se emplea para aquellos casos en los que no hay ningún derecho previo del particular a la materia que es objeto de la concesión, la concesión es la que crea tales derechos y facultades.

Se crea con el fin de dar satisfacer a una necesidad de interés general que de otro modo quedaría insatisfecha, mal satisfecha o insuficiente satisfecha. Aunque el interés público se encuentre en todas las actividades estatales, la satisfacción de los intereses generales no es monopolio del Estado.

La Ley General de Bienes Nacionales establece que las concesiones sobre bienes de dominio público no crean derechos reales; otorgan simplemente frente a la Administración, y sin perjuicio de terceros, el derecho de realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

El Estado puede concurrir en la aportación de beneficios al concesionario para garantizar el cumplimiento de las acciones de interés público.

La Ley General de Bienes Nacionales establece que el patrimonio nacional se compone de bienes de dominio público de la federación y bienes de dominio privado de la federación. En los términos que establece el patrimonio nacional se compone de bienes de dominio público y bienes de dominio privado de la federación. Los bienes de dominio público estarán sometidos a jurisdicción exclusiva de los poderes federales y pueden clasificarse por su naturaleza propia:

a) Dominio público aéreo

b) Dominio público marítimo

c) Dominio público terrestre

En este caso, se pretende que los particulares concurran con el Estado con el propósito de hacer uso de una columna de agua en las zonas marinas donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción, para llevar a cabo actividades de restauración y protección de los ecosistemas marinos de manera integral, conforme a un programa de manejo que garantice la sustentabilidad de las actividades que ahí se realicen.

De esta manera, el Estado se vale de la concesión como un medio para conservar el patrimonio natural de la nación en beneficio de la colectividad. Es de señalar que tales concesiones sobre bienes de dominio público, no crean derechos reales, sino que otorgan, sin perjuicio de terceros, el derecho de realizar explotaciones o aprovechamientos regulados por las leyes de la materia, a condición de que su titular cumpla con las obligaciones que se le impongan.

Como las zonas marinas son bienes de la nación, es necesario que exista un instrumento jurídico que permita que se generen derechos de uso y acceso sobre el ecosistema marino con el fin delimitar formalmente los ecosistemas marinos, teniendo un control sobre el uso, creando sólidos esquemas de restauración y protección, así como abrir la posibilidad a que los esfuerzos voluntarios de que realicen las comunidades locales, recojan los beneficios generados al posibilitar la creación de incentivos económicos.

El hacer o no hacer dentro de la zona concesionada, no es con el fin de proteger el interés del particular, sino de restaurar y proteger las funciones que permiten el equilibrio ecosistémico, por lo que el fin es de interés público, por ello no se pierde el carácter de uso común que tienen dichas zonas.

La recuperación de los ecosistemas beneficiará además para mejores capturas de especies comerciales, lugares más atractivos para el turismo, la educación ambiental y la investigación científica, además de que proporciona mecanismos para adaptar los ecosistemas marinos y costeros al cambio climático.

Aunado a esto, es importante agregar que dicha figura incentiva la participación corresponsable de las comunidades costeras en la gestión ambiental y con ello los fines de restauración y protección ambiental, ya que en la medida de que realizan acciones de interés público se les otorgará beneficios e incentivos con el fin de mantener su estabilidad económica para el cumplimiento de su objetivo.

Conforme a lo expuesto, así como a las observaciones hechas, esta comisión dictaminadora aprueba con modificaciones la iniciativa propuesta por el diputado Agustín Torres Ibarrola, planteando lo siguiente:

1. Se propone denominar al capítulo propuesto por el diputado como concesiones marinas comunitarias a “establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración”, además de incluirlo en el título segundo, “Biodiversidad”, debido a que el fin principal que se persigue es el de implementar acciones para la restauración y protección de los ecosistemas marinos, en zonas marinas en donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción de manera corresponsable con las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Se busca en dicho capítulo establecer los principios, criterios, objetivos con que se establecerán y gestionará las zonas marinas concesionadas, así como los criterios ambientales que tendrán que respetar las actividades a realizar dentro de ella, con el fin de evitar que se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y evolución de las especies en los ecosistemas marinos.

2. Deben establecerse cuatro aspectos fundamentales: la facultad de la Semarnat para otorgar las concesiones; el objetivo de la concesión, el lugar susceptible de concesionar y los sujetos beneficiados.

2.1. La facultad de la Semarnat. De acuerdo con lo establecido en los artículos 5o., fracciones III, XI, XVI y XX y XXI; y 6o. de la LGEEPA, corresponde a la “federación, a través de la” Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales “la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados; la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de su competencia; la promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, así como la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas”.

El artículo 7 de la Ley Federal del Mar señala que corresponde al Poder Ejecutivo federal la aplicación de esta ley, a través de las distintas dependencias de la administración pública federal que, de conformidad con la ley orgánica de ésta y demás disposiciones legales vigentes, son autoridades nacionales competentes según las atribuciones que confieren a cada una de ellas.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala en el artículo 32 Bis que a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable;

II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades;

III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a la federación, con excepción del petróleo y todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales radioactivos;

...

XII. Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del transporte;

XIII. Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y demás dependencias y entidades de la administración pública federal;

...

XVII. Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental, y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración del ambiente;

...

XIX. Proponer y, en su caso, resolver sobre el establecimiento y levantamiento de vedas forestales, de caza y pesca, de conformidad con la legislación aplicable, y establecer el calendario cinegético y el de aves canoras y de ornato;

...

XXII. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación;

...

XXXV. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente;

...

XL. Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente; y

XLI. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

2.2 Objetivo de la concesión. Fomentar e incentivar la participación corresponsable, con las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, con el fin de implementar acciones para la restauración y protección de los ecosistemas marinos, en zonas marinas en donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción.

El objetivo de la concesión cumple el artículo 1, fracciones I, III, IV, V, VII y IX de la LGEEPA, que señala que dicho ordenamiento establecerá las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; la preservación y protección de la biodiversidad; el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y el establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental.

Asimismo, es congruente con el artículo 157 del ordenamiento en comento que señala que el gobierno federal deberá promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales.

Así, aun y cuando en la legislación se encuentre el objetivo de garantizar la participación corresponsable de las personas en forma individual o colectiva, los mecanismos de concertación, que señala el artículo 158, entre autoridades y grupos sociales, se limitan a opiniones, propuestas y convenios de concertación, mecanismos de una participación accesoria que no refleja una verdadera participación corresponsable colectiva de las localidades costeras que busque incentiven acciones de protección preservación y restauración de la biodiversidad.

Por ello, el objetivo de dicha concesión contribuirá a la carente propuesta y generación de mecanismos de participación. Es de señalar que los artículos relativos a participación social contenidos en capítulo I del título quinto, “Participación social e información ambiental”, no ha sido reformado desde el 13 de diciembre de 1996 en el que se publicó en el Diario Oficia de la Federación, lo cual implica la falta de evolución que el derecho ambiental ha tenido en aspectos tan estratégicos.

Por lo anterior se retoma y fortalece el término participación corresponsable, tomando en cuenta que es necesario que se involucre a los grupos sociales de una manera activa, establecer instrumentos jurídicos que busquen atender los aspectos ambiental, social y económico, así como una gobernanza acorde con las necesidades de la sociedad y de los esquemas de participación ante las problemáticas ambientales.

Dicha tarea de interés público se incentivará mediante estímulos fiscales, pago por servicios ambientales, dado que llevan a cabo actividades con el fin de coadyuvar con el Estado en las tareas de restauración y protección de los ecosistemas marinos.

Es de señalar que el fin principal de dicha concesión es la restauración, caso contrario a las áreas naturales protegidas que se enfoca a los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, así lo señala el artículo 44 de la ley marco. Las concesiones propuestas son voluntarias y buscan zonas marinas en las que tengan graves desequilibrios ecológicos y que sea necesario que lleven a cabo acciones de restauración y protección, entendiéndose por éstos conceptos, lo que señala el artículo 3 de la LGEEPA, los cuales manejan los dos momentos y maneras de manejo de los ecosistemas

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por

...

...

XXVII. Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro;

...

XXXIV. Restauración: Conjunto de actividades tendentes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;

2.3. Lugar susceptible de concesionar. El artículo 1 de la LGEEPA señala es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Ello incluye las zonas marinas.

Las zonas marinas tienen características por las que el enfoque ecosistémico es indispensable, que permita la interrelación entre las especies, en un medio y hábitat indisoluble y no fragmentable. No se puede hacer una división artificial en el manejo de los ecosistemas marinos, debido a que son tan complejos y frágiles a las diversas condiciones climáticas y a las actividades productivas.

La Ley del Mar, en el artículo 3o. señala que son zonas marinas mexicanas el mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y las plataformas insulares y cualquier otra permitida por el derecho internacional. Por su parte, el artículo 6o. señala que la soberanía de la nación y sus derechos de soberanía, jurisdicciones y competencias dentro de los límites de las respectivas zonas marinas, se ejercerán según lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho internacional y la legislación nacional aplicable, respecto a:

I. Las obras, islas artificiales, instalaciones y estructuras marinas;

II. El régimen aplicable a los recursos marinos vivos, inclusive su conservación y utilización;

III. El régimen aplicable a los recursos marinos no vivos, inclusive su conservación y utilización;

IV. El aprovechamiento económico del mar, inclusive la utilización de minerales disueltos en sus aguas, la producción de energía eléctrica o térmica derivada de las mismas, de las corrientes y de los vientos, la captación de energía solar en el mar, el desarrollo de la zona costera, la maricultura, el establecimiento de parques marinos nacionales, la promoción de la recreación y el turismo y el establecimiento de comunidades pesqueras;

V. La protección y preservación del medio marino, inclusive la prevención de su contaminación; y

VI. La realización de actividades de investigación científica marina.

El artículo 21 del mismo ordenamiento establece que en el ejercicio de los poderes, derechos, jurisdicciones y competencias de la nación dentro de las zonas marinas mexicanas, “se aplicará la” Ley Federal de Protección al Ambiente, (actualmente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) la Ley General de Salud, y sus respectivos Reglamentos, la Ley Federal de Aguas y demás leyes y reglamentos aplicables vigentes o que se adopten, incluidos la presente ley, su reglamento y las normas pertinentes del derecho internacional para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino.

La zona marina susceptible a concesionar, será dentro de la columna de agua formada a partir del límite posterior a la zona federal marítima terrestre, hasta que se alcancen los 200 metros de profundidad.

2.4. Sujetos beneficiados. El sector que dicha concesión busca beneficiar es a los habitantes de las localidades aledañas a la zona marina, sujetos que tengan un sentido de pertenencia del lugar y que su fin no sea meramente lucrativo, sino que por su pertenencia, identidad cultural-ambiental y dependencia, son los que directamente se ven afectados por los desequilibrios del ecosistema, por lo que tendrán un compromiso necesario para llevar a cabo acciones de restauración y protección en la zona marina por concesionar.

3. Se atenderá a las particularidades de cada ecosistema, razón por la cual será el estudio técnico y justificativo en donde se deberán de establecer la zona marina concesionada, en la que existan graves procesos de degradación que pongan en riesgo la biodiversidad marina y sus servicios ambientales y que requieran la realización de actividades de mediano y largo plazo, que permitan revertir los procesos de deterioro necesarios para el equilibrio ecológico. Posteriormente la secretaría en el título de concesión en donde se establezcan los derechos y obligaciones del concesionario para el cumplimiento del objetivo, así como las condicionantes que deberán de cumplir las actividades que se realicen en la zona.

El argumento no es con el fin de proteger el interés del particular, sino de restaurar y proteger el equilibrio ecosistémico, por lo que el fin es de interés público, por ello no se pierde el carácter de uso común que tienen dichas zonas.

Posteriormente, el programa de manejo establecerá las particularidades de las actividades a realizar de acuerdo a la zonificación y subzonificación de la zona marina concesionada.

4. Para que las concesiones de bienes de dominio público surtan efecto, una vez otorgadas, deberán de publicarse en el DOF, puesto a que la referida concesión contiene verdaderas disposiciones legales, de acuerdo con las cuales se regula la situación del concesionario, los usos y funcionamiento de la zona concesionada. Lo anterior, con fundamento en el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo:

Artículo 4o. Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos.

5. Con relación a los derechos a que va a hacerse acreedor el concesionario, además del uso de columnas de agua del dominio público, para realizar las actividades previstas en la solicitud conforme a lo dispuesto en la Ley, por tratarse de un instrumento de interés público, el Estado podrá concurrir para apoyar las acciones de conservación que deban realizarse a efecto de lograr el propósito de la concesión.

Por tratarse de una estrategia de interés público, que tiene el fin de conservar las condiciones necesarias para preservar la evolución de las especies en los ecosistemas marinos y su aprovechamiento sustentable, lo que sin duda es una responsabilidad del Estado, los concesionarios podrán acceder a los fondos y a los programas de subsidios del gobierno federal que corresponda para estar en condiciones de dar cumplimiento a los programas de manejo de las zonas marinas comunitarias concesionadas de que se trate.

Asimismo, la autoridad competente podrá concurrir en la aportación de apoyos a los concesionarios, por la vía de subvenciones, incentivos económicos o estímulos fiscales.

La disposición que establezca lo relativo a esto es fundamental para el cumplimiento de la iniciativa propuesta, ya que en la problemática se planteo que unos de los vacíos existentes es que no existen incentivos para que las comunidades costeras coadyuven en acciones de protección, preservación y restauración, dado que actualmente, al ser bienes de la nación no tiene ningún beneficio por al llevar a cabo acciones a favor del medio ambiente.

La secretaría tiene la atribución de participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, así lo señala la fracción XXXV del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

6. Finalmente, por lo que hace a las razones por las cuales las concesiones pueden extinguirse por la revocación, nulidad; la disolución de la persona moral o el fallecimiento del titular de la concesión, y la terminación del plazo.

Las causas de la revocación tienen relación directa con el incumplimiento del objetivo o propósitos de la concesión o el interés público.

La autoridad tiene en sus manos el poder de sanción que le es indispensable para asegurar interés público y que entre las posibles sanciones por la falta de cumplimiento de las obligaciones del concesionario está precisamente la declaración de caducidad de la concesión. Asimismo existe el poder de rescisión que es el poder de modificación unilateral del contrato. Su fundamento es el interés público que, en un momento dado puede no tener la necesidad de las prestaciones convenidas

7. Por lo que hace al término de duración se fija para que de acuerdo a su vigencia el concesionario pueda cumplirse el fin de la concesión que en esta es la restauración y protección del equilibrio ecosistémico de las zonas marinas comunitarias, así como una utilidad razonable sobre las inversiones hechas, las cuales podrán ser en derechos.

El término es de acuerdo con el tiempo que se considera las condiciones pueden propiciar el repoblamiento de las especies y otras funciones ambientales.

Esta comisión dictaminadora, con el fin de organizar y dar claridad al articulado propuesto, considera la subdivisión del capítulo IV, “Establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración”, propuesto en el título segundo, “Biodiversidad”, para organizarlo por secciones, de la siguiente manera:

• Sección I

Disposiciones Generales

• Sección II

Delimitación y Zonificación

• Sección III

Tramitación y Expedición del Título de Concesión

• Sección IV

Incentivos Económicos

• Sección VI

Extinción del Título de Concesión

Por lo expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el capítulo IV, “Establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración”, al título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se adiciona el capítulo IV, “Establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración”, que comprende los artículos 87 Bis 3, 87 Bis 4, 87 Bis 5, 87 Bis 6, 87 Bis 7, 87 Bis 8, 87 Bis 9, 87 Bis 10, 87 Bis 11, 87 Bis 12, 87 Bis 13, 87 Bis 14, 87 Bis 15, 87 Bis 16, 87 Bis 17, 87 Bis 18 y 87 Bis 19, al título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Capítulo IVEstablecimiento y Manejo de las Concesiones Marinas Voluntarias para la Restauración

Sección IDisposiciones Generales

Artículo 87 Bis 3. La Secretaría podrá otorgar concesiones voluntarias de columnas de agua con el objeto de fomentar e incentivar la participación corresponsable, con las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, en la implementación de acciones para la restauración y protección de los ecosistemas marinos, en zonas marinas en donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción.

Artículo 87 Bis 4. El establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración es de interés público y tienen por objeto

I. Fomentar e incentivar las actividades tendentes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales para el repoblamiento de las especies nativas de la región; o en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales;

II. Establecer políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro;

III. Orientar a que las actividades que se lleven a cabo en la zona concesionada, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable y con un enfoque de manejo integral de los ecosistemas marinos; y

IV. Crear esquemas de desarrollo comunitario que coadyuven en la participación corresponsable en las acciones de restauración y protección de los ecosistemas marinos.

Artículo 87 Bis 5. En el otorgamiento de la concesión marinas voluntaria para la restauración, además de lo dispuesto en los artículos primero y décimo quinto de esta Ley, se considerarán los siguientes principios:

I. Los ecosistemas marinos forman parte del patrimonio natural de la nación;

II. El establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración en columnas de agua de las zonas marinas en donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción es de interés público;

III. La restauración y protección de los ecosistemas marinos es una prioridad del Estado, en la que deben participar de manera corresponsable la sociedad y el gobierno;

IV. La restauración y protección de los ecosistemas marinos es prioritaria para garantizar las condiciones adecuadas para la subsistencia, desarrollo y evolución de las especies;

V. La continuidad de los procesos evolutivos de las especies de la flora y fauna marinas es determinante para asegurar la preservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales;

VI. El reencauzar las actividades que se lleven a cabo en la zona concesionada hacia el manejo integral de los ecosistemas marinos es determinante para propiciar el desarrollo sustentable;

VII. La concurrencia de los distintos niveles de gobierno y la participación social son indispensables para lograr la efectividad y trascendencia de las políticas, los programas y las acciones de gobierno en materia de restauración y protección de los ecosistemas marinos;

VIII. Las actividades que se lleven a cabo en las zonas concesionadas deben asegurar la sustentabilidad ambiental; y

IX. Es un derecho de las comunidades costeras el uso de columnas de agua de las zonas marinas para la restauración y protección de los ecosistemas marinos, así como de recibir incentivos económicos por las actividades tendentes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.

Sección IIDelimitación y Zonificación

Artículo 87 Bis 6. Las concesiones marinas voluntarias para la restauración, se otorgarán para el uso de columnas de agua en las zonas marinas donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción.

La zona marina susceptible a concesionar será dentro de la columna de agua formada a partir del límite posterior a la zona federal marítima terrestre, hasta que se alcancen los 200 metros de profundidad y su delimitación se deberá realizar atendiendo a

I. Las condiciones de la zona marina solicitada, en la que existan graves procesos de degradación que pongan en riesgo la biodiversidad marina y sus servicios ambientales y que requieran la realización de actividades de mediano y largo plazo, que permitan revertir los procesos de deterioro necesarios para el equilibrio ecológico;

II. Los ordenamientos ecológicos marinos;

III. Los decretos de áreas naturales protegidas marinas y sus programas de manejo;

IV. La cercanía a un centro de población o localidad que requiera establecer esquemas de desarrollo comunitario a partir de actividades de restauración y protección en las zonas marinas adyacentes;

V. Los actos administrativos de carácter general vigentes; y

VI. Los derechos de explotación, uso o aprovechamiento vigentes en la zona marina a concesionada.

Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal u otras disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias para el establecimiento y manejo de las zonas marinas concesionadas, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas.

Artículo 87 Bis 7. La columna de agua de la zona marina por concesionar estará sujeta a una zonificación que se realizará conforme a lo que establezca el título de concesión. Se conformará por las siguientes subzonas:

I. Subzona núcleo. Tendrá como principal objetivo la restauración de los ecosistemas marinos que han resultado severamente alterados o modificados, en donde se llevarán a cabo actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales para el repoblamiento de las especies.

Para las actividades de restauración de los ecosistemas marinos de interés de la concesión, se destinará una zona igual o mayor al 50% que propicie el repoblamiento de las especies nativas de la región; o en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales.

II. Subzona de amortiguamiento. Tendrán como función principal proteger la subzona núcleo y llevar a cabo actividades que colaboren con el cumplimiento de su objetivo; asimismo, propiciar a que las actividades que se realicen, se lleven a cabo con un enfoque ecosistémico e integral y que se conduzcan hacia la sustentabilidad.

Para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y concesiones, de las actividades a realizar en la columna de agua de la zona marina concesionada se solicitará ante la autoridad competente y se sujetarán a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables a la materia, así como a lo dispuesto en esta ley y sus disposiciones reglamentarias vigentes.

La Secretaría se coordinará con la autoridad que emita un acto administrativo relacionado con la columna de agua de la zona marina concesionada, para hacer del conocimiento al titular de la concesión marina voluntaria para la restauración y éste exponga lo que a su derecho corresponda.

Los titulares de las concesiones a que se refiere el presente capítulo, al llevar a cabo actividades de interés público, tendrán preferencia en el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y concesiones de las actividades que se pretendan realizar en la columna de agua de la zona marina concesionada, con el fin de dar cumplimiento al objetivo de la misma.

Sección IIITramitación y Expedición del Título de Concesión

Artículo 87 Bis 8. La solicitud de concesión deberá contener

I. Nombre y domicilio del o los solicitantes;

II. Documentos que acrediten la nacionalidad mexicana o persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas;

III. Documentos que acredite su domicilio y tiempo de residencial en el mismo; y

IV. Estudio técnico justificativo que contenga al menos

a) Ubicación geográfica de la columna de agua de la zona marina solicitada, que incluya la poligonal precisada en un mapa con la lista de vértices que la delimiten la extensión total;

b) Entidad federativa, municipio y localidad aledaña a la columna de agua de la zona marina solicitada;

c) Diagnóstico ambiental, usos actuales y potenciales de los recursos naturales de la columna de agua de la zona marina solicitada;

d) Las condiciones de la columna de agua de la zona marina solicitada, en la que existan graves procesos de degradación que pongan en riesgo la biodiversidad marina y sus servicios ambientales y que requieran la realización de actividades de mediano y largo plazo, que permitan revertir los procesos de deterioro necesarios para el equilibrio ecológico;

e) Propuesta de zonificación y subzonificación de la columna de agua de la zona marina solicitada, así como las razones que lo justifiquen;

f) Actividades a realizar en la columna de agua de la zona marina concesionada, de acuerdo a la zonificación propuesta;

g) Monto de la inversión y propuesta de las fuentes de financiamiento para llevar a cabo el objeto de la concesión;

h) La propuesta de duración de la concesión y razones que lo justifiquen; e

i) Información complementaria que desee proporcionar el solicitante.

La Secretaría, dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podrá requerir la información faltante.

Artículo 87 Bis 9. Recibida la solicitud de concesión la Secretaría procederá a efectuar su análisis, de acuerdo con los objetivos y principios establecidos en el presente capítulo.

En el otorgamiento de las concesiones la Secretaría tomará en cuenta lo siguiente:

I. Que el solicitante, siendo persona física o la mayoría de sus integrantes, tratándose de persona moral, residan en una localidad adyacente a la columna de agua de la zona marina propuesta o que sean titulares de derechos de explotación, uso o aprovechamiento, vigentes en la columna de agua de la zona marina propuesta zona marina propuesta;

II. Que la delimitación de la columna de agua de la zona marina a concesionar, atienda a lo establecido en el artículo 87 Bis 6;

III. Que el estudio técnico justificativo del solicitante garantice el cumplimiento de los objetivos de la concesión marina voluntaria para la restauración; y

IV. El beneficio ambiental, social y económico que generen las actividades para la localidad adyacente a la columna de agua de la zona marina concesionada.

El otorgamiento de las concesiones marinas voluntarias para la restauración, quedará sujeto a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos y tomará en cuenta los actos administrativos de carácter general vigentes, así como los derechos de explotación, uso o aprovechamiento, vigentes en la zona marina propuesta.

Artículo 87 Bis 10. Una vez integrado el expediente y previamente a la expedición del título de concesión para el establecimiento de las concesiones marinas voluntarias para restauración, en los términos de la presente ley, la Secretaría deberá solicitar y valorar la opinión de los gobiernos municipales, comunidades adyacentes y demás interesados.

Una vez integrado el expediente, la Secretaría procederá a analizar si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el presente capítulo y deberá contestar dentro de un plazo que no excederá de noventa días hábiles desde su fecha de presentación.

Artículo 87 Bis 11. Una vez analizado el expediente de la solicitud y si el solicitante cumple con los requisitos establecidos en el presente capítulo, la Secretaría, con las modificaciones técnicas y jurídicas que considere necesarias, publicará dicha solicitud por dos veces, de cinco en cinco días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación, con el fin de que durante el plazo de diez días contados a partir de la última publicación, las personas interesadas manifiesten su opinión ante la Secretaría.

Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, valoradas las opiniones presentadas y cumplimentados los requisitos para que el solicitante esté en condiciones de cumplir con lo que establece el presente Capítulo, la Secretaría podrá otorgar la concesión con las modificaciones de carácter técnico y jurídico que se estime pertinente.

Artículo 87 Bis 12. La Secretaría expedirá el título de concesión respectivo, que deberá contener

I. Nombre del beneficiado;

II. Ubicación geográfica de la columna de agua de la zona marina concesionada;

III. Mapa con la lista de vértices que la delimiten la extensión total;

IV. Entidad federativa, municipio y localidad aledaña a la columna de agua de la zona marina concesionada;

V. Las condiciones de la columna de agua de la zona marina concesionada, en la que existan graves procesos de degradación que pongan en riesgo la biodiversidad marina y sus servicios ambientales y que requieran la realización de actividades de mediano y largo plazo, que permitan revertir los procesos de deterioro necesarios para el equilibrio ecológico;

VI. Delimitación de la zonificación y subzonificación de la columna de agua de la zona marina concesionada;

VII. Condicionantes a que se sujetarán las actividades que se lleven a cabo en la columna de agua de la zona marina concesionada;

VIII. Obligaciones y derechos del concesionario;

IX. Vigencia de la concesión;

X. Contenido y periodicidad de los informes que presentará a la Secretaría sobre el manejo de la zona marina concesionada; y

XI. Los lineamientos generales para su administración.

Artículo 87 Bis 13. El concesionario formulará dentro del plazo de un año, contado a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del título de concesión respectivo, el programa de manejo de la zona marina concesionada de que se trate, el cual deberá contener por lo menos lo siguiente:

I. Ubicación geográfica de la columna de agua de la zona marina concesionada;

II. Mapa con la lista de vértices que la delimiten la extensión total;

III. Descripción de la zona marina concesionada, en el contexto nacional, regional y local donde se encuentra la columna de agua concesionada;

IV. Descripción de las características físicas y biológicas, así como las condiciones de la columna de agua de la zona marina concesionada, en la que existan graves procesos de degradación que pongan en riesgo la biodiversidad marina y sus servicios ambientales y que requieran la realización de actividades de mediano y largo plazo, que permitan revertir los procesos de deterioro necesarios para el equilibrio ecológico;

V. Descripción de los ecosistemas, poblaciones y especies objeto de la concesión;

VI. Objetivos específicos y metas a corto, mediano y largo plazo;

VII. Delimitación de la zonificación y subzonificación de la columna de agua de la zona marina concesionada;

VIII. Actividades por implantar, de acuerdo con la zonificación;

IX. Descripción de las actividades a realizar y su calendario de implementación; y

X. Aquellas otras que el solicitante considere necesarias.

El programa de manejo deberá ser evaluado y aprobado por la Secretaría y dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción del mismo, podrá requerir la información faltante.

El titular de la concesión que por la carencia de recursos económicos no esté en posibilidades de cubrir los costos de elaboración del programa de manejo podrá solicitar a la Secretaría la asesoría técnica necesaria para la elaboración de éste.

Artículo 87 Bis 14. La concesión es intransferible y podrá tener una duración entre 10 y 30 años, de acuerdo a lo que acredite el solicitante en el estudio técnico justificativo.

La concesión se podrá refrendar previa solicitud, con una antelación de, al menos dos años antes de que fenezca la misma, y cumpliendo los requisitos que para el efecto establezca la Secretaría.

