Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

ASISTENCIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 266 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo(a las 11:21 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 2 de octubre de 2014.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

En relación con modificación de turno de iniciativa.

De la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem

En relación con retiro de iniciativas con proyecto de decreto.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el informe final de la evaluación al Programa Presupuestario “B002 Promoción de una Cultura de Consumo Responsable e Inteligente”, en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2014 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se solucione el colapso del Puente Tamaca y se reinicien los trabajos en las carreteras Méx-140, y Méx-180M.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con la que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de agosto de 2014, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago a las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de agosto de 2013, la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2014 y la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública enero-agosto de 2014.

Iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal

Con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, y se adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 3o. y un artículo 3o. Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria.

Iniciativas

Que reforma los artículos 537 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado José Arturo Salinas Garza y suscrita por el diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Planeación, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 185 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Rocío Adriana Abreu Artiñano y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Socorro de la Luz Quintana León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 16 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Amalia Dolores García Medina, Silvano Aureoles Conejo y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma el artículo 254 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 61, 117 Bis y 120 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 14 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Agricultura Familiar, reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Pedro Porras Pérez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 178 y 192 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Luis Armando Córdova Díaz y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 155 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por los diputados Maria del Rocio Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 4o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Francisco Javier Fernández Clamont, Rosalba Gualito Castañeda, Mario Alberto Dávila Delgado, Isaías Cortés Berumen, Eva Diego Cruz, Rubén Acosta Montoya y Carla Alicia Padilla Ramos, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, respectivamente.

Que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero, y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 9o. y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 55 del Código Civil Federal y 230 del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General para el Fomento y la Transición al Transporte Alternativo, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 112 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de sus dependencias, coadyuve con las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, para llevar a cabo las investigaciones a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a publicar las bases de datos que se integraron como resultado del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; y difundir las razones por las que la información incorporada en el “Atlas Educativo”, incluye únicamente información parcial, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se hace una enérgica condena a las ofensivas y misóginas expresiones hechas por el C. Alejandro García Ruiz, por ser gravemente atentatorias de los más altos principios constitucionales de libertad, igualdad y respeto entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, para que supervise el cumplimiento de la protección de los derechos humanos de los menores que se encuentran en albergues infantiles o casas hogar, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a coordinarse con académicos para implementar un Observatorio de Políticas Ambientales, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a fin de rendir un homenaje al profesor del Instituto Politécnico Nacional, Raúl Álvarez Garín, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la falta de escrituras en propiedades en el estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a SFP, para que implemente las acciones necesarias para que, tanto la Administración Pública Federal Centralizada como la Paraestatal, respeten los derechos fundamentales de los servidores públicos al servicio del Estado, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a la SEP, a la SE y a la STPS, para que implementen mejores estrategias y políticas públicas encaminadas a brindar mayores oportunidades a las y los jóvenes, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SRE, para que se autorice la apertura de una Oficina de Enlace con la Secretaría, en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, a cargo de la diputada Erika Yolanda Funes Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que emprenda acciones para concientizar a la opinión pública de los efectos de la depresión clínica y promover la atención oportuna, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente del INEGI, para que difunda los criterios, motivos y parámetros internacionales con los cuales se tomó la determinación del cambio metodológico, que representó una variación de 1.4 % en la variación negativa del PIB de 2009, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente Municipal de Silao, estado de Guanajuato, a cooperar en las indagatorias relacionadas con la investigación, esclarecimiento y sanción de los responsables por el ataque a la reportera Karla Janeth Silva Guerrero, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Pemex, para que considere la pronta adquisición de una planta coquizadora para la refinería “Ing. Antonio M. Amor”, así como y la reubicación del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana del municipio de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Prevención, Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente en las Entidades Federativas donde se ubican las Instalaciones de Pemex.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SRE, para que atienda de manera inmediata las recomendaciones vertidas en la auditoría financiera, en torno a la falta de control y seguridad en la emisión de pasaportes, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a las secretarías de movilidad o dependencias afines de las entidades federativas, a que, en el marco de los compromisos firmados por México en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, emprendan acciones que garanticen seguridad vial, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inegi y a la SEP, para que difundan la totalidad de la información recabada en el Censo de escuelas, maestros y alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe), a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía manifiesta su interés por que la STPS, así como las unidades promotoras del empleo en las entidades federativas, promuevan la creación de fuentes de empleo hacia las personas mayores de 16 años y menores de 30, a cargo de la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CDH del estado de Colima, a presentar solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad, ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Semarnat y de la Profepa, se emita un dictamen de las causas de la muerte de la Tortuga Golfina, y se implementen estrategias para su protección, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de expedir y publicar el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Transparencia y Anticorrupción, y de Justicia de esta Soberanía, para que dictaminen la Minuta con proyecto de decreto que Expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, suscrito por los diputados Guillermo Sánchez Torres y Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Con motivo del 2 de octubre, Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del Día Internacional de la No Violencia, a cargo del diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura considerando que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes treinta de septiembre de dos mil catorce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del DiputadoTomás Torres Mercado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cincuenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con treinta y cuatro minutos del martes treinta de septiembre de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos las diputadas y los diputados: Rocío Esmeralda Reza Gallegos; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Partido Revolucionario Institucional;

A las once horas con cuarenta y tres minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos ochenta y un diputadas y diputados.

En su oportunidad y desde su curul el diputado José Isabel Trejo Reyes, del Partido Acción Nacional, solicita a la Presidencia un minuto de silencio en memoria de Braulio Zaragoza Maganda, secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Guerrero. El Presidente expresa sus condolencias, concede dicha solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

continúan con comentarios respecto a temas legislativos los diputados Domitilo Posadas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática;

En su oportunidad y desde su curul el diputado Carlos de Jesús Alejandro, y Domitilo Posadas Hernández, ambos del Partido de la Revolución Democrática, solicitan a la Presidencia un minuto de silencio en memoria de los jóvenes normalistas fallecidos en Guerrero, y por el fallecimiento del pintor Luis Nishizawa. El Presidente expresa sus condolencias, concede dichas solicitudes e invita a la Asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

Alfredo Zamora García, del Partido Acción Nacional; Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática;

En su oportunidad y desde su curul el diputado José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia un minuto de silencio en memoria del líder estudiantil de mil novecientos sesenta y ocho, Luis Raúl Álvarez Garín. El Presidente expresa sus condolencias, concede dichas solicitudes e invita a la Asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional; y Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta moción de orden. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, con la que solicita sea retirada su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, presentada el veinticinco de marzo de dos mil catorce, y turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Salud. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaria de Salud para que se amplíe la red que integra el sistema de protección social de salud. Se remite a la Comisión de Salud para su conocimiento.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Salón el ciudadano Ignacio Mestas Gallardo, diputado federal electo en el Décimo Octavo Distrito del estado de Jalisco. El Presidente designa una comisión que lo acompaña a su ingreso al salón, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de mil novecientos trece”, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura a la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, el nueve de octubre de dos mil catorce. Se concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva al diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, la cual, en votación en económica, no se toma en consideración y se desecha. Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. Sin más oradores registrados en votación nominal por doscientos treinta y nueve votos a favor, ciento veintidós en contra, y cincuenta y seis abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Relativo a la investigación de los hechos ocurridos en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, el treinta de junio de este año. Se somete a discusión e interviene en contra al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y en pro la diputada y los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática; y Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional. Sin más oradores registrados en votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Relativo a los homicidios perpetrados en el estado de Guerrero, los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce. Se somete a discusión e interviene en contra al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y en pro la diputada y los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Sebastián de la Rosa Peláez, del Partido de la Revolución Democrática; Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática; y Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Por el que se exhorta a la directora general del Instituto Politécnico Nacional y demás autoridades competentes, para que impulsen un proceso democrático y pacífico para la construcción de un Reglamento Interno y planes de estudio, en donde impere el respeto, la concordia y la negociación con los estudiantes, docentes y demás miembros del Instituto. . Se somete a discusión e intervienen en pro las diputadas y diputados: María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista de México; María del Socorro Ceseñas Chapa, y

Presidencia de la DiputadaMaría Beatriz Zavala Peniche

Víctor Reymundo Nájera Medina, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Zuleyma Huidobro González y Nelly del Carmen Vargas Pérez, ambas de Movimiento Ciudadano; Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional; Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del DiputadoTomás Torres Mercado

Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática; y Arnoldo Ochoa González, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del DiputadoSilvano Aureoles Conejo

Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido y de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa que se reciben diversas iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

a) Fernando Belaunzarán Méndez y Carlos Augusto Morales López, ambos del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

b) José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos cuarto, quinto, veinticuatro y veinticinco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

c) Adolfo Orive Bellinger, del Partido del Trabajo y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Competitividad, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

d) José Arturo López Cándido, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos cuarenta y tres, y cuarenta y seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

e) Carla Guadalupe Reyes Montiel, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal. Se turna a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, y de Justicia, para dictamen.

f) Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un artículo cuatrocientos veinte Bis Uno al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

g) Maria del Rocio Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento quince de la Ley General de Salud. Se turna a Comisión de Salud, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los siguientes diputados y diputadas:

a) Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

b) Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y del diputado José Isabel Trejo Reyes y suscrita por diputados integrantes del Partido Acción Nacional:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Que reforma el artículo quince de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

• Que reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

• Que reforma el artículo noveno de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Que reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

c) Víctor Manuel Bautista López, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, para dictamen.

d) Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo setenta y siete de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

e) José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a cambios de integrantes de Comisiones Ordinarias y Especiales. Sin oradores registrados en votación económica se aprueban. De enterado. Comuníquense.

El Presidente informa que se ha recibido de la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

El Presidente informa que se recibió de la Comisión de Defensa Nacional dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerzas Aérea Mexicanos, mismo que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El Presidente informa que se recibe iniciativa suscrita por los diputados María Beatriz Zavala Peniche, Juan Bueno Torio y Karina Labastida Sotelo, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos ochenta y cinco, noventa, y noventa y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se turna a la Comisión Transparencia y Anticorrupción.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que desplegué campañas nacionales y permanentes de información para la prevención, tratamiento y erradicación del sobrepeso, obesidad y desórdenes alimenticios, dirigidas a las mujeres. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que agilice la entrega de los recursos del Fonden a las entidades afectadas por el huracán Odile. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno, a fin de emprender una campaña de promoción de los destinos turísticos mexicanos; asimismo se exhorta a la Federación, para que se apoye a los destinos turísticos afectados por los recientes fenómenos hidrometeorológicos. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y María Fernanda Romero Lozano, de Movimiento Ciudadano, para solicitar un incremento en las medidas de seguridad y protección de los ductos de Petróleos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Elvia María Pérez Escalante, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los gobierno de las entidades federativas y a los congresos locales, a fin de armonizar su legislación civil en materia de adopción plena. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Rocío Esmeralda Reza Gallegos y Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobernador del estado de Chihuahua y a otras autoridades, sobre la excesiva contratación de deuda pública de esa entidad y el ejercicio, destino y aplicación de los fondos obtenidos de la misma. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Cámara de Senadores, para que dictamine la minuta con proyecto de Decreto, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción vigésima novena-J del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Se remite a la Cámara de Senadores.

• Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno, a efecto de que implementen campañas de información y concientización relativas a la importancia de mantener el respeto a las personas de la tercera edad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, relativo a las represiones y elecciones en el estado de Querétaro. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• María del Carmen Ordaz Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a titular de la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las acciones relativas al otorgamiento de servicios de salud a la población. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María de Lourdes Amaya Reyes, Víctor Reymundo Nájera Medina y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a investigar a fondo y conforme a derecho, la ejecución de veintidós personas en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, relativo a la reformulación del abordaje de la fibromialgia. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno federal, a fin de dar solución eficaz y ágil a las demandas de la matrícula escolar del Instituto Politécnico Nacional, asimismo, se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para salvaguardar los derechos humanos de los participantes de la conmemoración del cuarenta y seis Aniversario del dos de octubre. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Zuleyma Huidobro González y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para que se lleven a cabo las acciones necesarias para investigar, proteger y en su caso, preservar los restos arqueológicos descubiertos en los trabajos de construcción realizados dentro del predio que ocupó la Octava Delegación de Policía, en la Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, para que adopte medidas de transparencia parlamentaria. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que realice diversas acciones en torno a las modificaciones al Reglamento del Instituto Politécnico Nacional y los planes de estudios. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, relativo a las concesiones otorgadas a las mineras. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de jueves dos de octubre de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cincuenta y un minutos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación de turno de iniciativa.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica la modificación de turno de la siguiente:

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, el 17 de septiembre de 2014.

“Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a las Comisiones de Salud y Especiales de Asuntos Alimentarios y de la Alimentación, para opinión.”

México, DF, a 2 de octubre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente que sean retiradas las siguientes iniciativas:

• Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 20 de marzo de 2014 y turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada el 20 de marzo de 2014 y turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.— Diputada Elena Tapia Fonllem (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 113.2014.DGVP.471, el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite el informe final de la evaluación al programa presupuestario “B002 Promoción de una Cultura de Consumo e Integrante”. (*)

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se menciona en formato impreso y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 30 de septiembre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento al Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal de 2014 de los programas federales de la administración pública federal, PAE 2014, y en atención al oficio SSFP/UEGDG/416/058/2014 de la Secretaria de la Función Pública, mediante el cual informa de la responsabilidad de la Procuraduría Federal del Consumidor de realizar la evaluación específica de desempeño del programa presupuestario “B002 Promoción de una Cultura de Consumo Responsable e Inteligente”, me permito remitir a usted en dos tantos, formato impreso, así como en electrónico en disco compacto, el informe final de la evaluación al programa presupuestario antes descrito.

Lo anterior, a fin de que por su amable conducto se remita la información en comento a las Cámaras de Diputados y de Senadores, del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de septiembre de 2014.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-2-1338, signado por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 1.3. 524/ 2014, suscrito por el licenciado Adrián del Mazo Maza, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a solucionar el colapso del puente Tamaca y se reanuden los trabajos para terminar el paso superior Tamaca, en la intersección de las carreteras Mex-140, tramo Xalapa-Veracruz, y Mex-180; asimismo, se instalen elementos que permitan conocer con anticipación el comportamiento de la estructura y evitar accidentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 30 de septiembre de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 469/ 14, del 8 de abril de 2014, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación remite copia del punto de acuerdo, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en sesión el 8 de abril de 2014, cuyos resolutivos cito a continuación:

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a solucionar con la mayor brevedad por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el colapso del puente Tamaca y reanudar los trabajos para terminar el paso superior Tamaca, en la intersección de las carreteras Mex-140, tramo Xalapa-Veracruz, y Mex-180; asimismo, se instalen elementos que permitan conocer con anticipación el comportamiento de la estructura y evitar accidentes.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y a la Auditoría Superior de la Federación, a llevar a cabo una auditoría a la obra paso superior Tamaca, en la intersección de las carreteras Mex-140, tramo Xalapa-Veracruz, y Mex-180, y se finquen responsabilidades a quien resulte responsable por el colapso del puente Tamaca debido a la falta de supervisión técnica.

En atención de ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el ingeniero William David Knight Bonifacio, director general del Centro SCT Veracruz, mediante el oficio número SCT 6.29 5717/ 14, del 26 de agosto de 2014, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de septiembre de 2014.—Licenciado Adrián del Mazo Maza (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Rafael Díaz Leal Barrueta, director de enlace Vinculación Diputados.— Dirección General de Vinculación. México, DF

Me refiero a su tarjeta de fecha 13 de agosto de 2014, dirigida al director de Apoyo Operativo de la Coordinación General de Centros SCT, mediante el cual solicita se requiera respuesta a este Centro CST sobre el oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 469/ 14, de fecha 8 de abril de 2014, por el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación comunica el punto de acuerdo, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, referente al paso superior en las carreteras 140 y 180.

Con relación al primer punto de acuerdo que establece que se solucione con la mayor brevedad el colapso del entronque Tamaca y se reanuden los trabajos para terminarlo, me permito informar lo siguiente:

Los trabajos de reparación de los muros colapsados se iniciaron en marzo, y en mayo comenzaron los de refuerzo y la reconstrucción de los muros, los cuales se concluirán a finales de agosto. Me permito anexar fotografías de los avances de reconstrucción de éstos.

De igual forma, le informo que la fecha programada de la conclusión total de los trabajos del paso superior vehicular Tamaca es a finales de septiembre.

Sin otro particular por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, a 26 de agosto de 2014.— Ingeniero William David Knight Bonifacio (rúbrica), director general del Centro SCT Veracruz.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a agosto de 2014.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con agosto de 2013.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para agosto de 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de septiembre de 2014.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Púbico, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

INICIATIVA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto que expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, y se adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese Órgano Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copias de los oficios números 312.A.-003428 y 353.A.-0872, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el dictamen de Impacto Presupuestario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 30 de septiembre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Competitividad, y de Economía, para su dictamen.

El diputado Humberto Armando Prieto Herrera solicita la palabra. Diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Humberto Armando Prieto Herrera(desde la curul): Diputado presidente, buenos días, con el objeto de informar de los sucesos que han acontecido esta última semana en Reynosa, Tamaulipas.

En los últimos siete días que han transcurrido en tres de ellos se han suscitado balaceras por toda la ciudad, donde gente inocente ha muerto y donde se vive un estado de paranoia y de miedo en m ciudad, sin contar obviamente que Reynosa es el primer lugar en secuestros e nivel nacional y no vemos ningún tipo de resultados, no vemos interés del gobierno federal en darle paz y tranquilidad a Reynosa, a Tamaulipas.

También podemos comentarles, porque yo creo que no saben, que hay escuelas que ya están cerrando por las extorsiones del crimen organizado hacia ellas. Entonces necesitamos de manera urgente que volteen a ver a Tamaulipas.

Sabemos que están trabajando en otros estados y es bueno, sin embargo en Tamaulipas estamos olvidados, presidente, y lo que queremos nosotros es que el gobierno federal nos voltee a ver y nos dé la paz y tranquilidad que tanto nos urge, señor presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado. Su intervención ha quedado debidamente registrada en el Diario de los Debates.

También me ha pedido la palabra el diputado Raúl Gómez Ramírez. Sonido en la curul del diputado.

El diputado Raúl Gómez Ramírez(desde la curul): Gracias, señor presidente. Es para hacer del conocimiento de esta asamblea que el pasado 23 de septiembre presenté una solicitud de gestión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se asignen mil 523.3 millones de pesos, que corresponden para vigilar a los 40 mil 087 ex trabajadores migratorios con folio pendientes.

He estado gestionando, con el apoyo de mi grupo parlamentario y la Comisión de Asuntos Migratorios cada año que se asignen esos recursos para el Presupuesto 2014.

Presenté una solicitud a la misma Comisión de Presupuesto y la desechó. Y en la discusión de mi reserva se votó en contra con una diferencia de 12 votos.

He estado recibiendo en mi oficina varias solicitudes por escrito de compañeras y compañeros diputados para pedirme que se gestione el pago para ex braceros. Para eso es necesario que esta solicitud ahora sí sea aprobada y no la tiren a la basura, porque nuestros ex braceros no son basura.

Por lo tanto, presidente, les pido que apoyen y aprueben esta propuesta para que sean liquidados los 40 mil 087 ex trabajadores migratorios. Es cuanto, señor presidente, gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado Gómez. Queda debidamente registrada su solicitud y su preocupación en el Diario de los Debates. Tiene la palabra la diputada Leslie Pantoja. Sonido en la curul.

La diputada Leslie Pantoja Hernández(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Leslie Pantoja, para servirle. Quiero agradecerle la atención que tuvo a una solicitud hecha por su servidora hace algunos días respecto a la iluminación de San Lázaro. Sé que hubo otras compañeras que hicieron la misma petición y celebro que hayamos tomado esa aceptación de nueva cuenta, por segundo año consecutivo, que este recinto se ha iluminado conmemorando la lucha contra el cáncer de mama de todas las mujeres y los hombres de nuestro país y del mundo entero.

Gracias, diputado presidente y esperemos hacer un acto en conjunto todas las diputadas, acompañadas de ustedes, en unos días próximos. Gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada, con mucho gusto, gracias por sus palabras.

Tengo anotadas tres compañeras más, después de ellas vamos a continuar con el orden del día. La diputada Mirna Velázquez, diputada, por favor.

La diputada Mirna Velázquez López(desde la curul): Presidente, quiero externar un reconocimiento a nuestro secretario de Gobernación por dar la cara a los miles de jóvenes, que estaban inquietos por saber resultados del Politécnico Nacional.

Quiero pedir un aplauso, incluso, es un caso insólito que un secretario de Gobernación salga a dar la cara por tantos jóvenes, que en un nivel pacífico, una marcha pacífica hayan hecho un diálogo oportuno de todo este movimiento, y a la vez es una parte democrática, de lo que está viviendo nuestro secretario de Gobernación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputada. Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates. La diputada María del Socorro Ceseñas.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Gracias, presidente. Son tres asuntos sí muy breves. En primer término, hoy 2 de octubre, hace 46 años de la matanza de Tlatelolco, solicito de la manera más atenta y respetuosa a esta Mesa Directiva, pueda ofrecerse un minuto de silencio en honor a esas personas, hombres, jóvenes, mujeres, niñas y niños que fueron acaecidos en esos lamentables hechos del 2 de octubre, hace 46 años.

En segundo, dado lo que ha estado sucediendo en los últimos días y diversas movilizaciones que, desde mi punto de vista, son actos de provocación, como lo ocurrido el martes por la noche en una entrada de la Ciudad Universitaria, solicitar al Ejecutivo federal y a quienes, en su momento, pretendan perturbar la paz en esta Ciudad, se detengan y le midan las consecuencias de estar elaborando y haciendo actos provocativos.

El tercero y último, respaldar la posición del diputado Gómez, con respecto a una deuda que tiene el Estado mexicano con las y los ex braceros. Es muy lamentable que sigan teniendo que estar a las puertas de este recinto, en primer término, para ser escuchados. Y en segundo término, que sea la respuesta satisfactoria ya, de manera inmediata, considerarlos en el Paquete Económico de Egresos 2015 para subsanar esa gran deuda que se tiene con esos hombres, que muchos de ellos ya murieron. Es cuanto, señor presidente, y gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias a usted, señora diputada. Tomo nota de su solicitud y será atendida de inmediato.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: La diputada Joaquina Navarrete.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras(desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente voy a tocar tres puntos. Uno de ellos, me sumo a la diputada que me antecedió, donde ojalá y todos lo hagamos, un día como hoy y que le estamos dando, este pleno le está dando la importancia a lo del cáncer, ya que es una situación que está afectando a la mujer, no solamente el cáncer de mama sino en todos los aspectos de órganos diferentes del cuerpo de la mujer.

Y el segundo sería que un día como hoy, 2 de octubre que no se olvida, la matanza de los jovencitos estudiantes. Esos hechos tan lamentables y que reprobamos, repruebo como legisladora, pido encarecidamente que resguarde la integridad física de la población estudiantil del Politécnico, ya que por ejemplo en la ESCA, por las noches que ellos tienen, ahorita tienen su plantón han estado siendo intimidados, acosados por gente que no son de la población estudiantil y mucho menos de la autoridad.

Entonces, ahí yo pido que manden rondines policiacos, no sé, pero que estén al resguardo de los estudiantes, ya que ellos simple y llanamente están solicitando algo justo y que me parece, de una forma, creo que es coherente lo que están haciendo y que han demostrado ser disciplinados, en esa marcha, que nos queda claro a todas y a todos los mexicanos, que han sido muy disciplinados; por eso es que encarecidamente pido su resguardo ya que éste es un día tan doloroso de recordar, 2 de octubre, No se olvida.

Y por supuesto que estaremos, este pleno, celebrando y aplaudiendo al secretario de Gobernación, licenciado Osorio Chong, que el día de mañana que quedó de dar respuesta a su pliego petitorio, que ojalá y que así sea, y que respete, y que las propuestas y que los jóvenes y jovencitos en su pliego le dieron, tuvieron a bien darle en sus manos. Que ojalá y que el secretario sí atienda sus necesidades y que respete sus derechos y entonces creo yo que mañana después de esa respuesta, ojalá y que sí le estemos aplaudiendo.

En este momento estamos en espera de que sean favorecidos toda la población escolar y el alumnado, y también por qué no, todo el personal, también hay que hablar del personal docente que también sean favorecidos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra Enrique Cárdenas.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para hacer una aclaración del problema de inseguridad que se acaba de mencionar por uno de los diputados que me antecedieron.

En Tamaulipas se tiene en cuenta ya con una estructura, lo que no podíamos contar en años anteriores, hoy hay cuatro comisionados, hay reuniones directamente de todos los niveles de gobierno, semanalmente para ir haciendo evaluaciones y esto se le está dando la lucha frontal en Tamaulipas. No se está dejando en lo más mínimo de que esto transcurra o que se vaya creciendo; al contrario, con el apoyo federal y las fuerzas municipales y con lo del estado estamos haciendo frente para que en Tamaulipas pueda ser el Tamaulipas que nosotros queremos. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado Cárdenas. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Leobardo Alcalá.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla(desde la curul): Muchas gracias, presidente. He escuchado con atención a quienes me antecedieron en el uso de la voz y de manera respetuosa aplaudo los comentarios ya vertidos, pero también decirle que algo importante, ya lo tenemos de agenda para este día, solicitarle de manera respetuosa el que podamos continuar con el orden del día que es amplio e importante para todos nosotros. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Solamente le daremos la palabra a la diputada Roxana Luna y con ella concluimos esta parte y continuamos con el orden del día, como lo ha solicitado el diputado Alcalá. Diputada Roxana Luna.

La diputada Roxana Luna Porquillo(desde la curul): Solamente recordarles que hoy estamos celebrando el Día de la No Violencia Hacia las Mujeres. Este tema lo planteo hoy porque en las últimas semanas he dado continuidad a las declaraciones que han venido haciendo la diputada Saldaña y la diputada Ricalde en cuanto al acoso que han vivido. Ésa es la violencia que se vive también para las mujeres legisladoras y que en algún caso también lo he vivido por ser oposición, o por no compartir criterios con quienes gobiernan los estados.

