* PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 28 de noviembre de 2012, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 28 de noviembre de 2012 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente.»

«Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que cumpla con las disposiciones relativas a los derechos de los enfermos en situación terminal e implemente acciones reales en materia de cuidados paliativos, a cargo de la diputada Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la atención y seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para que a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, elabore, ejecute y evalúe dentro del programa “Mejores Escuelas”, políticas públicas en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sanitarios y bebederos en las escuelas de educación básica, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, para que haga pública la información referente al posible acuerdo que modificaría el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América, en caso de escasez o sequía; y, a que no firme ningún acuerdo hasta que el Congreso de la Unión conozca los perjuicios o beneficios que traería la adopción de tal acuerdo, suscrito por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, para que incorpore al titular de la Secretaría de Turismo del gobierno de Jalisco, al seno de los trabajos del Comité de Rutas Aéreas Turísticas para Fortalecer la Conectividad del País, a cargo del diputado Rafael González Resendiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Turismo, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que organice e instale el consejo nacional de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; asimismo, para que sea instalado antes del 1 de diciembre, suscrito por los diputados Francisco Javier Fernández Clamont y Gerardo Xavier Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las instancias competentes, se implemente una estrategia nacional orientada a detener el alza de los precios de la canasta básica alimentaria, garantizando con ello que las familias mexicanas no se vean afectadas en el cierre del año y la denominada “cuesta de enero”, a cargo de la diputada Ma. Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la SHCP y de la SRE, garanticen la reapertura de la garita “San Ysidro-Tijuana” en el estado de Baja California, así como su operación normal, suscrito por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, para dictamen.»

CUIDADOS PALIATIVOS A ENFERMOS TERMINALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir las disposiciones relativas a los derechos de los enfermos en situación terminal e implantar acciones reales en materia de cuidados paliativos, a cargo de la diputada Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Flor Ayala Robles Linares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7,1 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El texto normativo de la Organización Mundial de la Salud señala: “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.

Por ello, el derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.

El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en los textos constituciones de todo el mundo.

El artículo 4o., párrafo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resguarda el derecho a la protección de la salud.

Pese a lo anterior, en México no hay datos estadísticos reales que nos permitan dimensionar el número de enfermos en fase terminal que ingresan anualmente en los centros de salud.

Según cifras oficiales de la estadística nacional “Causas de defunción, defunciones generales totales por principales causas de mortalidad 2010”, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en ese año se registraron

• 70 mil 240 defunciones por tumores malignos.

• 32 mil 306 defunciones por enfermedades cerebrovasculares.

• 19 mil 468 defunciones por enfermedades pulmonares.

• 11 mil 950 defunciones por insuficiencia renal.

• 5 mil 904 defunciones por bronquitis crónica, enfisema y asma.

• 4 mil 860 defunciones por VIH.

Pocas de las personas que forman parte de esa estadística recibieron cuidados paliativos en el momento que lo requirieron.

La Organización Mundial de la Salud define cuidados paliativos como “el método que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades terminales, a través de la prevención o alivio del sufrimiento por medio de la pronta identificación y correcta valoración, y tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales”.

Por ende, los cuidados paliativos representan un tema de relevancia internacional, ya que varias naciones alrededor del mundo trabajan activamente a efecto de implantar este régimen en los sistemas de salubridad, debido a que es menester preservar la dignidad, la calidad de vida del ser humano y atenuar el sufrimiento de los enfermos terminales y de sus familias.

Desde 1982, la Organización Mundial de la Salud organizó e implantó un proyecto de alivio de dolor por cáncer y cuidados paliativos que demostró su eficacia para la mayoría de los pacientes con cáncer en muchos países con diferentes sistemas de asistencia sanitaria.

En 1990, en el informe 804, la Organización Mundial de la Salud destaca como objetivos de los cuidados paliativos.

• Reafirmar la importancia de la vida, aún en la etapa terminal.

• Establecer un cuidado que no acelere la llegada de la muerte ni la posponga artificialmente.

• Proporcionar alivio del dolor y otros síntomas angustiantes.

• Integrar los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales.

• Facilitar que el enfermo lleve una vida tan activa como sea posible.

• Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para ayudarla a afrontar la enfermedad del ser querido y sobrellevar el duelo.

Para lograr esos objetivos propugna, en 1996, una estrategia cuyos componentes básicos son

• Políticas nacionales o estatales favorables al alivio del dolor del cáncer mediante apoyo oficial a las actividades de educación y disponibilidad de fármacos.

• Programas educativos dirigidos al público, al personal de salud y a las autoridades de reglamentación.

• La definición de atención farmacéutica: área de conocimiento y de práctica profesional que abarca todo el proceso de suministro de medicamentos y dispositivos médicos y el proceso asistencial, teniendo como objetivo garantizar la buena atención del paciente con equidad, accesibilidad, eficiencia, efectividad y control costo con resultados medibles y con efecto en salud y calidad de vida.

• Políticas de gobierno: normas nacionales o estatales que destaquen la necesidad de aliviar el dolor crónico en el cáncer.

• Promover e implantar los cuidados paliativos.

Las medidas para llevarlo a cabo deben incluir

• La implantación de recursos específicos.

• La mejora de la atención en los recursos ya existentes (atención primaria, hospitales generales y centros de larga estancia).

• La formación de profesionales.

• La educación de la sociedad y su participación a través del voluntariado.

Actualmente nuestra legislación prevé disposiciones normativas en esta materia.

