Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXII Legislatura
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra
Director del
Diario de los Debates
Jesús Norberto Reyes Ayala
Año I
México, DF, miércoles 19 de diciembre de 2012
Sesión No. 38

SUMARIO


PESCA INCIDENTAL

Oficio del diputado Arturo de la Rosa Escalante, por el que solicita se retire proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación expida una norma oficial mexicana que regule la simulación de la pesca incidental a fin de evitar dicha práctica entre los pescadores comerciales, presentada en la sesión del 9 de octubre de 2012. Se retira de la Comisión de Pesca, actualícense los registros parlamentarios

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que durante el mes de noviembre de 2012 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento

DENGUE CLASICO Y HEMORRAGICO

Oficio de la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las acciones de prevención, atención, control y erradicación del dengue clásico y hemorrágico. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL

Oficio del Congreso del estado de Puebla, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a dos ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dos dictámenes de la Comisión de Gobernación, que conceden permiso a 16 ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas

PERMISOS PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSULES HONORARIAS

El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Gobernación, que concede permiso a dos ciudadanas para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarias

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 24, 143 y adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES - PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS - PERMISOS PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSULES HONORARIAS

Se aprueban los cuatro anteriores dictámenes de la Comisión de Gobernación que otorgan los permisos correspondientes. Pasan a la Cámara de Senadores y al Ejecutivo, en su caso, para los efectos constitucionales

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Se autoriza que se ponga a discusión y votación de inmediato el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 24, 143 y adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Fundamenta el dictamen la diputada Lourdes Adriana López Moreno

A discusión intervienen los diputados:

Aída Fabiola Valencia Ramírez

Ricardo Astudillo Suárez

José Humberto Vega Vázquez

Claudia Elena Águila Torres

Gerardo Peña Avilés

J. Pilar Moreno Montoya

Es aprobado en lo general y en lo particular. Pasa a la Cámara de Senadores, para los efectos contenidos en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

LEY DE AEROPUERTOS

Discusión de dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos

La diputada María Rebeca Terán Guevara, fundamenta el dictamen

A discusión, intervienen los diputados:

José Angelino Caamal Mena

Nabor Ochoa López

Luis Manuel Arias Pallares

Juan Carlos Muñoz Márquez

Se aprueba en lo general y en lo particular. Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112, las fracciones II y VIII del artículo 115, el artículo 307 y se adiciona una fracción IX al artículo 115 de la Ley General de Salud, recibida el 8 de marzo de 2011

El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, recibida el 31 de marzo de 2011

Son aprobados los anteriores tres dictámenes. Archívense los expedientes como asuntos concluidos, con relación al último se devuelve al Senado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional

TELEVISION DIGITAL TERRESTRE

Discusión del dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo a proposición presentada el 13 de noviembre pasado, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a cumplir y apegarse al decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal, para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre

A discusión los diputados José Noel Pérez de Alba

María Sanjuana Cerda Franco

Gerardo Villanueva Albarrán

Andrés de la Rosa Anaya

Rubén Acosta Montoya

Se aprueba el dictamen, comuníquese

ESTADO DE VERACRUZ

Discusión del dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo a proposición presentada el 15 de noviembre pasado, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que realicen las acciones correspondientes para homologar el cobro de las llamadas de larga distancia entre los municipios de Orizaba y Córdoba, estado de Veracruz y se integre como servicio de llamada local

Fundamenta el dictamen, el diputado José Alejandro Montano Guzmán

A discisón los diputados:

Juan Bueno Torio

María Sanjuana Cerda Franco

Lilia Aguilar Gil

Aída Fabiola Valencia Ramírez

Purificación Carpinteyro Calderón

Tomás Torres Mercado

Juan Manuel Diez Francos

Se aprueba el punto de acuerdo, comuníquese

INTEGRACION DE COMISIONES ORDINARIAS, ESPECIALES, COMITES DE CENTROS DE ESTUDIO, GRUPOS DE TRABAJO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES PERMANENTES

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara los cambios que comunican los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. Aprobado, comuníquese

COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por el que se propone una nueva integración de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, así como de su junta directiva. Aprobado, comuníquese

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que establece las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013

A discusión el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano

Aprobado, comuníquese

DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

Realizan comentarios relativos al 18 de diciembre, en el XII aniversario de la celebración del Día Internacional del Migrante, los diputados:

Sonia Rincón Chanona

Loretta Ortiz Ahlf

Martha Beatriz Córdova Bernal

Ernesto Núñez Aguilar

Lorenia Iveth Valles Sampedro

Amalia Dolores García Medina, desde su curul

Martha Berenice Álvarez Tovar

Flor Ayala Robles Linares

Raúl Gómez Ramírez

Ricardo Monreal Ávila

HECHOS SUCEDIDOS EL PASADO 1o. DE DICIEMBRE DE 2012

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se formula una solicitud de información a los titulares del Ejecutivo federal y del gobierno de la Ciudad de México relativa al estado que guarda el proceso e investigación y determinación de los presuntos responsables de los hechos violentos sucedidos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, así como en el Centro Histórico de la Ciudad de México el pasado 1o. de diciembre de 2012. Se aprueba, comuníquese

COMISIONES DE JUVENTUD Y DE EQUIDAD DE GENERO

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación a la integración de las Comisiones de Juventud y de Equidad de Género. Aprobado, comuníquese

LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

Se recibe del diputado Jesús Morales Flores, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con relación a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen

LEY DE AGUAS NACIONALES

Se recibe del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, para el desarrollo de las actividades agropecuarias, ambientales, urbanísticas, industriales y humanas, relacionadas con el aprovechamiento del agua. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA RESPONSABLES

El diputado Nabor Ochoa López, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 4o. y 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura, para fortalecer el sector pesquero y acuícola del país. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Pesca, para dictamen

Desde su curul el diputado Francisco Alberto Zepeda González, se adhiere a la iniciativa

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El diputado Ricardo Villarreal García, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incluir la deducción en forma inmediata y hasta por el 100% de las inversiones que efectúen en bienes inmuebles ubicados dentro de las ciudades denominadas patrimonio cultural de la humanidad. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

Desde su curul la diputada Blanca Jiménez Castillo, se adhiere a la iniciativa

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La diputada Alfa Eliana González Magallanes, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 218 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para incorporar en la legislación electoral que la integración de la lista para la elección de diputados de representación proporcional señale un número mínimo de candidatos indígenas que la conformen. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen

Desde su curul el diputado Vicario Portillo Martínez, se adhiere a la iniciativa

LEY DE VIVIENDA

El diputado Diego Sinhué Rodriguez Vallejo, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda, para preferenciar los subsidios en materia de vivienda a las familias en situación de pobreza. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen

LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES

El diputado Carlos Augusto Morales López, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para generar un instrumento en el marco del Pacto por México que permita maximizar las relaciones de los empresarios mexicanos con el Estado y como consecuencia se tenga un sector empresarial más fuerte y con una capacidad de organización acorde a las necesidades económicas del país. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El diputado Rodrigo Chávez Contreras, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, para establecer como delito de defraudación fiscal la deducción de recursos provenientes de aportaciones filantrópicas de terceros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Irazema González Martínez Olivares, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que haya una oficina del Comité de Información, Gestoría y Quejas en la parte exterior de la Cámara de Diputados que desahogue las manifestaciones. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El diputado José Angelino Caamal Mena, presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para que las personas adultas reciban la promoción de la cooperación con instituciones de procuración e impartición de justicia cuando exista riesgo inminente a su integridad física. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen

LEY DE AGUAS NACIONALES

El diputado Ossiel Omar Niaves López, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 Bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que el Ejecutivo federal considere como obra pública necesaria aquéllas que mejoren la eficiencia de la energía y del agua en sus procesos de extracción y distribución. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

El diputado Domitilo Posadas Hernández, presenta iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

ARTICULOS 73, 76, 89 Y 133 CONSTITUCIONALES

El diputado Antonio Cuéllar Steffan, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para contemplar la intervención de la Cámara de Diputados, en conjunto con la Cámara de Senadores, en la aprobación de tratados internacionales y convenciones diplomáticas celebradas por el Ejecutivo federal. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, para incluir en la ley el concepto de cobranza social. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato

El diputado José Guillermo Anaya Llamas, fundamenta el asunto

A discusión intervienen los diputados:

Tomás Torres Mercado

Catalino Duarte Ortuño

Consuelo Argüelles Loya

Ricardo Monreal Ávila

Desde sus curules realizan interpelaciones los diputados:

Felipe Arturo Camarena García

Juan Manuel Gastélum Buenrostro

Continúan los diputados:

José Alejandro Montano Guzmán

Lizbeth Eugenia Rosas Montero

José Guillermo Anaya Llamas desde su curul

Es aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales

LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto que reforma el quinto párrafo del artículo 10 de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, reforma los artículos primero y tercero transitorios del artículo primero del decreto por el que se expide la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, para regular el procedimiento de la iniciativa preferente

ARTICULOS 3o. Y 73 CONSTITUCIONALES

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación

VOLUMEN III

Discusión de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación

El diputado Julio César Moreno Rivera, fundamenta el dictamen

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, presenta moción suspensiva

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, presenta moción suspensiva

Se desechan las dos mociones suspensivas

Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios los diputados:

Dora María Guadalupe Talamante Lemas

Héctor Hugo Roblero Gordillo

Ricardo Monreal Ávila

Ruth Zavaleta Salgado

Jorge Federico de la Vega Membrillo

Fernando Rodríguez Doval

Paulina Alejandra del Moral Vela

En la discusión, intervienen los diputados:

Gerardo Villanueva Albarrán

Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, desde su curul

Gloria Bautista Cuevas

Ernesto Alfonso Robledo Leal

Francisco Alfonso Durazo Montaño

Luis Antonio González Roldán

Suficientemente discutido en lo general y los artículos no reservados. Se aprueba

En la discusión en lo particular, presentan proposiciones:

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, quien no deja propuesta

Gloria Bautista Cuevas, que se desecha

Víctor Reymundo Nájera Medina, que se desecha

José Luis Muñoz Soria, que se desecha

Alliet Mariana Bautista Bravo, que se desecha

Luis Antonio González Roldán, que se desecha

Se recibe propuesta de modificación al artículo 3o., fracción III, por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, que se admite a discusión

A discusión intervienen los diputados:

Roberto López González

Ricardo Mejía Berdeja

Javier Orihuela García

Se aprueba y se modifica el dictamen

Continúan en la presentación de reservas, los diputados:

Ricardo Mejía Berdeja, que se desecha

María Sanjuana Cerda Franco, que se desecha

Héctor Hugo Roblero Gordillo, que se desecha

María Beatriz Zavala Peniche

Fernando Belaunzarán Méndez

Se acepta la propuesta de la diputada María Beatriz Zavala Peniche

Víctor Manuel Jorrín Lozano, que se desecha

Loretta Ortiz Ahlf, que se desecha

Francisco Alfonso Durazo Montaño, que se desecha

Intervienen desde sus curules los diputados:

Amalia Dolores García Medina

Martha Lucía Mícher Camarena

María Beatriz Zavala Peniche

Víctor Manuel Jorrín Lozano

Purificación Carpinteyro Calderón

Francisco Alfonso Durazo Montaño

María del Socorro Ceseñas Chapa

Tomás Torres Mercado

Continúan en la presentación de propuestas de modificaciones:

Lilia Aguilar Gil, que se desecha

Karen Quiroga Anguiano desde su curul

Roberto López Rosado, que se desecha

Andrés Eloy Martínez Rojas, que se desecha

Vicario Portillo Martínez, que se desecha

Marcos Aguilar Vega, se admite a discusión

A discusión intervienen los diputados:

Ricardo Monreal Ávila

Víctor Manuel Jorrín Lozano

Uriel Flores Aguayo

Se acepta la propuesta presentada por el diputado Marcos Aguilar Vega

Se aprueban las modificaciones aceptadas y presentadas por la diputada Beatriz Zavala y del diputado Marcos Aguilar

Presentan reservas los diputados:

Gloria Bautista Cuevas, que se desecha

Fernando Zárate Salgado, se acepta

Francisco Alfonso Durazo Montaño, retira propuesta

Lucila Garfias Gutiérrez, que se desecha

Juan Luis Martínez Martínez, que se desecha

Luisa María Alcalde Luján, que se desecha

Desde sus curules intervienen los diputados:

Fernando Belaunzarán Méndez

Ruth Zavaleta Salgado, quien presenta modificación

Ricardo Monreal Ávila

Se acepta la modificación de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Martha Lucía Mícher Camarena, desde su curul

Presentan modificaciones los diputados:

Sonia Rincón Chanona, que se desecha

José Angelino Caamal Mena, que se desecha

Martha Beatriz Córdova Bernal, que se desecha

Julisa Mejía Guardado, que se desecha

Ricardo Mejía Berdeja, desde su curul

Son aprobados los artículos primero, tercero, cuarto y sexto transitorios. La fracción XXV del artículo 73 y el artículo segundo transitorio

Se aprueba el artículo quinto transitorio

PROPOSICIONES

El Presidente, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, informa que las proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión y que no tuvieron la oportunidad de presentarse en tribuna serán turnadas para su trámite.

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los siguientes dictámenes:

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 24 y 14, y adiciona el 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (en lo general y en lo particular)

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos (en lo general y en lo particular)

Minuta con proyecto de decreto, que reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en lo general y en lo particular)

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación (en lo particular la fracción III, del artículo 3o., reservado, con la modificación propuesta por la Comisión y aceptada por la asamblea)

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación (en lo particular la fracción IX, del artículo 3o., reservado, con la modificación propuesta y aceptada por la asamblea)

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación (en lo particular los artículos primero, tercero, cuarto y sexto transitorios, en sus términos; y 73, fracción XXV, y segundo transitorio con las modificaciones aceptadas por la asamblea)

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación (en lo particular el quinto transitorio, reservado, con la modificación aceptada por la asamblea)

PROPOSICIONES

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 19 de diciembre de 2012, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados

ANEXO II

Reservas presentadas por diputados al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación



Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En estas fechas cabalísticas de la cultura maya, se pide a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 262 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:12 horas): Se abre la sesión.



ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 19 de diciembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Del diputado Arturo de la Rosa Escalante.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que durante el mes de noviembre de 2012, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

De la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las acciones de prevención, atención, control y erradicación de la enfermedad del dengue clásico y hemorrágico.

Iniciativa del Congreso del estado de Puebla

Con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Leonardo González García y Jorge Humberto Pastor Gómez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco, Manuel Martínez Rabelero y Leticia Marbella Matías, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América y en su Consulado General en Guadalajara Jalisco y su Agencia Consular en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Mariana Colchado Durán, Els Michiel Ann Mestdagh, María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Bauces, Daniela Linet López García, Mariana Viñas Portilla, Susana Adame Carreón, Rosa María Jiménez Narváez, Patricia Oliva Romero, Gracia América Elorza Bonifaz Calvo, Álvaro Pacheco Ruvalcaba, Miguel Ángel Reyes Cabrera, Pedro Arellano Alvarado y Rocío Yaneth Córdova Montijo, para prestar servicios en las Embajadas de Bélgica, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo Sonora.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Susana Canales Clariond y Myriam Vachez Plagnol, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsules Honorarios de la República Francesa en las ciudades de Monterrey Nuevo León y de Guadalajara, Jalisco.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 24, 143 y adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Dictámenes a discusión

De ley o decreto

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal que integran la Comisión Intersecretarial para la transición a la Televisión Digital Terrestre, a cumplir y apegarse al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2010.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para homologar el cobro de las llamadas de larga distancia entre los municipios de Orizaba y Córdoba, estado de Veracruz y se integre como servicio de llamada local.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas y minuta

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112, las fracciones II y VIII del artículo 115, el artículo 307 y se adiciona una fracción IX al artículo 115 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 112, 115, 159 y 307 de la Ley General de Salud, en materia de unidad de balance y su publicidad.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 ter de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la Fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Agenda política

Comentarios relativos al 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, a cargo de los Grupos Parlamentarios

Iniciativas

Que reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, suscrita por las diputadas Mirna Esmeralda Hernández Morales y Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los artículos 4o. y 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40 y 220 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 218 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 322 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o., 14 y 20 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 96 Bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 34 del Código Penal Federal y 188 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que derogue el Decreto Oficial del 29 de noviembre de 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de un Grupo de Trabajo para dar seguimiento a los hechos de violencia perpetrados por policías municipales de Acapulco de Juárez, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SCT, para que través de su Centro Jalisco y de CAPUFE, lleven a cabo la revisión, reparación e implemento de señalamientos legibles, oportunos y precisos en los accesos viales al municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, a cargo del diputado José Noel Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario el Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Sedesol, instrumente las medidas necesarias para fortalecer el Programa de Estancias Infantiles, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo en relación con las autorizaciones para la edificación del megaproyecto comercial y de vivienda de capital de origen chino denominado “Dragon Mart” en la ciudad Cancún, municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, así como del impacto social, económico y ambiental con la operación del mismo, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SHCP, para que el monto de las multas aplicadas por el IFE a los partidos políticos, sea destinado al fortalecimiento de la cultura física y el deporte nacional, a cargo del diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Fomento del Sector Artesanal Mexicano, a cargo del diputado Luis Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la SRE, del INM y del DIF, para que integren una base de datos confiable, integral y compartida de niñas, niños y adolescentes sin compañía que sean repatriados de los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).»



ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dieciocho de diciembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos nueve diputadas y diputados, a las once horas con veintidós minutos del martes dieciocho de diciembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, y no habiendo oradores registrados en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde su curul el diputado Palomino Enrique Aubry de Castro, del Partido Verde Ecologista de México, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria de la señora María del Carmen Ruíz Caraza. El Presidente concede dicha solicitud.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, con las que se reciben de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, que se encuentra publicados en la gaceta parlamentaria. De conformidad con el artículo ciento ochenta, numeral dos, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de las Debates, y archívense los expedientes como asuntos concluidos.

b) De la Cámara de Senadores:

• Con las que remite veintiséis proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se asignen recursos a diversos ramos, presentadas por senadoras y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios. El Presidente informa a la Asamblea, que las proposiciones mencionadas se recibieron el trece de diciembre, y fueron turnadas de inmediato a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento del plazo para recibirlas.

• Con el que remite solicitud para que se dictamine la Minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción vigésima novena-Q al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de noviembre de dos mil doce, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de dos mil once. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

d) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Con las que remite Iniciativas con proyecto de decreto:

– Que reforma los artículos treinta y uno, fracción tercera, y cuarenta y dos, fracción segunda de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Partido Acción Nacional. Se turna la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma los artículos catorce y quince de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el noveno párrafo del artículo ocho de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Partido Acción Nacional. Se turna la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma y adiciona el artículo primero A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y adiciona los artículos veintinueve y ciento veintitrés de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por los senadores Arturo Zamora Jiménez y José Ascención Orihuela Bárcenas, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Economía, que reforma los artículos sesenta y cinco Bis y ciento veintiocho, y adiciona los artículos sesenta y cinco Bis uno, sesenta y cinco Bis dos, sesenta y cinco Bis tres, sesenta y cinco Bis cuatro, sesenta y cinco Bis cinco, sesenta y cinco Bis seis, y sesenta y cinco Bis siete a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

b) Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

• Que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que reforma el artículo noventa de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Transportes, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos.

d) Comunicaciones, que adiciona un segundo párrafo al artículo sesenta de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Se da cuenta con acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se designa al Secretario General de la Cámara de Diputados. Interviene en pro el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano.

A las once horas con treinta y nueve minutos por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta diputadas y diputados.

En votación nominal por mayoría calificada de cuatrocientos nueve votos a favor; y tres abstenciones se designa como Secretario General de la Cámara de Diputados al ciudadano Mauricio Farah Gebara, el Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones, y designa una comisión para acompañarlo en el acto de rendir protesta de Ley y entra en funciones.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En virtud de haberse cumplido con la declaratoria de publicidad, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato el dictamen de la Comisión de Economía, que reforma los artículos sesenta y cinco Bis y ciento veintiocho, y adiciona los artículos sesenta y cinco Bis uno, sesenta y cinco Bis dos, sesenta y cinco Bis tres, sesenta y cinco Bis cuatro, sesenta y cinco Bis cinco, sesenta y cinco Bis seis, y sesenta y cinco Bis siete a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Mario Sánchez Ruíz. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados: Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México; Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Carlos Uribe Padilla, del Partido Acción Nacional; y Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional. Sin oradores registrados para la discusión en lo general, en votación nominal por cuatrocientos diez votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos sesenta y cinco Bis y ciento veintiocho, y adiciona los artículos sesenta y cinco Bis uno, sesenta y cinco Bis dos, sesenta y cinco Bis tres, sesenta y cinco Bis cuatro, sesenta y cinco Bis cinco, sesenta y cinco Bis seis, y sesenta y cinco Bis siete a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

En virtud de haberse cumplido con la declaratoria de publicidad, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato los dictámenes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

a) Que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados: Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática; Carmen Lucia Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional; y Maricruz Cruz Morales, del Partido Revolucionario Institucional. Sin oradores registrados para la discusión en lo general, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos quince votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) Que reforma el artículo noventa de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Marcos Aguilar Vega. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados: Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Felipe Arturo García Camarena, del Partido Verde Ecologista de México; Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática; Blanca Jiménez Castillo, del Partido Acción Nacional; y Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin oradores registrados para la discusión en lo general, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintiocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo noventa de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En virtud de haberse cumplido con la declaratoria de publicidad, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato el dictamen de la Comisión de Comunicaciones, que adiciona un segundo párrafo al artículo sesenta de la Ley Federal de Telecomunicaciones. De conformidad con el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comunicaciones, al diputado Fernando Jorge Castro Trenti. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados: Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano; Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México; María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional; y María Rebeca Terán Guevara, del Partido Revolucionario Institucional. Sin oradores registrados para la discusión en lo general, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintitrés votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo sesenta de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes en sentido negativo de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se desechan iniciativas con proyecto de decreto:

a) Tres, que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

b) Que reforma el artículo treinta y uno de la Ley General de Turismo.

La secretaría da lectura a los puntos resolutivos y sin oradores registrados, en votación económica, se aprueban los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos, por su parte el último dictamen, se devuelve al Senado para los efectos de la fracción D, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos y se someten a discusión los dictámenes con puntos de acuerdo de las Comisiones:

a) De Derechos Humanos, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a dar cabal cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Loretta Ortíz Ahlf. Interviene en pro la diputada María Esther Garza Moreno, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se autoriza la intervención en pro de los diputados Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática; y José Francisco Coronato Rodríguez, del Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

b) De Economía:

• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se coordinen esfuerzos con las instituciones bancarias para realizar y promover programas a favor de los usuarios de créditos con adeudos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado José Antonio Valdés Palazuelos. Interviene en pro el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, proponer un programa especial para el desarrollo de la región Sur-Sureste. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Mario Rafael Méndez Martínez. Intervienen en pro los diputados Eva Diego Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; y Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

• Por los que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de Desarrollo Social para que implementen un programa emergente de apoyo a los productores piscícolas del país y se incentive la crianza y comercialización de los peces nativos de México. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares. Interviene en pro el diputado José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

c) Unidas de Marina y de Transportes, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, instruir a los funcionarios que tienen dignamente a su cargo a fin de que se publique el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en el Diario Oficial de la Federación. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Raúl Santos Galván Villanueva. Sin oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

d) De Turismo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a que con fundamento en la facultad que le confiere la fracción I del artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, emita y publique a la brevedad el Reglamento de Ley General de Turismo. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado José Luis Valle Magaña. Intervienen en pro los diputados Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, y Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política, relativo a cambios de integración de Comisiones. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

a) María del Rosario de Fátima Pariente Gavito y suscrita por la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos treinta y cinco, treinta y nueve, y cincuenta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

b) Javier López Zavala, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos segundo y tercero de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

c) Irazema González Martínez Olivares, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

d) Fernando Jorge Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cuarenta y sesenta de la Ley de Puertos. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

e) Luis Armando Córdova Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

f) Alejandra López Noriega, y suscrita por los diputados Isaías Cortés Berumen y José Enrique Reina Lizárraga, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley de Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

g) Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cuarenta del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

h) Tomás Torres Mercado, a nombre propio y de la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

i) Alejandro Carbajal González, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General de Prevención del Delito. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El Presidente informa a la Asamblea, que las iniciativas registradas en el Orden del Día que no fueron turnadas, serán inscritas para la próxima sesión.

De conformidad con el artículo cien, y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones de los siguientes diputados, registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cuarenta y uno, y ochenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos catorce, diecisiete Bis y dieciocho de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Claudia Elena Águila Torres, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Vicario Portillo Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos setenta y tres, setenta y seis, ochenta y nueve, y ciento treinta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, que expide el Código de Justicia Agraria y abroga la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento setenta y seis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Arturo López Cándido, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo doscientos setenta y dos Bis uno de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Mario Rafael Méndez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos veinticinco, y treinta y tres de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo sesenta y uno de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Sergio Armando Chávez Dávalos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos trescientos sesenta y ocho Quáter del Código Penal Federal y ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Fernando Jorge Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y nueve de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Gisela Raquel Mota Ocampo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se declara el año dos mil trece como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y crea una Comisión Organizadora de dicha conmemoración. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Domitilo Posadas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Sue Ellen Bernal Bolnik, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo cincuenta y uno Bis siete de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos setenta y tres, y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, que reforma los artículos setenta y cuatro, y setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• José Noel Pérez de Alba, del Partido Revolucionario Institucional, para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Rita Pérez de Moreno”. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Luis Olvera Correa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos primero y sexto de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo, y Economía Social, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la intervención de la Secretaría de Economía, y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para solucionar la crisis que padecen los productores de maíz. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Flor de María Pedraza Aguilera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se intensifiquen las acciones de vigilancia y control, a fin de que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan con las disposiciones legales aplicables para garantizar la sensibilidad y especificidad de las mastografías. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Agustín Barrios Gómez Segués, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Turismo, para que apoye el proyecto de recuperación del Barrio de Tacubaya, en la Delegación Miguel Hidalgo, del Distrito Federal, a fin de convertirlo en un Centro Turístico que dé vida al entorno social y cultural de sus habitantes. Se turna a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a respetar el derecho al usufructo de los habitantes de la Colonia Cardenales, en Papantla de Olarte, Veracruz, en relación a la explotación del Pozo Miguel Alemán y no permitir que personas ajenas al municipio se adueñen de un terreno comunitario. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que declare la última semana de abril de cada año como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”, y para que México se adhiera formalmente a la “Declaración de Guatemala”, en materia de Seguridad Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las instancias correspondientes del Gobierno Federal, para que conjuntamente con las autoridades del Gobierno del estado de Puebla y de diversos municipios, evalúen los resultados de las estrategias de atención a la Cuenca Hidrológica del Río Necaxa. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el miércoles diecinueve de diciembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con dos minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.Se ruega a la Secretaría dar cuenta con las comunicaciones oficiales.



PESCA INCIDENTAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo que establece el artículo 79, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión me permito solicitar a usted retire la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Sagarpa, expida una norma oficial mexicana que regule la simulación de la pesca incidental a fin de evitar dicha práctica entre los pescadores comerciales y ribereños, presentada por el que suscribe, el 9 de octubre de 2012.

Sin otro particular, reiteramos a usted la seguridad de nuestras distinguidas consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 12 de diciembre de 2012.— Diputado Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Retírese de la Comisión de Pesca. Actualícense los registros.



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras que son las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de noviembre de 2012, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Entre los bienes que fueron destinados por las autoridades aduaneras, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; baterías y encendedores; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agropecuarios; productos farmacéuticos y material de curación; productos químicos, entre otros.

El total de bienes destinados en noviembre de 2012 por las autoridades aduaneras fue de 9 mil 896 bienes; los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida tales como: kilogramo, litro y pieza, se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México DF, a 17 de diciembre de 2012.— Licenciado Oliver Arredondo Gálvez (rúbrica), administrador Central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.



DENGUE CLASICO Y HEMORRAGICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Secretaría de Salud.— Tamaulipas.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.— México, DF.

Por este conducto me permito dirigirme a su distinguida persona; y aprovecho para informarle que por instrucciones del gobernador de Tamaulipas, ingeniero Egidio Torre Cantú, estamos dando atención prioritaria a la recomendación emitida por la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura mediante la cual nos exhorta a intensificar las acciones para la prevención y control del dengue en el estado.

Desde principios de 2012, el sistema de inteligencia epidemiológica identificó un alto riesgo y la probabilidad de que se registrara durante el presente año una epidemia por dengue, lo que motivó la implantación de un programa y plan para su prevención, el cual ha logrado a través de acciones intensivas y permanentes dar atención a este problema de salud pública. Entre las acciones destacan las siguientes:

• Desarrollo de cuatro semanas intensivas de lucha contra el dengue.

• Operaciones permanentes de descacharrización con apoyo de las presidencias municipales.

• Campaña de medios para promover medidas preventivas contra el dengue.

• Jornadas intensivas de fumigación con máquinas pesadas y motomochila en sectores de mayor riesgo.

• Fortalecimiento de la Red Estatal de Vigilancia Epidemiológica para la detección, el estudio y el seguimiento de pacientes.

• Verificaciones sanitarias en establecimientos de riesgo y jornada de saneamiento básico.

• Acreditación de escuelas libres de dengue.

• Activación, reactivación y capacitación de comités de salud.

• Reuniones de coordinación con estados que forman la región de las Huastecas.

• Acreditación de unidades hospitalarias seguras contra el dengue.

• Implantación del Plan de Contingencia Hospitalaria.

• Reuniones de coordinación del Consejo Estatal de Salud, Comité Estatal y Jurisdiccionales de Seguridad en Salud.

• Capacitación del personal de salud de las unidades de primero, segundo y tercer niveles.

• Elaboración y distribución a todas las unidades del sector salud de la Guía práctica clínica de dengue.

• Adquisición de parque vehicular para fumigar áreas con transmisión y de mayor riesgo.

• Contratación de brigadistas para apoyar la lucha antilarvaria vectorial y la eliminación de criaderos.

Como resultado de estas acciones se mantiene el control epidemiológico del dengue en el estado, pues de la incidencia nacional, la cual acumula 45 mil 257 casos al 7 de diciembre, sólo mil 620, lo cual representa 3.5 por ciento, son aportados por la entidad.

De los casos, 93.4 por ciento se concentran en 7 municipios de Tamaulipas, entre los que destacan Reynosa, Altamira, Tampico, Madero, Matamoros, Aldama y Victoria. Tal situación evidencia que la transmisión es focalizada y circunscrita sólo en 16 por ciento de los municipios.

La proyección epidemiológica de casos para 2012 en un escenario de epidemia la cual teóricamente debió haberse registrado en la entidad consideró la posibilidad de que se registrara un número importante de casos. Por ello, el estimado era de 5 mil 645 casos y 10 defunciones, lo cual fue posible evitar dado el trabajo realizado por los tres órdenes de gobierno.

Actualmente, el comportamiento epidemiológico del dengue observa un descenso importante y una franca reducción, por lo que la transmisión de la enfermedad se encuentra en etapa de desaceleración.

En Tamaulipas, la salud es prioridad de prioridades. Por lo mismo, el gobierno del estado dará permanencia a cada una de las acciones que permita atender los problemas emergentes y reemergentes de salud pública, con objeto de blindar la salud de los tamaulipecos.

Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para ponerme a sus órdenes.

Atentamente

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 11 de diciembre de 2012.— Doctor Norberto Treviño García Manzo (rúbrica), secretario de Salud y director general de Servicios de Salud de Tamaulipas.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.



ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se envía anexo al presente la iniciativa proyecto de decreto que formula la Quincuagésimo Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre  ySoberano de Puebla, por virtud de la cual se adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior para los efectos administrativos y legales a los que haya lugar.

Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestra distinguida consideración.

Atentamente

Heroica Puebla de Zaragoza, a 4 de diciembre de 2012.— Mesa Directiva del Congreso del Estado:Diputado Enrique Nacer Hernández (rúbrica), presidente;diputado Jesús Salvador Zaldívar Benavides (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.

El honorable Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla

Considerando

Que en sesión pública ordinaria celebrada con esta fecha, vuestra soberanía tuvo a bien aprobar, para los efectos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proyecto de decreto emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por virtud de la cual se adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la protección de los derechos de los adultos mayores debe ser una prioridad para el Estado, teniendo como base un marco legal que establezca los derechos fundamentales, para lo cual necesariamente debe generar respuestas institucionales y sociales, valorando las aportaciones que han realizado y establecer todas las acciones a su alcance, buscando su plena inserción en la vida familiar, social, comunitaria, económica y política del país.

Que es necesario establecer las reglas que deben cumplir tanto sociedad civil, como gobierno, para promover la educación, el esparcimiento, la prevención de las enfermedades y, en su caso, la creación de fuentes de empleo, dirigidas a los adultos mayores, de tal forma que la calidad de vida sea la adecuada para fortalecer sus conocimientos y sus diversas capacidades.

Que la promoción de una cultura de la vejez a partir de los derechos previstos en el marco normativo de las personas adultas mayores es, sin duda, uno de los retos más importantes en México.

Que la salud, educación, alimentación y el desarrollo de una vida de bienestar de las personas adultas mayores debe ser una garantía individual que forme parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derechos que continuamente ya se consideran en los planes, programas y acciones de gobierno.

Que parte fundamental es el de crear los medios y las instancias adecuadas para mantener productivos a los adultos mayores, mediante la capacitación, el empleo, el otorgamiento de créditos, así como subsidio parcial en el pago de los servicios públicos que prestan las dependencias o entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno.

Que la creación de planes, programas y demás lineamientos que se establezcan a favor de los adultos mayores deben ser congruentes, integrales y uniformes en todas las entidades federativas, de tal forma que se logre el desarrollo integral de este importante sector.

Que los adultos mayores han sido los generadores del desarrollo social, económico y político del país, siendo responsabilidad de toda la población activa y del gobierno proporcionarles los medios adecuados para integrarlos a una vida activa, de respeto, de esparcimiento y de plenitud.

Que precisamente la política pública dirigida a los adultos mayores, debe ser congruente con las diversas normas que tienen entre sus objetivos principales el de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual de las personas adultas mayores.

Que la uniformidad y congruencia de las normas secundarias depende de la actualización de nuestra norma suprema, la cual debe considerar la prevención, protección y determinación de las medidas generales que deberán cumplirse por el gobierno federal y los gobiernos locales.

Debemos impulsar transformaciones profundas en las formas de organización social y económica, pero fundamentalmente, en las instituciones que hasta hoy han sido las encargadas de marcar las pautas en esta materia, para lograr esto deberán establecerse los lineamientos fundamentales como garantía constitucional de derechos a los adultos mayores.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto 1, 71, fracción III, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 48, fracción I, inciso c), del Reglamento Interior del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, sometemos a consideración de honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa proyecto de

Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los términos siguientes:

Artículo 4.

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...

...

...

...

...

...

...

...

El Estado establecerá las condiciones necesarias para la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación, esparcimiento, deporte, cultura y trabajo de los adultos mayores, teniendo como objetivo el desarrollo integral de los hombres y mujeres adultos mayores, integrándolos al desarrollo social, económico y político del país.

Artículos Transitorios

Primero. Envíese al honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Envíese a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el propósito de que tengan a bien considerar la presente adición y se adhieran a la misma.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto. Las legislaturas de los estados, en su caso, deberán realizar las adecuaciones a sus ordenamientos legales correspondientes.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil doce.— Diputado Enrique Nacer Hernández (rúbrica), presidente; diputado Jesús Salvador Zaldívar Benavides (rúbrica), vicepresidente;diputado Alejandro Oaxaca Carreón (rúbrica), secretario;diputado Jorge Gómez Carranco (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Leonardo González García y Jorge Humberto Pastor Gómez para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que les otorga el gobierno de la República Francesa

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen a tenor de los siguientes

Antecedentes

En sesión del veintisiete de noviembre de dos mil doce, la Cámara de Diputados dio cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores que remite los expedientes que contienen las minutas proyecto de decreto que conceden el permiso constitucional necesario a los ciudadanos Leonardo González García y Humberto Pastor Gómez para que puedan aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que les otorga el Gobierno de la República Francesa, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen.

Consideraciones

1. De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia del acta de nacimiento.

2. Esta Comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República en virtud de que las condecoraciones otorgadas no conllevan la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni implican la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad nacional.

3. Que las condecoraciones de la Orden de la Legión de Honor, en Grado de Caballero, de acuerdo al análisis de los expedientes, son otorgadas por la voluntad y beneplácito del gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior expuesto, la Comisión de Gobernación considera cumplidos los requisitos constitucionales y legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, apartado C), fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso .para que el ciudadano Leonardo González García pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Segundo.Se concede permiso para que el ciudadano Jorge Humberto Pastor Gómez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a cinco de diciembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.



PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco, Manuel Martínez Rabelero y Leticia Marbella Matías para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América; en su Consulado General en Guadalajara, Jalisco; y en su Agencia Consular en Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 27 de noviembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco, Manuel Martínez Rabelero y Leticia Marbella Matías Matías, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General y Agencia Consular, en Guadalajara, Jalisco y en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco para prestar servicios como asistente administrativa de instalaciones en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Manuel Martínez Rabelero para prestar servicios como auxiliar administrativo / chofer en el Departamento de Justicia en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Leticia Marbella Matías Matías para prestar servicios como Asistente de Servicios Consulares en la Agencia Consular de los Estados Unidos de América en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a cinco de diciembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Mariana Colchado Durán, Els Michiel Ann Mestdagh, María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Bauces, Daniela Linet López García, Mariana Viñas Portilla, Susana Adame Carreón, Rosa María Jiménez Narváez, Patricia Oliva Romero, Gracia América Elorza Bonifaz Calvo, Álvaro Pacheco Ruvalcaba, Miguel Ángel Reyes Cabrera, Pedro Arellano Alvarado y Rocío Yaneth Córdova Montijo para prestar servicios en las Embajadas de Bélgica, del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Estados Unidos de América en México, así como en el Consulado de éste en Hermosillo, Sonora

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 22 de noviembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Susana Adame Carreón, Rosa María Jiménez Narváez, Patricia Oliva Romero, Gracia América Elorza Bonifaz Calvo, Álvaro Pacheco Ruvalcaba, Miguel Ángel Reyes Cabrera, Pedro Arellano Alvarado, Daniela Linet López García, Mariana Viñas Portilla, Mariana Colchado Durán, Els Michiel Ann Mestdagh, María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Buces y Rocío Yaneth Córdova Montijo puedan prestar servicios de carácter administrativo en las embajadas de Estados Unidos de América, de Bélgica, del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Mariana Colchado Durán para prestar servicios como asistente económica y comercial para la Región Flamenca de Bélgica FIT en la Embajada de Bélgica en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Els Michiel Ann Mestdagh para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Bélgica en México.

Artículo Tercero.Se concede permiso a la ciudadana María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Buces para prestar servicios como asistente económica y comercial para la Región Valona de Bélgica AWEX en la Embajada de Bélgica en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Daniela Linet López García para prestar servicios como asistente de propiedades y mantenimiento en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Mariana Viñas Portilla para prestar servicios como secretaria bilingüe en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Artículo Sexto.Se concede permiso a la ciudadana Susana Adame Carreón para prestar servicios como coordinadora de viajes en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Rosa María Jiménez Narváez para prestar servicios como asistente administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Octavo.Se concede permiso a la ciudadana Patricia Oliva Romero para prestar servicios como operador telefónico en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Noveno.Se concede permiso a la ciudadana Gracia América Elorza Bonifaz Calvo para prestar servicios como empleada de visas en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Décimo.Se concede permiso al ciudadano Álvaro Pacheco Ruvalcaba para prestar servicios como asistente de pasaportes y ciudadanías en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Décimo Primero.Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Reyes Cabrera para prestar servicios como asistente de pasaportes y ciudadanías en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Décimo Segundo.Se concede permiso al ciudadano Pedro Arellano Alvarado para prestar servicios como asistente en computación en la Embajada de  Estados Unidos de América en México.

Artículo Décimo Tercero.Se concede permiso a la ciudadana Rocío Yaneth Córdova Montijo para prestar servicios como empleada de visas en el consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a cinco de diciembre de dos mil doce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Amoldo Ochoa González, Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza, Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.



PERMISOS PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSULES HONORARIAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Susana Canales Clariond y Myriam Vachez Plagnol para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarias de la República Francesa en Monterrey, Nuevo León, y en Guadalajara, Jalisco

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VII, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 15 de noviembre de 2012 por la Cámara de Diputados se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Susana Canales Clariond y Myriam Vachez Plagnol puedan aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarias de la República Francesa en Monterrey, con circunscripción consular en Nuevo León; y en Guadalajara, con circunscripción consular en Jalisco, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para dictamen el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que las peticionarias acreditan la nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso a la ciudadana Susana Canales Clariond para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Francesa en Monterrey, con circunscripción consular en Nuevo León.

Artículo Segundo.Se concede permiso a la ciudadana Myriam Vachez Plagnol para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Francesa en Guadalajara, con circunscripción consular en Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 5 de diciembre de 2012.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Amoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.



LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 24 y 143, y adiciona el 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la Iniciativa que reforma los artículos 24 y 143, y adiciona el 143 bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero.En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 4 de octubre de 2012, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por la que adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite sobre dicha Iniciativa, turnándola a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y consulta dictamen.

Contenido de la iniciativa

La propuesta presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suárez plantea la modificación de diversas disposiciones, a fin de garantizar que los recursos que ingresan al Fondo Forestal Mexicano, efectivamente retornen a las entidades federativas de las cuales proceden y sean ejercidos por las mismas.

Ello, considerando que aún cuando la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable prevé lo anterior, en la realidad dichos recursos no siempre retornan para ejercerse dentro de las circunscripciones territoriales de las entidades que sufrieron la afectación ambiental de sus ecosistemas forestales.

El diputado iniciador señala que el manejo sustentable de los recursos naturales es una necesidad y una posibilidad para el desarrollo de las propias comunidades rurales, sin embargo, la falta de vinculación del hombre con el recurso forestal está presente en el fondo de toda la problemática forestal, cuando ésta debe ser considerada en todo momento como una prioridad.

Asimismo, reconoce que México ocupa un lugar primordial a nivel mundial en materia de diversidad de bosques naturales y este tipo de recursos nos brindan una infinidad de servicios ambientales, que van desde la regulación de los ciclos hidrológicos y microclimas, hasta fenómenos globales como la biodiversidad con que cuentan y la captura de carbono que realizan.

Refiere que los bosques tienen también un importante potencial como fuente de ingresos y de materias primas para las poblaciones rurales de México, así como para un amplio número de empresas dedicadas al aprovechamiento, transformación y comercialización de productos y subproductos forestales tanto maderables, como no maderables.

Considerandos

Los integrantes de esta comisión coincidimos con el diputado iniciador, en que desafortunadamente, a pesar de contar con tan extensa variedad y riqueza de recursos forestales, estos se han visto significativamente afectados por la presencia de factores de disturbio y perturbación, entre los que destacan los incendios forestales, la tala clandestina, el cambio de uso de suelo y el deficiente manejo silvícola, afectando significativamente la capacidad de carga de nuestros ecosistemas forestales, comprometiendo así la sustentabilidad de los mismos.

Por lo anterior, México se encuentra dentro del grupo de países con las tasas de deforestación más altas del planeta, lo que ha impulsado que actualmente la política forestal mexicana se encuentre orientada a revertir los procesos de degradación de los recursos forestales y, al mismo tiempo, a alentar su aprovechamiento, incrementando su potencial y propiciando la participación activa de los propietarios o poseedores de los terrenos en que se encuentran dichos recursos.

Sin embargo, son muchos los casos en que el aprovechamiento de los bosques o los terrenos forestales implica el cambio de uso del suelo y, para ello, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable prevé mecanismos de compensación ambiental mediante el pago de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, depositando dichos recursos en el Fondo Forestal Mexicano.

En el reglamento de la ley, se refiere que la Comisión Nacional Forestal deberá destinar dichos recursos a la ejecución de actividades de reforestación, restauración o mantenimiento de los ecosistemas afectados, considerando un orden de preferencia para la ejecución de dichas actividades en las entidades federativas en las que se haya solicitado el cambio de uso de suelo.

No obstante, en la realidad dichos recursos no siempre regresan a las circunscripciones territoriales de las entidades que sufrieron la afectación ambiental de sus ecosistemas forestales.

Con base en los motivos expuestos por el diputado iniciador, esta Comisión Dictaminadora, estima de gran relevancia el proyecto de decreto contenido en la iniciativa que nos ocupa, ya que el mecanismo de retorno que se propone pretende que las entidades federativas celebren convenios de coordinación con la Federación, para que les ministren dichos recursos y puedan ejecutar los proyectos respectivos.

De tal manera, las nuevas disposiciones tienden a fortalecer y garantizar la ejecución de proyectos de conservación y restauración de los ecosistemas forestales en las entidades federativas, así como a diseñar tasas de retorno de los recursos generados por el aprovechamiento de los ecosistemas ubicados dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, con la reforma propuesta se responde más efectivamente a la justa demanda de la ciudadanía y los gobiernos estatales en la materia.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración de esa Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 24 y 143, y adiciona el 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único. Se adiciona una fracción X al artículo 24, recorriéndose en el orden subsecuente las fracciones X y XI para que pasen a ser fracciones XI y XII, y una fracción IX al artículo 143, recorriéndose la fracción IX que pasa a ser fracción X, y un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 24....

I. a IX. ...

X. Aplicar los recursos provenientes del fondo por el cobro de la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales dentro de su entidad.

XI. y XII. ...

Artículo 143. ...

I. a VIII. ...

IX. El cobro de la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y

X. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

...

...

Artículo 143 Bis. Los recursos económicos que obtenga el fondo por concepto de compensación ambiental serán destinados a las entidades federativas donde se haya autorizado el cambio de uso del suelo, para que en zonas sujetas a procesos de degradación se ejecuten actividades reforestación, restauración o mantenimiento de los ecosistemas reforestados o restaurados.

Los recursos referidos en el párrafo anterior deberán ser ministrados a las entidades federativas de manera permanente en el ejercicio fiscal inmediato a su ingreso al fondo, para dicho efecto deberán celebrar convenio con la federación en los términos previstos por los artículos 24 y 25 de la presente ley.

En la aplicación y destino de estos recursos se deberán observar los siguientes criterios en orden descendente:

I. Microcuenca donde se asienta el terreno que resultará afectado;

II. Municipio donde se autorizó el cambio de uso de suelo, y

III. Entidad federativa afectada.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.Dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo Federal deberá publicar las modificaciones respectivas al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Artículo Tercero.La federación y las entidades federativas deberán celebrar los convenios señalados en el artículo 143 Bis, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Cuarto.La ministración de los recursos referidos en el artículo 143 Bis, se realizará en el ejercicio fiscal inmediato a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2012.— Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta, Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa, Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.



PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES - PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS - PERMISOS PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSULES HONORARIAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se ha cumplido con la declaratoria de publicidad de los dictámenes de la Comisión de Gobernación, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza a que se pongan a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que los dictámenes de la Comisión de Gobernación se pongan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se autoriza. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión de cuatro dictámenes con proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios; para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros, y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules, están a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Presidencia tiene la obligación de preguntar si se reserva algún artículo para su discusión en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de cada uno de los artículos de los proyectos de decreto.

Esta Presidencia informa que para efectos del registro de asistencia se sumarán los registros anteriores al cierre del tablero electrónico más los que se registren, para los efectos de esta votación nominal.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos de cada uno de los proyectos de decreto.

(Votación)

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se registraron 373 votos a favor, 4 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios; para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros, y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas. Pasan al Senado y al Ejecutivo —en su caso— para los efectos constitucionales.



LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales*, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se ponga a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se ponga a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

* El dictamen mencionado se encuentra en  la página 36 de esta edición.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 24, 143, y adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, nuestra muy apreciable compañera doña Lourdes Adriana López Moreno, a nombre de la comisión, para fundamentar el dictamen.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa que reforma los artículos 24 y 143, y adiciona un 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que fue presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 2; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el dictamen, de acuerdo con los siguientes antecedentes.

La importancia de considerar la modificación a los artículos 24 y 143 y la adición de un 143 Bis, consiste en garantizar que los recursos que ingresan al Fondo Forestal Mexicano efectivamente retornen a las entidades federativas de las cuales proceden y sean ejercidos por las mismas.

Ello considerando que, aun cuando la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable prevé lo anterior, en realidad dichos recursos no siempre retornan para ejercerse dentro de las circunscripciones territoriales de las entidades que sufrieron la afectación ambiental de sus ecosistemas forestales.

Básicamente, se propone que con esta modificación podamos considerar que aquellas zonas donde fueron afectados terrenos por los cambios de usos de suelo forestal puedan ser consideradas para la aplicación de los recursos que son ingresados como pago de derechos por compensación ambiental.

Con esto buscamos garantizar que el retorno de estos recursos dé prioridad a la microcuenca donde se asienta el terreno que resultara afectado, al municipio donde se autorizó el cambio de uso de suelo o bien, a la entidad federativa afectada.

Con ello —insisto— buscamos que estos recursos de las zonas sujetas a procesos de degradación se ejecuten en actividades de reforestación, restauración o mantenimiento de los ecosistemas reforestados o restaurados.

Es bien sabido por todos nosotros que cuando se genera un cambio de uso de suelo hacia un terreno forestal tenemos una afectación que altera todo un ecosistema. Normalmente todos los recursos ingresados por compensación de ese cambio de uso de suelo forestal son radicados al Fondo Forestal Mexicano y no siempre regresan a la zona que fue afectada. Muchas veces son aplicados a programas generales, que si bien es cierto son importantes de realizar en materia de reforestación y restauración, también es importante reconocer la importancia que el municipio, la entidad o en última instancia la microcuenca que está resultando afectada por esta situación, pueda recibir estos recursos para garantizar la restauración de ecosistemas en la zona que ha sido afectada.

Con ello garantizamos que los municipios, estados que están generando este ingreso por cambio de uso de suelo forestal, puedan recibir el mismo para poder restaurar ecosistemas en la zona donde han tenido la afectación.

La importancia de esto atiende además la vocación municipalista que tenemos como Estado mexicano de que podamos retornar recursos a las zonas afectadas y que además le demos la posibilidad a estas zonas, en primer orden de gobiernos locales y bien de afectaciones en microcuencas, para tener la posibilidad de realizar acciones propias para restauración de los ecosistemas efectuadas desde el seno donde se está teniendo la afectación.

De ahí la importancia de atender una demanda que muchas veces se tiene desde la sociedad civil, desde los propietarios de terrenos, desde las comunidades originarias, desde las comunidades indígenas y desde luego, desde muchos de los gobiernos municipales de que se puedan recibir recursos para fortalecer sus actuaciones a favor del medio ambiente.

Este es un mecanismo donde regresamos el recurso a quien lo está generando y donde estamos dando una razón de justicia social y de justicia ambiental para aquellas zonas que han recibido una afectación por esta situación de cambio de uso de suelo, y cuenten con los recursos y con los mecanismos para poder realizar ejercicios de restauración, de reforestación y de combatir la degradación de sus suelos en las zonas afectadas.

De ahí la importancia de que esta honorable asamblea pueda aprobar, como se hizo al seno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias que integran a esta comisión, a razón de que estamos dando prioridad a un tema de vocación natural del suelo, a razón de que estamos dando prioridad a un tema en el que no existen los colores partidistas, sino lo que existe ante todo es priorizar la conservación de nuestros recursos naturales y priorizar el hecho de que las comunidades, de que los gobiernos locales y de que las zonas que reciben estas afectaciones puedan tener mecanismos para contrarrestarlas.

Así que a nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pedimos a esta honorable asamblea el apoyo para votar a favor este dictamen, que sin lugar a dudas va a permitir generar alternativas para las comunidades, generar alternativas para la restauración de zonas afectadas en su mínima expresión, que es justamente en las zonas donde reciben esta afectación y particularmente para que todos y cada uno de los que formamos parte de esta Cámara de Diputados podamos contribuir, ahora no con un granito de arena, sino con un esfuerzo a través de las acciones de conservación, para permitir que México continúe siendo un país megadiverso, continúe ocupando los primeros lugares en megadiversidad y que con ello podamos garantizar que las generaciones futuras cuenten con la maravilla de recursos, que sin lugar a dudas han colocado a México en un lugar privilegiado.

Está en manos de todas y de todos ustedes poder colaborar a que garanticemos el desarrollo sustentable de nuestro país y sobre todo, a que veamos en los recursos naturales mecanismos de desarrollo económico y de desarrollo social para todos nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don José Humberto Vega Vázquez, del PT, tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos. ¿No está? Si no está, pasa al Diario de los Debates.

Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Buenos días. Con su venia, señor presidente. México es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta y una gran parte de esa biodiversidad depende de los bosques y selvas; sin embargo, el mal uso y el abuso de la riqueza natural por parte del hombre ha puesto en riesgo el desarrollo cultural y artístico de las sociedades en torno a los ecosistemas.

El diagnóstico de la FAO sobre México es parte del documento Los bosques del mundo 2010, que reúne la información de los recursos forestales de 233 países, y advierte que pese a los avances en algunos gobiernos de países en desarrollo todavía hay naciones donde la tasa de destrucción de la cubierta vegetal es alarmante.

La acelerada destrucción de los bosques es una de las principales causas que ha colocado en estado de emergencia a una gran variedad de especies de flora y fauna que dependen de ese ecosistema.

Los ritmos de deforestación que sufre nuestro país son alarmantes, ya que es uno de los más intensos que se desarrollan, a tal grado que hoy en día México ocupa el quinto lugar de deforestación a nivel mundial.

Según cifras del Instituto de Geografía de la UNAM, cada año perdemos 500 mil hectáreas de bosques y selvas, colocando a nuestro país en un inminente riesgo de extinción de una gran variedad de plantas y animales, así como a muchas comunidades que han encontrado en este ecosistema un medio para subsistir.

Una serie de incentivos perversos, brindados por el gobierno, ha orillado a la gente a realizar prácticas ilegales, debido a la difícil situación económica por la que atraviesan millones de mexicanos.

En México se estima que el 70 por ciento del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal.

Otro de los problemas que se suma al deterioro de nuestros bosques son los incendios forestales que han lesionado de manera importante la biodiversidad. Según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en 2011 se reportaron 12 mil 103 incendios forestales, afectando una superficie de 956 mil 404.80 hectáreas.

Aquí es donde yo hago una reflexión: cómo es que en México, a pesar de que tenemos una gran variedad de ecosistemas y una gran variedad de bosque, no nos hemos puesto de acuerdo y no hemos priorizado que es importante tener también métodos y medios para combatir los incendios forestales.

¿Por qué es tan incongruente el tema en México? Si estamos autorizando o se está autorizando la compra de un avión para el presidente de la República y su familia, de 6 mil millones de pesos, ¿por qué no empezar a reflexionar de que es necesario tener helicópteros para combatir los incendios, y dejar también, que esto ayudaría a las comunidades indígenas, que son las primeras en defender el bosque y que lamentablemente los dejamos desarmados, a los campesinos, a la hora de ir a apagar el fuego?

¿Cuántas muertes no ha habido por esto, y no ha habido sensibilidad de parte nuestra para poder ayudar a conservar nuestros bosques?

Con el tema de la pérdida de los bosques estamos haciendo que aumente el 50 por ciento de los casos de incendio. Nosotros estamos permitiendo entonces que un 88 por ciento de la superficie afectada en relación al año anterior se esté dando.

Los gobiernos federales no han sido capaces de combatir los procesos de degradación de la tierra ni de cumplir sus acuerdos ante la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación. Parte de ello son cifras de la Conafor, que señalan que cerca del 64 por ciento de sus suelos presentan afectación por algún proceso en diferentes niveles.

Ésta es una realidad que vivió en carne propia alrededor de 48 millones de mexicanos este año, al padecer las consecuencias de la sequía en zonas áridas, provocando con ello el abandono de sus tierras, entre 300 mil y 400 mil personas.

Por esta razón, los diputados del Movimiento Ciudadano votaremos a favor de la propuesta, ya que tiende a fortalecer y garantizar la adecuada ejecución de la conservación y restauración de los ecosistemas forestales en las entidades federativas, así como el retorno de recursos en pro de éstos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora viene don Ricardo Astudillo Suárez, del Verde, queretano, para mayor abundamiento.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy estamos discutiendo y votando un dictamen que es histórico para nuestro país; es histórico, porque el día de hoy estamos diciendo sí al medio ambiente, sí a un México que necesita la unión de todos los partidos y las fuerzas políticas para sumarnos a este gran proyecto.

Quiero hacer un reconocimiento, antes que nada —por supuesto— a la presidenta de la comisión, quien expuso este dictamen, y a todos los miembros de la misma, que aportaron y participaron con sus deliberaciones en la comisión para que esto fuera posible.

Asimismo un reconocimiento a nuestro coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, quien ha marcado una agenda entre nosotros en que el tema del medio ambiente sea prioridad nacional.

Hoy estamos cumpliendo este objetivo, con el simple hecho de poder regresar a las entidades federativas y a todos los municipios, aproximadamente un monto de 6 mil millones de pesos, que representa el Fondo Forestal Mexicano y que viene derivado de los pagos de derechos de los cambios de uso de suelo que se generan en cada entidad y en cada municipio.

Como bien lo explicó la presidenta de la comisión, estas cantidades muchas veces no regresan a los estados, sino cinco, seis o hasta siete años después, con programas específicos que nada tienen que ver con restaurar los cambios de uso de suelo que se dan y que dañan los ecosistemas y el hábitat de cada municipio.

En esta tribuna, compañeras y compañeros, hemos escuchado las voces de ex presidentes municipales, de ex regidores, inclusive de ex gobernadores, que han manifestado la angustia y por supuesto, la forma de poder hacerse de más recursos a todos los municipios a lo largo y ancho del país.

El día de hoy damos cuenta de que el tema del medio ambiente se tiene que ver como un tema que pueda ayudar —por supuesto— a conservar, a preservar, pero también pueda ayudar al desarrollo social, al desarrollo económico y por supuesto, al desarrollo sustentable.

Este dictamen tiene una historia que nació hace un par de años. En el Congreso del estado de Querétaro, en cuanto tuve la oportunidad de ser presidente, hicimos un exhorto al Congreso de la Unión; este exhorto fue prácticamente archivado, para que este fondo pudiese regresar de forma inmediata mediante un convenio con cada entidad a resarcir los daños que origina y ocasionan los cambios de uso de suelo.

Aquí mismo, en esta Legislatura, tengo a dos compañeros, diputados locales, que fueron compañeros de un servidor en el estado de Querétaro, del Partido Acción Nacional y que, por supuesto, han demostrado y han manifestado su apoyo para que hoy, que es una realidad ese dictamen ante todos ustedes, podamos regresar a los municipios esta cantidad de recurso económico y que, por supuesto, lo puedan emplear a donde los municipios más les duele, a donde prácticamente tenemos cero recursos, y estoy hablando del tema del medio ambiente.

Estos 6 mil millones de pesos que se van a generar el año que entra se aprovecharán y, por supuesto, la gente que vive dentro de las entidades federativas y los municipios nos lo agradecerán, así como el medio ambiente.

Hoy no podemos esperar más. México necesita, sin colores, que nos unamos a favor de la naturaleza. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don José Humberto Vega Vázquez —le vamos a dar el uso de la voz— del PT, por gestión de nuestra muy apreciable secretaria de la Mesa Directiva.

El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, las reformas al artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal y Sustentable, en su X fracción, así como en la fracción IX del artículo 143, y la adición de un artículo 143 Bis, seguramente va a traer una consecuencia que va a ayudar al medio ambiente. Sabemos que las compensaciones principalmente ya no regresan al lugar de donde fueron afectadas las zonas forestales.

Las zonas forestales —como todos sabemos— nada más tienen el beneficio ecológico; ya sabemos que las zonas forestales captan carbono, que nos ayudan a la oxigenación, que captan el agua. El agua, que ya lo decía la otra vez, los bosques actúan como una esponja para la filtración, porque si ya no hay árboles el agua se va y por lo regular se contamina. Tenemos que recargar los mantos acuíferos y freáticos, que es lo fundamental para esto.

¿Qué lo está afectando? Los cambios de uso de suelo, los incendios —que decía la compañera del Movimiento Ciudadano— y que con ello, con la degradación e ir perdiendo la selva forestal, vamos perdiendo también nuestra riqueza, que es fundamental planearla en un plan de desarrollo para nuestro país.

Los procesos de degradación en los suelos y sin recursos económicos, ya hay técnicas para recuperación de suelos; uno, que debemos proponer, es que tenemos la materia fundamental que es la materia orgánica, que sale de la basura que generamos nosotros; esa basura orgánica, que en promedio producimos cada uno de nosotros casi medio kilo diario y que ésa la podíamos aprovechar por medio, no nada más de composta, sino depositándola directamente ahí en la parte afectada, por medio de macrocepas o por medio de macrozanjas, y ahí la materia orgánica se degrada, casi sin costo y a los dos años ya se puede plantar. Ese tipo de programas se tienen que hacer con recursos económicos.

Por ello mismo, nosotros vamos a apoyar esa iniciativa para que verdaderamente los recursos no solamente lleguen a las entidades federativas, sino también lleguen directamente a los municipios, al lugar de afectación para que se recuperen los suelos, para que también se mejore el medio ambiente, para que logremos que también los dueños de los bosques tengan a cambio recursos por el uso y por servicios ambientales. De ahí sale el agua, de ahí estamos limpiando nuestro medio ambiente.

Por ello mismo es tan importante que esos 6 mil millones aproximadamente que se van a reunir se canalicen a los lugares de afectación. Estaremos de acuerdo los del Partido del PT a favor de esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz doña Claudia Elena Águila Torres, del PRD.

La diputada Claudia Elena Águila Torres:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la política aplicada al sector durante los últimos años ha privilegiado la conservación pasiva de los bosques y selvas y la reforestación improductiva, en detrimento de la producción forestal.

Esto ha provocado una caía de la producción maderable en un 30 por ciento, creando un déficit comercial superior a los 5 mil millones de dólares anuales.

La permanencia de la tala ilegal, la pérdida de empleos en las regiones forestales y un incremento anual de subsidios forestales improductivos difíciles de mantener en el tiempo.

En dicho sentido, estamos convencidos de que es necesario un cambio de rumbo de la política forestal del país que permita hacer extensivas las prácticas de manejo forestal sostenible en todas las comunidades dueñas de terrenos forestales. Se trata de diseñar y poner en práctica una política forestal basada en el esquema de manejo forestal comunitario.

Por ello debemos promover en el sector forestal que se contribuya a incrementar de manera significativa el número de hectáreas bajo manejo y la producción forestal sustentable, para así garantizar realmente la conservación de los bosques y selvas del país.

En tanto esto sucede, tratamos de apoyar reformas, como la que hoy está a punto de ser votada. Con esta reforma —como señalan las consideraciones del dictamen— se tiende a fortalecer y garantizar la ejecución de proyectos de conservación y restauración de los ecosistemas forestales de las entidades federativas, así como a diseñar tasas de retorno de los recursos generados por el aprovechamiento de los ecosistemas ubicados dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales.

Para nosotros, es la búsqueda de hacer más efectiva la justa demanda de la ciudadanía y los gobiernos estatales en la materia de hacer realidad el principio de: quien deteriora paga; conforme a ello, los costos económicos de cambiar el uso de suelo forestal deben ser pagados por quienes lo han deteriorado, evitando y reduciendo el mismo, que es un principio básico de la política ambiental.

Sin embargo, estamos ciertos que debemos ir más allá. No basta con pagar por deteriorar. Por ello estamos apoyando este importante dictamen para ir desarrollando nuevas estrategias que permitan frenar el deterioro de los ecosistemas forestales de México.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD dará su voto a favor de este dictamen. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Gerardo Peña Avilés, del PAN, tiene el uso de la voz.

El diputado Gerardo Peña Avilés:Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con su permiso, señor presidente. El cuidado del medio ambiente y el equilibrio ecológico, es principio fundamental para nuestro Partido Acción Nacional.

Los efectos del cambio climático nos dicen que debemos de tomar medidas que lleven a evitar la contaminación, a evitar la alteración de los ecosistemas y a tratar de recuperar los ecosistemas y sustentabilizar nuestra actividad.

México ha logrado un lugar muy importante a nivel internacional en leyes medioambientales; es reconocido en todos los eventos internacionales y hoy en día la gran responsabilidad que tenemos todos nosotros es actuar en base a esas leyes, al interior de nuestro país, con el objetivo primordial de darle la importancia al medio ambiente y a la sustentabilidad.

Hoy en día existe un procedimiento para la reforestación de áreas afectadas ambientalmente. Este procedimiento no garantiza a los lugares afectados la restauración de sus ecosistemas, la restauración de sus ambientes —que son afectados por cambios de uso de suelo— así como las distintas biodiversidades que tenemos en el país. Este procedimiento nos obliga a buscar un nuevo procedimiento que garantice la preservación de los ecosistemas.

Es por eso que nuestro grupo parlamentario está de acuerdo en estas iniciativas y vamos a votar a favor de ellas, con el fin de encontrar los medios y los mecanismos para que los ecosistemas y biodiversidades se fortalezcan.

Así las localidades donde se hagan las afectaciones ambientales tendrán la seguridad de restablecer sus ecosistemas, de restablecer sus áreas afectadas, logrando con esto que tengan los derechos de los beneficios sociales, de los beneficios del paisaje, de los beneficios del turismo, de los beneficios de la captación de agua, de la conservación del suelo y todas las características que ofrecen los distintos ecosistemas de nuestro país.

Gran responsabilidad tenemos todos nosotros como legisladores en cuidar la aplicación de nuestras leyes en este país que tengan que ver con el medio ambiente.

En principio, debemos evitar contaminar al máximo, debemos de asegurarnos de restablecer los ecosistemas afectados y debemos de sustentabilizar la actividad.

Nuestro Grupo Parlamentario de Acción Nacional está a favor de esta iniciativa y vamos por la recuperación de las afectaciones, de manera principal en las localidades donde se afectan, en los municipios y en los estados, como principio fundamental de que el beneficio se regrese al estado. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor orador. Finalmente don J. Pilar Montenegro Montoya, del PRI, y con esto cerramos. No hay reserva y abriremos el sistema electrónico de inmediato.

El diputado J. Pilar Montenegro Montoya: Posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 24 y 143, y adiciona el 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Con su permiso, señor presidente. En nuestro país actividades como la conversión a otras formas de uso del suelo, que afectan los ecosistemas debido a las múltiples necesidades que presentan los asentamientos humanos, como la expansión de terrenos de uso agrícola, aunado a una mala ordenación territorial, a la falta de control de los incendios forestales, a la tala inmoderada, al sobrepastoreo y al uso de productos químicos que contaminan la atmósfera, influyen de manera alarmante en la degradación de nuestras zonas forestales.

Estos efectos traen como consecuencia suelos erosionados, pérdida de flora y fauna, daños profundos a los ecosistemas y a la hidrografía, así como el deterioro de la calidad de vida y la pérdida de oportunidades de desarrollo.

La evolución de nuestras sociedades trae aparejados nuevos retos, que influyen directamente en nuestro medio ambiente; es por ello que el uso indiscriminado de los recursos naturales es motivo de preocupación, ante la exigencia cada vez más frecuente de productos provenientes de la naturaleza.

Actualmente la preocupación prioritaria por generar fuentes de empleo, el asentamiento de las poblaciones rurales y la explotación de recursos para la producción de materias primas industriales representan nuevos retos para la actividad forestal.

En este contexto, el manejo sustentable de los recursos forestales y contar con los apoyos suficientes para la implementación de medidas de protección a los ecosistemas juegan un papel preponderante.

Por esta razón, los apoyos económicos destinados a la protección de nuestros bosques y selvas deben ser suficientes en cada entidad federativa, con la finalidad de aprovechar todo el potencial de las riquezas naturales en pro del desarrollo sostenible.

Los recursos económicos dirigidos a la reforestación, restauración o mantenimiento de los ecosistemas afectados son para concebir el desarrollo forestal sustentable desde una perspectiva amplia y con visión de futuro; por ello debe existir un marco legal en el que la conciencia social sea un factor preponderante.

La ordenación forestal sostenible debe ser actualmente el concepto más importante de nuestra época, porque influye directamente en el futuro de todos los bosques y sociedades del planeta.

Compañeras y compañeros diputados, el desarrollo de las sociedades debe basarse en la protección de los recursos naturales, de ello depende la conservación de las especies en el planeta y de la vida humana.

A menos que protejamos la estructura, funciones y diversidad de los sistemas naturales del mundo —de la que depende nuestra especie y otras especies— el desarrollo se destruirá a sí mismo y fracasará; a menos que utilicemos los recursos de la tierra sostenible prudentemente y tomemos las medidas necesarias en torno a su protección y conservación, estaremos negando al hombre su futuro.

Como ven, el planteamiento posiciona a mi partido, el Revolucionario Institucional, en pro del cuidado de la naturaleza, porque finalmente de ella dependemos. Muchas gracias, presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Ábrase el sistema electrónico de votación —no habiendo reservas— para votar en lo general y en lo particular en un solo acto, por cinco minutos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Se les informa a los diputados que solamente resta un minuto para que emitan su voto. Una vez cerrado el sistema, no se aceptará ningún voto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 435 votos en pro, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma los artículos 24, 143, y adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Senado de la República, para los efectos contenidos en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



LEY DE AEROPUERTOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos

Honorable Asamblea:

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la minuta con proyecto de decreto por el por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos.

Esta comisión que suscribe con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 84, 85, 157, 158 y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. El 28 de octubre de 2010, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aeropuertos, a cargo del senador Fernando Castro Tentri, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

2. El 13 de diciembre de 2011, se presentó el dictamen correspondiente al pleno de la Cámara de Senadores, mismo que fue aprobado el 14 de diciembre de 2011 en votación nominal, remitiéndose a esta Cámara de Diputados efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. En sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados del 1 de febrero de 2012, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Transportes la minuta en comento para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 61-II-4-2304.

4. Con fecha 24 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, hizo la declaratoria de publicidad al presente dictamen

5. Con fecha 25 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, lo enlista como dictamen a discusión ante el pleno de esta soberanía, sin que haya sido desahogado por el mismo.

6. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva emitió un acuerdo relativo a los dictámenes que el pleno de la LXI Legislatura no llegó a resolver; el cual establece que se turnan nuevamente a las Comisiones correspondientes para su revisión y, en su caso, dictaminación.