Artículo 87 Bis 15. Una vez que la concesión haya sido emitida el particular, deberá de entregar informes a la Secretaría, de acuerdo con la periodicidad señalada en el título de concesión, de las actividades restauración y protección, objeto de la concesión.

Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal u otras disposiciones legales aplicables, se requiera la intervención de otras dependencias para llevar a cabo acciones de inspección y vigilancia en las zonas marinas concesionadas, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas, con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del título de concesión y su programa de manejo.

Artículo 87 Bis 16. Una vez establecida una zona marina concesionada voluntariamente para la restauración, sólo la Secretaría podrá modificar la delimitación de la columna de agua, y en su caso, su zonificación y subzonificación o cualquiera de sus disposiciones, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta ley para la expedición del título de concesión respectivo.

Sección IVIncentivos Económicos

Artículo 87 Bis 17. La Secretaría, con el fin de que los concesionarios lleven a cabo las actividades de restauración y protección de los ecosistemas marinos en la columna de agua de la zona marina concesionada, promoverá la aplicación de instrumentos económicos, así como la focalización de recursos, a través de los diversos conceptos de apoyo de programas, que incentiven la participación corresponsable con las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Asimismo, posterior a la aprobación del programa de manejo, el concesionario podrá celebrar contratos para el financiamiento con autoridades de los distintos ámbitos de gobierno, así como con el sector social y privado, con la participación de la Secretaría, que en su caso corresponda.

Sección VExtinción del Título de Concesión

Artículo 87 Bis 18. Son causas de extinción de las concesiones:

I. La revocación;

II. La nulidad;

III. La disolución de la persona moral o el fallecimiento del titular de la concesión; y

IV. La terminación del plazo.

Artículo 87 Bis-19. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, son causa de revocación

I. El incumplimiento del título de concesión y del programa de manejo, imputable al concesionario;

II. La realización de actividades no permitidas en la concesión, por parte del titular;

III. El incumplimiento a lo establecido en esta ley, en las disposiciones reglamentarias que de ella deriven;

IV. El no proporcionar en forma reiterada, sus informes en los términos y plazos que solicite la Secretaria o el incurrir en falsedad al rendir ésta;

V. La existencia de alguna contingencia ambiental que impida, por un tiempo mayor al de la duración de la concesión, la realización de las actividades autorizadas. Este impedimento deberá justificarse en los estudios técnicos correspondientes;

VI. El interés público; y

VII. Las demás que establezcan esta ley y demás disposiciones aplicables.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las concesiones, permisos y autorizaciones otorgados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto que queden enmarcadas dentro de las áreas concesionadas bajo concesiones marinas para conservación continuarán vigentes hasta la conclusión de su vigencia.

Tercero. El Ejecutivo federal deberá expedir, en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de concesiones marinas voluntarias para la restauración.

Notas:

1 UNEP/PNUMA, CBD/CDB, 2000, 2004; Smith y Maltby, 2003; Andrade y Navarrete, 2004. Disponible en http://www.sur.iucn.org/

2 Smith, A.D.M., y otros, “Impacts of fishing low-trophic level species on marine ecosystems”, en Science, 2011. 333(6046): páginas 1147-1150.

3 Costanza, R., et al., “The value of the world’s ecosystem services and the natural capital”, en Nature, 1997, 387: páginas 253-260.

4 Jackson, J.B.C., et al., “Historical overfishing and the recent collapse of coastal ecosystems”, en Science, 2001, 293: páginas 629-637.

5 Mumby, P.J., et al., “Trophic cascade facilitates coral recruitment in a marine reserve”, en Proceedings of the National Academy of Sciences, 2007, 104(20): páginas 8362-8367.

6 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La gestión ambiental en México, 2006, página 27.

7 Ibídem.

8 En el derecho público, la norma es determinada únicamente por la consideración del interés público y por la necesidad de satisfacerlo.

9 Brañes, Raúl. Manual de derecho ambiental mexicano, 2010, página 29.

10 Resulta vital realizar reformas que armonicen disposiciones de la LGEEPA y LGPAS, pues aun cuando el artículo 2 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables señala en la fracción III que ésta busca establecer las bases para la ordenación, conservación, la protección, repoblación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección y rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos. Es de señalar que la secretaría no tiene atribuciones para rehabilitar los ecosistemas y en toda la LGPAS no se hace referencia a la protección de ecosistemas marinos.

11 El ambiente como bien jurídico diferente de los elementos que lo integran y por tanto susceptible de tutela legal en si mismo entendiéndolo como resultado de la interacción detonas las funciones que lo integran. Así como bienes en el sentido intangible por las funciones que desempeñan, respecto a los otros con los que interactúan y que permiten mantener el equilibrio ecológico en González, José Juan (2005). “La protección jurídica de la diversidad biológica a través de las regulaciones sobre el uso de suelo en México”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, Tomson Aranzadi. Navarra, 2005, página 275.

12 Tal y como señala el artículo 13 de la Ley General de Bienes Nacionales: Los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o alguna otra por parte de terceros.

13 En el sector forestal existen diversos esquemas de pagos por servicios ambientales, en relación a la mejora en la calidad y cantidad de agua, en biodiversidad, en la captura y en la retención del bióxido de carbono. Así lo establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en el capitulo VI, “De los servicios ambientales forestales”:

Artículo 133. En el marco de los tratados internacionales y disposiciones nacionales aplicables, la Secretaría promoverá el desarrollo de un mercado de bienes y servicios ambientales que retribuya los beneficios prestados por los dueños y poseedores de recursos forestales a otros sectores de la sociedad.

Artículo 134. La Secretaría promoverá la formación de profesionales o técnicos, así como de empresas, los cuales estén capacitados para certificar, evaluar y monitorear los bienes y servicios ambientales, para el otorgamiento de asesoría técnica y capacitación a los titulares de los aprovechamientos forestales en la materia y para enlazarlos con los usuarios o beneficiarios de los bienes y servicios ambientales, así como a los mercados correspondientes en el ámbito nacional e internacional.

14 Actualmente, el concepto de desarrollo sustentablese percibe como un vínculo entre el cuidado al medio ambiente sano y el derecho al desarrollo, sin embargo, en tanto no se considere que la agenda para el desarrollo sustentable corresponde al sector productivo y al comercio exterior y en segundo lugar al sector ambiental, no tendrá una real trascendencia, ya que si las políticas económicas no se modifican en sus patrones de apropiación y explotación de los recursos naturales, así como en los de producción, distribución y consumo e integran en los cálculos económicos, valores de la naturaleza (biológicos, estéticos, científicos) para la determinación de precios, de la rentabilidad de los mercados y del acondicionamiento del territorio no se podrá hablar de un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la política del desarrollo sustentable se quedará en una mera utopía. En Gil, Miguel Ángel. La gestión ambiental en Crónica Ambiental, FCE, México, 2006.

15 A water column is a conceptual column of water from surface to bottom sediments.[1] This concept is used chiefly for environmental studies evaluating the stratification or mixing (e.g. by wind induced currents) of the thermal or chemically stratified layers in a lake, stream or ocean. Some of the common parameters analyzed in the water column are: pH, turbidity, temperature, salinity, total dissolved solids, various pesticides, pathogens and a wide variety of chemicals and biota.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 8 de noviembre de 2011.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Marcela Vieyra Alamilla, Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez, Francisco Javier Orduño Valdez, César Daniel González Madruga, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para fundamentar el dictamen, a nombre de la comisión, el diputado Agustín Torres Ibarrola.

El diputado Agustín Torres Ibarrola:Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Señores compañeros diputados, señoras diputadas, el 13 de diciembre de 2010, presenté una iniciativa ante este pleno para reformar la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a efecto de incluir la figura de las concesiones marinas comunitarias.

Esta iniciativa surgió con base en los siguientes criterios; primero, que nuestro país cuenta con más de 11 mil kilómetros de litorales en los que vive a aproximadamente el 15 por ciento de los mexicanos. Estas zonas brindan enormes servicios ambientales, son las costas de México, un espacio no solamente de recreación turística, sino también proveen alimentos y son la fuente económica de miles de familias mexicanas.

Desafortunadamente, no solamente en México, sino en todo el mundo, las pesquerías se han venido reduciendo de manera importante. Según datos de la FAO, el 76 por ciento de las pesquerías a nivel mundial se encuentran colapsadas, están a su máxima capacidad o están sobreexplotadas. El bienestar de muchas familias depende precisamente de la conservación de estos recursos marinos y lo que sucede el día de hoy es que al ser difuso el beneficio de conservar; es decir, a diferencia de un recurso terrestre, donde una comunidad se esfuerza por conservarlo y puede recibir los beneficios directos de esa conservación, en el mar la conservación es un bien difuso. Terminan unos cuantos conservando los bienes, pero cualquiera puede recibir los beneficios.

Al ser tan extensa la superficie para conservar, es necesario crear figuras distintas en las que se pueda involucrar a las comunidades costeras.

Conocemos en análisis económico lo que se conoce como la tragedia de los comunes, donde cualquiera puede venir y recuperar estos recursos, pero esa tragedia de los comunes, que se conoce en materia económica, puede resolverse mediante la cooperación.

Lo que estamos buscando es la creación de redes y de reservas marinas o zonas de conservación que sean refugios pesqueros.

La literatura científica demuestra que estos recursos pesqueros, que estas reservas, permiten recuperar las pesquerías de manera importante; sin embargo, una vez que las pesquerías comienzan a recuperarse, los beneficios pueden ser recogidos por cualquier individuo que tenga la posibilidad de hacerlo.

Los costos de inversión; es decir, el ahorro que cierta comunidad realiza al dejar de pescar, se ve mermado cuando se recolectan estos bienes.

Con esta nueva figura se logrará el respaldo jurídico de los esfuerzos voluntarios por parte de las comunidades locales.

Se basa la iniciativa en el principio de la participación de la sociedad, y en segundo lugar, en que se aseguran los beneficios al que está como responsable de conservar.

Así es, compañeros, que los invito a votar por esta iniciativa; la comisión ha presentado una reserva para hacer algunas modificaciones que detallará nuestra compañera Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD y que hemos logrado consensuar los distintos grupos parlamentarios.

Esto nos permitirá restaurar los sistemas marinos y además, hacer de esta actividad una actividad rentable y no solamente eso, sino que además podremos cumplir con los acuerdos internacionales de los que México es parte, como el de Nagoya, Japón, que nos obliga a proteger el 10 por ciento de los ecosistemas marinos para el 2020. Es cuanto, señor presidente. Agradezco su voto a favor de este dictamen.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Entiendo, señor diputado, que hay una serie de propuestas que se harán a nombre de la comisión, para darle lectura.

Si gusta, en este momento solicitaría primero dar lectura a las propuestas que a nombre de la comisión se hacen; si gusta que lo lea la secretaria, nada más para que tenga conocimiento el pleno de las propuestas que hace la comisión.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Secretarios de la Mes Directiva de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.— Presente.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presento en tiempo y forma, la reserva al título del proyecto de decreto, al artículo único, al título del capítulo IV, a los artículos 87 Bis 3 primer párrafo, 87 Bis 4 primer párrafo, 87 Bis 5 primer párrafo y su fracción 11, 87 Bis 6 primer párrafo, 87 Bis 7 penúltimo párrafo, 87 Bis 9 fracción III y último párrafo, 87 Bis 10 primer párrafo, 87 Bis 16 y tercero transitorio, todos del dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona el capítulo IV, "Establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración", al título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objetivo de eliminar el término "voluntarias".

El Proyecto de Decreto dice:

Decreto por el que se adiciona el capítulo IV, "Establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración", al título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único.Se adiciona el capítulo IV, "Establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración", que comprende los artículos 87 Bis 3, 87 Bis 4, 87 Bis 5, 87 Bis 6, 87 Bis 7, 87 Bis 8, 87 Bis 9, 87 Bis 10, 87 Bis 11, 87 Bis 12, 87 Bis 13, 87 Bis 14, 87 Bis 15, 87 Bis 16, 87 Bis 17, 87 Bis 18 y 87 Bis 19, al título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Capítulo IV. Establecimiento y Manejo de las Concesiones Marinas Voluntarias para la Restauración

Sección I. Disposiciones Generales

Artículo 87 Bis 3.La Secretaria podrá otorgar concesiones voluntarias de columnas de agua con el objeto de fomentar é incentivar la participación corresponsable, con las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, en la implementación de acciones para la restauración y protección de los ecosistemas marinos, en zonas marinas en donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción.

Artículo 87 Bis 4.El establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración es de interés público y tienen por objeto

I. a IV. ...

Artículo 87 Bis 5.En el otorgamiento de la concesión marinas voluntaria para la restauración, además de lo dispuesto en los artículos primero y décimo quinto de esta Ley, se considerarán los siguientes principios:

I. ...

II. El establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración en columnas de agua de las .zonas marinas en donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción es de interés público;

III. a IX. ...

Sección II. Delimitación y Zonificación

Artículo 87 Bis 6.Las concesion.es marinas voluntarias para la restauración, se otorgarán para el uso de columnas de agua en las zonas marinas donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción.

...

l. a VI. ...

...

Artículo 87 Bis 7. ...

I. a III. ...

La Secretaría se coordinará con la autoridad que emita un acto administrativo relacionado con la columna de agua de la zona marina concesionada, para hacer del conocimiento al titular de la concesión marina voluntaria para la restauración y éste exponga lo que a su derecho corresponda.

...

Sección III. Tramitación y Expedición del Título de Concesión

Artículo 87 Bis 8. ...

I. a IV. ...

...

Artículo 87 Bis 9. ...

...

I. a II. ...

III. Que el estudio técnico justificativo del solicitante garantice el cumplimiento de los objetivos de la concesión marina voluntaria para la restauración; y

IV. ...

El otorgamiento de las concesiones marinas voluntarias para la restauración, quedará sujeto a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos y tomará en cuenta' los actos administrativos de carácter general vigentes, así como los derechos de explotación, uso o aprovechamiento, vigentes en la zona marina propuesta.

Artículo 87 Bis 10. Una vez integrado el expediente y previamente a la expedición del título de concesión para el establecimiento de las concesiones marinas voluntarias para restauración, en los términos de la presente ley, la Secretaría deberá solicitar y valorar la opinión de los gobiernos municipales, comunidades adyacentes y demás interesados.

...

Artículo 87 Bis 11. .:.

...

Artículo 87 Bis 12. ...

I. a XI. ...

Artículo 87 Bis 13. ...

I. a X. ...

...

...

Artículo 87 Bis 14. ...

...

Artículo 87 Bis 15. ...

...

Artículo 87 Bis 16.Una vez establecida una zona marina. Concesionada voluntariamente para la restauración, sólo la Secretaría podrá modificar la delimitación de la columna de agua, y en su caso, se zonificación y subzonificación o cualquiera de sus disposiciones, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta ley para la expedición del título de concesión respectivo.

Sección IV. Incentivos Económicos

Artículo 87 Bis 17. ...

...

Sección V. Extinción del Título de Concesión

Artículo 87 Bis 18. ...

I. a IV. ...

Artículo 87 Bis 19. ...

I. a VII. ...

Transitorios

Primero. ...

Segundo. ...

Tercero.El Ejecutivo federal deberá expedir, en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Reglamento de la Ley General del .Equilibrio Eclógico y la Protección al Ambiente en materia de concesiones marinas voluntarias para la restauración.

Debe decir:

Decreto por el que se adiciona el capítulo IV, "Establecimiento y manejo de las concesiones marinas para la restauración", al título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo Único. Se adiciona el capítulo IV, "Establecimiento y manejo de las concesiones marinas para la restauración", que comprende los artículos 87 Bis 3, 87 Bis 4. 87 Bis 5. 87 Bis 6, 87 Bis 7, 87 Bis 8, 87 Bis 9, 87 Bis 10, 87 Bis 11. 87 Bis 12, 87 Bis 13, 87 Bis 14, 87 Bis 15, 87 Bis 16, 87 Bis 17. 87 Bis 18 y 87 Bis 19, al título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Capítulo IV. Establecimiento y Manejo de las Concesiones Marinas para la Restauración

Sección I. Disposiciones Generales

Artículo 87 Bis 3.La Secretaría podrá otorgar concesiones de columnas de agua con el objeto de fomentar e incentivar la participación corresponsable, con las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, en la implementación de acciones para la restauración y protección de los ecosistemas marinos, en zonas marinas en donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción.

Artículo 87 Bis 4.El establecimiento y manejo de las concesiones marinas para la restauración es de interés público y tienen por objeto.

I. a IV. ...

Artículo 87 Bis 5. En el otorgamiento de la concesión marina para la restauración, además de lo dispuesto en los artículos primero y décimo quinto de esta Ley, se considerarán los siguientes principios:

I. ...

II. El establecimiento y manejo de las concesiones marina para la restauración en columnas de agua de las zonas marinas en donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción es de interés público;

III. a IX. ...

Sección II. Delimitación y Zonificación

Artículo 87 Bis 6. Las concesiones marinas para la restauración, se otorgarán para el uso de columnas de agua en las zonas marinas donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción.

...

I. a VI. ...

...

Artículo 87 Bis 7. ...

I. a III. ...

La Secretaría se coordinará con la autoridad que emita un acto administrativo relacionado con la columna de agua de la zona marina concesionada, para hacer del conocimiento al titular de la concesión marina para la restauración y éste exponga lo que a su derecho corresponda.

...

Sección III. Tramitación y Expedición del Título de Concesión

Artículo 87 Bis. ...

I. a IV. ...

...

Artículo 87 Bis 9. ...

...

I. a II. ...

III. Que el estudio técnico justificativo del solicitante garantice el cumplimiento de los objetivos de la concesión marina para la restauración; y

IV. ...

El otorgamiento de las concesiones marinas para la restauración, quedará sujeto a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos y tomará en cuenta los actos administrativos de carácter general vigentes, así como los derechos de explotación, uso o aprovechamiento, vigentes en la zona marina propuesta.

Artículo 87 Bis 10. Una vez integrado el expediente y previamente a la expedición del título de concesión para el establecimiento de las concesiones marinas para la restauración, en los términos de la presente ley, la Secretaría deberá solicitar y valorar la opinión de los gobiernos municipales, comunidades adyacentes y demás interesados.

...

Artículo 87 Bis 11. ...

...

Artículo 87 Bis 12. ...

I. a XI. ....

Artículo 87 Bis 13. ...

I. a X. ...

...

...

Artículo 87 Bis 14. ...

...

Artículo 87 Bis 15. ...

...

Artículo 87 Bis 16.Una vez establecida una zona marina concesionada para la restauración, sólo la Secretaría podrá modificar la delimitación de la columna de agua, y en su caso, su zonificación y subzonificación o cualquiera de sus disposiciones, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta ley para la expedición del título de concesión respectivo.

Sección IV. Incentivos Económicos

Artículo 87 Bis 17. ...

...

Sección V. Extinción del Título de Concesión

Artículo 87 Bis 18. ...

I. a IV. ...

Artículo 87 Bis 19. ...

I. a VII. ...

Transitorios

Primero. ...

Segundo. ...

Tercero.El Ejecutivo federal deberá expedir, en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de concesiones marinas para la restauración.

Suscribe

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2012.— Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Agustín Torres Ibarrola a nombre de la comisión.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: En consecuencia, está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas...

¿Faltan dos?

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: La propuesta número 2, hecha por la comisión, debe decir: Artículo 87 Bis 15...

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Perdón, le habían faltado leer dos propuestas.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Primero una y se votó.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muy bien, muy bien. Perdón, secretaria.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): A ver, presidente, es una moción de procedimiento; creo que nadie tiene la menor idea de lo que acaban de leer, todo mundo está platicando, el salón está medio vacío y vamos a aprobar un dictamen que no sabemos qué contiene, porque una cosa explicaron, y ahorita vienen a presentar una serie de modificaciones, que en todo caso se debieron haber hecho en el propio seno de la comisión y no estar aquí legislando bajo las rodillas.

Creo que esto debe regresarse a la comisión, que se hagan las correcciones necesarias y las adecuaciones. Pero ahorita leen a la mitad las modificaciones, se equivocan al leer, no sabemos qué incisos y le aseguro que no hay nadie en este salón que tenga la menor idea, la menor idea de lo que estamos votando.

Sugiero que esto se regrese a comisiones, que se le dé la forma que debe de tener, que se lleven a cabo las correcciones y que se traiga un dictamen correctamente para ser votado.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Gracias, presidente. En lo personal, me ha quedado muy claro la reforma o las modificaciones o la reserva que la comisión ha realizado en la anterior votación, fue simplemente eliminar de todos y cada uno de los artículos Bis, la palabra: voluntaria. Incluso del tercero transitorio; me ha quedado perfectamente claro qué es lo que votamos.

Pero hoy vamos a una nueva reserva y por lo que escuché o alcancé a escuchar hay otra reserva todavía más, formulada por la propia comisión, con lo cual coincido con el compañero diputado Mario di Costanzo, de que no es válido que las comisiones suban un dictamen y al mismo tiempo estén presentando reservas de lo que acaban de dictaminar.

Creo sinceramente que en un proceso parlamentario lo que debería de hacerse es subir a tribuna los dictámenes hasta que estén perfectamente pulcros y total y absolutamente discutidos y no tengamos que estar aquí tomando anotaciones a bote pronto de cada una de las reformas que se han venido planteando.

La Secretaría ha sido muy clara respecto de lo que aprobamos hace un momento; es eliminar del 87 Bis 3, 87 Bis 4, del 87 Bis 5 y todos los subsecuentes que se refieren a marinas voluntarias, eliminar la palabra: voluntarias. Me ha quedado perfectamente claro. Pero vamos ahora —reitero— a una nueva reserva que vamos a analizar, una reforma al artículo 87 Bis 15 y luego otra más; me parece incongruente que la misma comisión que acaba de subir este dictamen esté presentando tres reservas, en razón probablemente de errores mecanográficos o de errores de otro tipo.

Creo que sinceramente, coincidiendo con la propuesta de Mario di Costanzo, este dictamen debería devolverse a comisión y que hagan las modificaciones necesarias, señor presidente, para que sea sometido a votación y a consideración de nosotros, ya en los términos contenidos en el dictamen y no con modificaciones propuestas por la misma comisión. Nada más.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputada Araceli.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho(desde la curul): Diputado presidente, quisiera que me permitiera argumentar en tribuna qué es lo que ha sucedido, y la posición de la comisión es que siga adelante. Con estas reservas, ojalá que lleguemos a aprobar este dictamen.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Permítame primero, diputada.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Alejandro Encinas.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez(desde la curul): Compartiendo la preocupación del diputado Granados y esperando oír la opinión de la comisión, creo que el asunto es mucho más complejo.

No se trata solamente de la eliminación de la palabra voluntarias del texto del dictamen, tiene que ver también con las definiciones puntuales respecto a los derechos de ejidos, comunidades y cooperativas, así como las empresas del sector social, en cuanto al beneficio de estas concesiones y el derecho de tanto, que no está definido en las reservas que aquí se han presentado.

Así es que por lo menos debemos de conocer el contenido real de las reservas para ver si la admitimos o no a discusión.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Ya admitimos una de las reservas a discusión. Nos hace falta que nos presenten dos.

Quisiera sugerir que se hicieran las lecturas de las dos reservas que hacen falta, que se voten si se admiten a discusión y de ser positivo que se admiten a discusión, entonces suspender el debate hasta que se distribuyan todas las reservas por escrito a cada uno de los diputados y las tengan en su poder, y una vez que tengamos esto así, iniciemos el debate en lo general ya con las reservas en manos de cada uno de los legisladores.

Así que, por favor...

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Perdone que sea reiterativo, pero estamos discutiendo una cosa que puede tener repercusiones muy importantes, como para que en este momento se estén apenas repartiendo las reservas, se suban a medio explicar.

Haga de cuenta que estamos regresando a la comisión, nada más que una comisión de todo el pleno medio vacío; estamos violentando todo el proceso parlamentario.

No sé, estas reservas o estas modificaciones que presenta la comisión, más las que se han presentado, implica prácticamente cambiar el 90 por ciento del dictamen; entonces, vuelvo a insistir, si hay modificaciones de la comisión, entonces que se regrese a las comisiones, que se hagan bien, que se discutan las comisiones y que lo vuelvan a traer a pleno. No son caprichitos de legislar sobre las rodillas, porque hoy se me ocurrió.

Esto parece un dictamen que lo están subiendo a fuerza, y que apenas se están poniendo de acuerdo en lo oscurito o en los pasillos. No es la manera de legislar, sea el asunto que sea; que se vuelvan a reunir y que se regrese el dictamen.

El diputado Agustín Torres Ibarrola (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Agustín.

El diputado Agustín Torres Ibarrola(desde la curul): Sí, presidente, muchas gracias. Comentar que, digo, me sorprende que el diputado Di Costanzo se llame sorprendido por una reserva, es un proceso que él mismo ha presentado en una multiplicidad de iniciativas.

El tema está bien discutido entre los grupos parlamentarios, hay un consenso entre los grupos parlamentarios al seno de la comisión.

Las reservas que se están haciendo no modifican de ninguna manera en un 90 por ciento la iniciativa, están siendo explicadas muy claramente; se está modificando el término de voluntaria, se está cambiando el término de particulares por concesionarios y se están agregando a las personas morales del sector social. Ése es el cambio a la iniciativa, muy claro, muy consensuado con la iniciativa que surgió, cuando se iba a someter a votación la sesión pasada.

Me parece que es un asunto además de la mayor relevancia para la conservación de los ecosistemas marinos, y me parece que este tipo de trámites no solamente están permitidos por la ley, por el Reglamento de la Cámara, sino que además es un tema discutido ampliamente entre las distintas fracciones, y que creemos —con esta salvedad que usted ha hecho, presidente, de poner a disposición de los diputados los textos específicos para que sean revisados con toda minuciosidad—, puede continuarse con el trámite parlamentario.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Nada más por las alusiones, que no le extrañe al diputado que estoy pidiendo que se hagan las cosas de manera transparente y como lo marca el Reglamento; el Reglamento sí habla de reservas, pero aquí la comisión, la propia comisión está reconociendo una serie de reservas.

Mi pregunta es, ¿por qué no se discutieron en la Comisión? Si no se discutieron en la comisión es porque ahorita las están acordando en los pasillos y sobre las rodillas y no es el proceso más legal o más transparente de hacer modificaciones a una ley.

No son caprichos, no estamos hablando de hacer caprichos, diputado, estamos hablando de legislar. Esto va a afectar y va a tener un impacto; entonces, reitero, se debe de regresar.

Miren, vamos a suspender la discusión hasta que no tengamos los documentos y vamos a tener los documentos y hay que leerlos; entonces, si va a dar espacio para la discusión, no solamente es que los tengamos, es que los leamos, los discutamos y en todo caso decidamos.

Pediría el receso de una hora, a partir de que recibamos los documentos, para poderlos discutir bien y no legislar sobre las rodillas o a caprichos, o simplemente que se reúnan tres personas para sacar la ley y luego manden la votación en masa o en línea, sin reflexionar lo que estamos votando.

Les digo que el procedimiento más práctico para seguir con la sesión y sacar todo lo que tenemos es que el dictamen se regrese y en todo caso, que se vuelva a presentar la próxima sesión, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Torres Ibarrola.

El diputado Agustín Torres Ibarrola(desde la curul): Presidente, igual por alusiones. Solamente pedirle al diputado Di Costanzo, si existe realmente algún argumento de fondo en contra de la iniciativa, que lo haga saber a esta asamblea.

Creo que de eso se trata el debate parlamentario, y lo invitaría a que una vez que se someta a discusión en la tribuna, podamos discutir si tiene alguna diferencia sobre el fondo y el contenido de la iniciativa, que creo que es lo trascendente en este asunto, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Preguntar si las reservas que se están presentando están firmadas por toda la Mesa Directiva o por toda la comisión, o es por una sola persona. Quisiera que me contestaran esa pregunta.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: La propuesta está hecha a nombre de la comisión y es perfectamente posible. Se ha hecho en muchas ocasiones que la comisión presenta propuestas sobre su propio dictamen, máxime que este dictamen estaba agendado para la sesión anterior; se retiró, se reunió la comisión, y hoy la comisión nos trae una serie de propuestas discutidas en la comisión.