El 5 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la incorporación del título octavo Bis, “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal”; y en el artículo 166 Bis 13 se establece la obligación por parte de las instituciones del Sistema Nacional de Salud de ofrecer una atención integral a los enfermos en situación terminal y garantizar la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos.

De igual forma, la legislación en cita prevé lo siguiente:

• Proporcionar los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad, a partir del diagnóstico hasta el final.

• Fomentar la creación de áreas especializadas que presten atención a los enfermos en situación terminal.

• En el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular, la Secretaría de Salud dispondrá de una línea telefónica de acceso gratuito para que se oriente, asesore y de seguimiento al enfermo, sus familiares o persona de su confianza.

Pese a lo anterior, en la praxis, estas disposiciones son letra muerta, ya que la medicina paliativa en nuestro país carece de recursos económicos, materiales y humanos.

Hace un par de días, el Senado de la República remitió una minuta a la Cámara de Diputados para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el ejercicio fiscal de 2013 las partidas necesarias para implantar en el sistema nacional de salud, los servicios paliativos a favor de los enfermos en situación terminal y sus familias debido a la elevación del promedio de vida de la población y el envejecimiento demográfico.

Compañeras y compañeros legisladores: no debemos olvidar que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 se logró incorporar el principio pro persona como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, por ende México, al ratificar los tratados y convenios internacionales, está obligado, en este caso, a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a los servicios de salud a los mexicanos, dado que un estado de derecho real debe radicar en la cultura de la legalidad, la justicia social y el respeto pleno de la ley.

Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a cumplir lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las disposiciones previstas en los capítulos II y III, relativos a los derechos de los enfermos en situación terminal, e implante con la mayor brevedad acciones reales en materia de cuidados paliativos.

Notas:

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/index.html

2 www.inegi.org.mx

3 Davies, E, Higginson, I. Hechos sólidos. Cuidados paliativos, Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional de Europa, 2004.

4 http://www.who.int/about/es/

5 http://www.who.int/about/es/

6 http://www.who.int/about/es/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.— Diputados: Flor Ayala Robles Linares, José Enrique Reina Lizárraga, Glafiro Salinas Mendiola, Alejandra López Noriega, Adriana González Carrillo, Raquel Jiménez Cerrillo, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, José Alfredo Botello Montes, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

COMISION ESPECIAL PARA LA ATENCION Y SEGUIMIENTO A LAS AGRESIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la atención y el seguimiento de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe la presente, Mariana Dunyaska García Rojas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita la creación de la comisión especial para la atención y seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. Por acuerdo del procurador general de la República, el 15 de febrero de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.

2. Con fecha 19 de diciembre de 2006, en la LX Legislatura, fue creada la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

3. El 10 de diciembre de 2009 se creó mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la LXI, legislatura la comisión para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, con 16 integrantes, determinándose su creación por los tres años de la LXI Legislatura.

4. El 25 de abril de 2012, el Senado de la República aprobó la expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, con 95 votos a favor, donde principalmente se considera la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implantar medidas de prevención y urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promisión de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Exposición de Motivos

A. En México se plasma la libertad de expresión en el artículo 6o. de la Carta Magna:

Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial ni administrativa sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado...

La libertad de expresión es una de las condiciones de existencia y de posibilidad de un régimen democrático. Luego entonces, la libertad de expresión es un elemento sine que non para considerar democrático un país.

Para Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, “la libertad de expresión es lo que permite la creación de la opinión pública, esencial para darle contenido a varios principios del estado constitucional, como lo son algunos de los derechos fundamentales, la existencia de una opinión pública libre y robusta también es una condición para el funcionamiento de una democracia representativa”.

El 3 de junio, el relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, presentó su informe respecto a la visita realizada a México, donde manifiesta que éste encabeza la lista de los países más peligrosos de Latinoamérica para ejercer el periodismo y concluye que los crímenes han quedado impunes por la ausencia de investigaciones concluidas.

En 2011, los informes de los relatores sobre libertad de prensa y expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recomendaron a México “a hacer esfuerzos acelerados para cortar los ciclos de impunidad de éstos crímenes que ya se presentan en un número abultado, colocando a México, en el rango de país sin libertad de prensa”.

La impunidad obedece, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en gran medida, al hecho de que las autoridades encargadas de integrar las averiguaciones previas, incumplen su obligación de investigar y recabar pruebas para llegar a la verdad de los hechos.

Por último, la ya mencionada Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estableció que desde 2000 se han registrado 82 homicidios de periodistas, 16 desapariciones y 28 atentados, de los cuales 19 por ciento ha sido investigado y sólo 7 por ciento ha derivado en condena.

Por ello, la proponente considera importante dar seguimiento a los trabajos realizados en las comisiones formalizadas en la LX y LXI Legislaturas, así como garantizar las investigaciones de los hechos criminales contra los medios de comunicación y sus representantes o trabajadores.

Por lo expuesto me permito proponer ante la Cámara la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la comisión especial para la atención y seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Segundo. La comisión especial se integrará por diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación.

Tercero. Los recursos técnicos, financieros y humanos para el funcionamiento de la comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

Cuarto.La comisión especial deberá presentar semestralmente un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados, durante los recesos, o bien, ante la Junta de Coordinación Política.

