ASISTENCIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se informa a la Presidencia que existen registrados, previamente, 281 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo(a las 11:36 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Lunes 15 de diciembre de 2014.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con dictámenes de proposiciones en sentido negativo.

Del diputado Alfonso Durazo Montaño

En relación con retiro de proposición con punto de acuerdo.

Del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el que remite el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al tercer trimestre de 2014.

De la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala, y de la Universidad Veracruzana

Con los que remiten los informes de resultados de auditorías externas a sus matrículas del segundo semestre de 2014, en cumplimiento de la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Del Congreso del Estado de Michoacán

Por el que remite las conclusiones del II Foro Estatal Indígena, llevado a cabo en la Comunidad Purhépecha de Uricho del 1 de diciembre del año en curso.

De la Cámara de Senadores

Por el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 122 bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Por el que exhorta al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la visita de niñas y adolescentes durante una semana en el mes de octubre para que asistan a una sesión ordinaria con el fin de conmemorar “El 11 de octubre de 2014, Día Internacional de la Niña”.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Solicitud de licencia

Del diputado Alfredo Zamora García.

Minutas

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional.

Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, para efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Zonas Económicas Especiales, Libres y de Promoción, presentada por el Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 107 bis a la Ley Aduanera, presentada por el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, y suscrita por el Diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario Acción Nacional.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4, 6, 7, 9, 15, 16 y 22 de la Ley General de Deuda Pública, presentada por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario Acción Nacional.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictamen de declaratoria de publicidad

De las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que Expide la Ley de Transición Energética.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, y adenda, en materia de alienación parental.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, y adenda.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, y de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Sedatu y de la SHCP, a concluir el “rezago agrario” de las localidades de los estados de Veracruz y Oaxaca.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sedatu, para que en coordinación con las autoridades de las entidades federativas, se fortalezcan los programas y acciones que coadyuven a la pronta y eficaz regulación de los asentamientos humanos irregulares.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sedena y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a capacitar sistemáticamente en materia de derechos humanos, al ejército, fuerza aérea y funcionarios públicos de su Secretaría y Comisión, respectivamente, en especial a los que llevan a cabo operaciones contra el crimen organizado.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la SEP y del Inmujeres, a establecer diversas acciones con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director en jefe del Registro Agrario Nacional, para que difunda las acciones y atención que ha realizado al programa “Modernización del Catastro Rural Nacional”.

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California, para que intervenga en la mediación del conflicto entre ejidatarios y locatarios, derivado de la posesión de los terrenos aledaños a La Bufadora.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SAGARPA, para que atienda las acciones emitidas por la ASF, en torno a las auditorias forenses relativas al proyecto transversal “Trópico Húmedo”.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conaculta, para que se declare a la obra de la “Llorona” como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial del País.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, para que atienda las acciones emitidas por la ASF, en la auditoría de desempeño practicada al programa presupuestario S234 “Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Acuacultura y Pesca”.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que diseñe e implemente programas permanentes de alfabetización, dirigidos principalmente a los sectores de la población más vulnerable.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, a efecto de que se agilicen los apoyos entregados a las jóvenes embarazadas, de acuerdo al “Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas”.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al INEGI y a la SEP, para que difundan la totalidad de la información recabada en el Censo de escuelas, maestros y alumnos de Educación Básica y Especial (CEMAB).

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de regulación de Grupos Parlamentarios.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XVI del artículo 33 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de inclusión de los padres de familia o tutores en cursos básicos de computación e internet.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 y adiciona un párrafo un al artículo 5 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Agricultura Familiar, reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Pedro Porras Pérez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Manriquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 155 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Protección de la Familia, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo OrtÍz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 33 y 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Derechos e Identidad de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del Servicio Profesional Nacional Electoral, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 238 y 240 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.

De decreto, para declarar el día 2 de enero de cada año, como “Día Nacional del Municipio Libre”, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 223 y 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 17 Quáter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal, y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 47-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable para los Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Pesqueros, Forestales y Minifundistas, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o., 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Carlos Augusto Morales López, Jhonatan Jardines Fraire, Fernando Belaunzarán Méndez y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Interculturalidad, Identidad y Movilidad Humana, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por los diputados José Everardo Nava Gómez y María de la Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Gestión Escolar y, reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 29, 34 y 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 159 y 160 de la Ley de Migración, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley General para Prevenir y Atender el Sobrepeso y la Obesidad, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 10 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley que Instituye la Beca para Estudiantes de Educación Media Superior y Superior, en Situación de Desventaja Económica, con Retribución al Servicio Comunitario, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 97 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González y suscrita por el diputado Heberto Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 35 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo de la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 23, 24, 25 y 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, suscrita por la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 55, 58 y 98 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 6º de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por diputados integrantes diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma los artículos 3o. y 5o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

De decreto, para otorgar un reconocimiento a los defensores del puerto de Veracruz en el centenario de la gesta heroica de 1914, mediante la colocación de una placa conmemorativa al citado hecho histórico, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Teresita de Jesús Borges Pasos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 79 y 83 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 65 bis 2 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Publicidad y Comunicación Institucional, Reglamentaria de los artículos 6o. y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General para ejercer el Derecho de Réplica, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que expide la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado Luis Olvera Correa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 4o. y 12 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 35, 38 y 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 2o. y 4o. de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y por integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.

Que reforma los artículos 62, 63 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal.

Que reforma el artículo 104 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Oscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, a cargo de la diputada Areli Madrid Tovilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 149 Ter del Código Penal Federal y, 9o. y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley de Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 41 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Seguridad Privada, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 2º de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Armada de México, del Código de Justicia Militar, y abroga la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por los diputados René Ricardo Fujiwara Montelongo y Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo del diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 87 Bis al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, suscrita por el diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de sus dependencias, coadyuve con las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, para llevar a cabo las investigaciones a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los mecanismos destinados a concientizar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo para que el titular de la SCT, explique las razones por las cuales se revocó la Licitación para la construcción del proyecto del Tren de Alta Velocidad de Pasajeros México-Querétaro, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para que investigue las agresiones y violación de las garantías individuales durante el procedimiento administrativo, en el desalojo y demolición de las viviendas del predio conocido como el Barco, perteneciente a la comunidad de San Miguel Tocuila, del Municipio de Texcoco, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del INEGI, para que realice la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en 2015 e instalar mesas de análisis, a fin de identificar los avances alcanzados, suscrito por integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.

Clausura.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en cuenta que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves once de diciembre de dos mil catorce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cincuenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y tres minutos del jueves once de diciembre de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Desde su curul realiza comentarios sobre el Orden del Día el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

Acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

En su oportunidad y desde su curul el diputado José Isabel Trejo Reyes, del Partido Acción Nacional, informa a la Asamblea el fallecimiento del diputado Raúl Gómez Ramírez, integrante de su Grupo Parlamentario, secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios, e integrante de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Población de esta Cámara de Diputados, y solicita guardar un minuto de silencio en su memoria. El Presidente expresa sus condolencias a su familia, amigos y compañeros, e invita a la Asamblea a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio. Hacen uso de la palabra para referirse al diputado Raúl Gómez Ramírez, desde la tribuna, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Partido Acción Nacional; desde sus respectivas curules las diputadas y los diputados: Amalia Dolores García Medina, María del Socorro Ceseñas Chapa, ambas del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita un minuto de aplausos en su memoria, el cual es concedido por el Presidente; Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza; Marino Miranda Salgado, Armando Contreras Ceballos, ambos del Partido de la Revolución Democrática; María del Carmen López Segura, del Partido Revolucionario Institucional; Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; Javier Filiberto Guevara González y María Concepción Navarrete Vital, ambas del Partido Revolucionario Institucional.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De diputados:

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

— Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Promoción y desarrollo de los bioenergéticos, presentada el veintitrés de septiembre de dos mil catorce.

— Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, presentada el treinta de septiembre de dos mil catorce.

• Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada el 17 de septiembre de dos mil catorce.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, de la Universidad de Colima, y de la Universidad Autónoma del estado de Tamaulipas, con las que remiten los informes de resultados de auditorías externas a las matrículas correspondientes al ciclo escolar julio-diciembre dos mil catorce, en cumplimiento de la fracción tercera del artículo cuarenta y uno del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con las deficiencias de los servicios proporcionados por la Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S. A. P. I. de C.V., VOLARIS. Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

d) De los diputados:

• Francisco Pelayo Covarrubias, del Partido Acción Nacional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal en el Primer Distrito Electoral del estado de Baja California Sur, a partir del veintisiete de diciembre del año en curso. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense. Llámese al suplente.

• Arturo De la Rosa Escalante, del Partido Acción Nacional, con solicitud de licencia para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en el distrito dos del estado de Baja California Sur, por tiempo indefinido a partir del siete de diciembre de dos mil catorce. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense. Llámese al suplente.

e) De la Cámara de Senadores con la que remite minutas con proyecto de Decreto:

• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, y a la de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión.

• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos Constitucional. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra en el Salón de Sesiones una delegación de Parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Nacional de la República Popular de China, encabezada por el señor Xu Zhenhuan, quienes sostendrán una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Hacienda y Crédito Público, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Damián Zepeda Vidales. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México;

A las doce horas con cincuenta y un minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veintisiete diputadas y diputados.

Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática; y Maricela Velázquez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por trecientos setenta y cinco votos a favor; tres en contra, y diecisiete abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Transparencia y Anticorrupción, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Alejandro Rangel Segovia.

Presidencia de la diputadaMaría Beatriz Zavala Peniche

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios en relación con el tema la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista de México; Mario Miguel Carrillo Huerta, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional; e Irazema González Martínez Olivares, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; y en contra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos setenta y tres votos a favor; y dieciocho abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Vida Silvestre. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Lourdes Adriana López Moreno.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano; Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México; y Claudia Elena Águila Torres, del Partido de la Revolución Democrática. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación nominal por doscientos sesenta y siete votos a favor; sesenta y seis en contra, y cuarenta abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

d) De Reforma Agraria, que reforma el inciso b) del artículo ochenta de la Ley Agraria. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Guillermo Sánchez Torres. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; José Luis Esquivel Zalpa, del Partido de la Revolución Democrática; y Jesús Morales Flores, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos cincuenta votos a favor; y ocho abstenciones, se aprueba en general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el inciso b) del artículo ochenta de la Ley Agraria. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, y Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política propone al Pleno de la Cámara de Diputados a los siguientes diputados para formar parte de la Comisión Permanente que funcionará durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura:

a) Del Partido Revolucionario Institucional:

• Titulares: Manuel Añorve Baños; Irazema González Martínez Olivares; Héctor Gutiérrez de la Garza; Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez; Leobardo Alcalá Padilla; José Luis Flores Méndez; Leopoldo Sánchez Cruz; y José Angelino Caamal Mena.

• Sustitutos: Manlio Fabio Beltrones Rivera; Marco Antonio Bernal Gutiérrez; Willy Ochoa; Lourdes Eulalia Quiñones Canales; Cristina González Cruz; José Alberto Rodríguez Calderón; José Rubén Escajeda Jiménez; y María del Carmen García de la Cadena Romero.

b) Del Partido Acción Nacional:

• Titulares: José Isabel Trejo Reyes; Marcelo de Jesús Torres Cofiño; Adriana González Carrillo; y Sergio Augusto Chan Lugo.

• Sustitutos: María Beatriz Zavala Peniche; María Isabel Ortiz Mantilla; Carlos Alberto García González; y Fernando Rodríguez Doval.

c) Del Partido de la Revolución Democrática:

• Titulares: Silvano Aureoles Conejo; Trinidad Secundino Morales Vargas; Aleida Alavez Ruiz; y Josefina Salinas Pérez.

• Sustitutos: Agustín Miguel Alonso Raya; Jessica Salazar Trejo; Roberto López Rosado; y Carol Antonio Altamirano.

d) Del Partido Verde Ecologista de México:

• Titular: David Pérez Tejada Padilla

• Sustituto: Rubén Acosta Montoya.

e) De Movimiento Ciudadano:

• Titular: Juan Ignacio Samperio Montaño.

• Sustituto: Nelly del Carmen Vargas Pérez.

f) Del Partido del Trabajo:

• Titular: Ricardo Cantú Garza.

• Sustituto: Lilia Aguilar Gil

El Presidente pone a consideración de la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que la votación se realice por medio del sistema electrónico. Se autoriza. En votación nominal por trescientos veintiocho votos a favor, seis en contra, y ocho abstenciones, resultaron electos las diputadas y diputados propuestos por la Junta de Coordinación Política. El Presidente formula la declaratoria correspondiente. Comuníquese.

Desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación con cambios de integrantes de Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Salud, y de Seguridad Social. De enterado, comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veinticinco Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, que expide la Ley que crea la Comisión de la Verdad en materia de delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias en el período dos mil seis-dos mil catorce. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo ciento diez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo sesenta y seis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo diecisiete de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Luis Oliveros Usabiaga, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• José Arturo Salinas Garza, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• José Arturo Salinas Garza, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las secretarías de Finanzas de los gobiernos Estatales y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cumplir con las fechas de entrega de recursos correspondientes a los ramos generales veintiocho y treinta y tres. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al jefe delegacional en Álvaro Obregón, Distrito Federal, a respetar los derechos humanos de la ciudadanía de esa demarcación. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, a fin de establecer un mecanismo de excepción en el Régimen de Incorporación Fiscal cuando se trate de pequeños comercios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al juzgado de distrito auxiliar en el estado de Guanajuato, para que resuelva los juicios de amparo interpuestos por diversos quejosos del estado de Colima, en contra de la eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes en la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que declare la alerta de violencia de género en el estado de Puebla, y al titular de la Procuraduría General de Justicia de dicho estado, a fin de ubicar y detener al feminicida de Araceli Vázquez Barranco. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Humberto Armando Prieto Herrera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través del Comité Nacional del Programa Alerta AMBER México, y en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instrumenten las acciones necesarias a efecto de que las compañías de telefonía celular se adhieran y colaboren con el programa notificando a sus usuarios las alertas mediante mensajes de texto. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que transparente y aclare a la sociedad el origen y destino de la trasferencia para la construcción del Museo Barroco, del estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Alfredo Zamora García y Francisco Pelayo Covarrubias, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que revise y revoque los permisos en favor de la empresa Desarrollos Zapal, SA de CV, para llevar a cabo el proyecto minero denominado Los Cardones. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el lunes quince de diciembre de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con dos minutos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.

¿Con que objeto, diputado Belaunzarán? Permítame, Secretario.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde su curul): Gracias, presidente. Como usted sabe –y creo que todos sabemos en esta asamblea– el país vive momentos críticos y tenemos que actuar con mucha responsabilidad.

Un objetivo que tenemos que trazarnos es que el proceso electoral 2015 salga bien, salga sin problemas y pueda ser verdaderamente atractivo para la ciudadanía. Por eso me parece una actitud profundamente irresponsable de quienes ponen en riesgo el proceso electoral de 2015.

Como todos sabemos, desde las reformas del 2007-2008 en materia electoral está prohibida la compra de propaganda política por parte de los partidos políticos en radio y televisión. Sin embargo, según el mismo monitoreo del Instituto Nacional Electoral, el partido verde ha comprado más de 365 mil spots en televisión, rompiendo con eso la equidad en la contienda y ya manchándola.

También pido por supuesto a las autoridades electorales que no sean tibias, que no sean negligentes, que hagan cumplir la ley porque se está manchando el proceso electoral y rompiendo la equidad desde ahora. Con este tipo de conductas seguramente quieren echar atrás la reforma electoral de 2007-2008 y es sumamente irresponsable porque tenemos que hacer un proceso electoral impecable.

Llamo a que se reconsidere. Hay una tremenda irresponsabilidad por los más de 300 mil spots en radio y televisión, sobre todo en televisión. Sólo estoy hablando de televisión. Llamo, insisto, al Instituto Nacional Electoral y al tribunal electoral a que no permitan este vergonzoso y descarado fraude a la ley. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda registrada su participación, señor diputado en el Diario de los Debates.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Presidente. El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Martha Lucía Mícher Camarena.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señor presidente. Se han cometido tres feminicidios atroces que vulneran la dignidad, la seguridad, la vida y la dignidad de las mujeres, en Michoacán, en Iztapalapa, en Tlalpan.

No podemos dejar pasar estas atrocidades, esta situación que pone en riesgo a muchas mujeres y que ya sean las hermanas, las esposas, las amigas, las vecinas, las madres de cualquiera de nosotros o nosotras, no podemos dejarlo pasar.

Son ciudadanas con derechos, con el derecho a una vida libre de violencia y urgimos a la PGR la atracción de los casos hasta donde pueda el ámbito de sus competencias. No podemos permitir que se sigan vulnerando nuestros derechos. No podemos seguir permitiendo que en aras de un secuestro o de una cantidad que solicitan los secuestradores, se asesine a las mujeres.

No podemos seguir permitiendo que la inseguridad tenga rostro de mujer. Que la violencia contra las mujeres siga asentando sus reales en esta ciudad y en otras ciudades. Lo que sucedió contra Erika en Michoacán, lo que ha sucedido contra las dos estudiantes en Iztapalapa y a Nayeli en Tlalpan, no lo podemos permitir.

Exhortamos a las autoridades del Distrito Federal de Michoacán, a legisladoras y legisladores de la Ciudad de México para que trabajen en colaboración con las autoridades para el esclarecimiento de estos horribles, espantosos, atroces acontecimientos que vulneran nuestros derechos.

Cuando le pegan a una mujer, cuando vulneran los derechos de una mujer o de una niña, o cuando nos asesinan, asesinan todos nuestros derechos. Por eso necesitamos estar pendientes de lo que la PGR, en el ámbito de sus competencias, y los poderes locales en Michoacán y en la Ciudad de México realicen. No lo vamos a dejar a un lado y nos declaramos absolutamente enojados, enojadas, realmente preocupadas y cansadas ya de estos delitos contra las mujeres. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, señora diputada. Y queda debidamente registrada su intervención en el Diario de los Debates en un tema tan complejo y tan sensible. Me pidió la palabra la diputada Ceseñas.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Sí. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Es realmente indignante que siga la embestida hacia jóvenes, adultos, adultas, y más que indignante también es muy preocupante que la PGR no actúe a la altura que debe actuar en estos momentos críticos de nuestro país. Lo ocurrido en Chilpancingo el día de ayer demuestra la incompetencia, la falta de responsabilidad de quien tiene la responsabilidad de procurar la justicia. Me parece mucho muy lamentable que traten de desvirtuar, que traten de involucrar como responsables de lo ocurrido a quienes han alzado su voz en la entidad y fuera de la misma, por lo ocurrido en Ayotzinapa, por lo que demandamos, demando de manera urgente que el procurador actúe a la altura de su puesto.

No es posible que se siga recriminando, violentando y desviando la atención y ojalá que en unos días más y en unas horas no vayan a decir que tendrán que detener a quienes en su momento o en el uso o derecho constitucional de la libre manifestación están alzando la voz exigiendo la aparición de los normalistas.

Yo creo que ya basta la intromisión también para aquellas personas que valiosamente se han sumado a las redes de comunicación social y que han visto truncado e impedido y han tenido que abrir de nueva cuenta otras redes, el de ya basta. Entonces es importante que esta Cámara de Diputadas y Diputados actuemos en consecuencia. Que su Junta de Coordinación Política asuma los llamados que hacemos de manera insistente, y la Mesa Directiva haga lo propio. Gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda registrada su intervención, señora diputada. Diputada Lilia Aguilar.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Sobre el mismo tema, señor presidente. Quiero hacer un llamado a esta Presidencia para que precisamente con base a los hechos sucedidos en Chilpancingo este fin de semana, donde me parece que la Presidencia de la República, ante una crisis que enfrenta del Estado y un descontento generalizado de la sociedad ha decidido responder con violencia a los que se han vuelto los íconos de este movimiento, que son los padres de los 43 desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa y los estudiantes de la misma.

Es importante que esta soberanía, a través de su Presidencia, se informe y le solicite a la Procuraduría General de la República, así como a las Fuerzas Armadas sobre los hechos de violencia y enfrentamiento, que terminaron con padres de familia de los 43 desaparecidos lesionados y, sobre todo, en lo que se ha convertido ya una cruzada para desacreditar y desmeritar a estos personajes que han empezado una cruzada que han suscrito miles y miles de mexicanos en contra de la falta de eficiencia de este gobierno.

Es necesario, señor presidente, que como Poder del Estado la Cámara de Diputados pueda solicitar información oficial de qué es lo que sucedió en Chilpancingo y por qué han decidido las fuerzas policiales federales atacar a quienes simplemente estaban haciendo o estaban tratando de hacer un acto en solidaridad por los 43 desaparecidos.

Nuestra solidaridad a los padres de familia, y una solicitud atenta a usted, a que pueda solicitar esta información por parte de todos nosotros. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda registrada su preocupación, señora diputada Aguilar.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (desde la curul): Presidente. El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputada Zavaleta.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (desde la curul): Presidente, en el contexto de las participaciones pedirle su intervención como presidente de esta Cámara de Diputados, para que todos nos pronunciemos en contra de la violencia, de una y de otra parte, porque lo que hemos visto en las imágenes, lo que consigna a los medios de comunicación es la agresión que están sufriendo los diferentes sectores en el estado de Guerrero, incluyendo a los periodistas, incluyendo los propios policías.

Hacemos votos para que la gente, los policías y sus familiares se recuperen de las agresiones que han sido objeto en el estado de Guerrero el fin de semana y se recupere el policía que se encuentra grave.

Por eso, presidente, yo le pido, lo conmino a que esta Cámara de Diputados se pronuncie en contra de la violencia general, no solamente de uno o de otra parte, sino que todos nos serenemos y se restablezca el Estado de derecho en el estado de Guerrero y en toda la República. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señora diputada.

La diputada Irazema González Martínez Olivares (desde la curul): Presidente. El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sólo escuchamos la intervención de la diputada Irazema González y continuamos con el orden del día.

La diputada Irazema González Martínez Olivares (desde la curul): Exactamente, presidente, pedirle, muy atentamente, a usted y a nuestros compañeros legisladores, poder continuar con el orden del día que ya teníamos programado, presidente, atendiendo que todos los comentarios aquí son importantes, sin embargo le pido, por favor, que podamos continuar con lo ya programado.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En virtud de que hay muchas manos levantadas y no hay ningún tema a discusión, le pido a la Secretaría continúe con el orden del día.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Agricultura y Sistemas de Riego

• Dictamen por el que se desechan diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas a la problemática de la comercialización de granos.

• Dictamen por el que se desecha proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar programas para pequeños agricultores en cuanto a las formas de cultivo, riego y sustentabilidad ambiental.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que cubra los compromisos económicos del acuerdo de donación TF012908, adquirido por el gobierno mexicano ante el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Global.

Educación Pública y Servicios Educativos

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar medidas encaminadas a erradicar el analfabetismo en los primeros cinco estados que, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, se consideran con menor rezago educativo a nivel nacional.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a proporcionar a los docentes mayor conocimiento en el tema del bullying o acoso escolar.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, por el que se desechan diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas a la problemática de la comercialización de granos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente cuatro proposiciones con punto de acuerdo, relativas a la problemática de la comercialización de granos en nuestro país derivada de la caída de los precios, presentadas por legisladores federales del PRI y PAN.

Una vez recibidas por la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoyan, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 69, 80, 81, 82, 84, 102, 157 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a esta comisión dictaminar las mencionadas proposiciones, a partir de los siguientes:

Antecedentes

1. El 20 de agosto del año en curso, el diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a atender la problemática de los productores de maíz, ante el desplome de los precios provocado por la sobre producción mundial.

El 20 de agosto de 2014 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, turnó a esta Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, mediante oficio CP2R2A.-2996 y número de expediente 6986CP la proposición con punto de acuerdo antes mencionada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

2. El 25 de septiembre del año en curso, el diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que se atienda la problemática de la comercialización de granos y agilizar la entrega de apoyos a pequeños y medianos productores.

El 25 de septiembre de 2014 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, mediante oficio D.G.P.L. 62-II-31859 y número de expediente 5030 la proposición con punto de acuerdo antes mencionada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

3. El 22 de octubre de 2014, el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, se garantice que el costo de la tonelada de maíz no se deprecie a futuro.

El 22 de octubre de 2014 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, mediante oficio D.G.P.L. 62-II-4-1803 y número de expediente 5282, la proposición con punto de acuerdo antes mencionada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

4. El 30 de octubre de 2014, el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que tomen las medidas necesarias para impulsar la comercialización del maíz blanco que se produce en el estado de Sinaloa.

El 30 de Octubre de 2014 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, mediante oficio D.G.P.L. 62-II-4-1825 y número de expediente 5374, la proposición con punto de acuerdo antes mencionada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, a partir de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en su artículo 27, fracción XX, que el estado promoverá las condiciones de desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, de igual forma, consignar la ley para planear y organizar la producción agropecuaria, así como su comercialización.

En las últimas dos décadas, el proceso de comercialización de maíz ha venido utilizando diversos medios financieros y contractuales. La situación por la que atraviesan los productores del grano más importante para la alimentación de la población, ha presentado inconsistencias debido a que los esquemas que operan actualmente están propensos a las alteraciones que sufre el mercado internacional, como ocurre con la política de cobertura de precios.

Con el fin de proteger a los productores nacionales de la volatilidad de las cotizaciones, la mayoría de los países del orbe se utilizan instrumentos financieros, que se negocian en bolsas de futuros organizadas, para administrar los riesgos del mercado, lo que procura evitar pérdidas y en ocasiones maximizar ganancias.

La ley reglamentaria en materia de desarrollo rural establece que la política de comercialización deberá, entre otras cosas, favorecer la relación de intercambio de los agentes de la sociedad rural, dar certidumbre a los productores para reactivar la producción, estimular la productividad y estabilizar los ingresos, además, evitar prácticas especulativas, la concentración y el acaparamiento de los productores agropecuarios en perjuicio de los productores y consumidores.

En este contexto la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego se dio a la tarea de trabajar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), para buscar alternativas que permitieran mitigar la situación ante la inminente caída de los precios en los granos básicos, derivado de la sobreproducción a nivel mundial.

Un primer instrumento que esta comisión consideró indispensable para hacer frente a la problemática de la comercialización es el presupuesto destinado a ese rubro y que en la propuesta del Ejecutivo federal fue de más de 8 mil 400 millones de pesos y que derivado de las diversas reuniones con funcionarios federales, esta soberanía logro asignar un presupuesto de 12 mil 7.1 millones de pesos.

Por su parte, la Sagarpa emitió un comunicado el pasado 24 de noviembre por el que establece el ingreso objetivo de los siguientes productos elegibles:

Productos                              Ingreso objetivo

elegibles                         (pesos por tonelada)

Trigo panificable                             $4,000.00

Trigo cristalino                                $3,750.00

Arroz                                               $3,650.00

Algodón pluma                             $21,460.00

Maíz                                                $3,300.00

Sorgo                                               $2,970.00

Cártamo                                          $6.600.00

Canola                                             $6,600.00

Soya                                                $6,600.00

Girasol                                             $6,600.00

En virtud de lo anterior y derivado de las acciones que han tomado las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y esta soberanía.

Finalmente esta comisión, haciendo una revisión minuciosa sobre la similitud de las diversas proposiciones con puntos de acuerdo que sobre la comercialización de granos hacen los diputados que arriba se mencionan, esta comisión dictaminadora considera que las mismas fueron debidamente atendidas con las diversas acciones que se han tomado acabo y que se han señalado en el cuerpo del presente dictamen, dejando así sin materia dichas proposiciones, por lo que se emite los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a atender la problemática de los productores de maíz ante el desplome de los precios provocado por la sobreproducción mundial. Presentada por el diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.Se desecha el punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que se atienda la problemática de la comercialización de granos y agilizar la entrega de apoyos a pequeños y medianos productores. Presentada por el diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.

Tercero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, se garantice que el costo de la tonelada de maíz no se deprecie a futuro. Presentada por el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.

Cuarto.Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que tomen las medidas necesarias para impulsar la comercialización del maíz blanco que se produce en el estado de Sinaloa. Presentada por el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Ana Paola López Birlain (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Benjamín Castillo Valdez, José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, José Soto Martínez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores, Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica en contra), Faustino Félix Chávez, Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbricas a favor y en contra), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, por el que se desecha proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar programas para pequeños agricultores en cuanto a las formas de cultivo, riego y sustentabilidad ambiental

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a implementar programas de apoyo a los pequeños agricultores, en cuanto a las formas de cultivo, riego y sustentabilidad ambiental, presentada por la diputada Cristina Olvera Barrios del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 28 de octubre del año en curso.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180, numeral 2, fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 28 de octubre de 2014, la diputada Cristina Olvera Barrios del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; presentó Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a implementar programas de apoyo a los pequeños agricultores, en cuanto a las formas de cultivo, riego y sustentabilidad ambiental.

El 28 de octubre de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-3-1994 y número de expediente 5337 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Proposición en comento.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Que para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 2015 se han establecido los lineamientos  generales para ser considerados en las Reglas de Operación de los diversos Programas y sus componentes en las que destaca:

“Deberá abarcar políticas públicas orientadas a incrementar la producción, la productividad y la competitividad agroalimentaria y pesquera del país, a la generación del empleo rural y para las actividades pesqueras y acuícolas, a promover en la población campesina y de la pesca el bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a poblaciones indígenas.

El presupuesto para el campo procurará fomentar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional, a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Establecer como prioridades, entre otras, las siguientes:

• Incrementar la productividad, la inocuidad y el ingreso de los productores, apoyar en el combate a la pobreza, contribuyendo con la agricultura de autoconsumo a las familias pobres que habitan principalmente en las zonas rurales;

• Se procurará que los recursos destinados a competitividad, se orienten principalmente a las pequeñas unidades de producción, que se dedican a las ramas productivas básicas, a que se refiere el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y otros productos básicos y estratégicos;

• Apoyar a los productores para que apliquen las innovaciones y desarrollos tecnológicos disponibles y fortalezcan su vinculación con los centros de investigación, así como la transferencia de tecnología del país, mediante servicios de extensionismo que aseguren la incorporación del pequeño productor a las innovaciones tecnológicas que redunden en la mejora de la productividad, y

• Ampliar la oferta de bienes y servicios públicos, particularmente en materia de infraestructura, investigación y desarrollo, capacitación, extensionismo rural e información;

Apoyar a las entidades federativas con recursos presupuestarios para la ejecución de proyectos productivos y/o estratégicos de impacto estatal o regional, de acuerdo a las prioridades y planteamientos que defina el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, conforme a lo siguiente:

• El porcentaje máximo de apoyo sea de hasta el 50 por ciento del costo total del proyecto, con excepción de los apoyos dirigidos a productores de bajos ingresos preferentemente en zonas y localidades de alta y muy alta marginación que serán conforme se establezca en las reglas de operación. En ambos casos el trámite se hará gratuito y sin costo alguno para los beneficiarios;

Los recursos destinados a fortalecer el medio ambiente buscarán que se beneficie prioritariamente a los territorios ejidales, comunales y privados de los pequeños productores;

Para el caso del Programa Integral de Desarrollo Rural, el componente de agricultura familiar, periurbana y de traspatio será destinado prioritariamente para apoyar a productores de huertos familiares de hasta 1 hectárea.”

Es necesario señalar que el programa especial concurrente es integrado por programas, con sus diversos componentes que están sujetos a Reglas de Operación y que van dirigidos de acuerdo a los lineamientos establecidos en el artículo 35 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 2015.

Que Los programas ligados al derecho de la alimentación que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), dentro del Programa de Fomento a la Agricultura, de la Vertiente Social son diversos. Al respecto se identifican el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf); el Programa Integral de Desarrollo Rural en los componentes de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (Masagro); Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).

El objetivo del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol es incrementar la producción de alimentos mediante incentivos para la adquisición de insumos, construcción de infraestructura, adquisición de equipamiento productivo; realización de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua; proyectos integrales de desarrollo productivo; desarrollo de capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación rural; fortalecimiento de las organizaciones rurales y esquemas de aseguramiento para atender afectaciones provocadas por desastres naturales; con la finalidad de ccontribuir a garantizar la seguridad alimentaria de las familias en condiciones de pobreza localizadas en las áreas periurbanas y urbanas del país, a través de incentivarlos para que produzcan sus alimentos.

El programa está dirigido a productores y grupos de personas; personas físicas y morales; que realizan actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras; en zonas rurales y periurbanas; Podrán participar para ser beneficiarios de los apoyos mujeres y personas de la tercera edad en condición de pobreza alimentaria, que habitan en las zonas rurales, periurbanas y urbanas, que de manera individual o agrupada se dediquen o pretendan dedicarse a la producción de alimentos. Asimismo, podrán ser sujetos de apoyo en soporte técnico y capacitación, las instituciones federales, municipales o estatales que estén promoviendo agricultura familiar, periurbana y de traspatio.

El componente de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (Masagro) tiene como Objetivo Incrementar la producción de alimentos mediante incentivos para la adquisición de insumos, construcción de infraestructura, adquisición de equipamiento productivo; realización de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua; proyectos integrales de desarrollo productivo; desarrollo de capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación rural; fortalecimiento de las organizaciones rurales y esquemas de aseguramiento para atender afectaciones provocadas por desastres naturales.

La finalidad es la de iincrementar la producción y productividad de los cultivos de maíz, trigo y cultivos asociados,  mediante incentivos para la adquisición de insumos, construcción de infraestructura familiar y manejo postcosecha, adquisición de maquinaria, equipo y/o herramientas; realización de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable; proyectos integrales de desarrollo productivo; desarrollo de capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación tecnológica de los productores y sus organizaciones participantes.

La población objetivo, productoras y productores de maíz, trigo y cultivos asociados que estén participando durante el presente ejercicio en el esquema Masagro (plataformas, módulos demostrativos, áreas de extensión y áreas de impacto).

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) tiene como objetivo incrementar la producción de alimentos mediante incentivos para la adquisición de insumos, construcción de infraestructura, adquisición de equipamiento productivo; realización de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua; proyectos integrales de desarrollo productivo; desarrollo de capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación rural; fortalecimiento de las organizaciones rurales y esquemas de aseguramiento para atender afectaciones provocadas por desastres naturales.

La población objetivo específicamente los apoyos al PESA se destinarán a personas físicas, grupos de personas y personas morales que realizan actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras en localidades rurales de alta y muy alta marginación, de acuerdo con la clasificación del Conapo o de los Consejos Estatales de Población (Coespo).

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión, consideramos que la petición de la Diputada promovente se encuentra subsanada con los diversos programas con los que cuenta la Sagarpa, por lo que dicha proposición queda sin materia y en tal sentido emitimos el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a implementar programas de apoyo a los pequeños agricultores, en cuanto a las formas de cultivo, riego y sustentabilidad ambiental, presentada por la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Segundo. Archívese el presente expediente como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados:José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Ana Paola López Birláin (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores, Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica en contra), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Omar, Niaves López (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que cubra los compromisos económicos del acuerdo de donación TF012908, adquirido por el gobierno mexicano ante el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Global

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que cubra los compromisos económicos del acuerdo de donación TF012908, adquirido por el gobierno mexicano y el Fondo para el Medio Ambiente Global, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el pasado 2 de diciembre del año en curso.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 numeral 2 fracción I y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80, numeral 1, fracción VI, 84, 176, 180, numeral 2, fracciones I y II; 182, numeral 3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados. A la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes.

El 2 de diciembre de 2014, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que cubra los compromisos económicos del acuerdo de donación TF012908, adquirido por el gobierno mexicano y el Fondo para el Medio Ambiente Global.

El 2 de diciembre del presente año, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-5-2166 y número de expediente 5634 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición antes mencionada.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

México es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo, no sólo por poseer un alto número de especies, sino también por su diversidad genética y de ecosistemas. La Semarnat estima que en el país se encuentra entre 10 y 12% de las especies conocidas por la ciencia. A pesar de contar únicamente con 1.3% de la superficie terrestre del Planeta, México ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a la diversidad de plantas, anfibios y reptiles.

En Latinoamérica, México es uno de los países con mayor diversidad de tipos de vegetación y ecosistemas acuáticos, en sus poco más de 11 mil kilómetros de litorales pueden encontrarse ecosistemas enteramente marinos.

El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) es una agenda política, determinada por la visión de bien común de los diferentes países que conforman la iniciativa (los siete países de Centroamérica más México que se sumó posteriormente). La agenda fue firmada como una iniciativa oficial en 1997, durante una Cumbre de Presidentes.

Desde el 2008 la Sagarpa ha suscrito un convenio de colaboración con la CONABIO, para la ejecución “del el Proyecto de Desarrollo Rural de los Corredores Biológicos de Chiapas”, a fin de contribuir el cumplimiento de las metas de la agenda de transversalidad Sagarpa/Semarnat, del Programa Especial Concurrente (PEC) y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC).

La Sagarpa aporta los recursos económicos provenientes de Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, asignados al estado de Chiapas. La Conabio es responsable de la ejecución, científicos y técnicos, herramientas de planeación, evaluación y monitoreo, para desarrollar las capacidades de la población rural, la ejecución de proyectos productivos sustentables y procesos de desarrollo local.

En el periodo 2008-2012, la Sagarpa aporto 26.5 millones de pesos anuales para su implementación, sumando un total acumulado de 132.5 mdp.

A partir del año 2013, la Sagarpa renovó la firma de convenio de colaboración para la instrumentación del “Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable de los Corredores Biológicos de Chiapas” con la Conabio.

El convenio de colaboración 2013 se suscribió el 31 de octubre del mismo año, en tanto que el convenio correspondiente al 2014, se suscribió el pasado 3 de abril. En este bienio, la CONABIO ha recibido 26.5 mdp anuales, sumando un total acumulado de 53 mdp para dar continuidad a las acciones de proyecto.

Los objetivos específicos establecidos para el ejercicio 2014 son: 1) frenar procesos de deterioro de los ecosistemas y restaurar su funcionalidad con participación de familias y comunidades, 2) impulsar y vigorizar cadenas de valor, desarrollar mercados, innovar alternativas económicas y sociales en base al reconocimiento potencial: productivo, cultural, genético y ambiental de la región, 3) fortalecer la gobernanza y consolidar instituciones locales con el desarrollo de redes de información, 4) consolidar sistemas financieros y de comercialización de productos de las regiones que permitan valorar las prácticas de buen manejo en zonas de alta biodiversidad.

Las aportaciones efectuadas por la Sagarpa para la instrumentación del “Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable de los Corredores Biológicos de Chiapas”, en el periodo 2013-2014, se comprueban con las cuentas por liquidar certificadas (CLC) números:

Adicional el compromiso anterior, en este año (2014), la Sagarpa entrego a la CONABIO un monto de 17.2 millones de pesos, para la implementación del proyecto “Plan de Empleo y opciones Productivas Sustentables para la Integridad de Montes Azules” en el estado de Chiapas con fundamento en la firma de convenio de colaboración, suscrito el 2 de octubre del 2014.

Los objetos específicos de este proyecto son:

• Disminuir la vulnerabilidad de la selva lacandona al deterioro de los recursos naturales e invasiones provocadas por la pobreza rural y falta de empleo para hijos ejidatarios y comuneros.

• Crear empleos a través de la innovación de proyectos productivos, el desarrollo de cadenas de valor y la organización de productores, que revaloren la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de ejidos y comunidades asociados al sistema de áreas naturales protegidas que cubren al redor de 420 000 hectáreas de la Selva Lacandona, en las montañas del oriente del estado de Chiapas.

Con lo anterior, se acredita el cumplimiento por parte de la Sagarpa, del compromiso de apoyar a la Conabio en la protección de los Corredores Biológicos, además con la aportación adicional del 2014, se reafirma la voluntad de esta dependencia de contribuir al cumplimiento de los objetos establecidos a nivel nacional para la protección de medio ambiente.

Finalmente y derivado de las consideraciones aquí vertidas esta Comisión dictaminadora considera que se ha dado cumplimiento por parte de la Secretaria a sus compromisos Nacionales e internacionales como es el caso que nos ocupa, por lo que deja sin materia la propuesta de la proponente y en tal virtud emitimos el siguiente :

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que cubra los compromisos económicos del acuerdo de donación FT012908, adquirido por el gobierno mexicano ante el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Global. Presentado por la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Ana Paola López Birlain (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Benjamín Castillo Valdez, José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, José Soto Martínez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores, Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos, Andrés de la Rosa Anaya, Faustino Félix Chávez, Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica en contra), Salvador Romero Valencia, Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar medidas encaminadas a erradicar el analfabetismo en los primeros cinco estados que, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, se consideran con menor rezago educativo a nivel nacional

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 del numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del miércoles 17 de septiembre de 2014, la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente dictamen.

2. En fecha 17 de septiembre de 2014, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen correspondientes.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En el apartado expositivo de la proposición con punto de acuerdo se esgrimen los argumentos mediante los cuales se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que implemente medidas encaminadas a erradicar el analfabetismo en las cinco entidades federativas con menor rezago educativo a nivel nacional, en virtud de que es posible reconocer a esas entidades que se han esforzado por erradicar el grado de marginación y el rezago educativo.

Los elementos sobre los que se basa proposición con punto de acuerdo, enseguida se listan:

1. La educación permite al individuo madurar intelectualmente; adquirir conciencia analítica para tomar decisiones; desarrollar valores, conocimientos, habilidades y destrezas para elevar su calidad de vida; ejercer sus derechos y adquirir la responsabilidad de sus deberes, entre otros; por lo que representa un agente preponderante para definir en el individuo su ubicación futura en la sociedad.

2. La premisa sobre la que se sustenta la proposición con punto de acuerdo, radica en que la disminución de la marginación social impacta directamente en la disminución del rezago educativo, lo que se debe al efecto de políticas sociales, económicas y educativas, implementadas, en este caso, por las entidades federativas siguientes: Distrito Federal, Sonora, Nuevo León, Coahuila y Quintana Roo.

3. Durante el segundo decenio del siglo XXI, las administraciones educativas de las entidades educativas aducidas, han desarrollado políticas, planes, programas y proyectos educativos, relacionados con la cobertura y el fortalecimiento de los sistemas estatales de becas; brindar la educación básica con un enfoque que engloba la equidad y la calidad; aplicación de instrumentos estandarizados para efectuar la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares; adquisición de material didáctico y equipo tecnológico; mejorar la infraestructura y construcción de áreas comunes de planteles educativos de nivel básico; incrementado la cantidad de escuelas en el Programa Escuelas de Tiempo Completo; fortalecimiento del programa Escuela Siempre Abierta a la Comunidad; conectividad para redes inalámbricas de Internet sitios públicos; construcción de nuevos planteles; fomento de la educación superior diversificando la oferta educativa mediante la creación y fortalecimientos de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, entre otras.

4. Los avances en materia educativa y combate a las formas de marginación y desigualdad que han experimentado esas entidades, no se pueden negar, sin embargo, siguen presentes la marginación y rezago educativo en sectores de menor ventaja socioeconómica. En consecuencia, el rezago yace en condiciones de marginación, por lo que es necesario poner en marcha una estrategia de enorme magnitud y trascendencia, que implica intensificar las políticas por parte del gobierno federal en ésta materia.

5. Los trabajos realizados en los últimos años han servido para dimensionar la gravedad y conocer los requerimientos no sólo de voluntad, sino del compromiso para crear un verdadera política renovadora que contemple la efectiva utilización de recursos financieros y un sólido programa que atienda las diversas variables pedagógicas, sociales y políticas que intervienen en esta problemática.

Con base en los argumentos anteriores, la diputada propone el siguiente punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a implementar las medidas que considere oportunas encaminadas a erradicar el analfabetismo en los primeros cinco estados que, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, se consideran con menor rezago educativo a nivel nacional.

III. Consideraciones

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente, de acuerdo con el los artículos 39, numeral 3; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80 y 82, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en tratamiento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y con la información pública disponible al momento de su dictamen, de acuerdo con lo siguiente:

1. El artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptúa que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

2. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra a la educación como un derecho humano fundamental.

3. Entre los objetivos de Dakar que buscan lograr la educación para todos y todas: niños y niñas, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, independientemente de su origen, idioma, religión o condición social, en particular, el sexto objetivo, propone a los estados suscriptores: “Aumentar para 2015 en un 50 por ciento el número de personas adultas alfabetizadas, especialmente mujeres y facilitarles acceso a educación permanente”.

4. La Declaración de Hamburgo y de la Agenda para el Futuro. La quinta Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas, en el undécimo principio, reconoce que la educación permanente y la alfabetización de adultos son derechos humanos fundamentales porque en términos generales les permite adquirir conocimientos y desarrollar capacidades básicas que necesitan todas las personas en un mundo que vive una rápida evolución.

5. La alfabetización, la educación básica y la educación permanente de las personas adultas, por consiguiente, son derechos humanos fundamentales cuyos principios son: Universales porque benefician a todas las personas, sin discriminación y, por lo tanto, son exigibles por todos los seres humanos en cualquier contexto jurídico, político, social, cultural; Interdependientes, en cuanto son todos inherentes a la dignidad humana y están relacionados entre sí sin ninguna distinción o comparación; Indivisibles porque todos son un conjunto y, en consecuencia, no se pueden separar, jerarquizar o categorizar entre derechos; Progresivos lo que implica el establecimiento de un estándar mínimo a partir del cual se considera en aumento la implementación del derecho, asimismo, la está prohibida la regresividad, es decir que una vez logrado el avance en el disfrute de ciertos derechos, el Estado no podrá disminuir el nivel alcanzado.

6. La proposición si bien reconoce a la educación como “un derecho humano que debe ser garantizado a todas las personas sin ninguna prerrogativa, porque a través de la preparación y la profesionalización...”, el principio de universalidad consagrado en los tratados internacionales que el gobierno mexicano ha suscrito, así como el establecido en el artículo 1o. de la Carta Magna, no se respeta en virtud de que el combate al analfabetismo se focaliza en cinco entidades federativas y, por cierto, no en las más rezagadas educativa y socialmente (nueve) sino en las que tienen menor rezago educativo. Aunque la proposición incluyera tanto a las cinco entidades con menor rezago como a las nueve con mayor rezago, el principio de Universalidad seguiría violándose, porque quedaría excluidas 18 entidades federativas donde también existe rezago y analfabetismo.

7. Las teorías emergentes que hoy gravitan alrededor de las ciencias sociales y naturales han aportado algunos de sus principios a disciplinas a campos del conocimiento que tienen por objeto analizar fenómenos naturales, sociales, educativos, entre otros. De esta manera, en el espíritu de la proposición, sin hacerlo explicito, está subsumido el principio de la Inclusión de la teoría de la complejidad, el cual establece que “El todo está en la parte”; “no solo la parte está en el todo, sino que el todo está en el interior de la parte” (Edgar Morín), pues solo así se entienden los datos y argumentos recogidos en la exposición de motivos, los cuales permiten analizar prolijamente la realidad educativa y social del estado de Nuevo León, pero quedan fuera del análisis las restantes cuatro entidades con menor rezago educativo; por tanto, de las cinco entidades federativas que se proponen reconocer, por un lado, impulsando programas para erradicar el analfabetismo y, por otro, reconocerlas por sus resultados positivos en el abatimiento al rezago educativo, con el análisis realizado en la proposición se infiere que únicamente se estaría reconociendo al Ejecutivo estatal de Nuevo León.

8. Combatir el rezago educativo y abatir los índices de analfabetismo a escala nacional son dos de los objetivos de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo; Campaña que fue puesta en marcha a principios del agosto del presente año por el Ejecutivo federal, con el propósito de reducir el índice de analfabetismo en un 50 por ciento para 2018, cuyo impacto beneficiará a más de 7.5 millones de mexicanos, de los cuales se enseñará a leer y escribir a 2.2 millones de personas y que 3.1 culminen la enseñanza secundaria.

Las dos estrategias contenidas en la campaña, es decir, combatir el rezago educativo y erradicar el analfabetismo, además de que son el objeto de la campaña misma, éstas se circunscriben en los objetivos Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas 2007-2015 donde establece que: “La universalización de la alfabetización y de la educación básica para todos los jóvenes y adultos en Iberoamérica son objetivos posibles y necesarios, para lo cual es necesario fortalecer los planes nacionales en cada país, dentro del marco de sus políticas de Estado”. Aunque con la Campaña no se abate plenamente el rezago educativo ni se erradica el analfabetismo a escala nacional, durante la presente administración educativa, las estrategias implementadas son universales al no dejar fuera ninguna entidad federativa, con ello, además, se atiende el objetivo sexto de Dakar que propone a los estados suscriptores: “Aumentar para 2015 en un 50 por ciento el número de personas adultas alfabetizadas, especialmente mujeres y facilitarles acceso a educación permanente”. En ese sentido, la campaña es de cobertura nacional y atiende a las personas en situaciones de vulnerabilidad educativa independientemente de su origen, idioma, religión o condición social. Una acción contraría, por ejemplo, reconocer y abatir el analfabetismo en cinco entidades con menor rezago educativo y analfabetismo, sería tanto como estimular la desigualdad educativa entre entidades federativas con menor rezago y analfabetismo, y las de mayor grado de rezago e iletrismo.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, solicita a la Mesa Directiva que la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sea desechada como asunto total y definitivamente concluido mediante los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a implementar las medidas que considere oportunas encaminadas a erradicar el analfabetismo en los primeros 5 estados que, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, se consideran con menor rezago educativo a nivel nacional.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Nota:

1 Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018, Perfil de la población analfabeta. El Censo General de Población y Vivienda 2010, registró a 5 millones 393 mil 665 personas en condición de analfabetismo, representando el 6.9 por ciento de la población de 15 años y más. 7 de cada 10 analfabetas residen en 9 estados del país (Veracruz, Chiapas, estado de México, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Jalisco); 3.3 millones son mujeres (61 por ciento); 2.1 millones son hombres (39 por ciento).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica en contra).»

«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a proporcionar a los docentes mayor conocimiento en el tema del bullying o acoso escolar

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 del numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del 30 de octubre de 2014, diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente dictamen.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen correspondientes.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo se formulan los argumentos a través de los cuales se exhorta a los titulares de la Secretaria de Gobernación, la Secretaria de Educación Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a proporcionar a los docentes mayor conocimiento en el tema del bullying o acoso escolar; dichos argumentos enseguida se listan:

1. Menciona que el bullying también llamado acoso escolar, se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. Existen diversos tipos de acoso escolar, presentándose de forma física, verbal, cibernética e inclusive sexual, entremezclándose una con otra.

2. Así mismo, nos dice que el bullyingse expresa de distintas formas, tales como: i) acoso físico, donde incluye toda acción corporal y suele dejar huellas de maltrato en el cuerpo de la víctima, ii) acoso verbal, es aquel que incluye acciones no corporales, pero tiene la finalidad de discriminar, hacer bromas insultantes, chismes, entre otros, iii)acoso psicológico, este es el más difícil de detectar ya que afectan de forma indirecta y iv)acoso sexual, que se realiza cuando el maltrato se hace en las partes íntimas del cuerpo de la víctima.

3. De igual manera explica que, actualmente de acuerdo con un análisis efectuado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como privadas; da a conocer que 40.24 por ciento de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso; 25.35 por ciento haber recibido insultos y amenazas; 17 por ciento ha sido golpeado y 44.47 por ciento dijo haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales.

4. También comenta, que el acoso escolar, en la mayoría de los casos, ocurre dentro de las instalaciones y en los horarios escolares; y, según los resultados de un estudio realizado en el 2012 por la OCDE, 1 de cada 6 víctimas de bullying se suicida en el Distrito Federal y durante ese año murieron en México al menos 5.190 menores por causas relacionadas con el bullying.

5. Expresa además, que con base en los estudios de casos expuestos en medios de comunicación y retomados en la exposición de motivos de la presente proposición, en Puebla, se evidencia que de 15 expedientes de bullying, en 2 de los casos fueron por culpa de los Maestros; o bien, el 14 de Mayo de 2014, un menor de 12 años de la Escuela Secundaria No. 7, Ciudad Victoria, Tamaulipas, sufrió la agresión de cuatro de sus compañeros que le ocasionaron la muerte. Aunque son representativos los casos esto no debe llevar a reflexionar, ¿dónde están las autoridades escolares en el momento de los hechos?, empero si en todo momento les preparan programas, pláticas, folletos para los padres y alumnos, que dan énfasis en el problema en ellos, pero que hacen a un lado la cuestión escolar donde se involucran a los docentes, directivos, personal de mantenimiento, etcétera.

6. Recalca, que es de suma importancia preparar a los docentes, directores, etcétera, para que sepan cómo intervenir a tiempo al detectar cuando se atraviesa la línea de “juego” a violencia, inclusive si eso podría llevar a la muerte; asimismo, se necesita que estén totalmente informados y preparados sobre el tema, con el objetivo de tener el conocimiento para saber intervenir y controlar este tipo de situaciones, además de transmitir información importante a sus alumnos y enseñarles lo que es una convivencia sana fomentando la convivencia grupal a base de actividades tomando esto como un arma importante para combatir las agresiones.

Con base en los argumentos anteriores, la diputada promovente propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, y de Educación Pública, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dotar de mayor conocimiento, con apoyo de foros y pláticas, a los docentes en el tema del bullying o acoso escolar para que efectúen actividades dentro del horario escolar, que fomente la armonía y valores entre los alumnos, a fin de lograr una convivencia sana y libre de acoso.

III. Consideraciones

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente, de acuerdo con los artículos 39, numeral 3; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80 y 82, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión que dictamina, realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en tratamiento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y con la información pública disponible al momento de su dictamen, de acuerdo con lo siguiente:

1. Esta comisión dictaminadora comparte los argumentos de la diputada promovente del punto de acuerdo, en virtud de que el acoso escolar en un tipo de violencia perversa que no necesariamente deja marcas corporales pero que sus efectos psicológicos minan la autoestima, ponen barreras educativas y excluyen de la escuela a las niñas, los niños y adolescentes que suelen ser cautos, sensibles y tranquilos, o que poseen baja autoestima y tienen una opinión negativa de sí mismos y de su situación, aunque este fenómeno recientemente expuesto en resultados de estudios realizados en diferentes latitudes geográficas nos demuestran que es producto de múltiples factores asociados con los orígenes, el contexto social y cultural, la procedencia familiar y el nivel socioeconómico de los sujetos involucrados y de la institución escolar que los alberga, por lo que este fenómeno no es privativo de las escuelas y menos de los maestros, sin embargo son de considerar los siguientes elementos:

2. Para desentrañar la complejidad del acoso escolar y establecer las estrategias de solución, no es suficiente procesar información compactada en sumarios, encabezados y notas de los medios de información, ya que si bien estos géneros periodísticos alertan a las madres y padres de los niños y adolescentes, autoridades educativas y ciudadanía sobre los efectos perversos del acoso escolar, también sesgan la información ocasionando con ello interpretaciones parciales del fenómeno que en vez de solucionarlo de manera integral es magnificado por la superficialidad en que es abordado, ya que no podemos negar las diferencias que existen entre la añeja vi olencia y el hoy denominado Bullying o Acoso,porque determinar, grosso modo,la diferencia entre violencia y acoso nos permitirá enfocar el tipo de estrategia de intervención que se emplee en la escuela o en la sociedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dividió la violencia en tres grandes categorías a partir de quién comete el acto, a saber: i) violencia autoinfligidaque involucra el comportamiento suicida y las autolesiones; ii)violencia interpersonalque ocurre en la familia, la pareja y la comunidad; y iii)violencia colectivaque se evidencia en ambientes sociales, políticos y económicos. Y, en particular, la violencia colectiva puede apreciarse, por ejemplo, en el espacio escolar y ocurre entre los miembros de una comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres, personal administrativo).

Ahora bien, el acoso se da cuando un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. En esta situación se produce también un desequilibrio de fuerzas (una relación de poder asimétrica): el alumno expuesto a las acciones negativas tiene dificultad para defenderse y en cierto modo está desvalido frente a quienes lo hostigan.

Por lo tanto, mientras la violencia colectiva en espacios escolares se da “de cuando en cuando” por lo que se interpreta como maltrato; el bullying es “frecuente” y se categoriza como acoso ,porque es repetitivo, sistemático y la intencionalidad de causar daño o perjudicar a alguien que habitualmente es más débil son las principales características del acoso. Es más, el bullying es la violencia entre iguales que dicho en otras palabras, puede entenderse como grupo grande de personas que se dedican al asedio, una persona que atormenta, hostiga y molesta a otra.

3. Dando por sentado que la violencia sea ésta interpersonal, social o autoinflingida, es de orígenes multifactoriales y que la escuela no es ajena a ella y que tampoco es la única institución responsable de erradicarla pero si le corresponde combatir el tramo expresado en ella como bullyingo acoso escolar, en mayo del presente año, la Secretaría de Educación Pública y las secretarias estatales de educación pusieron en marcha las 15 Acciones para Combatir el Acoso Escolar, las cuales consisten en:

5.1. Fortalecer los mecanismos de alerta temprana para identificar oportunamente las manifestaciones de violencia escolar, conocer sus causas, sus alcances y sus consecuencias, así como diseñar las estrategias para contribuir a su prevención y contención.

5.2. Incorporar en las páginas electrónicas institucionales vínculos para la recepción y canalización de las denuncias.

5.3. Fomentar la creación de redes de colaboración interinstitucionales para coadyuvar en la prevención y atención de la violencia escolar.

5.4. Desarrollar protocolos de actuación para directores, maestros, alumnos y para auxiliar a los padres de familia con el propósito de prevenir, y en su caso, encauzar adecuadamente situaciones de violencia en el entorno escolar y propiciar que se proporcione de inmediato el apoyo que se requiera en cada caso.

