SUMARIO
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 31 de octubre de 2012, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados
De la diputada María del Rocío Corona Nakamura, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía, para que promuevan que la solicitud de la carta de no antecedentes penales, salvo en los casos y excepciones que establezca la ley, no sea utilizada como una forma de discriminación y exclusión en el ámbito laboral de nuestro país. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
De la diputada Elizabeth Vargas Martín, proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para la atención de las rutas gastronómicas de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención
Del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, a prescindir del uso de la prueba del polígrafo en procedimientos de control de confianza, de selección de personal y en las evaluaciones periódicas a los miembros de las corporaciones policiacas, de los órganos de procuración de justicia y de reinserción social. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
Del diputado Julio César Flemate Ramírez, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de los titulares de la Secretaría de la Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se implemente un mecanismo a nivel nacional que permita el cruce de padrones de sus afiliados. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
Del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a participar en el Análisis del “III Foro Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad”, a fin de reforzar las acciones que permitan cumplir en el año 2014 con el compromiso nacional de la década de la educación para el desarrollo sustentable. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen
Del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, proposición con punto de acuerdo relativo a la necesidad de evitar que se sigan suscitando agresiones en contra de periodistas, asimismo se solicita la creación de una Comisión Especial para la defensa de la libertad de expresión. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención
Del diputado Raúl Paz Alonzo, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25; el párrafo segundo del Apartado A, del artículo 26; el párrafo tercero del artículo 27; la fracción XXIX-D del artículo 73; los incisos a) y c) de la fracción V, el primer párrafo de la fracción VI del artículo 115; el párrafo segundo de la fracción VII del artículo 116; el inciso j), de la fracción V, de la Base Primera, del Apartado C, y su Apartado G del artículo 122; y se adiciona un párrafo cuarto al inciso i) de la fracción III, recorriéndose en el orden los subsecuentes; y un párrafo segundo a la fracción VI del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en materia de desarrollo metropolitano. Se turna a la Cámara de Senadores
De la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, proposición con punto de acuerdo en relación a los asesinatos suscitados en el estado de Chihuahua en contra de la niñez. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen
De la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, proposición con punto de acuerdo que crea una Comisión Especial para el desarrollo integral de la familia. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención
Del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, proposición con punto de acuerdo que crea una Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos derivados de la vid. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención
De la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo, para que implemente las acciones necesarias para completar el proceso de certificación de policías estatales y municipales, antes del 15 de diciembre del presente año. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
De la diputada Lourdes Quiñones Canales, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Chihuahua para que actualice las disposiciones contenidas en su Código Civil, a efecto de reconocer, salvaguardar y garantizar la dignidad de las mujeres y la infancia. Se turna a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, y de Derechos de la Niñez, para dictamen
* PROPOSICIONES
«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 31 de octubre de 2012, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados
Con fundamento en el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 31 de octubre de 2012 y que no fueron abordadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente.»
«Proposiciones con punto de acuerdo
1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía, para que promuevan que la solicitud de la carta de no antecedentes penales, salvo en los casos y excepciones que establezca la ley, no sea utilizada como una forma de discriminación y exclusión en el ámbito laboral de nuestro país, a cargo de la diputada Maria del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
2. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la atención de las rutas gastronómicas de México, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.
3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, a prescindir del uso de la prueba del polígrafo en procedimientos de control de confianza, de selección de personal y en las evaluaciones periódicas a los miembros de las corporaciones policiacas, de los órganos de procuración de justicia y de reinserción social, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de los titulares de la Secretaría de la Salud, del IMSS y del ISSSTE, se implemente un mecanismo a nivel nacional que permita el cruce de padrones de sus afiliados, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Salud, para dictamen.
5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Semarnat a participar en el Análisis del “III Foro Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad”, a fin de reforzar las acciones que permitan cumplir en el año 2014 con el compromiso nacional de la década de la educación para el desarrollo sustentable, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
6. Con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de evitar que se sigan suscitando agresiones en contra de periodistas, asimismo se solicita la creación de una Comisión Especial para la defensa de la libertad de expresión, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.
7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desarrollo metropolitano, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Turno: Cámara de Senadores.
8. Con punto de acuerdo, en relación a los asesinatos suscitados en el estado de Chihuahua en contra de la niñez, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Turno: Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
9. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el desarrollo integral de la familia, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.
10. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos derivados de la vid, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.
11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo, para que implemente las acciones necesarias para completar el proceso de certificación de policías estatales y municipales, antes del 15 de diciembre del presente año, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Chihuahua para que actualice las disposiciones contenidas en su Código Civil, a efecto de reconocer, salvaguardar y garantizar la dignidad de las mujeres y la infancia, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Turno: Comisiones Unidas de Equidad y Género, y de Derechos de la Niñez, para dictamen.»
AMBITO LABORAL
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía a promover que la solicitud de la carta de no antecedentes penales, salvo en los casos y con las excepciones establecidos en la ley, no se utilice como una forma de discriminación y exclusión en el ámbito laboral, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal a erradicar todas las formas de discriminación en el ámbito laboral, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en el artículo 1o. que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Y en el último párrafo dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El dispositivo programático de la Constitución establece que en la actuación del Estado, debe ausentarse cualquier forma de discriminación bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Sin embargo, prevalecen medidas coercitivas de discriminación o exclusión en ámbitos como el laboral. Actualmente ha aumentado la solicitud de la “carta de no antecedentes penales”, que después de la credencial de elector es uno de los documentos más solicitados en el mercado laboral, mercantil y de esparcimiento y que es considerado por demás discriminatorio.
El documento ha sido señalado por estudiosos del derecho como violatorio de derechos humanos, principalmente por las personas que han purgado una sentencia o procesados a los que dicha normatividad no escrita les ha complicado su reinserción al mercado laboral formal y realización de trámites principalmente.
Resulta ilógico que en la mayoría de los empleos al solicitarlo les pidan a las personas que demuestren que no han sido sentenciados por delitos, cuando debiera ser que una vez cumplimentada con la sanción penal que le fue dictada, es la retribución social que cumplieron a la sociedad por el hecho de haberse equivocado.
Pese a ser un documento muy solicitado en la mayoría de la entidades federativas, no existe alguna ley que norme o regule su utilización, es por ello que el abuso de solicitud de tal documento se ha vuelto una practica común solicitarlo, hasta para los tramites más comunes.
Y quienes más la solicitan son personas que buscan empleo o hasta quienes pretenden arrendamiento de viviendas, así como turistas y estudiantes.
Se ha vuelto una práctica común entre los empleadores solicitar dicho documento.
Y caemos en una situación por demás discriminatoria, aquella persona que cuente con antecedentes penales, simplemente no se le expide, lo cual lo pone en desventaja ante la solicitud de un empleo, además del costo que ello representa.
Costo de la “carta de no antecedentes penales” en algunas entidades
Estado Costo (pesos)
Puebla 210
Baja California 155
Aguascalientes 105
Durango 80
San Luis Potosí 68
Sonora 67
Nuevo León 61
Zacatecas 57
Jalisco 50
Distrito Federal Ninguno
Veracruz Ninguno
México Ninguno
Aunque consideramos que salvo algunas excepciones que la ley lo contemple, es donde seria indispensable no contar con antecedentes penales, en cualquier otro no se justifica dicho requisito.
Dice la doctora en derecho y especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas Catalina Pérez Correa:
Resulta contradictorio que en algunos trabajos se solicite a las personas que demuestren que no han sido sentenciados por delitos, cuando supuestamente el hecho de cumplir la sanción penal es lo que la ley establece como una retribución social.
Tenemos antecedentes penales podemos entender como una condición social, por la cual te está castigando la sociedad y te está castigando doble vez, una es la pena que cumpliste y otra es el después: hacerte imposible que puedas ingresar en la vida laboral.
El mensaje que estamos enviando es “No eres digno de confianza, porque alguna vez cometiste un delito”. Entonces, esa persona eventualmente dice: “Pues si no soy digno de confianza, para qué hago el esfuerzo de ser como la sociedad quiere que sea”.
Esta doble penalización no regulada por alguna ley o autoridad en las entidades federativas, conlleva al riego de que los ex reos vuelvan a delinquir para sobrevivir o engruesan las filas de la economía informal.
De acuerdo con el estudio El gasto en seguridad. Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la gestión y uso de recursos, que realizó la Organización México Evalúa, definió que en 2009 sólo 1.1 por ciento de los reos liberados obtuvo un empleo, por abajo del 2.2 por ciento que lo hacía en 2005.
Ante estas circunstancias podemos afirmar que el sistema penal en su última etapa también está fallando: no da a las personas la oportunidad de convertirse en las que el estado desea que sean.
Tenemos el ejemplo muy plausible de Campeche, que reconsideró la expedición del multicitado documento discriminatorio y suspendió la entrega de “cartas de no antecedentes penales”, a fin de que no sean un requisito para solicitar trabajo.
En el acuerdo expedido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche destaca lo siguiente:
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche, no expedirá constancias o certificaciones de antecedentes penales a los particulares, salvo en los casos que sea necesario para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previsto.
La protección de los derechos humanos , trascienden en el respeto de las personas que cumplieron sanción penal por haber infringido la norma, puesto que no puede aceptarse que una pena sea soportada o purgada por el resto de la vida de un ser humano, así haya éste violado la solidaridad o la convivencia de la colectividad.
Por ello se hace necesario replantear el uso, la finalidad y el propósito original sobre la expedición y solicitud de este documento; haciendo de antemano el ejercicio de estudio y razonamiento que plantee las excepciones que por su naturaleza se tengan que considerar para este efecto, con sus consideraciones jurídicas respectivas y necesarias en el propósito de que dicho documento no esté violentado la normatividad constitucional del artículo 1o. de la Carta Magna, respecto a la discriminación en todas sus formas.
Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a promover en atención de sus facultades que la solicitud de la carta de no antecedentes penales, salvo en los casos y con las excepciones que establezca la ley, no sea utilizada como una forma de discriminación y exclusión en el ámbito laboral en todo el país.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
COMISION ESPECIAL PARA LA ATENCION DE LAS RUTAS GASTRONOMICAS DE MEXICO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la atención de las rutas gastronómicas de México, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada federal por el estado de Guanajuato de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición conpunto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, la creación de la Comisión Especial para la atención de las rutas gastronómicas de México.
Exposición de motivos
El turismo de alimentos ha ganado cada vez más atención en los últimos años. Los turistas son atraídos por productos locales y muchos destinos se han centrado en el desarrollo de los mismos y el marketing como consecuencia.