Quinto. La comisión especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de noviembre de 2012.— Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ESCUELAS PUBLICAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a elaborar, ejecutar y evaluar en el programa Mejores Escuelas –por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa– políticas sobre construcción, rehabilitación y mantenimiento de sanitarios y bebederos en las instituciones de educación básica, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los que suscriben, diputadas y diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembros del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 79, II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, para que, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, elabore, ejecute y evalúe dentro del programa Mejores Escuelas, políticas públicas eficaces que atiendan la infraestructura física en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sanitarios y bebederos en las escuelas de educación básica.

Consideraciones

La educación es un tema prioritario en la agenda nacional que debemos atender, ya que para nuestro país el acceso y calidad de la educación constituye el mecanismo idóneo para alcanzar niveles importantes de crecimiento social y económico que requiere la sociedad.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos conscientes de lo anterior, es por ello que nuestros esfuerzos dentro de la Cámara de Diputados se encuentran encaminados a fortalecer el sistema educativo de nuestro país, elaborando puntos de acuerdo que atiendan las necesidades que nuestra comunidad educativa demanda, esto con el objetivo de servir y coadyuvar en el llamado que los mismos nos solicitan.

Estamos convencidos que para elevar la calidad de la educación, debemos recuperar y dignificar la escuela como herramienta de transformación de millones de niñas, niños y adolescentes orgullosos de su patria y comprometidos con México en el inicio de este siglo XXI.

La infraestructura física educativa representa un factor fundamental en el correcto desarrollo de la educación, son los muebles e inmuebles de las aulas educativas, los elementos sobre los cuales los alumnos y maestros interactúan en la impartición de la educación; los servicios e instalaciones del sistema educativo nacional coadyuvan a que ésta se genere en un ambiente adecuado y digno, generando en consecuencia, una educación de calidad.

Según datos del Diagnóstico del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 2010, entregado a la Cámara de Diputados en el marco del proceso de integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se presentaron los siguientes datos:

Como podemos observar, 49 por ciento de las escuelas a nivel nacional tienen en malas condiciones o inservibles sus instalaciones sanitarias. Sin duda un dato que denota la falta de mantenimiento en este rubro tan sensible, cuando de lo que se trata es de brindar un servicio educativo de calidad en todos sus componentes, incluida la infraestructura física.

Los sanitarios en los centros educativos constituyen un servicio básico para todas las personas que asisten a estos centros, los cuales deben estar instalados con base en cantidad, calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y equipamiento necesarios para el uso de este servicio, de acuerdo con la política educativa determinada por el estado (Federación, estados, Distrito Federal y municipios).

Los sanitarios en mal estado, representan un foco grave de infección para los alumnos en las escuelas. Las niñas se encuentran en un grave riesgo de contraer infecciones en vías urinarias, y los niños, se exponen a la gastroenteritis, un contagio viral por falta de higiene.

Además de los sanitarios, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está preocupado por el insuficiente número de bebederos en las escuelas, ya que su uso cotidiano en las escuelas puede reducir el consumo de jugos o refrescos con altos niveles de azúcares que afectan la salud de los alumnos. Contar con bebederos adecuados permitirá un mayor consumo de agua por alumno, lo que repercutirá en un mejor nivel de vida y disminuirá los riesgos de obesidad en la comunidad escolar.

Resulta necesario que, para el adecuado desarrollo los servicios educativos, el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública, intervenga de manera coordinada, comprometida y eficaz, con la instalación, rehabilitación, mantenimiento y uso adecuado de los bebederos y sanitarios en las escuelas de educación básica.

La Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en su artículo 2o. establece lo siguiente:

“El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales para:

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional;”

Tal como lo establece el artículo 5 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, entre las autoridades en materia de infraestructura física educativa se encuentra el titular del Ejecutivo federal, el titular de la Secretaría de Educación Pública,el director general del instituto, los titulares de los ejecutivos de los estados y del Distrito Federal, los titulares de las secretarías de educación y sus equivalentes en las entidades federativas, los titulares de los organismos responsables de la infraestructura física educativa de las entidades federativas, los presidentes municipales y los jefes delegacionales del Distrito Federal.

En el Artículo 8o. de la misma ley, estipula que:

“Al realizarse actividades de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE pública o privada deberán cumplirse los lineamientos generales que expida el instituto, el reglamento de esta ley y la normatividad en materia de obras.”

En marzo de 2010, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, expidió los Lineamientos Generales para Programas de Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas, cuyos objetivos específicos son:

• Mejorar el estado físico de los inmuebles educativos identificados en condiciones malas, muy malas y pésimas, con la finalidad de generar un ambiente escolar adecuado para contar con instalaciones dignas, seguras y funcionales.

• Vincular directamente a la OPSE de un plantel, con la realización de la acción de mejoramiento de un inmueble educativo.

En el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación, se constituyó el programa Mejores Escuelas, el cual representa un esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para atender los planteles educativos que presentan las mayores condiciones de deterioro en sus instalaciones dentro de los 31 entidades federativas y el Distrito Federal.

Este programa tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de seguridad, habitabilidad, funcionalidad y operatividad de los inmuebles educativos de nivel básico, en los que se cuenta con instalaciones deficientes en edificios, redes de servicios y obras exteriores, otorgando un subsidio para cubrir el costo de la mano de obra, equipo y herramientas necesarias, así como los materiales para el desarrollo de las acciones.

Este programa contempla la rehabilitación o reacondicionamiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, muros, techos, pisos, escaleras, accesos, pasillos, reposición de cancelería, áreas de patio, impermeabilización, pintura y otras acciones de mantenimiento en general.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, se destinaron recursos por la cantidad de mil ochocientos veinte millones de pesos, destinando una partida adicional en la ampliación al Ramo 11 de Educación por la cantidad de ciento veinte millones de pesos, lo cual refleja la importancia que se le ha puesto por parte de esta Cámara de Diputados hacia este programa.