Insisto, he consultado con la Mesa Directiva, el trámite parlamentario está cubierto a plenitud, no estamos fuera de Reglamento. Lo único que preciso como presidente es que sí quisiera que tuvieran en sus manos todos los legisladores, en su momento, las propuestas que la propia comisión ha elaborado, para que sirva mejor en su discusión.

Por eso, el trámite que vamos a seguir es leer las dos reservas, que no se han terminado de leer, que es perfectamente válido y legal, así se ha hecho muchas veces, el pleno está conociendo de las reservas de la propia comisión; ver si el pleno admite a su discusión estas reservas y una vez admitidas a discusión, solicito que se agilice la impresión de estas reservas y se distribuyan al pleno, para que todos los legisladores la tengan en su poder. Continúe la Secretaría con la lectura.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Secretarios de la Mes Directiva de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.— Presente.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presento en tiempo y forma, la reserva al artículo 87 Bis 15 primer párrafo, del dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona el capítulo IV, "Establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración", al título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El Proyecto de Decreto dice:

Artículo 87 Bis 15.Una vez que la concesión haya sido emitida el particular, deberá de entregar informes a la Secretaría, de acuerdo con la periodicidad señalada en el título de concesión, de las actividades restauración y protección, objeto de la concesión.

Cuando, por razón. de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal u otras disposiciones legales aplicables, se requiera la intervención de otras dependencias para llevar a cabo acciones de inspección y vigilancia en las zonas marinas concesionadas, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas, con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del título de concesión y su programa de manejo.

Debe decir:

Artículo 87 Bis 15.Una vez que la concesión haya sido emitida el concesionario, deberá de entregar informes a la Secretaría, de acuerdo con la periodicidad señalada en el título de concesión, de las actividades restauración y protección, objeto de la concesión.

Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal u otras disposiciones legales aplicables, se requiera la intervención de otras dependencias para llevar a cabo acciones de inspección y vigilancia en las zonas marinas concesionadas, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas, con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del título de concesión y su programa de manejo.

Suscribe

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2012.— Dip. María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Secretarios de la Mes Directiva de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.— Presente.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presento en tiempo y forma, la reserva a los artículos 87 Bis 3 primer párrafo, 87 Bis 5 fracción IX, 87 Bis 8 fracción II 87 Bis 9 fracción I y 87 Bis 17 último párrafo, todos del dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona el capítulo IV, "Establecimiento y manejo de las concesiones marinas voluntarias para la restauración", al título segundo de fa Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El Proyecto de Decreto dice:

Artículo 87 Bis 3.La Secretaría podrá otorgar concesiones voluntarias de columnas de agua con el objeto de fomentar e incentivar la participación corresponsable, con las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, en la implementación de acciones para la restauración y protección de los ecosistemas marinos, en zonas marinas en donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción.

Artículo 87 Bis 5.En el otorgamiento de la concesión marinas voluntarias para la restauración, además de lo dispuesto en los artículos primero y décimo quinto de esta Ley, se consideran los siguientes principios:

I. a VIII. ...

IX. Es un derecho de las comunidades costeras el uso de columnas de agua de las zonas marinas para la restauración y protección de los ecosistemas marinos, así como de recibir incentivos económicos por las actividades tendentes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.

Artículo 87 Bis 8.La solicitud de concesión deberá contener

I.

II. Documentos que acrediten la nacionalidad mexicana o persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas;

III. a IV. ...

...

Artículo 87 Bis 9.Recibida la solicitud de concesión la Secretaría procederá a efectuar su análisis, de acuerdo con los objetivos y principios establecidos en el presente capítulo.

En el otorgamiento de las concesiones la Secretaría tornará en cuenta lo siguiente:

I. 1. Que el solicitante, siendo persona física o la mayoría de sus integrantes, tratándose de persona moral, residan en una localidad adyacente a la columna de agua de la zona marina propuesta o que sean titulares de derechos de explotación, uso o aprovechamiento, vigentes en la columna de agua de !a zona marina propuesta zona marina propuesta;

II. a IV. ...

...

Artículo 87 Bis 17.La Secretaría, con el fin de que los concesionarios lleven a cabo las actividades de restauración y protección de los ecosistemas marinos en la columna de agua de la zona marina concesionada, promoveré la aplicación de instrumentos económicos, así como la focalización de recursos, a través de los diversos conceptos de apoyo de programas, que incentiven la participación corresponsable con las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Asimismo, posterior a la aprobación del programa de manejo, el concesionario podrá celebrar contratos para el financia miento con autoridades de los distintos ámbitos de gobierno, así como con el sector socia! y privado, con la participación de la Secretaría, que en su caso corresponda.

Debe decir:

Artículo 87 Bis 3.La Secretaría podrá otorgar concesiones voluntarias de columnas de agua con el objeto de fomentar e incentivar la participación corresponsable, de las organizaciones del sector social, ejidos, comunidades y cooperativas de pescadores, así como de comunidades indígenas, en la implementación de acciones para la restauración y protección de los ecosistemas marinos, en zonas marinas en donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción.

Artículo 87 Bis 5.En el otorgamiento de la concesión marinas voluntaria para la restauración, además de lo dispuesto en los artículos primero y décimo quinto de esta Ley, se considerarán los siguientes principios:

I. a VIII. ...

IX. Es un derecho de las comunidades costeras a través de las organizaciones de! sector social, ejidos, comunidades y cooperativas de pescadores, así como de las comunidades indígenas, el uso de columnas de agua de las zonas marinas para la restauración y protección de los ecosistemas marinos, así como recibir incentivos económicos por las actividades tendentes a la recuperación y restablecimientos de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.

I. ...

II. Documentos que acrediten que son organizaciones del sector social, ejidos, comunidades, grupos de ejidatarios o comuneros autorizados por sus respectivas asambleas para solicitar la concesión, cooperativas de pescadores o comunidades indígenas;

III. a IV. ...

...

Artículo 87 Bis 9.Recibida la solicitud de concesión la Secretaría procederá, a efectuar su análisis, de acuerdo con los objetivos y principies establecidos en el presente capítulo.

En el otorgamiento de las concesiones la Secretaría tomará en cuenta lo siguiente:

I. Que el solicitante, tenga su domicilio en una localidad adyacente a la columna de agua de la zona marina propuesta o que sean titulares de derechos de explotación, uso o aprovechamiento, vigentes en la columna de agua de la zona marina propuesta zona marina propuesta;

II. a IV. ...

...

Artículo 87 Bis 17. La Secretaría, con el fin de que los concesionarios lleven a cabo las actividades de restauración y protección de los ecosistemas marinos en la columna de agua de la zona marina concesionada, promoverá la aplicación de instrumentos económicos, así como la focalización de recursos, a través de bs diversos conceptos de apoyo de programas, que incentiven la participación corresponsable con las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Asimismo, posterior a la aprobación del programa de manejo, el concesionario podrá celebrar contratos para el financia miente con autoridades de los distintos ámbitos de gobierno, así como con otras organizaciones del sector social  y privado, con la participación de la Secretaría, que en su caso corresponda.

Suscribe

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2012.— Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Continúe la Secretaría. ¿Ya se leyeron las otras dos? Muy bien. En consecuencia, está a discusión en lo general, por las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.

Vamos a hacer en este momento una moción del debate de este dictamen para que la Secretaría saque copias y distribuya a cada uno de los legisladores las propuestas de modificación que ha hecho la comisión.

Por tanto, vamos a pasar al otro punto del orden del día y regresaremos, una vez que los legisladores tengan distribuidas todas las propuestas en cada una de sus curules.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 10 de agosto de 2011, el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

2. El 10 de agosto del 2011, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y análisis correspondiente.

3. El 22 de septiembre de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envió la prevención para emitir el dictamen de la iniciativa antes mencionada, para los efectos constitucionales a que haya lugar.

Contenido de la iniciativa

Señala el diputado proponente de la presente iniciativa que:

1. En México, la bandera, el escudo y el himno nacional son nuestros símbolos patrios, dando identidad como estado libre y soberano; son resultado de la evolución y las luchas que ha sostenido nuestro país en diferentes etapas para alcanzar su pleno desarrollo como nación.

2. Hoy en día la entidad nacional es amenazada por la falta de políticas oficiales que apuntan el retorno de los héroes y símbolos patrios. En los niños y en los jóvenes hay un mínimo interés en las fechas, personajes y hechos que marcan la historia de México; alrededor de 50 por ciento de los estudiantes no saben qué se conmemora, la mayoría identifica una fecha histórica por la suspensión de clases, la celebración de festividades aparejadas a “puentes” vacacionales.

3. Se considera que para ampliar la manifestación cívica de respeto a nuestra bandera es pertinente establecer en la ley de la materia que en todas las ceremonias y actos oficiales en las que se rindan los honores correspondientes, las personas presentes deberán, sin excepción, mirarle siempre de frente, esto que desde las puntas de los pies hasta la parte torzal del tronco y la propia cabeza mantengan una posición frente respecto a la ubicación del lábaro patrio, debiendo todo caso seguir de frente, es decir conservando la posición referida en todo el trayecto que recorra al desfilar durante la ceremonia respectiva.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes.

Consideraciones

1. Los tiempos modernos traen avances que no se pueden desdeñar, pero ha contribuido a la pérdida de valores. Hay que promover el retorno de los símbolos patrios, por ejemplo, la bandera no solamente es una tela de tres colores, es un icono cargado de simbolismo: es la sangre derramada para promover la esperanza en una vida mejor para las presentes y futuras generaciones de mexicanos. Es ofrendar la vida y luchar hasta la muerte por la soberanía y la libertad, así como por la solidaridad.

2. La Organización Editorial Mexicana realizó una investigación que escuchó las voces de funcionarios de educación pública, maestros, padres, sociólogos y pedagogos: todos alertan que están en riesgo la identidad nacional y sus símbolos patrios. Es notable la pérdida de valores y la falta de cultura cívica, por lo que plantearon revalorar la memoria histórica y conceptos como la solidaridad, el respeto, la lealtad y la soberanía.

3. El artículo 7 de la Ley General de Educación nos menciona, que la educación que debe impartir el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con validez oficial, tiene como fin fortalecer la conciencia de la nacionalidad, la soberanía, el aprecio y valoración por la historia, los símbolos patrios, instituciones nacionales, tradiciones y particularidades culturales.

La educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, los siguientes:

...

Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;

...

4. La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece en el artículo 10, que el 24 de febrero es Día de la Bandera Nacional, por lo cual en este día se deberán transmitir programas especiales en la radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la Bandera Nacional.

El 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la Bandera Nacional. En esta fecha, los poderes de los tres órdenes de gobierno realizarán jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la Bandera Nacional.

5. La Ley sobre el Escudo la Bandera y el Himno Nacionales establece en el artículo 11 que las instituciones de las dependencias y entidades civiles de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios deberán rendir honores a la Bandera Nacional los días 24 de febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada año, independientemente del izamiento del lábaro patrio que marca el calendario del artículo 18, acto que podra hacerse sin honores.

En las instituciones de las dependencias y entidades civiles de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios se rendirán honores a la Bandera Nacional en los términos de esta ley y con carácter obligatorio los días 24 de febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada año, independientemente del izamiento del lábaro patrio que marca el calendario del artículo 18, acto que podra hacerse sin honores.

6. La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece en el artículo 15, que en las fechas declaradas solemnes para toda la nación, deberá izarse la Bandera Nacional, a toda o a media asta, según se trate de festividad o duelo, respectivamente, en escuelas, templos y demás edificios públicos, así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México. Todas las naves aéreas y marítimas mexicanas, portarán la Bandera Nacional y la usarán conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables. A su vez las autoridades educativas federales, estatales y municipales, dispondrán que en las instituciones de enseñanza elemental, media y superior, se rindan honores a la Bandera Nacional los lunes, al inicio de labores escolares

7. La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece en el artículo 21, que es obligatorio para todos los planteles educativos del país, oficiales o particulares, poseer una Bandera Nacional, con objeto de utilizarla en actos cívicos y afirmar entre los alumnos el culto y respeto que a ella se le debe profesar.

Es obligatorio para todos los planteles educativos del país, oficiales o particulares, poseer una Bandera Nacional, con objeto de utilizarla en actos cívicos y afirmar entre los alumnos el culto y respeto que a ella se le debe profesar.

8. La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece en el artículo 32, que los particulares podrán usar la Bandera Nacional en sus vehículos, exhibirla en sus lugares de residencia o de trabajo, en dichos casos la bandera podrá ser de cualquier dimensión y con el escudo impreso en blanco y negro, asimismo el particular observará el respeto que corresponde al símbolo nacional y tendrá cuidado en su manejo y pulcritud.

Los particulares podrán usar la Bandera Nacional en sus vehículos, exhibirla en sus lugares de residencia o de trabajo. En estos casos la bandera podrá ser de cualquier dimensión y con el escudo impreso en blanco y negro. El particular observará el respeto que corresponde al símbolo nacional y tendrá cuidado en su manejo y pulcritud.

9. Por lo que el estado tiene la obligación de impartir la educación, de organizar las enseñanzas y las actividades, de forma que permita crear en la sociedad un mejoramiento económico, social, sustentar los ideales de fraternidad e igualdad además de alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, cabe mencionar que la educación es el medio idóneo para adquirir, transmitir, acrecentar y fortalecer la conciencia de la nacionalidad, la soberanía, el aprecio y valoración por la historia, los símbolos patrios y tradiciones. Por lo que el amor a la patria no debe ser de carácter obligatorio, ya que éste se va fomentando desde la niñez con el respeto y honor de su historia, sus tradiciones, su idioma etcétera. Es por ello que los ciudadanos pueden usar la Bandera Nacional en sus vehículos, exhibirla en sus lugares de residencia o de trabajo, sin tener la obligación de hacerlo, simple y sencillamente lo hacen por amor a la patria.

Es por los argumentos esgrimidos con anterioridad, por lo que los integrantes de la Comisión de Gobernación, consideran viable la reforma propuesta por el iniciador, motivo por el cual someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

En todas las ceremonias y actos oficiales en que se rindan honores a la Bandera, los presentes deberán permanecer siempre de frente a la misma, debiendo seguirle de frente durante todo el trayecto en que ésta desfile.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a siete de diciembre de dos mil once.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas, Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Sergio Mancilla Zayas (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Nancy González Ulloa, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Gregorio Hurtado Leija, Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Arturo Zamora Jiménez.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿No hay ningún legislador que fundamente el dictamen? Diputado Juan José Guerra, ¿usted va a fundamentar el dictamen?

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): No, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: No. Al no haber nadie que lo fundamente, entonces vamos a entrar a la discusión en lo general y en lo particular.

Se han inscrito para hablar en contra del dictamen el diputado Jaime Cárdenas Gracia, el diputado Di Costanzo Armenta y el diputado Fernández Noroña. A favor el diputado Juan José Guerra Abud, la diputada María de Lourdes Reynoso Femat y el diputado Emilio Serrano Jiménez.

Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

Quisiéramos —permítame, por favor, un momento, señor diputado— agradecer y destacar la presencia, en este salón de sesiones, del Excelentísimo señor Suvat Chirapant, embajador del reino de Tailandia en México, quien asiste a una reunión de trabajo con el Grupo de Amistad México-Tailandia, que preside el diputado Omar Rodríguez Cisneros.

La Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida al señor embajador y hace votos por el fortalecimiento de las relaciones de amistad y diálogo entre ambas naciones. Sea usted bienvenido, señor embajador. Muchas gracias por su asistencia, de verdad.

Permíteme también —Jaime, perdón— saludar a alumnos de la escuela primaria Ford 15, de la colonia Las Palomas, del estado de México, invitados por el diputado Amador Monroy Estrada.

A alumnos de la escuela primaria del Estado de Tlaxcala, de la delegación Cuauhtémoc, DF, invitados por el diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas. Sean bienvenidos.

Ahora sí, muchas gracias, Jaime.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias. Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, creo que todos hemos leído la propuesta de reforma que está a discusión; es una reforma, una adición de un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El propósito de esta reforma es que las personas, los mexicanos que participen en ceremonias y actos oficiales en que se rindan honores a la Bandera permanezcan siempre de frente a la misma, a la Bandera, debiendo seguir de frente durante todo el trayecto en que ésta desfile.

Me parece una reforma de forma, una reforma que pretende incentivar lo que llaman los teóricos del derecho constitucional el sentimiento constitucional. Pero busca incentivar el sentimiento constitucional el respeto a los símbolos patrios a través de procedimientos formales, que las personas que participen en una ceremonia o en un acto oficial miren de frente a la Bandera.

Creo que hay otras formas un poco más profundas para garantizar el respeto a la patria, para garantizar el respeto al Estado, para garantizar el respeto a la Constitución, y esas vías tienen que ver con el respeto a la soberanía nacional, tienen que ver con la garantía plena y la defensa plena de los derechos fundamentales, tienen que ver con la promoción de los principios y los procedimientos democráticos.

Este dictamen se guía por aquella frase del clásico mexicano, que establece que la forma es fondo.

Prefiero el fondo a la forma; prefiero que incentivemos el sentimiento constitucional mediante la defensa, por ejemplo, de nuestros recursos naturales mediante la defensa de la independencia nacional, mediante la defensa de los derechos fundamentales, mediante la defensa de la democracia.

La pregunta es, ¿por qué en México no respetamos los símbolos patrios? ¿Por qué en México hay desobediencia al derecho y desobediencia a los principios constitucionales? Por una razón muy simple, porque las instituciones de este país no son creíbles y las instituciones de este país no son creíbles porque no se sustentan en la democracia, en el respeto a la independencia nacional, en el respeto a nuestros recursos naturales, porque las instituciones de este país no promueven con suficiencia los derechos fundamentales.

Les invito que voten en contra de este proyecto de decreto, porque es un proyecto de decreto que se queda en la forma y no va al fondo.

Nosotros no queremos, como grupo parlamentario, quedarnos en las apariencias, quedarnos en la simbología, queremos una defensa de la Constitución y de la patria, garantizándoles a todos los mexicanos el acceso a la alimentación, a la educación, a la cultura, al trabajo, y no estableciendo que en la ley correspondiente y la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, permanezcamos de pie y veamos a la bandera cuando estemos en una ceremonia oficial.

Tenemos que generar en esta Cámara condiciones distintas de vida, condiciones más democráticas y más respetuosas con los derechos sociales a los mexicanos, antes que proponer este tipo de cambios legislativos.

Creo además, por otra parte, que la majestad de la ley debe ser salvaguardada y que esta propuesta de reforma no es de carácter legal, esta propuesta de reforma es reglamentaria, pero no es de ley.

Dejemos a la ley, que la ley se encargue de los derechos fundamentales de la democracia y de cuestiones más trascendentes, y dejemos que los reglamentos se ocupen de estas materias.

Por lo anterior, compañeras diputadas y compañeros diputados, votaré en contra de esta propuesta, meramente simbólica y retórica, porque no se ocupa de la defensa de la Constitución ni de la defensa de la patria, como debiera hacerse. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista, para hablar en pro del dictamen, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan José Guerra Abud:Gracias, presidente, con su permiso. La bandera, el escudo y el himno, son nuestros símbolos patrios. Lo que hagamos para honrarlos y venerarlos, particularmente entre nuestra juventud, sin duda nos consolida como nación soberana.

Es difícil reconocerlo y espero que nadie se ofenda, pero debemos reconocer que nuestras fiestas nacionales se identifican más con un puente de vacaciones, que con la honra de la memoria de nuestros héroes o de nuestros símbolos, que nos identifican como nación.

Sin duda los puentes vacacionales estimulan la actividad económica y permiten el descanso y la convivencia entre familias, pero esto no impide que fomentemos los valores patrios, que sin duda y en consecuencia, promueven la civilidad, que tanta falta nos hace.

Un país en el que sus ciudadanos no amen a su patria o que no se sientan orgullosos de su nación y de su nacionalidad, es un país que pierde identidad y en consecuencia, se hace vulnerable; por esta razón, les pido que apoyen la propuesta para adicionar un párrafo al artículo 14 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que propone que en todas las ceremonias y actos oficiales en los que se rinda honores a la bandera, los presentes deberán permanecer siempre frente a la misma, debiendo seguirle de frente durante todo el trayecto que ésta desfile.

Colegas, una práctica común es que cuando se hacen este tipo de honores a la bandera en escuelas, en cualquier evento público, quienes están rindiendo estos honores están volteando a ver a quien encabeza la ceremonia, al director de la escuela, al presidente municipal o al gobernador, cuando realmente deberían de estar honrando a quien tienen que honrar, que es la bandera nacional, siguiéndola conforme la bandera va marchando en su ruta durante este homenaje.

Por eso, en el Partido Verde estamos convencidos y estoy seguro que ustedes también, que al honrar a nuestros símbolos patrios todos salimos ganando, México sale ganando. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Le pediría que no le esté dando la espalda a la bandera y que se voltee a ver la bandera, igual a todos los que están junto a usted.

Me parece que este tipo de dictámenes son cosméticos, son demagógicos y no porque esté en contra de respetar y hacer respetar los símbolos patrios, pero creo que si estamos en la casa donde se hacen las leyes, aquí debería de ser el primer lugar donde se respetaran los símbolos patrios.

Me pregunto si los respetamos, compañeros; si ahorita que precisamente se discute una iniciativa relativa a los símbolos patrios, el salón está medio vacío y otros cuantos están platicando probablemente cómo van a hacer su campaña.

Me parece que se respetan los símbolos patrios no entregando la soberanía nacional ni entregando el petróleo ni permitiendo que la DEA o que los Estados Unidos de América metan armas a México o que no entreguemos —como hemos entregado— nuestros recursos naturales; que velemos aquí por los símbolos patrios, respetando al pueblo de México, cosa que no se hace.

Ésta es una falta de respeto al pueblo de México. Que respetemos los símbolos patrios teniendo la conciencia de lo que es y de lo que debe ser un legislador.

Por eso estoy en contra de estas iniciativas cosméticas de que si los niños en la escuela no ven a la bandera cuando le están haciendo honores. Si aquí no venimos a las sesiones, metemos dictámenes en lo oscurito, nos pasamos el Reglamento por los pies.

Creo, compañeros, que debemos de reflexionar; este tipo de iniciativas y de dictámenes en nada contribuyen al desarrollo nacional, en nada contribuyen a reducir los 57 millones de pobres que ha generado este gobierno, en nada contribuyen a que las grandes empresas paguen impuestos, en nada contribuyen a que funcionarios corruptos estén ahora tratándose de cobijar, tratando de ser senadores o diputados y que todos los partidos los cobijen, les den alas, los pongan en los primeros lugares de la lista. En nada contribuyen al respeto a los símbolos patrios.

Que un gobierno esté empecinado en que no vuele Mexicana de Aviación; respetar a los símbolos patrios debería de ser respetar a la aerolínea bandera de este país, y la golpean diario los funcionarios de la SCT, le ponen piedras diario, y nosotros, ¿qué hacemos? Nos sentimos salvadores de la patria, porque estamos aprobando una iniciativa que hace que todo mundo vea a la bandera. Mejor respetémosla, compañeros, mejor respetemos la memoria de los héroes que hicieron de este país una patria. Respetémosla con nuestro trabajo diario y cumpliendo con nuestras obligaciones.

Por eso estoy en contra de esta iniciativa y estaré en contra de cualquier iniciativa que busque solamente maquillar el trabajo de la Cámara de Diputados. Cómo puede ser que el mismo día que recibimos del Senado la solicitud, aprobada por parte del Senado, para incrementar las cuotas al Fondo Monetario Internacional, hoy estemos discutiendo aquí respetos a la bandera y los símbolos patrios, cuando el Fondo Monetario Internacional ha pisoteado los símbolos patrios con sus políticas neoliberales absurdas; eso es respetar a los símbolos patrios.

Se quieren lavar la conciencia, compañeros. Nos hemos vuelto una oficialía de partes del Ejecutivo y una Cámara que está aquí nada más cumpliendo las ocurrencias y los caprichos de algunos diputados que se les ocurre alguna ley para que puedan platicar más adelante que ahora todos vemos a la bandera, porque ellos propusieron una iniciativa, aunque día a día estemos regalando nuestro petróleo. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra la diputada María de Lourdes Reynoso Femat, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, para hablar a favor del dictamen.

Están alumnos del Colegio Oparín, de la colonia de San Cristóbal, Centro, del estado de México, invitados por el diputado Noé Martín Vázquez Pérez. Bienvenidos sean ustedes.

Adelante diputada, por favor.

La diputada María de Lourdes Reynoso Femat:Con la anuencia de la Presidencia, señoras y señores legisladores, es nuestro deber como representantes populares fomentar el amor a la patria, a nuestro México y más en estos momentos.

Recalcando que es un deber constitucional expresarme, previsto en el artículo 3o. constitucional, a lo que se refiere dicho artículo. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

El dictamen que hoy se pone a su consideración de esta soberanía tiene como objeto adicionar un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para establecer que en todas las ceremonias y actos oficiales en que se rindan honores a la bandera, los presentes deberán permanecer siempre de frente a la misma debiendo seguirle de frente durante todo el trayecto en que ésta esté en el desfile.

Quisiera evocar a la memoria de mis compañeras y compañeros legisladores, rememorando su niñez, cuando por primera vez sintieron el orgullo de ser mexicanos e identificarse con la bandera y el himno nacional; recordar la primera vez que se cantó con fervor el himno nacional y que indudablemente te colocaste firmemente de pie, con toda la solemnidad e importancia que merece sentirse e identificarse como mexicana y mexicano.

Por tanto, esta reforma que incorpora expresamente en la ley una costumbre cívica, la de ponerse de pie al rendirse honores a la bandera, no tenemos ninguna duda que fomentará la unidad y la identidad nacional.

Para Acción Nacional es un compromiso apoyar y fomentar el amor a la nación y a sus símbolos, como recuerdo constante y permanente de que tenemos una nación por construir y acuerdos que alcanzar para el beneficio del pueblo; que sirvan este tipo de precisiones legislativas para reforzar nuestro compromiso como legisladores y que al discutir y aprobar cualquier asunto tengamos siempre presente el cúmulo de significados de la bandera nacional, incólume en el muro principal de este recinto para que resuene incesantemente el gran compromiso por los demás, antes que nuestro interés personal, de grupo o de partido.

Por lo anteriormente expuesto, solicito su voto a favor del proyecto. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: A usted, diputada. Tiene la palabra, para hablar en contra del dictamen, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, reconozco que la iniciativa presentada por el diputado Guerra Abud, es una iniciativa bien intencionada; creo que es real que haya una pérdida de los valores que nos han dado identidad, que nos dan cohesión, que nos han dado patria. Me parece que parte del nivel de deterioro que vive el país está en esa pérdida de identidad.

Hoy, por ejemplo, decir que el petróleo debe ser de nuestra patria, de nuestra nación, hay quien dice que es una soberanía o un nacionalismo trasnochado; no se entiende la importancia de esa riqueza nacional ni se entiende la gravedad de estarlo entregando a las trasnacionales del petróleo.

También con un mundo que le llaman globalizado, con estos anglicismos, universalizados diríamos en castellano, se plantea que todo asunto de soberanía, de nacionalidad, de independencia, de estados nacionales, son asuntos del pasado. No es así.

Por lo mismo, aunque comparto la preocupación del diputado Guerra, me parece que la solución es una solución, inclusive, impráctica; si aquí hubiese honores a la bandera, como los hay, nosotros tendríamos que atender a dos símbolos patrios, el que ande circulando y el que está a nuestra espalda. Entonces, algunos de nosotros tendríamos dificultades para estar siempre viendo de frente a dos símbolos patrios.

Pero voy al fondo que plantean mis compañeros y compañeras, sí se requiere devolver el honor y el orgullo a nuestros símbolos, y el honor y el orgullo de ser mexicanos.

¿Será sólo con esta formalidad o será que tenemos que rescatar a muchos de nuestros principales valores y compromisos? ¿No tendríamos que defender a las instituciones surgidas de la Revolución? ¿No tendríamos que defender y fortalecer a los principales instrumentos de acceso a educación para todos, de seguridad social, de cobertura universal, de empleos bien pagados?