Desde esta tribuna les mando un abrazo solidario, decirles que somos muchas las mujeres que nos sumamos a la protesta en contra de este acoso que es ejercido por no actuar como quieren los gobernantes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Luna.

Como lo solicitó la diputada Socorro Ceseñas, esta Mesa Directiva obsequia un minuto de silencio en memoria del 2 de octubre.

(Minuto de silencio)

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. El 1 de octubre de 2013, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa que reforma la fracción III, Apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos político electorales de los indígenas.

En misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, para análisis y elaboración de dictamen que en consecuencia proceda, así como a la comisión de Asuntos Indígenas para su opinión.

II. Contenido de la iniciativa

La Iniciativa suscrita por la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, la cual se analizó, pretende modificar el artículo 2º en su fracción III del Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer principios de igualdad y equidad con perspectiva de género en materia político electoral de mujeres y hombres indígenas de comunidades y municipios de origen étnico.

La iniciativa en comento señala que debe plasmarse en el texto constitucional las normas de derechos humanos y las garantías de igualdad y equidad con perspectiva de género, garantizando que las mujeres y hombres indígenas accedan al ejercicio de cargos públicos y de representación popular para el que hayan sido electas y/o designadas, y que las prácticas comunitarias de usos y costumbres no podrán de forma alguna limitar el derecho constitucional de este sector de nuestra sociedad.

Recordemos que a través de la historia el papel de la comunidades indígenas siempre ha sido y será trascendental en la vida y desarrollo de cualquier sociedad, ya que en todo momento han sido participes de importantes movimientos que han revolucionado no solo a nuestro país, sino a la totalidad de las naciones del mundo, además de hacer importantes aportaciones en todos los campos de la humanidad, en las ciencias, en las artes y en la política.

En este sentido se resalta que en comunidades indígenas prevalece prácticas de usos y costumbres contrarias a los principios rectores de igualdad y de derechos humanos fundamentales, así como la transgresión de tratados internacionales al coartar la igualdad respecto a los derechos de mujeres y hombres de comunidades indígenas para acceder a los órganos de gobierno y participar de forma proactiva en las decisiones que favorezcan el desarrollo de sus comunidades.

La propuesta de reforma versa de igual forma en armonizar con el artículo primero Constitucional, en el sentido de que en su párrafo quinto señala que queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales, las de salud, religión, de opinión, así como de preferencias, estado civil o cualesquiera que atente contra su dignidad humana y que derivado de prácticas contrarias a este principio y con ello evitar la anulación o menoscabo de los derechos y principios fundamentales de los ciudadanos, sin dejar de lado que la constitución federal señala que la Nación se compone de una sociedad pluricultural sustentado en sus pueblos indígenas y que conservan sus propias instituciones.

Si bien es cierto la Constitución señala que los pueblos y comunidades indígenas serán respetadas en cuanto a su libre determinación y autonomía para elegir conforme a sus normas, usos y costumbres a sus autoridades, representantes y forma de gobierno, esta deberá de darse en pleno respeto a los principios de igualdad y equidad, que garanticen que tanto hombre como mujeres indígenas compitan en igualdad de circunstancias en las contiendas electorales.

De lo anterior se deduce que la norma constitucional en diversos artículos protege tanto la no discriminación, como la igualdad con la que se deben de ejercer los derechos de todos los ciudadanos, sin importar la o las características que lo definan, protegiendo así a las minorías y con la reforma propuesta se proteger en particular a los hombres y mujeres indígenas evitando con ello coartar su derecho inalienable de votar y ser votados.

Es necesario precisar que los convenios internacionales suscritos por nuestro país de igual forma que la norma Constitucional promueven la igualdad de hombres y mujeres de pueblos indígenas los cuales deberán de gozar plenamente de sus derechos humanos y libertades fundamentales, y estos deben de aplicarse sin discriminación alguna.

Con dicha reforma se pretende fortalecer los mecanismos de protección y acceso y ejercicio pleno de los derechos político electorales a los ciudadanos que por su calidad étnica o que pertenezcan a un pueblo o comunidad indígena, en los cuales sus usos y costumbres no les permitan dicho acceso, tengan la certeza de que primeramente se protegerán sus costumbres y tradiciones, siempre y cuando estas no vulneren los principios de derechos humanos y de garantías individuales y en consecuencia no transgredan tratados internacionales, garantizando con ello tratos de igualdad, equidad en pleno respeto de los derechos político electorales de los pueblos y comunidades indígenas y así como de sus habitantes.

En este mismo sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a las prácticas discriminatorias que vulneran los derechos humanos por parte de autoridades electoral basando su actuar arguyendo la defensa de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, con dichas prácticas se les ha negado a las mujeres y hombres de estas comunidades el derecho de acceder a cargos de elección y representación de sus comunidades.

III. Cuadro comparativo

Con la finalidad de comparar el texto vigente de la Constitución, con las modificaciones propuestas en la Iniciativa que se dictamina, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

IV. Consideraciones

Las comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis de la Iniciativa en estudio, llega a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos políticos electorales de los indígenas, en razón de los siguientes argumentos:

La necesidad de ampliar la participación política de hombres y mujeres indígenas, en sus comunidades regidas bajo los sistemas de usos y costumbres y crear las condiciones para que estas comunidades estén representadas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos ha interpretado que las medidas de acción positiva son compatibles con los principios de igualdad y de no discriminación.

Las acciones positivas o acciones afirmativas como las conocemos en nuestro país, ya son parte integrante de nuestra vida conductual, debiendo entender a estas como “Las estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades, por medio de medidas que compensen o corrijan las discriminaciones resultantes de prácticas o sistemas sociales. Tienen carácter temporal, están justificadas por la existencia de la discriminación secular contra grupos de personas y resultan de la voluntad política de superarla”.

Es decir las acciones afirmativas se pueden interpretar de muchas maneras, principalmente la de regular e impulsar la participación de grupos marginados, es por ello que nuestra constitución señala que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Las incorporación de acciones afirmativas en el ordenamiento jurídico también ha sido un recurso sugerido por organismo internacionales y nacionales de defensa y promoción de los de derechos humanos de la mujeres, quienes incluso han promovido la incorporación de medidas de esa naturaleza en la legislación electoral, para compensar la desigualdad en el acceso de las mujeres al poder político.

De igual forma en nuestro máximo ordenamiento jurídico estipula que “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. Es decir que la constitución protege las tradiciones usos y costumbres, cuestión que no es discordante con la presente reforma, sin embargo, estas actividades tradicionales deben de estar acorde a los principios de igualdad y de pleno respeto a los derechos humanos y garantías individuales, además de estar acorde a la actualidad en la que vivimos, en estricto apego y cumplimiento no solo de nuestra constitución, si no de tratados internacionales y de organismos defensores de los derechos humanos, además de que en este sentido el máximo Tribunal de Justicia Electoral de nuestro país emitió Tesis Jurisprudencial en este sentido la cual señala:

Acciones afirmativas. Naturaleza, características y objetivo de su implementación.De la interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1, párrafo quinto y 4, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero, y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los casos Castañeda Gutman Vs. México; y De las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado.

Quinta época:

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados. —Actores: Felipe Bernardo Quintanar González y otros. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. —21 de octubre de 2013. —Mayoría de seis votos. —Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa. —Disidente: Flavio Galván Rivera. —Secretarios: José Alfredo García Solís y Enrique Figueroa Ávila.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de noviembre de dos mil trece, aprobó por unanimidad de cuatro votos la tesis que antecede.

Es necesario precisar que si bien las acciones afirmativas, su finalidad última es la de proporcionarle las herramientas a grupos específicos que han sufrido un grado de marginación por su condición, que se intenta contrarrestar a través de estas acciones, se han ido plasmando en las normas a un muy lento paso, por lo que debemos de implementar más acciones no solo como las ya señaladas que son criterios, si no dejarlos muy claros en la Norma Constitucional y leyes secundarias, además cabe señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recientemente emitió Tesis Jurisprudencial que señala lo siguiente:

Andrés Nicolás Martínez vs. Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca y otras

Tesis VII/2014

Sistemas normativos indígenas. Las normas que restrinjan los derechos fundamentales vulneran el bloque de constitucionalidad. De lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., apartado A, fracciones I, III, VII; 4o. y 35, fracciones I, II y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 23, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, párrafo 1, 8, párrafos 1 y 2, del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; así como de los diversos 1, 2, 3, 5, 18, 20 y 21 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; se colige que si bien existe el derecho de los pueblos indígenas para conservar costumbres e instituciones propias, también lo es que se encuentra limitado al respeto que deben observar de los derechos humanos reconocidos por el sistema jurídico nacional e internacional. En ese sentido, ninguna comunidad indígena puede establecer en su derecho interno prácticas discriminatorias, al ser contrarias al bloque de constitucionalidad, integrado por la Constitución y los tratados internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano. Consecuentemente, es inconstitucional e inconvencional el sistema normativo indígena que vulnere algún derecho fundamental.

Quinta época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1640/2012. Incidente de Inejecución de sentencia y acumulados. —Actor: Andrés Nicolás Martínez. —Autoridades responsables: Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca y otras. —13 de noviembre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Héctor Rivera Estrada y Julio Antonio Saucedo Ramírez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Es decir que toda actividad de usos y costumbres que se implemente en comunidades indígenas, deberá de apegarse a los principios fundamentales de nuestra constitución, ya que si estos usos se contraponen estaría violentando la norma al igual que diversos tratados y convenios internacionales suscrito por nuestra nación, por lo que resulta necesario la incorporación de principios en defensa de los derechos fundamentales de todos los mexicanos sin importar su condición.

En ese sentido cabe precisar que la iniciativa se enmarca en el ánimo de atender una serie de recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su 52° período de sesiones en respuesta a los informes 7° y 8° presentados por México respecto al cumplimiento de la CEDAW. En lo que concierne a la participación de las mujeres en la vida política y pública, el Comité recomienda al Estado mexicano que:

b) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida política de sus comunidades, inclusive realizando campañas de concienciación orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida política en los planos estatal y municipal;

c) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar 2% de los fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de las mujeres, en particular de las mujeres indígenas en el plano municipal.

La iniciativa se inscribe también dentro uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país para garantizar los derechos políticos de las mujeres, que conlleva a impulsar medidas que favorezcan una mayor presencia de mujeres en posiciones de poder y toma de decisiones en todos los ámbitos de cada una de las entidades federativas, con especial énfasis en la participación de las mujeres indígenas.

Adicionalmente la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados emitió opinión en los siguientes términos:

Primero. “Entre los más pobres de los pobres, entre los más marginados de los marginados están las mujeres y los hombres indígenas. En muchas ocasiones, son discriminadas por ser indígenas y por ser pobres. Con frecuencia los sistemas sociales de sus propias comunidades también los excluyen. México no puede hablar de ser un país en vías de desarrollo y democrático cuando ha existido, por más de 500 años, injusticia para nuestros pueblos y para nosotros, las comunidades indígenas”.

En esta tesitura, esta Comisión Asuntos Indígenas después de hacer un análisis exhaustivo de la iniciativa de cuenta, llega a la convicción de emitir la presente Opinión en sentido positivo, lo anterior para garantizar plenamente el derecho que tienen las mujeres y hombres indígenas de votar y ser votados en condiciones de igualdad y ocupar los cargos públicos para los que hayan sido electos o designados, así también, garantizar el derecho de cualquier ciudadano o ciudadana a participar en la elección de sus autoridades municipales bajo el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos, evitando con ello que sigan existiendo prácticas comunitarias que violenten los derechos político electorales y los derechos humanos de las y los ciudadanos pertenecientes a estos pueblos y comunidades indígenas del país.

Segundo.Esta Comisión considera que la iniciativa de cuenta es viable en todos sus términos, ya que como lo argumenta la proponente ésta encuentra sustento en disposiciones contenidas en la Constitución Federal, en los tratados internacionales y en diversas leyes federales. Así también, se robustece jurídicamente con la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que se deben anular aquellas elecciones en donde se violen los derechos humanos de las y los ciudadanos a sufragar, ya que estas elecciones no tendrían el carácter de democrático y en consecuencia serian contarios a las disposiciones contenidas en nuestra Carta Magna. De igual manera, encuentra sustento en el principio de derecho que reza “Contra la observancia de la Ley, no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario”.

En consecuencia, esta Comisión de Asuntos Indígenas, fundamenta su opinión tomando como base dos consideraciones: la ley es igual para todos y las ideas están sujetas al cambio. Cualquier costumbre, por antigua que sea, debe interpretarse de acuerdo al contenido de la Constitución Federal, los convenios y tratados internacionales, los derechos humanos y los valores de la democracia.

En este sentido, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas coincidimos en afirmar que el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas encuentra como límite último el respeto a los derechos humanos de todos aquellos que conforman la misma. De ahí que cualquier tipo de acto de un grupo mayoritario dentro de una comunidad que vulnere los derechos de una minoría, no se justifique bajo el argumento de la autonomía, los sistemas normativos y los usos y costumbres propios de la comunidad. En consecuencia, la autonomía y el ejercicio de sus prácticas consuetudinarias por ningún motivo pueden validar o justificar la vulneración de los derechos humanos de ninguno de sus miembros y en especial de las comunidades indígenas.

Tercero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 1°, párrafo quinto, que estáprohibida la discriminación motivada por origen étnicoo nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De igual manera, el artículo 2o., de la Constitución Federal, menciona que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Agrega que son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Asimismo, el artículo 4o., párrafo primero, de nuestra Carta Magna, dispone que el varón y la mujer son iguales ante la Ley.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dispone en su artículo 1°, que esta Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.

Así también, dispone en su artículo 2o., que son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 3o., menciona que son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela.

En esta tesitura, el artículo noveno, fracciones VIII y IX de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, señala que se considerarán como conductas discriminatorias impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticaso de cualquier otra índole, y negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas públicas y programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manifestó en el Informe Especial sobre el Caso de Discriminación a la Profesora Eufrosina Cruz Mendoza, que las prácticas discriminatorias constituyen elementos violatorios de los derechos humanos en algunas acciones u omisiones de autoridades y servidores públicos que sustentan su actuación en una defensa de los usos y costumbres de los pueblos indígenas y niegan el acceso a las mujeres al poder público. De igual manera, señala que en algunos municipios regidos por el sistema de usos y costumbres, estos han sido utilizados por grupos para perpetuarse en los ayuntamientos, impidiendo que todos los miembros de la comunidad participen en la toma de decisiones públicas y la administración de recursos comunitarios; obstaculizando también que se compita por el poder público en igualdad de circunstancias.

Así también, señala y condena que tales actos de discriminación y abuso sean regulados por la autoridad.

En virtud de lo anterior, esta Comisión considera que impedir el acceso o el ejercicio de los derechos de participación política, como lo es el derecho de votar y ser votado, constituye una forma de discriminación que atenta contra la Constitución, la Ley de la materia y los tratados internacionales.

En referencia a los tratados internacionales, el artículo 1o., de la Constitución Federal, establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Así también, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Derivado de lo anterior, toma mayor relevancia las disposiciones en materia de derechos humanos contenidos en los convenios y tratados internacionales, por lo cual constituye un deber como legisladores federales armonizar nuestra Carta Magna con los mandatos contenidos en dichas normas internacionales, lo anterior con la finalidad de brindar a las y los mexicanos una mayor certidumbre y certeza jurídica, en este caso, principalmente a las comunidades indígenas y a cualquier ciudadano de estas, su derecho humano de votar y ser votados y a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas. Además, que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos y electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

En virtud de lo anterior, y con el objeto de robustecer el fundamento de la presente opinión, se citan algunas disposiciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres:

El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, dispone en su artículo 3o., párrafo primero, que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, y que las disposiciones del convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

Asimismo, el artículo 8o., párrafos primero y segundo del citado Convenio, establece que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario, y que dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Como puede observarse, en el Convenio internacional adoptado por nuestro país se protege la no discriminación de los pueblos indígenas y el derecho que los mismos tienen para conservar sus costumbres y tradiciones propias, siempre y cuando las mismas sean compatibles con los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dispone en su artículo 1o., que los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanosy las normas internacionales de derechos humanos. Así también, el artículo 9°, de la citada Declaración, señala que en los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo.

De igual manera, el artículo 22 numerales 1 y 2 de la Declaración, dispone que en la aplicación de la presente Declaración se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas. Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles), establece en su artículo 2o. inciso a), que los Estados partes se comprometen a consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; así también en su inciso f) dispone que los estados partes deberán adoptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

De igual manera, en el artículo 5o., inciso a) de la citada Convención, dispone que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinariasy de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Así también, dispone en su artículo 7o., que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

De igual manera, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, mandata las siguientes disposiciones:

Artículo 1. Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna;

Artículo 2. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna; y

Artículo 3. Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres.

La Plataforma de Acción de Beijing, establece que la potenciación del papel de la mujer y la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.

Así también, en el punto 13, de la citada Plataforma, dispone que los Estados Partes deberán intensificar los esfuerzos para garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a todas las mujeres y las niñas que enfrentan múltiples barreras para lograr su potenciación y su adelanto por factores como la raza, la edad, el idioma, el origen étnico, la cultura, la religión o la discapacidad, o por pertenecer a la población indígena.

El Programa Interamericano sobre Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, dispone que “la igualdad de género significa que la mujer y el hombre disfrutan de la misma situación y que tienen iguales condiciones para la plena realización de sus derechos humanos y su potencial de contribuir al desarrollo, político, económico, social y cultural y de beneficiarse de los resultados. La igualdad de género es, por lo tanto, la valoración imparcial por parte de la sociedad de las similitudes y diferencias entre el hombre y la mujer y de los diferentes papeles que cada uno juega.”

Los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas coincidimos en el sentido de aprobar la presente opinión en sentido positivo, con el objeto de armonizar nuestra Constitución Federal con las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos de las comunidades indígenas, específicamente el derecho de las mujeres y los hombres indígenas y de los ciudadanos y ciudadanas de participar en la elección de sus autoridades municipales regidas bajo el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos. Por ello, esta Comisión considera que es viable, oportuno y procedente que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, presenten dictamen en sentido positivo para reformar la fracción III del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Federal, y así brindar una mayor certeza y certidumbre jurídica en especial, a las comunidades indígenas que aún siguen sufriendo discriminación al momento de participar en la adopción de decisiones en sus comunidades. En consecuencia, la aprobación de la iniciativa tendrá un impacto positivo ya que obligará a que las entidades federativas garanticen en sus constituciones locales el derecho de las mujeres y los hombres indígenas de votar y ser votados en condiciones de igualdad con los varones; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas. De igual manera, con esta reforma se establecerá la obligación de que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos y electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales, por lo tanto, si en alguna elección por usos y costumbres o sistemas normativos internos, no se respetare el derecho votar y ser votados, está no será válida.

Estas comisiones dictaminadoras no pasan inadvertida la propuesta realizada por la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, mediante escrito recibido el día 22 de abril 2014 por la Comisión de Puntos Constitucionales, en la cual modifica el proyecto de Decreto de su iniciativa, con la finalidad de garantizar la protección no sólo de las mujeres sino también de los hombres indígenas, fortaleciendo el acceso a los derechos de votar y ser votados en un sentido de igualdad y de equidad de género.

En este sentido, las Comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, al analizar la propuesta contenida en dicho documento, comparten la modificación señalada por la iniciante y estiman procedente incorporarla con la finalidad de hacer extensiva esta garantía.

De lo anterior se desprende que existen los elementos suficientes y necesarios para estar en posibilidades de aprobar el dictamen, en los términos presentados por la diputada Eufrosina Cruz Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En esta tesitura, las Comisiones dictaminadoras consideran pertinente las reformas y adiciones contenidas en la iniciativa que nos ocupa, por lo que los alcances de la propuesta del artículo, se indica a continuación:

Artículo 2o.

Se propone la incorporación expresa del texto: “garantizar que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que haya sido electas o designadas, y de igual manera que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados que integran las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Igualdad de Género que suscriben, someten a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de decreto que reforma la fracción III, del Apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reformala fracción III, del Apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

A.(...)

I. a II. (...)

III.Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados . En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

IV.a VIII.(...)

B.(...)

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán sus respectivas Constituciones, así como la legislación correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente decreto en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 Véanse asimismo la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993), el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1994), la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (1995), el Consenso de Lima (2000) y la Declaración del Milenio (2000).

2 Suplecy, Marta, “Novos paradigmas nas esferas de poder”, en Estudos feministas, vol. 4, núm. 1, 1996 p.131.

2 Suplecy, Marta, “Novos paradigmas nas esferas de poder”, en Estudos feministas, vol. 4, núm. 1, 1996 p.131.

3 Artículo 1° párrafo quinto, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5 Tesis Jurisprudencial emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación visible en la siguiente dirección http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=XXX/2013

6 Tesis Jurisprudencial emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación visible en la siguiente dirección http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=VII/2014

7 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”. (CEDAW/C/MEX/CO/7-8). 7 de agosto de 2012.

8 http://www.cdi.gob.mx/indica_genero/indicadores_perspectiva_genero_2006.pdf

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Julio César Moreno Rivera (rúbrica), presidente; Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Héctor García (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, Ricardo Mejía Berdeja, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Angulo Parra (rúbrica), secretarios; José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Míriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Fernando Zárate Salgado (rúbrica).

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas, secretarias; Maricruz Cruz Morales, Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Eugenia de León Pérez (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Para hablar de este tema tiene la palabra el diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, para fundamentar el dictamen.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Antes de dar inicio quiero mandar un fraternal saludo a los alumnos de la licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Centro Universitario Valle de Chalco, bienvenidos a esta soberanía.

Compañeras y compañeros diputados, a nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Constitución Política en materia de derecho político electorales de mujeres y hombres indígenas.

Uno de los principales derechos lo es el de la igualdad, entendiendo éste como el que toda persona tiene ante la ley sin distinción, por lo que no deben de ser discriminados de forma alguna, teniendo por igual la protección de la ley como lo señala el Pacto de San José, al cual nuestro país está adherido.

El objetivo de esta reforma es el de eliminar toda forma de discriminación, especialmente la de género, étnica y racial, y la de diversas formas de intolerancia, así como garantizar la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el respeto a la diversidad étnica y cultural, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

Desde hace dos décadas los pueblos indígenas empezaron a constituirse como nuevos sujetos sociales de reivindicación, intereses; defienden y crean derechos, elaboran discursos y se organización en función de sus identidades sociales básicas.

En ese sentido en un país democrático como México, que se sustenta en el principio de participación efectiva de la ciudadanía, es necesario generar las normas y adecuarlas para que se promuevan y regulen el respeto a los derechos fundamentales de todos los sectores de la población, entre los que se encuentran los pueblos indígenas, cuyos miembros poseen la calidad de ciudadanos en plenitud de derechos, respetando en todo momento su identidad, usos y costumbres, siempre que éstos no sean contrarios a otros principios fundamentales y en contravención a los derechos humanos.

Es por ello que en repetidas ocasiones esta soberanía se ha dedicado a revisar y actualizar nuestro ordenamiento jurídico, reformando incluso el texto constitucional para reconocer y tutelar los derechos de esos grupos y poblaciones, además de crear y adaptar instituciones que respeten y protejan sus derechos fundamentales dentro del contexto nacional.

De este modo, entre los distintos derechos que se han reconocido a los pueblos indígenas se encuentran los denominados político-electorales, que les permiten elegir a sus representantes a través de sus propias reglas y costumbres.

Cabe destacar el trabajo legislativo de las iniciativas presentadas en este tema por las diputadas Aída Fabiola Valencia Ramírez y por supuesto la compañera diputada Eufrosina Cruz Mendoza. El reconocimiento para ellas sobre este tema.

El derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus representantes con procedimientos apegados a usos y costumbres ha propiciado, principalmente en varias comunidades indígenas, un sinnúmero de conflictos, sobre todo en lo que se refiere al género femenino, por lo que han tenido que acudir ante el tribunal electoral del Poder Judicial de la federación, el cual ha garantizado la impartición de justicia, privilegiando el respeto a los derechos humanos y de igualdad de género por violaciones de sus derechos político-electorales, en atención a sus normas tradicionales, las cuales en algunos casos son incompatibles con los principios antes señalados.

Desde antes de la reforma constitucional de junio de 2011, el tribunal electoral ha procurado proteger los derechos político-electorales de los indígenas; sin embargo, aun cuando la revisión y adecuación de los ordenamientos legales han sido constantes, tratándose de los derechos indígenas siguen existiendo temas pendientes.

Por ello, compañeros y compañeras diputados, resulta necesario votar a favor de esta propuesta de reforma constitucional que tiene como propósito garantizar que en los pueblos indígenas, tanto las mujeres como los hombres disfruten y ejerzan su derecho y ser votados en condiciones de igualdad, sin discriminación, y así acceder a cargos públicos y de elección popular.

Sin duda con esta modificación se complementarán las acciones que el Estado mexicano ha impulsado en la materia de derechos humanos y político-electorales, contribuyendo a respetar y permitir la equidad en todos los ámbitos de la vida nacional.

Compañeras y compañeros legisladores, los usos y costumbres no deben estar por encima de los derechos humanos; por el contrario, deben apegarse a los principios fundamentales de nuestra Constitución, ya que si estos usos se contraponen la estarían violentando, al igual que a los diversos tratados y convenios internacionales suscritos por nuestra nación.

En ese sentido resulta necesario aprobar este dictamen para dar un paso adelante en el fortalecimiento de los mecanismos de protección, acceso y ejercicio pleno de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas sin que ello implique la pérdida de su cultura y sus tradiciones, las cuales constituyen un importante legado para nuestro país.

Por lo anterior, los invito a votar a favor del presente dictamen que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o constitucional para quedar como sigue:

Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

Finalmente, compañeros legisladores, no debo olvidar a un solemne e ilustre personaje de origen zapoteco considerado el benemérito de las Américas, a don Benito Pablo Juárez García, quien decía “la democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible”.