La comida está profundamente conectada a su origen, este enfoque permite la entrada de destinos turísticos al mercado y los posiciona como verdaderamente únicos y atractivos para los viajeros que buscan sentirse parte de su destino a través de sus sabores.
Según los expertosde los sectores turístico, cultural y gastronómicoreunidos en septiembre pasadoen Bakú, República de Azerbaiyán, enla «Conferencia Internacional sobre alimentación, cultura y turismo», la gastronomía desempeña un papel importante y cada vez más presente en el desarrollo turístico mundial.
En el discurso de apertura de la Conferencia, el señor Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT) señaló que en los últimos años está creciendo la demanda de turismo basado en la experiencia, y agregó que en el contexto actual de mundialización, los consumidores buscaban cada vez más experiencias auténticas como las aportadas por las tradiciones culinarias locales.
El señor Rifai explicó además que el turismo gastronómico es también un vehículo esencial para el desarrollo, pues utiliza productos de origen local, asegurando así que los dólares de los turistas se reinviertan en la comunidad y permitan prosperar a otras empresas.
Los expertos hicieron hincapié en que la gastronomía es una parte esencial de la experiencia turística y representa un porcentaje cada vez más elevado del gasto turístico total.
Uno de los objetivos de turismo gastronómico no sólo es el de visitar, sino el de ser sorprendido con nuevos sabores y/o preparaciones culinarias.
Es una forma de hacer turismo en la que la gastronomía del país visitado es parte de la actividad preponderante durante su visita, es una nueva opción de aventura, no sólo dirigido a personas que gusten del arte del buen comer, como chefs o gourmets, más bien, está enfocado a todo tipo de gente dispuesta a experimentar una nueva aventura culinaria.
Las actividades del turismo gastronómico no se centran sólo en la asistencia a restaurantes donde se sirvan platos, sino que abarca aspectos como la visita de mercados, tiendas de venta de productos alimenticios locales, visita a casas de los lugareños, participación en fiestas locales, además de las ofertas culturales, de playa, de historia, de aventura, tan sólo por mencionar algunos.
En la actualidad existen varias rutas gastronómicas en el mundo dedicadas a diversos tipos de comida o insumos, por ejemplo; en España existe la ruta del jamón Ibérico, la ruta de los quesos de cabra, la ruta de la tenca, la ruta de las frutas y los licores, la ruta de los vinos, la ruta de los nuggets, entre otras. En los que se eligen temas culinarios que remarcan la identidad de la ruta, se promueve la venta de un producto alimenticio (marketing), se desarrolla una economía local, se promueve la cultura e identidad de una región. El turismo gastronómico está asociado generalmente a otras actividades que lo complementan, tal y como puede ser el turismo rural.
La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que muchos de los miles de millones turistas de todo el mundo están volviendo a destinos conocidos para disfrutar platillos y recetas probados con anterioridad, o viajar más lejos en busca de cocina nueva y especial; la gastronomía se ha convertido en una parte central de la experiencia de turismo.
Con la intención de dar una definición técnica, se puede afirmar que, según Simao Oliveira del Politécnico de Leiria, Portugal, el turismo gastronómico es el desplazamiento de visitantes, tanto turistas como excursionistas, cuyo motivo principal es la gastronomía, y que involucra prácticas que van desde el mero desplazamiento del lugar de residencia hacia un restaurante donde degustar un plato; el desplazamiento hacia un determinado destino para aprender a preparar determinados alimentos; y hasta la realización de rutas gastronómicas con la intención de aprender algo más sobre cierta gastronomía; entre otros.
El turismo gastronómico existe en paralelo con el enoturismo, en el caso de destinos donde la promoción de los recursos vino y gastronomía es conjunta; y donde se desarrolla el denominado turismo de gastronomía y vino que busca captar turistas interesados tanto en el vino como en la gastronomía así como turistas que sólo se interesan en el vino (enoturistas) o sólo en la gastronomía (turistas gastronómicos).
El eje central del turismo gastronómico en su forma más “pura” está en los alimentos; es el que pretende realizar actividades relacionadas con los alimentos existentes en un destino.
El 16 de noviembre de 2010, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO integró “La Cocina Tradicional de México, cultura comunitaria, ancestral, popular y viva” a su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Reconocimiento que hasta ese entonces sólo la cocina francesa tenía.
En México, el Acuerdo Nacional por el Turismo es un instrumento de colaboración entre múltiples actores signatarios que se creó a través de un ejercicio de consulta que, por primera vez en México, articula una política de estado de largo plazo en materia turística.
A través del acuerdo se atienden las necesidades de los participantes de la actividad turística, reconociendo sus prioridades e integrando los objetivos comunes para impulsar el turismo de manera conjunta.
El acuerdo plantea 10 ejes con 101 acciones a implementar por el Ejecutivo Federal para impulsar el turismo en el país.
El sexto eje plantea diversificar y enriquecer la oferta turística, con destinos, productos y servicios de mayor calidad, modernos y diferenciados a fin de incrementar la estadía y el gasto del turista en nuestro país se relaciona con la acción 55, la cual establece la creación de 18 rutas gastronómicas alineadas con el Programa Rutas de México.
El pasado 28 de febrero de 2012, la titular de la Secretaria de Turismo (SECTUR) presentó las “Rutas Gastronómicas de México“, un nuevo producto turístico que comprende 18 recorridos por prácticamente todos los Estados de la República Mexicana especialmente diseñados para ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros los platillos y las bebidas tradicionales que son resultado de nuestro mestizaje. Con esta iniciativa se potenciará la oferta turística de nuestro país y se impulsará la gastronomía mexicana, tradicional y contemporánea.
Los recorridos turísticos abarcan 155 destinos, 31 Pueblos Mágicos, 9 ciudades Patrimonio de la Humanidad, 14 sitios naturales y culturales, 25 etnias, así como más de 1,500 platillos y bebidas típicas de los rincones de nuestro país.
Estas cifras reflejan la gran relevancia para la creación de una comisión especial.
Las 18 Rutas Gastronómicas de México son las siguientes:
Los fogones entre Viñas y aromas del mar (Baja California y Baja California Sur);
El sabor de hoy (Ciudad de México);
Cocina de dos mundos (Chihuahua);
La ruta del cacao (Chiapas y Tabasco);
Los mil sabores del mole (Oaxaca);
La mesa de la huerta y el mar (Sinaloa);
El altar del día de muertos(Michoacán);
La ruta de los mercados (Morelos y Guerrero);
Del café a la vainilla (Veracruz);
Platillos con historia (Querétaro y Guanajuato);
Cocina al son del mariachi(Jalisco);
Los sabores del mar (Nayarit y Colima);
La cultura del maguey (Hidalgo);
Del mar a la laguna (Tamaulipas);
Los dulces sabores de antaño (Tlaxcala y Puebla);
El sazón del minero (Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas);
Entre cortes y viñedos (Nuevo León, Coahuila, Durango y Sonora);
Los ingredientes mestizos del Mayab (Yucatán y Quintana Roo).
Además, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados incluye 3 más denominadas “Rutas de Aromas y Sabores de México: Ruta Maya, Ruta Norte y Ruta del Bicentenario”, y las rutas presentadas por la Chef Patricia Quintana Fernández “Sabores de la Tierra Mexicana a Caballo y Sabores de la Tierra mexicana Gastronómica”, entre otras.
La propuesta culinaria de estas Rutas Gastronómicas se sustenta también en la participación de más de 500 chefs de todo el país quienes crearon igual número de platillos, que combinan tanto la tradición como la modernidad.
Estas rutas gastronómicas reconocen la antigüedad, continuidad histórica y originalidad de los productos, técnicas y procedimientos característicos de la cocina mexicana que constituyen un atractivo gastronómico cultural y el conocimiento de las tradiciones de los pueblos prehispánicos que se encuentran a lo largo de las 18 Rutas gastronómicas. Es dar a conocer la comida que realmente nos hace amar a nuestro país, la experiencia que todos hemos tenido alguna vez en alguno de nuestros viajes que nos hace recordar un lugar y querer volver para repetir la experiencia.
Por medio de las rutas se muestra al mundo la gran riqueza de la gastronomía mexicana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Las rutas representan un producto que permite potenciar la oferta turística del país y detonar la gastronomía mexicana, tradicional y contemporánea.
Punto de Acuerdo
Único. Se crea la Comisión Especial para la atención de las rutas gastronómicas de México de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados. La Comisión se encargará de revisar, analizar y evaluar el marco normativo, su funcionalidad y los resultados a fin de medir los impactos en las economías locales, así como también analizar y realizar nuevas propuestas de rutas que permitan el fomento del turismo gastronómico en la mayoría de las regiones de México.
El objetivo de la Comisión Especial para la atención de las rutas gastronómicas de México es, impulsar el sector turístico que detone la economía, que facilite, fomente, fortalezca e incremente las rutas gastronómicas y la generación de empleos en nuestro país, además de difundir y dar seguimiento puntual a los trabajos de infraestructura, capacitación, innovación, competitividad y desarrollo.
Notas:
1 http://www.rutasgastronomicas.info/
2 http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v16n3/v16n3a01.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»
Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
CORPORACIONES POLICIACAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación a prescindir del uso de la prueba del polígrafo en procedimientos de control de confianza, selección de personal y evaluaciones periódicas de los miembros de las corporaciones policiacas y de los órganos de procuración de justicia y reinserción social, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno punto de acuerdo sobre la eliminación del uso del polígrafo como criterio de selección y permanencia para los servidores públicos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Uno de los derechos más sagrados que tenemos es sin duda el que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la denominación de “seguridad pública”, que consagra en el artículo 21, en el cual convergen las instituciones de prevención, procuración, administración de justicia y reinserción social.
Debe brindarse conforme a cuatro principios torales: honestidad, eficacia, legalidad y profesionalismo.
A través de este derecho fundamental se protege desde el derecho primigenio como es el de la vida misma, la de nuestros seres queridos, de nuestros bienes y propiedades.
Para ello el Estado mexicano, mediante sus instituciones, tiene la obligación constitucional, legal y moral de protegerlos y tutelarlos sin excepción.
Ello a todas luces no es así; predomina la ineficacia en dichos servicios.
La eufemísticamente llamada “lucha contra el narcotráfico” ha pretendido ser justificada en aras de la bandera de la seguridad, no obstante que hasta el momento ha provocado el efecto contrario: se ha erosionado el tejido social y se ha violentado el estado de derecho.