5.5. Enriquecer los currículos de la educación básica, media superior y de formación de maestros con instrumentos que permitan la prevención y atención de casos de violencia escolar.

5.6. Organizar foros de consulta sobre temas relacionados con la violencia escolar.

5.7. Reforzar en las estrategias de gestión y organización escolar, la promoción y la supervisión cotidiana del ejercicio y protección de los derechos humanos, la vida democrática y el aprecio a la diversidad, como elementos de la convivencia escolar, de manera tal que en todo momento quede asegurado el respeto por el principio del interés superior de la infancia.

5.8. Proveer los materiales para fortalecer las labores de los consejos técnicos escolares para que en el mes de junio, la discusión se concentre en los temas de la mejora del ambiente escolar y propicie la realización de talleres con el mismo tema para padres de familia.

5.9. Establecer en la entidad federativa una instancia oficial, dependiente de la autoridad educativa local, para la atención de casos de violencia escolar.

5.10. Reconocer y fortalecer la función de maestros y directivos dotándolos de las herramientas que les permitan la comprensión de la cultura infantil y juvenil, el fomento de una cultura de inclusión, paz y tolerancia, así como el establecimiento de relaciones sustentadas en el respeto mutuo y la resolución de los conflictos en un marco de sana convivencia.

5.11. Incorporar en los programas de “escuelas para padres de familia” los elementos que permitan dar atención a la violencia en el entorno escolar y en el seno familiar.

5.12. Promover que el consejo nacional, el consejo estatal, los municipales y escolares de participación social en la educación, realicen actividades para la prevención y atención de la violencia.

5.13. Impulsar la participación de los padres de familia y otros actores sociales en la vida cotidiana de los planteles, para desarrollar una comunicación continua y efectiva que propicie la prevención y atención de la violencia escolar y acompañen las trayectorias educativas de los alumnos.

5.14. Desarrollar campañas sistemáticas y permanentes de comunicación social para difundir las acciones emprendidas para la prevención de la violencia escolar, y de los medios de que se dispone para recibir asesoría o formular denuncias.

5. 15. Elaborar estudios a nivel nacional, estatal y regional respecto del problema de la violencia escolar; identificar las escuelas con mayor incidencia de problemas, a efecto de contar con elementos que permitan diseñar un mapa e implementar soluciones así como concientizar a padres, alumnos y maestros.

Además de esta estrategia general, se firmó con las autoridades educativas de las 32 entidades del país el Convenio de Coordinación para Facilitar el Combate a la Violencia en las Escuelas, precisamente para combatir la violencia escolar, establecer marcos de convivencia escolar, protocolos de atención a las víctimas del acoso, etcétera. En suma, con las medidas implementadas por las autoridades educativas antes de terminar el ciclo escolar 2013-2014, se construyeron los mecanismos institucionales (Acción 5.3) para combatir el acoso escolar desde la prevención hasta la corrección de este fenómeno que degrada el clima y de la calidad de las relaciones interpersonales que afecta de forma seria a los niños y adolescentes.

Como se aprecia en las 15 Acciones, particularmente en las acciones 7, 10 y 11, se establecen un conjunto de tareas a realizar tanto en el consejo técnico escolar, como entre los maestros, directores, asistentes educativos y padres de familia, con el propósito de preparar acciones de sensibilización, capacitación y seguimiento para abatir el acoso escolar; asimismo, en su conjunto, las 15 Acciones son más abarcadoras que “dotar de mayor conocimiento, con apoyo de foros y pláticas a los docentes”. En consecuencia, sería apresurado emitir un exhorto a las autoridades educativas y administrativas sobre las medidas que ya están ejecutando en materia de acosos escolar, más bien esta Comisión dictaminadora considera que hay que dar seguimiento hasta que concluya el primer semestre del ciclo escolar 2014-2015, para evaluar los resultados de las 15 Acciones para Combatir el Acoso Escolar,y en su momento, si los hubiere, efectuar los exhortos correspondientes.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, solicita a la mesa directiva que la proposición con punto de acuerdo presentada por la María del Carmen García de la Cadena Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sea desechada como asunto total y definitivamente concluido mediante el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dotar de mayor conocimiento, con apoyo de foros y pláticas, a los docentes en el tema del bullyingo acoso escolar para que efectúen actividades dentro del horario escolar, que fomente la armonía y valores entre los alumnos, a fin de lograr una convivencia sana y libre de acoso.

Segundo.Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Nota:

Castillo-Pulido, Luis Evelio, “El acoso escolar. De las causas, origen y manifestaciones a la pregunta por el sentido que le otorgan los actores”, Magis, revista internacional de investigación en educación, vol. 4, núm. 8, julio-diciembre, 2011, pp. 415-428, Pontificia Universidad Javeriana Colombia. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo. oa?id=281021722009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuellar Reyes (rúbrica en contra).»

«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, numeral 2, inciso a), y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 11 de junio de 2014 , el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados dio cuenta de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario PT. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de diputados, número 4045, el miércoles 18 de junio de 2014.

3. Con fecha 17 de septiembre del presente año, con oficio CRRPP/267-LXII/14 se le invitó, al diputado Ricardo Cantú Garza, a que ampliara el contenido y argumentos respecto de su Iniciativa.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza pretende modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para armonizar ésta, con las reformas constitucionales recientes en materia electoral.

Lo anterior, señala la propuesta con base en los siguientes argumentos:

“Según lo marca la propia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, señala que fue el 15 de octubre de 2013, que dispone el cumplimiento de lo dispuesto por el Senado de la República en relación con la sesión solemne, para la entrega del reconocimiento Elvira Carrillo Puerto”.

De aquella fecha para estos días recientes, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha sido instrumento de análisis y discusión, figurando entre esta la necesidad inmediata de homologar los términos en materia electoral, con aquellas nuevas normatividades que dan ordenamiento al régimen electoral de nuestro país”.

Asimismo, afirma el iniciante en su exposición de motivos: “La reciente reforma constitucional en materia político electoral aprobada en la Cámara de Diputados, así como por la mayoría de las legislaturas locales y publicada el día 10 de febrero del presente año, son el precedente de una etapa de transiciones institucionales, jurídicas y administrativas, por las que todos los actores en esta rama tendrán que adecuarse para su óptimo funcionamiento.

Es por ello que esta propuesta para modificar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta para dar cumplimiento con las medidas de homogeneización y actualización del marco jurídico que da las bases de una correcta interpretación de las tareas legislativas, en esta ocasión, de todas aquellas de carácter electoral”.

En concreto, la iniciativa sugiere actualizar el nombre del Instituto Nacional Electoral, en el apartado de las tareas concernientes a la Junta de Coordinación Política, así como de la Mesa Directiva en cuanto a la propuesta y expedición de la convocatoria para la designación del consejero presidente, de los consejeros electorales y del contralor general, y con ello evitar que sufrirán riesgo alguno de enfrentarse a interpretaciones equivocadas o bien de quedar en un marco regulatorio desactualizado.

Derivado de lo anterior, expuestos los respectivos antecedentes y contenido de la iniciativa, los miembros de esta Comisión dictaminadora exponen las siguientes:

Consideraciones

Primera. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver las iniciativas enunciadas en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo a lo que señala el artículo 71, párrafo dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.Corresponde a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, conocer, analizar y dictaminar la iniciativa enunciada, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, numeral dos, inciso a) y, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera. Una de las funciones principales de los parlamentos y congresos en el mundo es la emisión de las normas que conforman el sistema jurídico de cada Estado y regulan a cada una de las partes que lo conforman. Al mismo tiempo, es responsabilidad del Poder Legislativo mantener actualizadas dichas normas, con el fin de que exista lógica, racionalidad y coherencia entre ellas, para evitar antinomias, lagunas o vacíos jurídicos que puedan ocasionar un conflicto de interpretación o aplicación de los propios ordenamientos y por ende, una afectación a la población a la cual están dirigidas.

Cuarta. En virtud de lo anterior, la propuesta hecha por el diputado Cantú Garza en su iniciativa es congruente con el proceso de reformas que en materia electoral ha impulsado el Estado mexicano durante los últimos dos años. No obstante, es preciso mencionar que la propuesta ha sido atendida a través de un dictamen y posterior decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuyos antecedentes son los siguientes:

I. A la Comisión de Gobernación de esta LXII Legislatura le fue turnada la iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.

II. Con fecha cinco de diciembre de dos mil trece, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el dictamen a la iniciativa mencionada.

III. El dictamen, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente, fue aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 375 votos en pro, 34 en contra y 3 abstenciones, el martes 4 de febrero de 2014. En lo particular los artículos 20, 23, 34, 43, 66, 67, 82, 104, 130 y 132, en sus términos, y 131 con la modificación aceptada por la asamblea, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el 128 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la modificación aceptada por la asamblea.

IV. Posteriormente fue aprobado en la Cámara de Senadores con 99 votos en pro, 4 en contra y 1 abstención, el martes 1 de abril de 2014. Con modificaciones. Devuelto a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el caso que nos ocupa, las comisiones dictaminadoras en el Senado observaron lo siguiente: “Sobre la técnica legislativa. En virtud de la reforma constitucional en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el día lunes 10 de febrero del presente año, las funciones asignadas al Instituto Federal Electoral, se trasladan al Instituto Nacional Electoral, toda vez que aquél dejará de existir en cuanto inicie la vigencia del Decreto que lo crea, así como de la legislación secundaria que determina su funcionamiento, en ese sentido las referencias hechas al Instituto Federal Electoral se propone sean modificadas con el nombre del ahora Instituto Nacional Electoral”.

V. La Cámara de Diputados dictaminó de nuevo el miércoles 9 de abril de 2014, atendiendo las recomendaciones hechas por la Colegisladora.

VI. El Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2104, con el siguiente texto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al Instituto Nacional Electoral:

Artículo 20.

1. ...

2. ...

a) a i)

j) Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Nacional Electoral; y

k) ...

Artículo 23.

1. ...

a) a q). ...

q) Solicitar al Instituto Nacional Electoral la verificación del porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

r) ...

Artículo 34.

1. ...

a) a h) ...

i) Proponer al Pleno la convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Nacional Electoral, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la presente ley y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los procedimientos que de ella se deriven, con el consenso de los respectivos grupos parlamentarios; y

j) ...

En virtud de las consideraciones vertidas, resulta evidente que la iniciativa enunciada en los antecedentes del presente dictamen ha quedado sin materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desecha la Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 11 de junio de 2014.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su Reunión Ordinaria del día 26 de noviembre de 2014.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana, Norma Ponce Orozco (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Miguel Sámano Peralta (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de regulación de grupos parlamentarios

Honorable Asamblea:

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a), y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

1. Con fecha 4 de junio de 2014, fue presentada ante esta Asamblea la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional.

2. En fecha 11 de junio del año en curso, la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicha iniciativa para su análisis y discusión.

II. Contenido de la iniciativa

1. El diputado iniciante en el cuerpo de su propuesta expone un apartado referente a “Antecedentes y conceptos principales”, en donde alude circunstancias relativas a los grupos parlamentarios durante el Siglo XVIII y XIX, respecto a la aparición de dicha figura.

Asimismo, señala la importancia de la organización de los grupos parlamentarios para las tomas de decisiones y refiere como se establece esta figura en forma general en los países de Alemania, Argentina, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo y Suiza.

2. Concretamente como argumentos a favor de su propuesta señala que en nuestro país se cuenta “normado de manera insuficiente el tema de los grupos parlamentarios”.

Menciona igualmente que los legisladores a nivel federal en México, cuentan, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 70 constitucional y por los artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la posibilidad de agruparse según su afiliación de partido y con el propósito de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en las Cámaras, con un mínimo de 5 legisladores, mismos que deberán entregar a la Secretaría General para su respectiva publicación en la gaceta parlamentaria, la documentación suficiente y necesaria que acredite su decisión de constituirse en grupo parlamentario por un lado, y por otro con la posibilidad de que manifieste el nombre del mismo y la lista de los integrantes que tendrá entre sus filas.

Además de referir que se encuentra una disposición, donde se determina que los grupos parlamentarios deberán presentar para su publicación en el órgano de difusión interno, las normas que regirán su vida funcional interna de acuerdo con los estatutos del partido político en el que militen.

3. El proponente también aborda un apartado referente a la normatividad interna de los grupos parlamentarios, donde alude a la forma en que concentran su información y que no resulta en ocasiones muy convincente que algunos grupos parlamentarios entreguen su información, porque al realizar la comparación de estas normatividades, encontramos grandes diferencias con respecto al funcionamiento de otros Grupos Parlamentarios; lo cual no resulta equitativo para el desempeño de sus propios integrantes, con respecto a otros legisladores que forman parte de otra asociación parlamentaria de la misma naturaleza.

Señala que se deduce la necesidad de adicionar a la propia Ley Orgánica del Congreso, para que los elementos esenciales que deben ser del dominio de sus representados puedan conocerse de manera uniforme y obligatoria, proponiendo:

a. Que la determinación de la titularidad del Grupo Parlamentario, se defina por elección directa de sus miembros y no por designación del partido político; esto podrá realizarse de acuerdo con el procedimiento interno que se defina en su oportunidad, como ejemplo de ello, puede ser el que la elección se realice con base en “ternas” que podrá presentar el propio partido, para que a partir de ahí los integrantes determinen con la votación respectiva, quienes son los legisladores con mayor capacidad que deberán encabezar los esfuerzos del grupo.

b. Que la agenda legislativa de cada grupo parlamentario deberá ser publicada en la Gaceta Parlamentaria, en la primera sesión ordinaria de cada periodo de sesiones. Esto se estima necesario, porque dentro de los hallazgos de referencia, podemos encontrar que después del primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio, donde sí se publica la agenda por grupo parlamentario, en los periodos subsecuentes ya no se repite esta acción con la misma regularidad; para quedar el ciudadano y el gremio interesado en el estudio del fenómeno legislativo, complemento limitado para la revisión de estos importantes documentos normativos.

c. Se destaca también, la puntualización de que las agendas legislativas, deberán ser definidas en esas sesiones con base en la plataforma electoral y los programas de trabajo presentados ante el Instituto Federal Electoral, así como considerando los postulados, valores y principios de sus partidos. Todo esto se plantea como una adición al artículo 27 de la LOCGEUM.

d. Por otro lado, dentro de las atribuciones de los coordinadores parlamentarios, se aprecia que son un tanto limitadas en cuanto a su definición normativa, toda vez que solamente se enumeran dos o tres actividades de índole “consensual”; y en la realidad nos podemos encontrar con que actualmente los coordinadores de algunos grupos parlamentarios gozan de una serie de atribuciones “no escritas” que les permiten tomar decisiones de suma relevancia para el desarrollo del país, sin la necesidad de consultarlas con el grueso de los diputados.

Apunta que es necesario definir con mayor precisión las facultades y atribuciones que deben contemplarse para los líderes de las bancadas, de manera tal que no quede “a discreción” de cada grupo, determinar esa importante línea de mando, con la posibilidad de determinar supuestos totalmente diferentes dependiendo del deseo de los partidos políticos de imprimir “más o menos” controles a sus contrapartes legislativas

Destaca como actividades importantes, las de presidir las sesiones plenarias de su grupo y que los acuerdos deben tomarse con mayor participación y de manera democrática; procurando dejar atrás aquellas prácticas dictatoriales que no han permitido el correcto avance de las instituciones y con su propuesta podrán dotarlas de mayor nivel decisorio y de participación en el grupo parlamentario; logrando con esta delegación de facultades una mayor apertura democrática, que deberá fortalecer a esta importante arteria legislativa, citando como ejemplo la elección de los presidentes y secretarios de todo tipo de comisiones.

Finalmente señala que la LOCGEUM está aún incompleta porque las formas y procedimientos no se incluyen en la propia Ley, toda vez que se ha dejado en total libertad a los Partidos Políticos a través de sus grupos parlamentarios, para que se autogobiernen; no obstante existe una razón muy importante para que estoy pueda cambiar y cumplir de esta manera, con lo que la Ley Suprema especifica (sic).

III. Consideraciones

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta dictaminadora estima conveniente no aprobar tal iniciativa por las razones siguientes:

a) Técnica Legislativa

La presente iniciativa no se encuentra estructurada conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados, concretamente en el artículo 78, que al respecto señala:

Artículo 78.

1. Los elementos indispensables de la iniciativa serán:

I. Encabezado o título de la propuesta;

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

III. Argumentos que la sustenten;

IV. Fundamento legal;

V. Denominación del proyecto de ley o decreto;

VI. Ordenamientos a modificar;

VII. Texto normativo propuesto;

VIII. Artículos transitorios;

IX. Lugar;

X. Fecha, y

XI. Nombre y rúbrica del iniciador.

De la lectura de la propuesta encontramos un apartado referente a antecedentes y conceptos, otro de referencias internacionales, Argumentos en favor de la propuesta y uno más de normatividad de grupos parlamentarios.

El objeto de contemplar en el Reglamento mencionado tales elementos, es que se establezcan en forma clara los requisitos necesarios con los que deben cumplir las iniciativas de ley, para que cuenten con un mayor sustento, que a la postre fortalecerá el trabajo legislativo y promoverá la calidad del debate.

Por otra parte, el hecho que en el Reglamento de la Cámara de Diputados se contemplen tales elementos, favorece metodológicamente a contar con propuestas mejor estructuradas y que expongan claramente la necesidad de su aprobación.

En tal sentido, al no tener la propuesta la estructura mínima, observamos dificultad para determinar cuál es el problema que pretende resolver la iniciativa. No debemos pasar por alto que esta es una cuestión metodológica que conlleva una pregunta inicial y una serie de preguntas tópicas relacionadas con dicho fenómeno tales como el ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué?, entre otras.

Lo anterior, resulta de gran importancia, ya que es indispensable comprobar si dicho proyecto está relacionado con un problema jurídico, político, social, cultural, científico o técnico y con ello se puedan precisar las causas y efectos de un problema, para que a través de un acto legislativo se aporte su solución.

b) Propuesta de Coordinadores y Grupos Parlamentarios.

En los argumentos que utiliza el proponente, señala que no son suficientes las disposiciones que actualmente prevé la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente a los grupos parlamentarios.

De ello y en específico a sus argumentos vertidos en la propuesta, cabe mencionar lo siguiente:

En la Ley Orgánica, se señala que el grupo parlamentario es es el conjunto de diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara, además de señalar que este se integra por lo menos con cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara.

Es importante también precisar que la ley establece respecto a los coordinadores parlamentarios, que son quienes expresan la voluntad del Grupo Parlamentario; promueve los entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva; y participa con voz y voto en la Junta de Coordinación Política y en la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Además de facultarlos para comunicar a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la integración de su Grupo. Con base en las comunicaciones de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, el Presidente de la Cámara llevará el registro del número de integrantes de cada uno de ellos y sus modificaciones. Dicho número será actualizado en forma permanente y servirá para los cómputos que se realizan por el sistema de voto ponderado.

De lo anterior se colige que se encuentra debidamente delimitada la figura del grupo parlamentario, toda vez que la Ley Orgánica aludida contempla un capítulo específico para ello (Capítulo Tercero), que a su vez se encuentra dentro del Título Segundo de la mencionada Ley.

Dentro de ese mismo capítulo se encuentran las disposiciones específicas de las facultades que en el Congreso se le reconocen a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios.

En tales disposiciones, se muestra que las diferentes fuerzas políticas se agrupan para los efectos de su actuar parlamentario en grupos mínimo de cinco legisladores y uno de ellos será designado para representarlos como grupo en el desarrollo de sus tareas parlamentarias.

Para ello la Ley Orgánica contempla tal figura y le confiere determinadas facultades, así como también dentro del Reglamento de la Cámara de Diputados se establecen diversas disposiciones respecto a las facultades y obligaciones que deben desempeñar los mencionados Coordinadores en función que representan a un determinado grupo parlamentario.

Expuesto lo anterior, los ordenamientos que norman lo concerniente a la figura y actividades de los grupos parlamentarios y sus coordinadores son la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los respectivos reglamentos de la Cámara de Diputados y Senadores.

Es evidente que dichos ordenamientos no contemplan disposiciones concernientes a la designación de los mismos, pero sí a las actividades que desempeñan. Ello obedece a que la designación del representante de un determinado grupo parlamentario corre a cargo de quienes integran tal grupo, o bien de los representantes de un partido político en específico.

Luego entonces, cada partido político tiene sus propios estatutos y marcos que rigen su actuación y contemplan la forma en que deberán llevar a cabo determinadas tareas, incluida la designación de quienes los representarán como coordinadores en las respectivas Cámaras del Congreso de la Unión, por lo que no corresponde contemplar dicha disposición en el marco jurídico que regula la actividad parlamentaria.

c) Agenda Legislativa

Respecto a la propuesta referente a reformar la Ley Orgánica del Congreso, a efecto de que establezca la obligatoriedad de inscribir en la Gaceta Parlamentaria para la primera sesión ordinaria de cada periodo de sesiones, la agenda legislativa de cada grupo parlamentario, es pertinente señalar que el artículo 26 en sus numerales 4 y 5 contempla lo siguiente:

4.En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada grupo parlamentario presentará la agenda legislativa que abordará durante el transcurso de éste.

5.El Secretario General hará publicar los documentos constitutivos de los grupos parlamentarios y, al inicio de cada periodo de sesiones, la agenda legislativa de los temas que cada uno pretenda abordar durante el transcurso de éste.

De tales numerales se pone de manifiesto que la propuesta del iniciante actualmente ya se encuentra prevista y, si bien es cierto, no se señala expresamente la publicación en la Gaceta Parlamentaria, al indicar el numeral 5 del artículo 26 que se hará publicar, entre otros documentos, la agenda legislativa, al ser ésta el medio de difusión por antonomasia de la Cámara de Diputados, es claro entender que el supuesto que se propone ya se encuentra previsto y debidamente regulado en la Ley, motivo por el cual dicha propuesta se considera inviable.

Por todo lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos., presentada por el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del partido Acción Nacional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente y definitivamente concluido.

Notas:

1 Artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados vigente.

2 Reglamento de la Cámara de Diputados, versión comentada, 1ª reimpresión, Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, julio 2013, p. 71

3 Muro Ruíz, Eliseo, “Algunos Elementos de Técnica Legislativa”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2007, pág. 61.

4 Artículo 26, numeral 1  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

5 Artículo 26, numeral 2  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

6 Artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

7 Ídem.

8 Artículo 26, numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su Reunión Ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2014.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana, Norma Ponce Orozco (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Miguel Sámano Peralta (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a), y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

1. Con fecha 20 de agosto de 2014, fue presentada ante esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo.

2. En fecha 11 de junio del año en curso,  la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicha iniciativa para su análisis y discusión.

3. En fecha 4 de septiembre de 2014, se solicitó la opinión respecto a esta propuesta al Centro de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, la cual fue remitida a esta Comisión dictaminadora en fecha 17 de octubre del presente año.

II. Contenido de la iniciativa.

El diputado en su iniciativa argumenta como exposición de motivos lo siguiente:

1. En los últimos días, la Cámara de Diputados ha sido cuestionada por la opacidad, falta de publicidad y transparencia en la administración de las denominadas “subvenciones extraordinarias” a los grupos parlamentarios.

2. A efecto de generar mayor transparencia en la administración de los recursos públicos y garantizar la transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, es necesario separar las funciones presupuestales que la actual ley orgánica le atribuye a este órgano de dirección.

3. La modificación de la atribución para aprobar del anteproyecto de presupuesto de la Cámara de Diputados, es necesaria, toda vez que la Junta de Coordinación Política se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios y éstos son los que reciben las denominadas “subvenciones extraordinarias”, administradas y ejercidas en forma autónoma por cada uno de éstos.

4. La asignación de “subvenciones extraordinarias” a los grupos parlamentarios ha generado en la opinión pública una percepción de opacidad en la administración del presupuesto de la Cámara de diputados, es necesario modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para separar de la Junta de Coordinación Política las funciones de aprobación del anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara de Diputados

5. Con objeto de fortalecer la transparencia y publicidad en la integración del presupuesto de la Cámara de Diputados, se propone que su anteproyecto sea integrado por la Mesa Directiva y ésta lo someta a aprobación del pleno de diputados. El proyecto de presupuesto observará los principios de transparencia y máxima publicidad y deberá ser aprobado en la primera sesión de cada año legislativo.

III. Opinión del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

Como se ha señalado esta Comisión solicitó la opinión respecto a la presente propuesta al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, comentando lo siguiente:

Se aprecia que la iniciativa no es procedente en virtud de que la elaboración de los proyectos de presupuesto no corresponde con la naturaleza de las facultades de la Mesa Directiva. Adicionalmente la inserción de la propuesta contenida en la iniciativa en el inciso k) del artículo 34 implicaría una contrarreforma –a la reforma de junio de 2008– que podría impactar en los tiempos de presentación de este proyecto.

La estructura orgánica del Senado y la Cámara de Diputados es distinta por lo que no necesariamente se tiene la misma distribución competencial para los órganos de ambas Cámaras.

La Ley Orgánica faculta a los órganos de representación de grupos (como son la Junta de Coordinación Política, el Comité de Administración o la Comisión de Administración del Senado) para resolver los asuntos relativos a la administración de las Cámaras, incluida la elaboración de los proyectos de presupuestos; es de destacar que en el proceso de formación del presupuesto del Senado su Mesa Directiva únicamente funge como conducto para poner a consideración del Pleno dicho proyecto.

Asimismo es de tomar en consideración que esta facultad fue otorgada a la Junta de Coordinación Política, en virtud de la desaparición  dela CRICP, órgano cuya integración y funcionamiento corresponde con el de la Junta.

IV. Consideraciones

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta dictaminadora estima conveniente no aprobar tal iniciativa por las razones siguientes:

a) Atribuciones de la Mesa Directiva

Se destaca inicialmente que la propuesta en comento no cumple con los requisitos que establece el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esto es, no se encuentra estructurada de acuerdo a los elementos indispensables que para ello dicho artículo señala deben ser presentadas, siendo estos:

1. Los elementos indispensables de la iniciativa serán:

I. Encabezado o título de la propuesta;

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

III. Argumentos que la sustenten;

IV. Fundamento legal;

V. Denominación del proyecto de ley o decreto;

VI. Ordenamientos a modificar;

VII. Texto normativo propuesto;

VIII. Artículos transitorios;

IX. Lugar;

X. Fecha, y

XI. Nombre y rúbrica del iniciador.

Se hace el señalamiento que el objeto de que se establezca tal estructura en el Reglamento mencionado, lo es para que se establezca en forma clara los requisitos necesarios con los que deben cumplir las iniciativas de ley, para que cuenten con un mayor sustento, que a la postre fortalecerá el trabajo legislativo y promoverá la calidad del debate.

Por otra parte, el hecho que en el Reglamento de la Cámara de Diputados se contemplen tales elementos, favorece metodológicamente a contar con propuestas mejor estructuradas y que expongan claramente la necesidad de su aprobación.

No obstante lo anterior, esta dictaminadora ubica como la problemática que aborda el proponente el hecho de que actualmente el anteproyecto de presupuesto anual de los diputados sea aprobado por la Junta de Coordinación Política, toda vez que dicha Junta se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios y éstos son los que reciben las denominadas “subvenciones extraordinarias”, administradas y ejercidas en forma autónoma por cada uno de éstos.

Ante ello, es de señalar que no sería viable tal propuesta, ya que debemos de partir de la base que conforme a la Ley, la Mesa Directiva es la que se encarga de conducir las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley.

Ante ello en dicho artículo, concretamente en su numeral 2 la ley contempla lo siguiente:

2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones:

a)Asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del pleno de la Cámara;

b)Realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión;

c)Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos que requieren votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, conforme al calendario legislativo establecido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;

d)Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter preferente para su discusión y votación, en el caso de que la comisión o comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de treinta días naturales;

e)Determinar durante las sesiones las formas que pueden adaptarse en los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios;

f)Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación;

g)Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la disciplina parlamentaria;

h)Designar las comisiones de cortesía que resulten pertinentes para cumplir con el ceremonial;

i)Elaborar el anteproyecto de la parte relativa del Estatuto por el cual se normará el servicio de carrera parlamentaria, a efecto de que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;

j)Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Nacional Electoral; y

k)Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos aplicables y los acuerdos de la Cámara.

Expuesto lo anterior, queda de manifiesto que las funciones de la Mesa Directiva le son concernientes a las actividades del Pleno y conducción de las sesiones básicamente, mismas que no son acordes con la atribución que propone el iniciante.

Justamente por ello la Ley prevé la figura de la Junta de Coordinación Política y la define como la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Por tal motivo y dada la naturaleza de la función que se expone en la iniciativa, no es factible que ésta sea delegada a la Mesa Directiva, por ende no resulta viable la propuesta en comento.

b) Opinión CEDIP

Se ha hecho referencia que en relación a la propuesta en análisis se solicitó la opinión del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, la cual hizo llegar ante esta dictaminadora y una vez analizada por dicho Centro de Estudios planteó lo siguiente:

En los últimos años el escrutinio público sobre el ejercicio del presupuesto de los órganos públicos y particularmente de los órganos del Congreso, ha cobrado mayor relevancia; asimismo es de destacar que las normas en materia de transparencia y acceso a la información en gran medida han generado una mayor revisión de las fianzas públicas. Por otra parte es de destacar que en la década pasada el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación fue objeto de importantes modificaciones, las cuales impactaron en la legislación parlamentaria que regula la organización y funcionamiento de la Cámara de Diputados.

Es de tomar en cuenta que el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso disponía que entre las atribuciones de la Junta de Coordinación Política estaba:

d) Presentar al Pleno, para su aprobación, el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara;

No obstante, el 17 de junio de 2008 los integrantes del Comité de Administración de la Cámara de Diputados en la sesión de la Comisión Permanente presentaron una iniciativa para reformar el inciso d), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso, cuyo objeto era facultar a la Junta de Coordinación Política para que aprobara directamente el anteproyecto de presupuesto anual de ¡a Cámara de Diputados. Lo anterior con el fin de poder cumplir con el plazo de diez días antes de la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de que ahora impone el artículo 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias coincidió con los argumentos vertidos en la exposición de motivos de la iniciativa, en el sentido de que Ley Orgánica quedó desfasada ante la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lo referente al presupuesto anual de esta soberanía, por lo que a fin de no incurrir en una posible violación al propio texto normativo, se consideró viable la propuesta.

La Comisión destacó que la modificación no operaría en demérito de las facultades que tiene establecidas el pleno ,ya que en última instancia ,será éste el que apruebe el presupuesto de la Cámara al discutir y votar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Finalmente esta modificación a la Ley Orgánica fue aprobada y publicada el 26 de junio de 2008.

Como puede apreciarse la modificación fue realizada a fin de sincronizar el proceso de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación con la presentación del proyecto de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Adicionalmente debe insistirse en las consideraciones de los diputados dictaminadores que señalan que el presupuesto de la Cámara de Diputados es objeto de la revisión del Pleno al momento de revisar el Proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo.

Por otra parte se puede apreciar que la iniciativa en comento toma como referencia el artículo 66 de inciso h) de la Propia Ley Orgánica el cual rige la forma en que el presupuesto del Senado es presentado. Con respecto a esto es de destacar que en el caso de la Cámara de Senadores se consideró que el órgano de gobierno que debía contar con la facultad para poner a consideración del Pleno el proyecto de presupuesto debía ser la Mesa Directiva; sin embargo es de precisar que el órgano que cuenta primariamente con la facultad de generarlo es su Comisión de Administración, lo anterior de acuerdo con el citado artículo que en su inciso h) señala que la Mesa Directiva del Senado tendrá entre sus facultades:

h) Presentar al pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara, que le presente la Comisión de Administración, para su remisión al titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que sea integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;

Del anterior precepto se desprende que la Mesa Directiva sólo funge como conducto para que el pleno conozca del proyecto de Presupuesto de esa Cámara y la responsabilidad de su elaboración recae en la Comisión de Administración. En lo que corresponde a los presupuestos anuales del Senado, de acuerdo con lo previsto por el artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso que señala que:

1. La Comisión de Administración presentará a la Cámara, por conducto de la Mesa Directiva, para su aprobación, el presupuesto para cubrir las dietas de los senadores, los sueldos de los empleados, el apoyo a los grupos parlamentarios y los otros gastos de la Cámara, dando cuenta del ejercicio correspondiente al mes anterior.

Como puede observarse en este artículo, de igual forma, la responsabilidad de presentar los presupuestos mensuales del Senado corresponde a la Comisión de Administración y la Mesa Directiva es el medio para presentarlos al pleno. Es de destacar que este órgano del Senado cuenta con facultades semejantes al Comité de Administración previsto en la Cámara de Diputados, el cual es un órgano auxiliar de la Junta de Coordinación Política en materia administrativa, con una integración similar a la de la Junta y a la de mencionada Comisión, un miembro por grupo parlamentario. De lo anterior se desprende que las decisiones en materia de administración que incluyen las presupuestaos, son aprobadas con la intervención de órganos con representación de grupo.

Finalmente es de comentar que en el dictamen del 22 de junio de 1999, que recayó en la iniciativa de la Ley Orgánica del Congreso, se consideró que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), había sido rebasada por la realidad política y la pluralidad en la conformación de la Cámara. Con respecto a la CRICP es de comentar que al suprimirse la Gran Comisión asumió sus atribuciones, no obstante con la Ley Orgánica de 1999 fue sustituida por la Junta de Coordinación Política.

En relación con lo anterior se debe precisar que el Acuerdo Parlamentario por el que se propone la integración y funciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados del 4 de septiembre de 1997 disponía que:

Cuarto. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política tendrá las atribuciones siguientes:

IV. Proponer al pleno el proyecto de presupuesto anual de la Cámara de Diputados y.

Como puede apreciarse la facultad de presentar el proyecto se concedió a la Junta en virtud de que está ya era ejercida por un órgano de representación de grupos, naturaleza que no presenta del todo la Mesa Directiva.

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, el Centro de Estudios finalmente comentó:

Se aprecia que la iniciativa no es procedente en virtud de que la elaboración de los proyectos de presupuesto no corresponde con la naturaleza de las facultades de la Mesa Directiva. Adicionalmente, la inserción de la propuesta contenida en la iniciativa en el inciso k) del artículo 34 implicaría una contrarreforma -a la reforma de junio de 2008- que podría impactar en los tiempos de presentación de este proyecto.

En tales consideraciones no se estima viable la presente propuesta y por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos., presentada por el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del partido del Trabajo.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente y definitivamente concluido.

Nota:

1 Artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados vigente.

2 Reglamento de la Cámara de Diputados, versión comentada, primera reimpresión, Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, julio 2013, página 71.

3 Artículo 20, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

4 Artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su Reunión Ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2014.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Brenda María Alvarado Sánchez (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana, Norma Ponce Orozco (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Miguel Sámano Peralta (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

La Comisión de Pesca, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos, 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157 numera1 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen.

Antecedentes

A. En sesión ordinaria efectuada el martes 19 de agosto de 2014, el pleno de la LVII Legislatura de Colima aprobó remitir al Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

B. El 4 de septiembre de 2014, el pleno de la Cámara de Diputado recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y lo turnó a la Comisión de Pesca para su dictamen.

C. Con fecha 29 de octubre de 2014, se solicitó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, prórroga para emitir el dictamen correspondiente.

D. Con fecha 4 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados concedió la prórroga solicitada.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por los legisladores de Colima, propone reformar el primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y tiene por objeto eliminar la exclusividad para la pesca de las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa (marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado), a fin de ampliar las opciones de pesca comercial.

Lo anterior en un afán de llevar a cabo acciones legislativas que faciliten el desarrollo de la pesca comercial sin afectar la sustentabilidad de las especies, con el fin de atender las diversas realidades sociales y ofrecer soluciones inmediatas reales con una visión de mediano y largo plazo.

Esto debido a que los pescadores de la zona costera del estado, de manera particular en Manzanillo y Armería, se ha visto afectados por los problemas que ha generado la construcción del puerto en la laguna de Cuyutlán, así como la instalación de una regasificadora, la construcción del viaducto ferroviario y otras obras complementarias, toda vez que producen escombros, lodo y contaminación que afectan la actividad, además de dañar los motores de las lanchas.

Consideran una limitación para mejorar su calidad de vida lo previsto en el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que a la letra señala:

Artículo 68. Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría mediante disposiciones reglamentarias.

Por lo que proponen reformar el primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para quedar como sigue:

Artículo 68. Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. La secretaría determinará periodos durante los cuales se permitirá la pesca de manera sustentable de esas especies.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de . estigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría mediante disposiciones reglamentarias.

Consideraciones

Primera. Se aprecia en el texto propuesto por los diputados promoventes la necesidad de revisar la redacción ya que únicamente se suprimió el término “exclusiva”, sin haber adecuado sintaxis del párrafo modificado:

Artículo 68. Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera para la pesca deportivo­recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. La Secretaría determinará periodos durante los cuales se permitirá la pesca de manera sustentable de esas especies

La redacción propuesta deja abierta la posibilidad de interpretación jurídica en los mismos términos que tiene la versión vigente, quedan bajo las restricciones de protección que se pretenden cambiar par permitir su comercialización.

Adicionalmente resulta contradictorio dejar intacto el segundo párrafo vigente: “No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo recreativas en las áreas de reproducción que establezca la secretaría mediante disposiciones reglamentarias”, con el sentido que se pretende reformar el artículo.

Segunda. La reglamentación Internacional, como la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar firmada ello de diciembre de 1982 en Montego Bay, Jamaica, instruye a los estados ribereños a que sean ellos quienes determinen la captura permisible de los recursos vivos de su zona económica exclusiva, con datos científicos fidedignos que aseguren medidas adecuadas de conservación y administración para que los recursos vivos de su zona económica exclusiva no sean amenazado por el exceso de explotación.

Lo anterior con la finalidad de preservar y restablecer las poblaciones de especies capturadas a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible con arreglo a los factures ambientales y económicos pertinentes, incluidas las necesidades especiales de los Estados en desarrollo y teniendo en cuenta las modalidades de la pesca y la interdependencia de las poblaciones.

Respecto a las especies altamente migratorias, que son las más apreciadas para la pesca deportiva marina, los Estados ribereños cooperaran directamente o por conducto de las organizaciones promover el objetivo de la utilización óptima de dichas especies en toda la región, tanto dentro como fuera de la zona económica exclusiva.

El Código de Ética sobre Pesca Responsable, elaborado por la FAO y signado el 31 de octubre de 1995, reconoce a la pesca como fuente vital de alimentos empleo, recreación, comercio y bienestar económico para las poblaciones de todo el mundo, tanto para las generaciones presen como para las futuras, por lo que las mismas deben llevarse a cabo forma responsable.

Es de aplicación mundial y contiene principios y normas aplicables a la conservación, la ordenación y el desarrollo de todas las pesquerías. Abarca también la captura, el procesamiento y el comercio de pescado y productos pesqueros, las operaciones pesqueras, la acuacultura, la investigación pesquera y la integración de la pesca en la ordenación de la zona costera. Todo ello respetando la condición de desarrollo de los países.

Por lo que respecta a las poblaciones de peces transfronterizas, poblaciones de peces transzonales, poblaciones de peces altamente, migratorios y poblaciones de peces de altamar, los Estados deberán cooperar para velar por la conservación y ordenación de forma eficaz de los recursos, asimismo, generar mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de pesca, para velar el cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación; po gue también las mismas deberán ser ampliamente publicitadas.

Estos criterios son en la actualidad la base para que nuestro país procure el ordenamiento pesquero necesario para la correcta explotación de sus recursos pesqueros.

Tercera. Son varias las normas y disposiciones que establecen la exclusividad de estas especies. La norma oficial mexicana –PESC– 1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 mayo de 1995, es el instrumento jurídico para la regularización y ordenamiento de la pesca deportivo- recreativa.

En términos generales, esta norma dispone las reglas y recoge prácticas y usos internacionales de limitación de capturas, señalando tasas máximas para las especies de pico y las demás reservadas a la pesca deportiva; es decir, marlín, pez vela, pez espada, con adición de tiburón, se permite un ejemplar al día por pescador; Sábalo, Pez Gallo y Dorado, con un máximo de dos ejemplares por día; para el grupo de las demás especies marinas y de agua dulce cinco ejemplares. En la pesca multidía únicamente se permite retener o embarcar la cuota máxima a los tres primeros días pesca subacuática cinco ejemplares.

Cuarta. En cuanto a las recomendaciones de captura para especies reservadas para la pesca deportivo-recreativa, que por ley deben ser emitidas por el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) a través de la Carta Nacional Pesquera, se basa en lo siguiente:

Pez espada: aún no esta determinado su potencial pesquero en el océano Pacífico y por sus hábitos altamente migratorios, es capturado por flotas de diferentes países. Hasta hoy, no existe un modelo que refleje la condición actual de su población (stock) y estas dificultades se atribuyen a diversos factores que requieren ser incluidos en los modelos de evaluación para minimizar la incertidumbre en los resultados del grupo de trabajo del Comité Científico Internacional. Con base en los datos disponibles y tomando en cuenta como base la operación de la flota palangrera japonesa que opera en el Océano Pacifico, se deduce, que la pesquería está sujeta a una tasa de explotación baja y por lo tanto existen posibilidades de aprovechamiento.

Marlín: Sus capturas han descendido, por lo que el Inapesca ha recomendado disminuir la captura incidental mediante la optimización de la selectividad de sistemas de pesca en todas las flotas. Además menciona la necesidad de caracterizar la composición actual de la flota; magnitud del aprovechamiento incidental; zonas y épocas de reproducción y talla mínima y mientras no se cuente con más información, lo conveniente es “capturar y liberar” particularmente marlines rayados y por lo tanto, es recomendable no incrementar el esfuerzo de pesca actual.

Pez vela: Los indicadores de la pesca deportivo-recreativa señalan un aprovechamiento superior al máximo sustentable. Es posible, sin embargo, que dichos indicadores pudieran estar afectados negativamente por un componente ambiental, lo que implicaría que las tendencias observadas no son absolutamente adjudicables a factores antropogénicos, pero la recomendación es no incrementar el esfuerzo pesquero.

Dorado.De las especies bajo reserva, el dorado es la más estudiada y ello sedebe a que el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, Cibor, por encargo de la Conapesca, realizó una investigación “Evaluación Biológica-Pesquera del dorado (Coryphaena Hippurus y Coryphaena Equiselis) yconcluyó que se pudieran combinar las dos flotas (deportiva y artesanal) porque “el recurso se encuentra en tasas saludables de explotación”, pero también mencionó que los permisos deberían de ser sólo de fomento y por un tiempo no mayor a dos años y paralelamente se dbería realizar mayor investigación científica.

No se cuenta con estudios científicos que permitan saber el estatus de la población de los peces conocidos como sábalo o chiro y pez gallo, lo que impide tomar decisiones sobre su captura comercial.

Quinta. La pesca deportiva-recreativa es una categoría de la actividad pesquera productiva que se practica con fines de esparcimiento y o competencia, que vincula al ser humano con la naturaleza, particularmente con los recursos pesqueros.

Su desarrollo se basa en el aprovechamiento sustentable de diversas especies pesqueras tanto en embalses de aguas interiores, como en aguas marinas. Dentro de estas últimas, los denominados marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, se encuentran destinadas, exclusivamente para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial, y cuya captura requiere regularse para sustentar sus amplias perspectivas de desarrollo.

Es importante destacar que la pesca deportiva se constituye como una fuente importante de ingresos, toda vez que contribuye significativamente a la economía nacional, entre otros aspectos, por su capacidad para captar divisas, generar empleo e impulsar el desarrollo regional y cuyos beneficios se propagan a otras actividades con un efecto multiplicador en los sectores turístico, pesquero y de servicios.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la pesca deportiva en México genera una importante derrama económica de más de 2 mil millones de dólares anuales.

La pesca deportiva genera ingresos en rubros variados. Se estima que en su estancia promedio, cada pescador deportivo gasta alrededor de mil 785 dólares, entre alojamiento, alquiler de embarcaciones, transporte, equipos de pesca, combustible y más.

Para nuestro país, la pesca deportiva constituye una actividad con un gran potencial de crecimiento. Comunidades enteras en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur que anteriormente se dedicaban a la pesca comercial, han encontrado mejores expectativas de desarrollo en el ámbito de la pesca deportiva, con una fuente de ingresos respetuosa de su propia sustentabilidad, en la medida en la que prácticas como las de “atrapar y soltar” aseguran la continuidad de sus actividades.

La comercialización de especies deportivas, aún capturadas de manera incidental, se encuentra fuera de las posibilidades de aprovechamiento; sin embargo, en la realidad existe todo un mercado establecido que aprovechan los pescadores y embarcaciones, dedicados principalmente a la pesca del tiburón, que comercializan sin restricción algunas de estas especies. Por esta situación, es común encontrar en el menú de cualquier restaurante o en mercados que comercializan estos productos, la oferta de marlín, dorado u otras especies que, de observarse escrupulosamente esta disposición, no se verían.

Por su parte, las autoridades encargadas de la inspección pesquera, en los distintos órdenes de gobierno, se ven materialmente rebasadas para supervisar la operación de una flota pesquera nacional de más de 80 mil embarcaciones, de las cuales menos de 78 mil son pequeñas embarcaciones ribereñas, de acuerdo a las cifras del Anuario Estadístico pesquero 2011 de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Por lo expuesto la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables presentada por el Congreso de Colima, se considera improcedente, en virtud de que contraviene diversas disposiciones nacionales e internacionales, que protegen las especies marinas citadas, ya que están consideradas como “reservadas” debido a su elevada migración, por lo que la modificación propuesta carece de sustento técnico y jurídico, ya que corresponde por ministerio de ley, a la secretaría del ramo, a través del Inapesca, efectuar los estudios e investigaciones sobre las actividades de pesca a fin de determinar las disposiciones reglamentarias sobre la explotación de los recursos marinos.

La iniciativa no aporta información aclaratoria en el sentido de especificar la forma en que dicha modificación resolverá de fondo el problema de la crisis que vive el sector pesquero local, ni tampoco fundamenta cómo resolverá los problemas económicos de los pescadores, ni a mediano, ni a largo plazo.

Por otra parte la pretensión de comercializar estas especies, no solo podría exterminarlas, sino también destruiría el potencial turístico inherente a las actividades de la pesca deportiva.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes:

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el Congreso de Colima.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en México, Distrito Federal, a 25 de noviembre de 2014.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Saraí Larisa León Montero (rúbrica), secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica en contra), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XVI del artículo 33 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el miércoles 16 de julio de 2014, el Congreso de Chihuahua en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 33 de la Ley General de Educación (LGE).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

Con esta iniciativa el Congreso de Chihuahua propone fortalecer el Programa de Escuelas de Tiempo Completo con la asignación de recursos humanos especializados para la operatividad de dicho programa.

Es de reconocerse que el programa está en evolución y que año con año debe de tener ajustes que se adapten a las nuevas necesidades sociales de la población. “El modelo que se aplicaba en el 2013, las actividades relativas al uso de las tecnologías de la información, arte, cultura y segunda lengua, se contemplaban como actividades complementarias a las asignaturas regulares; para el 2014, se está implementando un modelo integracionista, es decir, los conocimientos en estas áreas deben ser parte de las herramientas que se utilicen para el desarrollo de las competencias educativas que han de desarrollarse tanto por el alumno, como por el docente”.

Por tanto, es de considerarse la asignación de recursos humanos especializados adicionales al personal docente “regular”, para el desarrollo de las actividades del programa.

Con base en los anteriores argumentos, el Congreso de Chihuahua propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Único. Se reforma la fracción XVI del artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

I. a XV. ...

XVI. Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, y con la asignación de recursos humanos especializados adicionales, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural, con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación, y

XVII. ...

...

III. Consideraciones generales

En opinión de esta comisión dictaminadora, considera que la iniciativa muestra una gran preocupación por el desarrollo y la consolidación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Sin embargo, uno de los puntos esenciales para este tipo de iniciativa, en el que se requiere mayor presupuesto para la contratación de recursos humanos especializados, requiere que el promovente, en este caso el Congreso del Estado de Chihuahua, realice una propuesta de ingreso de recursos. En el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que:

A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

En lo que respecta a la jornada ampliada de las escuelas para fortalecer la calidad de los aprendizajes, la Ley General de Educación en su artículo séptimo establece como fin de la educación, el desarrollo integral del ser humano a través del desarrollo pleno y responsable de sus capacidades. Para que este principio se cumpla, la autoridad educativa federal puso en marcha el programa de escuelas de tiempo completo como una alternativa pedagógica que permite ampliar las oportunidades educativas a los alumnos de educación básica.

La jornada ampliada permite, en primera instancia, que aquellos alumnos con problemas en alguna materia reafirmen sus conocimientos. Asimismo es de conocerse que la educación integral no sólo abarca en contar con capacidad suficiente en ciertas áreas del conocimiento, sino en desarrollar actitudes y habilidades en deportes, cultura, ciencia y tecnológicas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), uno de los objetivos para ejercer su derecho al aprendizaje y contribuir al desarrollo de la sociedad es “extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia”. Se deben llevar a cabo programas que estén centrados en las necesidades del individuo, abarcando el desarrollo cognoscitivo, psicosocial, físico y biológico del niño.

Cabe señalar que al tener una jornada ampliada en las escuelas no significa que esta sea de calidad, sino que los docentes tienen que aprovechar el tiempo desarrollando diversas metodologías, técnicas y/o herramientas que amplíen y fortalezcan el aprendizaje de los alumnos de educación básica. Según Antúnez (2004) menciona que “el tipo de jornada, por sí misma, no produce más o mejores aprendizajes sino que éstos dependen de la metodología didáctica que utilicen los docentes, de la actitud que tengan ante sus alumnos y ante su trabajo, de las expectativas sobre sí y sus estudiantes y, en último término, de su actitud ante el tipo de jornada escolar que se adopte en su escuela”.

Con la reforma a la Ley General de Educación, el programa de escuelas de tiempo completo se establece como una medida de equidad y de mejora de la calidad de la educación básica (artículo 33). Este programa resulta estratégico para atender algunas problemáticas que se presentan, como, el bajo rendimiento escolar, la repetición, la deserción, el rezago en el desarrollo de competencias, entre otros. El propósito es “optimizar el uso efectivo del tiempo escolar con el objetivo de reforzar las competencias lectoras, matemáticas, de arte y cultura, de la recreación y desarrollo físico y, por último, fortalece los procesos de la inclusión y convivencia escolar”.

Para la operación e implementación del Programa Escuelas de Tiempo Completo en los estados de la República Mexicana, en las reglas de operación se consideran los tipos de apoyos –técnicos y financieros– y los montos del apoyo. En lo referente a los apoyos financieros, éstos son los siguientes:

1) Pago de apoyo económico. Comprenden los recursos para el personal directivo, docente y de apoyo que desempeñen las funciones específicas de su puesto durante la jornada extendida, conforme el presupuesto disponible y previa autorización de las AEL y la SEB. El apoyo económico se podrá destinar hasta un 61 por ciento de los recursos federales.

2) Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas. Recursos para desarrollar las acciones de fortalecimiento de la autonomía de gestión que la escuela incluya en su ruta de mejora escolar y para apoyar el sistema básico de mejora educativa; así como, ambientes propicios para el aprendizaje.

“Apoyos para el servicio de alimentación. Estos servicios se darán en los planteles que atiendan población escolar con elevados índices de pobreza, marginación y condición alimentaria deficiente, conforme al presupuesto disponible y previa autorización de las AEL y la SEP.

“Apoyos a la implementación local. Recursos dirigidos a la implementación de la propuesta pedagógica, el fomento de las competencias profesionales del personal docente, directivo y de supervisión escolar para proporcionar asistencia técnica, acompañamiento, seguimiento, evaluación, así como acciones necesarias para el logro de los objetivos del programa, y para apoyar el sistema básico de mejora educativa. Las AEL podrán destinar hasta el 2 por ciento de los recursos transferidos para este rubro de gasto”.

Por lo anterior, puede observarse que la preocupación del Congreso del Estado de Chihuahua, es un tema ya previsto por la Secretaría de Educación Pública, dependencia del Ejecutivo facultada para ello, por lo cual no es necesario realizar reformas legales en este sentido.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, Apartado G, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de escuelas de tiempo completo.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 UNESCO (2000) Marco de acción de Dakar. Recuperado el 20 de octubre de 2014, desde: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf

2 Antúnez, S. (2004). Organización escolar y acción directiva. México: SEP

3 SEP (2014) Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Recuperado el 20 de octubre de 2014, desde: http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/

4 Reglas de operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 2014. Financieros. Recuperado el 20 de octubre de 2014, desde: http://basica.sep.gob.mx/ro2014.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica en contra).»

«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de inclusión de los padres de familia o tutores en cursos básicos de computación e internet

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el jueves 4 de septiembre de 2014, el diputado Alberto Curi Naime, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 33 de la Ley General de Educación (LGE).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

El promovente, Alberto Curi Naime, diputado de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, incluye en las consideraciones de su iniciativa los siguientes argumentos:

a. La educación, permite que las personas desplieguen sus potencialidades para alcanzar un desarrollo pleno e integral. Considerando que no es una actividad aislada; las acciones, actitudes y comportamientos de todos los miembros de la comunidad inciden en su calidad. Si bien brindarla es una responsabilidad del Estado, la educación precisa de la participación de toda la sociedad.

b. Los padres de familia o tutores desempeñan un papel preponderante, pues los forman, inspiran, motivan y dan seguridad, lo que promueve en ellos patrones de identificación que propician el desarrollo de su propia personalidad.

c. Si se reconoce la injerencia de los padres de familia en la educación, se hace indispensable fortalecer su preparación, así como sus capacidades y habilidades.

d. La tradición en educación para padres es una necesidad reconocida en otros países:

d.1. En Estados Unidos de América data de 1815, con las asociaciones de las madres de familia, cuya finalidad era capacitarlas para el buen desempeño con sus hijos.

d.2. En 1897 se organizó el Congreso Nacional de Padres y Maestros, inspirados en el psicólogo Stanley Hall.

d.3. En 1903 se funda en Europa la Unión Nacional de Educadores con el propósito de involucrar a la familia en el proceso de la formación de los estudiantes.

d.4. En 1923, la Fundación Rockefeller creó centros de investigación para acrecentar la ayuda afectiva y formación de especialistas en la educación de padres de familia.

d.5. En la posguerra crecen las asociaciones en torno a las enfermedades mentales como secuela de dicha guerra.

d.6. En 1963, Bruselas celebró el primer Congreso Mundial de Escuelas de Padres, con temas sobre trastornos y dificultades actuales de relaciones, así como de educación familiar en las diferentes civilizaciones.

e. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en “Un enfoque de la educación para todos basado en los derechos humanos”, establece claramente que los padres de familia son asociados esenciales en la educación permanente de sus hijos. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en “Invertir mejor para invertir más, financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe”, señala la necesidad de que los padres de familia cuenten con herramientas para apoyar a los hijos en el rendimiento escolar.

f. En México, a decir del promovente, durante los Siglos XVIII y XIX, los padres de familia se integraron a los cuerpos encargados de supervisar y apoyar a las escuelas y a inicios del siglo XX se formaliza las primeras agrupaciones destinadas a conjuntar la acción de éstos en apoyo a la educación.

g. Sólo hasta 1933 se incluye la figura de las asociaciones de padres de familia a través del Reglamento de las agrupaciones de padres de familia del Distrito Federal, cuya operación se generalizó a varios estados del país. En 1949 se emitió el “Reglamento para la constitución y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia en las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública”, siendo ambos, antecedentes de la actual reglamentación en este rubro.

h. El desarrollo tecnológico ha crecido a una gran velocidad con resultados desiguales a los distintos sectores poblacionales. El promovente afirma que las poblaciones vulnerables no tienen oportunidad de acceder a las tecnologías de información y comunicación (TIC), por razones económicas, sociales, geográficas o culturales. Lo anterior ha dado lugar a una brecha digital entre padres e hijos que impacta en mucho mayor medida, a quienes actualmente viven en condiciones de rezago económico y social.

i. La brecha digital representa uno de los principales retos en materia educativa, por lo que se deben generar más infraestructura y equipamiento para ampliar la cobertura educativa, sobre todo en comunidades que presenten mayor rezago; y se promueva el acceso al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

j. A decir de la iniciativa, la Encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y comunicaciones en los Hogares (Inegi, 2011), muestra la necesidad de llevar a cabo programas para que los padres de zonas marginadas accedan al uso de las nuevas tecnologías: la edad de los usuarios de las TIC (uso de computadora, internet y telefonía celular), se da predominantemente entre la población joven (12 a 24 años), y que a partir de los 45 años el uso de TIC es inusual (una de cada diez personas). Esta circunstancia, entre otras, los orilla a la exclusión social.

k. Entre las experiencias a nivel nacional destaca el promovente, el caso del Estado de México (2010), que se implementó el Programa “Conexión Educativa” de Alfabetización Digital dirigido a padres de familia de comunidades rezagadas. Otros estados han implementado políticas similares: Sonora, Michoacán y Chiapas.

l. La implementación de proyectos y programas, además de reducir la brecha digital, motivaría a los padres a capacitarse y a participar e involucrarse con mayor intensidad en la educación de sus hijos; y propiciaría mayor comunicación e interacción entre ellos.

m. El artículo tercero constitucional establece que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, por lo que la Ley General de Educación debe contemplar, como parte de la equidad en la educación, que se realicen programas y acciones para los padres de familia que se encuentren en situación económica y social en desventaja. En tal virtud, la iniciativa propone la implementación de cursos básicos de computación y manejo de internet; dirigidos a los padres de familia.