Derivado de lo anterior, la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, con objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Descripción de la minuta

La minuta del Senado de la República considera necesario que el sector aeronáutico en México cuente con la posibilidad de expandir su calidad de infraestructura para incidir en el desarrollo económico de nuestro país, basado en su papel estratégico para el impulso de la actividad económica que genera la integración de distintas regiones nacionales e internacionales y genera múltiples empleos.

La colegisladora plantea que la legislación vigente presenta aspectos incorrectamente regulados o no previstos, que dan pauta a que exista gran discrecionalidad por parte de la autoridad, situación que inhibe la inversión en dicho sector. Ante esa situación, la minuta propone la creación de medios que estimulen la competencia, la oferta aeroportuaria, el impulso del desarrollo de los prestadores de servicios en igualdad de condiciones, la aplicación de alternativas para solucionar problemas relacionados con dicho sector y para que las tarifas por la prestación de dicho servicio, sean más accesibles para los usuarios.

En ese sentido, pretende adecuar el comportamiento humano a imperativos sociales vigentes en nuestro estado de derecho, por lo que se introducen atribuciones para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para vigilar que los concesionarios y permisionarios de aeródromos de servicio al público y a los de servicio general, presten los servicios aeroportuarios y complementarios, de conformidad con la ley de la materia, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales, los reglamentos y demás disposiciones aplicables, además de que dicha Secretaría, realizaría verificaciones periódicas para constatar que la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios se ajuste a lo previsto por dichas disposiciones.

Por otro lado, se propone establecer en el artículo 11 de la Ley, la obligación para los interesados en participar en la licitación pública para concesión, de prestar los servicios aeroportuarios y complementarios, de conformidad con la ley de la materia, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables. Asimismo, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha límite para la recepción de proposiciones, esté facultada para solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que emita la opinión a la que se refiere el artículo 33 Bis 1 de la Ley Federal de Competencia Económica.

La minuta plantea también que dentro del artículo 15 de la Ley, se establezca que el otorgamiento de concesiones se sujetará al cumplimiento de dos requisitos, siendo el primero, que el concesionario cumpla con las condiciones del título y el segundo, que cuente con opinión favorable de la Comisión Intersecretarial conformada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y presidida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Asimismo, dentro de los elementos que deben contener los títulos de concesión o permiso a que se refiere el artículo 25, se incluye que los servicios que podrán prestar el concesionario o permisionario, deberán cumplir con lo previsto en la Ley de aeropuertos, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Por otro lado, se propone que cuando los concesionarios o permisionarios sean sancionados por lo menos en tres ocasiones por limitar el número de prestadores de servicios o negar su operación mediante actos de simulación, la concesión o permiso sea revocado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como por limitar el número de prestadores de servicios complementarios o la negación de su operación mediante actos de simulación, por razones distintas a las contempladas por el artículo 57 de la Ley de Aeropuertos.

También se incluyen dentro de las obligaciones de los concesionarios o permisionarios a que se refiere el artículo 46, establecidas en los respectivos títulos de concesión, que aseguren que los aeródromos civiles contarán con infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, módulo de primeros auxilios y emergencias médicas, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia, calidad y que los mismos cumplan con lo previsto en la citada ley así como en la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables.

De igual manera, se reforma el artículo 57 de la Ley de Aeropuertos, para que el concesionario provea lo necesario a fin de que el aeropuerto cuente con opciones competitivas de servicios complementarios, cuyo número no podrá ser limitado, salvo por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, después de escuchar la opinión del comité de operación y horarios del aeropuerto. En este caso, se propone que el concesionario, con participación de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, pueda adjudicar los contratos correspondientes a los prestadores que ofrezcan las mejores condiciones para una operación eficiente y segura del aeropuerto, así como de calidad y precios para los usuarios.

En ese sentido, se plantean reformas a los artículos 63 y 81 de la Ley de Aeropuertos, para que en los aeropuertos el administrador aeroportuario, o la persona que el concesionario designe para tales efectos, determine los horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, de conformidad con las bases que fije el reglamento respectivo bajo criterios equitativos y no discriminatorios, señalando en la última parte del enunciado normativo la remisión al Reglamento de la ley de la materia, ya que los criterios y procedimiento para la designación por parte del concesionario de un tercero, para la determinación de horarios de aterrizaje y despegue, se sujetarán a dicha disposición adjetiva.

Por lo que corresponde al artículo 81, se propone que en caso de que durante dos ocasiones consecutivas se incurra alguna de las infracciones señaladas en las fracciones que contiene el citado precepto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá imponer una sanción equivalente hasta por el doble de la cuantía señalada.

Consideraciones de la comisión

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Aviación Civil, reporta que en 2010 se atendieron cerca de 78 millones de pasajeros, lo que representó un incremento en la demanda de apenas 2.3 por ciento respecto a 2009; sin embargo, en el mismo periodo se observa una disminución en el número de aeropuertos del sistema nacional, por un total de 9. Lo anterior considerando que se dieron de baja dos aeropuertos nacionales en Jalisco y Nuevo León y que las estadísticas dejaron de reportar los aeropuertos y aeródromos a cargo de la Sedena y Semar en los cuales ya no se realizan operaciones aéreas civiles. Asimismo, se dejan de reportar como aeropuertos el de Guerrero Negro (Baja California) y Ciudad Constitución (Baja California Sur) que son de servicio particular; por su parte, se incorporaron dos aeropuertos nacionales en Guanajuato y Quintana Roo y cambiaron su categoría de nacional a internacional los de Morelos, Tepic y Uruapan. En consecuencia, para 2010, se reportan mil 389 aeródromos y 76 aeropuertos.

Asimismo, la inversión anual en infraestructura aeroportuaria para 2010 reporta un incremento de 193 millones de pesos, los cuales provienen en su totalidad del sector público, ya que la inversión del sector privado se contrajo un 6 por ciento en ese año, mientras la primera se expandió más de 17 por ciento.

Existe actualmente un gran rezago en la oferta de infraestructura aeroportuaria en nuestro país, ya que por cada 10 mil kilómetros cuadrados existen 1.2 aeropuertos, mientras que en los 10 países con mayor infraestructura aeroportuaria, la media es de 37 por cada 10 mil kilómetros cuadrados, es decir que nuestro país cuenta con 80 por ciento menos y se registran 3.3 vuelos por cada mil habitantes, mientras que en los 10 países con mayor tráfico aéreo es de 33 por cada mil habitantes.

Lo anterior refleja la necesidad de mejorar las condiciones para el desarrollo del sector, garantizando un mejor funcionamiento y elevando la competitividad del sector aeronáutico, lo que a su vez propicia la integración regional y el incremento de oferta de servicios aéreos, lo que se ve reflejado finalmente en mejores tarifas y servicios más eficientes para los usuarios de este medio de transporte.

En ese sentido, la comisión que dictamina estima convenientes las propuestas de la colegisladora con las que se busca establecer medidas que garanticen equidad, competencia y oportunidad en la asignación de horarios entre los participantes del transporte aéreo, como resultado de la evaluación respecto al uso y aprovechamiento de los mismos.

Por ello, la comisión que dictamina considera oportuno incluir en el artículo 6 de la ley, el establecimiento de reglas y bases generales respecto al uso y aprovechamiento de los horarios de aterrizaje y despegue, toda vez que bajo el texto vigente se genera un margen de discrecionalidad por parte de la autoridad, y poca certeza jurídica para los destinatarios de la norma, además de que con la modificación que plantea el Senado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá realizar verificaciones periódicas para constatar que la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios se ajuste a lo previsto por la ley de la materia, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Sin embargo, la Comisión de Transportes considera que la redacción de la colegisladora debe complementarse para acotar los conceptos a que se refiere tal disposición, pues resultan amplios y generan incertidumbre respecto al uso de los horarios de despegue y aterrizaje con que los usuarios contarían para las temporadas siguientes, lo que afecta además, la certeza de las inversiones a futuro de las empresas dedicadas a la aviación comercial.

En tal sentido, la comisión que suscribe considera necesario complementar la continuidad del servicio como criterio para asignar slots, con el fin de evitar que se utilice un criterio incorrecto para asignar los mismos, independientemente del cumplimiento de uso y puntualidad, lo cual afectaría a todos los operadores. Por tal motivo, la redacción del artículo 6 que se propone, quedaría de la siguiente manera:

“Artículo 6. La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:

I. Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, procurando la competencia y continuidad del desarrollo de todos los prestadores de servicios de acuerdo a las necesidades del país, así como propiciar la adecuada operación de la aviación civil;

II. a III. ...

IV. Establecer las reglas de tránsito aéreo y las bases generales para la fijación de horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, que procuren la continuidad en la prestación del servicio de cada uno de los transportistas aéreos, equidad, competencia y oportunidad en la asignación de horarios entre todos los participantes del transporte aéreo;

V. a VIII. ...

IX. Vigilar que los concesionarios y permisionarios de aeródromos de servicio al público y los de servicio general, presten los servicios aeroportuarios y complementarios, de conformidad con esta ley, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables. La Secretaría realizará verificaciones periódicas para constatar que la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios se ajuste a lo previsto por esta ley, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables;

X. Llevar el Registro Aeronáutica Mexicano, a efecto de incluir las inscripciones relacionadas con aeródromos civiles;

XI. Imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento a lo previsto en esta ley;

XII. Interpretar la presente ley y sus reglamentos para efectos administrativos; y

XIII. Las demás que le otorguen esta ley y otros ordenamientos.”

Por lo que corresponde a las modificaciones planteadas al artículo 11 de la Ley de Aeropuertos, se reconoce adecuado dotar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la atribución para otorgar o negar la concesión tomando en consideración la soberanía, la seguridad nacional, o cuando el interesado no cumpla con las especificaciones técnicas o de seguridad mínimas del aeropuerto. Asimismo, se introduce la obligación a la Secretaría para que solicite a la Comisión Federal de Competencia su opinión sobre las propuestas, la cual deberá de ser tomada en cuenta al momento del fallo.

Cabe mencionar que el artículo 33 Bis 1 de la Ley Federal de Competencia Económica, ya establece un procedimiento y plazos determinados para los casos en los que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) deba emitir opinión en el otorgamiento de concesiones, por lo que las la que dictamina coincide con la modificación planteada, en el entendido de que será una disposición complementaria que fortalezca la competencia económica en los aeropuertos y que obligue a prestar los servicios aeroportuarios y complementarios, de conformidad con la ley de la materia, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables, pero siempre buscando mejorar la eficiencia y calidad de los servicios.

En lo correspondiente a las reformas al artículo 15 de la Ley de Aeropuertos, para el caso del otorgamiento de concesiones, la comisión que dictamina coincide con la propuesta del Senado de la República para condicionar la prórroga de las mismas al cumplimiento de las condiciones del título respectivo y a que la opinión de la Comisión Intersecretarial conformada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y presidida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sea favorable, con lo que se enriquece la ley y se robustece la revisión y control del otorgamiento de los títulos de concesión velando por la competitividad de los aeropuertos.

No debe perderse de vista que el desarrollo y aumento de la capacidad aeroportuaria, así como una mejor calidad en el trasporte aéreo de pasajeros y de carga, son posibles en la medida que se modernice y amplíe la infraestructura con libertad y eficiencia económicas, derivando en el fomento de la competencia entre aeropuertos dentro del mercado regional para atraer un tipo de tráfico específico, así como atraer a prestadores de servicios para que establezcan su base operacional o eje de conexiones logísticas.

La competencia entre aeropuertos en áreas metropolitanas adyacentes es una gran oportunidad para modificar variables de servicio y localización que favorezcan a los usuarios y propicien el desarrollo de infraestructura, ya que el potencial de competencia ha sido demostrado en la experiencia internacional, en la cual los aeropuertos disputan la presencia de líneas aéreas regulares y de aviación general diferenciándose por calidad, costo y diversidad de servicios disponibles en cada uno, lo cual a su vez incentiva mayor inversión en infraestructura aeroportuaria y mejora las capacidades económicas de la región.

Por lo que corresponde al artículo 23, la colegisladora propone adicionar medidas para evitar supuestas simulaciones por parte de las personas o grupos de personas que adquieran sociedades concesionarias o permisionarias que contravengan la libre competencia o en las que la inversión extranjera, se realice en proporciones contrarias a lo previsto en la Ley de Inversión Extranjera, por lo cual se requerirá notificar a la Secretaría a fin de que ésta emita la autorización correspondiente.

Lo anterior se considera acertado por parte de esta comisión que dictamina, pues a reserva de que ya existen medidas en la ley respecto a la inversión extranjera, como el artículo 19 donde se establece que la inversión extranjera podrá participar hasta el cuarenta y nueve por ciento en el capital de las sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público y que se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que el cuarenta y nueve por ciento de la mencionada inversión participe en un porcentaje mayor, la propuesta de la Colegisladora aclara los términos del procedimiento por el cual se notificará a la Secretaría y sobre la respuesta de ésta a los solicitantes.

Por otra parte, la Comisión de Transportes que suscribe considera adecuado incluir en el artículo 25 de la Ley de Aeropuertos, dentro de los elementos que deben contener los títulos de concesión o permiso, que los servicios que preste el concesionario o permisionario, deberán cumplir con lo previsto en la Ley de Aeropuertos, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables, con lo cual se estará procurando certeza para el concesionario, pero además, que tales servicios se presten en términos competitivos y de calidad internacional.

En relación con las adiciones al artículo 27 de la Ley de Aeropuertos que plantea la minuta en análisis, se introducen como causas de revocación que el concesionario limite el número de prestadores de servicios complementarios o les niegue su operación mediante actos de simulación, por razones distintas a disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad.

Esta es una adición que se considera procedente por parte de la que dictamina, en razón de que los servicios complementarios son una parte muy importante para la operación de los aeropuertos y que inciden directamente en el nivel de calidad percibido por los usuarios, por lo que la comisión que dictamina coincide plenamente en la adición.

Derivado de lo anterior, la minuta en análisis plantea trasladar la modificación del artículo 27 al artículo 57, a efecto de generar congruencia en el cuerpo normativo de que se trata, con lo que el concesionario, con participación de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, adjudicará los contratos correspondientes a los prestadores que ofrezcan las mejores condiciones para una operación eficiente y segura del aeropuerto, así como de calidad y precios para los usuarios.

Dentro de las obligaciones de los concesionarios o permisionarios, el artículo 46 de la ley de la materia establece que de acuerdo a las disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso, corresponde a los titulares de la concesión asegurar que los aeródromos civiles contarán con infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, módulo de primeros auxilios y emergencias médicas, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia, calidad.

La propuesta del Senado consiste en agregar que los mismos cumplan con lo previsto en la citada ley, así como en la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables, lo cual en consideración de la que dictamina, es adecuado para mantener los niveles de atención y seguridad de los aeropuertos nacionales en rangos internacionales.

Por otro lado, esta comisión que dictamina estima conveniente que en los aeropuertos el administrador aeroportuario, o la persona que el concesionario designe para tales efectos, determine los horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, de conformidad con las bases que fije el reglamento respectivo bajo criterios equitativos y no discriminatorios, señalando en la última parte del enunciado normativo la remisión al reglamento de la ley de la materia, ya que los criterios y procedimientos para la designación por parte del concesionario de un tercero, para la determinación de horarios de aterrizaje y despegue, se sujetarán a dicha disposición adjetiva. Lo anterior se establecería en el artículo 63 y aportaría un marco de eficiencia y transparencia en la asignación de los horarios referidos, así como una mayor consistencia en la aplicación del reglamento y la profesionalización de la labor de asignación.

Se observa que la reforma propuesta responde convenientemente a que la tendencia mundial apunta hacia el uso de coordinadores de slots independientes, ya que países como Australia y Canadá, así como la Comunidad Europea ya lo han implementado con resultados favorables, apegados al reglamento de cada país.

No obstante, es necesario generar certidumbre sobre el ente que sea designado para determinar los llamados slots, pues la propuesta de la colegisladora no garantiza la independencia entre dicho administrador de horarios y el concesionario, como sucede en los principales aeropuertos del mundo; además, se observa en la propuesta del Senado de la República, que se elimina el requisito de contar con la opinión del Comité de Operación y Horarios, que es la única instancia en la que el administrador del aeropuerto debe transparentar sus decisiones.

Sobre esto último, la ley de la materia establece en su artículo 61 la obligación de cada aeropuerto de constituir un Comité de Operación y Horarios y determina a los funcionarios que lo integran; asimismo, el artículo 62 establece que el Comité tendrá la atribución de emitir recomendaciones relacionadas, entre otros, con la asignación de horarios de operación, áreas, posiciones de contacto y remotas, itinerarios y de espacios dentro del aeropuerto, de acuerdo a los criterios establecidos; así como con las medidas necesarias para la eficiente operación aeroportuaria.

En esas condiciones, la comisión que dictamina considera que la única figura que considera la Ley de Aeropuertos donde los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo y prestadores de servicios se encuentran representados, es el Comité de Operación y Horarios, por lo que eliminar del artículo 63 la única posibilidad que tienen estos grupos de influir en las determinaciones que se tomen para la operación eficiente del aeropuerto donde operan, desvirtúa el objeto contemplado en los artículos 61 y 62 de la Ley de Aeropuertos.

Derivado de lo anterior, esta Dictaminadora considera conveniente que el primer párrafo del artículo 63 se mantenga conforme al ordenamiento vigente y adicionar como un segundo párrafo que la designación del tercero para la determinación de horarios se sujete a lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes disponga en el Reglamento de la materia, en el entendido de que las modificaciones al mismo que se deriven del proyecto de decreto que contiene este dictamen, se circunscriban a los objetivos de profesionalización e independencia que se persiguen.

Considerando lo anterior, se propone que la redacción del artículo 63 de la Ley de Aeropuertos, quede de la siguiente manera:

“Artículo 63. En los aeropuertos el administrador aeroportuario, o la persona que el concesionario designe para tales efectos, determinará los horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, de conformidad con las bases que fije el reglamento respectivo bajo criterios equitativos y no discriminatorios y, oyendo la recomendación del comité de operación y horarios a que se refiere el artículo 61 de esta ley.

Los criterios y procedimiento para la designación por parte del concesionario de un tercero, para la determinación de horarios de aterrizaje y despegue, se sujetarán a lo dispuesto por el reglamento.”

Por lo que corresponde a la propuesta de reformar el artículo 81 de la ley, las comisiones dictaminadoras consideran procedente establecer que en caso de que durante dos ocasiones consecutivas se incurra en alguna de las infracciones consignadas en la disposición, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá imponer una sanción equivalente hasta por el doble de la cuantía señalada, por lo que, con el objetivo de fomentar la eficiencia y la certeza jurídica y económica de todos los involucrados en la operación de los servicios aeroportuarios y de los usuarios, esta comisión que suscribe coincide con la propuesta.

En virtud de lo descrito, la Comisión de Transportes que dictamina considera adecuado aprobar con las modificaciones propuestas en las fracciones I y IV del artículo 6, y la adición de un segundo párrafo al artículo 63, en los términos aprobados por la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, con el objetivo claro de incrementar la eficiencia operativa de las terminales aéreas de todo el país y fomentar su modernización para acercarlas a los niveles de competitividad que en la actualidad demanda el mercado mundial.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Transportes someten a la consideración de la honorable asamblea y para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aeropuertos

Artículo Único.Se reforman las fracciones I y IV del artículo 6; el artículo 15; el primer párrafo del artículo 23; la fracción VIII del artículo 25; la fracción XIV y el último párrafo del artículo 27; el artículo 46; el artículo 57; el artículo 63 y el penúltimo párrafo del artículo 81 y se adicionan una nueva fracción IX y la actual IX pasa a ser la X y se recorren las subsecuentes del artículo 6; un inciso e) a la fracción V, una nueva fracción VI y la actual fracción VI para a ser la VII y se recorren las subsecuentes del artículo 11; una nueva fracción XV y la actual fracción XV pasa a ser la XVI del artículo 27; de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:

Artículo 6. La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:

I. Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, procurando la competencia y continuidad del desarrollo de todos los prestadores de servicios de acuerdo a las necesidades del país, así como propiciar la adecuada operación de la aviación civil;

II. y III. ...

IV. Establecer las reglas de tránsito aéreo y las bases generales para la fijación de horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, que procuren la continuidad en la prestación del servicio de cada uno de los transportistas aéreos, equidad, competencia y oportunidad en la asignación de horarios entre todos los participantes del transporte aéreo;

V. a VIII. ...

IX. Vigilar que los concesionarios y permisionarios de aeródromos de servicio al público y los de servicio general, presten los servicios aeroportuarios y complementarios, de conformidad con esta Ley, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los Reglamentos y demás disposiciones aplicables. La Secretaría realizará verificaciones periódicas para constatar que la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios se ajuste a lo previsto por esta Ley, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los Reglamentos y demás disposiciones aplicables;

X. Llevar el Registro Aeronáutico Mexicano, a efecto de incluir las inscripciones relacionadas con aeródromos civiles;

XI. Imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento a lo previsto en esta Ley;

XII. Interpretar la presente Ley y sus reglamentos para efectos administrativos, y

XIII. Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos.

Artículo 11. ...

I. a IV. ...

V. ...

a) y b) ...

c) Que cumple con los requisitos técnicos de seguridad y disposiciones en materia ambiental;

d) Que cuenta con el personal técnico y administrativo capacitado, y

e) Que se obliga a prestar los servicios aeroportuarios y complementarios, de conformidad con esta Ley, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los Reglamentos y demás disposiciones aplicables;

VI. La Secretaría dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha límite para la recepción de proposiciones, podrá solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que emita la opinión a la que se refiere el artículo 33 Bis 1 de la Ley Federal de Competencia Económica;

VII. La Secretaría emitirá el fallo con base en el análisis comparativo de las proposiciones recibidas, el cual será dado a conocer a todos los participantes;

VIII. La Secretaría, en su caso, otorgará la concesión dentro del plazo señalado en las bases correspondientes, y un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del concesionario, y

IX. No se otorgará la concesión cuando las proposiciones presentadas no ofrezcan las mejores condiciones para el desarrollo aeroportuario nacional; no cumplan con los requisitos de las bases de la licitación, así como con las especificaciones técnicas o de seguridad del aeropuerto, o por causas que pudieran afectar la soberanía y seguridad nacional; o bien las proposiciones económicas que, en su caso se presenten, no sean satisfactorias a juicio de la Secretaría. En estos casos, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria.

Artículo 15. Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de cincuenta años, y podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones hasta por un plazo que no exceda de cincuenta años adicionales, siempre que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en el título respectivo y cuente con la opinión favorable de la Comisión Intersecretarial a que se refiere el artículo 21, y lo solicite antes de que den inicio los últimos cinco años de la vigencia de la concesión, y acepte las nuevas condiciones que establezca la Secretaría.

Artículo 23. Cuando cualquier persona o grupo de personas adquiera, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria o permisionaria de un aeródromo civil, se requerirá notificar a la Secretaría, quien, en su caso, emitirá la autorización correspondiente en un plazo que no exceda de treinta días hábiles. Una vez transcurrido el plazo antes mencionado sin que la Secretaría hubiera emitido una resolución, ésta se entenderá en sentido afirmativo.

...

Artículo 25. El título de concesión o permiso, según sea el caso, deberá contener, entre otros:

I. a VII. ...

VIII. Los servicios que podrá prestar el concesionario o permisionario, mismos que deberán cumplir con esta Ley, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables;

IX. a XIII. ...

Artículo 27. Serán causas de revocación de las concesiones y permisos, las siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. Ejecutar u omitir actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios que tengan derecho a ello, así como la de autoridades que ejerzan atribuciones dentro del aeródromo civil;

XV. Limitar el número de prestadores de servicios complementarios o negar su operación mediante actos de simulación, por razones distintas a las contempladas por el artículo 57 de esta Ley, y

XVI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permiso respectivos, siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y ésta haya quedado firme en términos de ley.

...

En los casos de las fracciones VII a XVI, la Secretaría sólo podrá revocar la concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en la misma fracción.

Artículo 46. Corresponderá a los concesionarios o permisionarios, conforme a las disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso respectivo, asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, módulo de primeros auxilios y emergencias médicas, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia, calidad y cumplan con lo previsto en esta ley, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 57. El concesionario proveerá lo necesario para que el aeropuerto cuente con opciones competitivas de servicios complementarios, el número de estos no podrá ser limitado, salvo por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, después de escuchar la opinión del comité de operación y horarios del aeropuerto a que se refiere el artículo 61 de esta Ley. En este caso, el concesionario, con participación de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, adjudicará los contratos correspondientes a los prestadores que ofrezcan las mejores condiciones para una operación eficiente y segura del aeropuerto, así como de calidad y precios para los usuarios.

Artículo 63. En los aeropuertos el administrador aeroportuario, o la persona que el concesionario designe para tales efectos, determinará los horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, de conformidad con las bases que fije el reglamento respectivo bajo criterios equitativos y no discriminatorios y, oyendo la recomendación del comité de operación y horarios a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

Los criterios y procedimientos para la designación por parte del concesionario de un tercero, para la determinación de horarios de aterrizaje y despegue, se sujetarán a lo dispuesto por el Reglamento.

Artículo 81. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:

I. a XVII. ...

Cualquier otra infracción a esta Ley o a sus reglamentos que no esté expresamente prevista en este capítulo, será sancionada por la Secretaría con multa de hasta cincuenta mil días de salario.

En caso de que durante dos ocasiones consecutivas, se incurra en la misma infracción, la Secretaría podrá imponer una sanción equivalente hasta por el doble de la cuantía señalada.

Para los efectos del presente Capítulo, se entiende por salario, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar en ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal y la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán e implementarán los mecanismos y las adecuaciones a las disposiciones reglamentarias y administrativas que resulten necesarias para dar cabal cumplimiento al mismo.

Tercero.La Secretaría y las autoridades encargadas de aplicar la presente Ley, en un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán realizar las adecuaciones necesarias a efecto de que sean incluidas en las nuevas bases de las licitaciones y en los contenidos de los títulos de concesión o permiso que se vayan a conceder por primera ocasión o para los que vayan a prorrogarse.

Los títulos de concesiones, permisos y autorizaciones otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, tendrán que ser adecuados en los términos y condiciones de las presentes reformas y adiciones, en un plazo que no podrá exceder de un año calendario, mismo que será contado a partir de la entrada en vigor del mismo.

Cuarto.La sanción a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 81 de la presente Ley, comenzará a ser aplicada por las autoridades facultadas para tal efecto por la Secretaría, a los dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 11 de diciembre de 2012.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes, Catalino Duarte Orrtuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Martín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra —ahora sí y para este tema— la diputada María Rebeca Terán Guevara, para fundamentar.

La diputada María Rebeca Terán Guevara:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, los aeropuertos son una infraestructura estratégica que cumplen con una función social de primer orden: el transporte de pasajeros dentro y fuera del país, así como facilitar el comercio y el intercambio de mercancías. Lo anterior repercute en la actividad económica de país y se traduce en empleos para las familias mexicanas, que directa o indirectamente dependen de esta actividad.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el más transitado de Latinoamérica; se calcula que tan solo en el 2011 fue utilizado por 26.37 millones de pasajeros. Una infraestructura de tal envergadura para la sociedad debe garantizar un óptimo funcionamiento y un alto nivel de competitividad en el sector aeronáutico, que se traduzca en servicios de mayor calidad y con mejores tarifas para los usuarios.

Por ello, la Comisión de Transporte de la LXII Legislatura se abocó a la tarea de estudiar, en carácter de revisora, la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos.

En este sentido, los diputados integrantes de la comisión que dictamina coincidimos con las propuestas de la colegisladora, con la que busca establecer medidas que garanticen la equidad, competencia y oportunidad en la asignación de horarios entre los participantes del transporte aéreo, como resultado de la evaluación respecto al uso y aprovechamiento de los mismos.

No obstante, creemos que es conveniente incluir otros cambios que abonen a dar mayor certeza jurídica a los destinatarios de la norma. Ejemplo de lo anterior, es la redacción del artículo 6, relativo al establecimiento de las reglas y las bases generales respecto al uso y aprovechamiento de los horarios de aterrizaje y despegue, previsión a la que esta soberanía agregó la continuidad en la prestación de servicios, como criterio para asignar slots.

Asimismo, por lo que se refiere a las modificaciones del artículo 11 de la Ley de Aeropuertos, se consideró adecuado incluir la obligación para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de solicitar a la Comisión Federal de Competencia su opinión sobre el otorgamiento de concesiones y tomarla en cuenta al momento de emitir el fallo respectivo. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer la competencia económica en los aeropuertos y obliga a prestar los servicios aeroportuarios con mayor eficiencia.

El Grupo Parlamentario del PRI va otorgar su apoyo a este dictamen, toda vez que a través de éste se afianza la rectoría del Estado en esta actividad, gracias a la realización de verificaciones periódicas para constatar que la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios se ajuste a lo previsto por la ley de la materia, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables.

De igual manera, coincidimos plenamente con la pretensión de dotar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la atribución para otorgar o negar las concesiones, tomando en consideración la soberanía, la seguridad nacional, o cuando el interesado no cumpla con las especificaciones técnicas o de seguridad mínimas del aeropuerto.

Aunado a lo anterior, consideramos adecuado acondicionar la prórroga de las concesiones al cumplimiento de las condiciones del título respectivo y a que la opinión de la Comisión Intersecretarial, conformada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Procuraduría General de la República y presidida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puesto que con el ejercicio de dicha atribución se robustecerá la competitividad en el sector.

Igualmente establecemos nuestro acuerdo con la pretensión de adicionar medidas para evitar que las supuestas simulaciones por parte de las personas o grupos de personas que adquieran sociedades concesionarias o permisionarias que contravengan la libre competencia o a las que la inversión extranjera, se realicen en proporciones contrarias a lo previsto en la Ley de Inversión Extranjera.

Preocupados por la seguridad y el bienestar de los usuarios, aprobamos la idea de que el concesionario, con participación en los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, adjudique los contratos correspondientes a los prestadores que ofrezcan las mejores condiciones para una operación eficiente y segura del aeropuerto, así como la calidad y precios para los usuarios.

Finalmente, celebramos que en el dictamen se hayan introducido como causas de revocación que el concesionario limite el número de prestadores de servicios complementarios o se les niegue su operación mediante actos de simulación, por razones distintas a disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad.

La modernización y el mejoramiento de la capacidad aeroportuaria es una oportunidad para propiciar también el desarrollo del país. Al incentivar una mayor infraestructura y elevar la calidad en el transporte aéreo de pasajeros y de carga a estándares internacionales estamos favoreciendo más la inversión en este sector, y un aumento de la capacidad económica de la región; por ello votaremos a favor de este dictamen, que redundará en beneficio del México de hoy y también en el México del mañana. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don José Angelino Caamal, tiene el uso de la voz.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está de acuerdo en que el sector aeroportuario es estratégico para la integración de las distintas regiones del país, y que con dicha integración se generan múltiples empleos.

Actualmente este sector atraviesa por una crisis de desarrollo, toda vez que la regulación actual no contempla aspectos que limiten la gran discrecionalidad que existe por parte de la autoridad en la prestación de servicios aeroportuarios, situación que inhibe la inversión en los mismos.

El tema cobra vital importancia para la economía de nuestro país, ya que no solo se relaciona con el tráfico y transporte de pasajeros, sino además con la agilización de la importación, exportación y comercialización de productos, por lo que resulta necesario que dicho sector cuente con la posibilidad de expandir su calidad de infraestructura para incidir en el desarrollo económico de México.

La reforma plantea que la Comisión Federal de Competencia emita una opinión para otorgar concesiones y permisos para la prestación de servicios del sector aeroportuario, así como también la facultad de ejercer control sobre las sociedades que obtengan dichas concesiones o permisos y sobre la cesión de derechos y obligaciones de los mismos, con lo que se busca estimular la competencia y evitar el surgimiento de monopolios a pequeña escala o locales.

Consideramos que no solo se debe pedir la opinión de la Cofeco para regular las cuestiones citadas en el texto del dictamen, sino esperar una solución concreta de dicha autoridad, antes de considerar como complementarias las reformas a la ley en comento.

En ese orden de ideas, debemos poner atención en que se cumpla con lo establecido en el artículo 33 Bis 1, fracción III, tercer párrafo de la Ley de Competencia Económica, que nos dice que la convocante —en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes— deberá enviar a la comisión, antes de la publicación, el plan maestro, la convocatoria, las bases de licitación, los proyectos de contrato, y los demás documentos relevantes que permitan a la comisión conocer la transacción pretendida. Dichas características podrían ser adicionadas en un artículo transitorio o en el reglamento respectivo.

Pero consideramos, además, que la solicitud de opinión a la Comisión Federal de Competencia debe aprobar el mecanismo propuesto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes antes de emitir reglas y disposiciones complementarias.

Estamos de acuerdo en que el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, en el que se establece el desarrollo y aumento de la capacidad aeroportuaria, así como la calidad en el transporte aéreo de pasajeros y de carga, son posibles en la medida que se modernice y amplíe la infraestructura con libertad y eficiencia económica.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para fortalecer la posición de México en el mercado global requerimos de un marco regulatorio, que incentive el desarrollo de sectores estratégicos, a fin de incrementar la competitividad de nuestro país.

Por lo expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza emitiéremos nuestro voto a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Nabor Ochoa López, del Partido Verde. Tiene usted el uso de la voz.

El diputado Nabor Ochoa López:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el transporte aéreo es un servicio público, parte fundamental de la comunicación entre las personas localizadas en diversas ciudades, quienes requieren mayor eficiencia de comunicación en un lapso breve.

Es indudable que México presenta algunas deficiencias en este sector; por ello desde hace varios años éste se cataloga como poco competitivo, con servicios de escasa calidad y poca atención a los usuarios.

La inversión en la infraestructura no ha sido la suficiente, generando problemas a la imagen de un servicio que debería ser de primer nivel, por el amplio movimiento comercial y el progreso que esto implica para nuestra nación. Las tarifas son altas, el servicio deja la sensación de faltantes extremos y lo peor, los usuarios en ocasiones tienen pocas alternativas para solucionar los conflictos que se generan.

Es necesario mejorar el desarrollo de este sector; debemos detonar la competitividad y la oferta de servicios aéreos, generando mejores precios, calidad y seguridad. Recordemos que son cada vez más quienes requieren y utilizan este medio de transporte, la inversión por lo tanto es básica.

Se debe contar con una plataforma aeronáutica moderna, consciente de los avances tecnológicos, aprovechando esos avances tecnológicos, el crecimiento económico y la ampliación de relaciones comerciales, tanto nacionales como internacionales. Con esto se permitirá una ordenada y eficiente conectividad aérea.

Creemos ineludible planear un mejor sector. De este modo, la infraestructura aeroportuaria cubrirá las necesidades futuras con eficiencia, sin limitaciones y esto, además, generará inversiones y fuentes de empleo. No negamos la existencia en el pasado de esfuerzos para mejorar el ramo, pero no han sido suficientes.

El sector aeronáutico deberá asegurar las condiciones de competencia, pero también —de manera fundamental— velar por la seguridad de los pasajeros. La visión y misión del sector debe ser la de una verdadera palanca de desarrollo, de crecimiento.

Es por ello que nos sumamos a este dictamen a favor, generado de una iniciativa de nuestro actual compañero diputado Fernando Castro, siendo senador de la República, en el cual esperamos se llegue a la reforma y adición de esta Ley de Aeropuertos.

Reconocemos los cambios proyectados ahora en la ley. Los sistemas aeroportuarios de México deben tener como bandera no solamente la planeación de políticas, sino también que éstas sean óptimas y continuadas para asegurar una política de revisión en todo momento, procurando la continuidad en la prestación del servicio y asimismo, dejar las reglas claras respecto a los sistemas de control de los concesionarios.

Ésta sin duda es una tarea significativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dicha competencia es un apuntalamiento para el progreso, siempre mirando por la seguridad del pasajero y las disposiciones en materia ambiental, respetando los reglamentos respectivos.

En este entorno, vemos con beneplácito el establecimiento de reglas, no solo para los concesionarios, sino también para las autoridades, estableciendo —por ejemplo— para el caso de otorgamiento de concesiones, que sin duda esto va a proveer de seguridad jurídica a los operadores y va a fomentar la competencia.

En conclusión, pensamos que con estos cambios se transita por el camino adecuado para el desarrollo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor orador. Tiene el uso de la voz don Luis Manuel Arias, del PRD.

El diputado Luis Manuel Arias Pallares:Con su venia, señor presidente. El que suscribe, Luis Arias Pallares, integrante de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con motivo del proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos hacemos uso de la tribuna, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, para manifestar nuestro voto a favor del presente dictamen.

En el PRD hacemos votos para que la presente ley traiga como consecuencia para la ciudadanía, garantizar —entre otras cosas— que las medidas de seguridad en los aeropuertos sean cada vez más eficientes, que abra los niveles de competencia en el sistema aeroportuario y que haga cada vez más accesible este medio de transporte tan necesario para toda la ciudadanía.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos manifestamos a favor del presente dictamen, ya que consideramos que la reforma rescata en lo esencial los cambios y beneficios en este ramo, por demás importantes para el desarrollo económico y competitividad en este sector, sobre todo que las tarifas y los servicios aeroportuarios sean mucho más accesibles para los usuarios, además de regular la discrecionalidad con la que las autoridades han venido actuando, cerrando con esta reforma posibles actos de corrupción por este vacío legal y dando más certeza a la inversión.

Creemos que es importante la competitividad, desarrollo y certeza legal para un crecimiento sano y favorable para el desarrollo aeroportuario.

En días pasados manifestábamos aquí, en un punto de acuerdo, la importancia de que la Comisión Federal de Competencia realizara una investigación sobre prácticas monopólicas de la actuación del Grupo Aeroméxico; creemos que con esta ley reforzamos la imposibilidad de que haya prácticas monopólicas en todo el sistema aeroportuario en lo integral. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Finalmente, don Juan Carlos Muñoz Márquez —todo un castor— tiene usted el uso de la voz, de león.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez:Muchas gracias, señor presidente. Quiero hacer patente un tema muy importante al seno de la Comisión de Transportes. Me queda claro que la competitividad del país ya no la podemos detener, también nos queda muy claro que todos somos actores en la competitividad y nosotros como legisladores tendremos que ser facilitadores; esta propuesta que emana del Senado de la República, por parte del entonces senador Castro Trenti, viene a ayudar a generar competitividad en el sector de los servicios aéreos.

Se habla mucho de los cielos abiertos, se habla mucho de abrirnos al resto de la competencia con otros países, pero si nosotros no arreglamos los problemas que tenemos aquí adentro, de nada va a servir que logremos los cielos abiertos, si no existe la competitividad, si los slots de los aeropuertos siguen siendo caros, si seguimos teniendo un servicio que no permita que haya más competencia, que haya nuevas aerolíneas, que haya nuevos actores en el mercado. Si no logramos estos factores, jamás vamos a lograr generar competitividad en México, así entre quien entre.

Me congratulo de haber apoyado esta iniciativa. Acción Nacional está a favor de la competitividad; Acción Nacional está a favor de la apertura, pero responsable. Tenemos que ser responsables y asumir cada uno de nosotros nuestra responsabilidad, tenemos que ser corresponsables.

En este sentido, queremos que quede muy claro que si logramos abrir más aeropuertos, si facilitamos la entrada a la competencia, si facilitamos que todos seamos actores; entonces, vamos a lograr un México próspero. Esta iniciativa se sacó por unanimidad, lo que habla bien de cada uno de los miembros de esta comisión, la cual me complace presidir. Tengo unos excelentes compañeros en la comisión y logramos sacarla por unanimidad.

Tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Los legisladores tenemos una gran responsabilidad. Quiero pedirles, compañeros de mi comisión, que sigamos trabajando así. Quiero agradecerles el apoyo y la confianza que han tenido en su servidor. Pero sobre todo, quiero pedirles que sigamos siendo responsables, trabajando por el bien de México y trabajando por el bien de esta Cámara, que falta le hace. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. No habiendo reservas, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recabar la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo evento. Háganse los avisos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 432 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

Dejo la conducción en las manos de mi apreciable compañera Pati Retamoza.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega



LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, presidente. Dictámenes a discusión negativos de iniciativas y minuta. El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo que a continuación se discutirán. Proceda la Secretaría a dar lectura a sus encabezados.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma las fracciones III del artículo 112, y II y VIII del artículo 115, así como el artículo 307; y adiciona la fracción IX al artículo 115 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112, las fracciones II y VIII del artículo 115, el artículo 307 y se adiciona una fracción IX al artículo 115 de la Ley General de Salud.

Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la minuta en comento, esta comisión somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 9 de octubre de 2008, se recibió de Cámara de Diputados minuta proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112, el artículo 307 y se adiciona una fracción IX al artículo 115 de la Ley General de Salud. Iniciativas presentadas por los diputados Carlos Alberto Puente Salas, Maricela Contreras Julián y Éctor Jaime Ramírez Barba con fecha 30 de abril de 2008.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LX Legislatura dispuso que la minuta de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Dictamen de primera lectura con dispensa de trámite presentado el 1 de marzo de 2011. Dictamen en sentido negativo aprobado por 90 votos y 1 abstención. Se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Con fecha 8 de marzo de 2011, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que se desecha el expediente de la minuta proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción III del artículo 112, las fracciones II y VIII del artículo 115, el artículo 307 y se adiciona una fracción IX al artículo 115 de la Ley General de Salud.

4. Con la misma fecha, la presidencia de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Salud la minuta en comento para su análisis y dictamen correspondiente.

5. Según establece el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura, con fecha del 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva turna el asunto a la Comisión de Salud para emitir dictamen.

II. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la minuta

La minuta pretende modificar los artículos 112, 115 y 307 de la Ley General de Salud, para orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de actividad física; así también, para que la Secretaría de Salud tenga a su cargo normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de sobrepeso, encaminados a promover estilos de vida saludables; del mismo modo para que elabore y coordine un programa nacional de nutrición, control de peso y obesidad, con especial atención en niños y en adolescentes, donde para su ejecución, la Secretaría de Salud se coordine con la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, y para que, tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, se induzca a estilos de vida saludables y no se les atribuya valor superior o distinto al que tengan en realidad.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecera la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. En su exposición de motivos los promoventes manifiestan su preocupación por el incremento que han tenido en nuestro país el sobrepeso y la obesidad, así como los graves problemas de salud a los que conduce. En el caso de nuestro país, actualmente se calcula que 7 de cada 10 mexicanos sufren este padecimiento, en especial los niños y los adolescentes. Asimismo señalan que para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el control de obesidad y de sobrepeso, así como del resto de las enfermedades crónicas no transmisibles, representa una situación de alarma, y se recomienda como la principal estrategia la prevención. Afirman que el Instituto Nacional de Salud Pública, ha revelado que millones de mexicanos tienen problemas de sobrepeso u obesidad, particularmente que más de 4 millones de niños de entre 5 y 11 años sufren estos trastornos, y que México ocupa el segundo lugar en el mundo en materia de obesidad infantil, enfermedad que afecta al 9.8 por ciento de este sector de la población. Por estos, entre muchos otros motivos, proponen reformas a la Ley General de Salud a fin de contribuir al combate del sobrepeso y la obesidad, promoviendo hábitos de alimentación saludables, actividad física y la coordinación entre las dependencias de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias coadyuven a disminuir la incidencia de ésta problemática.

Tercera. La Cámara revisora argumenta que a pesar de que en las reformas propuestas se contienen elementos suficientes y necesarios para combatir de manera eficaz el sobrepeso y la obesidad, dentro de las Legislaturas LX y LXI se abordó el tema del sobrepeso, la obesidad, los trastornos de la conducta alimentaria y la actividad física para la salud a través de un dictamen con proyecto de decreto, aprobado el 4 de noviembre de 2010 por el pleno del Senado, que legisla sobre estos temas.

Cuarta. Por tal motivo, y coincidiendo con la Colegisladora, es necesario no transgredir el proceso legislativo que nuestra Constitución señala, además de la necesidad que exista una legislación lógica y coherente, ya que la reforma pretendida se aborda en mayor medida en el decreto mencionado en la consideración anterior, aprobado por el Senado de la República.

Quinta. Los integrantes de esta Comisión consideran que el siguiente dictamen es inviable debido a que como ya se mencionó, ya existe un proyecto de decreto, aprobado por el Senado, que aborda los temas que se pretenden reformar en la minuta en cuestión.

Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112, las fracciones II y VIII del artículo 115, el artículo 307 y se adiciona una fracción IX al artículo 115 de la Ley General de Salud, remitida el 8 de marzo de 2011.

Palacio Legislativo, a los 12 días del mes de diciembre del 2012.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 2 de febrero 2012, la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Según establece el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura, con fecha del 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva turna el asunto a la Comisión de Salud para emitir dictamen.

II. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

Sancionar a quien venda u ofrezca en venta, o comercie muestras médicas con pena de 1 a 9 años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Primera. En la presente iniciativa en su exposición de motivos, menciona que los laboratorios farmacéuticos, se encuentran en libertad de producir las muestras médicas sin ninguna clase de límites, mismas que son distribuidas sin ningún tipo de control.

Segunda.Menciona que la ley no prevé  sanción penal alguna para las personas que se dediquen al tráfico de muestras médicas.

Tercera.La Comisión de Salud en el estudio y análisis muestra que la regulación de las muestras médicas se ha establecido específicamente en dos reglamentos: el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad y el Reglamento de Insumos para la Salud, siendo que en este último, en su artículo 34, establece la prohibición de la venta de muestras médicas

Cuarta.Así como en el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-072-SSA1-2011, Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo los textos que contiene el etiquetado e instructivo de los medicamentos. Así como de establecer los requisitos que deberá contener el etiquetado de las muestras médicas, en donde establece en su numeral 6.3 Muestras médicas. El etiquetado de los productos que sean considerados como muestras médicas deberá de contener todos los datos y leyendas del producto de venta...

Adicionando la siguiente expresión: “Muestra médica no negociable”, “Muestra médica prohibida su venta” o bien “Original de obsequio prohibida su venta”.

Quinta.La vigilancia sanitaria de la misma estará a cargo de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), que podrá auxiliarse en el modelo de terceros autorizados que ha aprobado el propio regulador para atender de manera expedita a la industria farmacéutica.

Sexta.En este mismo sentido, el pasado 26 de febrero  de 2009, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba presento iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de muestras médicas, dictamen en sentido positivo que fue emitido por la Comisión de Salud y votado en la Cámara de Diputados con 339 votos en pro y 1 en contra, el martes 14 de abril de 2009, y turnado en esta misma fecha a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

Séptima.Por tal motivo esta comisión considera que es necesario no trasgredir el proceso legislativo que nuestra Constitución señala, además de la necesidad que exista una legislación lógica y coherente.

Acuerdo

Único.Por lo anteriormente expuesto se desecha iniciativa que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

Palacio Legislativo, a 12 de diciembre de 2012.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»



LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud.

Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la minuta en comento, esta comisión somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 30 de septiembre de 2010, el senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ,presentó Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa, se turnara a la comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 29 de marzo de 2011, el dictamen fue aprobado nominalmente con 80 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores remitió el Dictamen aprobado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

4. Con fecha 31 de marzo de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

5. Según establece el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el Pleno de la LXI Legislatura, con fecha del 20 de Noviembre de 2012, la Mesa Directiva turna el asunto a la Comisión de Salud para emitir dictamen.

II. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la minuta

Establecer que sean sujetos de asistencia social las niñas, niños y adolescentes afectados por el alcoholismo y fármaco dependencia.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI Del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, establece que tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Tercera. Asimismo, este artículo considera que son sujetos de asistencia social, preferentemente todas las niñas, niños y adolescentes, por lo que atendiendo a los antes señalado se considera innecesaria porque incluirlos no implica un cambio independientemente de si padece algún tipo de farmacodependencia o no ya es sujeto de asistencia social.

En tal virtud, se estima que la adición propuesta resulta innecesaria, no obstante lo cual, de pretenderse aprobar dicha adición, lo correcto sería que se incluyera en un nuevo inciso de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social el supuesto antes señalado y no en el inciso a) de dicha fracción.

Cuarta. Con independencia de lo anterior, la Ley General de Salud en el artículo 3, fracción XXIII establece como materia de salubridad general la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia.

Quinta. En el mismo ordenamiento legal se contempla el Programa contra la Farmacodependencia en su capítulo IV, el cual establece que la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra la farmacodependencia a través de la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia, y en su caso rehabilitación de los farmacodependientes; de la educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre la forma de reconocer los síntomas de la farmacodependencia.

Sexta. Igualmente, la Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.

Séptima. También está contemplada la creación de centros especializados por parte de las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, para el tratamiento, atención y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación de los farmacodependientes.

Octava. Los integrantes de esta comisión consideran innecesaria su aprobación, ya que existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, que atienden la situación que se pretende resolver; o bien de acuerdo con su criterio hay otra razón que permita afirmar lo innecesario de la propuesta.

Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura, sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, remitida el 31 de marzo de 2011.

Segundo.Devuélvase a la Cámara de Senadores.

Palacio Legislativo, a los 12 días del mes de diciembre del 2012.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

En cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Consulte la Secretaría la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Con relación al último punto, se devuelve al Senado para los efectos del inciso D del artículo 72 constitucional.



TELEVISION DIGITAL TERRESTRE

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Dictámenes a discusión de proposiciones con punto de acuerdo. El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con punto de acuerdo. Proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de la administración pública federal integrantes de la Comisión Intersecretarial para la Transición a la Televisión Digital Terrestre a cumplir el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2010 y ajustarse a él

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Comunicaciones fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a cumplir y apegarse al Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal, para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre, presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de esta LXII Legislatura.

Con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80 numeral 1 fracción VI y 84, y en cumplimiento de lo establecido por los artículos 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, 176 numeral 1, fracción I, y 180 numeral 2 y 3, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del pleno el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite, método y consideraciones.

Antecedentes

1. Con fecha 13 de noviembre de 2012, el diputado Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a cumplir y apegarse al Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal, para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre, suscrita por diputados integrantes de ese mismo grupo parlamentario.

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen”, instrucción que se cumplió mediante el envío del oficio número D.G.P.L. 62-II-6-0115 y expediente 714, recibidos el 14 de noviembre de 2012 por esta comisión que dictamina.

3. Los legisladores que integran esta comisión procedieron al estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar acerca de su pertinencia y atingencia y proponer al pleno la presente resolución, con base en el siguiente procedimiento y consideraciones.

Método de Dictamen

Esta Comisión procedió al análisis de la política pública establecida con el propósito de promover y conducir el proceso de transición hacia la televisión digital terrestre, así como a evaluar las acciones definidas por el gobierno federal para su desarrollo exitoso. Con ese motivo se revisaron, en el primer caso, el Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, adoptado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, en el segundo caso, el Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre expedido por titular del Ejecutivo federal, ambas disposiciones de orden reglamentario publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2004 y el 2 de septiembre de 2010, respectivamente.

Cabe destacar que esta comisión procedió a revisar además los antecedentes informativos respecto al asunto implicado por la proposición que se dictamina, lo que remitió a los planteamientos que hiciera el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al comparecer ante esta misma comisión en octubre de 2010, en la pasada LXI Legislatura, en virtud de que en esa ocasión se abordó el asunto y de que a ese funcionario correspondió presidir la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital prevista en el decreto referido.

Con base en ese análisis se pudo disponer de elementos para identificar la causa que motiva la acción propuesta, desde el ámbito de competencia de esta Cámara, con el propósito evaluar la pertinencia y sustentar el reslutivo que se propone a la asamblea.

Contenido de la proposición

La proposición que se dictamina propone que esta Cámara de Diputados acuerde hacer un exhorto a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para cumplir y apegarse al Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre, expedido por el titular del Poder Ejecutivo federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2010.

Tal acuerdo está motivado en dos hechos. Por un lado las inconsistencias que registran los acuerdos adoptados, en sus sesiones ordinarias, por esa instancia de coordinación del gobierno federal encargada de conducir el proceso y llevarlo a buen término, tal como es el caso de que se haya sugerido que, con tal de promover la penetración requerida para proceder a la cancelación de transmisiones de señal analógica, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) lleve a cabo licitaciones para la adquisición de aparatos decodificadores de señal digital, medida que corresponde en todo caso a la Secretaría de Economía, que forma parte de la Comisión Intersecretarial. Y, por otro lado, el acuerdo propuesto que aquí se dictamina es motivado, a la vez, por la carencia de un plan estratégico de acción que articule adecuadamente las acciones, según las orientaciones establecidas en el referido decreto, de tal manera que sea viable cumplir las metas establecidas, tal como es el caso de proceder a la cancelación de las emisiones televisivas mediante señal analógica en la ciudad de Tijuana en el año 2013, cuya viabilidad merece justificadas reservas. Es en razón de tales reservas que la proposición es atendible en tanto que un medio válido para alertar, con oportunidad, acerca del incumplimiento de los términos del decreto y, más importante aún, para no tener que abortar la concreción de la transición hacia la Televisión Digital Terrestre.

El acuerdo que se propone se justifica ante diversas incongruencias e inconsistencias en las decisiones que esa instancia referida ha adoptado con respecto a su objeto, según documenta el proponente con base en los acuerdos adoptados por ella y que constan en las actas de sus dos sesiones ordinarias, desde que fue creada en 2010 hasta la fecha, no obstante que según el decreto de su creación establezca que deba reunirse por lo menos una vez cada trimestre y que sea inminente el inicio del programa piloto que cancelará las transmisiones de señal analógica de televisión.

Consideraciones de dictamen

1. Esta comisión coincide en el criterio del proponente en cuanto se hace necesaria la intervención del Poder Legislativo federal ante la conducción de un cambio tecnológico, que afecta la actividad económica y cultural de la nación mexicana, tal como es el proceso de transición hacia la televisión digital terrestre, que repercute en el bienestar de la población en general y, por consiguiente, que implica una política pública del Estado mexicano. Entre otras medidas y acciones tal política conlleva la cancelación de las transmisiones analógicas de señal de radio y televisión, la adopción de dispositivos de recepción digitalizada y la mejora en la oferta de contenidos y servicios de telecomunicaciones, implicadas por un uso y aprovechamiento óptimo del espectro radioeléctrico, para asegurar que la nación capitalice a favor de sus habitantes los beneficios y ventajas de las telecomunicaciones en sus diversas modalidades.

No se exagera al señalar que se trata de una decisión de la mayor envergadura, porque supone el ejercicio de la rectoría del Estado mexicano para asegurar que la explotación, el uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la nación satisfagan las necesidades de la población en general. Ese es el caso de la televisión terrestre que, de acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión, constituye un medio de comunicación y una actividad de interés público, que debe ser protegida y vigilada por el estado para que cumpla con su función social.

2. En la convicción de esta comisión la finalidad del resolutivo propuesto es jurídica, política y socialmente pertinente y atingente, aún cuando se requiera modificar los términos propuestos, en ejercicio de la función legítima de evaluación y vigilancia del Poder Legislativo federal respecto del Poder Ejecutivo federal, cuando están en juego decisiones sobre el uso, aprovechamiento y la asignación de bienes públicos que pertenecen a la nación, y de las cuales depende que el estado ejerza la rectoría de su administración a favor del desarrollo económico y social.

La transmisión de señal de televisión es un bien público y su aprovechamiento está sujeto a las condiciones que el estado establezca para asegurar la función social que ese bien entraña, de tal manera que toda la población del país tenga acceso y disfrute de los beneficios y servicios derivados del uso y aprovechamiento del espectro de radiodifusión de la nación. Por eso, la planeación del proceso de transición hacia la televisión digital terrestre constituye un objetivo estratégico, establecido por primera vez en el programa nacional del sector comunicaciones para el periodo 2001-2006, consistente en impulsar la modernización de la infraestructura de la radio y la televisión.

En ese marco es indiscutible la conveniencia de adoptar los avances tecnológicos y favorecer la generalización de las aplicaciones digitales de radiodifusión, lo que permite mejorar la calidad de transmisión y recepción de señal televisiva, la diversificación de la oferta de contenidos y la prestación de servicios de telecomunicación basados en la convergencia tecnológica, en beneficio de las actividades económicas y sociales de la población; de la misma manera es irrefutable que es necesario que la política pública dirigida a ese propósito tenga como principio rector procurar el mejor aprovechamiento de ese bien público escaso, tal como es el espectro radioeléctrico. El objetivo y la política pública referidos suponen certidumbre jurídica para generar condiciones de libre concurrencia e inversión entre concesionarios y permisionarios, actuales y potenciales, así como de equidad social para asegurar que la población reúna los requerimientos que hagan posible la generalización de las mejoras perseguidas, mismas que conciernen y afectan al bienestar presente y futuro de toda la población.

3. Desde el punto de vista de la administración pública, el titular del Poder Ejecutivo federal, en ejercicio de sus facultades, adoptó la decisión estratégica de conducir, de manera planeada y llevar con oportunidad las transmisiones analógicas a digitales y lo hizo estableciendo un plazo con ese propósito, lo cual se justifica sin duda, porque entre otros beneficios se reduce la cantidad de espectro radioeléctrico que actualmente se destina a la radiodifusión, en virtud de las menores restricciones para la asignación de canales que operan con la tecnología digital y de que se sirve de mejor manera a un área determinada y, como consecuencia de la generalización de la digitalización, se libera una porción de dicho espectro con capacidad para la prestación de nuevos servicios de telecomunicaciones, lo que se ha dado en llamar el “dividendo digital”.

No debe pasar inadvertido que, según estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para el año 2020 se triplicará el tráfico de servicios de telecomunicaciones y que para satisfacer esa demanda se requiere de una capacidad espectral de entre mil 280 y mil 720 MegaHertz (MHz). De la misma manera debe tenerse en cuenta que el propósito de reducir la llamada brecha digital, entre sectores sociales de la población, empresas y organizaciones con y sin acceso pleno al aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación, depende del uso óptimo del espectro radioeléctrico y de una libre competencia que repercute en mejores servicios y a precios asequibles para los diferentes estratos de ingreso y renta económicos.

Por consiguiente, al favorecer la competitividad de las redes terrestres de televisión y radio ante otras plataformas tecnológicas de comunicación, podrá crecer la oferta de canales y la diversificación de contenidos, en tanto que al asegurar la certidumbre regulatoria se fomenta la inversión privada en este campo. Es incontrovertible que se hace necesario que los servicios de radio y televisión sean prestados en las mejores condiciones tecnológicas en beneficio de la población, tal como se establece en el Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2004.

4. En el criterio de esta comisión que dictamina el problema en este asunto consiste en asegurarse que existan condiciones, socialmente equitativas, para el disfrute de los beneficios que derivan de las aplicaciones tecnológicas de la convergencia digital de medios de comunicación. Entre ellos la televisión terrestre es, y previsiblemente será por mucho tiempo, el medio de mayor penetración social. Una televisión de mejor calidad de señal representa un beneficio directo al público televidente. La cuestión es que esa notoria mejora y beneficio esté al alcance de toda la población del país; para acceder a la recepción de señal digitalizada de radiodifusión es necesario contribuir al financiamiento de la adquisición de los dispositivos receptores apropiados.

En esa orientación es claro que el proceso de transición, impulsado por el Estado mexicano, tiene dos vertientes: por un lado asegurarse que los concesionarios y permisionarios transmitan mediante señal digital y, por el otro, que los usuarios y destinatarios finales de los bienes transmitidos puedan recibirlos. Para el primer caso se establece, en el acuerdo de la política correspondiente, el otorgamiento de un canal adicional para mantener simultáneamente la transmisión analógica y digital. En el segundo caso se establece facilitar la adquisición de aparatos receptores digitales de ese tipo de señal televisiva, para lo cual la Secretaría de Economía deberá instrumentar las acciones necesarias, así como supervisar que no se produzcan acciones monopólicas, exclusividades o restricciones a la importación, fabricación nacional y comercialización en general de aparatos decodificadores digitales.

Es dable establecer que, para ser racionalmente administrada la transición, el cese de transmisiones analógicas va de la mano de la penetración de transmisiones digitales, pero no obstante haber provisto la política pública al respecto, mientras que se ha superado la meta de concesionarios que ya operan con tecnología digital, el número de personas que pueden recibir ese beneficio es menor del previsto. La ejecución no parece ser la adecuada, o bien la planeación de la transición digital fue incorrecta. Con todo, es evidente que se trata de un proceso irreversible y no hay razón técnica o tecnológica para frenarlo o suspenderlo. La asignación temporal de un canal adicional, por cada canal concesionado o permisionado, hasta en tanto se consiga el desplazamiento total de transmisión analógica por transmisión digital es un incentivo correcto para impulsarlo, pero lo que se ha dado en llamar “apagón analógico” depende al mismo tiempo de que los usuarios de servicios dispongan del receptor apropiado, que asegure el grado de penetración de señal televisiva digital requerido.

5. En el criterio de esta comisión el asunto merece la preocupación de esta soberanía y, en congruencia, la exigencia de rendición de cuentas por parte de las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal involucrados y responsables de la transición digital en la radiodifusión, habida cuenta de que se trata de un asunto de relevancia estratégica para el desarrollo nacional y de que la planeación de la acción pública y, en particular la programación de acciones, no se corresponde con el nivel de ejecución y cumplimiento de plazos, lo que se refleja en el rezago que desde 2009, tal como se expone en la proposición, fue reconocido por el Consejo Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión en su único informe, hasta la fecha, sobre el estado que guarda el proceso de transición, a saber que hasta 2008 la televisión digital estaba al alcance solamente de un segmento de la población, aquel que disfruta de televisión de paga.

A dos años de su instalación, no obstante la obligación de diseñar una metodología apropiada para la evaluación del nivel de penetración de la televisión digital en las diversas regiones del país, así como dar seguimiento a las acciones diseñadas para llevar a cabo el reemplazo generalizado y total de transmisiones analógicas por transmisiones digitales en la radiodifusión terrestre, la comisión intersecretarial creada con ese propósito no ha dado a conocer puntualmente los avances conseguidos, los obstáculos a remover en el proceso iniciado y, en particular, los resultados de las acciones emprendidas por parte de la Secretaría de Economía para facilitar que la población pueda adquirir los aparatos receptores o decodificadores de señal digital y, en su caso, el ritmo de renovación de aparatos en las diversas regiones del país, con el detalle requerido para prever los requerimientos en por lo menos aquella en que iniciará el programa piloto del ordinariamente llamado “apagón analógico”, a saber en la ciudad de Tijuana durante el primer cuatrimestre del año 2013, según lo programado originalmente por la referida comisión intersecretarial.

Es de esperar que los informes trimestrales que debe rendir la misma al titular del Ejecutivo federal den cuentan de indicadores de resultados, tanto de la penetración de la televisión digital como de los avances y obstáculos en la fabricación, comercialización y adquisición de aparatos receptores de señal digital por parte de la población, en esa ciudad, en la región nororiente y en la región del país en la que corresponda seguir el proceso de transición. Pero esa información no se ha dado a conocer de manera puntual, en detalle y oportunamente a esta soberanía. Se requiere que las acciones correspondientes a esa decisión sean concretadas en términos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

6. Ahora bien, esta comisión juzgó pertinente que el exhorto que se propone debe hacerse a la comisión intersecretarial de la Administración Pública Federal, y no solamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones tal como se establece en la proposición que se dictamina, en razón de que corresponde a esa comisión intersecretarial decidir, conducir, llevar a cabo y evaluar las acciones mediante las cuales tenga lugar la transición hacia la televisión digital terrestre, proceso iniciado en el año 2004, mismas que están interrelacionadas e implican la garantía de que los servicios de televisión radiodifundida no se vean afectados en forma alguna; entre tales acciones se contempla promover que el público cuente con receptores o decodificadores que le permitan captar las señales de ese tipo, según se establece en el decreto expedido por el titular del Ejecutivo federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2010.

En el criterio de esta comisión, y tal como se establece en las motivaciones de la proposición que se dictamina, la cancelación de las transmisiones analógicas, y el correlativo reemplazo por transmisiones digitales, mediante señal de televisión terrestre, depende del grado de penetración digital y un indicador objetivo es la disponibilidad de aparatos receptores o decodificadores por parte de la población, siendo ésta una de las acciones a impulsar y promover por la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital de Televisión Terrestre. En este rubro la tarea gubernamental que se establece en el decreto corresponde a facilitar esa adquisición, vigilando que no se produzcan monopolios, exclusividades y restricciones que la impidan y para lo cual corresponde a la comisión intersecretarial en su conjunto que los servicios de televisión radiodifundida no se vean afectados y sean recibidos por la población de manera directa y gratuita, tal como se establece en el decreto, lo que se pondrá a prueba por primera vez en la ciudad de Tijuana en el próximo año 2013.

7. Esta comisión que dictamina reconoce entre los méritos de la argumentación ofrecida por el proponente que sea concebida la digitalización de la televisión como parte de un plan integral de desarrollo y acceso a las telecomunicaciones. Por eso se considera relevante destacar la falta de consistencia del proceso de transición hacia la televisión digital, que se pone de manifiesto en que en cinco años, entre el establecimiento de la política pública en 2004 y el acuerdo que especifica las acciones conducentes para concretarla en 2010, el nivel de penetración de señal digital no se ha incrementado al ritmo requerido para estar en condiciones de sustituir la transmisión analógica que se recibe en la mayor parte de los hogares, de manera adecuada y asegurando la continuidad en la prestación del servicio público de radiodifusión, sin que el país quede rezagado en el cumplimiento de ese cometido.

En el juicio de esta comisión el exhorto que esta soberanía hace a las dependencias del Ejecutivo federal se justifica, también, porque estando próximo el plazo para concretar la transición digital terrestre, es imperativo hacer las previsiones de recursos económicos y de gasto que harán posible ejecutar las medidas y acciones implicadas en ese propósito, incluido desde luego los apoyos para el sector social de la población impedido, con sus propios recursos, a adquirir los dispositivos de recepción de señal televisiva digital, antes de que se proceda a cancelar las transmisiones televisivas mediante señal analógica o, en su caso, justificar plenamente las modificaciones al programa de transición digital terrestre.

Por lo expuesto, esta comisión coincide en la pertinencia y atingencia del exhorto que se propone haga esta soberanía al Ejecutivo federal, y en congruencia esta comisión somete a la consideración del pleno de esta Cámara el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo federal, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a las dependencias de la Administración Pública Federal que integran la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, a dar el debido cumplimiento al Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2010, así como a apegarse al Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2004, con el propósito de asegurar que el programa gubernamental para reemplazar las transmisiones analógicas por digitales de televisión terrestre en el país cumpla, sin exclusiones y excepciones, con sus objetivos y metas en beneficio de la población mexicana, dentro de los plazos establecidos por esa política pública del Estado mexicano.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados, a 13 de diciembre de 2012.

Comisión de Comunicaciones, diputados:Fernando Castro Trenti (rúbrica), presidente; Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Víctor Manuel Díaz Palacios (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, secretarios; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Joaquín Caballero Rosiñol (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, José Luis Flores Méndez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Humberto Alonso Morelli, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Esta Presidencia informa a la asamblea que el Reglamento estipula solo un orador. Pregunte a la asamblea, señor secretario, si se permite más de un orador por acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta a la asamblea si acepta que haya más de un orador. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se autoriza entonces que haya más de un orador por acuerdo. Muchas gracias, señor secretario.

Dictamen a discusión con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de la administración pública federal que integran la Comisión Intersecretarial para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, a cumplir y apegarse al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2010.

En el uso de la voz el diputado José Noel Pérez de Alba, por el Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.

El diputado José Noel Pérez de Alba:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, no cabe duda que el dictamen que hoy discutimos resulta de la mayor importancia para el país, toda vez que se refiere a la rectoría del Estado mexicano para asegurar que la explotación, el uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la nación satisfagan las necesidades de la población en general.

La televisión terrestre, que de acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión constituye un medio de comunicación y una actividad de interés público que debe ser protegida y vigilada por el Estado para que cumpla con su función social.

En materia de tecnologías de comunicación debemos recodar que el siglo pasado se identificó como la era de la información, la explosión de las telecomunicaciones y de la informática, que facilitó el camino hacia finales de este siglo. El avance al acceso a todo tipo de información de manera masiva fue significativo.

El presente del siglo XXI se caracteriza por ser la era de la sociedad del conocimiento. Pasar de una era a otra implica un proceso integral en el que apenas se vislumbran todos sus impactos. Actualmente, el conocimiento constituye el valor agregado fundamental en todos los procesos productivos de bienes y servicios, haciendo que el dominio del conocimiento sea el principal factor de su desarrollo autosustentable.

Por ello, la competitividad y el desarrollo sustentable del país, de las organizaciones, dependerán cada vez más de la capacidad de administrar de manera eficiente la información y el conocimiento, lo cual más que una demanda social es una necesidad ineludible de nuestro tiempo.

En suma, es necesario hacer conciencia de la necesidad de generar igualdad de oportunidades en el acceso y uso de tecnologías de información y comunicación, y comprometernos a desarrollar acciones tendientes a superar la brecha digital, lo cual refleja e incide en las diferencias económicas, sociales, culturales, educacionales, de salud y acceso al conocimiento entre México y el resto de los países, e incluso del mismo territorio nacional.

Para la Cepal, la brecha digital tiene que ver con la calidad de acceso a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, afirman: La brecha digital está basada en aspectos de acceso, pero también en los relacionados con el uso de las tecnologías, por lo que se señalan tres tipos de brecha: la de acceso, la de uso y la de calidad de uso.

Bajo estas premisas, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de este dictamen, toda vez que están en juego decisiones sobre el uso, aprovechamiento y la asignación de bienes públicos que pertenecen a la nación, y de las cuales depende que el Estado ejerza rectoría de su administración a favor del desarrollo económico y social.

Como lo señala el documento a discusión, la transmisión de señal de televisión es un bien público y su aprovechamiento está sujeto a las condiciones que establezca el Estado para asegurar la función social que este bien entraña, de tal manera que toda la población del país tenga acceso y disfrute de los beneficios y servicios derivados del uso y aprovechamiento del espectro de radiodifusión de la nación; por eso la planeación del proceso de transición hacia la televisión digital terrestre constituye un objetivo estratégico para México.

Señores legisladores, asegurar que existan condiciones socialmente equitativas para el disfrute de los beneficios que derivan de las aplicaciones tecnológicas de la convergencia digital de medios de comunicación, es una decisión impostergable y una obligación de esta Cámara y desde luego, del Estado mexicano. De ahí la exigencia para que se dé cabal cumplimiento a los compromisos de concretar la transición de televisión digital terrestre, así como asegurar que el programa gubernamental para reemplazar las transmisiones analógicas por digitales de televisión terrestre en el país cumpla —sin exclusiones y excepciones— con sus objetivos y metas, en beneficio de la población mexicana, dentro de los plazos establecidos por esta política pública del Estado mexicano. Es cuanto, compañeros. Buenas tardes.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. En el uso de la voz diputada Purificación Carpinteyro Calderón, por el Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.