Los representantes de las Fuerzas Armadas y el propio titular del Ejecutivo buscaron en su momento el apoyo de la Cámara de Diputados para que se autorizaran más de 13 mil millones de pesos para modernizarse y crear miles de plazas, requisitos para frenar el deterioro del poder militar. Asimismo, buscaron que el Congreso de la Unión les autorizara la creación de 18 batallones de fuerzas especiales (Gafes) para reforzar el combate del narcotráfico en 2012.
Queda claro que el gobierno quiere enfrentar el problema de la inseguridad con más elementos, entrenados dentro y fuera de México, para luchar contra el crimen organizado. La deserción severa que han sufrido nuestros cuerpos de seguridad pública y nuestras fuerzas armadas durante las últimas administraciones, ha mermado su capacidad de respuesta ante los retos que se les impuso en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada.
La contratación de nuevos elementos para las fuerzas armadas y para los cuerpos de seguridad pública como la Policía Federal, ha sido una medida prioritaria para el gobierno. Sin embargo, los procedimientos de evaluación de control de confianza tanto para el ingreso como para la permanencia de estos elementos no han sido idóneos.
Por ello si bien gran parte de las acciones desplegadas por los Batallones de Fuerzas Especiales, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, han rayado en la ilegalidad, la falta de controles adecuados para garantizar el ingreso y permanencia de miembros que cuenten con las cualidades de probidad, honradez y honorabilidad, potencia aún más las probabilidades de someter a la sociedad a ilegalidades, arbitrariedades o abusos.
Esto último ha provocado que los gobernados, de continuo, se hayan visto envueltos en un manto de confusión cuando trata de reconocer a sus victimarios. Pues cuando se tiene frente a sí, verbigracia, encapuchados que irrumpen arbitrariamente en los domicilios o perpetran “levantones”, o uniformados que con lujo de violencia detienen y auscultan a los vehículos y a sus ocupantes en retenes ilegales, lo mismo da pensar que se trata de militares o policías disfrazados de sicarios, o sicarios disfrazados de militares o policías.
Hay una necesidad impostergable de revisar a conciencia, la manera de llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza que se aplican en las instituciones gubernamentales, para demostrar que los miembros de nuevo ingreso de las corporaciones de seguridad o los que están actualmente en funciones, cuentan con cualidades de honradez y honorabilidad. Se deben brindar garantías a la población de que los policías cumplirán adecuadamente con su trabajo.
Es inconcebible que actualmente se estén realizando prácticas de evaluación basadas en criterios que no tienen un estricto arreglo a las bases científicas, y que por otro lado, estén reportando resultados falibles en la práctica.
Se deben privilegiar criterios de objetividad en los procesos de control de evaluación de confianza, llevados a cabo por las dependencias públicas, para seleccionar al personal de nuevo ingreso y determinar su permanencia en las corporaciones de seguridad pública.
La utilización de la prueba del polígrafo, por ejemplo, representa una agresión al derecho a la intimidad, porque obliga a las personas a responder, bajo presión psicológica, a los interrogatorios agresivos formulados sobre su vida sexual, su entorno familiar y privado, entre otros temas.
El advenimiento del detector de mentiras en Norteamérica en el siglo XX fue una respuesta histórica a un conjunto especifico de imperativos; estos incluían la demanda popular para que el estado trazara una línea entre el comportamiento legal e ilegal, las negociaciones en curso que producirán un régimen particular de propiedad intelectual y la necesidad de elevar la fiabilidad en las nuevas instituciones jerárquicas.
La cultura resultante de la desconfianza se encuentra constantemente bajo nuevas presiones.
Por desgracia como ha ocurrido con otros ejemplos “de mala ciencia” el polígrafo, la vigilancia electrónica, y otros dispositivos de invasión de la privacidad siguen aplicándose, partiendo sobre todo de una premisa autoritaria, las sociedades tecnológicas requieren verdaderas políticas de inteligencia, pero integradas por individuos no sólo capacitados, sino además comprometidos con el bien general, y el cumplimiento y la protección de los derechos básicos.
La inseguridad y exigencia social motivada por el temor ante los criminales ha orillado en otras épocas a recurrir muy prematuramente a poner en práctica conocimientos “científicos” no comprobados.
En realidad, en nombre de la lucha científica contra los criminales se han cometido actos de abuso, crueldad, castigo desmesurado y, sin duda, injusticias.
Quienes aplican el polígrafo en México son algunas veces profesionales de la salud, pero en su mayor parte, son técnicos sin grado universitario que intentan determinar en un ambiente intimidatorio y adverso a los intereses del examinado, que tan diferentes resultan sus reacciones fisiológicas cuando se es presentan preguntas “neutrales”, en comparación con la reacción ante preguntas “comprometedoras”. La premisa discutible y discutida en la que se apoyan estas evaluaciones, desde 1900, es que las reacciones más intensas son indicadores de que la persona está mintiendo, cuando en realidad dicha persona puede estar más alterada emocionalmente por la prueba misma, la situación de tensión que la acompaña y el riesgo de perder el empleo o de ser incriminado por un delito.
Vivimos tiempos inciertos, con cambios inesperados, muchos de ellos inclinados hacia la tergiversación y el doble sentido, cargados de expresiones falsarias y metáforas manipuladas. En este contexto social la oferta del uso del polígrafo suena seductora a los oídos de ciudadanos, alarmados por las amenazas potenciales a su seguridad; si no pueden depositar su confianza en otros ciudadanos (políticos, policías, vecinos, etcétera) al menos podrían hacerlo en una máquina.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló en la recomendación general número 6 de 2004 que la práctica de una prueba de confiabilidad, mediante la aplicación del examen poligráfico, en procesos de selección para aspirantes a ingresar en determinada dependencia, en evaluaciones periódicas, en procedimientos administrativos de responsabilidad y en averiguaciones previas, sin que esté regulado el uso de dicha prueba ni el destino que se dará a los resultados de ella, ni requisitos de personas en su aplicación, ni las medidas que en su caso se deben tomar para evitar el mal uso de la información obtenida, constituyen un acto violatorio del derecho humano a la dignidad de toda persona.
Como vemos, el examen poligráfico implica una violación a la seguridad jurídica, a la legalidad y al derecho que tienen los seres humanos a que se respete su dignidad humana y su intimidad, aunado a que sus resultados de ninguna manera son científicamente comprobables.
En consecuencia, dada la necesidad de adoptar procesos completamente idóneos para seleccionar o garantizar la permanencia de los elementos más aptos de los cuerpos de seguridad pública, se debe prescindir de pruebas que puedan arrojar resultados confusos o poco confiables y evite como consecuencia que servidores públicos honestos y profesionales se les separe injustamente de su empleo y por el contrario verdaderos delincuentes sigan en el amparo de un puesto público.
No debe dejarse de lado la finalidad de proteger los derechos y garantías de las personas que son sometidas a este tipo de pruebas, pues con el uso del polígrafo, por ejemplo, se violan algunas disposiciones legales contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; en el artículo 3 de la Ley de la Policía Federal, y en los artículos 6 y 117 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por supuesto tratados internacionales como las Declaraciones Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y Universal de los Derechos Humanos.
Derivado de lo anterior se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.Que por conducto de la Mesa Directiva de esta soberanía se exhorte al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación a prescindir totalmente del uso de la prueba del polígrafo en procedimientos de control de confianza, de selección de personal y en las evaluaciones periódicas de los miembros de las corporaciones policiacas, y de los órganos de procuración de justicia y de reinserción social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Ssa, el IMSS y el ISSSTE un dispositivo nacional que permita el cruce de padrones de afiliados, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Julio César Flemate Ramírez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En el país, la prestación de los servicios de salud, está encomendada a la Secretaría de Salud, servicios estatales de salud, IMSS e ISSSTE, a otras de tipo federal como es el caso de los servicios de las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina o el de Pemex, así como otros de tipo estatal o incluso municipal.
En 2002 se implantó el Seguro Popular y posteriormente se le incorporó mediante reformas y adecuaciones de la Ley General de Salud de 2003, en el título tercero bis, donde se establecieron las reglas generales de financiamiento y prestación de los servicios, para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud en el caso de la población sin acceso a seguridad social.
El propósito del Seguro Popular es contar con un mecanismo para garantizar a la población que se incorpora al mismo, el acceso efectivo, oportuno, de calidad y sin ningún desembolso al momento de utilizar los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, de tal manera que se facilite la resolución integral de las necesidades de salud de esa población.
En congruencia con la ley y con el objetivo de universalizar la salud, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el apartado 3.2, “Salud”, específicamente en la estrategia 7.1, plantea avanzar hacia la universalidad en el acceso a servicios médicos de calidad a través de una integración funcional y programática de las instituciones públicas bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.
El 15 de junio del presente año, el presidente Felipe Calderón fue testigo de la firma del convenio piloto de colaboración celebrado entre el IMSS, ISSSTE y el sistema de salud federal, cuyo objetivo es que los afiliados y beneficiarios de las instituciones mencionadas puedan ser atendidos indistintamente en cualquiera de ellas, aunque no pertenezcan a ese sistema.
Las palabras del titular del Ejecutivo fueron las siguientes:
Éste es el principio de la verdadera universalización de los servicios; y claro, había el temor de que afectara a las instituciones porque el Seguro Social tiene sus gastos, el ISSSTE tiene sus gastos, tiene su presupuesto, pero no va a ser en demérito de nadie, porque se logró estructurar un sistema de tarifas y de precios de tal manera que si va un asegurado del Seguro Social a atenderse a un hospital de la Secretaría de Salud, del Seguro Popular, el Seguro Popular le va a pagar al ISSSTE o a su beneficiario, o sea hay un convenio que permiten arreglos financieros que evita que se desequilibren los sistemas.
Es de suma importancia que las instituciones encargadas de proporcionar servicios de salud, hayan celebrado entre ellas infinidad de convenios; a manera de ejemplo por citar alguno de ellos, y en congruencia con el esquema de universalidad en la salud, está el que se celebró el pasado 12 de mayo del 2011, por los titulares de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE, en el que se fijaron los lineamientos generales para la formalización de los compromisos para intercambiar servicios de atención médica de alta especialidad.
Podemos señalar entonces que, en nuestro país se está avanzando hacia la universalidad en la salud, pero para poder llegar de manera clara y precisa, se debe contar con la certeza de la población beneficiaria de los servicios de salud, mediante el padrón de afiliados y beneficiarios de las instituciones, es justo decir, que el ISSSTE ya cuenta con él y puesto a disposición en una página web de fácil consulta. Por otra parte, a la Secretaría de Salud y al IMSS corresponde contar con su respectivo registro. Debe haber cruzamiento de padrones para un mejor control administrativo y prestación del servicio.