¿No tendría que ser —como lo dije al principio de esta sesión— que se resolvieran olvidos tan graves como el que Ignacio Ramírez, El Nigromante, no esté en los muros de esta Cámara de Diputados? Uno de los grandes y poderosos pensadores de este tiempo, que si sus iniciativas en educación, que si sus iniciativas en Estado laico, que si sus iniciativas en protección de los pueblos indios, que si sus iniciativas en torno a la igualdad de hombres y mujeres, hoy en este fecha fueran aprobadas, seguirían siendo de avanzada, seguirían siendo reformas que apoyarían al mejor desarrollo de nuestro pueblo y generarían condiciones de justicia, de igualdad, de libertades plenas.

Un hombre como él, que si hubiese nacido en otro país estaría señalado como uno de los grandes pensadores, aportadores al conocimiento de la humanidad, está absolutamente olvidado en nuestra patria.

Así es que hago una modesta contribución a nuestro nacionalismo, compañeras y compañeras; les recomiendo a los que no leen mucho una versión fácil de Ignacio Ramírez, La nueva República, escrita por Emilio Arellano, de editorial Planeta.

Les juro que si lo leen, es una lástima que no haya tenido acceso a estos documentos cuando empezó esta Legislatura, si no les hubiera ido mucho peor a los conservadores de esta soberanía.

Para los que son más lectores, les recomiendo éste de Ignacio Ramírez, del Fondo de Cultura, Contextos, de él, extraordinario pensador, extraordinario hombre de la Reforma, un orgullo para los mexicanos que un hombre así se haya desarrollado en nuestra tierra.

Creo que de esta manera podríamos honrar más a nuestros símbolos, a nuestra patria, a nuestra soberanía, a nuestro país, a nuestro pueblo, además luchando por condiciones de igualdad, de justicia, libertad, de acabar con la simulación, con la corrupción, con el hambre, con la desesperanza, con la miseria y con atrocidades, como la que dije también hace rato: se le da al Fondo Monetario Internacional para la Unión Europea 145 por ciento más de los miles de millones de dólares, mientras nuestro pueblo se muere de hambre.

Habrase visto desvergüenza, habrase visto absurdo, habrase visto ignominia. Eso es lo que lacera nuestra patria y no el que no se vea de frente a la bandera.

Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Guerra Abud.

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Presidente, lo que quiero es comentar, hacer una rectificación de hechos.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Permítame, lo anoto y es al final de la lista. Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen, hasta por cinco minutos.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Con su venia, diputado presidente. Debatir con Jaime Cárdenas, con los diputados Fernández Noroña, Mario di Costanzo, es un honor, pero muy difícil; además es un honor, porque en el 95 por ciento de su exposición tienen razón y esto debe de servir de pretexto para que reflexionemos el porqué de nuestra descomposición social, la pérdida de nuestros valores, la desintegración familiar, la falta de identidad que tenemos como mexicanos, la falta del respeto a nuestros símbolos patrios.

Creo que es importante que este pretexto que tenemos en esta iniciativa nos sirva para hacer esta reflexión: en qué vamos a contribuir las diputadas y los diputados para rescatar los valores que estamos perdiendo; el respeto, la honradez, la honestidad, la moral, la ética y desde luego, el reconocimiento a nuestros símbolos patrios.

El escudo nacional, la bandera, el himno nacional, son nuestros símbolos patrios, los que nos deben de marcar la identidad, pero efectivamente la manera de honrarlos es no robando, no mintiendo, no abusando, no vendiendo la patria.

¿Dónde está la memoria de los héroes que nos legaron patria y libertad, si la estamos manchando cada día al permitir el saqueo indiscriminado del país? ¿Protegiendo a los delincuentes, a los rateros y vendepatrias, y como decía Mario, protegiéndolos, dándoles fuero? Esto creo que se debe de terminar.

Estamos escribiendo páginas en la historia de México esta LXI Legislatura, ¿y qué vamos a poner? Que no legislamos como debería de ser, que no pusimos trabas a los saqueadores, a los mentirosos, a los tranzas, a los abusivos, y efectivamente nosotros, los diputados, las diputadas, debemos ser los primeros, las primeras, que respetemos las leyes; sin embargo, no lo hacemos.

Repito, esta iniciativa, este dictamen, este debate, nos debe de servir para esa reflexión: cómo vamos a contribuir todas y todos al rescate y el respeto a nuestros símbolos patrios. Hace falta esa reforma.

Hemos visto cómo cuando éramos niños teníamos educación cívica y nos enseñaban a venerar a los héroes, a respetar los símbolos patrios, y para nosotros los niños, el ver la bandera, escuchar el himno nacional o entonarlo, ver el escudo nacional era de absoluto respeto, y ahora nos importa poco que se entone el himno nacional, no en posición de firmes, haciendo una serie de señas que faltan a la ley; si pasa la bandera ni cuenta nos damos.

Qué bueno que nos obliguen a guardar ese respeto a la bandera, a saber entonar el himno nacional y saber qué significa el escudo nacional. Eso es parte de nuestra identidad como mexicanos.

El día que de veras tengamos identidad vamos a hacer respetar nuestras leyes, nuestro patrimonio y vamos a hacer respetar la imagen y el nombre de México. Está en nuestras manos. Mi voto será a favor. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muy bien, diputado. Tiene la palabra, para hablar a favor, la diputada Silvia Fernández Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada Silvia Fernández Martínez:Los valores fundamentales del individuo son inculcados desde sus hogares, además, son la carta de presentación de una persona ante la sociedad; portamos como estandarte nuestro actuar en la vida cotidiana, pues es el reflejo de la educación que poseemos.

Entre estos valores destaco la honestidad, el respeto y el amor, ya que son las herramientas básicas con las cuales habremos de enfrentar al mundo; por eso, a los niños que inician la vida escolar no solamente debemos enseñarles un buen comportamiento o el valor de la integridad, también deben saber que el amor y respeto a los símbolos nacionales nos determinan, porque sabemos de dónde venimos y a dónde vamos; porque los símbolos nacionales nos recuerdan que vivimos en una nación independiente, libre y soberana, y que para lograr estas virtudes fue necesario el derramamiento de la sangre de nuestros héroes nacionales.

Una verdadera política nacional en lo referente a la educación coloca entre sus preceptos fortalecer la conciencia de la nacionalidad y la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales. Así como la valoración de las tradiciones y particularidades de las diversas regiones del país. Sin embargo, estamos ante una crisis de valores.

Precisamente por lo anterior, los diputados del PRI reconocemos el valor de la temática de esta iniciativa, que está cimentada en fortalecer y salvaguardar los valores en el ser humano e inculcar amor y respeto por los símbolos que nos legaron los fundadores de nuestra gran nación.

Hemos de reconocer, por si estuviera de más, que son los más competitivos en cuestión de forma y fondo en el mundo; es importante decir que los tres símbolos —como su nombre lo dice— tienen un fondo histórico que siembra en cada mexicano el orgullo y la esperanza.

Con el interminable avance de las tecnologías, en un mundo globalizado, los valores y la identidad de las naciones se ven cada vez más mermados, y es visible la confusión de las fronteras, tanto por la absorción de diversas tradiciones como por la exportación de otras tantas.

En ese orden de ideas, la preocupación de los impulsores de esta iniciativa es que se pierdan las bases que rigen nuestro compromiso como mexicanos; por tanto, el objetivo es sembrar en los niños y las niñas el nacionalismo y el cariño por los símbolos nacionales, sobre todo que sepan brindar respeto y darle el valor que tiene, en particular, en este caso, la bandera nacional.

Nuestra bandera es el primer símbolo de identidad, legado por los próceres de la Independencia, y que en estos días en que vivimos sumergidos en una ola de violencia, falta de identidad y valores, en donde la constante es la depreciación del sentimiento nacionalista, resulta importante retomar su significado para los mexicanos, puesto que somos un equipo fecundo y diverso, que sin miramientos sabe luchar por su patria, pero que a últimas fechas ha sido mal encaminado. Tal es el caso de que ha sido utilizada como estandarte de una guerra fallida contra la delincuencia.

La bandera es, por supuesto, símbolo de identidad nacional, cuya confección simbólica es producto de la mezcla de alegorías provenientes de varias civilizaciones; sus colores están grabados en el corazón de un pueblo unido en su diversidad, de un pueblo dueño de su destino y de un pueblo fuerte y con espíritu triunfador.

Es por ello que resulta imperante fomentar entre cada uno de los connacionales el amor y respeto por los símbolos patrios, que nos hacen recordar que somos una nación tan grande y plural, que nos permitirá recuperar la esperanza y la libertad, y que ahora que nos es negada y que teniendo nuestro lábaro patrio como signo de lucha y combate reflejará, donde quiera que ondeé, el ideal de libertad.

Por ello, el mirar de frente y en todo momento a la Bandera es rendirle sonoro y sentido homenaje a cada uno de los personajes que defendieron nuestra libertad, fomentado así la identidad y el nacionalismo, que tan importante es ahora como hace un siglo.

De modo que a nombre del Partido Revolucionario Institucional nos sumamos a la lucha por defender el respeto a las instituciones, porque vemos tristemente cómo se van desmoronando, y de esta manera no es factible crecer como país; necesitamos involucrar a nuestros niños y niñas en lo que pasa en México, para que se forjen una idea clara y sensata de lo que debe hacer un gobierno y sepan elegir para ir construyendo un mejor futuro. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Juan José Guerra Abud, desde su curul, para rectificación de hechos.

El diputado Juan José Guerra Abud(desde la curul): Gracias, presidente. Nada más, por un lado, darle las gracias al diputado Fernández Noroña, porque él considera que es una iniciativa bien intencionada. Sí, es una iniciativa bien intencionada.

Punto dos, sobre la duda que él tenía, si por ejemplo ustedes en la Mesa Directiva en todo momento tenían que estar volteando hacia la Bandera, aclaro que el artículo 14 especifica única y exclusivamente cuando se le rindan honores a la Bandera, en el momento en que se rinden honores a la Bandera es cuando los asistentes tienen que dirigirse hacia ella para honrarla como es debido. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

TRABAJADORES EX BRACEROS

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sonido a la curul de la diputada Hilaria Domínguez.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu(desde la curul): Gracias, diputado presidente, por autorizarme desde mi curul el uso de la palabra. Quiero expresar a esta soberanía mi enérgica protesta y un extrañamiento.

Los hermanos ex braceros mexicanos tienen 50 años y han pasado por muchas vicisitudes, por muchas insolencias y también por muchas humillaciones; ellos emprendieron una gran lucha para que se les regresara, fruto de su trabajo, el 10 por ciento.

Emprendimos, nos sumamos muchos a esta lucha y en el 2005 tuve la oportunidad en la LIX Legislatura de impulsar la Ley que creo el Fideicomiso del Fondo Social de Trabajadores Migratorios Braceros 1942-1964, y también proponer el primer presupuesto de 300 millones de pesos, que era para lo único que nos aprobaron.

A partir de 2005 hasta el 2010, fueron 300 millones de pesos que el Ejecutivo federal traía a esta soberanía.

Fue en el 2010, aquí, en este mismo lugar, a las cuatro de la mañana, en donde en una moción suspensiva de tres horas luchamos; primero, por 500 millones de pesos y después, por 400, para hacer un total de mil 200 millones de pesos.

Hicimos reformas en la Ley Especial de Braceros Mexicanos, las y los diputados trabajamos; uno, en una reforma para mandatar a un representante del Poder Legislativo ante el Comité Técnico, y dos, encontramos que el presidente de la República les pagaba 4 mil pesos, no 38, por un año, hasta por 10 años.

En esta misma tribuna demandamos que se pagaran los 38 mil pesos y como no se hizo, reformamos la ley y le mandatamos al Ejecutivo nosotros que pagara los 38 mil pesos a quien no se le había pagado y 34 al que le había entregado los 4 mil pesos. Pruebas fehacientes.

El día 2 de marzo fueron publicadas las listas en el Diario Oficial de la Federación y son 86 mil 536 ex braceros que se les pagaron 34 mil pesos.

Hoy vengo a expresar mi desagrado, mi enojo, que el Ejecutivo federal se apropie de un programa que ha sido fruto de una negociación de esta LXI Legislatura.

Un extrañamiento, porque es grave; el viernes 24 de febrero tuvimos una reunión en el fideicomiso 21 06 de Gobernación y quedamos en un acuerdo formal, que no se partidizara ni un recurso de nuestros hermanos ex braceros, que no se partidizara, y quedemos, además, de que se publicarían las listas del 2 al 15 y que al otro día se pagara a nuestros hermanos ex braceros.

¿Qué pasó? El día 2 de marzo publican las listas y solamente tienen la página abierta viernes y sábado y la bloquean domingo y lunes y la siguen bloqueando el día de hoy.

Lo que es peor, en Michoacán hacen un simulacro de entregar los recursos.

No los puede entregar nadie, porque la propia ley dice que solamente las ventanillas autorizadas, y las ventanillas autorizadas fue Bansefi, que fue el 24 de febrero la última reunión del comité autorizada para ser la fiduciaria y dispersora para las dos ventanillas únicas autorizadas.

Las sucursales Bansefi en todo el territorio nacional, las cajas de ahorro, Red de la Gente, que son 2 mil 400 cajas instaladas en todo el país, que son las únicas ventanillas autorizadas para pagarles a nuestros hermanos ex braceros.

Debo de informar que nadie tenía que pagar ni simulando ni en simulacro. Absolutamente tienen que ser las ventanillas.

Estos son recursos que nosotros aquí aprobamos y no permito, porque lo más grave, diputado presidente, es que ya nos hablaron los hermanos ex braceros y una vez más han sido engañados. No hay ni un recurso en las sucursales Bansefi, hasta este momento ni en las cajas de ahorro Red de la Gente.

Me dicen que posiblemente los depositen hasta el jueves o el viernes; entonces, ¿para qué publican la lista y para que dice el Ejecutivo federal que ya se les está pagando? Otra vez vil engaño y esto no se vale.

Por eso, presidente, un extrañamiento. Acuérdese que en esta tribuna propuse y vinieron mis compañeros diputados del PRD y del PT, junto con el PRI, a demandar 4 mil millones de pesos y los que se opusieron fueron ustedes, rajones, no quisieron, vinieron a protestar panuchos, vinieron a protestar que porque les quitábamos los 4 mil de la alimentación y ahora resulta que son los que llevan en estandarte de los hermanos ex braceros. No es verdad.

Me disgusta enormemente, porque hemos cuidado celosamente este programa, porque se trata de nuestros hermanos ex braceros, que el más pequeño tiene 78 años y los demás tienen 80 y 100 años y hemos cuidado, junto con el presidente de la Comisión de Ex Braceros y junto con mis compañeras y compañeros diputados, que este dinero sea dado.

De aquí salió, de esta soberanía y es la única que tiene la tutela del apoyo social de los trabajadores migratorios mexicanos, ex braceros de 1942 a 1964 y que no tiene nada de qué presumir Acción Nacional, cuando cobardemente nunca quisieron aprobar el presupuesto. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Han solicitado la palabra, para este tema de braceros, varios compañeros.

Como obliga la intervención de la diputada Hilaria, voy a dar la palabra a un compañero por bancada que quiera participar para que fije la postura. Diputado Samuel Herrera.

El diputado Samuel Herrera Chávez(desde la curul): Diputado presidente, para mencionar que los diputados del PRD hemos hecho un esfuerzo importante para aprobar más de 5 mil millones de pesos para que se haga justicia y se acabe con esta vergüenza nacional.

Pero es impensable que el presidente haya dicho, con una actitud electorera, que fue una atribución suya; por eso hoy denunciamos aquí y ante todos los diputados de la LXI Legislatura este oprobio y esta intromisión del Ejecutivo, cuando no es un esfuerzo del Ejecutivo, es un esfuerzo de los 500 diputados de la LXI Legislatura.

Para empezar, todos los acuerdos establecidos entre la Secretaría de Gobernación y la Comisión Especial de Ex Braceros de esta Legislatura fueron desconocidos. De nada valieron reuniones y compromisos del subsecretario de Gobernación Obdulio Ávila, aun cuando se estableció que quedaban como compromisos entre las partes en beneficio de los ex braceros.

Se había decidido conjuntamente el cambio de fiduciaria y sería Banjercito; ahora es Bansefi; se mantendría Telecompra a la entrega de los recursos a los ex braceros en ventanilla y ahora se eliminó sin consulta y ahora se pagará a través de Bansefi y de sus cajas de ahorro.

Ahora han ido los ex braceros y no hay ninguna información en Bansefi y en las cajas de ahorro.

Se decía que se publicaría en un solo listado, el 40, contando y pagando a 180 mil 352 ex braceros; se publicaron tres listados, el 40, 41 y 42, con 105 mil 552 ex braceros.

Hay una diferencia de 2 mil 800 ex braceros menos de los comprometidos a publicarse, ¿cómo se les va a pagar a esos faltantes dos mil 800 ex braceros?

Más 5 mil 621 ex braceros que no cobraron, publicados en la lista del año 2011 y que se tenían que volver a publicar en el Diario Oficial de la Federación, no se han publicado.

Es el caso de Zacatecas, que se habían publicado 9 mil y aparecen nomás 7 mil 700, y hay faltantes en otros estados.

El listado 40 se publicaría el 15 de marzo y se iniciaría el pago al siguiente día; se publicaron los tres listados, el 40, el 41 y el 42, el viernes 2 de marzo y se inició el pago el 4 de marzo, pero hasta ahorita no se ha pagado ni un quinto ni un centavo a ex braceros.

Se utilizarían 721 millones 848 mil pesos para el listado 40. Se utilizarían para el listado número 41, 2 mil 942 millones 224 mil pesos. Para el listado 42 se utilizaría la cantidad de 547 mil pesos. En total, se ocupan 3 mil 664 millones de pesos y se habían comprometido a aplicar 3 mil 816 millones de pesos. Además de que no se sabe qué pasó con los 191 millones de pesos de los 5 mil 600 ex braceros que no han cobrado en 2011 y que tenían que haberse aplicado antes de esta fecha.

Hubo un compromiso de la comisión que participaría en la capacitación para el personal que atiende a las 32 mesas de atención y orientación, una por cada estado de la República y no hubo el llamado. No se han instalado las 31 mesas para corregir los nombres y los apellidos de los ex braceros.

En general, se concluye que la Secretaría de Gobernación no respeto los acuerdos con la Comisión Especial de Ex Braceros, aunque el fin es pagar a los ex braceros, no se justifica la actitud de la Secretaría de Gobernación.

En este marco, se celebra sin presencia de ningún integrante de la Comisión de Ex braceros de la Cámara de Diputados un acto partidista en Michoacán, donde el presidente ha fraccionado los pagos a ex braceros.

La reunión del 4 de marzo en Zamora, Michoacán, en donde Calderón anuncia el arranque de los pagos y anuncia los diferentes nuevos acuerdos mencionados anteriormente, sin ser ventanilla para pagar.

La reunión de Zamora es una utilización electoral una vez más de Felipe Calderón, de manera unilateral para este programa, cuando se han establecido compromisos de no utilizar electoralmente este programa entre Gobernación y la Comisión de Ex Braceros, incluso de refilón reconoce el trabajo de la Cámara de Diputados, frente donde presume de ser su gobierno quien paga a los ex braceros con tarjetas, cuando la realidad es que el dinero del ahorro de los ex braceros se lo robaron. Pero no lo dice, y no es el gobierno sino los contribuyentes quienes al final están pagando esta deuda con los ex braceros, porque la partida presupuestal de 3 mil 800 millones de pesos son aprobadas con dinero de los contribuyentes.

Por eso, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, quien ha hecho esfuerzos para contribuir al pago de los ex braceros para que se haga justicia y se acabe con esta vergüenza nacional, damos el más rotundo extrañamiento y repudiamos la actitud que se hizo en Zamora, un acto partidista electoral en contra de los ex braceros. Sería cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Leonardo Guillén.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina(desde la curul): Gracias, diputado presidente. En primer lugar, quiero reconocer el esfuerzo de todos los compañeros diputados, de todos los grupos parlamentarios, de todos los que están aquí presentes, que efectivamente compartimos al 100 por ciento la sensibilidad, la responsabilidad que tenemos que tener con nuestros hermanos ex braceros. En eso compartimos, insisto, totalmente lo que aquí se comenta. Tenemos que ser responsables en este ejercicio, en esta responsabilidad.

Sin embargo, creo conveniente, diputado presidente, que hagamos un poquito de historia, la iniciativa, la propuesta de iniciativa, el proyecto del decreto de Presupuesto de Egresos para este 2012, la presenta el Ejecutivo federal por el monto que aprobamos que supera los 3 mil 800 millones de pesos.

La responsabilidad de un gobierno federal fue en ese proyecto, diputado presidente, y hay que decirlo, los que estamos aquí lo aprobamos por ese monto, no hubo un centavo más aprobado aquí en Cámara de Diputados y no hubo en anteriores administraciones, solamente las que encabezaron el presidente Vicente Fox y la que encabeza el hoy presidente Felipe Calderón, son las que han atendido este sentido reclamo de los compañeros ex braceros.

Habría que preguntar aquí, si se le olvida a los que hoy reclaman al gobierno actual la historia del país, el cinismo con que aquellos ex presidentes, y saben bien que me refiero a aquellos de familia priista, López Portillo, Echeverría, así con ese coraje que lo comentan aquí, ¿por qué no les reclamaron a esos presidentes que le robaron el dinero a los mexicanos, que se llevaron ése dinero a sus mansiones, que no lo aplicaron a los ex braceros?

Eso, eso sería congruencia, quejarse porque unos días se tarda un trámite, es válido, y lo comento aquí, es válido.

El dinero está aprobado; el dinero en el presupuesto está aprobado, hay que ejercerlo así, pero no hay que olvidar que donde no les llegó ése dinero fue en esa época de los setentas, de los ochentas, y para qué les digo más, si aquí lo saben.

Entonces, el llamado, diputado presidente, a todos los compañeros diputados, es que le llamemos a las cosas como son; si antes lo que había eran unas ratas, pues así hay que llamarles; si hoy lo que hay son gobiernos cumplidos, hay que ayudarles a que así sea y no dejar abandonados a nuestros compañeros ex braceros; por ellos este esfuerzo.

Felicidades a los mexicanos, que hoy se les gobierna bien. Muchas gracias, diputado presidente.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Gracias, presidente. Mire, en nombre de mi compañero Enrique Ibarra, presidente de la Comisión de los Braceros, quiero sumarme, no solamente al extrañamiento a Felipe Calderón por lo que hizo este domingo pasado, sino la Cámara debería presentar una queja ante el IFE, porque se está aprovechando de un programa que aprobó la Cámara de Diputados con o sin el PAN; en este caso no contaban, como no han contado en los últimos 10 años en este país.

Pero es una queja, porque todavía el sábado en la noche la oficina de Enrique Ibarra estuvo en contacto con Gobernación y le dijeron que hasta la próxima semana se llevaría a cabo esta ceremonia, a la cual, obviamente, serían invitados los legisladores. O sea, fue un madruguete. Fue como lo que hacen siempre.

Asumieron la Presidencia y entraron por la puerta de atrás, y por la puerta de atrás siguen haciendo sus cosas, porque además las tarjetas que repartieron, las tarjetas de débito que repartieron no tienen saldo; entonces, es un engaño más, es un engaño más a la gente. No solamente se están violando los canales de cobro que estaban ya estipulados, sino que están dando tarjetas de débito sin saldo. Nuevamente vuelven a ser demagógicos y engañan a la gente.

Así como tienen su publicidad patito en la televisión, donde dicen que disminuyeron la deuda externa, vuelven a engañar, y no se vale que engañen a legisladores que encabezaron, junto con algunos legisladores del PRI, la defensa de los ex braceros.

Creo que no solamente amerita un extrañamiento a la oficina de Felipe Calderón, sino amerita una queja ante el IFE, y espero que ahora sí el PRI jale con esta queja ante el IFE, porque les quiero recordar que hacen menos de 15 días les prometió que no se iba a meter en el proceso electoral y menos de dos semanas después hace un acto evidentemente electorero, dando caravana con sombrero ajeno y repartiendo lo que no es de él.

Me parece muy grave, y me parece que esta Cámara ahora sí tiene que tomar una decisión y no solamente presentar este extrañamiento, sino una queja ante el IFE, porque ya basta de que se esté inmiscuyendo en el proceso electoral Felipe Calderón. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Compañeros, han solicitado la palabra una gran cantidad de legisladores, en un tema que evidentemente siendo muy sensible, pero no está agendado en el orden del día.

Permití que algunos legisladores, en el momento de la votación usaran la palabra para expresar algo que no sabíamos que iban a expresar, y que están en todo su derecho.

Quisiera sugerir que la Junta de Coordinación Política retome el tema y si hay interés nos lo haga llegar a la Mesa Directiva para poder incorporarlo en el orden del día.

Estamos en votación y vamos a concluir el trámite de la votación del proyecto de decreto; le pido a la Junta de Coordinación retome esta inquietud de muchos legisladores para que nos puedan hacer llegar en su caso, la incorporación de este punto a quien a muchos legisladores les parece importante. Continúe la Secretaría.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Ciérrese el sistema de votación. Diputado presidente, el resultado es: 325 votos en pro, 12 abstenciones, 7 en contra.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado en lo general y en lo particular por 325 votos el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se ha distribuido...

La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): Sobre este dictamen.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Perdón, estamos en otro punto del orden del día.

La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): Para rectificar mi voto.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Ya fue votado y publicado, diputada Dina.

Compañeros, les pido de favor que conociendo el Reglamento, algunos compañeros con una gran acuciosidad, nos sujetemos en la medida de lo posible al Reglamento. He sido muy flexible —les consta a los legisladores— en permitir un pleno ejercicio de la libertad de expresión, pero les pido que cuando estemos votando dictámenes nos sujetemos a los dictámenes que estamos votando; si no, no vamos a terminar con la productividad legislativa que nos requiere la ciudadanía.

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): No se respeta la libertad de expresión.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, si se respeta la libertad, dentro del Reglamento.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Compañeros, habíamos dejado el dictamen anterior en suspenso para que se distribuyeran las propuestas de modificación que había hecho la propia Comisión; una vez distribuidas las propuestas de la comisión que fueron aceptadas por la asamblea, se reanuda la discusión del proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo IV, que se denominará: Establecimiento y manejo de las concesiones marinas para la restauración, al título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.

Tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, hasta por cinco minutos.

Tenemos ocho oradores registrados en este punto; nos vamos a sujetar a los ocho oradores registrados previamente, tal como lo marca el Reglamento.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Perdón, tiene razón. Daré los nombres de los registrados. Detengan el reloj, por favor, del diputado, repónganle el tiempo, los siete segundos perdidos.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia, para hablar en contra, Gerardo Fernández Noroña, Alejandro Encinas Rodríguez y el diputado Mario di Costanzo Armenta.

Para hablar a favor, a la diputada Araceli Vázquez Camacho, a la diputada Ninfa Salinas Sada, a la diputada Susana Hurtado Vallejo y a la diputada Augusta Valentina Díaz de la Paz, son los ocho oradores a los que nos sujetaremos. Ah, Díaz de Rivera —también es de la paz.

Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, hasta por cinco minutos, para hablar en contra.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa, este proyecto de dictamen que se somete a nuestra consideración y que propone modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente plantea un tema de la mayor importancia sobre los recursos naturales que son propiedad de la nación; la propuesta de reforma intenta establecer condiciones para la restauración del medio ambiente en áreas marítimas, en áreas marinas, y dice que se trata de restauración.

Creo que por el propósito de este dictamen, en realidad de lo que se trata no es de la restauración del medio ambiente marino, sino de la explotación de los recursos; es decir, aquí estamos hablando con palabras que no reflejan el propósito del dictamen.

El dictamen tiene por propósito la explotación de recursos marinos y no su restauración, o la restauración en todo caso implica un objetivo secundario y derivado del principal objetivo, que es el de la explotación de estos recursos marinos.

La pregunta jurídica, la pregunta constitucional, la pregunta política y económica es, ¿quién debe explotar los recursos de la nación? Aquí se está permitiendo, en este dictamen, que a través de concesiones explotadas por sectores sociales y privados se exploten estos recursos.