No encontrándose en el salón de sesiones, tiene la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Partido de Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señora presidenta. Señoras y señores legisladores, Nueva Alianza está a favor del punto de acuerdo promovido por el diputado Fernando Castro Trenti, porque se trata de una medida que contribuirá a que el proceso de transición hacia la televisión digital terrestre se cumpla en tiempo y forma, se realice con transparencia y repercuta en beneficios concretos para los habitantes del país.

La transición hacia la televisión digital constituye un cambio tecnológico de múltiples implicaciones. Es importante que este proceso sea vigilado por el Poder Legislativo, porque el desarrollo vertiginoso de la industria de las telecomunicaciones impone al Estado la obligación de garantizar las condiciones jurídicas, técnicas y regulatorias necesarias para el aprovechamiento óptimo del espectro radioeléctrico.

Uno de los recursos más valiosos, pero también más escasos sobre los que tiene dominio el Estado mexicano es precisamente el espectro radioeléctrico.

En función de ello, es importante tener presente que la desaparición de la señal de televisión analógica para dar paso a la televisión digital, proceso conocido como apagón analógico, va mucho más allá de la incorporación de nueva tecnología para que la imagen y el audio que se transmita por televisión sean de mejor calidad.

Se trata de que en el proceso se preserve íntegra la rectoría del Estado en el ámbito de las telecomunicaciones, como un elemento estratégico que garantice la soberanía nacional.

El proceso de transición hacia la televisión digital terrestre no tiene solamente un enorme potencial económico, sino que entraña un gran valor social.

Es cierto que este cambio tecnológico traerá consigo el impulso de nuevos servicios para los consumidores, nuevas formas de hacer negocios, nuevos tipos de productos audiovisuales y nuevas formas de interactuar con los usuarios finales.

Aparte de lo anterior, debe destacarse que la expansión de la televisión digital dará entrada a nuevos competidores y ello abrirá la oportunidad para que se ofrezca al público una mayor diversidad de contenidos.

Los tiempos que vive México exigen que se aprovechen los nuevos canales de radiodifusión que la digitalización ofrece, de tal manera que se promuevan contenidos de calidad.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es indispensable que la transición a la televisión digital terrestre consolide el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones; sirva para ordenar la convergencia tecnológica y a la vez se constituya en la oportunidad de garantizar contenidos de televisión que promuevan valores sociales, como la tolerancia, la solidaridad, el respeto a las diferencias, el aprecio de la legalidad y la convivencia democrática.

Nuevos contenidos que eviten la difusión de estereotipos discriminatorios que rechacen la burla contra las personas con determinadas preferencias, culturas, niveles económicos, formaciones educativas o colores de piel.

Estamos a favor del punto de acuerdo, porque es pertinente que exista una comunicación fluida con la comisión intersecretarial responsable de conducir la transición hacia la televisión digital terrestre.

Esta Cámara de Diputados puede y debe vigilar que las acciones que implica este proceso se realicen con la mayor transparencia y eficacia. Es necesario que la asignación de los recursos para que el público masivo adquiera los decodificadores necesarios y reciba la señal digital se realice con apego a la normatividad aplicable y que no se utilicen con objetivos clientelistas.

Éstos y otros aspectos podrán ser observados con mayor amplitud por parte del Congreso, a partir de la interacción que pueda derivarse del exhorto que se hace a la Comisión Intersecretarial, siempre con el objetivo de que las telecomunicaciones consoliden su desarrollo en beneficio de todos los sectores sociales. Es cuanto, señora presidenta, gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. En el uso de la voz el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, por el Partido de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputada presidenta. Muy buenas tardes. La televisión digital terrestre es el sistema de transmisión digital de señales abiertas o gratuitas de televisión que permitirá modernizar la forma como los mexicanos aprovechamos este servicio.

La televisión digital terrestre no es un servicio de televisión restringida o de paga, de ahí su importancia, por lo que no hay que pagar para recibirlo. Al igual que con la televisión abierta actual, para gozar de los beneficios de la televisión digital terrestre los mexicanos solo necesitamos un equipo receptor adecuado.

En México, hasta el cierre del segundo trimestre del año, la Comisión Federal de Telecomunicaciones contabilizó 12 millones de usuarios de televisión restringida, ya sea por cable o vía satelital, en un estimado de 24 millones de telehogares. A mayor penetración de la TV de paga en un país, menor es el porcentaje de telehogares que usarán televisión abierta analógica o digital.

A fines de 2011, México registró que 41.3 por ciento de los telehogares estaban suscritos a algún paquete de TV de paga; se estima que al final del año 2017 habrá 31 millones de hogares con cobertura de señales de TDT en los siete principales mercados de televisión de América Latina y solo 3.2 millones; es decir, el 10.3 por ciento, estarán en México.

Nuestro país es pionero en el desarrollo de la TDT. A la fecha, solo 16.6 por ciento de los hogares cuentan con televisores digitales, pero nuestro país tendrá una penetración de 10.2 por ciento de la televisión digital terrestre sobre el total de telehogares en 2017.

En el país prevalecen profundas asimetrías regionales en la disponibilidad de televisiones digitales. Apenas 4 por ciento de los hogares en Chiapas dispone de televisión digital, mientras que en la Ciudad de México el porcentaje es de 29.95 por ciento.

Al favorecer la competitividad de las redes terrestres de televisión y radio ante otras plataformas tecnológicas de comunicación podrá crecer la oferta de canales y la diversificación de contenidos.

Quedan pendientes los contenidos de calidad, la democratización de los medios y la intervención decidida, responsable del Estado para evitar la existencia de los monopolios y de los duopolios.

El propósito de reducir la llamada brecha digital entre sectores sociales de población, empresas y organizaciones, con y sin acceso pleno al aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación, depende del uso óptimo del espectro radioeléctrico y de una libre competencia que repercuta en mejores servicios y a precios asequibles para los diferentes estratos de ingreso y renta económicos.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. En el uso de la voz el diputado Andrés de la Rosa Anaya, por el Partido de Acción Nacional, hasta por tres minutos.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya:Con su permiso, presidenta. En definitiva, este dictamen de punto de acuerdo contiene un tema que es sumamente importante y trascendente para la vida del país, particularmente porque tiene que ver con un gran tema, que es precisamente el de telecomunicaciones.

Sabemos también que es un tema que para efectos del desarrollo del país implica una serie de aspectos que tienen que ver con la competitividad, con el desarrollo de nuestro país, en una materia tan importante como lo es ésta.

Esto también nos deja ver y nos hace suponer la rectoría del Estado, que queda salvaguardada para que se pueda atender la tarea desde este gran rubro de telecomunicaciones.

Comentar y decir que hoy en nuestro país, los mexicanos, evidentemente debemos de pugnar por desarrollar todos estos aspectos que nos permitan transitar hacia nuevos escenarios como país y poder ofrecerles también a los mexicanos un mayor acceso, un mejor servicio, que permita también poder ir evolucionando en nuestras comunidades, poder ir ampliando el espectro de la información, el uso de tecnologías.

Sobre todo, también es importante que las dependencias del Ejecutivo federal —que conforman esta Comisión Intersecretarial— puedan atender con puntualidad a hacer las gestiones que se ocupen, a hacer también las acciones que se requieran para efecto de que estemos en tiempo y que podamos entonces cumplir lo que el propio decreto de 2010 establece y que habrá de generarse ese apagón —como así se le denomina— en la ciudad de Tijuana, Baja California y que podamos ir construyendo esa ruta y esa vía, que nos permita a los mexicanos adentrarnos a este nuevo uso de tecnologías en materia de telecomunicaciones.

Quiero decirles también que para Acción Nacional, para el Grupo Parlamentario del PAN, éste es un tema de vital importancia; es un tema al cual evidentemente también nos sumamos y votaremos a favor de este punto de acuerdo, porque sabemos de la importancia para nuestro país, lo que representa este tema, que además es un objetivo estratégico en términos de seguir impulsando el desarrollo del país, en términos también de ir cuidando que no se generen monopolios en el acceso a este tipo de servicios para con los mexicanos.

Quiero ratificar aquí el compromiso y la posición del Grupo Parlamentario del PAN de votar a favor; el compromiso con los mexicanos también de poder ofrecerles mejores tecnologías en esta materia, que nos permita seguir evolucionando como país y que podamos transitar hacia nuevos escenarios en estos años, en donde el país debe irse ubicando, como lo ha venido haciendo, en un lugar que le corresponde en el escenario mundial.

Poder seguir cumpliendo con lo que debemos de hacer, para que los mexicanos se sientan satisfechos de lo que estamos proveyendo desde estos espacios, en donde debemos atender esas necesidades y los planteamientos de los mexicanos. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. En el uso de la voz el diputado Rubén Acosta Montoya, por el Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados, en el Partido Verde Ecologista de México felicitamos la iniciativa del diputado Castro Trenti, por traer a esta honorable tribuna un tema tan importante para la sociedad, que también es poco conocido y es nuestra responsabilidad difundir.

Como es de todo conocido, el apagón analógico consiste en abandonar la emisión de señales televisivas análogas y migrar hacia la recepción de señales digitales.

En términos generales, las señales analógicas se denominan así, porque son aquellas en las que la señal se envía de forma idéntica; es decir, análoga a la señal original.

Por otro lado, las señales digitales son conocidas de esta forma, porque para su transmisión es necesaria la presencia o ausencia de voltaje traducido mediante el código binario; la principal ventaja de las señales digitales reside en que permiten un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, que es la señal, es el espacio en el aire por el que viaja la señal de televisión, a través de la cual permite el envío y recepción —como ya lo señala— de una sola señal.

En cambio, las señales digitales permiten que viaje por ese mismo espacio radioeléctrico una o hasta cuatro señales que transmiten de la misma forma un mismo espacio.

Este problema no se presenta en las transmisiones digitales que existan este tipo de bloqueos. Es muy claro que la televisión digital permite que haya una eficiencia del espectro radioeléctrico. Esta ventaja es la que se pretende aprovechar mediante la transición a la televisión digital terrestre, ya que se optimizará —como ya lo señalaba— el uso del espectro radioeléctrico y se liberará la cantidad de espectro suficiente para darle nuevos usos y darle entrada a nuevas tecnologías, lo que también provocará una mayor diversidad de servicios y por ende, una baja en los precios de los servicios de telecomunicaciones.

Esta migración de las señales analógicas a las digitales es lo que conocemos cotidianamente como el apagón digital; el apagón analógico o digital, se tiene previsto —de acuerdo a la disposición que llevó a cabo el Ejecutivo federal— que se llevará a cabo el 16 de abril de 2013, o sea, el próximo año y empezará en la ciudad de Tijuana. Posteriormente se hará —dentro de ese mismo año—ese mismo apagón analógico en seis ciudades más.

Como podemos ver, el acuerdo del diputado Castro Trenti es sumamente necesario, porque la disposición del Ejecutivo federal se tiene que acatar ya y la tenemos a la vuelta, ya es 2013 y aún no vemos a una autoridad que esté informando a la sociedad y mucho menos vemos que se estén llevando a cabo los pasos necesarios para que este apagón lleve a un buen fin.

Por estas razones, se hace imperante establecer políticas públicas adecuadas y eficaces que le permitan a nuestro nuevo gobierno federal cumplir con las obligaciones contraídas por la anterior administración, así como también hacer frente a los compromisos que se han plasmado en el reciente Pacto por México.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos de acuerdo en lo que se propone por el diputado Castro Trenti; lo apoyamos, lo consideramos sumamente necesario. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba este punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.



ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a homologar el cobro de las llamadas de larga distancia entre Orizaba y Córdoba, Veracruz, e integrarlo como servicio local

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Comunicaciones fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que realicen las acciones correspondientes para Homologar el cobro de las llamadas de larga distancia entre los Municipios de Orizaba y de Córdoba, estado de Veracruz y se integre como Servicio de Llamada Local, presentada por el diputado Juan Manuel Diez Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de esta LXII Legislatura.

Con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, numeral 1, fracción VI, y 84, y en cumplimiento de lo establecido por los artículos 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, 176, numeral 1, fracción I, y 180, numeral 2 y 3, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Comunicaciones somete a consideración del pleno el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite, método y consideraciones.

Antecedentes

1. Con fecha 15 de noviembre de 2012, el diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) a que procedan a la homologación del cobro de las llamadas de larga distancia entre los municipios de Orizaba y Córdoba, en el estado de Veracruz, se integre como servicio de llamada local”.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen”, instrucción que se cumplió mediante el envío del oficio número D.G.P.L. 62-II-2-120 y expediente 753, recibidos el 16 de noviembre de 2012 por esta Comisión que dictamina.

3. Los legisladores que integran esta comisión procedieron al estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar acerca de su pertinencia y atingencia y proponer al Pleno la presente resolución, con base en el siguiente procedimiento y consideraciones:

Método del dictamen

Con objeto de contar con elementos para resolver sobre la proposición que se dictamina, esta comisión consideró necesario evaluar las cuestiones relativas a la evolución de las tarifas de telefonía fija, de las políticas, programas y acciones del gobierno federal en la materia, así como antecedentes del caso en particular.

Cabe destacar que, como resultado del análisis de las motivaciones de la proposición, esta comisión consideró pertinente contar con indicadores actuales acerca de la integración económica y urbana de los centros de población de Orizaba y de Córdoba, ya que se consideró ese aspecto como criterio central para evaluar el impacto de la medida que se propone y para la cual se justifica o no hacer el exhorto propuesto.

Contenido de la proposición

La proposición que se dictamina propone que esta Cámara de Diputados acuerde hacer un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que, en el ámbito de su respectiva competencia, evalúen y lleven a cabo las acciones que correspondan, tendientes a modificar la clasificación de las tarifas aplicables a las llamadas telefónicas que tengan como origen y destino los municipios de Orizaba y de Córdoba, en el estado de Veracruz, de tal manera que sean consideradas como servicio local, en lugar de servicio de larga distancia. Tal medida es justificada por el proponente en razón de varios aspectos, tales como la cercanía física entre esos municipios, el intenso y continuo intercambio comercial y la interacción social y cultural que tiene lugar entre ambos, así como la repercusión favorable en el nivel de productividad y en la economía de las familias como resultado de la reducción de los costos implicados por el pago de llamadas telefónicas, cuyo precio corresponde actualmente a servicio de larga distancia.

Consideraciones del dictamen

1. En el criterio de esta comisión que dictamina no debe pasar inadvertido el hecho de que, hace 20 años, los municipios de Orizaba y de Córdoba hayan solicitado, de común acuerdo, la intervención de la autoridad federal competente, en un primer momento, con el objeto de que ella autorizara la homologación tarifaria entre ambas ciudades, separadas entre sí por apenas 20 kilómetros de distancia y, en un segundo momento, para que dicha autoridad resolviera que el servicio de llamadas telefónicas entre ambos centros de población sea considerado como servicio local, en lugar de servicio de larga distancia. Esa gestión municipal fue respaldada por el gobierno del estado de Veracruz, bajo el mandato del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán, consiguiéndose la autorización de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la concertación con la empresa privada Teléfonos de México, la principal concesionaria de servicios de telefonía fija, para suscribir un convenio que estableció el llamado programa “Ciudades Vecinas”, por el cual el concesionario de telefonía fija se comprometió a mantener sin incrementos los precios vigentes de sus servicios de larga distancia, lo cual repercutió en una reducción nominal que benefició a la población de ambos Municipios. Ese avance, sin embargo, con el tiempo ha resultado insuficiente.

Para esta comisión es irrefutable que mantener tipificada como larga distancia el servicio de telefonía entre esos Municipios afecta negativamente el costo de operación y de las actividades, no solamente de las empresas privadas e instituciones de la administración pública municipal, sino incluso de organizaciones sin fines lucrativos y cuyo objeto son actividades filantrópicas, de utilidad pública o social, así como en la economía de los hogares residentes de ambos Municipios.

2. Es convicción de esta comisión que la finalidad del resolutivo propuesto se justifica plenamente, atendiendo a otras consideraciones que no deben ser ajenas al criterio de esta honorable asamblea. La medida propuesta no implica inversión alguna en la infraestructura de telefonía que sirve a las poblaciones involucradas en el acuerdo que se propone. Por el contrario, supone contribuir al óptimo aprovechamiento de dicha infraestructura plenamente consolidada, sin afectar los legítimos intereses de los concesionarios prestadores de servicios de telefonía en la región.

La autoridad es competente para adoptar las medidas que son necesarias para hacer prevalecer el principio de racionalidad en la regulación de los servicios de telefonía en el país, con base en nuestra Carta Magna y la Ley en la materia, cuya aplicación implica imponer a los concesionarios de los servicios de telefonía, las modalidades que convengan al interés público, de manera que su prestación sirva al desarrollo económico y social de la nación.

3. En el juicio de esta comisión, y tal como se establece en las motivaciones de la proposición que se dictamina, es claro que la principal razón para justificar la adopción de la medida implicada por el exhorto que se propone, radica en la integración económica y funcional que se establece entre ambos Municipios, misma que favorece la consecución de economías de escala y de cadenas productivas de valor, habida cuenta de la complementariedad que representan la respectiva vocación productiva de cada uno de esos municipios contiguos y la influencia económica que ejercen en esa región.

El municipio de Córdoba es la ciudad central de la zona metropolitana que conjuntamente conforma con otros tres municipios (Fortín, Amatlán de los Reyes y Yanga) con ella conurbados. El municipio de Orizaba constituye una de las primeras conurbaciones del país, cuya declaratoria data de 1976, y actualmente la sexta zona metropolitana con mayor número de municipios centrales (9 de los 11 que en total la constituyen) en el conjunto de las 56 zonas del país.

En ese marco es indiscutible la conveniencia de adoptar el acuerdo, en la medida en que se responderá a una demanda social y ciudadana legítima y válida, en beneficio de una población total de 317 mil 536 habitantes que en conjunto habitan en los Municipios de Córdoba y Orizaba, ciudades que se ubican en el sexto y el séptimo lugar, respectivamente, por la mayor contribución al producto interno bruto en el conjunto de los 210 municipios del estado de Veracruz, que a su vez es la sexta entidad federativa con mayor contribución al producto interno bruto total nacional en 2008.

4. En el criterio de esta comisión que dictamina, la equiparación del actual servicio de larga distancia a servicio de telefonía local repercutirá en la elevación de la productividad de las empresas, del ingreso real de los hogares, como consecuencia de la reducción del costo de ese servicio, y en el mediano plazo en el dinamismo de la economía de la región que ambos Municipios constituyen, lo que además contribuye a reducir las disparidades del desarrollo entre ellos y otras zonas de ese estado.

Por lo expuesto, esta Comisión coincide en la pertinencia y atingencia del exhorto que se propone y en congruencia somete a la consideración de esta Cámara el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente extiende un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo federal y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen los estudios, análisis y acciones correspondientes con el objetivo de proceder a la eliminación del cobro de las llamadas telefónicas consideradas actualmente con el carácter de larga distancia entre los municipios de Orizaba y Córdoba, en Veracruz, en razón de que por su situación geográficas son ciudades conurbadas motivos por el cual deben ser integradas las llamadas telefónicas entre estos municipios como servicio local, además de beneficiar la economía de sus pobladores.

Notas:

1 De acuerdo con la delimitación elaborada por el Grupo Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Consejo Nacional de Población, con base en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005, declaratorias y programas de ordenación de zonas conurbadas y zonas metropolitanas, publicada en 2004 como Delimitación de Zonas Metropolitanas de México, y actualizada en 2007.

2 De acuerdo con los datos del estudio Veracruz, desarrollo y pobreza municipal,elaborado por Hilario Barcelata Chávez, académico de la Universidad Veracruzana.

3 De acuerdo con datos obtenidos por el Inegi, con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, publicados en el informe “Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2003-2008, base 2003”.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 13 de diciembre de 2012.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica), presidente; Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Joaquín Caballero Rosiñol (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, José Luis Flores Méndez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Humberto Alonso Morelli, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), Agustín Alonso Raya (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), Jaime Bonilla Valdés (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:En el uso de la voz el diputado Alejandro Montano Guzmán, para fundamentar el dictamen, por la Comisión.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán:Con su venia, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados; amigos de los medios de comunicación, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional damos nuestro posicionamiento; suscribimos el presente punto de acuerdo que sustenta plenamente al invocar la intervención de la autoridad, que no solo es competente en términos legales, en virtud de las facultades que le otorga la Constitución y la ley respectiva.

La autoridad tiene la obligación de velar en el ejercicio del papel rector que corresponde al Estado, por la promoción de condiciones que favorezcan el desarrollo económico y social, tales como el principio de racionalidad en la regularización de los servicios de telefonía en el país.

Ya se ha referido que la cercanía, integración y relevancia social y económica de los municipios de Orizaba y Córdova, en el estado de Veracruz, abonan en la justificación del acuerdo para solicitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones evalúen y lleven a cabo las acciones que correspondan para modificar la clasificación de las tarifas aplicables a las llamadas telefónicas entre dichos municipios para que sean consideradas como servicio local.

De esta manera, se concreta el reconocimiento de una justa demanda social largamente impulsada a través de la gestión del gobierno del estado y propuesta aquí por nuestro compañero diputado Juan Manuel Diez.

Este llamamiento no vulnera la libertad comercial de la concesionaria de servicios de telefonía fija, pues el ajuste tarifario no implica inversión alguna en la infraestructura de telefonía y por el contrario, se logra minimizar el aprovechamiento de dicha infraestructura.

Enfatizamos que el mantenimiento de la tarifa de larga distancia no solo afecta las actividades económicas que se desarrollan en los municipios señalados, que es el principal argumento para el ajuste. Pero no es de soslayarse que las dificultades de comunicación en dos comunidades tan estrechamente ligadas necesariamente tienen repercusiones sociales de implicaciones más profundas.

Una población conurbada de 600 mil habitantes unida por la cercanía física, necesariamente sostiene estrechos lazos afectivos, familiares, culturales, educativos, manifiestos a través de un intenso intercambio, una interacción profunda que ve más allá de la comercial y que es preciso atender y fomentar, como un mecanismo de cohesión social, que finalmente constituye un elemento básico para el desarrollo y la seguridad de las comunidades.

Las familias, las organizaciones filantrópicas, políticas, artísticas, educativas y además los negocios necesitan mejores elementos de comunicación.

Es una decisión benéfica, no solo por sus efectos económicos, sino como un medio de estricta justicia con los pobladores de esta industriosa comunidad de Veracruz. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. En pro, por el Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos, el diputado Juan Bueno Torio.

El diputado Juan Bueno Torio:Compañeras, compañeros, este tema, por simple que parezca, es muy importante para quienes habitamos esa región: Córdoba y Orizaba. Esta región se está conformando como una conurbación, como un área metropolitana en el centro del estado de Veracruz y hemos estado batallando, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás para que los servicios públicos y las comunicaciones sean más adecuados al propio desarrollo de esta zona metropolitana.

El quitar la tarifa de larga distancia entre los dos municipios, en un distancia de 20 kilómetros —estamos hablando de 20 kilómetros— es menester que pronto se cumpla. Pero también, en este mismo contexto del área metropolitana, hemos estado insistiendo en que se quite la caseta de cobro de Fortín de las Flores, que es un muro que se ha construido ahí, que se ha desarrollado a través de los años, de más de 40 años, y que afecta las comunicaciones y el traslado de personas.

Por eso hacemos un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que actúe en este caso y también para que tome la decisión y ejerza un acto de autoridad contra el concesionario Teléfonos de México, porque en diversas ocasiones se le ha instruido a que cambie y a que establezca esa área de servicio local —que así se llama— para beneficio de la población, pero Teléfonos de México se ampara para no conceder esta solicitud de los ciudadanos y de los habitantes de esa región.

Por eso, además de los puntos que trae el resolutivo del punto de acuerdo, insistimos en que la Secretaría y la Cofetel, ahora que tienen más fuerza —según los nuevos resolutivos de la Suprema Corte de Justicia— podrán ejercer este acto de autoridad y de una vez por todas resolver este anhelo, que como digo, no es de ahora, tenemos prácticamente 20 años pidiendo que se quite la caseta de cobro y que se haga servicio local el servicio telefónico. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por el Partido de Nueva Alianza, en el uso de la voz, la diputada María Sanjuana Cerda Franco.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos a favor de este punto de acuerdo, porque propone una medida específica que repercutirá en beneficios para los habitantes de las ciudades de Córdoba y Orizaba, en el estado de Veracruz.

Si el exhorto que se formula a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones es atendido, las llamadas telefónicas entre las ciudades veracruzanas antes mencionadas serán tipificadas como llamadas locales.

Esta medida que está en el ámbito de competencia del Ejecutivo federal beneficiaría a más de 300 mil habitantes que interactúan cotidianamente en el conglomerado urbano que conforman Orizaba y Córdoba. Ambas ciudades están prácticamente juntas en la continuidad urbana.

La intensa actividad económica, comercial, cultural, social y familiar entre sus habitantes necesita estímulos para potenciar su desarrollo, lo que contribuiría notablemente a fortalecer polos de desarrollo regional, que tanta falta hacen al país.

Uno de los factores más importantes para estimular el crecimiento económico y favorecer la economía familiar es precisamente el de las Telecomunicaciones. El esquema de servicio a telefonía fija y celular tiene que ser revisado a fondo, con el objeto de incorporar al análisis las nuevas realidades poblacionales y los adelantos tecnológicos. De tal manera que ello repercuta en servicios de mejor calidad y disminución de los costos para el público en general.

En Nueva Alianza consideramos que esta Cámara de Diputados debe comprometerse a trabajar para que los alcances de este punto de acuerdo vayan más allá del caso de Córdoba y Orizaba.

Existe una problemática similar en diversas regiones del territorio nacional, donde el servicio telefónico de larga distancia se sigue aplicando sin reconocer las realidades de amplias regiones, que con el tiempo han constituido zonas conurbadas.

De este modo, tenemos que hacer un esfuerzo para que las autoridades competentes y los concesionarios y permisionarios del servicio de telefonía —que es un servicio social— hagan una reclasificación de sus criterios y tarifas para determinar los ámbitos de larga distancia, siempre con el objetivo de beneficiar los usuarios de este estratégico servicio.

La propia Ley Federal de Telecomunicaciones establece que las tarifas que determinen los concesionarios no podrán adoptar prácticas discriminatorias, y eso es lo que pasa cuando en algunas zonas conurbadas las llamadas son consideradas y cobradas como llamadas locales, mientras que en zonas de similares condiciones las llamadas son tipificadas como de larga distancia y por lo tanto, son más caras, como el caso señalado en el presente punto de acuerdo.

Lo que se necesita entonces es una revisión a fondo en todo el país, para racionalizar este servicio y promover mejores condiciones de acceso para las familias y los diversos actores económicos y sociales; por eso, nuestro respaldo a este punto de acuerdo. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. En pro, por el Partido del Trabajo, la diputada Lilia Aguilar Gil.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de la asamblea. El posicionamiento que el Partido del Trabajo hace es obviamente a favor de este punto de acuerdo. Nos congratulamos que finamente, como ya dijo el diputado Bueno Torio, después de 20 años de una gestión que se ha dado para que se haga justicia a estos dos municipios, finalmente este punto de acuerdo salga, ahora veremos qué contesta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sin embargo, el tema de Orizaba y Córdoba abre un tema que es más amplio, que es el tema de las áreas de servicio local a nivel nacional. Esto no es algo que solamente suceda en Veracruz, sino es algo que sucede en todo el país.

Tenemos actualmente en nuestro país 397 áreas de servicio local, algunas tan absurdas, que en un mismo municipio, de una cuadra a otra, se considera una llamada de larga distancia, o en lugares como en mi tierra, en mi estado, en Chihuahua, en un municipio conurbado que está a una diferencia de 7 kilómetros, tiene una clave diferente de servicio local y se considera larga distancia para comunicarse, cuando hay un intercambio familiar, cuando hay un intercambio productivo, cuando hay un intercambio económico entre estas zonas.

El posicionamiento del Partido del Trabajo en esto no solamente es para felicitar al diputado Castro Trenti, para felicitar a la asamblea que vamos a hacer este exhorto, sino para decir que esto abre la puerta, porque hay mucho qué hacer.

¿Qué es lo que ha sucedido con la reducción de las áreas de servicio local? Permítanme hacer un poco de historia. Para no aburrirlos seré muy rápida. En 2006 la Cofetel emite los lineamientos para reducir las áreas de servicio local; en 2007 hace una resolución para empezar con 70 áreas, para reducir 70 áreas. En 2008 dice que se reducirán 120 posteriormente, y desgraciadamente en 2008 hay un amparo —como ya lo dijo el diputado del PAN, que hizo el uso de esta tribuna— hay un amparo de Telmex, donde el 30 de octubre —si mal no recuerdo— de 2008 solicita que se le dé una solución a esta situación de la reducción de las áreas de servicio local, y el 31 de octubre de 2008 se le da respuesta; en una respuesta que se considera una afirmativa ficta, cuando el primero de noviembre empezaba la reducción de las zonas de servicio de área local.

¿Cuál es la trascendencia de este tema, compañeros diputados? Está en el bolsillo de nuestros votantes, en el bolsillo de todos los mexicanos. Es decir, municipios que están pagando, personas en municipios que están pagando llamadas de larga distancia desde sus teléfonos fijos en cuestiones tan absurdas, como ya dijimos, en municipios conurbados, en municipios de una cuadra a otra, en municipios que están en una cercanía geográfica bastante corta.

Lo que nosotros estamos planteando es que éste no sea solamente este punto de acuerdo, sino que sea el inicio para que la Cámara de Diputados ayude a los mexicanos a plantear y a gestionar para que estas áreas de servicio local se reduzcan a cero, como debe de ser en este país, y que finalmente consideremos no solamente la cercanía física, sino la interacción social, cultural y hasta la familiar que tienen estos municipios y estas familias, que tienen que estar pagando, no solamente excesivos cobros telefónicos, sino también tarifas de larga distancia. Ésta es la posición.

Felicitamos obviamente a quien presenta este dictamen, y esperemos que todos nosotros apoyemos a los ciudadanos mexicanos, para que esto finalmente desaparezca. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada En pro, por el partido de Movimiento Ciudadano, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señora presidenta. Telmex y el abuso de su monopolio son un lastre sobre el desarrollo de nuestro país. Otros países tienen monopolios de una índole u otra, pero en todos los casos, menos en México, el Estado controla la actuación de los monopolios para evitar situaciones depredatorias.

En México, el Estado no ha hecho nada significativo para proteger la competencia y promover una situación de más servicios a precios más bajos. El resultado es desastroso. Los mexicanos pagamos más por nuestras comunicaciones que casi cualquiera de nuestros socios de la OCDE.

En este sentido jurídico, la mitad de las áreas locales en México solo pueden ser servidas por Telmex. En este sentido económico, ha usado su control de interconexión para eliminar a la competencia, a tal punto que detenta más del 96 por ciento del mercado de líneas fijas en México.

Ha procedido a eliminar a la competencia, a tal punto que está cobrando más a las empresas competidoras de telecomunicaciones que a sus usuarios finales. Telmex ha aprovechado su monopolio en las áreas de servicio local para imponer los cobros y costos más altos a los mexicanos más pobres y necesitados, a los que quieren comunicarse con sus familiares que trabajan en el exterior.

Datos de la OCDE revelan que de las 30 naciones miembros de la Organización, México es el tercero que cobra más caro el servicio de la telefonía fija.

Córdoba y Orizaba, dos de los municipios de mayor contribución económica en el estado de Veracruz, se han visto afectadas a lo largo de 20 años por el cobro de tarifas telefónicas de larga distancia, y no solamente estos dos municipios, si hacemos una revisión en todo nuestro país, estaremos cayendo en cuenta que es semejante la situación.

En 2006 la Cofetel inició el proceso de consolidación de áreas de servicio local, a través del cual los usuarios de telefonía fija y móvil de las ciudades aledañas dejarían de pagar tarifas de larga distancia, beneficiando a más de 200 zonas del país.

Sin embargo, Telmex, el principal prestador de servicios de telefonía en México, logró una suspensión para evitar este proceso, argumentando que era inviable.

En la actualidad existen 397 áreas y la Cofetel busca integrar solo 213, a fin de evitar los altos costos que representa para un usuario realizar una llamada de telefonía básica entre comunidades vecinas a precio de larga distancia.

La principal razón para justificar la adopción de la medida implicada radica en la integración económica y funcional que se establece entre ambos municipios. Ya en su momento, nuestro dirigente del Movimiento Ciudadano, el ex senador Dante Delgado, solicitó ampliamente se realizara y ojalá y ahora sí se logre.

En ese marco, es indiscutible la conveniencia de adoptar el acuerdo en la medida en que se responderá a una demanda social ciudadana legítima y válida y que debería adoptarse para todo el país, no solo para estos municipios. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. En pro, por el Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos, la diputada Purificación Carpinteyro Calderón.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón:No hay postura más políticamente correcta, que decir que todo México debiera convertirse en un área local para que todas las llamadas que se hicieran, desde cualquier lugar de México, territorio nacional, a cualquier lugar de México, territorio nacional, fueran llamadas locales.

La verdad es que no habría posición más demagógica y ciertamente aplaudida, que el decir que todas las llamadas debieran ser gratis, no importa a dónde fueran.

El problema aquí es determinar qué es lo que nosotros perseguimos como legisladores; si es que específicamente estamos incitando la inversión en infraestructura, si es que buscamos el desarrollo de las telecomunicaciones, y cuáles son las razones y los motivos por las que las cosas suceden, porque lamentablemente muchos de nosotros nos dejamos llevar por las tesis, por las teorías, que los cabilderos nos traen y nos presentan, sin irnos al trasfondo del asunto.

En el 2006 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expidió un acuerdo de convergencia que fue suscrito por todos los operadores de telecomunicaciones, incluyendo las operadoras de servicios de televisión por cable, entre ellas evidentemente Cablevisión y todas las otras empresas de televisión por cable, propiedad de Televisa, también fue firmado y suscrito por Telmex.

En este acuerdo de convergencia se establecieron una serie de requisitos que tenían que cumplirse para poder obviamente entrar al nuevo mercado, el mercado convergente, al llamado triple play; es decir, la posibilidad de prestar a través de sus redes los tres servicios: el de telefonía, el de transmisión de datos —acceso a Internet— y el de televisión de paga.

Lo curioso de todo esto es que a Telmex se le impusieron una serie de requisitos, uno de ellos específicamente era el de apegarse a lo que era la consolidación de las áreas locales, de acuerdo a los convenios que se establecieran con la Cofetel. A partir de ahí surgió todo un fenómeno, por el cual ha sido cuestión de ver cómo es que se impide que efectivamente ese acuerdo llegue a consolidarse.

Es decir, pese a los diferentes intentos que ha habido durante los diferentes periodos de los diferentes subsecretarios —y en eso puedo hablar, porque fui subsecretaria y en su momento estuve a punto de llegar a un acuerdo con Teléfonos de México para la consolidación de áreas locales que permitiesen efectivamente evitar todo este tipo de problemas— surgen una serie de —digamos— imprevistos que impiden que estos acuerdos aterricen y tengan el beneficio para la población, que efectivamente deberían tener.

No, no se busca que los que llaman de larga distancia a la ciudad de Monterrey consoliden con la Ciudad de México, que es donde hay más tráfico, es obvio que la distancia no justifica. Tampoco se trata de los que llamen a la sierra de Oaxaca, porque hay muchos migrantes de los Estados Unidos de América que salen de la sierra de Oaxaca, consoliden con la ciudad de Oaxaca. Se trata de la comunidad de intereses.

¿Hay alguien que por aquí no le gustó?

Se trata efectivamente de hacer que exista competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

Ojalá todos aquellos que han tenido o han impuesto obstáculos para que este acuerdo entre la Cofetel y Telmex pueda llevarse a cabo y finalmente consolidar las áreas locales en beneficio de los mexicanos, llegue a buen fin.

Hasta donde tengo entendido, es el comisionado Peralta el que está a cargo de precisamente cerrar este estudio junto con Teléfonos de México para determinar y definir cuáles son las áreas que deben de ser consolidadas y todas aquellas áreas que de alguna manera efectivamente tendrían que verse beneficiadas con ello. No nada más en Veracruz, que eso me parecería simplemente estar viendo o acotando el problema a una comunidad, cuando esto atañe a toda la República Mexicana. Entendamos que éste es un problema que va mucho más allá y que no nada más se está centrando en algo que afecta a los mexicanos que viven en estas comunidades, sino que se trata de impedir que pueda existir verdadera competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

Por ello estoy de acuerdo, no solamente que se conmine a la Cofetel a buscar precisamente esta consolidación de áreas, no en Veracruz, sino para todo el país. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias a usted, diputada. En pro, por el Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos, el diputado Tomás Torres Mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado:Gracias, ciudadana presidenta. En lo que hace al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nuestra posición es de respaldo al punto resolutivo de esta proposición, en el sentido de que se proceda a la homologación del cobro de las llamadas de larga distancia entre los municipios de Orizaba y Córdoba, en el bello estado de Veracruz, en el hermano estado de Veracruz, y que se integre como un servicio local. Tierra de destacados hombres de historia, pero colegas, diputados, amigos, como Bueno Torio y otros representantes dignos de aquella entidad.

No puede el día de hoy entenderse la dinámica económica, cultural y social, en general, sin atender el tema de las comunicaciones.

Para nuestro país —fíjense ustedes, comentando ahí en corto, con un colega— decíamos que la empresa más importante de telefonía fija, que presta el servicio de telefonía fija, vemos que saliendo por los espacios de la deducción impositiva, en las pantallas de televisión, en los programas, aparece como una empresa salvadora de la flora y la fauna nacional.

Veía un bello mensaje por ahí hecho en el Pacífico mexicano, en Isla de Guadalupe, diciendo que la empresa telefónica se ocupa de salvar especies en riesgo de extinción, y nosotros decimos, ¿por qué no prestar la atención al servicio de los humanos? ¿Es un asunto de la ley o es un asunto también de ética en la prestación del servicio?

Es cierto que ha habido un esfuerzo, y además la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido ya la capacidad de gestión de autonomía del órgano regulador de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para ir metiendo en orden los temas que tienen que ver con asuntos de su competencia.

Sin embargo, fíjense ustedes, en este propósito de ir de más de 300, casi 400 espacios de telefonía de larga distancia para irlo reduciendo, siempre ha mediado el juicio de amparo. De ahí el descrédito tan terrible a una noble institución jurídica única en el mundo.

¿Será solamente Telmex? ¿Es el planteamiento? ¿Es el criterio de Telmex, o es también no la falta de ley, la falta de un principio ético de quien aplica la ley?

Dice la Ley de Amparo que la suspensión no se otorgará cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. ¿No es acaso de orden público y de interés social ponerle un uso racional a los espacios de larga distancia o de llamadas locales?

El Grupo Parlamentario del Partido Verde respalda este punto de acuerdo de esta productiva Comisión de Comunicaciones y Transportes, pero deja también un planteamiento, el fortalecimiento del órgano regulador, pero también la reivindicación del papel de la Cámara de Diputados es fundamental en esto.

Concluyo solamente, ciudadana presidenta, porque seguramente usted tiene nota también. Tlacotalpan o San Miguel de Allende, la propia Ciudad de México o Morelia o Zacatecas, que no son capaces de lograr que la concesionaria de telefonía fija lance sus tendidos de cableado subterráneo, a pesar de los esfuerzos extraordinarios financieros para preservar el patrimonio de los mexicanos y el patrimonio de la humanidad. Dejo constancia de ello. Por su tolerancia y por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. En pro, por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Juan Manuel Diez Francos, hasta por tres minutos.

El diputado Juan Manuel Diez Francos:Con su permiso, señora presidenta. Señores legisladores, ayer se autorizó el cobro por segundo en teléfonos celulares. Hoy, en el hotel en el que me hospedo, los empleados que saben que soy diputado federal me felicitaron por ese logro. Les afecta mucho a su economía.

Pero hoy vengo a hablar de una iniciativa que presenté. Vivo en Orizaba y en lo único que difiero con mis colegas anteriores es que no solo afecta a dos municipios, afecta a 54 municipios que somos conurbados, los 54.

Muchos municipios pasamos de una banqueta a otra y cambia el nombre y puedo mencionarles Fortín de las Flores, Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza, Amatlán. Todos estos municipios son los que se están viendo afectados por este cobro de larga distancia, y es el momento de hacer justicia.

Como dijo Juan Bueno: tenemos 20 años de estar luchando por esto; hace 40 años nos pusieron una barrera, nos pusieron un muro, una caseta y nos pusieron las largas distancias y no nos hemos podido desarrollar, y somos en total cerca de 800 mil pobladores los que vivimos en esa región, Córdoba y Orizaba; es casi el 1 por ciento de la población nacional. Creo que es el momento de lograr justicia para nosotros.

La distancia —como dicen— son 20 kilómetros. Negocié con Telmex, me tocó negociar con Telmex como alcalde, un programa que se llama Ciudades Vecinas; se hace un descuento pero no se cancela la larga distancia.

Solo como ejemplo, ¿por qué a nosotros, en donde tenemos solo 20 kilómetros nos cobran larga distancia y entre Atizapán de Zaragoza y el Pedregal, en donde existen 46 kilómetros, no existe la larga distancia? ¿Entre Ecatepec y Milpa Alta hay 80 kilómetros y tampoco existe la larga distancia?

En la región son solo 20 kilómetros y necesitamos que haya justicia para todos, todos somos mexicanos; por eso les pido por favor que este voto sea a favor de esta propuesta, que mucho beneficiará a 800 mil de mis colegas. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidente.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.



INTEGRACION DE COMISIONES ORDINARIAS, ESPECIALES, COMITES DE CENTROS DE ESTUDIO, GRUPOS DE TRABAJO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES PERMANENTES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, comités, de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

I. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

II. Que el artículo 34, numeral 1, inciso b), del citado ordenamiento, establece que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de acuerdo.

III. Que conforme a lo establecido en el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, compete a la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno la integración de las comisiones ordinarias, especiales, comités, centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes.

IV. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 44, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los coordinadores de los grupos parlamentarios podrán solicitar a la Junta de Coordinación Política la sustitución temporal o definitiva de los integrantes de las comisiones y demás órganos legislativos de las y los diputados que formen parte de sus grupos.

V. Que en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 239 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Gaceta Parlamentaria es el instrumento idóneo para informar a la Asamblea de las sustituciones de integrantes de comisiones y demás órganos legislativos que los coordinadores de los grupos parlamentarios soliciten a la Junta de Coordinación Política.

VI. Que conforme a lo establecido en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Mesa Directiva es el facultado para dar curso a los asuntos y determinar los trámites que deban recaer a las solicitudes de sustitución de integrantes de las comisiones y demás órganos legislativos, por lo que tiene la atribución de instruir a la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados la publicación en la Gaceta Parlamentaria de las sustituciones solicitadas por los coordinadores de los grupos parlamentarios.

VII. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 36, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Junta de Coordinación Política es responsable de velar por el cumplimiento de las decisiones que se adopten y, por lo tanto, es responsable de velar por la efectividad de las sustituciones que determinen los coordinadores de los grupos parlamentarios respecto de los integrantes de las comisiones y demás órganos legislativos.

VIII. Que las comisiones y demás órganos legislativos continúan desempeñando sus funciones durante los recesos de la Cámara, por lo que es fundamental que entren en vigor las sustituciones de sus miembros en cuanto sean solicitadas por los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Por lo antes expuesto, la Junta de Coordinación Política adopta el siguiente

Acuerdo

Primero.Se autoriza al Presidente de la Junta de Coordinación Política para que durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, pueda solicitar al presidente de la Mesa Directiva que instruya la publicación en la Gaceta Parlamentaria de las designaciones y las sustituciones que los coordinadores de los grupos parlamentarios soliciten respecto a la integración de comisiones ordinarias, especiales, comités, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes.

Segundo.Las sustituciones o designaciones surtirán sus efectos formales a partir del día de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica por ausencia), Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.



COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por el que se propone una nueva integración de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, así como de su junta directiva.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), 39 y 43, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente acuerdo.

Consideraciones

Primera.Que de conformidad con lo establecido en el artículo 39, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.

Segunda.Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 39, numeral 2, fracción XXI, del ordenamiento antes mencionado, la Cámara de Diputados cuenta con una comisión ordinaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento, misma que tiene carácter de permanente ya que no se extingue con el término de la Legislatura.

Tercera.Que la Junta de Coordinación Política, de conformidad con los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 43, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es el órgano facultado para proponer a consideración del Pleno la integración de las comisiones, así como para postular a las diputadas o los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios.

Cuarta.Que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aprobado por el Pleno en sesión de fecha 16 de octubre del año en curso, se estableció que la Comisión de Participación Ciudadana quedó constituida desde esa fecha; sin embargo, su denominación se modificaría una vez que entrara en vigor la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por la que se crea la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Quinta.Que conforme al artículo único de los transitorios del secreto que reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma por la que se crea la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial entre en vigor el día 17 octubre del 2012, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación; en esos términos, esa comisión quedó integrada por 18 miembros.

Sexta.Que conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, la Comisión Ordinaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial puede integrarse hasta por treinta miembros.

Por lo anteriormente expuesto y fundador se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Para garantizar los principios de inclusión y de proporcionalidad que rigen la constitución e integración de las comisiones ordinarias de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, se propone una nueva integración de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con 30 miembros:

1. Jorge Herrera Delgado (PRI)

2. Celia Isabel Gauna Ruiz de León (PRI)

3. Abel Guerra Garza (PRI)

4. María Elena Cano Ayala (PRI)

5. Socorro de la Luz Quintana (PRI)

6. Felipe de Jesús Almaguer Torres (PAN)

7. Alberto Díaz Trujillo (PAN)

8. Israel Moreno Rivera (PRD)

9. María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (PVEM)

10. Gisela Raquel Mota Ocampo (PRD)

11. Hugo Sandoval Martínez (PRD)

12. Ramón Montalvo Hernández (PRD)

13. Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC)

14. Dulce María Muñiz Martínez (PRI)

15. Carlos Sánchez Romero (PRI)

16. Silvia Márquez Velasco (PRI)

17. Brenda María Alvarado (PRI)

18. Leticia Calderón Ramírez (PRI)

19. María Guadalupe Velázquez Díaz (PRI)

20. Diana Karina Velázquez Ramírez (PRI)

21. Blanca María Villaseñor Gudiño (PRI)

22. Martha Edith Vital Vera (PVEM)

23. Beatríz Eugenia Yamamoto Cázarez (PAN)

Segundo.Se postula, para integrar la Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que se constituye con un total de 12 integrantes, a las siguientes diputadas y diputados:

1. Presidente: Jorge Herrera Delgado

2. Secretaria: Celia Isabel Gauna Ruiz de León

3. Secretario: Abel Guerra Garza

4. Secretaria: María Elena Cano Ayala

5. Secretaria: Socorro de la Luz Quintana

6. Secretario: Felipe de Jesús Almaguer Torres

7. Secretario: Alberto Díaz Trujillo

8. Secretario: Israel Moreno Rivera

9. Secretaria: María del Rosario de Fátima Pariente Gavito

Tercero.Comuníquese a la Mesa Directiva, publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Transitorios

Primero.Este acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo.La Junta de Coordinación Política, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propondrá al Pleno de la Cámara de Diputados a los siete integrantes restantes una vez que sean designados por sus grupos parlamentarios para completar los 30 integrantes de la comisión.

Tercero.La Junta de Coordinación Política, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propondrá al Pleno de la Cámara de Diputados a los tres miembros restantes de la Junta Directiva de la comisión una vez que sean designados por sus grupos parlamentarios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que establece las reglas para la discusión y votación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo establecido en los artículos 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 221 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 74 fracción IV, señala como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión, y en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.

II. Que el mismo artículo 74 Constitucional, fracción IV, párrafo tercero, establece que cuando se trate del primer año de encargo del Presidente de la República, éste tendrá como término hasta el día 15 del mes de diciembre, para enviar a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

III. Que en este sentido el Ejecutivo Federal hizo llegar a la Cámara de Diputados, el pasado 7 de diciembre del 2012, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, el cual fue remitido inmediatamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su estudio y dictamen, dándose cuenta de lo anterior al Pleno en su sesión del martes 11 del presente mes.

IV. Que la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, antes del término de este año, de tal manera que pueda ejercerse a partir del 1° de enero siguiente.

V. Que el artículo 42 fracción VIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone los principios que deberán observar los legisladores en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

VI. Que el Reglamento de la Cámara de Diputados señala en su artículo 221 numeral 1, que la Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno, el acuerdo con las reglas para la discusión en lo general y en lo particular del dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, la propuesta deberá contemplar los principios de representatividad e inclusión que garantice la participación de todos los grupos representados en la Cámara.

VII. Que en consecuencia es necesario proponer las reglas para la discusión y votación del dictamen que genere la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con objeto de cumplir en tiempo y forma el deber constitucional de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Junta de Coordinación política someten a consideración del Pleno las siguientes:

Reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013

Primera.El objeto único del presente acuerdo es determinar la forma y los términos en que se discutirá y votará en sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Segunda.El dictamen se hará del conocimiento del Pleno en el momento en que se publique en las pantallas electrónicas de las curules en el salón de sesiones y en la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria y podrá ser incorporado al orden del día de la sesión en que se presente, recibir dispensa de trámites y someterse a discusión de inmediato. Si hubiere voto particular, se estará a lo dispuesto en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Tercera.La discusión en lo general se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

a) El Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública o uno de sus integrantes podrá exponer los fundamentos del dictamen hasta por diez minutos.

b) Podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición, hasta por cinco minutos, un integrante de cada grupo parlamentario, en orden creciente.

c) Para hablar en contra y en pro del dictamen se abrirá una ronda de intervenciones de hasta tres oradores en cada sentido, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno. Al término de la ronda, el Presidente preguntará si el asunto está suficientemente discutido, después de leer la lista de oradores aún inscritos en ambos sentidos. Si la respuesta fuere negativa, se abrirá una nueva ronda de hasta tres oradores en cada sentido. Al término de la discusión se procederá a votar el dictamen en lo general.

d) Las reservas sobre el dictamen tendrán que presentarse por escrito y se registrarán ante la Mesa Directiva, indicando con claridad si se reservan artículos y anexos, o ambos, del dictamen para su discusión. En este caso, las y los diputados deberán precisar con exactitud el párrafo, fracción o inciso de los artículos, o el rubro, ramo, programa, partida o concepto de los anexos que reservaren, o bien las modificaciones o las adiciones que se propongan a los artículos del proyecto de decreto, conforme a lo siguiente:

1. Cada reserva deberá presentarse en escrito por separado, aunque la misma se refiera a diversos artículos o anexos, siempre y cuando mantenga unidad temática.

2. Todas las propuestas de modificación o de adición a artículos o anexos considerados en el proyecto de decreto deberán entregarse a la Mesa Directiva en hoja membretada, sin tachaduras ni enmendaduras, firmadas por su autor o autora. De ninguna manera se admitirán reservas manuscritas o en fotocopia de la Gaceta Parlamentaria.

3. Se deberá resaltar en negrillas el texto o cantidades por modificar o adicionar. Si se trata de anexos, deberá precisarse el número de los mismos, el ramo o rubro, así como el programa a que hagan referencia.

4. En el supuesto de que la reserva implique la creación o incremento de erogación, la o el diputado que la presente deberá señalar la correspondiente fuente de financiamiento, identificando el programa específico al cual deberá reducirse la asignación prevista en el dictamen para cubrir el nuevo gasto, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5. La recepción de las propuestas de modificación o de adición se hará desde el inicio de la sesión y hasta que concluya el apartado de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios en la discusión en lo general del dictamen.

6. Una vez que se haya verificado que las reservas reúnen los requisitos señalados en este inciso, serán rubricadas por los Secretarios en funciones que en su oportunidad defina la Mesa Directiva durante la sesión, a efecto de proseguir su trámite en los términos del presente acuerdo.

7. Asimismo, se entregará el acuse de recibo respectivo, debidamente rubricado por los secretarios de la Mesa Directiva designados, a la diputada o diputado que realice la reserva.

8. La Mesa Directiva únicamente registrará para su discusión las reservas integradas debidamente y deberá rechazar aquellas que no satisfagan lo establecido en el presente acuerdo.

9. Una vez que la Mesa Directiva hubiere registrado las modificaciones que se pretendan realizar a los artículos y anexos o ambos, para su discusión en lo particular, se procederá a la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos o anexos no impugnados del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

e) Si el dictamen es aprobado en lo general por la mayoría de los votos de los diputados presentes, se procederá a la discusión en lo particular de los artículos y anexos o ambos reservados.

Cuarta. La discusión en lo particular se llevará a cabo de la siguiente manera:

a) Harán uso de la palabra, hasta por cinco minutos cada uno de las y los diputados que hubieren reservado artículos y anexos o ambos.

b) Luego de la intervención de la o el diputado que hubiere reservado el artículo o anexo y presentada la propuesta de modificación o de adición, se consultará a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta.

c) Si la respuesta es negativa, la propuesta se tendrá por desechada y el artículo o anexo en cuestión se reservará para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen, al final de la discusión en lo particular.

d) Si la respuesta es afirmativa, podrán hablar un orador en pro y otro en contra de la propuesta, hasta por tres minutos cada uno.

e) Luego de las intervenciones anteriores, la Secretaría consultará a la Asamblea en votación económica si se acepta la modificación o la adición propuesta; si la respuesta fuera negativa, se tendrá por desechada, pero si fuera afirmativa, el artículo o anexo de referencia se reservará para su votación nominal en conjunto, con la modificación o la adición aceptada, al término de la discusión en lo particular de los artículos reservados.

f) La consulta a la Asamblea para determinar si se aceptan o rechazan las modificaciones o adiciones propuestas se realizará en votación económica.

Cuando hubiere duda fundada, a juicio del Presidente, se procederá a votación nominal, a través del sistema electrónico.

g) Agotada la discusión en lo particular, el Presidente dará lectura a la lista de los artículos reservados que se votarán en conjunto, señalará con claridad cuáles quedaron en los términos del dictamen y cuáles se votarán con la modificación o la adición aceptada, posteriormente la Secretaría recogerá la votación nominal respectiva. No habrá discusión alguna dado que la misma ya se produjo.

h) De conformidad con el artículo 108, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se podrá solicitar la votación por separado de un artículo o anexo reservado.

Quinta.Si durante la discusión en lo general y en lo particular del dictamen se presentara un asunto no previsto en este acuerdo, será resuelto por la Mesa Directiva.

Sexta.En términos del numeral 2 del artículo 221 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a través de su Junta Directiva, será la responsable de hacer las correcciones al decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara y realizará sólo las adecuaciones de estilo, cálculo, ajustes de cifras y cantidades que sean necesarias, las cuales deberán estar en plena correspondencia con las modificaciones o adiciones aprobadas por el Pleno. La Mesa Directiva vigilará que se cumpla, antes de remitir el proyecto.

Séptima. De conformidad con lo establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 114 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en relación con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para calificar las mociones a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 114 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Mesa Directiva consultará al Pleno si son de admitirse.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el pleno.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, señor secretario. En el uso de la voz el diputado Víctor Manuel Jorrín, de Movimiento Ciudadano. Es el único diputado que se anotó como orador para este tema.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso, presidenta, gracias por darme la palabra. Compañeros, solamente para hacer una observación. Sé que tal vez, cuando venga la votación se va a ganar, porque hay mayoría para ustedes; sin embargo, cabe hacer la reflexión que con los procedimientos que se están estableciendo no nos va a dar tiempo, a menos que tengamos superdiputados que tengan una gran capacidad de procesamiento de información de miles de números, de más de 500 páginas que tenemos que revisar, como para emitir, en término de una o dos o tres horas o cuatro horas, la aprobación de esta ley. Por tanto, no vamos a poder hacer reservas a ninguno de los artículos y vamos a tener que votar sin haber revisado.

Lo pongo a su consideración para que se revisen las reglas, si ustedes lo consideran pertinente. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueba este acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.



DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Tiene el uso de la voz la diputada Sonia Rincón Chanona, del Partido de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con su anuencia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, ayer conmemoramos la milenaria tradición de los hombres y mujeres de trasladarse de un lugar a otro en busca de mejoras, ya sea climatológica, más alimento, trabajo, refugios óptimos. Pero sobre todo, que la mayor parte de las naciones son en realidad un conglomerado de pueblos, que en gran medida han enriquecido sus culturas gracias a los aportes de los migrantes.

Hace 13 años la Organización de las Naciones Unidas decretó el día 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, debido al incremento de los flujos. Esta misma organización internacional reconoce a una de cada 33 personas en el mundo como migrantes internacionales, lo que arroja una cifra sorprendente de alrededor de 214 millones de personas. De estos, seis de cada 100 migrantes son mexicanos.

En México, al igual que en otros países, el fenómeno migratorio es complejo y difícil de abordar, ya sea desde la perspectiva de la salida, la llegada, retorno o tránsito de migrantes, ya que todas estas etapas están presentes en nuestro país.

En la nación mexicana hemos afrontado el fenómeno de la migración desde diversas perspectivas, como la de los derechos humanos, la migración infantil, la de género, así como el de las implicaciones familiares o la de los cambios generados en la colectividad.

Esta forma de analizar la migración ha dado avances en épocas recientes, en cuanto a la legislación generada para salvaguardar los derechos de los migrantes. Muestra de lo anterior es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de septiembre de 2012, de la nueva Ley de Migración y su reglamento.

A pesar de lo anterior, hoy en día es absolutamente inaceptable que continúe la marginación y las violaciones a los derechos de los migrantes. Para que puedan tener una mejor condición de vida tenemos que fomentar el acceso real al ejercicio de sus libertades, la seguridad, el trato digno y la igualdad, como principios elementales hacia las migrantes y los migrantes.

Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como diversas organizaciones civiles que defienden los derechos de los migrantes, dan cuenta de los cientos de miles de migrantes que cruzan nuestro país cada año, quienes son víctimas de graves abusos durante el camino, como agresiones físicas y sexuales, extorsión, robo y desafortunadamente la pérdida de sus vidas.

Ante todas estas atrocidades las autoridades del Estado mexicano, en los tres órdenes de gobierno, han sido omisas en tomar las medidas necesarias y adecuadas para proteger a los migrantes o para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza continuará impulsando, como parte de sus prioridades, la consumación firme de las políticas públicas que enfrenten este fenómeno desde sus diversas realidades, siempre considerando la especial condición de cada grupo, como son las personas con discapacidad, los adultos mayores, así como las niñas y niños, las mujeres, propiciando a su vez el acceso a la educación, a la salud y al empleo.

La migración debe dejar de ser sinónimo de la sensación de abandono de la patria, de ansiedades y temores provocados por la falta de protección y pertenencia, por los problemas y las hostilidades a las que se enfrentan quienes emprenden este viaje. Debemos ser capaces de transformar esa realidad, por una esperanza en el arribo a tierras más prósperas y amables.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza nos aseguraremos de que el fenómeno migratorio sea plenamente atendido por el Estado mexicano, ya que requiere de acciones y compromisos acordes con las condiciones imperantes. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. En el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, por el Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros legisladores, las migraciones y desplazamientos forzados que iniciaron en la década de los noventa, y aún continúan, se han caracterizado particularmente por las disparidades de las condiciones de vida entre el lugar de origen y el del destino de los inmigrantes.

Según estimaciones de la Cruz Roja Internacional, aproximadamente 8.5 millones de personas solicitaron refugio en 2005, 17 millones de personas más que en 1990. Cabe agregar a esta cifra todas aquellas personas que no califican para la protección de refugiado, como los desplazados, a los cuales asistió el alto comisionado de Naciones Unidas, a 24 millones, el mayor número provienen de Afganistán; en 2005 fueron cerca de 2 millones y después ha ido aumentando la cifra de la cantidad de refugiados, desplazados y migrantes.

La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica determinó que por lo menos cinco millones de personas o el 10 por ciento de los 56 millones de inmigrantes que ingresaron en 2000, se encontraban en una situación irregular y se estimaba que durante cada año aumentaría la cifra en medio millón.

El Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Económicas proyecta que cuatro millones de personas cruzarán las fronteras internacionales sin documentación cada año.

El siglo XX brindó a la humanidad diversos avances; sin embargo, en lo atinente al derecho humano fundamental de migrar e inmigrar hubo un gran retroceso, hoy millones de personas por hambre o en busca de trabajo se ven en la necesidad de migrar y se les niega el ingreso a un Estado, por no cumplir con los requisitos legales.

La principal razón por la cual emigran millones de personas es el desempleo, que ha aumentado progresivamente. Hoy 380 millones de personas tratan de sobrevivir con menos de un dólar diario; otras, calculadas en 12 millones por la Organización Internacional del Trabajo, son obligadas a realizar trabajos forzados.

En diversos Estados la respuesta ante estos fenómenos —y entre ellos México— ha sido exigir determinada nacionalidad o la realización de una determinada actividad o profesión, como prerrequisito para la entrada y residencia en el territorio de un Estado.

Las normas del derecho internacional general, en materia de extranjería, dejan en manos de los Estados un ámbito muy amplio de regulación. El resultado: disposiciones constitucionales y normas de derecho interno insuficientes para proteger los derechos humanos, en condiciones de igualdad a los extranjeros, independientemente de la legal estancia en un país.

Casi todos los días la nota en los diarios la dan los inmigrantes. De vez en cuando encontramos una reflexión, como la de Jesús Ruiz Mantilla, quien puntualiza: quienes sobreviven, si logran cruzar la línea y no son devueltos con camisa de fuerza a sus países de origen, deambulan por la ciudad en busca de un colchón.

En nuestras calles vemos pulular el abuso, la ventaja sobre los que no tienen nada; mientras no hayan garantías de puertas abiertas respecto a quien viene en busca de una vida mejor, habrá de impartir valores democráticos y derechos humanos todos los días, muchas horas y por obligación.

Es usual que los inmigrantes irregulares sean objeto de amenazas contra su vida, su seguridad personal o la detención administrativa al momento de cruzar la frontera internacional; si se les niega además el derecho de acceso a la justicia efectiva, situación que se realiza en México, su situación se torna en extrema vulnerabilidad, ya que sus gobiernos carecen de recursos para protegerlos diplomáticamente, al igual que ellos para pagar la asistencia jurídica de un abogado.

El Partido del Trabajo hace un exhorto a las autoridades federales, locales y municipales del respeto a los derechos fundamentales de los migrantes, independientemente de su situación legal en el país.

Los inmigrantes en situación irregular son personas, personas a las que les es aplicable la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también todos los tratados de derechos humanos que ha firmado y que ha ratificado México.

En consonancia, con esta normatividad y precisamente con el Estado del derecho, exigimos que se le dé cumplimiento a esta normatividad. Es cuanto, presidenta

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Por el Partido de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, hasta por cinco minutos.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, 10 años después de la adopción de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios, el 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de la ONU proclama el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante.

Datos del Inegi señalan que existen alrededor de 214 millones de migrantes en el mundo. Los principales países a los que la gente se dirige son Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el sur y oeste de Europa, Rusia, Japón y Estados Unidos de América.

Con base en cifras de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, al año ingresan a México más de 150 mil indocumentados, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y otros países.

Los abusos y las violaciones a los derechos humanos a migrantes que transitan por nuestro país han sido catalogados como alarmantes, respecto al índice tan alto de personas desaparecidas o malos tratos, en situaciones en las que pudo haber funcionarios públicos implicados.

En el ámbito local, las autoridades policíacas han sido acusadas a menudo de entregar a personas migrantes a bandas criminales, que los someten, torturan, extorsionan y explotan sexualmente. La ausencia de poder del Estado en México es aprovechada por los grupos criminales para someter a los migrantes que atraviesan el país.

Retomando las palabras de Rudolf Knoblauch, embajador de Suiza: es un tránsito difícil y traumatizante en México y Centro América, tránsito que para muchos se transforma en el destino último, por una grave ausencia de Estado.

Esa ausencia es aprovechada por estos grupos criminales para controlar cada paso del migrante clandestino, que tiene como único defecto querer una vida mejor para sí mismos y sus seres queridos. Los grupos criminales logran quitar a los migrantes hasta la dignidad, cuando no la vida.

Ni qué hablar de lo que se vive en La Bestia, en donde viajan diariamente cientos de migrantes, siendo las mujeres las más vulnerables a abusos, violencia y hasta la violación y explotación sexual. Un ejemplo es el caso de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, reflejo de lo que ocurre en nuestro país, o la certeza que tienen las mujeres de que a su paso por México muy probablemente serán abusadas sexualmente.

A partir de 2011 entró en vigor en México la Ley de Migración, que contempla la necesidad de cumplir los compromisos internacionales y los principios de solidaridad, de crecimiento y desarrollo de nuestro país, así como atender el tema migratorio desde todas sus vertientes, a todos sus niveles, con un enfoque integral y con una visión de largo plazo.

México corre el riesgo de reproducir en su frontera sur las mismas políticas que durante todo el tiempo ha condenado en su frontera norte. Cabe recalcar que las autoridades no sienten el peso de posibles sanciones, porque en la mayoría de los casos no las hay.

El flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos de América a través del territorio mexicano es continuo, por lo que exhortamos a las autoridades federales, estatales y municipales a respetar los derechos de los migrantes y a difundir información oficial de los trámites y requisitos migratorios que se requieran para la internación, tránsito, estancia regular y salida de los extranjeros que pretendan visitar nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Por el Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz el diputado Ernesto Núñez Aguilar, hasta por cinco minutos.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su venia, diputada presidenta. Con su permiso, compañeros diputados, compañeras diputadas. La migración mexicana es una de las más importantes del mundo; su actividad genera desarrollo para América del Norte y tanto en México como en Estados Unidos de América tiene efectos positivos para el progreso binacional.

Los mexicanos en el extranjero impulsan la economía estadounidense principalmente en la agricultura, la construcción y los servicios, lo que representa para México una entrada de divisas que fluye entre el segundo y tercer lugar nacional más importante, después del petróleo y en ocasiones antes del turismo.

La migración representa un fenómeno global que necesita ser atendido como parte del desarrollo de las naciones, no como un factor aislado de las sociedades contemporáneas o como un factor de riesgo nacional o de seguridad policiaca de los estados, sino como una visión de desarrollo integral en lo social, económico, cultural y político.

Las premisas que asumen algunos sectores de la sociedad y gubernamentales de que los migrantes son potenciales delincuentes, no conviven con los principios y valores democráticos de nuestra sociedad. Estas visiones violentan los derechos fundamentales y afectan la esfera jurídica de millones de personas mujeres, hombres, indígenas, niños y niñas, que encuentran en la migración una opción de vida y no un quehacer delincuencial.

Los orígenes de la migración se encuentran en la pobreza de las naciones y en los procesos de exclusión social y económica principalmente; es por ello necesario integrar a esas comunidades para orientar su desarrollo y apoyar sus esfuerzos multiplicadores de beneficios, tanto en las comunidades de origen como en las de destino.

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, la migración internacional alcanza 214 millones de personas, las violaciones a sus derechos son innumerables, tanto en América como en otros continentes.

La ausencia de aplicación de los estándares internacionales y del respeto al derecho internacional de los derechos humanos es indeclinable. Según el Banco Mundial los principales países de destino son Estados Unidos de América, Rusia y Alemania, mientras que los países con mayor proporción de migrantes son México, India y China; el principal corredor migratorio es el de México y Estados Unidos de América.

De acuerdo a las quejas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido sobre los migrantes, los principales derechos vulnerados son la seguridad jurídica, el trato digno a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y a la libertad.

México no puede consentir la violación a los derechos humanos de nuestros connacionales en ninguna parte del mundo, pero tampoco debe permitir que en nuestro país se violen los derechos de los extranjeros, de las y los migrantes, que en su paso para Estados Unidos de América sean vejados en su dignidad por cualquier autoridad mexicana.

No podemos —como bien se dice coloquialmente— ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Por ello, en esta ocasión que se conmemora el aniversario del Día Internacional del Migrante, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México creemos importante promover acciones y compromisos que permitan a la migración internacional mexicana obtener en un futuro cercano una mejor calidad de vida desde las propuestas del Poder Legislativo federal.

Por lo anterior, es necesario sentar las bases conjuntamente con el Poder Ejecutivo federal para implantar en México una política que promueva el desarrollo social, económico, cultural y político de la migración; dar cauce a la demanda que busca perfeccionar la Ley General de Migración recientemente creada y su reglamento, con pleno respeto a las atribuciones del Poder Ejecutivo federal; mejorar la ley de voto de las y los mexicanos en el extranjero, con la finalidad de aumentar el universo de votantes y hacerlo más extensivo, así como establecer la representación política de gobierno para los mexicanos en el extranjero.

Fortalecer los trabajos conducentes a la realización de una agenda migratoria con Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y El Caribe, en el marco de los instrumentos internacionales en materia de migración y del derecho internacional de los derechos humanos.

Pugnar por los derechos de las y los trabajadores migratorios y sus familias en los procesos de integración económica.

Eso no debe ser en el contexto de la globalización y en aras de desarrollo de las naciones, violentar los derechos laborales.

Vigilar y garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los migrantes, sus familias y comunidades origen, así como de las personas extrajeras en nuestro país. Con ello fortaleceremos la democracia, los derechos humanos y la dignidad del pueblo migrante. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por el Partido de la Revolución Democrática, en el uso de la voz la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, hasta por cinco minutos.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, presidenta. Diputadas y diputados, el 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de la ONU proclamó el Día Internacional del Migrante. Pero si me permiten complementar, diríamos: el Día Internacional de las y los Migrantes, pues según estimaciones de la Cepal y de la ONU, actualmente la migración mundial se caracteriza por haber alcanzado la paridad de migrantes hombres y mujeres.

La migración internacional es un fenómeno que aumenta, pero nunca se acaba y sin duda contribuye de manera positiva al desarrollo de los países, tanto de origen como de destino, siempre y cuando existan políticas públicas adecuadas, y se respeten los derechos y las libertades fundamentales de las y los migrantes.

Sabemos que la migración es un fenómeno social de múltiples causas, económicas, sociales, políticas y culturales, que repercuten en la sociedad y la familia, pero de manera particular en la vida de las mujeres y de las y los niños.

En este orden, es un orgullo saber que las y los mexicanos destacan en el extranjero por su trabajo; mujeres y hombres que a nada temen para cambiar su destino de marginación, pobreza y desigualdad en México, buscando una vida mejor para sus familias.

Los abusos de que son objeto durante el trayecto a su meta son muchos y de diversa índole, al grado que pueden encontrar hasta la muerte y en algunos casos desgraciadamente, a manos de las propias autoridades migratorias.