Por todo ello, compañeras y compañeros diputados los invito a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado.

Esta Presidencia saluda la presencia de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México aquí presentes, invitados por el diputado Julio César Moreno, que ya los saludó. Bienvenidas, bienvenidos.

Tiene ahora la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos, para hablar sobre el tema.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con la venia de la Presidencia. Señoras y señores legisladores. Acudo a esta tribuna a nombre de mi Grupo Parlamentario Nueva Alianza para pronunciarnos a favor del dictamen que se pone a consideración de esta soberanía por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Equidad y Género.

Hace algunos años en nuestra Constitución se reconoció en el artículo 2o la condición pluricultural de nuestro país al hacer especial énfasis en el respeto a la libre determinación de los pueblos y de las comunidades indígenas. Esta reforma representó un avance sustancial en el reconocimiento de nuestra población indígena, quienes hasta ese entonces habían sido soslayados por nuestra Carta Magna; sin embargo, este avance fue y ha sido sólo un primer paso.

Se podía señalar que la no discriminación ya está establecida a nivel constitucional; sin embargo no podemos ser omisos y dejar de reconocer que de manera cotidiana existen casos de discriminación que nos mueven a la reflexión al interior de las comunidades indígenas.

Si bien la obligación del Estado es respetar el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, así como de sus usos y costumbres, existen compromisos internacionales que nos exigen que sean preservados los derechos de las mujeres, es el caso –por ejemplo– de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que nos refiere en su artículo 5o. la obligación de los Estados que forman parte para tomar medidas a fin de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miran a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas cotidianas y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

La aprobación del dictamen en comento será una muestra de congruencia con ésta y otras obligaciones que tiene nuestro país a nivel internacional en materia de igualdad de derechos de las mujeres en general, pero sobre todo de las mujeres indígenas, cuyos derechos son vulnerados de manera sistemática.

En mi grupo parlamentario, en Nueva Alianza, hemos impulsado de manera decidida por convicción y compromiso la igualdad de género, estamos convencidos de que sólo a través de la igualdad sustantiva de mujeres y hombres es como lograremos constituir una democracia plena. Desde esta tribuna reafirmamos nuestro compromiso de defender los derechos humanos de las mujeres indígenas no sólo por una obligación normativa, sino porque es un principio elemental de la justicia social.

Esta defensa no es sólo de las mujeres, es un asunto que nos involucra a todos, porque sólo de esa forma lograremos una verdadera cohesión social. Convencidos estamos en Nueva Alianza que el respeto de los derechos políticos conduce a sociedades más informadas y exigentes.

Consideramos que, en los términos en los que está redactado el dictamen, cumple con dichas expectativas y refuerza el texto constitucional, a fin de incorporar una visión de respeto a los derechos políticos tanto de hombres como de mujeres en los sistemas de usos y costumbres.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las normas que aprobamos en este recinto en materia de género tienen el propósito de lograr una igualdad sustantiva en ambos sexos. La igualdad ante la ley es un pilar fundamental en la consecución de ese anhelo.

Sin embargo, debemos reconocer que los alcances en la aplicación de la norma están determinados por los cambios culturales y la actitud de la sociedad. Un precepto normativo jamás será suficiente para transformar la realidad si la mentalidad de las personas no cambia. Ése, el cambio de mentalidad, es el gran reto que tenemos en materia de discriminación e igualdad de género, romper con todas y cada una de las barreras culturales para un reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres.

Por tal motivo, además de pronunciarnos en favor del presente dictamen, reconocemos la importancia que tiene la educación en este tema, educación como un tema transversal, para nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, para desde ahí erradicar las barreras culturales, las cuales impiden tener una sociedad igualitaria plena y de reconocimiento a los derechos humanos de las mujeres. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para apoyar el dictamen que nos presentan las Comisiones de Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas, por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Coincidimos con la diputada iniciante, Eufrosina Cruz Mendoza, en la necesidad de reformar el artículo 2, en la fracción III del apartado A de la Constitución para establecer expresamente que no puede haber trato discriminatorio entre mujeres y hombres indígenas al derecho a ser votados y a votar y a desempeñar los cargos públicos que correspondan. Asimismo, para que los usos y costumbres o prácticas comunitarias no puedan menoscabar estos derechos.

Debemos recordar que este artículo 2 fue modificado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, con esta reforma constitucional se introdujeron derechos a favor de las comunidades indígenas y se reconoció el carácter pluriétnico de la sociedad mexicana, así como las prácticas de las comunidades indígenas.

En aquella época nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se pronunció por el irrestricto respeto a los acuerdos de San Andrés Larráinzar y el proyecto del iniciativa de reforma constitucional presentado por la Comisión de Concordia y Pacificación.

En nuestra opinión este proyecto era mucho más amplio que el reconocimiento a las comunidades indígenas que la iniciativa presentaba por parte del gobierno federal. En la reforma de aquella época, en el artículo 2, apartado A, fracción III se facultó a las comunidades para elegir de acuerdo con sus prácticas, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones.

Si bien es cierto, la disposición constitucional ya establecía el respeto a los derechos de las mujeres para participar activamente en la vida política de sus comunidades, en los hechos las mujeres quedaron marginadas de esta participación.

Bajo el criterio de los usos y costumbres de las comunidades, en donde las mujeres no pueden dirigir a la misma, se imposibilita que fueran electas y cuando resultaban elegidas simplemente no se permitía que ejercieran su cargo. Nuestra compañera diputada Eufrosina Cruz padeció esta situación de discriminación.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos sido firmes impulsores de la participación de nuestras compañeras mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional, lo hacemos por una situación de plena congruencia ideológica y porque además las mujeres constituyen poco más del 52 por ciento de la población nacional y quienes integran en esa misma proporción el padrón electoral.

En el dictamen que se nos presenta el texto incluye el garantizar que las mujeres y hombres en las comunidades indígenas puedan votar y ser votados y que en ningún caso las prácticas comunitarias puedan limitar los derechos político-electorales de las ciudadanas y ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales.

Sin embargo, en el Partido del Trabajo estamos convencidos que no es suficiente con la modificación de la ley constitucional o de las leyes secundarias, sino que es necesario un amplio proceso de educación a nuestros compañeros indígenas para que se superen prácticas ancestrales discriminatorias. Sabemos que las mujeres indígenas sufren una triple discriminación: por ser mujeres, indígenas y, en muchos casos, pobres.

En el Partido del Trabajo reconocemos la valía de todas las mujeres y sabemos de su capacidad para conducir los destinos de sus comunidades, municipios, estados o el país.

Sin lugar a dudas la medida legislativa que hoy aprobamos servirá para lograr la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos entre mujeres y hombres, pero debe ir acompañada de medidas complementarias, con una política pública federal, estatal y municipal, en donde se destinen mayores recursos a la educación de los pueblos indígenas y proyectos productivos que incorporen a las mujeres y las haga tener un ingreso propio. En tanto que ellas sean económicamente autosuficientes podrán romper sus atavismos y reclamar los derechos que legítimamente les corresponden.

Por estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Cantú. Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Presidente, con su venia, muchas gracias. Una historia que se forja en el frío de la sierra sur de Oaxaca. Un estado, una lengua, una etnia, una amistad. Ser mujer, hija, madre, esposa y legisladora. Pero, sobre todo, un solo anhelo por lograr el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas olvidados y marginados.

Son las coincidencias que la vida nos hace compartir con mi amiga, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, quien presenta esta iniciativa y que hoy se dictamina y saludo con mucho respeto. Sé lo mucho que hizo para que hoy subiera este dictamen al pleno. No es fácil lidiar con los grandes grupos, cuando se trata de ayudar a la gente que menos tiene.

Han pasado 60 años desde que se reconocieron los derechos de las mujeres para votar y ser votadas. Sin embargo, en las comunidades de donde provenimos seguimos siendo marginadas para ser presidentas municipales, regidoras, o simplemente secretarias municipales. Luego entonces, motivos me sobran para comparecer ante ustedes y mostrar mi alegría por esta decisión.

Este pleno, estoy convencida que hoy aprobará este dictamen, pues es sabido que en todos los tiempos los instrumentos de defensa, de participación, de decisión y de prosperidad de un país, deben estar tejidos desde la perspectiva de los diferentes sectores.

Es decir, deben ser incluyentes, como incluyente resulta el día de hoy, en la aprobación del presente dictamen, la participación de las mujeres y los hombres indígenas en el sistema electoral en un marco de igualdad.

Ahora bien, no basta aprobarla para después quedar en letra muerta. A nosotras y a nosotros, los que venimos de las zonas rurales e indígenas, nos interesa que se lleva a la práctica en su máxima expresión, desde las comunidades hasta las grandes urbes, porque, como siempre lo he dicho, allá en la montaña de donde venimos, mujer y hombre necesitamos luchar hombro a hombro para sobresalir.

Ni las mujeres ni los indígenas debemos ser tratados como un problema o como una bandera para alcanzar acuerdos. Estos dos sectores, como muchos otros, somos parte del pasado, del presente y del futuro de esta nación, por lo tanto, la presente reforma representa la voluntad de querer cambiar la idiosincrasia de este país y así como hoy se da un pequeño pacito en materia de igualdad, por cierto, ahora ya derecho humano, esta asamblea se distinga por enaltecer los derechos de los grupos vulnerables, que si bien es cierto viven realidades distintas, también lo es que todas comulgan en una gran marginación.

Hoy se requiere de todo un diseño institucional que permita esa integración sin que ello implique la pérdida de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. En el mismo sentido, es importante garantizar que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos y electorales de los ciudadanos y ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

Por ello, mi Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano apoyará, con mucho gusto, este dictamen que reforma la fracción III, del Apartado A, del artículo 2o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Enhorabuena, ahora le toca a la gente que nos representa en el Instituto Nacional de Elecciones hacer valer nuestros derechos y que no vuelvan a pisotear la Constitución, que es la única que nos lo garantiza. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, diputada. Muchas gracias.

Les damos la bienvenida a los alumnos del sexto grado de la escuela primaria Melchor Ocampo, del municipio de Texcoco, estado de México, invitadas e invitados por el diputado Alberto Brasil Acosta Peña. Bienvenidas y bienvenidos. También les damos la bienvenida a este recinto a un grupo de líderes procedentes de Tlalnepantla, estado de México, regidoras, regidores, ciudadanos en general de Tlalnepantla, invitadas e invitados por la diputada María Guadalupe Mondragón González. Sean bienvenidas y bienvenidos.

Tiene ahora la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su permiso, presidente. Estimadas compañeras y compañeros, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista vengo antes esta soberanía para pedir su voto a favor del presente dictamen. La igualdad para los pueblos indígenas no puede ser un discurso sino una realidad.

Estimadas compañeras y compañeros, esta iniciativa surge de la experiencia de una compañera que tuvo que pasar por circunstancias complicadas en una comunidad que por usos y costumbres, o por lo menos eso se manejó de manera formal, no pudiera concluir que ella había podido ganar una representación en su comunidad.

Yo festejo, me alegro que esté aquí, con nosotros, formando parte de la LXII Legislatura, la compañera Eufrosina Cruz, quien ha dado una lucha muy fuerte, precisamente para representar un ícono de la lucha de los pueblos indígenas y principalmente de las mujeres indígenas para lograr tener derechos de igualdad.

Pero compañeras y compañeros, dividamos el asunto en dos temas: el primero, si verdaderamente cumplimos lo que dice la Constitución, porque la Constitución nos marca que los indígenas deberían estar representados. Existen 29 distritos que tienen más del 40 por ciento de población indígena y sin embargo, en esta soberanía no podemos terminar de contar con los dedos de la mano que haya diez representantes de compañeros o compañeros que emanen de los pueblos indígenas.

Mucho menos podemos decir que haya mujeres que tengan los mismos derechos, no ya que los hombres en general, sino de las mismas mujeres que no estamos en las comunidades indígenas.

Estas compañeras que como ya bien lo decía uno de los oradores que me antecedió, sufren una triple discriminación ante ser mujeres, ser pobres y tener que enfrentar circunstancias de violencia como las que han tenido que enfrentar aquellas que han tenido que recurrir, incluso, o las que han conocido hacerlo, al Tribunal Electoral para que defienda sus derechos y puedan ser electas en algún cargo de representación popular.

Pero bueno, este caso de las compañeras en las comunidades indígenas no es un caso coyuntural. Las mujeres en general no tenemos representación en las presidencias municipales en todo el país. Por eso esta propuesta, esta minuta que el día de hoy les pedimos que voten a favor tiene una importancia fundamental, porque teniendo en la norma la obligatoriedad de garantizar que haya derechos protegidos a partir de que se pueda resguardar en algún juicio de protección a los derechos ciudadanos ese derecho, esa garantía, compañeras y compañeros, es un gran avance.

Qué bueno que la compañera Eufrosina Cruz no solamente ha logrado estar representando a esas comunidades en esta soberanía, en esta honorable Legislatura. Qué bueno que la compañera tuvo oportunidad de ser representante de su estado en Oaxaca, en un distrito local.

Pero también, ojalá que esto que hoy vamos a votar todos a favor –y espero que así lo hagamos– pueda garantizar que más mujeres indígenas puedan representar sus municipios, porque solamente con la igualdad vamos a lograr una justicia verdadera, solamente con la igualdad vamos a lograr que haya una consolidación democrática y si no integramos a los pueblos indígenas y en especial a estas mujeres a esta revolución democrática que necesitamos hacer inmediatamente en todos los puntos del país, no vamos a poder decir que esta Legislatura ha cumplido con su verdadero papel.

Compañeras y compañeros, los conmino a votar a favor y espero que este cambio que se dé normativo pueda generar los grandes cambios en estas comunidades. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, compañera diputada. Tiene la palabra ahora, la compañera diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz:Muy buenas tardes, compañeros legisladores, compañeras legisladoras. Felicito a mi amiga Eufrosina Cruz Mendoza, compañera legisladora, oaxaqueña, por la presentación de esta iniciativa. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. México es un país constituido en las bases de los pueblos indígenas. Son ellos quienes nos han otorgado una identidad gracias a la cultura, costumbre y tradición.

Los indígenas han sido fundamentales para el desarrollo de las sociedades en el mundo, son por ello un factor de cambio sustancial a nivel mundial, han demostrado a través de la historia su capacidad para generar cambios, son partícipes activos de movimientos sociales, sus aportaciones en el arte, la ecología, la ciencia y la política son muestras de su capacidad, creatividad, esfuerzo y fortaleza. Es admirable todo aquello que nuestros hermanos y hermanas indígenas han logrado, pese a los obstáculos con los que se encuentran constantemente.

Es lamentable que por los intentos por contribuir a mejorar la calidad de vida de este sector, así como al desarrollo de las comunidades indígenas en nuestro país ha sido poco notable, no ha sido eficaz y aún más vergonzoso que sea lucrativo.

No debe existir ninguna duda acerca de aquellos hombres y mujeres que nos han dado un patrimonio, un territorio, cultura y tradiciones incontables. El mérito de la identidad de México es de nuestros hermanos y hermanas indígenas.

Octavio Paz señalaba, que es paradójico que el mexicano tenga problemas de identidad, cuando precisamente su cultura es una de las exuberantes y vigorosas del planeta. Como él mismo visualiza, el mexicano asume su historia como una carga y no como una herencia.

Esto y más le debemos a nuestros ancestros. A aquéllos que con el ideal de una soberanía nos no han otorgado. Se lo debemos a aquéllos que aún presentes en esta tierra emprenden día a día una fuerte batalla contra la extinción y la discriminación. Una batalla dispareja dado el contexto social y económico por el cual el país atraviesa. Un modelo neoliberal que no contempla a los sectores vulnerables, una crisis social de valores desgastados y poco cohesionados.

Hay quien no sólo lucha contra lo contextualizado en los modelos económicos o sociales. Lucha además por la preservación de sus razas, por el bienestar de su familia, por un desarrollo y por un crecimiento favorable para aquéllos que lo rodean. Ese ser entregado en cuerpo y alma es la mujer. Mujeres de maíz y de barro que han entregado su alma por forjar sociedades cohesionadas, justas e igualitarias.

Podemos seguir agregando cualidades a las mujeres indígenas porque hay un sinfín, y si en algo coincidimos todos y todas, es en la importancia que tiene la mujer indígena en la construcción de nuestro país.

Se ha demostrado que la participación de la mujer es aceptada dentro de un discurso o una representación simbólica; que entre la práctica discursiva y la realidad concreta, existe todavía una brecha muy grande.

La historia demuestra que el rol de liderazgo de la mujer estuvo presente a lo largo de la lucha del Movimiento Independentista y Revolucionario de nuestro país. Que las mujeres estuvieron en primera línea defendiendo nuestros derechos.

Las mujeres somos activas políticamente y no encuentro razón alguna para no serlo. El que yo esté aquí posicionando a mi partido político, el que me dirija a ustedes como una representante popular no es una coincidencia. Es una suma de esfuerzos y de lucha de mujeres mexicanas por el reconocimiento de nuestros derechos. Es también la visión de un movimiento mundial que no ha cesado porque todas las mujeres tengamos libertad y derechos plenamente reconocidos, promovidos y respetados.

Agradezco a todas esas mujeres con determinación y carácter que me han otorgado la oportunidad a mí y a todas las 189 legisladoras el que podamos ser parte activa del sistema político mexicano.

Se han dado pasos importantes para el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer. México ha elegido un camino democrático. El derecho de las mujeres a votar y ser votadas en procesos electorales son derechos humanos fundamentales que todo ciudadano mexicano y ciudadana mexicana debe de tener por el simple hecho de vivir en México.

En el Partido de la Revolución Democrática comprendemos muy bien que los ideales democráticos requieren el reconocimiento, la preservación, la promoción y el respeto de los derechos humanos de todos los mexicanos y las mexicanas.

Entendemos que las agendas públicas de los tres órdenes de gobierno tienen que enmarcar el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de manera prioritaria. La dignidad de los seres humanos radica aquí, en estos derechos que por naturaleza nos corresponden. Dejemos a un lado los discursos que en ocasiones demagógicamente sólo buscan la aprobación popular, sólo buscan la ambición electoral.

Creemos en el PRD que hoy se presenta una oportunidad real y palpable de reconocer derechos humanos de los hombres y mujeres de México. Por ello en el Partido de la Revolución Democrática nos posicionamos a favor de este proyecto de dictamen constitucional para crear y seguir creyendo en el México de la Igualdad, en el México democrático.

No podemos entender una reforma político electoral sin garantizar el acceso a las mujeres, a mujeres rurales e indígenas. Si bien es un logro la igualdad en las candidaturas, es necesaria esta reforma para que hombres y mujeres por igual sin importar la forma de gobierno, accedan a su derecho de votar y ser votados o votadas. Nada ni nadie debe estar por encima de los derechos humanos y mucho menos de la Constitución Política.

Por ello en el Partido de la Revolución Democrática apoyamos esta iniciativa para su aprobación, y para dar un paso más hacia el reconocimiento y empoderamiento de las mujeres mexicanas.

Como representantes populares debemos tener siempre presente el garantizar, promover y respetar, así como el luchar y establecer los derechos humanos del pueblo mexicano.

Las mujeres y las leyes son parte fundamental de la construcción de México; son culpables del desarrollo de un país en vísperas de igualdad. Por lo tanto han sido creadas para que se les respete; de ninguna manera par a ser violadas. Que se escuche fuerte y que quede muy claro. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Delfina. Tiene ahora la palabra la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, de la fracción parlamentaria del PAN.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza:Con el permiso de la Mesa Directiva. Hoy tengo sentimientos encontrados. Saludo con mucho respeto a cada uno de los que integran esta Legislatura; a los medios de comunicación; a cada hombre y a cada mujer de mi comunidad, de mi estado, les dedico este dictamen y esta reforma.

Hoy al conmemorarse un aniversario más de los mártires del 2 de octubre y ante el testimonio vivo en la carne y en la sangre de los jóvenes estudiantes que están ocupando las calles para expresar su derecho a una educación superior gratuita, con autonomía, libertad y calidad, quiero alzar mi voz para defender su rebeldía. La causa que me trae ante esta tribuna inició precisamente con un acto de rebeldía ante una imposición, ante una desigualdad y ante una injusticia.

Por esa experiencia que aún vive en mi mente y en mi corazón, quiero decirles a todos esos jóvenes que hoy ocupan las calles de la ciudad de México y de muchas ciudades de este país, que no hagamos de la rebeldía una causa; démosles una causa a nuestra rebeldía.

Hoy con orgullo y emoción hago uso de la palabra para expresar mi agradecimiento porque en esta tarde y ante este honorable Congreso, en cientos de municipios indígenas de México, comience a escucharse la voz de las mujeres que hasta el día de hoy es un eco silencioso incapaz de expresar su voluntad política: el derecho al voto activo y pasivo de las mujeres en las comunidades que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, que ha dormido durante siglos.

Han sido más de 500 años de vivir en silencio, sin el derecho de alzar nuestra voz para expresar el derecho a gobernar y a elegir a los gobernantes de nuestro propio destino.

Quizás por razones culturales, económicas, políticas, conjugadas en un sistema normativo al que se ha llamado usos y costumbres, durante cientos y cientos de años, más de los que alcanzan a contar nuestras abuelas y nuestros abuelos, el derecho a votar y ser votadas en muchas de nuestras comunidades y municipios ha sido quizá manipulado, conculcado y condicionado por las autoridades municipales que desconocen u oprimen nuestros derechos humanos y garantías constitucionales.

No hemos sido libres ni mucho menos iguales en nuestro trabajo comunitario, el sistema de cargos no toma en cuenta a las mujeres y por esa razón se nos excluye en los procesos electorales y se genera un proceso de opresión que inicia con el desconocimiento de la importancia y el valor del trabajo de la mujer y que culmina en una serie de abusos que atentan contra la dignidad y la libertad de las mujeres.

Muchas veces se nos niega el derecho a la educación, a ser vistas por un médico, a parir en condiciones de igualdad, a heredar la tierra, a sentarnos en una asamblea comunitaria, a decidir quiénes van a ser nuestros esposos. Más aún, en pleno siglo XXI, se nos sigue intercambiando.

Para que cambien los fines hay que cambiar los principios. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podría este día cambiar uno de sus principios, dar un salto en el tiempo para establecer las bases que cambien el rostro del mundo indígena mediante una iniciativa que modifica el artículo 2 de nuestra Carta Magna para elevar a rango constitucional el derecho al voto activo y pasivo de las mujeres, en términos de igualdad con los ciudadanos varones en los municipios que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres.

A nombre de mi grupo parlamentario, acción nacional, y como proponente de esta iniciativa cuyo dictamen será puesto a discusión y a votación de esta honorable asamblea, vengo a expresar nuestro compromiso decidido y unánime con los derechos político-electorales de las mujeres indígenas.

Nuestro respaldo a esta iniciativa que busca reconocer un derecho que fue concedido hace 70 años a las mujeres de este país y que en nuestras comunidades indígenas todavía sigue siendo una ilusión.

Como mujer originaria de una de las 68 etnias de este país y como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, quiero agradecer a los presidentes de las comisiones unidas, al diputado Julio César, de puntos constitucionales, a la diputada Martha Lucía Mícher por su sensibilidad y por supuesto a los que integran la Comisión de Asuntos Indígenas que me tocó presidir y por supuesto a cada uno de ustedes que integran esta LXII Legislatura.

A lo mejor para las que no nacieron en una montaña lo menos importante es votar y ser votadas; pero para las mujeres que nacimos en la montaña significa ser visibles para nuestra familia, para nuestra comunidad y por supuesto para nuestro país, que también es México.

Recientemente estuve en Naciones Unidas y quiero decirles que esta reforma es una reforma que Naciones Unidas ya adoptó en su documento, en el artículo 17, y que hoy este Congreso está a punto de adoptarlo como tiene que ser, reformando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, porque las mujeres indígenas también somos mexicanas, con capacidad de aportar, de decir qué es lo que queremos, de aportar para el desarrollo de nuestro país.

Finalmente quiero citar las palabras que recientemente dijo la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú: que la paz sea la educación, que la paz sea la cultura, pero por supuesto y ante todo, que la paz sea la justicia social para el mundo indígena de América.

Hoy vengo a dar las gracias por esta oportunidad para saldar con mi voz y con mi voto en favor de esta iniciativa. Para las mujeres indígenas que venimos de la montaña, es el sueño de un futuro hacia la igualdad, porque significa el que nos llamen por nuestros nombres en la asamblea de nuestras comunidades; significa que nadie más diga qué es lo que tenemos que hacer o cuántos hijos tenemos que tener.

Muchas gracias, de verdad. A nombre de mi comunidad. Xchitdoe irade, no gunde idader no gan no re, noy dode vot lo ira unaha. Muchas gracias a nombre de mi madre, a nombre de las mujeres de mi pueblo. De verdad, si supieran qué emoción tengo en estos momentos, ahora le toca a los estados, ahora le toca a las instituciones, ahora le toca al Estado mexicano de que las mujeres indígenas estamos dispuestas y estamos puestas para aportar para el desarrollo de este país que es México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada. Muchas felicidades.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Estamos en la parte de posicionamiento de los partidos, diputada Raquel Jiménez. Pero, ¿Con qué objeto? Sonido ahí, por favor.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Agradezco el uso de la voz.

No quiero dejar pasar hacer un reconocimiento a la diputada que ha antecedido en la tribuna el uso de la voz, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza. Sé que estoy alterando el Reglamento en el uso de la voz de los partidos políticos, en sus posicionamientos, pero a título personal, y sé también que estaré hablando a nombre de todas las mujeres y de todos los diputados y diputadas que conformamos esta legislatura.

Un reconocimiento amplio a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, su rebeldía con causa hoy dará fruto. A ella y a muchas mujeres –como bien lo dijo– se les negaron todos los derechos. Se le negó el derecho a hablar y a sentarse en una asamblea comunitaria en su grupo indígena. Pero ella con tesón, con lucha, siendo fiel a sus ideales, dio grandes batallas y no solamente se ganó un asiento en la asamblea comunitaria, se ha ganado con todos los derechos la curul que ocupa en esta Cámara de Diputados.