Con base en los anteriores argumentos, el diputado Curi Naime propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a VI. ...

VII. Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación comunitaria, así como cursos básicos de computación e internet dirigidos a padres de familia o tutores de alumnos de educación básica;

VIII. a XVII. ...

...

III. Consideraciones generales

En opinión de esta comisión dictaminadora, el tema de la inclusión de los padres de familia o tutores en cursos básicos de computación e internet contribuiría a generar mejores condiciones en los estudiantes, por lo que en términos generales la comisión coincide con la iniciativa del diputado Curi Naime.

Sin embargo, de acuerdo con la redacción de la iniciativa propuesta, se hace necesario hacer señalamientos particulares, que desde el punto de vista de esta comisión afectarían la aplicación plena de la iniciativa en comento:

a) Según el Censo de Escuelas, Alumnos y Maestros de Educación Básica y Especial 2013 (Inegi-SEP), las escuelas adaptadas, de materiales precarios y las calificadas como escuelas móviles (vagones, camiones, etcétera) suman un total de 50 mil 174 “planteles”, de las que 39 mil 300 son públicas. Esto representa el 29 por ciento del total de escuelas en el país (25 por ciento de las escuelas públicas y 54 por ciento de las privadas). Estas escuelas, que no tienen un plantel adecuado para brindar los servicios de educación, difícilmente contarán con la infraestructura y equipo requeridos para cubrir los requerimientos a fin de dotar del servicio de cursos básicos de computación e internet a los padres de familia.

b) Al analizar la vinculación entre pobreza y escuelas con infraestructura insuficiente (adaptadas, de materiales precarios y móviles), se encuentra que a nivel estatal hay un coeficiente de correlación de 0.25; es decir, que la probabilidad de tener escuelas con infraestructura deficiente esta aparejada con una mayor probabilidad de pobreza.

Pobreza y deficiencia en infraestructura escolar por estado

Fuente: Censo de Escuelas, Alumnos y Maestros de Educación Básica y Especial 2013 (Inegi-SEP)

Esto implica que la población con mayores carencias es justamente la población afectada por menor infraestructura en sus escuelas, por lo que la implementación de una iniciativa como la que se discute necesariamente requiere de generar una mayor inversión en infraestructura para las poblaciones pobres.

c) Derivado de lo anterior, y de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria esta comisión dictaminadora considera que la iniciativa en comento tiene impactos presupuestarios, debido a que no es posible alcanzar una capacitación mínima en computación e Internet si no se cuenta con elementos mínimos de infraestructura, equipo y materiales, como son: acceso a Internet, equipos de cómputo y materiales especiales para estos cursos.

Con lo anterior, puede apreciarse que la iniciativa en comento tendría implicaciones educativas importantes, sobre todos en cuanto a reforzar la equidad, sin embargo implicaría impactos presupuestarios, que no han sido contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni cuentan con contraparte en ingresos; por lo cual, es necesario contemplar el presupuesto en este sentido.

Es de señalarse que en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 115 y 116), los gobiernos de las entidades federativas y municipales, cuentan con autonomía respecto al Gobierno Federal, en los términos de establecer obligaciones para los gobiernos locales que implique la presupuestación de recursos, lo que de aprobar el proyecto de decreto materia de esta dictamen, implicaría vulnerar la autonomía establecida por nuestra Carta Fundamental de dichos órdenes de gobierno.

d) Por otro lado, la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 3o. prevé que el “Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

Por ello, el Estado solo está obligado a impartir la educación básica y la media superior; asimismo, promoverá y atenderá la educación inicial y a la educación superior. Por lo que establecer la impartición de cursos básicos de computación e internet dirigidos a padres de familia o tutores de alumnos de educación básica, no concuerda con los fines que establece el segundo párrafo del artículo 3o. de la CPEUM y el artículo 7 de la Ley General de Educación (LGE).

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, Apartado G, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica en contra).»

«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el martes 23 de septiembre de 2014, la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 48 de la Ley General de Educación (LGE).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La promovente, Gabriela Medrano Galindo, diputada de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, incluye en las consideraciones de su iniciativa los siguientes argumentos:

a. La Secretaría de Educación Pública, SEP, tiene como facultad crear condiciones para asegurar el acceso de todas y todos los mexicanos a una educación de calidad, en el nivel, modalidad y lugar que lo requieran; a decir de la promovente, por ello es de suma importancia conseguir el acceso a todos los planes y programas de estudio, desde la educación inicial, básica, media superior, superior, tecnológica e indígena.

b. El Estado tiene la responsabilidad de hacer obligatoria y gratuita la educación hasta el nivel medio superior.

c. La educación de calidad busca profesionalizar el capital humano, formando ciudadanos comprometidos con una sociedad más justa y próspera.

d. Los jóvenes necesitan acciones contundentes que los inserte en la vida productiva. Por lo que la educación debe estar vinculada a la investigación, que les permita potencializar todas sus capacidades y aptitudes.

e. La promovente afirma que en los planteles de educación media superior actualmente se atiende a 4.4 millones de jóvenes, correspondiendo el 91.3 por ciento a los bachilleratos y 8.7 por ciento a la educación profesional técnica. De cada 100 egresados de la educación media superior, 85 alumnos continúan los estudios de nivel superior, cifra que debe ir incrementándose hasta lograr que la totalidad de alumnos continúen con los estudios superiores.

f. El acuerdo 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2008 regula, a decir de la promoverte, la educación media superior, a fin de revisar, actualizar, unificar y profesionalizar los planes de estudio que se prestan en ese nivel.

Con base en los anteriores argumentos, la diputada Medrano Galindo propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 48, de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 48. ...

...

...

La secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. De igual manera, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los planes y programas de estudios del nivel medio superior aplicables, actualizados y obligatorios en la República Mexicana. En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años, y deberán mantenerse actualizados conforme a los parámetros y perfiles a los que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones generales

De manera general la comisión dictaminadora coincide con la iniciativa de la diputada Medrano Galindo, pues se coincide que es menester de la autoridad para el mejor desarrollo del sistema educativo nacional, el que se genere una educación media superior de calidad.

Sin embargo, de acuerdo con la redacción de la iniciativa propuesta, se hace necesario hacer señalamientos particulares, que desde el punto de vista de esta Comisión afectarían la aplicación plena de la iniciativa en comento:

a. El acuerdo número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad integra un marco curricular común, define y regula las modalidades de oferta, establece Mecanismos de gestión y genera una Certificación Complementaria del SNB; los contenidos de este acuerdo permiten cubrir de manera general las principales inquietudes que expresa el diputado iniciante.

b. Respecto a la característica de que los planes y programas se mantengan permanentemente actualizados; se debe comentar que existe divergencia en la opinión de los expertos respecto a la permanencia o actualización de las políticas educativas, que no son sino el reflejo de la tensión permanente entre el discurso político y la subjetividad. Estos es, si bien por un lado el discurso político parece adquirir conceptos, que tienen como prioridad hacerse de las voluntades de los votantes, la realidad subjetiva puede ser muy distinta debido a los contextos que les afectan.

Por otro lado, es importante considerar que la estabilidad en los procesos educativos, permite que estos sean asimilados con los propósitos que originalmente fueron concebidos, mientras que la inestabilidad o actualización constante de los mismos podría dar lugar a que no fueran asimilados de manera plena por los estudiantes.

c. Es importante destacar que existe una gran parte de instituciones públicas y privadas que imparten educación media superior y que están incorporadas a universidades públicas nacionales o estatales, lo que remite de manera precisa a la autonomía de la que gozan tales instituciones. La iniciativa en cuestión, en opinión de esta comisión dictaminadora si bien goza de la virtud de atender a factores mínimos que se deben cumplir en el marco de una educación de calidad, no considera la realidad de los límites que puede representar el respeto a la autonomía. En ese sentido, el propio acuerdo 442; así como los correlativos 444, 447 y 448, parten del “pleno respeto al federalismo educativo y a la autonomía universitaria”, lo que no se puede deducir claramente de la iniciativa motivo de este dictamen.

Por otra parte, es importante destacar que si bien un periodo de tiempo fijo para la revisión de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de cuatro años puede resultar atractivo desde el punto de vista administrativo, la diversidad de la educación media superior puede implicar distintas necesidades. Debido a esto, esta soberanía contempló en el artículo Vigésimo Segundo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente que “La Secretaría formulará un plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales, a nivel nacional, de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el Sistema de Normales Públicas a efecto de asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema educativo nacional.”

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, Apartado G, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Valencia, Ana (2009). “La razón narrativa frente a la política pública: una lección desde las subjetividades”, en Sinéctica (Revista Electrónica de Educación), consultado en:

http://www.sinectica.iteso.mx/ ?seccion=articulo&lang=es& id=475_procesos_institucionales_de_cambio_y _estabilidad_en_organizaciones_educativas

2 En este sentido se debe considerar la tesis de Vértiz (1999), Procesos institucionales de cambio y estabilidad en organizaciones educativas,consulta en:

http://www.scielo.org.mx/ scielo.php?pid=S1665-109X2009000200004& script=sci_arttext; que se cuestiona sobre si las escuelas están preparadas para implantar cualquier política que prescriba la política pública o bien si existen restricciones evidentes a las que se deben enfrentar los diseñadores de políticas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria

Honorable Asamblea:

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157 numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4  del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1.En fecha 9 de septiembre del 2014, el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria, con número de expediente 4899.

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-5-1852 turnó para dictamen a esta Comisión de Reforma Agraria, el expediente número 4899, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN.

3. La Comisión de Reforma Agraria, integra a través de su secretaría técnica, las opiniones de sus diputados integrantes y entra al estudio de las iniciativas con fundamento en el cual, formula proyecto de dictamen para la consideración del pleno de las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión, para su estudio y aprobación en su caso.

4. Con fecha 9 de diciembre de 2014, se reúne en pleno la Comisión de Reforma Agraria para conocer el proyecto de dictamen, estudiarlo, analizarlo y, en su caso, aprobarlo, misma que al examinar el proyecto de dictamen, además de los antecedentes que aquí se reseñan, se estudiaron de la iniciativa las siguientes motivaciones:

II. Contenido de la iniciativa

El diputado promovente señala que México tiene una superficie de 196 millones de hectáreas, de las cuales el 51 por ciento son de núcleos agrarios.

Además apunta que durante el reparto agrario, que inició en el periodo revolucionario 1915 y concluyó en 1992, fueron entregadas a los campesinos 103.5 millones de hectáreas, y a 20 años de dicho reparto, sólo 2.5 por ciento de la propiedad de ejidos y comunidades ha adoptado el dominio pleno, es decir, transitado de la propiedad social a la privada. Estas más de 100 mil hectáreas de propiedad social están organizadas en 31 mil 785 núcleos agrarios, de los cuales 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 son comunidades.

El diputado destaca además que en los ejidos y comunidades viven alrededor de 5 millones 222 mil sujetos agrarios aproximadamente, es decir, aquellos que son titulares de derechos agrarios reconocidos sobre la tierra, y sus familias. Y que el artículo 27 constitucional derivaron: las propiedades particulares, que se rigen por los códigos civiles de cada entidad federativa, la propiedad de la nación, y la propiedad social de las comunidades agrarias y de los ejidos.

En su exposición de motivos, el diputado resalta el espíritu del Constituyente de 1917, quien consideró vital insertar en forma lo que es el derecho agrario, y sus principios básicos en la Carta Magna, en donde quedaran plasmados los anhelos y esperanzas de justicia social que el pueblo reclamaba, de acuerdo con los diversos ideales sociales que en ese entonces eran demandados, sin embargo, desde el inicio de la gesta revolucionaria de la que surgió la reforma agraria, las características demográficas y económicas de nuestro país han cambiado radicalmente, por tanto necesitamos cambiar la ley agraria no porque haya fallado, sino porque tenemos hoy una diferente realidad demográfica, económica y de vida social en el campo, que la misma reforma agraria contribuyó a formar y que ahora requiere nuevas adecuaciones a las necesidades de los campesinos acorde con estos tiempos.

La iniciativa expone que se debe actualizar nuestra reforma agraria para incrementar la libertad y la autonomía de todos los campesinos en la realización de sus aspiraciones de justicia pues con la propiedad ejidal y comunal, se buscó dar respuesta al problema agrario, cuya caracterización principal estaba en la dicotomía –producto de la Conquista y la Colonia– de individuos sin tierra, sin derechos y sin trabajo por un lado, y de grandes latifundistas por otro.

Los problemas más notables, a dicho del diputado, se deben por la negativa de las autoridades para permitir el fraccionamiento de las tierras; pues se han propiciado controversias entre los hijos del ejidatario fallecido con el heredero preferente, generando conflicto entre hermanos ya que no puedan heredar en igualdad de posturas una fracción de terreno de la parcela que les dejó su fallecido padre, además de que en caso de que el heredero estuviese dispuesto a cederles una fracción de terreno de dicha parcela, no se puede por lo que mandata actualmente la ley agraria.

La exposición de motivos también expone que contraviniendo la ley agraria incluso en lo que en materia civil se dispone en materia de alimentos, la ley agraria actual no permite que se cumpla esta obligación de los padres hacia los hijos, de tal suerte que si un ejidatario fallecido teniendo hijos menores de edad que requieran alimentos (vestido, calzado, educación, atención médica, etcétera), y designo como sucesor preferente a una persona determinada, ésta no queda obligada a proporcionar alimentos al hijo menor del ejidatario o los demás hijos, es por esta razón que el orden de preferencia que establece la Ley Agraria en el artículo 17 genera y seguirá generando muchos conflictos al interior de las familias mexicanas que tengan una parcela. Es por esta razón que la presente iniciativa uno de sus objetivos es que los ejidatarios tanto jóvenes y viejos puedan dejarle a sus hijos la certeza jurídica de que todos tendrán un documento que los acredite como legítimos herederos, y a su vez ejidatarios, para dar seguridad jurídica a las familias campesinas de todos los ejidos del país, teniendo todos estos el derecho de heredar una parte del ejido.

Además señala que como sabemos actualmente la parcela es susceptible de rentarla de permutarla o venderla, pero no es susceptible de heredarla en partes iguales, ni mucho menos venderla en fracciones, no se puede heredar a varios hijos, porque los legisladores conservan el espíritu de que las parcelas son un patrimonio familiar por lo tanto no son susceptibles de fraccionarse, porque hasta la fecha persiste esta modalidad de que las parcelas son indivisibles, por ser el patrimonio de las familias campesinas, y es verdad. Sin embargo es por ese mismo motivo, que los ejidatarios tanto jóvenes y viejos puedan dejarle a sus hijos la certeza jurídica de que todos tendrán un documento que los acredite como legítimos herederos, y a su vez ejidatarios, para dar seguridad jurídica a las familias campesinas de todos los ejidos del país, teniendo todos estos el derecho de heredar una parte del ejido.

Asimismo, se expone que el artículo 18 de la Ley Agraria dispone que cuando el titular de una parcela que haya fallecido, y que no haya hecho la lista de sucesores, los derechos parcelarios se transmitirán de acuerdo a un orden de preferencia, colocando en primer lugar a la cónyuge, en segundo lugar a la concubina, en tercer lugar a uno de los hijos del ejidatario fallecido, y en cuarto lugar a uno de sus ascendientes, y en quinto lugar a cualquier otra persona que dependa económicamente de él. Después dispone que si resultaren dos o más personas con derecho a heredar, éstos gozaran de tres meses, para decidir, quién de ellos se quedará con la parcela.

Es entonces, a juicio del diputado, contradictorio a lo que se dispone en materia civil referente a la figura del testamento, porque la Ley Agraria, en sus artículos 17 y 18, no permite el fraccionamiento de una parcela ejidal, para el caso de que el titular de la parcela deje testamento, o no lo deje, luego entonces porque la Ley Agraria no permite mejor la repartición de la tierra en partes iguales, que es lo que las partes en un conflicto agrario estarían dispuestos hacer para que cada uno de ellos le tocara un pedazo de tierra, ya que no es susceptible de fraccionarse y a consecuencia de ello se tiene que recurrir a una subasta pública, para terminar al final en la repartición del dinero en partes iguales, lo más idóneo es fraccionar la parcela en partes iguales y que el Registro Agrario Nacional les expidiera los certificados parcelarios, de acuerdo a la superficie de tierra que a cada heredero le corresponda, respetándose así el principio fundamental del testamento que es la libertad que tiene el testador para disponer de todos sus bienes.

Por último, en el artículo 80 de la ley se hace alusión a la venta de la parcela ejidal, y dispone que cuando el titular desee venderla lo podrá hacer tomando en cuenta que la esposa del ejidatario y los hijos de éste, tienen preferencia para comprarla y que gozarán de treinta días para ejercer dicho derecho, y que en caso de no notificarles la venta podrá ser anulada, entonces por qué permitir la venta total de la parcela, si la ley permitiera vender una hectárea o dos de acuerdo a la decisión personal de cada ejidatario, los campesinos pudieran vender 2 o 3 hectáreas, pero no tendrían que quedarse totalmente desamparados vendiendo todo el terreno, que en muchas ocasiones por tratar de solventar los estudios de sus hijos venden toda la parcela pudiendo vender solamente unas cuantas hectáreas de su terreno, es aquí en donde la Ley Agraria debe dar protección al patrimonio familiar de los ejidatarios, a que alude la ley, y la oportunidad de continuar con su sustento de vida.

Por las consideraciones antes expuestas, el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, propone la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 17, y se derogan las fracciones I, II, III, IV, y V y el último párrafo del artículo 18, y se reforma el artículo 80, todos de la Ley Agraria, para quedar en los siguientes términos:

III. Consideraciones de la comisión

Primera.Del estudio pormenorizado de la presente iniciativa, está comisión dictaminadora estima viable puntualizar, que la misma objeto del presente dictamen, ha sido presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y turnada a esta misma Comisión de Reforma Agraria, en dos ocasiones anteriores, en fecha 9 de octubre de 2013 y el 6 de febrero de 2014, respectivamente; con pequeños cambios en su articulado propuesto, pero ninguno que modifique sustancialmente el objeto para la que es promovida la ya citada iniciativa, ambas fueron dictaminadas en tiempo, forma y de manera conjunta; en términos de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 81 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Aunado a lo anterior cabe hacer mención en que, si bien es cierto que se ha presentado con modificaciones el articulado propuesto, no así, la exposición de motivos, pues en las tres ocasiones en las que se ha presentado y turnado a esta comisión, el texto que motiva la presente iniciativa es el mismo.

Segundo.La iniciativa presentada por el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PANy turnada a esta comisión el 9 de septiembre de 2014, carece en todo momento de una técnica jurídica depurada y que esté en concordancia con disposiciones que emanan de la propia Ley Agraria, debido a que en dos de sus articulados establece una aplicación supletoria del derecho civil, concretamente de su norma sustantiva federal, pues en el artículo 2o. de la Ley Agraria se establece la supletoriedad en todo aquello que no se encuentre previsto en la referida ley.

Cabe señalar que la referida supletoriedad sirve como una especie de suplemento a la normatividad que regula la propiedad y la actividad de la justicia agraria, con diversas legislaciones independientes del derecho social y del artículo 27 constitucional. Sin embargo esta supletoriedad se limita por dos factores, que recoge el artículo 167 de la Ley Agraria. Por un lado, para que exista la supletoriedad es necesario que la institución o figura de que se trate exista efectivamente en la legislación agraria, aunque se halle insuficientemente desarrollada, como en el caso de sucesiones que es el que nos ocupa. Y por otro lado no es posible introducir figuras ajenas a la legislación de la materia, criterio que comparte de la misma forma nuestro más alto tribunal.

Por ello y en virtud de que la supletoriedad de la norma se encuentra lo suficientemente regulada y reglamenta por la propia legislación se concluye que incluir de nueva cuenta la supletoriedad en todo caso resulta ser redundante e innecesario.

Tercero. Ha sido lo suficientemente discutido por los integrantes de esta comisión la intención que se tiene de que el derecho agrario mexicano, concretamente en la norma que lo regula, tanto en su parte adjetiva como en la sustantiva, gocen de cierta autonomía y que esta disciplina recurriera en determinado momento a sus propias fuentes.

De hecho, históricamente, nuestra nación no podría proseguir su soberana vigencia por mucho tiempo sin la vital presencia de la Ley Agraria y del propio derecho social; es decir, la república no podría subsistir bajo el abrigo de la juricidad del orden privado, a su fuerza administrativa o aún represiva. La historia política de México enseña, en el fondo, que todo nuestro estado, sus funciones y su sistema jurídico dependen en gran parte, por la propia naturaleza de sus condiciones existenciales, de dicha norma agrosocial que, finalmente, es la que da una posibilidad de mantener la paz común y la seguridad jurídica, no sólo entre los campesinos, sino en toda nuestra sociedad.

Es por ello que en este sentido, las normas que se pretenden reformar y que prácticamente regularía el derecho privado deben quedar fuera de toda consideración dentro del derecho agrario, como parte del mismo derecho social.

Cuarto. Uno de los problemas que se pretenden resolver con la reforma a los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria en comento, según se desprende de la lectura de la exposición de motivos que formula el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, es el que se trata de los conflictos surgidos entre miembros de una misma familia, que figuran o no en la lista de sucesión elaborada por el ejidatario de cujus. Problema que sí se encuentra previsto en la Ley Agraria vigente ya que el propio artículo 18 y asimismo el 19 de la ley en cuestión, señala que el Tribunal Agrario competente se encuentra facultado para resolver en el asunto y, en su caso, enajenar los derechos parcelarios y el producto que resulte de la venta repartirlo entre las personas con derecho a heredar o incluso darlos al núcleo de población ejidal, según corresponda.

Quinto.En estrecha relación con los dos considerandos anteriores es necesario establecer que en sentido jurídico, la sucesión mortis causa agraria es la sustitución de un ejidatario, en sus derechos y deberes transmisibles, por otra, por causa de fallecimiento. Ello implica el cambio de ejidatario en una serie de relaciones de derecho agrario, cuyo cambio de éstas es en correspondencia de todas aquellas situaciones en que sea titular el fallecido y que no tengan carácter de personalísimo, lo cual a su vez, deriva esencialmente del derecho ejidal, patrimonial y de la índole social respectiva del de cujus.

La sucesión agraria por causa de muerte no es tan solo una adquisición de bienes y derechos por parte del sucesor, sino un fenómeno complejo de sustitución del ejidatario por alguien que se hace cargo de sus relaciones y haberes: administra los derechos ejidales, los bienes que tutela, cobra los créditos, pero también liquida la sucesión, paga las deudas, y tiene la responsabilidad, a estos efectos, de conservar el patrimonio agrario del difunto, es decir, de preservar los medios para que puedan hacer efectivos sus derechos agrarios quienes le sucedan en los mismos.

Este tipo de sucesión no responde únicamente a los intereses particulares o propios de los ejidatarios como individuos, sino que tienen que ver con un interés social y económico del ejido, con la necesidad de que la muerte de un ejidatario no afecte a la estructura socioeconómica del núcleo, ni cese sus relaciones de este índole, ya que una interrupción de este tipo sería perjudicial en la economía del ejido.

Sexto.Un problema que, a juicio de esta comisión, se acentuaría en la presente iniciativa, es uno que aqueja incluso desde antes de la reforma constitucional del artículo 27 del año de 1992 y lo es el fraccionamiento excesivo de la tierra.

En efecto, en la exposición de motivos de la citada reforma constitucional, el Ejecutivo federal da por terminado el reparto agrario y señala la necesidad de revertir un “creciente minifundismo y fraccionamiento en la tenencia de la tierra que, en muchos de los casos, ya ha rebasado las posibilidades de sustentar plenamente a sus poseedores.”

El principio de indivisibilidad de la parcela ejidal por tanto, no fue un capricho jurídico o político establecido por el proponente de aquella reforma, sino que se estableció como una medida que evitaría la pulverización de la tierra que afectaría la vida de todas las comunidades y ejidos al entrar en vigor el fin del reparto agrario.

La Procuraduría Agraria, en el glosario de términos jurídico-agrarios del año 2008 define al minifundio como: “ pequeñas super?cies de propiedad ejidal, comunal o particular, con dimensiones menores a cinco hectáreas, en usufructo de integrantes del núcleo, posesionarios o propietarios privados; esta forma de tenencia de la tierra es considerada como una limitante a la viabilidad de la unidad productiva que impide el desarrollo rural y bienestar de las familias campesinas; además conlleva a la pulverización de las tierras de los núcleos y de la pequeña propiedad.”

Lo cual viene a complementar lo considerado con anterioridad pues, si en la propuesta de reforma a los artículos de la Ley Agraria se pretende fraccionar la parcela ejidal mediante la sucesión y la enajenación, no se establecen mecanismos ni límites a dicho fraccionamiento ni para abatir en un mediano y largo plazo el minifundismo que se vería acrecentado de forma exponencial, en caso de aprobarse la reforma planteada.

Por ello, la propuesta de reforma presentada resulta ser incompleta y poco viable en el desarrollo económico y social de los ejidatarios.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura resolvió dictaminar en sentido negativo la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria, propuesta por el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar y somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN, con número de expediente 4899.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1. Amparo en Revisión 276/76. Guanos y Fertilizantes de México S.A., 6 de febrero de 1979, Quinta Época: Tomo CX, p. 1755. Tomo CXI p. 1022

2. Díaz de León, Marco Antonio. Las acciones de Controversia de Límites y de Restitución, ed. Porrúa, México, 2000, p. 40

3. Dirección General de Estudios y Publicaciones de la Procuraduría Agraria. Glosario de términos jurídico-agrarios 2008. P. 107

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2014.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Gisela Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Martha Berenice Álvarez Tovar, Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya, Óscar Bautista Villegas (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba, Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 y adiciona un párrafo al artículo 5 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 58 y se adiciona un párrafo cincuenta al artículo 5, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para los efectos del artículo 72, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 72, inciso D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 84, 157, 158, 176, 180, 190, 191 del Reglamento vigente de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen a partir de la siguiente:

Metodología

Para dar cumplimiento a la metodología dispuesta por el artículo 85 del Reglamento vigente de la Cámara de Diputados, la comisión presenta el siguiente dictamen en cuatro apartados, a saber

I. Antecedentes: Se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II. Contenido de la minuta: Donde sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. Consideraciones: Expresa los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de la Comisión Dictaminadora; y

IV. Conclusiones: Se establecen los resolutivos que dan sentido al dictamen.

I. Antecedentes

El 15 de noviembre de 2012, en sesión celebrada por el pleno del Senado de la República, el senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 58, y se adiciona un párrafo cincuenta al artículo 5 de la ley Federal de Sanidad Animal.

En la misma fecha, con número de oficio DGPL-1P1A.1987, la Presidencia de la de la Mesa Directiva, a través del senador José Rosas Aispuro Torres, en su calidad de vicepresidente, turnó dicha iniciativa para su estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos Segunda.

Las comisiones unidas que suscribieron el dictamen, realizaron diversos estudios para el análisis de la iniciativa, con el propósito de elaborar y discutir el presente, mismo que se sometió a consideración de la colegisladora.

El 19 de febrero del 2012, se le dio primera lectura, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 58 y se adiciona un párrafo cincuenta al artículo 5, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

El pasado 21 de febrero del 2012, se le dio segunda lectura, discusión y aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 58 y se adiciona un párrafo cincuenta al artículo 5, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

El pasado 26 de febrero del 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, mandó oficio número D.G.P.L. 62-II-6-0438, dando turno a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego; la minuta con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 58 y se adiciona un párrafo cincuenta al artículo 5, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

El pasado 30 de abril de 2013, la Mesa Directiva, con oficio D.G.P.L 62-II-6-0672, autoriza la prorroga a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictaminar la minuta proyecto de decreto que reforma u adiciona la Ley Federal de Sanidad Vegetal, que remitió la Cámara de Senadores el pasado 26 de febrero de 2013.

Que el pasado mes de abril, del año en curso, los diputados integrantes de la Comisión realizaron una visita a los puntos de inspección y verificación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ubicados en territorio fronterizas de los Estados Unidos de Norteamérica, ubicados en San Diego, Calexico, y en el estado de California a fin de buscar elementos que ayuden a dictaminar la minuta en estudio.

El 23 de abril del año en curso, los diputados que recorrieron los puntos de inspección y verificación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria hicieron entrega del informe de su recorrido.

II. Contenido de la minuta

La colegisladora indica que la falta de profesionalización en los procesos de verificación de productos vegetales importados, pueden representar un riesgo de infestación y diseminación de las plagas o enfermedades que en el momento de la movilidad del producto se origen; por otro lado expone que se pueden sustraer algún producto, dado que las instalaciones de inspección de la aduana mexicana, se encuentran distantes.

También argumenta, que en el pasado al dar origen a las reformas, adiciones de la Ley Federal de Sanidad en el 2007, se dio pauta a establecer los puntos de inspección internacional en esta materia, a que los servicios de inspección no obstaculizaran el comercio internacional y facilitaran la movilidad de los productos agrícolas en función de la normatividad que exigen al país de exportación.

Manifiesta la colegisladora que se abre la posibilidad de que no se cumplan los requisitos que se establecen en la normatividad internacional, por parte de las empresas autorizadas, para operar en sus instalaciones.

Bajo estos argumentos, la colegisladora considera que reubicar los puntos de inspección fitosanitaria internacional dentro del territorio nacional, coadyuvaría a la generación de más empleos en nuestro país; arguye, la posibilidad de no provocar la caída de las inversiones en la infraestructura y equipamiento en esta materia, y que habría un mayor resguardo de las fronteras de cualquier riesgo sanitario.

Establece que la verificación e inspección fitosanitaria para la importación y exportación, en los puntos de entrada o franja fronteriza del territorio nacional, necesarios para asegurar el nivel de protección en materia de sanidad vegetal del país, es una obligación de la SAGARPA.

Bajo el contexto señalado por la colegisladora señala que es necesario Reformar y el artículo 58 y Adicionar un párrafo 50 al artículo 5 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, que a detalle se transcribe:

La adición debe decir:

Artículo 5o....

...

...

...

Puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación: instalaciones ubicadas en territorio nacional, autorizadas por la Secretaria, que cumplen con las condiciones apropiadas e integrales para prestar en ellas el servicio oficial de inspección en materia de sanidad vegetal de los productos para importación. Estas podrán establecerse en las modalidades de operación que establezcan en las generales que al efecto se emitan.

...

...

...

Artículo 58. La Secretaría deberá de contar con puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación, en los puntos de entrada al territorio nacional, necesarios para asegurar el nivel de protección en materia de sanidad vegetal del país.

Para efectos del párrafo anterior, se consideraran como puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación aquellas instalaciones autorizadas para tal fin por la Secretaría mismas que podrán estar a cargo de entidades de Gobierno, de Organismos Internacionales o regionales, de Organizaciones de Productores, de Organizaciones relacionadas con el Comercio Exterior de productos vegetales, así como de particulares, en los términos del Reglamento de esta Ley y demás disposiciones generales aplicables a las instalaciones descritas en los siguientes supuestos:

I. Los ubicados en los puntos de entrada al país, como puertos y terminales marítimas, aéreas, ferroviarias y terrestres;

II. Los ubicados dentro de los recintos fiscales y fiscalizados de las aduanas,y

III. Los establecimientos que presten servicios integrales de inspección, fumigación y destrucción.

Para el caso de los establecimientos ubicados fuera de las aduanas como en el caso de la franja fronteriza deberán contar con un mecanismo de control y traslado de embarques desde la aduana hasta dicha instalación.

III. Consideraciones

La Ley Federal de Sanidad Vegetal, en las reforma y adiciones que se le realizaron en el 2007, por el Congreso de la Unión, visualizaron la necesidad de armonizar el marco legal en esta materia y con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las NOM, en el entorno internacional; dado que nuestro país desde entonces ha venido firmado Tratados y Acuerdos Comerciales, con diversos países del mundo, dejando serias lagunas legales en la protección fitosanitaria y obedeciendo a este principio.

La ley mandata a la Secretaria establecer para la profesionalización la autorización de los profesionales fitosanitarios como coadyuvantes en la aplicación de medidas sanitarias y a terceros especialistas como coadyuvantes en la evaluación de conformidad con los términos de esta Ley y su reglamento; para ello se requiere para la certificación de los prestadores de servicios, con experiencia demostrable en fitosanidad.

Por ello, el cumplimiento de las prescripciones de los acuerdos comerciales tales como el Acuerdo sobre la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio es esencial para los países que desean tener acceso a mercados internacionales de alimentos.

En este sentido, los integrantes de la comisión reconocen que los países a través de sus compromisos adquiridos en los acuerdos, convenios y tratados internacionales, están ahora obligados a demostrar que las medidas de inocuidad de los alimentos proporcionan una protección adecuada a la salud pública y no son innecesariamente restrictivas al comercio y que las disposiciones contenidas en esta iniciativa contribuyen con estos fines.

Que se destaca que la Ley Federal de Sanidad Vegetal contempla la posibilidad de que los interesados en importar vegetales, así como cualquier tipo de insumos, vehículos de transporte, materiales, maquinaria o equipos cuya internación en el territorio nacional pueda alterar o poner en peligro la sanidad vegetal, puedan solicitar a la Secretaría o a las personas que ésta apruebe para tal efecto, la verificación en origen de las normas oficiales mexicanas que en su caso deberá cumplir la importación de dichas mercancías, incorporándose así un procedimiento que agilizará los procesos de importación dentro de un marco de transparencia y responsabilidad compartida entre la autoridad y los particulares, sin que por ello se vulneren en modo alguno las atribuciones de control fitosanitario propias del Gobierno Federal.

La ley establece diversas disposiciones específicas que garantizan un mayor control y seguridad en la importación de mercancías, tanto en sanidad vegetal como en inocuidad y calidad alimentaria.

Las barreras fitosanitarias que se establecen en el mercado internacional, son de suma importancia para reducir los riesgos sanitarios y fitosanitarios provocados por la movilización de mercancías agrícolas.

La Ley Federal de Sanidad Vegetal, establece los requisitos y especificaciones que deben exigirse para la introducción de productos agrícolas a México, de tal forma que exista una garantía de inocuidad y calidad para los consumidores mexicanos.

Se logró crear un mecanismo eficiente y equitativo en la atención de los productores, mediante la adecuación del marco jurídico en lo relativo a la integración y coordinación de los Comités Estatales y Juntas Locales de Sanidad Vegetal, además de incorporarlos en Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, buscando una mayor rentabilidad y eficiencia en los mismos. Con esto se resolvió el problema de la dispersión de organismos auxiliares de sanidad vegetal.

Se tipifican como delitos los actos que pongan en riesgo, ya sea la agricultura nacional por el ingreso y diseminación de plagas, ya sea por negligencia o descuido, que expongan la salud humana por el consumo de alimentos contaminados.

Es importante señalar que las condiciones para exportar o importar, pasaban por una situación que complicaba el tránsito de las mercancías agrícolas, los casos que se han presentado en los últimos años, asociados con problemas de inocuidad de vegetales frescos han tenido repercusiones económicas importantes que se había generado una imagen negativa para nuestro país y desconfianza hacia los procesos que se realizan en la producción primaria.

Se reconoce la capacidad de demostrar que en todas las etapas de la producción, elaboración y la comercialización existen controles nacionales adecuados de los alimentos, es imprescindible para seguir siendo competitivos en el mercado internacional; Adicionalmente establece los requisitos y especificaciones que deben exigirse para la introducción de alimentos a México, y los procedimientos de verificación y certificación en los puntos de ingreso del país, de tal forma que exista una garantía de inocuidad y calidad para los consumidores mexicanos.

El pasado 29 de abril del presente año, la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con la finalidad de normar criterios, que ayudaran a encontrar elementos sustanciales para el estudio y análisis del dictamen de la minuta, convocó a reunión de trabajo con Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

De acuerdo a los comentarios vertido en el informe de los Diputados que asistieron a los puntos de verificación e inspección de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, señalan que no representa ningún beneficio el trasladar los Puntos de Verificación que actualmente operan del otro lado de nuestra frontera norte, ya que el sistema actual ha venido funcionado correctamente, evitándose que se internen productos que representen un riego fitosanitario para nuestro país, dan seguridad y protección en la salud pública de la población y la protección de los cultivos en el territorio nacional; lo contrario las consecuencias de afectar los costos de importación y una mayor inversión en los tiempos de revisión poniendo en riesgo los productos perecederos a importar.

Asimismo el pasado 18 de agosto del año en curso, esta comisión de Agricultura y Sistemas de Riego solicito al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones parlamentarias, una investigación jurídica sobre los alcances y naturaleza jurídica de los actos de autoridad emitidos fuera del territorio Nacional y a lo cual el 24 de septiembre del presente año se nos entregó dicha investigación, que en su parte concluyente determina lo siguiente:

Primera. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria (Senasica) desarrolla sus funciones a partir de un marco jurídico que proporciona seguridad sanitaria y facilitación del comercio con una plataforma técnico científica consolidada, que da certeza con reconocimiento nacional e internacional.

Segundo. Los países miembros de la Organización Mundial del Comercio han acordado el derecho de adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales contra la acción perjudicial de plagas y enfermedades o contaminantes en agroalimentos, lo cual deberá estar basado en principios científicos, siendo México país miembro des el 1 de enero de 1995.

Tercera. Las inspecciones que realiza el personal oficial del Senasica obedece a la potestad que tiene la Secretaria para prevenir la introducción de plagas que afecten a los vegetales, sus productos o subproductos y ejercer el control fitosanitario en la importación de vegetales, en tal sentido el servicio de inspección del Senasica cuenta con toda la validez y jurisdicción que encierra un acto de autoridad.

Por el análisis realizado, para llegar a una determinación sobre la adición al artículo 5 y la reforma al artículo 58, la Comisión dictaminadora, ha llegado a las siguientes

IV. Conclusiones

La Ley Federal de Sanidad Vegetal vigente, contempla la profesionalización, al certificar a los profesionales fitosanitarios como coadyuvantes para la aplicación de las medidas sanitarias establecidas del marco legal en esta materia.

La ley en mención, tiene como propósito regular la sanidad e inocuidad de los productos, tanto de exportación como de importación, así se estableció desde las reformas y adiciones del 2007; en la que estableció los puntos de inspección internacional en esta materia, se dio pauta a que los servicios de inspección no obstaculizaran el comercio internacional y facilitaran la movilidad de los productos agrícolas en función de la normatividad que exigen al país de exportación.

El cumplimiento de las prescripciones de los acuerdos comerciales tales como el Acuerdo sobre la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio es esencial para los países que desean tener acceso a mercados internacionales de alimentos.

Los integrantes de la Comisión, reconocen que los países a través de sus compromisos adquiridos en los acuerdos, convenios y tratados internacionales, están ahora obligados a demostrar que las medidas de inocuidad de los alimentos proporcionan una protección adecuada a la salud pública y no son innecesariamente restrictivas al comercio y que las disposiciones contenidas en esta iniciativa contribuyen con estos fines.

En virtud de lo anterior y derivado de la diferencia de visiones con la cámara de Senadores, respecto a los puntos de verificación e inspección fitosanitarios, establecidos en los Estados Unidos de América, y haciendo uso de las facultad conferida por la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, desecha la Minuta, que reforma el Artículo 58 y adiciona un párrafo al artículo 5 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y la misma se devuelve al senado de la Republica para los efectos del artículo 72 inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 y adiciona un párrafo al artículo 5 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal en sus artículos 5 y 58 .

Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72, “D” de la Constricción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Ana Paola López Birlain (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores, Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica en contra), Salvador Romero Valencia, Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos y devuélvanse a la Cámara de Senadores, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Me dirijo a usted para comunicarle que, con fundamento en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, he decidido retirar el punto de acuerdo relativo al restablecimiento del polígono de seguridad de San Juan Ixhuatepec, estado de México, presentado por un servidor y turnado a la Comisión de Protección Civil para el análisis y dictamen correspondiente el 13 de noviembre de 2014.

Solicito atentamente a la Mesa Directiva que usted encabeza, dar trámite a esta solicitud para formalizar el retiro de la iniciativa en cuestión.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2014.— Alfonso Durazo Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de la República.— Instituto Mexicano del Seguro Social.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, envío el Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al tercer trimestre de 2014.

El referido informe fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del IMSS, en su sesión ordinaria número 610 celebrada el 12 de noviembre de 2014.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de noviembre de 2014.— José Antonio González Anaya (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Universidads Autónoma del Estado de Tlaxcala.— Rectoría.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 41, fracción III, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2014, en lo referente a la matrícula de las universidades públicas e informes sobre ésta, adjunto al presente “Informe de Resultados de la Auditoría Externa a la Matricula” del segundo semestre, practicada a nuestra institución por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC (AMOCVIES).

Asimismo anexo al presente “Informe semestral específico sobre la ampliación de la matricula” de esta casa de estudios.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

“Por la Cultura a la Justicia Social”

Tlaxcala, Tlaxcala, diciembre 10 de 2014.— Doctor Víctor Job Paredes Cuahquentzi (rúbrica), rector.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítanse a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Universidad Veracruzana.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Para dar cumplimiento al artículo 41, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, me permito enviar a usted, de manera impresa y electrónica el informe de resultados de la auditoría externa al segundo informe semestral 2014 a la matrícula de la Universidad Veracruzana, realizada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC.

Se anexa el formato Informe de matrícula desagregada por nivel y por programa educativo correspondiente al segundo semestre de julio-diciembre de 2014, con fecha de corte de información al 30 de septiembre del año en curso.

Finalmente se envía el reporte de variación de la matrícula establecida respecto al mismo segundo semestre del año anterior.

Es pertinente hacer de su conocimiento que la información correspondiente se encuentra disponible en el portal de transparencia en nuestra página web:

http://www.uv.mx/ transparencia/buscador-tematico/ institucional-infpublica/auditorias/

Con mi reconocimiento, reciba saludos cordiales.

Atentamente

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz.”

Xalapa, Veracruz, a 8 de diciembre de 2014.— Doctora Sara Ladrón de Guevara (rúbrica), rectora.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítanse a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Congreso de Michoacán.— LXXII Legislatura.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 8, fracción IV, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y en mi calidad del presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del  LXXII Legislatura, por medio del presente me permito adjuntar las conclusiones del II Foro Estatal Indígena, organizado en la Comunidad P’urhépecha de Uricho el pasado 1 de diciembre del año en curso.

Asimismo, me permito señalar que en el contexto de la reforma constitucional que próximamente enviará el presidente del República, para establecer las políticas estatales únicas, las comunidades originarias de Michoacán, solicitan respeto a sus rondas comunitarias o tradicionales tal y como se expone en el inciso D de las conclusiones del segundo Foro Estatal Indígena

Lo anterior se hace de su conocimiento con el fin de que en materia legislativa, se tomen en cuenta las inquietudes de las comunidades indígenas dé Michoacán.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2014.— José Eleazar Aparicio Tercero (rúbrica).»

« II Foro estatal indigena

Las comunidades indígenas de Santa Fe de la Laguna, Pichátaro, Jarácuaro, Capácuro, Zirahuén, Uricho, Pomacuarán, Quinceo, Ichan, Tarejero, Arantepacua, Tacuro, Turícuaro, Puácuro, Huáncito, Santa Ana Tzirosto, Ahuiran, Ejido Janitzio, Comachuén, Naranja de Tapia, Cuanajo, Zipiajo, Zopoco, Urandén Carián, Sevina, Cucuchucho y Nocutzepo, reunidos en Uricho, Erongarícuaro, el 1 de diciembre de 2014, bajo los principios de autonomía, autodeterminación y consulta libre e informada, considerados en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo manifiestan lo siguiente:

A) En referencia al nuevo Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, con decreto número 323, publicado el domingo 29 de junio de 2014, donde se establece el derecho de los pueblos originarios a elegir a las autoridades municipales por usos y costumbres, las comunidades arriba señaladas se reservan el derecho a solicitar las elecciones por usos y costumbres de acuerdo con los tratados internacionales, nacionales y estatales en materia indígena. Asimismo, solicitamos se gestione ante el Instituto Electoral de Michoacán, talleres informativos con la Comisión de Pueblos Indígenas de la LXXII Legislatura, a fin de dar a conocer y difundir los derechos electorales de los pueblos originarios y la legislación vigente al respecto.

B) En lo que corresponde a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, respecto al establecimiento, funciones y atribuciones de los Juzgados Comunales, solicitamos atentamente que el Consejo del Poder Judicial en la Reglamentación de dicha ley, instituya Juzgados Comunales en todas y cada una de las comunidades indígenas que así lo soliciten, empezando por las arriba firmantes, de acuerdo con sus usos y costumbres, esto por el derecho histórico e internacional que mantienes los pueblos indígenas para acceder a la justicia.

C) Emanado de los derechos de autoadscripción y autogobierno de los pueblos indígenas, las comunidades antes escritas, solicitan que el presupuesto para las comunidades indígenas, sea ministrado directamente y en todos los rubros conforme a la población originaria que habita en las comunidades por los Ayuntamientos respectivos o el Estado, tomando como referencia histórica los presupuestos asignados a las Comunidades de Nurio y Tanaco. De igual forma solicitamos que la Comisión de Pueblos indígenas de Congreso del Estado realice una reforma a la Ley Orgánica Municipal, con el fin de establecer principios legislativos que permitan la asignación de recursos de manera directa a las comunidades originarias. Asimismo, solicitamos que la Subsecretaria de Gobernación, establezca de manera pronta y seria las Mesas de Trabajo con las comunidades que deseen recibir su presupuesto directo, y solucionar los principales problemas de las comunidades.

D) Las rondas tradicionales o comunitarias mantienen fundamentos históricos, jurídicos y sociales, Encuentran fundamento por lo menos en 4 cuerpos jurídicos internacionales y nacionales: Los artículos 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los artículos 3, 4, 5 y 20 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los artículos 3 y 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Por lo anterior, solicitamos atentamente sean respetadas las rondas tradicionales o comunitarias por los gobiernos Municipales, Estatal y Federal.

E) Las comunidades indígenas de Michoacán antes enunciadas, se manifiestan en contra de la desaparición forzada como política de Estado y solicitan la verdad histórica y justicia para los desaparecidos de los pueblos indígenas de Michoacán, para los desaparecidos en Tarejero, Ca1tzontzin, Zirahuén, Cherán, Santa Fe, Zopoco y Huancito, así como para los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, de igual forma solicitan atentamente, se gestione una cita con el Procurador General de Justicia del Estado abordar la problemática de inseguridad en las comunidades indígenas.

F) Finalmente, cabe mencionar que se instaurarán mesas de trabajo entre las comunidades para dar seguimiento a las deudas históricas antes mencionadas o establecer el análisis de la problemática de los pueblos originarios, asimismo, se conformara un III Foro Estatal Indígena para observar los avances al respecto, convocado para tal efecto el 18 de enero en la comunidad de Naranja de Tapia a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adicionaba el artículo 122 Bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, devuelto desechado, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Se da por concluido el proceso legislativo.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género con el siguiente punto de acuerdo:

“Único.El Senado de la República, con el fin de conmemorar el 11 de octubre de 2014 “Día Internacional de la Niña”, exhorta, respetuosamente, al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la visita de niñas y adolescentes durante una semana en el mes de octubre; para que asistan a una sesión ordinaria en dichas cámaras, en la que se agendará dicha conmemoración como efeméride, con el fin de que éstas vivan una experiencia de participación política y ejercicio de la ciudadanía, constituyendo un proceso formativo para una generación que accederá a la paridad de género en este ámbito, producto de las recientes reformas políticas, vinculando esta acción a la Campaña Internacional del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (Women in Parliaments Global Forum, WPI).

Atentamente

México, DF, 9 de diciembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-4-1540, signado por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese, órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113.2014.DGVP.636, suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al exhorto a diversas dependencias a realizar los estudios técnicos correspondientes en el ámbito de sus atribuciones (hidrológicos, ambientales, agrícolas y económicos, respectivamente), sobre la situación actual, riesgos y potencialidades de la zona de veda en las cuencas de las Lagunas de Tochac y Tecocomulco, en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, así como evaluar la posibilidad de derogar el decreto que establece la veda en dichas cuencas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de diciembre de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/641/14 de fecha 30 de abril de 2014, a través del cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en la misma fecha, mismo que a continuación se transcribe:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua; a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos y Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, a realizar los estudios técnicos correspondientes en el ámbito de sus atribuciones (hidrológicos, ambientales, agrícolas y económicos, respectivamente), sobre la situación actual, riesgos y potencialidades de la zona de veda en las cuencas de las Lagunas de Tochoc y Tecocomulco, en los Estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a las autoridades correspondientes, que a partir del resultado de los estudios señalados en el punto anterior, se evalué la posibilidad de derogar o modificar el “decreto que establece veda para el alumbramiento de aguas del subsuelo en las cuencas de las Lagunas de Tochac y Tecocomulco, en los estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 1957, y se defina un nuevo instrumento normativo que, basado en las necesidades nacionales, el impacto ambiental y criterios técnicos de actualidad, regule el aprovechamiento sustentable de las aguas del subsuelo de las cuencas de las Lagunas de Tochac y Tecocomulco.”

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la Secretaría de Economía (en lo sucesivo SE) a través de su Subsecretaría de Industria y Comercio trabaja en el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo, modernización tecnológica, promoción y competitividad de los sectores productivos de las industrias ligeras señaladas en el artículo 23 del Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, sin embargo no se tiene contemplado realizar los estudios técnicos que se señalan en el punto de acuerdo referido.

No obstante lo anterior, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ésta tiene la facultad de formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural y administrar y fomentar las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas, así como integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural y pesquero, así como organizar y mantener actualizados los estudios económicos sobre la calidad de vida rural y pesquera, con objeto de establecer los medios y procedimientos para mejorarla.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente que haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2014.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-5-1672, signado por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese, órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113.2014.DGVP.622, suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a establecer acciones pertinentes .para lograr la negociación de un arancel competitivo y justo, adecuado a la denominación de origen de cada especie de marisco vivo mexicano exportado a la República de China.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de diciembre de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/548/14 de fecha 23 de abril de 2014, a través del cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, mismo que a continuación se transcribe:

Primero.La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a fin de poder establecer acciones pertinentes para lograr la negociación de un arancel competitivo y justo, adecuado a la denominación de origen de cada especie de marisco vivo mexicano exportado a la República de China. Asimismo, se solicita se informe a esta soberanía, los aranceles que fija China a los productos del mar mexicanos que ingresan a este país por imploración directa de México-China y de forma indirecta a través de un país tercero, así como toneladas que se exportan por ambas vías a dicho país.

Segundo.Se diseñe una estrategia con la finalidad de negociar de forma justa, los aranceles de los diversos productos del mar en especial del marisco vivo, que se exportan a nivel mundial principalmente al mercado chino, para garantizar la competitividad de los productos mexicanos en el mercado exterior, así como redefinir los aranceles que se cobran por los productos del mar provenientes de China que ingresan a nuestro país, con la finalidad de garantizar que los productos mexicanos se encuentran en condiciones paritarias en materia de competitividad con los productos provenientes de este país.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

• Atendiendo a la preocupación expresada en el punto de acuerdo, se ha analizado la información disponible sobre este asunto, y no se advierte de momento ninguna violación a las disposiciones de la OMC en materia de comercio internacional, por las medidas arancelarias que está aplicando China a las importaciones de productos pesqueros mexicanos.

• No obstante lo anterior, se estará dando seguimiento al planteamiento reflejado en el punto de acuerdo detallado, a fin de que en el caso de detectarse violaciones a los acuerdos comerciales internacionales vigentes, se proceda conforme a las medidas que en dichos instrumentos se establecen.

• De igual forma, la Secretaría de Economía estará dando seguimiento puntual a este asunto, para garantizar que los productos mexicanos se encuentren en condiciones paritarias en materia de competitividad con los productos provenientes de la República de China.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el l de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente que haga del conocimiento de la Cámara de Diputados, la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2014.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Pesca, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-5-1667, signado por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese, órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113.2014.DGVP.634, suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a certificar y etiquetar la carne “Libre de clembuterol”, con el fin de informar, educar y concientizar a la ciudadanía de sus ventajas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de diciembre de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/519/14, de fecha 23 de abril de 2014, a través del cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, el pasado 22 de abril, que a continuación se transcribe:

Cuarto.La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Economía, para hacer todo lo que requiera, a modo de que se llegue a certificar y etiquetar la carne “Libre de clembuterol”, con el fin de informar, educar y concientizar a la ciudadanía de sus ventajas.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

• El uso del clembutero1 en la alimentación del ganado está prohibido por la NOM-061-Z00-1999: Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios para consumo animal, además constituye un delito de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Animal (artículo 174).

• Desde el año 2006 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (en los sucesivo Sagarpa) viene imp1ementando el Programa de Proveedor Confiable (Libre de Clembuterol) con objeto de combatir el uso del clembuterol en la alimentación del ganado bovino. Actualmente la mayoría de las entidades federativas se han adherido a este programa, excepto nueve estados.

• La participación de este programa es libre, los productores se inscriben en la delegación de la Sagarpa de su estado. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (en adelante Senasica) realiza cuatro verificaciones al año (una cada tres meses), de la primera a la tercera verificación con resultados negativos al muestreo otorga Constancia de Proveedor Confiable (Libre de Clembuterol).

• Las visitas de verificación a las unidades de producción ganaderas para hacer los muestreos las realiza personal de la Senasica, conjuntamente con la PGR.

Derivado de lo anterior, no se considera procedente la aplicación de nuevas certificaciones libres de clembuterol para el ganado bovino, en virtud de que se encuentra en operación el Programa de Proveedor Confiable (Libre de Clembuterol) a cargo de la Sagarpa (Senasica).

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente que haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2014.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a las Comisiones de Salud, y de Ganadería, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-3251, signado por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 113. 2014. DGVP. 643, suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a instaurar medidas para que se agilice el pago del apoyo al paquete tecnológico de los productores de caña de azúcar 2013 a quienes no se les ha apoyado, concentrados principalmente en Veracruz; asimismo, implantar programas y acciones tendentes a estabilizar los precios del azúcar en el mercado nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/466/14 de fecha 8 de abril de 2014, a través del cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, mismo que a continuación se transcribe:

Único.La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar las medidas necesarias para que se agilice el pago del “Apoyo, al Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013”, a quienes aún no se les han apoyado, concentrados principalmente en el Estado de Veracruz, asimismo, solicitar a la Secretaría de Economía implemente programas y acciones tendientes a estabilizar los precios del azúcar en el mercado nacional.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que el programa de Apoyo, al Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013, es un programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el cual operó en términos de las facultades que dicha Secretaría tiene en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las propias reglas de operación de dicha dependencia.

Por lo que respecto a la solicitud de implementar programas y acciones tendientes a estabilizar los precios del azúcar en el mercado nacional, es pertinente destacar que dicho producto no tiene un precio oficial o fijado por alguna regulación o acto administrativo de dependencia competente.

Para la fijación de precios máximos a los productos y servicios, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé dicha fijación en la medida que se realice conforme a la legislación secundaria que corresponda. En este caso, la Ley Federal de Competencia Económica, en el artículo 9, establece la forma y los términos en que podría llevarse a cabo dicha fijación y para lo cual se requiere la intervención de alguna dependencia de la administración pública federal y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órgano con autonomía constitucional.

No obstante lo anterior, las distorsiones en los mercados de bienes y servicios, incluidos el del azúcar, que podrían ser provocadas por conductas anticompetitivas de los agentes económicos que participan en la cadena de producción y distribución, con objeto o el efecto de fijar, manipular o conectar el precio de venta al que se ofrece el azúcar, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto, pueden ser investigadas por la Cofece y, en su caso, determinar la imposición de sanciones administrativas pecuniarias, así como dar vista al Ministerio Público federal en el caso de que dichas conductas constituyan delitos tipificados en el Código Penal Federal.

También, la Secretaría de Economía, por conducto del sistema nacional de integración e información de mercados, lleva el seguimiento diario del comportamiento de los precios de azúcar en las centrales de abasto y publica un reporte diario con carácter informativo.

Asimismo, en coordinación con el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la Sagarpa, la industria azucarera y productos de caña, se da seguimiento mensual a las variables que componen el balance azucarero y los inventarios disponibles para asegurar el abasto de este producto a la población consumidora.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el l de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente que haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar1e un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2014.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

SOLICITUD DE LICENCIA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, a partir del 27 de diciembre del año en curso.

Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi consideración

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2014.— Diputado Alfredo Zamora García (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría someta a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Alfredo Zamora García para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal a partir del 27 de diciembre del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados, comuníquense.

EXPIDE LA LEY DE ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES, LIBRES Y DE PROMOCION

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Zonas Económicas Especiales, Libres y de Promoción.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Roberto Armando Albores Gleason, senador de la República en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, párrafo 1, fracción I, y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Zonas Económicas Especiales, Libres y de Promoción, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Introducción

En marzo de 2013 presenté ante el pleno del Senado de la República la “iniciativa de ley por la que se crea la Agencia de Desarrollo para el crecimiento económico, la generación de empleos y la creación de empresas con alto valor agregado en las entidades federativas con bajos ingresos per cápita y bajo crecimiento,” pues estamos convencidos que uno de los instrumentos de política pública más poderosos, para detonar el crecimiento económico en dichas entidades –particularmente Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz– es impulsar una nueva política industrial de apoyo a los emprendedores y empresarios, para instalar empresas de alto valor, desarrollar actividades no tradicionales, o fortalecer las empresas ya existentes, para generar empleos y mejorar la calidad de vida de la gente.