Con base en lo anterior, estos recursos deben incrementarse, poniendo especial énfasis en el destino encaminado para resolver el problema que actualmente se presenta en la infraestructura de los sanitarios y bebederos de las escuelas de educación básica.

Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, ante esta radiografía del estado en el que se encuentra la infraestructura física educativa y consientes de las necesidades que nuestros alumnos y maestros del país requieren para desarrollarse en instalaciones dignas y adecuadas dentro de las aulas, consideramos de extrema urgencia, exhortar al Ejecutivo federal mediante el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, para que, dentro del programa Mejores Escuelas, implemente medidas inmediatas que permitan la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de sanitarios y bebederos, en las escuelas de la educación básica, con el objetivo de construir espacios sanitarios que satisfagan y atiendan las necesidades de la comunidad educativa.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, elabore, ejecute y evalúe dentro del programa Mejores Escuelas, políticas públicas eficaces que atiendan la infraestructura física en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sanitarios y bebederos en las escuelas de educación básica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.— Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LIMITES Y AGUAS ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al comisionado nacional de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos a hacer pública la información referente al posible acuerdo que modificaría el tratado bipartito en caso de escasez o sequía; y a no firmar convenio alguno hasta que el Congreso de la Unión conozca los perjuicios o beneficios que traería su adopción, suscrita por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Carmen López Segura, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos días hemos visto en los medios de comunicación, tanto mexicanos como de Estados Unidos, que los gobiernos de estos dos países tienen la intención de firmar un acuerdo que modificaría las reglas sobre la manera de compartir el agua del río Colorado frente una posible sequía en sus estados occidentales.

Este acuerdo, de firmarse, le concedería a México el derecho de colocar algo del agua que le corresponde del río Colorado, en el Lago Mead, que va de Nevada a Arizona, para mejorar su capacidad de almacenaje.

De acuerdo con las notas periodísticas, México cedería algo de su cuota del río durante tiempos de escasez, como ya hacen algunos estados del oeste estadounidense, que acordaron la cantidad que entregarán en los años con poca agua.

Los organismos encargados del agua en California, Arizona y Nevada comprarán agua de México y, se dice, que nuestro país utilizará parte del dinero para mejorar la infraestructura  hídrica de la zona.

De materializarse este acuerdo, representaría un cambio sustancial respecto al tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México, firmado en 1944, el que, a la letra, dispone:

Artículo 10

De las aguas del río Colorado, cualquiera que sea su fuente, se asignan a México:

a) Un volumen garantizado de 1 mil 850 millones 234 mil metros cúbicos (1 millón 500 mil acres pies) cada año, que se entregará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de este tratado.

Como se puede observar, el tratado le concede a México 1.5 millones de acres pies (poco más de mil 850 millones de metros cúbicos) del agua del río Colorado, que son vitales para Tijuana y otras ciudades del noroeste mexicano, ya que, con esa cantidad de agua, se abastecen más de tres millones de casas.

El nuevo convenio, de conformidad con las notas periodísticas, especifica ajustes para México y los estados participantes, es decir, México obtendría menos recursos si hay escasez y mayores si hay excedente.

Por lo menos dos estados, de los mayores consumidores del río Colorado ya firmaron el acuerdo: Arizona y Colorado, pero, faltan por firmar Utah, Wyoming, Nuevo México, Nevada, Colorado y México.

El río Colorado, que nace en el estado de Utah con el nombre de Green, atraviesa buena parte del territorio del oeste estadunidense hasta desembocar en Mexicali, Baja California y es la principal fuente de agua para el noroeste de México.

Ante la posible firma de este acuerdo que modificaría el Tratado de 1944, la sociedad bajacaliforniana se ha manifestado preocupada, puesto que la cantidad de agua que recibe del río es necesarísima para la vida en el estado.

Por lo anterior, el día de hoy proponemos exhortar al comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos para que, de inmediato, haga pública la información referente a este posible acuerdo que modificaría el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México y a que no firme ningún acuerdo, hasta que el Congreso de la Unión conozca los perjuicios o beneficios que traería la firma de dicho acuerdo.

Por las razones vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos a que, de manera inmediata, haga pública la información referente al posible acuerdo que modificaría el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México, en caso de escases o sequía; y, a que no firme ningún acuerdo hasta que el Congreso de la Unión conozca los posibles perjuicios o beneficios que traería la adopción de un acuerdo de esta naturaleza.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 28 de noviembre de 2012.— Diputado Fernando Castro Trenti (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

ESTADO DE JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a incorporar al secretario de Turismo de Jalisco en los trabajos del Comité de Rutas Aéreas Turísticas para Fortalecer la Conectividad del País, a cargo del diputado Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Rafael González Reséndiz, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 10 de octubre, la Secretaría de Turismo instaló el Comité de Rutas Aéreas Turísticas, con el objeto de analizar las áreas de oportunidad y los retos de la industria turística nacional  para fortalecer la conectividad aérea e impulsar las políticas públicas que permitan el desarrollo del sector turístico.

Entre otras responsabilidades, el Comité citado deberá identificar aquellas áreas de oportunidad y emitirá recomendaciones, sin carácter de vinculantes, a la Secretaría de Turismo (Sectur) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el propósito de impulsar y fortalecer las políticas públicas que incidan positivamente en el sano crecimiento y desarrollo del sector.