Me parece que hemos perdido mucho en la defensa de nuestra nación, en la defensa de los elementos fundamentales de la nación, porque permitimos que particulares exploten los recursos de la nación.

Los recursos de la nación son bienes de todos y por lo tanto, son bienes que deben ser explotados en primer lugar por el Estado; es el Estado el que debe explotar estos recursos de la nación, porque se trata nada menos que de áreas estratégicas y de acuerdo con el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, las áreas estratégicas deben ser explotadas por el Estado.

En pocas palabras, este dictamen, con algunos matices de carácter social y cooperativo, lo que está proponiendo es la privatización de los recursos marinos.

Es verdad que fomenta y que promueve que sea el sector social, las cooperativas, los que se encarguen de la explotación de estos recursos marinos, pero se trata, al fin y al cabo, de una suerte de privatización por 20, por 30 años para explotar estos recursos.

Quiero decirles que lo adecuado hubiese sido, si se trata de evitar la explotación desmesurada, indebida de los recursos marinos, que el Estado se encargara de ello, porque este dictamen propone apoyos, subsidios para los sectores que se van a encargar de la restauración o explotación de estos recursos naturales.

También se establecen, en el dictamen, mecanismos de supervisión y vigilancia a cargo del sector público para que se cumplan los objetivos, los fines acordados en los documentos correspondientes de concesión.

Si el Estado va a invertir recursos vía subsidios, vía apoyos y si el Estado va a invertir también recursos posteriormente para supervisar el cumplimiento de las concesiones, mi pregunta es, ¿por qué no dejamos que el Estado, que el sector público se encargue de la restauración y la explotación de estos recursos?

Por ser un dictamen que abre la vía a la privatización de los recursos marinos es que votaré en contra de este dictamen.

Debemos recuperar el papel del Estado en la explotación de los recursos que son del dominio de la nación e impedir que sean sectores privados los que se encarguen de la explotación de recursos, que son de todos, que son recursos que deben beneficiar a la nación entera y no a unos cuantos; por su atención, muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: A usted, señor diputado. Tiene la palabra, para hablar en pro del dictamen, la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros, quisiera comentarles —hace un momento se hizo una crítica a la Comisión de Medio Ambiente, a los diputados que integramos esta Comisión—, les quiero comentar que siempre hemos trabajado reconociendo la pluralidad y reconociendo las diferencias, sin mayoritear, y quiero hacer un reconocimiento a la diputada Ninfa Salinas, presidenta, porque ha promovido un ambiente en donde podemos colaborar y podemos compartir para aportar nuestros puntos de vista cada uno de los partidos políticos.

Ahí soy minoría y sin embargo, nunca se ha mayoriteado; siempre estamos dispuestos a ver en qué podemos aportar, con la finalidad de beneficiar a los más débiles.

Ése es el caso de este dictamen; en este dictamen lo que estamos haciendo es incorporar a las comunidades indígenas, a las comunidades ejidales, a las cooperativas pesqueras para que sean ellos los principales beneficiarios de estas concesiones.

Estoy de acuerdo con el compañero Cárdenas, que me antecedió en el uso de la palabra, en donde la soberanía y la privatización están avanzando; sin embargo, esto a mí, como partido, como persona, me hizo mucho ruido y a pesar de eso nos sentamos y aportamos para enriquecer este dictamen, y así fue.

Ahora las enmiendas que estoy proponiendo y que abraza a la Comisión, son enmiendas para quitar simplemente el concepto de voluntarias; son concesiones marinas, porque el Estado las otorga ejerciendo su soberanía y se otorgan en sentido positivo y en sentido negativo. No consideramos que esté la palabra voluntaria y se cambia en varios artículos del dictamen.

También proponemos que en vez de particulares cambie, se modifique por concesionario, y en otro rubro proponemos que se incorporen y se expliciten las comunidades que viven cerca de las costas; es decir, a las cooperativas, a los ejidos, sin darles una prioridad, derecho de turno, se explicita que ellos tendrán el derecho de manejar, usufructuar de manera sustentable.

Les pido su voto a favor, porque lo consensamos, porque lo estuvimos analizando y de otra manera, a mes y medio de que concluya esta Legislatura se iría al limbo, se iría a la basura, y no podemos permitir que en la actualidad grandes empresas reciban concesiones, reciban permisos —por ejemplo, Fonatur— en varios lugares de nuestras costas, donde se está haciendo a un lado a las comunidades.

Lo que nosotros solicitamos es que primero se tomen en cuenta los intereses de estas comunidades y que sean ellos los beneficiarios, en el sentido de que reciban apoyos económicos para que manejen y exploten de manera sustentable esas costas y las columnas de agua.

Considero que es una buena iniciativa, es un buen dictamen y ojalá ustedes lo valoren, y ojalá que este mecanismo que utilizamos en esta comisión se reproduzca en otras comisiones, porque la competencia se da con la ciudadanía, la competencia está allá afuera.

Aquí debemos acordar, para bien, objetivos muy claros y en este caso es el beneficio, no solamente del ecosistema, de la flora y fauna marina y de la reproducción de este ecosistema, sino también de que en las concesiones, que ya se están dando en la práctica, se den primordialmente a concesionarios, que son las comunidades que viven, que son vecinos y que están usufructuando esas costas.

También tomemos en cuenta el cambio climático. El cambio climático que están recibiendo de manera bárbara estas comunidades y que no hay ningún apoyo. Muchísimas gracias; les pido su voto a favor.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, para hablar en contra del dictamen, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros, se han privatizado los ferrocarriles, se han privatizado las líneas aéreas, se han privatizado los aeropuertos y los puertos, se ha privatizado la Banca, se ha privatizado toda la industria que existía en el cobijo del Estado mexicano.

Ha habido privatizaciones tan brutales como la de los ferrocarriles, que dijeron que iban a ser los más modernos del mundo; son tan modernos que son invisibles, no existen, no hay transporte de pasajeros, transporte de mercaderías.

Se han privatizado las playas; ustedes van a cualquier lugar de veraneo y se encuentran con que las playas son de los hoteles, no son del pueblo, del lugar; no son del Estado mexicano, sino están entregadas a grandes transnacionales de la hotelería.

Ustedes van a Indonesia, que tiene unas playas bellísimas y hasta los más poderosos consorcios ni uno solo tiene playas, todos terminan antes de la playa y la gente tiene que salir. Aquí no, aquí los hoteles se apoderan de las playas de nuestro país.

Hoy, con una aparente buena intención, se plantea la entrega de los mares; en Zihuatanejo, la bahía, los pescadores llevan años peleando contra Fonatur que quiere entregarle a un gran proyecto transnacional la bahía del lugar, con una afectación de todos los pobladores, pescadores y prestadores de servicios de la zona; han estado haciendo una resistencia firme y decidida a este proyecto contrario a los intereses del pueblo de Zihuatanejo y de toda la zona de la costa grande de Guerrero.

Pongo este ejemplo, pero podría poner cualquier cantidad de ejemplos y éste solo dato debería ser suficiente para votar en contra de esta iniciativa, totalmente contraria a los intereses de nuestro pueblo y de nuestro país.

Pero el argumento que además da Jaime Cárdenas, de que quieren entrar por la puerta trasera a entregarle a las transnacionales del petróleo la explotación en el Golfo de México, me parece el colmo de la traición a los intereses nacionales.

Nos trajeron con el cuento de que no teníamos la tecnología para entrar en aguas profundas y entregaron todo: exploración, perforación, distribución.

Bueno, Ana Bell Hernández, ahora que está celebrando el Día de la Mujer, por cierto, Ana Lilia Pérez, perdón, con su libro: El cartel negro, y Ana Bell Hernández con su libro: Los señores del narco, haciendo una labor valentísima, sin ninguna cobertura del Estado mexicano.

Pero vuelvo al tema. Ahí se denuncia cómo el narco tiene el control de la distribución y el robo de los hidrocarburos, y sobre eso no se hace nada. Pero encima, se acaba de firmar un acuerdo transfronterizo, que en realidad es un eufemismo, para permitirle a Estados Unidos de América que venga a seguir saqueando el petróleo y ahora encima de eso, se quiere abrir las concesiones a particulares en aguas territoriales marítimas de nuestro país.

De verdad, compañeros y compañeras, esta soberanía algún día de su existencia, antes de que termine nuestro mandato, ¿se asumirá como lo que somos, representantes de la nación? ¿Se asumirá como defensores del patrimonio de nuestra República? ¿Se asumirá como defensor de los derechos de la mayoría de la población? Sé cuál es la respuesta, la respuesta es que no lo asumirá, no lo ha asumido en todo este tiempo, no lo asumirá en los estertores de su responsabilidad.

Pero no deja de ser una tragedia, no deja de ser una pena que se esté permitiendo la entrega de la riqueza; se entregaron las minas, se entregó la energía eléctrica, se ha entregado todo.

Díganme qué área sustantiva de la actividad económica del país no está entregado a las transnacionales, bajo el eufemismo de los particulares, a los grandes poderes del modelo económico rapaz y brutal que empobrece, que llena de hambre, de miseria y desesperanza nuestro territorio nacional.

Pero estas cosas no conmueven, lo único que conmueve a estas alturas es la búsqueda en su cúpula partidaria de un espacio para los siguientes años por venir; lo único que interesa es el interés personal y el estarse viendo al ombligo, el quedar bien con sus jefes en turno que son simples títeres de los rematadores del patrimonio nacional.

Aquí no están los que deciden, aquí no están los que resuelven, aquí solamente están los que ejecutan los mandatos de la tragicomedia que estamos viviendo en el país. Lamentable papel, compañeros y compañeras. Muchas gracias por su atención.

Presidencia del diputado Bonifacio Herrera Rivera

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias a usted, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra, para hablar en pro del dictamen, al diputado Alejandro Carabias Icaza, hasta por cinco minutos.

Aprovechamos para saludar a un grupo de mujeres que nos visitan del municipio de Gómez Palacio, Durango, invitadas por la diputada Laura Estrada. Sean ustedes bienvenidas.

No se encuentra el diputado Carabias. Se le concede el uso de la palabra, para hablar en pro, a la diputada Susana Hurtado Vallejo; se le concede la palabra a la diputada Susana Hurtado Vallejo, hasta por cinco minutos para hablar en pro.

La diputada Susana Hurtado Vallejo:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna a solicitar su voto a favor del dictamen con proyecto de decreto sujeto a discusión.

El territorio nacional comprende importantes ecosistemas marinos y costeros, los cuales contribuyen con valiosos bienes y servicios ambientales, de los cuales depende nuestra sociedad, ya sea como fuente de alimento, para la regulación del clima o como importantes atractivos turísticos por su imponente biodiversidad.

Mantener nuestros recursos naturales y ecosistemas marinos y costeros es una prioridad para el país y para el mundo entero; los esfuerzos que se realizan actualmente para conservar y restaurar esos importantes ecosistemas y recursos son todavía muy insuficientes; aun más, tenemos el reto de conservarlos, cuando a las anteriores causas de su deterioro se suman fenómenos, como el cambio climático.

En las últimas décadas estos valiosos bienes y servicios se han ido deteriorando, teniendo consecuencias negativas para nuestra economía y para nuestros propios grupos sociales, especialmente aquellas comunidades costeras que viven y dependen de mantener el capital natural que representan estos ecosistemas.

Dicho proyecto, de acuerdo a este decreto que adopta el enfoque de política ambiental, deja a un lado la política de comando o control y crea un instrumento de vanguardia, tomando en cuenta que es necesaria la creación de diversos instrumentos de gestión ambiental, mediante los cuales se protege el medio ambiente y se protege del daño ambiental.

La concesión facilitará e incentivará a las comunidades costeras de México, usuarias directas y altamente dependientes de los recursos y servicios ambientales marinos para que participen activamente y sean corresponsables en su restauración y conservación.

La recuperación de los ecosistemas beneficiará para obtener mejores capturas de especies comerciales, tener lugares más atractivos para el turismo, para la educación ambiental y la investigación científica, además de que proporcionará mecanismos para cuidar los ecosistemas marinos, costeros y del cambio climático.

La concesión es un instrumento de ampliación que permite que los grupos sociales de estas comunidades costeras tengan la certeza jurídica necesaria para acceder a apoyos económicos que permitan mantener las actividades de restauración y conservación, similares a las que ya existen para el caso de los bosques en los esquemas de pagos por sus servicios ambientales.

La concesión de recuperación y restablecimiento son las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de estos ecosistemas y sus especies y representan también un mecanismo importante para los esfuerzos de adaptación al cambio climático.

Una de las recomendaciones que se han hecho dentro de las discusiones del cambio climático en México y a nivel mundial para ser más precisos y resistentes a las áreas marinas y sus ecosistemas es precisamente establecer áreas de restauración y conservación.

Con esta iniciativa se dan concesiones marinas para su propia restauración, ayudará a alcanzar este objetivo, con el aliciente de que ello es promovido desde las mismas comunidades, como parte de los esfuerzos para mantener sus medios de vida de los cuales depende su economía local y regional.

Como integrantes del Legislativo reconocemos que este tipo de iniciativas representan mecanismos de avanzada, por ser estrategias innovadoras, que permiten conservar nuestras áreas costeras y marinas en la participación activa de la sociedad y que dichos esfuerzos, de los cuales todos nos beneficiaremos, tengan los apoyos legales y económicos para seguirse realizando y expandiendo en el país.

Es por ello que nuestra fracción, la fracción del PRI, nos manifestamos y damos nuestro apoyo a esta iniciativa que hoy se presenta. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra, para hablar en contra, al diputado Alejandro Encinas Rodríguez.

Aprovechamos el espacio para saludar a invitados que nos visitan del estado de Hidalgo, invitados de nuestro compañero diputado Jorge Rojo García de Alba, sean bienvenidos.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, me he inscrito como orador en contra de los términos originales en los que se presentó este dictamen que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico, en materia de concesiones marítimas, porque considero que tiene insuficiencias jurídicas, que de acuerdo a lo que hemos concertado y que se ha venido atendiendo pueden resolverse con mucha facilidad.

En primer lugar, el dictamen habla de concesiones voluntarias. Ese concepto jurídico no existe en nuestra legislación, las concesiones son actos de autoridad y estos actos de autoridad se norman por la legislación correspondiente; por eso la insistencia en que se elimine el concepto de concesiones voluntarias, al igual de que se elimine la propuesta de referirse estrictamente a particulares, toda vez que tratándose de concesiones para la restauración del medio ambiente, éstas corresponden fundamentalmente al sector social de la economía.

Por eso, de acuerdo a lo que hemos venido conversando desde la sesión anterior, cuando se bajó este dictamen, el propósito fundamental es entender que los beneficiarios de este tipo de concesiones para la restauración tiene que ser el sector social de la economía y sustituyendo la palabra particulares por las de organización social, comunidades y cooperativas de pescadores, ejidos, comunidades, así como las comunidades indígenas, se salvaría este asunto.

Finalmente, para poder garantizar que estas concesiones en zonas marítimas puedan beneficiar particularmente a los usufructuarios del suelo, como son los ejidos, las comunidades indígenas, que son cerca del 80 por ciento de los litorales de nuestro país, hay que otorgarles un derecho preferencial o de tanto para verse beneficiado de las mismas.

Por lo cual, me parece correcto que se haga una modificación al artículo 87 Bis, en la fracción IX, para que el solicitante tenga su domicilio en la localidad adyacente a la columna de agua en la zona marítima.

Si estas modificaciones se hacen en lo particular, estoy convencido de que el dictamen puede ser aprobado, con la garantía de que los beneficiarios fundamentalmente de esta reforma serán los auténticos propietarios de estos bienes naturales que son fundamentalmente los ejidos y las comunidades indígenas del país. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, para hablar en pro del dictamen, la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera, hasta por cinco minutos.

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre propio y de los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vengo a esta tribuna a solicitar su voto a favor del dictamen con proyecto de decreto sujeto a discusión.

Los desequilibrios ecológicos existentes en los ecosistemas marinos han provocado lo que se conoce como efectos cascada, produciendo la pérdida de bienes y servicios ambientales de la biodiversidad marina, lo que genera un alto impacto ambiental, económico y de seguridad en las sociedades costeras.

Tales impactos pueden tener pérdidas hasta 10 veces mayores que el mismo valor de las actividades económicas en la pérdida de otros servicios ambientales, como es el de la protección de la zona costera de los arrecifes de coral, que protegen las zonas costeras contra tormentas y contra huracanes. Las comunidades costeras de México, usuarias directas y altamente dependientes de la conservación de estos recursos y sus servicios ambientales, son importantes aliadas en lograr su conservación y restauración, si se diseñan los instrumentos de política necesarios para ello.

En México, existen experiencias exitosas con las comunidades costeras de Loreto, Isla Natividad, Bahía Magdalena en Baja California Sur, así como el arrecife mesoamericano en Puerto Morelos, Sian Ka’an o Banco Chinchorro, en Quintana Roo, que son casos de reservas marinas voluntarias comunitarias dedicadas al uso y aprovechamiento de recursos marinos y costeros, que han establecido por su propia iniciativa reservas marinas para restaurar las zonas pesqueras y la biodiversidad marina de la que dependen.

En congruencia con el artículo 27 constitucional y derivado de la necesidad de crear figuras jurídicas en el mar con fines de restauración de ecosistemas, esta concesión busca respaldar jurídicamente los esfuerzos voluntarios que se llevan a cabo actualmente.

Consideramos que iniciativas, como la que se presenta actualmente, cumplen este importante papel y van en el camino correcto, frente a la dimensión de los retos que tenemos como país, pues busca que sean los mismos actores sociales quienes apliquen voluntariamente a la concesión y se hacen responsables de los objetivos acordados en el plan de manejo de la misma.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene a su vez la facultad de supervisar que dichos objetivos se cumplan conforme a estándares técnicos y que garanticen la restauración y conservación de los recursos y ecosistemas en la zona concesionada.

La restauración de zonas marinas es una medida que podrá enfrentar los efectos potencialmente adversos sobre la biodiversidad marina y costera de la acidificación de los océanos, que resulta de la concentración creciente de dióxido de carbono en la atmósfera y que está afectando ya a diversos países en el mundo, entre ellos a nuestro país.

Asimismo, dicho instrumento ayudará a cumplir con los compromisos de la Convención de Diversidad Biológica, de la cual México es parte y que durante la COP 10, de Nagoya, que fue efectuada en octubre de 2010, se estableció como objetivo el lograr la conservación, manejo y uso sustentable a largo plazo de los recursos marinos para salvaguardar la biodiversidad costera y marina y sus servicios ecosistémicos y medios de vida de las comunidades que dependen de ellos.

Por las razones señaladas, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitan el voto a favor de los diputados y diputadas de esta honorable asamblea. Muchas gracias; es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Diputada, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos para hablar en contra, al diputado Mario di Costanzo Armenta.

Aprovechamos para saludar a estudiantes del Telebachillerato Lindavista, municipio José Azueta, de Veracruz, invitados por nuestro compañero diputado Rafael Rodríguez González. Bienvenidos.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Hace menos de una hora aquí debatíamos sobre los símbolos patrios; hay unos que decían que el mirar de frente a la bandera y no darle la espalda es respetar la soberanía y los valores y a la patria. Creo que respetar la soberanía y los valores de la patria es no abrir la puerta de atrás para entregar los recursos naturales del país a empresas extranjeras.

Esto es lo que propone este dictamen, que además se ha hecho en lo oscurito, como se hacen las cosas en esta Cámara cuando llevan plan con maña.

Es absurdo que aquí en la tribuna se presenten correcciones de la comisión, sin que la presidenta de la comisión tenga idea de cuáles son estas correcciones. Todavía no se han dado cuenta de eso, compañeros, porque mentiras hay muchas.

Hace un rato refería mi compañero Gerardo Fernández, que se ha abierto la puerta de atrás para las privatizaciones; le contestaría que si se asumió la Presidencia por la puerta de atrás de esta Cámara, ¿qué podríamos esperar a lo largo de esta desgracia nacional, que ha sido este sexenio?

Pero más aún compañeros, más aún, ustedes recordarán también que hubo un debate sobre el petróleo, que aquí en esta tribuna muchos habrán afirmado que era imposible accesar a la tecnología de aguas profundas, que por eso había que llevar a cabo la reforma; hoy sale en varios medios que México está rentando la tecnología para perforar en aguas profundas; entonces, sí se podía acceder.

Entonces, hacen sus cosas en lo obscurito y por la puerta de atrás, como estas modificaciones, que por cierto, yo no he visto todavía; se les repartió a todos estas modificaciones, pero no a nombre de la comisión, están firmadas por una diputada. No están las firmas de la comisión ni éstas son a nombre de la comisión.

Me parece lamentable lo que estamos haciendo el día de hoy con este dictamen, porque muchas veces ni siquiera imaginamos las consecuencias de las modificaciones que estamos haciendo.

Dicen que el diablo está en los detalles y los detalles son los que se están cambiando y se están cambiando sin que nadie ponga la atención debida o el análisis debido y luego vienen las lamentaciones y luego vienen los porqué y luego vienen los grupos sociales y las organizaciones afectadas, no solamente porque ya no pueden entrar a las playas, sino porque no van a poder ya caminar sobre el territorio nacional, y eso es una vergüenza, eso sí es violar la soberanía del país y los símbolos patrios, por estar al servicio de unos cuantos que duplican sus fortunas, en un país donde hay 57 millones de pobres, y nosotros nos estamos haciendo corresponsables de eso, compañeros.

Por eso los invito a votar en contra de estas modificaciones, a votar en contra de este dictamen, y que esto se regrese, en su caso, a las comisiones y se hagan las cosas como el proceso parlamentario lo manda; que se vuelvan a discutir, que se corrijan y que no se suba un dictamen que estemos aquí corrigiendo y legislando sobre las rodillas.

Hoy es esto, mañana va a ser el Presupuesto o la Ley de Ingresos. No den pie a que se siga violando más la soberanía de este país y que se siga violando más al Poder Legislativo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones citadas.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas.

(Votación)

Presidencia del  diputado Jesús María Rodríguez Hernández

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Compañeros diputados, para mayor claridad, lo que estamos votando en este momento es el dictamen modificado por la Comisión; de tal suerte que no se ventiló como reserva, sino modificación al dictamen y es lo que la Secretaría, por acuerdo de la Presidencia ha presentado a discusión, etapa que se ha concluido y estamos votando el dictamen modificado.

Se entregó a cada uno de los diputados; si usted no lo tuviere, le pediría a la Secretaría General que le acerque un tanto de cada una de las modificaciones que se presentaron.

Compañero diputado, estamos en votación.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Ciérrese el sistema de votación electrónica. Señor presidente, se han emitido un total de 298 votos en pro, 23 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular por 298 votos el proyecto de decreto que adiciona un capítulo IV, que se denominará Establecimiento y manejo de las concesiones marinas para la restauración, al título segundo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Instruyo a la Secretaría dé cuenta del artículo 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Con su venia, presidente. Artículo 93. 1. El proyecto aprobado antes de que se remita a la Cámara de Senadores, al titular del Poder Ejecutivo federal o a las legislaturas de los estados no podrá modificarse, salvo para hacer las correcciones que demanden el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes o decretos. Dichas modificaciones no podrán cambiar o variar el sentido de lo aprobado y deberán ser ordenadas por la Mesa Directiva. Las modificaciones sólo las podrá realizar la comisión que dictamina en un plazo de 5 días a partir de su aprobación. En el caso de que sean varias las comisiones encargadas de presentar el dictamen será la primera en el turno la indicada para elaborar las correcciones. Las modificaciones realizadas al proyecto deberán publicarse en la Gaceta.

2. Si uno o varios integrantes de la comisión o comisiones dictaminadoras discrepan de la mayoría en cuanto a las correcciones introducidas al proyecto, lo comunicará al presidente para que éste someta tales correcciones a la votación del pleno. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. En consecuencia, se instruye a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que —de conformidad con el artículo 93 del Reglamento— armonice la correcta redacción del proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2122que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 57, 58 y 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 78, 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero.En la sesión plenaria celebrada el día 28 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 57, 58 y 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.En esa misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar quien propuso reformar los artículos 57, 58 y 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para fortalecer la participación social en el establecimiento de áreas naturales protegidas (ANP).

En primera instancia, la iniciativa propone reformar el artículo 57 de la LGEEPA, estableciendo como obligatorio que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publique en el Diario Oficial de la Federación y en un diario de amplia circulación un aviso previo a la elaboración de los estudios justificativos, a fin de que diversos sectores de la sociedad estén en posibilidad de participar en su elaboración y manifestar sus opiniones, promoviendo así la concertación de los sectores involucrados.

En segunda instancia propone reformar el artículo 58 de la LGEEPA con el objeto de que previo a la publicación de una declaratoria de ANP, se realicen reuniones públicas informativas con los propietarios y actores sociales interesados para comunicarles los alcances de la declaratoria y despejar las dudas que pudieran tener los interesados.

Finalmente, la diputada promovente propone reformar el artículo 65 de la LGEEPA para que el director del área sea designado dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la declaratoria y que éste inicie el procedimiento de consulta para la formulación del programa de manejo, dentro de los 30 días posteriores a su nombramiento.

El decreto propuesto por la promovente a la letra se lee:

Artículo 57. Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta ley, se establecerán mediante declaratoria que expida el titular del Ejecutivo federal conforme al procedimiento señalado enésta y las demás leyes aplicables.

El inicio del procedimiento tendiente a la declaratoria de un área natural protegida deberá divulgarse mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como en un diario de mayor circulación en la entidad de que se trate.

Artículo 58. Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, en los términos del presente capítulo, los cuales deberán ser puestos a disposición del público, y deberán realizarse reuniones públicas de información con los propietarios y actores sociales interesados a fin de dar a conocer los alcances de la declaratoria, así como recibir sus propuestas. Asimismo, la secretaría deberá solicitar la opinión de:

...

...

...

...

Artículo 65. ...

Una vez establecida un área natural protegida de competencia federal, la Secretaría deberá designar al director del área de que se trate dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación de la declaratoria, quien será responsable de coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las disposiciones que de ella se deriven.

El director del área deberá iniciar el procedimiento de consulta tendiente a la formulación del programa de manejo dentro de los 30 días naturales siguientes a su nombramiento, estableciendo los mecanismos de concertación con los actores sociales interesados en la conservación y aprovechamiento del área natural protegida.

En atención a dicha solicitud la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar su análisis.

Uno de los instrumentos de política ambiental para la conservación de los ecosistemas, es el establecimiento de áreas naturales protegidas (ANP), instrumento por excelencia de conservación de las biotas, los paisajes y la biodiversidad.

Las ANP son definidas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) como aquellas zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas (artículo 3, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente).

Las ANP de carácter federal son zonas terrestres o acuáticas representativas de los diversos ecosistemas del país, en las que el estado natural del medio no ha sufrido una alteración significativa. De forma particular la LGEEPA en su artículo 45 establece cuales son los objetivos de la determinación de ANP en México dentro de los que podemos referir la conservación, preservación y restauración de los ecosistemas y especies que ahí habitan; salvaguardar los entornos naturales de aquellas zonas que por sus características históricas, arqueológicas o artísticas sirven de espacios de recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas; así como para conservar los espacios propicios para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio o bien, que sirven para generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional.

Uno de las premisas de este instrumento de política ambiental es definir y reconocer los actores legítimos del sector público, social y privado, tanto directos como indirectos partícipes de la gestión sustentable así como identificar sus derechos, obligaciones y el tipo de relación jurídica, con el objeto de proteger el ambiente.

En ese sentido, resulta necesario establecer una estructura de coordinación y concertación entre los diversos sectores y ámbitos de gobierno para lograr una participación y corresponsabilidad en la zona determinada. Así, con la participación de los diversos sectores público, privado y social, se podrá asegurar la viabilidad de la declaratoria y la colaboración de todos los sectores interesados desde el inicio de los trabajos previos.

Al respecto, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen coincide con la diputada promovente en que en el procedimiento de declaratoria de una zona como ANP, se debe promover la inclusión de los diversos sectores. Sin embargo, la reforma del artículo 57 de la LGEEPA se estima improcedente.