Se ganó también un lugar, como bien lo dijo, en la Asamblea de la ONU recientemente, donde nos representó a todo México, se ganó ese lugar a nivel internacional en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas dentro del marco de la LXIX Asamblea de la ONU.

Eufrosina, te has ganado todos estos lugares con lucha y con tesón, te has ganado nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro corazón. Eufrosina, te has ganado un lugar en la historia.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Queda registrada su participación en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

Están aquí con nosotros, en este recinto, de la Universidad Interdisciplinaria de Emprendedores, procedentes de San Martín Texmelucan, Puebla, invitadas e invitados por la diputada Blanca Jiménez Castillo. Bienvenidas y bienvenidos.

También nos acompañan el auditor municipal de fiscalización del municipio de Querétaro, acompañado de su equipo de trabajador. Bienvenida y bienvenidos a la Cámara de Diputados. Invitados por el diputado Del Bosque Márquez. Bienvenida, bienvenidos. Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRI expresa su voto a favor del dictamen que nos ocupa.

Resulta a todas luces pertinente y oportuna la propuesta de adicionar el artículo 2o. de nuestra ley fundamental del texto que mandata expresamente que las garantías de que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados.

De igual manera, en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

Dicha adición se inscribe en el proceso reformador que ha iniciado desde 2012 este Congreso en materia de derechos humanos, de ahí que los derechos políticos, civiles, electorales de las indígenas y de los indígenas de México resultan una condición indispensable para el fortalecimiento democrático que nos hemos planteado.

Como bien lo apuntan las dictaminadoras, existe hoy la necesidad de ampliar la participación política de hombres y mujeres indígenas en sus comunidades, regidas bajo los sistemas de usos y costumbres y crear las condiciones para que estas comunidades se encuentran cabalmente representadas.

Emprender un proceso de integración y exclusión que tenga como bases acciones afirmativas hace sino reconocer y reivindicar la acción pluricultural que enriquece a una nación, al tiempo de refrendar el compromiso que hemos contraído a través de diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México.

No tenemos la menor duda que la pertinencia y la necesidad de instrumentar mecanismos compensatorios que nos permitan establecer la igualdad de oportunidades y corregir la discriminación existente. La viabilidad de este dictamen descansa no sólo en el instrumento internacional sino en nuestra propia Constitución. Más aún, se afirma en nuestra historia y raíz y hace gala de memoria al tener presente que aún tenemos como sociedad una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas.

El respeto a la autonomía de las comunidades indígenas es un principio insustituible de nuestro nuevo constitucionalismo, que encuentra como único límite el respeto a los derechos humanos. Es de descartarse que esta propuesta pretende corregir las desigualdades no sólo por razones culturales, étnicas, raciales, de lenguaje, sino también por razón de género, pues es por todos sabido que las mujeres en este caso padecen una triple discriminación; por ser pobres, por ser indígenas y el hecho mismo de ser mujer.

De ahí que establece intensificar los esfuerzos no sólo desde este Poder Legislativo, sino en los tres Poderes del Estado y niveles de gobierno a efecto de garantizar el disfrute en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a todas las mujeres y las niñas, con el objeto de echar abajo las múltiples barreras que ponen freno a su adelanto democrático.

Así, el texto constitucional clarifica con nitidez que las mujeres y los hombres indígenas tienen derecho a disfrutar por igual de todos sus derechos y prerrogativas de ejercer a cabalidad los derechos humanos y a desarrollar todo su potencial en aras de contribuir al desarrollo político, económico, social del país y sus regiones, y desde luego a gozar de sus beneficios.

Sin duda una reforma fundamental la que hoy votamos, ya que de la continuidad del proceso emprendido y de manera integral contribuye a fortalecer el andamiaje jurídico, el cual más temprano que tarde será más que mandato una realidad cotidiana y una forma de vida auténtica y verdaderamente democrática. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada.

Le damos la bienvenida al señor Julián Vázquez Ramírez, presidente municipal de Santa Clara Hutziltepec, Puebla, y a los regidores Antonio Fernández, Pedro Rodríguez, invitados por la diputada Rocío García Olmedo. Bienvenido, presidente. Muchas gracias por su presencia. Bienvenidos.

También les damos la bienvenida a este recinto parlamentario a los estudiantes del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Bienvenidas, bienvenidos paisanos míos, invitados por mí. Muchas gracias por su presencia.

Concluida la lista de posicionamientos de los partidos, tiene ahora la palabra, para hablar en pro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Quiero felicitar a la diputada Eufrosina Cruz, por haber presentado esta iniciativa y por la lucha que libró para que finalmente fuera dictaminada en la Comisión de Puntos Constitucionales.

No es fácil que una iniciativa de un legislador o legisladora sea dictaminada, regularmente sólo prosperan aquellas que van con la bendición de los grupos parlamentarios mayoritarios. Pero esta es una causa noble y justa, y nos da mucho gusto que se haya aprobado.

También reconocer la gestión y el acompañamiento que hubo también de parte de la compañera diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, que me consta su lucha incansable por los pueblos que representa, por las comunidades, siempre haciendo gestoría, siempre dando la batalla con la frente en alto.

Por esa razón celebramos esta iniciativa que hoy es ya dictamen y que será aprobada en este pleno, esta reforma constitucional al artículo 2o., en la fracción III del apartado A.

Nos parece que se toca un tema central para la igualdad sustantiva entre mujeres y varones, sobre todo en las comunidades indígenas. El tema de la autonomía de los usos y costumbres no puede ir a contrapelo de la causa justa y legítima de la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso me parece que este tema toca fibras sensibles.

En un sistema y en un Estado democrático de derecho no puede haber lugares de exclusión. No es admisible, en una sociedad democrática, que haya diferencias en los hechos entre hombres y mujeres, mucho menos en los cargos de representación popular o en los cargos de gobierno.

Me parece entonces que el valor de esta iniciativa es que cierra una brecha que había en nuestro marco jurídico en el tema de los usos y costumbres o en el tema de las comunidades. No debe haber territorio en el Estado mexicano donde no haya igualdad entre hombres y mujeres, sea en el sistema de partidos o sea por usos y costumbres.

Por otro lado, comentar que así como se dictaminó y se va a votar esta iniciativa hay en la Comisión de Puntos Constitucionales diversas iniciativas congeladas y me consta que no es por el presidente de la comisión, al parecer ya en los Grupos Parlamentarios ya no quieren modificar más la Constitución y desde febrero de este año está congelada la minuta anticorrupción, de la Comisión Anticorrupción, que llegó del Senado de la República.

Desde el 4 de febrero está congelada esta minuta y yo le preguntaría a los grupos parlamentarios mayoritarios, ¿Qué esperan para desatorar esta iniciativa, esta minuta? Sobre todo al PRI, porque es parte del discurso del presidente Peña Nieto la Comisión Anticorrupción, pero lo que vemos es que hasta hoy es pura propaganda.

Así como hoy -concluyo- se vota esta iniciativa, lanzamos esta excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a que se dictamine la minuta de la Comisión Anticorrupción y todos los dictámenes que están atorados de diferentes legisladores y legisladoras de reformas constitucionales. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Gloria Bautista Cuevas, de la fracción parlamentaria del PRD, para hablar en pro.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros, legisladores. Diputada Eufrosina, es usted un orgullo para Oaxaca. La lucha por igualdad sustantiva de la mujer en todos los ámbitos es una hazaña que apenas inicia a escribirse y la única manera de continuarla es construyendo equidad en temas jurídicos para mujeres y hombres.

En este sentido, los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas son absolutamente respetables y algunos verdaderamente admirables, más eso no los exonera de que tales usos y costumbres deben tener límites que les impone el respeto indeclinable a los derechos humanos y garantías establecidas en nuestra Constitución y los instrumentos internacionales de los que México sea parte.

De lo contrario, las comunidades indígenas se hacen prisioneras de sí mismas, impidiendo el desarrollo de sus miembros, destacadamente de sus mujeres y niños, siendo por otra parte que muchos usos y costumbres no son originarios de estos pueblos y comunidades, sino impuestos por la invasión española.

Si leemos con detalle la historia de los pueblos originarios, podemos constatar que en mayor o menor medida la mujer tenía un gran aprecio social y llegaron a escalar destacadas posiciones sociales y políticas, basta recordar a la llamada Reina Roja del pueblo maya.

Especialmente señalan, que diosas y mujeres fueron constructoras y asiento de los pueblos mesoamericanos. Alrededor de las madres se disponía, se repartía y decidía el destino familiar.

Considerada constructora, educadora y bastión de su sociedad, la madre en el mundo prehispánico jugó un papel determinante reflejado en el gran número de representaciones de diosas mesoamericanas.

Por tanto, coincido plenamente con este dictamen, con la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que señala: si bien existe el derecho de los pueblos indígenas para conservar costumbres e instituciones propias, también se encuentran limitados al respeto que deben tener de los derechos humanos reconocidos por el sistema jurídico nacional e internacional. En ese sentido ninguna comunidad indígena puede establecer en su derecho interno prácticas discriminatorias.

Luego, el límite a los usos y costumbres responde al mandato constitucional establecido en el artículo 1, que nos da base a una sociedad humanista opuesta a toda discriminación, cual sea el pretexto, específicamente en su párrafo quinto, que a su letra dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional.

El género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La igualdad cobra esencial importancia en el mundo de la política que decide, en gran parte, la amplitud de derechos de las mujeres por ser el vértice del poder, de la toma de decisiones para el todo social.

Así se debe respetar o impulsar, incluso, mediante las acciones afirmativas necesarias, que las mujeres podamos votar y ser votadas en condiciones de igualdad. Así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayamos sido electas o designadas. Esto, especialmente, tratándose de las mujeres indígenas, las pobres de las pobres. Las oprimidas de las oprimidas.

Debe insistirse que las acciones afirmativas conforme al máximo Tribunal de Justicia Electoral de México constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tiene como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos.

Lo anterior requerirá la acción coordinada del Estado y comunidades indígenas para que en el respeto mutuo, el mandato constitucional incida sobre el actuar cotidiano de estas mujeres y hombres, hasta conformar otros usos y costumbres empapados en el respeto de los derechos humanos de las mujeres.

Esto es bien valorado, un claro homenaje a los pueblos indígenas que han acuñado a nuestro país en lo genético, lo cultural, científico y en los pilares de nuestra historia. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada.

No habiendo más oradores registrados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprovechamos para saludar a alumnos del Colegio Acozac, del Municipio de Ixtapaluca, del estado de México, que los ha invitado nuestro compañero, el diputado Reynaldo Navarro de Alba. Sean bienvenidos.

Cierre la Secretaría el sistema.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 400 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de votos el proyecto de decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Felicidades, diputados.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 3o, y un artículo 3o. Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 3o. y el artículo 3o. Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente dictamen:

I. Antecedentes legislativos

1. Con fecha 22 de enero de 2014, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. En la misma fecha fue publicada la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, y el presidente de la Mesa Directiva ordenó remitirla a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 27 de enero de 2014, la iniciativa fue recibida en la Subcomisión de Atención a Personas Adultas Mayores para la emisión del predictamen respectivo.

4. Con fecha 13 de marzo de 2014, la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

5. En la misma fecha fue publicada la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

6. En el pleno de la Cámara de Diputados, 38 legisladores expresaron su adhesión a la iniciativa, solicitando a la iniciante permitiera suscribirla y así lo hicieron los siguientes.

6.1. Se adhieren a la presente propuesta diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Revolucionario Democrático y Verde Ecologista de México.

7. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva ordenó remitir la iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.

8. Con fecha 18 de marzo de 2014, la iniciativa fue recibida en la Subcomisión de Atención a Personas Adultas Mayores para la emisión del predictamen respectivo.

II. Contenido de las iniciativas

1. En la exposición de motivos, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, exponen lo siguiente:

Que los adultos mayores hoy en día son considerados como reflejo y cúmulo de experiencias y sabiduría, al interior de la familia así como en la sociedad en general.

Afirman que si se considera al adulto mayor como una carga social, las acciones pueden estar orientadas a atender una necesidad determinada, a curar, a proteger, a aquellas personas que necesitan de la atención del estado o de instituciones privadas que complementan el accionar del estado y en cambio, si se considera al adulto mayor como un valor, entonces las tareas que se organicen en función del adulto mayor, tienen otro sentido.

Precisan que es importante considerar al adulto mayor en su dignidad de persona, la cual no merma con el pasar de los años, a pesar del deterioro de la salud física y psíquica, siendo esta una consideración positiva que solo puede encontrar terreno fecundo en una cultura capaz de superar los estereotipos sociales que basados en la juventud, la eficiencia, la vitalidad física y la plena salud.

Argumentan que las políticas públicas están diseñadas para atender necesidades específicas, pero es fundamental que al adulto mayor se le reconozcan y hagan valer sus derechos fundamentales al goce de independencia, autorrealización, participación, dignidad y cuidados.

Señalan que se estima que entre 4 y 6 por ciento de las personas adultas mayores en el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato. Que la intolerancia, la discriminación e incluso la violencia son flagelos presentes, por lo que se necesita reforzar la protección.

Consideran que el maltrato hacia las personas adultas mayores se puede definir como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza.

Y señalan que el maltrato puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas.

Por lo que se refiere a la violencia patrimonial, precisan que ésta es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima y que se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Señalan que el respeto de sus derechos requiere de una nueva cultura humanista, incluyente y no discriminatoria, donde los familiares deben asumir el deber moral y la reciprocidad hacia quienes en su oportunidad dieron todo.

Proponen adecuar y perfeccionar el marco jurídico existente para reforzar los derechos de los adultos mayores y dotarlos de instrumentos efectivos para su protección, adicionando las fracciones XII y XIII al artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a XI. ...

XII. Violencia: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, único o repetido, dirigido a dominar, someter, controlar, limitar o agredir de manera física, verbal, patrimonial, económica, sexual a las personas adultas mayores, que causa daño o angustia y que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza.

XII. Violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima a través del uso legal o inapropiado de los fondos, propiedades o privilegios que realiza un familiar o persona en posición de confianza o autoridad a una persona adulta mayor; se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

2. En la exposición de motivos, la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, expone lo siguiente:

Que las personas adultas mayores constituyen un gran sector de población que forma parte de los grupos vulnerables de toda sociedad contemporánea.

Afirma que grupos vulnerables son aquellos sectores de la población que por su edad, condición económica, características físicas, género, circunstancias culturales o políticas, se sitúan en condiciones de desventaja frente a los demás y que eso les impide o restringe el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y que también se trata de grupos de personas que son víctimas de maltrato y en general de la violencia que proviene de las relaciones interfamiliares y del ámbito externo que los rodea.

Señala que el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, precisa que es su objeto en materia de integridad y dignidad su derecho a una vida libre de violencia; pero, que en este ordenamiento, no existe disposición alguna que precise lo que debe entenderse por violencia y las modalidades con que se presenta en contra de las personas adultas mayores, siendo ese el propósito de la iniciativa, cuyo objeto es reformar el artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para establecer con precisión el concepto de violencia y sus modalidades contra este sector de población y adicionarla con el artículo 3o. Bis para conceptualizar los diversos tipos de violencia contra las personas adultas mayores.

Expresa la proponente que en los artículos 5 y 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se precisa lo que debe entenderse por violencia contra las mujeres: cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

Y que, asimismo, se encuentra determinado con precisión que la violencia presenta modalidades entendidas como las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres.

En especial, la proponente señala que el artículo 6 de esa ley enumera los tipos de violencia y lo que por cada uno de ellos debe entenderse: la violencia psicológica; la violencia física; la violencia patrimonial; la violencia económica; la violencia sexual; y, cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Por otra parte, argumenta la proponente que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores define en el artículo 3o. los siguientes conceptos: personas adultas mayores, asistencia social, entidades federativas, la ley, género, geriatría, gerontología, integración social, atención integral, calidad del servicio e instituto, pero que no precisa lo que debe entenderse por violencia, las modalidades y los tipos de violencia que sufren los adultos mayores ni los conceptos de víctima y agresor.

Y que en este orden de ideas, considera muy importante proponer la reforma al artículo 3o. y la adición del artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para conceptualizar la violencia, sus modalidades y los tipos de violencia de que son objeto las personas adultas mayores, adicionando las fracciones XII, XIII, XIV y XV al artículo 3o. y también adicionar el artículo 3o. Bis, con seis fracciones, para conceptualizar los tipos de violencia contra las personas adultas mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a XI. ...

XII. Violencia contra las personas adultas mayores: Cualquier acción u omisión que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;

XIII. Modalidades de violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres;

XIV. Víctima: La persona adulta mayor a quien se inflige cualquier tipo de violencia;

XV. Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las personas adultas mayores.

Artículo 3o. Bis. Los tipos de violencia contra las personas adultas mayores son

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;

III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;

IV. Violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder; y

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores.

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora, después de hacer un análisis exhaustivo de las iniciativas en estudio, ha llegado a la convicción de emitir el presente dictamen en sentido positivo.

En efecto, se ha considerado procedente la propuesta de adicionar una fracción XII al artículo 3o. y el artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para conceptualizar la violencia, sus modalidades y los tipos de violencia de que son objeto las personas adultas mayores, definir los conceptos de víctima y agresor, adicionando las fracciones XII, XIII, XIV y XV al artículo 3o. y también adicionar el artículo 3o. Bis, con seis fracciones, para conceptualizar los tipos de violencia contra las personas adultas mayores: la violencia psicológica; la violencia física; la violencia patrimonial; la Violencia económica; la violencia sexual; y, cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores.

Los integrantes de la comisión coincidimos con la diputada proponente en la pertinencia de que en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se encuentre establecida la conceptualización de la todos esos conceptos relacionados con la violencia, como la violencia en primer término con sus modalidades, la víctima el agresor y los tipos de violencia de que es objeto es grupo vulnerable de la población.

No obstante lo señalado, se consideró pertinente excluir por innecesaria la celotipia y la propuesta de adicionar las fracciones XIII, XIV y XV al artículo 3o., en razón de que en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores no existen numerales que hagan alusión a víctima, agresor ni a formas, manifestaciones ni ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia.

En el dictamen, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables han considerado que estas iniciativas con proyecto de decreto no tienen impacto presupuestario, pues las reformas y adiciones propuestas no derivan en la realización de nuevas funciones, ni en la creación de nuevas estructuras orgánico administrativas, ni tampoco la ampliación de la oferta de bienes o servicios públicos, por lo que no requiere de recursos adicionales para su cumplimiento.

Por lo expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que suscriben, someten a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan la fracción XII al artículo 3o. y el artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se adicionan la fracción XII al artículo 3o. y el artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a XI. ...

XII. Violencia contra las personas adultas mayores: Cualquier acción u omisión que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

Artículo 3 Bis. Los tipos de violencia contra las personas adultas mayores son

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;

III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; hecha excepción de que medie acto de autoridad fundado y motivado;

IV. Violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder; y

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2014.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra por la comisión para fundamentar el dictamen, la diputada Adriana Hernández Íñiguez, hasta por cinco minutos. Adelante, por favor.

La diputada Adriana Hernández Iñiguez:Buenos días, señoras y señores diputados. Con su venia, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.

La diputada Adriana Hernández Iñiguez: La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el presente dictamen positivo con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 3o, y un artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Los derechos de las personas adultas mayores están reconocidos en nuestra Carta Fundamental, en nuestra legislación, en los convenios y tratados internacionales en la materia como por ejemplo los básicos como el derecho a no ser discriminado en razón de la edad, el derecho a ser tratados por la autoridad con dignidad y respeto, el derecho a recibir atención y protección que requieran por parte de la familia y de la sociedad, el derecho a recibir apoyo institucional por parte de las mismas autoridades, el derecho a ser protegidos y defendidos contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental,

El derecho de mantener su vida libre de violencia, el derecho a vivir en lugares seguros, dignos y decorosos en los que puedan satisfacer sus necesidades; el derecho a expresar su opinión con libertad, el derecho de participar en la familia y en la sociedad.

Sin embargo, y pese a la existencia de todos estos derechos antes mencionados, se estima que entre el cuatro y el seis por ciento de las personas adultas mayores en el mundo ha sufrido alguna forma de abuso y maltrato y México no se encuentra distante de dicho fenómeno, toda vez que de los 10.9 millones de adultos mayores que hay en México, 1.7 millones son víctimas actualmente de violencia tanto física como psicológica en la mayoría de los casos.

Un 40 por ciento vive esta realidad dentro de sus propios hogares y dentro de su propia familia.

La intolerancia, la discriminación e inclusos la violencia, son flagelos presentes, por lo que se necesita reforzar la protección hacia dicho grupo vulnerable.

Se considera que el maltrato hacia las personas adultas mayores se define como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza.

Las personas adultas mayores constituyen un sector de la población que por su edad, condición económica, características físicas, género, circunstancias culturales o políticas, se sitúan en condiciones de desventaja frente a los demás y eso es lo que les impide o restringe el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, transformándose en un grupo de personas vulnerables víctimas de maltrato y en general de la violencia que proviene de las relaciones interfamiliares y del ámbito externo que les rodea.

El artículo 5o. de los Derechos de las Personas Adultas Mayores precisa que: “el objetivo en materia de integridad y dignidad del adulto mayor, es su derecho a una vida libre de violencia”. Pero en este ordenamiento no existe disposición alguna que precise lo que debe entenderse por violencia y las modalidades con que se presenta en contra de las personas adultas mayores.

Por lo que a través del presente dictamen se busca adicionar una fracción XII al artículo 3o. Y un artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para el efecto de establecer el concepto de violencia contra las personas adultas mayores, el cual debe concebirse como cualquier acción u omisión que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y en consecuencia se determinan las conceptos y tipos de violencia contra las personas adultas mayores como son la violencia psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual.

En tal virtud se definen dichos conceptos de la siguiente manera: violencia psicológica, como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, insulto, humillación, menosprecio, marginación, indiferencia, comparación destructiva, rechazo, restricción de la autodeterminación y amenaza, las cuales conllevan a que la persona adulta mayor afectada se deprima; al aislamiento, a la disminución de su autoestima e incluso al suicidio.

La violencia física, como cualquier acto que produce un daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas a la persona adulta mayor.

La violencia patrimonial como cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia.

La violencia económica como toda acción u omisión que afecta la supervivencia económica de la persona adulta mayor se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral.

La violencia sexual, como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la persona adulta mayor afectada y que por tanto atenta contra su libertad, su dignidad y su integridad física.

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores.

Es primordial fomentar y hacer conciencia para reconocer, respetar y hacer respetar los derechos que poseen nuestros adultos mayores, como también de respetar su dignidad como personas, ya que tratarlos de dicha forma traerá como consecuencia erradicar los actos de violencia y maltrato que sufren constantemente, creando a la vez un ambiente lleno de armonía, paz y amor.

Compañeras y compañeros legisladores: es momento de detener y erradicar lo más posible el daño tan profundo que se les ha ocasionado a nuestros adultos mayores a través de los actos de violencia y maltrato, haciendo, por el contrario, conciencia, juicio y diferencia acerca de cuáles y qué tipos de violencia existen y sobre todo tratar de no causárselos.

Démosles una señal de esperanza a nuestros adultos mayores aprobando este dictamen. Gracias. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Adriana Hernández.

Quiero aprovechar para darle la bienvenida a un grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el señor diputado Mario Dávila Delgado. Bienvenidos sean a este recinto.

Aprovecho también para darles la bienvenida a alumnos del sexto semestre del Cobaem de Coatlinchán, del municipio de Texcoco del estado de México. Sean bienvenidos, gracias por su visita.

Le concedo ahora el uso de la palabra al señor diputado José Angelino Caamal Mena para fijar la postura de su Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros: en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza rechazamos todo tipo de violencia o maltrato a los adultos mayores y ratificamos que debe ser erradicada en cualquiera de sus formas.

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia en contra de las personas mayores como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad con la falta de medidas apropiadas para evitarlo, acto que se produce en una relación basada en la confianza y que ésta puede adoptar diversas formas como el maltrato físico, síquico, emocional o sexual y el abuso de confianza en cuestiones económicas.

Asimismo, se ha manifestado que hasta hace poco este problema social se ocultaba a la vista del público y se consideraba como un asunto esencialmente privado. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud considera que cada día hay más indicios que el maltrato a las personas mayores es un problema de salud pública y de la sociedad.

El Consejo Nacional de Población estima que para el 2050, México sea el país con mayor proporción de adultos mayores en toda América Latina. Asimismo el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, proyecta que para el año 2050 habrá 40.4 millones de personas mayores de 60 años de edad.

Derivado de estas proyecciones, fue necesario crear un marco jurídico que protegiera sus derechos, y en 2002 fue decretada la Ley de las Personas Adultas Mayores que tiene la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, ése fue apenas un primer paso, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2011, entre las mujeres de más de 60 años el maltrato emocional fue la forma de violencia más común ejercida por parte de otros familiares distintos de su pareja o ex pareja.

Las manifestaciones más comunes de dichas agresiones fueron: dejarles de hablar el 58.5 por ciento; abandonarlas o dejarlas solas, el 33.2 por ciento; a través de insultos u ofensas, el 27.8 por ciento, entre otras situaciones.

Asimismo debe llamar la atención la violencia económica ejercida contra las mujeres mayores de 60 años, ya que 30.6 por ciento de los casos, sus familiares les han dejado de apoyar económicamente; 15 por ciento manifestó que les dejaron de comprar sus medicamentos o las descuidaron cuando estaban enfermas.

Estas son evidencias de que los adultos mayores son violentados de manera psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, entre otros. Por ello, el plasmarlo en la ley es fundamental para implementar medidas que logren erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las personas mayores de edad.

Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza, en congruencia votará a favor del presente dictamen que establece en la ley de los derechos de los adultos mayores, los tipo de violencia de la que son víctimas.

Sin embargo, será importante seguir trabajando en formas de prevención y con campañas de concientización para evitar todo tipo de violencia en contra de este sector tan importante de nuestra población.