Para acelerar su crecimiento, las economías de estos estados requieren atraer empresas de alto valor agregado o empresarios que inviertan en el desarrollo de actividades no tradicionales, en el uso de nuevas tecnologías, y en la generación de nuevos productos que encuentren nuevos mercados. Para lograr tal objetivo, propusimos la creación de una Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico, que pueda poner en marcha una serie de instrumentos, orientados a incentivar a los emprendedores/empresarios a crear o fortalecer empresas que generen un alto valor agregado y externalidades positivas como:

• Programas de capacitación y especialización tecnológica,

• Asesoría para la elaboración de los planes de negocio,

• Apoyo para la construcción de infraestructura específica acorde a los proyectos de alto valor,

• Financiamiento a través de un Fondo de Capital de Riesgo público-privado,

• Garantías y apoyos a la inversión,

• Apoyos a fondo perdido,

• Apoyo de expertos que evalúen proyectos de emprendedores que tengan alto impacto,

• La creación de Zonas Económicas Especiales que ofrezcan incentivos a la inversión,

• Emitir recomendaciones para mejorar la legislación y las normas locales

• Generación de clústers industriales

• Esquemas proactivos de becas y desarrollo al capital humano

• Otros apoyos e incentivos específicos que se determinarán caso por caso

En aquella iniciativa propusimos que la Agencia elabore “trajes a la medida” para los emprendedores, enfocados en nuevas actividades o nuevos procesos, e impulse diversos proyectos de emprendedurismo. Para ello, es necesario dotar a la Agencia de los instrumentos necesarios para lograr este objetivo. Uno de ellos –ya establecido en dicha Iniciativa que presentamos en marzo de 2013– es la facultad de establecer zonas económicas especiales, para lo cual se introduce la presente iniciativa.

Propusimos que la agencia sea encabezada por el presidente de la República, y esté integrada por funcionarios del más alto perfil; contará con una dirección operativa, y contará con la asistencia de dos órganos colegiados, un comité técnico, que evaluará y dictaminará los proyectos de alto valor que impulsará la agencia –y que en el caso de las zonas económicas especiales, será quien evalúe las características que deberá tener cada una, así como los incentivos que se ofrecerán en cada Zona- , y un Consejo Consultivo, que emitirá recomendaciones a la Agencia sobre qué instrumentos utilizar para detonar el crecimiento económico. Ambos órganos colegiados estarán integrados por representantes del sector público y privado –expertos en el apoyo a los emprendedores–, Universidades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos.

La iniciativa para la creación de la Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico, y la presente iniciativa –que es complementaria de la presentada en marzo de 2013- tienen por objetivo dar prioridad estratégica al establecimiento de actividades no tradicionales e innovadoras que promuevan el crecimiento económico, asistiendo a la creación de una cultura innovadora entre la población. Para ello, creemos que es necesaria una nueva política industrial, centrada en el estímulo de actividades económicas de alto impacto y la generación de un cambio estructural, basada en una colaboración estrecha entre los sectores público y privado que permita identificar los obstáculos a crecimiento y el tipo de acciones que se necesitan para superarlos.

Esta iniciativa, -además de complementar la presentada para la creación de una Agencia para el Crecimiento Económico-, pretende abonar al reciente anuncio del Presidente de la República para la creación de tres zonas económicas especiales en los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca. Compartimos con la Presidencia de la República la convicción de que la “justicia que queremos va más allá del ámbito legal e incluye la reducción de la pobreza y la marginación en los estados del Sur”, que en los últimos 20 años han tenido un crecimiento poco significativo del Producto Interno Bruto.

Reconocemos y agradecemos el esfuerzo de la Presidencia de la República -y de los compañeros legisladores de diversas legislaturas- en colocar, como lo expresó el Presidente en fechas recientes, recursos por más de 195 mil millones de pesos para el desarrollo del Sur, en materia de infraestructura carretera, hospitalaria y proyectos estratégicos. Compartimos la idea con el Presidente de que es necesario transformar la economía para generar mejores oportunidades para los ciudadanos, y construir un México con seguridad y un México próspero; compartimos también la convicción de que, para lograrlo, es necesario generar nuevos polos de desarrollo industrial en las regiones con mayor rezago, para crear más empleos y mejor remunerados, para lo cual, también creemos necesaria la creación de zonas económicas especiales, razón por la cual, se presenta esta iniciativa.

Somos conscientes de que compañeros de esta y otras Legislaturas han presentado varias iniciativas, sin duda enriquecerán el debate legislativo en la materia. Estamos convencidos de que para la creación de las zonas económicas especiales, que tanto la iniciativa presentada el 7 de marzo de 2013 para la creación de una Agencia para el Desarrollo y Crecimiento Económico como la que hoy presentamos la iniciativa que hoy presentamos, como parte de la búsqueda de una nueva política industrial diferenciada y de un enfoque integral de la política económica, deben ser consideradas en este debate nacional, si en verdad estamos decididos en cambiar el destino económico de las entidades más marginadas, donde día a día se vive la dolorosa pobreza y la falta de oportunidades.

II. Definiendo el concepto de zonas económicas especiales.

Las zonas económicas especiales (ZEE), son áreas delimitadas con una economía que funciona con estándares administrativos, regulatorios y fiscales distintos -generalmente más liberales- al resto del territorio (Farole 2011); las zonas económicas especiales funcionan en diferentes modalidades, como zonas de procesamiento de exportaciones, zonas francas o zonas de libre comercio, entre otras.

Como herramienta de política económica, las zonas económicas especiales buscan superar las barreras que impiden la atracción de inversión, promover el crecimiento y generar empleos, así como integrar regiones o países al comercio internacional y contribuir a la industrialización  (Farole 2011).

II.a. Teoría Económica detrás del establecimiento de zonas económicas especiales.

La teoría económica tiene diversas corrientes. Como tal, los argumentos teóricos que se han utilizado para sustentar la creación de zonas económicas especiales son variados -dependiendo de la aproximación teórica a la que se recurra. A continuación se resumen algunos de los planteamientos teóricos que fundamentan las zonas económicas especiales y Clústers industriales.

La teoría clásica del comercio internacional, tiene sus orígenes en el padre de la Economía: Adam Smith formuló la teoría de la ventaja absoluta. En La Riqueza de las Naciones, Smith establece que un país debe especializarse en la producción de bienes para los que tenga las mejores condiciones y comerciar con ese bien para obtener los bienes que no puede producir. Años después, David Ricardo actualizó la teoría del comercio internacional, estableciendo el concepto de ventaja comparativa, que establece que los países se especializan en la producción de bienes en los que tienen ventaja comparativa, es decir, que fabrican con un costo relativamente más bajo, y con las exportaciones de estos bienes, compraran importaciones de bienes en los que no son tan eficientes (Krugman y Obstfeld 2009). Tanto Smith como Ricardo son abogados del libre comercio, como la manera más eficiente de intercambiar bienes y servicios, sin intervención gubernamental, pues ésta aumenta los precios relativos y absolutos de los productos, disminuyendo las ventajas iniciales.

En la evolución de la teoría económica, encontramos la “Nueva Teoría del Comercio Internacional” delineada por el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman (Krugman y Obstfeld 2009) .La teoría de Krugman explica por qué países que, de acuerdo con la teoría tradicional, no tendrían nada que ganar comerciando entre sí, porque son competidores, sostienen intercambios comerciales; Krugman concluye que las ventajas comparativas no únicamente tienen su origen en la dotación de factores iniciales, sino que se ven afectadas por economías de escala y las relaciones entre las industrias, por lo tanto, aunque un país tenga una ventaja comparativa para producir algún bien, se puede dar el caso que en el agregado, sea mejor importar ese bien, y concentrar sus recursos escasos en la producción de otro bien que genere economías de escala. Krugman -a diferencia de teorías anteriores, le da un lugar importante a las políticas del gobierno, pues dado que las ventajas comparativas no solamente vienen de la dotación inicial de factores, la política económica puede ayudar a establecer ventajas comparativas con la implementación de aranceles o subsidios a industrias nacionales (Krugman y Obstfeld 2009)

Desde el modelo neoclásico, el establecimiento de zonas económicas especiales (ZEE) es la segunda mejor opción, detrás de la apertura comercial y el libre comercio. La teoría neoclásica nos dice que la mejor opción de política económica es el libre comercio, sin embargo, si por cuestiones políticas no es posible, el establecimiento de zonas económicas especiales traerá algunos de los beneficios asociados al libre comercio (Aggarwal 2010). Desde esta perspectiva, el establecimiento de zonas económicas especiales es el preludio de reformas económicas más profundas -que eventualmente desemboquen en un esquema de libre comercio-, es decir, son medidas temporales, pues se consideran distorsiones al mercado (Aggarwal 2010), un primer paso hacia la liberalización comercial -sin distorsiones en el mercado.

En un acercamiento más heterodoxo, se busca la combinación de gobierno y mercado: dentro de las zonas económicas especiales, el gobierno genera condiciones para atraer inversión, formar capital humano, adquirir tecnología y la promoción de transformaciones institucionales, que las compañías nacionales y el marco institucional nacional no pueden llenar (Aggarwal 2010). Pese a ver con buenos ojos la intervención gubernamental en el establecimiento de las zonas económicas especiales, desde esta perspectiva, también es una segunda opción, teniendo como primera mejor opción un ambiente de inversión confiable. Al ofrecer un clima de inversión propicio, con infraestructura eficiente, un sistema regulatorio simple -pero efectivo- e incentivos fiscales en lugares estratégicos, se atrae inversión extranjera, que llega acompañada de mejores tecnologías y capacidades administrativas, lo que genera externalidades positivas, por ejemplo, mejora de las capacidades laborales y administrativas al estar expuestos a mejores prácticas -y por efecto demostración.

En un mundo cada vez más globalizado, se desarrollan las cadenas de valor globales y los procesos internacionales de producción, es decir, se divide la producción de bienes alrededor del mundo, realizando cada paso dónde sea más competitivo. Desde la perspectiva de las cadenas de valor globales, el mercado no es capaz de integrar eficientemente a todos los países a las cadenas de valor globales, por lo que son necesarias políticas económicas que favorezcan la inversión -por la vía de mejoras de infraestructura y reglas simplificadas y armonizadas con los estándares internacionales- para atraer compañías -nacionales e internacionales- que ayuden a insertar a los países en estas cadenas de valor globales (Aggarwal 2010). Desde este punto de vista, las zonas económicas especiales no sólo fomentan la inversión extranjera directa, sino que, al dar condiciones fiscales distintas, permiten que compañías nacionales que se establezcan en ellas realicen actividades de outsourcing que las integre a las cadenas globales de valor de los productos, lo que a la larga, les permitirá mejorar sus capacidades productivas y competitividad. Al insertarse en las cadenas globales de valor, las compañías tienen acceso a nuevos mercados, y a una dotación de tecnología, capacidades, capitales y mercados que no tendrían de otra manera, lo que puede generar una diversificación de las exportaciones (Aggarwal 2010).

Por último, tenemos la perspectiva de las economías de aglomeración, que busca reubicar los recursos existentes para promover la productividad e innovación; entre sus ventajas se encuentran las externalidades sobre conocimiento y know-how, el compartir recursos y un pool de mano de obra. Desde esta perspectiva, las zonas económicas especiales son clústers orientados a la exportación y el sector externo promovidos por el gobierno para explotar al máximo los beneficios de estar integrado a las cadenas globales de valor (Aggarwal 2010). Al juntar en una misma zona tecnología, información, recursos humanos altamente capacitados, compañías que compiten entre sí -y compañías que se complementan en la cadena de valor-, instituciones académicas y otras organizaciones, las zonas económicas especiales incentivan la productividad y la innovación (Aggarwal 2010).

De acuerdo con Aggarwal, el éxito de los clusters depende de la interacción de cuatro factores:

• La estructura de las compañías

• La estrategia y rivalidad entre ellas

• Las condiciones de la demanda

• Las condiciones de los factores e industrias suplementarias.

Entre más intensa sea la relación entre los factores, mayor será la productividad; y entre más abierta al mercado externo sea una zonas económicas especiales, mayor interacción entre los factores, pues mejora la especialización y contribuye a la sofisticación de los procesos (Aggarwal 2010, pp.16). Además, entre más cerca -físicamente- estén las compañías nacionales y extranjeras, se facilitan los efectos demostración y la transmisión de conocimientos y tecnología.

Desde el punto de vista de las economías de aglomeración, las zonas económicas especiales sirven como catalizador de sinergias en un contexto globalizado, es decir, acercan los beneficios de la integración de los mercados globales y contribuyen al desarrollo económico. Las zonas económicas especiales no son una buena segunda opción, sino un instrumento estratégico de política económica para insertar las economías nacionales al mercado global y mejorar la productividad de los recursos a través de la transferencia de conocimientos, difusión de tecnologías y efectos demostración (Aggarwal 2010).

De las aproximaciones teóricas anteriormente descritas, creemos que las economías de aglomeración representan mejor lo que buscamos con esta iniciativa: que la creación de las zonas económicas especiales generen sinergias positivas para aprovechar la globalización y detonar el crecimiento en los estados más marginados del país.

Además de las teorías de las zonas económicas especiales, en la economía moderna, se han desarrollado otras teorías sobre estrategias para detonar el crecimiento, como los clústers. Michael Porter, de la Escuela de Negocios de Harvard, define un clúster como un “grupo de compañías e instituciones interconectadas y concentradas geográficamente que trabajan en la industria común” (Porter 1998). En otras palabras, los clúster son los fenómenos por los cuales compañías de la misma industria se establecen cerca de su competencia, buscando obtener algunos beneficios de las economías de escala (The Economist 2009). Aunque hablar de clusters es relativamente reciente, muchos han existido desde hace años, como los centros bancarios y financieros en Londres y Nueva York, o la industria del cine en Hollywood.

Los modelos económicos de clusters representan sinergias y asociaciones exitosas no solo entre las empresas que forman parte del clúster, sino en los demás actores interesados en el sector, e.g. gobierno, académicos y otras organizaciones de apoyo las cuales son vitales para el desarrollo de una región.  Debido al éxito del establecimiento de ventajas competitivas y de creación de riquezas de empresas que pertenecen a clusters –en comparación con quienes no pertenecen- ha llevado a que muchos tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas consideren el desarrollo de clusters como cimientos del crecimiento regional de su economía (Porter 1998).

Los clústers modernos están compuestos por empresas, servicios de proveedores (proveedores de componentes, de capital y de equipos), instituciones de investigación y desarrollo, consumidores, organismo y agencias públicas e infraestructura pública (Cabrera 2012).

Los clústers tienen orígenes diversos: algunos nacieron porque en las cercanías ya existían los insumos necesarios (los clústers de fondos de inversión y capitales semilla, software y biotecnología en Boston tienen su origen en las instituciones de altísima calidad académica del área, encabezadas por Harvard y el MIT); otros surgen por demanda local -como el clúster israelí de equipos y técnicas de riego, originado en la necesidad del país de desarrollar suficiencia alimentaria. Lo importante es que, una vez que se forma el clúster, se genera un ciclo de refuerzo que promueve su crecimiento, en especial si se cuenta con el apoyo de las instituciones locales y la competencia entre las compañías es fuerte (Porter 1998). A medida que crece el clúster, aumenta su influencia y es señal de oportunidades, que a su vez, atraen el talento necesario para su crecimiento.

Según Porter, tradicionalmente la competitividad de un clúster se basaba en los bajos costos de los insumos, estar ubicado en un puerto natural, el fácil acceso a la mano de obra barata. Sin embargo, actualmente la economía es más dinámica y  un clúster puede volverse competitivo no solo contando con dotaciones de todos los recursos mencionados anteriormente sino, haciendo más productivos los insumos con los que cuenta, es decir innovando. Dicho esto, es posible afirmar que los clústers son una manera alternativa de organizar una cadena de valor, que fomenta la competencia y la cooperación al mismo tiempo.

Los clusters afectan la competencia de tres maneras, primero, incrementando la productividad de las compañías basadas en área; segundo, dirigiendo la dirección y el ritmo de la innovación, el cual apuntala el futuro el crecimiento de la productividad; y tercero, estimulando la formación de nuevos negocios, lo cual expande y refuerza al clúster en sí mismo (Porter 1998 ).

Al pertenecer a un clúster, las compañías tienen más acceso a trabajadores debidamente calificados y a proveedores especializados. También tienen acceso a información especializada, pues forman parte de un conjunto mutuamente dependiente. Además, tienen acceso a las instituciones y bienes públicos que el gobierno provea a dicho clúster. Como ya se dijo, los clúster promueven la cooperación y competencia: la presión entre pares puede fomentar que los ejecutivos comparen desempeños y traten de hacerlo mejor que los otros. Estos beneficios ayudan a mejorar la productividad de la industria en el clúster (Porter 1998) .

Porter recomienda tener en cuenta cuatro factores esenciales para la formación de clusters (Porter 1998):

1. Escoger la localización: se debe elegir una localización donde la combinación entre salarios bajos y utilidades altas, con infraestructura adecuada sea propicia. Si un lugar tiene salarios bajos pero no tiene la infraestructura necesaria, los costos pueden ser mayores a los beneficios. Las decisiones de lugar deben tener en cuenta también el potencial de innovación en la región.

2. Involucrarse localmente: la participación de la comunidad da sustento social al clúster, además de facilitar el acceso a recursos e información valiosa y genera el potencial valor económico (aunque no asegura su realización).

3. Modernizar el clúster: al ser exitosos, la modernización y ampliación de las compañías será inevitable. Las compañías deben ser capaces, si así lo desean, de modernizar y ampliar sus instalaciones dentro del clúster.

4. Trabajo Colectivo: Al fomentar la cooperación entre competidores al interior de los clústers, las compañías pueden involucrarse en acción colectiva, no sólo para demandar acciones del gobierno, sino para superar obstáculos a la productividad o el crecimiento. Por ejemplo, pueden operar en conjunto para atraer universidades, establecer centros de investigación relativos a su industria o participar u organizar ferias comerciales.

II.b. Tipos de zonas económicas especiales

Pese a que existen una variedad de definiciones de lo que son las zonas económicas especiales -y no existe una descripción ampliamente aceptada en la teoría económica, los estudios académicos sobre las zonas económicas especiales, han concluido que éstas deben tener un conjunto mínimo de características básicas (Farole 2011):

1. Las zonas económicas especiales son porciones de territorio delimitadas y espacios legales donde existen reglas de inversión, comercio y operación más relajadas y eficientes que en el resto del territorio nacional.

2. La administración del régimen de zonas económicas especiales requiere una estructura de gobierno dedicada exclusivamente a esto, cuyo único propósito sea asegurar el manejo eficiente del régimen.

3. Las zonas económicas especiales generalmente tienen una infraestructura física que sustenta las actividades de los agentes económicos; generalmente, la infraestructura incluye caminos, electricidad, agua y telecomunicaciones, y muchas veces se compone de parques industriales o de usos mixtos, así como cercanía con infraestructura de transporte, que conecte con los mercados principales.

Además de lo ya mencionado, existen otras consideraciones que tomar en cuenta cuando se establece una zona especial. Identificar las industrias en las que el país o la zona tienen ventaja comparativa, seguido de la identificación y creación de vínculos y desarrollo de actividades que generen mayor valor agregado a los productos.  Como segundo punto, se deben implementar políticas que estimulen la inversión nacional en las zonas económicas especiales -pues así se crean los vínculos entre las zonas económicas especiales y los mercados nacionales, lo que permitirá que las externalidades positivas se transmitan al resto de la economía, por medio de transferencia de conocimientos y tecnología o la creación de industrias. En tercer lugar, durante la implementación de las zonas económicas especiales, es importante que no sólo se desarrollen políticas para atraer la inversión y el comercio, sino se deben incluir iniciativas para mejorar las habilidades y  promover la innovación y competitividad. Por último, conforme se refina el proceso de producción, es importante dotar a las zonas económicas especiales de herramientas que permitan el establecimiento de sistemas logísticos extensos

En el mundo se han desarrollado diferentes versiones de las zonas económicas especiales, dependiendo de los objetivos que país pretenda obtener de ella; entre los tipos de zonas económicas especiales destacan (Farole 2011):

• Zonas de libre comercio: son la forma más antigua de zonas económicas especiales, en ellas las actividades se limitan a procesos relacionados con el comercio y operaciones ligeras -almacenamiento, ventas, exhibiciones, y empaquetado, etiquetado, control de calidad.

• Zonas de procesamiento de exportaciones: originalmente se establecieron entre 1950-1960, buscaban acelerar la industrialización y el comercio relacionado con la industria en países en desarrollo; generalmente es un territorio cercado de varias hectáreas, con terrenos para uso industrial, situado en las afueras de las demarcaciones aduanales del país y con procesos regulatorios simplificados. Generalmente están enfocados en los mercados de exportación, y a principios de los años 90, las actividades estaban restringidas a las manufacturas, pero en años recientes, se han expandido considerablemente

• Empresas libres: se otorga un estatus similar a las zonas de procesamiento de exportaciones o a las zonas libres a una sola empresa, para que se establezca en cualquier parte del territorio nacional.

• Puertos libres: hay diferentes versiones de lo que es un “puerto libre”, pero en general, es la forma más exhaustiva de zonas económicas especiales, pues contienen grandes extensiones de terrenos urbanos o rurales, tienen gran infraestructura de comunicaciones -puertos y aeropuertos, principalmente- e incluso pueden ser regiones enteras, con población que vive y trabaja en ellos -y no necesariamente corresponden a una única demarcación territorial o administrativa determinada. Las zonas económicas especiales en China, generalmente son lo que denominaríamos puertos libres.

II.c. Instrumentos de las zonas económicas especiales.

Como se ya se mencionó, no existe una receta única en el mundo para implementar, pero de analizar ejemplos internacionales, se puede extraer una lista de instrumentos que los gobiernos han utilizado en la implementación de las zonas económicas especiales. A continuación se enlistan los más comunes.

• Bajas tasas de impuestos,

• Exenciones de impuestos (generalmente durante los primeros cinco o 10 años) en materia de exportaciones, impuesto sobre la renta, a los servicios, al valor agregado o a las utilidades, dependiendo de la estructura fiscal de cada país.

• Reducciones en la tasa impositiva en diversos impuestos, generalmente del 50% de la tasa original, durante los primeros cinco o 10 años, dependiendo de la estructura fiscal del país.

• No penalización de la extracción de capital o de la repatriación de utilidades,

• Minimización de restricciones migratorias, o en casos como China, con políticas migratorias muy estrictas, simplificación de trámites migratorios para empresarios y trabajadores en las zonas económicas especiales,

• Importación libre de aranceles para bienes de capital orientados al desarrollo, mantenimiento y operación de las zonas económicas especiales.

• Facilidades de créditos en los bancos nacionales de desarrollo,

• Deducción de impuestos si las empresas tuvieron que realizar obras de infraestructura que corresponden a alguna autoridad gubernamental.

A cambio de estos beneficios fiscales, las empresas que se asientan en las zonas económicas especiales, frecuentemente tienen que cumplir con algunas obligaciones. Algunas de las obligaciones impuestas en el mundo a las empresas en las zonas económicas especiales son:

• Obligación de contratar cierto porcentaje de mano de obra nacional, o restricción sobre el porcentaje de extranjeros que puede contratar una empresa,

• Obligaciones de reinversión de utilidades a partir de algún año: después de varios años de recibir beneficios fiscales, cuando éstos terminan, las empresas deben reinvertir cierto porcentaje de sus utilidades en el país,

• Pago de aranceles e impuestos si quieren vender maquinaria o productos en el mercado nacional (en especial en las zonas que están pensadas como Zonas de Procesamiento de Exportaciones).

II.d. Resultados de la implementación de zonas económicas especiales en el mundo.

Debido a que no existe una única definición internacionalmente aceptada de que es una zona económica especial, es difícil medir sus impactos económicos reales, sin embargo, se estima que las ZEE a nivel mundial emplean entre 63 y 68 millones de personas directamente, y que generan -aproximadamente- 65 millones de empleos indirectos, esto es, en total, las ZEE generan aproximadamente, 130 millones de empleos, el equivalente al 1% del total de los empleos en el mundo  (Farole 2011).

De nueva cuenta, las estimaciones sobre el valor de las exportaciones de las ZEE en el mundo son inexactas, pero se cree que en los países en desarrollo, para mediados de la década del 2000, el valor de las exportaciones de bienes y servicios provenientes de las ZEE era de 850 mil millones de dólares, esto es, cerca del 8% del total de las exportaciones globales y del 20% de las exportaciones de los países en desarrollo. Si estas cifras son correctas -lo que es difícil de saber- demuestra un impacto desproporcionado de las ZEE en las exportaciones con relación a la creación de empleos, con una razón de 40 a 1 (Farole 2011). Igual que en el empleo y el valor de las exportaciones, el valor de las inversiones en las ZEE es incierto, e incluso menos confiable que las aproximaciones para los otros indicadores.

III.a Zonas económicas especiales en el Mundo: Algunos Casos

La implementación de ZEE ha crecido enormemente, en 1968, sólo había 176 zonas en 46 países, y para 2006, se reportaban 3500 zonas en 130 países (Farole 2011). Con la evolución de los conceptos de las ZEE, éstas ya no se consideran un instrumento exclusivo de los países en desarrollo, sino que economías más avanzadas, como Corea del Sur, recurren a versiones propias de una ZEE.  En el mapa 1 se muestran los países donde existen zonas económicas especiales.

A continuación se analizan algunos casos de zonas económicas especiales en el mundo

China

Origen

En China, las zonas económicas especiales fueron creadas como parte de las reformas económicas implementadas en 1979 por Deng Xiaoping. Esto permitió la liberalización de la economía socialista existente en determinadas zonas del territorio. Las zonas económicas especiales eran áreas donde se implementaron políticas de libre mercado con la finalidad de atraer inversión extranjera directa (González García y Meza Lora 2009). La política económica de las zonas económicas especiales incluía inversiones en infraestructura así como la construcción de edificios de oficinas corporativas y exenciones preferenciales a ciertos impuestos para las firmas extranjeras que quisieran invertir en China.

Ubicación

En este esquema, se establecieron cuatro zonas económicas especiales, tres en la provincia de Guangdong y una en la provincia de Fujian. De estas cuatro zonas, el caso más emblemático, por el éxito cosechado, fue la transformación que sufrió la -entonces- pequeña villa de pescadores de Shenzhen; esta ciudad se convirtió en el modelo a seguir de las zonas económicas especiales, al transformarse de un pequeño pueblo pesquero a una bulliciosa metrópolis financiera con 10 millones de habitantes, con uno de los ingresos más altos per cápita de la República Popular China.

El milagro económico en Shenzhen comenzó a principios de los años ochenta. Situado cerca de Hong Kong, este poblado constituía el enlace directo de China continental a las rutas comerciales internacionales. Shenzhen es sólo una de las numerosas zonas económicas especiales que han hecho contribuciones significativas al éxito económico del país y la creciente importancia de las cadenas de valor mundiales (CVM). En este país, las zonas económicas especiales emplean a 16 millones de personas en general, concentrando el 20% de la inversión extranjera directa y generando casi la mitad de las exportaciones del país (Mack 2014).

Beneficios y ventajas

Entre los beneficios que se otorgan al interior de Shenzhen está las bajas tasas de impuestos y las exenciones de los mismos por los primeros 10 años, así como la no penalización fiscal por los movimientos de capital fuera de  la zona. Además, las empresas pueden vender sus productos en el mercado local y participar en joint ventures  (sociedades de riesgo compartido) con empresas chinas, y se minimizan las restricciones migratorias entre Shenzhen y Hong Kong -y el resto de las restricciones migratorias se facilitan para quienes hacen negocios ahí. En resumen, en las ZEE de Shenzhen se aplican políticas económicas liberales que no se aplican en el resto del territorio Chino (Amico 2014)

Diseño institucional

En los casi 30 años de vida de la ZEE de Shenzhen, ésta ha experimentado con diversos métodos de administración. En una primera etapa (entre 1980-1986), el gobierno central estableció oficinas como “ventanas para guiar, supervisar y apoyar a la inversión extranjera y el comercio” (González García y Meza Lora 2009), es decir, pese a que en esta región los controles eran mucho más laxos que en el resto de China, la intervención gubernamental aún era considerable. Entre 1987-1995, asistimos a una segunda etapa en el desarrollo de Shenzen, encabezada por los esfuerzos del gobierno municipal de la ciudad por mantenerla atractiva frente a la apertura de otras ZEE en la costa china, optando por hacerla una ciudad de innovación; en este periodo, hubo menos intervención gubernamental, pues quien administra es el gobierno municipal.

Si bien es cierto que la implementación de las zonas económicas especiales ha sido un éxito en China, al aumentar el flujo de inversión extranjera directa y aumentar el ingreso de sus habitantes, no existen datos exactos de cómo éstas zonas especiales han contribuido a las altas tasas de crecimiento que ha experimentado China los últimos años. Además, es necesario reconocer que las ZEE tan solo han sido uno de los múltiples instrumentos que se pusieron en marcha con las reformas que impulsó Deng Xiaoping a finales de los setenta, y que parte del resultado del éxito de estas zonas, específicamente de la Shenzhen, se debe a su cercanía con Hong Kong, zona a históricamente a cargo de los ingleses, por lo cual el éxito del despunte económico de esta ciudad no se debe per se a la implementación de las ZEE, sino a una serie de factores que se conjugaron. También valdría la pena señalar que el desarrollo de un país como China ha sido muy focalizada, es decir solo las zonas económicas especiales ubicadas en la costa este han experimentado un crecimiento acelerado, dejando a la China interior, rezagada.

India

Origen

Con la finalidad de proveer un ambiente más competitivo de libre comercio para las exportaciones, en India se establecieron las zonas económicas especiales como parte de la Política de Comercio Exterior, entrando en vigor 1° de abril de 2000. (Shah 2012). De acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industria de India, la Ley de las Zonas Económicas Especiales (SEZ Act 2005) tiene como principales objetivos: a) la generación de actividad económica adicional; b) promoción de bienes de exportación y servicios; c) promoción de inversión de inversionistas nacionales y extranjeros;  d) creación de oportunidades de empleo y; e) el desarrollo de Infraestructura ( Ministry of Commerce and Industry 2014).

Con la incorporación de zonas económicas especiales se espera hacer frente a los cuellos de botella creados por políticas monetarias, fiscales, comerciales y de mano de obra, además de superar deficiencias en materia de infraestructura y sistemas burocráticos que generan procedimientos innecesariamente complejos. (Aggarwal, 2006). En consonancia con otras experiencias de zonas económicas especiales, en India la Ley en dicha materia prevé un papel fundamental a los gobiernos estatales en la promoción de las exportaciones y la creación de infraestructura relacionada. Además, se creó la Junta  de Aprobaciones, que está constituido por funcionarios de al menos 19 ministerios indios.

Para analistas como Deepak Shah (2014), el establecimiento de las ZEE podría ser la única estrategia realista en el proceso de industrialización.

Beneficios y ventajas

Entre las facilidades que se han establecido en India para incentivar la proliferación de las zonas económicas especiales, y los beneficios que éstas conllevan, están: derecho a la importación libre o adquisición de bienes para el desarrollo, operación y mantenimiento de unidades ZEE; 100% en la exención en el impuesto al ingreso por exportaciones los primeros 5 años; 50% los subsecuentes 5 años y la obligación de reinvertir  el 50% de las ganancias por exportación en los siguientes 5 años; exención del impuesto central a las ventas, el impuesto a los servicios, el impuesto estatal a las ventas y otros gravámenes prorrogados por los gobiernos estatales respectivos; exención en impuestos especiales o de aduanas; préstamos comerciales de hasta $500 millones de dólares en un año sin restricciones de vencimiento entre otros. (GOI, 2008)

Debido a la amplia gama de incentivos y facilidades extendidas para las ZEE, la mayoría de los estados de India están orientados a establecer este tipo de áreas fiscales, en aras de cosechar los beneficios devengados en dichas zonas. Para el 31 de octubre de 2007, existían formalmente 439 aprobaciones para establecer zonas económicas especiales a través de 22 estados en el país. (Shah 2014)

Diseño institucional

En India el proceso de aprobación de una Zona Económica Especial debe seguir determinados pasos. En primera instancia, el promotor presenta la propuesta de establecimiento de una Zona Económica Especial al gobierno del estado del que se trate. Después de esto, el gobierno del estado tiene que remitir la propuesta con su recomendación dentro de los 45 días a partir de la fecha de recepción de ésta a la Junta de Aprobación. El promotor también tiene la opción de presentar dicha propuesta directamente a la Junta de Aprobación ( Ministry of Commerce and Industry 2014).

La Junta de Aprobación, es un organismo creado expresamente por el gobierno federal de acuerdo con lo señalado en la Ley de Zonas Económicas Especiales en donde las decisiones del Consejo son tomadas por consenso. La Junta de aprobación cuenta con 19 miembros, entre los que destacan el Secretario del Departamento de Comercio, funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Industrias a Pequeña escala e Industrias Agrarias y Rurales, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Cuidado del Medio Ambiente, del Ministerio de Derecho y Justicia, del Ministerio de Desarrollo Urbano, entre otros ( Ministry of Commerce and Industry 2014).

Si bien el auge de las zonas económicas especiales fue favorecido por las intenciones de los gobiernos de beneficiar a las empresas dirigidas a la exportación, la dinámica económica actual no favorece su consolidación, de ahí que algunos especialistas en India consideren que la historia de las ZEE muere lentamente. De acuerdo con un estudio del Committee on State Agrarian Relations and the Unfinished Task in Land Reforms de este país, se destacó que la situación de “supuesto territorio extranjero” para las zonas económicas especiales choca con las instituciones creadas en virtud de la Ley sobre Panchayats (gobierno por concejos comunales) de 1996, por lo cual es necesario revisar el marco normativo por el cual se establecen las ZEE (INDOLINK Consulting 2013). Esta es una muestra del sinnúmero de problemas a los que las zonas económicas especiales pueden enfrentarse y no solo a las altas tasas de crecimiento, como se podría inferir dado el éxito de China.

Paquistán

Origen

Antes del establecimiento de las zonas económicas especiales, el gobierno paquistaní estableció la Autoridad de Zonas de Procesamiento de Exportaciones (ZPE) en 1980, con la finalidad de planear, desarrollar, administrar y operar dichas ZPE en Paquistán. En 2010 había ocho Zonas de Procesamiento de Exportaciones en territorio paquistaní. Entre los beneficios que ofrecen las ZPE en Paquistán destaca la simplificación de procesos, las instalaciones e infraestructura, abundancia de mano de obra, subcontratación sin límites sobre variedad o cantidad, movilidad de productos finales entre unidades de exportación libre de cuotas o impuestos; también se permite la repatriación completa de capital y utilidades, no hay montos mínimos o máximos de inversión, importación de maquinaria, equipos y materiales libres de aranceles -y se permite la venta de equipo depreciado o viejo dentro del territorio nacional, pagando los impuestos correspondientes-, no se aplican las restricciones nacionales a las importaciones y tampoco las regulaciones de tipo de cambio, y la regulación laboral recae exclusivamente en la Autoridad de las Zonas de Procesamiento de Exportaciones (Board of Investment 2014). Las nuevas zonas económicas especiales tendrán condiciones similares, pero buscan incluir actividades de mayor valor agregado, distintas a la exportación de mercancías.

Beneficios y ventajas

Entre los beneficios fiscales que tienen las ZEE en Paquistán está la exención de aranceles a la importación e impuestos para los bienes de capital requeridos para el desarrollo, operación y mantenimiento de la Zona, así como la exención del impuesto sobre la renta por diez años. Los beneficios fiscales son determinados por la Junta de Aprobación de las ZEE  (Board of Investments 2014).

Diseño institucional

En Paquistán, la Ley de Zonas Económicas Especiales fue promulgada en septiembre de 2012. De acuerdo con la legislación, las ZEE pueden ser establecidas por el gobierno nacional o provincial o incluso por particulares -de manera independiente o en colaboración con el sector privado en la modalidad de Asociaciones Público-Privado (Board of Investments 2014).

Como la mayoría de las zonas económicas especiales en el mundo, en Paquistán existe una Junta de Aprobación a nivel federal, y Juntas de ZEE a nivel provincial -que actúan como oficina de primer contacto entre inversionistas y la Junta de Aprobación. La Junta de Aprobación a nivel federal está encabezada por el Primer Ministro y son miembros de ella los Ministros de Economía, los gobiernos provinciales, y representantes de los Sectores Público y Privado (Board of Investments 2014).

Dado que la Ley de las Zonas Económicas Especiales en Paquistán es de reciente creación, la primera Zona Económica Especial fue aprobada en febrero de 2014 por la Junta de Aprobación federal, y actualmente se encuentra en construcción y desarrollo en el distrito de Khairpur. Se espera que esta primera ZEE sea un centro de procesamiento agroindustrial y de industrias relacionadas (empaquetados y procesamiento de productos derivados del dátil, el principal producto de la región donde se encuentra la ZEE)  (Board of Investments 2014).

Myanmar

Origen

Desde 2011, Myanmar ha sufrido múltiples cambios en el ámbito político, económico y social. Tras años de un gobierno represivo y sin intercambios con el exterior, Myanmar está transitando hacia un sistema democrático moderno, con economía de mercado,  y garantizando las libertades de la ciudadanía.

Ejemplo de ello es la aprobación de la Ley de las Zonas económicas Especiales que busca relajar la regulación económica con el fin modernizar y aumentar la inversión extranjera directa. La ley de las ZEE incluye la derogación de impuestos a la exportación, la disminución de impuestos a las importaciones y mejores condiciones para las inversiones extranjeras directas. Con la implementación de estas políticas por parte del gobierno la economía de Myanmar ha experimentado un acelerado crecimiento.

En este sentido, la Inversión Extranjera Directa en Myanmar aumentó de $300 millones de dólares para el periodo 2009-2010 a $20 mil millones de dólares en el periodo 2010-2011. Aunado a lo anterior, el crecimiento del PIB registró un aumento de un punto porcentual, pasando de una tasa del 5% en 2009 a más del 6% en 2012. (ASEAN Briefing 2013).

Ubicación.

Actualmente hay tres zonas económicas especiales en desarrollo en Myanmar: la Zona Económica Especial de Dawei, la Zona Económica Especial de Thilawa y la Zona Económica Especial Kyuakpyu. La ZEE de Dawei, se conforma con un puerto de aguas profundas y de un polígono industrial de cerca de 250 kilómetros cuadrados; se espera el establecimiento de industrias como la del acero, fertilizantes, energía y petroquímica, así como un astillero. En esta Zona se está gestando un proyecto de cooperación internacional para el desarrollo interesante: se implementará una acción conjunta entre Tailandia y Myanmar para inversión en infraestructura -Tailandia aportará el 35% de los costos para la construcción del puerto de aguas profundas- y de cooperación triangular, pues un consorcio italo-tailandés contribuirá con 300 millones de dólares para el desarrollo del polígono industrial (a cambio de una participación del 25% en la gestión del proyecto). También se prevé la participación de Japón, China y Corea del Sur en el desarrollo de la ZEE(ASEAN Briefing 2013)

Otra de las Zonas Económica Especiales es la de Thilawa, que aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo -se espera que esté completo en 2016-, con gran participación de capital japonés (que aportará 49% del capital); en ésta se establecerán industrias textiles, de manufactura y alta tecnología, así como un puerto de aguas profundas. Myanmar y Japón desarrollarán conjuntamente la zona, con la participación de empresas japonesas del 49% en el proyecto.

La tercer Zona Económica Especial es la de Kyaukpyu, que ya funge como puerto para la exportación y el transporte de mercancías birmanas y de arroz, aunque el resto de su desarrollo se realizará con capitales originarios de Singapur. Se espera atraer también capitales chinos, debido a su ubicación estratégica -como la ruta comercial más rápida por vía marítima entre la India y China.Se tiene proyectado que este puerto, con valor de 227 millones de dólares, sea competencia directa de Singapur por la estratégica ubicación.  En una isla muy cerca de las costas de Myanamar, será construido el puerto de altura, un parque industrial y complejos residenciales que incluyan servicios educativos, médicos y centros de recreación (ASEAN Briefing 2013).

Beneficios y ventajas

La Ley de las Zonas Económicas Especiales representa el primer paso para el desarrollo de industrias orientadas a las exportaciones ya que no sólo se prevén incentivos para dichas industrias sino incentivos para la creación de cadenas de suministros necesarias para despuntar el desarrollo de la economía de Myanmar. Se espera que los beneficios fiscales creados bajo la Ley de las Zonas Económicas Especiales sean más generosos con las industrias orientadas a las exportaciones que los beneficios bajo la Ley de la Inversión Extranjera (legislación inicial que fomenta también el crecimiento del comercio en Myanmar). (KPMG 2014).

Algunos de los incentivos  que ofrece la Ley de las Zonas Económicas Especiales se encuentran: una moratoria fiscal de cinco años; 50% de reducción de impuestos sobre la renta en productos exportados al extranjero durante cinco años;50% de reducción de impuestos sobre la renta en utilidades reinvertidas por productos exportados, durante cinco años; exención de cinco años en los derechos de aduana sobre los productos aprobados; y la concesión de arrendamientos de tierras 30 años (KPMG 2014).

Diseño institucional

Las reformas propuestas establecen mayores facilidades en la creación de zonas económicas especiales (ZEE). Para lograr tal objetivo, en 2011, en Myanmar se creó el Órgano Central de la Zona Económica Especial, el organismo regulador responsable de la supervisión de la inversión extranjera en el país. La Ley de las Zonas Económicas Especiales de Myanmar y la Ley de las Zonas Económicas Especiales de Dawei (nombre de una de las provincias de dicho país) fueron aprobadas en 2011; en esta norma se estableció que distintas partes del territorio serían usadas para fomentar el crecimiento económico y la inversión extranjera. (ASEAN Briefing 2014).

El caso de la implementación de las zonas económicas especiales en Myanmar, al igual que el caso de Paquistán, es de reciente creación por lo cual, evaluar los resultados de esta decisión gubernamental sería un tanto apresurado. No obstante, con base en la información que se cuenta, podemos decir que las estrategias que el gobierno de Myanmar ha puesto para fomentar la Inversión Extranjera Directa parece ser una de las más integrales y elaboradas de los últimos años.

Letonia.

Origen

Las zonas económicas especiales fueron establecidas en Letonia en 1997 con una duración limitada de 20 años, es decir hasta el 2017, con la finalidad de promover las actividades empresariales en ciertas regiones, todo esto ofreciendo atractivos incentivos de negocios. En Letonia existen cuatro zonas económicas especiales (ZEE): el Puerto Libre de Riga, el puerto libre de Ventspils, la Zona Especial Económica de Liepaja y la Zona Especial Económica de Rezekne.

Ubicación

Las cuatro Zonas Especiales están estratégicamente colocadas: Riga, la capital, Liepaja en la zona sur, Rezeke -cercana a la frontera con Rusia, tiene como finalidad diversificar la inversión, para que no se concentre exclusivamente en la capital, por su localización, su principal mercado está en los países del este europeo. Por último, Ventspils es uno de los pocos puertos más importantes en Europa, pues tiene las mayores instalaciones para transportar petróleo crudo y sus derivados (Deloitte 2013).

Beneficios y ventajas

Los principales beneficios que obtienen las compañías que operan en los puertos libres y en las ZEE son: 80% reducción en el impuesto predial (tasado en 1.5% del valor de la propiedad), hasta alcanzar la compensación del 50% del monto invertido -y 65% para las Pymes; 80% de reducción en el Impuesto al ingreso corporativo -el cual corresponde al 15%- sobre las actividades llevadas a cabo dentro de la zona hasta que la compensación del 50% de la cantidad invertida o el 65% para las Pymes; 0% de IVA para la mayoría de los bienes y servicios proporcionados a empresas en las zonas francas o exportados fueras de ellas y para los bienes suministrados en zonas francas, incluyendo servicios de construcción (Investment and Development Agency of Latvia 2014).

Además, existen otros beneficios, como un descuento de 80% en el impuesto sobre la renta al pago de dividendos y salarios a inversionistas y trabajadores de la zona económica especial, así como deducción de impuestos si la empresa realizó obras de infraestructura dentro de la zona económica especial que correspondían al gobierno estatal o nacional. Pese a que se busca atraer inversión extranjera con un esquema fiscal simplificado, las ZEE en Letonia tienen algunas restricciones: si el monto de la inversión es superior a los 50 millones de euros, las exenciones fiscales marcadas en la ley no se aplican, y en cambio, estas las decide el Gabinete de Ministros (Investment and Development Agency of Latvia 2014).

Diseño institucional

Para cada Zona Económica Especial y Puerto Libre existe una autoridad administrativa que toma las decisiones respectivas a los permisos, recepción de inversiones y demás trámites relacionados con inversiones en dichas zonas. Por su situación geográfica, el tipo de industria que busca atraer cada ZEE es distinto: el Puerto de Riga se enfoca en actividades de manejo de carga o valor añadido a servicios logísticos, mientras que los puertos de Liepaja y Ventspilis se concentran en atraer -además de logística, proyectos de exportación de manufacturas (Investment and Development Agency of Latvia 2014).

Por la localización estratégica de Letonia, ubicada en el mar Báltico y entre las rutas más importantes de comercio entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste, la implementación de estos instrumentos de política económica ha sido de gran beneficio para la economía de este país de Europa del este. Sin embargo, no hay que olvidar que una de las variables que también explica en buen desempeño de la economía de Letonia es su reciente ingreso a la Unión Europea, con lo cual Letonia tiene acceso al mercado comunitario –sin dejar de lado el ruso- y el poder integrarse a las políticas de movilidad de capitales, mercancías y de personas que lleva a cabo la Unión, sin olvidar el acceso a los fondos de Cooperación para el desarrollo que se distribuyen entre sus miembros.

Camboya

Origen

En Camboya se habla de zonas con reglas económicas distintas desde 1960, pero fue hasta el año 2005 cuando se introdujo formalmente el concepto de Zona Económica Especial, por medio de un decreto para reorganizar las regiones económicas y se creó la Junta de las zonas económicas especiales para administrar el esquema de ZEE (Special Economic Zones Law, 2014). Actualmente, Camboya tiene 22 ZEE aprobadas pero para 2011, sólo siete tenían inversionistas y una estaba en construcción, mientras que el resto no tenían actividad significativa (Open Development Cambodia 2014).

Beneficios y ventajas.

Entre los beneficios que ofrecen las ZEE en Camboya, están exenciones fiscales hasta por nueve años, cero impuestos al valor agregado, exención de aranceles a la importación de materias primas, maquinaria y equipo, no pago de impuestos de exportación, así como visas para las familias de los inversionistas y no gravamen de la repatriación de ganancias (Open Development Cambodia 2014). En materia de empleo, existen algunas limitaciones -a fin de beneficiar a la mano de obra local- pues sólo el 10% de los empleados pueden ser extranjeros (Open Development Cambodia 2014).

Diseño institucional

De acuerdo a la legislación vigente en Camboya, la Junta de Administración de las ZEE funcionará como un “servicio de parada única”, a cargo del desarrollo, administración y supervisión de las operaciones al interior de las Zonas, además de decidir los beneficios e incentivos que aplicarán a cada Zona Económica Especial (Open Development Cambodia 2014). La administración de las Zonas queda a cargo del Estado Camboyano, quien debe seguir los lineamientos de la Junta de Administración. Para facilitar la resolución de controversias que pudieran surgir con los inversionistas, se crea un Comité de Resolución de Controversias, que tiene la responsabilidad de resolver las disputas, ya sean de carácter técnico o legal  o que estén fuera de la jurisdicción de la Junta de Administración, del Administrador nombrado por el gobierno o de cualquier otra naturaleza (Special Economic Zones Law, 2014).

Las zonas económicas especiales de Camboya, como el caso de Paquistán y Myanmar, son de reciente creación, por lo que la evaluar del desempeño de la economía a partir de la implementación de este instrumento puede representar un análisis muy apresurado. No obstante, se estima que una correcta implementación de las ZEE puede significar el despunte de la economía de Camboya.

Islas Mauricio

Origen

En una economía relativamente cerrada y organizada bajo el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), en 1970 se estableció una Zona de Procesamiento de Exportaciones (ZPE), que permitió el auge de exportación de ropa, especialmente hacia Europa. Durante mucho tiempo, en las Islas Mauricio se combinó la ZPE con las políticas de ISI, manteniendo protegida a la clase industrial (Rodrik 2004).

Beneficios y ventajas

Debido a diversos factores, la ZPE de las Islas Mauricio contó con un acuerdo de acceso preferencial a los mercados europeos, lo que ayudó a detonar el potencial económico de este instrumento; otro factor que asistió en su éxito fue el flujo de capitales extranjeros, principalmente provenientes de Hong Kong –que experimentaba altas tasas de crecimiento-, y por último, se benefició de las condiciones imperantes en los términos de intercambio en los mercados internacionales en la década de los 70 (Rodirk 2004). El factor de éxito identificado por Rodrik (2004) sobre el que si tuvo control el gobierno de las Islas Mauricio fue la segmentación del mercado laboral, fomentando que en la ZPE se empleara principalmente a mujeres, y evitando así el deterioro de los salarios reales en el resto de la economía de importación de substituciones.

En las Islas Mauricio se dio un fenómeno de “reformas a dos velocidades” (Rodrik 2004), es decir, se liberalizó casi por completo un sector de la economía –donde se asentó la ZPE- mientras que el otro permaneció altamente protegido, y con una evolución más bien lenta del proceso de liberalización. Pese al éxito inicial de la ZPE en las Islas Mauricio, es importante notar que los factores que contribuyeron a su éxito fueron más bien externos, consecuencia de un entorno económico internacional muy particular en los años 70.

Corea del Sur

Origen

El modelo de las zonas económicas especiales no solamente se ha aplicado en países en desarrollo; Corea del Sur, ya es considerado como un país desarrollado, pero ha seguido apostando por el uso de estos instrumentos para mantenerse como un país atractivo para la inversión extranjera (Korea Free Economic Zone 2014) en medio de la competencia global por los recursos financieros internacionales. Actualmente, los implementa de tres maneras distintas: las Zonas Económicas Libres, las Zonas de Libre Comercio y las Zonas de Inversión Extranjera (Invest Korea 2014).

Diseño institucional de las diferentes zonas económicas especiales en Corea del Sur:

Las Zonas de Libre Comercio son complejos industriales, aeropuertos, puertos, complejos de distribución y otros recintos designados para crear sinergias al aglomerar compañías manufactureras y de logística. Las compañías que califican, reciben exenciones fiscales y pueden exportar sus productos sin procedimientos complicados, además, se difiere el pago de derechos aduaneros tanto para mercancías que se importan y exportan por la zona (Invest Korea 2014).  En Corea existen ocho complejos industriales, un aeropuerto y cinco puertos con la calidad de Zonas de Libre Comercio.

Las Zonas de Inversión Extranjeras son designadas por un gobernador o alcalde, como regiones para atraer inversión extranjera por medio de incentivos como exenciones o reducciones fiscales y regulación mitigada; la meta es atraer inversión a gran escala que permita el crecimiento de la industria, la transferencia de tecnología y genere empleos (Invest Korea 2014). A la fecha, existen 53 Zonas de Inversión Extranjeras en Corea del Sur.

Las Zonas Económicas Libres (FEZ, por sus siglas en inglés) son el nuevo concepto de ZEE que Corea del Sur implementa desde 2003, tienen como objetivo principal consolidar a Corea del Sur como el centro de negocios por excelencia en el noreste asiático, por lo tanto, al interior de las FEZ no solamente se establece un ambiente corporativo desregulado y con incentivos a la inversión, sino que se programan grandes inversiones públicas para los centros urbanos, “incluyendo aeropuertos ultra modernos, puertos, instalaciones para oficinas, así como escuelas de excelencia, hospitales e instalaciones turísticas” (Korea Free Economic Zone, 2014).

Además de ser zonas para atraer inversión, la idea de las FEZ es ser áreas armónicas y complementarias, por lo que parte de la planeación de las mismas incluye la construcción o rehabilitación de zonas habitacionales o ciudades enteras amigables con el medio ambiente y de alta tecnología. También contarán con complejos turísticos e instalaciones deportivas de última generación; por último, en las FEZ se contará con instituciones de educación superior -tanto de Corea como del extranjero- para la formación de recursos humanos, así como con servicios médicos provistos por los hospitales más reconocidos a nivel internacional. (Korea Free Economic Zone 2014).

Cada Zona Económica Libre en Corea, cuentan con un “servicio de parada única” (Korea Free Economic Zone), una oficina que se encarga de atraer inversionistas, realizar los procesos de planeación en las etapas iniciales, revisar las solicitudes de los inversionistas y manejar las operaciones de la FEZ, es decir, es el administrador de la Zona. Esta oficina pretende facilitar la comunicación entre los inversionistas y la Oficina Central de Planeación de las Zonas Económicas Libres del Gobierno de la República de Corea y mejorar continuamente los ambientes para inversión (Korea Free Economic Zone 2014).

Pese a que la iniciativa de creación de las FEZ en Corea del Sur se implementó desde 2003 -y en ese año se designó a Incheon como la primera FEZ- aún no ha entrado en operación ninguna FEZ, y todas están programadas para iniciar operaciones en el año 2020. Hasta 2013, se han designado ocho FEZ. Desde su designación, a cada FEZ se le asigna un puerto o aeropuerto que ha de construirse o modernizarse, así como las industrias a las que se concentrarán en ella (Korea Free Economic Zone, 2014).

En el caso de Corea, es importante destacar que gracias a diversos factores nacionales e internacionales, se ha convertido en una economía desarrollada, y que la implementación de las zonas económicas especiales se considera una estrategia para mantenerse competitiva y atraer industrias innovadoras y de alto valor agregado, y no un mecanismo para detonar el desarrollo económico y social de una región, es decir, tienen objetivos diferentes a muchas ZEE en el mundo. También, es importante destacar la planeación e implementación de las Zonas Económicas Libres –la iniciativa más reciente-, es integral y de largo plazo (Korea Free Economic Zone, 2014), y que ninguna de éstas ha entrado en operación, por lo que aún falta mucho para conocer los efectos que esta nueva iniciativa tendrá.

III.b Zonas económicas especiales en el mundo, ¿herramienta útil o panacea?

Como ya se ha mencionado, en general, la implementación de zonas económicas especiales es parte de un conjunto de herramientas que los países emprenden para mejorar sus situaciones económicas, por lo que no es posible acreditarles todo el éxito –o en algunos casos, fracaso- de la política económica. Además, existen evidencias empíricas que demuestran efectos contradictorios de las ZEE en las economías nacionales, por ejemplo, existe evidencia de que las ZEE tienen efectos muy positivos en el bienestar de las personas que habitan dentro de los límites territoriales de la Zona, pero, otros estudios demuestran que los incrementos en las compras de materias primas nacionales y recaudación fiscal son marginales, y que los costos de manejo y administración de la ZEE pueden ser mayores a los estimados, reduciendo los beneficios esperados (Farole 2011), por lo que es difícil tener una idea clara de los beneficios que las zonas económicas especiales tienen en la economía de un país.

Existen otros estudios que demuestran que los impactos en la generación de empleo –directo e indirecto- son innegables, especialmente para las mujeres, pero que estos trabajos son poco calificados, y que los trabajadores reciben las capacitaciones exclusivas para sus labores dentro de las empresas; además que las empresas que se establecen en este tipo de zonas no son intensivas en tecnología, por lo que la trasferencia de tecnología, conocimientos  y formación de capital humano ocurre de manera muy limitada (Arggal 2006).

La evidencia demuestra que si bien, las zonas económicas especiales tienen impactos positivos en las, economías nacionales estos son limitados y requieren de políticas económicas que los complementen y atiendan el problema del desarrollo económico de manera integral. Por ello, creemos que si bien las Zonas Económicas Espaciales en México pueden representar una gran oportunidad para detonar el crecimiento y mejorar el bienestar de la población, es necesaria una política económica que tome en cuenta las diferencias regionales, así como el diseño de una política industrial diferenciada, que como enfatizamos en la Iniciativa de la Agencia de Crecimiento Económico (p. 45), ayude a revertir los factores que han obstaculizado el desarrollo productivo del Sureste

Presentamos esta iniciativa, con la finalidad de abonar al planteamiento de una política industrial integral  y diferenciada por regiones, como lo hicimos en la Iniciativa de la Agencia de Desarrollo para el  Crecimiento Económico. Creemos que el enfoque de contar con múltiples instrumentos de política industrial que aporten originalidad y focalización para detonar el crecimiento económico de diversas regiones del país es imperativo para disminuir las desigualdades e impulsar el desarrollo de las diferentes regiones del país. Como se ha intentado argumentar en secciones anteriores, si bien las ZEE han ayudado al crecimiento económico y al bienestar de las personas en los países donde se han implementado, la clave para alcanzar altos niveles de desarrollo, consiste en la correcta instrumentación de éstas políticas públicas, por ello propusimos la creación de un órgano regulador en este rubro, materializado en la Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico, la Generación de Empleos y la Creación de Empresas de Alto Valor Agregado en las Entidades Federativas con Bajos Ingresos Per Cápita y Bajo Crecimiento. Por todo lo anterior, estamos convencidos de la utilidad que las zonas económicas especiales pueden tener como uno de los instrumentos que la Agencia puede utilizar para implementar una política industrial integral.