En primera instancia, es de señalar que el artículo 58 de la LGEEPA establece ya la participación de sectores estratégicos en la elaboración de los estudios previos justificativos, pues en éstos se debe incorporar las opiniones de los gobiernos locales, de las dependencias federales que deban participar, organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas y personas físicas o morales interesadas así como instituciones y centros de investigación, entre otros.

Este criterio es reiterado en el artículo 46 del Reglamento de la LGEEPA en materia de áreas naturales protegidas, al establecer que en los estudios previos justificativos se debe identificar a organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales o asociaciones civiles participantes, quienes participan en la elaboración del estudio.

El artículo 46 de dicho reglamento a la letra señala:

Artículo 46.Los estudios a que se refiere el artículo anterior deberán contener, por lo menos, lo siguiente:

I.Información general en la que se incluya:

a)Nombre del área propuesta;

b)Entidad federativa y municipios en donde se localiza el área;

c)Superficie;

d)Vías de acceso;

e)Mapa que contenga la descripción limítrofe a escala 1 a 50,000; y

f) Nombre de las organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales o asociaciones civiles participantes en la elaboración del estudio.

II. Evaluación ambiental, en donde se señalen:

...

III.Diagnóstico del área, en el que se mencionen:

...

De la lectura de los preceptos citados se advierte que necesariamente existe difusión durante la elaboración de los estudios previos justificativos y en consecuencia, la inclusión de sectores sociales estratégicos.

Así, es de reiterar que esta comisión legislativa estima improcedente la propuesta pues la elaboración de los estudios previos justificativos es un acto preliminar, en el que se desconoce si la zona será o no declarada como ANP, luego entonces de solicitar la intervención de los diversos sectores se estaría ocasionando un gasto económico superior a la autoridad federal y conflictos sociales innecesarios.

Ahora bien, tras la elaboración de los estudios previos justificativos la autoridad promueve la participación de la comunidad posiblemente afectada con la declaratoria, al publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica, un aviso por el que se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar el área natural protegida, en él se señala la categoría, la zona, la superficie, en qué municipios y estados se encontrará localizada.

El artículo en comento a la letra señala:

Artículo 47.Los estudios previos justificativos, una vez concluidos, deberán ser puestos a disposición del público para su consulta por un plazo de 30 días naturales, en las oficinas de la Secretaría y en las de sus delegaciones ubicadas en las entidades federativas donde se localice el área que se pretende establecer. Para tal efecto, la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica un aviso a través del cual se dé a conocer esta circunstancia.

Asimismo, la Secretaría solicitará la opinión de los gobiernos de los estados y municipios que correspondan y de las demás instituciones a las que se refiere el artículo 58 de la ley.

La consulta y la opinión deberán ser tomadas en cuenta por la Secretaría, antes de proponer al titular del Poder Ejecutivo federal el establecimiento del área natural protegida de que se trate.

De la lectura del artículo citado se advierte que se han establecido mecanismos de inclusión y participación social en el reglamento, en consecuencia esta comisión legislativa estima improcedente la reforma del artículo.

No obstante lo anterior, es de retomarse la propuesta de la diputada promovente para que el aviso no sólo sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, sino que también sea publicado en uno de los periódicos de mayor circulación dentro de la entidad afectada, pues este requisito daría certeza de que se promueve la participación social en el proceso y en la toma de decisiones dentro del área natural protegida.

En consecuencia, se retomaría en la LGEEPA lo dispuesto en el reglamento y se amplía la difusión de los estudios previos justificativos.

En relación con la reforma del artículo 58, esta comisión estima que es de  aprobarse la propuesta, con objeto de señalar expresamente que se debe realizar una reunión pública en la que se atiendan las inquietudes y se despejen dudas o cuestionamientos de forma directa, con la participación de la autoridad y los sectores sociales interesados.

Finalmente, por lo que hace al plazo máximo para la designación del director del área y para que comience los trabajos de elaboración del programa de manejo, este comisión considera que es materia del reglamento establecer tales plazos, por lo que resulta improcedente la reforma al artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 58. Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, en los términos del presente capítulo, los cuales deberán ser puestos a disposición del público para su consulta por un plazo de 30 días naturales. Para tal efecto, la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Ecológica y en un periódico de mayor circulación en la entidad, o entidades involucradas, un aviso a través del cual se dé a conocer esta circunstancia.

Durante el periodo de consulta pública, cualquier ciudadano podrá presentar por escrito observaciones y recomendaciones respecto el contenido del estudio justificativo.

Asimismo, la Secretaría deberá solicitar la opinión de:

I. a IV. ...

Con objeto de que los propietarios de los predios que habrán de integrarse al área natural protegida y la sociedad en general, participen y asuman responsablemente las obligaciones que se deriven del acto de la posible declaratoria, la Secretaría deberá realizar una reunión pública informativa con los propietarios y actores sociales interesados a fin de dar a conocer los alcances de la declaratoria, así como recibir sus propuestas.

La Secretaría integrará al expediente respectivo las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas durante la consulta pública y la reunión pública informativa, y dará respuesta por escrito.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal realizará las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, en un plazo no mayor a 90 días naturales.

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de febrero de 2012.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Lily Fabiola de la Rosa Cortés (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Agustín Torres Ibarrola, Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Marcela Vieyra Alamilla (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez, César Daniel González Madruga, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.»

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: En los términos del Reglamento se ha inscrito para fundamentar el dictamen, a nombre de la comisión, el diputado Juan Pablo Escobar Martínez; tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Pablo Escobar Martínez:Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre propio y de los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales vengo a esta tribuna a solicitar su voto a favor de la minuta sujeta a discusión.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la responsable de vigilar el cumplimiento de la legislación y normatividad nacional aplicable al manejo y aprovechamiento de la vida silvestre.

El aseguramiento precautorio de las especies es una medida de seguridad, que es procedente cuando durante los actos de inspección la Profepa encuentra ejemplares de vida silvestre, cuya legal procedencia no se demuestre y considera que existe riesgo inminente de daño o deterioro grave a la vida silvestre o a su hábitat.

En el momento en el que la Profepa revisa aseguramientos precautorios, canaliza los ejemplares al Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, instituciones o personas que reúnan las mejores condiciones de seguridad y cuidado de los ejemplares; sin embargo, cuando no exista la posibilidad inmediata de colocarlos en estos, la Profepa podrá designar al infractor como depositario de los bienes asegurados.

La falta de instalaciones adecuadas para la conservación de los ejemplares de que se trate en las oficinas que ocupan las delegaciones de la Profepa, la falta de presupuesto para su alimentación y cuidado, así como la falta de personal capacitado para su atención, hacen que los presuntos infractores en la materia de los casos sean los mismos depositarios.

Ahora bien, la iniciativa que dio origen a la presente minuta tenía como objetivo reformar el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre para incluir como infracción a dicha ley lo siguiente: destruir, lesionar o matar ejemplares, partes y derivados de especies silvestres, que por aseguramiento precautorio se encuentren bajo depositaria de presunto infractor.

La comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados resolvió que la propuesta era procedente y realizó diversas modificaciones para dar claridad a la propuesta, y la Ley General de Vida Silvestre no considera como infractor, adicional a las que correspondan por ilícitos cometidos con anterioridad, para aquellos presuntos infractores reincidentes.

En ese tenor, el 9 de marzo de 2011, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 311 votos a favor y 2 abstenciones el proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 127, y adiciona la fracción XXIV al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre, para establecer como infracción todo acto tendiente a lesionar físicamente o privar de la vida a alguna especie silvestre o destruir o dañar partes y derivados de éstas, que por aseguramiento precautorio se encuentren bajo depositaria del presunto infractor, así como la sanción correspondiente.

Al ser dicha adición un mecanismo idóneo para la protección de la vida silvestre, la comisión dictaminadora conforma los términos en los que se presentó el proyecto de decreto, aprobado por la Cámara de Diputados y hace hincapié en que el objetivo de la iniciativa propuesta por los entonces legisladores es castigar la afectación que pudiera ocasionar el infractor, si además de no comprobar la legal procedencia afecta a los ejemplares partes y derivados.

Por lo anterior motivado y fundado, esta comisión considera improcedentes las observaciones hechas por la Cámara de Senadores, en los términos del inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitan el voto a favor de los diputados y diputadas de esta honorable asamblea, con el fin de seguir protegiendo la vida silvestre en México. Hasta aquí mi intervención.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. En los términos del artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la lista de oradores que se han registrado es la siguiente: para hablar en contra, el diputado Jaime Cárdenas Gracia; para hablar a favor, la diputada María Dina Herrera Soto, el diputado Alejandro Carabias Icaza y el diputado Oscar Saúl Castillo Andrade. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, mi duda o mi confusión deriva del hecho de que el diputado preopinante expuso un proyecto de dictamen posterior, que propone modificar la fracción II del artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre.

En este momento estamos en el tema, discutiendo el proyecto de dictamen que reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Proyección del Ambiente, que es un tema muy diverso. De ahí derivó mi confusión.

Me voy a referir, no al tema al que se refirió el diputado preopinante —que es otro tema—, sino al tema que estamos discutiendo en este momento, que es la modificación o reforma al artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.

Me parece —comienzo diciendo— afortunado, que en este proyecto de dictamen que reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se establezca una consulta pública donde cualquier ciudadano puede participar y realizar observaciones, cuando la Secretaría de Medio Ambiente determina áreas protegidas o declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.

También me parece oportuno que se dé vista al particular afectado, al particular propietario de un área natural protegida y a la sociedad en general, para que emitan opiniones cuando la Secretaría de Medio Ambiente determinará o establecerá un área natural protegida. Todo eso me parece correcto.

Pero creo que en materia del derecho de propiedad y de los derechos de los propietarios este dictamen debiera proponer —lo que no hace— una garantía plena del derecho de audiencia y del derecho de defensa; este dictamen exclusivamente otorga al propietario la posibilidad de opinar y de hacer observaciones sobre el proyecto de declaratoria de área natural protegida, pero no le confiere un derecho de defensa pleno ni le confiere la protección a su derecho y a su garantía de audiencia.

Ocurre muchas veces, cuando se establecen áreas naturales protegidas, que el derecho de propiedad particular se afecta en tal medida, que este derecho de propiedad le impide al propietario realizar casi cualquier ejercicio de su derecho.

Equivale, para decirlo en pocas palabras, a veces, al establecimiento de un área natural protegida, a una suerte de expropiación de hecho; una expropiación de hecho que no viene acompañada con una propuesta de indemnización.

Por ejemplo, en este proyecto de dictamen, no se dice que cuando se va a establecer el área natural protegida habrá una propuesta a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente para expropiar el bien, para hacerle una propuesta de indemnización al propietario, no lo establece; entonces, se puede establecer el área natural protegida sin darle una garantía de audiencia efectiva al propietario y sin concederle un derecho de defensa al propietario. Solamente puede opinar sobre el área natural protegida.

Dice el último párrafo del artículo 58 propuesto: La secretaría integrará el expediente con las opiniones respectivas.

Pero, ¿cómo se garantiza el derecho de defensa? ¿Cómo se viabiliza la protección al artículo 14, 16 y 17 de la Constitución? ¿Cómo se cumple con el derecho a la indemnización que prevé el artículo 27 de la Constitución? ¿Cómo se garantiza el artículo 8o. y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?

Me parece muy bien que se establezcan áreas naturales protegidas, pero siempre y cuando se confiera a los propietarios de los predios un derecho de audiencia pleno y un derecho de defensa pleno, y en este proyecto de dictamen ambos derechos están debilitados, son muy débiles, no se garantizan plenamente; por las razones anteriores, votaré en contra de este dictamen, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la compañera diputada Dina Herrera Soto, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

La diputada María Dina Herrera Soto:Con la venia de la Presidencia. Quiero asentar el día de hoy, antes de pasar a hablar a favor de este dictamen, que hace un momento el presidente de esta Cámara, al negarme la palabra, se condujo con una visión de grupo y no con una visión legislativa, cual debe de ser su obligación como presidente de esta honorable Cámara de Diputados.

La observación que quería hacer sobre los símbolos patrios era que se ha dejado de lado a los Testigos de Jehová; todos sabemos que ellos no hacen honores a la bandera y es una observación que quería hacer y que se dio de último momento.

En cuanto al posicionamiento sobre el dictamen de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también quiero señalar que se deriva de una iniciativa de una mujer activista michoacana, muy conocida de todos ustedes, amiga y compañera; me refiero a la diputada Jenny de los Reyes Aguilar, que en paz descanse.

Honorable asamblea, estimadas diputadas y diputados, uno de los temas más importantes en la política de la conservación de la diversidad biológica son las áreas naturales protegidas; estos espacios de territorio tratan de conservar ecosistemas y especies que por su importancia es vital mantener, todo ello en un sistema coherente de administración; sin embargo, es materialmente imposible que pueda ser exitosa esta tarea sin la participación de la propia sociedad.

Normalmente intereses de todo tipo, muchos intereses, llegan a entrar en conflicto cuando se restringen las formas de aprovechamiento en un área natural protegida.

En realidad, lo que está en juego es el destino de un área y aunque el interés público señale que su destino es primordialmente para la conservación, sucede que la gente afectada puede no aceptar tal destino, ya que muchas veces la base de su propia subsistencia inmediata se encuentra en riesgo.

Por ello muchas áreas naturales protegidas del país son sólo decretos de papel, en donde la propia gente que vive en ellas o en su entorno, no tiene la posibilidad real de asumir plenamente un compromiso de conservación.

La principal razón es que ninguno de los órdenes de gobierno asume políticas de desarrollo y compensación ante las obligaciones y limitaciones que le impone la existencia de un área natural protegida a la gente afectada, que normalmente es la gente más pobre en nuestro país.

Ante esas limitaciones, se están buscando nuevos esquemas, en donde sea la propia comunidad o los particulares quienes participen en el desarrollo de las propias áreas naturales protegidas, de tal forma que ellos sean quienes asuman de manera real los compromisos de conservación.

Lo anterior implica un proceso diferente en la toma de decisiones para crear un área natural protegida; se trata de que en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente las comunidades involucradas conozcan y sean incluidas en el proceso de generación de una nueva área protegida.

He aquí la importancia de incluir mecanismos como la consulta y las reuniones públicas a través del artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, donde la sociedad en general sea informada sobre los alcances de la declaratoria de una nueva área protegida y de cómo afectara a las personas en su vida cotidiana, para que las propias personas involucradas manifiesten en su caso sus observaciones y recomendaciones pertinentes en los estudios que justifiquen el área natural protegida en análisis.

Con esta reforma se avanza sustancialmente en ámbitos, como la participación pública en las áreas naturales protegidas específicamente. Aún hay un proceso largo para fortalecer e incentivar estas áreas con el apoyo de la sociedad en su conjunto.

Por esta razón, es necesario fortalecer el compensar a quienes destinan sus predios a la conservación; esto en bien de la sociedad y la naturaleza, desde luego que se requiere de incentivos económicos de todo tipo y sobre todo una visión de parte de los actores gubernamentales más proactiva hacia este tipo de acciones.

En conclusión, con esta reforma se dan las bases para que se promueva entre las comunidades involucradas un modelo de desarrollo hacia la sustentabilidad, logrando así que el desarrollo económico y social sea compatible con la conservación de la naturaleza.

Por lo anterior, daremos nuestro voto a favor de este dictamen por el que se reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

El diputado Óscar Saúl Castillo Andrade:Con su venia, señor presidente. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se manifiesta a favor del presente dictamen, porque es producto de un amplio análisis, en donde se fueron corrigiendo y modificando una serie de propuestas de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que ponían en riesgo el marco normativo del sector medioambiental. De esta manera, hoy tenemos la oportunidad de aprobar reformas de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para delimitar que los estudios que se realizan en forma previa a la expedición de las declaratorias, que definen el establecimiento de áreas naturales protegidas, estén a disposición del público en general para que estos puedan consultarlos por un plazo que establecimos de 30 días naturales.

El mecanismo de difusión que estamos proponiendo es el Diario Oficial de la Federación, así como la Gaceta Ecológica y también que se publique en el periódico de mayor circulación de las entidades federativas involucradas.

Lo anterior se logra mediante reformas al artículo 58 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Cabe señalar que gracias al esfuerzo de los que integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la esta Cámara de los Diputados se lograron acuerdos para eliminar reformas propuestas originalmente y que se enfocaban, entre otras cosas, a lineamientos para que funcionarios del sector, como un director de área, sea designado dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la declaratoria y que éste inicie el procedimiento de consulta para la formulación del programa de manejo dentro de los 30 días posteriores a su nombramiento.

Como resultado de los acuerdos tomados en la comisión, consideramos innecesario e inviables estas propuestas de la iniciativa, por lo que nos avocamos a aprobar el citado artículo 58 de la ley en mención, en los términos ya descritos.

Sobre las propuestas eliminadas, se determinó que en la actualidad ya se contemplan una serie de disposiciones y políticas públicas y programas que atienden la situación descrita en la iniciativa original.

Consideramos que la publicación de estos estudios en los medios de comunicación referidos contribuirá a la generación de mayor transparencia e información a todo aquél ciudadano que requiera conocer de los asuntos relacionados con el establecimiento de las áreas naturales protegidas, lo que concuerda con la ideología del Partido Acción Nacional y con la estrategia que caracteriza al gobierno federal, en cuanto al acceso a la información y la plena transparencia.

Solamente nos queda la inquietud del impacto presupuestario de esta medida, puesto que la publicación de la información en los medios descritos implica un gasto en lo que respecta a las dependencias y a las entidades de la administración pública federal; por lo que contraviene directamente el artículo 18 de Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria, que señala que cuando se proponga un aumento o creación de un gasto deberá agregarse también la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento y compensarse con la reducción en otros programas prioritarios.

Dejamos esta observación plasmada en esta tribuna y de cualquier forma nos manifestamos a favor, reiterando nuestro voto positivo en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los invitados del estado de Querétaro, del municipio de San Juan del Río y de Querétaro, invitados de la compañera diputada Sandra Ugalde Basaldúa. Sean bienvenidos a la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 317 votos en pro, 6 votos en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular por 317 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Antes de proceder a desahogar unas comunicaciones que han llegado a esta Mesa Directiva de parte de la Junta de Coordinación Política, vamos a solicitar al personal de apoyo dé sonido en la curul del diputado Pompa y después en la del diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nada más para preguntar —me preocupa el tema que se trató ahorita de los braceros—, quiero saber qué resultado tuvo la petición del presidente de someterlo a consideración de la Junta de Coordinación Política. Creo que es un tema de suma importancia discutirlo el día de hoy, más con el arrebato de mi compañero y paisano de Sonora, que incluso hasta a Fox se llevó entre las patas diciéndole que era un rata.

Sí quisiera, presidente, preguntarle a través de la Mesa Directiva, si vamos o no vamos a discutir un tema, le repito, de la más grande relevancia. De nueva cuenta tenemos a un presidente de la República que se convierte en asesor, en coordinador de una campaña y en delincuente electoral, presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Sonido en la curul del diputado Jaime Cárdenas y después del diputado Flores Rico.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido que el diputado Pompa, para hacer esta pregunta, qué había ocurrido con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para proponer el tema de los braceros al conocimiento del pleno.

También, presidente, para hacer un comentario respecto al dictamen, si es que lo vemos el día de hoy, que se va a tratar a continuación; es un dictamen que propone modificar, reformar los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, pero contiene una fe de erratas, presidente, que en realidad modifica todo el dictamen.

Sí quiero suplicarle al pleno, como ya había hecho, y a la Mesa Directiva, como ya había hecho mi compañero Mario di Costanzo, que si las comisiones no tienen consensuados debidamente los proyectos, no los presenten así al pleno de la Cámara.

Aquí están proponiendo una modificación con un transitorio y me informan que también hay una reserva, pero la fe de erratas que están proponiendo, por ejemplo, no es auténticamente una fe de erratas en los términos del Reglamento, sino es una modificación al proyecto de dictamen, y además se propone una reserva.

Creo que hay que tener más respeto hacia el pleno, y las comisiones no proponer proyectos de dictámenes que no estén debidamente atendidos ni acabados. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Gracias. Sonido en la curul del diputado Flores Rico, después del diputado Mario di Costanzo y finalmente del diputado Fernández Noroña, y enseguida se instruye a la Secretaría iniciemos con el desahogo de las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, no sin antes escuchar al presidente de la misma, el diputado Armando Ríos Piter.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul): Gracias, señor presidente. Como seguramente usted ya sabe, muchos de los diputados aquí presentes ya lo sabemos, hace unos momentos o hace un rato el señor presidente Calderón ha anunciado en Los Pinos otra más de sus incidencias, ahora con la novedad de que ha autorizado y va a echar a andar en los próximos días un supuesto programa denominado Compuapoyo, por medio del cual según esto va a ser un programa que beneficie a un millón 700 mil —dicen ahí— nuevos hogares, con la adjudicación de apoyos por mil pesos y créditos hasta por 3 mil 500 pesos, incluyendo 300 pesos para pago de Internet y para la compra de equipo de Internet, de cómputo, supuestamente basados en un fondo de garantía hacia el Fonacot y con recursos que deduce asignados actualmente en el Conacyt.

Es decir, estamos de nueva cuenta ante un esquema de injerencia indebida, abusiva, verdaderamente lamentable del Ejecutivo, trapera —pudiéramos decir— en el proceso electoral, dado que el programa se establece por unos meses, de crédito por tres meses, el inicio la semana que entra, como una ocurrencia súbita el presidente de la República, de pronto, apegarse a reducir, a como dé lugar y de inmediato, la brecha digital.

En atención a que ya hay otros antecedentes —como ya se vio en la mañana— del asunto de los ex braceros, denunciado por la compañera diputada Hilaria Domínguez, hemos pedido a la Junta de Coordinación para que haga con esta Mesa la posibilidad de discutir este tema, entendiendo también que las urgencias y las necesidades ya programadas de esta asamblea de desarrollar la agenda, hemos pedido que el próximo jueves que se inicie la sesión con la discusión de estos temas, el próximo jueves, tanto del exceso de abuso de comunicación social de la Presidencia con el tema de los ex braceros, como con la explicación aparentemente electoral —y por lo visto así es—, del uso de estos presupuestales que implican, según se nos informan, 8 mil 160 millones de pesos.

Queremos que sea usted partícipe de este acuerdo. Ojalá que lo ratifique la Presidencia de la propia Junta de Coordinación, pero no queremos dejar pasar la ocasión, señor presidente, de denunciar nuestra irritación, nuestra molestia y nuestra profunda indignación ante lo que es evidentemente una injerencia más del presidente de la República, en el proceso electoral que los mexicanos merecen: democrático, limpio, imparcial y de Estado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Sonido en la curul del diputado Di Costanzo, el diputado Fernández Noroña después y la ha solicitado el presidente de la Junta de Coordinación, el diputado Armando Ríos Piter.

Solicito al personal de apoyo que tome nota de algunas diputadas y diputados que están levantando la mano.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): En el mismo sentido me sumo a las peticiones de otros legisladores que han solicitado incluir, como una prioridad en la agenda política, estas intromisiones al proceso electoral por parte de Felipe Calderón.

Pero no sólo eso, presidente, propondría que como conclusión de esta agenda política, que ojalá y se tenga el jueves a primera hora, se derive la presentación de una queja formal de la Cámara de Diputados ante el IFE contra Felipe Calderón; si no, otra vez va a ser un diálogo estéril, va a ser el derecho de pataleo y Felipe Calderón va a seguir inmiscuyéndose en el proceso electoral.

Es decir, que si va a haber agenda política, que tenga una conclusión y que esa conclusión sea la denuncia formal de la Cámara de Diputados ante el Instituto Federal Electoral por la actuación de Felipe Calderón.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Está solicitando la palabra también el diputado Agustín Guerrero, el diputado Emilio Serrano y el diputado Vidal Llerenas.

Le consulto al presidente de la Junta de Coordinación si desea hacer uso de la palabra al final de los que están solicitándola. Muchas gracias. Sonido entonces en la curul del diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Mire, el tema que compañeros del PRI están poniendo en el pleno es un tema que no acepta demora; los oigo muy indignados y acto seguido dicen que se discuta hasta el jueves, y luego el miércoles en la noche su líder va a ir con Calderón y les van a dar instrucciones de que no debatan nuevamente; entonces, el jueves vendremos otra vez a vernos solamente la cara. Me parece que ya es inaceptable la intromisión de Calderón en el proceso electoral.

Aquí hay compañeros que han planteado que esperan que sea un estadista, pero Calderón no puede ser lo que no ha sido nunca; es un vulgar usurpador, es un tipo faccioso, desleal a principios y personas como su propio padre político, Castillo Peraza, lo definió; es un tipo que hará todo lo posible para que ni Andrés Manuel López Obrador ni Peña Nieto lleguen a la Presidencia de la República; se valdrá de todas las maneras legales e ilegales para mantener la Presidencia en manos del Partido Acción Nacional.

Está dando todas las señales de ello y me parece que es ya necesario que esta soberanía asuma su responsabilidad y pare esta intromisión ilegal de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que además es demagógica. Son 200 millones de pesos pero le da a la Unión Europea 14 mil millones de dólares. O sea, tiene más preocupación por los países europeos que por su propio pueblo.

La pregunta es, mientras los candidatos a la Presidencia están en una cuarentena obligada de una determinación absurda del Instituto Federal Electoral, Calderón aprovechará cada uno de esos cuarenta días para seguir poniendo en la agenda nacional los temas que quiera, los planteamientos que quiera, el proselitismo que le venga en gana, y esta soberanía está siendo absolutamente omisa.

Así es que me opongo a que se debata el jueves, exijo que se debata hoy y además exijo que se debata que haya rectificación de hechos y que se extirpe —termino con ello— la absurda práctica de que alguien puede subir a tribuna a decir lo que quiera del diputado o diputada que quiera y no puede el aludido subir a tribuna a responder a los señalamientos y muchas veces a insolencias de algunos compañeros.

Así es que solicito, diputado presidente, que el tema se debata hoy mismo, sin demora, con absoluta seriedad y libertad.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Agustín Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. En este asunto de excesos, de ilegalidades por parte del titular del Ejecutivo federal, no es la primera vez que escucho que el PRI o que algunos priistas se muestran muy indignados, y la indignación les dura 12 horas.

Creo que no debería de prestarse la Cámara de Diputados a berrinches de momento, a berrinches de ocasión, porque les decía la vez pasada que estábamos discutiendo algo similar, con relación a una reunión que se tuvo con los consejeros de Banamex, que lo que no se valía era venir, plantear el tema en la Cámara, en el pleno y luego, en el momento del debate, escurrir el bulto y quedarse colgados de la brocha; creo que hoy podría ocurrir lo mismo.

¿Qué nos garantiza que si se programa para el jueves en la agenda política este tema no los inviten a cenar hoy en la noche o mañana en la noche, y el jueves empiece a hablar de otras cosas? ¿Qué garantía hay de eso? Ninguna, ninguna.

Nosotros les decíamos que los únicos que le creen a Calderón cada vez que los mandan a platicar son ellos. Llegan muy gallitos y al otro día, como si no hubiera pasado nada y si efectivamente están indignados —que creo que debería ser ese sentimiento por lo menos ahora real—, hay que abrir el debate de una vez. De una vez, así con los elementos que tenemos.

En el caso del PRD, nosotros presentamos una denuncia hace dos semanas, la semana pasada fuimos a ratificarla prácticamente, con el aval de todo el Grupo Parlamentario del PRD y le estamos dando seguimiento, y creemos que estos elementos que ahora se están pendiendo sobre la mesa pueden ser pruebas supervenientes al delito de intromisión en el proceso electoral por parte de Felipe Calderón.

Entonces, creo que si el PRI efectivamente está en ese ánimo de abrir el debate debería sumarse, debería sumar las pruebas que tiene, los elementos que tiene como pruebas supervenientes en la denuncia que ya tenemos presentada, si es de a de veras; si es nada más para cacarear cosas y luego irse a reunir a ver qué le sacan a Felipe Calderón, nosotros no nos vamos a prestar a eso.