Actualmente, las instituciones enfrentan entre ellas la problemática financiera por no recibir el pago pronto y oportuno por los servicios prestados, es lógico y hasta entendible por el elevado número de beneficiarios que tienen registrados, ya que según datos de las propias instituciones,
• El IMSS a 2011 contaba con 54 millones 906 mil 396 beneficiarios;
• El ISSSTE a 2010 con 11 millones 993 mil; y
• La Secretaria de Salud, a través del Seguro Popular, a abril del presente año reportaba 52 millones 738 mil 355.
Ante estas cifras es necesario que dichas instituciones pongan a disposición sus padrones de afiliados y beneficiarios para evitar duplicidad de datos y se pueda volver realmente eficiente el sistema administrativo que corresponda entre las dependencias del sector. No se desconoce que el sistema de salud en nuestro país esté segmentado y que por ello se presente una enorme dificultad para establecer la coordinación que se requiere. Por ello reitero la necesidad de que los sectores pongan a su disposición los padrones para los usos que así correspondan.
Con voluntad política y actuando dentro de los cauces de la ley se puede lograr que los padrones sean intercambiados entre las instituciones del sector, puesto que el problema no es de ley, sino de articulación y coordinación, basta mencionar que a la Secretaría de Salud corresponde (conforme a los artículos 6, fracción I, 7, fracción X, y 33, fracción II, de la Ley General de Salud) la coordinación del sistema nacional de salud, el cual tiene entre sus objetivos primordiales proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, así como promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia de salud, a fin de mejorar la prestación de sus servicios a través de la atención médica.
El artículo 89 de la Ley del Seguro Social determina que el IMSS podrá prestar los servicios que tiene encomendados mediante convenios de colaboración con instituciones y organismos de salud de los sectores públicos federal, estatal y municipal, en términos que permitan el óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada de todas las instituciones y organismos. De igual forma, podrá dar servicio en sus instalaciones a la población atendida por dichas instituciones y organismos, de acuerdo a su disponibilidad y sin perjuicio de su capacidad financiera.
El ISSSTE establece entre sus finalidades la administración de los seguros, prestaciones y servicios. Sus funciones incluyen realizar toda clase de actos jurídicos, y celebrar los contratos y convenios que requiera el servicio a su cargo, de conformidad con los artículos 207 y 208, fracción X, de la Ley del ISSSTE.
La Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE se encuentran facultados en sus respectivas leyes para prestar el servicio de salud a derechohabientes de otras instituciones, y celebrar convenios o contratos que se requieran para lograr un mejor servicio, es de suma importancia que el sector salud en nuestro país, pongan a disposición sus padrones de afiliados y derechohabientes y no ver afectada a la población objetivo.
La Ley General de Salud determina en el artículo 77 Bis 5, Apartado A, fracción XI:
A. Corresponde al Ejecutivo federal,por conducto de la Secretaría de Salud
XI. Solicitar al Consejo de Salubridad General el cotejo del padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, contra los registros de afiliación de los institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales de atención médica.
Por todo lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a instruir al secretario de Salud y a los directores del IMSS y del ISSSTE para que implanten un mecanismo nacional que permita el cruce de padrones de sus afiliados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputado Julio César Flemate Ramírez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
EDUCACION AMBIENTAL
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Semarnat a participar en el análisis del tercer Foro nacional de educación ambiental para la sustentabilidad, a fin de reforzar las acciones que permitan cumplir en 2014 el compromiso nacional de la década de la educación para el desarrollo sustentable, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del PAN
El diputado federal Ernesto Alfonso Robledo Leal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y la fracción II del numeral 1 y el numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, pone a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) permite que cada ser humano adquiera los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible.
Educar para el desarrollo sustentable significa incorporar los temas fundamentales del desarrollo sostenible a la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la reducción de la pobreza y el consumo sustentable. Asimismo, la EDS exige métodos participativos de enseñanza y aprendizaje que motiven a los alumnos y les doten de autonomía, a fin de cambiar su conducta y facilitar la adopción de medidas en pro del desarrollo sustentable.
Por consiguiente, la EDS promueve la adquisición de competencias tales como el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva de decisiones. La EDS exige cambios de gran calado en los métodos pedagógicos que se aplican actualmente; de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)–.
La UNESCO es la organización encargada de coordinar el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014).
No obstante lo anterior, promover una Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable, es una de las propuestas surgidas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica en 2002. Esta década se aprobó celebrarla del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2014, por lo cual nos encontramos en la fase final del periodo.
Al respecto es necesario señalar que en Marzo de 2011, las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública concluyeron el trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años que ha permitido generar la primera revisión curricular integral en México para la incorporación de la educación ambiental para la sustentabilidad en los Programas de Estudio de Preescolar, Primaria y Secundaria.
Se dio a conocer que a partir del año escolar 2011-2012 existiría un solo Plan de Estudios que integre los programas de preescolar, primaria y secundaria, en los cuales, con el mismo enfoque, de manera acorde a la edad de los niños y en forma gradual, se incorpora la “Educación Ambiental para la Sustentabilidad en todas las asignaturas de las áreas de Ciencias, Geografía, Formación Cívica y Ética e Historia, lo cual permite definir aprendizajes esperados y estándares de logro educativo para cada grado escolar.
En nuestro país existe un Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad que responde a dos iniciativas, la primera ocurrida en 2005 cuando se firma el Compromiso Nacional de la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable, en el que se prevé conformar un Consejo Técnico con el propósito de dar seguimiento al presente instrumento en las alianzas, convenios o acuerdos particulares que de éste se deriven. Este tiene como función ser órgano de consulta y mediación de los sectores ambiental y educativo, para facilitar y garantizar la participación organizada y corresponsable de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil; fomentar el desarrollo y consolidación de la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México en el marco del “Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al Desarrollo Sostenible” y dar seguimiento nacional y local, que favorezca la construcción de una cultura ambiental, el mejoramiento de la calidad de vida y la protección de los recursos naturales.
En el año 2006 se publico la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, documento de política en educación ambiental que señala como una de las metas del asunto estratégico “El fortalecimiento institucional y coordinación intersectorial e interinstitucional la creación del Consejo de Educación Ambiental para la sustentabilidad.
Del mismo modo la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en los siguientes términos señala:
“ XXXVIII.: Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida”.
Además en su artículo 39 establece:
“ Artículo 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, conocimientos valores y competencias en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.
Asimismo, propiciaran la participación comprometida de los medios de comunicación masiva el fortalecimiento de la conciencia ecológica, y la socialización de proyectos de desarrollo sustentable.
La Secretaria, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales.
La Secretaria mediante diversas acciones promoverá la generación de conocimientos estratégicos acerca de la naturaleza, la interacción entre los elementos de los ecosistemas incluido el ser humano, la evolución y transformación de los mismos, a fin de contar con información para la elaboración de programas que fomenten la prevención, restauración, conservación y protección del ambiente”
Es preciso señalar que la Ley General de Educación señala también aspectos relacionados con el tema que nos ocupa. En su artículo 7 fracción XI, establece que la educación que imparta el Estado tendrá entre sus fines:
“ XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionaran los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales.
Cabe mencionar que en los procesos educativos y culturales los resultados más importantes se constatan en el mediano y largo plazo, después de ocho años de transcurrida la propuesta de la Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS), la Unesco señala que han se ha presentado considerables progresos hacia la EDS, toda vez que es más visible en los debates y reflexiones mundiales tanto sobre educación como sobre desarrollo sostenible. Una prueba son las importantes menciones en el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrado en Rio de Janeiro, 2012; y el hecho de que en un creciente número de países el tema se considera un componente básico para mejorar la calidad de la educación.
No obstante la UNESCO admite la necesidad de un trabajo de promoción estratégica de la EDS ante muy diversos interlocutores, con la finalidad de puntual seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los de la Educación para Todos. La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sustentable (Japón, 2014) revestirá especial importancia en este proyecto.
Con el propósito de promover una acción más concreta y a mayor escala de la EDS como un elemento clave de la educación de calidad y uno de los medios más eficaces para responder a desafíos como el cambio climático o la pérdida de diversidad biológica; es necesario integrar la EDS en todos los ámbitos y niveles del sistema educativo mediante planteamientos que movilicen a cada institución en su conjunto, así como hacer hincapié en actividades locales, con respaldo comunitario, así como en aquellas en las que participe la población joven.
En virtud de lo anterior, la UNESCO propuso a su Consejo Educativo en sesión celebrada del 3 al 18 de octubre del presente año, darle continuidad a las acciones impulsadas durante la década mediante la presentación de un marco pragmático, el cual carece de plazo fijo y permite que los principales ejes de trabajo vayan cambiando; y al no tener un límite temporal permitirá perseguir objetivos a largo plazo, que no se pueden cumplir en solo diez años. Dicho marco pragmático, definirá y hará énfasis en la importancia del tema a escala mundial, precisando un cuadro de referencia para impulsar actividades a todos los niveles.
En este sentido, se considera presentar un marco pragmático de modo que el seguimiento del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable se realice sin discontinuidad después de 2014, con el liderazgo de la Unesco, el cual se aprobó recomendar para transmitirla a la Asamblea General de las Naciones Unidas y que ésta se pronuncie al respecto en su sexagésimo noveno periodo de sesiones (2014)
Asimismo estimamos que se debe concientizar a la población en general de la importancia de la Educación para el Desarrollo Sustentable en todos los niveles educativos del país; tema abordando en el III Foro Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, celebrado del 20 al 23 de octubre de 2012 en Boca del Río, Veracruz cuyos objetivos fueron la elaboración de un balance general sobre lo logrado en la materia de educación ambiental para la sustentabilidad en México, tomando en cuenta lo propuesto en el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable y, a partir de ello, identificar la agenda de prioridades para los próximos años.
Buscar intensificar y profundizar el debate conceptual y estratégico de la Educación Ambiental para la Sustentabilidad, especialmente para dar respuesta a la problemática ambiental que enfrenta el país, con énfasis en el cambio climático y el tránsito hacia la sustentabilidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a participar en el análisis del tercer Foro nacional de educación ambiental para la sustentabilidad, a fin de reforzar las acciones que permitan cumplir a cabalidad en el año 2014 con el Compromiso Nacional de la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable.