En muchos de los casos enfrentan la categoría de delincuentes al pisar suelo extranjero, por el hecho de viajar sin documentos.

¿Qué decir de las y los niños, de las y los jóvenes, que cada vez son más los que corren esa aventura tras el sueño americano, porque el gobierno ha fallado y la sociedad también? Tan solo en 2011, el gobierno americano entregó a nuestro país 14 mil 237 niñas y niños migrantes no acompañados, de los cuales el 90 por ciento de ellos tiene una edad entre 13 y 17 años, y en los primeros seis meses de este año la cantidad fue de 10 mil, lo que representa más del doble que el año anterior.

Sin embargo, a pesar de todas estas calamidades, los migrantes, las migrantes, contribuyen con su país enviando remesas y ayudando para que haya alimento en la mesa de muchas familias; que haya oportunidad de estudiar para la niñez y la juventud; para que puedan atender su salud las y los adultos mayores, y una larga lista de beneficios para su familia y para su nación, que sabemos lo llevan en el corazón y en cada fecha simbólica de México, en donde estén recuerdan a su patria.

Nos han demostrado las y los migrantes que son capaces de influir en su país, pero también en el país de adopción. Ya lo vimos en Estados Unidos de América, en la última elección, donde junto con otras minorías hicieron ganar al presidente Barack Obama.

La deuda que tiene México con las y los migrantes es moral, pero también económica. Por citar un ejemplo, les recuerdo, les debemos sus ahorros desde el siglo pasado; se usa a este sector de la población en las elecciones para beneficio y después se olvidan de ellos.

México es el primer lugar de expulsor de migrantes y tenemos el tercer sitio mundial en recepción de remesas; 12 millones de nuestros connacionales radican fuera de México, lo que equivale al 10 por ciento de nuestra población, y no olvidamos señalar que cada año 140 mil migrantes centroamericanos cruzan la frontera entre México y Guatemala para alcanzar una vida mejor en los Estados Unidos de América, y en México no encuentran la mejor de las recepciones.

En el Partido de la Revolución Democrática no simulamos en este tema. Hemos sido promotores de sus demandas en todos los foros nacionales e internacionales. Damos muestra que donde gobernamos, las y los migrantes tienen derechos reconocidos en las leyes, y aportamos recursos para su beneficio y el de sus familias.

Por eso, consideramos que esta Cámara debe hacer eco de sus luchas, tender los puentes políticos para que se dé la reforma migratoria que les garantice una estancia legal a las y los mexicanos en ese país.

Tenemos que revisar de manera constante la Ley de Migración para mejorar el trabajo del Instituto Nacional de Migración; tenemos que avanzar en el derecho pleno de votar y ser votados en las elecciones federales, estatales y municipales, como candidatos a elección popular. Pero fundamentalmente —y quiero subrayar este punto— hacemos un llamado a los diferentes grupos parlamentarios, a los coordinadores de los mismos, a la Comisión de Presupuesto y al propio gobierno federal, para que se garantice el presupuesto suficiente en el tema migratorio en nuestro país.

Es muy preocupante encontrar reducciones muy significativas, como es el caso del Fondo de Apoyo a Migrantes, que de 300 se redujo a 150 millones de pesos, cuando la comisión ha estado impulsando que se aumente a mil millones de pesos.

Algo muy importante que quiero subrayar, a nombre de la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, la diputada Amalia García, su servidora como secretaria, y estoy segura de todos los grupos parlamentarios representados en la comisión, porque así lo han manifestado, la necesidad de atender con urgencia el fideicomiso para los braceros, que aparece en la propuesta del Presupuesto 2013 en ceros.

Hacemos un llamado para que se pueda reconsiderar y que se incluyan los mil 500 millones de pesos que aún quedan pendientes para poder satisfacer esa lista de braceros que tienen derecho a su apoyo, que en nada se paga lo que realmente corresponde, pero consideramos que al menos sería justo pagar lo que se consideró en este fideicomiso.

Con todo esto decir, retomando las palabras del secretario general de las Naciones Unidas en la celebración del día de ayer, el Día del Migrante, Ban Ki-moon: Con las restricciones presupuestarias se observa la aplicación de medidas de austeridad que discriminan a las y los migrantes, una retórica xenofóbica que alienta la violencia contra los migrantes y los convierte en delincuentes una vez que son exprimidos y usados para beneficio de un país, olvidándose que en épocas de crisis dependemos de ellas y ellos para subsistir.

Para el Grupo Parlamentario del PRD éste no es un día de festejo pueril, sino de lucha, reivindicación y reconocimiento pleno a las y los migrantes. Migrar es un derecho, y no migrar, también. Es cuanto. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido Acción Nacional.

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Amalia García, ¿con qué objeto?

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Gracias. Señor presidente, mi intención es hacer no solamente una expresión de coincidencia entre quienes integramos la Comisión de Asuntos Migratorios, respecto de la importancia, la urgencia de que el presupuesto para los programas de migrantes aumente, porque lo que hemos revisado es que disminuye prácticamente todos los programas, y en el caso de los ex braceros aparece en ceros, cuando el fideicomiso que se creó señalaba que se entregarían 3 mil 800 millones y faltan mil 500 por entregar.

Están los datos, los folios, los documentos de alrededor de 40 mil ex braceros en la Secretaría de Gobernación y resultaría inadmisible que hagamos un reconocimiento a los migrantes, en el Día Internacional de los Migrantes, pero que en el Presupuesto no estén contemplados esos derechos, a través de las políticas públicas y las acciones de gobierno.

Quiero expresar, como presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, pero también —estoy segura— a nombre de los migrantes nuestra solicitud, exigencia incluso, de que la Comisión de Presupuesto, de que los coordinadores parlamentarios y esta Cámara de Diputados respalden recursos para los programas para los migrantes y por supuesto, que el gobierno de la República también coincida con esta solicitud, que además, a México lo honraría. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputada doña Amalia García. Tiene usted el uso de la voz, diputada.

La diputada Martha Berenice Álvarez Tovar:Señoras y señores legisladores, el día de hoy se nos presenta la oportunidad de hacer una profunda reflexión sobre la realidad de la migración para una sociedad, así como reconocer los peligros que enfrenta el sector migrante y la responsabilidad que tenemos como Estado, con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales.

La migración ha sido, desde hace mucho tiempo, la manifestación de la voluntad del ser humano por tener una vida mejor y de superar la adversidad; sin embargo, la globalización, la evolución de la tecnología y transportes han provocado el aumento de las personas que quieren trasladarse a otros lugares. No obstante, en el caso mexicano, la decisión de dejar el país de origen por ir a trabajar a otro, ahora se basa con mayor análisis de costo-beneficio para el individuo, para su familia, pues de acuerdo a investigaciones se muestra que las presiones demográficas y económicas han disminuido y por tanto, también han decrecido las motivaciones para emigrar.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo calcula en 214 millones de personas el flujo de migrantes internacionales a nivel mundial, de los cuales 40 millones son migrantes indocumentados. Según el Banco Mundial, los principales países de destino son Estados Unidos de América, Rusia y Alemania, mientras que los países con mayor proporción de migrantes son México, India y China.

El principal corredor migratorio es el de México-Estados Unidos de América, en donde según los datos del Pew Hispanic Center, 32 millones de personas de origen mexicano residían en Estados Unidos de América en 2010, de los cuales casi 12 millones se encontraban en situación de irregularidad.

De acuerdo a datos presentados por la Organización de las Naciones Unidas, los migrantes representan el 20 por ciento de la población, de 31 países que tienen menos de un millón de habitantes; la tercera parte de los migrantes se ha trasladado de un país desarrollado a otro, y otro tercio se ha trasladado de un país en desarrollo a un país desarrollado.

A pesar de que estos datos ponen de manifiesto la relevancia del flujo migratorio, cabe mencionar que los migrantes representan uno de los sectores más vulnerables de una población, al no existir marcos normativos lo suficientemente fuertes que garanticen su protección; por tanto, es responsabilidad de la comunidad internacional, en su conjunto, mejorar los mecanismos de cooperación internacional existentes en la materia, a efecto de salvaguardar los derechos humanos de este sector.

Para la mayoría de nuestros migrantes resulta difícil y doloroso separarse de sus comunidades y de su gente, pero lo es aún más cuando enfrentan dificultades económicas y sociales, discriminación y diversas violaciones a sus derechos en ambos lados de la frontera.

En un reporte publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2010, se calculó que más de 11 mil migrantes fueron secuestrados en un periodo de seis meses, un promedio de 60 personas por día por parte de la delincuencia organizada, en donde por medio de extorsiones a los familiares de migrantes se obtienen ganancias de aproximadamente 50 millones de dólares cada año.

Para enfrentar esta problemática es necesario recordar que el 31 de agosto de 2010 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos suscribió el Convenio marco de colaboración para la prevención y combate al secuestro de migrantes con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Migración, instrumento a través del cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asumió el compromiso de realizar estudios y diagnósticos, respecto de la situación del riesgo en la que se encuentran los migrantes en México, incluyendo un informe de seguimiento de las recomendaciones emitidas mediante el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los casos de secuestro en contra de los migrantes.

A pesar de las múltiples adversidades, los migrantes contribuyen al desarrollo de los países de destino aumentando la fuerza activa, el número de consumidores y aportando su capacidad empresarial, ya que mantiene la viabilidad de actividades económicas.

En el 2011, México obtuvo 22 mil 800 millones de dólares en remesas, posicionándolo como el tercer país receptor de remesas a nivel mundial. Pero si bien éstas pueden ser un apoyo a las familias en comunidades de origen, por sí mismas no generan desarrollo económico y social.

Señoras legisladoras y señores legisladores, el día de hoy les pido el apoyo para que esta Comisión de Migrantes y nosotros como legisladores hagamos leyes para recibir y México esté preparado, ya que nuestros migrantes son de alguna manera enviados a nuestro país.

México el día de hoy no tiene las suficientemente leyes adecuadas y programas sociales, en los cuales nuestros migrantes puedan venir a invertir a nuestro país y de alguna manera así sacar adelante a sus familias.

En concordancia con lo establecido por Oxfam México, el Día Internacional del Migrante es una oportunidad para agradecer, reconocer y apoyar las contribuciones que las mujeres y los hombres migrantes han realizado al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad para pedir el fin de cualquier forma de violencia cometida en su contra, así como para promover su protección y el respeto de sus derechos y libertades fundamentales. Por su atención, muchísimas gracias. Esta comisión espera su apoyo para tener un aumento importante en presupuesto. Es cuanto, gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Doña Flor Ayala Robles Linares, del PRI.

La diputada Flor Ayala Robles Linares:Con su permiso, señor presidente; compañeros y compañeras legisladores. Capaz de adaptarse a un sin número de condiciones, como consecuencia de su proceso evolutivo, el ser humano ha desarrollado una notable habilitad para desplazarse de un lado a otro de forma permanente, lo que le ha permitido hacerse presente en casi todos los rincones del planeta.

La complejidad de nuestra especie y los logros de la civilización no podrían entenderse sin conocer los alcances de las sucesivas olas migratorias, las cuales modifican no solo los rasgos culturales de los individuos o grupos que lleguen a establecerse en un sitio, sino de aquellos que son receptores de migrantes.

Es así, que la migración presenta un doble aspecto que la vuelve un fenómeno sumamente complejo, sea porque genera condiciones transformadoras entre las sociedades, o sea por las tensiones que genera entre las comunidades, que muchas veces derivan en conflictos y enfrentamientos de graves consecuencias.

Resulta paradójico reconocer que gracias a la revolución de los transportes, iniciada en el siglo XIX, los humanos han tenido la oportunidad de trasladarse lejos de su residencia para así interactuar con individuos cuya lejanía les hacía inaccesibles, pero que ello no siempre ha traído consigo un mejor entendimiento entre las personas, sino que incluso a partir de entonces se han registrado graves confrontaciones entre las poblaciones asentadas en los países receptores de migrantes.

Cuando los traslados tienen su origen en la situación de pobreza de una población que se ve obligada a abandonar su sitio de residencia en busca de mejores condiciones de vida, se presentan con frecuencia abusos en contra de migrantes, los cuales derivan en condiciones infrahumanas de trabajo, xenofobia, violencia y marginación.

A fin de proteger y velar por el cumplimiento de las prerrogativas de los migrantes, la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas aprobó en 1990, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, instrumento ratificado por México en 1999.

Posteriormente, mediante la Resolución 5593, la misma asamblea proclamó el 18 de diciembre como el Día Mundial del Migrante, con la finalidad de que los Estados miembros, así como las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales difundan toda aquella información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes e intercambien experiencias y formulen medidas de protegerlos.

Nada más fíjense que en el 2011 las autoridades estadounidenses entregaron a México más de 14 mil niños y adolescentes mexicanos migrantes que viajan solos, sin la compañía de un adulto y que fueron interceptados en la frontera con Estados Unidos de América.

Cuando estos menores son retenidos por las autoridades estadounidenses, el proceso de repatriación entre los oficiales de Estados Unidos de América y de México se reduce a la frialdad de un trámite burocrático, que no atiende el interés superior de la infancia, lo que evidencia el desinterés o la carencia de las políticas y prácticas que protejan a miles de menores del riesgo de la explotación sexual comercial infantil y de la trata. De estos 14 mil menores repatriados, ¿cuántos creen ustedes que regresaron a sus casas?

En contraste, la ley estadounidense William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act, tiene como objetivo brindar una mayor protección a nuestros niños migrantes, incluyendo a los mexicanos, principalmente a través de programas de repatriación y convenios bilaterales negociados por el Departamento de Estado norteamericano. La praxis en México dista mucho de la realidad y por ello debemos trabajar arduamente para dirimir este fenómeno.

Para un país como el nuestro, que se distingue por expulsar y recibir importantes flujos migratorios, recordar una fecha como la que aquí estamos mencionando no es ocioso, sino que debe servir de oportunidad para apoyar a nuestros compatriotas que se encuentran fuera de nuestras fronteras y para tomar conciencia de los graves abusos que se cometen en perjuicio de aquellas personas que se atreven a cruzar por nuestro territorio en busca de una mejor vida.

Un día como éste debe servir para reflexionar sobre las contribuciones de los migrantes a nuestra cultura, pero también para tomar conciencia sobre la vulnerabilidad, sobre todo de las mujeres y de nuestros niños, a quienes se han hecho víctimas de abusos inimaginables y atrocidades que nos agravian a todos.

Sirva esta fecha como un motivo para recordar el compromiso moral que nos une con nuestros hermanos que han decidido abandonar el país, pero también para apreciar nuestra diversidad y hacer un homenaje a aquellas comunidades, que con su trabajo duro y dinamismo, han contribuido para que México salga adelante. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Hemos terminado el asunto de agenda política.

Esta Presidencia...

Dígame, lo escucho.

El diputado Raúl Gómez Ramírez(desde la curul): Señor presidente, para el mismo tema, de los migrantes. Hace aproximadamente una hora con veinte minutos, nos comunicaron que un ciudadano pakistaní está detenido en las oficinas de Migración de la ciudad de Reynosa.

No puede ser posible que su servidor se haya comunicado personalmente y quedaron que en 20 minutos resolvían esto y hasta la fecha no se han comunicado.

Es lamentable que nosotros estemos pidiendo respeto a nuestros ciudadanos, cuando nosotros —las autoridades— no estamos respetando a los migrantes de otros países y más aún, que fue detenido porque no quiso dejarse extorsionar por agentes de la Policía Federal Preventiva.

Quiero que todos mis compañeros aquí escuchen que estamos para defender a los migrantes; si defendemos a los mexicanos, tenemos la obligación de defender a los extranjeros. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su dicho ha sido escuchado por todos y le deseamos éxito en su gestión.

Honorable asamblea...

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, antes de que concluya este tema, que por ser originario de un estado con una migración extraordinaria, Zacatecas, y dado que afuera hay un plantón que con legitimidad y justicia reclaman un fondo para los ex braceros, solo quisiera plantearle a la asamblea y concretamente a la Comisión de Presupuesto —que en este momento se encuentra en deliberación para someter a esta asamblea el dictamen— tome en cuenta este reclamo de la gente que está en plantón y que están reclamando con justicia ser incluidos para obtener los recursos que les fueron sustraídos de manera ilegal por instituciones del gobierno mexicano.

Antes de que concluya esta ronda de oradores, quisiera dejar asentada esta posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ha quedado asentado, señor diputado.

Honorable asamblea, estamos en espera de varios dictámenes, por su importancia y por la temporalidad, ante el advenimiento del cierre del periodo ordinario, tenemos que esperar para abordarlos en esta misma sesión, les rogaría de su paciencia.

Tenemos algunos temas y vamos a desahogar la agenda lo más posible, en la inteligencia de que en cuanto tengamos los dictámenes, los someteremos a la consideración de la asamblea.

Continúe la Secretaría con una proposición con punto de acuerdo con dispensa de trámites; solo se van a leer dos resolutivos, se va a dispensar el trámite y si la asamblea así lo considera, se aprobará.



HECHOS SUCEDIDOS EL PASADO 1O. DE DICIEMBRE DE 2012

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se formula una solicitud de información a los titulares del Ejecutivo Federal y del gobierno de la Ciudad de México relativa al estado que guarda el proceso de investigación y determinación de los presuntos responsables de los hechos violentos sucedidos en el Palacio Legislativo de San Lázaro; así como en el Centro Histórico de la Ciudad de México el pasado 1o. de diciembre de 2012

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados formula respetuosamente una solicitud de información a los titulares del Ejecutivo federal y del gobierno de la Ciudad de México relativo al estado que guarda el proceso de investigación y determinación de los presuntos responsables de los hechos violentos sucedidos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, así como en el Centro Histórico de la Ciudad de México pasado 1o. de diciembre de 2012.

Segundo.Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que resguarden los derechos de los detenidos y de las víctimas consecuencia de los hechos violentos sucedidos en el Palacio legislativo de San Lázaro y en las calles y avenidas del Centro Histórico de la Ciudad de México el pasado 1° de diciembre del año en curso, hasta la conclusión de los procesos penales correspondientes.

Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez, Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se considera de urgente u obvia, y en caso de ser positivo, si se aprueba.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:En votación económica se pregunta si se considera de urgente u obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se aprueba. Comuníquese.



COMISIONES DE JUVENTUD Y DE EQUIDAD DE GENERO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tenemos otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación a la integración de las comisiones de Juventud y de Equidad de Género, de tal suerte de hacer ahí una salvedad. Por favor, lea los resolutivos.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al cómputo de los integrantes de las comisiones de Equidad y Género, y de Juventud.

Los integrantes de este órgano de gobierno, en el marco de lo dispuesto en los artículos 33, 34 numeral 1, inciso c) 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con base en los siguientes:

Considerandos

I. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 39 numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.

II. Que la Junta de Coordinación Política es el órgano encargado de formular las propuestas de integración de las comisiones, tomando en cuenta la pluralidad de la Cámara y con base en el criterio de proporcionalidad, de conformidad con el artículo 43 dicho ordenamiento.

III. Que en sesión del 16 de octubre del presente, el Pleno a propuesta de este órgano aprobó el acuerdo por el que se integraron las 54 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.

IV. Que en el caso específico de las comisiones de Equidad y Género, y de Juventud, la importancia y amplitud de su marco de competencias y transversalidad, traen como consecuencia el interés de las y los diputados de todos los grupos parlamentarios de participar en estos órganos legislativos, por lo que se hace necesario propiciar las condiciones que les permitan mayor participación en dichas comisiones, sin afectar sus demás encomiendas legislativas.

Por lo anterior, la Junta de Coordinación Política estima necesario proponer al Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. Se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados su autorización para que a las diputadas y diputados que pertenecen a las comisiones ordinarias de Equidad y Género, y de Juventud, no les sea aplicable el cómputo al que se refiere el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo San Lázaro, a los 13 días del mes de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada Lucila Garfias Gutiérrez, Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.



LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se recibió del diputado Jesús Morales Flores, del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jesús Morales Flores, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con las facultades que me conceden los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 6, 65, 76, 77, 78 y 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa que modifica la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El 13 de agosto de 2009, se publicó la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, ordenamiento que tiene por objeto, regular, promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante préstamos, créditos u otras operaciones por parte de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con sus socios, al tiempo de reconocer que dichas sociedades forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo y reconociendo que no son intermediarios financieros con fines de lucro.

Este ordenamiento es resultado de la relevancia social y por lo tanto jurídica que la captación de recursos del público en general provocó, mediante el esquema que las mismas manejan, sin embargo como cualquier ordenamiento es perfectible y debe ajustarse a fin de proteger principalmente los intereses y el patrimonio de los ciudadanos que en algún momento pudieran volverse socios de éstas.

Es del conocimiento público que, paralelamente a la difícil situación económica que afecta a miles de mexicanos; en toda la geografía nacional, se han presentado lamentables acontecimientos que han puesto en la incertidumbre el ahorro y el patrimonio de un número considerable de familias.

Estos condenables acontecimientos, en donde el abuso y la deshonestidad de algunos oportunistas, truncan materialmente el futuro familiar tienen su origen en algunas sociedades de ahorro, que han sido denunciadas por ahorradores que en calidad de socios acusan a sus propietarios y operadores financieros de fraude, debido a la falta de liquidez que les impide reintegrar el capital invertido o ahorrado a sus propietarios.

Estas circunstancias cíclicas han acontecido, con rostros diferentes, con siglas comerciales diversas y con promesas variadas, en los últimos años en innumerables latitudes del país.

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, adquieren relevancia en el sistema financiero al tener presencia en comunidades en donde la presencia de la banca comercial es escasa o nula, el 92 por ciento de los municipios con menos de 50 mil habitantes no cuentan con cobertura de servicios financieros, por otro lado las promesas de rendimientos incomparables con la banca comercial y la creciente necesidad de la población, hacen presas cautivas de estos timadores a un número considerable de ahorradores.

En la actualidad se estima que existen más de 790 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de las cuales la Comisión Bancaria y de Valores solo ha autorizado a 59, lo que equivale a menos del 8 por ciento de las existentes.

Debido a que un alto porcentaje de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo no cuentan con autorización ni son reguladas por autoridad alguna, es común conocer de situaciones de insolvencia, para lo cual se han destinado más de 4 mil millones de pesos de recursos presupuestales a resolver fraudes y malos manejos de estas entidades, de lo que se estima que más de 160 mil ahorradores han sido afectados.

Actualmente la ley vigente prevé la existencia de sociedades de ahorro y prestamos cuyo capital es menor a 2 millones 500 mil Unidades de Inversión, Udi, lo que las ubica en el nivel básico de operaciones, en este nivel no se requiere obtener de la Comisión Nacional Bancaria autorización para operar, ni se encuentran obligadas a estar bajo vigilancia del Comité de Supervisión Auxiliar, lo que genera una laguna en la que se han refugiado lamentablemente muchas de las sociedades que a la postre han resultado insolventes.

Ante esta realidad es preciso establecer disposiciones que de forma clara y sin excepción, obliguen a todas las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, ya que en los hechos la mayoría se dan de alta declarando que su capital es el mínimo para escapar de la regulación de la autoridad y posteriormente aumentan su capital y el monto de operaciones sin realizar aviso alguno, lo que deriva en los casos expuestos de insolvencia, falta de liquidez y fraude en agravio de miles de ciudadanos.

Esta propuesta, tiene por objeto impulsar reformas, para que estos casos no vuelvan a ocurrir y además, para impedir que subterfugios legaloides puedan ser escudos de impunidad para quienes deban responder ante la Ley.

Desafortunadamente, la imprecisión de la legislación y la ineficiente regulación, ha posibilitado que el esquema de asociación cooperativista sirva de medio para especular con los recursos y bienes de particulares.

Se disfraza la calidad de socio para compartir infortunios financieros con los ahorradores, que hacen de éstos virtuales perdedores de su patrimonio.

No pasa desapercibido para el que suscribe esta iniciativa, que este año la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitió previo dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer), las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de junio de 2012, disposiciones con las que se busca reglamentar de forma precisa las actividades de las sociedades cooperativas, sin embargo estas normas no regulan a las sociedades cuyo capital es menor a 2 millones 500 mil Udi, por lo que el problema expuesto y que motiva la presente iniciativa persiste.

En este contexto la propuesta promueve lo siguiente:

• Obligar a todas las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sin excepción a contar con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a ésta a llevar puntualmente la supervisión correspondiente, pues actualmente dicha autorización y vigilancia es aplicable sólo a algunas de ellas. De esta manera, la diferencia entre cada sociedad radicará no en la autorización, sino en la categoría que la misma comisión otorgue respecto a la equivalencia de su capital en Udi.

• Eliminar el nivel de operaciones básico en el que se ubicaban aquellas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo cuyo monto total de activos no rebasaba el límite equivalente en moneda nacional a 2 millones 500 mil Udi.

• Establecer legalmente que todas las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo sean supervisadas por el Comité de Supervisión Auxiliar.

• Que las disposiciones de carácter general, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores relativas a aspectos eminentemente técnicos u operativos tendientes a preservar la liquidez, solvencia y estabilidad sean de observancia general para todas las sociedades y en consecuencia que en su caso aquella pueda destituir y sancionar a sus socios por conductas ilícitas en agravio de los ahorradores.

• Ampliar el espectro de acción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el supuesto de que existan irregularidades graves o reiteradas en contravención a lo previsto en la ley de la materia, en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo cualquiera que sea su nivel, situación de riesgo del capital ahorrado o sus intereses o se encuentren en situación de inestabilidad la solvencia financiera, pueda ésta declarar la intervención de la sociedad para designar a una persona física con el carácter de interventor-gerente.

• Establecer como requisito la aprobación de la totalidad de los consejeros que integran el Consejo de Administración para autorizar operaciones con personas relacionadas, es decir operaciones mediante las cuales se realicen auto prestamos los miembros del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia y del Comité de Crédito o su equivalente, así como los auditores externos de la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, sus familiares, amigos, o funcionarios de las propias sociedades.

Por lo expuesto, presento ante esta soberanía, la siguiente iniciativa de

Decreto

Único: Se reforman los artículos 10 y 26 y se derogan los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17, de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; para quedar como siguen:

Artículo 10. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sin excepción, requerirán de la autorización para realizar o continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo que compete otorgar a la Comisión, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley, previo dictamen favorable emitido por el Comité de Supervisión Auxiliar. Por su propia naturaleza las autorizaciones serán intransmisibles. Al efecto, en la referida autorización la Comisión asignará a dichas sociedades un nivel de operaciones de entre I al IV, según lo previsto por el artículo 18 de esta ley.

...

...

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...

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...

...

Artículo 12. Se deroga.

Artículo 13. Se deroga.

Artículo 14. Se deroga.

Artículo 15. Se deroga.

Artículo 16. Se deroga.

Artículo 17. Se deroga.

Artículo 26. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo requerirán del acuerdo de la totalidad de los consejeros que integren el Consejo de Administración, para aprobar la celebración de operaciones con personas relacionadas.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de diciembre de 2012.— Diputado Jesús Morales Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.



LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se recibió del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Sergio Armando Chávez Dávalos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, eleva ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la Ley de Aguas Nacionales al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El tema del agua, de origen, es un tema político, económico, social y ambiental, es decir, debe tener una visión sectorial y global y en consecuencia las políticas gubernamentales y los marcos legales, debes estar a la altura de tales exigencias, sin perder de vista que el agua es un recurso no renovable.

Derivado de lo anterior, el uso planeado y  programado del agua en los ámbitos agropecuarios, industriales, urbanos y humanos, exige una utilización racional y controlada, acorde a la gestión de los recursos naturales y donde las instancias gubernamentales y los servidores públicos relacionados asuman de manera plena sus responsabilidades y obligaciones.

Así, la Ley de Aguas Nacionales es el instrumento legal que permite, por un lado, reglamentar el artículo 27 constitucional, y por otro, regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral sustentable.

En tal tenor, es la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que tiene a su cargo la administración y custodia de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, cuyo uso, aprovechamiento y explotación realizan los diferentes usuarios mediante un título de concesión o asignación que les otorga la propia comisión.

Concesiones, autorizaciones o permisos que son tramitados por el propio interesado y se otorgan conforme lo establece la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

Entendiendo como concesión el Título que otorga el Ejecutivo federal, a través de Conagua por medio del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o morales de carácter público y privado.

De conformidad a las atribuciones de la Conagua, señaladas en la fracción XX  del artículo 9, de la Ley de Aguas Nacionales, que a la letra dice: “expedir títulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente ley y sus reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua;

Los plazos de tales concesiones son:

• Concesiones o asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas de propiedad nacional: no será menor de 5 años ni mayor de 30 años.

• Permisos para la descarga de aguas residuales en cuerpos receptores: no será menor de 5 años ni mayor de 30 años. Concesiones para la ocupación de terrenos federales a cargo de la Comisión Nacional del Agua: no será menor de 5 años ni mayor de 50 años.

Considerando lo preceptuado en el artículo 20 de la referida Ley de Aguas Nacionales que dice: “De conformidad con el carácter público del recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo federal a través de “la Comisión” por medio de los organismos de cuenca, o directamente por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que dispone la presente ley y sus reglamentos. Las concesiones y asignaciones se otorgarán después de considerar a las partes involucradas, y el costo económico y ambiental de las obras proyectadas”.

En complemento a la ley en comento, como en su respectivo reglamento, contienen títulos, capítulos y artículos en los que de manera detallada define los procedimientos, reglas, tramites, condiciones  y plazos para obtener las concesiones y sus posibles refrendos, así como las responsabilidades y sanciones a que son sujetos los usuarios en caso de incumplir con las normatividades establecidas.

Es decir, la ley define con toda fuerza legal, las condiciones a que se deben sujetar los usuarios, independientemente del uso que se le pretenda dar a este importante recurso, remarcando los términos y plazos que deben cumplir quien solicita concesiones, autorizaciones o permisos.

La fuerza legal citada da cumplimiento a los principios, en el sentido de que toda ley conlleva un carácter imperativo-atributivo, es decir, que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por la otra otorga derechos. Así las normas jurídicas definen los derechos y obligaciones de las personas que están obligadas a cumplirlas y el estado es obligado a velar que se cumpla.

En el caso particular, los obligados son los solicitantes y usuarios y la Conagua, la entidad responsable de su cumplimiento.

Sin embargo, una revisión de las obligaciones de la Conagua y consecuente decisión sobre las solicitudes de concesión, refleja inconsistencia en las obligaciones que las autoridades del agua tienen para desahogar tales peticiones.

Tal inconsistencia no es acorde con la exigente administración del recurso del agua, incumpliendo con la obligada concurrencia y comprometida participación de las instancias gubernamentales y los servidores públicos relacionados, que son y deben ser los primeros en cumplir con sus facultades con visión de altura y acorde al tema.

El artículo 22 de la multicitada Ley de Aguas  establece que “la Autoridad del Agua” deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente”.

En principio, es observable que la autoridad del agua se obliga a contestar dentro de un plazo claramente establecido.

El último párrafo del artículo 24 señala que “la Autoridad del Agua” está obligada a notificar personalmente a los promoventes la resolución sobre las solicitudes respectivas referidas en el presente Capítulo, conforme al plazo establecido en el artículo 22 de la presente ley y al procedimiento establecido en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado. La falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables”.

Como se observa y contra lo establecido en el artículo 22, el propio último párrafo del artículo  24, permite la posibilidad de que por simple omisión de servidores públicos de dar a conocer la resolución al promovente, en automático la respuesta es negativa, sin mayores argumentos o justificaciones, simplemente por una omisión, dejando al promoverte en indefensión jurídica y obligado a utilizar medios legales de defensa y recursos administrativos ante los tribunales correspondientes. O al menos obtener  la constancia de la configuración de dicha figura, a efecto de proceder conforme corresponda.

Es decir, la ley marca una temporalidad definida y un procedimiento establecido, y solo por omisión se aplica la negativa ficta, entendiendo que esta es la negación por parte de la autoridad, a través de su silencio, al otorgamiento o reconocimiento de derechos de particulares mediante solicitud expresa de éstos a dicha autoridad.

Sin dejar de  mencionar las graves consecuencias que tal “omisión” e indefensión puede provocar, y solo por citar un ejemplo, en las importantes actividades  agropecuarias  que generan los alimentos para el país, en cada una de las cuencas hidrológicas.

No conforme con la omisión, la redacción del artículo genera más confusión ya que el mismo último párrafo, concluye señalando que “la falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables”.

En tales términos, los servidores públicos omisos, pueden o no pueden ser sancionados.

Así, la obligación de cumplir con estos preceptos es sólo para los promoventes o usuarios y para los servidores públicos no hay incumplimiento, sólo una inocente omisión.

Quienes son los primeros obligados a cumplir con los marcos legales son los servidores públicos y las instituciones en su conjunto y con el texto actual de los artículos referidos  las responsabilidades son solo de  los promoventes y usuarios, exentando al estado, que es el  garante de las leyes.

En otros términos,  para el ciudadano toda la fuerza del estado y para los servidores públicos, toda la justificación para no cumplir con sus obligaciones.

Con tal redacción del último párrafo del artículo 24, parece que está premiando la indolencia, la omisión y hasta una posible intención de beneficiar o no aun promovente especifico, cuando la intención debe ser apoyar a quien cumple con todos los requerimientos legales y técnicos y en lugar de interpretarse como una negativa ficta, debe interpretarse como afirmativa ficta a favor de la ciudadanía, sin dejar de mencionar la necesaria sanción a los responsables.

Inclusive la fracción VII del artículo 69-M de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contempla la aplicación de la afirmativa ficta y no hay justificante para no aplicarla en la Ley en comento.

Seguir permitiendo tal incongruencia legal es inadmisible en la realidad actual, todos los servidores públicos deben asumir de manera plena sus obligaciones y entender y aceptar que no ya no es posible no cumplir eficientemente con lo que le corresponde al estado, y  más tratándose de materia tan sensible para el presente y el futuro de la nación, como es el uso del agua.

En consecuencia este Poder Legislativo, debe formular las adecuaciones legales necesarias que respondan a las exigencias sociales, ambientales, y sobretodo productivas.

Por lo anterior, es de suma urgencia reformar los artículos que incumplen con los objetivos superiores de lograr una gestión del agua, con visión de desarrollo integral ambiental y sobre todo con el necesario cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma por parte de las autoridades del agua.

Remarcando la obligación de cumplir con los preceptos jurídicos, y en su caso, sancionar a los que no desean sumar esfuerzos para el desarrollo del país, basado en una equidad legal y en un crecimiento económico, tan necesario en las circunstancias actuales

Buscando con ello, dar  certeza jurídica y procedimental a los promoventes y usuarios de tan preciado recurso, fortaleciendo el adecuado desarrollo de las actividades agropecuarias, ambientales, urbanísticas, industriales y humanas, relacionadas con el aprovechamiento del agua.

Por lo que, con  fundamento en lo señalado elevo ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 24 de  la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como  sigue:

Artículo 24..

..

..

..

...

La Autoridad del Agua está obligada a notificar personalmente a los promoventes la resolución sobre las solicitudes respectivas referidas en el presente capítulo, conforme al plazo establecido en el Artículo 22 de la presente Ley y al procedimiento establecido en el Artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se considerará mediante la aplicación de afirmativa fictaque ha resuelto favorablemente a lo solicitado. La falta de resolución a la solicitud implicaráresponsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre 19 de 2012.— Diputado Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

Esta Presidencia informa que nada más vamos a dar a conocer un dictamen que acaba de llegar de la Comisión de Hacienda para que, una vez que todo mundo esté en conocimiento, podamos sugerir a la asamblea la urgente y obvia resolución.



LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA RESPONSABLES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra don Nabor Ochoa para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 4 y 8 de la Ley General de Pesca y Acuacultura responsables.

El diputado Nabor Ochoa López: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: el día de hoy vengo a someter a su consideración la iniciativa de reformas a los artículos 35, en su fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 8o., en su fracción I de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y también una adición de la fracción XIV Bis del artículo 4o. de la propia Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

El objetivo de esta iniciativa tiene que ver con el contribuir a fortalecer y mejorar sobre todo el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Conapesca, para que de esta manera cumpla adecuadamente con sus responsabilidades; es decir, que logremos que este órgano se convierta verdaderamente en el responsable de regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros, así como de su inspección y vigilancia.

Sin duda alguna la pesca y acuacultura son actividades económicas importantes en el país. Su importancia se destaca en la propia Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que en su artículo 17 señala que estas actividades fortalecen la soberanía alimentaria y territorial.

Y bueno, como muchos sabemos, en el sector pesquero tenemos una gran riqueza, somos un país privilegiado porque contamos con un gran litoral, litoral de aproximadamente 11 mil 500 kilómetros, una zona económica exclusiva, también muy grande, de tres millones de kilómetros cuadrados, aguas interiores y áreas también de usos susceptibles de uso para la acuacultura.

En resumidas cuentas, pues, estamos conscientes de la gran capacidad de la pesca y la acuacultura para producir alimentos, para generar divisas, para crear empleos, incluso también para sacar del atraso a regiones y comunidades del país.

Pero entonces si tenemos todas las condiciones favorables para lograr tener un sector pesquero fuerte, competitivo, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha faltado? ¿Por qué otros países sin tener las condiciones favorables como nosotros sí las tenemos, por qué otros países tienen un sector pesquero rentable, productivo, competitivo?

Y bueno, podemos exponer muchas causas, pero en obvio de tiempo me voy a referir solo a una de ellas, y esta tiene que ver con la propia forma de organización administrativa de la Conapesca.

Miren ustedes, la Conapesca nace en junio de 2001 como un órgano desconcentrado de la Sagarpa, pero el hecho de que sea un órgano desconcentrado implica en principio que dependa jerárquicamente de la Sagarpa, pero además también una total dependencia programática y presupuestal.

Imagínense ustedes, compañeras y compañeros legisladores, que los dos primeros niveles de servidores públicos no los designa el comisionado de Conapesca, los designa el titular de la Sagarpa. Es más, los titulares de las oficinas de Pesca en los estados y regionales también, tampoco tiene capacidad de decisión el comisionado de Conapesca, los designa el oficial mayor de la Sagarpa.

Por último, comentar con ustedes que los proyectos de programas y presupuestos de la Conapesca los aprueba un consejo técnico integrado por alrededor de 14 o 15 dependencias. Hasta enero de este año, enero 2012, las oficinas de Pesca se adscribieron a la Conapesca, porque antes estaban adscritas a cada una de las delegaciones estatales de Sagarpa.

Precisamente lo que buscamos es, con esta iniciativa consideramos conveniente cambiar la naturaleza jurídica mediante la cual fue creada la Conapesca. Por ello es que estamos proponiendo transformar a la Conapesca de un órgano administrativo desconcentrado, transformarlo en un órgano descentralizado sectorizado en la Sagarpa. Esto, como ustedes saben, les va a permitir tener personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios; tener autonomía operativa y sobre todo también tener autonomía programática y presupuestal.

Consideramos que más que pensar en crear una Secretaría de Pesca, si damos este paso de órgano desconcentrado a descentralizado, que por cierto ya se dio en el Inapesca, en el Instituto Nacional de Pesca, en junio de este año el Congreso de la Unión aprobó la descentralización de este órgano que antes era administrativo, abocado a la investigación sobre el tema pesquero; si logramos nosotros transformar a la Conapesca en un organismo descentralizado, además de reconocerle la importancia que tiene vamos a contribuir también sin duda alguna, a que se alcance la eficiencia, la calidad, la rentabilidad y competitividad en el sector pesquero.

Aprovechemos que llega a Conapesca un comisionado con una amplia experiencia en el tema, Mario Aguilar Sánchez, con más de 15 años de experiencia, especialista en derecho del mar y pesquero, una persona con tanta experiencia como no había pasado en toda la corta historia de esta institución.

Por ello, invito a que se valore y en su caso se dictamine, espero favorablemente, esta iniciativa que tiene como objetivo fortalecer el sector pesquero y acuícola del país. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o. y 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Nabor Ochoa López, diputado a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman el artículo 35, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el artículo 8o., fracción I, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; así como la adición del artículo 4o, fracción XIV Bis, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Exposición de Motivos

El sector primario está comprendido por la agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca (incluida la acuacultura), actividades cuyo principal objetivo es la producción de alimentos.

En México el sector primario es un factor clave de la economía. Hacia los años cincuenta, este sector se convirtió en la base de impulso al crecimiento y desarrollo de la industria nacional, siendo además, una de las principales fuentes de generación de empleos.

Actualmente existe cierta fortaleza en la producción de alimentos. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesca (SIAP) menciona que México es un gran productor de alimentos, y que se encuentra entre los primeros 15 países del mundo en la materia, aunque ello no lo exenta de enfrentar los mismos retos que el resto del mundo por satisfacer la demanda interna a lo que el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi) señala que el saldo de la balanza comercial alimentaria nacional presenta cada vez un crecimiento negativo, lo cual significa, que a medida que pasan los años, México se convierte en un país con mayor dependencia alimentaria.

Dentro del sector primario resalta la actividad pesquera y acuícola por sus cifras alentadoras, cuya balanza presenta un comportamiento superavitario con una producción total de 1.62 millones de toneladas de las cuales se exportan 249 mil toneladas con un valor de 842 millones de dólares, y se importan 215 mil toneladas con precio de 647 millones de dólares, lo que significa que existe un saldo a favor de 196 millones de dólares (Anuario Estadístico de Pesca 2010).

Con respecto a ello, en el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables el Estado mexicano reconoce en la pesca y la acuacultura actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas.

Desafortunadamente, en los hechos la pesca y la acuacultura son las actividades con la mayor desatención dentro del sector primario, y esto ha sido una constante en las últimas décadas, lo cual se demuestra al observar los vaivenes que ha sufrido la administración pesquera pasando de una dependencia a otra, como departamento, comisión, subsecretaría, y en el mejor de los casos, secretaría, la cual dicho sea de paso, sólo duró 12 años.

Es para reflexionar la nula atención y el desmantelamiento de organismos dedicados a atender al sector, reduciéndolo a algunos programas que han sufrido disminuciones significativas desde 2006.

Para atender al sector, además del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), se cuenta con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), creada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2001, como un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), bajo los siguientes considerandos:

“Que nuestro país cuenta con una de las mayores riquezas en materia de recursos pesqueros, ya que posee un litoral de aproximadamente once mil quinientos kilómetros, tres millones de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva, más de dos millones novecientas mil hectáreas de aguas interiores y trescientos cincuenta y ocho mil kilómetros cuadrados de plataforma continental, así como de un considerable número de áreas situadas en las costas y en el interior del territorio nacional, destinadas o susceptibles de uso para la acuacultura; que el desarrollo del país y el surgimiento de necesidades, derivadas del crecimiento de la población exigen el establecimiento, optimización y fomento de las actividades productivas, entre las cuales se encuentran la acuacultura y la pesca con un lugar de importancia, debido a su capacidad para generar alimentos, empleo y divisas, y como factores preponderantes para la promoción del desarrollo regional; que resulta necesario impulsar el desarrollo acuícola y pesquero del país, orientando sus actividades y procesos en términos de eficiencia, calidad, rentabilidad y sustentabilidad, en un marco de corresponsabilidad y participación plena de sus actores directos, en un contexto de políticas públicas, que propicien la actuación coordinada del gobierno federal y la vinculación o inserción de las autoridades de los estados y municipios en la administración y conservación de los recursos pesqueros y el desarrollo acuícola; que es indispensable que la administración, regulación y fomento de la pesca y la acuacultura se concentren en un órgano administrativo, que además tenga a su cargo las actividades de inspección y vigilancia en la materia, para contribuir a elevar la eficiencia, calidad, rentabilidad y sustentabilidad del desarrollo acuícola y pesquero...”

Entre sus principales atribuciones se destacan:

• Proponer y coordinar la política nacional en materia de aprovechamiento racional y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas; así como para el fomento y promoción de las actividades pesqueras y acuícolas, y el desarrollo integral de quienes participen en ellas;

• Administrar, regular y fomentar, en los términos de las disposiciones legales aplicables, el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos pesqueros y el desarrollo de la acuacultura;

• Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros, en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;

• Promover, en coordinación con las dependencias y órganos competentes, la implementación de políticas y mecanismos, orientados a incrementar el valor agregado de los productos pesqueros y acuícolas, así como sus exportaciones;

• Participar en la elaboración e instrumentación de las políticas y programas de fomento y capacitación en materia de sanidad acuícola y pesquera;

• Proponer e instrumentar, con la participación que corresponda a otras unidades administrativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, políticas y acciones en apoyo a los programas de abasto y comercialización de productos pesqueros y acuícolas;

• Proponer criterios generales para el establecimiento de instrumentos económicos que promuevan el desarrollo integral de la pesca y acuacultura;

• Establecer y, en su caso, proponer las bases para la coordinación de acciones de las unidades administrativas y demás autoridades de la federación, los estados y los municipios, que desempeñen funciones relacionadas con las actividades acuícolas y pesquera, y

• Proponer y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia acuícola, de pesca comercial y deportiva, con la participación que corresponda a otras dependencias de la administración pública federal.

Es, pues, una realidad reconocida la importancia para el país de la actividad pesquera en sus dos rubros esenciales: pesca y acuacultura. Constantemente, y a través de los años, escuchamos en los discursos oficiales de autoridades federales, estatales y municipales, resaltar el papel fundamental del sector pesquero en la producción de alimentos, creación de empleos, generación de divisas y factor del desarrollo regional; pero en los hechos, poco se ha avanzado en esta noble actividad económica que, si contara con todos los apoyos necesarios y se llevaran a cabo las acciones adecuadas para su fortalecimiento, lograríamos tener un sector pesquero productivo, rentable y de calidad; beneficiando a miles de familias que se dedican a la pesca, muchas de las cuales viven en condiciones económicas de subsistencia.

Precisamente, con el objetivo de avanzar en esa dirección y dar un paso importante en la consolidación y fortalecimiento del sector, consideramos conveniente modificar la naturaleza jurídica mediante la cual fue creada la Conapesca. En los tiempos actuales no consideramos necesaria la creación de una Secretaría de Pesca, pues ello implicaría, entre otras cosas, una pesada estructura burocrática y el incremento considerable del gasto corriente, cuando lo que se pretende es exactamente lo contrario, para poder destinar mayor recursos al cumplimiento de objetivos en la materia.

La propuesta que hacemos es transformar a la Conapesca de un organismo desconcentrado, como es su régimen jurídico actual, a organismo descentralizado. El otorgarle a Conapesca el estatus legal de Organismo Público Descentralizado, es decir, una nueva forma de organización administrativa, implicaría que este órgano de la administración pública federal tendría personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios, así como un margen importante de autonomía operativa y sobre todo, presupuestal y programática.

No es un tema menor si consideramos que desde la Sagarpa frecuentemente se toman decisiones que afectan al sector pesquero, por ejemplo, las reasignaciones presupuestales de recursos de este sector para canalizarlos a la agricultura y ganadería, en detrimento de la actividad pesquera, y que han sido objeto de una serie de exhortos desde esta Cámara de Diputados sin obtener respuestas favorables.

Con esta decisión, además de reconocer la importancia que tiene el sector, sin duda alguna, también traería un nuevo impulso y fortalecimiento del mismo, y de esta manera contribuir a alcanzar la eficiencia, calidad, rentabilidad y sustentabilidad del desarrollo acuícola y pesquero; así como convertirse en el instrumento para promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 6o., numeral I, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto

Artículo Primero.Se reforma la fracción XXI, del artículo 35, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. [...] a XX.  [...]

XXI. Fomentar la actividad pesquera a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Organismo Público Descentralizado, que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

Artículo Segundo.Se reforma la fracción I, del artículo 8o., de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:

I . La coordinación con Conapesca, como Organismo Público Descentralizado responsable de regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas;

Artículo Tercero.Se adiciona la fracción XIV Bis, del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 4.Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. [...] a XIV. [...]

XIV Bis. Conapesca: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, organismo público descentralizado, sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La constitución de la Conapesca como organismo público descentralizado se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.— Diputado Nabor Ochoa López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Pesca, para dictamen.

Adelante, ¿con qué objeto?

El diputado Francisco Alberto Zepeda González (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Francisco Zepeda, de Colima. Para solicitarle al diputado Nabor Ochoa la posibilidad de suscribir esta iniciativa, ya que el sector pesquero ha sido rezagado durante muchos años y hoy tenemos una gran oportunidad, y sumarnos a esta iniciativa que está presentando el diputado Ochoa López.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Qué dice el diputado Ochoa?

El diputado Nabor Ochoa López: Sí, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Que sí, que muchas gracias.

El diputado Francisco Alberto Zepeda González: Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Está don Ricardo Villarreal? Anda en una urgencia. Bueno, doña Alfa Eliana González Magallanes, del PRD, para presentar... Ya llegó, adelante.

El diputado Ricardo Villarreal García:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo regional.

El turismo aporta alrededor del 11 por ciento del producto interno mundial y genera uno de cada 11 empleos. La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable. Sus beneficios no solo se reflejan en ser una industria que genera empleos y que es detonador del desarrollo regional, sino que además es factor de difusión de los atractivos culturales y naturales.

México ofrece una extensa variedad de atractivos turísticos y culturales. La herencia de las civilizaciones prehispánicas y el desarrollo de sitios arqueológicos como símbolos de identidad nacional; la incomparable belleza de sus playas, el encuentro de los vestigios de culturas milenarias conjugadas con grandes urbes, extensas áreas naturales como elementos históricos que lo hacen único en el mundo, así como una infraestructura turística de vanguardia internacional.

A nivel mundial México ocupa el octavo sitio en captación de turistas internacionales y el décimo en captación de divisas. La promoción turística juega un papel muy importante para mantener y consolidar a México como una potencia mundial al generar una mayor demanda para los destinos y atractivos del país.

Es por ello, que la presente iniciativa considera conveniente establecer nuevos beneficios fiscales con la finalidad de incentivar la difusión turística, así como conservar y restaurar los inmuebles que se ubican dentro de las zonas de las ciudades denominadas patrimonio cultural de la humanidad, para lo cual resulta pertinente otorgar un estímulo fiscal a las personas físicas o morales que realicen inversiones en estas ciudades, para que puedan deducir de inmediato y al 100 por ciento las inversiones inmobiliarias que se encuentren dentro de las zonas consideradas patrimonio cultural de la humanidad, por la UNESCO.

El título de patrimonio cultural de la humanidad es conferido por la UNESCO a sitios específicos del planeta, que han sido nominados y confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el programa del Patrimonio de la Humanidad, administrado por el Comité de Patrimonio de la Humanidad, que es compuesto por 21 países miembros y que a su vez son elegidos por la asamblea general de los Estados miembros para un periodo determinado.

El objeto del programa es precisamente catalogar, preservar y dar a conocer sitios que por su importancia cultural o natural son excepcionales para la herencia común de la humanidad.

Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiación para su conservación del Fondo para la Conservación del Patrimonio de la Humanidad, sin embargo, compañeras, esto no es suficiente. Tenemos que buscar aumentar las inversiones privadas que sean destinadas precisamente al rescate y a la preservación de dichas ciudades, por lo cual es necesario generar este tipo de incentivos fiscales.

Para ser incluidos en la lista Patrimonio de la Humanidad, un sitio debe tener un valor universal excepcional, es decir, deben ser sitios de un extraordinario valor para la humanidad, por su belleza, por su cultura y por sus tradiciones.

México, compañeras y compañeros legisladores, ha sido reconocido por la UNESCO con 31 sitios declarados patrimonio cultural de la humanidad, dentro de los cuales se encuentran 10 ciudades: la ciudad de México, la de Puebla de los Ángeles, la de Oaxaca, la de Zacatecas, Morelia, Querétaro, Guanajuato, Campeche, San Miguel de Allende y Tlacotalpan, las cuales se encuentran en las categorías de bienes culturales, debido, entre otras cosas, a su alto valor histórico, arquitectónico y urbanístico, el cual tenemos la obligación como mexicanos de garantizar su restauración y su preservación.

Asimismo, es prioritario establecer la economía de nuestro país a través de la industria turística y qué mejor manera de hacerlo que rescatando la belleza y la riqueza cultural de nuestras ciudades coloniales que nos dan identidad como nación, impulsando y difundiendo las ciudades de las cuales nos debemos sentir orgullosos por pertenecer al programa patrimonio cultural de la humanidad.

La presente iniciativa establece modificaciones al artículo 40 y al artículo 220 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, estableciendo la posibilidad de que se deduzcan al 100 por ciento y de inmediato las inversiones en inmuebles ubicados dentro de las ciudades que han sido declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y cuya inversión se realiza específicamente en bienes inmuebles y en espacios físicos que contribuyan a la consolidación de la identidad, los valores y la diversidad cultural de nuestras ciudades.

Les agradezco, compañeras y compañeros legisladores, a todos los compañeros y compañeras que han suscrito esta iniciativa conmigo. Invito, sobre todo, a todas las compañeras y compañeros de las ciudades hoy consideradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, a que suscriban la presente iniciativa, pero sobre todo, a que la apoyen para que se vuelva una realidad, sabiendo que la misma ayudará enormemente a preservar y restaurar el patrimonio cultural que el mundo, a través de la UNESCO, ha reconocido como excepcional para la humanidad y del que todos, como mexicanos, debemos sentirnos orgullosos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 40 y 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ricardo Villarreal García, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 y el artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incluir la deducción en forma inmediata y hasta por el 100% de las inversiones que efectúen en bienes inmuebles ubicados dentro de las ciudades denominadas patrimonio cultural de la humanidad, de acuerdo con lo siguiente:

Exposición de Motivos

El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo regional. Aporta alrededor del 11% de la producción mundial y genera uno de cada once empleos.

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no sólo se reflejan en ser una industria que genera empleos y detonador del desarrollo regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales.

México ofrece una extensa variedad de atractivos turísticos: la herencia de civilizaciones prehispánicas y el desarrollo de sitios arqueológicos como símbolos de identidad nacional, la incomparable belleza de sus playas, el encuentro de los vestigios de culturas milenarias conjugadas con grandes urbes, extensas áreas naturales con elementos históricos que lo hacen único en el mundo, así como una infraestructura turística de vanguardia internacional.

A nivel mundial, México ocupa el 8° sitio en captación de turistas internacionales y el 10° en captación de divisas.

La promoción turística juega un papel importante para mantener y consolidar a México como una potencia mundial, al generar una mayor demanda para los destinos y atractivos del país.

Aunadamente a los beneficios existentes, se considera conveniente establecer nuevos beneficios que contribuyan a la simplificación tributaria; con la finalidad de incentivar la difusión turística así como conservar y restaurar los inmuebles que se ubican dentro de las zonas de las ciudades denominadas patrimonio cultural de la humanidad, resulta pertinente otorgar un estímulo fiscal a las personas físicas o morales que realicen inversiones en estas ciudades por los derechos que en su caso se causen.

Podemos definir como cultura el conjunto total de los actos humanos en una comunidad dada, ya sean éstos prácticas económicas, artísticas, científicas o cualesquiera otras. Toda práctica humana que supere la naturaleza biológica es una práctica cultural.

El título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, conferido por la Unesco a sitios específicos del planeta (sean bosque, montaña, lago, cueva, desierto, edificación, complejo arquitectónico o ciudad) que han sido nominados y confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad, administrado por el Comité del Patrimonio de la Humanidad, compuesto por 21 estados miembros que son elegidos por la Asamblea General de Estados Miembros por un período determinado.

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiación para su conservación del Fondo para la conservación del Patrimonio de la Humanidad.

Para ser incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad un sitio debe tener un “valor universal excepcional” y debe satisfacer al menos uno de los siguientes criterios de selección:

I. Representar una obra maestra del genio creativo humano.

II. Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico.

III. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida.

IV. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana.

V. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas), o de la interacción humana con el medio ambiente especialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles.

VI. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas, o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal. (El comité considera que este criterio debe estar preferentemente acompañado de otros criterios).

VII. Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia estética.

VIII. Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas geológicas o características geomórficas o fisiográficas significativas.

IX. Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de los ecosistemas.

X. Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia y el conservacionismo.

La Unesco ha reconocido 31 sitios en México bajo la declaratoria Patrimonio Cultural de la Humanidad, de los cuales, 10 ciudades mexicanas como son la Ciudad de México, Puebla de los Ángeles, Oaxaca, Zacatecas, Morelia, Querétaro, Guanajuato, Campeche, San Miguel de Allende y Tlacotalpan; se encuentran en la categoría de bienes culturales, debido entre otras cosas, a su valor histórico, arquitectónico y urbanístico.

Asimismo es prioritario restablecer la economía de nuestro país a través de la industria turística y que mejor manera de hacerlo que rescatando la belleza y riqueza cultural de nuestras ciudades coloniales que nos dan identidad como nación; impulsando y difundiendo las ciudades de las cuales nos debemos sentir orgullosos por pertenecer al programa patrimonio cultural de la humanidad.

Por ello es que resulta muy importante otorgar diversos estímulos fiscales a las personas físicas o morales que efectúe la inversión de los bienes nuevos de activo fijo y/o de las inversiones que efectúen en bienes inmuebles ubicados en estas ciudades denominadas patrimonio cultural de la humanidad.

Por lo expuesto someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona un inciso a la fracción I recorriéndose los demás en su orden y se adicionan dos párrafos a la misma fracción del artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 40.-Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

I. Tratándose de construcciones:

a) 10 por ciento para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes.

b) 100 por ciento para inmuebles ubicados dentro de las zonas de las ciudades que han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y cuya inversión se realice específicamente en bienes inmuebles y en espacios físicos que contribuyan a la consolidación de la identidad, los valores y la diversidad cultural de las ciudades.

c) 5% en los demás casos.

Los contribuyentes a que se refiere inciso b) de la fracción, también podrán optar por aplicar lo dispuesto en la misma respecto de las construcciones nuevas, así como de las reparaciones y adaptaciones a los bienes inmuebles mencionados, que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, cuando aumenten la productividad, la vida útil o permitan darle al citado activo un uso diferente al que se le venía dando.

Se considerará que forma parte de las inversiones el valor de la adquisición de la construcción, excluyendo el valor del terreno, determinados conforme al avalúo que al efecto se practique en los términos del artículo 3 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. En el caso de que el valor de adquisición del inmueble sea diferente al monto del avalúo, para determinar el valor que corresponda a la construcción y al terreno, se le aplicará la proporción que se obtenga conforme al avalúo.

II. a XIII. ...

Segundo. Se adiciona un número a la fracción I recorriéndose los demás en su orden y se adicionan dos párrafos a la misma fracción del artículo 220 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 220. ...

...

I. ...

a) Tratándose de construcciones:

1. 74 por ciento para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes.

2. 100 por ciento para inmuebles ubicados dentro de las zonas de las ciudades que han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y cuya inversión se realice específicamente en bienes inmuebles y en espacios físicos que contribuyan a la consolidación de la identidad, los valores y la diversidad cultural de las ciudades.

3. 57 por ciento en los demás casos.

Los contribuyentes a que se refiere inciso b) de la fracción, también podrán optar por aplicar lo dispuesto en la misma respecto de las construcciones nuevas, así como de las reparaciones y adaptaciones a los bienes inmuebles mencionados, que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, cuando aumenten la productividad, la vida útil o permitan darle al citado activo un uso diferente al que se le venía dando.

Se considerará que forma parte de las inversiones el valor de la adquisición de la construcción, excluyendo el valor del terreno, determinados conforme al avalúo que al efecto se practique en los términos del artículo 3 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. En el caso de que el valor de adquisición del inmueble sea diferente al monto del avalúo, para determinar el valor que corresponda a la construcción y al terreno, se le aplicará la proporción que se obtenga conforme al avalúo.

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

h) ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2012.— Diputados: Ricardo Villarreal García, Fernando Bribiesca Sahagún, Consuelo Argüelles Loya, Erick Marte Rivera Villanueva, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Blanca Jiménez Castillo, Carlos Fernando Angulo Parra, Néstor Octavio Gordillo Castillo, María Esther Garza Moreno, Raudel López López, Enrique Alejandro Flores Flores, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Alliet Mariana Bautista Bravo, Gloria Bautista Cuevas, Eufrosina Cruz Mendoza, Carlos de Jesús Alejandro, Juan Jesús Aquino Calvo (rúbricas).»

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

La diputada Blanca Jiménez Castillo(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Blanca Jiménez Castillo(desde la curul): Muy buenas tardes, presidenta, solicito al diputado Ricardo Villarreal me pueda suscribir a su iniciativa y felicitarlo por esta iniciativa tan interesante y tan importante para las ciudades patrimonio cultural de la humanidad.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Diputado Villarreal.

El diputado Ricardo Villareal García:Claro que sí.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Adelante, queda aquí a su disposición en la Secretaría el dictamen.



CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 218 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes:Con su permiso, presidenta. “Dejo a los indígenas en el mismo estado de civilización, libertad y felicidad, siendo lo más sensible la indiferencia con que los han visto los congresos, según se puede calcular, por las pocas y no muy interesantes sesiones en que se ha tratado sobre ellos”. Fernández de Lizardi, testamento.

Nuestra labor como legisladores es mantener el Estado de derecho mediante la actualización del marco jurídico del país, para que éste responda a la realidad de la sociedad mexicana que se transforma día a día.

La redefinición constitucional de nuestro país como una nación pluricultural en el año de 1992 constituyó el primer gran acuerdo nacional, que establece explícitamente uno de los ejes fundamentales que deben guiar la transformación y adecuación de instituciones nacionales hacia la cristalización de un nuevo proyecto nacional mexicano.

A pesar de los grandes avances en las adecuaciones realizadas al marco normativo, y que han producido un impulso jurídico y político en materia de derechos indígenas, no han sido suficientes para conseguir mayor presencia de representantes indígenas en este Congreso de la Unión.

En la actualidad la idea de que en democracia lo único decisivo es la opinión de la mayoría y que la fuente del derecho no puede ser otra cosa que las convicciones de la mayoría de los ciudadanos está rebasada. La democracia como gobierno de las mayorías exige igualmente que la dignidad y los derechos del hombre y de las minorías sean respetados.

La esencia del sistema democrático moderno supone tanto la participación de los ciudadanos en el nombramiento de representantes como una representación de mayorías y minorías para el ejercicio justo, efectivo, legal y legítimo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En este contexto, nuestro sistema político se encuentra ante la necesidad de evolucionar hacia un nuevo estadio. Y, en consecuencia, la representación política como un derecho fundamental internacionalmente reconocido debe favorecer la inclusión de los pueblos indígenas, facilitando la participación política de los mismos.

En este orden de ideas, a partir del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano, aceptando con ello la composición pluricultural de la nación, estamos obligados como parte de un poder constituido a modificar las instituciones que lo componen, a fin de adaptarlas al marco constitucional.

En este sentido corresponde al Poder Legislativo, como depositario por excelencia de la representación popular, la obligación de plantear reformas legales que garanticen a los pueblos indígenas el acceso a la cosa pública, particularmente en la composición particularmente en la composición del Congreso de la Unión mediante una representación derivada de la conciencia de su identidad indígena como criterio fundamental, mediante una acción afirmativa.

México es el segundo país con las desigualdades más grandes entre los países de la OCDE. Las estadísticas más recientes señalan que el 10 por ciento más pobre de la población de México percibe alrededor del 1.3 del ingreso por ciento del ingreso total disponible, mientras que el 10 por ciento más rico recibe casi el 36 por ciento. Esto es un obstáculo para el crecimiento y desarrollo del país.

En nuestro país 871 municipios son considerados indígenas o cuentan con presencia de población indígena. De esos, 295 se encuentran en un grado muy alto de marginación, condición que obstaculiza el desarrollo de aproximadamente el 13.35 por ciento de la población total nacional.

El Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México afirma que para alcanzar la igualdad de oportunidades es necesario reconocer las desigualdades de los diversos grupos de la población y analizar el impacto diferenciado de la política pública sobre la condición de los indígenas. Para lograr este cometido es importante la adecuada representación política de los pueblos indígenas, lo que permitirá traer al Congreso de la Unión las voces que expresen demanda y aspiraciones desde la conciencia de identidad indígena.

La propuesta de reforma al Código Electoral que se presenta ante esta soberanía, busca dotar a los pueblos indígenas de una representación política justa, real, efectiva, legal y legítima al interior del Congreso de la Unión, tomando como base el principio de representación proporcional, haciendo extensivos sus alcances a los indígenas.

Así, la iniciativa que presento contempla incorporar en la legislación electoral que la integración de la lista para la elección de diputados de representación proporcional señale un número mínimo de candidatos indígenas que la conformen, estableciendo para los partidos políticos la obligación de incorporar en sus listas de candidatos, por el principio de representación proporcional, por lo menos el número mínimo equivalente al porcentaje de la población indígena que exista en cada una de las circunscripciones electorales.

Consolidar la representación política de los pueblos indígenas es uno de los retos que como legisladores tenemos enfrente, ardua y difícil tarea sin duda, pero a todas luces posible. Si ante todo anteponemos la altura de miras y la visión de Estado, para dar pasos hacia una democracia más efectiva, con mayor representación y con una legitimidad acrecentada. Le solicito presidente, que se incorpore el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 218 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

En el año de 1992 con una adición al artículo cuarto constitucional, fue reconocida por primera vez en la historia del país su diversidad sociocultural, al considerar que la composición pluricultural del país está sustentada en los pueblos indígenas.

La reforma al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del año de 2001, incorpora en la legislación nacional algunos derechos de autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas: a) decidir las formas internas de organización social, económica, política y social; b) aplicar sus propios sistemas normativos y, c) elegir de acuerdo a sus sistemas normativos a sus autoridades.

La representación política de este sector en las legislaturas es una añeja demanda. Este reclamo fue uno de los contenidos de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar suscritos por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y el Ejecutivo federal como parte de la demanda del establecimiento de una nueva relación de los pueblos indígenas y el Estado mexicano “...el gobierno federal asume el compromiso de... fortalecer su representación política y participación en las legislaturas...”. Las adecuaciones realizadas al marco normativo, han producido un impulso jurídico y político en materia de derechos indígenas, pero no han sido suficientes para conseguir una mayor presencia de representantes indígenas en el Congreso de la Unión.

Por tanto, la presente iniciativa pretende modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a este respecto para alcanzar un mayor número de legisladores representantes de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión.

II. Argumentos que la sustentan

Para entender el desarrollo y la construcción democrática del México contemporáneo es indispensable referirse a los 68 pueblos indígenas existentes en el país, cuya población estimada por el XII Censo General de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) del año 2010 asciende a cerca de 15 millones de habitantes, el 13.35 por ciento de la población total nacional. Estos pueblos están asentados principalmente, en veintiséis entidades federativas, concentrándose el 80 por ciento de esta población en las entidades de Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

Dada la importante cantidad de ciudadanos que representan los pueblos indígenas dentro de la Nación, es de resaltar la importancia de salvaguardar sus derechos, entre los que se encuentran contar con una adecuada representación política al interior del Congreso de la Unión.

Los derechos contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, instrumento de derecho internacional suscrito y ratificado por el Estado mexicano en el año de 1991, fortalece y complementa el marco jurídico nacional en la materia, convenio que de acuerdo a la reforma constitucional en derechos humanos del 2011, es parte de la Constitución. En este convenio, se establecen entre otros, los siguientes derechos para estos pueblos:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

b) Derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

c) Conservar sus costumbres e instituciones propias.

d) Reconocimiento de sus sistemas jurídicos.

e) La utilización del término tierras en el Convenio incluye el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

f) Derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

g) Participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus territorios.

h) Respetar las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra establecida entre los miembros de los pueblos.

Las adecuaciones antes señaladas al marco normativo, han producido un impulso jurídico y político en materia de derechos indígenas, que es innegable. La legitimidad de las demandas históricas de los pueblos indígenas ha pasado de ser un reclamo a una obligación jurídicamente exigible.

En la redistritación electoral de los 300 distritos electorales uninominales del año 2005, realizada por el Instituto Federal Electoral, se consideró esta disposición constitucional, agrupando de manera geográfica a los municipios con un alto porcentaje de población indígena. Como resultado de lo anterior se obtuvieron 28 distritos electorales con una alta concentración de población indígena, variando estos porcentajes de densidad entre el 89 y el 40 por ciento.

Estos 28 distritos electorales se encuentran distribuidos en 11 estados de la República, ubicados fundamentalmente en el centro y suroeste del territorio nacional, siendo Oaxaca el que cuenta con mayor número, 8 distritos; seguido de Chiapas, 4 distritos; Puebla, Veracruz y Yucatán, 3 cada uno; Hidalgo, 2 distritos; Campeche, Guerrero, México, Quintana Roo y San Luis Potosí, un distrito cada uno.

Sin embargo, a pesar de esta nueva composición distrital uninominal que determino la existencia de 28 distritos electorales indígenas en las tres elecciones recientes –2006, 2009 y 2012– la representación indígena en el Legislativo federal resultante no se tradujo en mayor presencia de representantes indígenas. En la LX Legislatura, hubo nueve diputados indígenas, sólo dos diputados, provenían de distritos indígenas. En la LXI Legislatura, diez diputados indígenas, siete provenían de distritos electorales indígenas. En esta Legislatura la LX, la situación no es diferente. La razón de esta limitada representación indígena en la Cámara de Diputados, se debe principalmente, a la escasa postulación de candidatos indígenas por parte de los partidos políticos nacionales.

El problema radica en que nuestra legislación secundaria en materia electoral, federal y local, no contempla disposición alguna para sustentar la obligatoriedad de postular un mínimo de candidatos indígenas a puestos de representación popular, ni en los distritos considerados indígenas conforme a los establecido por el Instituto Federal Electoral y, menos a aún, a través del mecanismo de representación proporcional, con lo que prácticamente queda sin efecto alguno la de “propiciar la participación política de los pueblos indígenas”.

III. Fundamento legal

El derecho a la participación indígena en instituciones electivas, esta contenida en el articulo 6 párrafo “b” del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo al determinar como responsabilidad de los gobiernos de “...establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas...”.

De la misma forma, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada por el Estado mexicano en septiembre del año 2009, establece en el artículo 18, el derecho de los pueblos indígenas a la representación política “...los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos...”.

Finalmente y considerando que el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución establece que “...los partidos políticos son entidades de interés público...” y tienen, entre otros fines la de “...promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir en la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público... mediante el sufragio universal, libre secreto y directo...”. Son entonces, estas entidades quienes deben de posibilitar la representación política de los pueblos indígenas en los órganos de decisión nacional.