Es inadmisible toda forma de violencia que atente contra los principios de la convivencia civilizada. Los adultos mayores son un pilar de nuestra sociedad contemporánea, tanto por el cúmulo de experiencia vital y social que tienen, como por el trabajo que han aportado a la sociedad y la economía del país a lo largo de su vida.

Pero también es obligación del gobierno federal diseñar una política integral para hacer realidad los derechos de los adultos mayores en materia de trabajo, pensiones, acceso a la salud, protección contra el maltrato y alimentación.

Asimismo, en esta legislatura lo tenemos que asumir como una tarea y una obligación para seguir avanzando en esta materia. Tenemos que rescatar el espíritu de solidaridad integral intergeneracional, porque de otro modo estaríamos profundizando en las formas crecientes de discriminación y abusos contra las personas en situación de desventaja, como lo son: los adultos mayores. Es cuanto. Y gracias por su atención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted por su participación, diputado Caamal Mena. Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, estimada diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Compañeras diputadas y compañeros diputados, el tema que aquí se discute hoy, como en otras legislaturas, es un asunto de gran envergadura, la protección a nuestros adultos mayores es una máxima que por razones de salud y de dedicación debemos garantizar.

Mucho se ha dicho desde esta tribuna que debemos respeto y veneración a quienes de una u otra manera forjaron nuestras generaciones presentes. Sin embargo, por difícil que parezca, las palabras y las propuestas dichas desde aquí sólo han quedado muchas de ellas en discurso y pocas veces tomadas en cuenta para ser incluidas en una ley.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos manifestado de manera reiterada que la modificación y la creación de leyes debe ser acorde a las necesidades más imperantes en la vida de los adultos mayores, nuestros seres queridos.

En principio estamos en contra de que las modificaciones a la ley sean en términos de una graciosa confesión o en términos de medidas proteccionistas, está de por medio el cumplimiento satisfacción y efectiva protección de derechos humanos de los adultos mayores, los cuales merecen el respeto a todos sus derechos fundamentales contemplados en diversos tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana de San José de Costa Rica, el Pacto de San Salvador, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, igual que el Protocolo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Y dentro de ellos está el tratamiento digno a los adultos mayores, el respeto a todos sus derechos: a la salud, el derecho a satisfacer todas las necesidades, en razón de su precisamente edad no puedan ellos satisfacer por sus propios medios adecuadamente.

A nuestro parecer este asunto va más de fondo, pues –como ya lo hemos comentado– en diversas ocasiones los adultos mayores y todas las demás personas en general contamos con derechos, cuyos intereses deben ser protegidos y tutelados, y además garantizados por el Estado.

En este sentido es necesario tomar en cuenta que las medidas, como el endurecimiento de sanciones para quienes trastoquen los derechos mencionados de los adultos mayores, no bastan si el Estado no tiene la capacidad de destinar políticas públicas que promuevan el respeto, la sana convivencia, la comprensión y estimación hacia ellos.

No tiene sentido incluso integrar a los marcos legales sanciones punitivas si seguimos observando cómo es que la conducta de personas quienes conviven diariamente con ellos cada vez es más intransigente, lacerante, impulsiva y grosera al no comprender que estamos tratando con personas y no con objetos obsoletos.

Compañeras y compañeros, hoy en día hemos sido parte de innumerables reformas que persiguen la estabilidad e imparcialidad entre todos, pero con gran insistencia en el Partido del Trabajo hemos y seguiremos buscando la integración de los valores en nuestro contexto social. Hablamos de rescate de los valores y principios a través de estrategias de integración familiar, de sana convivencia, del respeto para todos y del intercambio de experiencias.

Debemos decirlo con toda claridad, el escenario socio-económico que hoy tenemos nos ha llevado a una época en la que nada es primero que la adquisición de un bien material y económico, para después pensar en el valor de las personas de carne y hueso y entre ellas los adultos mayores.

El dictamen que se nos presenta para que las personas adultas mayores sean protegidos contra acto u omisiones que puedan afectar sus derechos, su salud física o mental goza de excelentes propósitos, pero la realidad exige la efectiva protección como ya puntualicé, de todos los derechos humanos de dichas personas establecidos en los instrumentos internacionales.

En los hechos, a los adultos mayores se les relega aún más, no obstante que está prohibido por la ley, vemos con tristeza cómo son cautivos de las instancias públicas quienes administran los recursos para los programas sociales destinados para ellos. Son víctimas de terceros tan sólo por el hecho de buscar que se les entregue una ínfima ayuda económica.

Las administraciones públicas locales y federales carecen de atención especializada para un trato digno y para resolver sus necesidades. Aun así las personas de la tercera edad tienen que soportar malos tratos y groserías.

Por si no bastara lo señalado, ahora el tipo de conductas como la violencia psicológica y patrimonial, incluyendo el despojo de sus propiedades ya son reconocidas como más frecuentes cuando han existido por décadas, y ante ello apenas se busca conseguir un remedio. Sin importar que en nuestro criterio aún falta mucho por hacer, nos parece una alternativa viable para inhibir el maltrato a los adultos mayores, el dictamen que hoy se nos presenta.

Esperamos contar en un futuro con mejores propuestas que verdaderamente enriquezcan esta ley y otorguen beneficios tangibles a los adultos mayores. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Hasta por cinco minutos.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. Nadie envejece sólo por vivir un número de años, la gente envejece al abandonar sus ideales. Los años arrugan el rostro pero perder el entusiasmo arruga el alma. Resulta muy lamentable que hoy en día existan sectores de la población que siguen viendo al adulto mayor como una carga social, y no como el cúmulo de experiencias y sabiduría al interior del núcleo familiar, tampoco de la sociedad en general.

Estos adultos mayores también se convierten en víctimas de asuntos electoreros. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ahora son discriminados de múltiples formas, empezando desde el hogar donde su propia familia los maltrata, les grita. Hoy la tendencia es verlos como improductivos, ineficientes, enfermos y decadentes.

Cifras de la encuesta nacional sobre discriminación en México 2010 muestran que en el país las personas adultas mayores integran el cuarto grupo de población vulnerable y sólo en 17 de las 32 entidades federativas hay legislaciones locales que no discriminan a este sector.

Los diputados de Movimiento Ciudadano consideramos que para abatir cualquier tipo de violencia en sus diversas modalidades hacia nuestros adultos mayores se requiere el perfeccionamiento del marco jurídico existente, acompañado de una cultura realmente humanista que nos otorgue instrumentos efectivos para su protección ante este terrible panorama que enfrentan.

Ante la difícil situación por la que atraviesan nuestros adultos mayores en nuestro país necesitamos cambiar la actitud por una que realmente reconozca y garantice el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos al menos tres de cada cinco mayores padecen agresiones de diversa índole en su hogar. Sin embargo, en su mayoría, por desconocimiento, miedo o por algún impedimento físico o mental estos atropellos no son denunciados.

Es decir, el maltrato, carencias y la discriminación que sufren algunos mexicanos al envejecer también se manifiesta de manera progresiva, en la prestación indebida del servicio público, mediante omisiones en la atención de instituciones públicas de salud, retención de pensiones, negligencia por parte del personal, deficiencias en el suministro de medicamentos y despotismo por las autoridades responsables de velar por su seguridad. Lo anterior, sin mencionar el calvario por el que atraviesan.

Los adultos mayores que no cuentan con ningún tipo de seguridad social y de manera precaria aún están más expuestos a esta situación, donde nadie atiende enfermedades crónicas degenerativas.

De acuerdo a la Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor, 1.7 millones de adultos mayores no son maltratados por sus familiares, también son a nivel institucional. Entonces, estamos ante una gran problemática, porque no nada más en las instituciones públicas reciben este maltrato.

Por esta razón, el 22 de enero del presente año, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó ante este Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 3o. de la Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores, con la fiel intención de incluir los conceptos de violencia y violencia patrimonial ante el incremento de abusos y maltratos hacia este sector de la población en condiciones de vulnerabilidad. Lo cual es materia del presente dictamen a discusión.

Por ello consideramos oportuno conceptualizar la violencia, sus modalidades y los tipos de violencia de que son objeto las personas adultas mayores, ya sea psicológica, física, patrimonial, económica, mental, sexualmente y en cualesquiera otra de las formas análogas que lesionen o sean susceptibles a dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores.

Quiero hacer un reconocimiento y ahora pasemos al confeti, porque he escuchado hoy una gran feria de elogios y por ello también haré lo propio, y quiero reconocer a grandes legisladores que debe de ser también reconocido por todo lo alto, ya que esta iniciativa fue inscrita por grandes mexicanos, grandes legisladores y grandes patriotas, como lo son los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, a quien les hago un reconocimiento.

Y viva el aplauso, viva el elogio, viva el confeti del día de hoy y hasta viva el aplauso a Osorio Chong, porque no se dan cuenta de que es nuestra obligación hacer y aprobar leyes. Somos los indicados para presentar iniciativas y votarlas aquí en el Congreso.

También quiero decirles, respecto a este aplauso que le han brindado a Osorio Chong, que es su obligación recibir a los estudiantes del Politécnico Nacional. Primero agreden a los estudiantes y ahora sale el secretario de Gobernación en un teatro suficientemente armado a recibirlos. Es cuanto y estamos a la orden.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Beatriz Córdova Bernal. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Bárbara Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Adelante, diputada amiga, paisana.

La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el envejecimiento es una condición inevitable de la naturaleza humana.

Los cambios físicos, psicológicos y emocionales en esta etapa de la vida deben ser entendidos desde una nueva perspectiva. La estructura de la población ha sufrido transformaciones en las últimas décadas.

La Organización de las Naciones Unidas señaló que entre los años 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el mundo aumentó de los 46 a los 68 años, mientras que se pronostica que para el año 2050 serán 2 mil millones de personas de 60 años o más. Esto es, más del 20 por ciento de la población mundial.

Ahora bien, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, hay 10.1 millones de personas adultas mayores; 6 millones de hogares tienen un adulto mayor como jefe de familia; 2.7 millones de hogares están compuestos por el adulto mayor, el jefe de familia y sus hijos; 2.2 millones de hogares están compuestos por el adulto mayor, sus padres y sus hijos; y un millón de hogares están habilitados por adultos mayores solos.

México tiene una estructura de población muy diferente a lo de los años 60, 80 y 90, es claro que el cambio más significativo es de la transición demográfica hacia su envejecimiento.

Para el 2050 se estima que nuestro país será el de mayor proporción de adultos mayores en toda América Latina, con 33.8 millones de personas con más de 60 años, de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población.

Estos cambios demográficos nos llevan a superar un sinnúmero de retos, las necesidades, demandas y servicios no son los mismos para los distintos segmentos de la población, y lógicamente habrá que encauzar nuestro esfuerzo para atender a los más representativos.

Debido a la vulnerabilidad en las personas adultas mayores, de acuerdo a la cultura y sistemas sociales de cada nación se han impulsado diversos modelos para su atención, asumiendo como común denominador el todos ellos que necesitan atención especial y especializada.

Atención que va desde el enfoque de envejecer manteniéndose activo, pasando por el principio de la autonomía que implica que las personas adultas mayores cuenten con los diferentes ámbitos, con la infraestructura y herramientas necesarias para mantener su independencia. Hasta el fortalecimiento de los lazos familiares, así como la necesidad de solidaridad social y el establecimiento de una nueva cultura incluyente y no discriminatoria.

A pesar de los esfuerzos legislativos y en materia de políticas públicas realizadas, así como la relevante participación de la sociedad civil organizada, es menester reconocer que existe una problemática creciente y alarmante, tanto a nivel nacional como internacional: la violencia ejercida en sus diferentes modalidades hacia las personas adultas mayores.

Violencia y maltrato que las más de las veces es propinado por sus familias y personas allegadas.

En el caso de México, de acuerdo a la Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor, de los más de 10 millones de adultos que hay en México, 1 punto 7 millones son víctimas de violencia tanto física como psicológica. Alrededor, pues, de 680 mil ancianos viven esta realidad dentro de sus propios hogares. Cifras, sin dudas, alarmantes e indignantes que merecen, por supuesto, nuestra atención y nuestro compromiso.

Por ello, en un ejercicio inicial para la implementación de mecanismos de atención a dichas problemáticas es necesario conceptualizar la violencia y las modalidades de la misma.

Por ello, en mi grupo parlamentario nos pronunciamos a favor de los dictámenes que hoy discutimos. Con ello refrendamos nuestro compromiso en favor de los adultos mayores. En favor de sus derechos y del ejercicio pleno de ellos mismos.

Nos pronunciamos para que tengan la posibilidad, como lo hacía el célebre Picasso, de cumplir sus más legítimos anhelos. El pintor decía: “cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa procuro hacerla enseguida”. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Ramos Fonseca. Corresponde ahora al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática fijar su postura con relación al dictamen y lo hará por voz de la diputada Josefina Salinas Pérez.

La diputada Josefina Salinas Pérez:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, como legisladores de izquierda es nuestra responsabilidad considerar que las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con dignidad, independencia, autorrealización y participación.

Vivir con dignidad quiere decir tener acceso a una vida íntegra, de calidad, sin discriminación de algún tipo y respeto a la integridad física.

Compañeros y compañeras diputadas, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen porque consideramos que con frecuencia las personas adultas mayores son falsamente asociadas con enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca productividad, que en conjunto conducen a estereotipos equivocados de decadencia; esto las convierte en objeto de abandono, maltrato, exclusión y más importante, en víctimas de discriminación, lo que en última instancia restringe su acceso a derechos que son y deben de ser gozados por todas las personas en un estado democrático.

Para las personas mayores la posibilidad de llevar a cabo una actividad o explotar al máximo las capacidades varía con el tiempo, las personas adultas mayores llegan a ver disminuidas sus facultades físicas y en ocasiones también mentales, lo cual los deja en una situación de desventaja con respecto a otras personas.

Asimismo, sufren doble o triple discriminación cuando además de ser adultos mayores son mujeres indígenas o llegan a padecer alguna discapacidad, lo cual las expone en mayor grado a la marginación, exclusión, rechazo y hasta la violencia.

Por lo anterior, se considera factible la propuesta de adicionar una fracción XII al artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para conceptualizar la violencia de que son objetos.

Fracción XII. Violencia contra las personas adultas mayores. Cualquier acción u omisión que les cause daño o sufrimiento físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.

Así, del análisis de las dos iniciativas, el dictamen incorpora también a la ley el artículo 3o. Bis con seis fracciones para conceptualizar los tipos de violencia contra las personas adultas mayores: física, patrimonial, económica, sexual y cualquiera otras formas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad.

Lo que se especifica en la ley, en cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, infringir daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas.

La violencia patrimonial se define también como cualquier acto de omisión que afecta la supervivencia de la víctima, se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y pueden abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Igualmente se señala como violencia, toda acción, omisión y agresión que afecta la supervivencia económica de la víctima, así como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo de la víctima y por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física como una expresión de abuso del poder.

El Grupo Parlamentario del PRD coincide en la necesidad de garantizar a este sector de la población tan importante una vida libre del maltrato y violencia y debido a que la cantidad de personas adultas mayores está aumentando en el 4.16 veces más que en el resto de la población, por lo que se calcula que para el año 2050 los adultos mayores representarán casi el 30 por ciento de la población. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Martha Leticia Sosa Govea, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante, diputada.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea:Muchas gracias, presidente, con su permiso.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, presidente.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea:Diputadas y diputados. Hago uso de esta tribuna para, en el análisis del dictamen que nos ocupa, fijar la posición en favor del mismo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El envejecimiento de la población representa un desafío y a la vez una oportunidad para nuestro país y sin duda tendrá profundas repercusiones en la sociedad y en ámbitos específicos como la cohesión social, los derechos humanos y la acción gubernamental, pues es de señalar, como todos ustedes ya lo saben, que actualmente en México hay 10.5 millones de adultos mayores.

Esto es, 10 de cada 100 habitantes tienen 60 años o más. Cada día mil 400 personas cumplen más de 60 años y para el 2015 –el próximo año- se estima que serán 15 millones. Para el 2050 estimamos llegar ya a la suma de 36 millones de adultos mayores. México está pintando canas.

Haciendo referencia a la iniciativa que nos ocupa que modifica el artículo 3o, y crea un artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Acción Nacional está a favor por velar en todo momento por la dignidad de los adultos mayores y por el respeto pleno a sus derechos, por lo que desde nuestro punto de vista brindarles una vida libre de toda violencia, es y será siempre una oportunidad de servir, una prioridad en la agenda social y desde luego una forma de manifestar el respeto, el aprecio y el cariño a quienes con su vida, con su trabajo, con su desempeño hicieron una gran labor. Contribuyeron en la construcción de esta gran nación y contribuyeron con un gran esfuerzo a crear familia, a desarrollar el tejido social y a contribuir en la formación de ciudadanos y ciudadanas valientes y valiosos para la sociedad mexicana.

Es por ello que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos pronunciamos en favor de esta reforma. Vamos a votar a favor y solamente queremos hacer hincapié en que si bien en esta Legislatura en el periodo que ya llevamos se han manifestado varias iniciativas en favor de estos adultos mayores, la Legislatura LXII le sale debiendo a esta gran parte de la población.

Le sale debiendo por una sencilla razón de estadística: de las 2 mil 292 iniciativas que se han presentado en esta gran tribuna, solamente 35 se han referido al tema de adultos mayores.

Y si bien todos los grupos parlamentarios han aportado al menos una iniciativa, hemos de señalar para el Diario de los Debates que orgullosamente es Acción Nacional quien encabeza el número de iniciativas presentadas sobre el tema con 13 de ellas; seguido por el Partido Revolucionario Institucional con 12.

De esta manera en dos grupos hemos presentado 25 y las 10 restantes en el resto de los partidos políticos.

Creo que en ese sentido todos coincidimos en que debemos de sumar esfuerzos; debemos de respaldar a los adultos mayores y desde luego, pugnar por una política pública nacional que en verdad establezca alternativas para los próximos años en donde la gran parte de la población será adulto mayor. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Martha Leticia Sosa Govea. Tiene la palabra el diputado Salvador Romero Valencia, del grupo parlamentario del PRI, para fijar la postura relativa al dictamen que se está posicionando justamente.

El diputado Salvador Romero Valencia:Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores, en México el 8 por ciento de la población ya es mayor de 60 años.

En cuatro décadas ese porcentaje se elevará al 27 por ciento, es decir, en 40 años una cuarta parte de la población será de adultos mayores de 60 años. Eso implica un reto formidable para el Estado y para los ciudadanos, para proporcionar los servicios de salud y seguridad social que tanto requieren.

El Consejo Nacional de Población señala que: “ocho de cada diez adultos mayores tienen alguna carencia; cuatro de cada diez viven en la pobreza”. Qué incongruencia más grande que entregar una vida entera al trabajo fecundo y al desarrollo de este país y terminar sus días viviendo en la pobreza.

El Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud, establece que: “entre el 8 y el 18 por ciento de los 11 millones de adultos mayores, son víctima de acciones que los agreden física, emocional, psicológicamente o económica y patrimonialmente”.

Lo más triste y doloroso, compañeras y compañeros diputados, es que esa violencia es tristemente ejercida mayoritariamente por sus familiares. Por lo tanto es todo un reto en materia de derechos humanos erradicar estas acciones que lastiman a nuestros adultos.

Hemos tenido avances legislativos significativos en la materia. En 2002 se expidió la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, pero hoy es tiempo de actualizarla y armonizarla con las condiciones en las que vivimos para oponernos a cualquier tipo de acción que agreda a nuestros adultos mayores.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI nos pronunciamos a favor de este noble dictamen y de la modificación de la fracción XII del artículo 3 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incluir el concepto de violencia y nos pronunciamos a favor de la inclusión del artículo 3 Bis para establecer los diferentes tipos de violencia.

El escritor francés Francois Mauriat, en una frase lapidaria hace algunos años señalaba de manera descarnada: “Un viejo sólo existe por lo que posee; desde el momento en que no posee nada es arrojado al último rincón, al de la basura .A esta avanzada edad sólo se puede escoger entre el asilo y la fortuna”.

Esta descarnada y dolorosa afirmación sigue vigente en el mundo y sigue vigente en México porque tristemente lo material siempre se impone sobre lo espiritual, porque existe una mezquindad en la generalidad de la población que no reconoce la enorme y trascendente contribución de los adultos mayores a nuestra formación, a nuestra educación, a sacarnos adelante hasta que somos adultos mayores. No reconoce la contribución a la formación de la familia y al trabajo fecundo que le entregan a la sociedad.

Es tiempo y es hora de que cambiemos nuestra forma de pensar. Parafraseando al presidente Enrique Peña Nieto, lo que estamos haciendo en un acto de enorme justicia social. Por eso nos pronunciamos a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, don Salvador Romero. Para hablar en pro del dictamen y hasta por tres minutos le otorgamos el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, Presidente. Ésta es una iniciativa del doctor Ricardo Monreal y de su servidor para modificar la Ley de las Personas de los Derechos de las Personas Adultos Mayores para establecer definiciones precisas y concretas sobre la violencia que se practica en nuestro país contra los adultos mayores.

Pero definitivamente la violencia en México no solamente es contra los adultos mayores, es contra las mujeres, contra los jóvenes, y es una violencia que se auspicia desde el Estado, un Estado que está en descomposición, la delincuencia desatada, la violencia política, y no hay control de parte del gobierno federal.

Lo hemos dicho y lo reiteramos, sólo la Gendarmería nacional le ha costado a este país 6 mil millones de pesos; mil 500 en el 2013 y 4 mil 500 en el presente año.

¿Y de qué han servido tantos recursos? Si el país vive una situación caótica. Ya lo decía un legislador de Reynosa, en la mañana, pero es prácticamente todo el país. Y el presidente de la república, lejos de cumplir su misión institucional, se la pasa regañando por sus ineptitudes.

Piden que se certifiquen las policías y dejan a los alcaldes y a los gobernadores a su suerte, mientras se centralizada cada día más el presupuesto para la seguridad en la Federación.

Y hoy, compañeras y compañeros legisladores, estaban listados dictámenes de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, y se recorrieron sin que haya dicho por qué la Mesa Directiva. Chequen el orden del día, después de Puntos Constitucionales seguía un dictamen de la Defensa Nacional y otro de Seguridad Pública, y los movieron porque no quieren que se toquen temas de seguridad ni de la defensa, cuando es claro que está el caso de Tlatlaya, que está el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Guerrero o está lo más importante, la efeméride del 2 de octubre.

Y seguramente van a querer llevar la efeméride del 2 de octubre hasta las 4 de la tarde para que esta sesión no toque los temas relevantes que están hoy en la agenda nacional. Y nosotros –concluyo, presidente- acusando de omisiones al gobierno federal y que en el caso de Tlatlaya haya sido gracias a la presión internacional que este tema se haya abierto.

Queremos también anunciar que vamos a interponer una denuncia en contra del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos porque él mintió; él dijo que había sido enfrentamiento y lo dijo sin tener información, y eso tiene que ser motivo de responsabilidad.

Y queremos reconocer que el secretario de la Defensa Nacional actuó, y hoy están sujetos a proceso ocho elementos, y la Procuraduría General de la República ya está fincando probables responsabilidades para tres elementos.

Pero, ¿Qué hizo la Comisión de Derechos Humanos? Exonerar anticipadamente. Y por eso nosotros vamos a insistir en el tema de Tlatlaya, vamos a insistir en los 43 desaparecidos, y vamos a insistir en el colapso de la seguridad pública en el país, que es responsabilidad primigenia del presidente Enrique Peña Nieto, que no le saque a su responsabilidad.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía Berdeja.

Reconociendo a los iniciantes, como se ha hecho el día de hoy, a la iniciante también, y por razón de que no tenemos más oradores en la lista le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para tomar la votación, por favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada secretaria, cierre el sistema electrónico.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 397 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad, el proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 3o, y un artículo 3o Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Felicidades a los iniciantes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Honorable asamblea, quiero respetuosamente compartir con ustedes un asunto que no está inscrito en el orden del día, pero consideramos justo hacerlo.

El día de mañana nuestra querida María Elena Sánchez Algarín, Elenita, cumple 53 años de trabajo arduo y dedicado para la Cámara de Diputados y creo que es muy merecido reconocerlos y agradecérselos.

Felicidades Elenita, felicidades a este pilar central en el andamiaje tan profesional del proceso legislativo de esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades de nuevo.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. Con fecha 25 de febrero de 2014, la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. Con fecha 27 de febrero la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-1-1658 turnó para dictamen a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el expediente número 3868, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante.

3. En el pleno de la Cámara de Diputados, ciento cuarenta y dos diputadas y diputados externaron su adhesión a la iniciativa, solicitando a la iniciante permitiera suscribirla y así lo hicieron los siguientes.