IV. Zonas económicas especiales en México, una oportunidad de desarrollo.

Como se ha mostrado en secciones anteriores, uno de los retos más importantes para superar la baja actividad empresarial es conseguir que los empresarios y emprendedores se entusiasmen e inviertan en la ampliación de la capacidad instalada, empleen nuevas tecnologías, generen nuevos productos y busquen diversificar sus mercados, pues cuando los empresarios y emprendedores se fortalecen, lo hace también la acumulación de capital y el cambio tecnológico -elementos fundamentales para detonar el crecimiento económico.

Igualmente, ya se ha abordado las críticas diferencias que existen en las tasas de crecimiento y pobreza entre las entidades del país, así como la necesidad de concentrar esfuerzos para revertir esta situación. Un país democrático y solidario no puede auspiciar profundas diferencias entre sus regiones y es fundamental acortar la brecha económica y social. Este diagnóstico nos lleva a concluir que es innegable la necesidad de replantear algunas estrategias económicas para diferenciarlas por región, ya que en la actualidad, la mayoría de las políticas económicas son generales; estamos ante un escenario en el que aplica la trillada, pero vigente frase de Aristóteles, “un trato igual a desiguales es un trato desigual”.

La idea de implementar zonas económicas especiales en México no es nueva. Se tienen registrados por lo menos dos intentos de establecer zonas con reglas económicas y fiscales distintas a las del resto del país, el Programa de la Industria Maquiladora de Exportación en 1965, y los Recintos Fiscalizados Estratégicos, en 2002,  sin embargo -como se verá a continuación-, ninguno de éstos ha estado enfocado a detonar el crecimiento en las entidades con menores tasas. Para atender esta problemática, proponemos la creación de zonas económicas especiales, por medio de la Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico.

IV.a. Las maquiladoras en México, un caso de éxito.

En México, las maquiladoras han sido consideradas por algunos como uno de los primeros y más exitosos ejemplos de ZEE (Farole 2011). El origen de las maquiladoras en la zona norte del país se remonta a los años 60, cuando, tras el fin del Programa Bracero, se hizo necesario implementar una política que mitigara el desempleo en esa zona del país, que se convirtió en 1965 en el Programa de la Industria Maquiladora de Exportación. Para fomentar el establecimiento de compañías estadounidenses en la frontera norte -en el contexto donde la política económica mexicana era de industrialización por sustitución de importaciones, fueron necesarios cambios a la legislación nacional y a la estadounidense.

En México, las primeras medidas incluyeron la exención de impuestos y aranceles a la importación de materia primas, partes y equipo de capital, siempre y cuando, el producto final fuera exportado y éstos materiales permanecían en territorio nacional; las operaciones de las maquilas se restringieron a una franja de 20 km operada por el Programa Nacional Fronterizo, y se restringió la inversión extranjera al 49% de la propiedad de las empresas. Por su parte, Estados Unidos tuvo que modificar su ley de aduanas, para que sólo se cobrarán impuestos por el valor agregado en el extranjero y por los componentes producidos en el extranjero (Farole 2011). Para muchos, el Programa de Maquiladoras, es el primer indicio de integración económica regional en América del Norte, que eventualmente llevó a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Parte del éxito del programa de maquiladoras en la frontera norte de México es que las preferencias comerciales fueron recíprocas con el principal mercado al que estaban destinadas las exportaciones: tanto México como Estados Unidos alteraron su legislaciones para beneficiar al socio comercial, creando ganancias eficientes que han mantenido las inversiones y las operaciones de estas empresas  (Farole 2011).

Muestras del éxito que tuvo –y en términos relativos, siguen teniendo- el esquema de Maquiladores, son las estimaciones acerca de los empleos que generan las maquiladoras, aproximadamente un millón, y exportan cerca de 80 mil millones de dólares al año, además, la inversión extranjera en la industria maquiladora está diversificada -siendo EE.UU. y Japón los dos principales inversionistas (The World Bank 2008). Sin embargo, con el advenimiento de nuevas reglas de origen introducidas en los tratados de libre comercio, se han modificado las condiciones originales del programa de Maquiladoras, lo que ha disminuido su dinamismo (De la Garza Gutiérrez 2005).

Consideramos que desde su creación, el Programa de Maquiladoras ha estado orientado a la exportación de productos hacia EE.UU., gracias a lo cual, la zona norte del país se volvió una región dinámica en términos económicos, pero que -por su diseño, los beneficios no han alcanzado a las regiones más pobres del país, que se encuentran en el sur-, por lo que creemos que es necesario idear un modelo similar para estas regiones con la creación de zonas económicas especiales.

IV.b. Recintos Fiscalizados Estratégicos

En México, existen desde 2002 los Recintos Fiscalizados Estratégicos, que permiten la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas a los recintos fiscalizados estratégicos, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación, sujetos a ciertas reglas fiscales y administrativas (SAT 2008):

• No pagarán impuestos al comercio exterior ni cuotas compensatorias, salvo tratándose de mercancías extranjeras introducidas bajo programa de diferimiento o devolución de aranceles,

• No estarán sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias o normas oficiales mexicanas, excepto en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional

A partir del ingreso de las mercancías nacionales al recinto fiscalizado estratégico, éstas se consideran como exportaciones, y las mercancías extranjeras que se introducen a estos recintos pueden permanecer hasta dos años, y pueden retirarse para su importación en cualquier momento (SAT 2008).

La condición de Recinto Fiscalizado Estratégico la otorga el SAT, a personas que posean un inmueble dentro o colindante con un recinto fiscal, fiscalizado o recinto portuario (aduanas marítimas, fronterizas e  interiores). Un Recinto Fiscalizado Estratégico sólo se puede utilizar para la introducción de mercancías bajo dicho régimen (SAT 2008).

El régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico tiene como objetivo coadyuvar al establecimiento de condiciones de competitividad, abatiendo los costos de logística y elevando la eficiencia en las operaciones aduanales, generando beneficios directos al sector de comercio exterior, y beneficios indirectos para las regiones donde se establezcan estos recintos. (De la Garza Gutiérrez 2005). Están sustentados en tres principios: a) facilidades logísticas que hacen más eficientes los flujos de mercancías, b) simplificación administrativa y, c) transparencia y seguridad jurídica (De la Garza Gutiérrez 2005).

De lo anterior, se puede concluir que los Recintos Fiscalizados Estratégicos tienen como finalidad impulsar el comercio y las exportaciones -con los beneficios que esto trae a la población en general-, pero no buscan de manera deliberada detonar el crecimiento, generar empleos o mejorar el bienestar de la población, por lo que consideramos que -aunque sin duda son una herramienta útil- deben ser complementado con la creación de zonas económicas especiales.

IV.c. Clusters industriales en México.

Históricamente, en México, el desarrollo de clusters no es nuevo, aunque tampoco encontramos muchos ejemplos clásicos de este tipo de organización industrial en el país. Los dos ejemplos principales son el calzado y la industria automotriz (Unger 2003).

El primer clúster identificado en México es el del calzado, que se concentra mucho en pocas entidades: Guanajuato, Jalisco y la zona industrial del Estado de México y el Distrito Federal (Unger 2003). El clúster en Guanajuato supera por mucho a los otros, y en combinación con Jalisco, representan cerca del 80% de las actividades de cuero-calzado y más de la mitad de otro tipo de calzado. En general, la industria del calzado se encuentra en lugares donde desde siempre se destacó en la curtiduría del cuero (Unger 2003).

En general, los estudios coinciden en que el éxito de la industria del calzado en León está basado en fortalezas competitivas muy tradicionales, pero que no ha desplegado todo su potencial; por ejemplo, la inversión en capacidades de diseño y soluciones tecnológicas es muy limitada, y no se invierte en investigación y desarrollo y, solamente 12% de la producción de León se destina a la exportación (Unger 2003).

ProMéxico Inversión y Comercio  identifica once clústers industriales en el país (ProMéxico 2014): aeroespacial, alimentos procesados, automotriz, autopartes, ciencias de la vida (que incluyen farmacéutica, dispositivos médicos y turismo de salud), eléctrico, electrodoméstico, electrónico, energías renovables, industrias creativas y Servicios de Tecnologías de la Información y Procesos de Negocios (IT y BPO, por sus siglas en inglés).

En general, los clusters están distribuidos por todo el país, pero se concentran en la zona norte. A continuación se presentan algunos ejemplos para ilustrarlo.

Clúster Automotriz (para vehículos ligeros)

La integración de clusters en la industria automotriz es bastante común en los países donde se instalan las grandes automotrices. “El desarrollo de encadenamientos locales o regionales es en cierta forma natural y los casos de éxito dependen de aprovechar también las capacidades industriales ya existentes con antelación a la nueva actividad”, es decir, el éxito depende de aprovechar los factores existentes y del desarrollo de la cadena de actividades productivas alrededor de la industria  (Unger 2003).

En el sector  automotriz, la localización parecer ser relativamente libre y se debe a decisiones “arbitrarias”, que terminan por convertir a esas plantas en polos de atracción para el clúster (Unger 2003).

En 2013, la producción de vehículos ligeros creció 1.7%, pasando de 2.88 millones de unidades a 2.93 millones, y alcanzando un nuevo máximo histórico. En el país existen 19 complejos automotrices, ubicados en 15 estados, en los que se realizan actividades como ensamblaje, blindaje, fundición y estampado de autos y motores. Actualmente, en México se producen más de 40 modelos de autos y camiones ligeros (ProMéxico 2014a)

Clúster Aeronáutico

En México, el sector aeroespacial está conformado por empresas dedicadas a la manufactura, mantenimiento, reparación, ingeniería, diseño y servicios auxiliares. Las exportaciones de esta industria han registrado un crecimiento mayor al 16% anual entre 2006 y 2012, alcanzando un monto de 5 040 mdd (ProMéxico 2014b). En 2012, se contabilizaron 270 de la industria aeroespacial, que emplean a más de 32 000 profesionales de alto nivel. Como se puede apreciar en el mapa, la industria areoespacial se concentra en cinco estados, cuatro de ellos en el norte (Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León) y uno en el centro (Querétaro).

Clúster de Energías Renovables

Hasta 2012, México tenía una capacidad efectiva instalada para la generación de energía de 63 195 MW, de los cuales, 23% correspondía a fuentes renovables. Se estima que para 2026, la capacidad instalada para la generación de energía a partir de fuentes renovables sea de 20 544 MW, y que de ésta, el 59% corresponderá a energía eólica y el 27.3% a hidroeléctricas (ProMéxico 2014c).  Entre 2003 y 2012, México recibió aproximadamente 7 343 mdd de inversión en industria de energías renovables, que se concentraron principalmente en Oaxaca y Baja California, pero el clúster incluye a Estados como Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Quintana Roo y Nuevo León (ver mapa).

Entre las actividades que se realizan de energías renovables en el país está la fabricación de generadores, palas y torres para la industria eólica, así como plantas de producción de módulos solares fotovoltaicos (ProMéxico 2014c).

Como demuestran los casos anteriormente presentados, pese a que en México existen clusters industriales en diversos sectores, que además son fomentados activamente como parte de la política de atracción de inversión y crecimiento económico,  en los estados del sur-sureste aún no existen este tipo de arreglos -salvo en materia de Energías Renovables, por lo que es necesario buscar que se establezcan en esta zona del país, a fin de detonar su crecimiento y dinamismo económico y así, mejorar la calidad de vida de la gente en los estados más pobres del país.

V. Consideraciones Finales

Como ya se abordó en el apartado sobre el diagnóstico sobre el crecimiento de las entidades federativas de nuestro país de la iniciativa presentada el pasado 7 de marzo de 2013 existen dos Méxicos que crecen y se desarrollan a dos velocidades diferentes: mientras que para el periodo 1994-2010 los estados más pobres y rezagados como Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, y Chiapas crecieron a tasas del 1.4%, 1.2%, 1.1%, 1%, 0.9%, y 0.8%, respectivamente, los estados más ricos como Nuevo León y el Distrito Federal mantuvieron tasas de crecimiento del  2.0% y 1.3% respectivamente. Esto significa que la brecha económica entre los estados no está disminuyendo, al contrario, ésta se hace se amplía. Lo cual sugiere que, en México no hay evidencia de “convergencia absoluta” entre las entidades federativas. En consecuencia de seguir con este desempeño, las entidades federativas más pobres jamás podrán alcanzar el nivel de desarrollo y la calidad de vida que gozan los habitantes de estados con mayor ingreso.

Como establecimos en la iniciativa de la Agencia para el Crecimiento Económico, creemos que se necesita el fomento a empresas grandes y medianas en la región, apoyo a actividades no tradicionales y a procesos innovadores que fortalezcan los nichos de mercado que tienen posibilidades de generar externalidades positivas, es decir, creemos en la urgencia de fortalecer a los empresarios y emprendedores. Estamos convencidos de que la implementación de zonas económicas especiales es una de las formas en la que la Agencia para el Crecimiento Económico puede ayudar a esta necesidad. Sabemos que las zonas económicas especiales no son una receta milagrosa, por eso propusimos que la Agencia contara con instrumentos diversos como: establecer programas de capacitación y especialización tecnológica, dar asesoría para la elaboración de los planes de negocio, dar poyo para la construcción de infraestructura específica acorde a los proyectos de alto valor, ofrecer financiamiento a través de un Fondo de Capital de Riesgo público-privado, ofrecer garantías y apoyos a la inversión, dar apoyos a fondo perdido, crear una asociación de expertos que evalúen proyectos de emprendedores que tengan alto impacto, emitir recomendaciones para mejorar la legislación y las normas locales, buscar la generación de clústers industriales y establecer esquemas proactivos de becas y desarrollo al capital humano.

Por lo anterior, concluimos que nuestro país necesita un nuevo enfoque de política económica –específicamente un nuevo enfoque de política industrial- que detone el crecimiento acelerado y sostenido en cada una de las entidades federativas, pero principalmente en aquellas entidades que tienen altos índices de rezago, alto porcentaje de población viviendo en pobreza y bajas tasas de crecimiento económico. Por ello, que nuestra propuesta radica en contar con una política industrial diferenciada de acuerdo a las necesidades de los estados, su vocación productiva, entre otras variables.

De ahí que estemos convencidos que la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto sobre la implementación de una política industrial novedosa cuyo papel central sea el fomento de actividades no tradicionales que promuevan el crecimiento económico, por medio de diversos instrumentos como lo pueden ser las Zonas Económicas Especiales en los estados más rezagados. De esta manera estaríamos trabajando por resolver uno de los imperativos más apremiantes de la actual realidad mexicana: disminuir las diferencias que existen entre nuestras entidades federales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 párrafo 1 fracción I y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Zonas Económicas  Especiales, Libres y de Promoción

Titulo Primero

Disposiciones Generales

Capítulo I

Del objeto de la Ley

Artículo 1.Esta ley tiene es de orden público. Tiene como finalidad establecer un sistema de Zonas Económicas Especiales que fomenten el crecimiento económico, el desarrollo de las los estados de la República donde éstas se establezcan, por medio de la generación de empleos  y con ello combatir el rezago económico y la disparidad entre las diversas regiones del país.

Artículo 2.Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

i. Zona Económica Especial: Las zonas geográficas que, por su nivel de marginación y prioridad económica en las entidades federativas, se propongan para desarrollar aglomerados económicos competitivos de producción y empleo en los términos enunciados por esta ley.

ii. Zona Libre: Zona geográfica, que por su nivel de marginación y prioridad económica en las entidades federativas, se reducen las tasas del impuesto al valor agregado, y los impuestos que determine la Agencia.

iii. Zonas de Promoción Económica: Zona geográfica, que por su  nivel de marginación y prioridad económica en las entidades federativas, recibirá atención prioritaria por parte del Gobierno en materia de inversión en infraestructura y promoción económica.

iv. Infraestructura: Facilidades tangibles como corriente eléctrica, sistemas de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, caminos y carreteras, así como intangibles, como software, requeridos para la operación efectiva de la Zona Económica Especial

v. Desarrollador:Compañía, persona u organización designada por la Agencia, por medio del otorgamiento de un permiso y encargada de la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona Económica Especial.

vi. Inversionista: Compañía o persona a quién el Comité Técnico ha concedido un permiso para invertir en una Zona Económica Especial

vii. Comité de Técnico:El Comité Técnico de la Agencia para el Crecimiento Económico.

viii. Comité de Administración:Máxima autoridad de administración de la Zona Económica Especial, integrado por representantes los tres órdenes de gobierno.

ix. Permiso:Cualquier licencia o autorización que sea necesaria para el funcionamiento de la Zona Económica Especial.

x. Agencia: La Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico, la generación de empleos y la creación de empresas de alto valor agregado en las entidades federativas con bajos ingresos per cápita y bajo crecimiento, dependiente de la Oficina de la Presidencia de la República.

xi. Estados prioritarios:Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz

xii. Proyectos de Alto Valor.Aquellos proyectos de alto impacto, relacionados con nuevas actividades o nuevos procesos, orientados a la creación o instalación de empresas de alto valor agregado, que generen empleos y externalidades positivas en la economía.

xiii. La Secretaría.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 3.Son objetivos de esta ley los siguientes:

i. Coadyuvar al desarrollo económico nacional establecido en el Plan Nacional de Desarrollo

ii. Incrementar las oportunidades de empleo de tal manera que se mejoren los niveles de vida de la población por medio de la promoción de una política industrial hecha a la medida y que beneficie a los Estados de la República que se encuentran más rezagados.

iii. Estimular, promover y atraer el desarrollo armonioso de la industria, la economía y la sociedad.

iv. Promover el desarrollo económico y social a través de la creación de empresas en cooperación y financiamientos con las tres órdenes de gobierno. Así mismo, se busca proveer de oportunidades a los ciudadanos de las entidades beneficiadas por medio del fortalecimiento de capacidades.

v. Generar incentivos económicos que estimulen y atraigan la inversión local y extranjera; por medio de fondos de capital de riesgo, la construcción de infraestructura para los desarrolladores y los inversionistas, garantías a la inversión y subsidios directos a los emprendedores.

vi. Promover la inversión local y extranjera en las Zonas Económicas Especiales, creando nuevas oportunidades de empleo y creando nuevas industrias en dichas zonas de desarrollo.

Título Segundo

De las Zonas Económicas Especiales

Capítulo I

Del establecimiento de las Zonas Económicas Especiales

Artículo 4.Se designará a una Zona Económica Especial, de acuerdo a una serie de criterios:

i. Por nivel de marginación y prioridad económica en las entidades federativas, teniendo en consideración las tasas de crecimiento del PIB estatal, el nivel de marginación y/o pobreza, o el Coeficiente de Gini.

ii. Por la ubicación geográfica estratégica.

iii. Por la posibilidad de desarrollar una industria de acuerdo con la vocación productiva de cada zona o región.

iv. Que, tras haber realizado diversos estudios, éstos arrojen que la inversión en infraestructura impactará positivamente al combate a la pobreza y a la marginación.

Artículo 5.La Agencia para el Desarrollo designará, previa sugerencia del Comité Técnico, las zonas geográficas, que de acuerdo con los criterios anteriores, sean determinadas como Zonas Económicas Especiales.

Artículo 6.Las Zonas Económicas Especiales deberán contar con la disponibilidad de mano de obra calificada, semicalificada y trabajadores que puedan ser capacitados.

Artículo 7.De no cumplirse los criterios anteriores, la Agencia podrá establecer una Zona Económica Especial si se considera que los beneficios para el país y la población lo ameritan.

Artículo 8.La Agencia, previa sugerencia del Comité Técnico, seleccionará al desarrollador de acuerdo a los estándares internacionales y aceptados por ésta, y de acuerdo a la normatividad nacional correspondiente, atendiendo a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Se dará prioridad a los desarrolladores que tengan experiencia en el manejo de zonas económicas especiales y que aseguren beneficios para el país y la gente.

Capítulo II

De las Zonas Libres

Artículo 9.Las Zonas Libres podrán ser designadas por la Agencia, previa sugerencia del Comité Técnico.

Artículo 10. A las Zonas Libres, sólo corresponderán reducciones a los impuestos determinados por la Agencia.

Artículo 11. Podrán establecerse Zonas Libres en las áreas adyacentes a las Zonas Económicas Especiales o en otras zonas geográficas del país donde se considere que estas tendrán un impacto positivo en la economía regional y en el bienestar social de la comunidad.

Las Zonas Libres no necesariamente deben corresponder a una demarcación geográfica preexistente.

Artículo 12. El Comité Técnico supervisará el funcionamiento y evolución de las Zonas Libres a fin de presentar a la Agencia informes periódicos de los beneficios que ésta genera, y de ser necesario, emitir las recomendaciones para ajustar su funcionamiento.

Capítulo III

De las Zonas de Promoción Económica

Artículo 13. Las Zonas de Promoción Económica podrán ser designadas por la Agencia, previa sugerencia del Comité Técnico.

Artículo 14.A las Zonas de Promoción Económica, corresponderá atención prioritaria del Gobierno en materia de infraestructura de transportes, educativa, de salud y de todo lo relacionado con la promoción económica, a fin de atraer inversión a las zonas.

Artículo 15. Las Zonas de Promoción Económica no podrán ser establecidas en la misma demarcación geográfica que una Zona Libre ni que una Zona Económica Especial.

Artículo 16. El Comité Técnico supervisará el funcionamiento y evolución de las Zonas de Promoción Económicas, a fin de presentar a la Agencia informes periódicos de los beneficios que esta genera, y de ser necesario, emitir las recomendaciones para ajustar su funcionamiento.

Capítulo IV

De la Agencia de Crecimiento Económico

Artículo 17.Son facultades de la Agencia las siguientes:

i. Aprobar las propuestas que presente el Comité Técnico para la creación de Zonas Económicas Especiales, Zonas Libres y Zonas de Promoción Económica.

ii. Aprobar las políticas que deberán ser implementadas en las Zonas Económicas Especiales de acuerdo con las estipulaciones de esta Ley.

iii. Aprobar las exenciones fiscales que se aplicarán en las Zonas Libres.

iv. Generar la estrategia de inversiones gubernamentales destinadas a cada Zona de Promoción Económica.

v. Aprobar las propuestas para la constitución del Consejo de Administración que se encargará de cualquier Zonas Económicas Especiales.

vi. Aprobar las propuestas de las empresas o del grupo que se denominará desarrollador del proyecto.

vii. Aprobar el tiempo por el cual cada zona gozará del estatus de Zonas Económicas Especiales

viii. Aprobar las categorías de inversionistas de acuerdo con el monto de inversión en las Zonas Económicas Especiales.

Artículo 18.Son obligaciones de la Agencia :

i.Conducirse con los principios de eficiencia, eficacia y honradez.

ii.Con la finalidad de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas la Agencia deberá reportar el estado que guardan las Zonas Económicas Especiales, por lo menos dos veces al año.

Capítulo  V

Del Comité Técnico de la Agencia para el Crecimiento Económico, la Generación de Empleos y la Creación de Empresas de Alto Valor Agregado en las Entidades Federativas con Bajos Ingresos per Cápita y Bajo Crecimiento

Artículo 19.El Comité Técnico de la Agencia para el Crecimiento Económico,  la generación de empleos y la creación de empresas de alto valor agregado en las entidades federativas con bajos ingresos per cápita y bajo crecimiento es un grupo de expertos en el impulso de emprendedores y empresas de alto valor agregado y de la aplicación de los instrumentos de la Agencia. Entre estos instrumentos estarán las Zonas Económicas Especiales.

Este Comité Técnico estará compuesto por miembros del sector público, el sector privado y la sociedad civil, quienes tras previo análisis, estudio y evaluación por parte de todos los involucrados, aprobarán las propuestas de Zonas Económicas Especiales.

Artículo 20.Son facultades del Comité Técnico:

i. Elaborar las propuestas para presentar a la Agencia, quien a su vez establecerá los espacios geográficos que serán determinados como Zonas Económicas Especiales y Zonas Libres.

Dicha propuesta deberá contener al menos con información relativa al lugar donde se establecerá la zona, el espacio requerido,  la demarcación geográfica de la zona.

ii. Proponer las políticas públicas e instrumentos que deberán ser implementados en las Zonas Económicas Especiales de acuerdo con las estipulaciones de esta Ley, concediendo, bajo los Lineamientos que emita la Secretaría, la exención de impuestos sobre la renta, sobre la tierra y sobre la nómina.

iii. Proponer los incentivos fiscales que se implementarán en las Zonas Libres

iv. Proponer a la Secretaría, las exenciones de impuestos y períodos de exención a aquellas zonas que requieren más estímulos para detonar el desarrollo por causas de emergencia.

v. Recibir las propuestas de las empresas o del grupo que se denominará desarrollador del proyecto.

vi. Dictar los lineamientos de la política industrial, es decir los incentivos fiscales y financieros que cada Zona Especial ofrecerá de manera particular en tiempo y forma, en conjunto con la Secretaría.

vii. Establecer el perfil de cada zona, es decir determinar si cada región (dada sus ventajas competitivas y comparativas) se especializará en alguna industria o servicio.

viii. Proponer el tiempo por el cual cada zona gozará del estatus de Zonas Económicas Especiales, Zona Libre y Zona de Promoción Económica.

ix. Supervisar el funcionamiento de las Zonas Libres y las Zonas de Promoción Económica., reportar sus hallazgos a la Agencia y, de ser necesario, emitir recomendaciones para un mejor funcionamiento de las mismas.

x. Proponer las categorías de inversionistas de acuerdo con el monto de inversión en las Zonas Económicas Especiales.

xi. Formar grupos de trabajo con el personal de las dependencias de la administración pública federal, a fin de implementar medidas que optimicen el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, aumenten la eficiencia y productividad de éstas.

xii. Gestionar los permisos para establecer inversiones dentro de los primeros 30 días de la solicitud de éste, supervisar e inspeccionar la implementación de las inversiones, el uso de la tierra, la conservación ambiental, salud, educación, finanzas, impuestos, desarrollo, transportes, comunicación, seguridad, electricidad, energía y suministro de agua y coordinarse con las instituciones pertinentes.

xiii. Coordinar con las instituciones correspondientes las acciones para proteger activos, beneficios y otros derechos de los inversionistas.

xiv. Emitir, modificar o cancelar un reglamento sobre las especificaciones que deberán seguir los inversionistas, sin perjuicio de las empresas ya establecidas.

xv. Coordinar con las autoridades correspondientes las visas y permisos de residencia para aquellos inversionistas que lo necesiten.

xvi. Establecer las bases / o propiciar vínculos entre los inversionistas y la banca nacional.

xvii. Expedir los reglamentos a los que habrán de sujetarse los desarrolladores, para efectos de  la operación y administración de la Zonas Económicas Especiales, conforme a derecho.

Artículo 21.Son obligaciones del Comité Técnico:

i. Coordinar esfuerzos para detonar el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales por medio de la construcción de infraestructura en las zonas geográficas que tengan prioridad para convertirse en Zonas Económicas Especiales.

ii. En este sentido, aprobar y/o modificar el Plan de Infraestructura necesario  para detonar el desarrollo en las Zonas Económicas Especiales que proponga la Agencia para el desarrollo.

iii. Administrar de manera eficiente los recursos que cada secretaria de estado etiquete para este asunto para los proyectos de infraestructura.

iv. Coordinar esfuerzos para proveer de recursos hídricos y eléctricos para llevar a cabo las actividades que precise la Zonas Económicas Especiales.

v. Llevar a cabo auditorías a los desarrolladores de cada Zonas Económicas Especiales.

vi. Generar los lineamientos para la realización de evaluaciones del desempeño del comité y del desarrollador, con la finalidad de continuar con el permiso para seguir colaborando con los distintos niveles de gobierno.

Capítulo VI

Del Consejo de Administración de las Zonas Económicas Especiales

Artículo 22.El Consejo de Administración de las Zonas Económicas Especiales es el órgano compuesto por los representantes de las tres órdenes de gobierno y todos los involucrados con el desarrollo de la región. El objetivo de este Consejo será incluir a todas las voces interesadas en el crecimiento de una región o zona geográfica. Por lo anterior, el Consejo de Administración de las Zonas Económicas Especiales deberá tener un representante del gobierno municipal, un representante del gobierno estatal y un representante del gobierno federal.

Artículo 23.Serán facultades del Consejo de Administración de las Zonas Económicas Especiales:

i. Llevar a cabo todas las actividades administrativas relacionadas con el desempeño de las Zonas Económicas Especiales.

ii. Fungir como ventanilla única para todos los trámites relacionados con la implementación de negocios en las Zonas Económicas Especiales.

iii. Determinar un Gerente de la Zona Económica Especial, que sirva como enlace entre los órdenes de gobierno, la agencia para el Desarrollo, el desarrollador y los inversionistas.

iv. Aprobar las inversiones que se pretendan hacer en las zonas económicas especiales.

v. Supervisar e inspeccionar la implementación de la inversión, el uso de tierra, la conservación del medio ambiente, la salud, educación, los transportes, el suministro de electricidad, agua y energía.

vi. Presentar reportes sobre las anteriores materias a fin de que la Agencia evalúe el buen desempeño del desarrollador y los inversionistas.

vii. Coordinarse con la banca local y nacional para proveer de servicios financieros a las zonas económicas especiales.

viii. Aprobar la ampliación de las Zonas Económicas Especiales.

ix. Realizar el escrutinio del diseño y la construcción de las Zonas Económicas Especiales para determinar si en realidad se llevaron a cabo como el plan original.

x. Coordinarse con la Agencia para el desarrollo para ofrecer las facilidades que necesiten los inversionistas que decidan invertir en la Zonas Económicas Especiales.

xi. Gestionar incentivos de acuerdo con la potestad de cada orden de gobierno para hacer más competitiva cada Zonas Económicas Especiales.

Capítulo VII

De los Inversionistas

Artículo 24.Los inversionistas tienen derecho a invertir en las siguientes materias:

i. manufactura de productos, manufactura de bienes procesados, almacenamiento, transportes y provisión de servicios

ii. importación de materias primas destinadas para lo previsto en el inciso a) de este artículo; importación de materiales, maquinaria, equipos y herramientas utilizados para lo previsto en el inciso a)

iii. venta de productos manufacturado en la Zona Económica Especial al mercado doméstico y extranjero, siguiendo lo estipulado por la Agencia,

iv. establecer oficinas para manejar las inversiones, con la aprobación del Comité, dentro de las Zonas Económicas Especiales

v. realizar actividades distintas a la inversión original, previa autorización del Comité.

Artículo 25. Un inversionista que desee realizar una inversión en la Zonas Económicas Especiales, deberá solicitarlo por medio del Comité de Administración, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Agencia para el establecimiento de una inversión.

Artículo 26. El inversionista deberá demostrar capacidad de construir y operar comercialmente su establecimiento dentro del periodo determinado. Si el inversionista no es capaz de cumplir con los plazos, debe reportar la razón de su retraso al Comité de Administración, que si no encuentra explicaciones suficientes para el retraso, puede revocar el permiso de inversión.

Artículo 27. El inversionista tiene derecho a los siguientes incentivos fiscales:

i. En una Zona Económica Especial, exención en el impuesto sobre la renta los primeros siete años a partir de la fecha de inicio de las operaciones comerciales,

ii. Si las utilidades son reinvertidas en la Zona Económica Especial, entre los años siete y doce de operación se otorgará una reducción del 50% del impuesto sobre la renta sobre esas utilidades.

Artículo 28. El inversionista deberá:

i. Registrar ante la Agencia, en la oficina que se abrirá en conjunto con el Comité de Administración, la inversión a realizarse en la Zonas Económicas Especiales y la compañía o razón social que la llevará a cabo

ii. Presentar al Comité de Administración un informe sobre el desarrollo de la inversión, de acuerdo con lo estipulado para este efecto

iii. Mantener una contabilidad y documentos administrativos de acuerdo con estándares internacionales

iv. Seguir las normativas ambientales impuestas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y demás dependencias encargadas de la protección ambiental.

Artículo 29. En caso de que desee retirar la inversión, el inversionista deberá notificar al Comité de Administración con anticipación, y realizar la liquidación y cierre de la empresa de acuerdo a la legislación correspondiente.

Artículo 30.En caso de que el inversionista desee transferir la inversión, deberá notificar al Comité de Administración con anticipación y el nuevo inversionista deberá registrar de nuevo la inversión ante el Comité.

Capítulo VIII

De los Desarrolladores y la Construcción de una Zona Económica Especial

Artículo 31. La Zonas Económicas Especiales será construida por un desarrollador con alguna de las siguientes características:

i. El desarrollador puede ser propiedad del Estado, un desarrollador privado o una Asociación Público-Privada,

ii. El desarrollador puede ser de 100% capital nacional, 100% capital extranjero o una combinación de capital nacional o extranjero en cualquier proporción, o una combinación entre gobiernos nacional y extranjero.

Artículo 32. Son facultades del desarrollador:

i. Celebrar contratos de arrendamiento de la tierra con el Comité de Administración y, con la aprobación de éste, realizar contratos con los inversionistas,

ii. Hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones comunes de la Zona Económica Especial,

iii. La construcción de cada proyecto deberá realizarse en los plazos estipulados en los contratos. Si el desarrollador es incapaz de cumplir con los plazos, deberá reportarlo con anticipación al Comité de Administración y a la Agencia. De encontrar que el desarrollador no tiene razones sólidas para el retraso, la Agencia podrá imponer sanciones.

iv. Subcontratar la construcción de infraestructura a otras compañías por medio de licitaciones acordes con la legislación vigente, o realizarlas él mismo.

Artículo 33. El desarrollador recibirá los incentivos fiscales y de cualquier otra índole que la Agencia determine.

Artículo 34. El desarrollador podrá realizar las funciones de operación de la Zonas Económicas Especiales o subarrendarlo, de acuerdo con lo estipulado por el contrato y las regulaciones aplicables a un operador independiente.

Artículo 35. El desarrollador deberá pagar las sumas estipuladas en el contrato de arrendamiento de la tierra al Consejo de Administración de la Zonas Económicas Especiales de la manera acordada.

Capítulo IX

Otros Incentivos

Artículo 35. Las exenciones a los impuestos a la importación se aplicarán las que la Agencia determine.

Artículo 36. El desarrollador y los inversionistas no podrán transferir o vender maquinaria importada fuera de la Zonas Económicas Especiales sin el pago de los impuestos correspondientes, equivalentes al 50% de las exenciones con las que se benefició.

Artículo 37. Los inversionistas podrán deducir gastos en los que incurrieron al dar entrenamiento a los trabajadores o en inversión y desarrollo de algún proyecto, en los montos determinados por la Agencia.

Artículo 38.Para empresas extranjeras, se aplicarán los beneficios anteriormente descritos, y respetando los Acuerdos para Evitar la Doble Tributación de los que México sea parte.

Capítulo X

Trámites Aduanales

Artículo 39.Los procedimientos aduanales deberán ceñirse a las mejores prácticas internacionales y regirse por la normativa vigente en el país, sin ejercer inspecciones excesivas o intrusivas en las mercancías exportadas desde la Zonas Económicas Especiales.

Artículo 40.Para facilitar las inspecciones aduaneras en los puntos de embarque, se podrán diseñar mecanismos de inspección en las fábricas, dentro del perímetro de la Zonas Económicas Especiales, como primer punto de inspección.

Si se trata de bienes perecederos, las exportaciones deberán sujetarse a las inspecciones y normativas establecidas por las autoridades fitosanitarias.

Capítulo XI

Materia Laboral

Artículo 41. Los inversionistas podrán contratar trabajadores por los medios que ellos consideren adecuados, respetando las regulaciones laborales vigentes en el país.

Artículo 42.El inversionista deberá tratar generar una política de contratación que integre a la mayor cantidad de habitantes de la Zona Económica Especial y zonas aledañas.

En caso de contratar trabajadores extranjeros, el inversionista deberá notificar al Comité de Administración, para que éste le asista en los trámites migratorios pertinentes para la obtención de visas y permisos de trabajo.

Artículo 43.El inversionista deberá proveer la capacitación necesaria para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores, así como para procurar la seguridad y protección de los trabajadores.

Transitorios

Primero.La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Una vez promulgada esta Ley, la Agencia para el Crecimiento contará con 180 días para integrar el Comité Intersecretarial, organismo que aprobará las Zonas Económicas Especiales.

Tercero.Una vez integrado el Comité Intersecretarial de la Agencia para el Crecimiento contará con 90 días para proponer las primeras Zonas Económicas Especiales.

Notas:

1 Para mayor referencia ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39775

2 Servicio de parada única o “One-Stop Service”, en inglés.

3 Por ejemplo, en la FEZ Incheon se concentrarán sectores financieros, de logística, de alta tecnolgía, de medicina y biotecnología, de educación, cultura y turismo; en la FEZ de Busan, se establecerán empresas de logística, alta tecnología, construcción, turismo y educación enfocada a la medicina; en la Zona de la Bahía de Gwangyang se tiene programado la existencia de empresas de logística, manufactura, outsourcing y turismo; en la Zona del Mar Amarillo, se incluye la industria de auto partes, semiconductores y LCD, así como acereras y petroquímica; para la FEZ Daegu-Gyeongbuk se contempla energía verde, “servicios del conocimiento” y el sector de transportes de alta tecnología; para la FEZ en Saemangeung-Gunsan se prevé la consolidación de industria automovilística y astilleros, la construcción de maquinaria y sus partes, así como energías renovables y turismo; en la FEZ de la Costa  Este, se contempla el establecimiento de industria para componentes y materiales de alta tecnología, logística, investigación y desarrollo, así como turismo; por último, la FEZ de ChungBuk concentrará industria aeronáutica y bioaeronáutica, turismo y autopartes.

4 En esta iniciativa se propone la creación de la Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico, la generación de empleos y la creación de empresas de alto valor agregado en las entidades federativas con bajos ingresos per cápita y bajo crecimiento

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Open Development Cambodia, 2014, “Special Economic Zones” (disponible en http://www.opendevelopmentcambodia.net/briefing/special-economic-zones/, consultado 10 de septiembre de 2014).

ProMéxico, 2014, “Mapa de Inversión en México” (disponible en http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/inicio, consultado 22 de octubre de 2014).

ProMéxico, 2014a, “Sector Automotriz en México” (disponible en http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/auto_perfil_del_sector, consultado 22 de octubre de 2014).

ProMéxico, 2014b, “Sector Aeroespacial en México” (disponible en http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/perfil_del_sector, consultado 22 de octubre de 2014).

ProMéxico, 2014c, “Sector Energías Renovables” (disponible en http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/energias_perfil_del_sector, consultado 22 de octubre de 2014).

Porter, Michael, 1998, “Clusters and the New Economics of Competition” en Harvard Bussines Review, noviembre-diciembre 1998 (disponible en http://www.rimisp.org/wp-content/uploads/2012/07/31_rimisp_Cardumen.pdf, consultado 19 de octubre de 2014).

Rodrik, Dani, 2004, “Growth Strategies”, Working Paper, August 2004 (disponible en https://www.sss.ias.edu/files/pdfs/Rodrik/Research/ Growth-strategies.pdf, consultado 2 de diciembre de 2014).

Servicio de Administración Tributaria, 2008, Recinto Fiscalizado Estratégico (disponible en http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_1809 9.html, consultado 5 de septiembre de 2014).

Special Economic Zones Law, 2014, Cambodia, (disponible http://www.jica.go.jp/cambodia/english/office/topics/pdf/09_chapter5.pdf, consultada 10 de septiembre de 2014).

The Economist, 2009, “Clustering”, 24th august, 2009 (disponible en http://www.economist.com/node/14292202, consulta 20 de octubre de 2014).

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Unger, Kurt, 2003, “Los clusters industriales en México: especializaciones regionales y la política industrial”, Documento preparado para el proyecto CEPAL/GTZ, “Una estrategia de desarrollo de clusters basados en recursos naturales” (disponible en http://www.cepal.org/ ddpe/noticias/paginas/8/15078/kurtunger.pdf, consultado el 26 de septiembre de 2014)

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil catorce.— Senador Roberto Armando Albores Gleason (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY ADUANERA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ernesto Javier Cordero Arroyo y del diputado Raúl Gómez Ramírez, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 107 Bis a la Ley Aduanera.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, y el diputado federal Raúl Gómez Ramírez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 107 Bis a la Ley Aduanera, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Un momento histórico trascendental en cuanto al desplazamiento de población mexicana hacia Estados Unidos, es cuando una parte del territorio de México pasó a ser posesión de Estados Unidos y de pronto, la frontera se traslada hacia el sur y México se queda con su actual territorio; físicamente, la frontera es inexistente en ese momento y los mexicanos no tenían obstáculo alguno para pasar al país vecino, sobre todo a partir de que se amplía la red de vías de comunicación de México, la gente podía moverse con relativa facilidad; así los ferrocarriles hicieron posible que muchas personas pudieran viajar desde la meseta central del país hasta la frontera con Estados Unidos, sobre todo al suroeste de ese país, región que en aquellos días empieza a experimentar un fuerte desarrollo económico basado principalmente en la agricultura.

Durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX, los inmigrantes mexicanos jugaron un papel muy importante en la construcción de las vías férreas en el suroeste de Estados Unidos, en especial las de las empresas Southern Pacific y Santa Fe; tan así que los trabajadores mexicanos llegaron a representar hasta el 70 por ciento de las cuadrillas, y tan sólo en 1908 se estima que fueron contratados más de 16 mil trabajadores simplemente para las obras de los propios ferrocarriles; incluso, después de que se terminaron las vías principales, los mexicanos continuaron siendo contratados para construir las líneas secundarias y para su constante mantenimiento y reparación. En consecuencia, la construcción de vías férreas llevaron a los mexicanos hasta Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Idaho, Illinois y Washington.

A groso modo, las actividades que hicieron del suroeste estadounidense el gran abastecedor de Estados Unidos, se destacan los ferrocarriles, que aseguraron un transporte confiable para la distribución de productos agrícolas a las ciudades; los nuevos sistemas de riego, que hicieron posible la apertura de miles de hectáreas al cultivo y, finalmente, la mano de obra mexicana, que abundante y mal pagada limpió terrenos, sembró, regó y cosechó los productos agrícolas, que en 1929 llegaron a representar el 40 por ciento  de todas las frutas y vegetales cultivados en Estados Unidos.

Secuelas y consecuencias de la Revolución de México en 1910, propició en el campo un sensible aumento en la inseguridad económica, política y social; y por otro lado, la industria y el campo estadounidenses necesitaban suplir a sus trabajadores que habían marchado a la Primera Guerra Mundial, y de ésta coyuntura los migrantes mexicanos aprovecharon para resolver su problema de ocupación y seguridad, mientras que el capital estadounidense aprovechó las condiciones para obtener la fuerza de trabajo que requería.

Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos legalizó el flujo en 1917 estableciendo un programa especial para admitir temporalmente la mano de obra mexicana, programa que finalizó en 1921. Junto con estos trabajadores mexicanos que entraron bajo la protección de este programa, también ingresaron miles de indocumentados, aún después de 1921.

Más adelante, con la crisis de 1929, se propició que surgieran y desarrollaran algunos grupos que proponían restricciones a la inmigración y por lo tanto que se oponían al empleo de mano de obra mexicana, alegando que los mexicanos ocupaban puestos que deberían corresponder a los ciudadanos norteamericanos agobiados por los crecientes índices de desempleo; en ello, el gobierno norteamericano encontró entonces a quien culpar de por lo menos parte de la crisis y organizó repatriaciones masivas de mexicanos. Mientras que en México, esto coincidió con la política del gobierno respecto al campo y a los campesinos, pues fueron los años de auge del reparto agrario, y así ambos acontecimientos arraigaron por algunos años a los emigrantes en sus propios asentamientos.

Para México, en la década de los cuarenta, se comenzó un proceso de desarrollo acelerado basado en una industria manufacturera que consistió en que, sustituyendo importaciones, satisfacía la demanda del mercado interno y generaba excedentes de producción; por ello se vio en la necesidad de exportarlos.

Para el periodo de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, las exportaciones aumentaron un 100 por ciento incluyendo tanto las manufacturas como los productos agropecuarios; éste periodo vino a ser la coyuntura que propició este espectacular crecimiento económico, que se ha dado en llamar “el milagro mexicano” y que permitió que en esos años el producto nacional creciera a un ritmo promedio anual de 7 por ciento.

Las grandes ciudades, particularmente la Ciudad de México, centralizaron la vida del país; su dinamismo atrajo a los pobladores rurales y de ciudades menores básicamente a empleos no muy estables como la construcción, por ejemplo y que la mayoría de las ocupaciones disponibles se encontraban en esa rama; es decir, eran empleos no duraderos, pues aunque la construcción de la infraestructura necesaria para la modernización del país requería grandes contingentes de mano de obra, una vez concluida la carretera, la presa, el puente o el edificio, allí quedaban sin necesitar más trabajadores.

El dinero obtenido por las exportaciones se destinó a inversiones que llevaban desde luego a sustituir a la mano de obra en la producción; y después de esto empezó a declinar la tasa de creación de empleos en los centros urbanos e industriales lo cual, junto con la explosión demográfica y la Revolución Verde que polarizó a los productores agrícolas en muy ricos por un lado y en muy pobres por el otro, volcó la demanda de empleos hacia el sector de servicios, el que desde luego fue incapaz de absorberla; además, en esta misma década, con la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, su fuerza de trabajo fue enviada a los frentes de guerra o absorbida por la industria bélica, y por tanto, pagaba salarios más altos; de esta manera, los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron un acuerdo mediante el cual trabajadores mexicanos podían ingresar a los Estados Unidos con la finalidad de suplir temporalmente a los obreros norteamericanos, este acuerdo, se conoció comúnmente con el nombre de “Programa Bracero”, que se mantuvo vigente entre 1942 y 1964, y fue literalmente una importante oportunidad para muchas familias rurales que en ese entonces se encontraban sin tierra y compitiendo por los jornales en una economía que se ocupaba poco de la crisis agrícola, menos por los empleos y mucho por las ganancias.

El modelo económico de desarrollo, la Revolución Verde, el riego, los cambios en los patrones de cultivo y en el uso del suelo entre otros factores, en suma supusieron cambios en la división del trabajo rural, en la organización de la producción, en el ofrecimiento de empleos, además del crecimiento demográfico, la insuficiencia de tierras, el impacto de la sociedad moderna de ambas naciones en su búsqueda por alcanzar mayores condiciones para un mejor nivel de vida.

Mientras que Estados Unidos ha promovido mayores lazos comerciales, políticos y de inversión con México, también ha tratado de contener el flujo de mano de obra a través de la frontera; sólo empezando con diversas medidas drásticas contra la inmigración ilegal, así, el gobierno norteamericano ha impuesto varias acciones, como la inclusión de pesadas regulaciones sobre los patronos estadounidenses y ha aumentado dramáticamente el gasto en patrullaje fronterizo; y a pesar de estos esfuerzos y en diversos casos agresivos, la política fronteriza estadounidense mitiga pero no ha detenido el flujo de trabajadores indocumentados que ingresan al mercado laboral de Estados Unidos.

Una trágica consecuencia de la supresión policial ha sido el desvío de los flujos migratorios de unos pocos puntos de paso tradicionales y urbanos a zonas rurales más esparcidas para frustración de los residentes de dichos lugares e incrementar de manera importante el riesgo y peligro a los inmigrantes, pero también trajo en consecuencia diversas problemáticas a los estadounidenses que viven en esas áreas, ya que los inmigrantes invaden sus fincas, perturban al ganado y destruyen la propiedad; y con ello también, los riesgos de decesos de inmigrantes debido a las condiciones climatológicas, calor y la deshidratación en áreas remotas del desierto o en camiones sellados, cuando anteriormente la gran mayoría de los mexicanos entraban principalmente a través de varias puertas urbanas como San Diego, California, El Paso y Laredo en Texas.

Desde luego, es muy conocido que la inmigración en Estados Unidos es conducida por una disparidad fundamental entre la demanda creciente por mano de obra barata y poco calificada y además la disminución de la demanda doméstica por ejemplo; mientras tanto, la oferta de trabajadores estadounidenses dispuestos a realizar varias labores, continúa en un importante detrimento, en parte debido al envejecimiento de la fuerza laboral y al aumento de los niveles educacionales, por ello es de entender que estadounidenses más viejos y educados tengan mejores cosas que hacer con su tiempo laboral que lavar ventanas, ser meseros o trabajar en lavanderías; entonces, los inmigrantes mexicanos proveen un recurso humano interesado en esas actividades. Aun así, la ley migratoria no provee de un canal legal mediante el cual trabajadores inmigrantes poco calificados puedan entrar a Estados Unidos a satisfacer la demanda, y hace lógico que el resultado predecible es la inmigración ilegal y todas las patologías del mercado negro que vienen con ésta.

Por tanto, la presencia de una gran fuerza laboral indocumentada crea problemas políticos y económicos en ambos lados de la frontera pues, para los Estados Unidos la presencia de tantos trabajadores indocumentados representa un mercado negro en el sector laboral, y con todo lo que implica como contrabando, documentos fraudulentos, distorsiones salariales, y abusos que lo acompañan; también, se enfrenta sensibilidades comunes sobre la obediencia a la ley y el control de nuestras fronteras, además de las complicaciones inherentes a la guerra del gobierno estadounidense contra el terrorismo, tras los ataques del 11 de septiembre.

Es claro que, para México, la negación de estatus legal significa que millones de ciudadanos mexicanos vivan en una sub-sociedad “legal” sin todas las protecciones y vulnerables al abuso de empleadores y traficantes ilegales.

Históricamente, la inmigración siempre ha sido controversial en Estados Unidos; pues hace más de dos siglos Benjamín Franklin se preocupaba de que muchos inmigrantes alemanes abrumarían la cultura predominantemente británica de Estados Unidos; a mediados del siglo XIX los inmigrantes irlandeses eran despreciados como borrachos y perezosos, sin mencionar a otros grupos católicos; a principios del siglo XX se creía que una ola de “nuevos inmigrantes” polacos, italianos, rusos y judíos, eran muy diferentes como para alguna vez ser asimilados en la vida norteamericana... Hoy en día, controversias similares son esgrimidas hacia los inmigrantes de Latinoamérica, principalmente México. Sin embargo, la inmigración para Estados Unidos no está acabando con el experimento estadounidense, sino que es una parte integral de éste, pues Estados Unidos es de origen, una nación de inmigrantes, donde olas exitosas de inmigrantes han mantenido a ese país demográficamente joven, han enriquecido su cultura y han contribuido a la capacidad productiva de la nación, aumentando su influencia en el mundo.

En términos puramente económicos, los hogares mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, como grupo, no alcanzan paridad en ingreso con otros estadounidenses sino hasta después de varias generaciones; los niveles de ingreso y educativos aumentan de manera importante de la primera a la segunda generación, pero ahí el progreso parece estancarse con relación al resto de la sociedad estadounidense. De hecho, la disparidad de sueldos entre inmigrantes en general se hizo menor con el tiempo, pero no ocurrió lo mismo con los mexicanos y donde la razón más obvia es el nivel de educación; pues de igual manera y como grupo, los inmigrantes mexicanos se ubican entre los menos educados, en relación, el inmigrante promedio entra al país con 12 años de educación pero los mexicanos lo hacen con sólo 7.7 años, los hijos de los mexicanos completan en promedio 11 años de educación, lo cual lleva directamente a ingresos mayores, pero luego los niveles no aumentan con la tercera generación. Pero, por otra parte, los inmigrantes mexicanos y sus hijos no están predestinados a ganar ingresos bajos, pues aquellos que invierten en su educación y destrezas alcanzan mayores ingresos y mejores oportunidades; millones de inmigrantes mexicanos han tenido éxito en alcanzar ingresos de clase media y todos los indicadores que van con ello, como por ejemplo el tener casa propia y su participación en el desarrollo económico de Estados Unidos, y en ello, hace abstraer en consecuencia que una estrategia viable no es impedir sistemáticamente el ingreso de mexicanos a Estados Unidos, sino motivarles para que quienes lo hacen incrementen su educación y la de sus hijos, y así, cimentar las condiciones de desarrollo y patrimonio para las generaciones venideras.

Pero en contraste, conservadoramente se estima que por lo menos un índice que oscila alrededor de 450 mexicanos que mueren cada año tratando de cruzar ilegalmente la frontera en lugares remotos.

Entre tanto, la inmigración a Estados Unidos también sigue siendo la pieza más evidente de negocios inconclusos con México, pues sus relaciones en otros aspectos han progresado de manera importante en años recientes, pero sin resultantes concretas que permitan un marco de acción y normatividad sólido. Empero, el resultado más obvio de la apertura mexicana ha sido la continua integración económica con Estados Unidos; lo cual, México es ahora el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos, superado únicamente por Canadá, y el flujo de inversión extranjera directa entre nuestros países ha crecido tan rápido como el comercio; y con ello, el número de mexicanos que cruzan la frontera, la mayoría como visitantes temporales, ha incrementado constantemente y por ende, el movimiento de bienes, servicios, capital y personas ha sido facilitado por mejoras en la infraestructura de carreteras, aeropuertos y telecomunicaciones; además, las reformas económicas han preparado el terreno para reformas políticas.

En la interrelación entre México y Estados Unidos, se han desarrollado y actualizado constantemente los marcos normativos que, desde nuestro país regulan la entrada y la salida del territorio nacional de migrantes y sus mercancías, así como los medios en que se transportan o conducen, lo relativo al funcionamiento y ámbito de competencia de las aduanas y los consulados, sanciones y multas, tarifas de impuestos, etc; de ésta manera, quienes cruzan la frontera deben cubrir una serie de trámites en diversas instancias, desde su identificación, hasta con todo aquello que transportan al salir o entrar en el territorio nacional, concretamente, y a la par de los Tratados Internacionales en los que México sea parte, la Ley Aduanera es la normatividad que en la misma línea se relaciona con el Código Fiscal de la Federación y las de los impuestos generales de importación y exportación y los demás ordenamientos que establecen la obligatoriedad de las personas a su cumplimiento, al cruzar la frontera.

En nuestro marco normativo y tratándose de quienes cruzan la frontera en calidad de visitantes temporales en su vehículo, ya sea por esparcimiento o negocios, en la Ley Aduanera se contempla en el régimen de internación temporal lo relativo a la entrada al país de mercancías para permanecer por tiempo limitado y con una finalidad en concreto, y además, determina que se retorne al extranjero en el mismo Estado, conferido en su artículo 106; así en el inciso e) de la fracción II, del mismo artículo, establece lo conducente a la internación de los vehículos que su importación sea efectuada por mexicanos con residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero y, puntualiza quienes podrán conducirlo en el territorio nacional o bien, que el importador invariablemente viaje como pasajero.

Aunado a lo anterior, en el inciso a) de la fracción IV del artículo referido, puntualiza lo relativo a cuando los propietarios de vehículos son extranjeros que se internan en el país en calidad de migrantes rentistas o no migrantes y exceptúa a los refugiados y asilados políticos, siempre y cuando se trate de un solo vehículo, además, contempla la importación en calidad de turistas y visitantes locales, y de igual manera determina quiénes podrán conducirlo en nuestro territorio.

En consecuencia, en el Reglamento de la ley de referencia, se establecen los casos y condiciones en los que deba garantizarse el pago de las sanciones que llegaran a imponerse en el caso de que no retorne al extranjero dentro de los plazos autorizados, y entonces, se entenderá que se encuentran ilegalmente en el país.

En el artículo 61 de la propia ley se determina una amplia gama de mercancías excentas del correspondiente pago de impuestos respecto al comercio exterior, además de puntualizar sus características y lo conducente en cuanto a las responsabilidades de quienes importan mercancías, los impuestos y contribuciones correspondientes a cubrir en casos de importaciones por vez primera, de manera definitiva o de manera temporal.

En el artículo 62 de la ley de referencia, se establece lo conducente a la importación de vehículos, facultando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para autorizar en diversos casos definidos en cuanto a las relaciones diplomáticas y embajadas y, determinar junto con diversas autoridades las reglas y requisitos para la importación de vehículos, también por medio de franquicia, a manera de internación temporal y periodicidad.

En lo relativo al ámbito de competencia en la Ley Aduanera, en principio de cuentas, se regula todo lo relacionado a la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, las obligaciones y trámites por medio de los diversos mecanismos de control para quienes importen o exporten sus mercancías, sea como personas físicas o morales, sea de manera temporal o definitiva; establece las facultades de diversas Instancias y Dependencias, su ámbito de competencia y atribuciones; en ella, junto con otros ordenamientos y convenios internacionales, se confieren, establecen y respetan los derechos de las personas al transitar de un país a otro; y también regula todo lo referente a la delimitación de la franja y región fronteriza.

Ahora bien, en lo que se refiere al ingreso de vehículos en su carácter de usados, en cuanto a su importación de manera temporal o definitiva, señalado en los artículos 137 Bis 1 al 137 Bis 9, aunado a las demás disposiciones de la propia Ley Aduanera y su Reglamento; ni en éstos artículos, ni en otros de la ley en comento, se contempla un criterio de acciones ante la vulnerabilidad de las personas que cruzan la frontera de manera temporal ante cualquier acto que les victimice, como lo es el caso de sufrir el robo de sus mercancías o su vehículo en territorio nacional mientras se encuentran de visita y, en ello implica que no existe relación entre ser víctimas de algún delito y las responsabilidades a hacerse acreedores a multas, recargos e impuestos ante las autoridades aduanales, aunado a la aplicación de diversas sanciones como la imposibilidad para tramitar y obtener otro permiso para internar otro vehículo a territorio nacional por ejemplo.

Además, la Ley Aduanera determina que: “El Reglamento establecerá los casos y condiciones en los que deba garantizarse el pago de las sanciones que llegaran a imponerse en el caso de que las mercancías no se retornen al extranjero dentro de los plazos máximos autorizados por este artículo.”, conferido en el penúltimo párrafo del artículo 106.