Consolidar la representación política de los pueblos indígenas, es uno de los retos que como legisladores tenemos enfrente. Ardua y difícil tarea sin duda, pero a todas luces posible, si ante todo, anteponemos la altura de miras y la visión de Estado para dar pasos hacia una democracia más efectiva, con mayor representación, con una legitimidad acrecentada y en consecuencia, transitamos, como nación a un nuevo estadio de democracia.

Se trata de identificar y atender, en el ámbito de nuestra competencia, los profundos rezagos, privaciones y carencias que prevalecen en los pueblos indígenas, en un marco de respeto a sus culturas, organizaciones e identidades, necesidades y aspiraciones; particularmente en lo referente a su limitada presencia en la integración de la representación nacional.

Nuestra labor es hacer leyes y como instrumento principal contamos con el derecho. Es la ciencia jurídica la que ha desarrollado, tanto en la doctrina como en el derecho positivo formulas para equilibrar derechos. En este caso en particular, estamos hablando de la acción afirmativa, una herramienta que ha tenido, y tiene, en otras latitudes, un éxito incuestionable, al grado de establecerse internacionalmente como patente de corzo para reducir desigualdades.

La acción afirmativa se ha diseñado como un mecanismo de compensación a las desigualdades materiales, legales, políticas y sociales de los distintos regímenes políticos. La doctrina jurídica basada en el principio de equidad y justicia para todos, ha encontrado una fórmula, que sin disminuir derechos de terceros busca equilibrar las ancestrales distorsiones derivadas de la discriminación racial, étnica, sexual, económica, política y social.

La acción afirmativa o acción positiva, positive action según el Common Law inglés, se concibe como una serie de acciones, medidas, o planes vinculados de un modo u otro al derecho positivo, fundamentalmente en lo relacionado a la facultad normativa del Estado.

La finalidad de la acción afirmativa, es dar un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos, a quien o quienes han resultado discriminados por efecto de una injusticia histórica de la que no son responsables.

Se trata en suma, de dar tratamiento desigual a realidades colectivas desiguales mediante la acción afirmativa con el objetivo de integrar a las minorías en un marco de cooficialidad al reservar un porcentaje específico de los espacios públicos, ya sea de representación, puestos de trabajo, acceso educativo, entre otros, a los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Entendida de esta manera, la acción positiva es diferenciación y reconocimiento.

La concepción moderna de la democracia considera que el fin autentico de ésta consiste en otorgar al individuo la capacidad de disponer de si mismo donde, como forma de gobierno, solo puede subsistir en un orden de libertades concretas y específicas. La democracia necesita un contenido, el cual podemos definir como la garantía de los derechos humanos, donde el ciudadano, que ha delegado el poder, puede ser libre si se reconoce a sí mismo y reconoce, a la vez, su propio bien dentro del bien común.

Concebida de esta manera podemos decir que la tarea del Estado es la de mantener la convivencia humana en orden, donde el equilibrio entre libertad y bien permita a cada hombre llevar una vida humana digna.

La idea de que en la democracia lo único decisivo es la mayoría y que la fuente del derecho no puede ser otra cosa que las convicciones de la mayoría de los ciudadanos esta rebasada. La democracia como gobierno de las mayorías, exige igualmente, que la dignidad y los derechos del hombre y de las minorías sean respetados. Libertades públicas y derechos fundamentales son condiciones sine qua non de la democracia. En este contexto, nuestro sistema político se encuentra ante la necesidad de evolucionar hacia nuevos estadios y, en consecuencia, la representación política como un derecho fundamental internacionalmente reconocido, debe favorecer la inclusión de los pueblos indígenas facilitando la participación política de los mismos.

La esencia del sistema democrático moderno supone, tanto la participación de los ciudadanos en el nombramiento de representantes, como una representación de mayorías y minorías, para el ejercicio justo, efectivo, legal y legítimo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

La historia de México contemporáneo, particularmente el último tercio del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, se han visto profundamente marcada por un esfuerzo monumental para modificar su régimen político. Así desde 1970 a la fecha se han sucedido una serie de reformas, constitucionales y legales, a fin de contar con un sistema electoral que de cabida a la pluralidad política y garantice la libertad del sufragio.

Como parte de este largo proceso de reforma política, el Constituyente Permanente considero que la mejor forma para integrar la representación nacional fuese el establecimiento de un sistema mixto de elección de representantes populares, dando cabida tanto a la representación mayoritaria, así como a la representación proporcional. De esta manera quedo establecido, constitucionalmente, por un parte, la elección directa por el principio de mayoría relativa, en distritos electorales uninominales, y por otra, la elección de representantes mediante el principio de representación proporcional, a través de listados regionales de candidatos plurinominales.

La inclusión de la representación proporcional en nuestro sistema normativo, tuvo inicialmente, la intención de legalizar y dar cabida en el Congreso de la Unión a corrientes políticas e ideológicas distintas a la oficialmente nacida de la Revolución Mexicana, particularmente a la denominada izquierda política. Ahora bien, aun cuando sigue vigente el objetivo de garantizar la pluralidad política del país, en particular a las expresiones minoritarias, el desarrollo de la sociedad hace necesario ampliar la concepción y finalidad de la representación proporcional.

Así pues, considerando que el perfeccionamiento de nuestra democracia y su sistema electoral ha tenido entre otros objetivos la inclusión de la pluralidad del país, incorporando a las minorías políticas, nuestro sistema normativo debe evolucionar para reconocer y garantizar a los pueblos indígenas su derecho a “contribuir a la integración de la representación nacional” y como ciudadanos “hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo”, en condiciones justas y equitativas que les “permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad”, tanto para el grupo social como para los individuos que la conforman, lo que permitirá mejorar la manera de conocer y recoger sus “aspiraciones y demandas” especificas a efecto de incorporarlas al “sistema de planeación democrática del desarrollo nacional” en el que se “imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía” de sus regiones y cultura y con ello de la Nación entera, al “propiciar su participación política”.

En este orden de ideas, a partir del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado Mexicano, aceptando con ello la composición pluricultural de la Nación, estamos obligados, como parte de un poder constituido, a modificar las instituciones que lo componen a fin de adaptarlas al mandato constitucional. En este sentido, corresponde al poder legislativo, como depositario por excelencia de la representación popular, la obligación de plantear reformas legales que garanticen a los pueblos indígenas el acceso a la cosa pública, particularmente en la composición del Congreso de la Unión mediante una representación derivada de la conciencia de su identidad indígena como criterio fundamental.

La propuesta de reforma al Código Electoral que se presenta ante esta soberanía, busca dotar a los pueblos indígenas de una representación política justa, real, efectiva, legal y legítima al interior del Congreso de la Unión, tomando como base el principio de representación proporcional, haciendo extensivos sus alcances a los indígenas, con lo que se renueva y amplia el contenido de la representación plurinominal, puesto que se parte de considerar no solo las concepciones políticas o ideológicas, sino también de la identidad cultural y etnolingüística de los pueblos indígena, dentro del marco constitucional.

En suma se trata de aceptar el derecho a la diferencia a través del reconocimiento de una relación minoritaria de los indígenas y su derecho a una legislación específica, mediante una acción positiva.

La participación política de los pueblos indígenas exige establecer condiciones de equidad y justicia, y con ello contribuir a la consolidación de la democracia, toda vez que al dar cabida a los representantes de los pueblos indígenas permitirá llevar al Congreso de la Unión las voces que expresen demandas y aspiraciones, desde la conciencia de identidad indígena.

Resulta claro que no basta la afirmación de que se tiene la calidad de indígena, sino que se exige demostrar claramente que se es representante de alguna comunidad indígena, lo que implica que tenga vinculación con una entidad asentada en algún pueblo o región indígena, o bien, con un comité de base que se haya autodefinido como tal, exigencia que es lógica si se atiende a que para lograr la finalidad mencionada, es decir, la posibilidad de defensa de esas minorías, es necesario el conocimiento palmario de su problemática que sólo se consigue por la pertenencia real al núcleo de que se trate.

Como así lo estableció en su momento la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al momento de resolver el SUP-JDC-405/2003 y que ahora se puede consultar en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 317.

Asimismo, la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-JDC-488-2009 afirma “ha sido criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, para poder cumplir con dicha acción afirmativa, no basta que sea o que reúna la calidad de indígena, si no quien aspire a cumplir con la acción afirmativa debe acreditar ser un representante de los pueblos indios.”

Si bien no existe una definición universal de indígena, tampoco puede derivarse de ahí la exigencia de una prueba especial a fin de acreditar la calidad subjetiva de indígena, ni de ser representante de comunidades indígenas para efecto de aplicar las normas garantistas a favor de dichos grupos minoritarios.

Por tanto, la presente iniciativa se basa en los precedentes que ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el caso de las controversias que puedan surgir a fin de acreditar la identidad indígena.

Así, esta iniciativa contempla incorporar en la legislación electoral, que la integración de la lista para la elección de diputados de representación proporcional, señale un número mínimo de candidatos indígenas que la conformen, estableciendo para los partidos políticos, la obligación de incorporar, en sus listas de candidatos por el principio de representación proporcional, por lo menos, el número mínimo establecido en la ley como requisito para ser registradas ante la autoridad electoral.

Con ello, se equipara, en los hechos, los principios constitucionales de igualdad ante la ley y no discriminación, con el derecho de los pueblos indígenas y la obligación del Estado para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas, el pleno ejercicio de la libertad y dignidad como grupo social, la efectiva y eficaz participación en la planeación democrática del desarrollo y la integración de la representación nacional a través del voto universal, libre, secreto y directo.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto

Proyecto de decreto que modifica adiciona el párrafo III del artículo 218, el párrafo I del artículo 220 ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

V. Ordenamientos a modificar

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

VI. Texto normativo propuesto

Artículo 218.

...

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades, promoverán la paridad de género y la participación de los pueblos indígenas en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

...

Artículo 220.

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada y, una correspondiente a los pueblos indígenas, considerando en todo momento la conciencia de identidad indígena para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

VII. Artículos transitorios

Artículo Primero. El presente ordenamiento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal dispondrá que el texto integro de la exposición de motivos y el cuerpo normativo del presente decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas radicados en los estados y el Distrito Federal y ordenara su difusión en sus comunidades.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de diciembre de 2012.— Diputados: Alfa Eliana González Magallanes, José Antonio León Mendívil, Vicario Portillo Martínez, Rodrigo González Barrios, Rosendo Serrano Toledo, Joaquina Navarrete Contreras, Claudia Elena Águila Torres, Teresita de Jesús Borges Pasos, Eva Diego Cruz, Verónica Beatriz Juárez Piña, Arturo Cruz Ramírez, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Pedro Porras Pérez, Mario Rafael Méndez Martínez, Teresa de Jesús Mojica Morga, Graciela Saldaña Fraire, Verónica García Reyes, Alliet Mariana Bautista Bravo, José Valentín Maldonado Salgado, Erick Marte Rivera Villanueva, Ángel Cedillo Hernández, Gloria Bautista Cuevas, Carlos de Jesús Alejandro, Eufrosina Cruz Mendoza (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Por supuesto, diputada, muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Diego Sinhué...

El diputado Vicario Portillo Martínez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Perdón. Sí, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Vicario Portillo Martínez (desde la curul): Solicito a la diputada, si hay alguna inconveniencia para suscribir su iniciativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Diputada González Magallanes, ¿ningún inconveniente?

La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul): Ningún inconveniente.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Aquí quedará a su disposición el dictamen, para todo aquél que quiera adherirse a él, aquí estará a su disposición en la Secretaría.



LEY DE VIVIENDA

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Diego Sinhué Rodriguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda.

El diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo: Muy buenas tardes, compañeros. Antes que nada quiero mencionar que el tema de la vivienda es uno de los temas más sensibles para nuestro país. Es ahí en la vivienda donde se forman las familias, esos hogares mexicanos son la base de nuestra sociedad, por ello es que esta iniciativa pretende tocar uno de los temas más sensibles para este país, como lo es el de la vivienda.

La Ley de Vivienda, en el artículo 61, que fue aprobada en la anterior legislatura; se pretende en este artículo regular la manera como se otorgan los subsidios de vivienda por parte de la Conavi.

Recordemos que en nuestro país muchos de esos créditos, muchos de estos subsidios van ligados a un crédito de Infonavit, propiamente, y existen muchísimas familias mexicanas que dependen de este subsidio para poder lograr accesar a una vivienda digna, como lo mandata nuestra Constitución.

Es en este tenor que tenemos nosotros la gran responsabilidad de vigilar que este subsidio, este recurso público de los mexicanos, llegue a las familias que más lo necesitan.

Es por ello que esta iniciativa pretende que este subsidio tenga un alcance mayor. Lo explico de la siguiente manera:

Con una gran intención el legislador buscó que el subsidio se otorgar a aquellas familias que se encontraran en situación de pobreza. Sabemos que quien define la situación de pobreza es la Secretaría de Desarrollo Social, quien tiene un esquema y unas fórmulas por las cuales determina de qué personas estamos hablando, de las que se encuentran en situación de pobreza.

El problema viene cuando éstos miles de créditos que otorga Infonavit —y van ligados a este subsidio de Conavi— se ven forzados a entrar a este catálogo o a este cajón de las personas que se encuentran en situación de pobreza.

Resulta que muchas de estas personas que tienen un crédito y que tienen un salario mínimo y que pueden compartir el crédito con su pareja, ya no serían sujetos de ese subsidio, lo cual los dejaría en un estado lamentable que aun con la vivienda que se necesita en este país, que es una demanda muy grande, aquellas personas que ganando muy poco dinero, no pueden acceder a este subsidio.

Por ello, esta iniciativa lo que pretende es que se abra un poco más el esquema y el panorama y estamos agregando que aquellas familias que tengan esta situación de pobreza, puedan acceder al crédito, por supuesto, pero también que aquellas familias que no estén catalogadas de tal manera y puedan alcanzar el subsidio, lo logren acceder.

Por ello estamos agregando la frase: “preferentemente a familias en pobreza extrema”. Esto nos abre el panorama.

Por un orden de prelación buscaremos que todas aquellas familias que se encuentran en esta situación de pobreza accedan a los créditos, pero también buscaremos que de sobrar este subsidio, se logre acomodar a aquellas familias que no encontrándose en esta situación también necesitan de una vivienda digna.

Es por ello, compañeros, que les pido que analicen esta iniciativa, que revisen su contenido: Y cae en el monto justo toda vez que estamos por aprobar un Presupuesto de Egresos, y finalmente el próximo año se estarán destinando subsidios a la vivienda.

Actualmente esta ley ya está en vigencia, sin embargo este artículo no lo han estado aplicando las instituciones de vivienda porque limitaría mucho a muchas personas, limitaría el acceder a estos créditos.

Repito, el único objetivo es ampliar el espectro para que las familias mexicanas puedan contar con una vivienda digna.

Lo dejo a su consideración, compañeras y compañeros diputados integrantes de la Comisión de Vivienda. Es, repito, en la vivienda en donde los mexicanos encuentran su centro de formación y su núcleo de familia. Les agradezco por su atención y es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, diputado a la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorgan el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa es una prerrogativa fundamental para todos los ciudadanos. Tener un lugar para habitar es una premisa para que muchos otros derechos puedan realizarse, la educación, salud y empleo son impensables sino se cuenta con un espacio digno para vivir.

Es justo reconocer que años recientes, el gobierno mexicano ha dado énfasis a las políticas de vivienda, particularmente para los más pobres del país, expresando así el pleno reconocimiento de la vivienda como un derecho esencial que se encuentra establecido desde la Constitución de 1917 como un derecho de los trabajadores y posteriormente, con la reforma al artículo 4o. se consagró que todas las familias mexicanas tienen derecho a una vivienda digna y decorosa.

En los últimos años como nunca antes los mexicanos hemos tenido acceso a una oferta de créditos tan amplia como la que ha ofrecido hasta ahora. Se han entregado más de 6 millones de créditos y subsidios, lo que representa la operación de vivienda más grande de la historia, 16 millones de mexicanos han cumplido su sueño de tener su propio hogar, un espacio donde sus hijos crecerán, y donde conviven todos los miembros de la familia.

A través del Infonavit se han otorgado dos millones de créditos; es decir, una cifra equivalente al número de créditos entregados en sus primeros 28 años de existencia.

En administraciones pasadas, la asignación de créditos era opaca, hoy los financiamientos para viviendas se entregan con reglas muy claras y parejas para todos. Hoy los trabajadores no tienen que esperar a la emisión de convocatorias, que se prestaban a discrecionalidad o al condicionamiento de créditos.

Actualmente, gracias a los programas como el Programa “Esta es Tu Casa”, el 60 por ciento de los créditos que se otorgan se concentran en trabajadores que ganan menos de cuatro salarios mínimos.

Con los programas de subsidios para la vivienda como “Tu Casa” se ha destinado una inversión federal de 9 mil 737.7 millones de pesos, para el otorgamiento de 651.7 mil subsidios a igual número de familias en situación de pobreza patrimonial. Por su parte, con el Programa de “Vivienda Rural” canalizó 3 mil 632.2 millones de pesos al mejoramiento de la calidad de vida de los hogares, de las localidades rurales o indígena clasificadas como de alta o muy alta marginación.

No obstante a los avances logrados en esta materia persiste el reto de ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda a la mayor población de ingresos medios y bajos, preferentemente a aquella que se encuentra en una situación de pobreza que demandan apoyos para construir o remodelar su vivienda anticipando con ello las tendencias demográficas y haciendo frente al rezago existente, lo que supone multiplicar los recursos de inversión; mejorar las condiciones de financiamiento; realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico relevante; abrir opciones de vivienda a los menores costos, nueva, usada, rentada o autoconstruida, e impulsar la máxima productividad de los organismos nacionales, estatales y municipales de vivienda, a través de la modernización de sus estructuras institucionales y formas de operación.

El tamaño de la problemática no es menor, de acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal el rezago habitacional es de 9 millones 37 mil 690 hogares y representa 31.1 por ciento de las viviendas particulares habitadas del país. Por componente se registra como sigue: en hacinamiento concentran 561 mil 294 hogares, por su parte las viviendas con materiales en deterioro que requieren sustituirse 1 millón 140 mil 839 y regulares cuya sustitución se debe prever en el corto plazo 7 millones 255 mil 082 viviendas. El número de personas con rezago habitacional asciende a 35 millones 752 mil 705, población equivalente a la de los estados de México, Distrito Federal, Veracruz y Oaxaca, considerados de manera conjunta.

Para el propósito de la presente iniciativa es importante disponer de una visión detallada de los hogares que se encuentran en rezago habitacional.

• El 90 por ciento de los hogares son económicamente activos, es decir, realizan algún trabajo o negocio por el cual reciben percepciones monetarias; el restante, los inactivos, son el 11.7 por ciento y se mantienen principalmente de transferencias del Gobierno o de Organizaciones No Gubernamentales que atienden a los hogares.

• El 68.2 por ciento de los hogares con rezago habitacional son asalariados .

• El 72.3 por ciento, o bien, 6.5 millones de hogares no cuentan con admisión a alguna institución de seguridad social y que tienen subcuenta de vivienda.

• El 58 por ciento de los hogares en rezago perciben mensualmente menos de 3 salarios mínimos (SM), 22.8% recibe entre 3 y 6 SM y el 36.0 por ciento gana más 6 SM al mes.

De los datos anteriores se desprende que con base en las particularidades socio-demográficas y económicas relevantes de los hogares se calcula que durante el presente año se demanden 1 millón 071 mil 241 soluciones de vivienda; cada hogar está compuesto, en promedio de 3.9 residentes, por lo que poco más de 4 millones de personas integrarían esa demanda.

El 59.7 por ciento de esta demanda se encuentra conformado por familias que reciben un ingreso de hasta 3.4 SM. Esto es, dentro de este porcentaje existe un número contingente de personas que no pueden ser consideradas como pobres debido al ingreso mensual que perciben pero demandan vivienda y debido a sus bajos ingresos difícilmente pueden acceder a un crédito hipotecario.

Adicionalmente, es preciso señalar una parte importante de la demanda de vivienda obedece a la formación de nuevos hogares: el aumento de la edad promedio para formar un hogar y la mejora en el nivel educativo de este segmento se traduce en mejores condiciones económicas para las familias. El 30 por ciento de la demanda de acciones de vivienda se darán para este rubro.

Asimismo cada vez más, un número importante de familias demandarán una vivienda con mejores atributos en relación a su vivienda actual. Este componente de la demanda se focalizará en viviendas de tipo medio, residencial y residencial plus.

Preocupados por los que menos tienen, consideramos que es necesario ampliar la oferta de financiamiento a las familias de menores ingresos pero no exclusivamente a ellas. Éste es un cambio muy importante en los últimos años ya que la mayor demanda está, precisamente, en el sector de familias que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, que se encuentran en el límite de la pobreza. Según datos del Coneval, existen 32.3 millones de mexicanos que no son catalogados como pobres pero se encuentran en condición de vulnerabilidad social, para este importantísimo segmento de la población hay que ampliar las oportunidades de acceder a una vivienda digna.

Las acciones de vivienda que instrumenta el gobierno federal a favor de las familias en condiciones de pobreza tienen como claro objetivo hacer posible que grupos en condiciones de vulnerabilidad disfruten de una vivienda digna a través de subsidios para la adquisición, construcción, ampliación y mejoramiento.

No obstante, se considera importante que los subsidios se destinen preferentemente a los hogares en condiciones de pobreza pero no exclusivamente en ellas, ya que, de acuerdo a lo anteriormente mencionado existen millones de mexicanos en condición de vulnerabilidad (más no de pobreza) que debido a los elevados pagos iniciales (enganches) que se tienen que erogar y a la amortización de los créditos, este segmento de la población no sería susceptible de obtener un crédito hipotecario por la banca comercial ni por los programas de subsidios para la vivienda y por consiguiente, serían sumamente limitadas sus posibilidades de tener acceso a una vivienda digna.

La reforma que propone al artículo 61 de la Ley de Vivienda implica instrumentar acciones y recursos destinados a grupos en situación de pobreza para favorecer también a otros segmentos de la población sin desvirtuar el objeto primordial de tales recursos. Lo anterior en virtud de que en la Ley de Vivienda sólo es posible asignar los fondos federales en materia de vivienda que destinados a la población en condiciones de pobreza, dichos recursos como por ejemplo los del Fonhapo no se pueden destinar a contingentes de personas que no se encuentran en una situación de pobreza, no obstante a que existen millones de personas que no pueden ser beneficiarios de los subsidios alejándose del objetivo planteado en el artículo 4o. constitucional.

Como representantes populares debemos estar conscientes de la importancia que tiene la vivienda para el nivel de bienestar de los mexicanos, refrendemos nuestro compromiso de ampliar de manera considerable el acceso al financiamiento a más segmentos de la población más para que puedan acceder a una vivienda, siempre, en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable.

Requerimos un esfuerzo adicional para mejorar la calidad de las casas que se construyen y crear nuevos productos hipotecarios para la mayoría de los mexicanos que demandan una vivienda digna. Además, la reactivación del mercado interno en México pasa inexorablemente por el sector de la vivienda.

Por lo anterior, los legisladores de Acción Nacional proponemos soluciones habitacionales a todas aquellas familias que desean tener un patrimonio propio sin menoscabo que los recursos deben de ir dirigidos preferentemente para los hogares de menores ingresos que naturalmente, son las que más sufren por la falta de un patrimonio propio.

Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el tema de la vivienda es imprescindible si queremos construir un país democrático que aspira alcanzar un desarrollo humano sustentable a través del fortalecimiento patrimonial que permita una mayor igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.

Por todo lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 61. Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el gobierno federal se destinarán preferentemente a familias en situación de pobreza, la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.

...

...

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Sexto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

2 SHF. México: rezago habitacional, demanda de vivienda 2012 y Bono demográfico. Abril del 2012.

3 Ibíd.

4 Coneval. Pobreza en México y en las Entidades Federativas 2008-2010. Julio de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2012.— Diputados: Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Erick Marte Rivera Villanueva, Alliet Mariana Bautista Bravo, Joaquina Navarrete Contreras, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Gloria Bautista Cuevas, Carlos de Jesús Alejandro, Eufrosina Cruz Mendoza, Verónica Beatriz Juárez Piña,  (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Vivienda para dictamen.



LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y droga diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

El diputado Carlos Augusto Morales López:Gracias. Con su venia, diputada presidenta. En los tiempos que estamos viviendo, de avance democrático, de pluralidad y desarrollo social, resulta de especial observancia y atención y uno de los sectores que hemos registrado, más atrasados en el desarrollo democrático y de representación para con el Estado, es justamente el sector empresarial.

De acuerdo a lo que establece la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, que fue aprobada en 1908, modificada en 1914 y en el 2005, el esquema de representación de los empresarios mexicanos ante el Estado, es un esquema que reluce por su corporativismo, que reluce por la falta de ampliación y amplitud en la representación de los sectores empresariales.

La ley en comento restringe la posibilidad de asociación a solo dos cámaras, una para las cámaras que tocan el tema de servicios, turismo y comercio y otra cámara que se hace cargo de los temas de industria.

Además de ello, el arreglo institucional y de relación que se plantea en esta ley para con el Estado hace suponer la existencia de la posibilidad de un esquema corporativo de la relación Estado-empresarios y por supuesto también supone la cooptación de la capacidad de acción y gestión independiente por parte del sector empresarial para con el Estado.

Adicionalmente, mecanismos que son establecidos en la misma ley como es el esquema del registro al Sistema Integral de Información Empresarial y la posibilidad que se abre a través de un mecanismo de convenio de las cámaras y confederaciones con la Secretaría de Economía han llevado en muchas ocasiones a que empresarios que tienen que acceder a este registro por ley tengan que hacerlo también en las diferentes cámaras y confederaciones que tienen estos convenios, con el perjuicio que ello conlleva.

La iniciativa que estamos planteando el día de hoy tiene como objetivo fundamental democratizar la relación del sector empresarial con el Estado y generar mejores instrumentos de relación de este sector, no solamente entre sí, sino con la sociedad misma. Y decimos entre sí porque también la ley que estamos comentando establece paradójicamente que para poder crear una nueva cámara o una nueva confederación, entre otros requisitos que se tienen que cubrir está la autorización de las ya existentes.

Así es que presentamos esta iniciativa que reforma, deroga y anexa diferentes artículos a la Ley de Cámaras y Confederaciones Empresariales convencidos de que podemos generar un instrumento en el marco del Pacto por México que permita maximizar las relaciones de los empresarios mexicanos con el Estado y como consecuencia de ello tengamos un sector empresarial más fuerte y con una capacidad de organización y de relación con el Estado que esté acorde a las necesidades económicas de nuestro país.

Espero, compañeras y compañeros diputados, que esta iniciativa sea de su interés y cuente con el apoyo de todos ustedes. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD

I. Encabezado de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman o derogan diversos artículos de la Ley de Cámaras y sus Confederaciones

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

Una verdadera transición a la democracia en México implica el desmantelamiento del sistema corporativo de representación social que se montó posterior a la Revolución Mexicana, en el que sólo las organizaciones adheridas al régimen tuvieron la posibilidad de tener una interlocución directa para la defensa de sus intereses. Este modelo en el que el Estado reconoce y privilegia la interlocución con sólo algunas organizaciones, para efectos del problema que hoy se plantea, el caso de los empresarios nacionales, persiste hasta la actualidad.

Así, en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones vigente, desde el artículo 1o., se reconoce la existencia de sólo dos cámaras que, a su vez, representan los intereses de los empresarios de su “sector”: una cámara para todos los empresarios que integran el sector “comercio”, dentro del cual también se integran los servicios y el turismo, y otra cámara para los industriales del país.

La presente iniciativa retoma el espíritu liberal y democrático sobre la representación de los intereses sociales en el seno de la clase empresarial, corrigiendo el vicio corporativo que reluce en la actual ley, e introduciendo la necesaria pluralidad y competencia en la representación de los diversos sectores e intereses de los empresarios nacionales.

III. Argumentos que sustentan la iniciativa

Primero. El régimen emanado de la Revolución Mexicana agrupó corporativamente a los sectores más representativos de la sociedad: los obreros del país fueron agrupados en la CROM, en un primer momento, y en la CTM una vez consolidado en régimen posrevolucionario; los campesinos fueron similarmente integrados en la CNC creada en 1938; los militares, el sector más beligerante y mejor organizado del régimen posrevolucionario, quedaron organizados en el PRI una vez que se consolidó la hegemonía policía de este partido. Pero, luego de la integración y subordinación de todas estas organizaciones al Partido Revolucionario Institucional y al Presidente de la República, uno de los sectores más importantes y políticamente más influyente desde el gobierno de Porfirio Díaz (recordemos que en una vez consolidado el régimen de don Porfirio, los “científicos”, grupo encabezado en el gobierno por José Yves Limantour, fueron quienes tomaron el control del aparato de gobierno y, por tanto, de las decisiones fundamentales del proceso político) extrañamente, quedaron fuera del arreglo institucional consolidado tras la institución de los 4 sectores del PRI (militar, obrero, campesino y popular) aunque no excluidos, ya que estos fueron agrupados como un apéndice del gobierno tras la creación de la Ley de Cámaras de 1908. “Esta ley fue promulgada en 1908 y modificada sustancialmente en 1936 y 1941, concede a las cámaras una posición semioficial, imponiéndoles una membresía obligatoria y permitiendo al Estado intervenir en diferentes aspectos de sus operaciones” (Story, Dale [1990], Industria, Estado y política en México, México, Grijalbo-Conaculta, páginas 117-118).

“Sin embargo, esta ley no abarcaba todos los grupos de empresarios, por lo que las cámaras permanecieron por mucho tiempo como organizaciones privadas, voluntarias y con significativa autonomía legal hasta que fue expedida la Ley de Cámaras de 1936” (obra citada, página 118). En esta ley se introdujo por primera vez el requisito de que todas las empresas existentes en el país cuyo capital fuera mayor a los 2 mil 500 pesos tuvieran necesariamente que afiliarse a una de las cámaras “elegidas”, y digo elegidas porque había varias opciones, para representar los intereses de los empresarios. En este momento, “las cámaras dejaron de ser organizaciones voluntarias y la legislación dio poder al Estado para determinar a cuál cámara debería unirse cada empresa” (obra citada, página 118).

No obstante el profundo sentido autoritario y corporativo de esta reforma, los empresarios nacionales sólo protestaron porque, también desde entonces, los industriales fueron equiparados a nivel de “comerciantes”, agrupándolos por decreto en una misma cámara. Este problema fue resuelto por una nueva Ley de Cámaras en 1941, en la que “se trataba por separado a las cámaras de industriales y de comerciantes” (obra citada, página 118). Este argumento organizativo de la clase empresarial es el que prevalece hasta la actualidad y aunque la sociedad ha cambiado, se ha democratizado, es una sociedad más plural y diversa, pese a todo persiste el corporativismo empresarial incluso con el consentimiento de los propios empresarios.

Dale Story, especialista en el tema, señala en Industria, Estado y política en México que esas atribuciones conferidas al estado en torno de la agrupación corporativa de los empresarios otorga al Estado un control considerable de los grupos organizados del sector privado ya que garantiza, selectivamente, el reconocimiento a aquellas cámaras que se someten a la política estatal y puede forzar a ciertas empresas a unirse a estas organizaciones “semioficiales” (obra citada, página 119).

Segundo. Ahora bien, pese a las reformas realizadas a la normatividad que regula la afiliación de los empresarios para representar sus intereses, el corporativismo se mantiene incólume. En la ley vigente, con relación al tema, se establece que la filiación de los empresarios sólo se podrá realizar en cualquiera de las dos cámaras reconocidas por el Estado: las cámaras de comercio cuando se trata de empresarios de los sectores comercio, servicios y turismo, y las cámaras de industria. De la misma forma, el estado sólo reconoce la existencia de dos confederaciones: la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Es menester señalar en este momento que, dadas las actuales condiciones económicas y políticas de México, negar la existencia de una pluralidad de visiones y filiaciones de los empresarios a la cámara y confederación de su preferencia es algo más que un contrasentido; es también una profunda deficiencia que prevalece y que inhibe que los empresarios puedan participar de mejor manera en la generación de alternativas y encadenamientos productivos para el desarrollo del país. ¿Por qué inhibir que los empresarios se puedan agrupar en una cámara por sector o subsector, región, ciudad o como mejor les convenga, que se puedan adherir a la Canirac o a la Coparmex o incluso conformar la confederación que convenga sus intereses? ¿Por qué el Estado tiene que decidir cómo agrupar a los empresarios o asociarlos si se supone que nos encontramos en un mercado libre y en un contexto político democrático, plural y competitivo? ¿Por qué si los empresarios pregonan la libertad de empresa no pregonan también la libertad de filiación a las organizaciones empresariales?

Tercero. Un elemento muy importante que ha permitido reproducir el corporativismo con los diversos sectores de la clase empresarial es el hecho de establecer una liga entre el registro de los empresarios en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), que actualmente es obligatorio, y la afiliación corporativa a las cámaras reconocidas por el Estado, que hipotéticamente es una decisión soberana, autónoma y voluntaria para los empresarios. Esta ligazón se da en el hecho de que una de las atribuciones conferidas a la Secretaría de Economía, como es la de registrar a las empresas en el SIEM, se otorga por medio de convenios de colaboración a las cámaras empresariales, quienes pueden realizar este registro incluso en sus propias instalaciones. El hecho es que las cámaras mañosamente condicionan el registro de las empresas en el SIEM, que es un trámite oficial y gubernamental obligatorio, a la afiliación a las cámaras, hecho que de ninguna manera puede ni debe ser obligatorio. El hecho es que los empresarios se ven obligados a afiliarse de una sola vez y en un solo acto condicionado tanto al Sistema de Información Empresarial Mexicano como a las cámaras. Hay diversas denuncias de micro, pequeños y medianos empresarios sobre esta irregularidad que realizan las cámaras para incrementar sus afiliados y sus recursos pero perjudican a los empresarios quienes no tienen interés de participar u organizarse en ninguna de las cámaras u confederaciones empresariales. Para resolver este problema, en la presente iniciativa se plantea separar los actos de registro en el SIEM y la afiliación de las cámaras para que esta deje de ser corporativa. Se regresa a la Secretaría la atribución de registrar a las empresas en el SIEM incluso abriendo la posibilidad de que esta función se pueda realizar en coordinación los gobiernos estatales y no con las cámaras como actualmente sucede.

Cuarto.De esta forma, los elementos que se propone reformar en la actual Ley de Cámaras y sus Confederaciones son los siguientes:

a) Se reforma el artículo 1 de la ley para precisar su objeto fundamental, “normar la constitución y funcionamiento de las confederaciones y cámaras empresariales del país” y no como se establece en la ley actual, la cual señala que su objeto es normar la constitución y funcionamiento de sólo dos cámaras y “sus confederaciones”. Desde luego, la parte sustantiva de la reforma tiene que ver con romper el corporativismo empresarial, el cual, tomando como su instrumento la ley actual, limita la representación de los intereses de los empresarios a sólo dos organizaciones; por el contrario, la propuesta que se presenta busca transitar hacia una filiación y asociación más plural y democrática.

b) En la fracción V del artículo 2 se define correctamente una cámara empresarial como una organización de representación e intermediación de los intereses de los empresarios del país, cambiando la definición actual que sólo se limita a señalar que cámaras son “las cámaras de comercio, servicios y turismo que representan a comerciantes y las cámaras de industria que representan a industriales”. Desde luego, una entidad particular como lo es ahora la Canaco no puede definir en esencia lo que es una cámara empresarial; ello hace necesaria la presencia de una definición general que pueda incluir la función esencial de las organizaciones empresariales como medios para representar e intermediar los intereses del sector.

c) De la misma manera que la definición de cámaras empresariales descrita en el inciso anterior, en la fracción VI del artículo 2 se plantea definir correctamente el concepto de confederación empresarial, descrita como aquella organización que aglutina a diversas cámaras empresariales para representar los intereses de los empresarios del país; esta definición es mucho más implícita que la definición actual, la cual se limita a definirlas de acuerdo con las actualmente existentes: la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.

d) Es un tanto inconcebible que siendo esta una ley referida al sector empresarial no establezca una definición de lo que se concibe como “empresario”. Luego entonces, se adiciona una fracción XIV al artículo 2 para introducir esta definición, en donde se establece que empresario es aquella “persona, física o moral, que es propietaria una empresa de los sectores industrial, comercial o de servicios”.

e) En el artículo 4 de la ley se especifica sobre la integración de las cámaras y las confederaciones empresariales; en el caso de las primeras se definen como “organizaciones formadas por empresarios de los sectores industrial, comercial y de servicios”; en el caso de las segundas, se señala que están compuestas “por voluntad de diversas cámaras empresariales, las cuales consienten someterse a la voluntad y coordinación mayor de la agrupación que las concentra”. Todo ello, en confrontación con la ley actual, en la que se establece que las cámaras están formadas por comerciantes e industriales y que las confederaciones están integradas por cámaras.

f) En el artículo 5 de la ley vigente se señala que la denominación de “confederación” se aplica sólo a las organizaciones empresariales que realizan su registro como tal ante la Secretaría de Economía, mientras que en el artículo 39 se establece una sanción a aquellas organizaciones que no cumplen con esta instrucción. Pese a ello en la ley vigente no se establece directamente esta correlación entre los dos artículos, lo cual se corrige en la presente Iniciativa.

g) Se cambia sustantivamente una de las funciones de la Secretaría de Economía establecida en la fracción I del artículo 6. Actualmente, la Secretaría de Economía emite una “autorización” para crear una nueva cámara empresarial. A nosotros nos parece excesivo que el gobierno tenga que “autorizar” una de las formas específicas de organización de los ciudadanos, en este caso un grupo de ellos, tal cual son los empresarios. El gobierno no tiene atribución política alguna sobre otorgar una “autorización” para el funcionamiento una organización que en esencia es un derecho de los empresarios, por lo que es más conveniente tomar conocimiento cuando los empresarios deciden participar, agruparse u organizarse en una cámara o en una confederación. Por ello nos parece que el término más apropiado es el de “registro”, que sería entendido como un acto en el cual el gobierno toma nota y conocimiento del hecho de una nueva cámara o confederación empresarial. En el mismo sentido y en consecuencia con la reforma que se propone, se modifica el artículo 35 de la ley.

h) Se derogan las fracciones IV a y VIII del artículo 6 y la IV del artículo 7 de la ley, en virtud de que en la presente iniciativa, como se argumenta en el apartado tercero de esta justificación, se propone separar el registro de la empresas en el SIEM de la filiación de las empresas en las cámaras; esto como producto del vicio que encierra la posibilidad de que las cámaras y confederaciones condicionen el registro en el SIEM a la afiliación a las mismas. Luego entonces, el SIEM se recupera expresamente como ámbito de influencia del gobierno federal. En el mismo sentido se plantea la derogación las fracciones VIII y XIX del artículo 18, las fracciones III y XIII del artículo 19 y la reforma del artículo 29. En este último caso queremos remarcar que se establece la facultad para que la Secretaría de Economía pueda establecer convenios con los gobiernos estatales para la operación del sistema.

i) Se modifican las fracciones III y V del artículo 7; la primera para establecer una clasificación más apropiada de las empresas nacionales, en concordancia con la clasificación por sectores que utiliza tradicionalmente el Inegi, en el sentido de integrar a las empresas en los sectores comercio, industria y servicios; la segunda para acotar una atribución conferida, a nuestro parecer en exceso, a las cámaras en el sentido de tener facultades para actuar como mediadoras, “árbitros y peritos” en temas relacionados con la legislación vinculante al sector económico o empresarial; a nosotros nos parece adecuada la función de las organizaciones empresariales en calidad de mediadoras y consultoras del gobierno en los temas antes referidos, pero considerando que las decisiones fundamentales en realidad corresponden al Estado.

j) La reforma que se plantea del artículo 8 de la ley es fundamental porque tal como está actualmente, se restringe la autonomía y libertad de las cámaras a pertenecer o bien a la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo o a la Confederación de Cámaras de Industria, según el sector en que se participe. La propuesta que se presenta a consideración de esta Cámara es establecer la libre filiación de los empresarios a las cámaras y también la libre filiación de éstas a la Confederación que, de acuerdo con sus principios y preferencias, defienda mejor sus intereses. En pocas palabras: estamos deconstruyendo el corporativismo empresarial mexicano y transformándolo por un sistema más libre, competitivo y democrático.

k) La reforma que se plantea de la fracción VII del artículo 9 es una sutileza para especificar una de las atribuciones de las confederaciones empresariales, en el sentido de que estas puedan “realizar las gestiones necesarias entre la comunidad empresarial para promover la creación de cámaras empresariales” y no como actualmente se establece según el modelo corporativo, en el sentido de proponer al Estado la creación de cámaras de comercio, servicios y turismo o de industria.

l) El elemento organizativo básico de la estructura de participación empresarial, establecido en el artículo 10 de la ley, plantea una organización nacional y por circunscripción en función del sector al que pertenecen los empresarios. En nuestra propuesta se plantea una organización relativamente más libre por los empresarios, que puede ser nacional, por estados, municipios o regiones, dependiendo del interés organizacional de los empresarios con relación al objetivo de la participación en conjunto. El objetivo particular de esta reforma es facilitar la organización territorial de los empresarios. Dado que se ha eliminado la forma de organización por circunscripción para las organizaciones empresariales, introduciendo una organización territorial más flexible, el artículo 11 de la actual ley queda sobrando; por ello se plantea su derogación.

ll) En nuestra propuesta, el artículo 12 de la ley se recompone para establecer las formas básicas de configuración tanto de las cámaras como de las confederaciones empresariales: para el caso de las cámaras se plantea la modalidad cámara empresarial nacional o regional; y para el caso de las confederaciones igual, sea confederación empresarial nacional o regional. La propuesta es eficiente en el sentido de que otorga modalidades lógicas en función de los intereses de la clase empresarial, evitando las sujeciones actuales tales como las agrupaciones por circunscripción o por región sectorial, tal como se presenta actualmente. Se deroga la fracción IV de este artículo en virtud de que los requisitos sustantivos para la formación de las cámaras y confederaciones se han establecido en las fracciones precedentes.

m) Se deroga el artículo 13 en virtud de que, con la reforma, los requisitos para la constitución de una cámara ya han sido establecidos en los artículos anteriores.

n) Se reforma el artículo 14 para adecuar a nuestro esquema los requisitos para la constitución tanto de una cámara empresarial nacional, para la cual el requisito sustantivo consiste en la organización del interés organizacional por parte de por lo menos mil empresarios de 10 entidades federativas en un número de por lo menos 100 empresarios en cada una de ellas; para el caso de la constitución de una cámara empresarial regional se requiere del interés organizacional de por lo menos 500 empresarios agrupados en por lo menos tres entidades federativas, debiendo existir 100 en cada una de ellas. Desde luego, se trata de hacer menos complicados dichos requerimientos con relación a la ley actual, los cuales parece que están diseñados para hacer que sea prácticamente imposible la creación de una nueva cámara. Al ser intrascendentes a la propuesta que se presenta, se abrogan las fracciones b), c) y e) de la fracción I y los incisos a), c), e), f) y g) de la fracción II de este artículo.

o) En la reforma que se propone del artículo 15 se elimina la participación que tienen las confederaciones en el procedimiento para la creación de una cámara empresarial.

p) En el artículo 17 se propone cambiar la denominación establecida en esta ley entre comerciantes e industriales por el concepto de “empresarios nacionales” que, desde luego, es más genérico e incluyente y menos ambiguo.

q) En la reforma que se realiza al artículo 26 se recupera la definición genérica de “cámaras empresariales”, para denominar a esta tipo de representación de los empresarios y empresas nacionales, estos últimos mencionados en las reformas que se plantean a los artículos 32 y 40 de la ley.

r) El artículo 30 se reforma para introducir la obligación de que todas las empresas nacionales se registren en el SIEM; esta obligación actualmente aplica para las empresas del sector “comercio e industrial”, lo cual genera muchas ambigüedades. En sintonía con el inciso anterior, en el artículo 31 de la ley se establece que el registro de las empresas en el SIEM deberá realizarse necesariamente en las instalaciones de la Secretaría de Economía e incluso en las sedes de los estados cuando exista un convenio para dichos efectos. Como consecuencia de esta modificación, en nuestra propuesta se deroga el artículo 33 de la ley y la fracción IX del artículo 34, que establece la obligación para las cámaras de reportar sobre su actividad con relación al SIEM. En este tenor, también se deroga la fracción II del artículo 38 y la fracción IV del artículo 41, que se relaciona con el establecimiento de sanciones relacionadas con una operación insana del SIEM.

IV. Fundamento legal

La presente iniciativa tiene fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracciones XXIX, numeral 4, y XXI-E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

V. Denominación

Con proyecto de decreto por el que se adiciona al artículo 2 la fracción XIV; se reforman los artículos 1, 2, fracciones I, II, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII y XIII, 4, 5, 6, fracciones I y VII, 7, fracciones III y V, 8, 9, fracción VII, 10, 12, 14, 15, 17, 26, 29, 30, 31, fracción IV, 32, fracción I y II, 35, fracción III, 39 y 40; y se derogan los artículos 2, fracciones III, IV y VII, 6, fracciones IV, V, VI y VIII, 7, fracción IV, 11, 12, fracción IV, 13, 14, incisos b), c) y e) de la fracción I e incisos a), c) y e) a g) de la fracción II, 18, fracciones VIII y XIX, 19, fracciones III y XIII, 33, fracciones II, IV y V, 34, fracción IX, 38, fracción II, y 41, fracción IV, todos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

VI. Ordenamiento por modificar

Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

VII. Texto normativo propuesto

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional.

Tiene por objeto normar la constitución y funcionamiento de las confederaciones y cámaras empresariales del país.

(...).

Artículo 2.Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. y II. (...)

III. (Se deroga)

IV. (Se deroga)

V. Cámaras empresariales: organizaciones de representación e intermediación de los intereses de los empresarios del país;

VI. Confederación: organizaciones que aglutinan a cámaras empresariales para representar los intereses de los empresarios del país;

VII. (Se deroga)

VIII. Giro: área o sector de la economía que por sus características se integran en un solo grupo de actividad productiva, de acuerdo con la clasificación oficial de actividades productivas vigente que recomiende el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ;

IX. Ejercicio: el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año ;

X. Grupo promotor: el conjunto de comerciantes o industriales que, de acuerdo a lo que señala la presente ley, se organizan para constituir una cámara ;

XI. SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano ;

XII. Clasificador: el sistema de clasificación industrial que recomiende el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ;

XIII. Salario mínimo: el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción ;

XIV. Empresario: persona, física o moral, que es propietaria una empresa de los sectores industrial, comercial o de servicios.

Artículo 3.(...)

Artículo 4.Las cámaras y sus confederaciones son instituciones de interés público (...)

Las confederaciones están formadas por voluntad de diversas cámaras empresariales, las cuales consienten someterse a la coordinación mayor producto del criterio y voluntad de la agrupación que las concentra.

Las cámaras son organizaciones conformadas por empresarios de los sectores industrial, comercial y de servicios.

Las cámaras y sus confederaciones representan (...)

Artículo 5.Las instituciones constituidas y organizadas de acuerdo con esta ley (...)

Ninguna persona moral distinta a las señaladas en el artículo anterior podrá usar el término “cámara” o “confederación”. La institución que así lo haga será sancionada conforme a lo establecido en el artículo 39 de esta ley.

Artículo 6.La secretaría tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I. Realizar el registro de las confederaciones y cámaras empresariales;

II. y III. (...)

IV. a VI. (Se derogan)

VII. Establecer mecanismos que permitan que a las empresas con registro actualizado en el SIEM, tengan acceso a programas gubernamentales orientados al desarrollo del comercio, servicios, el turismo o la industria;

VIII. (Se deroga)

IX. a XI. (...)

Artículo 7.Las cámaras tendrán por objeto

I. y II. (...)

III. Fomentar la participación gremial de los empresarios de los sectores industrial, comercial y de servicios nacionales;

IV. (Se deroga)

V. Actuar como mediadoras y consultoras del gobierno respecto de actos relacionados con las actividades comerciales, de servicios, de turismo o industriales en términos de la legislación aplicable y la normatividad que para tal efecto se derive de esta ley;

VI. a XIV. (...)

Artículo 8.Las cámaras tienen libertad y autonomía, en el seno de sus órganos de decisión fundamental, de adherirse a la confederación que, de acuerdo con la voluntad expresada por su máximo órgano de dirección, la asamblea general, defienda sus intereses.

Artículo9. Las confederaciones tendrán por objeto:

I. a VI. (...)

VII. Realizar las gestiones necesarias entre la comunidad empresarial para promover la creación de nuevas cámaras empresariales; y

VIII. (...)

Artículo 10.Las cámaras empresariales podrán organizarse con base en estados, regiones, municipios o delegaciones políticas, para el caso del Distrito Federal.

En ellas podrán contar con las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos institucionales en los términos establecidos en el capítulo VIII del presente título en esta ley.

Las cámaras empresariales están obligadas a admitir como afiliados a todos los empresarios que lo soliciten, sin excepción, siempre y cuando cumplan con los requisitos de afiliación establecidos y se comprometan a cumplir los estatutos de la organización.

Artículo 11. (Se deroga)

Artículo 12. El registro de creación de confederaciones o cámaras empresariales podrá ser, de acuerdo con el número y la localización de sus afiliados, para constituir la modalidad de confederación empresarial nacional o confederación empresarial regional; cámara empresarial nacional o cámara empresarial regional.

La solicitud de registro para la constitución de una nueva confederación o cámara deberá derivarse de la iniciativa de un grupo promotor quien será el encargado de integrar adecuadamente el expediente y los requisitos establecidos en el artículo 14 de esta ley.

Para autorizar la creación de una cámara empresarial, la secretaría

I. Recibirá la solicitud y los anexos que le presentó el grupo promotor para la creación de la nueva organización empresarial;

II. Verificará que la solicitud del grupo promotor cumpla con los requisitos del artículo 14 de esta ley;

III. Si se cumplen los artículos 13 y 14 de esta ley, publicará el proyecto de registro para la constitución de la cámara en el Diario Oficial de la Federación; y

IV. (Se deroga)

Artículo 13. (Se deroga)

Artículo 14. Los requisitos que debe satisfacer el grupo promotor para constituir una cámara empresarial son los siguientes:

I. Para constituir una cámara empresarial nacional

a) (...)

b) (Se deroga)

c) (Se deroga)

d) Los empresarios del grupo promotor deberán estar ubicados en por lo menos diez entidades federativas en una proporción mínima en cada una de ellas de cien empresarios;

e) (Se deroga)

f) y g) (...)

II. Para constituir una cámara empresarial regional

a) (Se deroga)

b)Que la región propuesta tenga una población superior al cinco por ciento de la población total del país;

c) (Se deroga)

d)Los empresarios representados por el grupo promotor constituyan por lo menos un número de quinientos empresarios distribuidos en por lo menos tres entidades federativas en proporción de por lo menos cien en cada una de ellas;

e) a g) (Se derogan)

h) e i) (...)

Artículo 15. Para constituir una cámara empresarial deberá seguirse el procedimiento siguiente:

a) Una vez satisfechos los requisitos de los artículos 7, 9 y 14 de esta ley, la secretaría organizará la asamblea de constitución, mediante la publicación de la convocatoria correspondiente en los principales periódicos de la entidad, por tres veces consecutivas. Dicha asamblea deberá sesionar por lo menos veinte días después de la última convocatoria ante fedatario público;

b) El grupo promotor de la cámara inscribirá a los interesados en asistir a la asamblea constitutiva;

c) La asamblea será presidida por el representante que designe la secretaría hasta que sea electo el consejo directivo, el cual designará un presidente que le dé conclusión; y

d) La secretaría registrará la formación de la cámara y publicará su constitución en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 16.(...)

Artículo 17.La afiliación a las cámaras será un acto voluntario de los empresarios nacionales.

Los afiliados tendrán los siguientes derechos y obligaciones ante su cámara:

I. a VIII. (...)

Artículo 18.Las cámaras tendrán los siguientes derechos y obligaciones frente a sus confederaciones:

I. a VII. (...)

VIII. (Se deroga)

IX. a XVIII. (...)

XIX. (Se deroga)

XX. a XII. (...)

Artículo 19.Las confederaciones tendrán los siguientes derechos y obligaciones frente a las cámaras afiliadas:

I. y II. (...)

III. (Se deroga)

IV. a XII. (...)

XIII. (Se deroga)

XIV. a XVII. (...)

Artículos 20. a 25. (...)

Artículo 26.Las cámaras empresariales podrán establecer las delegaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de su objeto.

(...)

Artículo 29. El SIEM es un instrumento del Estado mexicano (...)

(...)

I. a V. (...)

El SIEM es de interés público, su coordinación y operación es competencia de la secretaría.

La secretaría podrá establecer convenios con los gobiernos estatales con la finalidad de que éstos puedan operar el registro de las empresas en el SIEM.

Artículo 30.Todas las empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios, sin excepción y obligatoriamente, deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM.

Artículo 31.El SIEM tendrá las siguientes características:

I. a III. (...)

IV. El registro se llevará a cabo en las instalaciones de la secretaría tanto si corresponde a su sede nacional y en la delegación estatal correspondiente a la región del empresario o en las instalaciones de que los gobiernos de los estados determinen cuando exista el convenio de colaboración correspondiente.

V. (...)

Artículo 32. La información que deberán proporcionar los empresarios será de dos tipos:

I. Obligatoria, toda aquella información de las empresas necesaria para fines de planeación y la aplicación correcta de los instrumentos de política del Estado para promover su desarrollo y la integración de cadenas productivas; y

II. Opcional, toda aquella información complementaria que, dentro de parámetros definidos en la operación del SIEM, decidan incorporar las empresas al sistema con el propósito de promover más ampliamente su actividad económica específica y estimular oportunidades de negocios con otras empresas del país y del extranjero.

(...)

Artículo 33.La administración del SIEM estará a cargo de la secretaría (...):

I. (...)

II. ( Se deroga)

III. (...)

IV. y V. (Se derogan)

Artículo 34. La secretaría establecerá las reglas de operación del SIEM. Estas reglas de operación deberán considerar por lo menos los siguientes aspectos:

I. a VIII. (...)

IX. (Se deroga)

X. y XI. (...)

Artículo 35.Las cámaras se disolverán

I. y II. (...)

III. En caso de que la secretaría emita resolución que revoque su registro, por las causas previstas en esta ley.

Artículos 36. y 37. (...)

Artículo 38.La secretaría sancionará con multa de dos mil a tres mil salarios mínimos a las cámaras o confederaciones que incurran en las conductas siguientes:

I. (...)

II. (Se deroga)

III. (...)

Artículo 39.La secretaría sancionará con multa de dos mil a tres mil salarios mínimos a quienes utilicen o incorporen en su denominación o razón social los términos “cámara” o “confederación”, seguidos de los vocablos que hagan referencia a la región a que pertenecen, en forma contraria a la prevista por el artículo 5, salvo cuando otras leyes prevean específicamente el uso de dichas denominaciones.

(...)

Artículo 40. La secretaría sancionará con multa de doscientos a seiscientos salarios mínimos, según la capacidad económica del infractor, a aquellos empresarios que incurran en las conductas siguientes:

I. a III. (...)

Artículo 41.La secretaría solicitará a la asamblea general que, conforme a sus estatutos, tome los acuerdos necesarios para corregir cualquiera de las condiciones de los integrantes del consejo directivo y demás directivos de una cámara o confederación, cuando éstos

I. a III. (...); o

IV. (Se deroga)

Artículos 42. a 45. (...)

VIII. Artículos transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las cámaras y confederaciones que se hayan constituido previas a la vigencia de este decreto continuarán operando en los términos en que hayan sido inicialmente autorizadas.

Tercero. La secretaría deberá establecer las medidas necesarias para que el SIEM pueda operar de acuerdo con lo establecido en esta ley; para realizar las modificaciones correspondientes se le otorga un plazo de seis meses, contados a partir de entada en vigor de la presente ley.

IX. Lugar

México, Distrito Federal.

X. Fecha

11 de diciembre de 2012.

XI. Nombre y rúbrica del iniciador

Diputados: Carlos Augusto Morales López, Verónica Beatriz Juárez Piña,  (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.



CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados, hago uso de esta tribuna para presentar ante ustedes un proyecto que adiciona el inciso h) a la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación para establecer como delito de evasión fiscal la deducción de recursos provenientes de aportaciones filantrópicas de terceros.

Actualmente la legislación fiscal mexicana permite que las organizaciones civiles recauden recursos de terceros para que éstos sean donados a nobles causas. Ejemplo de ello son las iniciativas como un Kilo de Ayuda, el Redondeo y el conocido evento Teletón. A través de ello los medios de comunicación convocan a la ciudadanía, en general, a donar dinero por diferentes vías.

En los últimos años, distintos académicos han advertido elementos perniciosos de este tipo de recaudación de recursos públicos.

El presente planteamiento de ninguna manera pretende afectar a las organizaciones de la sociedad civil que contribuyen responsablemente con el quehacer del gobierno para la atención de grupos y sectores vulnerables, pero debemos buscar sancionar y frenar a quienes hacen de la generosidad un acto de negocio.

Es decir, no se persiguen de ninguna manera las prácticas altruistas o filantrópicas de las empresas mexicanas, sino por el contrario, el planteamiento pretende promover dicha práctica de manera real; es decir, con compromiso social no simulado.

El Código Fiscal Federal establece, en su artículo 108, que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

Proponemos adicionar, para su sanción, un apartado que considere que aquellas personas físicas o morales que recauden recursos económicos de terceros y que pretendan presentar dichas donaciones de esos recursos públicos como propias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que sean deducidos de sus obligaciones fiscales, sean sancionadas.

Se pretende con ello preservar la naturaleza de las contribuciones que integran el conjunto de la hacienda pública, pues el impuesto sobre la renta busca gravar la riqueza de los mexicanos, y al pagarse los impuestos propios con dinero ajeno las empresas dejan de cumplir equitativa y proporcionalmente con lo que obliga el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tanto, proponemos adicionar el inciso h) a la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación para establecer como delito de defraudación fiscal la deducción de recursos provenientes y de aportaciones filantrópicas de terceros. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Rodrigo Chávez Contreras, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se que adiciona el inciso h) a la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación para establecer como delito de defraudación fiscal la deducción de recursos provenientes de aportaciones filantrópicas de terceros al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Se propone que cualquier cooperación ciudadana recaudada por empresas para efectos altruistas, filantrópicos, no se pueda acreditar por ninguna persona física o moral para deducir impuestos. Se plantea convertir dicha conducta en delito fiscal.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

l. Antecedentes

Desde hace 16 años se lleva a cabo en México el Teletón, evento a través del cual medios de comunicación convocan a la ciudadanía en general a donar dinero por diferentes vías para la construcción de Centros de Rehabilitación Infantil.

A lo largo de estos años, distintos académicos han advertido elementos perniciosos de este tipo de recaudación de recursos del público. Dos destacadamente: 1) que se deducen impuestos con recursos provenientes de terceros a los que ni siquiera se informa de ello, y 2) su aplicación es oscura aun tratándose de recursos fiscales, pues una parte importante de los donativos proviene de gobiernos municipales, estatales e incluso federal, y la totalidad, al convertirse en deducción de impuestos se transforman en recursos fiscales de cualquier forma, de los cuales no existen reglas para rendir cuentas transparentemente.

Andrés Valdez Zepeda y Delia A. Huerta Franco, –académicos de la Universidad de Guadalajara– advertían, por ejemplo, desde 2006, de “la farsa del Teletón”:

El Teletón-México llega a su décima edición este mes, como parte de las actividades “altruistas” en la que participan, entre otras, distintas empresas de la comunicación, personajes del espectáculo y connotados políticos. Creado formalmente con el propósito central de recolectar fondos económicos para construir y financiar los centros de rehabilitación infantil (CRIT) y asistir a los niños con “capacidades diferentes”, ayudándolos a su rehabilitación, el Teletón ha sido utilizado para hacer negocio. Lucra con el dolor y las desdichas de los menores discapacitados y con la buena fe y los sentimientos de los mexicanos.

Lo que se presenta en los medios como acto filantrópico altamente humanitario, esconde diferentes intereses perniciosos y despropósitos, en los que el lucro y el beneficio mercantil se imponen sobre otro tipo de consideraciones.

Las empresas que aportan al “fondo Teletón” tienen la posibilidad de deducir de sus impuestos lo que están obligados a pagar por ley; finalmente es el fisco el que lo está subsidiando. En algunos casos, las empresas que aparecen como donadoras obligan a sus altos y mandos medios a aportar dinero para el Teletón. Sin embargo, al poderlo deducir, las empresas “altruistas” se apropian de un recurso económico que es de sus trabajadores, haciendo así un doble negocio. Esto es, quien aporta una parte importante de la donación son los gerentes y directores de las empresas, pero al ser deducido fiscalmente por parte de la empresa, éstas obtienen un beneficio económico a partir de la cuota que aportaron sus trabajadores.

Al aparecer, de cara a la nación a través de los medios, como donantes para una causa humanitaria, las empresas obtienen, además, beneficios intangibles como lo es la mejora de su imagen, visibilidad social, un alto posicionamiento, credibilidad y, sobre todo, más rating, lo que se traduce en mayores ventas. Los medios, además, cobran la publicidad asociada al Teletón: nada es gratuito.

Una vez terminada la fiesta mediática de diciembre, las empresas participantes que ya han materializado el beneficio económico y logrado su intencionalidad comercial, se desatienden y abandonan a su suerte a los CRIT, cuyos directivos tienen que acudir a los apoyos gubernamentales para poder subsistir y así ofrecer los servicios de rehabilitación para los miles de niños solicitantes. De hecho, una institución de origen privado como la Fundación Teletón, que está detrás de este proyecto altruista, y los propios directivos de los CRIT, realizan diferentes presiones, perdón gestiones, para que los gobiernos en turno, sean federal, estatal o municipal, colaboren en el sostenimiento presupuestal de dichos centros.

En algunos casos, la carga presupuestal para las finanzas públicas es considerable. Por ejemplo, en 2003 la aportación del gobierno del estado de México fue de 30 millones de pesos, el de Coahuila de 20 millones, el de Guanajuato de 20 millones, el de Oaxaca 8 y el de Aguascalientes 6 millones de pesos. A decir del titular de Consejo Local Benefactor del CRIT Occidente, Ignacio González López, para 2006 los gobiernos estatales de Coahuila, Hidalgo y Chihuahua aportaron cada uno 28 millones y medio de pesos. A esto hay que agregar donaciones de los gobiernos municipales y del gobierno federal.

En el caso del CRIT de Occidente, en Jalisco, el gobierno del estado apoyó en 2006 con un monto de 3.12 millones de pesos, el ayuntamiento de Guadalajara con diez millones, el municipio de Zapopan con tres millones, el gobierno de Tlajomulco con 700 mil pesos y el ayuntamiento de Tlaquepaque con 500 mil pesos. A esto hay que sumar los apoyos de los gobiernos de los estados que están ubicados en la región occidente, pues este CRIT atiende no sólo a los niños de Jalisco, sino de los estados circunvecinos.

Somos los ciudadanos, con nuestros impuestos, quienes estamos aportando una parte importante del financiamiento de los CRIT, ya sea mediante la deducción de impuestos de las empresas o por subsidios directos vía donación por parte de los gobiernos, amén de las verdaderas donaciones que hacen particulares y que no las deducen de los impuestos.

Lo que aparece en los medios como un evento altruista propiamente empresarial disfraza una triste realidad: la sociedad es la que financia el Teletón, pero el beneficio principal lo reciben las empresas, como es el caso de Televisa. En este sentido, no es descabellado pensar, y deducir que lo que en realidad está pasando es que estas compañías multimillonarias se benefician con los impuestos de los mexicanos, “haciendo su agosto” en diciembre, convirtiendo al Teletón en un verdadero negoción: un negocio redondo.

De manera más coloquial, aunque menos precisos, sitios de Internet han advertido también de estos elementos perniciosos del Teletón, denominándolo incluso “fraude”:

Desde hace algunos años, (diez para ser exactos) el monstruo de la desinformación: Televisa, a través de su Fundación, se ha encargado de realizar distintas acciones de supuesta “asistencia social”, como el programa de donación de computadoras, de trasplantes de córneas y su proyecto más fuerte y redituable económicamente y que ha encabezado su “altruismo” empresarial, nos referimos al Teletón.

Pero, para ponernos en ambiente, y si entre los lectores de estas líneas hay alguno que ignora el tema que se está tocando, intentaremos recrear las características más sobresalientes del Teletón: sin hacer mucho esfuerzo, imaginen un bombardeo de anuncios viscerales que explotan las discapacidades físicas de cientos de niños como si éstos fuesen objeto de exhibición (claro, esto sin la finalidad de crear conciencia alguna acerca de- una. cultura de inclusión, no discriminación, etcétera.) haciéndote sentir mal porque tú que eres “afortunado” al poder tener un trabajo donde te pagan un salario mínimo para medio comer, porque siendo afortunado con un seguro social y una casa (rentada, prestada, de cartón o de las que le compras con un crédito que pagarás durante toda tu vida), o tienes el ¡privilegio! de ir a la escuela, o no teniendo nada de esto “no donas dinero a esos niños”. No obstante eso, dos días enteros de transmisión ininterrumpida por donde circulan “comunicadores”, actores y actrices, cantantes, políticos, empresarios, etcétera, que lloran a moco tendido “conmovidos” con los temas que al mero estilo de Mujer casos de la vida real (especialidad de la empresa), vuelven a mostrar y exhibir a manera lastimera a personas con alguna enfermedad o que en algún momento de su vida sufrieron un evento inesperado.

Todo eso para vender la idea de que con el dinero que se junte, se construirán hospitales y centros de rehabilitación donde se atenderá a toda esa gente (que de hecho deben ser construidos por el Gobierno con, el dinero que pagamos miles y miles de personas de impuestos).

Pero si son taaaan buenos loa señores televisos que idearon este mesiánico acto ¿por qué  no hacen éstas obras (de las “benéficas”, no de teatro,) sin pedirle un peso a la gente? Obvio, pues porque ¡no sería negocio para ellos!

Sucede que, de acuerdo al segundo párrafo de artículo 31 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que “asimismo, se considerarán deducibles los donativos que se otorguen a asociaciones, instituciones u organizaciones que destinen la totalidad de los donativos recibidos y, en su caso, sus rendimientos, para obras o servicios públicos que efectúen o deban efectuar la federación, estados, Distrito Federal o municipios. Esto significa que, cuando se hace una donación a una institución que otorgue, sin fines de lucro, un servicio que debe otorgar el Estado, la persona que realizó la donación puede decirle a hacienda que no le cobre los impuestos equivalentes a la cantidad que dio, pues ya hizo una “buena obra”.

El truco que utiliza Televisa es el siguiente:

Televisa, como cualquier empresa debe pagar impuestos, por ejemplo 1 mil pesos.

Pero, como su negocio es obtener más ganancias y menos pérdidas, el pagar esos 1 mil pesos no le conviene, así que crea una institución “aparte”:

Fundación Teletón, la cual se dedica a hacer hospitales y dar atención médica (obligación del Estado).

Cada año y antes de ser la fecha en que se pague a Hacienda, ésta fundación, transmite (con patrocinio de su mamá Televisa) dos días enteros llamando a la gente para que done dinero a su “causa”, y fija una cantidad como meta que se debe alcanzar, por ejemplo 1 mil 500 pesos.

La gente como tú, tus amigos, vecinos y familiares, por actuar de buena fe, caen en la trampa de Televisa, hacen coperacha y donan 10 pesos y así mucha gente. No les dan recibo para que Hacienda les descuente esos 10 pesos de lo que pagan de impuestos, o dándoselos, no lo hacen valer pues es un proceso laaargo y engorroso para ser sólo 10 pesos; o bien, donas un peso en los botes (en los que se depositan cantidades inciertas por las cuales no te dan un comprobante, o sea, de ahí nadie te asegura que todo el dinero recolectado se vaya a la “institución de asistencia” y no porque se quede con la gente que está en el metro boteando, sino que al sumar lo de todos los botes no se dice en la tele la cantidad real que se recolectó).

Al final del segundo día, resulta que el dinero que donaron cientos de personas como tú, tu familia, vecinos, etcétera. Supera la meta de 1 mil 500 pesos que se había fijado al principio, y resulta que se juntan 1 mil 900 pesos.

Entonces es cuando lo que no se ve en televisión se traduce en ganancias efectivas para Televisa:

Los 1 mil 900 pesos que se juntaron (con las aportaciones de mucha gente), Televisa las acumula y en lugar de entregar miles de donativos por cada persona a Fundación Teletón, hace una sola aportación a su nombre (Televisa), por ella la Fundación le expide un recibo deducible de impuestos (algo así como un cupón de descuento).

De ésta forma, Televisa al momento en que Hacienda le cobra, ella muestra el recibo del Teletón, por lo que la SHCP ya no le cobra (pues supuestamente lo pagó al hacer la donación); pero no sólo eso, como el recibo era por 1 mil 900 pesos y Televisa sólo debía 1 mil pesos, Hacienda deberá ¡Regresarle! a Televisa 900 pesos en efectivo, mismos que Televisa no regresará a las personas que realmente doñaron ese dinero ¿Ven el negocio?, esa es la verdadera finalidad del Teletón, ser un medio para que Televisa evada impuestos, y los pague la gente a la que enajena diariamente con basura televisiva.

En realidad, el verdadero problema radica en que miles de personas colaboran con 20, 50 o 100 pesos, los cuales también son deducibles de impuestos, aunque a la gente que dona estas cantidades, o entrega en las alcancías de la calle, no se le da recibo para que los deduzca de sus impuestos personales. Pero no es sólo eso. Por los montos que aportan las grandes empresas “en nombre de sus empleados”, que colectan entre los mismos para una causa “altruista”, ellas obtienen un recibo deducible de impuestos, pero a nombre de la empresa, no de cada empleado, con lo que ésta también puede deducir esa cantidad de los impuestos que debe pagar.

De esta forma, todo lo que se dona al Teletón es dinero que el gobierno deja de recibir por concepto de impuestos, y que se debían destinar a obras y servicios al pueblo, enriqueciendo más a los ya de por sí millonarios dueños de Televisa y a los empresarios que le hacen coro y obtienen publicidad gratuita y reconocimientos por su “altruismo”, que pagan sus empleados.

Éste es un motivo por el que no alcanza el presupuesto para educación o salud, por mencionar algunos, misma razón por la que hay pocos mexicanos que ganan más de un millón de pesos por día y mexicanos que apenas sobreviven con menos de un dólar al día o si bien nos va con un salario mínimo, que no alcanza para nada, y además pagando impuestos (que nos descuentan en automático o indirectamente).

Si bien existe una página del Teletón supuestamente dedicada a su transparencia, mantiene intactos los cuestionamientos anteriores.