3.1. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Abreu Artiñano Rocío Adriana; Aguayo López Miguel Ángel; Alcalá Padilla Leobardo; Arellano Guzmán Salvador; Arroyo Ruíz Alma Jeanny; Ayala Robles Linares Flor; Badillo Ramírez Darío; Bárcenas Nieves Delvim Fabiola; Barrera Petra; Barrera Fortoul Laura; Barrueta Barón Noé; Bautista Villegas Óscar; Bernal Bolnik Sue Ellen; Berzunza Novelo Landy Margarita; Caballero Garza Benito; Cabañas Aparicio María Elia; Calzada Arroyo Marco Antonio; Cano Ayala María Elena; Cantú Segovia Eloy; Carbajal Hernández Juan Manuel; Cárdenas Cantú Miriam; Carreón Cervantes Verónica; Carreño Mijares Angelina; Castillo Rodríguez Minerva; Corona Nakamura María del Rocío; Corrales Francisca Elena; Cruz Morales Maricruz; Curi Naime Alberto; De la Cruz Requena Rosalba; Del Bosque Márquez Juan Isidro; Duarte Murillo José Ignacio; Elizondo Ramírez Irma; Fernández Clamont Francisco Javier; Flemate Ramírez Julio César; Flores Méndez José Luis; Fuentes Téllez Adriana; Funes Velázquez Erika Yolanda; Galindo Quiñones Heriberto Manuel; Galván Villanueva Raúl Santos; Gamboa Song Lizbeth Loy; García de la Cadena Romero María del Carmen; García García Héctor; García Olmedo Rocío; Garza Moreno María Esther; Gómez Carmona Blanca Estela; Gómez Michel Gabriel; González Cruz Cristina; González Reséndiz Rafael; González Valdez Marco Antonio; González Vargas Francisco; González Martínez Olivares Irazema; Gualito Castañeda Rosalba; Gutiérrez Manrique Martha; Hernández Íñiguez Adriana; Hernández Morales Mirna Esmeralda; Herrera Delgado Jorge; Liceaga Arteaga Gerardo Francisco; López Alvarado Jaime Carlos; Magaña Zepeda María Angélica; Maldonado Hernández Fernando Alfredo; Márquez Velasco Silvia; Martínez Cárdenas Esther Angélica; Medina Fierro Ricardo; Mercado Gallegos Sonia Catalina; Miranda Munive Emilse; Montes Alvarado Abraham; Moreno Montoya José Pilar; Muñiz Martínez Dulce María; Murguía Lardizábal Luis Alfredo; Navarrete Vital María Concepción; Niaves López Ossiel Omar; Olvera Correa Luis; Ordaz Martínez María del Carmen; Ortega Pacheco Guadalupe del Socorro; Ortiz García Salvador; Pazzi Maza Zita Beatriz; Pérez Escalante Elvia María; Pérez de Alba José Noel; Ponce Orozco Norma; Quian Alcocer Eduardo Román; Quintana León Socorro de la Luz; Rubio Lara Blas Ramón; Ruíz Gutiérrez Alan David; Ruíz Moronatti Roberto; Ruíz Sandoval Cristina; Sahuí Rivero Mauricio; Sámano Peralta Miguel; Schroeder Verdugo María Fernanda; Treviño Cantú Javier; Treviño Villarreal Pedro Pablo; Ugalde Alegría Aurora Denisse; Vargas María Guadalupe; Vela Reyes Marco Antonio; Velasco Orozco Víctor Hugo; Velázquez Díaz María Guadalupe; Velázquez López Mirna; Vitela Rodríguez Alma Marina; Zamora Morales Fernando; Zepeda González Francisco Alberto.

3.2. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Acosta Croda Rafael; Almaguer Torres Felipe de Jesús; Álvarez Tovar Martha Berenice; Aquino Calvo Juan Jesús; Argüelles Loya Consuelo; Borboa Becerra Omar Antonio; Botello Montes José Alfredo; Cáceres de la Fuente Juan Francisco; Chan Lugo Sergio Augusto; Dávila Delgado Mario Alberto; Flores Enrique Alejandro; Galindo Delgado David Cuauhtémoc; Oviedo Herrera José de Jesús; Pacheco Díaz Germán; Pantoja Hernández Leslie; Quintana Salinas Esther; Ramírez Diez Gutiérrez María Concepción; Reza Gallegos Rocío Esmeralda; Romero Sevilla Leonor; Rosiñol Abreu Jorge; Torres Cofiño Marcelo de Jesús; Urciel Castañeda María Celia; Vargas Martín del Campo Elizabeth; Yamamoto Cázares Beatriz Eugenia.

3.3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Belauzarán Méndez Fernando; Carrillo Huerta Mario Miguel; Garza Ruvalcaba Marcelo; Luna Porquillo Roxana; Medina Filigrana Marcos Rosendo; Mojica Morga Teresa de Jesús; Navarrete Contreras Joaquina; Rodríguez Montero Francisco Tomás; Salinas Pérez Josefina.

3.4. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

Guerrero López Judit Magdalena; Martel Cantú Laura Ximena; Medrano Galindo Gabriela; Núñez Aguilar Ernesto; Pariente Gavito María del Rosario de Fátima; Pérez Tejada Padilla David; Romo Fonseca Bárbara Gabriela; Vital Vera Martha Edith.

3.5. Del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza:

Bribiesca Sahagún Fernando.

4. Con fecha 27 de febrero de 2014 fue turnada la iniciativa en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su dictaminación.

II. Contenido de la iniciativa

En su exposición de motivos, la diputada iniciante expone como planteamiento del problema, lo siguiente:

Que el maltrato y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones hacia los sectores vulnerables de la población han estado y continúan presentes en la convivencia social.

Que una parte de esa población vulnerable lo constituyen las personas adultas mayores y que desafortunadamente han resentido y siguen resintiendo las consecuencias físicas y emocionales que generan esas conductas sociales.

Que no obstante los esfuerzos por reconocer en los ámbitos internacional y nacional los derechos de las personas adultas mayores y su calidad de grupo vulnerable, siguen siendo objeto de maltrato y violencia, no solamente en el seno de la familia sino también, como sujetos pasivos de esas conductas antisociales que existen en el entorno social que los rodea.

Que en nuestro país, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores está vigente y que constituye un avance muy importante, pero que es necesario garantizar a este sector de la población tan importante y tan vulnerable, una vida libre de maltrato y violencia, mediante la institucionalización de las disposiciones legales de protección necesarias para hacer realidad el goce y disfrute de sus derechos fundamentales, con la intervención de los tres niveles de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia.

Argumentó la diputada iniciante que mucho tiempo ha pasado sin que se haya reconocido el esfuerzo y contribución de los adultos mayores a la familia y a la sociedad en su conjunto y sí, en cambio han sufrido maltrato e incluso prácticas discriminatorias del entorno que los rodea y que este sector de población ha padecido situaciones críticas de abandono, mendicidad, explotación, maltrato y violencia.

Distingue la también que la principal causa de todo tipo de violencia hacia ese sector parte de un falso estereotipo que los familiares y la sociedad conciben en el sentido de que las personas adultas mayores se encuentran en una etapa de la vida caracterizada por la enfermedad, la improductividad, la ineficiencia y la pérdida de algunas capacidades intelectuales y físicas, por lo que considera que se requiere seguir legislando e impulsando programas y políticas públicas que logren permear en la cultura social, a fin de erradicar las actitudes de discriminación y exclusión de este grupo social.

Precisa la iniciante que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha sostenido que en los últimos años se ha percibido un aumento en los casos de violencia física y psicológica hacia los grupos vulnerables, entre estos los adultos mayores. Que se sabe que muchos casos se atienden formalmente en el Ministerio Público especializado y otros más no llegan a integrar averiguaciones previas por diversas causas.

Sostiene también que los agresores son principalmente los hijos, los nietos, yernos o nueras, sobrinos, vecinos y otras personas de su entorno social y que las personas adultas mayores son sujetos pasivos de casos de abuso físico, emocional, sexual, financiero y por abandono.

Plantea que es un problema social conocido y reconocido que va más allá de nuestras fronteras, por lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como “Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez”.

Precisa que el maltrato que sufren las personas adultas mayores podemos entenderlo como actos que causan daño o sufrimiento a las personas y que puede presentar muchas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional, sexual y el que sufren por abuso de confianza en cuestiones económicas, por citar unos ejemplos.

Advierte que las persona adultas mayores son víctimas de actitudes y conductas antisociales de muy diversa índole: de tipo físico, verbal, psicológico, económico, sexual, etcétera, con daños irreversibles que traen consecuencias como la baja autoestima, el aislamiento social, situaciones de estrés o de depresión, de preocupación, de miedo, de inseguridad, de angustia, de dolor, de sentimiento de culpa, de pérdida de autonomía, de entorpecimiento del funcionamiento interpersonal que impacta negativamente su calidad de vida.

Sostiene la iniciante que por mucho tiempo se consideró al maltrato y violencia en este sector de población como un problema de bienestar social y luego como un tema simplemente relacionado con el envejecimiento; pero que ahora, el maltrato a personas adultas mayores se ha convertido en un tema de salud y de justicia.

Continúa argumentando la proponente que con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso a las Personas Mayores, se expuso la necesidad de promover reformas legales para la protección jurídica de las personas de la denominada tercera edad, a fin evitar el que sean objeto de delitos patrimoniales.

Que en general, el perfil de la víctima de maltrato es con frecuencia una mujer de más de 60 años de edad, pasiva, complaciente, impotente, dependiente y vulnerable que está sola o aislada y que tiene un bajo nivel de autoestima o carece de opciones de vivir en otro lado o de escapar de la situación y condiciones que la rodean.

Señala la proponente que las personas adultas mayores que sufren vejaciones y maltrato en general, no denuncian porque sienten que traicionan a sus seres queridos o porque consideran que pudiera resultar contraproducente.

Por otra parte, también señala que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tres de cada cinco personas adultas mayores sufren maltrato o violencia, por lo que considera que es fundamental que las autoridades y la sociedad en general sumen esfuerzos para emprender acciones efectivas, a fin de erradicar todo tipo de maltrato, desigualdad, abuso y discriminación que padecen las personas adultas mayores, por lo que debe fomentarse una cultura de respeto y protección que facilite la inclusión de las personas adultas mayores, a fin de superar los desafíos de marginación laboral, familiar, política, económica y social, que enfrentan en nuestro país.

En este orden de ideas, expone la diputada Elvia María Pérez Escalante, que somete a la consideración de esta Soberanía, esta iniciativa para reformar y adicionar el título sexto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Título Sexto

De la Protección contra el Maltrato y de las Responsabilidades y Sanciones

Capítulos I. y II. ..

Capítulo III

De la Protección contra el Maltrato

Artículo 51. Las personas adultas mayores serán protegidas contra actos u omisiones que puedan afectar sus derechos y su salud física o mental.

La federación, los estados y el gobierno del Distrito Federal sancionarán el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores, los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter o agredir de manera física, verbal, psicológica o económica dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que tengan o hayan tenido o no relación de parentesco.

III. Consideraciones.

1. Esta comisión dictaminadora, después de hacer un análisis exhaustivo de la iniciativa en estudio, ha llegado a la convicción de emitir el presente dictamen en sentido positivo.

En efecto, se ha considerado procedente la propuesta de reformar y adicionar el Título Sexto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores porque en efecto, resulta necesario garantizar a este segmento de población tan importante y tan vulnerable, una vida libre de maltrato y violencia, mediante la institucionalización de las disposiciones legales de protección necesarias para hacer realidad el goce y disfrute de sus derechos fundamentales, como bien lo ha precisado la proponente, con la intervención de los tres niveles de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia.

Los integrantes de esta Comisión coincidimos con la diputada proponente en que las personas adultas mayores deben ser protegidas contra actos y omisiones que puedan afectar sus derechos y su salud física o mental.

De la misma manera, tenemos la convicción de que la federación, los estados y el gobierno del Distrito Federal deben sancionar el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores, los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter o agredir de manera física, verbal, psicológica o económica dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que tengan o hayan tenido o no una relación de parentesco y es en consecuencia por lo que la iniciativa con proyecto de decreto se dictamina en sentido positivo.

No menos importante es decir que los integrantes de esta Comisión, han tomado en consideración que esta iniciativa con proyecto de decreto, no tiene impacto presupuestario toda vez que no deriva en la realización de nuevas funciones, ni en la creación de nuevas estructuras orgánico administrativas, ni tampoco la ampliación de la oferta de bienes o servicios públicos, por lo que no requiere de recursos adicionales para su cumplimiento.

La viabilidad y trascendencia de la propuesta puede observarse con claridad en siguiente cuadro comparativo:

Texto vigente

Título Sexto

De las Responsabilidades y Sanciones

Capítulo I, y II. ..

Texto propuesto

 Título Sexto

De la Protección contra el maltrato y de las responsabilidades y sanciones

Capítulos I. y II. ..

Capítulo III

De la Protección contra el Maltrato

Artículo 51. Las personas adultas mayores serán protegidas contra actos u omisiones que puedan afectar sus derechos y su salud física o mental.

La federación, los estados y el gobierno del Distrito Federal sancionarán el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores, los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter o agredir de manera física, verbal, psicológica o económica dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que tengan o hayan tenido o no relación de parentesco.

Por lo expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que suscriben, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único.Se modifica la denominación del Título Sexto “De la Protección contra el Maltrato y de las Responsabilidades y Sanciones”; y se adiciona un Capítulo III, denominado “De la Protección contra el Maltrato”, que comprende el artículo 51 a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Título Sexto

De la Protección contra el Maltrato y de las Responsabilidades y Sanciones

Capítulos I. y II. ..

Capítulo III

De la Protección contra el Maltrato

Artículo 51. Las personas adultas mayores serán protegidas contra actos u omisiones que puedan afectar sus derechos y su salud física o mental.

La federación, los estados y el gobierno del Distrito Federal sancionarán el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores, los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter o agredir de manera física, verbal, psicológica o económica dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que tengan o hayan tenido o no relación de parentesco.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2014.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por la Comisión para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra la diputada Elvia María Pérez Escalante hasta por cinco minutos, por favor.

La diputada Elvia María Pérez Escalante:Con su permiso, señor presidente. Desde esta tribuna mi reconocimiento a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, por ser una mujer mexicana valiente y aguerrida. Felicidades, amiga, eres un orgullo para todas.

Honorable asamblea, en la antigua Mesoamérica las ricas culturas que nos precedieron consultaban al consejo de ancianos para dirigir el destino de sus pueblos, debido a que los ancianos eran considerados verdaderos tesoros de juicio y sabiduría. Por desgracia, culturalmente consideramos al adulto mayor como una carga social, más que en su dignidad como persona.

Luego entonces, las políticas públicas cuyos destinatarios son los adultos mayores terminan atendiendo necesidades como curar o proteger, en lugar de orientar a rescatar el valor del adulto mayor, reconociendo su derecho fundamental al goce de la independencia, la autorrealización, la participación y la dignidad.

En nuestro país, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores está vigentes y constituyen un importante avance para garantizar los derechos humanos en este importante sector de la población. Sin embargo, es todavía necesario asegurar una vida libre de maltrato y de violencia, con base en institucionalizar un conjunto de disposiciones legales que señalen la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia.

De acuerdo con el último censo del Inegi en el 2010, 10 de cada 100 mexicanos son adultos mayores. De ahí la importancia de poner nuestra atención en este grupo de edad, que cada vez se vuelve más significativo.

No obstante los esfuerzos que en nuestro país hace poco más de dos décadas se iniciaron para reconocer los derechos de las personas adultas mayores y su calidad de grupo vulnerable, la violencia y el maltrato persisten, no sólo a nivel del núcleo familiar, sino también a nivel del entorno social que los rodea. De hecho, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha sostenido que en los últimos años se ha percibido un aumento en los casos de violencia psicológica hacia los grupos vulnerables, entre estos los adultos mayores.

En estos casos los agresores son principalmente los hijos, los nietos, los yernos o nueras, sobrinos y vecinos y otras personas de su entorno social, haciendo de las personas adultas mayores sujetos pasivos del abuso físico, emocional, sexual, financiero y por abandono.

En nuestra sociedad aún falta para que podamos reconocer el esfuerzo y contribuir de las personas mayores a la familia y la sociedad, en su conjunto, recibiendo a cambio maltrato y prácticas discriminatorias, abandono, mendicidad, explotación y violencia.

Este dictamen surge de una iniciativa que responde al grave problema que representa el maltrato hacia las personas adultas mayores. La iniciativa presentada el pasado 25 de febrero por una servidora tiene como propósito reformar y adicionar el Título Sexto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para garantizar a ese segmento de la población una vida libre de maltrato y violencia, institucionalizar las disposiciones legales de protección necesarias para hacer realidad el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. Así estaremos reconociendo el respeto que les debemos y su dignidad.

La iniciativa al ser presentada ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, recibió la adhesión de 142 diputados y diputadas de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza, a quienes agradezco su adhesión a esta iniciativa.

De la misma manera, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables han concluido que el dictamen presentado no tiene impacto presupuestal, ya que no implica la asignación de nuevas funciones, la creación de nuevas estructuras ni la ampliación de la oferta de bienes o servicios públicos.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía a ratificar con su voto el sentido positivo de este dictamen de reforma y adiciona el título sexto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Título Sexto. De la protección contra el maltrato y de las responsabilidades y sanciones.

Capítulo III. De la Protección contra el maltrato.

Artículo 51. Las personas adultas mayores serán protegidas contra actos u omisión que puedan afectar sus derechos y su salud física o mental. La federación, los estados y el Gobierno del Distrito Federal sancionarán el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores; los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter o agredir de manera física o verbal, psicológica o económica dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que tengan o hayan tenido o no relación de parentesco.

Por tal motivo, se propone la reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de garantizar la protección de este segmento de la población, con la intervención de la federación, los estados y los municipios, cada cual en sus respectivos ámbitos de competencia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Pérez Escalante. Hasta por cinco minutos le otorgamos el uso de la palabra al diputado José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputado, adelante.

El diputado José Angelino Caamal Mena: El Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera fundamental y urgente garantizar que los adultos mayores no sean víctimas del maltrato y que se cumpla lo establecido en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Es importante destacar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía e Informática, en el año 2012 el número de personas de 70 años y más era de 10 punto 9 millones, lo que representa el 9 punto 3 del total de nuestra población.

El maltrato hacia los adultos mayores representa una violación a sus derechos, y puede ser el resultado de la negligencia, sea intencional o no, lo cual puede derivar en distintos tipos de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación.

La Organización Mundial de la Salud estima que el 4 por ciento y el 6 por ciento de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato, ya sea físico, económico o emocional.

En una encuesta del Colegio de México, realizada en 2009, en el Distrito Federal se detectó que los adultos mayores reciben maltrato, sobre todo de los hijos, con un 36 por ciento de casos. Seguidos de la pareja con 11 por ciento. Los nietos 10 por ciento, mientras que personas ajenas representan 17.4 por ciento.

Esto reveló que es en el seno familiar donde este fenómeno sucede con mayor frecuencia. Sin embargo, estos resultados apenas dan un panorama, ya que las estadísticas sobre el maltrato a las personas mayores son en ocasiones datos alejados de la realidad, ya que no todos denuncian estos abusos y la falta de denuncia tiene distintas razones, ya que puede ser por temor, por miedo a que sean abandonados, por no aceptar que están siendo maltratados, que crean que esas actitudes son temporales. Miedo a que sus familiares o cuidadores puedan ser sancionados, o en su caso, también el desconocimiento para acudir a alguna instancia donde pueda reclamar o solicitar apoyo.

Esto genera que se desvaloricen sus capacidades, y con ello, su autoestima se vea afectada al ser ignorados, desatendidos y discriminados.

Por ello, la prevención del maltrato a las personas mayores requiere la participación de las instituciones y de múltiples sectores de la población, ya que el maltrato hacia nuestros adultos mayores es un reflejo de los problemas económicos, sociales, culturales a los que se enfrenta nuestra sociedad.

Es importante tomar conciencia del abuso y maltrato que en ocasiones sufren los adultos mayores para poder continuar trabajando en leyes que protejan y garanticen sus derechos, que privilegien el quedar libres del abandono, el abuso en cualquier forma de violencia.

Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en congruencia votará a favor de este dictamen que hoy se discute, ya que la protección contra el maltrato que viven nuestros adultos mayores es un tema que debe ser atendido por todos. Por lo que resulta fundamental la participación de la federación, los estados, el gobierno del Distrito Federal, los municipios para imponer medidas y sanciones que prevengan el maltrato y violencia contra las personas adultas mayores.

Los integrantes de esta Legislatura con hechos debemos ratificar nuestro compromiso por el respeto a los derechos humanos, de todas las personas en todas las edades, especialmente con quienes sufren de discriminación y de violencia.

Por último, es importante reflexionar que es responsabilidad del Estado mexicano y de toda la sociedad, construir una cultura de sana convivencia, incluyente y de paz, en la que todas las personas en lo largo de su vida, en todas las etapas podamos vivir con dignidad y con pleno respeto. Somos los responsables de esa parte que le toca a la Legislatura y por eso exhortamos a que sumemos el esfuerzo para poder lograr este objetivo que es fundamental para nuestro país. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. Como te ves me vi. Como me ves te verás. Palabras con gran sentido para quienes creen en la esplendidez de la sabiduría de los adultos mayores, para quienes quieren ganarse el respeto de los demás por sus años de esfuerzo y dedicación, por ser mejores cada día.

El tema que aquí se discute hoy como en otras legislaturas es un asunto de gran envergadura, la protección a nuestros adultos mayores es una máxima que por razones de salud y dedicación debemos garantizar. Mucho se ha dicho desde esta tribuna, que debemos respeto y veneración a quienes de una u otra manera forjaron nuestras generaciones presentes; sin embargo por difícil que parezcan las palabras y las propuestas dichas desde aquí, solo han quedado en discurso y pocas veces tomadas en cuenta para ser incluidas en la ley.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hemos manifestado de manera reiterada que la modificación y la creación de leyes deben estar acorde a las necesidades más imperantes en la vida de los adultos mayores, nuestros seres queridos.

En principio estamos en contra de que las modificaciones a la ley sean en términos de una graciosa concesión o en términos de medidas proteccionistas. A nuestro parecer va más de fondo, pues como ya lo hemos comentado en diversas ocasiones, los adultos mayores y todas las demás personas en general contamos con derechos cuyos intereses deben ser protegidos, tutelados y garantizados por el Estado.

En este sentido es necesario tomar en cuenta que las medidas como el endurecimiento de sanciones para quienes trastoquen los derechos de nuestros adultos mayores no bastan, si el Estado no tiene la capacidad de destinar políticas públicas que promuevan el respeto, la sana convivencia, la comprensión y la estimación hacia ellos; no tiene sentido incluso integrar a los marcos legales sanciones punitivas si seguimos observando cómo es que la conducta de las personas quienes conviven diariamente con ellos, cada vez es más intransigente, lacerante, impulsiva y grosera, al no comprender que estamos tratando con personas y no con objetos obsoletos.

Compañeras y compañeros, hoy en día hemos sido parte de innumerables reformas que persiguen estabilidad e imparcialidad entre todos, pero con gran insistencia en el Partido del Trabajo hemos seguido y seguiremos buscando la integración de los valores en nuestro contexto social. Hablamos del rescate de los valores y principios a través de estrategias de integración familiar, de sana convivencia, del respeto para todos y del intercambio de experiencias.

Debemos decirlo con toda claridad. El escenario socioeconómico que hoy tenemos nos ha llevado a una época en la que nada es primero que la adquisición de un bien material y económico para después pensar en el valor humano.

Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que se nos presenta para que las personas adultas mayores sean protegidas contra actos u omisiones que puedan afectar sus derechos y su salud física o mental goza de excelentes propósitos, pero la realidad sigue confrontando sus intenciones.

En los hechos a los adultos mayores se les relega aún más, no obstante esté prohibido por la ley. Vemos con tristeza cómo son cautivos de las instancias públicas, quienes administran los recursos para los programas sociales destinados para ellos. Son víctimas de terceros tan solo por el hecho de buscar que se les entregue una ínfima ayuda económica.

Se les mide con el mismo rasero en circunstancias de espera de atención médica en las salas de espera de nosocomios y, por si fuera poco, se les envía de regreso a sus casas sin medicamentos por la ausencia de los mismos. Las administraciones públicas locales y federales carecen de atención especializada para un trato digno y para resolver sus necesidades.

Aun así, las personas de la tercera edad tienen que aguantar maltratos y groserías. Por si no bastara, ahora el tipo de conductas como la violencia sicológica y patrimonial, incluyendo el despojo de sus propiedades, ya son reconocidas con más frecuencia cuando han existido por décadas y ante ello apenas se busca conseguir un remedio.

Sin importar que a nuestro criterio aún falta mucho por hacer, nos parece una alternativa viable para inhibir el maltrato a los adultos mayores. Esperamos contar en un futuro con mejores propuestas que verdaderamente enriquezcan esta ley y otorguen beneficios tangibles a estas personas. Es cuanto, diputado, muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Rodrigo Chávez Contreras, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras:Con su venia, diputado presidente. Para quienes hemos dedicado nuestra existencia a nuestro trabajo, 2 de octubre no se olvida.

Compañeras diputadas y compañeros diputados. Las Naciones Unidas han realizado esfuerzos para sensibilizar a los pueblos y los gobiernos del mundo sobre la importancia del problema de los derechos de los adultos mayores, considerando que al adulto mayor se le deben de garantizar y asegurar los mismos derechos que a todos los demás integrantes de la sociedad.

Es así que después de un sinnúmero de trabajos y esfuerzos internacionales se proclama la Declaración de los Derechos del Adulto Mayor, en abril del 2002, que se funda bajo la idea de que las personas de edad avanzada puedan disfrutar en el futuro de los derechos y bienestar y del reconocimiento social que les corresponden no sólo por sus servicios pasados, sino también por los que todavía están en capacidad y en disposición de aportar.

La modernización, la falta de valores, el creciente individualismo y la pobreza de la población en general, ha generado que en nuestro país la veneración y respeto que prevalecían hacia los ancianos, se visualice como parte de la historia.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, este sector constituye el cuarto grupo de la población vulnerable a la discriminación.

Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación en México, el 27.9 por ciento de este sector mayor de 60 años ha sentido alguna vez que su edad ha sido factor para que sus derechos no sean respetados.

La situación de los adultos mayores se agrava aún más cuando en nuestra sociedad no sólo se le discrimina, no se les respetan sus derechos, sino se les violentan.

En nuestro país se estima que entre el 8.1 y 18.6 por ciento de la población adulta mayor, es víctima de violencia o maltrato, es decir, las personas adultas mayores son sujetos pasivos de casos de abuso físico, emocional, sexual, financiero y abandono, entre otros.

Sin embargo los datos estadísticos sobre el maltrato en la vejez, están alejados de la realidad ya que la mayoría de los adultos mayores que lo viven, no lo denuncian; no aceptan que están siendo maltratados, tienen temor a las represalias y no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel, pues el único familiar con el que cuentan y desconocen con qué autoridad deben dirigirse, pues su condición física o cognitiva no les permiten realizar esa denuncia.