Aunado a lo anterior, en el último párrafo del artículo en comento determina que:

Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este artículo, deberán retornar al extranjero en los plazos previstos, en caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país, por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas.

Es claro que lo referido, otorga plena certeza para la implantación de acciones oficiales con la finalidad de asegurar y garantizar el pago de sanciones al incurrir en el incumplimiento de la normatividad en cuanto al retorno de las mercancías en los plazos autorizados y, en ello también implica determinar que las mercancías también se encontrarán de manera “ilegal” en nuestro territorio; empero, como se ha mencionado anteriormente, las personas que, en ésta tesitura, se internan con sus mercancías de manera temporal en nuestro territorio y, estando de visita, fuesen víctimas de robo de las mismas que debieran retornar por el mismo punto de internación como lo indica la normatividad, ante el acto de haber sido víctimas del delito, en la ley y su Reglamento, no les exime de su responsabilidad y obligación al señalársele como acreedor del pago de las sanciones y recargos, aunado a la pérdida de su patrimonio; luego entonces, resulta inverosímil la aplicación de las acciones oficiales para “garantizar” al Estado la recaudación vía el pago de sanciones y recargos, pero no garantiza el Estado a las personas su seguridad o certeza al haber sido víctimas de la delincuencia; por tanto, nos encontramos ante un hecho eminentemente real, donde, la persona terminaría siendo doblemente victimizada, pues, por un lado en su visita temporal hubo que enfrentar el robo de la mercancía que lesiona su patrimonio, su propiedad; mientras que por el otro lado, el Estado le exige cubra los recargos, sanciones y responsabilidades a las que es acreedor por no haber retornado esas mercancías que ingresó de manera temporal al territorio nacional por el mismo punto.

En secuencia, el artículo 107 establece las puntualizaciones relacionadas a los trámites señalando los criterios del pedimento para la importación temporal de las mercancías y señalar en particular la finalidad a la que se destinarán y, en su caso, el lugar se cumplirá ésta; también establece los casos en los que corresponderá o no tramitar el referido pedimento; finalmente, faculta a la Secretaría para determinar trámites y casos que corresponda a la aplicación de éste Artículo.

En las muy diversas coyunturas históricas, culturales, sociales, económicas y de relaciones diplomáticas y comerciales entre México y Estados Unidos de América, han traído en consecuencia épocas de participación y de colaboración conjunta; y en otras etapas que más bien se caracterizan por negociaciones en las que se han puesto en las mesas de discusión varias problemáticas que, algunas resueltas y otras más aún pendientes y en proceso de agenda binacional; por ende, es de relevante importancia que se propicien escenarios de continuidad y condiciones de desarrollo para las personas, tanto las que radican en la zona fronteriza de ambos lados, por sus diversas actividades ya sean académicas, comerciales o negocios, laborales, etc.; como aquellas que se encuentran de “paso”, pues al internarse temporalmente a nuestro territorio, es claro que la normatividad deba ser robusta y su aplicación estricta.

Ahora bien, la importancia del tema en comento estriba, en primera instancia, en el comportamiento de la fenomenología social de desarrollo y oportunidades, el crecimiento de las manchas urbanas, así como el comportamiento y medida de los índices delictivos que, vulnera principalmente a los habitantes de las comunidades aledañas a nuestras fronteras con Estados Unidos, las acciones que se apliquen de ello y, protección a las personas que ejercen actividades cotidianas en un país y, al final del día retornan al otro; por tanto, se hace necesario revisar constantemente el marco normativo que regula toda actividad en la zona fronteriza, que, por su dinamismo, demanda cada vez más y mejores servicios, aunado a la implementación de criterios de la mejora continua y en ello implica, la necesidad de vigilar y actualizar el marco normativo en cualquiera de sus esferas, órdenes y niveles de gobierno dirigidas con humanismo a las personas que, tanto radiquen en la zona fronteriza, como aquellas que sólo transitan por tiempo definido.

Es, luego entonces necesario considerar la adición al cuerpo normativo en comento para brindar certeza clara al importador bajo el entendido que ha de ser cancelado el permiso de internación temporal de la mercancía que se le haya robado, que la mercancía se encuentra de manera ilegal en el territorio nacional ante su imposibilidad de retornarla en los términos de los artículos citados y, en consecuencia, brindar el ámbito necesario de competencias a las diversas instancias de gobierno, como lo podrá ser lo correspondiente a la integración de las averiguaciones e investigaciones que conlleva un trámite ordinario del fuero común o federal cometido en las entidades para deslindar las responsabilidades tanto de la comisión del ilícito, como de aquellos que, en obviedad pretendieran ejercer corrupción, pues, la recuperación de la mercancía robada no es competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni de las diversas autoridades que intervienen en las aduanas, pero tampoco es menester de las autoridades el hecho de presuponer un criterio en el que se pretenda culpar al importador por haber sido objeto del robo que afecta su patrimonio; aunado a que, ante la presunción de un auto robo, será determinado por las autoridades correspondientes y, en la norma reglamentaria será imperante determinar el ámbito de acción en la interacción entre las diversas autoridades, no obstante que en las reglas de carácter general, en materia de comercio exterior, se contempla lo relativo a la entrada, salida y control de mercancías, y se establecen una serie de disposiciones ante la comisión del ilícito de robo de mercancías de importación temporal, señalando que, cuando eso ocurra, se podrá presentar el pedimento de importación definitiva de las mercancías robadas, y efectuar el pago del impuesto general de importación (IGI), de las cuotas compensatorias que en su caso correspondan, y demás contribuciones aplicables vigentes a la fecha de pago, así como acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se levantó el acta ante la autoridad competente; empero, se trata de establecer el criterio en el que se eximirá al importador de sus responsabilidades, multas y recargos al haber sido víctima u ofendido del robo de sus mercancías una vez que se encuentran en territorio nacional de manera temporal; pero tampoco se pretende eximirlo si en el ilícito éste mismo forma parte, y en ello, las responsabilidades recaerán a la aplicación de los criterios jurídicos que corresponden a las autoridades, en principio del Ministerio Público, del Poder Judicial y, en consecuencia en el cuerpo Normativo Reglamentario que se establezca por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para sus efectos, motivo de la presente iniciativa.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de ésta honorable asamblea la presente

Iniciativa con proyecto de decreto para la adición del artículo 107 Bis a la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

II

Para retornar al extranjero en el mismo estado

Artículo 107. ...

...

...

Artículo 107 Bis. Tratándose del robo de mercancías destinadas al régimen de importación temporal y ante la imposibilidad del importador para retornar las mercancías en los términos de este capítulo, no se exigirá el pago del impuesto general de importación, de las cuotas compensatorias que, en su caso correspondan, y demás contribuciones aplicables derivado de infracciones relacionadas con el destino de mercancías, siempre y cuando se presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público dentro de las 24 horas posteriores a la comisión del robo.

El importador deberá notificar el hecho a la autoridad aduanera correspondiente dentro de las siguientes 72 horas entregando copia del acta levantada ante el Ministerio Público.

Artículo 108. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, deberá adecuar y emitir las disposiciones normativas y reglamentarias necesarias para la aplicación del presente decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 9 de diciembre de 2014.— Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica), diputado  Raúl Gómez Ramírez.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4, 6, 7, 9, 15, 16 y 22 de la Ley General de Deuda Pública.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo .1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y 171 del Reglamento de la Cámara de Senadores, someto a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan los artículos 4, 6, 7, 9, 15, 16 y 22 de la Ley General de Deuda Pública, misma que tiene por objeto limitar la contratación de compromisos financieros nacionales y subnacionales, estableciendo mecanismos regulatorios que permitan detonar el crecimiento sano de las finanzas públicas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El objetivo de la presente iniciativa, es limitar la contratación de compromisos financieros nacionales y subnacionales estableciendo mecanismos regulatorios que permitan detonar el crecimiento sano de las finanzas públicas.

El país requiere un cambio profundo en el modelo de gestión u operación del sector financiero en su conjunto. El modelo actual llegó a su límite y se encuentra en un franco agotamiento puesto que no responde a las necesidades presentes de la sociedad mexicana y es incapaz de adecuarse a los constantes cambios endógenos y exógenos que ponen en riesgo la seguridad financiera, los programas sociales y la calidad de vida de la sociedad mexicana.

Ante ello, es momento de llevar a cabo acciones firmes y contundentes que permitan al país contar con una mayor estabilidad financiera. Aprovechar al máximo sus recursos económicos y generar en el corto plazo las condiciones necesarias para detonar el desarrollo económico de México.

El proyecto que se presenta hoy a consideración del Senado de la Republica, parte de una visión integral de lo que México requiere, de lo que la sociedad demanda y de los beneficios que todos los mexicanos esperamos. Hoy es el momento de llevar a cabo acciones legislativas serias, con miras de largo plazo y con la convicción de que las propuestas que se presentan están encaminadas precisamente a potenciar al máximo los recursos con los que contamos.

Este cambio de visión en la estructura financiera y económica del país y el nuevo modelo de contratación de deuda que se proponen garantizara al estado mexicano consolidarse como rector de la política económica del país dar un nuevo impulso a las inversiones públicas y poner a México en estabilidad económica a nivel mundial.

Para lograr lo anterior, siendo fieles a los principios democráticos y con la convicción de anteponer el interés nacional sobre los intereses particulares, se propone un paquete de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encaminadas fundamentalmente a otorgar al Estado mexicano de los elementos necesarios ´para aprovechar al máximo todos los recursos con los que el país cuenta. De igual manera se recomienda una modificación al Estatuto General de Gobierno de la Federación así como a la Ley de Ingresos del Distrito Federal.

Así, sin olvidar la memoria histórica que nos ha forjado como nación independiente y democrática, proponemos romper los viejos tabúes que, han frenado el desarrollo económico del país. Es por ello, que vale la pena dar una mirada a los antecedentes históricos que dieron como resultado la redacción actual de diversos conceptos constitucionales. Ello con la finalidad de poner en contexto los cambios que la presente iniciativa tiene como objetivo.

Por lo que sería recomendable que la Cámara de Diputados revisara y realizara las adecuaciones correspondientes a la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria con la finalidad que aplique a toda ley de ingresos.

Antecedentes

Entenderemos como definición de deuda pública: “La suma de obligaciones insolubles del sector público, derivadas de la celebración de empréstitos tanto internos como externos sobre el crédito de la nación”. La cobertura que se tiene de la deuda por fuentes de financiamiento está integrada por:

• Emisión de papel en el mercado nacional

• Sistema de Ahorro para el Retiro

• Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro

• Saneamiento Financiero

• Banca Comercial

• Cualquier otro pasivo de deuda del Sector Público denominados en moneda nacional diferentes a los señalados anteriormente

• Mercado de Capitales

• Organismos Financieros Internacionales

• Comercio Exterior

• Mercado Bancario

• Reestructurados

• Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas)

Evolución de la deuda pública 1980-2008

La importancia del estudio de la deuda pública -externa e interna- y de analizar su evolución, radica en que por un lado su buen manejo puede construir un instrumento de política económica eficaz para minimizar fluctuaciones en el presupuesto, esta menor fluctuación en teoría puede disminuir los cambios en las tasas impositivas.

Para llevar a cabo el análisis de la deuda pública mexicana es importante remontarse a mediados de los años setenta que fue el periodo cuando se hace evidente el aumento de la deuda, posteriormente en década de los años ochenta México incurre en una gran deuda externa, con amenazas de repudio. Una segunda etapa es durante la crisis de 1994 – 1995, caracterizada por un proceso de renegociación de la deuda externa y la bursatilización de la deuda interna. Finalmente, la última es a partir de 1995.

Durante el periodo 1982 – 1999, la participación de la deuda externa se sitúo por arriba de la deuda interna, al representar una tasa de crecimiento promedio anual de 33.6 por ciento, mientras que para la interna fue de 32 por ciento. La deuda pública total como porcentaje del PIB adquiere su mayor participación durante los años de 1986 – 1987 cuando se alcanza un valor de 94.8 por ciento.

Así a partir del año 2000 hasta el 20008 la deuda interna cobra mayor importancia al representar en promedio 14.6 por ciento, mientras la externa es de 8.4 por ciento ambas respecto al PIB.

Por su parte, la deuda bruta del sector público se incrementó 4.3 por ciento del PIB al pasar de 21.5 por ciento en 2006 a 25.8 por ciento en 2008, según la cuenta de la Hacienda Pública 2008. El incremento se debe fundamentalmente al reconocimiento, derivado de la reforma del ISSSTE, de un pasivo implícito ya existente asociado a las obligaciones pensionarias y al costo de transición de la citada reforma por 2.4 por ciento del PIB, así como al efecto contable de la depreciación del tipo de cambio a finales del 2008 de 0.6 puntos del PIB. Con ajustes al segundo trimestre de 2009 por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la deuda bruta total se ubicó en 27 por ciento respecto al PIB para 2008, mientras que para el segundo trimestre de 2009 representó el 34.1 por ciento, aumento de un 7.1 por ciento respecto al año anterior. Esto se debió principalmente al reconocimiento como deuda pública de los pasivos de Pidiregas modificado a partir de enero de 2009.

En promedio de 1982 – 1985 la deuda externa creció 35.2 por ciento respecto al PIB, mientras que para el bienio de 1986 – 1987 el porcentaje fue de 64.8 por ciento respecto al PIB. Posteriormente ese año se observa una tendencia a la baja hasta 1993, gran parte se debe a las medidas adoptadas por el gobierno federal tanto del plan de ajuste de 1987 que buscaba entre otras cosas corregir las finanzas públicas, al mismo tiempo, atacar la excesiva transferencia neta de recursos del exterior, así como también, vincular el monto y el perfil de vencimientos de la deuda que se tuviera que efectuar a través de “convenios de reestructuración” con los bancos acreedores.

A partir de 2001 la deuda interna adquiere mayor relevancia al representar para ese año un 12.2 por ciento mientras que la externa fue de 10.1 por ciento ambas respecto al PIB. Lo anterior derivado de las estrategias que ha instrumentado el ejecutivo federal con base en los planes anuales de financiamiento que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de han instrumentado.

Por último, el saldo de la deuda interna neta del Sector Público Federal se ubicó en 2 billones 536 mil 98.1 millones de pesos para el segundo trimestre del 2009, monto superior en 267 mil 599.7 millones de pesos registrado al cierre de 2008; mientras que como proporción del PIB, éste saldo representó 21.7 por ciento, cifra superior en 2.0 puntos porcentuales respecto al registrado al cierre de 2008. Al 2014 la deuda pública interna se encuentra por encima del 35 por ciento respecto al PIB.

Deuda pública desde la perspectiva del federalismo fiscal

Por parte de las administraciones locales, los crecientes déficits fiscales se han estado cubriendo con recursos provenientes del endeudamiento.se espera conocer aspectos fundamentales como su origen y destino, los acreedores, el costo del pago del servicio, el impacto que genera en las economías locales, entre otros aspectos necesarios.

El complejo entramado de nuestro sistema federalista, impide a la autoridad administrativa central tener injerencia en los límites, la fiscalización y la evaluación del endeudamiento de las jurisdicciones locales, facultad arrogada a las Legislaturas estatales. Sin embargo, los Poderes de la Unión tendrían que tener facultades más amplias en estas materias, como puede ser la autorización y/o el establecimiento de los topes máximos de endeudamiento de las entidades.

De 1993 al 2011, los ingresos totales de las entidades federativas de México se incrementaron, pasaron de los 82 mil 055.5 a 1 billón 366 mil 158.0 millones de pesos (mdp). Durante este periodo, en promedio el 73.34% de los ingresos totales, los ingresos propios tributarios y no tributarios fueron equivalentes al 19.6% y el endeudamiento representó el 4.06%.

Cuando este endeudamiento se estima como proporción de la actividad económica, las conclusiones se modifican sensiblemente: Coahuila es el estado que tiene el mayor endeudamiento como proporción al PIB, representa el 8.45%, el siguiente es Nayarit con el 6.77%, Quintana Roo con el 6.71%, Chiapas con el 5.62% y Michoacán con el 4.54%.

Por último, cinco entidades federativas del país tienen el 100% de su deuda garantizada con participaciones federales: Sonora, Sinaloa, Querétaro, Distrito Federal y Coahuila. Asimismo, en 11 estados su deuda está garantizada con más del 90% de sus participaciones: Hidalgo, Colima, Morelos, Yucatán, Veracruz, Baja California, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guerrero, y Quintana Roo.

Desde el enfoque de la Teoría Normativa del Federalismo Fiscal, el endeudamiento público de las entidades federativas del país se explica por la alta dependencia financiera que los gobiernos locales de México tienen por las transferencias federales, reflejando la desequilibrada asignación de las potestades tributarias entre los diferentes órdenes de gobierno.

La evidencia empírica demuestra que el sistema de transferencias que el Gobierno Federal asigna a las haciendas públicas locales ha hecho que los gobiernos subnacionales actúen racionalmente, evitando hacer esfuerzos fiscales en sus respectivas jurisdicciones para incrementar la recaudación de sus ingresos propios, de esta manera han evitado cargar con los costos políticos y electorales que imponer nuevas contribuciones o incrementar las tasas de los gravámenes existentes. En términos de Raich Portman, los sistemas tributarios locales han entrado en un proceso de “pereza fiscal” como producto de su actuar racional, puesto que no han incrementado significativamente la recaudación local de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

De acuerdo con los requerimientos financieros del sector público del periodo de enero a octubre de 2014 que representa - 545,314.8 millones de pesos de los cuales el balance tradicional representa el 80.2%, siguiendo con los requerimientos financieros por PIDIREGAS que representa - 0.9%. Conforme a saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público 2014, el saldo histórico de los RFSP 7, 066,438.4 millones de pesos de los cuales el 73.2% es del sector interno y el 26.8% proviene del sector externo.

Obligaciones financieras de municipios por tipo de acreedor saldo al 30 de septiembre de 2014 por entidad federativa banca múltiple 23,587.0 millones de pesos, banca de desarrollo 21,824.5 millones de pesos, Emisiones bursátiles 1,349.7 millones de pesos otros 2, 323.0 millones de pesos.

El saldo de la deuda del gobierno del estado de Chihuahua incluye tres emisiones bursátiles por un monto de 15,343 millones de pesos, las cuales no tienen recurso en contra del estado, es decir, sólo son pagadas y garantizadas con recursos provenientes de flujos carreteros. Asimismo, incluye tres créditos cuya fuente primaria de pago, del principal vencimiento del crédito, la conforman recursos provenientes de la redención de bonos cupón cero –adquiridos con ingresos propios de la entidad-. Los interese serán pagados por el gobierno del estado con recursos provenientes de las participaciones federales que corresponden.

Marco normativo

En relación a los preceptos constitucionales que se pretenden reformar se transcriben para pronta referencia en la parte que nos interesa:

Artículo 73.

I. a VII...

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de un endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará legar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado el Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.

IX a XXX....

Artículo 116. ...

...

I. ...

II. ...

...

...

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución.

...

...

...

...

III a IX....

Artículo 117. ...

I a VII. ...

VIII. ...

Los estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos . Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

Referente al artículo 73 Constitucional el mismo contempla que sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a las facultades del congreso; por lo cual esta iniciativa pretende adicionar el siguiente texto : “crear límites precisos de endeudamiento directo”. Con la finalidad de que el Congreso de la Unión, tenga la facultad de establecer el tope de endeudamiento no solo para el Gobierno Federal, sino también para los Estados y Municipios.

Respecto del artículo 116 Constitucional se pretende realizar la siguiente adición: “ tomando en cuenta el límite de endeudamiento establecido por Secretaria de Hacienda y Crédito Público para cada Estado y Municipio”. Con ello se pretende evitar que los presupuestos de egresos subnacionales, no adquieran compromisos financieros mismos que no puedan solventar.

En el artículo 117 Constitucional, se propone adicionar el siguiente texto: “tomando en cuenta el límite de endeudamiento establecido por secretaria de Hacienda y Crédito Público de endeudamiento para cada Estado y Municipio”. Con lo cual se pretende que el Gobierno Federal adquiera un mejor control sobre la contratación de deuda interna.

Ley General de Deuda Pública

En relación a los preceptos constitucionales analizados con anterioridad, es conveniente entrar al análisis de los artículos relativos a estos en la Ley General de Deuda Pública, que para pronta referencia se transcriben:

Artículo 4o. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

I. Emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva, para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal o con propósitos de regulación monetaria.

Las monedas, el plazo de las amortizaciones la tasa de los intereses de la emisión de valores o de la concertación de empréstitos, así como las demás condiciones, serán determinadas por la propia Secretaría de acuerdo con la situación que prevalezca en los mercados de dinero y capital.

II. Elaborar el programa financiero del sector público con base en el cual se manejará la deuda pública, incluyendo la previsión de divisas requeridas para el manejo de la deuda externa.

III. Autorizar a las entidades paraestatales para gestionar y contratar financiamientos externos, fijando los requisitos que deberán observar en cada eventualidad;

IV. Cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público.

V. Contratar y manejar la deuda pública del Gobierno Federal y otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias que se celebren con organismos internacionales de los cuales México sea miembro o con las entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros, siempre que los créditos estén destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo y que generen los recursos suficientes para el pago del crédito y tengan las garantías adecuadas.

VI. Vigilar que la capacidad de pago de las entidades que contraten financiamientos sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan. Para tal efecto deberá supervisar en forma permanente el desarrollo de los programas de financiamiento aprobados, así como la adecuada estructura financiera de las entidades acreditadas.

VII. Vigilar que se hagan oportunamente los pagos de capital e intereses de los créditos contratados por las entidades.

Artículo 6o. Las entidades del sector público federal requerirán la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectuar negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales.

Para obtener esta autorización deberán proporcionar a dicha Secretaría sus programas financieros anuales y de mediano y largo plazo, así como la demás información que se les solicite, a fin de determinar sus necesidades de crédito.

Para la contratación de financiamientos internos, en cuanto a las entidades a que se refieren las fracciones III a VI del artículo 1o. de esta Ley, bastará la autorización de sus respectivos órganos de gobierno. En estos casos, el Director General de la entidad de que se trate o equivalente informará sobre el particular a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 7o. El manejo que hagan las entidades de recursos provenientes de financiamientos contratados en los términos de esta Ley, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que podrá coordinarse con la Secretaría de Estado al que corresponda el sector respectivo.

Artículo 9o. El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria.

Artículo 15. En ningún caso se autorizarán financiamientos que generen obligaciones que excedan, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la capacidad de pago de las entidades del sector público que los promuevan.

Artículo 16. El monto de las partidas que las entidades deban destinar anualmente para satisfacer compromisos derivados de la contratación de financiamientos, será revisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 18. Los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal que requieran financiamientos para su realización, deberán producir los recursos suficientes para su amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de que dichos financiamientos, no deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades del sector público que los promuevan.

La capacidad de pago de las dependencias del Gobierno Federal se establecerá en función de su disponibilidad presupuestal para los ejercicios subsecuentes.

Tratándose de obligaciones derivadas de financiamientos de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, referidos a actividades prioritarias y mediante los cuales las entidades adquieran bienes o servicios bajo cualquier modalidad, cuya fuente de pago sea el suficiente flujo de recursos que el mismo proyecto genere, y en los que se cuente con la previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, sólo se considerará, para efectos de la presente Ley, como pasivo directo, a los montos de financiamiento a pagar durante el ejercicio anual corriente y el ejercicio siguiente y el resto del financiamiento se considerará como pasivo contingente hasta el pago total del mismo.

Artículo 22. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará por escrito su resolución a las entidades solicitantes, precisando, en su caso, las características y condiciones en que los créditos puedan ser concertados.

Si el crédito obtenido se formalizare con una emisión de bonos o con un contrato, tanto en el acta de emisión, como en el contrato, así como en los bonos y documentos que de ellos se deriven, deberán citarse los datos fundamentales de la mencionada autorización. Igual disposición será observada en los demás títulos de crédito que sobre el particular suscriban, avalen o acepten las entidades. Los documentos de referencia no tendrán validez si en ellos no estuvieren consignados los datos de la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los títulos u otros documentos donde se hicieren constar obligaciones de crédito interno a cargo de las entidades públicas, deberá expresarse que los mismos sólo serán negociables con sociedades nacionales de crédito.

En relación al artículo 4o., en el párrafo primero fracción sexta se pretende adicionar: “y limitar” con la finalidad de garantizar una sana administración subnacional; Así mismo en la fracción VII se adicionaría el siguiente texto: “y que el crédito no supere la misma capacidad de pago ni ponga en riesgo las finanzas de la entidad que contrata”. Con esto pretendemos una correcta administración subnacional.

En cuanto al artículo 6o. en su párrafo segundo, se propone agregar lo siguiente: “todas las entidades que pretende obtener un crédito”.Con esto se pretende obligar a todos aquellos contratan créditos públicos, entreguen programas financieros y toda aquella información que se les solicite respectiva al crédito.

En el artículo 7 en su párrafo único, se propone la siguiente adición “ la entidad que sea acreedora a un crédito deberá de rendir un informe semestral al congreso de la unión sobre el destino que se le dio a dicho crédito” con esto se pretende fomentar la transparencia de la rendición de cuentas.

En cuanto al artículo 9o. en su único párrafo, se propone realizar la siguiente adición: “ tomando en cuenta los ingresos propios por entidad así como su capacidad de pago y que esta esté”;con ello se pretende lograr un manejo más consciente y constante en la adquisición de un compromisos financiero.

En este orden el artículo 15 en su único párrafo, se adicionaría lo siguiente: “Evaluada en función de los ingresos propios”;con lo cual se pretende que cualquier contratación crediticia esté conformada por los ingresos propios que establece la ley de Coordinación Fiscal.

Conforme al artículo 16 en su párrafo único, se realizaría la siguiente adición : “y que estos estén acorde con el plan nacional de desarrollo”; Se pretende con esto que con los créditos adquiridos por las diferentes órdenes de gobierno coadyuven con el plan nacional de desarrollo.

Asimismo el artículo 22 se propone que el párrafo primero se adicione el siguiente texto: “debiendo publicar dicha resolución” con esto pretendemos que los gobiernos subnacionales informen periódicamente a la ciudadanía sobre la adquisición y manejo de deuda.

Por lo cual se proponen las siguientes reformas a dichos preceptos en la Ley General de Deuda Pública para quedar como sigue:

Artículo 4o. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público:

I. a V. ...

VI. Vigilar que la capacidad de pago y limitar la contratación de deudade las entidades que contraten financiamientos sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan. Para tal efecto deberá supervisar en forma permanente el desarrollo de los programas de financiamiento aprobados, así como la adecuada estructura financiera de las entidades acreditadas.

VII. vigilar que se hagan oportunamente los pagos de capital e intereses de los créditos contratados por las entidades y que el crédito no supere la misma capacidad de pago ni ponga en riesgo las finanzas de la entidad que contrata.

Artículo 6o....

Para obtener esta autorización todas las entidades que pretendan obtener un crédito deberán proporcionar a dicha Secretaría sus programas financieros anuales y de mediano y largo plazo, así como la demás información que se les solicite, a fin de determinar sus necesidades de crédito.

...

Artículo 7o. El manejo que hagan las entidades de recursos provenientes de financiamientos contratados en los términos de esta Ley, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que podrá coordinarse con la Secretaría de Estado al que corresponda al sector respectivo la entidad que sea acreedora a un crédito deberá de rendir un informe semestral al congreso de la unión sobre el destino que se le dio a dicho crédito.

Artículo 9o. El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal tomando en cuenta los ingresos propios por entidad así como su capacidad de pago y que esta esté incluida en la ley de ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como al Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria.

Artículo 15o. En ningún caso se autorizarán financiamientos que generen obligaciones que exceda, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la capacidad de pago evaluada en función de los ingresos propios de las entidades del sector público que los promueven.

Artículo 16o. El monto de las partidas que las entidades deban destinar anualmente para satisfacer compromisos derivados de la contratación de financiamientos, será revisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que estos estén acorde con el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 22o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico comunicara por escrito su resolución a las entidades solicitantes, precisando, en su caso, las características y condiciones en que los créditos puedan ser concretados debiendo publicar dicha resolución.

...

...

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento del Senado de la República la iniciativa que propongo hará solo referencia a las disposiciones de la Ley General de Deuda Pública que propongo reformar; pero la misma se encuentra relacionada con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73 Fracción VIII, 116 fracción II, y 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En mérito de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único: Se reforman y adicionan los artículos 4, 6, 7, 9, 15, 16 y 22 de la Ley General de Deuda Pública, para quedar como sigue:

Artículo 4. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público:

I. a V.

VI. Vigilar que la capacidad de pago y limitar la contratación de deudade las entidades que contraten financiamientos sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan. Para tal efecto deberá supervisar en forma permanente el desarrollo de los programas de financiamiento aprobados, así como la adecuada estructura financiera de las entidades acreditadas.

VII. vigilar que se hagan oportunamente los pagos de capital e intereses de los créditos contratados por las entidades y que el crédito no supere la misma capacidad de pago ni ponga en riesgo las finanzas de la entidad que contrata.

Artículo 6....

Para obtener esta autorización todas las entidades que pretendan obtener un crédito deberán proporcionar a dicha Secretaría sus programas financieros anuales y de mediano y largo plazo, así como la demás información que se les solicite, a fin de determinar sus necesidades de crédito.

...

Artículo 7. El manejo que hagan las entidades de recursos provenientes de financiamientos contratados en los términos de esta Ley, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que podrá coordinarse con la Secretaría de Estado al que corresponda al sector respectivo la entidad que sea acreedora a un crédito deberá de rendir un informe semestral al congreso de la unión sobre el destino que se le dio a dicho crédito.

Artículo 9o. El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal tomando en cuenta los ingresos propios por entidad así como su capacidad de pago y que esta esté incluida en la ley de ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como al Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria.

Artículo 15. En ningún caso se autorizarán financiamientos que generen obligaciones que exceda, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la capacidad de pago evaluada en función de los ingresos propios de las entidades del sector público que los promueven.

Artículo 16. El monto de las partidas que las entidades deban destinar anualmente para satisfacer compromisos derivados de la contratación de financiamientos, será revisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que estos estén acorde con el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 22. La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico comunicara por escrito su resolución a las entidades solicitantes, precisando, en su caso, las características y condiciones en que los créditos puedan ser concretados debiendo publicar dicha resolución.

...

...

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se deja sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo.

Bibliografía

Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal (2013, december 3). RETRIEVED november 9, 2014, from http://www.diputados.gob.mx/ leyesbiblio/pdf/pef_2014.pdf

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (2014, julio 7).

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/ pdf/lif_2014_140714.pdf

Ley General de Deuda Pública.

http://www.diputados.gob.mx/ leyesbiblio/pdf/136_110814.pdf

Ley de Protección al Ahorro Bancario.

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/62.pdf

Kinton Reyes, M. (2014). Por qué se endeudan los gobiernos estatales en México. 1, 60-60.

Tépach M, R. (2012). La deuda pública de las entidades federativas explicada desde las perspectivas del federalismo fiscal mexicano.

Maya Hernández, S. (2009). Evolución de la deuda pública en México y sus principales componentes. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (071/09), 55-55.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil catorce.— Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

EXPIDE LA LEY DE TRANSICION ENERGETICA

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que expide la Ley de Transición Energética. (*)

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con los requisitos de declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales antes mencionado se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se autoriza.

EXPIDE LA LEY DE TRANSICION ENERGETICA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Transición Energética. Para fundamentar el dictamen y a nombre de la comisión tiene la palabra el diputado Rubén Camarillo Ortega.

El diputado Rubén Camarillo Ortega: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: agradezco de entrada a los diputados Bernal y López Moreno permitirme posicionar el dictamen que las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales ponen a consideración de esta asamblea, ya que estamos dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de energía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2013. Tal mandato prevé la realización de las adecuaciones necesarias al marco jurídico para que el Estado procure la protección y cuidado del medio ambiente en todos los procesos relacionados con el sector energético. A ello precisamente responde la iniciativa de ley de transición energética cuyo dictamen fue aprobado por amplia mayoría en las comisiones que ya he mencionado.

Como parte del proceso de negociación y consenso que tuvo lugar en comisiones, las juntas directivas de las mismas hemos presentado una adenda a la ley que permitirá darle mayor solidez en algunos aspectos que los diversos grupos parlamentarios hemos considerado de importancia y que está precedida por un amplio consenso y sólidamente sustentada constitucionalmente como producto de los acuerdos que han hecho posibles las reformas que hemos venido impulsando en esta LXII Legislatura en materia de energía en medio de un intenso debate en el que debemos de reconocer la participación siempre enriquecedora de todas las fuerzas políticas aquí representadas, pero en el que existe una coincidencia básica, la necesidad de un uso eficiente y sustentable de la energía.

En este sentido, la Ley de Transición Energética se propone ordenar conceptos básicos del cuidado tanto del medio ambiente como del sistema climático global inherente a la industria eléctrica para llevarlos a un nivel de aplicación efectivo acompañando el desarrollo económico de nuestro país.

Así pues, hemos partido del análisis de la iniciativa presentada el 21 de octubre de 2014 por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara de Diputados, misma a la que se le han realizado diversos cambios con la finalidad de adaptar los conceptos introducidos a las disposiciones previstas en la Ley de la Industria Eléctrica y de dar mayor coherencia a la aplicación de los ordenamientos existentes.

En ese sentido se han considerado la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento a la transición energética, así como la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley General de Cambio Climático.

Un eje que orientó nuestro trabajo en comisiones fue buscar la reducción de los impactos ambientales pero no a costa de la eficiencia económica, que en el caso del sistema eléctrico nacional está entrando en un nuevo ciclo de desarrollo al impulso de la reforma energética considerándose para el efecto diversas experiencias exitosas a nivel internacional.

El objetivo es disminuir la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, obtener mayor eficiencia en el uso de recursos naturales, disminuir la generación de residuos y emisiones, así como atenuar la huella de carbono en todos los procesos relacionados, considerando la realidad de nuestra industria eléctrica que por primera vez se ha abierto a las inversiones privadas y buscar contar con una empresa pública de energía eléctrica moderna y fortalecida.

En general, el dictamen que hoy se presenta armoniza y hace compatible la normatividad vigente y al mismo tiempo ordena conceptos y disposiciones para cumplir con su objeto que es regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de parte de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos, así como sistematizar las metas, programas y estrategias para lograr el incremento de la producción de energías limpias y alcanzar las metas de eficiencia energética, así como los parámetros para medirla.

Se detalla el papel de las autoridades de la administración pública federal, encargadas de aplicar la ley propuesta, como son: la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión para el Uso Eficiente de la Energía y también la Semarnat, señalándose también las funciones del Centro Nacional de Control de Energía y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, alineándolas todas al objeto y preceptos del presente dictamen.

Se definen instrumentos de planeación que dan un nuevo marco al papel rector del Estado en la condición de la política energética y, en particular, de la transición energética, incluyéndose criterios de viabilidad económica y rentabilidad social para determinar el orden de importancia de las acciones en función del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Termino, presidente, diciendo que en las Comisiones Unidas se consideró que el dictamen que se pone a consideración de este pleno cumple cabalmente con el mandato constitucional en materia de transición energética y coadyuva a los compromisos internacionales suscritos al respecto, por lo que esperamos el voto afirmativo de toda la asamblea el día de hoy. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Camarillo. Esta Presidencia tiene conocimiento de un adenda, aunque habría de presentar, entiendo que está también en las pantallas de las curules de los diputados, entonces pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se acepta.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias. En consecuencia está a discusión en lo general con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea.

Ahora tiene la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el pasado miércoles 10 de diciembre, en Comisiones Unidas de Energía y Medio Ambiente se discutió y aprobó en el pleno de las mismas el dictamen que expidió la Ley de Transición Energética, cumpliendo así con el mandato que establece la reforma energética constitucional en materia de energías renovables, además de estar en tiempo para legislar, ya que el próximo 21 de diciembre vencerá el plazo en la materia.

Esta nueva ley tiene como principal objetivo utilizar el potencial de México en recurso s naturales, el aprovechamiento sustentable de la energía, así como establecer obligaciones sobre energías limpias y la reducción de emisiones de contaminantes de la industria eléctrica.

Esta normatividad recoge la visión de las organizaciones de la sociedad civil y expertos en la  materia. Se traza una ruta clara para que nuestro país cumpla con dos grandes compromisos; bajar el 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, y para 2024 al menos el 35 por ciento de la generación que las energías provenga de fuentes de energías limpias  y renovables, concepto que queda debidamente definido en esta legislación.

Es así que en este proceso de la transición energética resulta prioritario establecer los instrumentos necesarios que abonen a la utilización de energías limpias, producto de fuentes solares, eólicas e hidráulicas. Tenemos una riqueza impresionante para que el desarrollo de éstas tan sólo sea una parte de la energía solar en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, en donde se puede captar más energía que Alemania, que es el primer generador de energía en este tipo en el mundo.

Dentro de los beneficios que se lograrán con este marco legal es el de los estímulos fiscales y financieros para que entidades privadas no absorban los sobrecostos e impulsar los proyectos que privilegien las energías limpias, además de reconocer a los consumidores particulares como productores de su energía propia y vender los excedentes que se tengan.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza reconocemos que existen pendientes en materia energética, pero confiamos que estamos en la ruta correcta, por lo que acompañaremos y vigilaremos que esta ley se aplique con contundencia para el óptimo desarrollo económico, el aprovechamiento responsable del medio ambiente y la soberanía energética. Por lo tanto, nuestro voto será a favor. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para fijar la postura de su fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Las políticas públicas en México deben de estar enfocadas al aprovechamiento máximo del potencial de las energías renovables con la que cuenta nuestro país.

Es necesario disminuir y evitar el impacto ambiental, económico y social en el desarrollo de proyectos de generación energética. Con el contenido en el dictamen de la Ley de Transición Energética, sin embargo, no se genera un impulso para lograr que el proceso de transformación energética se acelere y se cubra con fuentes alternativas, con la finalidad de evitar la degradación ambiental que sufre actualmente el mundo entero.

México está muy lejos de ser el ejemplo latinoamericano de medidas cautelares con principios ambientalistas que promuevan el derecho de toda persona a vivir el medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

La manera en que podemos combatir el cambio climático será a través de leyes que generan obligación y responsabilidad por parte del Estado, pero también de los particulares. El Estado porque es el encargado de lograr cambios reales y tangibles dentro del proyecto de transición energética, así como por parte de los generadores de energía eléctrica, quienes bajo un esquema de obligaciones e incentivos actúan en consecuencia de una responsabilidad vigilada.

Mientras no existan compromisos que impliquen la acción firme del Estado, no se podrá avanzar y menos aunque el sector energético ha cambiado permitiendo la entrada de participantes privados en áreas restringidas sin obligaciones mayores.

Ya existen antecedentes sobre los temas que abarca esta ley en las disposiciones que se derogarían con la aprobación de este dictamen, los cuales han sido simples códigos de recomendaciones que no ha sido fructíferos para cumplir con los fines establecidos, dejando únicamente alrededor del 15 por ciento de la generación eléctrica, provenientes de fuentes primarias de energía no fósil.

Prever, facilitar, y promover son palabras que no generan obligación y responsabilidad ni para el Estado ni para los participantes. Las palabras que necesitamos en este país deben de ser las de garantía y lograr, sólo de esa manera se podría recriminar la actuación de los privados y de los encargados de regular el sector y así generar las situaciones de combustibles fósiles por energías renovables, lo cual tiene que ir aunado al uso adecuado y eficiente de los recursos energéticos.

Por ello,  es importante tener una relación fiable y detallada de cuántos y dónde pueden ser explotados estos recursos. Las energías renovables tienen impactos ambientales mucho menores que los que obtenidos a través de recursos fósiles, primordialmente en la generación de gases de efecto invernadero, y por ello, la importancia en su uso y la existencia de una regulación con mayores alcances.

El objetivo que se plantea en el dictamen que crea esta nueva ley, el cual se menciona la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de fuentes limpias para generar electricidad, queda a la deriva, ya que busca reducir el impacto ambiental, pero no a costa de la eficiencia económica del sistema eléctrico nacional, lo cual es evidente que resultaría en muchos de los casos en una contradicción.

Sin embargo, la adenda que se ha anunciado ni siquiera ha sido del conocimiento al menos no de la bancada del Partido del Trabajo y no sabemos, en este momento, si estará en nuestras curules y si les dará el tiempo a todos los legisladores para saber exactamente las adecuaciones que se han presentado frente a este dictamen.

Para prueba de esto, el dictamen que al menos conocemos la mayoría de nosotros, considera la reducción de la generación de emisiones contaminantes en la generación de energía eléctrica, así como la de eficiencia energética, solo bajo condiciones de viabilidad económica. Lo que al final de cuentas no es vinculante y no obliga a que existan medidas y sacrificios verdaderos que contribuyan a la creación de un espacio de producción energética que cuide el medio ambiente. Nuevamente se privilegia lo económico por encima de todo.

Por otro lado, tampoco busca que sea el Estado quien tome las decisiones que justificando un contexto de sector energético, donde impera la libre concurrencia en las actividades de generación y comercialización, cuando debe suceder justamente lo contrario, resultado esto en un absurdo contra cualquier esquema de planeación y regulación con apertura.

No se ha comprendido que no existen límites en un sistema en donde lo que priva son las ganancias atraídas por las rivalidades del capitalismo y de un mercado abierto. De poco servirá obligar a contribuir el cumplimiento de las metas energéticas limpias a los integrantes de la industria eléctrica.

En el Partido del Trabajo tenemos claro que mientras no asumamos un compromiso como legisladores cuya función es representar los intereses de las personas y no de los capitales para promover la intervención de grupos sociales y comunidades interesadas en la participación, en el mercado de energías alternativas, no mejoraremos las condiciones de vida de los ciudadanos residentes en zonas potenciales.

Es imperativo transformar nuestro modelo energético por uno más sostenible, no uno basado en la ganancia, no uno basado en la rapacidad económica. Uno basado en el ahorro, la eficiencia y la utilización de energías limpias que contribuyan a poner en marcha una verdadera revolución verde.

Por estas razones expuestas y muchas otras que este dictamen no da tiempo para poder explicar, es que hemos decidido en el Partido del Trabajo votar en contra de este dictamen porque va en contra de los intereses públicos fundamentales de nuestro país, que en este discurso hemos dejado ya claro. Muchas gracias, señor presidente.

Presidencia de la diputada María Beatriz Zavala Peniche

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada Aguilar. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para fijar postura hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidenta. La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: En primer término señalar que esta ley es producto de la reforma energética porque el primer artículo del dictamen señala que esta ley es reglamentaria de las reformas al artículo 25 constitucional que fue publicada en el Diario Oficial el 20 de diciembre de 2013.

Sí es muy importante precisarlo porque esta ley es parte de esa reforma energética privatizadora, corrupta y que entrega el patrimonio del país a los extranjeros. Con este dictamen pareciera que buscan lavarle la cara a esta atrocidad que se cometió hace un año con la reforma constitucional.

Sin embargo debemos hacer énfasis que la mal llamada reforma energética exacerbó la dependencia del petróleo que tiene nuestro país y permite que la inversión extranjera y las grandes transnacionales exploten los recursos no renovables, a la par de abrir la posibilidad de que se implemente la fractura hidráulica, el fracking en nuestro país, lo cual representa un grave peligro para el ambiente.

Representa una gran hipocresía hablar de respeto al medio ambiente cuando además de ser un robo a la nación, la reforma energética institucionaliza el fracking que es un acto de depredación mayúscula del medio ambiente.

México es altamente vulnerable al cambio climático, ya que el 15 por ciento del territorio nacional, el 68 por ciento de la población y el 71 por ciento de la economía mexicana podrán ser impactados negativamente por sus efectos.

La reforma energética contrario a esta problemática está dirigida a continuar con este patrón de dependencia excesiva del petróleo al proponer el incremento de la extracción y del gas natural, lo cual es contrario a una política de transición a una economía verde.

Por todas estas razones nosotros votaremos en contra. Además de que en este dictamen hay trampas que realmente no apuntan a una mayor utilización de las energías limpias. Por ejemplo, el dictamen ha incluido el término de habilidad económica como condicionante para el efecto de reducción de emisiones contaminantes en la producción de energías.

Esto no beneficia el desarrollo de energías renovables ni a las tecnologías para el uso eficiente de la energía. Las tecnologías limpias no pueden competir en costos contra las tecnologías convencionales. Si no se define correctamente viabilidad económica, esto puede ser la puerta de salida y excusa para las instituciones y empresas para que no cumplan con las metas establecidas.

En países desarrollados en los análisis económicos de tecnologías y procesos sobre la viabilidad económica se toma en cuenta a los contaminantes relacionados con una externalidad que se le atribuye un costo financiero. De no ser así, las tecnologías limpias serán poco viables económicamente contra las convencionales.

Con este dictamen se busca acotar el concepto de emisiones solamente de la atmósfera. Eliminaron emisiones al medio ambiente o ambiente. Es decir, hay emisiones que no se reflejan necesariamente en la atmósfera y que han sido dejadas de lado en esta ley.

Eliminar en el capitulado las metas del país de transición a generación de energía eléctrica por medio de energías limpias y establecerlas en transitorios, podría representar el evadir los compromisos del Estado en cuestión de energía eléctrica sustentable y por tanto su compromiso para reducir las emisiones contaminantes.

Lo antes expuesto –entre muchas otras cosas– demuestra las carencias de esa Ley de Transición Energética. Por tal razón no vamos a apoyar este proyecto porque es parte de la reforma energética, porque no tiene candados y porque no se ha respetado al medio ambiente.

El tiempo nos dio la razón en cuanto a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, ya que nombraron a un subordinado de Emilio Lozoya, a un subdirector de Pemex para que se hiciera cargo de esta institución.

Y lo que vamos a ver es que seguirá el manejo discrecional de un tema tan importante y que toda la política va a ser reducida a cubrir cuotas políticas hacia el aliado del PRI, en este caso el Partido Verde.

Nosotros además queremos reiterar que toda la reforma energética ha sido un negocio, que hasta ahora no han podido cristalizar por la baja en el precio del petróleo, por los problemas sociales que vive el país; pero en la lógica del grupo gobernante está la corrupción como premisa de su actuación.

Si hoy vivimos escándalos como los de HIGA, esto es pecata minuta, un asunto muy menor frente a la gran corrupción que vendrá con Chevron, Exxon y todas las trasnacionales.

Si hoy decimos que las casas abundan por la corrupción de HIGA, vendrán las casas, los condominios y todos los negocios, ahora de Chevron y de todas las trasnacionales.

Por eso reiteramos nuestro voto en contra de la reforma energética privatizadora y de cualquier de sus productos incluyendo esta Ley de Transición Energética. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, para fijar postura de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos, diputado.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Con su venia, señora presidenta, muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. En México el sector energético constituye una de las piezas fundamentales para el desarrollo. La enorme riqueza natural que tenemos en nuestro país y la inigualable ubicación geográfica que tenemos, nos ha posicionado como una nación con importantes índices de producción en hidrocarburos y enormes potenciales de aprovechamientos en fuentes renovables de energía.

Sin embargo, hace algunos años habíamos abusado de todo lo que tiene que ver con la dependencia del petróleo y los combustibles fósiles por lo cual, ante los nuevos escenarios internacionales, nos vimos obligados a impulsar una reforma estructural que reposicionara a nuestro país como un jugador importante del mercado energético mundial, haciéndonos más competitivos y sustentables.

Este dictamen sin duda puede ser perfectible y por parte de nuestro grupo parlamentario presentaremos algunas reservas en lo que tiene que ver específicamente con energías limpias.

Sin embargo, con la aprobación de la reforma energética, estamos convencidos que hemos avanzado y hemos ganado mucho. Tenemos instituciones más fuertes y un mercado energético en desarrollo. Aun así los retos que nos hemos fijado como país a lo largo de los años nos obligan a ver en este tema un tema transversal, integral que sea parte de la agenda verde de todo nuestro país.

Hemos fijado metas claras durante los años anteriores, hemos firmado convenios de colaboración internacionales para poder llegar a estas metas, las cuales hoy  en este dictamen están trazadas.

La presentación de este mismo dictamen sigue siendo muestra clara de que estamos transitando por el camino correcto en lo que respecta al impulso del sector energético, particularmente de la industria eléctrica. El contenido de él es clara muestra de que se busca que el gobierno federal defina rutas claras de cumplimientos de objetivos en la diversificación de los portafolios energéticos a partir de las fuentes renovables.

Dentro de este articulado se refrenda la meta del país de tener un 35 por ciento de participación de energías renovables para el año 2024, definiendo estrategias en el mediano y largo plazos para poder llegar a una participación del 60 por ciento de estas fuentes en el año 2050.

Los mecanismos de financiamiento e impulso al desarrollo de infraestructura que permita al país un mayor aprovechamiento de sus fuentes renovables de energía fortalecerá las expectativas ya trazadas por instrumentos como lo es el programa especial de aprovechamiento de las energías renovables 2014-2018 cuando se espera que el crecimiento de la producción en energía solar aumente casi un mil por ciento al término de este sexenio, ocurriendo la misma tendencia para energía eólica que pasaría de una capacidad aproximada de mil 500 megawatts en 2012 a cerca de 10 mil megawatts en el año 2018.

El Partido Verde Ecologista de México puede decirle a los mexicanos que los beneficios de esta ley no sólo serán de carácter económico sino también sociales y ambientales, basta mencionar que los reportes de la secretaría de Energía establecen que actualmente el 48 por ciento de la electricidad que se genera en México es producida quemando carbón, combustóleo y otros hidrocarburos, los cuales liberan contaminantes a la cuenca atmosférica que provocan enfermedades respiratorias y el cambio climático, cifras y tendencias que se lograrán revertir con estas metas a mediano y largo plazo.

Compañeras y compañeros diputados, para nosotros resulta fundamental no solamente salvaguardar el medio ambiente, también apoyar la economía familiar con los ahorros que se puedan producir reales en lo que tiene que ver con el gasto energético y doméstico para todas las familias, para todos los municipios, comunidades y colonias.

Estamos dispuestos a que con este dictamen le demos un seguimiento puntual como grupo parlamentario del Partido Verde y sigamos puntualmente las metas que hoy están especificadas en los artículos transitorios de este dictamen y que sigamos transitando a ese desarrollo sustentable que tanto nos está exigiendo nuestro país y las familias mexicanas. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, por el Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos para fijar postura de su grupo parlamentario.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro:Con su venia, diputada presidenta. Cuando escucha uno los argumentos que tienen que presentarse frente a este dictamen parecería que pueden sonar bastante convincentes, incluso podríamos compartir algunos de ellos por cuanto tiene que ver a que eran cambios necesarios para el tema de la transición energética.

El problema es que en la política la forma es fondo y un dictamen que se presenta de manera tropellada, que debió haberse discutido de manera integral con la reforma energética, se presenta a seis días de cumplir con el plazo que se tiene para llevar a cabo estas modificaciones, insuficiente discusión, insuficiente escuchar a las distintas voces que tenían que manifestarse en un asunto tan importante como el de la transición energética, las energías renovables.

Hoy estamos a un año de la aprobación de las reformas constitucionales en materia de energía. Y los principales elementos que sustentaban la aprobación de dichas reformas han distorsionado las expectativas no sólo en México, sino a nivel mundial.

Dos ejemplos muy claros: La mezcla mexicana de petróleo cerró la semana en 57 dólares, al menos unos 40 dólares de lo esperado. La Administración de Información de Energética de Estados Unidos a inicio de este mes publicó sus nuevas cifras sobre los recursos de gas de lutitas en nuestro país, a sólo una cuarta parte de lo estimado originalmente, quedando ya México fuera de la lista de los 10 países con más gas del mundo.

¿Y, con esto la pregunta obligada, dónde están los miles de millones de dólares que vendrían a ser invertidos y que darían empleos a los mexicanos? Vimos una ronda cero atropellada, igual que toda la reforma energética, y en días anteriores una ronda uno que no sólo luce descafeinada, sino que además de ello luce opaca y luce de manera poco atractiva para los inversionistas. El propio secretario de Hacienda lo decía: ya se ha perdido el interés para estas inversiones que se supone sería la palanca del desarrollo.

Si cae el precio del barril de crudo el modelo energético estaría en riesgo, anticipamos el año pasado que discutimos la parte secundaria de las leyes energéticas, el nuevo modelo se sustenta básicamente en una mayor captura de recursos fiscales, el propósito inicial quedará anulado porque aunque se produzca más el ingreso será menor y con estos precios internacionales del petróleo pues mucho menor.

Hablemos concretamente de lo que se discute hoy, por cuanto ve al tema de la transición energética. El nuevo Consejo de Administración, que se integró por 10 consejeros, 5 de ellos solamente de medio tiempo, olvidó y omitió crear un comité del medio ambiente, lo cual representa incluso un retroceso frente a la propia reforma de 2008, cuando Pemex arrojó 47 millones 100 mil toneladas de CO2 equivalente, representando un incremento de 12.5 por ciento de emisiones durante el 2013. Ésa es la realidad de los temas ambientales en nuestro país.

Desde la propuesta inicial en el PRD insistimos que debería incorporarse un mandato tanto para Pemex como para CFE, en donde se obligara a las mismas a destinar recursos a una verdadera transición energética. Esto no sucedió y por lo tanto corremos el riesgo, como seguramente será, de que esta modificación quede en letra muerta, no se refleje en el presupuesto y en ninguna de las partes de la reforma energética se dejaron consignados recursos para que la transición energética se lleve a cabo como por ejemplo se hizo en Brasil o se hizo en Noruega, donde las empresas del Estado destinan parte de sus recursos precisamente a ir innovando y pavimentando el camino a nuevas energías.

En conclusión, el PRD no puede acompañar, aunque respeta los trabajos que se hicieron y reconoce un avance en los mismos, esto que parece más una adenda, una parte secundaria y menos importante de la reforma energética, cuando era pate medular. El medio ambiente debió haberse puesto en el centro y no como se hizo, poner en el centro la atracción de capitales a cualquier costo, y ahí sí dedicar tiempo suficiente a describir los contratos, la forma de los mismos, el pago de los impuestos, la Ronda Cero, la Ronda Uno, y dar un par de horas de discusión en Comisiones Unidas a esta reforma, que llega tarde y llega mal y el tiempo nos sigue dando la razón.

La reforma energética, ni ha atraído los capitales que se prometieron y queda incompleta y parchada con esta parte de la transición energética que seguramente correrá la suerte de la principal, que es hasta ahora completamente nula. Muchas gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Peniche: Gracias, diputado. Le damos la palabra ahora a la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, por el Partido Acción Nacional, para fijar postura de su grupo parlamentario.

La diputada María Isabel Ortiz Mantilla:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, nuevamente el año que termina, este 2014, está entre los más calientes que se tienen registros. Nuevamente tuvimos la presencia de fuertes huracanes que agredieron las costas de este país. Nuevamente la volatilidad de los precios de los hidrocarburos están afectando nuestras finanzas y otra vez dependemos de los hidrocarburos, pero no más.

Este Rosario de Amozoc que ha sufrido este país está a punto de terminar si contamos con el apoyo de todos ustedes. Porque esta iniciativa busca dar pasos importantes para impulsar un proceso de transición energética que genera la diversificación de nuestra matriz. Nosotros plantamos propuestas, y propuestas concretas.

No queremos que México dependa solamente del petróleo o del gas y por eso presentamos esta ley retomando la legislación de 2008 y de 2012 y fortaleciéndola, porque nos parece fundamental que verdaderamente actuemos ante el cambio climático, actuemos para atender la salud ambiental y la conservación de los recursos no renovables, pero algo fundamental que quizás cuando discutimos la reforma energética no lo mencionamos, y es la seguridad energética. La seguridad energética sólo se podrá dar si le apostamos también a diversificar nuestra matriz a través de fuentes renovables.

La razón fundamental, compañeros, para discutir esta iniciativa es verdaderamente apostarle a dejarles a nuestros hijos y a las siguientes generaciones un medio ambiente que verdaderamente esté siendo cuidado y que no cada año estemos sufriendo de desastres naturales que afectan gravemente a este país. Por eso tenemos que apostarle a una transición inteligente, a una transición energética expedita, ambiciosa y decisiva.

Del 1 al 12 de diciembre, en Lima, Perú, 196 países estuvieron reunidos en la Convención de las Partes por el Cambio Climático. Estos países estuvieron reunidos para tomar medidas concretas de cómo vamos a reducir las emisiones que estamos generando, ¿y en México qué estamos haciendo?

Esta es una apuesta para reducir las emisiones. Esta es una apuesta real y concreta para dar pasos hacia adelante. Quizá no suficientes, sí, todo es perfectible, pero son pasos hacia adelante, que los invitamos a que lean y que conozcan.

Este trabajo se hizo durante dos años con organizaciones de la sociedad civil, con especialistas, prácticamente acercándonos a los expertos para que compartieran el cómo podríamos dar estos pasos hacia adelante.

Les diría que el evitar que este planeta se dañe, que este país siga siendo afectado depende en gran parte de lo que decidamos el día de hoy, ¿Por qué? Porque el sector energético en México es el responsable del 69 por ciento del total de las emisiones. Si el 69 por ciento de las emisiones es a través del sector energético, tenemos que tomar medidas concretas para reducirlas y esta es una propuesta concreta.

Les diría y les compartiría, esta Ley de Transición Energética es un cambio sustancial para pensar también en la energía solar, en la energía eólica. Es una ley en la cual vamos a cambiar la visión de cómo vamos a generar, pero también a consumir la energía, porque también hablamos de eficiencia energética.