Para tal efecto, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y la propia Secretaría del Ramo, realizaron un estudio de conectividad de los 42 principales destinos turísticos del país, a través de la empresa ICF SH&E, la consultoría en aviación más grande y con mayor experiencia alrededor del mundo.

Del estudio de referencia, arroja que hoy en día se cuentan con la operación de 35 nuevas rutas nacionales y 13 nuevas rutas internacionales, las cuales seguramente vendrán a complementar la conectividad de nuestro país, ya sea en vuelos domésticos, ya sea en vuelos internacionales.

El Comité de Rutas Aéreas instalado, tiene prevista la entrada en operación de 10 nuevas rutas, 5 de ellas nacionales y 5 internacionales, para el invierno de 2012-2013; así como una nueva ruta nacional en negociación que entraría en operación en el mes de enero del 2013.

Valoramos este esfuerzo que realiza la presente administración, por incorporar nuevas rutas aéreas en el espacio aéreo mexicano, que seguramente vienen a reforzar la política en materia turística que señala el Plan Nacional de Desarrollo, así como el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 y en específico, el Acuerdo Nacional por el Turismo, en el que se establecen la necesidad de impulsar la conectividad para facilitar el tránsito de visitantes a nuestro país y generar el movimiento de la economía en dichos destinos.

No obstante lo anterior, el Comité de Rutas Aéreas motivo de esta proposición, se encuentra constituido sólo por los Secretarios de Turismo de los estados de Baja California Sur, Quintana Roo y San Luis Potosí, así como el Secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

Además se encuentran integrados, los representantes de las Secretarías de Turismo, Economía y de Comunicaciones y Transportes, así como un representante del Consejo de Promoción Turística de México y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, todos ellos servidores públicos que se encuentran seguramente comprometidos con la política turística del país.

Aún así, venimos a proponer que se incluya la participación del Secretario de Turismo de Jalisco, toda vez que los principales destinos turísticos que señala el estudio de conectividad que ordenaron el Consejo de Promoción Turística de México y la Secretaría de Turismo, arroja los siguientes datos duros:

• Guadalajara es el destino que más asientos semanales ofreció en el 2011,  con casi 100 mil espacios, inmediatamente después de Cancún;

• En el 2011, Puerto Vallarta fue el tercer destino principal de playa, después de Cancún y San José en Los Cabos;

• Puerto Vallarta, Guadalajara y Cancún (en este orden de presentación), son los tres destinos que presentan las mayores oportunidades para atraer conectividad aérea;

• Guadalajara y Puerto Vallarta, son los primeros de un total de 42 destinos, que presentaron oportunidades aéreas con al menos una ruta en operación regular “Muy Probables”;

• Cancún, Puerto Vallarta y Mazatlán, son los tres destinos con mayor potencial de vuelos charters;

Es decir, aún cuando Guadalajara y Puerto Vallarta figuran como protagonistas de la atracción turística nacional y con ello, de la generación de economía y la captación de divisas, según se desprende del estudio que dio origen a la creación del Comité de Rutas Aéreas en cuestión, es de sorprender que en su integración no se incorpore a la autoridad turística de Jalisco.

Además de los destinos turísticos que representan Puerto Vallarta y Guadalajara, ya sea nacional o internacional, Jalisco ofrece una riqueza y diversidad cultural y turística al visitante de nuestro país o del extranjero, que busque el turismo en su diversidad.

En Jalisco el turista puede encontrar zonas arqueológicas y patrimonios culturales de la humanidad; descubrirá áreas naturales protegidas y vasos lacustres; así como la mayoría de las vegetaciones en el país, como bosques y playas, por supuesto.

Así las cosas, en virtud del estudio consultado, así como por los demás atractivos que ofrece Jalisco, es que creemos necesaria la integración de un representante de Jalisco, al Comité citado.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Turismo del gobierno federal, a incorporar de manera permanente al secretario de Turismo del gobierno de Jalisco en los trabajos del Comité de Rutas Aéreas Turísticas para Fortalecer la Conectividad del País.

Notas:

1 Secretaría de Turismo. (2012). Boletín Informativo 205/2012. “Instala Sectur el Comité de Rutas Aéreas Turísticas para Fortalecer la Conectividad del País”. Consultado el 30 de octubre de 2012 y recuperado de internet de http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Boletin_205_

2 Servicio técnico especializado para la evaluación de conectividad aérea de 42 aeropuertos seleccionados. ICF SH & E. Consultado el 30 de octubre de 2012 y recuperado de internet en http://www.sectur.gob.mx/ work/models/sectur/Resource/6610/1/images/EstudioConectividadAerea.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.— Diputado Rafael González Reséndiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

CONSEJO NACIONAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a organizar e instalar antes de este 1 de diciembre el consejo nacional de prestación de servicios para la atención, el cuidado y el desarrollo integral infantil, suscrita por los diputados Francisco Javier Fernández Clamont y Gerardo Xavier Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados Francisco Javier Fernández Clamont y Gerardo Xavier Hernández Tapia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I, II y III del apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a la brevedad organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; asimismo, para que los integrantes de dicho Consejo tengan voluntad para instalarlo antes del primero de diciembre.

Exposición de Motivos

El entorno social y económico en que participa la mujer en la vida económicamente activa en la actualidad, por su preparación, aspiraciones profesionales o por necesidad económica, las ha llevado a desempeñarse en labores y responsabilidades de diversa índole, esto ha generado que las guarderías en México sean una prestación social o un servicio asistencial que además de contribuir al fortalecimiento de la economía doméstica de las familias, es un mecanismo de apoyo para el empoderamiento de la mujer y sobre todo el crecimiento y desarrollo pleno de los menores.