Por otro lado, cabe advertir que las cantidades que recauda el Teletón son bastante significativas como poner la atención debida respecto de su impacto en el fisco.

Tan sólo este año este sábado se informó que el Teletón 2012 logró alcanzar superar su meta al recaudar 472 millones 556 mil 170 pesos. Justo este año que ha estado informándose de las enormes cantidades con que se han endeudado los estados y municipios del país, volvieron éstos a destacarse en sus donativos: el estado de Michoacán donó 27 millones de pesos y el estado de Coahuila la misma cantidad.

De acuerdo con la revista Emeequis los estados han donado más de 1 mil 800 millones de pesos al Teletón:

Finalmente, en la legislación vigente es el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta el que determina los requisitos para la deducción de dicha contribución federal mediante donativos:

Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:

a) ...

b) A las entidades a las que se refiere el artículo 96 de esta ley.

Artículo 96. Las fundaciones, patronatos y demás entidades cuyo propósito sea apoyar económicamente las actividades de personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta Ley, podrán obtener donativos deducibles, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

I. Destinen la totalidad de sus ingresos a los fines para los que fueron creadas.

II. Al momento de su liquidación destinen la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles.

III. Los establecidos en el artículo 97 de esta Ley, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo.

Los requisitos a los que se refieren las fracciones I y II de este artículo, deberán constar en la escritura constitutiva de la persona moral de que se trate con el carácter de irrevocable.

c) A las personas morales a que se refieren los artículos 95, fracción XIX y 97 de esta Ley.

Artículo 95. Para los efectos de esta Ley, se consideran personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de la misma, las siguientes:

...

XIX. Las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para la realización de actividades de investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de las áreas geográficas definidas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, así como aquellas que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para promover entre la población la prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Dichas sociedades o asociaciones, deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 97 de esta Ley, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo artículo, para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos en los términos de la misma Ley.

Artículo 97. Las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones VI, X, XI y XII del artículo 95 de esta Ley, deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducible s en los términos de esta ley.

1. Que se constituyan y funcionen exclusivamente como entidades que se dediquen a cualquiera de los fines a que se refieren las fracciones VI, X, XI y XII del artículo 95 de esta Ley y que, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, una parte sustancial de sus ingresos la reciban de fondos proporcionados por la Federación, Estados o Municipios, de donativos o de aquellos ingresos derivados de la realización de su objeto social.

Tratándose de aquellas entidades a cuyo favor se emita una autorización para recibir donativos deducibles en el extranjero conforme a los tratados internacionales, además de cumplir con lo anterior, no podrán recibir ingresos en cantidades excesivas por concepto de arrendamiento, intereses, dividendos o regalías o por actividades no relacionadas con su objeto social.

II. Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social, sin que puedan intervenir en campañas políticas o involucrarse en actividades de propaganda o  destinadas a influir en la legislación. No se considera que influye en la legislación la publicación de un análisis o de una investigación que no tenga carácter proselitista o la asistencia técnica a un órgano gubernamental que lo hubiere solicitado por escrito.

III. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de alguna de las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos.

IV. Que al momento de su liquidación y con motivo de la misma, destinen la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles.

V. Mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir donativos, al uso y destino que se haya dado a los donativos recibidos, así como al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por el plazo y en los términos que mediante reglas de carácter general fije el Servicio de Administración Tributaria.

VI. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de los donativos recibidos en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a cien mil pesos.

La información a que se refiere esta fracción estará a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del segundo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

VII. Informar a las autoridades fiscales, en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, de las operaciones que celebren con partes relacionadas y de los servicios que reciban o de los bienes que adquieran, de personas que les hayan otorgado donativos deducibles en los términos de esta Ley.

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI y XX del artículo 95 de esta Ley y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 97 de la misma Ley, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo artículo.

Artículo 95. Para los efectos de esta Ley, se consideran personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de la misma, las siguientes:

...

VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta Ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades:

a) La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda.

b) La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados.

c) La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de los menores, así como para la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas.

d) La rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes.

e) La ayuda para servicios funerarios.

f) Orientación social, educación o capacitación para el trabajo.

g) La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad.

h) Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.

...

X. Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley, cuyo objeto sea la enseñanza.

XI. Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas.

...

XX. Las asociaciones y sociedades civiles, sin fines de lucro, comprueben que se dedican exclusivamente a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat, siempre que además de cumplir con las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, se obtenga opinión previa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dichas asociaciones y sociedades, deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 97 de esta Ley, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo artículo.

e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con los requisitos del artículo 98 de esta Ley.

Artículo 98. Las asociaciones o sociedades civiles, que se constituyan con el propósito de otorgar becas podrán obtener autorización para recibir donativos deducibles, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

I. Que las becas se otorguen para realizar estudios en instituciones de enseñanza que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación o, cuando se trate de instituciones del extranjero éstas, estén reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

II. Que las becas se otorguen mediante concurso abierto al público en general y su asignación se base en datos objetivos relacionados con la capacidad académica del candidato.

f) A programas de escuela empresa

...

IX. Tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes a que se refieren el Capítulo VII de este Título, así como de aquéllos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la fracción I del artículo 18 de esta Ley y de los donativos, éstos sólo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. Sólo se entenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en pro curación. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones.

Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en la documentación comprobatoria que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses.

II. La presente iniciativa

En los análisis citados en el apartado anterior se pueden advertir, con los elementos perniciosos en la presente iniciativa mencionados en un inicio, los siguientes vicios:

1. La deducción de impuestos con recursos provenientes de terceros a los que ni siquiera se informa de ello;

2. La aplicación de recursos fiscales sin transparencia, pues una parte importante de los donativos proviene de gobiernos municipales, estatales e incluso federal, y la totalidad, al convertirse en deducción de impuestos se transforman en recursos fiscales de cualquier forma;

3. La devolución de recursos deducidos, cuando la recaudación al público supera la obligación fiscal de la o las empresas que cubren créditos fiscales.

4. La suspensión del cumplimiento de obligaciones sociales de los gobiernos donantes hacia los niños con discapacidad que puede estar sucediendo cuando consideran que se cumple con la donación al Teletón.

5. La manipulación por parte de los medios de comunicación respecto de la compasión y solidaridad que se puede sentir hacia los niños con capacidades diferentes, en sustitución de la promoción permanente de una cultura de respeto y no discriminación hacia éste o cualquier otro sector social entre los que culturalmente no se ha erradicado.

Por estos vicios del Teletón o cualquier otro tipo de recaudación de recursos similar, en la presente iniciativa se busca evitar que las personas físicas o morales puedan deducir impuestos, fundamentalmente el impuesto sobre la renta, que es la principal fuente de ingresos de la hacienda pública mexicana, con recursos provenientes de la recaudación directa de la ciudadanía en general.

Se pretende con ello preservar la naturaleza de las contribuciones que integran el conjunto de la hacienda pública, pues el impuesto sobre la renta busca gravar la riqueza de los mexicanos, y al pagarse con dinero ajeno al propio, las empresas dejan de cumplir equitativa y proporcionalmente, como obliga el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la obligación fiscal mencionada.

Cabe aclarar que no se persigue de ninguna manera acabar con las prácticas altruista s o filantrópicas de las empresas mexicanas, sino, por el contrario, promover dicha práctica de manera real, es decir, con un compromiso social no simulado, que sucede cuando las empresas o los ciudadanos mismos donan dinero propio para causas humanitarias.

Concretamente, se propone añadir un octavo supuesto al delito de defraudación fiscal establecido en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que actualmente se sanciona con las penas siguientes:

I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1 millón 369 mil 930 pesos.

Il. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de 1 millón 369 mil 930 pesos pero no de 2 millones 54 mil 890 pesos.

III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 2 millones 54 mil 890 pesos.

Con base en los anteriores antecedentes y consideraciones, someto ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se que adiciona el inciso h) a la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación para establecer como delito de defraudación fiscal la deducción de recursos provenientes de aportaciones filantrópicas de terceros

Artículo Único. Se adiciona el inciso h) en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 108. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

...

...

...

I. a III. ...

a) a g) ...

h)Informar como recursos donados a instituciones establecidas en el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta montos recaudados por medio de invitación pública para fines filantrópicos o altruistas, con la finalidad de que le sean deducidos a la persona física o moral obligada.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Valdez Zepeda, Andrés, y Huerta Franco, Delia A., “La farsa del Teletón”, revista Etcétera, 1 de diciembre de 2006. Disponible en Intenet:http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=354.

2 Ésta es una responsabilidad social que le corresponde al Estado resolver pero que históricamente ha sido desatendida. Los niños discapacitados requieren el apoyo incondicional y el Estado tiene que proporcionárselos. Ellos no son responsables de tal negligencia, ni mucho menos del uso mercantil que se hace del Teletón.

3 Al tratar de explicar el porqué de la decisión del gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de reducir de cinco a 3.12 millones de pesos la aportación que se hacía desde las arcas estatales entre los años 2005 y 2006, el titular del Consejo Local Benefactor del CRIT Occidente señaló: “Yo creo que (la reducción de apoyos) puede ser por alguna diferencia con algunos de los medios de comunicación que apoyan al Teletón o porque se ha dicho y se ha evidenciado que es el gobierno que menos apoya al CRIT. Además él a mí me prometió que nos iba a apoyar”, citado en Héctor Padilla, “Disminuye Paco el apoyo al CRIT”, Mural, Guadalajara, 16 de noviembre de 2006.

4 Mural, Guadalajara, 12 de noviembre de 2003.

5 Véase Héctor Padilla, obra citada.

6 Ídem.

7 http://teleton.org/sites/default/files/transparencia teleton.pdf

8 “Vallejo saca los ahorros del gobierno y regala 27 MDP al Teletón”, revista Proceso, 8 de diciembre de 2012, México. Disponible en Internet: http://www.proceso.com.mx/?p=327366.

9 Cabrera, Rafael, “Los 10 gobiernos estatales que más han donado recursos públicos al Teletón”, revista Emeequis, a de diciembre de 2012, México. Disponible en Internet: http://www.m-x.com.mx/2012-12-08/los-10- gobiernos-estatales- que-mas-han-donado-recursos-publicos-al-teleton.

10 “Megadeuda no detiene al gobernador de Coahuila: dona 27 MDP al Teletón”, revista Proceso, 8 de diciembre de 2012, México. Disponible en Internet: http://www.proceso.com.mx/?p=327386.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de diciembre de 2012.— Diputado Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Irazema González Martínez Olivares: Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. El día de hoy voy a hablar del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el asunto que nos compete es que muchos de nosotros, antes de ser diputados, intentamos venir aquí al Palacio Legislativo y en la mayoría de los casos no nos dejaban entrar.

Les quiero compartir que en repetidas ocasiones intenté entrar a la Casa del Pueblo a dejar un oficio a mi diputado o a la comisión que me interesaba en ese momento entablar una comunicación; en base a eso, la iniciativa que les presento es que haya una oficina en la parte exterior de la Cámara de Diputados.

Creo que eso puede desahogar inclusive las manifestaciones, inclusive los abuelitos que a veces vemos a la entrada de la puerta 4, en donde nadie los atiende, siendo que ésta es la Casa del Pueblo; entonces, básicamente esa es la propuesta.

Se los fundamento de la siguiente manera. El Comité de Información, Gestoría y Quejas contará con oficinas y módulos de atención distribuidos en zonas estratégicas en los límites exteriores de las instalaciones de la Cámara de Diputados, con la finalidad de dar atención a la ciudadanía de manera pronta y expedita, en virtud de que con lo anterior la población mexicana tendría un acceso de comunicación más directo con sus legisladores, además de que facilitaría a los ciudadanos el acercamiento con esta soberanía.

Aunado a lo anterior, el Comité de Información, Gestoría y Quejas debe tener como objetivo fundamental brindar un trato personalizado a los visitantes del Congreso de la Unión, así como ofrecerles información respecto a los eventos que se realizarán, con la finalidad de establecer un vínculo incluyente entre la ciudadanía y los trabajos legislativos.

Creo que esta Legislatura está haciendo historia, no solamente por todas las reformas que hemos estado discutiendo, sino también ésta es una manera de hacer la historia, es una manera en que podemos acercar a la ciudadanía a los servicios de la Cámara de Diputados y estar permanentemente en contacto con la gente que nos quiera hacer llegar una carta, un oficio, una petición o un señalamiento.

De esta forma y bajo esta argumentación, se establecería un verdadero órgano de enlace entre el Poder Legislativo y la población, que sea coherente con las aspiraciones de la representatividad y la gestión comunitaria. Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno el siguiente

Artículo único del decreto. Se adicionan dos párrafos al numeral 2 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso Genera de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 46.

1. Los comités son órganos para auxiliar en actividades de la Cámara que se constituyen por disposición del pleno, para realizar tareas diferentes a las de las comisiones. Tendrán la duración que señale el acuerdo de su creación.

2. Para la orientación informativa, sí como para el conocimiento y atención de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara o a sus órganos, se formará el Comité de Información, Gestoría y Quejas.

El Comité de Información, Gestoría y Quejas se regirá bajo los principios de gratuidad, inmediatez y equidad, además de contar con espacios de atención ubicados estratégicamente en los límites exteriores de las instalaciones de la Cámara de Diputados, para el cumplimiento de sus funciones.

Corresponde a la Junta de Coordinación Política establecer las políticas y disposiciones reglamentarias para el desarrollo de las tareas de vinculación ciudadana.

También antes había una manera en que podías conectarte a través de Internet con tus legisladores; entonces, por supuesto, la finalidad de esta iniciativa —y ojalá me acompañen a proponerla y a promoverla y a que se lleve a cabo— es que funjamos verdaderamente como representantes de la población y tengamos una comunicación directa.

Muchas veces lo único que quieren personas que llegan de todo el país a buscarnos es poder entregar su oficio de petición. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Ojalá se tome en cuenta esta iniciativa.

«Iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Irazema González Martínez Olivares, diputada federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ,6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al numeral 2 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Planteamiento del problema

Exposición de Motivos

En la función legislativa es de gran trascendencia la obligación de escuchar y gestionar las necesidades de los ciudadanos, esto es parte de la democracia representativa.

El contacto con la ciudadanía es primordial para los legisladores, en virtud de con esto se fomentan un mecanismo de integración entre representantes y representados con la finalidad de compartir inquietudes y transformar instrumentos legales para lograr el bienestar social, la justicia y la equidad.

Todo principio ideológico de democracia recae en el esquema del poder del pueblo. Por tanto el Poder Legislativo debe contar con herramientas que ayuden la comunicación y participación incluyente con los ciudadanos.

Argumentación

En este tenor, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos cuenta con un Comité de Información, Gestoría y Quejas encargado de dar seguimiento a las peticiones y/o quejas formuladas por ciudadanos.

Asimismo en anteriores legislaturas contó herramientas de solicitud vía internet para acceso a la información y atención a peticiones, pero todo esto no es suficiente, tomando en consideración que no toda la población mexicana tiene accesos a medios tecnológicos para realizar, por esa vía, esta interacción con sus representantes.

Si tomamos en cuenta que el Comité de Información, Gestoría y Quejas es un órgano auxiliar de esta soberanía creado bajo el argumento de dar atención a las peticiones que formulen los ciudadanos ante esta Cámara de Diputados, al mismo tiempo, propicia el diálogo entre la ciudadanía y las diversas instancias del Estado mexicano.

Lo anterior, con el compromiso de que las acciones entre los diferentes órganos de gobierno y la ciudadanía se realicen con equidad, legalidad y transparencia, buscando además la agilización de trámites entre las dependencias gubernamentales y las personas que acuden como peticionarios.

Por lo tanto debe buscarse fortalecer al Comité de Información, Gestoría y Quejas con mecanismos de interacción directa con la ciudadanía donde prevalezca una comunicación fácil, rápida y prioritaria.

En consecuencia me permito someter a esta soberanía adicionar dos párrafos al numeral 2 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de fortalecer nuestra función de gestores y participes de la vida pública nacional.

El Comité de Información, Gestoría y Quejas contará con oficinas y/o módulos de atención distribuidos en zonas estratégicas en los límites exteriores de las instalaciones de la Cámara de Diputados con la finalidad de dar atención a la ciudadanía de manera pronta y expedita.

En virtud de que con lo anterior la población mexicana tendría un acceso de comunicación más directo con sus legisladores. Además de que se facilitaría a los ciudadanos el acercamiento con esta soberanía.

Aunado a lo anterior el Comité de Información, Gestoría y Quejas debe tener como objetivo fundamental brindar un trato personalizado a los visitantes del Congreso de la Unión, así como ofrecerles información respecto a los eventos que se realizarán con la finalidad de establecer un vinculo incluyente entre la ciudadanía y los trabajos legislativos, de igual manera deberá informar la ubicación de las oficinas y edificios en donde se encuentran los respectivos diputados.

De esta forma y bajo esta argumentación se establecería un verdadero órgano de enlace entre el Poder Legislativo y la población que sea coherente con las aspiraciones de la representatividad y la gestión comunitaria.

Por lo antes expuesto sometemos a consideración de este pleno el siguiente

Decreto

Artículo Único. Se adicionan dos párrafos al numeral 2 del  artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 46.

1. Los comités son órganos para auxiliar en actividades de la Cámara.

2.Para la orientación informativa, así como para el conocimiento.

El Comité de Información, Gestoría y Quejas se regirá bajo los principios de gratuidad, inmediatez y equidad además de contar con espacios de atención ubicados estratégicamente en los límites exteriores de las instalaciones de la Cámara de Diputados para el cumplimiento de sus funciones.

Corresponde a la Junta de Coordinación Política establecer las políticas y disposiciones reglamentarias para el desarrollo de las tareas de vinculación ciudadana.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a diecinueve de noviembre de 2012.— Diputada Irazema González Martínez Olivares (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.



LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputada presidenta. Señoras y señores legisladores, una realidad inherente y contundente que compartimos como seres humanos es llegar a ser adultos mayores. Es importante destacar que actualmente este sector representa el 9 por ciento de nuestra población.

Con la presente iniciativa de reformar los artículos 5, 9 y 10 de la ley citada, para que a las personas adultas se les garantice, en orden de prelación, de manera subsidiaria, el acceso a la administración y procuración de justicia, recibir información nutricional y la alimentación complementaria, a recibir apoyo directo por las autoridades laborales en caso de controversia por sus servicios prestados.

Se impone la obligación de la autoridad para que investigue cuáles son las causas y los efectos de los maltratos que sufren las personas adultas mayores, para la implementación de políticas públicas que conlleven al bienestar social de este sector de la población, en condiciones de vulnerabilidad.

El marco jurídico nacional e internacional protege a los adultos mayores y ha tenido cambios que lo han mejorado. Por ejemplo, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue publicada el 25 de junio de 2002; en ese sentido, la reforma constitucional sobre derechos humanos del año 2011, representa un avance significativo al elevar a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de acuerdo al artículo 133 de nuestra Carta Magna.

La citada reforma tuvo como objeto principal expandir los derechos de los individuos, así como fortalecer la protección de los mismos. De ahí se origina la presente expresión legislativa que persigue finalidades trascendentes, como son, armonizar en lo conducente el texto constitucional con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la pretensión de obligar a las autoridades civiles, administrativas, penales y/o laborales a su cumplimiento, tal y como lo instruye el Apartado B del artículo 102 constitucional.

Derivado de lo anterior, se advierte el imperativo para que los distintos órganos de gobierno le den cumplimiento a esos derechos que se encuentran insertos en la parte dogmática de nuestra Constitución general.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tenemos el firme compromiso de implementar políticas públicas efectivas, que garanticen el acceso oportuno a los servicios de salud, a un empleo digno y en general, a condiciones dignas para los adultos mayores de nuestra nación. Es largo el camino por recorrer para que eliminemos definitivamente la marginación laboral, familiar, política y social, así como la constante discriminación, maltrato físico y emocional que con frecuencia viven nuestros adultos mayores.

En este proyecto proponemos modificaciones que consideramos necesarias para que se precisen conceptos muy importantes, como lo que se debe entender por alimentos; igualmente, se plantea una definición de lo que atañe concebir como maltrato. Nociones que no deben prestarse a equívocos o interpretaciones sesgadas.

Nueva Alianza tiene como principio proponer proyectos que redunden en beneficio de la sociedad, particularmente estamos comprometidos con las causas de los sectores de la sociedad en condiciones de mayor vulnerabilidad. Ésa es nuestra responsabilidad y la asumimos con seriedad y vocación de servicio.

Con base en lo expuesto, sometemos a esta soberanía el presente proyecto de decreto que busca imprimirle claridad a la ley, en virtud de que en los términos en que se encuentra se presta a confusión por lo ambiguo de su diseño. Consideramos que esta propuesta es objetiva, puntual y oportuna.

Señoras y señores legisladores, desde esta soberanía impulsemos soluciones que incluyan a todos los mexicanos y a todas las mexicanas. Muchas gracias. Gracias, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

En la década de los sesenta se reconocía el abandono y abuso infantil. Para los setenta surgió el fenómeno del maltrato conyugal, pero a lo largo de los últimos 20 años se comenzó a tratar el tema de los malos tratos y el abandono en que se encuentran las personas de la tercera edad, también denominados adultos en plenitud, reconociendo, entonces, que ellos, también constituyen una población de alto riesgo para recibir este tipo de abusos.

En ese entonces para la mayoría de las personas era muy difícil comprender que estos hechos injustos podían darse en el seno de la propia familia, porque ese problema se asociaba solamente a instituciones residenciales, donde eran albergados para pasar los últimos momentos de su existencia.

En los últimos años se ha percibido un aumento de los casos de violencia física y psicológica hacia los colectivos más débiles, entre ellos la población mayor de 65 años, sector muy importante en la sociedad, el actual panorama muestra un comportamiento tendiente a la alza en los próximos años.

Hoy estos casos se consideran un grave problema social, con raíces culturales y psicológicas. No importa el nivel económico ni educativo de quien lo ejerce o lo padece, por lo que la sociedad debe poner los medios necesarios para evitar estos abusos.

Este clima de inseguridad afecta la calidad de vida, tanto de las víctimas como de la familia, vulnerando con todo rigor los derechos fundamentales de las personas, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de implementar las políticas públicas para procurarles a los adultos mayores calidad de vida digna.

Nueva Alianza, consciente del flagelo, propone la presente expresión legislativa, para incorporar los mecanismos jurídicos brindando un esquema de mejora social a este vulnerable sector, para que por ministerio de ley se cumplimente el mandato constitucional consistente en hacer efectivos sus derechos humanos contenidos en nuestra Carta Magna.

Argumentación

En el ámbito familiar, en la comunidad y en las instituciones se reproducen patrones culturales que atienden a una percepción negativa de la vejez.

Partiendo de un falso estereotipo se concibe que las personas adultas mayores se encuentran en una etapa del ciclo de vida caracterizada por la enfermedad, improductividad, ineficiencia, pérdida de algunas capacidades intelectuales y físicas, provocados por la decadencia que todo ser vivo presenta en el ocaso de su existencia. A consecuencia de estos prejuicios, las personas adultas mayores enfrentan una serie de retos para poder acceder en los diferentes ámbitos al efectivo respeto, goce y ejercicio de sus derechos humanos.

La situación de vulnerabilidad que enfrenta este grupo atiende a las razones referidas y, no en sí, a las consecuencias que entraña el proceso cronológico, natural e irreversible del envejecimiento. Por ello, se requiere impulsar un cambio cultural para que el colectivo social permita no sólo erradicar las actitudes que se traducen en discriminación y exclusión de este grupo, sino cambiar la percepción y las expectativas que las personas adultas mayores tienen respecto de sí mismas.

El envejecimiento no puede ser visto como un proceso paulatino de la esfera privada ajeno a la dinámica social y la planeación estratégica de la gestión gubernamental. Bajo este escenario, resulta impostergable que en la agenda pública se incluyan las demandas de las personas adultas mayores relativas, por un lado, a la disposición de servicios sociales que satisfagan las necesidades específicas que se desprenden de su condición y, por otro lado, a la solución de problemas, violaciones y maltratos originados por la discriminación de que son víctimas.

Uno de los maltratos que sufren las personas de la tercera edad es el económico, porque la persona mayor no sólo es miembro de familia, sino también de la sociedad, es decir, es un ciudadano con una historia productiva, creador de riqueza social y, por lo tanto, con plenos derechos para exigir que el tejido social, a través del estado, le devuelva parte de su contribución social en forma de pensiones y jubilaciones suficientes, vivienda adecuada y servicios sociales que le garanticen una vida digna y autónoma.

Por lo que corresponde a la familia, sus consanguíneos los desapoderan, sin consultarlo, de sus bienes, de su vivienda, de sus cosas personales, lo más sorprendente es que se trata de sus parientes más jóvenes, que en la mayoría de los casos los obligan a fungir como aval de un crédito. Es una situación de decidir por ély no con él, lo que produce un deterioro grave en su calidad de vida, incuestionablemente se convierte en abuso y maltrato, ya que se trata de un comportamiento intencional.

Otro tipo de violencia es el que tiene que ver con la configuración arquitectónica de la mayoría de las casas donde viven, no se tiene previsto la adaptación, ni la seguridad que posibilite su desplazamiento sin que se les causen molestias para que puedan conducirse dentro de su espacio con autonomía de vida.

En cuanto al paisaje urbano también forma parte del maltrato, pero ahora por la omisión de la autoridad, porque los urbanistas no pueden dejar de tener en cuenta que un porcentaje elevado de habitantes son adultos mayores. Por citar un ejemplo: los semáforos no están diseñados ni operados tomando en cuenta esta problemática, a diario, podemos observar el pánico de nuestros viejos cuando deben cruzar alguna avenida.

En ese sentido todos hemos sido testigos, de alguna forma, cuando a través de los medios de comunicación masiva nos informamos, que los adultos mayores son víctimas de atropellamientos imputables a los automovilistas irresponsables, accidentes que en la mayoría de las veces tienen un desenlace fatal. Delitos que desafortunadamente quedan impunes.

Otro grave problema son los medios de transporte colectivo, que no sólo presentan la dificultad del ascenso y descenso, sino los agravios de que son objeto, resienten desprecios de todo tipo, dirigidos por los usuarios y derivados de la poca movilidad producto de su envejecimiento.

Por lo que se refiere al maltrato físico si bien las escasas estadísticas no reflejan la realidad en su totalidad, se manifiesta en forma de golpes y todo tipo de maltrato corporal. Estas situaciones se incrementan cuando las víctimas son personas obesas; que permanecen mucho tiempo en cama, (incluye falta de habilidad para asearlo); sufren algún deterioro mental; padecen enfermedades crónicas de origen físico o mental, las más de las veces presentan algún otro tipo de discapacidad, lo que provoca del cuidador abuso y maltrato.

En ese escenario conviene decir que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, aplicó un cambio destacado en la forma de tutelar y proteger los derechos fundamentales de las personas por parte del estado. La nueva expectativa se traduce en un compromiso serio, responsable y eficiente para que las distintas autoridades en el ámbito de sus competencias, tengan la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

El orden jurídico mexicano tiene algunos pendientes en materia de derechos humanos. Con la reforma constitucional sobre derechos humanos de 2011, se avanzó de manera significativa elevar a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de acuerdo al artículo 133 de la norma fundamental.

La citada reforma tuvo como objeto principal expandir los derechos de los individuos, así como fortalecer la protección de los mismos, de allí se origina la presente expresión legislativa que persigue finalidades trascendentes, como son armonizar en lo conducente, el texto constitucional con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la pretensión de obligar a las autoridades, civiles, administrativas, penales o laborales a su cumplimiento, tal y como lo instituye el apartado B del artículo 102 constitucional, que a la letra establece que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Derivado de lo anterior se advierte el imperativo para que los distintos órganos de gobierno le den cumplimiento pleno a esos derechos que se encuentran insertos en la parte dogmática de la Constitución general de la república, y que son una fuente permanente para que los derechos humanos de las personas adultas mayores se materialicen y no sólo queden simplemente en “letra muerta”.

Tales derechos son:

Primero: a no sufrir ningún tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, de opinión, preferencia sexual, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Segundo: tienen derecho a recibir educación; alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a la protección de la salud; a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; a disfrutar de vivienda digna y decorosa; al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales; a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; al acceso a la información, a ejercer el derecho de asociación; al libre tránsito; y a que se le imparta justicia pronta y expedita, entre otros más.

Como consecuencia de los argumentos vertidos conviene aducir que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue publicada el 25 de junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, a partir de su surgimiento sólo se le han aplicado reformas y adiciones, en diferentes fechas, siendo una de las más importantes la efectuada en 2005.

Con la presente iniciativa se pretenden reformar los artículos 5, 9 y 10 de la ley citada para que a las personas adultas se les garantice en orden de prelación y de manera subsidiaria, el acceso a la administración y procuración de justicia, recibir información nutricional y a la alimentación complementaria, a recibir apoyo directo por las autoridades laborales en caso de controversia por servicios prestados, se impone la obligación de la autoridad para que investigue cuáles son las causas y los efectos de los maltratos que sufren las personas adultas mayores para la implementación de políticas públicas que conlleven al bienestar social de este débil sector.

Ese orden de prelación se extiende cuando las personas adultas mayores manifiesten deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas; en casos de desnutrición; que presenten condición de calle, en situación de maltrato o abandono o de explotación; si tienen la categoría de desplazados por conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, que por sus carencias socioeconómicas o por condiciones de discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo.

En ese acopio de ideas, también, en el proyecto se propone un concepto de lo que se debe entender por alimentos, considerando como tales no sólo los que se suministra a la persona con calidad nutriente, sino que además comprenderá los cuidados físicos, medicinales, nutricionales, culturales, recreativos, de esparcimiento, y, en su caso, educativos y procuración los servicios de salud.

Igualmente se plantea una definición de lo que atañe concebir como maltrato, y se dice que es todo acto u omisión cometida contra una persona mayor, en el cuadro de la vida familiar o institucional que atente contra su vida, la seguridad económica, la integridad física, su libertad o comprometa gravemente el desarrollo de su personalidad, y que produzca daños físicos, emocionales, psicológicos, o morales.

La proposición es para imprimirle claridad al dispositivo, en virtud de que en los términos en que se encuentra se presta a confusión por lo ambiguo de su diseño. Consideramos que la presente propuesta es objetiva, puntual y oportuna.

Atento a lo anterior Nueva Alianza tiene como principio proponer proyectos que redunden en beneficio social, pero particularmente está comprometido con las causas de los colectivos más vulnerables. Ese es nuestro compromiso y lo asumimos con seriedad, responsabilidad y vocación de servicio.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, propongo ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el que se adicionan una letra e a la fracción II; una letra d a la fracción III; un párrafo segundo a la fracción V; una letra d a la facción VI, y un párrafo segundo a la fracción IX todas del artículo 5o. y se reforman los artículos 9 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar en los términos siguientes:

Artículo Primero.Se adicionan una letra e a la fracción II; una letra d a la fracción III; un párrafo segundo a la fracción V; una letra d a la facción VI y un párrafo segundo a la fracción IX todas del artículo 5o., para quedar en los términos siguientes:

Artículo 5º. ...

I.De la integridad, dignidad y preferencia:

a.-g.

II. De la certeza jurídica:

a. - d.

e. La promoción de la cooperación con instituciones de procuración e impartición de justicia cuando exista riesgo inminente a su integridad física;

III.De la salud, la alimentación y la familia:

a.-c.

d. A recibir orientación nutricional y la alimentación complementaria a población de escasos recursos y a población de zonas marginadas;

...

IV.De la educación:

a.- b.

V. Del trabajo:

...

A recibir la colaboración o auxilio de las autoridades laborales competentes en la vigilancia y aplicación de la legislación laboral a favor de las personas adultas mayores, respecto de los derechos adquiridos en el desarrollo de sus actividades laborales.

VI.De la asistencia social:

a.-c.

d. La realización de investigaciones sobre las causas que dan origen a la violación recurrente de los derechos humanos de las personas adultas mayores, con la finalidad de establecer un diagnóstico que permita la búsqueda de soluciones, para la implementación de políticas públicas acordes, para procurarles calidad de vida digna;

VII.De la participación:

a.-e.

VIII. De la denuncia popular:

...

IX. Del acceso a los servicios:

a.-c.

Tendrán derecho de prelación, en los casos previstos en las fracciones precedentes, cuando se trate de casos de;

1. Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas;

2. Desnutrición;

3. Vivir en la calle;

4. En situación de maltrato o abandono o de explotación;

5. Ser migrantes;

6. Ser desplazado por conflictos armados y de persecución étnica o religiosa:

7. Que por sus carencias socioeconómicas o por condiciones de discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

Artículo Segundo.Se reforman los artículos 9 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 9o. ...

I. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil;

Por alimentos se entienden los cuidados físicos, medicinales, nutricionales, culturales, recreativos, de esparcimiento, y, en su caso, educativos y procurar los servicios de salud,

II. ...

III.Evitar que alguno de sus integrantes o agentes externos a la misma, cometan cualquier maltrato a los adultos mayores, acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.

Entendiéndose como maltrato todo acto u omisión cometida contra una persona mayor, en el cuadro de la vida familiar o institucional que atente contra su vida, la seguridad económica, la integridad física, su libertad, o comprometa gravemente el desarrollo de su personalidad y que produzca daños físicos, emocionales, psicológicos, o morales.

Artículo 10.Son...

I.- XX.

XXI. La promoción de un desarrollo sustentable y permanente tendiente a proporcionarles calidad de vida independiente y digna;

XXII. La realización de investigaciones sobre los problemas prioritarios de los adultos mayores;

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 diciembre de 2012.— Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.



LEY DE AGUAS NACIONALES

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 Bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales.

El diputado Ossiel Omar Niaves López:Buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Saludo desde aquí, desde esta alta tribuna, a los habitantes de Degollado, Ayotlán, Jesús María, Jamay, Jalisco.

Compañeras y compañeros legisladores, el subsuelo mexicano aloja gran número de acuíferos, fuente de agua, que funcionan a la vez como vasos de almacenamiento, redes de acueductos y plantas de tratamiento naturales.

Se han definido 653 acuíferos para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales de subsuelos.

Los acuíferos son vitales para la sustentabilidad de las regiones áridas, ya que las aguas subterráneas son la única fuente permanente de agua. Hay que tomar en consideración que para la obtención de estas aguas subterráneas se ha requerido de obras y funcionamientos de sistemas de atracción que necesitan otros recursos, como el consumo de energía eléctrica.

La operación de captación por medio de pozos es la que conlleva, con mayor consumo de energía, ya que consiste en extraer el agua hacia la superficie, bombeando el agua desde el nivel dinámico del pozo y el costo energético que depende de la profundidad del pozo y el gasto de extracción.

En esta labor de extracción hídrica la aplicación de sistemas de bombeo es el método más utilizado para las unidades de riego, abastecimiento doméstico municipal e industrial.

En el país existen más de 118 mil pozos para uso agrícola, según el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-2012; hay estudios que indican que esos pozos, cerca del 70 por ciento de los sistemas de bombeo, tienen potencial para mejorar su eficiencia en consumo de energía. Esta eficiencia del sistema de bombeo puede mejorarse hasta 30 por ciento a través de su rehabilitación.

En este orden de ideas, se considera encomiable la tarea de legislar sobre ciertas medidas tendentes al ahorro de energía en la extracción de las aguas subterráneas, ya que para la sustentabilidad, el uso y aprovechamiento de la energía reviste un papel fundamental.

Por ello, en esta iniciativa se propone adicionar una fracción al artículo 96 Bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que el Ejecutivo federal considere como obra pública necesaria aquellas que mejoren la eficiencia de la energía y del agua en sus procesos de extracción y distribución.

Dada la potencialidad de ahorro de energía en los sistemas de bombeo de agua para riego agrícola, resulta impostergable que el Estado implante obras y acciones para la eficiencia del uso de energía, así como la eficiencia hidráulica y el uso final de los sistemas de riego, lo que atrae a que se reduzcan las pérdidas de agua en conducción, permitiendo generar sinergias que mejoran la rentabilidad financiera de las unidades de riego por el aumento de sus ingresos.

Hay que subrayar que la racionalización conjunta del agua y de la energía está ligada al cambio climático, lo que en consecuencia implementa áreas políticas para el ahorro de energía.

Retomamos el interés creciente por aguas consumidoras de energía, porque la demanda de agua sigue creciendo y las exigencias ambientales también; hacer más eficiente el consumo de energía para la extracción y distribución del agua permitirá responder el reclamo ambiental.

De esta manera, observando el binomio agua y energía, con una visión integradora para la sustentabilidad, podremos seguir avanzando en el compromiso que todos los habitantes de México tenemos con la preservación del medio ambiente.

Tomando conciencia de los retos que nos impone el cambio climático, nos permitirá adoptar medidas necesarias para revertirlo, pero también las dificultades para hacerlo aumentan si no actuamos desde ahora, y más ahora que los tiempos actuales así lo demanda. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 96 Bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Ossiel Omar Niaves López, diputado de Jalisco a la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta asamblea iniciativa que adiciona la Ley de Aguas Nacionales, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El agua es un recurso natural, integrante de los sistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible.

De esa manera, “el agua es indispensable para la vida del ser humano, pero también un medio fundamental en las actividades económicas y productivas del hombre; además, es un elemento estratégico en la definición de asentamientos humanos y un factor determinante de desarrollo”.

Como el agua es un recurso natural de dominio público, establecido así en el artículo 27 constitucional, el Estado tiene la potestad de imponer las modalidades dictadas por el interés público para su explotación, uso y aprovechamiento. De tal manera, a partir del precepto constitucional mencionado se han expedido diversos ordenamientos a fin de aplicar lineamientos para su óptimo y racional uso, constituyendo derechos para que este líquido vital pueda ser aprovechado de manera sustentable.

A partir de ese principio constitucional, el Estado ha instaurado la concesión como un mecanismo eficaz para que distintos sectores sociales y económicos puedan explotar adecuadamente el preciado líquido.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, según una de las estimaciones más aceptadas, poco más de 97 por ciento del volumen de agua existente en el planeta es agua salada y está contenida en océanos y mares; mientras, apenas algo menos de 3 por ciento es agua dulce o de baja salinidad. Del volumen de agua dulce, poco más de 75 por ciento está concentrado en casquetes polares, nieves eternas y glaciares; 21 por ciento está almacenado en el subsuelo, y el restante 4 por ciento corresponde a los cuerpos y cursos de agua superficial (lagos y ríos).

El subsuelo mexicano aloja gran número de acuíferos, fuentes de agua que funcionan a la vez como vasos de almacenamiento, redes de acueductos y plantas de tratamiento naturales. Se han definido 653 acuíferos para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo.

Los acuíferos resultan vitales para la sustentabilidad de las regiones áridas, pues las aguas subterráneas son la única fuente permanente de agua.

Hay que considerar que para obtener las aguas subterráneas se han requerido obras y funcionamientos de sistemas de extracción que necesitan otros recursos, como el consumo de energía eléctrica.

Es el caso de las aguas subterráneas que se almacenan en los acuíferos, las cuales se captan mediante perforaciones de pozos, los cuales requieren sistemas electromecánicos para la extracción y que puedan ser aprovechadas para el consumo doméstico y actividades agrícolas e industriales.

La operación de captación por pozo implica mayor consumo de energía eléctrica, pues consiste en extraer el agua hacia la superficie bombeando el agua desde el nivel dinámico del pozo y el costo energético depende de la profundidad del pozo y el gasto de extracción.

En esta labor de extracción hídrica, la aplicación de sistemas de bombeo es el método más utilizado para las unidades de riego, abastecimiento doméstico, municipal e industrial.

La operación de los sistemas de riego es desarrollada por unidades de riego, registradas por la Comisión Nacional del Agua a través de concesiones para la explotación y el uso de las aguas subterráneas mediante pozos profundos de conformidad con la Ley de Aguas Nacionales.

Ahora bien, de acuerdo con información del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, mover agua es una forma importante de consumir energía. Se estima que entre 2 y 3 por ciento de la energía que se consume en el mundo se usa para el bombeo y al tratamiento de agua destinada a las poblaciones urbanas y al sector industrial.

En México, la clasificación de las tarifas eléctricas identifica a los usuarios que utilizan electricidad para el propósito específico del manejo de agua. Éstos quedan comprendidos en las tarifas 9 a 9-N, aplicadas a los municipios y para uso agrícola, las cuales contienen subsidios.

La tarifa 9, “servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión”, se aplica exclusivamente a los servicios en baja tensión que destinen la energía al bombeo de agua utilizada en el riego de tierras dedicadas al cultivo de productos agrícolas y al alumbrado del local donde se encuentre instalado el equipo de bombeo.

La tarifa 9-M, “servicio para bombeo de agua para riego agrícola en media tensión”, se aplica exclusivamente a los servicios en media tensión que destinen la energía para el bombeo de agua utilizada en el riego de tierras dedicadas al cultivo de productos agrícolas y al alumbrado del local donde se encuentre instalado el equipo de bombeo.

La 9-CU es la tarifa de estímulo para bombeo de agua destinada a riego agrícola con cargo único. Se aplica a la energía eléctrica utilizada en la operación de los equipos de bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola por los sujetos productivos inscritos en el padrón de beneficiarios de energéticos agropecuarios, hasta por la cuota energética determinada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Finalmente, la 9-N es la tarifa la nocturna de estímulo para bombeo de agua destinada a riego agrícola. Se aplica a la energía eléctrica utilizada en la operación de los equipos de bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola por los sujetos productivos inscritos en el padrón de beneficiarios de energéticos agropecuarios, hasta por la cuota energética determinada por la Sagarpa.

En el país hay más de 118 mil pozos de uso agrícola, según el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-2012. Ciertos estudios indican que en esos pozos, cerca de 70 por ciento de los sistemas de bombeo tienen potencial de mejorar su eficiencia en consumo de energía. Tal eficiencia del sistema de bombeo puede mejorarse hasta 30 por ciento a través de su rehabilitación.

Se considera encomiable la tarea de legislar sobre ciertas medidas tendentes al ahorro de energía en la extracción de las aguas subterráneas, pues para la sustentabilidad, el uso y aprovechamiento de la energía revisten un papel fundamental.

Por ello en esta iniciativa se propone adicionar una fracción al artículo 96 Bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que el Ejecutivo federal considere obra pública necesaria la que mejore la eficiencia de la energía y del agua en sus procesos de extracción y distribución.

Dada la potencialidad de ahorro de energía en los sistemas de bombeo de agua para riego agrícola, resulta impostergable que el Estado implante obras y acciones orientadas a la eficiencia en el uso de energía, así como la eficiencia hidráulica y el uso final de los sistemas de riego, lo cual hará que se reduzcan las pérdidas de agua en conducción, permitiendo generar sinergias que mejorarán la rentabilidad financiera de las unidades de riego por el aumento de sus ingresos.

El gobierno federal ha trabajado con agricultores de escasos recursos para rehabilitar los sistemas de bombeo, con lo que se han arreglado más de 6 mil pozos y mejorado la eficiencia de 37 a 77 por ciento. Sin embargo, 75 por ciento de los agricultores no está informado sobre el consumo de energía de los sistemas de bombeo.

Por lo expuesto se propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción VII, y la actual VII se recorre a la VIII, al artículo 96 Bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 96 Bis 2. Se consideran obras públicas necesarias que competen al Ejecutivo federal a través de la comisión las que

I. a VI. ...

VII. Hagan más eficaz el consumo de la energía usada en la extracción y conducción de aguas; y

VIII. Sean necesarias para el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Cristina Monge, “La naturaleza del agua como recurso. Perspectiva social, económica e institucional de una gestión integral”, en Congreso ibérico sobre gestión y planificación del agua, Tortosa, diciembre de 2004, versión electrónica disponible en http://www.congreso.us.es

2 Fundación Socialdemócrata de las Américas, revista Nueva Visión Socialdemócrata, número 11, México, marzo de 2008, página 21.

3 http://www.cna.gob.mx

4 Cámara de Diputados, Reporte CESOP, número 28, “Crisis del agua”, México, octubre de 2009, páginas 11-17.

5 Secretaría de Energía, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Estudio de sistemas de bombeo agropecuario, México, 2011, página 20.

Dado en Palacio Legislativo, a 19 de diciembre de 2012.— Diputados: Ossiel Omar Niaves López, Gabriel Gómez Michel (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

El diputado Domitilo Posadas Hernández:Muchas gracias, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que someto a la consideración de esta soberanía propone la abrogación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, por las siguientes consideraciones:

En México existen opiniones encontradas respecto a la necesidad de una reforma fiscal que dé rumbo, tanto a la aplicación y ajuste de los gravámenes existentes, así como a la generación de condiciones que mejoren la capacidad recaudatoria del gobierno federal y de las entidades federativas.

La información disponible da cuenta que en nuestro país los niveles de recaudación son de los más bajos de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y también con respecto a varios países de Latinoamérica.

En el periodo 2007-2011, en México los ingresos tributarios representaron apenas el 9.7 por ciento en promedio del producto interno bruto, lo cual sigue siendo un volumen de captación muy bajo para atender las necesidades presupuestales del país. Ello significa que se sigue dependiendo en gran medida de los ingresos provenientes de las ventas de petróleo al exterior, contribuyendo éstas con la tercera parte de la aportación de los recursos.

Contrario a lo que plantea el discurso gubernamental, la persistencia de prácticas que no han sido erradicadas del escenario nacional, como la consolidación fiscal y los regímenes de excepción, han estado beneficiando a un gran número de empresas, a través de tratos de privilegio, que se traducen en la reducción de recursos públicos.

Algunos especialistas en el tema han señalado que la capacidad recaudatoria del sistema tributario mexicano es una de las más bajas del hemisferio occidental. La recaudación proveniente de impuestos, en comparación con el tamaño del producto interno bruto, resulta ser del 4.5 puntos porcentual menor con relación al promedio de los países de América Latina.

Se estima que la evasión y la elusión fiscal en nuestro país es muy elevada, ubicándose entre un 20 y un 35 por ciento en lo que respecta al pago del IVA y un 15 un por ciento respecto al ISR.

En este contexto se enmarca la aplicación de gravámenes recientes, como el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE), como un buen propósito original, pero que en sus pocos años de vida ha mostrado su debilidad recaudatoria y su inconsistencia para combatir la evasión fiscal y la informalidad comercial.

Por lo que respecta su aportación al producto interno bruto, el IDE ha representado solo el 0.15 por ciento, el 0.13 por ciento, el 0.06 por ciento y el -0.06 por ciento, en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, respectivamente, evidenciando sus enormes limitaciones en lo que concierne a su componente recaudatorio.

Estas cifras dan cuenta de la muy pobre aportación en lo que respecta a ingresos recaudados; por ello no encontramos razones válidas para seguir aplicando este impuesto, pues además de considerar que partió de premisas totalmente equivocadas, las medidas para disminuir el umbral de 25 a 15 mil pesos por depósito, además de incrementar el porcentaje, llevándolo del 2 al 3 por ciento, revela una intención de ir haciendo un mayor número de modificaciones de manera apresurada.

La creación del IDE ha estado muy lejos de alcanzar los objetivos planeados, particularmente en lo que se refiere al combate a la informalidad. Quienes se han abocado a la revisión del tema sostienen que ha sucedido todo lo contrario; el acceso al sistema financiero y el porcentaje de los sujetos al IDE, muestran que el impuesto no está gravando gran parte del sector informal y también gran parte del sector formal no es sujeto al impuesto.

En contraparte, se ha transformado en un obstáculo que inhibe las actividades comerciales y empresariales con altos costos en la productividad de diversas ramas de la economía nacional.

Por ello, proseguir con la aplicación del IDE sería un error, pues se aleja de las medidas necesarias para aportar verdaderas soluciones a la insuficiente recaudación que ha caracterizado a la política fiscal del país durante largos periodos.

Por lo anteriormente señalado y considerando que en las estimaciones contenidas en el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013, se prevé recaudar un total de 3 mil 890.4 millones de pesos por el IDE, lo que representa solo el 0.24 por ciento de aproximadamente 1 billón 605 mil millones de pesos que se piensan recaudar para el año próximo, es que someto a consideración este proyecto de iniciativa por lo que respetuosamente, señora presidenta, solicito que la versión íntegra sea publicada en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

En México existen opiniones encontradas con respecto al tema de la necesidad de una reforma fiscal que dé rumbo, tanto a la aplicación y ajuste de los gravámenes existentes, así como a generar condiciones que mejoren la capacidad recaudatoria del gobierno federal y de las entidades federativas.

La información disponible da cuenta que en nuestro país, los niveles de recaudación son de los más bajos en lo que respecta a los países integrantes de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y también con respecto a varios países latinoamericanos.

En el periodo 2007-2011, en México, los ingresos tributarios representaron apenas el 9.7 por ciento en promedio del PIB, lo cual sigue siendo un volumen de captación muy bajo en lo que respecta a las necesidades de recaudación. Ello significa que se sigue dependiendo en gran medida de los ingresos provenientes de las ventas de petróleo al exterior, contribuyendo éstas con la tercera parte de la aportación de recursos.

Contrario a lo que plantea el discurso oficial, la persistencia de prácticas que no han sido erradicadas del escenario nacional, como la consolidación fiscal y los regímenes de excepción, beneficiando a un gran número de empresas, a través de tratos de privilegio que se traducen en la reducción de recursos para las arcas gubernamentales, ha generado la reproducción de lo que sucede en otros ámbitos de la vida económica. Una opinión localizada en la literatura consultada revela este problema: “A través de una mezcla de ordenamientos legales de exención, reducción de tasas, regímenes simplificados y facilidades administrativas, diversos sectores de contribuyentes, quedan virtualmente fuera del alcance de las normas de aplicación general”.

Nos referimos a una inequidad en lo que se refiere a las responsabilidades que en materia de pago de impuestos ocurre en el país. De esta manera, observamos que continúa la tendencia a favorecer a empresas y sectores que han convertido a la evasión y a la elusión en un ejercicio cotidiano, sin que se observe en el panorama la intención de modificar dichas condiciones.

Lo anterior tiene profundas implicaciones en el tema, las cuales han sido revisadas por especialistas, como lo podemos constatar en la siguiente opinión: “La capacidad recaudatoria del sistema tributario mexicano es una de las más bajas del hemisferio occidental. La recaudación proveniente de impuestos en comparación con el tamaño del PIB resulta ser 4.5 puntos porcentual menor con relación al promedio de los países de América Latina. Esta comparación resulta más contrastante aún si se toma en cuenta que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recaudan 25 puntos de su producto nacional en promedio. La relativa escasez de recursos fiscales limita la capacidad de México para financiar el gasto público orientado a proyectos de alta tasa de retorno social.

De una comparación internacional resulta evidente que gran parte de esta restricción fiscal proviene de los impuestos indirectos. México recauda tan solo la mitad del promedio observado en la región para este tipo de contribuciones”.

En este marco, se estima que la evasión y la elusión fiscal en nuestro país es muy elevada, como lo dan cuenta las estadísticas plasmadas en la gráfica siguiente:

Como una respuesta plagada de equivocaciones ante dicha problemática, el gobierno federal, a través de las autoridades hacendarias, ha desarrollado una estrategia errática y titubeante, cuyas decisiones, muchas veces equivocadas, sólo se han traducido en la afectación de los denominados “contribuyentes cautivos”.

Es en este contexto en el que se enmarca la aplicación de gravámenes recientes, como el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), caracterizado por una enorme inconsistencia en la argumentación que dio lugar a su surgimiento.

Su creación se originó en una iniciativa de Ley del Impuesto contra la Informalidad, argumentando, entre otras razones, lo siguiente: “Algunas personas, tanto físicas como morales, inscritas o no ante el Registro Federal de Contribuyentes, obtienen ingresos que no declaran al fisco y por los que deberían pagar impuestos, o bien, se encuentran registradas pero declaran encontrarse en suspensión de actividades, no obstante que las continúan realizando sin pagar impuestos... en ese sentido, a efecto de impactar a este tipo de contribuyentes, se propone la emisión de la Ley del Impuesto contra la Informalidad, la cual tiene por objeto incorporar una nueva contribución federal, complementaria del impuesto sobre la renta y auxiliar en el control de la evasión fiscal... derivado de lo anterior, como tributo complementario del impuesto sobre la renta, se plantea que el impuesto contra la informalidad sea un gravamen de control del flujo de efectivo, que impacte en quienes obtienen ingresos que no son declarados a las autoridades fiscales”.

Con esta falta de solidez argumentativa, se procedió a generar un gravamen más, el del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, sin pensar en la afectación que ello significaría en un gran número de operaciones que realizan las personas físicas en lo que se refiere a pagos en efectivo en las instituciones bancarias.

Argumentación

La creación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo ha estado muy lejos de alcanzar sus objetivos planteados, particularmente en lo que se refiere al combate a la informalidad, pues en opinión de especialistas que se han abocado a la revisión del tema, ha sucedido todo lo contrario “el acceso al sistema financiero y el porcentaje de los sujetos al IDE, muestran que el impuesto no está gravando gran parte del sector informal. También gran parte del sector formal no es sujeto al impuesto. Como se mencionó, el objetivo principal del impuesto es gravar aquellas actividades que no estén sustentadas en una actividad inscrita en el RFC y ampliar la base de contribuyentes... el objetivo principal del impuesto no está siendo alcanzado debido a la baja penetración del sistema financiero y a los pocos individuos que son sujetos al impuesto. El impacto del IDE no se verá reflejado en una ampliación de la base de contribuyentes, ni en la reasignación de empleados del sector informal al formal, trayendo consigo una mayor productividad agregada en la economía”.

Por lo que respecta a su aportación en el PIB, el IDE ha representado sólo el 0.15, el 0.13, el 0.06 y el -0.06 por ciento en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, respectivamente, evidenciando sus enormes limitaciones en lo que concierne a su componente recaudatorio.

Estas cifras, que dan cuenta de la muy pobre aportación en lo que respecta a ingresos recaudados, vinculadas con otros aspectos negativos a los que hemos aludido, los cuales han acompañado su instrumentación, tales como una desintermediación financiera, traducida en la sustitución del empleo de cuentas de cheques por operaciones en efectivo, en un país donde se estima que sólo el 37.8 por ciento de los hogares utiliza el sistema financiero para depositar y el incremento constante de la población ocupada en el sector informal, exigen una profunda revisión del gravamen.

No encontramos razones válidas para seguir aplicando este impuesto, pues además de considerar que partió de premisas totalmente equivocadas, las medidas de disminuir el umbral de veinticinco a quince mil pesos por depósito, además de incrementar el porcentaje aplicado llevándolo del 2 por ciento inicial al tres por ciento, revela una intención de ir haciendo un mayor número de modificaciones, de manera apresurada, intentando remediar una disposición que nunca tuvo razón en su aplicación y que se mantiene como una desafortunada muestra de lo que no debe hacerse en la materia.

Por las limitaciones y desviaciones a las que nos hemos referido, demostradas por análisis rigurosos que se han ocupado del tema, consideramos que proseguir con la aplicación del IDE sería un enorme error, equiparable sólo a políticas equivocadas que se han instrumentado en otros rubros, manteniéndose como un claro ejemplo de una obcecación que no resiste una evaluación objetiva, pues responde más que a una estrategia, a un capricho o estado de ánimo, tomando distancia de las medidas que son necesarias para aportar verdaderas soluciones a la insuficiente recaudación que ha caracterizado a la política fiscal del país durante largos periodos.

No es con medidas caracterizadas por lo que se ha denominado “terrorismo fiscal”, con justificada razón, como serán saneadas las finanzas públicas. Para ello se requiere de una serie de medidas de políticas públicas articuladas que tengan un punto de partida sólido y unas metas que puedan ser mensurables, para conocer su eficacia.

La endémica escasez de recursos no podrá ser superada mediante la generación de impuestos cuyo origen es muy cuestionable y no tiene razón de ser en amplios sectores de la opinión pública.

Indudablemente que es necesario generar un círculo virtuoso en el que confluyan las condiciones para dotar de recursos a la hacienda pública, sin embargo, las disposiciones que se adopten deberán ser consistentes, tanto en su aplicación como en sus resultados.

Por lo anteriormente señalado y considerando que en las estimaciones contenidas en el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, se prevé recaudar un total de 3,890.4 millones de pesos por el IDE,  lo que representa sólo el 0.24 por ciento de los 1,605,569.8 millones de pesos que se estima obtener por concepto de impuestos en dicho año, es que planteamos la abrogación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, pues luego de que han transcurrido poco más de cuatro años de su aplicación, ha resultado un gravamen que no puede seguir vigente, debido a las enormes limitaciones a las que nos hemos referido a lo largo de nuestra exposición.

Insistir en su aplicación, sin más razones que la “costumbre” es pasar por alto el enorme compromiso que significa llevar a cabo una verdadera reforma fiscal que dote de suficientes recursos a las arcas públicas, generando también un enorme compromiso por parte de los tres niveles de gobierno en lo que respecta a la aplicación de dichos recursos en la atención de un gran número de rubros que requieren una respuesta rápida y eficiente.

Lo reiteramos, en materia tributaria no puede improvisarse ni guiarse por la máxima del ensayo y error, pues resulta ser un área profundamente sensible al escrutinio público y no debe seguirse actuando en detrimento de la confianza ciudadana.

Fundamento legal:

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ordenamientos a modificar

Se abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Texto normativo propuesto

Artículo Único.Se abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1Fuente: “Tributación directa en América Latina: equidad y desafíos. Estudio del caso de México”.  Álvarez Estrada, Daniel. Naciones Unidas. CEPAL. Serie Macroeconomía del Desarrollo. Número 91, página 24. División de Desarrollo Económico. Santiago de Chile, agosto de 2009.

2 Op. Cit. Página 13.

3 Op. Cit. Página 30

4 Fuente: “El impuesto a los depósitos en efectivo (IDE): ¿Un incentivo a la informalidad? página 23. Ruiz Álvarez, Julio César. Ensayo con el que el autor obtuvo el primer lugar del “Premio Nacional de Finanzas Públicas 2012”, convocado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Disponible en http://www. cefp.gob.mx/portal_archivos/convocatori...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2012.— Diputado Domitilo Posadas Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Así será, señor diputado; muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



ARTICULOS 73, 76, 89 Y 133 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, vengo a someter a la consideración de ustedes una iniciativa que tiene como propósito reformar distintas disposiciones de la Constitución, entre ellas el artículo 133 de la misma.

¿Qué tiene que ver en este tema lo relativo al papel que debe desempeñar —en función de las modificaciones que ha sufrido el artículo 1o. de la Constitución— la Cámara de Diputados tratándose de la celebración de tratados internacionales? ¿A qué me refiero?

El artículo 133 que vengo mencionando, contempla algo que en la academia, en la doctrina se conoce como principio de supremacía constitucional, que es una disposición fundamental, pues ella es la que marca cuál es la posición jerárquica dentro de todos los ordenamientos jurídicos que conforman el derecho mexicano, la propia Constitución respecto de tratados internacionales y otras leyes que expide el Congreso de la Unión.

Particularmente, con relación a los tratados internacionales, el propio artículo 133, con relación al 76 y al 89, establece que los compromisos internacionales se celebran por el presidente de la República, pero los ratifica exclusivamente la Cámara de Senadores.

La Cámara de Senadores con la representación de cada una de las entidades que conforman la federación es la única que discute sobre si los tratados internacionales que conforman y son parte del derecho mexicano, son ley suprema de la Unión, se apegan o no a los principios en materia de relaciones exteriores de los que México es parte y que tutela la propia Constitución, y de esta manera, con esta ratificación que en su caso emiten los senadores, se integran los tratados internacionales al derecho mexicano.

¿Cuál es la problemática que surge? Desde el mes de junio de este año entró en vigor una reforma al artículo 1o. constitucional, por virtud de la cual se encomienda a todas las autoridades competentes, pero en primer lugar —y es aquí lo que nos interesa— a los jueces, a los jueces del fuero común, algo que se ha venido a denominar como el control de convencionalidad.

¿Qué significa esto? Tratándose de la observancia de principios rectores de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, hoy por hoy los jueces de la federación, los jueces de los estados tienen la facultad de apartarse de lo que establezcan las leyes, con la finalidad de salvaguardar todos los compromisos asumidos por México, tratándose de la protección de los derechos humanos.

¿En qué se traduce esto? En que las leyes que aprobamos en esta Cámara, que aprueban las dos Cámaras, como Congreso de la Unión, quedan supeditadas; en primer lugar, a la Constitución, pero en segundo lugar, a la validez en materia de derechos humanos que contemplen los tratados internacionales.

Es así que jerárquicamente los tratados internacionales vienen a estar colocados por encima de las leyes federales o locales, con la diferencia de que los tratados internacionales solamente los discuten, valoran y aprueban los senadores en la propia Cámara, y las leyes las tenemos que discutir las dos Cámaras, la Cámara de Diputados y de Senadores.

Es un problema, ¿por qué? Porque esta intervención democrática que tiene la Cámara de Diputados tratándose de la discusión de leyes, no está teniendo el mismo reflejo tratándose de la discusión de los tratados internacionales, y los tratados internacionales, sin pasar por este tamiz y esta discusión, que debe de ejercer esta representación ciudadana, están viéndose colocados, por virtud de este control que ejercen los jueces y por virtud de esta reforma al artículo 1o. constitucional, por encima de las leyes que aquí aprobamos.

He ahí que es importante que si por virtud de los derechos humanos, por virtud de este control de convencionalidad, que en lo sucesivo y ahora, con motivo de la reforma al artículo 1o. constitucional ejercen los jueces, cobre relevancia y sea algo perfectamente necesario que la Cámara de Diputados se involucre e intervenga activamente en la discusión, aprobación, ratificación en su caso, de los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo.

No es una iniciativa novedosa, ya se había planteado con anterioridad; sin embargo, desde luego que tratándose del control de la convencionalidad venimos a encontrar en nuestro sistema de derecho una situación totalmente actual, vanguardista, que nos obliga a efectuar una segunda reflexión con relación a este tema que les propongo, a fin de que dentro del artículo 133 constitucional —y ésa es la materia de la propuesta— se establezca claramente que tratándose de la celebración de tratados internacionales, que son ley suprema de la Unión, quien tenga que aprobarlos no sea solamente la Cámara de Senadores, sino el Congreso de la Unión.

Les repito, esto es relevante, porque la Cámara de Diputados, siendo una de las dos Cámaras que integran el Congreso, actualmente encargado de aprobar las leyes, está viéndose superada por los tratados internacionales a través del control de convencionalidad que al día de hoy y de acuerdo con el artículo 1o. constitucional se le confiere a los jueces inclusive del fuero común.

Démosles entonces a las leyes que nosotros aprobamos la jerarquía que les corresponde con relación a los tratados internacionales, pero démosles también a los tratados internacionales la importancia que la discusión de los asuntos que atañen a la ciudadanía debe de corresponder. Este es el propósito de la iniciativa.

Le pido atentamente, diputada presidenta, que se giren las instrucciones para que se inserte la lectura de la misma en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Antonio Cuéllar Steffan, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, fracción I, segundo párrafo, 89, fracción X, y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para contemplar la intervención de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en conjunto con el Senado de la República, en la aprobación de tratados internacionales y convenciones diplomáticas celebradas por el Ejecutivo federal.

Exposición de Motivos

La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en la cual se reforman varios artículos de la Constitución Federal, se dirigió esencialmente a la instauración de un nuevo diseño normativo en el que los derechos humanos funjan como el eje rector de toda la actividad estatal.

La referida reforma constitucional ha sido catalogada por la academia y por funcionarios judiciales como un nuevo paradigma en la defensa de los derechos humanos, al instituirse con rango constitucional, la obligación de todas las autoridades, y no únicamente por parte de los jueces federales y locales, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Esta obligación deriva de la ampliación de la esfera de derechos que con la reforma al propio artículo 1 en su primer párrafo se reconoce a toda persona, en tanto ahora los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, se incorporan a nuestro orden jurídico en beneficio de la protección más amplia a la persona.

La especial relevancia que el derecho internacional cobra para el orden jurídico mexicano gracias a la reforma en comento, ha sido reafirmada, e incluso ampliada, por medio de los criterios interpretativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivados de la Consulta a trámite 912/2010, iniciada en razón del cumplimiento por parte del Poder Judicial, como parte del Estado mexicano, de la sentencia condenatoria emitida por Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos.

En el análisis de dicho asunto se abrió la puerta en el sistema jurídico mexicano para la aplicación del control de convencionalidad sobre la normativa nacional que vaya en contravención de la protección de derechos humanos dada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Federación ha sostenido que los mandatos del artículo 1 deben interpretarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional para determinar el marco dentro del cual debe realizarse el control de convencionalidad por parte del Poder Judicial y de los jueces ordinarios, esto es, la posibilidad de que dichos órganos puedan inaplicar las normas de carácter general que contravengan aquellas disposiciones protectoras de derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales.

Como bien se ha pronunciado la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, el control de convencionalidad es una herramienta eficaz para cumplir con las obligaciones que el Estado mexicano tiene dentro del nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos, el cual además ha sentado las condiciones para que el más alto tribunal del país realizara una novedosa construcción jurisprudencial del artículo 133 en relación al nuevo texto del artículo 1 constitucional, en el sentido de permitir además la aplicación del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad por parte de todos los jueces del país.

Ahora bien, este nuevo marco normativo y hermenéutico evidentemente tiene alcances profundos en la vida jurídica de nuestro país, pero también en otros rubros, tales como el político, social e incluso económico. La limitación del poder estatal y la correspondiente ampliación de libertades personales que trae consigo, reestructuran la vida institucional del país y proporcionan a las personas mayores instrumentos para combatir actos arbitrarios del poder público y privado.

Ante toda esa reingeniería constitucional, tiene lugar una pregunta que fluctúa entre las dos posturas que se debaten entre sobre los efectos que una reforma de tal calado puede traer para la jerarquía normativa en el sistema jurídico mexicano: si la Constitución contempla que la protección de derechos humanos de las personas se extiende a aquellos contenidos en los tratados internacionales en los que México sea parte, entonces ¿qué modificaciones debe sufrir el procedimiento que en sede nacional se contempla para la celebración y aprobación de un tratado internacional en materia de derechos humanos, en el entendido de que los contenidos de éstos pactos ahora pueden ubicarse por encima de todo el material normativo producido por los órganos representativos nacionales?.

Esto es, a la par de ponderar los enormes beneficios que para el cimiento de un Estado Democrático y constitucional de derecho en nuestro país significa la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, es necesario también replantearse los procedimientos establecidos para la celebración de tratados internacionales, pues de la incorporación de éstos al orden jurídico mexicano depende el nacimiento de una serie de obligaciones y derechos para autoridades y ciudadanos mexicanos.

Es por ello que este loable desarrollo legal y jurisprudencial que ha sentado las bases para un nuevo marco interpretativo y de aplicación del derecho supranacional en materia de derechos humanos, no puede ser ajeno a los estándares formales mínimos de un Estado democrático, el cual supone un alto grado de consensos entre los órganos representativos nacionales para integrar el derecho nacional vigente.

En ese sentido, si con la reforma en materia de derechos humanos aludida y los criterios jurisprudenciales que han ido a tono con ella, el orden jurídico mexicano se proyecta de cara al derecho internacional de los derechos humanos, es evidente que el procedimiento interno para su recepción tiene que desenvolverse por vías democráticas, tal y como se hace con todo el material normativo nacional.

Un elemento indispensable para lograr ese propósito es la conjugación de las voluntades políticas expresadas a través de los órganos representativos, dotados de la legitimidad democrática necesaria para decidir, previo un procedimiento deliberativo propio de una democracia sustantiva, la pertinencia o no de celebrar y posteriormente aprobar y ratificar un tratado internacional.

Como se sabe, en ese procedimiento el Constituyente previó la participación coordinada del Ejecutivo Federal y del Senado para la celebración y aprobación de tratados internacionales por parte del Estado Mexicano, respectivamente.

Para justificar esa participación conjunta entre el Ejecutivo Federal y el Senado de la República en la celebración de tratados internacionales, se ha dicho que ello obedece a la naturaleza de dichos acuerdos, ya que son compromisos internacionales asumidos por el Estados en su conjunto que comprometen a todas las autoridades frente a la comunidad internacional; de ahí que el Constituyente haya estimado que le corresponde al presidente de la República suscribirlos, en su calidad de jefe de Estado, y al Senado de la República ratificando, como representante de la voluntad de las entidades federativas.

Sin embargo, este argumento que justifica la existencia de la facultad exclusiva del Senado para aprobar tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal, erróneamente identifica la representatividad en materia de celebración y aprobación de tratados en una sola de las Cámaras del Poder Legislativo federal, sin explicar por qué la Cámara de Diputados se ve impedida constitucionalmente para participar en la adopción de un compromiso internacional adoptado por el Estado mexicano, cuando este tipo de convenios, fundamentalmente a raíz de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 a la que se ha hecho alusión, tienen ahora la capacidad para ubicarse por encima de las leyes emanadas del trabajo legislativo en el que válidamente interviene dicho órgano.

Es en razón de la obligación de aplicar los controles de convencionalidad y difuso, derivada de la interpretación del nuevo contenido del artículo 1, en relación con el 133, ambos de la Constitución Federal, que resulta urgente revisar el procedimiento de celebración y aprobación de tratados internacionales, en la inteligencia de que la normativa internacional en materia de derechos humanos a la que México se vincula, una vez vigente, tiene la capacidad para fungir como parámetro de control de todo el orden jurídico nacional.

La participación que hasta hoy se le da al Ejecutivo federal en la celebración y del Senado de la República en la aprobación de tratados internacionales en materia de derechos humanos, genera un desequilibrio en el sistema jurídico mexicano, en tanto aquellos compromisos internacionales tienen ahora la misma capacidad que las leyes y normas generales expedidas por el Congreso de la Unión para incidir en la esfera jurídica de los individuos, así como en la validez de actos y normas de todas las autoridades nacionales, sin que hayan pasado para su incorporación al sistema jurídico mexicano por un procedimiento que, si llegar a ser análogo al propiamente legislativo, cumpla con los requisitos mínimos que la democracia formal exige para la creación del derecho positivo.

El Poder Legislativo, si bien cuenta con una estructura bicéfala en la que las dos cámaras que la integran se reparten ciertas facultades exclusivas, la mayor y más sustancial parte de la labor parlamentaria es llevada a cabo en conjunto, como Congreso de la Unión, entre ellas, la fundamental tarea de desarrollar a través de leyes secundarias las reglas, principios y valores constitucionales que contienen derechos humanos y sus garantías.

Se estima por ello que en la aprobación de tratados internacionales celebrados por el Poder Ejecutivo en materia de derechos humanos, por ser éstos una extensión más del catalogo de derechos humanos consagrados en la Constitución y en la legislación ordinaria, debe de contemplarse constitucionalmente la intervención de la Cámara de Diputados, en conjunto con la Cámara de Senadores, actuando en su calidad de Congreso de la Unión.