Esta propuesta, como ya se mencionó, mandata metas concretas de energías limpias. Es decir, para el 2024 el 35 por ciento de la energía en este país tendrá que ser a partir de energías limpias.

Pero no solamente nos quedamos con eso, pusimos una hoja de ruta de cómo vamos a alcanzarlo, se putos también una meta-país en eficiencia energética, se creó un programa para el establecimiento de una red eléctrica inteligente que sea capaz de incorporar porcentajes crecientes de renovables, se fortalece el Fondo para las Energías Limpias, se fortalecen las instituciones que promuevan la eficiencia energética, la investigación y el desarrollo, pero algo que yo les compartía, es de lo que más me gusta de esta ley, es que estamos verdaderamente aterrizando el concepto de generación distribuida.

Es decir, cada ciudadano podrá generar su energía eléctrica desde su vivienda, desde su pequeña o mediana empresa, y además podrá vender el excedente. Esto es democratizar verdaderamente la energía y buscar que los recursos con los que se genera esta energía sean de los mexicanos, de cada ciudadano.

Además, yo les diría, se mencionó hace un momento sobre que esta ley está promoviendo el fracking, yo no sé qué dictamen leyó, porque, efectivamente, aquí no se habla absolutamente nada de eso. Al contrario, estamos puntualizando qué son las energías limpias. Si en la Ley de Industria Eléctrica había quedado una definición muy ambigua, aquí estamos detallándolo, y los invitaría a que lo leyeran.

Acción Nacional presentó y apoya la Ley de Transición Energética, porque es una apuesta a las siguientes generaciones. Yo quiero agradecer, de verdad, a todas las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los organismos empresariales, los especialistas, los legisladores y los funcionarios que trabajaron en esto, porque ahora sí podemos aplicar una conocida frase entre los ambientalistas que dice: o cambiamos de actitud o cambiamos de planeta.

Los legisladores que vamos a votar a favor de este dictamen estamos convencidos que queremos cambiar de actitud, no queremos que las siguientes generaciones tengan que cambiar de planeta, y los invito a votar a favor. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Tiene la palabra ahora el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos para fijar postura de su grupo parlamentario.

El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez:Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la reforma energética aprobada recientemente significó un verdadero hito en la historia de nuestro país, toda vez que por primera vez las principales fuerzas políticas del país coincidieron en la necesidad urgente de reformar el sector energético, a fin de reposicionarlo como una herramienta insustituible para el desarrollo de México.

Bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto se dejaron atrás atavismos, dando pie a una nueva legislación moderna, que reconoce las exigencias del mercado, atiende a las demandas de la población, crea instituciones transexenales y fortalece la rectoría del Estado en este importante sector económico.

El dictamen que ahora nos ocupa traslada los postulados del Constituyente Permanente a la legislación secundaria y nos ofrece un ordenamiento que tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energía limpia y reducción de emisiones contaminantes a la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.

Pero no solo eso, también contempla la inclusión de normas tendientes a resguardar la facultad estatal de imperio, a efecto de no dejar en manos de particulares el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

En ese sentido, las normas contenidas en este dictamen son bilaterales y coercibles, pues vienen acompañadas de instrumentos de vigilancia y sancionadores, los cuales serán aplicables aun en contra de la voluntad de los sujetos constreñidos a su cumplimiento.

Lo anterior se afirma, toda vez que la comisión reguladora de energía y la Profepa estarán facultadas a realizar actos de inspección y vigilancia a los integrantes de la industria eléctrica, de acuerdo con las disposiciones de regulación y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley.

De la misma forma, la Conue, Comisión Nacional para Uso Eficiente de Energía podrá de manera aleatoria o cuando lo considere necesario, supervisar la ejecución de los procesos voluntarios que se desarrollen entre los particulares, para mejorar su eficiencia energética y ordenar visitas de verificación a los usuarios con un patrón de alto consumo de energía y a la administración pública federal.

Por otra parte, se tiene previsto que cuando por negligencia o causa inexcusable no se lleven a cabo las acciones necesarias para el establecimiento de metas tendientes a alguna generación y consumo de energía limpia mediante fuentes renovables o de eficiencia energética o no se respete semestralmente su avance, los servidores públicos que incurran en dicho incumplimiento serán sancionados en términos a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En ese mismo sentido, tanto la Conue como la Profeco estarán facultadas para imponer sanciones pecuniarias a los usuarios de un patrón de alto consumo de energía a las personas que fabriquen, importen, distribuyan o comercialicen los equipos o aparatos que no incluyan la información necesaria acerca del consumo energético o cuando le incluya de manera diferente a la que establezcan las disposiciones aplicables.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía podrá sancionar a los suministradores de electricidad o distribuidores de gas natural que nieguen el servicio de cobranza derivado de los convenios que deberán ser autorizados por la Profeco.

Una norma que contiene obligaciones, pero que carece de instrumentos para hacerlas cumplir aun en contra de la voluntad de los sujetos a las que va dirigida es una norma imperfecta. Afortunadamente éste no es el caso, por el contrario, se establecen disposiciones tendientes a reafirmar la rectoría del Estado en el ámbito energético, lo que garantiza su observación y el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue diseñada.

Por todo esto, el Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su voto favorable al presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Astiazarán Gutiérrez.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que tiene la palabra para la discusión en lo general, el diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra, hasta por tres minutos. Esta Presidencia recuerda que la discusión es en lo general y con las modificaciones ya presentadas.

El diputado Javier Orihuela García:Buenos días, compañeros y compañeras, diputadas y diputados. Esta Ley de Transición Energética es la que estábamos esperando. Es la que estábamos esperando desde que se auguraba que iba haber una reforma energética profunda en nuestro país y lamentablemente hoy la discutimos, pero no la estamos escuchando, hay una gran ausencia de compañeros y compañeras.

Esta ley que debería ser una de las más importantes para nuestra sociedad, para el desarrollo futuro de nuestro país, no hay mucho interés. Porque esta Ley de Transición Energética es importante porque el cambio climático que sufre nuestro planeta ya no tiene control y lo más probable es que se acelere fuera de nuestra capacidad.

Existen razones éticas, sociales, económicas y ambientales para justificar la necesidad de hacer un cambio en nuestra forma de producir la energía la energía que se necesita para el desarrollo humano.

Las externalidades que ocasiona la extracción en uso de las energías fósiles están ocasionando grandes pérdidas económicas, grandes gastos económicos a todo el planeta para superar problemas como las enfermedades. Los costos a la salud humana son bien conocidos y es relativamente sencillo convertirlos en mortalidad, morbilidad y sus costos cada día son más crecientes.

Por estas causas es necesaria una Ley de Transición Energética, pero desgraciadamente la que se propone hoy no es la más adecuada. La que se propone hoy entra en una gran contradicción con el modelo neoliberal que se ha aplicado en México.

En la fracción VI del artículo 2, acerca de los objetos de la ley, viene la obligación de reducir las emisiones contaminantes, pero dice: reducir bajo condiciones de viabilidad económica la generación de emisiones contaminantes en la generación de energía eléctrica; y nosotros decimos que debe decir: Debe ser una obligatoriedad la reducción de emisiones contaminantes, independientemente de la situación económica y de la viabilidad económica.

El futuro de nuestro planeta no debe estar sujeto a la viabilidad económica. Debe ser la convicción de un país, de sus ciudadanos y de sus gobiernos, de transitar hacia el uso de las energías renovables independientemente de la cuestión económica, porque hoy con la baja del petróleo y con toda esta política neoliberal que hace de los países productores de petróleo, dependientes de sus exportaciones, cancela los objetivos de esta Ley de Transición Energética.

Por eso estaremos en contra, sin embargo reconociendo el esfuerzo que han hecho muchos compañeros por darle cuerpo a esta ley. Sin embargo las condiciones económicas por las que atraviesa nuestro país hacen inviable esta ley en su fracción VI del artículo 2.

Sin embargo yo quiero reconocer que es necesario avanzar más es una Ley de Transición Energética que contemple la reducción de las emisiones en toda la economía de nuestro país y no solamente en la generación de energía eléctrica. Está ausente la reducción de emisiones a la atmósfera en el sector agrícola, el sector agrícola que requiere del uso de los biocombustibles como una alternativa económica, pero también como una alternativa ambiental para impulsar esta transición energética que tanto hace falta al país.

Por ello quiero hoy pedir, quiero hoy informarles a todos los ciudadanos que nos están escuchando, que la izquierda en su conjunto, estamos a favor de una verdadera Ley de Transición Energética donde los ciudadanos sean los soberanos, los que ocupen las energías renovables.

Estuvimos en contra de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se expropio a los mexicanos de su derecho a compartir la renta petrolera, y hoy esa renta petrolera se está canalizando a través de contratos y asignaciones a empresas particulares.

E igualmente esta Ley de Transición Energética con ese objetivo económico se estará orientando a que las grandes compañías trasnacionales –españolas muchas de ellas– que ya están invirtiendo en México en energías renovables, sean las que aprovechen toda esta riqueza solar, eólica, hidráulica que tenemos en México para beneficio particular. Esa es la principal diferencia entre la izquierda y la derecha.

Nosotros decimos que los recursos energéticos renovables son de todos los mexicanos y debe de ser para todos los mexicanos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Tiene la palabra ahora, la diputada Erika Funes Velázquez, por el Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro, por tres minutos. Adelante, diputada.

La diputada Erika Yolanda Funes Velázquez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refrenda su apoyo a la Ley de Transición Energética. Se trata de una iniciativa de la mayor relevancia para dotar el amplio potencial que tiene nuestro país en la generación de energías renovables.

México cuenta con grandes recursos naturales para el desarrollo de energías limpias; somos un país que cuenta con muchos días de intensa radiación solar a lo largo del año, en buena parte de nuestro territorio. Nuestros ríos son caudalosos y su fuerza puede servir para construir grandes hidroeléctricas, y desde luego, tenemos zonas donde el viento permite construir plantas eólicas como La Ventosa, de Oaxaca y La Rumorosa, en Baja California. De ahí que sea clave explotar los vastos recursos naturales de nuestro país y hacerlo de manera sustentable y ecológica.

México así lo ha entendido y en línea de la experiencia internacional ha adoptado un compromiso serio con el cuidado y la preservación del ambiente y con el desarrollo de energías limpias. Esto con el fin de asegurar el beneficio de las generaciones presentes y futuras de los mexicanos.

Transitar a energías limpias no es un reto menor. En la matriz energética del país se observa que la producción de energía está sustentada mayoritariamente en el combustible fósil, al mismo tiempo, en el desarrollo de fuentes alternativas como la hidroeléctrica y en menor medida la solar y la eólica. Éstas desarrollándose todavía a ritmos por debajo de su capacidad.

Es claro que en México tenemos que trabajar para invertir en matriz con el fin de apoyar la producción de energía de fuentes renovables. De ahí la necesidad de dar un nuevo impulso desde la ley a los proyectos que privilegien las energías limpias y reduzcan la dependencia energética en el uso de combustibles fósiles.

Por eso esta nueva ley es tan importante, ya que establece la base que permita al Estado procurar la protección y cuidado del medio ambiente en todos los procesos relacionados con el sector energético.

Con esta ley se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la utilización de fuentes limpias para generar electricidad. Esto es congruente con la meta nacional de reducir para el año 2020 en 30 por ciento las emisiones, así como 50 por ciento la reducción de emisiones al 2050 con relación a las emitidas en el año 2000.

En el PRI consideramos que esta ley es clave al menos por tres razones: primero, permite aprovechar las grandes oportunidades de empleo y crecimiento económico para el país que están presentes en la reforma energética. Cómo. Con inversiones del sector privado para la generación de electricidad a partir de energías renovables. Varios países han aprovechado estas amplias oportunidades, entre los que destacan Alemania, China, Dinamarca, España y Estados Unidos.

Así, con esta nueva ley México se pondrá al día y manda una señal clara a las empresas e inversionistas que estén interesados en nuestro país para desarrollar parques eólicos y solares.

Segundo. La iniciativa de ley que hoy discutimos permite aprovechar las grandes ventajas fisiográficas del territorio nacional para el desarrollo de energías renovables. Se trata de una apuesta al futuro del país. El siglo XXI será un siglo de energías limpias y además ampliará la oferta de energía que permita que los costos de la electricidad para usuarios domésticos, industriales y de servicios avancen a niveles más competitivos.

Tercera. La ley que hoy se propone al pleno dota al Estado de un marco jurídico que permita la acción coordinada de todos los participantes del sector energético en esta materia al menor costo y mayor bienestar social posible para ello. Prevé alternativas para alcanzar los objetivos de política pública en sustentabilidad, reducción del impacto del sector eléctrico; en el medio ambiente e incremento de la eficiencia energética.

Esta nueva ley establece instrumentos de planeación para el desarrollo en una política nacional en regulación de aprovechamiento sustentable de la energía, de obligaciones de energías limpias y de obligaciones de reducción de emisiones contaminantes para la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.

Para el caso de energías renovables se estableció la estrategia nacional para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía, un instrumento rector que señala las metas de energías limpias y eficiencia energética.

Destaca en esta ley que los participantes de la industria eléctrica tendrán obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes bajo el criterio de racionalidad económica.

En suma, compañeras y compañeros diputados, la Ley de Transición Energética permitirá aprovechar el amplio potencial que México tiene para un desarrollo en el país, esto se hace de forma responsable, sin suponer cargas extras a las empresas y cuidando el bienestar de todos los mexicanos de hoy y del mañana.

Por éstas y muchas otras consideraciones, el Grupo Parlamentario del PRI propone que votemos a favor de esta iniciativa de Ley de Transición Energética. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada.

Nos permitimos saludar a alumnos de la Facultad de Leyes, Facultad de Medicina, Tecnológico de Zamora y Escuela Univer, de Zamora, Michoacán, invitados por la diputada Verónica García Reyes. Sean ustedes bienvenidos.

Le damos la palabra ahora a la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Partido de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra, hasta por tres minutos.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. En el presente dictamen podemos ver que se pretende regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como establecer obligaciones sobre energías limpias y la reducción de emisiones de contaminantes en la industria eléctrica.

Debemos recordar que el próximo 21 de diciembre vencerá el plazo para legislar en materia de energías renovables. Es por eso que el presidente de la República envió el presente dictamen para su aprobación inmediata, sin dar si quiera el tiempo suficiente a los legisladores de este Congreso para analizar a profundidad esta ley.

Hemos visto de qué manera en este Congreso se anteponen los intereses económicos a los derechos humanos y a los derechos ambientales de todos nuestros representados. En cuanto a lo económico, de lo que implica la explotación de gas shale en nuestro país, no es rentable. Quiero decirles –y se los he dicho en ocasiones anteriores– que de los seis pozos perforados en México, sobre lo que se tiene información, tres han resultado no comerciales, dos no comerciales por no producir condensado y aunque existe uno, aunque es comercial, presenta una baja productividad, que es el Habano 1 en el estado de Coahuila.

En Estados Unidos –tengo más ejemplos– la explotación de un pozo de este gas cuesta aproximadamente 10 millones de dólares, mientras que en México un pozo requiere de una inversión aproximada de 25 millones y muchos de ellos, como lo dije anteriormente, no son rentables.

Un estudio en cuanto a la industria gasífera en Estados Unidos da a conocer que el 80 por ciento de los pozos perforados rebasan los costos de producción. Petróleos Mexicanos estima que sólo para explorar las posibilidades de gas Shell en México sería necesario una inversión aproximada de 30 mil millones de pesos en los próximos tres años para explorar 195 pozos, de los cuales casi 300 millones de pesos ya se han gastado sólo en trabajos de exploración.

¿Saben cuánto cuesta la construcción de una refinería en México? Estoy segura que no lo saben. La respuesta es 10 mil millones de pesos. Con esta inversión se podrían construir tres refinerías en México y con ello dejaríamos de importar combustible.

Si en verdad les preocupara el medio ambiente y el cambio climático aquí en este Congreso quiero decirles que tenemos la muestra de que el día 1o. de abril la fracción de Movimiento Ciudadano propusimos una ley contra la práctica del fracking, a muchos se les ha explicado una y otra vez lo que es el fracking, a pesar de haber votado en contra de esta ley que propusimos muchos de ustedes a la fecha no saben lo que es el fracking o la fractura hidráulica de lo que estamos hablando y de la gran contaminación que nos traería a nuestro país.

En esta ley tanto el PRI, el PAN el Verde Ecologista –y, óiganlo, ese Verde Ecologista que se supone que debe estar preocupado por el medio ambiente– votó en contra de esta ley, contra la fractura hidráulica. ¿Por qué se dejan de lado las leyes importantes?

Por qué nos vienen ahora a querer decir que esta ley que están proponiendo es importante, cuando las leyes fundamentales para el país para proteger el medio ambiente y los derechos humanos de los mexicanos ni siquiera son tomadas en cuenta y se votan en contra, porque una vez más les demostramos que se anteponen los intereses económicos a los intereses medioambientales de nuestro país.

Seguiremos viendo esta gran corrupción, todas estas corruptelas que entregarán las concesiones, los contratos como Grupo Higa, como Grupo México, que ustedes saben toda la catástrofe ecológica que generó en el estado de Sonora este grupo. No nos vengan a decir –déjenme tomar agua...

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Concluya, diputada.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Tiempo deberían de tomarse para analizar con un razonamiento lo que se está votando en este Congreso y cómo anteponen –miren– los intereses económicos y las embarradas de mano que les dan por estar votando en contra del pueblo mexicano. No nos vengan a decir que los ciudadanos vamos a poder producir energía renovable ni energías limpias.

Los diputados y sobre todo uno de los que me antecedió en la palabra, uno de los diputados que me antecedió en la palabra quisiera decirle que no sabe de lo ha venido a hablar. Para generar energía se necesita mucha inversión y sólo unos cuantos mexicanos de los grupos de poder y monopólicos tienen dinero para invertir en estas energías. Entonces vemos que estamos una vez más ante hechos de corrupción en este país.

Movimiento Ciudadano se pronunciará en contra y siempre vamos a estar en contra de lo que represente un agravio para los mexicanos. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Tiene la palabra ahora el diputado Erick Marte Rivera, por el Partido Acción Nacional, para hablar a favor. Adelante, diputado.

El diputado Érick Marte Rivera Villanueva:Con la participación que escuchamos ahorita ya no nos quedó muy claro si están a favor o en contra del medio ambiente; si están a favor o en contra de las energías limpias, porque el debate, el tema que tenemos en este momento son las energías limpias, son las energías renovables.

Es precisamente una Ley de Transición Energética que surgió precisamente también en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por cierto, cuando empezamos la legislatura nosotros fuimos el Grupo Parlamentario del PAN quienes propusimos la creación de la Comisión Especial de Energías Renovables, y desde esta Comisión hemos logrado proponer importantes cambios que afortunadamente en este dictamen que hoy estamos discutiendo fueron incluidos unos temas, que son sumamente importantes y que nosotros veníamos escuchando en los foros que organizábamos.

Aquí en la Cámara de Diputados invitamos al Premio Nobel de Química, aquí en la Cámara de Diputados escuchamos la opinión de muchas empresas, de muchas organizaciones defensoras del medio ambiente, defensoras de las energías renovables. Y de esos foros surgieron propuestas como la que hoy estamos defendiendo, como es el Instituto de Electricidad y Energías Limpias.

Con la aprobación que vamos a hacer de este dictamen, los diputados que voten a favor podrán sentirse orgullosos de que tendremos por primera vez en México el Instituto de Electricidad y Energías Limpias, lo que no existía y lo que va a permitir que tengamos una dependencia robustecida, con mecanismos para fomentar la investigación, para fomentar la inversión.

Lo que hemos escuchado aquí de los compañeros del PRD también lo hemos incluido, tenemos en la Comisión un integrante muy combativo, que es el diputado Orihuela y que nos ha presentado propuestas que también están incluidas en este dictamen.

Por eso creo que no podemos tener dos discursos, o votamos a favor del medio ambiente y de las energías limpias o votamos en contra, porque nosotros sí traemos muy claro lo que queremos para México, no queremos que el tema de las energía renovables siga siendo un tema filantrópico, queremos que ese tema pase de ser un tema filantrópico, pase a tener un instrumento legislativo que le permita a las inversiones privadas, que le permita a la gente de las comunidades, que le permita a la agroindustria y que le permita a los investigadores materializar sus proyectos.

Las generaciones nuevas, las generaciones que están al pendiente de lo que legislamos sí van a preguntar qué hicimos por las energías renovables.

Este tema de la reforma energética, que ha sido un tema que ha dividido, que ha confrontado, que nos ha polarizado en esta Cámara, justamente en esta parte es donde se encuentra la parte más noble, la parte que debe de unir, la parte que nos debe identificar a todos como biodiputados. No podemos nosotros dar un discurso en la calle en contra de la reforma energética, si en ese discurso nos estamos llevando también la oportunidad de que México pueda aprovechar su potencial natural, sus recursos naturales que tiene en todas las regiones.

México tiene que declarar su independencia energética, pero no para no depender de la importación de gasolina, sino para no depender del petróleo. El petróleo se nos está acabando y las energías renovables están esperando su turno aquí en nuestro país, y en nuestras manos está el que le demos la oportunidad al país y a las próximas generaciones de tener una verdadera calidad de vida.

Muchísimas gracias a los diputados y diputadas que de manera congruente están apoyando este dictamen. Bienvenido el Instituto de Energías Limpias. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palabra ahora la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra. Adelante, diputada.

La diputada Graciela Saldaña Fraire:Gracias, diputada presidenta. Me parece que el diputado que acaba de comentar en muchas cosas tiene razón, pero también yo diría, por qué no agotamos todo lo que tiene que ver con nuestras energías renovables y después pasamos al gas natural, porque definitivamente el gas natural tiene un ciclo de vida y también las organizaciones sociales ahora en la reunión se la Cumbre dijeron claramente que esto en este momento había problemas.

Yo creo que nosotros debemos de ser un país garante de nuestras leyes y precisamente agotar lo que tenemos como recursos y como todas las energías renovables, y no las que se están por agotar.

Así que el Grupo Parlamentario del PRD señala categóricamente, que no avalaremos un dictamen que favorece al sector privado. No aprobaremos una ley que podría derivar en violaciones de los derechos humanos de ejidatarios, indígenas, propietarios rurales y urbanos. No validaremos esto, que a todas luces incentiva las decisiones discrecionales y se simula un catálogo de buenas intenciones.

Esta Ley de Transición Energética no da pauta al aprovechamiento de energía sustentable. Compañeros y compañeras, ésta es una farsa. Se trata de otra iniciativa para validar el saqueo de los recursos naturales aprobados en la reforma energética.

No se trata por ningún motivo de transitar energías limpias. Es una atrocidad ambiental, como la legalización del fracking, como ya lo dijimos desde hace un año, que autoriza y que después el secretario del Medio Ambiente salga a defender los intereses económicos de las trasnacionales y no del medio ambiente. Ha declarado de manera reiterada que el gas natural es la única alternativa y la mejor.

Yo ya lo dije. Esto tiene una vida media y no es la única ni la mejor alternativa. Esta ley establece una serie de estímulos fiscales y financieros para empresas que disfracen sus actividades con una supuesta energía limpia.

No se escatiman los impactos de calentamiento global que se estarían fortaleciendo al implementar energías fósiles, con un cinismo voraz esta iniciativa agudizará la contaminación, legalizará la destrucción de nuestro territorio y tiende alfombra roja al capital extranjero sin compensar los daños ambientales al país.

Lamento que las comisiones aprueben esto, pues están avalando que se eliminen las metas del consumo de energía eléctrica, generada mediante energías limpias, lo que anula los compromisos internacionales de reducción de emisiones de carbono, es decir, se elimina la obligación de transitar en energías limpitas y renovables.

En su momento advertimos las consecuencias económicas de aprobar la reforma energética que hoy se confirma en los mercados internacionales. Sin embargo, el PRD no está en contra de la transición energética, pues nuestra propuesta de reforma energética también contenía este tema, pero no de la misma forma en la que hoy se pretende aprobar, pues advertimos la apertura de beneficios económicos a trasnacionales, a cambio de impactos ambientales descomunales para los mexicanos.

Sé que tengo poco tiempo y quisiera yo advertir de algunos temas que pueden ilustrar un poco lo que decía el diputado que me antecedía. ¿Por qué en contra?

Miren, en la reserva que su servidora ocupó, en cuanto al artículo 109 y 100 exceptuaron la energía nucleoeléctrica. La energía nucleoeléctrica, nuclear, voy a destacar algunos puntos y que fue considerada como una energía limpia y así se va a quedar porque no hay forma de poder transitar a cambiarla, y menos de aprobar una reserva.

La energía nuclear no puede ser considerada una energía limpia, como lo señala la Ley de la Industria Eléctrica, ya que produce contaminantes como basura radioactiva que a la fecha ningún país en el mundo tiene solucionada técnicamente su correcta disposición final.

El siguiente punto, las nucleoeléctricas en su proceso de producción de energía utilizan el uranio, mineral que para obtenerse y transformarse es necesario utilizar una gran cantidad de agua, la cual se contamina. Además, produce durante su proceso la emisión de gases de bióxido de carbono. No en balde es considerada una de las minerías más contaminantes.

Y en el último, esta energía es de gran peligro para la salud de los seres humanos, debido a la radioactividad que se produce y que al estar expuestos provoca desde heridas hasta cáncer y malformaciones, como también lo dijimos hace un año.

Ahora más que nunca, nuestro país requiere de leyes que realmente tengan viabilidad jurídica y económica, que genere fortaleza a nuestro mercado de las cadenas productivas, que promueva el uso sustentable de sus recursos naturales y que de energías alternativas para la generación de electricidad, pero se sigue bajo la lógica de que el sector privado tendrá una inversión fuerte que dará viabilidad económica y no será así compañeros. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Saldaña. Tiene la palabra ahora, el diputado Alfredo Zamora García, para hablar en pro por su Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por tres minutos.

El diputado Alfredo Zamora García:Muchas gracias, presidenta. Antes de iniciar solamente recordar y reconocer el trabajo del diputado Raúl Gómez Ramírez, compañero entrañable que ya se le recordó aquí. No podía dejar pasar esta oportunidad de reconocerle su convicción en la lucha de lo que él creía justo.

Compañeras y compañeros, la Ley de Transición Energética es un instrumento, estoy seguro que nos va a ayudar a sustituir precisamente estas energías que nos están contaminando el medio ambiente, que nos están generando cambios climáticos y que en la responsabilidad que tenemos todos debemos buscar los instrumentos para que a las nuevas generaciones les heredemos un planeta y específicamente un país limpio y en condiciones de un desarrollo sustentable.

En el PAN estamos a favor del medio ambiente, me parece que en los hechos hemos dado pruebas de ello, porque más allá de discursos que luego no se sostienen o más allá de discursos demagógicos o de posturas, en los hechos hay que demostrar que sí hay la voluntad.

Por eso en lo que a la gente le importa, en lo que a la gente le interesa, en lo que les afecta a las familias, en lo que le afecta al país, el PAN siempre está adelante, siempre está trabajando en favor precisamente de que tengamos un mejor país, por eso estamos apoyando este proyecto.

Requerimos ir sustituyendo la generación de energías a base de combustibles fósiles y que utilicemos energías limpias que ya la naturaleza nos da. Ustedes han visto y hemos sido testigos de los cambios climáticos que han generado muchos daños, pero que en muchas ocasiones nos están generando ya incluso pérdida de vidas humanas. Por eso es importante que hoy apoyemos este proyecto.

Tenemos una responsabilidad actual –hoy los diputados, hoy las diputadas–, como decía mi compañero Erick Marte, de ser biodiputados en esa pasión que tenemos que ir precisamente a defender nuestro entorno.

Que a las nuevas generaciones les estemos heredando un medio ambiente sano, porque cuando recorremos el país, cuando recorremos nuestros estados vemos mucha contaminación; vemos ríos contaminados, vemos mares contaminados y la verdad es que da tristeza que con un poco de voluntad pudiéramos estar aprovechando adecuadamente nuestros recursos naturales.

En este tema déjenme referirme brevemente a Baja California Sur, donde actualmente los sudcalifornianos estamos muy preocupados básicamente por tres proyectos que amenazan nuestro entorno, que amenazan nuestro desarrollo, que amenazan la salud de los sudcalifornianos.

Uno de ellos es un proyecto minero e la Sierra La Laguna, cuyos efectos se prevén en la contaminación de los mantos acuíferos que surten a toda la capital y muchas poblaciones aledañas.

Otro proyecto que les preocupa a los sudcalifornianos es la Minera del Arco en Guerrero Negro, por la cantidad de agua del subsuelo que estaría utilizando para su funcionamiento.

Y recientemente otro proyecto minero que estaría funcionando en las costas del Océano Pacífico frente al municipio de Comondú, donde ha generado una gran incertidumbre una actividad económica pesquera, turística y que nos genera incertidumbre.

Por eso en estas soberanía me parece que debemos de apoyar y aprobar iniciativas que sí nos den certeza en medio ambiente, que sí le den certeza a la gente de que les vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos un medio ambiente sano donde puedan ellos seguir desarrollándose. Yo creo que es nuestra responsabilidad.

Es importante, más allá del debate que se da del tema energético que ya se aprobó con anterioridad, me parece que éste es un instrumento jurídico nuevo que creo que sí vale la pena darle el sí. Sí vale la pena aprobarlo.

Así es que compañeras y compañeros, yo los invito y los exhorto a que vayamos en pro de este proyecto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia informa que ya han hablado para la discusión seis oradores. Por tanto, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestalo.Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Suficientemente discutido en lo general. Esta presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado varios artículos que le pediría a la secretaria los enunciara.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señora presidenta, se reservaron los siguientes artículos: 3o., 7, 9, 10, 14, 18, 23, 26, 95 y 21.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Por lo tanto se pide a la Secretaría que abra el sistema eléctrico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con la modificación aceptada.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con la modificación aceptada por la asamblea.

(Votación).

Ciérrese el sistema de votación electrónica. De viva voz.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde su curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez(desde su curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde su curul): En contra

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señora presidenta, se emitieron 299 votos a favor, 3 abstenciones y 83 en contra.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Aprobado en lo general y en lo particular los asuntos no reservados por 299 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar su reserva al artículo 3, fracción XV.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno:Con su permiso, señora presidenta. Como todos sabemos, la energía es el motor que mueve a cualquier sociedad. Los científicos saben perfectamente que somos una sociedad energívora que depende fuertemente de distintos tipos de la misma para poder seguir viviendo en este planeta.

No obstante, esta dependencia de combustibles fósiles está generando un cambio climático global, el cual ya es aceptado prácticamente por toda la comunidad científica y que todos quienes tenemos cierta edad hemos sido testigos de los cambios en los patrones del tiempo o temperaturas, los golpes de calor, lluvias y fenómenos climáticos de esta índole.

Esto, aunado a la necesidad de crecimiento económico con el fin de brindar más oportunidades de desarrollo a todos los habitantes de nuestro país, han hecho necesario que exista una reforma en materia energética que si bien aún podemos seguir mejorando en materia ambiental, es necesario ver a la luz la necesidad de integrar una modificación a la matriz energética nacional.

Además, es importante considerar que el beneficio para México y el planeta se basa en la promoción y consolidación de un mercado de fuentes limpias de producción de energía y por supuesto en las energías renovables. Sin ello no podemos construir ningún futuro viable para nuestra nación.

En este marco se circunscribe la iniciativa de ley de transición energética, la cual pretende incluir de forma clara no únicamente las definiciones de energía limpia y renovable, sino verdaderamente ser el parteaguas de la diversificación de la matriz nacional energética, fortalecer el mercado de generación distribuida de energía, terminar con los subsidios perversos del sector que rondan en el uno por ciento del producto interno bruto y tratar que cada vez sean más los estudios costo-efectivos o de factibilidad que nos permitan tomar las decisiones correctas en las prácticas energéticas y no dependiendo de una sola fuente. Hoy los costos de agotamiento y degradación de nuestro capital natural en México equivalen a más de cinco puntos porcentuales del PIB.

Si bien es cierto, se ha señalado en distintas ocasiones la necesidad de adecuar alguno de los conceptos integrados en las leyes secundarias de la reforma energética, temas como: generación distribuida, factibilidad económica, falta de claridad en el mercado de créditos sobre emisiones y producción limpia, que son temas que requieren más trabajo, es importante señalar que en esta ocasión estamos considerando plantear una reflexión en torno a la consideración de la energía nuclear como energía limpia.

Si bien es cierto, existen científicos de la talla de James Lovelock, que de forma abierta son defensores de la producción de energía nuclear. En el Partido Verde sabemos los riesgos y los efectos de fortalecer este tipo de generación. Es por ello que científicos en todo nuestro país han planteado la necesidad de eliminar este concepto de energía nuclear dentro de la conceptualización de energías limpias.

Como ejemplo rápidamente citaré el caso del reactor 4 de Chernóbil en 1986, que la falla de una prueba de seguridad liberó radiación equivalente a más de 500 veces la bomba soltada en Hiroshima, esos son los riesgos que representa utilizar la energía nuclear.

Es importante considerar esta reserva a la fracción XV del artículo 3o del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética, para que sea excluida de forma explícita de la definición de energías limpias que a la letra dicen: son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad definidos como tales en la Ley de la Industria Eléctrica, para que se agregue una coma al final y se incluya el texto con excepción de la energía nuclear.

No quiero finalizar sin hacer del conocimiento de todos ustedes que la iniciativa de la Ley de Transición Energética es producto de trabajo de muchos meses, un proceso en el que participaron centros de investigación como el Mario Molina, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Climate Works, Greenpeace, la Red por la Transición Energética, entre otras organizaciones de recocido prestigio en materia ambiental.

Sabemos que faltan muchos temas para consolidar un proceso de transición energética, pero este es un primer paso muy importante. Es lamentable que algunos aquí insistan en ver el vaso medio vacío y que si no es su propuesta y no se discute cuando ellos quieren, entonces cualquier esfuerzo que hagamos lo demás no sirve.

Señoras y señores diputados, para México la energía nuclear no es una opción factible ni rentable, los riesgos que correríamos en la situación socioeconómica y ambiental que tenemos son gigantes.

Incluir esta excepción en el cuerpo de proyecto de ley es un voto por nuestro futuro, y el futuro de muchas generaciones de mexicanos que podrían ni siquiera existir.

Detener una contingencia de este tipo, ya en todo el mundo se han dejado de promover la construcción de estos reactores. Aún en países donde la energía nuclear hoy tiene un papel importante en su matriz energética, de ahí esta oposición del Partido Verde a que incluyamos a la energía nuclear como una energía limpia en nuestra matriz energética nacional. Señoras y señores, esperamos contar con su apoyo en esta reserva. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Se desecha. Tiene la palabra ahora la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 3, fracción XV, el mismo artículo, hasta por tres minutos. Adelante, diputada.

La diputada Graciela Saldaña Fraire:Gracias, con su permiso, señora presidenta. Diputadas y diputados, precisamente hablamos de esta reserva, en su artículo 109 y 110 en su fracción III, en su artículo 3o., fracción IV, y que es primordial hacer la diferencia entre energías limpias renovables y seguras, por esa razón proponemos hacer una excepción con la energía nuclear para la generación de energía limpia.

Sin duda, la generación de energía eléctrica mediante energía nuclear permite reducir el uso de energía generada a partir de combustibles fósiles, que son el carbón y el petróleo, reduciendo las emisiones de gases contaminantes, de dióxido y otros.

Hay diversos argumentos para defender el uso de la energía nuclear, como el costo de combustible nuclear, generalmente uranio, supone el 20 por ciento del costo de la energía generada. Los argumentos que no contemplan los daños a la salud y al ambiente, a pesar del alto nivel de sofisticación de los sistemas de seguridad de las centrales nucleares, representan un altísimo riesgo ante un imprevisto de un accidente nuclear.

No se puede garantizar que las decisiones tomadas por los responsables sean siempre las apropiadas o que se pueden controlar, así como lo sucedido –que ya se comentó aquí– en Chernóbil y en Fukushima, que son los más graves desastres ambientales provocados por el hombre y que además hasta la fecha las generaciones siguen naciendo con malformaciones por estas emisiones tan graves.

Los residuos nucleares tardan muchísimos años en perder su reactividad y peligrosidad, debido precisamente a que las centrales nucleares tienen una vida útil muy corta. La inversión para la construcción de una planta nuclear es muy elevada y hay que recuperarle en mucho tiempo, de modo que esto hace subir el costo de la energía eléctrica generada.

En otras palabras, la energía generada es barata comparada con los costos de combustibles, pero el tener que amortizar la construcción de la planta nuclear la encarece sensiblemente. La generación de energía nuclear es de alto riesgo, no debe ser contemplada como energía limpia. No debe, diputadas, diputados, ser contemplada como energía limpia y debemos regular la desaparición de uso de energías tan riesgosas y promover un cambio así como se está haciendo en Alemania, que está desapareciendo todo tipo de energía nuclear y transitando al uso de energías limpias.

En la Convención de Cambio Climático, Alemania nos decía; ¿Por qué México tiene que explotar el gas natural, si tienen un enorme sol? Alemania ya no lo hace, Alemania no lo hace y está poniendo ejemplo. Volteemos a ver a ese país.

México debe apostar por una verdadera transición energética con energías limpias y renovables, como el sol y el viento, pero sobre todo urge radicar el entreguismo de nuestras riquezas naturales, urge erradicar la corrupción y urge que las decisiones sean tomadas en beneficio de la población y no de un grupúsculo de millonarios con sus empresas. Es cuanto, señoras presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Por tanto se desecha. Y le damos la palabra a la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva en el mismo artículo 3o, fracción XV, hasta por tres minutos.

La diputada Claudia Elena Águila Torres:Con permiso de la Presidencia, y sí me refiero al artículo citado. Diputadas y diputados, las Comisiones de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobaron sin respetar los tiempos establecidos en el Reglamento, donde se considera la energía nucleoeléctrica como energía limpia, cuando sus residuos almacenados por décadas en los patios de las propias plantas, tienen compuestos radiactivos con vida media de miles de años que no han podido ser depositados en lugares seguros porque no los hay.

Investigaciones llevadas a cabo en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático han demostrado que las grandes hidroeléctricas se convierten en una fuente sustantiva de metano al provocar la descomposición de la materia orgánica que queda inundada y convertirla en emanaciones de este gas.

¿Dónde queda el compromiso del jefe del Ejecutivo, Peña Nieto, cuando prometió que se cumpliría la meta de generar 35 por ciento de energía eléctrica por fuentes renovables?

Es por eso que se debe de tratar de manera especial y a parte el tema de la energía nucleoeléctrica, ya que es un gran riesgo apostar por esta energía cuando se ha demostrado internacionalmente que es una tecnología sumamente peligrosa por su capacidad para dañar la integridad de las personas por la radioactividad.

Además, no existe forma segura de eliminar los desechos que genera y favorece la creación de armas de destrucción masiva.

Es un grave error avalar el ingreso de la energía nuclear dentro del esquema de energías limpias, además de considerar a todas las grandes hidroeléctricas como energías limpias, cuando sabemos que los impactos ambientales y sociales de estos son muy elevados.

Es momento de dar marcha atrás a las malas decisiones. De lo contrario, serán cómplices de una reforma que vulnera los derechos de millones de mexicanos y pone en grave riesgo al medio ambiente y al futuro del planeta.

Derivado de la reforma energética, en las áreas naturales protegidas se puede construir infraestructura para la industria eléctrica, se avala el despojo de tierras disfrazado de ocupación temporal y se da luz verde a la energía nuclear y al fracking, pese a los riesgos sociales y ambientales que representan.

Dar fin a las amenazas de la reforma energética es cuestión de voluntad política. Los diputados tenemos la oportunidad de cambiar el futuro de México y construir un país más limpio y justo para todos, o de validad la destrucción del medio ambiente, como se está haciendo con los partidos de derecha. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría si se acepta la reserva.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: En consecuencia, se desecha. Ahora sí le damos la palabra al diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, del PRD, para presentar sus reservas al artículo 7, párrafo primero; artículo 9; artículo 10, adición de un párrafo último; artículo 14, adición de dos fracciones; artículo 18, fracción XV; artículo 23; artículo 26, párrafo segundo.

Nos ha ofrecido el diputado, muy amablemente, abreviar el tiempo de las reservas. Tiene usted la palabra hasta por tres minutos.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro:Gracias, diputada presidenta. Efectivamente, sólo presentaré en términos generales lo que estas reservas significan, y quiero mencionar sólo algunos de los puntos que se han presentado de las reservas ante las comisiones.

No garantizan lo que estamos hoy aprobando, mecanismos de evaluación adecuados. Se establece que tanto la estrategia como el programa del Pronase serán evaluados por los mismos proponentes y ejecutores.

Lo anterior tiene como resultado ser juez y parte, por lo tanto, propongo que las evaluaciones periódicas a las que se hace referencia en el artículo 23, tanto del Pronase como de la estrategia y el programa, deberán ser informados a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Energía, dentro de los 10 días hábiles a partir de su emisión, con la finalidad de que no solamente se quede en las autoridades que los emiten, los califican y los autodeterminan. En el mismo sentido, representando la estrategia una herramienta fundamental, el Ejecutivo federal deberá enviarla al Congreso de la Unión, a través de la Sener para su aprobación. Así en aquellos años en los que se realicen adecuaciones y los resultados de las revisiones anuales que se establecen en el propio artículo 26.

Asimismo, si bien se democratiza la producción, es necesario establecer un mecanismo adecuado para la apertura de todas aquellas personas que quieran invertir en la generación de energías limpias.

Con lo anterior se demostraría, que así los que hoy votan a favor demostrarían que realmente lo que se quiere generar es un cambio y no sólo beneficiar a unos cuantos en la producción de energía.

Además de ello, el artículo 9o. establece que el Estado mexicano promoverá que existan las condiciones legales, regulatorias y fiscales para facilitar el cumplimiento de metas y sus disposiciones reglamentarias para todos los integrantes de la industria eléctrica.

Asimismo, se establece en el artículo siguiente, que la Sener, la CRE y la Comisión Nacional de Control de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, propondrán a la Secretaría de Hacienda mecanismos de apoyo, estímulos fiscales o financieros que permitan promover inversiones en medidas técnicas y económicamente viables, en materia de eficiencia energética e integración de sistemas de generación distribuida de electricidad cuando impliquen, o economías para el Estado, ahorros de pago por electricidad de usuarios o reducciones de la huella de carbono.

A tal respecto, quiero comentar que considerando los actuales precios de los hidrocarburos difícilmente algún proyecto de energía renovable es económicamente viable y, por lo tanto, las reservas que se presentan. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por el señor diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: En consecuencia, se rechaza. Le damos la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar sus reservas del artículo 14, fracción XI y el artículo 95. Son dos reservas. Se la damos hasta por cinco minutos, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidenta. Le pido se plasmen íntegras en el Diario de los Debates estas dos reservas que vamos a presentar.

Yo quiero señalar, porque se ha hablado de congruencia con la ecología. Yo quiero comentarle a quienes han defendido esta ley, desde el Partido Acción Nacional, que tiene mi respeto, que particularmente el diputado Erick, la diputada Ortiz han sido insistentes en estos temas.

Pero desde la izquierda y en especial desde Movimiento Ciudadano nuestra congruencia es con todo el armado de la reforma energética. No podemos aprobar una parte de esta reforma, que es la reforma más grave de todo el conjunto de reformas estructurales, regresivas que se aprobaron desde el inicio de la presente administración.

Hay que ver cómo está el país. Un dólar al alza, de más de 15 pesos. Un barril de petróleo que está lindando ya los 50 dólares. Un país polarizado social y políticamente. Y desde luego que esta reforma no se puede desvincular de todo este entramado nocivo para el país.

Además, en materia de energías limpias, con el término viabilidad económica prácticamente se echa al traste cualquier propósito de impulsar energías limpias. Porque hay que ver, por ejemplo, lo que dice el artículo 64, que es una joya por su cinismo, por el hecho de que prácticamente deja el tema de las energías limpias como un tema presupuestal, y desde luego que para el gobierno tendrá un interés menor.

Dice el artículo 64: en materia de energías limpias, tomando en cuenta en todo momento la situación de las finanzas públicas, las condiciones presupuestarias vigentes, y considerando condiciones de sustentabilidad económica de las políticas públicas que se implementen, se dará prioridad a la diversificación de la matriz energética en términos del potencial de energías limpias, es decir, todo va a quedar subordinado a lo que digan los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y desde luego que este tema para ellos va a ser un tema muy menor.

Nosotros advertimos desde el principio de este gobierno que la lógica del quehacer gubernamental se orienta hacia el aprovechamiento particular de las instituciones públicas, es un cinismo corruptor desbordado el que hoy vive el país. Todos los funcionarios, empezando por el presidente de la República, están metidos en los negocio, en los moches en las comisiones, en el Higa sido como Higa sido.

Como dicen en las redes sociales, con Calderón era haiga sido como haiga sido y con Peña Nieto es Higa sido como Higa sido, porque al final los moches, las operaciones irregulares, el soy servidor público, pero antes no lo era, el conflicto de interés como política de Estado es lo que rige hoy en este país y por eso no hay confianza, por eso no han venido los grandes capitales que decían de la reforma energética, porque cómo van a venir al país si hay inseguridad, si se violan todos los días los derechos humanos y si hay un grupo de cleptócratas que es el gobierno de los corruptos el que está al frente de las instituciones públicas.

Para ellos el tema ambiental y el tema de las energías limpias es un tema secundario, por eso la fractura hidráulica continuará y todo el tema de las energías limpias queda como un tema de presupuesto y de finanzas públicas y no como una política de Estado de generar una reconversión energética en el país, una transición energética como efectivamente dice esta ley.

Nosotros por eso estamos en contra, porque es una postura congruente con lo que hemos denunciado y porque nos parece que una ley de esta características –concluyo, presidenta– no puede ser un catálogo de buenas intenciones, tiene que ser una ley que fije y garantice políticas de Estado para garantizar el uso de las energías limpias.

Quiero al mismo tiempo señalar, que esperamos que ya prácticamente por finalizar el periodo de sesiones, la Junta de Coordinación Política y en especial su presidente, el diputado Beltrones, tomen en cuenta la propuesta que casi 200 diputados y diputadas realizamos para que se conforme una comisión de investigación de todos los contratos del Grupo Higa.

Con lo que pasó el viernes, con lo que descubrió el Wall Street Journal de la propiedad del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no pueden, señores de la mayoría, seguir frenando que se cree una comisión de investigación.

No es a la oposición a la que le cierran las puertas. Es al país al que exhiben porque ante estos casos de conflicto de interés no pueden simplemente imponer su mayoría mecánica.

Seguiremos insistiendo en que se cree la comisión de investigación, porque la Comisión Especial del Tren México-Querétaro es insuficiente frente a la problemática de corrupción, de negocios y de trafiques que hoy vive el país con el gobierno de Peña Nieto. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: En consecuencia se desecha. Le damos la palabra al diputado Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva al artículo 14, fracción XI.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Gracias. Con su permiso, presidenta. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, estableció las bases para garantizar su pleno ejercicio y con ello un cambio de paradigma en la materia de nuestro país.

En lo específico, el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional establece los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mismos que debe seguir el Estado para prevenir, investigar y sancionar, reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

En cuanto al vínculo existente entre los derechos humanos y los derechos ambientales debe destacarse que la degradación ambiental viola los derechos humanos, ya que afecta al bienestar, la economía, la disposición, acceso y aprovechamiento equitativo del agua; contamina el aire, afecta la salud y altera la calidad de vida. En síntesis, impide que se den las condiciones que son el sustento para la existencia de todos los que detentan, debido a que impide el disfrute del derecho de vivir.

Por ello la atribución que la Secretaría de Energía tendría con la aprobación de la ley en cuestión para elaborar el Atlas Nacional de Zonas con alto potencial de energías limpias y sobre todo el contenido de éste, debe elaborarse bajo la perspectiva de los derechos humanos, con la finalidad de que la información recabada permita contar con los elementos necesarios para hacer frente a los intereses políticos y económicos que pudieran presentarse y con ello cumplir con lo dispuesto a nivel constitucional y en tratados internacionales que México ha ratificado en la materia.

En fin, compañeras y compañeros, estas reformas son depredadoras de nuestros recursos naturales, de nuestros territorios y hasta de nuestras culturas e identidades. Ante ello proponemos la reserva al artículo en mención, para quedar como sigue: “Elaborar y publicar anualmente el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias, que deberá contar con el siguiente contenido actualizado y verificable, considerando en todo momento los principios en materia de derechos humanos”.

Quiero aprovechar, compañeras y compañeros esta máxima tribuna del país para denunciar y hacer un llamado enérgico a las autoridades competentes en procuración de justicia por los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en el municipio indígena mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón, cuna del prócer Ricardo Flores Magón, en donde un grupo de personas encapuchadas ingresaron de manera violenta al municipio con armas largas y asesinaron brutalmente al joven Manuel Zepeda Lagunas, hijo del ex presidente municipal Manuel Zepeda Cortés, y a un ex policía municipal, Gustavo Feliciano. También en estos momentos se encuentran sumamente graves la señora Magdalena Lagunas, su hija Eliza Zepeda.

Estas personas que ingresaron de manera violenta, atentaron contra la vida de mujeres y niños que se encontraban en ese lugar. Por eso hago este llamado, este exhorto a que se investigue con profundidad, a fondo, y que se aplique todo el peso de la ley a quienes resulten responsables. Es cuanto, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Se desecha. Tiene la palabra ahora el diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 21, párrafo segundo, hasta por tres minutos.

El diputado Javier Orihuela García:Compañeros y compañeras: lástima que no tengamos tanto tiempo para analizar esto. Vengo otra vez a esta tribuna para plantear mi convicción de que una verdadera ley de transición energética es la que nos hace falta en este país.

Pero ésta no es la verdadera ley para la transición energética. Requerimos cambios profundos a ésta. Uno de ellos es cambiar todos los criterios de viabilidad económica que hay a lo largo de la mayoría de los artículos, como el 27, por ejemplo, que dice: “La estrategia es el instrumento rector de la política nacional” y en su inciso III, los criterios: “Reducir bajo criterios de viabilidad económica la dependencia del país de los combustibles fósiles como fuente primaria de energía”.

Hoy, compañeros, este simple inciso cancela todo lo bondadoso que implica una ley de transición energética para avanzar en lo que una vez quisimos dejar atrás, ese recurso del diablo que es el petróleo y que ha ocasionado el calentamiento de nuestro planeta y que ha ocasionado a su vez la refinación y uso de este combustible que genera las grandes emergencias ambientales climáticas que han costado miles de millones de pesos.

Dejar atrás este paradigma es el objetivo de una verdadera ley de transición energética. Pero en el capitalismo salvaje en que nos encontramos, la energía petrolera como las fuentes de energía renovable se transforman en una mercancía para beneficio de las grandes transnacionales.

Por eso esta ley no ayudará a avanzar en la reducción de las emisiones a la atmósfera en la medida en que el capitalismo salvaje lo que privilegia es la ganancia; no privilegia el medio ambiente ni su protección; no privilegia proteger el agua, los ríos, las barrancas; no privilegia proteger el aire que todos respiramos y que es un patrimonio mundial.

Así como las fuentes de energía renovable como el sol, el viento son energías patrimonio de toda la humanidad, su beneficio debe ser para toda la humanidad.

Por ello estamos en contra, y no es que tengamos un doble discurso, es que en las condiciones de este capitalismo salvaje en que todo lo vuelven mercancía, es inevitable el fracaso de una ley con las bondades que nos permitan avanzar hacia un planeta más vivible.

Por ello estamos proponiendo que al menos en el artículo 21 que obliga a la Secretaría de Energía definir la estrategia de energías renovables, proponemos que en vez de que se haga y se consuma como un instrumento propio, la Secretaría venga aquí al Congreso de la Unión para proponer para que el Ejecutivo federal mediante la Secretaría envíe la estrategia al Congreso de la Unión en el mes de febrero de cada año, para su aprobación y publicación en un plazo máximo de 30 días.

Esta Cámara de Diputados debe convertirse al menos en el garante de una estrategia para impulsar las energías renovables que garantice toda la rémora de corrupción que hay atrás en los contratos que habrán de pelear ya las energías trasnacionales, las compañías trasnacionales que buscan generar energía eléctrica en nuestro país, para vendernos la energía eléctrica a los mexicanos. Eso no lo debemos permitir, compañeros.

Por ello proponemos que en otra ocasión pudiéramos tener una verdadera Ley de Transición Energética y que ésta hoy la canceláramos; sin embargo, es necesario que este Poder Legislativo, esta Cámara de Diputados esté al pendiente, porque hoy tenemos que transformar las condiciones económicas de nuestro país para avanzar hacia una verdadera ley de transición energética. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidente, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Se desecha. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en términos del dictamen modificado de los artículos 3o., 7, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 26 y 95.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos enunciados por la Presidencia en términos del dictamen modificado.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): En contra.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señora presidenta, se emitieron 294 votos a favor, 0 abstenciones, 91 en contra.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 294 votos, en términos del dictamen modificado por 294 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley de Transición Energética. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se recibieron de la Honorable Cámara de Senadores las siguientes minutas:

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que se devuelve para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

LEY DE AVIACION CIVIL Y DE LA LEY DE AEROPUERTOS

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, si se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica, se consulta a la asamblea si se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En tal virtud el siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, devuelta como ya dije anteriormente, por la Cámara de Senadores, con modificaciones. (*)

Esta Presidencia informa a la asamblea que la Cámara de Senadores realizó modificaciones a los artículos 1, 2, 4, 6, 9, 15, 21, 24, 31, 35, 36, 46, 47, 53, 59, y a los transitorios Segundo, Tercero y Cuarto, y la adición de los artículos 6 Bis, 31 Bis, 31 Ter, 31 Quáter, 36 Bis, 36 Ter y transitorios Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, del proyecto de decreto.

Como lo establece el primer supuesto de la fracción E del artículo 72 constitucional, la discusión de este asunto versará únicamente sobre las reformas o adiciones que la colegisladora haya realizado, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados por ambas Cámaras. Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz don Juan Carlos Muñoz Márquez.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy nos encontramos debatiendo sobre una de la serie de reformas que se han adicionado a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, promovidas originalmente por los diputados Abel Guerra y Fernando Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, así como Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y todo esto orientado a buscar incrementar el entorno competitivo del país para de esta manera mejorar y regular y hacer mejoras aplicables en este servicio público.

Se fortalecerá a través de esta iniciativa la efectividad de la regulación por parte del Estado. En esta reforma, que es la de mayor alcance en servicio púbico ferroviario desde la expedición de la reglamentaria hace 19 años, así como la privatización del servicio hace 16 años. El desarrollo nacional requiere de un servicio ferroviario moderno y eficiente, y es por esto que hemos recibido con beneplácito las modificaciones que se realizan en el Senado de la República. Con esto se buscará garantizar la libre competencia y eficiencia competitiva en la prestación de estos servicios.

De la misma manera, se incorporarán las definiciones de interconexión, derecho de paso y derechos de arrastre. Se creará la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y el Fondo Nacional de Seguridad de Cruces Ferroviarios, órgano descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las denuncias y querellas relacionadas con presuntos delitos que afecten al servicio público de transporte ferroviario serán de carácter federal.

Las atribuciones para garantizar la interconexión en las vías férreas, cuando sean vías generales de comunicación, así como las condiciones contraprestaciones y en los casos que las concesionarias no lleguen a un acuerdo, se fijarán las bases de regulación tarifaria por parte de la Secretaría. La agencia determinará las características técnicas de las vías; verificará que se cumplan con las disposiciones aplicables del sistema ferroviario, garantizando de esta manera la interconexión.

La SCT deberá de garantizar que las conexiones concesionarios se otorguen mutuamente a los servicios de interconexión y de terminales, incluyendo los derechos de paso obligatorios estipulados en los títulos de concesión y los derechos de arrastre.

Los concesionarios a su vez, a cambio de una contraprestación deberán presentarse y prestarse en forma recíproca y simétrica los servicios de derecho de arrastre.

Se eliminará la figura del permisionario, prestador del servicio público de transporte, a efecto de dar certeza jurídica a los concesionarios conforme a lo establecido en sus títulos de concesión. De tal forma que se mantendrán la integración vertical del concesionario entre la operación de la vía y del equipo de transporte.

Los concesionarios estarán obligados a permitir la interconexión en su modalidad de derecho de paso, cuando sea contemplado en los títulos de concesión, pactada por mutuo acuerdo, o cuando se falten a las condiciones de competencia requeridas.

El usuario a su vez podrá acordar una tarifa formal independiente de cada concesionario sobre la porción o la ruta correspondiente, ya sea de forma integral o independiente. Los concesionarios establecerán las tarifas máximas, pero se impone la obligatoriedad para desagregar tarifas de servicios diferenciados en el flete. Se distingue entre la tarifa de flete y servicios directos para apegarse a los mejores estándares internacionales.

En suma, compañeros, México busca la competitividad. En esta iniciativa se busca que los servicios ferroviarios lleven más carga a más destinos con mejores servicios, generando competitividad para el país, para los usuarios, los prestadores del servicio y todos aquellos que requieren de este servicio.

Me complace decirles que dirigir esta comisión y llevar a cabo esta iniciativa ha sido de gran orgullo, pero sobre todo de mucho trabajo. Se ha venido trabajando de prácticamente dos años a la fecha, donde el Senado vino trabajando de la mano de nosotros y a los cuales quiero agradecer que se nos haya tomado en cuenta las modificaciones pertinentes a esta iniciativa.