Nota:
1 A través del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat y la dirección General Adjunta para la Articulación Curricular de la Educación Básica de la SEP, respectivamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 31 de octubre de 2012.— Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
COMISION ESPECIAL PARA LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de evitar que se sigan suscitando agresiones contra periodistas, y a la creación de una comisión especial para la defensa de la libertad de expresión, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión suscribe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción II; 77, 78 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente punto de acuerdo en relación con la necesidad de evitar que se sigan suscitando más agresiones en contra de periodistas, columnistas, comunicadores, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
“El periodista no es buscador de problemas. Es buscador de verdad, de datos, de información, de métodos.”
Por la evidente influencia que el periodismo tiene en la sociedad, este suele ser conocido con el nombre de “el cuarto poder”. Debido a la alarmante situación de inseguridad en nuestro país, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas. El periodista hoy en día de-sarrolla su profesión en una situación sumamente vulnerable, a consecuencia de que la libertad de prensa se ha visto repetidamente obstruida por acontecimientos violentos.
Cada vez son más los comunicadores que, en el ejercicio de su profesión, son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados, desapariciones forzadas y en el peor de estos casos, la muerte, como les ha ocurrido a periodistas asesinados y desaparecidos los cuales ascienden a 109 en el periodo de 2001 al 2012, según reporte emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los ataques sistemáticos a reporteros y periodistas, representan un lastre en nuestro país que refleja la lamentable condición de un estado fallido, en el que la incivilidad, la inseguridad y la impunidad, son solo algunos ingredientes para socavar el estado de derecho y la consecuente democracia, vistos estos últimos por algunos como una diada inseparable.
Ya que según la jurisprudencia de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos de libertad de pensamiento y de libre expresión y manifestación de las ideas, son indiscutiblemente pilares de los modernos estados democráticos de derecho.
En 1984 había sido asesinado el conocido periodista Manuel Buendía y según la fundación del mismo nombre, el número de atentados contra periodistas aumentó paulatinamente en cada sexenio: de acuerdo con un estudio realizado por la organización articulo 19, en el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) fueron asesinados seis profesionales de la información; durante la administración lopezportillista (1976-1982) la cifra ascendió a 12; en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) resultaron muertos 33 informadores; y conforme un minucioso rastreo hemerográfico de la Fundación Manuel Buendía, a lo largo del régimen de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) cayeron 46 profesionales de la tecla informativa.
Mientras que mediante las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pudo tener el conocimiento de los tres sexenios siguientes, con Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) resultaron 24 muertos, durante el mandato de Vicente Fox Quesada (2000-2006) 26 fueron asesinados y de 4 más se desconoce su paradero, mientras que para el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) 79 víctimas: 67 homicidios y 12 desapariciones.
Ello da un total de 206 periodistas asesinados en un lapso de 42 años, cifra con la cual México ocuparía el primer lugar en ese terreno a nivel latinoamericano, arriba de Colombia, con 89, y Guatemala, con 53, según el informe del Comité para la Protección de los Periodistas.
Las agresiones en contra de periodistas no constituyen algo novedoso, más bien se trata de una tradición de fuerte raigambre en nuestro país. En 1988 por ejemplo, fue asesinado Héctor Félix, reportero de Zeta, después de escribir artículos que criticaban a Jorge Hank Rhon. Por este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a expedir diez años después una recomendación que exigía el esclarecimiento de este crimen (CIDH 1999).
Han sucedido además hechos escandalosos, como la detención el 13 de septiembre de 1996 del editor de El Universal, Juan Ealy Ortiz, por fraude fiscal, en lo que para el director de este diario, Roberto Rock, se trató de una represalia por publicar información sobre cuentas secretas del gobierno. Para el académico Tanius Karam, “El acto contra Healy (sic) fue selectivo y discrecional ya que no se procedió igualmente con otros diarios que tenían problemas fiscales, como el caso de Excélsior”.
Las represalias en contra del gremio se han agravado paulatinamente y se han multiplicado asimismo sus agresores. En el presente año asesinaron a Ana Irasema Becerra Jiménez, quien era la publicista en el periódico El Dictamen. Dicho homicidio fue perpetrado por el N, presunto jefe operativo y homicida del cártel Jalisco nueva generación.
Actualmente, de acuerdo con el listado de ataques a los derechos humanos de los periodistas denunciados ante la CNDH, la lista se ha elevado a partir de 2005, con 72 agresiones; 2006, con 74; 2007, con 84; 2008, con 80; 2009 con 78; 2010 con 139, y 2011 con 172.
La CNDH agregó en su momento que esta cifra podía ser mucho mayor, si se sumaban los casos registrados en las comisiones de derechos humanos de los estados, así como todas las agresiones que no se denuncian, por miedo a la seguridad propia.
En tal virtud, México superó a Irak y ahora emparenta nuevamente con ese deshonroso primer lugar del mundo en el número de asesinatos y agresiones contra periodistas, según informa el director de la Fundación Manuel Buendía. Estas cifras son abrumadoras considerando que en el Informe Buendía 2007 se consignaron 113 casos.
No es gratuito, por ello, que se haya catalogado a 2008-2009 como un período conflictivo pero estos 2 años se ven opacados por la violencia suscitada durante los 3 años siguientes pues representan periodos más violentos y con mayor numero de ataque para el periodismo mexicano.
La tragedia mexicana se salda con la muerte de decenas de miles de sus conciudadanos, atrapados entre el fuego cruzado de los cárteles y de los poderes públicos, en los que con gran frecuencia se ha infiltrado el crimen organizado. Entre estas víctimas se encuentran más de 100 periodistas asesinados o desaparecidos durante la última década.
Como se ha mencionado, tristemente hemos visto que las vejaciones y violaciones a los derechos de los periodistas han aumentado. De 1999 a julio del año pasado, la Organización de las Naciones Unidades y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido 77 recomendaciones al gobierno mexicano por presuntas violaciones a la libertad de expresión.
De acuerdo con un informe presentado por el responsable del área jurídica del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las relatorías en materia de libertad de expresión condenan los asesinatos de periodistas y la impunidad que priva en el país.
Los comunicadores y medios de comunicación son objeto de abuso de autoridad en un sentido lato, por parte de los funcionarios públicos, quienes por el contenido de las notas y/o programas deciden censurarlos usando todo el andamiaje político con el que cuentan. Estos fenómenos merecen consideración.
Periodistas y luchadores sociales mexicanos han sido además víctimas de agresiones por informar sobre asociaciones delictivas de otros giros, como las redes de tráfico y abuso de menores, trata de personas, caciquismo, abusos policiacos y guerra sucia. Un caso que acaparó la atención de medios internacionales fue el de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, amenazada de muerte y privada ilegalmente de su libertad como represalia por denunciar públicamente a una red de pederastia que operaba en el Caribe mexicano.
Son recalcitrantes las notas de medios de comunicación nacionales y organismos internacionales, dirigidas a los atropellos, abusos y crímenes cometidos en contra de periodistas locales. En México, se contabilizan 15 víctimas mortales tan solo en lo que va del año: 14 informadores y una trabajadora de prensa.
Con lo anterior, la cifra nacional de las víctimas mortales por las libertades de prensa y de expresión se eleva a hora a 115: 98 periodistas, 9 trabajadores de prensa, 6 familiares y 2 amigos de comunicadores. Hechos todos ocurridos tan solo en el transcurso de las dos últimas administraciones.
Lo que coloca a México como el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión, según lo constatan organizaciones como la Federación Latinoamericana de Periodistas, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, AC, el Club Primera Plana y la Asociación de Periodistas Comunicadores de Morelos, quiero dejar constancia que este punto de acuerdo se deriva de su preocupación y ocupación por la impunidad que hasta ahora se cuenta de los delitos cometidos en contra de sus compañeras y compañeros, y la vulneración que su actividad les representa, la cual hago como propia.
Como se deduce de lo expuesto con antelación, el fenómeno de la violencia contra los periodistas incluye desde la intimidación y la violencia “legal” hasta la violencia física, secuestro y homicidio contra periodistas y trabajadores de la industria de los medios de comunicación.
Para hablar sobre violencia contra la prensa hay que considerar una definición amplia de ésta, la cual conlleve y sea capaz de explicar toda la situación en la cual se ven inmersos estos profesionistas.
Es totalmente preocupante que la frecuencia de la violencia contra periodistas a nivel mundial vaya en ascenso. Además, la mayoría de los homicidios de periodistas son perpetrados en periodos de paz y en la mayoría de los casos (87 por ciento) la justicia local no logra identificar a los victimarios por lo cual es inexistente la posibilidad de iniciar un procedimiento legal, ya que no se tiene al victimario.
Para Silvio Waisbord, la violencia contra los periodistas es una de las tres limitaciones centrales de la prensa en América Latina, junto con el marco legal y la economía de la prensa. Waisbord hace notar que mientras en las regiones democráticas liberales desarrolladas ha disminuido casi totalmente la existencia de ataques contra la prensa (limitándose estos a los sufridos por corresponsales en coberturas de conflictos en naciones no desarrolladas), los ataques contra la prensa en Latinoamérica han permanecido latentes.
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos presenciado con tristeza y desesperación, como los comunicadores y los medios de comunicación han sido señalados como blancos estratégicos de ambos bandos en esta guerra absurda emprendida por la sórdida administración federal; la delincuencia organizada y el aparato coercitivo del Estado.
La libertad de expresión y el acceso a la información, son herramientas útiles para desafiar un régimen corrupto y el contaminado Statu quo. En tal virtud, en Movimiento Ciudadano nos hemos opuesto enérgicamente a que continúen las agresiones en contra de periodistas y miembros de los medios de comunicación, y aquellos que se cometan no queden en la impunidad.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, se exhorte de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República a adoptar las medidas pertinentes para elevar el carácter de Subprocuraduría la actual Fiscalía para la Atención a los delitos contra las Libertades de Prensa y Expresión, tomando en consideración la vulneración que les representa a los miembros de los medios de comunicación, periodistas, columnistas, comunicadores, y se resuelvan la totalidad de las indagatorias de los delitos cometidos hasta ahora en su contra, los cuales están en la impunidad. La cual deberá adoptar los mecanismos necesarios para demostrar que los responsables de las pérdidas de la vida y los ataques en contra de los comunicadores, y medios de comunicación, sean esclarecidos y debidamente juzgados y sancionados.
Segundo. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, se exhorte de manera respetuosa los gobernadores de las entidades federativas para que a la brevedad se tomen las medidas necesarias para frenar la oleada de delitos cometidos en contra de los integrantes de los medios de comunicación y de los comunicadores. Debiendo investigar a través de las Procuradurías locales, y se esclarezcan los delitos locales cometidos con los integrantes de los medios de comunicación, y se les brinde en su caso la protección, en caso de que alguno este en riesgo.