Se propone modificar el párrafo segundo de la fracción I del artículo 76 constitucional para eliminar como facultad exclusiva del Senado la de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, y trasladar dicha facultad a aquellas previstas en el artículo 73 a cargo del Congreso de la Unión. Así mismo, se modifican los artículos 89, fracción X, y 133, para suplir la alusión al Senado de la República por la de Congreso de la Unión.

Las modificaciones propuestas responden a la necesidad de superar un resabio histórico que ha privado a la Cámara de Diputados de participar en el análisis, discusión y aprobación de normas jurídicas de fuente internacional que cada vez cobran mayor importancia en orden jurídico interno, y que pueden llegar a entrar en conflicto con el trabajo legislativo de dicha Cámara, elaborado en pleno ejercicio de su soberanía.

Además, se busca homologar el sistema con el de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, España y Francia, que cuentan con procedimientos para la celebración y aprobación de tratados internacionales en los que ambas Cámaras tienen intervención.

La intervención del Congreso de la Unión en la aprobación de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal dotará de mayor legitimidad al acto por el cual el Estado mexicano en su conjunto asume un compromiso internacional, redituando todo ello en beneficio de los principios democráticos que rigen la vida institucional de la nación.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se adiciona una fracción al artículo 73, se modifican los artículos 76, fracción I, segundo párrafo, 89, fracción X y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para contemplar la intervención de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión junto al Senado de la República, en la aprobación de tratados internacionales y convenciones diplomáticas celebradas por el Ejecutivo federal, para quedar como sigue:

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a III. ...

IV. Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

Artículo 76.Son facultades exclusivas del Senado:

I. (...)

(Se deroga el segundo párrafo)

Artículo 89.Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

I. a IX. ...

X.Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso de la Unión. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

Artículo 133.Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso de la Unión, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la  Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2012.— Diputados: Antonio Cuéllar Steffan, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Así se hará, diputado. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.



LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik:Con su venia, señora presidente. Compañeras y compañeros legisladores, a principios de la década de los ochenta se incorporó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el concepto de vivienda digna y decorosa, como derecho de toda familia mexicana. Ello contribuyó a ampliar el marco normativo de las garantías individuales y así tener un mayor impacto en el nivel de vida de la población.

En la evolución histórica que se ha dado de aquella década a la fecha han sido muchos los esfuerzos que se han realizado para poder convertir lo que dice la ley en materia de vivienda en una realidad para los mexicanos.

En este contexto, la presente iniciativa está enmarcada por el factor económico con respecto a cómo se compra, pero sobre todo, cómo se paga una casa, para que sea parte de la seguridad patrimonial de sus habitantes y les dé estabilidad y certeza en su economía, particularmente de aquellos quienes adquieren un crédito financiado por el fondo nacional de vivienda.

En la última década se han implementado acciones, productos y servicios por parte del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, que es necesario hacerlas valer en la ley, con el propósito de que tengan permanencia, garantía y seguridad jurídica para cada trabajador que se ve en la necesidad de replantear su crédito hipotecario.

Este conjunto de acciones y servicios que ofrece el Infonavit a partir de 2005, se ha denominado Modelo de Cobranza Social, el cual se ha implementado con éxito para beneficio de los trabajadores que se ven imposibilitados a seguir pagando con puntualidad las hipotecas contratadas, ya sea por pérdida de su empleo, por paro técnico, o simplemente por la disminución de sus ingresos.

El modelo de cobranza social ya existe en la práctica y ha demostrado que al mantener una cartera rentable se pueden ofrecer más oportunidades de vivienda para los trabajadores adscritos al Infonavit.

Al introducir al marco normativo del instituto el concepto de cobranza social, garantizamos que dicho modelo se aplica de manera constante y segura, dando confianza a los acreditados y generando alternativas para administrar de mejor forma la cartera de créditos hipotecarios, manteniendo la viabilidad financiera del ahorro del trabajador y atendiendo su capacidad de pago.

Se estima que más de 23 millones mexicanos viven en una casa financiada por el Infonavit, la más alta en la historia del instituto, el cual otorga el mayor número de créditos en nuestro país, superando actualmente los cuatro millones y medio.

Sesenta y nueve de cada 100 créditos son otorgados por el Infonavit sin coparticipación financiera de otra institución; 63 por ciento de los créditos otorgados se han destinado a derechohabientes que ganan menos de 7 mil 284 pesos mensuales; es decir, que tienen ingresos por debajo de los cuatro salarios mínimos.

A la fecha, son más de un millón 700 mil familias que han hecho uso del modelo de cobranza, lo que representa aproximadamente siete millones de mexicanos que se han visto beneficiados con este esquema y que han comprobado que resulta útil.

Si consideramos los casi cinco millones de créditos que opera el Infonavit actualmente, con esta reforma tenemos la posibilidad de consolidar en la ley el apoyo de cobranza social a más de 20 millones de mexicanos. De ese tamaño es la trascendencia de esta iniciativa.

Reconozco y valoro los esfuerzos que han hecho ya durante el ejercicio de esta LXII Legislatura compañeras y compañeros diputados de distintos grupos parlamentarios en materia de vivienda.

Cuando un trabajador adquiere un crédito y con ello su vivienda, apuesta a un futuro mejor para él y para su familia; si por alguna razón ajena a su voluntad y esfuerzo se ve en la necesidad de replantear su crédito, debemos asegurar que se le ofrezcan medidas adecuadas a su economía.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue.

Artículo 51 Bis 7. El Instituto deberá realizar acciones de cobranza social para que los trabajadores conserven su patrimonio en casos de afectación o disminución de ingresos, estableciendo mecanismos alternos de financiamiento y pago, que contemplen, en todos los casos, su situación económica.

Compañeras y compañeros diputados, promover leyes que garanticen y protejan el patrimonio de las familias mexicanas es un punto toral en nuestra agenda legislativa. Los convoco a que hagamos mayoría en esta propuesta, ya que parte de la responsabilidad del legislador es proponer mejores leyes con base en la realidad, y estoy convencida que podemos encontrar coincidencias para brindar a los trabajadores esquemas justos y dignos, cuando se vean en la necesidad de replantear su crédito de vivienda, logrando con ello alcanzar el precepto constitucional de vivienda digna y decorosa para las familias mexicanas. Gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I de los artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona, el artículo 51 Bis 7, a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A principios de la década de los años ochenta, se incorporó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el concepto de vivienda digna y decorosa como derecho de toda familia mexicana. Ello contribuyó, en su momento, para ampliar el marco normativo de las garantías individuales y así tener un mayor impacto en el nivel de vida de los mexicanos.

Sin duda, en la definición de los criterios que nos permiten alcanzar el concepto de tener una vivienda digna y decorosa, encontramos factores como son el entorno económico, social y ambiental en la adquisición de una casa.

En la evolución histórica que se ha dado de aquella década a la fecha, han sido muchos los esfuerzos que han realizado las distintas autoridades en turno, para poder convertir lo que dice la ley en una realidad cotidiana de la vida de los mexicanos en materia de vivienda.

Tomamos en cuenta que el modelo mismo del Estado mexicano se ha ido transformando durante estos años, de esquemas que se denominaban estatistas a prácticas más liberales y acordes a un mundo de economía globalizada.

Esta transformación de políticas públicas ha impactado, por supuesto, y dadas las distintas crisis económicas que ha tenido la economía nacional, al rubro de la vivienda en México, y es precisamente en esta transformación del modelo del Estado mexicano de los últimos años, donde se ha incrementado la demanda de vivienda en nuestro país.

En este contexto, la presente iniciativa está enmarcada por el factor económico para facilitar el alcance de una vivienda digna y decorosa al que tiene derecho cada familia mexicana. Particularmente, de aquellos quienes adquieren un crédito financiado por el Fondo Nacional de Vivienda. Es respecto al cómo se compra, y sobre todo, cómo se paga una casa, la forma en que cada trabajador tiene posibilidad de adquirir un bien para que sea parte de su seguridad patrimonial que le dé estabilidad y certeza a su economía.

En esta iniciativa que presento, reconozco que en la última década se han implementado una serie de acciones, productos y servicios por parte del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), que es necesario hacerlas valer en la ley de dicho instituto, con el propósito de que tengan permanencia, garantía y seguridad jurídica en beneficio de la solidez financiera del Infonavit, como hasta ahora se ha dado, y por ende, de cada trabajador que se vea en la necesidad de replantear su crédito hipotecario.

A este conjunto de acciones y servicios que ofrece el Infonavit a partir de 2005, dicho instituto le ha denominado Modelo de Cobranza Social, el cual se ha implementado con éxito para beneficio de los trabajadores que en el algún momento de la historia de su crédito, se ven imposibilitados de seguir pagando con puntualidad las hipotecas contratadas, ya sea por pérdida involuntaria de su empleo, paro técnico, o simplemente por la disminución de sus ingresos.

Se define a la Cobranza Social, como el modelo de acciones, productos y servicios que ofrece el Infonavit, para mantener un proceso de cobranza más sano y revertir la tendencia del índice de cartera vencida, en caso de que el acreditado vea una afectación en sus ingresos.

En la iniciativa que proponemos, reconocemos y valoramos los esfuerzos que han hecho ya, durante el ejercicio de esta LXII legislatura compañeras y compañeros diputados de distintos grupos parlamentarios. Aquí, al proponer que se introduzca al marco normativo el concepto de Cobranza Social, particularmente a la Ley del Infonavit, regulamos por un lado los intereses del mercado, y por otra parte, garantizamos las razones del estado que tiene como propósitos, entre otros, generar condiciones de bienestar para los trabajadores.

Es decir, reforzamos el carácter social del Infonavit en una economía de mercado en el que debemos garantizar un equilibrio entre los acreditados y sus distintas problemáticas de pago, con los intereses de quienes facilitan la adquisición de una vivienda con un plan hipotecario. Está a debate esta iniciativa, esperando tener el mejor de los resultados para alcanzar justicia social con la clase trabajadora de nuestro país.

Reiteramos, este modelo ya existe en la práctica, y ha demostrado que al mantener una cartera rentable, se pueden ofrecer más oportunidades de vivienda para los trabajadores adscritos al Infonavit. Ahora, lo que estaríamos logrando con la aprobación de esta iniciativa, es garantizar en la ley este modelo para su aplicación constante y segura. Dando confianza tanto a los acreditados, como a la parte que ofrece los créditos. Esto significa poner a la vanguardia la Ley del Infonavit en el modelo económico que impera en el país, que cabe decir, ya no es el mismo que se tenía en 1972, año de origen de la ley del instituto.

Con esta propuesta, el Infonavit no pierde la función sustancial para la que fue creado, tampoco se privilegian en el modelo de Cobranza Social los intereses de los grandes consorcios inmobiliarios, por el contrario, busca alternativas para administrar de mejor forma la cartera de créditos hipotecarios, manteniendo la viabilidad financiera del ahorro del trabajador y atendiendo su capacidad de pago al mismo tiempo.

El impacto del beneficio social que busca esta propuesta, es hoy en día muy amplio y además tiende a crecer, por lo que es necesario aprobarla y garantizar una mejor ley que ayude a los financiamientos de vivienda para los trabajadores de México.

Se estima que más de veintitrés millones mexicanos viven en una casa financiada por el Infonavit, esta cifra es la más alta en la historia del instituto. También debemos considerar que según datos de la Comisión Nacional de Vivienda, el sector de la construcción en México muestra una dinámica de crecimiento, superior a la de la economía nacional, creciendo en promedio 5 por ciento anualmente.

Es precisamente el Infonavit quien otorga el mayor número de créditos en México para la adquisición de estas nuevas casas, 69 de cada cien créditos son otorgados por el Infonavit sin coparticipación financiera de otra institución.

De ese 69 por ciento, resultan con mayor beneficio los trabajadores con menores recursos, ya que el 63 por ciento de los créditos otorgados, aproximadamente, se han destinado a derechohabientes que ganan menos de siete mil doscientos ochenta y cuatro pesos mensuales, es decir, ingresos por debajo de los cuatro salarios mínimos.

El Infonavit, una vez que se superó la contracción económica de 2008, ha seguido mostrando una tendencia creciente en el otorgamiento de créditos anuales, llegando ya a la cifra récord que supera más de quinientos mil al año. Actualmente, supera en total, los cuatro millones y medio de créditos vigentes.

Otra estadística importante es el hecho de que, el tipo de producción de vivienda relacionado con acceso a créditos y capacidad de pago de la población, se distribuye de la siguiente forma: 10 por ciento con capacidad de pago y 30 por ciento es población derechohabiente; entre 10 y 20 por ciento no es derechohabiente aunque tiene capacidad de pago; el resto de la población no es derechohabiente y tampoco tiene capacidad de pago.

Por otra parte, debido al cambio demográfico que ha experimentado nuestro país en recientes años, se estima que se requieren al año, cerca de quinientos cincuenta y dos mil créditos para satisfacer la demanda de vivienda. Si cruzamos datos, el Infonavit puede cubrir hasta 90 por ciento de esa demanda, fortaleciéndose, y garantizando a los trabajadores mejores condiciones crediticias vía un modelo de cobranza social implementado en la ley.

Estas cifras, si las convertimos en datos sociales, se traducen al número de mexicanos potenciales a los que nos estamos dirigiendo con esta reforma legislativa.

A la fecha, son más de un millón setecientas mil familias que se han aprovechado de este modelo de cobranza, estamos hablando aproximadamente de siete millones de mexicanos que han comprobado que resulta útil a su economía este esquema de cobranza.

Si consideramos los casi cinco millones de créditos con los que ahora opera el Infonavit, con esta reforma, tenemos la posibilidad de garantizar en la ley el apoyo de cobranza social a más de cinco millones de familias, a más de veinte millones de mexicanos, esa es la trascendencia de esta propuesta.

Compañeras y compañeros diputados de esta LXII Legislatura. Promover leyes que garanticen y protejan el patrimonio de las familias mexicanas es un punto toral en nuestra agenda legislativa.

Para quienes somos parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito referirles que esta iniciativa va en el sentido de lo que proyectamos en su momento en la plataforma electoral de 2012, es decir, busca modernizar la estructura operativa del Infonavit, con la finalidad de satisfacer las necesidades de vivienda y los créditos de las mismas, a favor de los trabajadores.

Para mis compañeros diputados y diputadas con quienes no nos une la misma identidad partidaria, me dirijo con el propósito de convocarles y convencerles de que hagamos mayoría en esta propuesta, ya que parte de la responsabilidad del legislador es proponer mejores leyes con base en la realidad y estoy segura que, en el análisis de esta propuesta, en la contrastación de argumentos y enriquecimientos de ideas, propios del trabajo parlamentario que habrá de hacer la Comisión de Vivienda, podemos encontrar coincidencias y unirnos sí, en el propósito de dejar en la ley el modelo de cobranza social que ya existe en la práctica y que con la reforma que podemos aprobar, garantizaremos a los trabajadores esquemas justos y dignos cuando se vean en la necesidad de replantear sus créditos de vivienda, logrando con ello, alcanzar el precepto constitucional que hemos referido al principio de esta exposición de motivos.

Aprovechemos cada una de las oportunidades que tenemos para llegar a los acuerdos. En las propuestas legislativas que tienen como propósito hacer cumplir el artículo cuatro de la Constitución, referente a la vivienda digna y decorosa, no podemos perder de vista la forma en la que ésta se paga.

Cuando un trabajador adquiere un crédito y con ello su vivienda, apuesta a un futuro mejor para él y su familia, pone la confianza y emoción en su trabajo y en la forma que habrá de pagar el bien patrimonial que es de los suyos, que en la gran mayoría de ocasiones, es el único con el que podrán contar durante toda su vida. Si por alguna razón, ajena a su voluntad y su esfuerzo de pago, se ve en la necesidad de replantear su crédito, debemos legislar para garantizar que se le ofrezcan medidas adecuadas a su economía y así no pierda la confianza, el ánimo y la posibilidad de seguir pagando su casa. Eso es la cobranza social, eso ya está funcionando en el Infonavit, es el momento de plasmarlo en la ley.

Al hacerlo, ofrecemos bienestar al trabajador, les brindaremos certeza de que es posible salir adelante aun y con la deuda de su casa, con ello estaremos refrendando la representación social que tenemos los legisladores al hacer y promover leyes a favor de los ciudadanos. Como sabemos, hay leyes que tienen el sentido de transformar la realidad de los ciudadanos; otras que parten y buscan adecuarse al contexto al que se aplicarán. En este caso, ambos conceptos se complementan, adecuamos y mejoramos las condiciones ya existentes, en beneficio de los trabajadores mexicanos.

Hacemos eco de la voz del presidente Enrique Peña Nieto, porque sabemos que los pactos son para mover a México hacia mejores condiciones de vida de sus habitantes, y para ello, es necesaria la participación de todos, en este caso, hagámoslo en materia del financiamiento de las viviendas de los trabajadores.

La legítima aspiración que cada trabajador tiene por adquirir una casa, para brindar a su familia estabilidad emocional, y potenciar con ello el desarrollo de cada uno de los que la integran, es parte de vivir con dignidad y la reforma que proponemos hace posible esta realidad.

Por lo anteriormente expuesto, y debidamente fundamentado, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis 7, a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Artículo 51 Bis 7. El instituto deberá realizar acciones de cobranza social, para que los trabajadores conserven su patrimonio en casos de afectación o disminución de ingresos, estableciendo mecanismos alternos de financiamiento y pago que contemplen en todos los casos su situación económica.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.— Diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Les informo que si la diputada no tiene objeción, don David Pérez Tejada se adhiere a su iniciativa, diputada. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.



LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Atentamente

México, DF, a 19 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rubrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Único. Se reforma el artículo tercero transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo tercero transitorio:

Tercero. Los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, en un plazo de diez meses, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del servicio. Para los efectos de lo señalado en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de enero de 2009, la separación del servicio se actualizará una vez que haya vencido el plazo a que se refiere el presente artículo. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del programa a los seis meses de la entrada en vigor del presente decreto.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.— México, DF, a 19 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si es de modificarse el orden del día para su inclusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que la minuta de referencia se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las pantallas de sus curules, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le considera de urgente resolución, se le dispensen los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se le considera de urgente resolución, si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia, se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Proceda la Secretaría a dar lectura únicamente al proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Artículo tercero transitorio.

Tercero. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en un plazo de 10 meses, contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del servicio. Para los efectos de lo señalado en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 2 de enero de 2009, la separación del servicio se actualizará una vez que haya vencido el plazo a que se refiere el presente artículo. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del programa, a los seis meses de la entrada en vigor del presente decreto.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular. Tiene el uso de la voz don Guillermo Anaya Llamas, para fundamentar el asunto. Está usted inscrito debidamente.

Les voy a decir quienes están inscritos: Ricardo Monreal, Tomás Torres, Catalino Duarte y Consuelo Argüelles. A la hora que usted guste, diputado Anaya, aquí lo esperamos.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, presidente. Amigas, amigos diputados, la minuta que nos envía el Senado de la República y que estamos empezando a discutir y a votar en forma urgente, que hemos aprobado aquí mismo en el pleno, es necesario precisar que no estamos reformando el articulado sustancial de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino solo un artículo transitorio, el tercero.

Como ustedes saben, compañeras y compañeros, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expedida el 2 de enero de 2009, estableció como objeto de la misma el regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para poder cumplir con lo anterior, se estableció en uno de sus artículos transitorios un plazo de 4 años a partir de la entrada en vigor del decreto que expidió dicha ley, para que las instituciones de seguridad pública, tanto en la federación, en los estados y en los municipios, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberían practicar las evaluaciones respectivas a todos sus integrantes, conforme lo dice la ley en sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el propio Consejo Nacional.

El 3 de enero del 2013, se cumple el plazo de estos 4 años, que prevé dicho artículo tercero transitorio; es decir, en tan solo dos semanas más.

Sin el propósito de polemizar, amigas y amigos, sí es pertinente señalar que como lo reconoce, incluso, el autor de la iniciativa, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado de la República, al 31 de octubre de 2012, de una plantilla activa de 71 mil elementos en el ámbito federal, la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR, cumplió al 100 por ciento con esta obligación de evaluación.

Pero también es necesario recalcar que prácticamente el 60 por ciento de las entidades federativas no han cumplido con lo establecido en la ley. Por ello es que se está solicitando reformar el artículo tercero para ampliar prácticamente a 10 meses y no caer en un caos en los estados y en los municipios, porque los que no han sido sometidos a las pruebas de control de confianza o los que lo hayan reprobado, primero tendrán que ser separados inmediatamente de los cuerpos policiacos, a partir del 3 de enero; es decir, en dos semanas más.

Pero los que hemos sido alcaldes o los que han sido gobernadores sabrán que no se trata solamente de someter a las pruebas de confianza a las policías, a los cuerpos policiacos, sino se trata también a los que no hayan pasado las pruebas; se tiene que indemnizar y se tienen que reponer estos cuerpos policiacos, que hoy en día, en los municipios y en muchos estados no es fácil encontrar a policías que quieran arriesgar su vida, muchas veces con un salario indigno, sin la capacitación y sin el armamento suficiente para hacer frente a la delincuencia del crimen organizado.

El plazo que se propone, que cambia el dictamen o la minuta a la iniciativa original, que era de 12 meses el plazo, la minuta que nos envió el Senado es por 10 meses, y además, la minuta que envía el Senado es para que comparezca a los seis meses el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ante el Senado de la República.

El voto que solicito es a favor de este dictamen; sin embargo, quisiera hacer una última reflexión antes de concluir mi primera intervención. Creo que también debería ser tomada en cuenta esta Cámara de Diputados, para que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no solamente comparezca a ir señalando cómo van esas evaluaciones a los seis meses. No solo al Senado de la República, sino aquí también debería comparecer el secretario ejecutivo de Seguridad Pública.

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que acabamos de aprobar hace unos días, también el Senado de la República ratificará al recién nombrado comisionado y también al propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; por eso, en una subsecuente intervención, compañeras y compañeros, haré una propuesta formal para poder hacer una modificación a este dictamen.

Pero creo que, por la urgencia que amerita el caso, el sentido de nuestro voto es a favor de este plazo de 10 meses, para que no haya un caos en torno a la seguridad pública, que es el principal y más sensible problema de los mexicanos; y poderlo entenderlo en consecuencia, porque además —y con esto termino— fue una decisión prácticamente unánime de los gobernadores en la pasada reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el solicitar esta prórroga.

Entonces, el día de hoy —y ahora mismo— lo someteremos a votación. Nosotros esperamos que se apruebe este dictamen, para poder atender este serio y grave problema de seguridad pública en nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Tomás Torres Mercado, tiene usted el uso de la voz; lo escuchamos como siempre, con un gran respeto.

El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, respetable señor presidente. La minuta que se nos está sometiendo a la consideración el día de hoy tiene su origen en una ley que está en vigor, que es la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que obviamente pasó por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados para darle vigor.

Tres cosas diré con relación a la minuta; la primera, dos artículos transitorios de ese ordenamiento —entre otras cosas— establecen que se tenía un plazo de cuatro años, cuatro años a partir del inicio de la vigencia, del 2 de enero de 2009, para que las instituciones policiacas —todas las instituciones policiacas— del país pasaran por un sistema de evaluación y de control de confianza.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia superior; se coloca por encima del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que define las políticas públicas en esta materia.

Materia que por cierto —y también sin el ánimo de la polémica, diríamos, que observando la sesión, la segunda extraordinaria, de apenas la semana anterior del Consejo Nacional de Seguridad Pública— me parece que hay algo políticamente rescatable —y hay que decirlo aquí— es el de abandonar el decanto de las culpas, es el tiempo en donde políticamente hay que establecer que las condiciones objetivas del país no han dado para la certificación, para la evaluación de todos los cuerpos de seguridad pública.

El primer aspecto, entonces, es un ordenamiento vigente.

El motivo de la minuta es aplazar —y por cierto, me parece que no es suficiente, pero es una reflexión personalísima— por 10 meses más, porque fenecido el plazo el 2 de enero, del mes próximo, todos los integrantes de corporaciones policiacas no evaluados automáticamente estarían fuera, automáticamente serían cesados. Se está dando un plazo de 10 meses.

El proceso de evaluación y de control de confianza no es necesariamente el deseable; en la mayoría de los casos, si bien está es al 50 por ciento; en otro hay un caso —no lo cito— hay condiciones particulares, no se ha llegado al 15 por ciento de la evaluación.

Pero algo que es más relevante. Miren, no puede decantarse la responsabilidad en los estados y en los municipios, porque la condición financiera no es la misma, no solo de las diversas entidades y municipios, sino porque la federación solo para el rubro de seguridad pública exclusivamente de la Secretaría de Seguridad Pública traía cerca de 50 mil millones de pesos.

Díganme ustedes si llegan con 200 millones de pesos al municipio de Valparaíso o al municipio de Fresnillo, en nuestro amado estado de Zacatecas, pues se lleva en un 2 mil por ciento el monto de lo que tiene para inversión pública.

Tercer aspecto. La comparecencia del secretario ejecutivo ante el Senado de la República, para que en un plazo de seis meses digan cómo están las cosas.

Vamos, desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, a votar a favor de la minuta y refrendar el compromiso político de coordinación de la federación, de los estados y de los municipios.

No hay nada, colegas, no hay nada que valga más ni siquiera el éxito material, que el poder disponer de tranquilidad y de vivir en paz para poner en salvaguarda las libertades, la integridad de nuestras familias y por supuesto, también de sus bienes. En ello vamos a contribuir. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A usted. Don Catalino Duarte Ortuño. ¿Está don Catalino? Ahí viene. Está bueno.

El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con la anuencia de nuestro presidente y de los compañeros legisladores, legisladoras. De manera puntual, he escuchado las opiniones de los legisladores en el tema; la opinión nuestra es que el tema de seguridad pública es un tema delicado y que está en voz de todos los mexicanos, incluso el presidente de la República ha sido muy reiterativo para cambiar esta estrategia y lograr mejores resultados para este país.

Fue una buena decisión legislar para que, en su defecto, las corporaciones policíacas de este país pasaran por un proceso de evaluación y certificación, y hay que reconocer que por falta de interés de la propia federación, de los estados de la República, el avance ha sido no muy satisfactorio.

Si bien es cierto que la federación tiene recursos y que en gran medida ha podido avanzar en la certificación, también es cierto que ha sido poco solidaria hacia los estados y los municipios.

Se están estableciendo 10 meses y la opinión nuestra es que debe irse más allá; seguramente van a transcurrir los 10 meses y se va a presentar otra prórroga. En esa tesitura, debemos ser cuidadosos y tomar decisiones firmes. Pero además, darle consideraciones a los municipios, porque debo decir que las policías preventivas tienen la facultad para hacer detenciones y para ser puestas a disposición de los órganos persecutores de los delitos, y que en muchos de los casos se otorgan libertades con las reservas de ley, porque hace falta lo que aquí se ha dicho: capacitación, hace falta compromiso con la institución que representan.

Ustedes pueden hacer un análisis de las puestas a disposición que tenemos a nivel nacional en los ministerios públicos del orden del fuero común y del orden del fuero federal; en su mayoría tenemos libertades con las reservas de ley.

Eso no es todo, revisen también en los términos que resuelven los jueces, en el término que les corresponde, en muchos de los casos hay libertades, y vamos más allá; en las resoluciones jurisdiccionales; de 100 puestas a disposición, tenemos solo el 4 por ciento, el 5 por ciento en resoluciones condenatorias.

Por eso invito a los compañeros de Acción Nacional —de manera muy respetuosa— a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, a los del Verde Ecologista, a los de Movimiento Ciudadano, a los compañeros del PT y por supuesto, mi fracción está muy puesta para ponerle seriedad al tema.

Atendamos el asunto de la certificación y evaluación de nuestros policías. Pero —esto es muy importante— atender de manera puntual el tema de la policía estatal, de la policía preventiva, porque ahí en gran medida tenemos serios problemas.

La postura nuestra es ir a fondo y encontrar mecanismos para que tengamos —como aquí se ha dicho— una policía que pase su certificación, que pase sus evaluaciones, pero también que tengan un salario digno. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Consuelo Argüelles Loya, tiene el uso de la voz.

La diputada Consuelo Argüelles Loya:Gracias, presidente. Amigos y amigas diputados, el Partido Acción Nacional recibe —al igual que ustedes— una minuta de nuestros amigos senadores, en donde se va a reformar el artículo transitorio de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este artículo establece o limita el tiempo que han tenido los municipios y los gobernadores para que se hagan los sistemas de evaluación policiacos, los sistemas de evaluación del cuerpo policial de todos los estados y de todos los municipios.

Este tiempo está a la vuelta de la esquina, será el 3 de enero; se han cumplido los cuatro años. Acción Nacional quiere otorgarles a los gobernadores y a los alcaldes de este país una prórroga —tal y como lo están proponiendo nuestros amigos los senadores— de ampliarlo 10 meses.

Vayamos con esto. Ni siquiera el 50 por ciento de los gobernadores han cumplido con esto. En esta Legislatura vamos a darles a nuestros compañeros estatales y municipales el tiempo que nos están solicitando. Creo que el país está pasando por una época difícil, en la cual todos están invirtiendo en el tema de inseguridad, tema que nos preocupa a todos los mexicanos.

El presidente electo ya está presentando la nueva propuesta de seguridad. Démosle el beneficio de la duda, otorguemos esta prórroga, son 10 meses más, y vayamos con la misma exigencia en estos 10 meses a rendirles cuentas a los gobernadores y a los alcaldes.

Por eso Acción Nacional va a favor del proceso de evaluación y certificación a los 10 meses más que están solicitando nuestros senadores. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Ricardo Monreal, tiene el uso de la voz.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Últimamente he hablado con gente del PAN que es seria y del PRI también y de todos. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, preguntaba al presidente si podía —en un mismo turno— presentar la posición general y un agregado, una modificación. Quiere decir, si en los dos turnos que me corresponden, uno en lo general y otro proponiendo modificaciones al texto que pretende modificarse, los habré de agotar en un solo acto.

En efecto, estamos preocupados, no por la aprobación de este proyecto, porque en los últimos días hemos escuchado cómo los actores que hace unos años aplaudían la estrategia contra el crimen organizado y que ahora están en el gobierno, la descalifican, culpan de todos los males —que en parte tienen razón— al gobierno anterior. Pero la oposición de izquierda, desde hace varios años, desde que se implementó esta estrategia unilateralmente contra la delincuencia organizada, advertimos que se trataba de una estrategia equivocada, de una estrategia errática, que solo era mediática, ruidosa y que no tenía ninguna posibilidad de éxito.

Lo dijimos hace muchos años, ahí está el Diario de Debates, y en el PRI le aplaudieron y la apoyaron, la respaldaron. Hoy dicen que es equivocada.

Por eso ahora que se plantea lo del plazo nuevo de 10 meses —lo advertimos en aquel momento— los que discutimos la ley, que presentamos voto particular y que votamos en contra, decíamos que los cuatro años eran suficientes si se generaban condiciones para la evaluación de los policías.

Todos afirmaron que eran suficiente los cuatro años, y hoy estamos modificando la ley y el transitorio para poder dar otros 10 meses para evaluar la policía o las policías o los elementos pertenecientes a cuerpos policiacos.

Déjenme decirles que por irregularidades en su desempeño, actos de corrupción y principalmente no haber acreditado los exámenes de control y confianza, más de 30 mil policías municipales, estatales y federales fueron despedidos en los últimos años; es decir, casi 500 elementos han sido despedidos al mes. Estas cifras se desprenden del reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Los municipios y los estados han despedido a más de 22 mil 550 elementos. Esta cifra equivale a casi el 15 por ciento de los 166 mil 992 oficiales que conforman las fuerzas policiales de las 32 entidades federativas.

Los despidos en los estados y municipios equivalen a cinco veces el total de los elementos que conforman la AFI o la SEIDO, que actualmente han sido todavía más policías, más pilotos, más personal despedido por la falta de confianza y por no haber aprobado este examen.

Pero fíjense ustedes quién encabeza la lista de los estados que no han cumplido con la evaluación de esos policías; la lista la encabeza al estado de México, luego Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Chihuahua.

Entonces, ese es un problema grave, porque la causa de los ceses es la pérdida de confianza, consumo de drogas, abuso de autoridad, consignaciones, pero además colaborar con la delincuencia organizada.

De cada 10 policías que salen a las calles a cumplir con su obligación, cinco o quizás seis son confiables, los otros no, porque las condiciones de los policías municipales del país son lamentablemente sin remuneración digna y sin salarios dignos, menos con un sistema de seguridad social y de protección, con el cual puedan enfrentar la difícil situación que vive el país.

Por esa razón, nosotros sí vamos a votar a favor, pero queremos hacer una serie de agregados. Por esa razón les decía también que en lugar de usar los 10 minutos, quería en un solo acto establecer la posición general y la modificación, porque en efecto, les pregunto, ¿por qué razón seguimos privilegiando al Senado como Cámara única para rendir informes? Porque aquí en la propuesta dice que ante el Senado de la República, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad rendirá informes, ¿y por qué no se dice ante las Cámaras del Congreso de la Unión, el secretario ejecutivo rendirá informes? ¿Por qué nos autolimitamos y por qué no establecemos con seriedad que la Cámara de Diputados tiene el mismo valor y constitucionalmente tiene la misma calidad que el Senado de la República?

Somos Poder Legislativo, pero además, compañeros, es muy grave que no sepamos de estos 30 mil policías, ¿qué están haciendo? Estos 30 mil policías, ¿dónde están? ¿Quién tiene un censo de ellos? Los corres sin liquidación, ¿a dónde van estos policías a los que corres? Van a incorporarse a la delincuencia organizada o a generar sus propias bandas para asaltar, secuestrar o esquilmar.

Por eso propongo en un agregado, que en cumplimiento al párrafo anterior el Sistema Nacional de Seguridad deberá mantener actualizado el padrón de todos los elementos que han sido dados de baja por no obtener la certificación de los centros de evaluación y control de confianza.

Cabe señalar que el término de la relación laboral se hará conforme a derecho, otorgándoles el elemento de liquidación correspondiente.

Concluyo, presidente. Estos dos agregados son los que les propongo. Decía Memo —el diputado de Acción Nacional, compañero del Senado— decía con justa razón que no había tiempo; digo que sí hay tiempo, modifiquemos y regresémosla, tenemos hoy y mañana.

Si ahorita estamos esperando la educativa y estamos esperando otras, ¿por qué no la modificamos, la mandamos a la Cámara? Lo único que les estoy proponiendo es que hagamos valer nuestro poder, nuestra posición y que el secretario venga a informar, igual que en el Senado, ¿por qué no?, y que hagamos un censo de dónde están estas personas a las que se les liquida o a las que se les despide sin liquidación y que fungieron como policías. No entiendo la razón por la cual votarían en contra. Presidente, por su tolerancia, y a todos también, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted. Finalmente, don José Alejandro Montano Guzmán.

El diputado Felipe Arturo Camarena García(desde la curul): Presidente, para una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Sí acepta una pregunta de don Felipe Camarena?

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí, por supuesto.

El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nada más comentarle al diputado Monreal, en relación a que manejaba que el estado de Guanajuato era de los estados que no había cumplido.

Quiero precisarle que hubo varias etapas en la certificación; primero, mandos superiores, mandos medios y posteriormente todo lo que fuera personal en áreas de seguridad. Pero comentarle que Guanajuato fue el segundo estado certificado como tal, el cuarto en haber sido acreditado por el Centro de Control de Confianza, y tercero en haber cumplimentado la meta que está por vencerse para el día 3 de enero del próximo año.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No hay pregunta, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Bueno, el Sistema Nacional de Seguridad —si quiere se lo mando, le mando copia— el Sistema Nacional de Seguridad Pública establece una lista, es información oficial, estado de México, 2 mil 118 bajas; Veracruz, mil 694; Guanajuato, mil 530; Hidalgo, mil 224; Coahuila, mil 206; Baja California, 2 mil 194; Tamaulipas, mil 149; Chihuahua, mil 17, pero se lo envío.

Es probable que haya equivocación en los datos y me alegra saber que Guanajuato está así, los ciudadanos seguramente también sabrán si hay o no inseguridad, pero finalmente es un problema serio —que si usted me permite— le doy los datos personalmente y deliberamos sobre este tema u otros que a usted le interese. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Alejandro Montaño, Montano, sin la ñ.

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto?

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Para los efectos de hacerle una precisión al diputado Ricardo Monreal, en relación a mi estado de Baja California, nuestro estado. El señor manifiesta que Baja California es uno de los estados que presumiblemente no ha reunido los requisitos de la certificación. Debo de precisarle al señor Monreal, que en Baja California sí se cumple.

Únicamente una ciudad, que es Rosarito, al frente del Partido Revolucionario Institucional, en donde su titular de la policía no ha hecho sus exámenes. Lo anterior, para los efectos de la precisión, señor presidente, y gracias por permitirme hacer uso de la voz.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ha precisado por sus dichos. Don Alejandro Montano, tiene el uso de la voz.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional celebra que el Senado de la República le haya dado celeridad a un tema de la mayor relevancia, como es el otorgar 10 meses de ampliación para que se logre esta certificación.

Creo que es importante que dentro de 12 meses, cuando se dé un tema aquí en esta alta tribuna, no se cuestione por los diputados, sino que desde ahí tengamos la información necesaria, verídica y obviamente que haya sido cruzada con los estados de la República.

Lamentablemente después del tiempo que se había fijado faltó, no solo voluntad, sino también faltó la estrategia y sobre todo, mucho mayor personal para llevar a cabo esa certificación.

Creo que todos los estados, no creo que ninguno se haya negado o lo haya hecho por falta de atención o compromiso sino en algunas partes fue por la falta del personal adecuado y para que pudieran ellos valorar y llevar a cabo esos exámenes.

Es importante que, como lo manifiesta aquí este proyecto de decreto, vayamos a favor para que les demos ese espacio a los gobiernos de los estados, que en esta nueva estrategia que se manejó y se aprobó por los propios gobernadores, el gobierno federal y los ayuntamientos, empiece a generarse ese proceso en los próximos meses.

Es importante que también tengamos el registro de todo aquel elemento que haya pertenecido a los cuerpos de seguridad, para saber en dónde, cuándo y cómo estarán ellos manejando un proceso de vida y que tengamos la certidumbre que no se estén integrando en los cuerpos del crimen, sea organizado o sea cualquier nivel de crimen.

Por ello, el Partido Revolucionario Institucional votará a favor de este proyecto de decreto y repito, estamos contentos que el Senado le dio celeridad y que así esperamos que los demás asuntos tengan ese mismo concepto. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Finalmente, tres minutos para doña Lizbeth Rosas, como una llamada de teléfono, sin redondeo.

La diputada Lizbeth Rosas Montero: Compañeros diputados, diputadas, me parece que este tema es fundamental, pero sobre todo, no es correcto y no es ético que estemos defendiendo aquí a nuestros gobernadores o presidentes municipales si cumplieron o no; creo que ése no es el propósito, el asunto es que cumplan, cuatro años tuvieron para llevar a cabo la certificación y ningún estado ha cumplido con esa meta.

En lo particular, a nosotros —como grupo parlamentario— nos preocupa mucho, precisamente, que no se están tomando cartas en el asunto sobre la revisión del propio modelo de certificación, que además de ser muy costoso, no tenemos ni siquiera los datos de cuántos elementos aprobaron este sistema de evaluación y aun así cometieron ilícitos en estos estados y en estos municipios. No hay transparencia ni siquiera de los nombres.

Más allá de no saber quiénes son estos 30 mil o más policías que fueron dados de baja, ni siquiera sabemos, los que aprobaron, en qué condiciones se encuentran.

Otro asunto que me parece relevante es, seguimos sin considerar a los elementos de seguridad privada, que además traemos una invasión de elementos de seguridad privada en todos los municipios, en todos los estados y que también traen autorización y licencia para la portación de armas de fuego.

Me parece también que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara —y éste es un exhorto a mi compañero— debe de manera urgente armar una subcomisión de trabajo que le dé seguimiento a este tema, ¿por qué? Porque 10 meses van a ser insuficientes, y se los estoy diciendo el día de hoy, en 10 meses ninguno va a cumplir, ni siquiera nos hagamos fantasía aquí; creo que debe revisarse el modelo, debe revisarse la temporalidad, pero también se debe transparentar la información.

Otro dato que me parece fundamental, todos esos procesos de certificación empezaron por los mandos superiores y mandos medios, tenemos también datos de que hay en esa nata mucha corrupción, pero también muchas veces se esconde la información.

Esta área específica de seguridad pública, que se encarga de certificar, guarda la información a veces por años de los elementos o mandos que no cumplieron con los exámenes de certificación, y después son utilizadas también políticamente para ir desacreditando a funcionarios o servidores públicos en los gobiernos que anteriormente o un año antes no pasaron dicho examen y que posteriormente se da a conocer. Creo que esa información debe ser pública, nos ayuda a todos para mejorar.

En ello —obviamente— nosotros como diputados, compañeros, no podemos ser cómplices ni estarles corrigiendo lo que no hicieron a nuestros compañeros gobernadores o presidentes municipales. Debemos de exhortarlos a que cumplan más allá de lo que en un momento dado ellos puedan decir en la parte financiera, revisar cuál es la parte de los recursos que les tocaban y porqué no se aplicaron, y tener una reunión de trabajo urgente con el área de finanzas.

Pero tengamos mucho cuidado, compañeros diputados, de estar dando prórrogas y cheques en blanco; se los digo, porque desafortunadamente en este tema tenemos un gran vacío y una gran deuda pendiente con la población. Ni hemos logrado tener una policía que está a la altura de las necesidades de la ciudadanía ni hemos logrado erradicar la corrupción de los cuerpos de seguridad en México. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ta bueno. Ábrase el sistema electrónico de votación...

El diputado José Guillermo Anaya Llamas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Guillermo, tiene usted el uso de la voz.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para hacer una precisión de lo que anuncié en mi intervención en la tribuna, que iba a hacer alguna propuesta de modificación a la minuta precisamente para que compareciera el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ante la Cámara de Diputados y ante la Cámara de Senadores.

No encuentro consenso en esta propuesta y siendo el problema principal y más sensible de los mexicanos la seguridad pública y no poner en riesgo a partir del 3 de enero la entrada en vigor de esta modificación a esta minuta, no haré esta propuesta, en virtud de que nos faculta —a las comisiones y como presidente de la Comisión de Seguridad Pública— el artículo 93 de la propia Constitución General de la República el citar a los secretarios del ramo o a los funcionarios a dar cuenta de sus funciones.

Dicho lo cual, retiro pues la petición de hacer uso de la tribuna y solicitaría, si usted así lo considera conveniente, se pregunte a la asamblea si se somete a votación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, está bien. En síntesis retira su propuesta.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si subsiste la propuesta del diputado Monreal y si se acepta a discusión. No la dejó por escrito, pero vamos a preguntar, vamos a preguntar. Pregunte.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señor presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación, a efecto de votar este artículo transitorio, por 10 minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitió en pro 427 votos, 1 en contra, 18 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Honorable asamblea, vamos a proceder a dos declaratorias de publicidad, de tal suerte de estar en condiciones el día de mañana de abordar estos temas; uno tiene que ver con las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y otro con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Dé cuenta, señor secretario.



LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto que reforma el quinto párrafo del artículo 10 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y reforma los artículos primero y tercero transitorios del artículo primero del decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.



REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, para regular el procedimiento de la iniciativa preferente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.



ARTICULOS 3o. Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea. Esta Presidencia informa que el pasado 13 de diciembre se publicó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa.



VOLUMEN III


El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Cumpliéndose así el requisito de publicidad, de conformidad con lo que establecen los artículos 3, numeral 1, fracción V, y 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa.

Tiene el uso de la voz don Julio César Moreno Rivera, a nombre de la comisión, para fundamentar el dictamen.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Compañeros de los medios. A nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación.

En la actualidad, en México no existe una política integral que regule la carrera docente, lo que tenemos son una serie de programas y acciones aisladas, desarticuladas y contradictorias, aun cuando se han institucionalizado como estándares de calidad educativa, ofreciendo indicios sobre las características que debería de cumplir un maestro de educación básica o normal.

Por ello, con la reforma en estudio, se pretende crear un servicio profesional docente, con la finalidad de establecer a nivel nacional las bases del ingreso, promoción y permanencia de los docentes en el servicio educativo.

Por otro lado, agregando una fracción IX al artículo 3o. constitucional, se propone dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con lo que se podrá fortalecer la política del Estado y su rectoría en la educación.

Es importante entender que dada la complejidad de los procesos educativos es pertinente emplear los mecanismos necesarios que permitan obtener una visión lo más completa posible, que ofrezca un fundamento sólido para las decisiones y acciones de mejoramiento que deben de tomar.

Por ello y dadas las tareas tan especializadas y de suma complejidad técnica, se ha decidido encomendar a una instancia autónoma e independiente todas las tareas de evaluación, como sucede en los casos de los Estados Unidos de América, de Inglaterra, Dinamarca, solo por citar algunos ejemplos.

Debemos tener presente que la educación —como parte del engranaje social y como un pilar primordial de los valores más esenciales del ser humano— constituye la herramienta de crecimiento de toda nación.

Por ello nuestra Constitución Política consagra a la educación como un derecho humano fundamental y en consecuencia, este órgano legislativo tiene la obligación de garantizarlo a todos los mexicanos en un marco de respeto a nuestra Carta Magna y a los tratados internacionales que México ha firmado en la materia, entre los que podemos mencionar: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.

Es lamentable que en materia educativa nuestro país ocupe el lugar 48 de 63, a nivel mundial y el último lugar a nivel de Latinoamérica de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, México destina el 5.3 por ciento de su producto interno bruto a la educación y a pesar de ello ocupa el lugar 118 de 144 naciones clasificadas por la calidad de su educación primaria. Asimismo es alarmante que en promedio, de cada 100 niños que ingresan a la primaria, solo la mitad termina su instrucción media superior.

Con los anteriores datos es más que evidente la necesidad de una reforma educativa que eleve la calidad de la educación, a fin de superar los bajos índices de preparación y aumentar la productividad y la competitividad económica.

Si queremos transformar a la sociedad debemos empezar por mejorar la educación, ya que de ésta —al igual que de la ciencia y de la educación tecnológica— dependen cada vez más la productividad y la competitividad económica, así como buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones.

En ese sentido, el Estado mexicano se encuentra ante la responsabilidad y obligación de establecer los mecanismos idóneos para estructurar una política educativa que transforme el sistema educativo actual, resolviendo y enfrentando los problemas que le aquejan, con la finalidad de dar un paso adelante en el desarrollo de la educación.

Más que esperanza, los ciudadanos necesitamos certidumbre de que puede haber un mejor futuro, de que otro México es posible para bien de todos, en especial de nuestros hijos.

Por ello la importancia de la presente reforma, con la que se busca establecer las bases constitucionales que permitan consolidar la educación en México para las generaciones futuras.

En concreto, la presente reforma constitucional se refiere en dos fracciones del artículo 3o constitucional; se adiciona el párrafo segundo de la fracción III para establecer las bases para la creación de un servicio profesional docente, con lo que se pretende consolidar la educación pública de calidad; se fijan los procedimientos y mecanismos, objetivos para el ingreso, promoción, permanencia en el servicio educativo, a través de un concurso de oposición.

Para facilitar la movilidad en el sistema educativo se incorporan al servicio profesional docente a quienes desempeñen funciones de dirección y supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado.

Se adiciona la fracción IX al artículo 3o. de la Carta Magna para transformar el ya existente Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la finalidad de alcanzar una plena coordinación entre las autoridades educativas federales y locales.

En este sentido, a este instituto le corresponderá evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional, desde el nivel preescolar hasta el medio superior. El instituto deberá realizar las siguientes funciones: diseñar y realizar las mediciones que corresponden a componentes, procesos o resultados del sistema; expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas del gobierno federal y local para llevar a cabo las funciones de evaluación que le corresponden; generar y difundir información y con base en ésta emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

Por otra parte, el órgano de dirección del instituto será la junta de gobierno integrada por cinco miembros designados por el Ejecutivo federal, con la aprobación de dos terceras partes del Senado. Los integrantes de la junta de gobierno elegirán entre ellos a su presidente.

Finalmente, se adiciona la fracción XXV al artículo 73 de la Ley Suprema para facultar al Congreso, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua, en un marco de inclusión y diversidad.

Por lo anterior, no se debe seguir postergando la necesidad del Estado de recuperar la rectoría de la educación y la lucha contra los poderes fácticos, pues uno de ellos, importantísimo y de poderío enorme, afecta actualmente la vida nacional de una manera significativa.

Compañeras, compañeros diputados, los exhorto a apoyar esta reforma. De lo contrario, dejaremos de contribuir a la solución de un problema que aqueja a la ciudadanía y al desarrollo nacional.

Es el momento de enfrentar los retos. Estamos aquí por la voluntad ciudadana, a ella nos debemos, a fin de lograr un México mejor. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Honorable asamblea, la ley permite solo una moción suspensiva —una— y está registrada en tiempo y forma la de don Ricardo Mejía.

Sin embargo, esta Presidencia ha practicado el criterio de permitir que se presente más de una, la de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara también se va a presentar, solo que habrá una sola votación. Tiene el uso de la palabra don Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, vengo a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de esta Cámara, a presentar moción suspensiva respecto del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de la República en materia de salud, reformas al artículo 3o. y al artículo 73.

Ya en un voto particular en la Comisión de Puntos Constitucionales planteamos todas las violaciones de procedimiento que se vinieron generando desde el día 11 de diciembre, en que el Ejecutivo federal presentó esta iniciativa.

No había todavía terminado de llegar la iniciativa, cuando ya se cometían violaciones; la primera fue que se convocó a reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales por correo electrónico, no como lo mandata el propio Reglamento de la Cámara. De esta manera, se vinieron generando una serie de violaciones, el propio día 13, en plena sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, el presidente de la Mesa Directiva ya estaba dando cuenta de que se iba a proceder a la declaratoria de publicidad.

Nos parece que en aras de privilegiar el impacto mediático de esta reforma, se han atropellado las formas y la legalidad implícita en todo proceso legislativo. Estamos en contra de esta reforma educativa, pero estamos a favor de una reforma a la educación de fondo, genuina, sin cortapisas y sin atender presiones de grupos de interés.

El modelo autoritario, vía fast track, que se ha ido imponiendo en esta Cámara, tiene como finalidad hacer del Parlamento un espacio ajeno a la deliberación pública. Con este esquema se busca sorprender a la ciudadanía con leyes contrarias al interés público y que la población no tenga oportunidad de valorar, con tiempo suficiente, los pros y los contras de estos temas.

A fuerza de propaganda y autoritarismo, con una prisa digna de mejores causas, le imponen decisiones preconcebidas; se presentan reformas regresivas o francamente mediocres, como ésta, como las grandes reformas. En cambio, las iniciativas que le interesan al pueblo son congeladas y duermen el sueño de los justos.

Esta manera de legislar, por fast track, tiene como propósito anular la conciencia social y que no se conozca a plenitud el contenido nocivo de los proyectos que se están imponiendo. Hay quienes se conforman con cambios muy menores a las iniciativas y claudican de su función constitucional para hacer reverencias a cualquier proyecto que venga del Ejecutivo.

Ante un Ejecutivo impuesto, al que los miles de millones de pesos no le han dado legitimidad, se presentan estas reformas como transformaciones de gran calado, cuando no son sino una mala caricatura de las grandes soluciones que pide la ciudadanía. No se abren espacios de consulta ciudadana e iniciativas similares de reforma educativa no se acumularon para dictaminarse conjuntamente.

Es la autocracia parlamentaria y el regreso a los tiempos del presidencialismo más extremo; el sí, señor presidente, ¿qué horas son? Las que usted quiera, señor presidente; ¿qué iniciativas? Las que usted disponga, señor presidente.

En Movimiento Ciudadano tenemos muy claro nuestro compromiso con los 16 millones de ciudadanos que votaron por un cambio verdadero. No vamos a claudicar, no vamos a facilitar el camino para que se anule el Poder Legislativo, no vamos a sumarnos a la construcción de unanimidades ficticias que no responden al México real.

Rechazamos un pactismo claudicante, no caeremos en la ingenuidad ni en la complicidad de darle un cheque en blanco al gobierno impuesto, para que con fotos y propaganda limpie el antecedente de haber comprado la Presidencia.

No es el regateo o el intercambio de concesiones lo que defendemos, sino la posibilidad de construir una auténtica transformación del país.

Debemos construir las leyes que la sociedad demanda, pero desde el Congreso, en los ritmos y en los tiempos del Parlamento y no en la agenda simulada de los poderes fácticos, que por cierto por eso se ha estado retardando, porque han estado en el cabildeo con la dirigente del SNTE, a la que no le gusta esta reforma.

Concluyo, presidente. Todos los autócratas desprecian los Parlamentos, en ocasiones los queman; otras veces persiguen a los legisladores, llegando incluso al asesinato, como aconteció con Belisario Domínguez. Ahora simplemente anulan la capacidad de debatir y le imponen leyes; en una semana una reforma constitucional en un tema de gran trascendencia para millones de mexicanos.

Señoras y señores legisladores, del PRI y del PAN y sus aliados, rescatemos la dignidad del Congreso, hay tiempo para ello; que se regrese el dictamen a la Comisión, que se abran foros y que se construya una gran reforma. Creemos que es tiempo de que hagamos una verdadera reforma educativa y no esta caricatura.

Por lo anterior, pedimos que se someta a consideración esta moción suspensiva.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Moción suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente moción suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación, al tenor de la siguiente

Motivación y Justificación

La educación en la era de la modernidad o post modernidad, en el contexto de la dominancia del subsistema económico en un mundo globalizado, constituye sin duda el eje principal del progreso del país, el motor del desarrollo, el transistor de las energías y presiones sociales, el principal medio de ascenso social y de combate a la desigualdad.

Hoy en día, la educación en México está envuelta en múltiples problemáticas, que derivan entre otras cosas en niveles bajos de aprovechamiento escolar; altos índices de deserción escolar, sobre todo en los niveles básicos; desinterés de alumnos, padres y maestros por generar una dinámica educativa competitiva, integral y de calidad; profesores parásito que disfrutan de una serie de canonjías sin impartir clases siquiera ni sobresalir en la carrera magisterial; baja calidad en la enseñanza y por ende, bajos índices de aprovechamiento en el alumnado.

Tales problemas tan profundos y estructurales merecen ciertamente soluciones urgentísimas, rápidas, pero no autoritarias, excluyente s, y parciales. Menos aún, cuando en aras de privilegiar el impacto mediático, se atropellan las formas y la legalidad implícitas en todo proceso legislativo.

En la propia reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, a propósito de la reforma educativa, quedó claro entre todos los integrantes, que el proceso legislativo estaba viciado de informalidad; incluso se llegó a mencionar que a esas instancias se habían presentado 7 irregularidades cuando menos.

Algunas de las irregularidades de forma que viene arrastrando el proceso legislativo en torno a la reforma educativa son.

• Violación a lo dispuesto en las fracciones II y VII del artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Por cuanto la convocatoria para reunión extraordinaria de la Comisión no se hizo con cuando menos 24 horas de anticipación, y en razón de que la convocatoria se hizo llegar a los miembros vía electrónica y no en los términos que precisa el artículo 155 del Reglamento en cita.

• No obstante que se acordó turnar la iniciativa en comento a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente, también fue turnada para efectos de opinión a las Comisiones de Educación y Servicios Educativos y de Equidad y Género. Las cuales no obstante que contaban con un término máximo de 30 días para emitir la opinión, en términos del artículo 69 del Reglamento de esta Cámara, enviaron opiniones precipitadamente en sentido afirmativo, carentes de sustancia por la injustificada urgencia y celeridad.

• A pesar de que la fracción II del artículo 150 manifiesta que para convocar a reuniones extraordinarias debe de hacerse con 24 horas de anticipación, existe una excepción: cuando se determine que hay urgencia por parte de la mayoría de la Junta Directiva. En el caso concreto, nunca se argumentó cual era esa urgencia que justificaba la convocatoria a una reunión extraordinaria.

• Dadas las condiciones en que se desenvolvieron los trabajos legislativos en la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen no estuvo listo antes de que concluyera la sesión ordinaria del Pleno del jueves 13 de diciembre, no obstante, el Presidente de la Mesa Directiva hizo las veces de declaratoria de publicidad del dictamen en comento en la sesión misma. Cuando lo factible era esperar a publicarlo en la Gaceta, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 87 y 97 del Reglamento de la Cámara.

Las urgencias, la premura y la extrema celeridad con las que se presentó la iniciativa y con las que se le pretende dar cauce, no son precisamente para resolver los problemas de fondo que aquejan al sistema educativo nacional, sino para resolver los problemas de legitimidad que viene arrastrando quien ahora se encuentra en la silla presidencial.

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea, la presente moción suspensiva, con el efecto de suspender inmediatamente la discusión en trámite de manera indefinida.

Atentamente

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Zuleyma Huidobro González, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Martha Beatriz Córdova Bernal, Aída Fabiola Valencia Ramírez, José Soto Martínez, Juan Ignacio Samperio Montaño, Merilyn Gómez Pozos, José Francisco Coronato Rodríguez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, José Antonio Hurtado Gallegos, José Luis Valle Magaña, Juan Luis Martínez Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara tiene el uso de la voz.

Sí, diputado Rangel, ¿con qué objeto?

El diputado José Rangel Espinosa(desde la curul): Para que por favor le pregunte al orador Mejía, si acepta una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No procede, señor, porque estamos en la presentación de una moción suspensiva, y usted mejor que yo sabe que no procede. Qué pena me da decírselo, pero así es. Don Manuel Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: En principio, se agradece a la Presidencia, en efecto, que nos deje plantear nuestra moción, aunque sí la metimos en tiempo y forma, y sobre todo, en forma y es lo que nos da derecho a plantearla. Hemos argumentado jurídicamente porqué no debe de proceder ahora esta discusión, y es a lo que me voy a concretar, en esta parte del debate que estaremos dando, seguramente infructuosamente, porque difícilmente alguno de los distinguidos diputados priistas se subirá a argumentar en tribuna, solamente traen la práctica del golpeteo de los porros que pululan por aquí.

Miren, el 10 de diciembre de 2012, el presidente de la República presenta ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación.

El 11 de diciembre el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turna —como ustedes saben— a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las Comisiones de Educación Pública y de Equidad y Género.

El 13 de diciembre —como milagro guadalupano— se publica ya en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones, que estamos debatiendo el día de hoy.

Por lo tanto, ustedes están violentando el principio de legalidad o primacía de la ley, si no rectificamos esto. Este principio determina que todo ejercicio del poder público deberá estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas.

Compañeros diputados y diputadas, ustedes protestaron guardar y cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. El martes 11 de diciembre de este año —ya dijimos— se dio cuenta, por el presidente de la Mesa Directiva, a este pleno, de la presentación de la iniciativa de reforma en materia de educación, y ya dijimos adónde se remitió para opinión.

Después del trámite en turno, ya dijimos que el 13 se publica en la Gaceta Parlamentaria, así como en la opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, administrativo, político y social fue la opinión.

Bastaron solo dos días —escúchese bien— dos días para que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobara e hiciera público el dictamen del proyecto de la reforma.

Esta celeridad legislativa impide obviamente una revisión objetiva de la propuesta del Poder Ejecutivo federal por encima de la legalidad con la que debe de actuar este Poder Legislativo. Más aún, cuando dicha propuesta afectará la relación laboral y condiciones de trabajo de maestros del sistema de educación básica, puesto que uno de los propósitos fundamentales de la reforma al artículo 3o., fracción III constitucional, es la de establecer nuevas bases para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio educativo. Esto es, se cambiarán las condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación.

En el dictamen que se presenta se propone la reforma al artículo 3o., fracción III, por lo cual se determina que el ingreso al servicio docente y a la promoción a cargos con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, se realice mediante concurso de oposición que garantice idónea idea de los conocimientos y capacidades que correspondan.

Que la ley reglamentaria fijará los criterios de evaluación y los términos para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio, bajo los principios de igualdad y transparencia.

Lo anterior, significa establecer requisitos y condiciones en las que se desarrolla la relación laboral de los trabajadores de la educación con el Ejecutivo federal y los gobiernos de los estados, siendo que el artículo 123 constitucional, en su apartado B, se establecen las bases que regulan las relaciones laborales entre los Podres de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Base que se reglamenta en la Ley Federal de los Trabajadores, así como los contratos de trabajo correspondientes, situación jurídica que no se explica en la iniciativa ni en el dictamen que se presenta.

También han violentado el artículo 72 constitucional, que determina que todo proyecto o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, y todo lo que reglamenta el 85, el 155, el 162, el 166, 177, 178 y 179.

Además, de acuerdo al artículo 18, párrafo IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se determina —culmino— que el Ejecutivo federal realizará una evaluación del impacto presupuestario.

Sobre el particular, junto con la iniciativa mandan dos pequeños oficios para cubrir las formas, pero en ninguna manera esa justificación da la información básica para determinar el costo real de la propuesta de reforma.

Por último, por otra parte, en el artículo 85 de esta Cámara se dispone que el dictamen deberá contener —entre otros— valoración del impacto presupuestal regulatorio u otro, valoración que se omite y que es necesaria, si se atiende al objeto de la reforma, al pretender un sistema de ingreso, promoción, reconocimiento al servicio educativo.

Por tanto, la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa y el consecuente censo de escuelas, maestros y alumnos, derivan de las disposiciones transitorias del decreto.

Por eso estamos pidiendo que se suspenda la discusión en lo general del dictamen, con el objeto de regularizar el procedimiento de dictamen y fundar y motivar adecuadamente el mismo.

Esperaríamos que ocurriera un milagro navideño y que repusiéramos este procedimiento, pero tenemos severas dudas, porque de los 2 días a la fecha, 8 días después, no han querido debatir, como no lo van a querer debatir, porque ya viene la consigna, viene la línea de lo que quieren aprobar y seguramente imponerle, pues no le podríamos hablar a esto ni de una reforma, sino de una composición a la ley constitucional, que seguramente no obedece a los anhelos del pueblo de tener una gestión integral de una reforma educativa y no lo que ustedes aquí, tramposamente, propagandísticamente van a querer realizar. Muchas gracias.

«Moción suspensiva.

Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó moción suspensiva de la discusión en Pleno del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los hechos y razones de derecho que a continuación se presenta:

Considerando

1. EL 10 de diciembre de 2012, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Educación.

2. El 11 de diciembre de 2012, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados, turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Equidad y Género.

3. El 13 de diciembre de 2012, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Se violenta el principio de legalidad o primacía de la ley. Este principio determina que todo ejercicio del poder público deberá estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Señoras y señores diputados: ustedes protestaron guardar y cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. El martes 11 de diciembre de este año, el Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados dio cuenta a este pleno de la presentación de la iniciativa de reforma en materia de educación, remitida por el Presidente Enrique Peña Nieto, misma que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para opinión. Después del trámite de turno, el jueves trece de diciembre se publicó en la Gaceta Parlamentaria (Gaceta Parlamentaria, 13 de diciembre de 2012, número 3666-VIII, Cámara de Diputados) de esta Cámara de Diputados el dictamen correspondiente, así como la opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, administrativo, político y social. Bastaron ¡¡solo dos días!! Para que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobara e hiciera público el dictamen del proyecto de reforma. Esta celeridad legislativa impide una revisión objetiva de la propuesta del Poder Ejecutivo Federal, por encima de la legalidad con la que debe actuar este poder legislativo. Más aún cuando dicha propuesta afectará la relación laboral y condiciones de trabajo de maestros del sistema de educación básica, puesto que uno de los propósito fundamentales de la reforma al artículo 3°, fracción III, Constitucional es la de establecer nuevas bases para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio educativo. Esto es, se cambiarán las condiciones de trabajo de trabajadores de la educación.

En el dictamen que se presenta se propone la reforma del artículo 3 fracción III, por la cual se determina que el ingreso al servicio’ docente y a la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se realice mediante concurso de oposición que garantice la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan; que la ley reglamentaria fijará los criterios de evaluación y los términos para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio, bajo los principios de igualdad y transparencia. Lo anterior significa establecer requisitos y condiciones en las que se desarrolla la relación laboral de los trabajadores de la educación con el Ejecutivo federal y los Gobiernos de los Estados. Siendo que el artículo 123 Constitucional, en su apartado B, se establecen las bases que regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, bases que se reglamentan en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional, así como los contratos de trabajo correspondientes. Situación jurídica que no se explica en la iniciativa ni en el dictamen que hoy se presenta.

5. El artículo 72 constitucional, determina que todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos sobre la forma intervalos modo de proceder en las discusiones votaciones. Siendo el caso que el procedimiento con el que se dictamina la iniciativa presentada por el Presidente de la República, violenta los artículos 85, 89,fracciones VI, VII, VIII, y IX, 155, 156 fracción III, 162, 176 al 179 del Reglamento de esta Cámara de Diputados por carecer de la debida motivación que explique la necesidad de dicha reforma, carece de datos mínimos que soporten la propuesta y de la opinión de especialistas en la materia, así como la consulta de los trabajadores a los que se dirige la reforma.

Artículo 85.

1. El dictamen deberá contener los siguientes elementos:

I. a VI.

VI. Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema;

VII. Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar;

VIII. En su caso, valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro;

IX. Análisis y valoración de los argumentos del autor que sustentan el asunto o asuntos;

X. ...

Artículo 155.

1. La convocatoria a Reunión de comisión o comité deberá publicarse en la Gaceta, con al menos, cuarenta y ocho horas de anticipación y enviarse a cada diputado o diputada integrante, salvo en caso de Reunión extraordinaria.

Artículo 162.

1. La resolución de los asuntos que le sean turnados por el Pleno a las comisiones, se sujetará a los procedimientos establecidos en este ordenamiento.

Artículo 176.

1. En el proceso de dictamen la comisión:

I. Deberá definir el método de dictamen,

II. Podrá contar con un reporte de investigación que incluya los antecedentes legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el derecho comparado del asunto en estudio, y

III. Podrá obtener reportes en materia regulatoria, social y de opinión pública, en aquellos asuntos que impliquen un impacto presupuestal, deberá solicitarlos.

2. Para efectos de lo anterior, la Junta Directiva podrá solicitar el apoyo de los servicios de investigación de los centros de estudio y demás servicios con que cuenta la Cámara.

Artículo 177.

1. En el proceso legislativo de dictamen, la comisión deberá convocar al diputado o diputada federal iniciante, a efecto de ampliar la información acerca de su propuesta. Si éste no asistiere continuará el proceso de dictamen.

2. La comisión por mayoría absoluta podrá acordar la realización de audiencias públicas o reuniones, en las que consulte:

I. La opinión de los especialistas en la materia;

II. A los grupos interesados, si los .hubiere;

III. ....

IV. A las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras del tema que se discuta, y

V. Las opiniones de los ciudadanos.

3. El Presidente de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de dictamen entre sus integrantes, con cinco días de anticipación a la Reunión en que se discuta y se vote.

4. Cuando la mayoría simple de la comisión acuerde que un proyecto es urgente, podrá constituirse en Reunión permanente, en los términos de este ordenamiento; para lo cual, se harán constar en el acta correspondiente los motivos y razonamientos, así como el programa específico para discutir y votar el dictamen.

Artículo 178.

1. Para la realización de las audiencias públicas las comisiones acordarán por mayoría absoluta el programa y las fechas en las que se podrá participar en el proceso de opinión ante ellas, que se divulgarán a través de los medios de información de la Cámara.

Artículo 179.

1. Las audiencias por reala general serán públicas, siempre que las condiciones físicas, técnicas y de seguridad así lo permitan; quienes concurran a ellas deberán guardar la consideración y respeto hacia los demás, bajo el aviso de que el incumplimiento de lo anterior dará lugar a su exclusión en este proceso por parte de quien presida la Reunión.

6. El artículo 18, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria determina por su parte, que el Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión. Sobre el particular, junto a la iniciativa que se comenta, el día once de diciembre del año en curso, se publico en la Gaceta de Parlamentaria de esta Cámara de Diputados, los oficios números 353.A.-1259 y 312.A.-004996 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante los cuales se determina en unas cuantas líneas la justificación del impacto presupuestal de la iniciativa, justificación carente de información básica para determinar el costo real de la propuesta de reforma.

7. Por otra parte el artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados dispone que el Dictamen deberá contener, entre otros: (VIII) En su caso, valoración del impacto presupuestal, regulatorio u otro...

Valoración que se omite y que es necesaria si se atiende al objeto de la reforma al pretender establecer un sistema de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio educativo; la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa; la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa y el consecuente censo de escuelas, maestros y alumnos, éstos últimos derivan de los disposiciones transitorias del decreto.

Por lo expuesto, solicito a esta H. Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lo siguiente:

Único.Se suspenda la discusión en lo general del Dictamen que presenta la Comisiones de Puntos Constitucionales, con el objeto de regularizar el procedimiento de dictamen y fundar y motivar adecuadamente al mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.— Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las dos mociones suspensivas.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se toman en consideración inmediatamente para su discusión, las dos mociones suspensivas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Dora María Guadalupe Talamante Lemas, para fijar posición.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las reformas deben construirse para actualizar las normas, a fin de atender las necesidades reales del país, adicionalmente deben contribuir a consolidar los regímenes democráticos, siempre y cuando en su proceso se generen dinámicas de cooperación y colaboración en un marco de pluralidad y libertad.

La participación responsable de los actores involucrados en dicho proceso contribuye a la construcción de acuerdos políticos que permiten atender los asuntos fundamentales de la agenda política nacional. La reforma toma mayor relevancia cuando se trata de un tema primordial para el desarrollo del país, como es la educativa.

Señoras legisladoras y señores legisladores, hoy es un día crucial para la nación, porque de la decisión que se tome en esta soberanía dependerá el futuro de la educación de nuestro país; hoy definiremos la dirección de nuestro sistema educativo nacional y, sobre todo, el compromiso que asumimos con la educación pública.

El México del mañana deberá ser fundamentalmente diferente del que conocemos en la actualidad, por eso debemos trabajar juntos para construirlo. En esta evolución transformadora la educación es la fuerza del futuro, ya que constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar un cambio que anhelamos.

Para Nueva Alianza esta reforma educativa debe garantizar lo establecido en el 3o. constitucional, así como también debe impulsar una política de estado para que las mexicanas y los mexicanos accedan a una educación de calidad, con equidad y pertinencia, como condiciones imprescindibles para atestiguar el auténtico crecimiento de nuestra nación.