Estamos ciertos de que la presente reforma permitirá la inversión privada para la reconstrucción de nuevas líneas y poder licitar nuevas rutas que contemplen y eleven la competitividad intermodal en el ferrocarril.

Estoy seguro que un país que no tenga competitividad intermodal, donde los modus de transporte puedan ser más que competitivos o competencia puedan ser complementarios, va a ser la base para que México se convierta en la verdadera plataforma de América, en la plataforma logística a la que México está destinado ser. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, muy apreciable diputado Muñoz Márquez. Don José Angelino Caamal Mena, tiene usted el uso de la voz.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hemos recibido de la colegisladora la minuta que reforma la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la cual aprobamos en esta soberanía el pasado 4 de febrero de 2014.

Como en su momento lo expresamos, hoy reiteramos nuestra convicción de lo que significan estas reformas para impulsar el transporte ferroviario y hacerlo más competitivo, en aras de lograr mayor conexión en las distintas regiones de nuestro país.

Coincidimos en general con las modificaciones realizadas por la colegisladora, particularmente en lo que concierne a impulsar su modernización y lograr que éste sea competitivo, eficiente y de costo accesible para los usuarios de este servicio.

Además de aprovechar las ventajas que tiene este medio de transporte y con ello contribuir al desarrollo del país, posibilitando el crecimiento económico y social, un asunto particularmente importante para Nueva Alianza, es garantizar la interconexión de las vías férreas y procurar las condiciones de competencia en nuestros servicios que ofrece este transporte.

Con esta afirmación, estamos asegurando el servicio ferroviario como una actividad económica preponderante y estratégica para el desarrollo nacional. En este sentido, se confirma que es una obligación del Estado ejercer sus funciones para asegurar la eficiencia operativa en la prestación del servicio de transporte ferroviario.

Con tal propósito reconocemos las aportaciones de las y los senadores para establecer en la ley las definiciones de interconexión, derecho de paso, derecho de arrastre, ya que con ello se fortalecerá la certidumbre jurídica que requieren, tanto los concesionarios como los usuarios del servicio ferroviario en la determinación de las autoridades respectivas.

En este caso, se establece claramente en la ley que será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la instancia que deberá garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como las condiciones y contraprestaciones en los casos en los que los concesionarios no lleguen a algún acuerdo.

Finalmente, deberán fijar las bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva.

Por su parte, con las adecuaciones se fortalece a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que absorberá las atribuciones que actualmente tiene la Dirección General de Transporte Ferroviario Multimodal, entre las que se encuentran determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, garantizar la interconexión de las vías férreas cuando son vías generales. Establecer las bases de regulación tarifaria cuando no existan las condiciones de competencia.

Emitir recomendaciones, dirimir controversias e imponer sanciones cuando así corresponda.

Sabemos que un punto controversial de esta minuta radica en la eliminación de la figura del permisionario, a la cual habíamos determinado en su momento se le otorgara la posibilidad de utilizar las vías férreas, sin tener el carácter de concesionario.

Sin embargo, coincidimos con la colegisladora en que su eliminación de la ley permitirá preservar la integración vertical contemplada en las concesiones otorgadas a la fecha, entre la operación y mantenimiento de las vías férreas y del equipo de tracción y de carga. De tal forma que aquellos concesionarios presentes y futuros cooperen de forma integrada, con ambos elementos complementarios que constituyen el servicio ferroviario.

Compañeras y compañeros legisladores, nuestro país se encuentra en una etapa de transición hacia su modernización de sus esquemas productivos y económicos. Con esta reforma estamos dando un paso más en esa dirección.

Nuestra obligación y responsabilidad como legisladores es adecuar las normas para incentivar la competitividad en los distintos sectores de la economía, en este caso, del sistema ferroviario.

Como secretario de la Comisión de Transportes y a nombre de mi grupo parlamentario, Nueva Alianza, consideramos que los cambios enviados por la colegisladora enriquecen y fortalecen las reformas y adiciones a la ley reglamentaria del servicio ferroviario. Por ello votaremos a favor del dictamen, porque además estamos seguros que estamos contribuyendo a construir un mejor futuro para todas y todos los  mexicanos. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara tiene usted uso de la voz para posicionar al PT.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:En términos generales se propone, dentro de la demagogia legislativa de las reformas estructurales, que no garantizan salir de la crisis económica que vive el país en los dos años de gobierno del todavía Presidente Peña Nieto, que el objetivo de este proyecto es darle más competitividad a la economía del país a partir del fortalecimiento del subsector del transporte ferroviario a efecto de hacerlo más accesible, mejores precios, mejores condiciones, mayor efectividad, facilitando el transporte multimodal.

Esta propuesta beneficia a los actuales concesionarios de ferrocarriles, para el caso concreto todos y cada uno de ellos vinculados con la corrupción del gobierno federal. En nuestro país la concentración en el mercado recae en tres grandes concesionarias que aglutinan el 80 por ciento de las líneas ferroviarias del país: el Ferrocarril Mexicano, Ferromex, del Grupo México, el Ferrocarril del Sur filial del Grupo Inbursa, de Carlos Slim y el Kansas City Southern de México cien por ciento extranjera.

Debemos recordar la efectividad de los Golden Boys emanados de las universidades americanas eficientes en la ejecución de las políticas neoliberales. Recuerden al PRI con su Presidente Zedillo, a través de la reforma al artículo 28 constitucional, la entrega de Ferrocarriles Nacionales impulso en 1995, la entrega de una empresa nacional a empresas particulares a través de la adjudicación de concesiones sin licitación alguna.

La corrupción a la Presidencia de la República vinculada a concesiones ilegales y conflicto de intereses es costumbre enraizada en nuestro país. Recordemos que en febrero de 2001 la Ferroviaria Union Pacific Corporation, poseedora en ese año del 26 por ciento del ferrocarril mexicano, nombró al ex presidente mexicano Zedillo como miembro del directorio. Ex presidente que en el argot político diría que fue designado cuando no se desempeñaba como servidor público por lo que no existía conflicto de intereses en ese tiempo. Esto, obvio sin alusiones a cierta casa en Malinalco, adquirida a través de la filial del Grupo Higa. Higa como haiga Higa.

Esta mala costumbre de subordinar al poder político, mal habido a través de fraudes al poder económico, se presenta en el transporte ferroviario, con las reformas que se presentan son las concesionarias las que determinarán de acuerdo a sus intereses los precios de los servicios de transporte ferroviario, de pasajeros o de carga puesto que de acuerdo al diseño que se establece en las reformas que se presentan en la minuta que se discute, la nueva agencia reguladora del transporte ferroviario –órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de precios– tendrá funciones esencialmente registrales debido a que de acuerdo al artículo 46 que se reforma en la minuta que se discute, los concesionarios o permisionarios fijarán libremente las tarifas.

Las reformas que hoy se presentan garantizan a las empresas ferroviarias los sobreprecios en las tarifas que actualmente aplican a Petróleos Mexicanos, CFE y empresas privadas.  Se elimina la función reguladora del Estado mexicano en materia de precios y tarifas en transporte ferroviario.

En el séptimo transitorio determinan que una vez que la agencia se encuentre en funciones los concesionarios registrarán sus tarifas máximas de fletes, registro de catálogos de servicios diversos que podrán ofrecer a sus usuarios, en tanto se aplicarán los precios registrados ante la secretaría.

Cada reforma propuesta a la Ley Reglamentaria de Servicios Ferroviarios, atiende a los intereses del trío de concesionarias que se han visto beneficiadas con la política neoliberal impulsada con Carlos Salinas de Gortari, continuada con Zedillo y que ahora trata de perfeccionar el todavía Presidente Enrique Peña Nieto. Todas con una misma línea de actuación. La corrupción del poder político subordinado a los grandes empresarios prestanombres de las empresas transnacionales.

Por si quedara punto pendiente en esta política de subordinación, la Colegisladora cuenta con el pacto de grupos necesario para enmendar la plana a esta Cámara de Diputados, lo que se acredita con la minuta que se presenta que contiene modificaciones que subordinan al Poder Legislativo a los poderes fácticos reconocidos por Peña Nieto.

Obviamente el Partido del Trabajo votará en contra de esta propuesta de reforma y no nos queda más que lamentar que México tenga legisladores tan entreguistas como los que voten a favor de esta iniciativa. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado. Don Ricardo Mejía Berdeja, tiene el uso de la voz.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Esta minuta que viene del Senado durmió el sueño de los justos por meses, porque fue una reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que se aprobó en esta Cámara de Diputados, y junto con otras reformas los legisladores de la Cámara de Senadores han venido actuando con total discrecionalidad, y esta ley por lo mismo fue congelada.

Repentinamente intervienen algunos senadores ligados a grupos de interés y remiten ahora esta minuta que nosotros creemos que no resuelve un problema tan grave como ha sido el desmantelamiento de lo que fue la industria ferroviaria nacional.

Por otro lado el Senado ha construido un muro para seguir protegiendo a los gobernadores que han endeudado a los estados.

La deuda subnacional, la deuda de estados y municipios, ya rebasa el medio billón de pesos. Hay deudas totalmente criminales que llegan a más de 40 mil millones de pesos en varias entidades. El caso de Moreira, en Coahuila; el caso de Nuevo León; el caso de Quintana Roo; el caso de Chihuahua; el caso de Jalisco. Guerrero se puede revisar, tiene muchos problemas pero no tiene problemas de deuda pública como los otros estados. Y ahí están las cifras si las quieren checar.

Pero el tema de fondo es que nuevamente en el Senado protegieron a los sátrapas, a los gobernadores que no quieren que se revise cómo endeudan a los estados. Y con el pretexto de crear una comisión bicameral para revisar un tema de ingresos que le corresponde a la Cámara de Diputados, estuvieron atorando esta minuta; finalmente le hicieron cambios y según el artículo 72 constitucional, ya el proyecto palmó, se salieron con la suya. No pudieron establecer candados al endeudamiento criminal de los estados, alegando autonomía, cuando de todos es sabido que los congresos locales de esos estados, le autorizan con los ojos cerrados cualquier deuda que pretenden estos gobernadores, y ahí está la grave problemática.

Y ahora viene esta minuta relativa al sistema ferroviario. Es claro que entre Kansas City, Ferromex y Ferrocarril del Sureste, tienen acaparado este mercado.

Se ha constituido un cártel de monopolios ferroviarios en el país y quienes han pagado los platos rotos han sido los mexicanos. Se suprimieron servicios de pasajeros, las tarifas no mejoraron y se desmanteló una industria que viene desde hace siglos en el país, que fue motivo de orgullo la conexión que había con los ferrocarriles nacionales. Además se tenía una industria fabricante de carros de ferrocarril que proveía al país y con capacidad exportadora, que también fue desmantelada.

Es claro que esta privatización del ferrocarril que concreta Ernesto Zedillo, que por cierto es parte del consejo de administración internacional de una de estas empresas; es igual conflicto de interés, la marca de la casa en estos gobiernos. Zedillo parte de un consejo de administración de una de las empresas ferrocarrileras a la cual se le concesionó este servicio. Lo que hicieron fue partir al país y prohibir que hubiera una libre competencia que apoyara el transporte de carga y de pasajeros. Hoy, con este remedo de reforma, pretenden corregir esta situación. Creemos que el problema es de origen y por eso vamos a refrendar el voto en contra que dimos cuando se discutió eso hace ya varios, varios meses en esta Cámara de Diputados.

Creemos también que los ferrocarriles, los trenes tienen que revisarse con lupa. Desde luego vamos a seguir insistiendo en lo que tiene que ver con el tren México-Querétaro, que por ahí hay la intención de que quede como un asunto meramente administrativo de parte de la comisión, pero creemos que lo que está en el fondo de esta problemática son los conflictos de interés, es el favoritismo, es el tráfico de influencias y es la corrupción de grupos como Higa, que es ahora la inmobiliaria preferida del gabinete presidencial.

Dicen en las redes que es algo así como el Infonavit del gabinete o Hipotecaria Su Casita de la cúpula del poder, pero en realidad es donde se esconden los principales fraudes del país y por eso no vemos aquí un asunto de querer ayudar a los pasajeros y a los empresarios para que con estos fletes transporten su carga, sino que vemos nuevos negocios, nuevos moches y la mano de senadores que han estado cabildeando para privilegiar a estos intereses. Por eso refrendaremos nuestro voto del dictamen pasado, que fue en contra. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Valentín González Bautista, del PRD, tiene el uso de la palabra.

El diputado Valentín González Bautista: Con su autorización diputado presidente.Diputadas, diputados: fiel a la política neoliberal del gobierno federal, siendo presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, privatizó la emblemática empresa hasta ese momento, Ferrocarriles Nacionales de México.

Deliberadamente se dejó de invertir en la empresa del Estado y no se modernizó, no se frenó la corrupción, no se evitó el saqueo, todo para justificar su inoperancia.

Para justificar la privatización, como en otros casos, el discurso fue el mismo, modernización, competitividad, mayor inversión en la infraestructura, mejores tarifas, más beneficios para el país, en suma.

El Ejecutivo federal le otorgó a particulares concesiones por 50 años y de este período 30 años se otorgaron en condiciones de exclusividad y 20 años en competencia. Las empresas concesionarias, estas concentraron el mercado e impusieron tarifas.

Durante los últimos siete años se han incrementado en su beneficio hasta casi un 60 por ciento. La red ferroviaria no ha aumentado en construcción, pues apenas ha tenido un crecimiento del 0.2 por ciento del 2005 a la fecha.

Actualmente la red ferroviaria del país alcanza 26 mil 727 kilómetros. La Comisión de Transporte de la Cámara de la cual soy secretario y por las instrucciones de nuestra coordinación y del diputado del proceso legislativo nos encomendaron a los diputados que participamos en esta comisión, a hacer un estudio cuidadoso, exhaustivo de las condiciones en que se está prestando el servicio. Así fue como se aprobó en esa comisión el dictamen que en su oportunidad se turnó a la Cámara de Senadores y que ahora discutimos.

La minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviaria para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional contiene varios aspectos que nos interesa resaltar.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizará la interconexión, es decir, el intercambio de equipo ferroviario, tráfico interlineal entre concesionarios, movimientos, traslados, y de más acciones necesarias para la continuidad del tráfico, procurar las condiciones de competencia en el servicio ferroviario. La contraprestación entre concesionarios para realizar la interconexión será establecida de común acuerdo. Si no llegaran a un acuerdo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las pondrá con intervención de la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Se dan permisos para que empresas particulares, distintas a las actuales concesionarias, puedan construir líneas cortas para el transporte de carga propia entre dos puntos. También se da facultad para que empresas privadas puedan construir vías principales y éstas se puedan concesionar mediante licitación. Habrá más vías principales y más concesionarios.

Se autoriza para que un permisionario pueda dar el servicio público de transporte ferroviario de carga o pasaje a terceros sobre las vías de otros concesionarios o permisionarios. Se establece como causal de revocación de la concesión aplicar tarifas que no se encuentren en los rangos registrados en la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Para la revocación de la concesión ya sólo existirán dos tiempos: la revocación inmediata y en otros casos cuando se le sancione en dos ocasiones en un tiempo de cinco años consecutivos. Actualmente tienen hasta cinco faltas para que pueda revocarse la concesión.

Se establece en la ley que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizará en las bases de licitación y en los títulos de concesión que en todos los tramos técnicamente posibles entre las vías los concesionarios se otorguen mutuamente derechos de paso y de arrastro. Se especifica en el artículo 46 que todas las tarifas que apliquen los concesionarios y permisionarios deben estar registradas ante la propia secretaría para darle certidumbre al valor de los servicios que se van a contratar.

En suma, se establece que la secretaría deberá establecer bases de regulación tarifaria previa resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica cuando no exista competencia efectiva.

Por los alcances de esta iniciativa, que se verán reflejados en mayor infraestructura, competencia y crecimiento económico que requiere el país, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática votará a favor este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Abel Guerra, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Abel Guerra Garza:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, presento la postura del Grupo Parlamentario del PRI en relación a reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, promovidas originalmente por la diputada Esther Quintana, del Partido Acción Nacional, y los diputados Fernando Maldonado y un servidor, del PRI, orientadas a mejorar la operación de este servicio público y devolver capacidad regulatoria al Estado mexicano. En mi grupo parlamentario consideramos que en la era económica dominada por la logística, el desarrollo nacional requiere de un servicio ferroviario eficiente y competitivo. Por eso recibimos con agrado las modificaciones realizadas en el Senado de la República, las cuales coadyuvan para lograr el objetivo trazado.

Se garantiza la libre competencia y la eficiencia operativa en la prestación del servicio; se incorporan las definiciones de interconexión, derecho de paso, derecho de arrastre, creando la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y el Fondo Nacional de Seguridad de Cruces Ferroviarios como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Garantiza la interconexión en las vías férreas, así como se encarga de dirimir controversias en los casos que los concesionarios no lleguen a acuerdos, además de fijar tarifas cuando no existan condiciones de competencia efectiva.

Vigilará la calidad en la infraestructura y en el servicio; garantizará la interconexión; emitirá recomendaciones; impondrá sanciones por incumplimientos y realizará estudios e investigaciones orientadas a lograr un servicio de excelencia.

La misma Agencia deberá garantizar que los concesionarios se otorguen mutuamente los servicios de interconexión y de terminal, incluyendo los derechos de paso y de arrastre incluidos en los títulos de concesión, contraprestación aprobada previamente.

Se fijan los alcances del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Ferroviarios, para construir y mantener los cruceros de vías seguros y bien señalizados. Se elimina la figura del permisionario, a efecto de dar certeza jurídica a los concesionarios. Las concesiones estarán obligadas a permitir la interconexión en su modalidad de derecho de paso cuando estén contemplados los títulos de concesión, por mutuo acuerdo o cuando falten condiciones de competencia en la ruta.

El usuario podrá acordar una tarifa con cada concesionario sobre la porción de la ruta correspondiente o en el total de la ruta con el concesionario de origen o destino indistintamente. Los concesionarios establecerán las tarifas máximas, pero se obligan a desagregar tarifas de servicios diferentes del flete, diferenciándolos de los servicios diversos.

Deberá vigilar también la aplicación del cambio de tarifas, además de que solicitará a la Comisión de Competencia su participación para dirimir diferencias en el caso de requerirse regulación tarifaria.

Estamos ciertos que la presente reforma permitirá a la inversión pública y privada para la construcción de nuevas líneas y licitación de otras rutas, así como la construcción de espuelas y líneas cortas que incrementen la capacidad de la red y la calidad del servicio, eficientando la operación.

Por lo tanto, los legisladores del PRI manifestamos nuestro voto favorable para el presente dictamen y agradecemos el voto de los distintos grupos en el mismo sentido. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en contra, hasta por tres minutos.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:A casi 19 años de expedida la ley mayo del 95, la situación de la red ferroviaria nacional está cada vez peor.

En la minuta que se nos propone, en el artículo 31 Bis, 31 Tercer y 31 Quáter, la creación de un fondo que tiene como propósito apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, el patrimonio de este fondo se integrará –fíjense ustedes bien– con las aportaciones de la federación, de las entidades federativas y de los municipios.

Entonces, uno se pregunta, ¿por qué si la red ferroviaria nacional está privatizada, el gobierno federal de los estados y los municipios tienen que aportar recursos a este fondo, cuando deben ser las empresas concesionarias las que se deberían encargar de todos estos aspectos? Obviamente que el argumento que dan siempre los neoliberales PRI, PAN, Prian, sus gobiernos federales, siempre lo fueron, de que las empresas en poder del Estado no son competitivas y que había que venderlas a los particulares porque solamente ellos saben manejar las economías, pues obviamente es una mentira. Hay que ser sinceros, ya en México eso está muy demostrado.

Yo subo nada más para reiterar, que vean dónde está el fondo de lo que la población está viendo en materia de la alta corrupción que hay en el gobierno. Y obviamente aquí ya pasaron las bancadas del Prian a decir que van a estar por esta ley, pero no nada más lo vergonzoso es que el Prian esté en esto, sino lo que realmente da pena ajena es que el pacto contra México, los del PRD, estén subidos en el cabús de este tren, que es la entrega de los recursos nacionales a los extranjeros. Qué pena para el país. Qué pena, de verdad, para todos los ciudadanos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Jesús Oviedo, tiene usted el uso de la voz, en pro.

El diputado J. Jesús Oviedo Herrera:Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y diputados, en el Partido Acción Nacional estamos convencidos de que el sistema ferroviario es un pilar fundamental para el progreso de México.

Impulsarlo, permite ampliar las oportunidades de crecimiento y de desarrollo del transporte mexicano, ya que permiten potenciar las actividades productivas, estimula la competitividad, ampliar la cobertura de los servicios, y mejora la calidad de vida de las poblaciones al sacar carga pesada de las carreteras haciéndolas más seguras. Sabemos que es prioritario que se impulse una red ferroviaria, que cumpla con los estándares de seguridad, que favorezca la conectividad y la articulación de toda la red, promoviendo el multimodalismo.

Esta iniciativa promoverá que más actores en el sector inviertan en más vías férreas, mismas que sólo han crecido 42 kilómetros, lo que significa el  0.02 por ciento en seis años.

Cabe resaltar que esta reforma es la de mayor alcance en servicio público ferroviario, desde la expedición de la Ley Reglamentaria, hace 19 años, y de la privatización del servicio hace 16 años.

Los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos a favor de que el servicio ferroviario moderno y eficiente, de garantizar la libre competencia y la eficiencia operativa en la prestación del servicio, así como de incorporar las definiciones de interconexión, derecho de paso y derecho de arrastre.

Es de suma relevancia la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y el Fondo Nacional de Seguridad de Cruces Ferroviarios, que estará descentralizada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Las denuncias y querellas relacionadas con presuntos delitos que afecten al servicio público de transporte ferroviario serán federales.

La Agencia determinará las características técnicas de las vías férreas. Verificará que se cumpla con las disposiciones aplicables del sistema ferroviario. Garantizará la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales. Establecerá las bases de regulación tarifaria cuando no existan las condiciones de competencia de acuerdo con la Comisión de Competencia Económica. Emitirá recomendaciones, dirimirá controversias e impondrá sanciones. Además de realizar estudios e investigaciones.

Por otro lado, la Secretaría de Comunicaciones deberá garantizar que los concesionarios se otorguen mutuamente los servicios de interconexión y de terminal. Incluyendo los derechos de paso obligatorios, estipulados en los títulos de concesión y los derechos de arrastre.

El usuario podrá acordar una tarifa de forma independiente en cada concesionario, sobre la porción de la ruta correspondiente o de forma integral sobre el total de la ruta con el concesionario, origen o destino.

Los concesionarios estarán obligados a permitir, termino presidente, la interconexión en su modalidad de derecho de paso, cuando sea contemplado en los títulos de concesión, pactado por mutuo acuerdo o cuando falten condiciones de competencia en una ruta o trayecto, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia.

La Agencia deberá monitorear las aplicaciones de esquemas de ajuste de tarifas, además de que solicitará a la Cofece el análisis de conductas que puedan exigir condiciones de regulación tarifaria.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.

Instruya la apertura del sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo evento, en virtud de que no hay reservas.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? De viva voz por favor, diputados.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

La diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 339 votos a favor, 9 abstenciones y 35 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados en lo general y en lo particular por 339 votos los artículos modificados por la Cámara de Senadores. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

TOMA DE PROTESTA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se encuentra a las puertas de este recinto, la ciudadana Yatziri Mendoza Jiménez, diputada federal electa por el 10 distrito electoral en el estado –si me lo permiten– glorioso de Guanajuato.

Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: Liz Vargas, Beti Yamamoto, a Gabi Medrano, a María Elena Cano y a Malú Mícher.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y Bribiesca también, que me lo está pidiendo.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se invita a los presentes a ponerse de pie, por favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ciudadana Yatziri Mendoza Jiménez, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Yatziri Mendoza Jiménez: Sí, protesto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Bienvenida.

CODIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de alienación parental.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de alienación parental.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra, doña Angelina Carreño Mijares.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Es Código Civil, diputada. Alienación parental. Código Civil.

La diputada Angelina Carreño Mijares: Llamo a mi grupo parlamentario para que suba...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Sí, en su lugar algún compañero legislador que tenga preparado. Si me da oportunidad, diputada Angelina Carreño, que pasara sin perjuicio de que su grupo parlamentario pudiera cerrar o en el desahogo de las posturas, pudiera pasar a fijar posición justamente el PRI.

Diputado Fernando Bribiesca Sahagún, ¿Está preparado? Adelante, señor diputado, por favor. Código Civil Federal, alienación parental, señor diputado Bribiesca. Adelante, por favor.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Muchas gracias, señor presidente, con su permiso y el de todos mis compañeros. La alienación parental es un problema muy complejo que afecta cada vez más a niñas y niños en nuestro país. Cotidianamente conoceos de casos que ejemplifican este terrible fenómeno. La alienación parental consiste en una serie de conductas que llevan a cabo el padre o la madre que posee la custodia del menor y que sin razón justificada impide las visitas y convivencia con el otro progenitor, lo que va originando en el niño o niña un cambio de conciencia llevándolo desde el miedo hasta el odio.

En el artículo 4o. de nuestra Carta Magna se garantiza que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos de la niñez y que el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de estos derechos.

En el orden de ideas el dictamen que se somete a nuestra consideración el día de hoy, y con el que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está completamente de acuerdo, busca modificar el Código Civil, de modo que quede claro para el juzgador lo que se debe entender por alienación parental.

Lo anterior con la finalidad de evitar que los padres realicen cualquier acto de manipulación que pretenda dañar el vínculo de parentesco de los niños y niñas con sus progenitores. De este modo la reforma busca proteger el interés superior del menor y salvaguardando su derecho de convivencia con los padres e impidiendo actos de alienación parental que contravengan derechos de los menores a convivir con sus padres.

Asimismo el dictamen refiere que la alienación parental puede ser causa de limitación temporal o definitiva de la patria potestad, con lo que se da una mayor fuerza a las disposiciones del Código Civil. También se otorga al juez la facultad de ordenar la evaluación psicológica correspondiente ante la manifestación expresa o presunción de conductas de alineación y de ser el caso, se otorguen medidas terapéuticas necesarias con lo que se pretender restablecer la sana convivencia con ambos progenitores.

Compañeras y compañeros diputados, resulta imperativo dar a los juzgadores las herramientas para proteger a nuestras niñas y niños. La ley tiene que ser clara en este sentido, y es con ese objetivo con el que Nueva Alianza se suma a este esfuerzo.

Es nuestra obligación proveer de una protección integral de los derechos de la infancia el fenómeno de la alienación parental afecta a niñas, niños y adolescentes de manera permanente, y los daños de estas acciones se manifiestan en el resto de su desarrollo personal, académico y profesional.

Los invito a que aprobemos este dictamen, ya que repercutirá en una mejor actuación de nuestros jueces, y sobre todo otorgará a nuestras niñas, niños y adolescentes la garantía de que sus intereses y su bienestar deberán prevalecer ante los conflictos que puedan tener sus padres. Agradezco su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Bribiesca Sahagún. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palaba la diputada Lilia Aguilar Gil...

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, tiene la palabra, diputada, para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario relativo al dictamen que aborda aspectos de alienación parental, del Código Civil Federal. Por favor, adelante.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su venia, señor presidente. En México los derechos de las niñas y niños, además de irrenunciables, son una plataforma ética. Todo niño tiene derecho a vivir en un entorno familiar sano, a una vida libre de violencia y a la corresponsabilidad de los integrantes de ese núcleo, del Estado y de la sociedad, quienes deben garantizarlos.

El 60 por ciento de los niños de entre uno a 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. De acuerdo con estadísticas gubernamentales, en la mayoría de los casos son los propios padres quienes vulneran la integridad física y emocional de los menores. Existen múltiples maneras de maltratar a un niño, no solamente a través del daño físico; se puede infligir perjuicio a un menor por la falta de atención y el maltrato sicológico que también constituyen formas de violencia.

La Organización Mundial de la Salud señala que el maltrato infantil o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abusos, hasta el descuido, negligencia, explotación comercial de otro tipo que originan un daño real, potencial para la salud del niño, su perseverancia o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. En muchas ocasiones se tiene la falsa idea de que las conductas violentas que se presentan en las y los niños son de manera física; existen otras conductas relacionadas con los estilos de crianza por los padres, por ejemplo, la conducta violenta de la alienación parental.

En México, entre el año 2000 y el año 2011 aumentaron los divorcios un 74.3 por ciento. Un elevado número de estudios determina que los principales factores que motivan los divorcios son la falta de comunicación, la infidelidad, los problemas económicos, la desconfianza y el abuso del alcohol y otras sustancias, la diferencia de estatus socioeconómicos en las parejas y en muchos casos también la violencia.

Actualmente tan sólo en la Ciudad de México hay cerca de 200 mil casos de alienación parental, según los datos de la Asociación de Madres y Padres Divorciados. Esto ocurre cuando en ciertos casos de divorcio o separación está presente una patología, trastorno de personalidad o emocional en alguno de los padres que puede hacer aparecer una conducta que alinea a las y a los hijos del otro progenitor.

La alineación parental es el hecho reiterado o proceso por el cual un progenitor, mediante cualquier estrategia, transforma la conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro padre.

La idea de que uno de los progenitores manipule y programe a sus hijos y los ponga en contra del otro padre, puede parecer una locura o una perfecta excusa de abandono. Sin embargo, se trata de un fenómeno cada vez más frecuente en la actualidad, pues acontece en muchas separaciones o divorcios mexicanos.

Esta conducta que realiza el progenitor alienador es un tipo de violencia y abuso psicológico para las y los niños, quienes ven en sus padres la garantía de seguridad y bienestar frente al mundo exterior. Dicha conducta es un desorden que se da principalmente en el contexto de conflictos de custodia física o moral entre los padres, su manifestación primaria es la campaña de denigración de un hijo contra uno de los padres, campaña que no tiene justificación alguna o de exagerada denigración hacia el padre objetivo.

Se caracteriza principalmente por el conjunto de síntomas, resultado del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijas o hijos mediante distintas estrategias con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor.

Tal conducta hace referencia a los síntomas que presenta un hijo cuando denigra y rechaza sin justificación verdadera a uno de los padres después de su separación. La alienación parental se considera una forma de maltrato infantil psicológico, pues al fomentar el odio y resentimiento contra el padre ausente, se causan daños psicológicos al niño y se le priva de llevar una vida común y una relación sana con ambos progenitores y sus familias.

Este tipo de conductas de alienación están latentes. Por ello es fundamental que el Estado garantice los derechos del padre alienado, así como la preservación del interés superior de la infancia.

Es menester garantizar a las niñas y niños, vivir en un ambiente libre de violencia, así como ser respetados en su persona, en su integridad física, psicoemocional y sexual, independientemente de la situación en que sus padres se encuentren, ya sea en la disolución del vínculo matrimonial o una mera separación.

Es preciso atender a quien ejerce este tipo de maltrato al menor, pues ya no es capaz de distinguir los límites entre una batalla legal y los daños que pueden provocar en sus hijos al utilizarlos como elementos de guerra. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Vargas Pérez. Tiene la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan, que fijará la postura del Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Gracias, diputado presidente. Con su permiso.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Honorable asamblea, el progreso de una nación está íntimamente ligado a la calidad ética intelectual y social de los individuos que la conforman. La pertenencia a un núcleo y la confiabilidad que representa la solidaridad entre quienes lo conforman define la personalidad y convicción de todas las personas.

La dinámica de la vida moderna exige la atención de múltiples obligaciones y consecuentemente la reducción del tiempo y espacios de esparcimiento de las personas con relación a quienes conforman el núcleo familiar.

El concepto tradicional de familia, al que muchos hemos pertenecido y del que muchos estamos plenamente convencidos, ha evolucionado en nuestra época, el número de matrimonios ha disminuido y el de divorcios aumenta de manera vertiginosa. Una estadística está perfectamente ligada a la dinámica que hoy revela el Registro Civil en lo que toca a la celebración de matrimonios y disolución de ellos. El 98 por ciento de los registros en el país ha estado ligado con el severo problema que arroja la alienación parental.

Aplaudimos el contenido de la iniciativa que ha presentado a esta asamblea la diputada Karina Labastida, que identifica con razón y puntualidad una problemática que aqueja gravemente al país. La alienación parental es, como lo define el dictamen, cualquier tipo de manipulación respecto de los hijos menores de edad, tendientes a transformar la conciencia de estos con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir las relaciones parentales o la debida integración familiar con el progenitor no custodio.

El desarrollo de la personalidad está vinculado indisolublemente al sano entendimiento de los roles que una sociedad moderna desenvuelve en las personas de ambos géneros. Los niños y niñas de México tienen el irrefutable derecho de convivir en armonía con sus progenitores o con quienes hubieran convivido desde el momento de su alumbramiento.

El artículo 4o. de la Constitución establece la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, asimismo reconoce el derecho de niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Y, continua con una agenda obligación, los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y de sus principios.

En el derecho de familia se reconoce el amplio derecho a la paternidad, al número y esparcimiento de los hijos, al ejercicio pleno de la patria potestad y de la educación de los menores, pero sobre todo el derecho de convivencia entre padres e hijos. En esta relación simbiótica existente entre padres e hijos los primeros están obligados a no interferir negativamente en el crecimiento y desarrollo de la personalidad de los primeros, incidiendo mediante la infiltración de ideas y sentimientos de animadversión con relación a sus progenitores.

La iniciativa de la diputada Labastida, ahora dictaminada por la Comisión de Justicia, plantea crear instrumentos jurídicos que procuren y garanticen mayor protección a las niñas, niños y adolescentes que sufren la separación de sus padres por la llamada alienación parental y dicha situación no cauce mayores efectos negativos de los que ya de por sí padecen los menores por motivo de la ruptura conyugal.

Estamos convencidos de la gran trascendencia de la iniciativa y de la necesaria intervención del Estado en materia de la alienación parental, primeramente como mecanismo de garantía de salud y protección al desarrollo psicológico y personal de los niños, y en segundo lugar como derecho de los padres a convivir pacíficamente con sus hijos y conservar el nexo afectivo que los une, independientemente de los tiempos compartidos que deriven de una resolución judicial de divorcio.

El artículo 3o de la Convención sobre el Derecho del Niño establece con puntualidad que todas las autoridades atenderán de manera primordial al interés superior del niño. En ese sentido vincula a los Estados parte para comprometerse y asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables ante la ley.

A través de las normas que hoy discutimos se atiende al espíritu de los compromisos internacionales de los que México es parte y se ataja con acierto una problemática nacional que nos aqueja y que podría ser una fuente de la problemática social en la que estamos inmersos.

El libre desarrollo de la personalidad es una pieza básica para el despliegue de los derechos humanos y por ello es uno de los más delicados y urgentes núcleos que el Estado debe proteger y respetar. En tal encomienda, dentro de nuestra compleja tarea legislativa los invito a favor del presente dictamen de la Comisión de Justicia, ya que como otros tantos hemos confeccionado en la Comisión y discutido, se inscribe dentro de los esfuerzos legislativos para generar mejores instrumentos jurídicos a favor de los sectores más vulnerables.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del dictamen porque estamos convencidos de que el respeto en la relación de familia constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad tolerante, incluyente y civilizada.

Votaremos también a favor del dictamen porque estamos ciertos que el sano desarrollo de nuestra niñez constituye el cimiento de una sociedad más pacífica y ordenada, donde cada menor pueda encontrar las condiciones materiales y jurídicas suficientes para desarrollar sus capacidades dentro de un entorno afectuoso y sin manipulaciones de ningún tipo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cuéllar Steffan. Diputada Lilia Aguilar Gil, tiene usted la palabra para fijar la postura de su Grupo Parlamentario, hasta por cinco minutos.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Como ya se ha dicho en esta tribuna, la violencia familiar ejercida directamente o en contra de los niños, niñas y adolescentes, es un problema grave que se enfrenta en nuestra sociedad. La familia, que es el elemento natural y fundamental, o los distintos tipos de familia de la sociedad debe de ser protegido efectivamente por el Estado en su reconocimiento y conformación.

Las leyes en efecto deben ser protectoras de esta institución, de acuerdo con lo señalado en la Convención Americana de los Derechos Humanos. La incidencia de divorcios es más alta que la de matrimonios. Al 2012 se registraron 99 mil 509 divorcios y en 2012 apenas 91 mil matrimonios. Los derechos reconocidos por los tratados internacionales y el derecho positivo mexicano es que el menor sea escuchado sobre su deseo de con cuál de sus padres quieren estar y quien ha de ejercer su guarda y custodia.

En la actualidad existen sin embargo nuevas formas de violencia que se han identificado como una problemática real al interior de la familia. Es lo que se conoce como alienación parental. La alineación parental es un problema complejo que afecta a la familia y a los integrantes, pero sobre todo a los niños, niñas y adolescentes y a su sano desarrollo. Durante los procesos de divorcio uno de los cónyuges puede intensificar los mensajes negativos del otro, ocasionando un sentimiento de rechazo hacia el padre o la madre. Estos procesos suelen afectar estados emocionales físicos y psicológicos de los hijos. Cada año cerca de 180 mil niños son molestados y afectados por el denominado síndrome de la alienación parental.

Si bien es reciente su abordaje a nivel jurídico, no lo es como práctica cotidiana. En nuestro país cada año se delibera en promedio de 90 mil juicios legales para la custodia de menores. El Estado mexicano, como garante del interés superior de la infancia debe de crear las instituciones necesarias para garantizar adecuadamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de una familia o distintos tipos de familia en pleno desarrollo.

Es conveniente abordar a la alienación parental y plantear soluciones desde el ámbito legislativo. Esta tarea también consiste en sensibilizar a los jueces para hacer efectivos sus atribuciones para ordenar el cumplimiento de la norma y evitar cualquier tipo de afectación a los menores.

Esta iniciativa promueve a las instituciones jurídicas para que estas situaciones sean controladas desde el marco jurídico. Es obligación pues ya de todo juzgador velar porque ninguna acción de protección a un niño, niña o adolescente sea criminalizada o confundida con la manipulación a la infancia y se deben crear los ordenamientos jurídicos que procuren y garanticen mayor protección a las niñas, niños y adolescentes que sufran de la separación de sus padres y como consecuencia del abuso de la alienación parental.

Esto es lo que hace esta iniciativa y nosotros anunciamos nuestro voto a favor del mismo dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Margarita Tapia Fonllem. Adelante, diputada.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem:Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Haga uso de la voz, diputada.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: El Grupo Parlamentario del PRD, votará a favor del presente dictamen a la iniciativa de nuestra compañera la diputada Karina Labastida, compañera de la Comisión de Justicia. Este dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de alienación parental.

La definición de la alienación parental es un tema complejo de atender para los poderes públicos, pues a menudo implica factores emocionales, afectivos y culturales que nos hacen perder de vista la necesidad de que las niñas y niños no sean de ninguna manera instrumentos de los conflictos entre sus progenitores o sus tutores.

Debemos pensar, en primer lugar, en el sano desarrollo de la personalidad de niñas y niños que no puede ser afectado por la influencia que, con razón o no, con fundamento o sin él, ejerce alguno o alguna de sus familiares, lo que es particularmente crítico en el contexto de un proceso de separación o divorcio.

Éste es el significado práctico del interés superior de niñez en este tema. Destaca que con esta reforma los jueces tienen la tarea de escuchar a las y los progenitores y a sus hijos e hijas para dictar las medidas necesarias para prevenir y evitar la alienación parental, ello no sólo mediante la limitación de ciertos derechos de la patria potestad, que es la medida más extrema, sino también recurriendo a provisiones terapéuticas, cambios en los términos de la convivencia o variación de la guardia y custodia.

Es decir, la ventaja de este dictamen es que pone en manos de los jueces diversos instrumentos para prevenir que los conflictos entre progenitores afecten a niñas y niños, y la gradualidad de que adopte las medidas dependerá de diversas circunstancias que deben fundarse y motivarse.

En una sociedad como la nuestra, en que el modelo hegemónico de la familia nuclear biparental ha dejado de ser la regla y el esquema mayoritario, y que la familia extendida sigue teniendo una gran participación en los procesos de educación y cuidado de niñas y niños, es necesario que las disposiciones legales permitan garantizar el interés superior de la niñez, independientemente de los procesos que enfrentan sus familias.

Consideramos que una mejor protección a niñas y niños es una vía adecuada para que el Estado dé un mayor reconocimiento a los diversos tipos de familias. Uno de los argumentos, de quienes se oponen a la protección jurídica a las familias diversas, habla de la afectación emocional que pueden generar, por ejemplo, padres con orientación homosexual sobre un niño.

Nos queda claro que las decisiones privadas, íntimas de los adultos, respetuosos con el desarrollo de niñas y niños no tienen por qué cancelar su derecho a contar con una familia. En cambio problemas como alienación parental rebasan el ámbito privado, pues la autoridad de la que gozan los progenitores hace muy difícil para los menores ser conscientes de la manipulación de sus sentimientos y comportamiento.

Por último, quisiéramos destacar que este dictamen fue objeto de una amplia discusión de varios meses en la Comisión de Justicia, y votada de manera responsable mayoritariamente. Por ello, invitamos a diputadas y diputados a votar a favor del presente dictamen y a continuar en el avance de los derechos de las niñas y de los niños. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Margarita Tapia. Tiene el uso de la palabra la diputada Karina Labastida Sotelo para fijar el posicionamiento de Acción Nacional.

La diputada Karina Labastida Sotelo:Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, diputada.

La diputada Karina Labastida Sotelo: Compañeras y compañeros legisladores, cuando nuestros hijos nacen generalmente llegan al mundo llenos de amor, alegría y sobre todo unión. Los padres transmitimos a nuestros hijos costumbres, hábitos, sentido de identidad y de pertenencia.

Es por eso que no debemos dejar de reconocer que la maternidad y la paternidad son necesarios, pero sobre todo son coexistentes. Uno no es más importante que el otro.

Del padre y la madre depende forjar en los hijos su personalidad, pero sobre todo, su equilibrio emocional. Y es importante el rol de ambos en la crianza y educación de nuestros hijos.

Cuando las parejas inician su vida en común lo último que pasa por su mente es dar por terminada su relación a futuro. Sin embargo, cuando esto llega a ocurrir no solo afecta a la pareja en sí misma, sino que trasciende a la estabilidad emocional y psicológica de los hijos, sobre todo cuando los padres no consiguen realizar acuerdos entre sí.

Y lo más lamentable es que las relaciones paterno-materno filiales se empiezan a complicar a tal grado que compartir los cuidados de los hijos y disfrutar de ellos se convierte en una lucha para obtener la custodia de los menores hijos y en donde lo que discuten ya ni siquiera es la forma de repartir los bienes sino la pertenencia, por así llamarlo, de los hijos, es decir, la custodia se transforma en un sinónimo de propiedad.

Es por ello que el día de hoy con el dictamen que se somete a su consideración, doy continuidad a uno de los trabajos en los que he centrado mi quehacer legislativo que es la familia y la prevalencia del interés superior del menor, mediante la implementación de mecanismos jurídicos que atiendan aquellas formas de ruptura familiar, violencia o subversión de los padres en contra de sus menores hijos como lo es la alienación parental, lo cual se da como resultado de una crisis de pareja a través de la conducta, ya sea del padre o la madre que tienen bajo su cuidado al menor con la finalidad de que a través de alianzas o tácticas éste odie tema o rechace injustificadamente al progenitor no custodio.

Lamentablemente esta ruptura emocional y psicológica de los lazos parentales se convierte dentro de las disputas legales en armas lacerantes, pareciera por un instante que el fin de las batallas legales es demostrar la prevalencia de un progenitor sobre otro.

Lo ideal sería que los padres nunca iniciaran una batalla legal, ni en ningún terreno por la posesión de los hijos como si fuesen objetos de los que hay que despojar a la contraparte. Sin embargo en nuestro país de acuerdo a datos del Inegi cada año se delibera un promedio de 90 mil juicios legales por la custodia de menores.

Es por ello que el dictamen que hoy se discute tiene por objeto continuar actualizando los ordenamientos jurídicos que procuren y garanticen mayor protección a las niñas, niños y adolescentes que sufren la separación de sus padres y que son víctimas de alienación parental y que dicha situación no genere problemas de otra índole que conlleve a mayores consecuencias de las que ya de por sí implica una ruptura del núcleo familiar.

Dado que la familia constituye el principal elemento de la base social cuya importancia está reconocida en la Constitución donde el artículo 4o. establece que todas las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Si bien las nuevas disposiciones no autorizan al gobierno para inferir en la vida íntima de los integrantes de las familias sino solo para asistirla, fortalecerla y conservarla, privilegiando siempre el bienestar de los menores de edad, por tratarse de un grupo que necesita cuidado y protección especial. Es por ello que los Poderes del Estado, tanto el Ejecutivo en sus políticas, como el Poder Legislativo y Judicial, estamos obligados a la atención de esta problemática y a tutelar los derechos de la familia y del bienestar de sus integrantes.

Compañeras y compañeros legisladores. Éste no es un asunto de género. No es así de simple, pues lo mismo aliena un hijo, un padre que una madre. Tampoco se trata de pleitos estrictamente del orden familiar y por lo tanto privados, toda vez que el daño emocional que se ocasiona a los niños, niñas y adolescentes alienados, tiene consecuencias sociales para todo el país.

Es que un alto porcentaje de menores que sufre violencia en el seno de su hogar reproducen esas conductas nocivas en las diferentes etapas de su vida. Por ejemplo en el ámbito escolar están ligados directamente con el bullying. En la adolescencia puedan llegar a ser presa fácil de las drogas y el crimen organizado, y ya como adultos pueden ser personas que guarden un resentimiento que afecte su desarrollo en los ámbitos laboral, social y familiar.

Hoy hablo a nombre de miles de niñas, niños y adolescentes que año con año son alienados en medio de la batalla legal de sus padres. Hago un llamado a mis compañeros legisladores para rescatar a esos menores. Ignorar este llamado sería tanto como aceptar que esta LXII Legislatura se convierta en cómplice de esos alienadores. Por ello el Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen por el bien de las familias mexicanas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Honorable asamblea. En oportunidad procesal, la comisión dictaminadora hizo llegar una propuesta de modificación al dictamen que estamos discutiendo en materia de alienación parental.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Propuesta de modificación al dictamen en materia de alienación parental.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En virtud de que tal propuesta aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria, pido a la Secretaría consulte a la propia asamblea si se acepta.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretaria. Se acepta se incorpore al dictamen.

Para la discusión en lo general, con la modificación aceptada, tiene el uso de la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, hasta por tres minutos para hablar en pro del dictamen. Tiene la palabra, diputada, por favor.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (desde la curul): Declino, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, estimada diputada. En obvio del proceso legislativo y fijada la postura de su grupo parlamentario.

En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por la asamblea, en un solo acto.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con la modificación aceptada.

(Votación)

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde su curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde su curul): A favor.

La diputada Diana Carina Velázquez (desde su curul): A favor.

La diputada Yatziri Mendoza Jiménez (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 378 votos a favor, 3 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de alienación parental. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

LEY DE AVIACION CIVIL Y DE LA LEY DE AEROPUERTOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos(*), devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones a la que, como todos ustedes saben, hace un buen rato le dispensamos los trámites.

Para explicar el contenido de la minuta tiene el uso de la voz don Fernando Maldonado Hernández. Esta Presidencia advierte que sólo se pueden abordar los artículos 2, 11, 15, 38, 78 Bis Uno, 78 Bis Dos, 78 Bis Cuatro y 86 de la Ley de Aviación Civil y los artículos 2, 27, 48 y 57 de la Ley de Aeropuertos, tal y como lo establece el artículo 78 constitucional. Adelante, diputado.

El diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández:Muchas gracias presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores: durante la sesión celebrada el 30 de abril del 2013, nuestro compañero diputado Juan Manuel Carvajal Hernández presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos a efecto de evitar que existan permisionarios extranjeros que presten servicios de transporte aéreo privado o comercial en territorio mexicano, ofreciendo servicios a terceros por el cual reciben una compensación en un escenario de competencia irregular y sin tratamiento.

Dicha iniciativa recibió el apoyo y fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Transportes, toda vez que consideramos los 30 integrantes de la misma necesario establecer una regulación dirigida a fortalecer nuestra soberanía en el espacio aéreo y evitar prácticas de transporte al margen de acuerdos internacionales y que vulneran la seguridad y la operación del sector.

De igual manera, se desregulan diversos aspectos de la operación aeronáutica para elevar su eficiencia a niveles internacionales, siendo éste el mayor avance en simplificación de procedimientos en las últimas cuatro décadas, adoptando tecnologías de información para evitar costos innecesarios y abatir prácticas de corrupción.

De igual forma, se eliminan barreras a la entrada en la concurrencia de nuevos aeródromos, lo que eleva la competencia e incrementa la oferta de infraestructura disponible para recibir un creciente volumen de tráfico aéreo, así como se avanza en la consolidación de la competencia al interior de los aeropuertos. Estamos convencidos que existen oportunidades de elevar la competitividad del sector por medio de la desregulación de las operaciones y la competencia entre aeropuertos, así como al interior de éstos.

Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión, nos hemos impuesto del contenido de la minuta enviada por el Senado, y vemos con agrado las modificaciones por ellas realizadas al dictamen referido, las cuales se hacen consistir en lo siguiente.

Primero, se suprime el registro ante la SCT de los centros de capacitación y talleres aeronáuticos extranjeros y sólo se les obliga a cumplir con los estándares y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional y/o la Administración Federal de Aviación.

Se cambia la redacción del artículo 15 para una mejor interpretación del precepto, ya que las sanciones consistentes en revocación de permiso, multas e inmovilización de las aeronaves, no van dirigidas a los permisionarios extranjeros, sino a los nacionales o extranjeros que utilicen aeronaves extranjeras no autorizadas para operaciones de cabotaje dentro de nuestro espacio aéreo.

Se extiende la vigencia de la licencia del personal técnico aeronáutico a tres años, permitiendo una revalidación periódica de la misma. Se determina que el aterrizaje de la aeronave será considerado como el cierre del plan de vuelo, ya que con ello se disminuirán trámites innecesarios, costos operacionales y económicos adicionales a la operación de las aeronaves.

Se eliminan trámites innecesarios a los aeródromos que se encuentran en zonas alejadas a la ciudad que, por su condición y naturaleza no necesitan de estudios de trayectorias ni estudios de espacios aéreos, ya que se encuentran alejados de otros aeropuertos.

Se precisa, además, que los servicios aeroportuarios complementarios y comerciales podrán ser proporcionados de manera conjunta por un tercero exclusivamente cuando se trate de una instalación denominada base fija de operaciones y a favor de prestadores de servicio de taxis aéreo y no comercial bajo condiciones equitativas y no discriminatorias, para lo cual deberá de celebrar los contratos respectivos con el concesionario o permisionario aeroportuario.

Para dar certeza jurídica a los prestadores de servicios complementarios se incorpora el término de base fija de operaciones, además de ampliar a 60 días el término en que la autoridad determinará si se autoriza la entrada de la empresa proveedora de servicios complementarios y base fija de operaciones.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, al presentar su iniciativa y al aprobar las modificaciones al marco regulatorio en materia de aviación, este cuerpo legislativo expresó su interés por actualizar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos para sí promover la expansión y desarrollo del transporte aéreo.

Y en virtud de que la minuta proveniente del Senado es consistente con tales propósitos las legisladoras y los legisladores de esta Comisión de Transportes otorgamos nuestro voto favorable al dictamen que nos ocupa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz don Fernando Cuéllar Reyes, del PRD, para fijar posición. ¿Está el diputado Cuéllar? No está el diputado Cuéllar. Luego entonces, don Jesús Oviedo.

El diputado J. Jesús Oviedo Herrera:Gracias, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, la aviación es una industria global que se desarrolla bajo criterios mundiales, por lo que existe una regulación internacional rígida para que las aeronaves puedan surcar los cielos.

Es así que el futuro de este sector se encuentra en construir una regulación que permita mejorar la seguridad y reducir el impacto ambiental. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia en quien recae el establecimiento de la política aeronáutica y establece los lineamientos para que los concesionarios cumplan con las disposiciones regulatorias en materia de aviación civil.

La propuesta que se encuentra a discusión se enfoca a generar certeza jurídica en el ámbito de las operaciones en el sector de la aviación. Es una realidad que se debe endurecer la regulación cuando se violan los estándares de seguridad y la protección al medio ambiente, así como realizar cabotaje en territorio nacional con aeronaves extranjeras sin conocimiento de la autoridad aeroportuaria.

Una de las prioridades de la autoridad aeroportuaria es la seguridad operacional, y en este sentido el dictamen permite que se revoquen las concesiones cuando existan violaciones bajo este causal.  Es una realidad que los permisionarios extranjeros que presten este servicio de transporte aéreo comercial no podrán realizar prácticas de cabotaje en territorio nacional, esto con la finalidad de cuidar y proteger a la aviación civil nacional.

Con el fin de establecer una regulación más eficaz en el sector, se establece un periodo de dos años la vigencia del certificado de aeronavegabilidad y si existe algún incumplimiento de los requerimientos y especificaciones, la autoridad podrá suspender o cancelar dicho certificado.

No debemos omitir que el certificado de aeronavegabilidad se sujetará a las pruebas de control técnico y a los requisitos de mantenimiento que establezcan los reglamentos en esa materia. Hoy lo que se pretende es que la capacitación y el adiestramiento que se realice en el sector se lleve bajo protocolos que promuevan la eficiencia y seguridad en la prestación del servicio a las aeronaves.

Vemos bien que se establezca en la ley un capítulo 15 Bis en materia de seguridad aérea, con el objetivo de que la Secretaría establezca un programa estatal de seguridad operacional a fin de alcanzar un óptimo rendimiento en las operaciones de las aeronaves en el sistema aeroportuario nacional.

Sin duda que Acción Nacional votará a favor de la propuesta, toda vez que lo que se busca es impulsar y consolidar a la aviación nacional que otorgue certeza jurídica a los permisionarios, que mejore la prestación de los servicios en materia de cuidar la seguridad operacional, y sobre todo que minimice las posibilidades de riesgo en la red aeroportuaria nacional. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Ricardo Mejía Berdeja, para posicionar a Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Sin demérito de este dictamen de reformas a la Ley de Aviación Civil y a los aeropuertos, me parece que sobre todo en esta época del año, en que el flujo de transportación se incrementa en el país, tanto nacional como internacional, queda de manifiesto que seguimos contando con una actitud de falta de competencia económica en la aviación y que los usuarios siguen teniendo que padecer mal servicio, tanto de aerolíneas como la saturación y la falta de capacidad aeroportuaria.

¿A cuántos mexicanos no les acontece que los vuelos son sobrevendidos, que con total prepotencia se cambian los horarios, o se recurre al consabido por exceso de tráfico aéreo se va a retrasar media hora, una hora, o hasta dos horas los vuelos?

Hay una saturación y hay una falta de competencia evidente. Hay líneas como Aeroméxico, que son prácticamente un monopolio y que tienen tomada terminales, como la del Aeropuerto de la Ciudad de México.

Frente a ello, me parece que esta reforma es muy menor frente a un problema que ya viene a obstaculizar el libre tránsito y la competencia económica y que se padece fundamentalmente en estas épocas del año de saturación, donde además nuestros paisanos de otros países tienen que sufrir las de Caín con esta infraestructura aeroportuaria tan deficiente.

Por eso nosotros creemos que debe abarcarse en su totalidad una verdadera revisión, que tengan que ver con ofrecer un mejor servicio al usuario, con establecer mecanismos de sanción directa a quienes incumplan la ley, no con toda la burocracia que implica recurrir ante Profeco las quejas por mal servicio.

Nos parece además que a veces es un asunto más de monopolios, de falta de servicio, que de hacer reformas gigantes al aeropuerto, por ejemplo, de la Ciudad de México. Hay dos pistas actualmente y el proyecto de 169 mil millones de pesos que plantea el gobierno federal tampoco tiene una justificación de aforo, simplemente es generar un negocio sexenal para que algunos cuantos medren, lucren y satisfagan sus apetitos de corrupción con esta obra.

Me parece que con reformas menores, pero sobre todo con un buen servicio, se podría contar con una aviación civil en el país de mejor calidad, con aeropuertos con mayor servicio y, sobre todo, con empresas que verdaderamente tengan en el centro a los usuarios, no que les hagan padecer siempre incomodidades, sobreventas, cancelaciones, sobrecostos, y lo que es algo recurrente, que siempre salgan impuntuales.

Por eso hoy, más que ser la voz de nuestro grupo parlamentario, somos la voz de miles de usuarios que todos los días padecen el mal servicio de aviación en el país. En mi caso, votaré a favor de esta reforma, pero es muy menor frente a la problemática tan grave que vive el país y que en esta época del año se satura aún más, como todos los sabemos. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Fernando Cuéllar, le respetamos el derecho a posicionar al grupo parlamentario.

El diputado Fernando Cuéllar Reyes:Con la venia, presidente. Efectivamente, este dictamen, esta minuta, que primero fue dictamen acá con nosotros y que ahora viene como minuta, como muchas minutas que estuvieron rezagadas en el Senado, por cierto más de 80, qué bueno que hoy puedan estar aquí abordándose algunas de las más importantes.

Sin duda, nuestra fracción parlamentaria está totalmente de acuerdo en discutir y aprobar las adecuaciones necesarias a estas Leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos, porque esto justamente impediría que estas empresas extranjeras continúen explotando el espacio aéreo nacional sin corresponder con inversiones productivas que creen fuentes de empleos para nuestros connacionales.