Tercero. Que por conducto de los órganos colegiados de esta honorable soberanía, se proceda a crear una comisión especial para la defensa de la libertad de expresión, y no se siga minimizando la trasgresión de sus derechos humanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica).»
Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
ARTICULOS 25, 26, 27, 73, 115, 116, 122 CONSTITUCIONALES
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desarrollo metropolitano, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Raúl Paz Alonzo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción primera, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios en la pasada legislatura lograron acuerdos trascendentes para modificar el marco jurídico en materia de desarrollo metropolitano. Dicho trabajo fue reforzado con la participación del Senado, a través de la mesa interparlamentaria.
Tras varios meses de discusiones, análisis y acuerdos alcanzados en diversos foros que contaron con la participación de autoridades estatales, municipales y federales, así como de empresarios, urbanistas, asociaciones civiles e investigadores se lograron aterrizar proyectos legislativos de gran calado.
Uno de ellos fue la iniciativa presentada el 15 de diciembre de 2010 ante el pleno de esta Cámara de Diputados, dicho proyecto recogía una serie de iniciativas presentadas en anteriores legislaturas. Este proyecto, por sus dimensiones, fue impulsado por senadores y diputados de todos los partidos políticos. La iniciativa para su análisis y estudio fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las Comisiones de Vivienda, de Desarrollo Metropolitano, de Desarrollo Social, y del Distrito Federal.
Fue así que el 27 de abril de 2011, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la cual fue remitida para sus efectos constitucionales a la Cámara de Senadores.
El día 28 de abril el Senado recibió la minuta, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para su análisis y dictamen. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos y el empeño puesto por todos los grupos parlamentarios para su desahogo oportuno, este no fue posible en la pasada legislatura, por lo cual es que hacemos este llamado para que una vez que ya han sido instaladas las comisiones en el Senado, pongan manos a la obra y discutan en el pleno su aprobación.
La minuta enviada al senado reviste trascendentes modificaciones que permitirán, entre otros beneficios:
– Una mayor y mejor coordinación entre municipios metropolitanos, dejando a un lado sesgos partidistas;
– Se eleva a rango constitucional la función de ordenar los asentamientos humanos;
– Se logra responsabilizar a los estados y municipios a regular y planear, conjuntamente y de manera coordinada, el desarrollo metropolitano que les concierne;
– Se contribuye a instaurar el ordenamiento territorial metropolitano y la planeación metropolitana como tareas obligatorias en cuyo financiamiento y ejecución deban participar los municipios metropolitanos;
– Se garantiza que los planes municipales de zonificación y de desarrollo urbano sean formulados en términos de guardar la debida congruencia con la regulación y planeación del desarrollo de la zona metropolitana de la cual forman parte.
Por ello, es de vital importancia que el Senado dé el empuje necesario a la minuta enviada por esta Cámara de Diputados, para que México logre que las autoridades que concurren en las zonas metropolitanas se coordinen entre sí, sobre la base de una planeación estratégica de largo plazo y una gestión pública integral, que permita con mayor eficacia atender los requerimientos y resolver los problemas urbanos comunes.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.Se exhorta al Senado de la República como cámara revisora, y en específico a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a dictaminar con la brevedad posible la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de desarrollo metropolitano, recibida para su estudio y votación el 31 de octubre de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputado Raúl Paz Alonzo (rúbrica).»
Se turna a la Cámara de Senadores.
ESTADO DE CHIHUAHUA
«Proposición con punto de acuerdo, sobre los asesinatos suscitados en Chihuahua contra la niñez, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la presente proposición con puntos de scuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Seis años de guerra contra el crimen organizado con la finalidad de legitimar un sexenio, que ha costado más de 70 mil muertos y un constante incremento de la violencia en nuestro país.
El gobierno federal ha avanzado el la recomposición de la seguridad, pero ha venido socavando la tranquilidad de los estados, logrando convertir un problema federal en uno local.
Tenemos pues, el máximo logro de este gobierno, la transformación de la naturaleza de una guerra del ámbito federal transferido a la jurisdicción de las autoridades locales y municipales, dejándoles un estado de vulnerabilidad palpable. Es decir, de seguridad nacional a seguridad publica.
Lo mas terrible de esta situación, son los daños causados a la niñez la cual, parece pasar una infancia en la que se cambian los juguetes, las risas y la convivencia, por actos de imaginación que sugieren armas, guerras y muertes; acondicionándoles un nuevo mundo, sobre todo a las niñas y niños del norte del país.
Hasta octubre del año pasado, se contabilizaban mil 400 niños asesinados, según lo dio a conocer la Red por los Derechos de la Infancia en México Redim; estos hechos han generado daños colaterales de un impacto negativo crítico.
Es común en el estado de Chihuahua y la zona fronteriza del país, escuchar frases como “los malos le dispararon a mi madre” y “los odio, los quiero matar”, propagando el rencor y un círculo vicioso en la población infantil, con graves repercusiones en la sociedad.
Según la revista Proceso, que da a conocer una declaración del ombudsman capitalino Luis González Placencia, se asegura que la guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado ha dejado ya un saldo de 4 mil niños muertos.
Sumado a lo anterior, se citó un balance el cual arroja un saldo de 3 mil 700 huérfanos y al menos 400 menores reclutados por las bandas delincuenciales, en un escenario de 20 mil familias afectadas por la violencia.
Cifras por demás escalofriantes, lo anteriormente citado viene por los hechos ocurridos este pasado fin de semana en el municipio de Creel, en Chihuahua, en los cuales un menor de 6 años de edad fue encontrado sin vida con severos rasgos de violencia física, en los informes se dio a conocer que el menor presentaba quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, lo que habla de un acto desalmado y por demás inhumano.
A estos acontecimientos agreguémosle los ocurridos el pasado mes de Julio de este mismo año, en el cual un menor de 5 años de edad perdió la vida, al igual que su progenitor, en la ciudad de Camargo, Chihuahua, cuando un grupo de hombres fuertemente armados atacaron con armas de alto poder su camioneta.
Tampoco se debe pasar por alto los hechos que culminaron con la vida de José Antonio Elena Rodríguez y de Ramsés Barrón Torres, asesinados hace dos semanas y un año, respectivamente, por elementos de la patrulla fronteriza.
El estado de Chihuahua punteó el incremento de homicidios de niños con edades de 15 a 17 años; de 2007 a 2008 reflejó un 364 por ciento más de homicidios de esta índole, al pasar de 12.6 a 45.5 menores.
Lo anterior me obliga como portadora de la representación de mi estado y en calidad moral debida al compromiso social, pero sobre todo como madre, a manifestar una profunda preocupación ante la falta de garantías de los derechos a la protección e integridad de una vida plena de las niñas y niños del país, pero con un compromiso mayor por la niñez de mi estado, Chihuahua.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica y a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, para que se esclarezcan los asesinatos cometidos contra las niñas y los niños del estado y se castigue conforme a las leyes existentes en la materia.
Segundo.Se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado a indemnizar a las familias que han perdido a sus hijos e hijas, debido a los denominados “daños colaterales”, resultado de las acciones implementadas por el representante del Ejecutivo contra el crimen organizado.
Tercero.Se exhorta al gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la Republica, y al gobierno del estado de Chihuahua a definir acciones preventivas que frenen el incremento en el índice de homicidios en contra de la niñez.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 31 de octubre de 2012.— Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica).»
Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
COMISION ESPECIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para el desarrollo integral de la familia, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN
Tania Margarita Morgan Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita crear Comisión Especial para el desarrollo integral de la familia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuestro país ha experimentado cambios profundos en distintos órdenes de la vida social, económica, política y cultural durante todos los tiempos, pero con mayor acentuación en los últimos 50 años.
Cabe destacar, por ser tema central del presente, que en el ámbito de la familia, las transformaciones han sido realmente notables.
Posterior a la revolución de 1910, los avances en materia de disminución de la mortalidad han sido muy considerables; Se tradujeron en una mayor supervivencia de la población y particularmente en los miembros del hogar, que junto a una alta fecundidad implicó que la familia típica mexicana, consistiera de una pareja con numerosa descendencia.
A partir de entonces, la configuración de las familias mexicanas ha sido objeto de diversas publicaciones, pronunciamientos, estudios y en sí ha generado una configuración diferente de la sociedad. Para propiciar dicha transformación, destacan los siguientes elementos:
- La edad media para contraer matrimonio aumentó en los hombres de 21.3 años a 24.1; mientras que en las mujeres fue de 24.4 a 26.1 años.
- El descenso de la fecundidad disminuyó de 6.6 a 2.2 hijos. Y según estudios prospectivos del Consejo Nacional de Población, en los próximos cincuenta años la natalidad descenderá hasta alcanzar 11 nacimientos por cada mil habitantes.
- La disolución de los contratos matrimoniales se duplicó un poco más del 6 por ciento.
- La incorporación del género femenino a la vida laboral.
- La expansión de la escolaridad entre niños y jóvenes y la expansión del control de los nacimientos.
La combinación de estos hechos advierte una amplia diversidad de estilos o tipos de hogares en México, así como de los arreglos familiares encabezados por una mujer o por el varón y del parentesco que hay entre aquellos que integran un hogar.
Independientemente de cuál sea el género que encabece los hogares, los arreglos familiares se agrupan en dos categorías. La primera de ellas, dispuesta de arreglos nucleares (pareja e hijos), extensos (el núcleo y otros parientes) y los compuestos (viven también personas no emparentadas). La segunda categoría, es integrada por los hogares unipersonales y los que son habitados por corresidentes.
La familia constituye el medio por el cual, los hijos o menores que habitan un hogar, son sujetos de la formación y de la información que los padres les brindan; éstos aprenden hábitos, conductas y actitudes para ir construyendo su propia visión de la realidad, misma que va de la mano con su crecimiento.
El fortalecimiento de los lazos entre los integrantes de la familia se propicia a través de la comunicación y el diálogo. A través de la familia, las sociedades transmiten sus valores y costumbres a los hijos. La lengua, el modo de vestir, como producir, donde trabajar y a que dedicarse; como relacionarse con otras personas o grupos sociales; Propiciar que todos los integrantes nos sintamos como miembros de una nación, de respetar su cultura, de mantener las tradiciones aceptadas por todos, de generar conciencia sobre el cuidado de nuestro entorno, de la participación cívica y de la corresponsabilidad con la sociedad.
Es por eso que la familia tiene influjo determinante en la sociedad entera.