Partidos políticos, actores sociales, medios de comunicación y la ciudadanía, en general, debemos darle la importancia que implica tener una política educativa que les dé a nuestros hijos los elementos fundamentales para su desarrollo integral, con miras a formarlos como ciudadanos y como seres humanos dignos y responsables de su entorno y con el país.

Es por ello que todas las reformas en este rubro deben hacerse pensando en los principales actores que le dan su razón de ser, nuestras niñas, niños y jóvenes, porque es un derecho humano reconocido y es nuestra responsabilidad garantizar su aplicación.

No podemos soslayar la importancia que tiene el Magisterio en la formación de la niñez mexicana; por ello debemos diseñar mejores estrategias para su formación, actualización y profesionalización docente e innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje, utilizando las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento.

Por esta razón, nadie en su sano juicio debe estar en contra de transformar, modernizar y desde luego, beneficiar el sistema educativo nacional; por el contrario, es una gran oportunidad de voltear a ver las múltiples carencias que existen. Solo una visión parcial y con prejuicios podría considerar únicamente una parte del sistema y no el todo de sus componentes.

La propuesta de reforma que se envía a esta Cámara surge en un concepto esencial, que sin duda Nueva Alianza comparte: la calidad de la educación, y como lo apunta la reforma en su exposición de motivos, la calidad de los procesos educativos requiere de los esfuerzos a los que están obligados sus actores.

En este sentido, vemos con beneplácito la iniciativa del Ejecutivo federal de brindar una educación de calidad a partir de la profesionalización docente, la participación social y de establecer esquemas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

El dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales contiene aspectos positivos que conllevan a una transformación del sistema educativo, una transformación en donde se articulan las bases de un servicio profesional de carrera docente. No hace falta la verdad al señalar que ésta ha sido una demanda que las maestras y los maestros han planteado desde hace muchos años.

Como ha quedado de manifiesto, nuestro compromiso es con México; nuestro compromiso irrestricto es con la calidad educativa, con el mejoramiento del sistema educativo nacional en todos sus componentes, en la educación básica, en la educación media y en la superior.

En Nueva Alianza compartimos el espíritu que impulsa a la reforma, el de elevar la calidad de la educación, el de mejorar la profesionalización docente, el de ser transparentes y rendir cuentas. Para nosotros la educación pública está más allá de disputas mezquinas y revanchismos políticos. El verdadero significado de esta reforma debe ser el fortalecimiento de la escuela pública, porque solo de esa forma estaremos en el sendero de la justicia del siglo XXI.

Con esta reforma, la educación en México puede estar en una nueva etapa de modernización, aun en aspectos inherentes a la calidad; más aún cuando estos se incorporan al texto constitucional, lo que permitirá avanzar en la construcción de una verdadera política de estado y no por ocurrencias sexenales.

Hoy es un momento de sumar voluntades, de mirar más allá de nuestros posicionamientos políticos e ideológicos. La educación es un bien público que requiere la decisión con visión de largo plazo.

Señoras y señores legisladores, seamos claros, necesitamos de convicción política para votar a favor de la educación, en un servicio profesional docente para que sean los mejores los que ingresen al sistema educativo nacional.

Para nosotros no hay duda, apoyaremos la evaluación, porque de sus resultados podrán diseñarse programas para fortalecer el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional del Magisterio.

Mejorar la práctica docente debe ser el propósito fundamental del sistema de evaluación; la evaluación educativa es la piedra angular de la reforma de tercera generación en la materia; es un factor que contribuye a mejorar la calidad de la educación, pero digámoslo claramente: la evaluación en sí misma no es el fin.

También respaldamos las escuelas de tiempo completo, porque son la opción de ampliar las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos. No pueden ser consideradas como una simple guardería que nos ayude a cuidar de ellos mientras trabajamos.

Fortalecer la escuela de tiempo completo permitirá que nuestras niñas y niños reciban una formación integral, al mismo tiempo pueden alimentarse de manera nutritiva, cuidando que su dieta sea acorde a los valores nutricionales necesarios.

Estamos a favor que el Inegi recabe información censal sobre las escuelas, alumnos y profesores, pero también debe detectar problemáticas hasta hoy supuestas. En ese sentido, requerimos ampliar el propósito censal para conocer información acerca de los centros educativos, infraestructura, estructura operativa, técnica pedagógica administrativa formal e informal, equipamiento, materiales educativos, costos de operación y plantilla no docente.

No podemos aspirar a una verdadera reforma educativa, si miles de niños y niñas asisten a la escuela sin agua, luz o drenaje, o si les negamos el derecho a la alimentación, como lo establece el artículo 4o. de nuestra Carta Magna.

Consideramos positivo que se establezca la obligación de realizar las adecuaciones jurídicas para fortalecer la autonomía de las escuelas para mejorar su infraestructura, hacer más eficiente la operación y abrir los espacios de participación a la comunidad escolar, incluyendo a los alumnos, maestros y padres de familia.

¿Quién puede estar en contra de que las escuelas se conviertan en el centro del sistema educativo?

Compañeras y compañeros diputados, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que existe un bien mayor, que es la educación, una causa que está por encima de consideraciones particulares o políticas; por esta razón, las diputadas y los diputados de Nueva Alianza votaremos el presente dictamen a favor en lo general de la iniciativa de la reforma educativa.

Para Nueva Alianza la defensa de la educación, la defensa del Magisterio y la defensa de la niñez mexicana serán causa, bandera, motivo de lucha, porque no podemos poner en juego el futuro de México. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Por el Partido del Trabajo, en el uso de la voz el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, hasta por 10 minutos.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene un particular interés en el fortalecimiento del sistema educativo nacional en todos los niveles.

En nuestra opinión, la mejor inversión pública que se puede hacer con los recursos del erario es en la educación, puesto que eso nos permitirá contar con los humanistas, profesionistas en diversas disciplinas del conocimiento y técnicos, que permitan consolidar el desarrollo nacional y atemperar las graves desigualdades que vive el país; por ello, vemos con beneplácito la reforma que al artículo 3o. constitucional se plantea en el presente dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales.

No soslayamos que en el proceso de consolidación de nuestro sistema educativo se cruzan y entrecruzan múltiples intereses, muchos de ellos legítimos, como los de los compañeros maestros que aspiran a un mejor salario por el desempeño que frente a sus alumnos tienen, aun con las graves insuficiencias que en infinidad de escuelas se padecen; el legítimo interés de los padres de familia porque sus hijos accedan a una educación pública de calidad, que les permita la adquisición de conocimientos para transformar su realidad y el entorno social en que viven; el interés de jóvenes estudiantes por formarse adecuadamente y que esto les permita acceder a mejores y remunerados empleos.

Intereses negativos, como la venta de plazas y la infinidad de licencias sindicales para fines político partidistas, que no tienen sustento ético alguno. Por eso esta reforma es importante.

Pero quiero dejar bien asentado que no debe responder a los intereses de los poderes fácticos, sino a los intereses de la sociedad mexicana, de los verdaderos agentes educativos, que son los maestros, a los que no permitimos que se les denueste, como lo hacen los poderes fácticos y principalmente Televisa. La reforma a la fracción III del artículo 3o. es vital, en tanto que establece la obligatoriedad de los concursos de oposición para ingresar al servicio docente, así como para las promociones correspondientes.

Es necesario superar la etapa en la que el ingreso y la promoción de los docentes se dan por favoritismo y apoyo político y no en reconocimiento a la capacidad que los maestros acrediten en el servicio.

Tenemos que ser vigilantes de que en los exámenes que se practiquen no haya favoritismos políticos, no pagos de favores y si así fuera, entonces el remedio que pretendemos aprobar hoy saldrá peor que la enfermedad.

Sobre este particular, nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que también la educación inicial tiene que ser materia de evaluación permanente y sistemática, porque la educación inicial es muy importante.

¿Por qué el desarrollo de los países nórdicos? ¿Por qué Finlandia es primer lugar en educación? Porque le apuesta más a la educación inicial y eso lo debemos hacer en México.

Estamos a favor del contenido de la fracción IX, en donde una de las políticas públicas más importantes del gobierno, como lo es la evaluación del sistema educativo, sea realizada por un órgano constitucional autónomo, que será el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa.

La creación de este instituto constituye un avance respecto a lo que actualmente se tiene en la evaluación y que se contiene en el decreto del Ejecutivo federal que creó el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa del 16 de mayo del 2012, en donde se establecen amplísimas facultades a favor del Ejecutivo federal.

Con esta reforma y con las que en su oportunidad se hagan a la ley correspondiente, la actuación del órgano constitucional autónomo deberá ser más transparente y sus resultados evaluados de manera continua por la sociedad.

La sociedad en su conjunto tendrá que ser cuidadosa de que las personas que sean designadas por el Senado de la República para integrar este órgano sean especialistas en materia educativa y no amigos y menos comparsas de quienes ocupan el gobierno actual.

En esta reforma se plantea una modificación al artículo 3o. en su fracción XXV, para establecer como facultad del Congreso de la Unión legislar para asegurar el comportamiento de los fines de la educación y su mejora continua.

Coincidimos en el contenido del quinto transitorio, para que el Inegi realice durante 2013 un censo de escuelas, maestros y alumnos, que permita el diagnóstico real cuantitativo del sistema educativo nacional. Pero a esto hay que agregar un diagnóstico preciso de cómo se encuentra la infraestructura y el equipamiento correspondiente.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia a favor del fortalecimiento de la educación básica, media superior y superior, con los imprescindibles apoyos presupuestales que se requieran. Pero no podemos pasar por alto que el sistema educativo nacional debe ser fortalecido desde su célula constitutiva y esto es la educación inicial consistente en el fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil.

Apoyamos también el contenido del transitorio quinto, fracción III, inciso c), en donde se establece la facultad del Congreso de la Unión para prohibir los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.

Los estudiantes —hasta donde esto sea posible— deben tener una alimentación rica en nutrientes que les permitan fortalecer su capacidad de aprendizaje. El consumo de alimentos con alto contenido calórico —medicamente se ha acreditado— inciden en múltiples enfermedades que impiden un adecuado desarrollo de nuestros estudiantes.

Compañeras y compañeros legisladores, por estas consideraciones nuestro grupo parlamentario votará en lo general a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Muchas gracias, diputado. Por el Partido de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz, el diputado Ricardo Monreal Ávila, hasta por 10 minutos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores, legisladoras, he sostenido que la mayoría de las reformas propuestas son acompañadas por un carácter efectista, engañoso, y esta propuesta que estamos discutiendo tiene características que se asemejan a esta descripción.

La ausencia de los actores más importantes en esta discusión, los maestros, me refiero a los maestros que están frente al aula, todos ellos están ausentes, y en efecto, he estimado y considero que es tan indispensable como inaplazable e indiscutible una reforma educativa integral en nuestro país. Pero también considero indispensable e ineludible que tenga que consultarse a los maestros, a las maestras del país, que ahora están ausentes y que no hemos escuchado su opinión.

Por eso consideramos que se trata de una reforma excluyente, porque no están ellos presentes. Pero también consideramos que se trata de una propuesta insuficiente, porque no es una reforma de hondo calado, y también sostenemos que es una propuesta incompleta, porque a nosotros nos hubiera gustado contuviera elementos mayores para poderle dar certeza al país, en el rumbo de la educación en México.

Recuerdo hace unas dos décadas —me quedó muy grabado— en un debate en Inglaterra, de los candidatos a primer ministro, por el Partido Laborista Socialdemócrata, Tony Blair; en el debate le preguntaron —un debate muy intenso, extraordinario— cuáles eran sus tres prioridades —le preguntaron a Blair— si el pueblo lo elegía. Blair dijo: educación, educación, educación. Hace 20 años.

Nuestro país en el discurso ha dicho que es una prioridad, pero en los hechos no es una prioridad, no ha sido una prioridad y lo que hemos hecho con las prácticas políticas, se construyó un imperio de intereses ajenos a la educación, pero que manejan la educación.

En ninguna parte del mundo un sindicato maneja obras; en ninguna parte del mundo un sindicato es quien pone a los directores y a los secretarios de educación; en ninguna parte del mundo tiene negocios; en ninguna parte del mundo tiene y pone secretarios, directores y parte de la administración pública; en ninguna parte del mundo tienen los millones que tienen estos imperios sindicales, y eso no se toca.

Por eso nosotros sostenemos que es un acuerdo, es un acuerdo que intenta darle un coscorrón a la cúpula sindical, pero que le dice: te voy a dejar transitar, te dejo con vida. Porque ésas son las viejas consignas del viejo sistema, el sistema más arcaico que ahora estamos viendo restaurar. Nosotros sí consideramos, en Movimiento Ciudadano, que es necesario cambiar de fondo la dinámica que sigue el sistema educativo mexicano, más aún si tomamos en cuenta que existe un consenso generalizado tácito, entre todos los sectores sociales, que reconoce plenamente que el tema educativo tiene el carácter de prioritario.

La educación en esta era, que muchos le llaman la modernidad y postmodernidad, en el contexto de esta dominancia del subsistema económico, en un mundo sin duda globalizado, constituye el eje principal del progreso del país; la educación constituye el motor del desarrollo, el transitor de las energías y presiones sociales, y el principal medio de ascenso social, el de la movilidad en la sociedad.

Hoy en día nadie puede negar que la educación en México está envuelta en múltiples problemas, que derivan —entre otras cosas— en los niveles bajos de aprovechamiento escolar; altos índices de deserción escolar, sobre todo, en niveles básicos; desinterés de alumnos, padres y maestros, por generar una dinámica educativa competitiva, integral y de calidad, rodeado de pésimos antecedentes, rodeado de pésima alimentación chatarra, que no logramos eliminar, solo prohibir, que ya está prohibido al interior del plantel, pero en el perímetro no logramos prohibir la comida chatarra, que está generando estragos en la salud pública del país, porque son grandes los intereses, millonarios los intereses que prohíben y no permiten avanzar en esta materia.

Para darnos una imagen, que estoy seguro que muchos de ustedes, maestros, académicos o estudiosos de la materia lo saben, estamos enfrentando un grave problema. Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en el informe del 2012, hace unos días, de los 34 países y de la Unión Europea que la integran, México ocupa, señores diputados, el último lugar en la expectativa de graduación de bachillerato; es una vergüenza. Pero además, 47 de cada 100 alumnos que ingresan no logran terminar sus estudios en este nivel

Ocupamos el último lugar de gasto por alumno; el penúltimo lugar en la tasa de graduación a nivel superior, donde dos de cada 10 personas inician sus estudios —dos— y solo concluyen dos de 10; es decir, 8 frustran sus estudios universitarios y nos situamos en el décimo lugar, en cuanto a tasas de desempleados con educación universitaria.

Por si no fuera poco, tenemos que lidiar con una cúpula sindical, no hablo de los maestros que están frente a grupo, que absorbe una enorme cantidad de recursos del erario sin mostrar actitudes de transparencia, democracia ni mucho menos compromiso con la educación.

Por eso, nosotros consideramos que las reformas presentadas en estos dos artículos de la Constitución son insuficientes, insistimos en que son incompletas y de que se trata de un intento tenue, tomando en consideración la magnitud de los daños causados a nuestra generación, pero sobre todo al país y al futuro del país.

Sostenemos —es insuficiente siempre el tiempo, voy a tratar de ajustarme al tiempo— que en el artículo 3o. constitucional, el contenido de las reformas propuestas a este artículo contienen sesgos importantes. Si bien se pretende establecer un sistema de evaluación al personal docente para depurar al Magisterio, se deja de lado el rubro de la permanencia.

Este es un tema que se ha discutido al interior de las bancadas, pero no todos los diputados estamos metidos en el significado y la connotación del término permanencia.

Se acote a objeto del instituto únicamente a la evaluación preescolar, primaria, secundaria y media superior, dejando de lado la evaluación a instituciones de educación superior y sobre todo, educación superior privada de escuelas, que les denominamos o les denominan la sociedad, patito.

El diseño orgánico del instituto propuesto contraría la doctrina jurídica constitucional, puesto que el proceso de selección y la designación de sus miembros no garantiza la plena autonomía. Excluye la visión de respeto a los derechos humanos.

El artículo 73 constitucional. En el dictamen se propone otorgar mayores facultades al Congreso en materia educativa; sin embargo, se desaprovecha la oportunidad para considerar dentro de los fines de la educación el reconocimiento de carácter multiétnico y pluricultural de la nación. Asimismo se deja de lado la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas.

El segundo transitorio también establece algunas precisiones que vamos a discutir en lo particular. Pero, ¿saben? Un problema que me preocupa en el fondo —y que sé que hay diputados que son federalistas— es que se atenta contra el federalismo; con esta reforma le vas a quitar a los estados facultades que ya le habías otorgado, con aquellos tímidos convenios de descentralización educativa, y que ahora los gobernadores dicen: te la regreso. Pero no por los propósitos federalistas, sino porque se gastan la lana o el dinero y no les alcanza a pagar a los maestros, y quieren soltar la papa caliente, pero es un problema no de recursos, sino de visión de país.

Federalismo. Le restas facultades al Congreso y le otorgas facultades al centro, a la federación; le restas facultades a los estados y los gobernadores, con tal de sacudirse los problemas económicos de la educación dicen sí, quédate con ello, haz todo lo que quieras y por unanimidad votan lo que ellos no deben votar, porque depende de este Congreso, depende de nosotros. Por esa razón les pido reflexionen.

Hay temas importantes también dentro de la reforma, no lo niego, incluso, podría decirles que es un esfuerzo de los últimos años que intenta poner orden, pero para mí insuficiente, incompleto y tímido. Eso es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por el Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz la diputada Ruth Zavaleta Salgado.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su venia, señora presidenta, con su permiso, honorable asamblea. Se equivocaron, se equivocaron aquellos que predijeron que este nuevo gobierno iba a fracasar desde el principio; se equivocaron y se van a seguir equivocando, aun con sus discursos radicales aquí se van a seguir equivocando, porque con esta reforma este Congreso de la Unión está haciendo un pacto de trabajo con el gobierno federal para trabajar en conjunto y para comenzar con esa política pública de estado que los mexicanos desean que se haga realidad en cada uno de los temas que este Poder Legislativo tiene que aprobar.

Esta reforma es revolucionaria, porque no hay nada más transformador que mejorar la cuestión educativa. Cuando nos preguntaron, a la entrada de este recinto el primer día de la diputación, ¿cuál sería la única reforma que votaríamos como diputados, si solamente tuviéramos oportunidad de votar una reforma? La respuesta de la mayoría de nosotros fue la educativa, porque solamente la reforma educativa nos permite tener ciudadanos libres, que no se dejen llevar por discursos manipuladores en esta tribuna; solamente una educación de calidad nos va a permitir ser libres de pensamiento y ejercer nuestros derechos plenos como ciudadanos.

Por eso no hay nada más radical y revolucionario que lo que estamos haciendo el día de hoy los legisladores, y no es una bandera solamente de la izquierda, es una bandera de todo este Congreso de la Unión.

Compañeras y compañeros, tampoco es una reforma impuesta, es una farsa quien diga que es una reforma impuesta, porque es una reforma que surge de un pacto, Pacto por México, que firmaron todos los partidos políticos, que firmó también el PRD, que firmó también el PRI, el PAN, y que no lo firmaron algunos porque no fueron invitados. Pero realmente esta reforma se presenta como producto de ese pacto, Pacto por México, que estaban esperando los ciudadanos de este país.

Por eso, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, también tenemos que reconocer que la Comisión de Puntos Constitucionales —y al frente su presidente de la comisión, del PRD por cierto— hizo un buen trabajo, y queremos felicitarle desde aquí, compañero presidente, compañeros integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Pero también quiero hacer un reconocimiento a aquellos compañeros —que se ríen de que es compañero del equipo, pues por supuesto que por eso que también lo felicito, porque nos educamos bien en ese equipo— que aún sin ser parte de la Comisión de Puntos Constitucionales cumplen una función fundamental en este Congreso de la Unión y es la función de construir los acuerdos para que salgan los dictámenes, para que nosotros podamos votar prácticamente en consenso este tipo de reformas, me refiero en especial a los líderes parlamentarios, por supuesto.

Pero a otros compañeros, que también por respeto a todos los que han participado en estos acuerdos no los voy a mencionar, porque no podría mencionar a todos los que han estado en las mesas, pero que han hecho posible que estemos hoy en esta tarde festejando este gran día para México y para los mexicanos. No solamente para el Congreso de la Unión, para todos los mexicanos de nuestro país.

Este es un gran día, el día en que comenzamos a aplicar políticas públicas para transformar este país y para verdaderamente combatir la desigualdad social y la pobreza, porque eso es lo que están esperando los ciudadanos, eso es lo que queríamos construir con la alternativa, eso queríamos construir con programas que pudieran tener la mayoría y los consensos de un Congreso plural, que para ello pensábamos hubiera construido más democracia, precisamente porque aquí confluyeran todos los acuerdos de los diferentes puntos de vista de los diputados y diputadas que aquí discutimos para construir las leyes.

Pero queremos aclarar las cosas. No basta cambiar las leyes; por eso en las próximas horas también les vamos a demostrar que somos federalistas, que vamos a votar por un Presupuesto para que los estados de la República verdaderamente se integren a este acuerdo federal.

Por supuesto que no nos olvidamos y no nos confundimos, somos federalistas y vamos a luchar para que el Presupuesto de cada estado de la República sea justo para combatir verdaderamente la desigualdad social, a partir de implementar todo lo que sea necesario para que las escuelas de nuestro país tengan la infraestructura y para que toda la política pública de educación sea eso, una política de Estado y que nos sintamos orgullosos los legisladores de haberla votado aquí y además de haberla apoyado con los recursos que requiere. Eso vamos a hacer también en las próximas horas. No se nos va a olvidar.

Compañeras y compañeros, quiero decirles que esta reforma es una reforma que para mí es la reforma de la reconciliación, porque es la reforma que nos exige también que volvamos a dignificar el papel de aquellos que educan a nuestros hijos.

Basta de buscar culpables en los maestros, somos responsables todos; somos responsables los gobiernos, somos responsables los ciudadanos, pero sobre todo somos responsables los legisladores de darles las herramientas y los instrumentos a los maestros para volver a dignificar su trabajo.

No es justo estar ninguneándolos, cuando ellos son los que educan a nuestros hijos; nuestros hijos merecen tener respeto, y el respeto se lo estamos brindando el día de hoy, no solamente a los hijos de los legisladores, sino de todo el pueblo mexicano; brindando la oportunidad de tener herramientas que dignifiquen el trabajo de los maestros y que podamos nosotros decir que vamos construyendo el camino para que estos hijos, estos jóvenes, que van a ser el futuro de México, vuelvan a tener el liderazgo de nuestro país, no solamente en la región.

¿Por qué no aspirar que nuestros hijos, con esta educación de calidad, tengan la posibilidad de liderazgo universal? Estamos en un mundo globalizado, en donde aspiramos que nuestros hijos, que nuestros ciudadanos sean los líderes del mundo, ¿por qué no aspirarlo? Se vale soñar, se vale construir, y este Congreso de la Unión, el día de hoy está construyendo eso, que no solamente aspiramos nosotros; eso que aspiran todos los ciudadanos.

La educación es la única herramienta que va a combatir la violencia, que va a combatir la inseguridad. Pero también la educación es la única herramienta que nos permite ser libres de pensamientos; que nos permite venir aquí a este Congreso de la Unión a dar un debate y una discusión de altura.

Pongámonos la camiseta de diputados mexicanos, que nos sintamos orgullosos de venirnos a sentar aquí y votar y hacer lo que nos corresponde hacer: un trabajo digno para todos los mexicanos y mexicanas de este país.

Es cuanto, presidenta. La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista va a votar a favor de esta propuesta por todo esto que he mencionado aquí y por muchas cosas que me faltaron decir. Muchas gracias, compañeros.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, a usted, diputada. Por el Partido de la Revolución Democrática, en el uso de la voz el diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo, hasta por 10 minutos.

El diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo: Gracias, señora presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la reforma constitucional en materia de educación que hoy nos tiene llamando nuestra atención no es una reforma nada menor, es una reforma de fondo; es una reforma que va encaminada no solo a mejorar la calidad de nuestra educación, sino que es un paso certero para que el Estado retome la rectoría en esta materia.

Invitamos, convocamos a cada una y cada uno de ustedes a una reflexión, a que miremos que lo que hoy se está planteando en este salón de sesiones debe ponderarse con la consideración histórica a la que obedece.

Decíamos hace un momento, no es nada menor elevar a principio constitucional el concurso de oposición para la promoción, la permanencia y desde luego, el ingreso de los docentes al servicio en nuestro sistema educativo; no es nada menor el elevar a principio constitucional la autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Pública, y algo muy importante, que quienes van a integrar la junta de gobierno han de tomar la decisión de quién los va a presidir. Eso es fundamental y es un elemento que nos muestra que la iniciativa original ha sido susceptible de modificaciones, porque se planteaba que era el Ejecutivo federal quien iba a realizar este nombramiento.

Adicionalmente, es importante el que en este decreto se prevé la creación de un sistema de información y gestión educativa, que incluye un centro de escuelas, maestros y alumnos, necesario, importante; es una exigencia para que podamos plantear y dirigir una estrategia de evaluación y de esa manera garantizar la calidad de la educación.

Establecer la gestión de las escuelas, así como que también se instale a la escuela de tiempo completo con suministros nutritivos, al igual que lo anterior tiene esto un gran significado. Pero también es fundamental —y eso debemos tenerlo presente— que a ello se suma la garantía del respeto a los derechos laborales de los docentes hoy en servicio.

Compañeras, compañeros diputados, nuestro llamado es para que nosotros consideremos, para que demos —como lo va a hacer la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática— un voto a favor. Con esta reforma se está alcanzando una vieja aspiración de mexicanas y mexicanos que han luchado por la democracia, que han impulsado programas y proyectos educativos encaminados a transformar nuestra realidad.

Este proyecto que hoy se presenta es un proyecto histórico, porque recoge también los planteamientos de los distintos actores del sistema educativo; es histórico, porque también aquí se refleja, aquí se retoma una vieja aspiración de la izquierda, porque es parte importante y fundamental del programa del partido al que hoy me toca representar, el de la Revolución Democrática.

Es una reforma encaminada sobre todo a nuestros hijos, que son no un futuro, son un presente; es una reforma que seguramente va a incidir en las niñas, en los niños, en las jovencitas, en los jovencitos; va a incidir en su proceso de formación, y podemos pensar que ello va a coadyuvar de manera importante a transformar este país, que es una exigencia que hoy todos nosotros tenemos y las mexicanas y los mexicanos así nos lo demandan.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, en la fracción parlamentaria del PRD hacemos una distinción muy clara, se trata hoy de una reforma al artículo 3o. constitucional, no se trata de la reforma educativa. Los problemas educativos de nuestro país no son problemas de coyuntura, son problemas estructurales, son problemas de fondo, correlacionados con problemas serios, socioeconómicos y políticos.

Nos hace falta una reforma de fondo, nos hace falta sacar a nuestro sistema educativo de la crisis en la que hoy se encuentra, y esta reforma que hoy se pone a su consideración, esta reforma va a coadyuvar de manera significativa a esto que se está planteando, la reforma educativa necesaria e indispensable y que es fundamental que a partir del mes de enero nos convoquemos para caminar sobre esta ruta, para no dejar esta reforma, sola, aislada y que si no va a acompañada por este trabajo de fondo, por esta reforma de fondo, esta reforma educativa pueda perderse y pueda diluirse.

Compañeras y compañeros nuevamente, sí, la fracción parlamentaria del PRD, con conciencia, con conocimiento y convicción de que se ha alcanzado una aspiración de la izquierda, del PRD, da su voto a favor. México nos lo exige; nuestros hijos nos los exigen, para esto no hay mañana, hay presente. Mil gracias por su atención.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por el Partido de Acción Nacional, en el uso de la voz el diputado Fernando Rodríguez Doval, hasta por 10 minutos.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Con su venia, diputada presidenta. Compañeros diputados, con gran satisfacción subo a esta tribuna a hablar de esta reforma, que sin duda es una victoria cultural del Partido Acción Nacional; es una reforma que constituye una síntesis de los avances, y cuando quieran, compañeros, lo debatimos, que desde el gobierno federal se implementaron en estos últimos años y que además incluye también demandas históricas del Partido Acción Nacional.

No olvidemos que fue en el año 2002, cuando en un gobierno panista se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Pública, representando el primer esfuerzo serio para evaluar la calidad de nuestro sistema educativo; no olvidemos que la Prueba Enlace se instauró durante la administración panista para evaluar el logro académico de los alumnos, de las escuelas y de las entidades federativas.

No olvidemos tampoco que en el año 2008 se creó el Sistema Nacional de Formación Contínua y Superación Profesional; que el año pasado también el gobierno del presidente Felipe Calderón echó a andar un ambicioso programa de evaluación docente. Por eso nos da gusto que hoy estos esfuerzos se reconozcan y se les otorgue un rango constitucional.

La reforma que hoy habremos de aprobar tiene sin duda implicaciones fundamentales para el buen desarrollo de nuestro país; en primer término, garantiza en la Constitución Política que el ingreso docente y la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, así como la permanencia en este mismo servicio docente, se lleven a cabo mediante concursos de oposición y mediante una constante y obligatoria evaluación.

Esto sin duda supone un cambio fundamental en nuestro horizonte cultural, al incluir al mérito como un elemento indispensable para tener mejores oportunidades de desarrollo profesional; que nunca más volvamos a tener enfrente de un salón de clases a un profesor que no esté preparado para esa misión; que nunca más volvamos a tener una sola plaza de maestros que se compre o se herede; que nunca más nuestra educación sea secuestrada por los intereses perversos de grupos, sindicatos o facciones políticas.

Por otro lado, esta reforma modifica la naturaleza jurídica del actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que a partir de ahora será un órgano constitucionalmente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios y cuya función será evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional.

Aquí sin duda introducimos otro elemento cultural: la evaluación, que indiscutiblemente va vinculada a la mejora constante y a la rendición de cuentas.

Esta reforma incluye también otras propuestas recurrentes de Acción Nacional, como las escuelas de tiempo completo, que consideren, además del desarrollo académico, el desarrollo cultural y deportivo y la plena participación de los padres de familia, que a partir de ahora deberán participar en el proceso de diseño de los planes y programas educativos.

Sin duda coincido con lo que otros diputados en esta tribuna afirmaron hace unos momentos, en el sentido de que los profesores son actores importantes del proceso educativo. Pero también lo son los alumnos y también lo son los padres de familia, y los verdaderos profesores, los verdaderos maestros no se niegan a la evaluación, porque saben que la evaluación implica el mejoramiento constante, y que in-cluso ellos sean también mucho más competitivos, como fuerza laboral, en este mundo cada vez más globalizado.

Sin duda también coincido que hay muchas cosas aún por hacer, no existen las reformas perfectas, toda reforma por definición es tan solo un paso hacia el ideal que todos aspiramos. No solamente estamos obligados a reformar la ley secundaria para darle viabilidad a esta reforma, deberemos también insistir en otra reforma en materia de contenidos, para revisar qué se está enseñando a los alumnos, tanto en lo relativo a las capacidades intelectuales, como a los hábitos y la voluntad.

Tenemos después que abordar también una reforma que retome los valores éticos y cívicos para formar personas perfectas.

Insisto, no es una reforma perfecta, no es una reforma como la que quizá todos quisiéramos, pero sí es un gran paso para transformar nuestro sistema educativo.

Termino ya, diputada presidenta. En una de sus últimas intervenciones, como secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio dijo textualmente lo siguiente: Más allá de partidos, más allá de preferencias, más allá de inclinaciones, nos une el objetivo mayor de trabajar juntos por una educación de calidad, que es la única puerta segura para el progreso y bienestar de los mexicanos.

Amigos legisladores, esta reforma que hoy aquí aprobamos no es la reforma de un gobierno ni siquiera es la reforma de los partidos que firmamos el Pacto por México; es la reforma de los ciudadanos, es la reforma de los niños, es la reforma de los jóvenes, es la reforma de los padres de familia y es también la reforma de los maestros.

Por eso, hoy estamos aprobando una reforma histórica, lo hacemos a partir de las coincidencias que dignifican la política. Sintámonos orgullosos. Hoy estamos reivindicando a la política como una actividad noble para construir el bien común, como un espacio para el diálogo, para el encuentro con el otro.

La educación es un tema que por su propia naturaleza debe convocar a grandes consensos; sus protagonistas no somos los partidos políticos, son los hijos de México, son las niñas y los niños que constituyen el centro, el corazón de nuestra patria. Esta reforma es un paso trascendental para el desarrollo de nuestro país.

Ojalá, queridos amigos legisladores, tengamos muchos días como éste a lo largo de esta Legislatura. Es cuanto.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Doña Paulina Alejandra del Moral Vela, tiene el uso de la voz para fijar posición por el Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Paulina Alejandra del Moral Vela: Con su venia, señor presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores, por su atención. Con mucho agrado hago un reconocimiento a mis compañeros y compañeras de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Es un honor para mí hacer el posicionamiento de mi partido, el Revolucionario Institucional, respecto al proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.

Inicio mi intervención haciendo un sincero reconocimiento a las dirigencias de los partidos políticos y a los grupos parlamentarios aquí representados, por todas sus aportaciones al proyecto de decreto que hoy se somete a votación: al Partido Acción Nacional, al Partido de la Revolución Democrática, al Partido Verde Ecologista de México, al Partido del Trabajo, al Partido de Movimiento Ciudadano y al Partido de Nueva Alianza.

En el PRI entendemos que la riqueza de la pluralidad incluye, sí, pero no se limita a contrastar firmemente las diferencias políticas. En este momento, siendo tan plurales y diversos, como somos en origen y en legítimos intereses, sí se puede coincidir en el propósito y en las formas de mejorar la educación en México.

Juntos, hoy, tenemos la gran oportunidad de mover a México, de sentar las bases para mejorar su educación básica y media superior. No tengo duda de que el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 73 constitucionales será aprobado el día de hoy. Pero por utópico que parezca, no dejaré de pedir que lo hagamos de forma unánime. Tan importante es el fondo como la forma de llegar a él.

Las virtudes de la reforma y adiciones constitucionales son sustanciales y de profundo alcance; primero, porque privilegia el mérito y la capacidad de los docentes, al obligar a que todos los ingresos y promociones sean por concurso de oposición; segundo, porque el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo autónomo, con atribuciones para evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional; tercero, porque establece el sistema de información y gestión educativa, que incluye censos de maestros, de escuelas y alumnos a través del Inegi; cuarto, porque dota de autonomía de gestión a las escuelas; quinto, porque impulsa escuelas de tiempo completo, con jornadas de seis y ocho horas; sexto, porque prohíbe los alimentos que perjudican la salud de los niños.

Ésta es una propuesta de autoría múltiple, es un ejemplo de convergencia de visiones, voces, fuerzas de todos los partidos políticos y cuenta con el respaldo de organizaciones civiles, de empresarios, de instituciones educativas y universidades, incluyendo la UNAM, y fundamentalmente, de los grandes protagonistas de la educación: nuestras queridas maestras y maestros de México. El día de antier, los secretarios de Educación de las entidades federativas y del Distrito Federal se adhirieron de forma espontánea a la iniciativa del Ejecutivo federal, en el marco de la sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

Vale mencionar que se adhirió, incluso, el gobierno de Oaxaca, identificado tan amplia como muy dignamente con Andrés Manuel López Obrador.

El 11 de diciembre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se sumó a la avalancha de respaldos de esta iniciativa por conducto de su secretario general, el profesor Juan Díaz de la Torre, quien incluso expresó que la reforma contiene viejos anhelos de su gremio y señaló —como parte de ellos— la creación del sistema de información y gestión educativa y el examen de oposición para las plazas de nuevo ingreso.

Por estas consideraciones, el motivo de mi presencia en la tribuna es solicitar respetuosamente a cada una de ustedes, compañeras y compañeros diputados, su voto a favor de la reforma y adición a nuestra Carta Magna, en materia educativa.

Éste es el sentir y el compromiso de mi grupo parlamentario y lo expreso con la mano extendida; juntos tenemos la gran oportunidad de sorprender gratamente a los mexicanos.

Con franqueza les digo que no pierdo la esperanza de que esta votación sea por unanimidad; que esta reforma tenga el mayor de los consensos posibles; que cuente con el mayor de los apoyos de todas las fracciones parlamentarias, de todos los legisladores, que nadie se quede sin votar y que nadie se abstenga.

Compañeras y compañeros, rompamos paradigmas, porque no solo es una reforma educativa, fundamentalmente se trata de reafirmar con cada voto a favor la supremacía del Estado mexicano respecto de cualquier otro interés.

Los Poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, emanados de la Constitución, formamos legítimamente el poder superior de la nación, que nadie se olvide de esto.

Reafirmar la rectoría del Estado en la política educativa no es un alarde retórico, es poner en orden la casa y encuentra su contraparte en la plena obligación que tendría el gobierno de la República de rendir cuentas a las mexicanas y a los mexicanos sobre la calidad de la educación.

Este día podemos dejar testimonio de que los partidos políticos estamos trabajando por transformar a México y en ningún momento renunciar a nuestro orgullo ideológico, a nuestras banderas de lucha o a nuestros propios principios.

Concluyo diciendo que me siento profundamente orgullosa de formar parte de esta Legislatura, porque en su primer periodo ha acreditado en primer lugar que sí es posible romper inercias y moldes, que sí es posible la lucha política, sensata, prudente y honesta, que sí es posible romper inercias internas y externas. Compañeras y compañeros, esto ya es una extraordinaria noticia para este gran país, México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada.

Esta Presidencia informa que entraremos a la discusión en pro y en contra; vamos a escuchar a tres oradores en contra, intercalados con tres a favor, y preguntaremos a la asamblea si está suficientemente discutido. Tiene el uso de la voz don Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, en contra.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Cito al doctor Javier Fuentes Maya: El llamado neoliberalismo se basa en la evaluación de todo, aunque no se sepa bien para qué; ser competitivos, aunque no se sepa cómo y con qué finalidad; que hay que estar abiertos a todas las mercancías, aunque se destruya la planta industrial nacional y se introduzca al narcotráfico, como parte del intercambio mercantil; luchar por la disminución y adelgazamiento del Estado, aunque se acabe con el Estado de bienestar, que compensa la inequitativa distribución de la riqueza. Cierro la cita.

No se habrá logrado el derecho a la educación, sin una escuela mexicana pública que asegure el aprendizaje, pues es preocupante que cada año 700 mil niños dejen la escuela básica y 600 mil la educación media. Son un millón 300 mil personas abandonadas por el sistema y de lo cual desgraciadamente esta reforma no hace la más mínima mención.

¿Cuál reforma histórica? ¿Cuál victoria cultural? Midámonos con las expresiones, compañeras y compañeros diputados, porque parece que en la exageración se busca el engaño, y el que quiere engañar al pueblo se engaña a sí mismo.

Se propone elevar a rango constitucional una costosa burocracia de más de 750 millones de pesos al año y sin embargo, no se tocan temas como la dignificación de los espacios escolares, que hoy por hoy hay escuelas donde los baños no funcionan, donde no hay ventanas, donde no se impermeabiliza cuando llueve, cuando a veces ni siquiera piso firme hay, y de eso no trata ésta dizque reforma laboral.

Ello, sin dejar de señalar que no se entiende la razón por la cual el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debe ser un organismo constitucional, sin tener claro un diagnóstico de los resultados que haya ya podido brindar desde su existencia. Hacerlo constitucional no lo va a hacer eficiente.

Claro, cómo podría ser un instituto que cumpla con sus propósitos, si de origen no se plantea una plena y verdadera autonomía. No olvidemos que su órgano de gobierno se conformaría mediante una lista de cinco integrantes propuesta por el Ejecutivo federal.

No nos llevemos esa otra mentira de la reforma, ¿o es autónomo o depende del Ejecutivo federal? Si va a ser designado cada integrante por el titular del Ejecutivo; entonces, independientemente del trámite de la ratificación en el Senado, deja de ser autónomo y eso la gente lo debe de saber.

También deberíamos estar tocando el tema sindical, pues gracias a arreglos políticos de hace años se le ha venido entregando la conducción del proceso educativo a un conjunto de líderes sindicales, desvaneciendo con ello a la autoridad educativa y —aunque en apariencia— se le está quitando el control sobre la designación de plazas para la educación básica y media superior.

En realidad ello es una cortina de humo, que no deja ver el trasfondo que implica que una sola persona siga teniendo el control de los 170 millones de pesos mensuales que representan los 1.7 millones de agremiados. Sin mencionar que será este sindicato quien operaría indirectamente el llamado servicio docente, pues el responsable no será el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sino que radicaría en las distintas instancias educativas estatales, donde la influencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sigue siendo enorme.

Es más, el texto propuesto de reforma señala como atribución directa del instituto solamente expedir lineamientos a los que se sujetarían las autoridades educativas a nivel federal y local.

En lugar de entrar a una verdadera discusión, se firma un mal llamado Acuerdo por México, que lo único que hace es convertir a esta Cámara de Diputados en un apéndice del Ejecutivo federal y que ahora está a su servicio para cocinar al vapor reformas constitucionales que en nada ayudan, que son irresponsables, que incluso claramente violentan el procedimiento legislativo, ya que como señala el artículo 85, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que con el fin de tener mayores elementos para dictaminar se deberán generar procesos de análisis, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas, foros.

Ya lo dijo el diputado Ricardo Monreal, faltó la consulta a la comunidad estudiantil y a la comunidad escolar, que son los maestros, que son los estudiantes y que son las madres y padres de familia.

Diputado, estoy por terminar.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues hágame favor.

El diputado Gerardo Villanueva Albarran: El asunto principal es revertir de manera eficaz el rezago educativo; se trata de una tarea que implica disminuir la cifra de 33.4 millones de personas de 15 años sin educación básica concluida, algo que no se alcanza ni siquiera a visualizar en la presente propuesta.

Que nadie se confunda; en este salón de sesiones se encuentra reunido un poder federal y tal y como lo reconoce la Constitución, en su artículo 49, no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un individuo.

Enrique Peña Nieto no es el Legislativo. No podemos hacer reformas por urgencias ni por el déficit de legitimidad que tiene el Ejecutivo. La dignidad de esta Cámara radica en que somos representantes del pueblo y de nadie más.

Compañeros diputados del PRI, compañeros diputados del PAN, no se dejen tratar de esa manera, somos un poder autónomo, así lo dice la Constitución. Muchas gracias y es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Luis Ángel Espinosa Cházaro, del PRD, a favor.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, la reforma que hoy nos ocupa constituye apenas la base jurídica a una gran reforma educativa, por la que el Partido de la Revolución Democrática ha luchado desde su origen y esto no es retórica.

Leo el texto de nuestra Declaración de Principios, en su punto número 11: La educación que imparta el Estado será gratuita en todos sus niveles. Toda mexicana y todo mexicano y por el hecho de serlo, tendrá derecho a una educación pública gratuita, laica, democrática y humanística, sustentada en principios sociales, científicos y éticos, esto en todos sus niveles.

Esta reforma al artículo 3o. y 73 constitucional, pudiera ser considerada —por algunos— limitada en sus propósitos, pero el paso que hoy daremos al aprobarse, abre la puerta de manera tajante a una serie de reformas que deberemos empujar en esta misma LXII Legislatura, fundamentalmente dos: la Ley General de Educación y el Presupuesto de Egresos 2013.

De nada servirá el esfuerzo para lograr un consenso y una mayoría, si no se aterriza esta ley con los debates y los conceptos que hoy nos quedan pendientes.

Tampoco serviría de nada que en el Presupuesto de Egresos de 2013 no aumentamos el gasto del PIB —que no llega al 6 por ciento— cuando la ONU ha venido manejando que debe ser mayor al 8 por ciento.

El PRD se ha pronunciado siempre por un cambio profundo, no de sistema político, sino de cultura política; el cambio democrático es y debe de ser una forma de vida y una herramienta para que la sociedad acceda a la democracia plena y esto no solo es un sistema electoral justo y equitativo, la herramienta fundamental para el cambio hacia la democracia es precisamente lo que hoy debatimos, es la educación, educación de calidad, educación incluyente.

Por lo tanto, es indispensable impulsar avances que nos lleven a esta meta, que es la formación correcta de millones de niñas y niños. Esto es una sentida petición, es ya un reclamo por parte de los padres y las madres de los niños, que quieren ser mejor educados.

Por ello, no es menor lo que se avanza en impulsar en nuestra Constitución Política la integración de un servicio profesional docente, que mandate a mejorar las prácticas de formación, promoción, permanencia de los maestros y maestras de este país y que todo ello se fundamente en el mérito y en el esfuerzo honesto de cada uno de ellos y ellas y no en la relación abyecta con algún líder sindical.

Cabe señalar —para que tampoco nadie se confunda— que los derechos laborales de los maestros y las maestras de este país serán respetados, pero siempre en el marco de la Constitución. No solo los derechos laborales, sino derechos a la salud y mejores estadios de vida para los profesores.

Asimismo tenemos que hablar aquí de los derechos de los niños y las niñas: el derecho a tener una mejor educación. Cualquier proyecto de nación que pretenda ser exitoso pasa por una reforma educativa de fondo. Tenemos el ejemplo de Corea, quien ha destinado 20 años teniendo a la educación como su principal objetivo.

Debemos nosotros —los legisladores— estar atentos a que la reforma educativa vaya en la dirección correcta. Falta mucho por hacer, podría estar de acuerdo con eso, pero hoy daremos un paso trascendental.

El PRD es precursor en las escuelas de tiempo completo. En el DF, hace casi 20 años que hay escuelas con horarios ampliados, y hoy le daremos una expresión constitucional a esta añeja aspiración.

Quiero detenerme ahora a comentar respecto de aquellos que dicen que lo hemos hecho al vapor. Recuperar inmediatamente la rectoría del Estado en el tema educativo ya no puede esperar más tiempo.

Queda pendiente la encomienda de traducir el lenguaje de género y los principios de igualdad sustantiva en la ley que discutiremos posteriormente para que el fortalecimiento de las instituciones, al que aspiramos, se construya con una visión incluyente y plural para impulsar los fundamentos del desarrollo, que justamente se cultivan en los años de formación, en los años de la escuela, en las sociedades presentes y futuras.

Los grandes cambios de nuestro país han comenzado, siempre cuando haya el valor para realizarlos y hoy damos un paso muy importante en ese sentido.

De verdad deseo que esta LXII Legislatura sea recordada, no por politiquería ni por discursos vacíos, sino porque tuvimos el valor para transformar a México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Gloria Bautista Cuevas, del PRD, en contra. Qué pasa, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Señor presidente, desde el día de ayer nos anotamos en la lista en contra y estábamos en el segundo lugar y todavía no nos han mencionado. Quiero que nos garantice nuestra oportunidad de poder dar nuestra posición en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, nosotros lo escuchamos siempre y con toda paciencia. Permítannos que doña Gloria Bautista haga uso de la voz, cuando menos por ser una dama.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, el martes 11 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno que había turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para opinión, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación, enviada a esta soberanía.

Para obtener la mejoría sustancial que la nación requiere, necesitamos una reforma integral y no una que atienda solo algunos niveles; que garantice el financiamiento adecuado, el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y los materiales didácticos, el cómputo o los talleres y laboratorios de distinto tipo, incluidos los dedicados a la enseñanza de idiomas. Todo ello relacionado de forma directa con la preparación, dedicación y experiencia del personal docente.

Con la celeridad con que se pretende votar el dictamen, es inadmisible. La Comisión de Puntos Constitucionales debe definir el método de dictamen y realizar las consultas necesarias con autoridades federales, expertos en la materia constitucional y educativa, así como organizaciones no gubernamentales sobre el contenido de la iniciativa presidencial y su alcance.

La comisión —de acuerdo al artículo 89 del Reglamento— tiene hasta 90 días para dictaminar las reformas constitucionales, que es superior al tiempo que se concede para las leyes secundarias, y no hay motivo alguno para legislar al vapor.

Reiteramos nuestra disposición e interés por la mejora al Sistema Nacional de Educación, no atropellada como la que ahora nos ocupa, sino integral. Mejorar la educación en nuestro país es un tema profundo y no superficial, compañeros.

Señoras y señores, desde la expedición del Reglamento General de la Instrucción Primaria en 1821 y la Constitución de 1857, que ratificó la libertad de enseñanza, así como el reconocimiento en la Ley Orgánica de Educación Pública en el Distrito Federal en 1917, por el presidente Venustiano Carranza, seguido por las disposiciones oficiales de 1921 para la creación de la Secretaría de Educación Pública y la creación de la primera Escuela Rural Normal, en Tacámbaro, Michoacán, hemos visto que para esta nación el tema educativo es un asunto de Estado.

Sin embargo, ésta es una parte del contenido del llamado Pacto por México, el cual desde aquí —permítanme decirles— que no lo avalamos y no estamos de acuerdo con estos puntos, que atropellan y vulneran el estado de derecho y violentan el principio fundamental de la división de poderes.

Solo un dato les dejo a su memoria, de los 91 puntos considerados en el Pacto por México, se requieren 63 reformas constitucionales, y les pregunto, ¿vamos a legislar sobre las rodillas estas 63 reformas planteadas, en un año? Es una verdadera falta de respeto a esta soberanía y a los que representamos, compañeros.

Además, esta reforma parece inofensiva, pero en realidad se trata de una reforma profundamente autoritaria, que despoja al Magisterio, claro, al Magisterio democrático. Repito, que se oiga bien, al Magisterio democrático lo despoja de toda participación en las decisiones educativas.

Por ejemplo, el agregado a la fracción III, que impone el sistema de ingreso y promoción y declara la nulidad anticipada de cualquier maestro, si no es sometido al viejo estilo autoritario, a un instituto nombrado autoritariamente por el titular del Ejecutivo.

Esta garrafal reforma actualiza todas las reclamaciones que se hicieron valer en los amparos de febrero de este año contra los acuerdos para la evaluación y otros, en relación a los interpuestos en 2009 contra la AC, dado que interviene de lleno en el área laboral y pasa por encima de a contratación colectiva pactada.

En la forma de condiciones generales de trabajo, en un desplante autoritario, el Ejecutivo federal eleva el golpe a la Constitución para derogar de facto la bilateralidad contractual para el ingreso, la permanencia y la promoción en el trabajo.

En tal virtud, se deroga de facto preceptos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en tanto que atropella el estatuto laboral completo, que regula la contratación colectiva como la fuente de obligaciones y derechos de los trabajadores, del apartado B del 123 constitucional.

Termino, señor presidente. Con todo ello se perfila un régimen dictatorial, que impone al Magisterio nacional un estatus de excepción, que de un plumazo constitucional borra sus derechos adquiridos y los somete por la fuerza de un acto arbitrario, a un nuevo régimen laboral, y revisamos el sexto transitorio, se acude al esquema derogatorio genérico.

O por ejemplo, lo contemplado en la fracción IX al artículo y en una parrafada infame viola todas las normas de estilo y brevedad de un texto constitucional, pues inserta un virtual reglamento en plena constitución del Instituto Nacional para la Evaluación, que pretenden crear.

En los vicios de origen de esta iniciativa y de este dictamen se aglomeran una serie de disposiciones sustantivas, muchas otras más de corte reglamentario y hasta disposiciones sobre compra de materiales en las escuelas, que no obedece a la naturaleza de una Carta Magna. Por ejemplo, destaca la disposición arbitraria del tiempo laboral del Magisterio y de su jornada de trabajo. Ese tiempo también es valioso, señores.

Ésta es una reforma que no debemos aprobar al vapor. Les pido su paciencia y su tolerancia. Ojalá que reaccionaran, razonaran bien su voto.

En tal virtud, se configura el resultado obvio y en los hechos, que el sistema de control plantea la necesidad de centralizar de nuevo la educación, dado que el experimento de la descentralización ha generado una especie de anarquía en el manejo de recursos y en el desarrollo de sistemas bilaterales estatales, que permiten al Magisterio democrático la configuración de auténticos contratos colectivos locales, que propician el fortalecimiento regional de posiciones democráticas y ajenas al control del charrismo sindical.

Además, la persistencia del sistema en esas condiciones es grave, pues configura jurídicamente la posibilidad del tránsito...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada, le rogaría concluya, por favor.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Termino, señor presidente. La posibilidad de tránsito del Magisterio al apartado A del artículo 123 constitucional, lo cual es un evidente reto frontal al control que ahora desata esta reforma violatoria a todas luces de la propia Carta Magna.

Diputadas y diputados, ya sé que les urge, pero no va a pasar como ustedes quieren. Por todo lo anterior y por lo antes expuesto y fundado...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada, evíteme, por favor, la pena de quitarle el sonido.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:... solicito un voto consciente y a la altura de lo que México necesita, por lo que los exhorto a votar en contra del dictamen, que tanto les urge y que hoy nos presentan. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Luis Ernesto Robledo Leal.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal:Me llamo Ernesto Alfonso, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ernesto Alfonso.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Gracias. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados, para Acción Nacional la educación es la actualización consciente y libre de capacidades humanas en camino de perfección; se trata de un proceso constante de desarrollo de cualidades que hacen al hombre más humano; asimismo es camino y oportunidad de integración social, de asociación, de comunicación solidaria.

Transmisión, investigación y creación, no solo de información técnica, sino también de valores personales y sociales, para formar hombres libres y solidarios que se incorporen a la sociedad, a la cual han de transformar buscando el bien común. Así la definía Carlos Castillo Peraza.

En consecuencia, Acción Nacional sube a esta tribuna, coherente con sus ideales y principios, a pronunciarse a favor en lo general con este dictamen de reforma constitucional, porque garantizará que nuestros niños y jóvenes cuenten con mejores maestros. Pero además, porque la evaluación de nuestro sistema educativo será realizada también por un organismo constitucionalmente autónomo, que no permitirá intromisión alguna de otro tipo de intereses ajenos a los estrictamente educativos. De manera que con esta reforma sí se fortalece la calidad de la educación en nuestro país.

Acción Nacional pugnó que éste fuera el primer gran tema que se analizara, discutiera y dictaminara del Pacto por México, en su lucha por consolidar una de las grandes demandas de los padres de familia y los ciudadanos, a saber, mejorar la calidad de la educación que se imparte en nuestro país.

Esta reforma representa para nosotros la institucionalización jurídica en nuestra Constitución de las acciones de política pública, que en 12 años de gobierno Acción Nacional implementó, en aras de lograr una educación de calidad para todas y para todos.

Esta reforma estimula la participación de los padres de familia en la tarea educativa, proporciona elementos para facilitar la planeación de la enseñanza en el aula, atiende requerimientos específicos de capacitación a docentes y directivos, y se fortalecen los criterios de transparencia y rendición de cuentas de nuestro sistema educativo nacional.

Los objetivos generales de la reforma constitucional —que hoy se discute— forman parte de las acciones que sobre el tema de evaluación de educación y del desempeño docente se venían desarrollando desde los gobiernos del PAN, como los siguientes: garantizar —desde la Constitución Política— que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, se lleven a cabo mediante concursos de oposición; modificar la naturaleza jurídica del actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para convertirlo en un órgano constitucionalmente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios cuya función sea evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Paralelamente, para Acción Nacional el elevar a rango constitucional los procesos de acceso al servicio docente y la promoción en la educación básica y media superior, garantiza que dichos procesos no estarán nunca más en manos ajenas a la autoridad educativa o sujeta a intereses o caprichos de sindicatos u otros particulares.

El Grupo Parlamentario del PAN, en coherencia con lo anteriormente citado, apoyará esta modificación a la Constitución en una muestra más de su responsabilidad republicana y porque con ello respondemos al compromiso que tenemos ante la sociedad.

Compañeras y compañeros, la evaluación debe servir de estímulo para elevar la calidad educativa, favorecer la transparencia y la rendición de cuentas y servir de base para el diseño adecuado de políticas educativas.

La evaluación con consecuencias debe ser la esencia de la alineación de incentivos para todos los que participan en la tarea educativa. De ahí que los procesos de evaluación deban estar a cargo de órganos autónomos, tal como se expone en la reforma que nos ocupa.

Para garantizar que sean los mejores maestros los que se hagan cargo de la educación de nuestros hijos debemos institucionalizar y dar certeza y seguridad respecto de los mecanismos de ingreso y promoción al servicio docente, como son la preparación y los conocimientos de los maestros.

Para el Grupo Parlamentario del PAN la educación es un pilar indispensable para construir una mejor sociedad, a través de ella se potencian las capacidades y habilidades de la persona, permitiéndole una inserción activa en el desarrollo de la nación; por eso es clave para impulsar el desarrollo nacional.

El PAN, en busca de un desarrollo para México como Poder Legislativo y con otros órdenes de gobierno, estaremos trabajando, en esta ocasión y en lo que reste de nuestro periodo para que se promuevan los acuerdos y cumplamos en beneficio de todos los mexicanos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, Ernesto Alfonso. Don Ricardo Mejía Berdeja, en contra. Don Alfonso Durazo, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hemos escuchado en esta tribuna todo tipo de discursos, principalmente de carácter apologético sobre las virtudes de esta reforma. Pero la realidad es que mientras el gobierno no tenga la determinación política de acabar con el cacicazgo de Elba Esther Gordillo, la educación seguirá siendo presa de ese rezago, que ha marcado por décadas a la educación nacional.

Por eso una vez más asistimos en esta Cámara, tanto en su trabajo en comisiones como aquí en el pleno, a la aprobación automática de una iniciativa del Ejecutivo, por mera aritmética y no por su racionalidad, por una aplanadora implacable, sin honor alguno, que funciona por disposición administrativa de un coordinador parlamentario.

Por supuesto que la gente quiere cambios en los grandes temas de la agenda nacional y sin duda la educación es uno de ellos; sin embargo, esta tarea es de tal trascendencia, que requiere mucho más que un pacto acordado y firmado por las meras dirigencias de algunos partidos políticos, un pacto sobre cuyos contenidos la sociedad no ha sido consultada ni incluida, un pacto que no cuenta con la participación y la reflexión de los especialistas en la materia, un pacto finalmente cuyas iniciativas de ley pasan por esta Cámara, como si se tratara de una mera oficialía de partes sometida a los designios del Ejecutivo.

No es la posición de Movimiento Ciudadano una oposición por el mero hecho de oponerse, pero rechazamos las formas limitadas y aún serviles que están caracterizando el trabajo legislativo de la mayoría en este pleno.

Ahora una oposición no sometida al poder es una oposición irresponsable. Estamos casi como en 1968, cuando era una blasfemia oponerse a una iniciativa del señor presidente de la República; han pasado más de 40 años y estamos reeditando lo peor de las prácticas políticas de la historia del PRI.

Prácticamente ni siquiera se leen ni son conocidas a detalle las iniciativas que nos son enviadas por el Ejecutivo. Si hubiese diputados con conocimiento del tema educativo —que seguramente los hay— no tienen oportunidad de participar, porque simple y sencillamente no hay análisis, no hay debate, no hay voluntad ni espacio para la construcción de verdaderos consensos legislativos, que beneficien a la sociedad y no al gobierno.

La mejor y más lamentable prueba de lo que digo es que no ha sido atendida en lo más mínimo la propuesta del rector de la UNAM, en materia de educación, que seguramente algo sabe sobre el tema.

En este debate se ha olvidado algo fundamental, que la Cámara de Diputados representa a la nación y que no es su función representar al Ejecutivo. Una reforma de este calado requiere de responsabilidad parlamentaria, no simplemente de levantar la mano a toda velocidad, como se ha venido haciendo en este recinto; en unos pocos días, sin saber qué es lo que se vota, sin conocer prácticamente ni su forma ni su fondo, y este asunto tiene que ver no solo con la política, tiene que ver fundamentalmente con la ética de nuestro desempeño.

Nuestro voto, el de Movimiento Ciudadano, no es en contra del avance genuino del país, sino de las formas arcaicas que está tomando el proceso legislativo en la aprobación de esta serie de leyes, en las que muy poco o nada tiene que ver el Legislativo.

No podemos seguir como un mero apéndice del Ejecutivo. Ojalá que reflexionemos todos con honestidad, en torno al mandato constitucional que nos compete como diputados y a la responsabilidad pública, social e histórica que lo acompaña. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Alfonso Durazo. Don Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, desde la discusión en lo general y en lo particular, en la Comisión de Puntos Constitucionales, animados a contribuir en la construcción y acción educativa, creadora, innovadora y racional, expresamos el sentir de mi Grupo Parlamentario Nueva Alianza, acerca de la reforma constitucional en materia de educación.

Propusimos las modificaciones que considerábamos necesarias, con la finalidad última de coadyuvar en la implementación de la presente reforma; coincidíamos más en ese momento en los componentes dinámicos de acciones para la transformación, tan anhelada por las maestras y los maestros de México, sin detenernos en la carente política democrática de la que emanaba esta iniciativa política, que es la que verdaderamente escucha todas las opiniones en una República representativa.

La exclusión del Pacto, la cerrazón para escuchar las minorías, ése no era el tema para nosotros en esta ocasión, máxime en tratándose de un derecho fundamental: la educación y sus consecuencias.

Nuestra opción, la opción de Nueva Alianza es, fue y ha sido distinta: apoyar la reforma; apoyar la reforma para contribuir en la construcción útil de la vida política, pública, sentando bases que permitan el desarrollo progresivo nacional, fijando con toda claridad las finalidades perseguidas por esta reforma, las cuales acompañamos en casi todos sus términos.

Donde nos separamos —y lo haremos valer en la discusión en lo particular— es en aquellos mecanismos para la consecución de fines, que vayan en menoscabo de los legítimos derechos obtenidos por aquellas mexicanas y mexicanos, que desde la escuela rural, en las comunidades indígenas, en las zonas marginadas, en las zonas conflictivas del país, en la frontera, en el centro, federalizados, descentralizados, con divergentes condicionantes en el ejercicio de su función, día con día dan la cara para el desarrollo pacífico de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestra juventud, sin mayor aliciente que ver en sus educandos a mujeres y hombres de bien.

Optamos por coadyuvar a sentar las bases para construir un andamiaje institucional que erradique todos los rezagos, deficiencias y, ¿por qué no decirlo? Ocurrencias y olvidos de la administración pública federal, en menoscabo del sistema educativo nacional, problemática de suyo compleja, vivida día a día por las maestras y los maestros de México, quienes —por cierto— han luchado por más de 25 años.

Permitir que esta reforma se direccione en contra de las maestras y los maestros debe ser considerada como una gran falacia. Es desde siempre una gran mentira, máxime cuando en nuestro presente nos encontramos ante una realidad cada vez más compleja, cambiante y hasta contradictoria, que convierte en problemática de manera continuada hasta los objetivos, los contenidos y los métodos de un derecho fundamental de las y los mexicanos: la educación.

En mi grupo parlamentario, en Nueva Alianza, seguros estamos que la responsabilidad y rectoría de esta función estatal primordial es desde siempre obligación del Estado mexicano. Es ningún momento ha sido, es, ni será responsabilidad exclusiva de las maestras y los maestros de México; mucho menos será responsabilidad personal de una persona. No es responsabilidad de Elba Esther Gordillo Morales.

Ellos, los maestros son los que han puesto a discusión las carencias, las desigualdades, los rezagos y las deficiencias, en el cual día a día se desarrolla este derecho fundamental, máxime cuando el mundo cambia cotidianamente y el uso de nuevas tecnologías los muestran frágiles y en escenarios adversos en un mundo globalizado, pero más aún, competitivo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia informa que se han reservado el 3o., fracción III, segundo párrafo, por Lilia Aguilar Gil...

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame, señor diputado, estoy dándole la satisfacción a la asamblea de leer las reservas, porque es mi obligación.

El 3o., fracción III, por Gloria Bautista Cuevas; 3o., fracción III, por Víctor Reymundo Nájera Medina; 3o., fracción III, por José Luis Muñoz Soria; 3o., fracción III, por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo; 3o., fracción III, por don Luis Antonio González Roldán; 3o., fracción III, por los integrantes de la comisión; 3o., fracción IX, por Gerardo Villanueva Albarrán; 3o., fracción IX, por María Sanjuana Cerda Franco; 3o., fracción IX, primer párrafo, por el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo; 3o., fracción IV, primer párrafo, por la diputada Beatriz Zavala Peniche; 3o., fracción IX, por Víctor Manuel Jorrín Lozano; 3o., fracción IX, inciso b), por Loretta Ortiz Ahlf; 3o., fracción IX, inciso c), por don Alfonso Durazo Montaño; 3o., fracción IX, incisos a) y b), por Lilia Aguilar Gil; 3o., fracción IX, primer párrafo, inciso c), párrafos sexto y séptimo, por Lilia Aguilar Gil; 3o., fracción IX, inciso c), primer párrafo, por Lilia Aguilar Gil; 3o., fracción IX, párrafo cuarto, y la eliminación de la fracción III del artículo quinto transitorio, por el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas; 3o., para suprimir la fracción IX y los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios, por la diputada Gloria Bautista Cuevas; 3o., fracción IX, y tercero transitorio, por el diputado Vicario Portillo Martínez; 3o., fracción IX, párrafo segundo, y tercero transitorio, segundo párrafo; primero, y adición de un párrafo cuarto al artículo segundo, por el diputado Marcos Aguilar Vega.

73, fracción XXV, Gloria Bautista Cuevas; 73, fracción XXV, por Fernando Zárate Salgado; segundo transitorio, por el diputado Alfonso Durazo Montaño; quinto transitorio, fracción I, por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez; quinto transitorio, fracción II, por Juan Luis Martínez Martínez; quinto transitorio, fracción III, inciso a), por Luisa María Alcalde Luján; quinto transitorio, fracción III, inciso b), por la diputada Ruth Zavaleta Salgado; quinto transitorio, fracción III, inciso b), por Sonia Rincón Chanona; quinto transitorio, fracción III, inciso b), por José Angelino Caamal Mena; quinto transitorio, fracción III, inciso c), diputada Zuleyma Huidobro González; quinto transitorio, eliminar los incisos a), b) y c) a la fracción III, por la diputada Julisa Mejía Guardado.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por 10 minutos, para recabar votación nominal en lo general y en lo no reservado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Votación de viva voz.

El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos (desde la curul): A favor.

El diputado Kamel Athie Flores (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 423 votos en pro, 39 en contra y 10 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y lo no reservado.

Tiene el uso de la voz doña Lilia Aguilar Gil, para presentar su reserva del artículo 3o., fracción III, segundo párrafo. A ver, doña Lilia Aguilar Gil se la cede a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a quien le doy el uso de la voz, con mucho gusto. Gracias Lilia, por tu turno.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Como la diputada Lilia me cedió, la diputada Lilia, dos reservas, quiero que me junte el tiempo y las voy a argumentar.

Miren, diputados, qué pena, ojalá hayan leído el Reglamento, el 104, tenemos derecho a hablar seis diputados a favor, seis en contra, y además estoy inscrito desde ayer. Pero los tienen que cuidar de tal manera —que es de lo que voy a hablar— los tienen que cuidar, que tienen que votar pronto en contra, a favor, no sea que los vaya a convencer.

Claro que no. Les quiero decir a ustedes y a la nación, que no se dejen seducir por la propaganda política del régimen.

Hace dos días, nada más, 31 secretarios de Educación de los estados manifestaron su apoyo a la propuesta de la reforma del Ejecutivo en materia de educación; sin embargo, entre ellos existen dudas sobre la instrumentación de la misma; se cuestionan las implicaciones presupuestales para los propios estados y los efectos administrativos y políticos con el personal educativo bajo su responsabilidad.

Por otra parte, el secretario de Educación federal ha declarado en medios de comunicación que los maestros con plaza no serán despedidos, aunque salgan mal en las evaluaciones.

Que próximamente —dice él— se reuniría con la líder de los maestros para la instrumentación de la reforma —dice— ambos somos profesionales.

Cuestionamientos que muestran la falta de claridad en la propuesta de la reforma educativa, contrario a los principios de certeza y objetividad, que deben de cuidarse en toda reforma legal o constitucional.

Sabemos que le van a hacer cuatro o cinco cambios en este debate de las reservas, que además no lo van a legislar aquí, que lo legislan los grandes dedos que legislan fuera de esta Cámara, y ustedes con sus prisas, a votar.

En la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo, así como en el cuerpo del dictamen que se somete a esta Cámara, no se consideran los factores económicos, sociales y culturales, que son determinantes en la calidad y el nivel de la educación que imparte el Estado. Esto mismo en esta tribuna lo reconoció el presidente de la Comisión de Educación de esta Cámara.

Tampoco se presentan consideraciones mínimas que informen del estado que guarda la administración educativa federal y de las 31 entidades y el Distrito Federal, que determinen, sustenten y justifiquen la propuesta para crear el servicio profesional que regulará el ingreso, reconocimiento, promoción y permanencia del personal docente.

Tampoco se motiva la necesidad de la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos por parte del Inegi, como lo dice la propia propuesta.

El apoyo a la propuesta por parte de algunos diputados puede tener buenas intenciones; sin embargo, es inconsistente, no presenta con claridad el objeto para el cual se propone.

El Congreso de la Unión deberá de legislar en la Ley General de Educación los criterios de evaluación y los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, bajo los principios de igualdad y transparencia.

Esto es, establecer un servicio profesional docente enfocado a un gremio de trabajadores de la educación, que acredita una alta carga política en su regulación administrativa y en sus condiciones de trabajo, condiciones que derivan de las relaciones laborales que el gobierno federal y cada uno de los gobiernos locales de las entidades del país tiene, y recordemos que a partir de la política de desconcentración educativa, iniciada hace más de 20 años, los estados tienen la responsabilidad para prestar los servicios de educación inicial básica.

Se deberá implementar —dicen— un servicio profesional docente en el sector de trabajadores de la educación, que cuenta con un contrato colectivo de trabajo ya definido y regulado en la Ley Reglamentaria del Apartado B, que regula las condiciones de ingreso y promoción en el servicio de educación federal y de las 31 entidades del país.

Para la construcción de este servicio profesional docente —en el artículo quinto transitorio del dictamen— se mandata al Congreso y a las autoridades educativas para institucionalizar las cuotas escolares, debido a que se deberá de impulsar la autonomía de gestión de las escuelas para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

¿Qué pasó con el electo y sus paleros, que en la campaña hicieron con esto de no habrá cuotas en la educación, que inundaron los cines y de espectaculares? ¿Dónde están esos paleros? ¿Dónde está el electo? ¿Qué palabra puede tener para cumplir estas cosas?

No. Tiempo tengo para acabar de decirles que el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, con atribuciones para evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional, dicen ustedes; sin embargo, ¿qué pasa? En la fracci&oacut