A partir de los lamentables acontecimientos ocurridos en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora en junio de 2009, donde lamentablemente murieron 25 niñas y 24 niños, y 70 más resultaron con lesiones respiratorias, del corazón y físicas; se iniciaron trabajos de análisis y desarrollo de un esquema normativo que regule, autorice, controle, supervise, evalúe y en su caso, sancione la operación de los Centros de Atención en los que se presta el servicio de guarderías en México.

Tristemente, los menores de edad se encuentran en muchos peligros durante la infancia, principalmente por riesgos de quemaduras. De acuerdo con la Fundación Michou y Mau la tasa nacional promedio de quemaduras es 107.26 por cada 100 mil habitantes, lo que representa un promedio anual de quemados en los últimos 5 años de 113 mil 531 pacientes. Desafortunadamente la población infantil constituye el riesgo más importante y latente ya que las posibilidades de perder la vida frente a un suceso de este tipo se incrementan en relación a una persona adulta, sin dejar de lado que pueden ocasionar lesiones severas que originen secuelas de invalidez, de discapacidad, estéticas y/o funcionales, lo que evidentemente causa un desajuste emocional, psicológico, social y en algunos casos hasta del tipo laboral, lo que repercute de manera directa en la calidad de vida de aquellas personas que lo han sufrido.

Los tratamientos y atenciones médicas relacionadas con las quemaduras, generalmente son costosos y largos, lo que impide en la gran mayoría de los casos que los afectados cuenten con las herramientas económicas y sociales e inclusive personales para atenderse de una manera integral.

Según lo ha reconocido la propia Secretaría de Salud, anualmente en México, 130 mil niños sufren de algún tipo de quemadura y esta se presenta en las familias más pobres de nuestro país, situación que debilita la posibilidad de enfrentar el largo y costoso tratamiento.

La Ley General de Prestación para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, establece las medidas precautorias que deben seguirse para salvaguardar y proteger la vida y la integridad de niñas y niños.

Las políticas a seguir en relación a la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral infantil a fin de garantizar el interés superior del menor, el cual ha sido definido no sólo como el derecho irrestricto de los padres para educar y guiar al menor, sino como un interés público debe ser jurídicamente protegido con base en los principios de igualdad, protección efectiva, autonomía entre otros, los cuales permitan el pleno reconocimiento de los derechos dentro de la legalidad.

Es importante resaltar que el Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con gran retraso hasta el día 22 de agosto de este año, es decir, 10 meses de después de publicada dicha Ley.

Por otra parte, el Artículo 21 fracción II de dicha Ley establece que es competencia del Ejecutivo federal organizar el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil así como el cumplimiento de sus objetivos, sin embargo, hasta hoy la instalación del Consejo sigue pendiente.

Con ello, es notable que el Ejecutivo actual demuestra su insensibilidad ante el desastre ocurrido y más grave aún que no existan funcionarios responsables que estén tras las rejas.

Este Consejo tiene como atribuciones el formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; que permita la conjunción de esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y de los sectores público, privado y social en la promoción de condiciones favorables al cuidado y desarrollo integral de niñas y niños.

El artículo 33 de la Ley establece que el Consejo deberá reunirse por lo menos cuatro veces al año así como en sesiones extraordinarias que merezcan atención inmediata, pero también señala que deberá entregar al H. Congreso de la Unión un informe semestral o bien alguno de sus integrantes acudirá a comparecer.

Por tanto, cuando menos este Congreso debió haber recibido dos informes que permita conocer cuál es el Programa Nacional de Prestación de Servicios, así como un Registro Nacional de prestadores de Servicios, un base de datos de los infantes y las condiciones de seguridad que guardan los Centros de Atención del país.

Por lo que hacemos un llamado para que el titular del Poder Ejecutivo federal organice e instale de manera inmediata este Consejo y que antes de que los titulares de Despacho que lo integran muestren su disposición y atiendan el llamado respetuoso que se hace desde este órgano legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a la brevedad organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de la respectiva ley.

Segundo.Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social; del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; de Instituto Mexicano del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y un representante del sector obrero y otro del sector empresarial, que lo serán los representantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que antes del 01 de diciembre tengan voluntad para instalar el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de noviembre de 2012.— Diputados: Francisco Javier Fernández Clamont, Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

PRECIOS DE LA CANASTA BASICA ALIMENTARIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por las instituciones competentes una estrategia nacional orientada a detener el alza de la canasta básica y garantizar con ello que las familias mexicanas no sean afectadas en el cierre del año y la “cuesta de enero”, a cargo de la diputada María Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del PRI

María Leticia Mendoza Curiel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del Ejecutivo federal a implantar un plan urgente que detenga las alzas de la canasta básica alimentaria y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores; y a la Cámara de Senadores, a aprobar la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

Exposición de Motivos

El derecho a la alimentación forma parte de los temas fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas y, a su vez, interpretado en los Objetivos del Milenio 2015 como un derecho vital que debe garantizar una vida física y mental satisfactoria. El propio Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha sostenido que

El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer y niño, solo o en comunidad con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o los medios para obtenerla. El derecho a una alimentación adecuada no debe por tanto interpretarse en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare con un conjunto de calorías, proteínas y otros nutrientes específicos.