Entre algunos de sus fines debe encontrarse la continuación responsable de la especie humana; comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y el perfeccionamiento de la persona y la sociedad, y proporcionar a sus miembros los bienes materiales y espirituales requeridos para una vida ordenada y suficiente. Corresponde a la familia la preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso al Estado.
El Estado tiene la función esencial de hacer posible y de facilitar el cumplimento de la misión propia de las familias que forman la comunidad política; por lo que ambos deben cooperar estableciendo orden en la sociedad y cumpliendo las tareas fundamentales de orientar y educar social y políticamente a sus miembros. Este debe crear condiciones educativas, económicas, laborales, habitacionales y de seguridad social que estimulen la responsabilidad y energía de las familias. En sus relaciones con la familia, el Estado, también debe respetar el principio de subsidiariedad y garantizar, en las leyes y en la práctica, la libertad de conciencia de los miembros de la familia y el derecho preferente de los padres para determinar el tipo de educación que deben recibir sus hijos.
Por lo tanto el papel del Estado frente al de las familias es y debe ser de interés para todo el ámbito gubernamental sin excluir al Poder Legislativo. Hay que comprender cuál es el papel que juega la familia en México, ya que no debe concebirse como un ente aislado, sino como eje, motor y fundamento de la dinámica nacional.
La Ley General de Salud incorpora en su artículo 172 a un organismo público que es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y le otorga como objetivo, la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo y la promoción sistemática de acciones que en el campo de la asistencia social lleven a cabo las instituciones públicas.
Mientras que la Ley de Asistencia Social en su artículo 27 lo concibe como un sistema con patrimonio y personalidad jurídica propios. Además, de las atribuciones y otros ordenamientos jurídicos que se enmarcan en el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Las atribuciones/obligaciones del Estado, no terminan su relación con la asistencia social y con el desarrollo integral de las familias en los apartados mencionados en el párrafo anterior, sino que también ejecutan acciones desde diversas áreas de la administración pública federal, las cuales tienen una incidencia directa en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas; en el respeto y cuidado de los derechos de los y las niñas de México; en el apoyo subsidiario a las madres embarazadas, en velar por los derechos de los migrantes, a las víctimas de explotación, maltrato, comercio sexual y trata de personas. En asistir a los adultos mayores.
La configuración de la familia mexicana a la que hicimos referencia en los primeros a aparatados del presente, mas las condiciones relativas a la situación de la pobreza, de la salud, de la alimentación y de la educación que privan en México el escenario adquiere una complejidad notable.
Desde mi punto de vista, son más o menos evidentes un conjunto de problemas sociales que se agudizarán, en el futuro próximo, en torno a la familia. Se debe pensar, por ejemplo, en el aumento de los adultos mayores y su implicación en términos de seguridad social para los próximos años. Se debe pensar que el caso mexicano de envejecimiento poblacional se encuentra acompañado de un conjunto de condiciones estructurales que aún impiden el que se dispare un plan general de desarrollo humano y social continuo y sólido. Se debe pensar en el incremento de la unión libre, las madres solteras y el número de personas separadas.
Una reconsideración de la familia como comunidad de personas que desempeñan ciertas funciones sociales (las mencionadas) permitirá que el propio Estado piense, provea y diseñe estrategias para que de manera subsidiaria y no paternalista, otorgue la seguridad social hasta se considere suficiente; elabore una política pública y una legislación que reconozca la soberanía de las familias y la tome como parámetro principal en su diseño para ayudar a que lo social adquiera verdadera condición sustantiva en el modelo de desarrollo, quedando entonces, al servicio de los rostros reales que integran a las familias reales.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el punto de acuerdo por él se cual se cree una Comisión Especial para el desarrollo integral de la familia, bajo los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer ante los diputados y diputadas integrantes del pleno de esta soberanía la creación de la Comisión Especial para el desarrollo integral de la familia, en virtud de lo establecido en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Segundo.El objeto de la comisión especial será emprender lo que se deriva de su denominación.
Tercero.La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación de los partidos en la Cámara de Diputados.
Cuarto.Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias. Además de poder contar con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Quinto.La duración de los trabajos realizados por la comisión especial será hasta agosto de 2015. Sin omitir la posibilidad de que una vez que se cumpla el objetivo por el cual fue creada, se extinga de manera anticipada.
Notas:
1 La familia y su futuro en México. Rodrigo Guerra López. Revista Bien Común, Fundación Rafael Preciado Hernández.
2 Libro “Respuestas” Temas de Apoyo; Partido Acción Nacional.
3 Encuesta Nacional de Dinámica Familiar 2011; DIF Nacional.
4 Diagnóstico de Familia con base en la ENDIFAM 2011.
5 Niveles Socioeconómicos en México. Instituto del Investigaciones Sociales S.C.
6 www.conapo.gob.mx
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica).»
Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
COMISION ESPECIAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA VITIVINICOLA Y PRODUCTOS DERIVADOS DE LA VID
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos derivados de la vid, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes
Consideraciones
1. En últimos años, la industria vitivinícola mexicana ha tenido un auge importante, haciendo de esta industria parte de las de mayor crecimiento y con escaso apoyo gubernamental, a pesar de ello, esta industria genera empleos y un número importante de recursos para la federación, haciéndola importante para la economía nacional.
Dentro del Poder Legislativo Federal, la Cámara de Diputados decidió en la pasada legislatura establecer una comisión especial de impulso al desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid, misma que tuvo como eje rector la atención de los problemas inmersos en esta y la representación de los diversos actores que componen la cadena productiva de este sector.
Como parte principal de los trabajos de la pasada comisión especial, se desarrollaron importantes vínculos entre los presidentes de los comités estatales de los sistemas producto vid y de las asociaciones estatales de vitivinicultores con esta Cámara de Diputados, a su vez, los productores nos han expresado sus deseos para que esta legislatura retome y continúe con los trabajos realizados en años anteriores, mediante la realización de foros de consulta, cumbres de estudio e integración, así como la organización de este sector.
Este sector demanda apoyos gubernamentales y ha trabajado de manera conjunta con la pasada comisión especial de fomento al desarrollo de la industria vitivinícola y productos derivados de la vid, mediante la presentación de una iniciativa con proyecto de Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola, misma que se encuentra pendiente de votación ante el pleno de la Cámara de Diputados, toda vez que la Comisión de Economía de la LXI Legislatura envío ante este pleno el dictamen en sentido favorable y votado por unanimidad al interior de las comisiones turnadas.
De igual manera, este sector nos exige la creación de una comisión especial que le dé seguimiento a los acuerdos que se establezcan como parte del programa de trabajo de la misma, tales como el impulso a la industria vitivinícola, mediante la ley de fomento a este sector y los diversos programas que el gobierno federal destina para el sector primario y de transformación.
Actualmente los estados que tienen producción vinícola son Baja California, Querétaro, Coahuila, Aguascalientes y Zacatecas, consecuentemente por prioridades de su producción.
En diversos foros los representantes de este sector productivo, han establecido prioridades en diversos temas, entre los que se encuentran: a) Apoyos para cosechar y cultivar una mayor cantidad de hectáreas destinadas específicamente a la producción vitivinícola; b) Protección para el uso de suelo de acuerdo a su vocación natural, y a su potencial crecimiento en cuanto al cultivo de la vid; y c) Aprobación de una ley federal de esta industria, que dote de certeza jurídica a este sector así como a los apoyos gubernamentales del mismo.
El sector vitivinícola en México es una de las industrias que más ha crecido en nuestro país, sin embargo, aún se encuentra en desventaja por el apoyo que reciben de los gobiernos en países como Chile, Argentina, Francia, España o Uruguay, todo este apoyo se ve reflejado en la relación de precio y calidad.
Los vinos mexicanos han obtenido más de 700 medallas internacionales, demostrando de sobra la calidad de nuestros vinos, de igual manera, debemos tener en consideración, la calidad en las regiones de México que producen vino y que han sido reconocidas por organismos internacionales, tal como ha sucedido con los diversos reconocimientos que la Organización Internacional de Vino (OIV) ha entregado a nuestro país, en materia vinícola nacional.
Para nuestro país es imperante el cultivo y cosecha de mayor número de hectáreas dedicadas a la vocación de uva vinífera, ya que resulta costoso el proceso de elaboración de caldos mexicanos, lo cual se agrava de manera significativa con la cantidad tan elevada de impuestos que paga el vino mexicano, mismos que son alrededor de 43 por ciento por botella, lo que se traduce en un producto final caro, a su vez, debemos agregar el tiempo que los productores deben dejar para poder elaborar un vino de consumo, mismo que se alarga hasta por 5 años a partir de la primer cosecha de la uva para vinificación, lo anterior debido a los altos índices de acidez que tienen estas uvas, de igual manera se debe aumentar el periodo de añejamiento que deben pasar los vinos en barricas para que finalmente pueda ser distribuido y vendido.
Existen diferencias significativas en México con relación a la producción de la Unión Europea, dónde se producen aproximadamente 36 mil millones de litros de vino, en tanto que en México producimos únicamente alrededor de 45 millones de litros anuales.
Por otra parte, se encuentra aún pendiente de votación el dictamen con proyecto de Ley Federal de Impulso a la Industria Vitivinícola, misma que se quedó agendada en el último orden del día de las sesiones del pleno, y desde dónde se establece que el impulso a esta industria, tiene su fundamento legal en el artículo 25 constitucional, ya que el Estado tiene el deber de fomentar el crecimiento económico y el empleo, para lo cual, planeará, conducirá y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general.
Asimismo, se establece que el fomento de las actividades de esta industria se encuentre acorde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el cual se establece el deber de incrementar acciones que den certidumbre a las actividades de los sectores económicos. Dicha certidumbre, según el PND, sólo puede lograrse por medio de un marco jurídico que regule con transparencia y certeza las relaciones sociales y actividades productivas, así como con un sistema institucional adecuado, que permita la actuación de los actores económicos y pueda regular y ordenar los mercados.
Igualmente, se establece en el Plan Nacional de Desarrollo la obligatoriedad para fortalecer la oferta de los productos mexicanos mediante la promoción comercial de los mismos.
Las diputadas y los diputados tenemos la obligación de seguir los lineamientos legales que nos imponen nuestro marco normativo, garantizar a nuestros representados que sus solicitudes se evaluarán al interior de los órganos de la Cámara de Diputados y dar respuesta a sus necesidades mediante el uso de nuestras facultades.