Entonces, más bien, los invitamos a dos cosas: a que el debate sea ahorita , uno, y dos, a que estos elementos se sumen en la denuncia, como pruebas supervenientes en la misma. Gracias, diputado.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Después de escuchar al diputado Martel, sonido en la curul del diputado Emilio Serrano, por favor.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, creo que ya es tiempo y de una vez por todas, de decir que la fracción parlamentaria del PRI no cambia de opinión con los días ni cambia de opinión por las reuniones; somos un partido que cree en el diálogo entre Poderes y que cree en el diálogo político y vamos a seguir en él.

Si nuestro presidente de partido dialoga o no con el Ejecutivo, jamás nosotros podremos decir nada en contra de eso. Pero se dijo aquí y se aclara: hubo y hay una presunción de que el Ejecutivo pudo haber violado la ley cuando menos en dos presuntos ilícitos; uno de ellos, en la utilización de recursos públicos para levantar encuestas; otro de ellos, en la intromisión en el proceso electoral.

Eso, señores, también, más que producto de exaltaciones verbales, se debe de hacer conforme a la ley, y lo dijo nuestro representante ante el Instituto Federal Electoral, Sebastián Lerdo de Tejada y mostró los documentos, porque nos fuimos nosotros por el camino legal en cuanto a esta presunción de comisión de delitos.

Segunda cuestión que es importante señalarla. No vamos a permitir, como Poder, que exista la tentación del Ejecutivo de seguir influyendo o tratar de influir en el proceso electoral.

Hoy, nuevamente, tenemos la impresión, por lo que se hizo el día de hoy, de que vuelve el Ejecutivo federal a aprovechar su posición para, presumiblemente, satisfacer demandas —que nos parece que son dádivas—, pensando que la ciudadanía tomará esto no como parte de lo que es.

Lo que se les está dando son recursos del pueblo, no son dádivas del Ejecutivo federal, que sigue siendo y actuando —como lo ha hecho muchas veces—, nosotros decimos, pareciese que como jefe de campaña y no como jefe de Estado ni como jefe de las instituciones nacionales.

El debate como la semana pasada, bienvenido; debate no es denostación; el debate sobre los argumentos para ver si violó o no la ley, bienvenido; pero no para faltar al respeto entre Poderes.

Nosotros creemos que la izquierda de este país está y debe estar tan indignada como nosotros, porque sí creo, en lo personal, que —como aquí se afirmó categóricamente— el Ejecutivo no va a tratar de dejar de intervenir en el proceso electoral de diferentes maneras, va a tratar de conservar a su partido en el poder y en eso lo único que debemos de luchar es por una alianza que le dé a la ciudadanía la única facultad que tiene de gobernar a sus gobernantes, como es su obligación.

Sí al debate político, hoy y cuando lo proponga la Junta de Coordinación Política, y sí a la no intromisión del Ejecutivo en los procesos electorales. Eso es lo que mi bancada quiere reafirmar concretamente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El diputado Emilio Serrano, por favor.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Ya empezó el debate, ya estamos en el debate; creo que el Ejecutivo federal no solamente se ha excedido en el proceso electoral.

Hace unas semanas, cuando esta soberanía aprobó un recurso para los damnificados de Chihuahua, de la zona tarahumara, salieron unos spots diciendo que el presidente había dado cierta cantidad de millones de pesos; entonces, eso no es cierto, creo que sí debemos de ponerle un alto ya al Ejecutivo federal y no es a través del IFE, hay que presentar la denuncia en la Fepade. Ahí es donde se presentan las denuncias.

La otra, compañeras, compañeros diputados, mientras no haya un escarmiento van a continuar las violaciones a la ley; Vicente Fox violó la ley y no pasó absolutamente nada; se multó a su partido, pero ahora va a seguir violando la ley Felipe Calderón.

Hay que hacerle juicio político en esta Cámara de Diputados, para que sirva de escarmiento a los presidentes y no violen más la ley.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: La diputada Fabiola de la Rosa Cortés.

La diputada Lily Fabiola de la Rosa Cortés(desde la curul): Sí, señor presidente. Para sumarme también al enérgico reclamo que hace nuestra bancada del PRI, ante los hechos sucedidos este fin de semana por el presidente de la República, Felipe Calderón, que definitivamente está tomando los recursos que esta soberanía con tanto esfuerzo y con un producto de enorme trabajo, de años, inclusive, impulsado por nuestra compañera diputada Hilaria Domínguez, diputada del PRI y por los grupos de compañeros diputados que se suman siempre a las causas de los trabajadores, viene a presumirnos que definitivamente es un logro de él, es un logro que hace su gobierno y que de una manera electorera busca que los 105 mil trabajadores ex braceros, sean parte de su botín político electoral, para las próximas elecciones. Definitivamente es algo que nosotros no podemos permitir.

El gobierno panista no se ha caracterizado de ninguna manera por ser un defensor de la causa trabajadora, lo vemos nosotros con los trabajadores de Luz y Fuerza, lo vemos nosotros también con los trabajadores de Mexicana; vemos que la enorme responsabilidad que se tiene en educación, también la responsabilidad se le asume a los maestros únicamente; entonces, nosotros tenemos que ser muy claros y muy precisos de que el gobierno federal utiliza todos los recursos que tiene en su haber, para poder llevar votos a su partido.

Definitivamente nosotros vemos que esta enorme responsabilidad, que hoy tenemos como diputados, tenemos que hacerla patente, tenemos que ver que la lucha de esta Cámara sea representada por quienes de veras tenemos la responsabilidad —en esta enorme Legislatura— que hoy tenemos. Sabemos que Felipe Calderón, se ha prestado a todo el juego que ha manejado el partido del PAN para poder llevar recursos a su gobierno.

Nosotros vemos, como diputados del PRI, que ha montado un escenario este fin de semana; montó un escenario falso, que si hubiera sido el premios de los Óscares este fin de semana, este premio se lo hubiera llevado sin duda Felipe Calderón, por la enorme actuación que hizo al llevar recursos que definitivamente él no propició, que él no aportó, con un cheque falso, porque son recursos que si nosotros vemos no se le han entregado a ningún ex bracero; la página del gobierno federal está cerrada, porque los recursos aún no se han asignado.

Exigimos también que Felipe Calderón saque las manos del proceso electoral, que deje de ser definitivamente el jefe de campaña y asuma su rol como presidente de la República, que es para lo que lo eligieron los panistas.

Nosotros seguiremos aportando todo lo que esté de nuestro lado para seguir defendiendo a esta soberanía. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra la diputada Norma Leticia Orozco Torres y enseguida, la diputada Dora Evelyn Trigueras Durón.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres(desde la curul): Con su permiso, señor presidente. Compañeros, creo que más de 50 años de los ex braceros de estar esperando a que se les haga justicia es mucho.

Todos, cada uno de nosotros tenemos la obligación de quedarnos a discutir este tema y ponerle fin; se había hecho un gran trabajo para lograr que se les etiquetara un presupuesto mucho mayor de lo que estaba asignando el Ejecutivo.

Si voy a pedir respeto para otra persona, primero tengo que pedirlo para mí misma: exijo que se respete el trabajo de la comisión y lo que se había acordado en este pleno; debemos de trabajar a favor de ello y no ser pisoteados.

Compañeros diputados, debemos de unirnos, debemos de trabajar; después de 50 años ya es justo terminar con esto y no permitir que se use para una campaña. Éste es dinero del mexicano que se lo ganó y que lo ha tenido el gobierno, lo ha tenido Hacienda y no se les ha dado.

Muchos de estos ex braceros ya no existen y ahorita que tenían una ilusión, lo quieren usar para sus campañas, no se vale. No debemos dejar que sean carnada para tener votos. Debemos de ser justos y leales; debemos de trabajar y sacar esto adelante el día de hoy, compañeros. Gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Después de escuchar a la diputada Dora Evelyn Trigueras, esta Presidencia le va a conceder el uso de la palabra al diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, al diputado Alejandro Encinas, a la diputada Sofía Castro y habrá de cerrar el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Armando Ríos Piter.

La diputada Dora Evelyn Trigueras Durón(desde la curul): Muchas gracias, compañero presidente. Queridos compañeros de todas las fracciones, especialmente mis compañeros del PRI, hay un dicho que dice: cuando fuiste martillo no tuviste clemencia; ahora que eres yunque pues ten paciencia.

Parece que todo lo que ese gobierno y aquellos gobiernos hicieron durante 70 años —y vaya que a mí no me gusta recordar el pasado—, parece que aquí se les olvida lo que han hecho y lo que hicieron con esta nación.

Si bien se han dicho precursores de instituciones, sí se los reconocemos, pero como nunca el Partido Acción Nacional ha propiciado que esas instituciones se dirijan con más limpieza y pulcritud.

Aquí me hace mucho ruido, que sabiendo perfectamente bien que 500 diputados estuvimos de acuerdo con los ex braceros y no desde ahorita, toda la vida, este gobierno federal fue responsable —tenemos un presidente inteligente que le ha dado la batalla—, lo que tienen es miedo, lo que tienen es miedo a los procesos de 2012.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Orden en la asamblea, por favor.

La diputada Dora Evelyn Trigueras Durón(desde la curul): No se hagan, lo que menos les interesa es el bienestar de esta nación, ustedes lo que quieren es volver a Los Pinos, por eso tienen miedo a los comentarios del presidente; por eso le tienen miedo a la candidata de nuestro partido o futura candidata. Le tienen miedo a los logros que este gobierno ha tenido en todo el trabajo que ha hecho social, en el medio ambiente, en el campo.

Aquí hay gente que quiere que se vean las veces que hemos caído, pero no las veces que nos hemos levantado; aquí quieren que se vea que nosotros somos un partido de derecha y santurrón. Pues no, señores, este partido tiene fuerza para defenderse, esta bancada está con los derechos de todos los mexicanos.

¿Queremos debatir? Debatamos una reforma política de a de veras, una reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal, todo lo que los mexicanos nos han reclamado cada vez que salimos.

¿Dónde están esas caras que voy a ver pidiendo el voto y con qué cara, compañeros de todos los partidos, van a salir a hacerlo? Aquí hay cosas más urgentes, aquí hay cosas más importantes; hay mexicanos, señor presidente, que se debaten todos los días, no por quién va a ser mejor candidato o quién va cuatro puntos arriba o abajo; aquí hay mexicanos todavía que se debaten entre qué van a comer de la mañana al medio día y en la noche, qué es del dinero que les va a ayudar para ir a alguna escuela pública o lo que les va a ayudar para ir a un servicio social, al Seguro Popular o cualquier otra de las instituciones que tenemos.

Ésas son cosas importantes que debemos debatir aquí. No sean demagogos. No hay que tenerle miedo a los procesos de 2012.

Somos diputados aquí y ahora; debatamos sobre los temas que esta nación nos exige. Compañeros, se los vuelvo a decir, recuerden tantito que cuando fueron martillo no tuvieron clemencia, ahora que son yunque tengan paciencia.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez(desde la curul): Gracias, señor presidente. A nombre de la bancada del Partido Verde, nos queremos sumar a las expresiones que hizo el diputado Carlos Flores Rico hace un momento, respecto al programa que acaba de anunciar el presidente de la República.

Hace una semana señalé ahí en tribuna que la credibilidad del presidente de la República estaba a prueba, habría que probar la consistencia de su discurso, porque un día antes de aquella ocasión, o más bien citando el discurso del 24 de febrero, el presidente de la República se comprometió a no entrometerse en el proceso electoral.

El día de hoy hace un anuncio, a todas luces electorero, de un programa que repartirá miles de millones de pesos y que de hecho —si me permite— le voy a poner en el micrófono el promocional que incluso ya subió la oficina de la Presidencia en Youtube; es indudable que el presidente de la República estará operando a favor de la candidata del Partido Acción Nacional que está en franca desventaja.

Si me permite, pondré –el audio.

(Audio)

– ¿Qué pasó?

– Necesito dinero para ir al Internet

– Ay hija, otra vez

– Pues qué quieres, necesito sacar la información

– Toma

– Ya llegué. ¿Qué pasa?

– Tu hija que otra vez se va al Internet y ya no la vemos en todo el día

– Ay, papá, tengo tarea, y en la casa no tenemos compu ni Internet. Nos vemos. Adiós

– (Inaudible)

– Pero piden muchos requisitos

– Y los intereses salen muy caros

– (Inaudible)

– ¿Adivinen qué?

– ¿Qué?

– Ya sé cómo podemos comprar una computadora y tener Internet

– ¿Cómo?

–Mira, lee

– Ay, a ver: el gobierno federal está dando apoyos para que podamos comprar una compu, y contratar Internet. No’ más hay que sacar un crédito Fonacot. Ay...

– Pues entonces hay que preguntar...

(Termina promocional)

Evidentemente este promocional es mucho más largo, pero hay una evidencia clara de una intromisión del presidente de la República para operar electoralmente a favor de la candidata del Partido Acción Nacional.

Es un cinismo por parte del Partido Acción Nacional, que aquí no sean congruentes y no den la cara en contra de este tipo y políticas o de acciones del presidente de la República. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El diputado Alejandro Encinas.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Quisiera hacer un exhorto a todas mis compañeras y compañeros diputados a dar otro tipo de debate, porque sinceramente estos dimes y diretes no solamente no abordan el tema de fondo, sino que dejan de lado el papel fundamental que debe cumplir el Poder Legislativo.

Por supuesto, aquí hay responsabilidades, particularmente la responsable de la mayoría de esta Cámara, que un día dice que el Ejecutivo federal no está solo, que lo acompañan las instituciones, y hoy quiere retomar un debate que lamentablemente dejó de lado la sesión anterior.

Quisiera que tuviéramos acuerdo en dos asuntos; el primero, entrar a debatir este tema con seriedad, y el segundo, que la mayoría y el conjunto de los diputados hagamos ejercicio de la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados para poder intervenir en aquellos manejos de recursos que no son acordes con el Presupuesto y las leyes que aprobamos.

No nos quedemos en los dimes y diretes, vamos a establecer el nivel de responsabilidades que implique el desvío de recursos, la intervención del Ejecutivo en el proceso electoral y hagámoslo ejerciendo las facultades que tiene el Poder Legislativo.

Lo demás, el pleito entre el yunque y el martillo, a la ciudadanía le tiene sin cuidado. Lo que queremos es que este Poder Legislativo garantice condiciones de equidad en la contienda y no la intromisión del Ejecutivo federal.

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Sonido en la curul de la diputada Augusta Díaz de Rivera.

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Un poco para sumarme al exhorto del diputado Encinas, y que en esta Cámara vengamos a cumplir con nuestra obligación.

Nuestra obligación es legislar para el país y no entrar en debates falsos; traer acá la inquietud de los partidos políticos por el hecho innegable de que el antes rijoso y hoy amoroso diputado de las izquierdas no va a subir de donde está, y de que el antes intocable e intumbable diputado del PRI va bajando por el tobogán, mientras la nuestra sube por elevador.

Quisiera exhortarlos de la manera más respetuosa a que cumplamos nuestra obligación en esta Cámara, de trabajar para lo que fuimos contratados, ya estarán las instancias correspondientes resolviendo el tema de si el presidente podía o no hablar de lo que habló; ya son ellos los que deben de resolverlo, no nosotros. Nosotros tenemos que estar acá discutiendo los grandes temas nacionales, que estamos dejando de lado.

No somos nosotros, en el Partido Acción Nacional, los que estamos iniciando un debate en esta Cámara acerca de estos temas; nosotros hemos querido siempre debatir las reformas que dejaron aparte, que el PRI dejó abandonadas por retomar una campaña, que ahora se les está cayendo.

Debemos de seguir lo que nos queda en esta Cámara, de discutir esos temas importantes para la nación y dejar lo que tanto les gusta a ellos, que son las telenovelas rosas con su candidato y la que acaban de poner por el micrófono. Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: La diputada Sofía Castro, por favor.

La diputada Sofía Castro Ríos(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Primero, para reconocer que el debate que debemos dar los legisladores debe ser un debate de ideas, un debate de altura; lamento mucho que la compañera Augusta ahora no tenga memoria y que la compañera Evelyn desconozca el tema presupuestal.

Simplemente, por conocer Sonora, no hay presupuesto tres meses a la distancia, y si hablamos a nivel nacional, pregúntenme cómo está Oaxaca. Hace dos días estuve en Jalapa del Marqués y hay denuncias de nombres de personas que no tienen el programa Oportunidades y que están señalando con claridad a los empleados de Sedesol que están yendo de casa en casa a amenazar a las familias humildes y familias pobres, que si no votan por el PAN y por Calderón, no les va a llegar el recurso en seis meses posteriores a la encuesta.

¿Qué quiere decir? Que los panistas no tienen principios ni valores; que el presidente de la República está ocupado de su candidata, que evidentemente no solamente no tiene elevador, sino que está cada día a la baja, porque no hay congruencia, y hoy lo dijo su compañero Clouthier: no hay congruencia.

Me parece que el debate debe darse de altura, sí, pero siempre y cuando los funcionarios estén en la cárcel. No se vale que usen los programas sociales, como el de Sedesol o como el de la Sagarpa. Ahí está el comisionado de Conapesca presionando a los pescadores y eso nos consta. Lo hemos denunciado.

Coincido con el compañero diputado Encinas, que hay que ir de los dichos a los hechos, y de los dichos a los hechos implica que la Fepade cumpla con su función institucional de generar las denuncias y de llegar hasta las últimas consecuencias.

Creo que el debate tiene que ser de ideas, sí, pero denunciando los hechos que acontecen día a día, y el presidente de la República que deje que el trámite legislativo, que el trámite democrático, el país, se dé en las propuestas y no en entrometerse con programas que no fueron discutidos, que no están en el Plan Nacional de Desarrollo y que hoy, frente a las vísperas de una elección, está sacando de la manga para poder, no solamente convencer, sino pretendiendo sorprender a la sociedad mexicana, que está cansada del hambre, de la hambruna, de la sequía, de un gobierno sordo, que no escucha, que no atiende, pero que sí tiene intereses de conservar el poder por el poder.

Creo que es importante que debatamos, pero es más importante, sobre todo, que las instituciones hagan uso de sus facultades y que de las auditorías lleguemos a las denuncias y que las denuncias se apliquen para que los responsables vayan a la cárcel. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: La diputada Leticia Quezada, por favor.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Comentar que prácticamente ya estamos en el debate; pedirle al PRI seriedad, porque tal parece que de repente les llaman, van a una reunión, a una cena y cambian de parecer. Les llamamos a la seriedad, compañeros, compañeras.

Ustedes tienen, el PRI, en esta Cámara de Diputados la mayoría; ejerzan esa mayoría que se tiene para que paremos y que le exijamos a Felipe Calderón que saque las manos del próximo proceso electoral.

Es clara una intromisión por parte del Ejecutivo federal; el día de hoy saca un comunicado la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social, comunicado de prensa número 170060312, del 6 de marzo de 2012, donde anuncian que van a capacitar a adultos mayores del Inapam en temas electorales.

¿Qué tiene que hacer la Sedesol capacitando a adultos mayores? ¿Cuántos van a capacitar y para qué y con qué fin? Creo que este tipo de temas son precisamente los que también se tienen que debatir en esta Cámara de Diputados y poner un alto, y hacer uso de nuestras atribuciones, porque uno de nuestros deberes es estarle dando seguimiento precisamente a esto, y uno de nuestros deberes y de nuestras atribuciones precisamente es hacer auditoría de todo, y la fiscalización.

Ir a denunciar todos los actos de desviaciones de recursos y delitos electorales que se puedan estar cometiendo desde la Presidencia de la República, para darle su apoyo a una de las candidatas.

Aquí la contienda tiene que ser pareja y eso es a lo que llamamos; eso sería nuestro llamado al PRI, a que se mantenga y a que ejerza esa mayoría que tiene en esta Cámara de Diputados, y no que un día estén entrándole y al otro día o a la siguiente semana se estén rajando.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Para concluir la lista de oradores, antes de escuchar al presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Armando Ríos Piter, tiene la palabra el diputado José Ramón Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Cuánta razón se tiene cuando se nos invita a reflexionar sobre elevar el nivel del debate legislativo en esta Cámara de los Diputados.

Cuánta razón nos asiste al afirmar categóricamente que somos una Cámara legislativa, pero como representación popular también tenemos la obligación de debatir lo que políticamente nos interese en la representación popular que ostentamos.

Desde luego que nos negaremos siempre a debatir con quienes desde la palabra pulcridad, inexistente en cualquier debate político, se utiliza como un argumento; pulcridad no la conozco, pulcritud sí, o quienes hablan también que se puede ser titular del Ejecutivo en la mañana y dejar de ser titular del Ejecutivo por la tarde, para expresarse como ciudadano.

Ese tipo de debate, desde luego que nos negamos rotundamente a sostenerlo con quienes las envían a provocar que a ese nivel se bajen las cosas. Tenemos una facultad que aquí se nos recordó, que es la facultad de supervisar, de fiscalizar si los recursos públicos se están destinando para lo que aquí se aprobó como Presupuesto en la honorable Cámara de Diputados.

Desde luego que no vamos a renunciar a ella, bienvenida la posibilidad de poner el acento en esa facultad que tenemos; bienvenido, reiterado a que hagamos de esto una agenda política con debate de alturas, pero también —lo tengo que decir— con respeto pero con energía: somos un partido de convicción que cree en el equilibrio de Poderes; jamás nos vamos a negar a dialogar entre Poderes; jamás negaremos que los partidos políticos puedan dialogar, inclusive, con parte de los Poderes, que no sean de su misma militancia. Es parte de la democracia.

Pero lo que sí reiteramos también es que jamás permitiremos que en uso extraordinario de facultades, que no le da la Constitución, se presuma que el titular del Ejecutivo está tratando de influir en lo que es el proceso electoral. Eso jamás lo permitiremos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El diputado Armando Ríos Piter. ¿No va a hacer uso de la palabra el diputado Ríos Piter? Si no, para continuar el orden del día.

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): Presidente, es una pregunta, primero que nada, ¿estaríamos terminando este debate, según lo que usted pone a consideración?

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Mire, dije muy claramente que íbamos a dar la palabra a todos cuantos la estuvieran solicitando. Así se hizo. Para cerrar este bloque se concedió la palabra a un orador en lugar de cinco que estaban inscritos todavía.

Aquí está la lista, la han visto dos vicepresidentes, y para cerrar anuncié previamente que usted haría uso de la palabra. Le consulto si va a hacer uso de la palabra.

El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): Presidente, sin duda alguna este es un tema extraordinariamente sensible para todos los grupos parlamentarios que estamos aquí; creo que lo que ha antecedido, que ha sido verdaderamente un debate, deja claro que tenemos que profundizar en este tema.

La participación del Ejecutivo en eventos, ya fuera en el tema de los ex braceros o en la implementación de programa, que dejan serias dudas a los legisladores, que somos los que asignamos el Presupuesto, merece y requiere de un debate de altura; por tal razón, presidente, le pido primero que nada que éste sea motivo —como se ha plantado— de la agenda política para tener una información profunda y puntual.

Sin duda alguna hay quienes plantean que sea hoy, hay quienes lo han puesto a consideración, pero debo decir que como presidente de la Junta también estoy obligado a decir los argumentos que se nos han planteado por parte de otros grupos; hay quienes consideran —y si bien mi bancada estaría a favor— que el debate fuera hoy, hay quienes nos lo han planteado —y me parece que es importante escuchar esa situación— tener mucha más información.

¿Por qué razón? Hoy estamos hablando de un supuesto programa que instala el titular del Ejecutivo y que no tenemos claridad, y —lo debo decir— si ese programa está autorizado en el Presupuesto o no lo está; por esa razón, tenemos que tener más información, compañeros diputados y compañeras diputadas.

Por tal motivo y como presidente de la Junta, le comento que estaremos planteando, si es que así usted lo define y la asamblea así se lo corrobora, que el próximo jueves pueda ser este tema de debate de la agenda política, incluido el asunto de los ex braceros, porque estamos totalmente de acuerdo en que sea parte del debate. Muchas gracias, presidente.

Presidencia del diputado Guadalupe Acosta Naranjo

RECESO

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo (a las 15:40 horas): Compañeros, compañeras, voy a declarar un receso de tres minutos para que la Junta de Coordinación Política nos informe cuál es el trámite que vamos a seguir sobre el tema. Un receso.

(Receso)

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo(a las 15:56 horas): Vamos a reiniciar la sesión. En tanto la Junta de Coordinación Política nos hace llegar el acuerdo por escrito que han tomado, vamos a continuar con el orden del día, tratando los otros temas y resoluciones que nos propone la Junta de Coordinación Política, algunos casos muy urgentes.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Finanzas de Michoacán, para que al Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán se le equipare a la figura de ayuntamiento que tenía, y continúe recibiendo los recursos públicos federales y estatales

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta el diputado Martín García Avilés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Finanzas de Michoacán, para que al Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán se le equipare a la figura de ayuntamiento que tenía y continúe recibiendo los recursos públicos federales y estatales que obtenía por derecho.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2012.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría —al no haber oradores en este tema—, en votación económica, si se encuentra el tema suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muy bien. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y diputados por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado. Comuníquese.

ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita la ampliación del operativo Guerrero Seguro a los municipios que comprenden la Costa Grande y Tierra Caliente de ese estado

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del mismo, que sustentan el diputado Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y la diputada Claudia Ruiz Massieu, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a consideración del pleno el presente acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que ante la creciente inseguridad que se vive en el país, y especialmente en algunas entidades de la república, el pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado diversos pronunciamientos para exhortar a las autoridades federales a mejorar su política de seguridad pública y de combate al crimen organizado que garantice a la población tranquilidad y respeto a sus vidas y patrimonio.

II. Que el estado de Guerrero ha sido víctima del incremento de la violencia generada por el crimen organizado, y que como parte de la respuesta que el Estado mexicano debe a sus ciudadanos para garantizar su derecho a la seguridad, las autoridades federales pusieron en marcha, en coordinación con los gobiernos estatal y municipales, a partir del mes de octubre pasado, un operativo conjunto denominado Guerrero Seguro, que ha impactado positivamente en la región, centrándose en las zonas turísticas principalmente.

III. Que el papel que la Marina Armada de México ha desempeñado en este operativo conjunto ha sido determinante para abatir los índices de incidencia delictiva, por lo cual la confianza de la ciudadanía en esta institución ha aumentado.

IV. Que no obstante lo anterior, la actividad criminal se mantiene en otras zonas de la entidad, razón por la cual resulta urgente que sus habitantes cuenten con el apoyo de nuestras autoridades.

V. Que resulta imprescindible la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión, no sólo para abatir los índices de criminalidad, sino para construir instituciones confiables que permitan a la ciudadanía su participación activa en la vida pública de nuestra nación.

VI. Que el pleno aprobó en su sesión del 10 de noviembre de 2011, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, un acuerdo para exhortar a diversas Secretarías de Estado y a la Procuraduría General de la República, a ampliar el operativo Guerrero Seguro al municipio de Zihuatanejo de Azueta, lo cual confirma la preocupación de esta soberanía por la inseguridad que prevalece en dicha entidad.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta somete a consideración del pleno, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno federal que realice las acciones necesarias a efecto de ampliar el operativo coordinado denominado Guerrero Seguro, actualmente en aplicación en diversas zonas del Estado de Guerrero, a los municipios que comprenden la Costa Grande y la Tierra Caliente de la entidad, incrementando principalmente para tal fin la presencia de efectivos militares de la Marina Armada de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2012. — Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Jorge Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: No habiéndose registrado oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte ahora la Secretaría si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría, por favor.

REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACION

La Secretaria diputada Gloria Romero León: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a realizar a través de la Secretaría de Gobernación consultas con el Poder Legislativo y organizaciones de la sociedad civil para la pronta emisión del Reglamento de la Ley de Migración

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustentan diputadas y diputados integrantes de las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, así como Especial sobre Migración, por lo que se somete a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a convocar a consultas con el Poder Legislativo y continuar con la realización de reuniones con organizaciones de la sociedad civil a fin de revisar a profundidad el contenido del Reglamento de la Ley de Migración.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, una vez realizado este ejercicio de consulta e intercambio de puntos de vista, se publique con la brevedad el Reglamento de la Ley de Migración para garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes que transitan por el territorio nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2012.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: No habiéndose registrado oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado. Comuníquese.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias para resolver el litigio suscitado por la posesión del predio Hidalgo y Carrizo, situado en los terrenos federales del ex Lago de Texcoco; y al gobierno del estado de México, a coadyuvar en la solución del conflicto ocasionado por la ocupación de los terrenos de Piamango, de la comunidad de Cuautlalpan

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que sustenta el diputado José Luis Jaime Correa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias con objeto de resolver el litigio suscitado por la posesión del predio de Hidalgo y Carrizo, situado en los terrenos federales del ex Lago de Texcoco.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México a coadyuvar en la solución del conflicto ocasionado por la ocupación de los terrenos de Piamango, de la comunidad de Cuautlalpan, aplicando el plan estatal de desarrollo urbano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2012.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica),Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: No habiéndose registrado oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte ahora la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado. Comuníquese.No nos ha llegado todavía el acuerdo de la Junta, así es que vamos a continuar con el orden del día, esperando que nos llegue el acuerdo.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, en materia del aviso de funcionamiento.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, en materia de aviso de funcionamiento

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 11 de enero de 2012, el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud en materia del aviso de funcionamiento.

2. Con misma fecha la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicha iniciativa para su estudio y dictamen.

II. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

Establecer que el aviso de funcionamiento los establecimientos que no requieran de autorización sanitaria, deberá presentarse por lo menos treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones. Incluir como datos de dicho aviso, la descripción de los productos, incluyendo el nombre de todos los ingredientes que los componen, modo de empleo, muestra de la etiqueta original, información con la que se comercialice y en su caso monografía y fórmula cuantitativa para aquellas sustancias no comunes. Para el caso de productos que contengan plantas se incluirá además el nombre científico de las mismas, entre otros.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4°:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La figura del “aviso de funcionamiento”, aparece en 1997 con la publicación de una serie de reformas a la Ley General de Salud, en especifico en el artículo 200 Bis, que establece la necesidad de un aviso de funcionamiento para los establecimientos que, por su actividad, pueden generar riesgos para la salud de las y los mexicanos pero que pueden no estar explícitos, como en el caso de los que requieren autorización sanitaria. De esa manera se inicio esta especie de herramienta que permitiera identificar posibles riesgos sanitarios en los establecimientos, y actuar antes de que representaran un peligro grave para la sociedad.

Tercera.El Ejecutivo Federal publicó el acuerdo por el que se dan a conocer los establecimientos que deberán presentar el trámite de Aviso de Funcionamiento, en el marco del Acuerdo que establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, señala que es responsabilidad del Estado la protección de la sociedad frente a potenciales riesgos a la salud ocasionados por el uso y consumo de, entre otros, alimentos, bebidas, medicamentos, suplementos alimenticios, productos cosméticos, así como de otros productos y sustancias; Asimismo señala que para cumplir con esa responsabilidad, la Ley General de Salud confiere a la Secretaría de Salud, entre otras atribuciones, el ejercicio del control sanitario sobre el proceso, uso, importación, exportación, aplicación, disposición final y publicidad de los productos antes mencionados, así como sobre los establecimientos relativos.

Cuarta. Es por ello el espíritu de la iniciativa, ya que debido a que a pesar de la existencia de esta figura, el artículo 200 Bis establece que el aviso de funcionamiento se deberá entregar a más tardar diez días después de iniciada la operación, lo cual resulta incongruente con la idea de prevenir los riesgos sanitarios. Durante ese lapso de diez días de funcionamiento, más el tiempo que toma revisar el aviso de funcionamiento, se pueden cometer serias faltas que pueden poner en riesgo la salud de las personas. Al final, la acción del gobierno es una protección ineficaz, pues cura el daño y no lo previene.

Asimismo, si realmente se quiere prevenir, el aviso de funcionamiento debe entregarse previo al inicio de operaciones, a efecto de poder resolver si existen o no riesgos para la salud, y que una vez que entre en operaciones el establecimiento se haya eliminado toda sospecha de peligro.

Es por ello que se considera viable la reforma contenida en los artículos 47 y 200 Bis, respecto a la ampliación de termino, esto con la finalidad de dar mayor certeza de protección a los ciudadanos, pasando del esquema de diez días a por lo menos treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones y contener los requisitos establecidos en el artículo 200 Bis de la Ley General de Salud.

Quinta. Con respecto a la adición de una fracción III al artículo 200 Bis se considera viable la descripción de los productos, incluyendo el nombre de todos los ingredientes que los componen, modo de empleo, muestra de la etiqueta original, información con la que se comercialice y en su caso monografía y fórmula cuantitativa para aquellas sustancias no comunes. Para el caso de productos que contengan plantas se incluirá además el nombre científico de las mismas, debido a que es preciso señalar que los integrantes están de acuerdo en que el aviso de funcionamiento debe ser más explicativo, sin dejar de ser un trámite sencillo; esto con la finalidad de que se brinde más información que facilite la detección de posibles riesgos y que ayude a un análisis más rápido, el aviso de funcionamiento debe contener las características de los productos empleados y no sólo un listado. De esa manera se facilitará la revisión de las características de los productos a la Comisión Federal de Protección para Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Sexta. Esta reforma refleja un compromiso de propiciar la transparencia, fortalecer el Estado de Derecho, incrementar la seguridad jurídica de los particulares, e instrumentar medidas que favorezcan la creación de empresas, en especial las de menor tamaño.

Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de Comisión de Salud de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud en materia del aviso de funcionamiento

Artículo Único. Se reforman el segundo párrafo del artículo 47 y el tercer párrafo del artículo 200 Bis, y se adiciona una fracción III Bis al artículo 200 Bis; de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 47. ...

El aviso a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse por lo menos treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operacionesy contener los requisitos establecidos en el artículo 200 Bis de esta ley.

...

Artículo 200 Bis. ...

...

El aviso a que se refiere este artículo deberá presentarse por escrito a la Secretaría de Salud o a los gobiernos de las entidades federativas, por lo menos treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones y contendrá los siguientes datos:

I. a III...

III Bis. La descripción de los productos, incluyendo el nombre de todos los ingredientes que los componen, modo de empleo, muestra de la etiqueta original, información con la que se comercialice y en su caso monografía y fórmula cuantitativa para aquellas sustancias no comunes. Para el caso de productos que contengan plantas se incluirá además el nombre científico de las mismas.

IV. a VI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los avisos que se presenten a partir de la entrada en vigor de lo dispuesto por el presente decreto y no cuenten con los requisitos señalados, contarán con 30 días para actualizarlos, de lo contrario tendrán que iniciar un nuevo trámite.

Palacio Legislativo, a 28 de febrero de 2012.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica), Marcela Vieyra Alamilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra, para presentar el dictamen, el diputado Verver y Vargas, a nombre de la comisión.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): En contra, diputado presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tenga usted la seguridad que será anotado como usted lo indica.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez:Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. La figura de aviso o funcionamiento aparece en 1997, con la publicación de una serie de reformas en la Ley General de Salud, en específico el artículo 200 Bis, que establece la necesidad de un aviso de funcionamiento para los establecimientos, para que su actividad no genere riesgos a la salud de las y los mexicanos, pero puede no estar explícito el caso que requería autorización sanitaria.

La idea de esta herramienta es que permitiera identificar posibles riesgos sanitarios en los establecimientos y actuar antes de que representen un peligro grave ante la sociedad.

A pesar de la existencia de esta figura en el artículo 200 Bis, que establece que el aviso de funcionamiento se deberá entregar a más tardar 10 días después de iniciada la operación del establecimiento, lo cual resultaba incongruente con el tema de los riesgos sanitarios y especialmente prevenirlos.

Ese lapso de 10 días era el tiempo que tomaba para revisar el aviso y determinar si era o no era riesgoso esto y se cometían serias faltas; actualmente se ha notado, con la llegada de los productos milagro y los productos que se acogen a esta herramienta, y luego cuesta mucho trabajo establecer que no son muy inocuos para la salud de las personas.

Si realmente se quería prevenir eso, el aviso debería de hacerse antes del inicio de operaciones, a efecto de resolver si existían o no riesgos a la salud y que una vez que entre en operaciones el establecimiento sea eliminada toda sospecha de peligro.

Por eso pensamos y decidimos en la Comisión de Salud el decreto que reforma los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, en materia de aviso de funcionamiento, quedando como sigue:

Artículo único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 47 y el tercer párrafo del 200 Bis de la Ley General de Salud para quedar:

Artículo 47. El aviso a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse por lo menos 30 días antes a aquel en que se pretende iniciar operaciones y contener los requisitos establecidos en el artículo 200 Bis de esta ley.

Artículo 200 Bis —a modificar—. El aviso a que se refiere este artículo deberá presentarse por escrito a la Secretaría de Salud o a los gobiernos de las entidades federativas por lo menos 30 días anteriores a aquél en que se pretende iniciar operaciones y contendrá los siguientes datos...

Lo que menciona la ley.

Un transitorio. El primer decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El segundo transitorio, que fue contemplado en la fe de erratas, se debe de eliminar, dado la posibilidad de que no existe, como se contempla en la fe de erratas, lo que quedó suscrito ahí.

De tal manera que creo que esta modificación en la ley puede ser altamente útil para todas y para todos.

Pensamos que en el mundo moderno, donde los productos milagro han invadido México y los productos frontera circunscribiéndose al aviso de funcionamiento y dado que no necesitan registro sanitario, pudiéramos correr con el riesgo de que el producto pueda tener riesgos para la salud; esto nos permite que si se avisa 30 días antes, la autoridad sanitaria podrá investigar si ese producto que no necesita registro o esa situación no pone en peligro la salud de las y los mexicanos.

En ese sentido, creo que con las correspondientes correcciones que vienen en la Gaceta Parlamentaria estaríamos en la Comisión de Salud invitando a esta honorable asamblea a votar a favor de esta modificación de la ley, que tengan la plena seguridad que va a dar certidumbre y oportunidad para que todas y todos los mexicanos estén favorecidos en ese sentido.

Creo que es lo más importante que podríamos hablar y en el entendido de la fe de erratas que vienen contempladas en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.

«Fe de erratas, respecto del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud en materia del a viso de funcionamiento

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputado.— Presente.

Fe de erratas, respecto del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud en materia del a viso de funcionamiento, en razón de que dicha modificación se hizo en el desarrollo de la 17° reunión plenaria, y por error no fue considerada en el dictamen enviado a la Mesa Directiva el decreto final aprobado, el cual elimina el 111 Bis del artículo 200 Bis de la Ley General de Salud. Se anexa la versión estenográfica donde se aprueba por el pleno de esta comisión la modificación y el dictamen corregido en medio electrónico.

El cual dice:

Artículo 200 Bis. ...

El aviso a que se refiere este artículo deberá presentarse por escrito a la Secretaría de Salud o a los gobiernos de las entidades federativas, por lo menos treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones y contendrá los siguientes datos:

I. a III. ...

III Bis. La descripción de los productos, incluyendo el nombre de todos los ingredientes que los componen, modo de empleo, muestra de la etiqueta original, información con la que se comercialice y en su caso monografía y fórmula cuantitativa para aquellas sustancias no comunes. Para el caso de productos que contengan plantas se incluirá además el nombre científico de las mismas.

IV. a VI. ...

Debe decir:

Artículo 200 Bis. ...

...

El aviso a que se refiere este artículo deberá presentarse por escrito a la Secretaría de Salud o a los gobiernos de las entidades federativas, por lo menos treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones y contendrá los siguientes datos:

I. a VI. ...

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de febrero de 2012.— Diputado Miguel Antonio Osuna Millán, Presidente.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado, nos pudiera auxiliar volviendo a leer las modificaciones que ustedes mismos proponen al dictamen.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez:La fe de erratas que se menciona en el artículo 200 es:

Debe decir:

El aviso a que se refiere este artículo deberá presentar por escrito a la Secretaría de Salud, a los gobiernos de las entidades federativas, por lo menos 30 días anteriores a aquél en que se pretendan iniciar operaciones y contendrá los siguientes datos. Ésa es la fe de erratas.

Hay un segundo transitorio que se refiere a este artículo, que es la razón de que ya no debe de estar contemplado en el dictamen que se ha votado en esta asamblea.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muy bien, muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Verver, a nombre de la comisión.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación propuesta por el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Gracias, secretaria. En consecuencia, está a discusión en lo general y con las modificaciones propuestas por el diputado Verver, a nombre de la Comisión y aceptadas por la asamblea.

Se han registrado para hablar en contra, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, y para hablar a favor, el diputado Sergio Tolento Hernández, del PAN y el diputado Antonio Benítez Lucho, del PRI. Estos son los tres oradores registrados y a ellos nos vamos a sujetar.

Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, hasta por cinco minutos, para hablar en contra del dictamen.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el motivo para votar en contra de este proyecto de dictamen es la manera tan precipitada en la que se someten al pleno modificaciones a los proyectos de dictamen originalmente aprobados en la Comisión de Salud.

Se nos presentó, por parte del diputado preopinante una fe de erratas, que no es una fe de erratas, es una modificación completa al proyecto de dictamen, porque se modifica una fracción III Bis del artículo 200 Bis de la ley sometida a nuestra consideración, y se elimina también el artículo segundo transitorio de este proyecto de dictamen; entonces, no se trata de una fe de erratas, esto es falso.

Aunque así es comunicado al diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva, se nos hace o se nos presenta como fe de erratas, lo que entraña realmente un cambio sustancial a este proyecto de dictamen.

Me parece que es poco serio que el pleno de la Cámara de Diputados sea tratado de esta manera por una Comisión; en todos los casos las comisiones deben presentar ante este pleno proyectos acabados, consolidados y no hacer pasar modificaciones sustanciales a un proyecto de dictamen como fe de erratas, como se está pretendiendo en esta ocasión.

Votaré en contra de este proyecto de dictamen por el desa-seo parlamentario, porque no se trata de una fe de erratas, como se sostiene en la Gaceta Parlamentaria, y porque se está solicitando la derogación del artículo segundo transitorio de este proyecto de dictamen, y votaré en contra, porque exijo respeto como diputado y exijo respeto a todo este pleno para que se presenten —repito— proyectos acabados al mismo y no proyectos incompletos. Por su atención, compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Sergio Tolento Hernández, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, diputado Verver, dígame.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez(desde la curul): Una pequeña aclaración; en la versión estenográfica viene la versión completa de lo que se hizo. Creo que se puede consultar la que estuvo y se votó en el pleno de la comisión.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Gracias, diputado.

El diputado Sergio Tolento Hernández:Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros, el Estado mexicano tiene la obligación de que sus gobernados cuenten con las condiciones idóneas y necesarias para el ejercicio de sus derechos, y el de la protección de su salud no es la excepción.

La Ley General de Salud establece como materia de salubridad general el control sanitario del servicio de los establecimientos encargados del proceso de productos, de su importación y exportación, así como la publicidad de éstos.

El aviso sanitario de funcionamiento se le requiere a los establecimientos que se encuadran en las actividades relacionadas con las materias de salubridad general que ya se han mencionado, esto cuando no requieren de autorización sanitaria, precisamente por no considerárseles fuentes de riesgo evidente.

Efectivamente, la figura del aviso de funcionamiento aparece en 1997, con la publicación de una serie de reformas a la Ley General de Salud, en las que se incluye lo que originó el artículo 200 Bis, que establece la exigencia de un aviso de funcionamiento precisamente para aquellos establecimientos que no requieren de la autorización señalada.

Los establecimientos que deben cumplir con este requisito son determinados por la Secretaría de Salud mediante acuerdo, en el que los clasifica en función de la actividad que realicen y se publica en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, en el texto vigente de los artículos que propone la reforma, es reformar la iniciativa que nos ocupa; se establece un plazo de 10 días posteriores al inicio de operaciones, mismo que constituye uno de los elementos que la iniciativa propone, y precisamente esos elementos es cambiar para que sea por lo menos con 30 días de anticipación.

Esta iniciativa también propone que en el escrito que dirigen los establecimientos para dar aviso del funcionamiento se incluya por mandato de ley la descripción de los productos, incluyendo el nombre de todos los ingredientes que lo componen, modo de empleo, muestra de la etiqueta original, información con la que se comercialice y en su caso monografías y fórmula cuantitativa para aquellas sustancias no comunes.

Para el caso de productos que contengan plantas, se incluirá demás el nombre científico de las mismas.

Por ello, para la prevención del riesgo se exige la autorización sanitaria en aquellas actividades que establece el artículo 198 de la misma Ley General de Salud, entre las que se encuentran los actos quirúrgicos u obstétricos; la elaboración o fabricación de medicamentos, incluyendo los que contienen estupefacientes, psicotrópicos y la aplicación de plaguicidas, así como la utilización de fuentes de radiación.

El reforzamiento de la gobernanza en salud mediante iniciativas como ésta siempre podrán contribuir al adecuado desarrollo de las actividades en las que se requiere el aviso de funcionamiento, a favor del ejercicio del derecho a la protección de la salud de las personas; por ello, los legisladores del PAN votaremos a favor del dictamen positivo de esta iniciativa. Es cuanto, compañero presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muy amable. Si el orador permite una pregunta del diputado Granados. No, no la admite.

Sigue el diputado Antonio Benítez Lucho, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Antonio Benítez Lucho:Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, vengo a apoyar el dictamen con proyecto de decreto de la reforma que se pretende hacer al artículo 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, en materia de aviso de funcionamiento.

Me parece que la propuesta de reforma es preventiva y me parece que es oportuna; oportuna, porque lo que se quiere reformar es justamente un tema que tiene que ver con algunos productos alimenticios, suplementos alimenticios, la proliferación de los llamados productos milagro.

Me parece que en los 10 días de los que habla la Ley General de Salud, en el tema de aviso de funcionamiento, no hay ni la prevención ni el tiempo ni la revisión para que pueda iniciar, en este caso, el funcionamiento de algún comercio, que tenga que ver con este tipo de productos que al inicio manejé.

Me parece que en el artículo 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, se establece que el aviso de funcionamiento se deberá entregar dentro de los 10 días posteriores al inicio de operaciones; es posterior al inicio de operaciones, lo cual resulta incongruente con la idea de prevenir los riesgos sanitarios.

Durante ese lapso de 10 días de operaciones, más el tiempo que toma de revisar el aviso de funcionamiento, se pueden cometer serias faltas que pueden poner en riesgo la salud de las personas; entonces, al final, la acción del gobierno es una protección ineficaz, pues a lo mejor cura el daño, pero no la previene.

Las reformas al artículo 47 y 200 Bis tienen como objetivo pasar del esquema de 10 días posteriores o por lo menos, 30 anteriores a aquél en que se pretendan iniciar operaciones, con el objetivo de poner o resolver si existe o no riesgo para la salud, y que una vez, entre otras operaciones, el establecimiento haya eliminado toda sospecha de peligro, lo anterior sin mermar el hecho de que se pueden establecer empresas nuevas, en especial las de menor tamaño.

La ventaja que tiene esta propuesta es que, entre otras cosas, se debe dar el aviso, independientemente de que se debe poner al responsable, el nombre y domicilio de la persona moral, los procesos utilizados, la línea de los productos, el responsable, la cédula profesional y clave de la actividad.

En concreto, me parece que es una iniciativa beneficiosa para los daños colaterales a la salud, oportuna y preventiva. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado, si le admite una pregunta al diputado Granados.

El diputado Antonio Benítez Lucho: Sí, con mucho gusto.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Ah, una moción de ilustración. Sí, claro.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Gracias, muy amable presidente. Fundamentalmente una moción de ilustración, en razón de la intervención que tuvo el diputado Sergio Tolento Hernández.

Él se refirió todavía a la existencia o a la presunta existencia de la fracción III Bis del artículo 200 Bis de este dictamen, aún y cuando el propio diputado Verver, señaló perfectamente que ya se encontraba anexa la fe de erratas donde quedaba suprimida totalmente la fracción III Bis.

De tal forma que para que esta soberanía esté ilustrada debe tenerse conciencia de que la fracción III Bis, que establece la descripción de los productos, incluyendo el nombre de todos los ingredientes que las componen, modo de empleo, muestra de la etiqueta original, información con la que se comercialice y en su caso, monografía y fórmula cuantitativa para aquellas sustancias no comunes; para el caso de productos que contengan plantas, se incluirá además el nombre científico de las mismas.

Esta fracción no forma parte ya del dictamen, y lo digo porque el diputado Tolento Hernández —por eso le quería formular la pregunta—, se refirió específicamente también a ella. ¿Es así, verdad, diputado?

El diputado Sergio Tolento Hernández (desde la curul): Así es.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias a los diputados. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Suficientemente discutido en lo general. En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder en la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la asamblea, en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 213 votos en por, 6 en contra, 0 abstenciones. No hay quórum, señor presidente.

RECESO

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo(16:30 horas): De acuerdo al Reglamento, declaro un receso de tres minutos para luego reiniciar la votación.

(Receso)

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo(a las 16:34 horas): Le solicito, por favor, a la Secretaría que vuelva a abrir el tablero electrónico para recoger la votación, tanto en lo general como en lo particular, hasta por cinco minutos.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la asamblea en un solo acto.

(Votación)

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Permítame tantito. Sonido en la curul del diputado Flores Rico.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul): Gracias, señor presidente. Hace unos minutos, cuando estaba este debate informal aquí acerca de las injerencias del señor presidente de la República en las elecciones, una compañera diputada muy estimable del Partido Acción Nacional, dijo que entre sus funciones fundamentales era venir a legislar.

Ha quedado evidente que una gran parte del Grupo Parlamentario del PAN no ha querido venir a legislar hoy ni votar un dictamen, como está establecido en el Reglamento.

Con ese antecedente, señor presidente, quiero hacer notar el artículo 144 del Reglamento, que establece con toda claridad que mientras se realice la votación ningún diputado o diputada deberá salir del salón de sesiones ni excusarse de votar y que en el caso de que un diputado o diputada —que ahí están— desee abstenerse, deberá manifestarlo mediante el sistema electrónico.

Decían que querían venir a legislar, como dice el dicho latino hic rhodus, hic salta; aquí están, voten.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Gerardo Fernández. Sonido, por favor, en la curul del diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. No sé latín, porque en sociología no nos enseñaban latín, pero creo que es derecho de la fracción de Acción Nacional romper el quórum.

El Reglamento es un absurdo; ese Reglamento que dice que tienen que votar a fuerza me parece un despropósito. Es una práctica parlamentaria legítima.

Sin embargo, me parece un error de Acción Nacional, van dos intervenciones ilegales de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa en el proceso electoral.

Ha planteado Acción Nacional que está dispuesto al debate y cuando el debate se va a dar rehúye al debate. Lo entiendo, porque no tienen cómo defender a Calderón y vuelven con la cantinela de que va muy bien su precandidata y franca admiradora de Augusto Pinochet.

Lo que quiero plantear es solamente, diputado presidente, y compartirlo con la bancada de Acción Nacional, es que hoy han cometido un grave error, porque parece que no aprecian al secretario de la Función Pública, que vendrá mañana al pleno y se encontrará un ambiente más endurecido de la ya de por sí difícil comparecencia; será muy difícil que mañana no salga a la luz lo que hoy trataron de evitar en el debate y además, tendrá que debatirse en la agenda política del jueves este tema.

Creo que hoy, quienes coordinan la bancada de Acción Nacional —más bien la han descoordinado—, han puesto en un franco predicamento su posición política, porque en vez de subir a tribuna y defender con argumentos su posición, lo que están haciendo es evadir el debate, pero no lo podrán evadir permanentemente.

No hay plazo que no se llegue ni tiempo que no se cumpla y mañana será su plazo y su tiempo. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Unirme a este malestar, señor presidente; no es válido, ya estuvimos viendo cómo el día de hoy los de Acción Nacional se escudaron en sus mujeres precisamente para que fueran ellas quienes elevaran la voz.

Se vio cómo el licenciado Pérez Cuevas, ante una falta de hombría, escudándose incluso en quienes acostumbran hacer de la ofensa su argumento, presidente, cómo están de nueva cuenta el día de hoy rompiendo de esta manera el quórum, evadiendo con ello un debate que ellos mismos están exigiendo lo tengamos.

Queremos hacer un debate de altura, queremos hacer un debate donde los mexicanos conozcan lo que está sucediendo en el país, presidente. Es lamentable.

La vez pasada dijo Pérez Cuevas, que ellos querían debatir y ellos iban a decir cuándo; nosotros le queremos decir al señor Pérez Cuevas, que queremos debatir el día de hoy; queremos llevar esto a la tribuna y no se vale que utilicen este tipo de artimañas para romper quórum.

A ésos que están gritando, les pediría que primero cumplan con su obligación de votar y después abramos el debate. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra la diputada Kenia López. Sonido en la curul de la diputada Kenia. Calma, compañeros, calma.

La diputada Kenia López Rabadán(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Me parece muy lamentable que estando a unas horas de decir todos en maravillosos discursos que será el Día Internacional de la Mujer, que seguramente vendrán aquí a hablar y a expresar maravillas de las mujeres, de lo que han hecho en sus partidos políticos, que haya hoy ese comentario del diputado diciendo que en el Partido Acción Nacional nos ponen como escudo, porque subimos a debatir.

Me parece lamentable, presidente y le solicitaría pusiera orden en el pleno.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Orden, compañeros, calma.

La diputada Kenia López Rabadán (desde la curul): Me parece lamentable y les voy a decir por qué, me parece lamentable porque no es posible que le tengan miedo a una futura presidenta de México; me parece... no se escucha, presidente ¿podría subir el volumen?

Me parece lamentable que pongan en entredicho a las legisladoras, por el tema de ser mujeres; me parece lamentable la expresión misógina de venir a decir aquí que si una mujer toma la tribuna o toma la palabra, es porque nos están poniendo de escudo.

Es una lástima, porque en el PAN, diputadas y diputados, no hubo Juanitas, en el Verde, en el PRI y en los demás partidos políticos pusieron a mujeres para después quitarlas y dejar a hombres.

Qué lamentable es, porque seguramente en esta semana sus discursos serán maravillosos sobre lo que han hecho por las mujeres y hoy, con este ejemplo, lo que demuestran es que las mujeres solamente les sirven para sus discursos y no para su realidad.

Qué lamentable que le tengan tanto miedo a una mujer, porque una mujer va a ser quien va a presidir este país y seguramente ustedes lo que hoy están demostrando es simple y sencillamente a quién le tienen miedo.

El tema de hoy a discusión, señor presidente, no es un tema de hombres y mujeres, el tema de hoy simple y sencillamente es que están demostrando que sea a cuatro o a siete puntos, ustedes están aterrados por una mujer.

Qué lástima, qué lástima que sea aquí en donde exhiban su misoginia, qué lástima que sea aquí en donde pongan a mujeres y después literalmente las quiten y las manden a su casa; qué lástima que sea aquí en donde todos los discursos se van por la borda, porque hoy por hoy, una mujer es a quien ustedes le tienen miedo. Muchas gracias, presidente.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Han solicitado la palabra innumerables diputados, muchos, entre ellos, el diputado Gerardo Cortez, pero han pedido la palabra 30 diputados. Pero tenemos un pequeño problema: No hay quórum. A ver, Secretaria, dicte el resultado de la votación, a ver si hay quórum.

La Secretaria diputada Gloria Romero León: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 228 votos en pro, 6 en contra y 1 abstención. En total, 235 votos. No hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Compañeros, hay innumerables solicitudes de intervención. Les propongo, para no dejar a todo mundo molesto pues no les podré dar la palabra a todos, que cada grupo parlamentario fije una postura por un solo diputado y luego declararemos el receso; si no, algunos diputados se van a quejar de que algunos partidos no pudieron fijar postura frente al tema. Aunque me la pidan cinco de un partido, póngase de acuerdo y uno va a hablar.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo(a las 16:47 horas): En vista de que no se ponen de acuerdo, uno por grupo parlamentario, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana miércoles 7 de marzo, a las 11 horas, para llevar a cabo la comparecencia del secretario de la Función Pública, contador público Rafael Morgan Ríos. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9 horas.

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