Además, dicho organismo no sólo se limita a expresar el derecho universal de la alimentación sino que se extiende a la obligación del Estado en la implementación de políticas orientadas a garantizar ese derecho de manera que:

Los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre, incluso en caso de desastre natural o de otro tipo.

En la visita realizada a México por el relator especial sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, en junio de 2011 se resaltó la preocupación por los niveles de pobreza alimentaria publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cuyas cifras indican que en 2010 de los 52 millones de personas identificadas en situación de pobreza, 28 millones, es decir 24.9 por ciento de la población total, tenían acceso insuficiente a los alimentos. En este reporte, se hace énfasis en la población rural, indígena, infantil, mujeres y de la tercera edad como las más vulnerable a este deterioro alimentario.

Lo anterior deja fuera de duda que el derecho a la alimentación establecido en los preceptos constitucionales 1o., 2o. B, fracciones III y VIII, 4o. y 27 es y será responsabilidad irrestricta del Estado. Así, esta garantía relativa a la seguridad alimentaria debe plasmarse no sólo en las políticas públicas básicas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, sino que, en situaciones urgentes, se deben tomar las medidas de política adecuadas para que este derecho no se vea amenazado por situaciones coyunturales.

En 2006, el pleno de la Cámara de Diputados avaló por 328 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones, el Dictamen por el que se expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional cuyo propósito fundamental es vincular el Presupuesto de Egresos de la Federación con las necesidades de la capacidad productiva y la disminución de la dependencia agroalimentaria.

En este tenor, y considerando que el trabajo parlamentario realizado por la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, ya vislumbraba una posible crisis alimentaria derivada de una preocupante oleada de incrementos en los precios de diferentes productos de la canasta básica en los últimos años, en especial de los alimentos como el maíz, frijol, papa, tomate, aceite, arroz, tortilla, harina de trigo y el huevo; se resalta el peligroso acercamiento a una inminente crisis alimentaria debido al permanente incremento en los precios de la canasta básica alimentaria, y de manera paralela, apenas marginales incrementos salariales que, en conjunto, han originado una caída estrepitosa del poder adquisitivo de los mexicanos.

Las cifras a este respecto son reveladoras: de febrero de 2011 al mismo periodo de 2012, los precios de los productos de la canasta básica se incrementaron en promedio 8 por ciento, que contrasta con el aumento del salario mínimo general vigente que fue de 4.2 por ciento.

Tan sólo de mayo a junio del presente año, la inflación anualizada en México observó un incremento de 0.5 por ciento, pues pasó de 3.8 a 4.3 por ciento, esto es 12 por ciento mayor que el mes anterior, debido principalmente a las alzas del tomate, la tortilla, la manzana y la naranja, entre otros. En 2012, los salarios aumentaron alrededor de 5 por ciento; es decir, tuvieron un vínculo directo con la inflación por décimo año consecutivo, lo que según expertos ha traído como consecuencia un deterioro de la capacidad adquisitiva de los hogares, pues el precio de ciertos productos básicos, como el jitomate y la tortilla, subieron en mayor proporción, lo que impide a más de la mitad de los mexicanos satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación, como se muestra enseguida:

Variación porcentual del salario mínimo real respecto a 2000 (pesos diarios constantes)

Año             Salario mínimo                                Variación porcentual                   general de la zona A    respecto a 2000

2000            64.05                   --

2001            62.58                   -2.30

2002            62.62                   -2.23

2003            61.35                   -4.22

2004            61.15                   -4.53

2005            60.14                   -6.10

2006            60.53                   -5.50

2007            60.44                   -5.64

2008            60.58                   -5.42

2009            59.25                   -7.49

2010            59.99                   -6.34

2011            59.82                   -6.60

Fuente: Elaborado con base en información del salario mínimo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Lo anterior refleja que el Estado mexicano no está garantizando el derecho de los mexicanos a la alimentación, establecido en el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

Según la Organización Internacional del Trabajo, los sueldos reales en México han aumentado a un ritmo de 0.4 por ciento desde 2005, lo que ha limitado su capacidad adquisitiva respecto a otros países como Brasil, donde el aumento fue de 3.4 por ciento en el mismo periodo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que los hogares mexicanos ya cuentan con dos proveedores de ingreso, mientras que hace 2 décadas sólo contaban con uno; no obstante ello, la encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de fecha 19 de julio de 2012, afirma que cerca de la mitad de la población mexicana considera difícil vivir con su salario. Sin contar que en muchos de los casos, la Mujer desempeña un rol de madre y jefa de familia.

En 2012, son necesarios hasta tres salarios mínimos para tener la capacidad adquisitiva que un solo salario mínimo aportaba a una familia mexicana en 1970, lo que refleja una erosión de la capacidad de compra de las familias, tomando en cuenta que un salario mínimo representa ingresos familiares por mil 870 pesos mensuales, que no alcanza para garantizar la alimentación básica de una familia mexicana compuesta de por lo menos 3 integrantes; mucho menos pensar en servicios de salud, educación y mucho menos en la adquisición de una vivienda digna.

El desfase que se presenta entre el incremento del salario mínimo y el alza a los productos de la canasta básica ha ocasionado que, si en 2006 la canasta básica costaba 812 pesos, en 2012 alcanzó un precio de mil 326 pesos; es decir, aumentó 514 pesos, 61.2 por ciento más que en 2006 y 10 por ciento anual en lo que va de esta administración. Así, entre diciembre de 2006 y junio de 2012, con base en un sueldo promedio de 54 pesos diarios, se ha pasado de necesitar 134 horas de trabajo a 193 para poder adquirir los productos de la canasta básica, según el INPC.