Los esfuerzos y las labores de las distintas instituciones al respecto de esta problemática, se ven coartados cuando aún no se cuenta con medidas legales, estructurales, económicas y sociales para combatir y revertir esta situación.

Se requiere fortalecer las leyes e implementar políticas públicas integradas para hacerle frente a esta problemática.

Aún y con la aprobación de este dictamen, falta mucho por hacer. Por ejemplo, es necesario generar un sistema de recopilación sistemática de estadísticas, de información, que permitan a través de la investigación, dar cuenta de la forma como se comporta este fenómeno en la población mexicana.

Nuestras leyes deben asegurar que la familia, la comunidad, la sociedad y el gobierno garanticen a la población adulta mayor el ejercicio del derecho a la vida, la salud, la alimentación, la educación, la cultura, el deporte, el ocio, el trabajo, la ciudadanía en libertad, la dignidad, el respeto y la convivencia familiar y comunitaria.

Es necesario desarrollar programas a nivel nacional encaminados a la protección y prevención de la violencia y del maltrato de las personas adultas mayores con enfoque transversal. Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Chávez Contreras. Tiene ahora la palabra la diputada Josefina Salinas Pérez, de la fracción parlamentaria del PRD.

La diputada Josefina Salinas Pérez:Con su venia, señor Presidente. Honorable asamblea: el dictamen que hoy se debate modifica la denominación del Título Sexto De la Protección contra el Maltrato y de las Responsabilidades y Sanciones y adiciona un Capítulo III denominado De la Protección Contra el Maltrato, que comprende el artículo 51 de la Ley de las Personas de los Derechos de las Personas Adultos Mayores.

Parece una forma menor, pero en realidad es un paso importante en el largo camino por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Es un grano de arena en la armonización jurídica que debe realizarse en la materia.

La armonización es un proceso por el cual las barreras entre los sistemas jurídicos tienden a desaparecer y van incorporando normas comunes o similares. Es un proceso que se da a distintos niveles, en diferentes campos del derecho y regidos por distintas pautas y principios.

En este proceso impulsado principalmente por los legisladores, tenemos el privilegio y la obligación de actuar en la fase de omisiones de normas comunes sobre la base de las leyes marco de las convenciones internacionales.

En el tema de las sanciones derivadas de la aplicación de esta ley, en específico el cumplimiento de las disposiciones que benefician económicamente a las personas adultos mayores, es urgente y necesario recopilar información estadística de cómo opera esta ley en realidad.

En razón de esto, no es menor reformar la ley para adicionar el artículo denominado De la Protección Contra el Maltrato y con el objeto de proteger a las personas adultas mayores contra actos de omisión que pueden afectar sus derechos y su salud física o mental.

Por otro lado, los enormes recursos destinados en la actual Legislatura al programa 65 y Más, pensión para adultos mayores ha permitido que el programa haya crecido 87 por ciento en esta administración. Pensar en el uso partidista y electoral de este programa que en principio debería de ser en beneficio de este grupo de personas vulnerables no impide coincidir con el gobierno federal en su visión de cobertura universal.

El programa de pensión para adultos mayores ha incorporado a dos millones 700 mil personas, es decir, un promedio de tres mil 608 personas por día y alcanza una cobertura de cinco millones 700 mil mexicanos mayores de 65 años, a quienes se promete el sueño de vivir en una vejez más digna y autosuficiente.

Mi grupo parlamentario votará a favor este dictamen, no sin antes recordar que no se puede soslayar la importancia de haber reducido la edad para recibir la pensión de adultos mayores de 70 a 65, de las personas que presuntamente reciben la fabulosa cantidad de mil 160 pesos cada dos meses, esto es equivalente a 19 pesos con 33 centavos al día, lo cual resulta con mucho contraste con lo que cuesta comprar un bolsa de mano que la señora secretaria de Desarrollo Social lució en pasados días. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Salinas. Tiene ahora la palabra la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, de la Fracción Parlamentaria del PAN.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo:Gracias. Con venia, presidente. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros diputados. Definitivamente el día de hoy es un día importante para la sociedad mexicana, de manera particular para esta Cámara de Diputados crearemos significativas reformas en temas sensibles para nuestra sociedad.

Generalmente, en esta Cámara de Diputados, se traen a discusión temas de carácter económico, y vimos en el Pacto por México cómo en su mayoría la agenda la tomó el tema económico y en mucho el tema social quedó de lado.

Hoy por eso me congratula ver que la agenda del día de hoy para esta Cámara de Diputados contiene temas como el que votamos previamente en favor de los grupos y los pueblos indígenas.

El dictamen que anteriormente votamos también en favor de reformas a la Ley de las Personas Adultas Mayores, y ahora un dictamen más también en el tema de adultos mayores en donde estamos protegiendo a estas personas, a este sector de la sociedad contra la violencia que sufren principalmente al interior de su familia.

Es lamentable, muy lamentable acudir a diferentes fuentes de información estadística y no encontrar en ellos datos certeros sobre cuántas personas adultas mayores sufren de violencia y maltrato en nuestro país.

Y no encontramos estas cifras ciertas en las estadísticas porque al igual que otros tipos de maltratos, como se daba el de las mujeres, en muchos de los casos no son denunciados justamente porque la violencia la sufren al interior de sus propias familias.

Entre los datos que pudimos constatar nos refieren que uno de cada tres personas adultas mayores sufren algún tipo de violencia, con la mayor frecuencia en el caso de las personas adultas mayores son las mujeres una vez más quien tiene mayor índice de violencia o maltrato; 75 por ciento, tomen este dato, 75 por ciento de la violencia o maltrato hacia el adulto mayor lo sufren al interior de sus propias familias.

Y no es raro ver justamente casos en los que los adultos mayores están siendo prácticamente despojados de sus bienes por sus propios hijos, los despojan de sus casas habitación para llegar y posicionarse de estos bienes. Y no solamente los despojan, sino que además sufren de violencia y de maltrato.

Por ello este Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de esta reforma, de este proyecto de decreto que reforma el título sexto y adiciona un capítulo tres y un artículo 51 a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la intención de que la ley siga protegiendo a este sector de la población en contra del maltrato que sufren los adultos mayores en las instituciones, pero particularmente al interior de las familias.

Es importante. Y desde el interior de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estamos impulsando el que se generen campañas de prevención y difusión para el adultos mayor, para que cada vez denuncien este tipo de problemática y que las familias regresemos a lo que anteriormente se hacía con el adulto mayor, respetarlo y tenerlo como eje principal al interior de las familias. El anciano, el adulto mayor era el sabio que dirigía y conducía los destinos de cada una de las familias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada Raquel Jiménez.

Le damos la bienvenida y saludamos a ciudadanos de la tercera edad, Grupo la Esperanza, así como Villas de Guadalupe, procedentes de Querétaro, invitadas e invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por su presencia.

Tiene ahora la palabra el diputado Javier López Zavala, de la fracción parlamentaria del PRI.

El diputado Javier López Zavala:Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, un grupo poblacional muy importante en nuestro país lo son los adultos mayores, quienes según datos del Inegi suman 10.1 millones de personas. Por desgracia este grupo social sufre de maltrato físico y psicológico, por lo que se contextualiza como un grupo vulnerable.

Las organizaciones que han representado a estos grupos siempre han reclamado una mejor atención y respeto a los grupos de la tercera edad. La Organización de las Naciones Unidas, preocupada por la violencia contra los adultos mayores, estableció el 15 de junio como Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y el Maltrato en la Vejez.

Este organismo refiere que tan sólo en unos pocos países desarrollados hay estimaciones al respecto, las que sitúan la prevalencia de dicho fenómeno entre uno y un 10 por ciento, aunque éstas puedan llegar a ser más altas en otras latitudes.

La ONU define al maltrato de los ancianos como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza y en la atención a esto que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación clasifica a los adultos mayores como grupos vulnerables, ya que normalmente son falsamente asociados con enfermedad, con ineficiencia, con lentitud y con poca productividad, que en conjunto conducen a estereotipos equivocados de decadencia, lo que los convierte en un objeto de abandono, de maltrato, de exclusión y son víctimas de discriminación restringiéndose así al ejercicio de sus derechos.

Pese a la existencia de los referidos estereotipos, lo cierto es que los adultos mayores contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad, siendo su tasa la participación en la economía del 33.8 por ciento. Sin embargo, tres de cada cuatro trabajan en la informalidad y la mitad apenas recibe dos salarios mínimos, mientras que otro 16 por ciento no recibe ingresos y eso es una injusticia para nuestros adultos mayores.

Tal como lo establece la ONU, la violencia contra los ancianos proviene de sus propias familias en la mayoría de los casos o de la comunidad en la que viven, lo que provoca niveles de depresión severos y en ciertos casos hasta la muerte.

La reforma que tuvo a bien presentar la diputada Elvia María Pérez y a la cual se adhiere mi grupo parlamentario aquí en la Cámara de Diputados, el Revolucionario Institucional, es el reflejo de la preocupación del gobierno sensible y humano de Enrique Peña Nieto. Por eso debemos de garantizar el pleno goce de todos sus derechos, por lo que se debe fomentar una cultura de respeto y cuidado a quienes durante muchos años ya han trabajado y han dado su vida y su experiencia para nosotros, las nuevas generaciones.

Es momento de crear conciencia a la sociedad en general para que ningún adulto mayor sufra de ningún tipo de discriminación y regresar a aquella época en la que se admiraba a las personas que se caracterizaban por su vasta experiencia y sabiduría. Ahí necesitamos seguir trabajando con conciencia social y con amor a nuestros progenitores.

La aprobación de este dictamen se inscribe dentro de una estrategia más amplia que refleja en acciones tales como la ejecución del Programa de Pensión para Adultos Mayores, por lo que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del mismo, toda vez que refleja la preocupación que tenemos sobre la situación de este importante grupo poblacional. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Javier López Zavala. Tiene ahora la palabra para hablar en pro el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, por supuesto que al ser autores de una de las iniciativas que hoy hemos dictaminado, no podemos de ninguna manera contrariar, contravenir u oponerse a un elemental derecho de los adultos mayores, que se consagra, se plasma en las disposiciones jurídicas que hoy han sufrido modificación en la ley de la materia. Nosotros estamos de acuerdo, votaremos en favor de estas disposiciones.

Precisamente este día se ha dedicado a este tipo de expresiones, apoyo, solidaridad a los adultos mayores, que en realidad encierra una política social que desde la izquierda hemos estado demandando desde hace muchos años.

El primer gobierno que inició en la práctica fue en el Distrito Federal, con Andrés Manuel López Obrador, este proceso de apoyo a los adultos mayores. Ahora casi en todo el país se establece y ahora la Cámara de Diputados ha logrado se plasmen modificaciones en estos artículos.

Sin embargo, también me gustaría que esta Cámara extrajera un poco estos dictámenes para plantearles un asunto de suma gravedad, la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal de Guerrero.

Como ustedes saben, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece que la desaparición forzada, la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuera su forma, cometida por agentes del Estado, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo y la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de las personas constituye un grave delito internacional, que es el que define. No sólo este delito internacional, sino que la práctica sistemática de esta desaparición de personas constituyen un crimen de lesa humanidad.

Estoy preocupado, como legislador, que no se actúe. La Cámara de Diputados debería elevar su voz para que el gobierno federal pudiera atender este asunto delicado. En cualquier parte del mundo la desaparición de 38 jóvenes de la Normal de Guerrero, cualquier país del mundo estaría escandalizado. Ya son varios días, no aparecen y no es un asunto de jurisdicción local ni menos de jurisdicción municipal.

Esta Escuela Rural Raúl Isidro Burgos está de luto y esta Cámara debería actuar en solidaridad para que de manera extraordinaria, como un asunto de obvia y urgente resolución pudiéramos plantear una comisión de seguimiento, de coadyuvancia al paradero de estos jóvenes, que no puede ser que se mantenga en el silencio.

Así como se actuó –y además reconocemos con atingencia en días pasados al planteamiento y atención a los jóvenes del Politécnico– debería la Secretaría de Gobernación actuar de inmediato para que se iniciara la búsqueda por parte del Estado nacional de estos 38 jóvenes que aún no aparece. Es una situación muy delicada.

Miren ustedes, la desaparición forzada es una disposición de carácter internacional, está consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, incluso en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por eso rebasa el ámbito local, rebasa el ámbito estatal y no basta con regañar al gobernador, llamarle la atención, reclamarle por la desaparición forzada, ya rebasó su capacidad local y ahora es responsabilidad del Estado nacional.

Por eso, de manera seria, de manera correcta planteamos que se establezca una comisión de parte de esta Cámara de Diputados para darle seguimiento, coadyuvar con el Estado nacional y hacer que aparezcan de inmediato estos 38 jóvenes.

Ojalá y se atendiera este asunto, porque es muy delicado y al país lo sitúa en un país de barbarie, en un país de catástrofe. No es posible que a cuatro días, a cinco días de distancia de la desaparición de 38 jóvenes aún se mantengan en la falta de información sobre su paradero, no haya resultado de ninguna manera ninguno de ellos, y el estado de Guerrero está verdaderamente en una tragedia social, tragedia humana, de la cual esta Cámara debería compartir.

Se los planteo en este tenor, porque se trata de un asunto delicado y grave, que ya es el Estado nacional México quien firmó como parte suscribiente estos tratados y estos instrumentos internacionales sobre la desaparición forzada.

Para nosotros ya se actualizó la hipótesis jurídica de desaparición forzada y, por tanto, ya es responsabilidad del Estado nacional. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Monreal.

No habiendo más oradores registrados y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se reservó artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

Se emitieron 375 votos a favor y 0 en contra.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular, por 375 votos, por unanimidad, el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

EFEMERIDES

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Con relación al 2 de octubre tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, para referirse a este tema. Diputado, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, presidente. Acostumbramos hablar del Movimiento del 68 el 2 de octubre, que es la fecha lúgubre, la fecha de la vergüenza, la fecha en que en lugar de haber escuchado a los estudiantes y encontrado una salida, el de dar diálogo público, que era lo que estaban solicitando, se optó por la represión absurda, por el autoritarismo y por la masacre. Porque Tlatelolco fue una masacre.

Y qué bueno que ahora el 2 de octubre se reconoce por parte del Estado mexicano como un día de luto nacional que hoy está en todas las plazas del país la bandera a media asta.

Pero el 68 no es solo el 2 de octubre. El 68 es un movimiento, un movimiento, por supuesto, que también tuvo su contacto, su contexto con movimientos internacionales como el Mayo francés, o la Primavera de Praga. Fue un movimiento cultural importante. Pero en México fue también la irrupción de la juventud ante una sociedad cerrada, mojigata en muchos sentidos. Era un movimiento que planteaba las libertades democráticas y las libertades también culturales, personales, etcétera, en un contexto de gran autoritarismo.

En ese sentido el movimiento estudiantil ganó, ganó culturalmente, quizás lo acabaron con las balas en ese momento pero su legado se siente. Su legado se siente en las transformaciones democráticas. En que ahora, por ejemplo, en el Distrito Federal, donde fue el máximo movimiento, aquí en el DF hemos conquistado libertades que todavía no existen en otros estados. Es la huella del 68.

Pero el 68 también es actual, es muy actual el 68 y la participación de los jóvenes. Ahí están los jóvenes politécnicos luchando contra el autoritarismo en su escuela. Espero que lo consigan. La verdad es que ha sido un movimiento ejemplar y lo demostraron en su marcha.

Y espero que haya solución y que la salida de Osorio Chong que los aceptó y hubo ese diálogo público no sea una puesta en escena y efectivamente haya una solución real en un momento difícil.

Pero están también los jóvenes de Guerrero. La verdad es que es inadmisible, atroz la represión que hubo contra los jóvenes normalistas. Y es atroz e impensable que en el México de este siglo haya más de cuatro decenas de estudiantes normalistas desaparecidos. Esos normalistas tienen que aparecer y tienen que aparecer vivos; vivos se los llevaron, vivos los queremos a los compañeros normalistas y nosotros vamos a poner nuestros principios por delante y nuestra tradición y nuestra historia. Por supuesto que vamos a exigir justicia y no vamos a proteger a nadie que haya tenido que ver con esos eventos tan deleznables como los que se dieron allá.

Hoy esperamos que haya una gran marcha, por cierto, el 2 de octubre del 68 mostró también la calidad de un hombre también excepcional como Octavio Paz, que renunció a la embajada de la India ante la atroz masacre que se dio por una cuestión de dignidad y de vergüenza.

Pero la mejor manera de honrar a esa juventud que transformó este país, es tratando a los jóvenes y estudiantes como lo que son, una fuerza de cambio. Este país necesita el ímpetu de la juventud para transformarse, para renovarse, etcétera; entonces en lugar de cerrarle las puertas hay que abrírselas a los jóvenes para que irrumpan también en la sociedad para transformarla. Necesitamos este sistema, necesita la bocanada de aire fresco de los jóvenes.

Por supuesto no puedo dejar de mencionar a un mexicano excepcional, a Raúl Álvarez Garín, gran dirigente politécnico; un dirigente politécnico que tuvo mucho que ver con esa marcha del silencio que fue una muestra de civilidad ante la clase política que, por supuesto como a veces pasa, quisieron satanizar a los estudiantes y ellos respondieron con una marcha de antropología al Zócalo, respondieron de manera ejemplar, en silencio. Abel Quezada sacó un cartel memorable diciendo: El silencio es más fuerte. En el Excélsior, de Julio Sherer, en ese 68: No más cerrazón a los estudiantes, no más cerrazón a la juventud; este país la necesita y la necesita en serio.

Esta la propuesta de autonomía al Politécnico. ¿Qué es la autonomía al Politécnico? Que la comunidad politécnica decida sobre su vida, decida sobre su organización, decida sobre su gobierno para que ya no haya imposiciones, para que tenga la mayoría de edad esa gran institución que se creó con el general Lázaro Cárdenas. Reconozcamos la mayoría de edad al Poli. Escuchémoslo, por supuesto. Escuchemos a los estudiantes. Escuchemos a los académicos, porque fue agraviada.

Y termino también porque es necesario por lo menos hablar, por lo menos mencionar a otro mexicano excepcional, Nieto de Justo Sierra, me refiero a Javier Barros Sierra, que cuando se dio el brutal bazucazo contra la puerta de la Prepa 1 por parte del Ejército, Javier Barros Sierra defendió la autonomía universitaria y encabezó una marcha de la explanada de Rectoría al Parque Hundido y de regreso y le dio otro cariz.

¿Y cómo respondió el sistema a Javier Barros Sierra? Lo satanizaron, lo atacaron, lo golpearon; eso porque había un sistema que era incapaz de entender la disidencia y capaz de entender que otros pensaran diferente. Termino con la frase que le dio Javier Barros Sierra a Gastón García Cantú en su entrevista: No nos quieren porque discrepamos. Viva la discrepancia. Viva el 2 de octubre. Vivan los estudiantes.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Belaunzarán. Para referirse al mismo tema, tiene la palabra el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, diputado presidente. Y los signos que anuncian la vuelta del cometa no son como el presagio de los magos y los adivinos. Son las certidumbres de la historia y los afanes de justicia, libertad e igualdad irrefrenable. Raúl Álvarez Garín.

Quise, compañeras y compañeros, recordar con estas palabras a uno de los importantes dirigentes e ideólogos del Movimiento del 68. Evocar la congruencia y la perseverancia que caracterizó a Raúl Álvarez Garín se hace pertinente hoy más que nunca. Lamentar su muerte resulta estéril si sus ideas y sus acciones no están presentes entre todos quienes aspiramos a vivir en un país más justo y más igual.

El 2 de octubre es una fecha infame y enmarcada en la tragedia de la historia reciente de nuestro país. Hace 46 años México, compañeras y compañeros, era un país muy diferente. El régimen de libertades era por demás restrictivo y la democracia era sólo enunciativa, pues distaba de la realidad de un régimen político hegemónico.

A pesar de la diversidad social que se manifiesta en el país, la representación política restringía en ese entonces la pluralidad democrática. Lo que inicio como una manifestación estudiantil, la cerrazón y la intolerancia del régimen de entonces, la convirtieron en un movimiento que exigía una transformación política y social de nuestro país.

Los jóvenes del 68 asumieron su responsabilidad frente a la historia y frente a su generación. No podemos negar la irrupción histórica del movimiento. Provocó la apertura del régimen político hacia uno más democrático. Sin duda la generación del 68 demostró que la juventud puede convertirse en un agente colectivo del cambio social.

Este ejemplo de compromiso cívico no debemos ni podemos olvidarlo, menos quienes hoy tenemos la responsabilidad de velar por los intereses de la sociedad mexicana e impulsar el desarrollo de nuestro país.

México no es igual que lo que era, y lo que fue testigo atónito de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas. Todos hemos colaborado en la construcción de este México de libertades y de expresión. Hoy vivimos en un país que progresa y en el que la gente no teme hablar de las injusticias o las violaciones a los derechos humanos por parte de la autoridad.

Sí, compañeras y compañeros. Aun los más pesimistas tienen que reconocer los avances democráticos de nuestro país. Hay una representación de diversas fuerzas políticas a lo largo del país y dentro de ésta misma Cámara y todos, mexicanas y mexicanos, somos cada día más conscientes del valor de nuestro voto y del valor de nuestra voz.

Debemos reconocer las insuficiencias de nuestra democracia imperfecta, pero debemos valorar también en su justa dimensión las libertades y los derechos que hoy gozamos las y los mexicanos. El reto no es sólo perfeccionar nuestra democracia, sino que ésta sea un sistema de vida para todas y todos.

Sabemos que aún falta mucho por recorrer. Existen enormes resabios y desigualdades. Aún necesitamos avanzar en el desarrollo nacional para otorgar mayores oportunidades de progreso a nuestros jóvenes con la educación, con la salud y con una oferta laboral incluyente.

En Nueva Alianza nos identificamos con los jóvenes porque muchos de nosotros somos jóvenes también. Somos una nueva fuerza política. Tenemos ese espíritu, ese ímpetu y entendemos que las demandas de la juventud son, hoy como ayer, presagio y termómetro del ánimo social

Es imperativo escuchar a nuestros jóvenes, quienes sin duda tienen exigencias válidas. Es necesario que mediante una política integral se atiendan sus legítimas demandas. Recientes acontecimientos nos demuestran que tenemos una deuda con nuestra juventud. Reconocemos que existen carencias y omisiones que afectan el desarrollo pleno de sus derechos y capacidades. Mediante la educación, el empleo, la salud y un medio ambiente sano y libre de violencia, podemos salir adelante.

En Nueva Alianza sabemos que la juventud es el motor de los cambios democráticos en una sociedad, por eso estaremos eternamente agradecidos con aquella generación de jóvenes que vivió el 68, porque fue el primer atisbo de una transformación en la forma de gobernar de nuestro país.

A la juventud que la caracteriza el arrojo y el valor para no permanecer apáticos ante la injusticia y la iniquidad, imitemos y hagamos nuestros estos atributos.

Seamos valientes y tengamos el arrojo para darles un país del cual se puedan sentir orgullosos. Escuchemos y respetemos las opiniones de nuestra juventud, sus puntos de vista, sus ideas, sus ideales; démosles las herramientas para que puedan contribuir al crecimiento de nuestro país, y seamos consecuentes con ese idealismo que nos condujo a dedicarnos al servicio público a muchos de nosotros, porque ese idealismo que está en la juventud, se gestó desde la juventud y ha sido parte de lo que ha dado forma a nuestro país.

Por su atención y paciencia, compañeras y compañeros, muchas gracias; muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado René. Tiene ahora la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Dos de octubre es una fecha luctuosa para el pueblo mexicano, no sólo por la persecución y asesinato de jóvenes estudiantes que en un anhelo de democracia y justicia exigían diálogo público y abierto con el gobierno en turno, para atender sus demandas; hay más razones, mismas que la historia se ha encargado de juzgar como justas y viables.

Podríamos mencionar a mexicanas y mexicanos que fueron marcados por la represión; a José Revueltas, Tita Amor, Heberto Castillo, el propio Álvarez Garín, así como a quienes actuaron en congruencia en la defensa de las víctimas del 68; Octavio Paz, quien se negó a representar a gobiernos priístas.

Hay miles de ciudadanos anónimos que honra el 2 de octubre, por eso 2 de octubre no se olvida. Es la consigna que hoy en la Plaza de las Tres Culturas miles de jóvenes gritan al sistema político mexicano caracterizado por la cerrazón de un gobierno que fue y es incapaz de reconocer la legitimidad de la protesta estudiantil con demandas viables para su atención.

En la agresión no existió la razón; prevaleció la cerrazón y una visión política prejuiciada de un gobierno incapaz que criminalizó a la protesta juvenil.

2 de octubre no se olvida no sólo por los jóvenes sacrificados en el movimiento del 68, sino por el uso de la fuerza del Estado en contra de los y las ciudadanas, con lo que pretenden justificar su existencia y función.

2 de octubre no se olvida por un Estado fascista que no fue capaz de establecer un diálogo abierto con los jóvenes, en donde prevaleció la política del encubrimiento, de la impunidad contra los responsables de la masacre.

2 de octubre no se olvida al repetir de nueva cuenta la política del abuso, de la represión contra la protesta juvenil que alza la voz contra la pobreza y la desigualdad en las condiciones de estudio, de pobreza, de falta de oportunidades de empleo y desarrollo en las que viven millones de jóvenes.

2 de octubre no se olvida porque en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, implica la responsabilidad de autoridades municipales y estatales que actúan con los cánones de la delincuencia organizada, la ejecución en sitio y el levantón.

2 de octubre no se olvida por los jóvenes de Ayotzinapa que fueron trasladados en patrullas oficiales del municipio y encerrados en los separos de la policía, pero que ahora se desconoce su situación; al parecer, como se dijo aquí ya, es desaparición forzada.

2 de octubre no se olvida por los muertos y desaparecidos en la guerra fallida de Calderón, cuya estrategia continúa Peña Nieto con miles de víctimas a las que sin razón se califica de delincuentes para justificar la ineficacia del Estado en su ataque a los criminales, por las y los huérfanos víctimas del fuego cruzado.