Es por ello que se considera necesaria la creación de una comisión especial desde esta Cámara de los Diputados, que tenga como objetivo velar por la industria vitivinícola nacional, así como darle seguimiento a las políticas encaminadas al sector y la aprobación de la Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola, por lo cual se propone que dicha comisión tenga una duración de por lo menos dos años y medio.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que dentro del ámbito de su competencia cree la Comisión Especial para impulsar el Desarrollo de la Industria Vitivinícola y Productos Derivados de la Vid.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 31 de octubre de 2012.— Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica).»
Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
ESTADO DE QUINTANA ROO
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a implantar acciones para completar la certificación de policías estatales y municipales antes de este 15 de diciembre, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Alicia Concepción Ricalde Magaña, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo a implementar las acciones necesarias para completar el proceso de certificación de policías estatales y municipales, antes del 15 de diciembre del presente año, como lo mandatan los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como fin principal salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, de acuerdo con los Artículos 21, 73 Fracción XXIII y 115 Fracción III, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2. Constitucionalmente, se establece que el Estado, a través de las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor.
3. Para ello se necesita, entre otros aspectos: la actuación legal e imparcial de la autoridad y de los cuerpos policiacos, el respeto a las instituciones, la confianza de la población en la autoridad y el respeto a la corporación policial, la cooperación de la comunidad en el mantenimiento de la seguridad pública y la capacitación adecuada de los cuerpos policiacos.
4. A lo largo del tiempo, la policía ha sido identificada como un órgano represor, brazo ejecutor de la ley, y organismo encargado de velar por los intereses de quienes ostentan poder social, económico o político, antes que por la seguridad de los ciudadanos y de la sociedad en general.
5. Como institución, fue una de las bases más importantes y fuertes del régimen autoritario que caracterizó a nuestro país durante la mayor parte del siglo XX, razón por la cual hoy en día nos encontramos con instituciones policiales anquilosadas, con estructuras que siguen trabajando como en el viejo régimen y que no responden a las necesidades sociales e incluso políticas del país.
6. Uno de los ejes fundamentales en la conducción de las políticas al día de hoy, se refiere a la concreción de un Estado de Derecho en el que sea posible garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y para este punto la policía, como aquel órgano que permitirá la recuperación de la seguridad pública.
7. Para los gobiernos federal, estatal y municipal, así como el congreso de la unión y las legislaturas de los estados, la reforma policial es un asunto de la mayor importancia, ya que el incremento de la inseguridad se vincula, entre otras cosas, con la ineficiencia de las instituciones policiales.
8. Esta preocupación está reflejada en los documentos que guían la actuación del gobierno federal, a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, al dedicar un eje del mismo a desarrollar los planteamientos que permitirían restaurar el Estado de Derecho.
9. En este sentido, la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de fecha 11 de diciembre del 2008, se busca hacer frente a esta exigencia y necesidad de la población, para confiar de nuevo en policías preparados, capacitados y conscientes de su papel, ante una nueva sociedad, más informada y por ende más exigente.
10. Para ello el legislador plasmó en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios que:
“Tercero. De manera progresiva y en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Pública, sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el Consejo Nacional.”
“Cuarto.Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos y plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
11. Como podemos observar, el mandato es claro y contundente, de ahí la preocupación del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, porque las entidades federativas lleven a cabo de manera puntual lo establecido en la Ley, pero sobre todo por parte del estado de Quintana Roo, quien se encuentra en niveles críticos de certificación.
12. Según datos oficiales, obtenidos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Quintana Roo y sus 10 municipios se convertirían en el primer estado del país que tendrían que separar de sus cargos al 90 % de los policías. Esto debido a que de enero de 2010 al 31 de julio de 2012, las autoridades estatales y municipales de Quintana Roo han evaluado al 15 % de sus mandos y al 5% de los policías operativos. (Ver cuadro 1)
13. Pero además, con base a las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación, a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) que el gobierno federal le entregó a Quintana Roo en 2010, arrojó que las autoridades estatales no han venido utilizando adecuadamente el recurso y detectaron una serie de irregularidades relacionadas, entre otras cosas, con la evaluación de policías estatales y municipales.
14. Por otra parte, la Auditoria concluyo que aún cuando en 2009 y 2010, los recursos asignados para la creación y operación del Centro Estatal de Control de Confianza oscilaron en los 5.2 y 4.4 millones de pesos, respectivamente, el organismo se encontraba en la etapa inicial del proceso de certificación y acreditación, por lo que estaba trabajando parcialmente y sin poder emitir certificados.
15. Para el mes de marzo de 2011, se inauguró el Centro Estatal de Evaluación y Confianza (C3), pero aún cuando ya existe este organismo, los avances han sido muy pobres, por no decir casi inexistentes.
16. En el mes de agosto del presente, el presidente de la república hizo una visita a Quintana Roo y toco el tema, manifestando que: “Hay estados que van muy bien, avanzando más de la mitad de sus exámenes de control de confianza, pero hay otros que no han terminado de establecer su Centro de Control de Confianza, como, desgraciadamente, es el caso de Quintana Roo.”
17. De ahí que el miércoles 29 de agosto, el gobernador de Quintana Roo, respondió a los señalamientos del presidente Calderón, al declarar ante medios locales que era un error que ubicaran a su estado en el último lugar en materia de certificación policiaca, pues habían practicado exámenes toxicológicos al 40% de sus policías. Lo que no aclaró el ejecutivo estatal es que hasta que no completen el resto de las fases no se puede completar la evaluación integral, que comprende exámenes psicológicos, de entorno social, de consumo de drogas y de polígrafo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Quintana Roo, a implementar las acciones necesarias para completar el proceso de certificación de policías estatales y municipales, antes del 15 de diciembre del presente año, como lo mandatan los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Nota:
1 Informe y Observaciones a la Cuenta Pública 2010, Auditoria Superior de la Federación, México, 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
ESTADO DE CHIHUAHUA
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Chihuahua para que actualice las disposiciones contenidas en su Código Civil, a efecto de reconocer, salvaguardar y garantizar la dignidad de las mujeres y la infancia, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita diputada Lourdes Quiñones Canales a nombre propio y de diputadas federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración del pleno de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El pasado 18 de octubre, el Congreso del estado de Chihuahua aprobó las reformas al Código Civil del estado para posibilitar los matrimonios entre las parejas de 16 años de edad y 14 cuando haya embarazo, a saber:
“Artículo 136. Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciséis años, salvo que exista embarazo se permitirá a los catorce años”.
Entre los argumentos para aprobar dichas reformas, de acuerdo a lo señalado en medios de comunicación, entre los argumentos que se esgrimieron para aprobar la iniciativa están el alto índice de divorcios en la entidad, sobre todo en menores de edad y los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.
Al respecto es menester destacar, que dichas reformas resultan una regresión en la materia, toda vez que se contrapone con la ley fundamental y con diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, entre los que destacan la Convención sobre los Derechos de la Niñez”.
Las disposiciones aprobadas, además caminan en sentido contrario al andamiaje legal e institucional realizado en México, por medio por el cual se han seguido una serie de políticas públicas en defensa de los derechos de los infantes, así como para erradicar el embarazo en adolescentes.
A mayor abundamiento, las reformas al Código Civil en el estado de Chihuahua violan la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, aprobada en 1990 por el Estado mexicano y hace caso omiso a las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU para que se eleve la edad en que las y los adolescentes puedan contraer matrimonio; para que las adolescentes no se embaracen a temprana edad; y para que se atienda de manera prioritaria la preocupación principal que debe tener el Estado: que las niñas y niños estudien y gocen de derechos que les permitan desarrollarse plenamente.
De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en México el aumento en el número de embarazos no deseados ha llevado a que muchas niñas y adolescentes tengan hijos, se casen o vivan en pareja y la mayoría de ellas viven en zonas pobres y muchas han sido o son víctimas de violencia sexual.
Queda claro, que las niñas y adolescentes no están preparadas ni física, ni psicológica, ni emocionalmente para procrear o vivir en pareja, permitirlo, constituye una grave violación a sus derechos y constituye una barrera para su desarrollo.
Es menester que el Estado, en sus tres niveles y poderes de gobierno, realice lo conducente a efecto de garantizar el desarrollo integral de los infantes y adolescentes, así como garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres.
Nuestro deber es difundir que los derechos de la infancia, de las y los adolescentes y de las mujeres está por encima de cualquier suposición, consideración o uso y costumbre.
En virtud de lo cual, se somete a la consideración la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Con pleno respeto a la soberanía del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en un ánimo democrático que garantice la vigencia de los derechos de la infancia, de las y los adolescentes y de las mujeres, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, se exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Chihuahua para que, revise, analice y actualice las disposiciones contenidas en el Código Civil del estado, a efecto de reconocer, salvaguardar y garantizar la dignidad de las mujeres en las diferentes etapas de su vida y los derechos que le son intrínsecos. Así como para expedir a la brevedad la legislación que proteja los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputados: Lourdes Quiñones Canales, María del Rocío García Olmedo, Maricruz Cruz Morales, Erika Yolanda Funes Velázquez, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Francisca Elena Corrales Corrales, Emilse Miranda Munive, Dulce María Muñiz Martínez, Cristina González Cruz, María de la Paloma Villaseñor Vargas, Blanca María Villaseñor Gudiño, María de Jesús Huerta Rea, Marco Antonio González Valdez, María del Rocío Corona Nakamura, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Rafael González Reséndiz, María Leticia Mendoza Curiel, Alma Marina Vitela Rodríguez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, María Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre, María Concepción Navarrete Vital, Ma. Elena Cano Ayala, Alejandro Rangel Segovia, Petra Barrera Barrera, María Rebeca Terán Guevara, María Guadalupe Velázquez Díaz, Norma Ponce Orozco, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Irazema González Martínez Olivares, Blanca Estela Gómez Carmona, María Esther Garza Moreno, José Enrique Doger Guerrero, Angelina Carreño Mijares, Leticia Calderón Ramírez, María de las Nieves García Fernández, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Maricela Velázquez Sánchez, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Manuel Añorve Baños, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Sergio Torres Félix, Raúl Santos Galván Villanueva, Adriana Hernández Iñiguez, María Guadalupe Sánchez Santiago, Miguel Ángel Aguayo López, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Manuel Rocha Piedra, José Noel Pérez de Alba, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Roy Argel Gómez Olguín, Lizbeth Loy Gamboa Song, Raymundo King de la Rosa, Eduardo Román Quian Alcocer, Oscar Bautista Villegas, José Everardo Nava Gómez, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Tanya Rellstab Carreto, Adriana Fuentes Téllez, Kamel Athie Flores, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbricas).»
Se turna a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, y de Derechos de la Niñez, para dictamen.
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)