Entre los productos cuyo precio se ha comportado de forma más vulnerable en los últimos años se encuentran los energéticos, como luz, gas y gasolina, así como la harina de maíz, las frutas y las verduras, sobre todo el jitomate, cuyo precio ponderado es el segundo en importancia dentro de la canasta básica en los últimos 6 años, sólo por detrás de la electricidad, que aumentó su precio en 27 por ciento tan sólo en junio de 2012; y hasta en 80 por ciento otros productos básicos como el huevo y la tortilla, en los últimos 6 años.

De diciembre de 2006 a agosto de 2012, los precios de maíz, frijol y arroz crecieron entre 65 y 100 por ciento y alubia y lenteja aumentó entre 115 y 119 por ciento, en tanto que el salario promedio mínimo vigente se incrementó sólo 28.59 por ciento en el mismo periodo. Los precios de los alimentos se incrementaron en 9 por ciento anual, debido a los mayores costos de los productos agropecuarios como carne, huevo, granos básicos y sus derivados, como resultado de la elevada volatilidad en los mercados internacionales; incremento de las importaciones y caída de la productividad, entre otros (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, agosto de 2012).

En el siguiente cuadro se muestra el comparativo de los precios de leguminosas de granos y algunos derivados de granos de 2006 vs 2012 con los salarios medido en términos nominales y reales durante el mismo periodo:

Precios promedio de leguminosas de granos y algunos derivados de granos, diciembre 2006 vs. julio 2012(Precios corrientes y constantes por kilo)

1 SMG: Salario mínimo general promedio nacional.

2 Corresponde al salario mínimo general promedio nacional y se obtuvo con el deflactor del índice nacional de precios al consumidor, base segunda quincena de diciembre de 2010.

Fuente: CEFP, Inegi, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a las autoridades competentes a implantar una estrategia nacional de “carácter urgente” orientada a detener el alza de la canasta básica alimentaria, garantizando con ello que las familias mexicanas no se vean afectadas en el cierre de año y la denominada “cuesta de enero”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.— Diputada María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la SHCP y de la SRE a garantizar la reapertura y operación normal de la garita San Ysidro-Tijuana, en Baja California, suscrita por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La garita de San Ysidro constituyó el punto de acceso más transitado entre México y Estados Unidos, se sitúa en Tijuana y cuenta con 24 puertas para el traslado entre las naciones de turistas, trabajadores transfronterizos y bienes, sirviendo así a una zona conurbada entre Tijuana y San Diego, Estados Unidos, cuya población se calcula alrededor de los 4.9 millones de habitantes.

A pesar del gran flujo de personas que concurrían en la garita de San Ysidro, conocida como “Puerta México” esta se cerró el mes de noviembre, quedando la posibilidad de habilitarla únicamente para contingencias, lo que para los pobladores de ambos lados de la frontera representa un problema delicado que debe ser tratado de forma prioritaria por el gobierno federal.

De persistir el cierre de la Puerta México y la disminución de puntos de acceso que esto implica aunado a los ineficientes procesos de revisión se está generando un impacto negativo en los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada ocasionada la gran pérdida de tiempo, el tráfico desordenado y la disminución de las actividades turísticas.

La preocupación por esta situación no es nueva, tanto la Cámara Nacional del Comercio como el Consejo Coordinador Empresarial han manifestado su profundo desacuerdo con las medidas emprendidas y los sectores productivos bajacalifornianos se encuentran a la expectativa ante el cierre, pues es cada vez más evidente que las repercusiones económicas en la región no se harán esperar.

El incremento del comercio bilateral en la frontera provoca que uno de los temas inaplazables a resolver sean los tiempos de espera y el caos peatonal y vial, situación que se ha convertido en un inhibidor del desarrollo económico, y que seguramente se agravará ante las medidas emprendidas por el gobierno federal, con pérdidas económicas en constante ascenso para la región de Baja California.

Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 de Baja California establece como prioridad resolver los tiempos de espera por los cruces fronterizos con Estados Unidos; coordinándose con las autoridades estadounidenses para lograr una solución integral y de largo plazo, situación que, evidentemente, no se ha materializado.

La frontera bajacaliforniana no está en condiciones actualmente para recibir el tráfico vehicular desde Estados Unidos por la garita “El Chaparral”, y mucho menos en forma ágil y segura.

Tanto Estados Unidos, cuyo proyecto de conexión con la garita en cuestión aún tiene pendiente la tercera fase, como Tijuana carecen de la infraestructura adecuada para recibir de forma directa, adecuada y eficiente por “El Chaparral” el flujo vehicular desde el país del norte.

Se han registrado líneas de automóviles hasta de hasta cinco kilómetros para ingresar a México, con un tiempo de espera que excede las dos horas, de la misma forma las revisiones a los automóviles se han hechos más extensas y en mayor cantidad.

Sólo atendiendo efectivamente el problema del flujo binacional, de forma integral y responsable, se podrá dar resolver el menoscabo económico tan preocupante, al que se enfrenta Baja California.

Por las razones vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, para que garanticen la reapertura de la garita “San Ysidro-Tijuana” en Baja California, así como su operación normal, independientemente de que el punto fronterizo de “El Chaparral” siga operando regularmente.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 28 de noviembre de 2012.— Diputado Fernando Castro Trenti (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, para dictamen.