No se olvida por el ejército que de nueva cuenta es cuestionado en su actuación ante la omisión y ocultamiento de su desempeño, por las autoridades civiles responsables de sus operaciones en los pueblos y comunidades de nuestro país.

No se olvida por el Estado fallido, por la impunidad y la corrupción de la Procuraduría General de la República en su ineficacia en la investigación y persecución de los delitos y los criminales, por la omisión de ser garante de las víctimas y sus familiares de actos criminales, de extorsión, secuestro y levantones.

No se olvida por el silencio de los medios de comunicación que encubren la violencia e inseguridad que viven millones de mexicanos en un país en el que no sólo existe el secuestro de gobiernos municipales y estatales, sino incluso su complicidad con la delincuencia organizada.

No se olvida por la mentira de mayores condiciones de seguridad y paz en estados como Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

No se olvida por el silencio ante los negocios multimillonarios justificados con la demagogia de crecimiento de empleo y energías más baratas, por una reforma depredadora que entrega bienes nacionales a las empresas privadas nacionales y extranjeras.

No se olvida ante instituciones fallidas que obligan a los miembros del ejército a convocar una marcha en defensa de los militares detenidos en el caso Tlatlaya que exigen no a chivos expiatorios.

No se olvida porque de nueva cuenta son los jóvenes estudiantes los que, con su transparencia y ejercicio pleno de su libertad, protestan contra la imposición, contra la sinrazón, contra instituciones fallidas.

El movimiento estudiantil del Politécnico es muestra de la inconformidad nacional de un Estado en el que no funcionan las instituciones y las instancias de gobierno para atender eficazmente las demandas sociales.

El derecho a la información obliga al secretario de Gobernación en su calidad de garante de los derechos a la información y libertad de expresión, de que la información que difunden los medios de comunicación en las acciones y decisiones de los estudiantes, sea objetiva y plural.

Claramente hemos visto cómo los medios de comunicación, en particular el duopolio televisivo, ha sesgado la información de las demandas de los politécnicos, fetichizándolas a la simple exigencia de la renuncia de su directora, cuando en realidad el pliego de demandas de los estudiantes representa un proyecto de institución educativa superior o puesta al control burocrático, democracia interna que implica la participación de la comunidad politécnica en elección de sus autoridades, mayor presupuesto, revisión de programas de estudio y compromisos de la educación tecnológica que implican recuperar el sentido social para proporcionar educación profesional a las clases populares para la reconstrucción, desarrollo industrial y económico del país, visión con la que la creó Lázaro Cárdenas en el 36.

El pliego petitorio de los estudiantes no puede ser atendido con la demagogia de un gobierno que encubre la ineficiencia institucional para solucionar el estado de polarización social; 2 de octubre no se olvida porque de nueva cuenta los jóvenes son muestras de dignidad, integridad y honestidad en su lucha.

Culmino presidente. Dignidad que obliga al ahora interlocutor secretario de Gobernación, al señor Chong, a no andarse deschongando tanto, sino nada más queremos que mantenga una actuación legal y transparente e informada, plural y objetivamente, comprometida con la legitimidad del movimiento que personal y públicamente reconoció el pasado martes frente a miles de estudiantes del politécnico, legitimidad que esperamos no sea traicionada o reprimida por la gestión política de un gobierno en el cual él está marcado por la ineficiencia, la corrupción, la represión y la impunidad.

Por los muertos y por los vivos, 2 de octubre no se olvida.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputada, ¿Con qué motivo? Diputada Nelly Vargas. Sonido ahí, compañeros.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (desde la curul): Gracias, presidente. Con la petición expresa de que me anote en la lista de oradores para hacer un posicionamiento con este tema.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputada. Sólo les informo que el acuerdo de las fracciones parlamentarias es que sería un orador por grupo parlamentario, quienes así lo consideraran, pero anoto su solicitud, diputada. Adelante, diputada Alcalde.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchas gracias. “Nada con la fuerza, todo con la razón”. “Libros sí, granaderos no”. Los coros del Movimiento del 68 todavía resuenan por nuestras calles y avenidas, auténticos reformadores enarbolados hoy por jóvenes herederos de los mártires del 68. Y es que hoy, como desde hace 46 años, el 2 de octubre no se olvida. Éste es un día de duelo nacional, de memoria colectiva y de profunda reflexión social. Nos recuerda a hombres y mujeres que han contribuido a mejorar nuestra sociedad, pero también nos recuerdas a personas y circunstancias que la han agraviado dejándonos una obligación moral, la obligación a no olvidar.

Muchas cosas han cambiado desde ese aciago día de octubre para bien o para mal, la gesta estudiantil fue el motor para impulsar el proceso de democratización que se desarrolló en las décadas siguientes y que todavía no ha logrado consolidarse.

Un secretario de Gobernación dialoga con los estudiantes en la Ciudad de México y al mismo tiempo en Iguala padres de estudiantes de normalistas desaparecidos reclaman su regreso con vida. Vivos de los llevaron, vivos los queremos, dicen las pancartas de estos padres, las mismas frases que utilizaron los padres de los estudiantes desaparecidos en la masacre de Tlatelolco.

El rancio régimen que dio pie a la masacre del 68 parece seguir de pie, vivimos tiempos en los que la prensa y las voces disidentes siguen sufriendo persecuciones y vejaciones, ya sean obreros, campesinos y hoy tan presente y vivo el movimiento estudiantil que enarbola el politécnico.

Hay un mentiroso mensaje de apertura y diálogo; y a la vez la juventud no tiene garantías de manifestarse libremente, de exigir educación pública, laica y gratuita, y de tener un empleo digno.

El 1o. de diciembre de 2012 estuvo marcado con el retorno del puño de hierro que nos dejó decenas de jóvenes heridos e intoxicados y alrededor de 100 detenidos. No podemos decir que en México ha habido avances desde el 68 si tenemos el caso de Ayotzinapa sin resolver. En este momento hay decenas de normalistas guerrerenses que siguen desaparecidos.

No podemos hablar de avances si este año en Quintana Roo detuvieron a José David Cauich y a Teresita Brito Piña por protestar contra el incremento de las tarifas del agua. No podemos hablar de avances si siguen sin esclarecerse los responsables de la represión por militares que dejaron 22 jóvenes muertos en Tlatlaya.

No podemos hablar de avances si el estado de México es ahora uno de los sitios más peligrosos de todo el mundo para las jóvenes, con 6.4 asesinatos de mujeres diarios, de los que el 95 por ciento queda impune.

Cuarenta y seis años han pasado desde esa noche de Tlatelolco y todavía no se ha hecho justicia a las víctimas de esa masacre, ni la del Jueves de Corpus ni de la Guerra Sucia de los 60, 70 y 80.

Ninguno de los funcionarios públicos que intervinieron en esos dolorosos acontecimientos, vinculados en tiempo y espacio por una política sistemática y generalizada de represión, terror y criminalización de la juventud, han sido sancionados.

Permanecen impunes los autores de las matanzas estudiantiles, las persecuciones de opositores políticos, las desapariciones forzadas de luchadores sociales y las ejecuciones extrajudiciales de hombres y mujeres cuyo único pecado fue tomar conciencia y luchar por un mejor presente y un futuro digno.

Por eso la consigna 2 de octubre no se olvida no es una mera evocación histórica ni un reclamo contextual, sino la condición indispensable para el cumplimiento de una exigencia social que sigue viva e insatisfecha. Las causas, circunstancias y decisiones que llevaron al 2 de octubre no deben olvidarse para que nunca más vuelvan a repetirse. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Me han pedido la palabra otras compañeras diputadas y compañeros diputados. Vamos a permitirles que hagan uso de la palabra, solamente les rogaría que fueran tres minutos por razones del acuerdo. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Muy breve, presidente y agradeciendo su apertura. Qué bueno que finalmente en esta sesión 2 de octubre no se olvidó. Yo quiero llamar la atención de una carta que nos dirigen los representantes de la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón, de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Guerrero, que fue la carta a la que hizo alusión el diputado Ricardo Monreal.

Precisamente en pleno 2 de octubre, 46 años después de la masacre de estudiantes, estos jóvenes de Guerrero, hijos de gente pobre, humilde, que llega a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tratando de mejorar su entorno, donde además las escuelas normales en el país sufren una envestida, estos jóvenes le están pidiendo a la Cámara de Diputados que se cree un grupo de trabajo plural de diputados y diputadas con el objetivo de que contribuyan a investigar las desapariciones de 43 compañeros y se finque responsabilidad a los actores materiales e intelectuales de la ejecución de tres compañeros de ellos.

Esto nos están pidiendo los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y me parece, compañeras y compañeros legisladores, que no puede esta Cámara ser omisa ante el clamor de esta juventud.

Hoy la juventud vive la violencia del desempleo, la violencia de la delincuencia, la violencia del Estado. Y discrepo de quien dice que hoy México es otro, puede haber mayor desarrollo tecnológico, puede haber mayor desarrollo de las comunicaciones. Pero seguimos viviendo un nuevo autoritarismo en el país, defensores y defensoras de derechos humanos son perseguidos, periodistas son asesinados u hostigados desde el poder. Por esa razón, nosotros creemos que hoy, más que nunca, dos de octubre no se olvida.

Pero llamamos la atención que no bastan los diálogos de reflectores, no basta la audacia de salir al encuentro de una marcha si no hay voluntad política de resolver los problemas de fondo.

Pedimos a este Poder de la República y a la Junta de Coordinación Política que se instale ya el grupo plural que coadyuve en las investigaciones de los 43 jóvenes desaparecidos del estado de Guerrero, tal y como lo planteó también mi coordinador, Ricardo Monreal. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Queda registrada su solicitud. Tiene la palabra la diputada Gloria Bautista. Ella me pidió hasta por un minuto para hacer una intervención sobre este tema.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Con su venia, señor presidente. Dos de octubre, gracias, niñas y jóvenes por su valor, por su vida ofrendada, por su inteligencia. Pero, sobre todo, por su amor a la verdad y a nuestra patria. Dos de octubre, gracias, niños y jóvenes, gracias por enseñarnos lo que es la dignidad, lo que es luchar por un ideal, lo que es nunca morir.

Podemos hablar entre un antes y un después del 2 de octubre. El 2 de octubre rompió para siempre la legitimidad de todo autoritarismo. Por eso, cuando en la actualidad algunos pretenden ensayar algunas prácticas autoritarias no se hacen de cara a la nación y se han caído o habrán de caerse en pedazos.

La enseñanza por la democracia del movimiento del 68 no sólo está en los libros, sino en nuestra sangre, a cada paso que damos a lo largo y ancho de nuestro país.

Y llegó el 68 y las calles incrédulas se llenaron de masas de jóvenes que no aceptaban el sometimiento de la antidemocracia como forma de vida, la injusticia general como filosofía de un país y exigieron un país de dignidad y libertades. Ellos abrieron el camino y ahora estamos obligados a continuarlo hasta alcanzar una sociedad plena en el respeto de los derechos humanos.

En tal virtud, expresamos nuestra más enérgica condena por los crímenes sin nombre de Iguala, Guerrero y contra todo acto de violencia contra nuestros jóvenes.

Aprovecho la oportunidad para sobre todo en esta fecha darle un reconocimiento al gran líder del Movimiento del 68, Raúl Álvarez Garín, fallecido hace unos días, muerto sólo físicamente, pues perdurará como arquetipo de la lucha congruente y por la democracia en nuestro país.

En suma, el 2 de octubre es una fecha clave en nuestra historia, que nos reta día a día lograr la verdadera equidad en nuestro país. A 46 años del vergonzoso suceso del 2 de octubre hay 48 normalistas desaparecidos, las escuelas del Politécnico están cerradas y los alumnos están nuevamente en las calles manifestándose por sus derechos, a una educación de calidad, a ser escuchados y considerados por sus autoridades.

Habremos de analizar las formas en que estamos tratando a nuestra juventud, los modos en que se está labrando nuestro futuro, con las pocas oportunidades laborales, educativas y formativas de nuestros jóvenes.

Hagamos conciencia de la necesidad de incluirlos en el proceder del país, porque esto determinará el rumbo de un México próspero. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Gloria Bautista. Y le vamos a dar la palabra también a la diputada Nelly Vargas, para referirse también al mismo tema, y ya no tenemos más oradores.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Gracias, señor presidente. Hoy 2 de octubre, hace 46 años la supuesta democracia mexicana de ese entonces se tiñó de sangre y se vistió de luto, uno de los capítulos más vergonzosos y negros de la historia colectiva del pueblo mexicano.

La pesadilla de Tlatelolco quedará impresa para siempre en la memoria, detrás de una máscara adornada de fascismo. El 2 de octubre de 1968 no se olvida ni se olvidará jamás. Aquel día y aquel momento en el que el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, con una actitud de autoritarismo feroz, dio la orden para reprimir una manifestación estudiantil que se llevaba a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Aquel momento en que las bengalas del Ejército Mexicano dibujaron en el aire la señal, para que los soldados abatieran de plomo y musicalizaran de estruendos y estallidos a los aproximadamente 5 mil manifestantes, provocando una sintonía de llantos y gritos. Nunca, nunca se olvidarán.

Una puesta en la escena de horror con sucesos confusos, en donde hasta el día de hoy no se conoce la cifra de manera exacta del número de muertos que cayeron y llenaron ese día el anfiteatro de la plaza. Nunca se esperó que el espíritu de esa represión fuera genocida y jamás se contó con que ese día se marcaría la página de la mayor violación a la dignidad humana de los mexicanos.

La masacre injustificada ante razones equivocadas queda como un hito bullicioso de lucha reaccionaria en contra de un poder autoritario represivo. El día de hoy, otro 2 de octubre más, los jóvenes saldrán a las calles para replicar y mantener vivo el eco de los principios e ideales de quienes valientemente se levantaron en contra de la tiranía del momento.

Esta conmemoración de valientes causas es también una reflexión ante el contexto en el que está sumergido el país. A 46 años del fatídico evento tenemos nuevamente los elementos para un gran estallido social.

A estas alturas la simulación política no ha traído mayor estabilidad para el país sino todo lo contrario, seguimos con una descomposición social que padece de un contagio o efecto dominó. La violencia se sigue apoderando de los estados al interior de la República.

Tenemos nuevamente una federación desmembrada y desarticulada, desconectada de la sociedad. Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, estado de México, Chihuahua, entre otros, son solo los más mediáticos.

Los descontentos del Instituto Politécnico Nacional pueden ser solo el principio de un foco de conflicto estudiantil de escala mayor, si se sigue ignorando el carácter fundamental de la participación democrática.

Las protestas en contra del Consejo General del Instituto Politécnico Nacional es una respuesta organizada tras el descontento de convalecer la propia formación de quienes son los actores directos y fundamentales de la institución.

Es la deficiencia en la falta de diálogo con los ciudadanos, el cual ha pasado de un plano casi inalcanzable para lo común, lo que ha atrofiado nuestro sistema democrático simulado.

De alguna manera las llamadas reformas estructurales han estancado el proceso potencial del cual México podría sentirse orgulloso y eso lo reitero, es por la disrupción del poder con los ciudadanos, de la falta de inclusión y de la falta de diálogo.

Este 2 de octubre del año 2014 es para recordar y tener presente que una democracia sana es una sociedad próspera, un sistema político incluyente, es una democracia fortalecida y una sociedad funcional es la clave para el progreso de una nación. Dos de octubre no se olvida. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias a usted. Señora diputada.

No habiendo más oradores en este tema, proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se publica modificación de turno de minuta.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizaron modificaciones de turno:

1. Minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de las Niñas, niños y adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

“Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen, y a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Igualdad de Género, para opinión.”

México, DF, a 2 de octubre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias. De conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Amalia Dolores García Medina, Silvano Aureoles Conejo y Agustín Miguel Alonso Raya, del PRD, y por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Amalia Dolores García Medina, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El fenómeno migratorio en nuestro país es harto complejo, somos un país de origen, de destino, de tránsito y de retorno de migrantes; a más de un país con migración interna. Esta realidad hace que México sea, dentro del continente americano, el país que refleja de forma más clara el carácter pluridimensional de la migración internacional, como reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esa comisión observa que, “como consecuencia de las marcadas desigualdades económicas y de oportunidades entre los principales países de origen y países de destino de migrantes en la región, la pobreza y las dificultades para acceder a condiciones de vida digna, la violencia ocasionada por la delincuencia organizada y común, las violaciones a los derechos humanos, la discriminación en contra de ciertos grupos vulnerables de población, las necesidades de reunificación familiar, los desastres naturales, así como la posición geográfica de México plantean para el Estado mexicano grandes desafíos respecto a cómo gestionar desde un enfoque de derechos humanos la afluencia de flujos migratorios mixtos” (Informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México 2014).

México es en la actualidad el segundo país de emigración, con un estimado de 13 millones de migrantes internacionales, lo cual significa que más de 10 por ciento de la población del país vive fuera del territorio mexicano.

De acuerdo con datos de la División de Población de las Naciones Unidas, de los 46 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos en la actualidad, se estima que cerca de 13 millones de estos migrantes provienen de México, lo cual significa que uno de cada tres migrantes en Estados Unidos es mexicano.

Es de especial preocupación el dato de las estimaciones del PEW Hispanic Center de que en marzo de 2010 había 11.2 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos, de los cuales 6.5 millones eran mexicanos, es decir, los mexicanos representan el mayor grupo de migrantes en situación irregular en Estados Unidos, con 58 por ciento del total.

Los migrantes mexicanos generan grandes beneficios en términos de remesas para México. Para 2012, México seguía siendo el principal receptor de remesas en el continente americano y el cuarto mayor receptor de remesas a escala mundial, después de India, China y Filipinas, con un estimado de 23 billones de dólares para ese año.

En términos relativos, las remesas representan para el PIB de México la segunda fuente de ingresos externos después de los ingresos que perciben por las exportaciones de petróleo (The World Bank, Migration and development brief 20. Washington, DC, 2013, página 2).

La migración económica de mexicanos representa, además, una importante válvula de escape al conflicto social en nuestra país.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Migración, anualmente ingresan en México alrededor de 140 mil migrantes en situación irregular, la mayoría proveniente de Centroamérica. Esta cifra no incluye los movimientos locales entre las riberas del río Suchiate, en Chiapas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informa que organizaciones de la sociedad civil estiman que la cifra de migrantes en situación irregular podría situarse en aproximadamente 400 mil migrantes al año. La mayoría de estos migrantes irregulares pretenden llegar a Estados Unidos o a Canadá.

México es también un país de destino para miles de migrantes, en especial centroamericanos, que se dirigen, principalmente, a estados fronterizos para trabajar como jornaleros en labores agrícolas o como trabajadoras domésticas en las principales ciudades de la frontera sur.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 México contaba con 961 mil 121 migrantes internacionales.

Con cifras del INM, entre 2008 y 2012 se llevaron a cabo 2 millones 423 mil 399 eventos de repatriaciones (deportaciones) de mexicanos desde Estados Unidos. Sólo en 2012 se llevaron a cabo 369 mil 492 eventos de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos.

Las autoridades migratorias estadounidenses informan que del año fiscal 2009 a 2011 llevaron a cabo 1 millón 878 mil 293 eventos de deportación de migrantes mexicanos. El retorno de migrantes mexicanos representa un gran reto para el Estado mexicano que tiene que encontrar soluciones que permitan la protección y la integración social y económica de esos connacionales.

El gobierno de México tiene además el deber de atender a sus connacionales en el extranjero, de generar condiciones económicas y sociales que eviten la emigración obligada de millones de mexicanos, y el de garantizar una estancia y paso seguro para migrantes extranjeros en nuestro territorio, siempre garantizando la protección de sus derechos humanos.

El presidente Enrique Peña Nieto, desde su campaña se comprometió a velar por los intereses de los migrantes, y el 2 de diciembre de 2012, en uno de sus primeros actos de gobierno, firmó con los dirigentes de los principales partidos políticos el Pacto por México, el cual comprende 95 compromisos, el compromiso 30 se refiere a los migrantes, y a la letra dice:

• Derechos de los migrantes. Se ejecutará una política migratoria que defienda la decisión de migrar como un derecho humano. Por lo tanto, se defenderán los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando en contra de su criminalización, y se implementará la misma política para los migrantes extranjeros en nuestro país.

La atención de un fenómeno tan complejo requiere la coordinación de numerosas instancias oficiales y la asignación de presupuestos de diversas dependencias, así lo reconocen diversas manifestaciones y documentos oficiales:

- La Secretaría de Relaciones Exteriores, en el documento de 2013 México frente al fenómeno migratorio: una visión para el siglo XXI,reafirma su compromiso con un modelo atención centrado en la persona, reconociendo a los migrantes como sujetos de derechos y aliados para el desarrollo, y en él establece que “es indispensable instaurar políticas que consideren de manera integral la relación estrecha entre las dimensiones humana, social y económica del fenómeno y su repercusión en el desarrollo” y de manera más específica señala “el Programa Especial de Migración (PEM), representa la oportunidad para crear una política migratoria con el nuevo enfoque de respeto a los derechos humanos, desarrollo sustentable, género, interculturalidad y seguridad; con acciones transversales que involucren a todas las dependencias y niveles de gobierno, así como entidades de la sociedad civil”.

- De igual manera, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce la necesidad de que el problema migratorio se atendido a través de un programa de carácter transversal e intersectorial, así lo dispone la estrategia 5.4.4 del objetivo 5.4 (objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional):

Estrategia 5.4.4. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria.

Esta estrategia, como todas las del plan, se desglosa en líneas de acción, veamos la primera, de la presente estrategia:

• Elaborar un programa en materia de migración de carácter transversal e intersectorial, como el instrumento programático para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política y la gestión migratoria.

- El pasado 8 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto presentó en Chiapas los cinco ejes de su nueva política migratoria para la frontera sur del país. En ese evento mencionó la necesidad de una coordinación interinstitucional para atender ese fenómeno sociológico y anunció la creación de la Coordinación de Atención Integral a la Migración en la Frontera Sur”. Esto, para dar atención, ayuda humanitaria y garantizar el respeto de los derechos humanos.

Como vemos, el gobierno federal reconoce la necesidad de acciones transversales para atender la migración, en todas sus expresiones; y el Plan Nacional de Desarrollo dispone que se debe “elaborar un programa en materia de migración de carácter transversal e intersectorial, como el instrumento programático para el diseño, la implantación, el seguimiento y la evaluación de la política y la gestión migratorias”.

Para cumplir cabalmente la obligación establecida en el Plan Nacional de Desarrollo en materia migratoria, y cumplir los objetivos institucionales en el tema, debe establecerse en el Presupuesto de Egresos de la Federación un anexo transversal para atender institucionalmente, y de manera coordinada por múltiples dependencias el fenómeno migratorio.

La necesidad de que haya un anexo presupuestal transversal se da en razón de que en el presupuesto federal existen aproximadamente 80 programas, de diversas dependencias, que tienen relación con el fenómeno migratorio, y un anexo especial permitiría garantizar una mejor evaluación de la aplicación de esos recursos.

Anexos similares hay en la ley para otros programas que igualmente involucran a múltiples dependencias, como igualdad entre mujeres y hombres; atención de niños, niñas y adolescentes; desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas; y desarrollo de los jóvenes.

En atención de lo expresado, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único. Se adiciona la fracción III Bis del artículo 2 y se anexa un inciso w) a la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 2.Para efectos de esta ley se entenderá por

...

...

...

III Bis.Anexos transversales: anexos del Presupuesto donde concurren programas presupuestarios, componentes de éstos o unidades responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático, y los Recursos para la Atención del Fenómeno Migratorio;

Artículo 41.El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá

I....

II.El proyecto de decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán

...

...

...

...

w). Las previsiones de gasto que correspondan a la Atención del Fenómeno Migratorio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, sede de la Cámara de Diputados, a 30 de septiembre de 2014.— Diputados: Amalia Dolores García Medina, Agustín Miguel Alonso Raya, Beatriz Zavala Peniche, Silvano Aureoles Conejo, Tomás Torres Mercado, Loretta Ortiz Ahlf, José Antonio Hurtado Gallegos, Judit Magdalena Guerrero López, Adriana González Carrillo, Mario Miguel Carillo Huerta, José Luis Esquivel Zalpa (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su dictamen; y a la Comisión de Asuntos Migratorios, para opinión.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:  «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, 191 223, 226, y 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, sin duda alguna debemos reconocer que gracias al esfuerzo y la lucha constante de generaciones, se ha avanzado en el propósito de lograr una plena igualdad, una verdadera equidad de género y una incipiente cultura de la tolerancia entre nuestra sociedad, que permita el disfrute tanto de hombres y mujeres de las mismas oportunidades y condiciones de desarrollo y pleno goce de sus libertades.

Sin embargo para algunos sectores minoritarios o vulnerables, esta lucha ha sido difícil; porque les ha tomado mucho más tiempo del esperado y destacadamente les ha exigido innumerables sacrificios.

La niñez, las mujeres, las personas con discapacidad o los adultos mayores, sólo por mencionar algunos; son una muestra de éstos y adolecen de la inmadurez del pensamiento social que les impide el libre ejercicio y disfrute de todos sus derechos.

No obstante, podemos afirmar en lo general que gracias a su lucha constante, al día de hoy hemos logrado aprender a revalorizar como sociedad el papel que le corresponde a la mujer, la niñez, a las personas con discapacidad y los adultos mayores, entre otros; y dignificar su importancia y participación en el desarrollo pleno de este país.

A pesar de ello, hay todavía factores en nuestra población que impiden el desarrollo pleno de los individuos; la realidad y sobre todo la vida rutinaria nos hacen ver, que no basta con el establecimiento en la ley y el reconocimiento por parte de los gobiernos y sus instituciones, de nuestros derechos más elementales; si la sociedad en su conjunto no los reconoce a cabalidad, los reproduce sistemáticamente, los enseña de manera permanente, los acepta en su totalidad y por consiguiente los lleva a la práctica diaria y cotidiana en el transitar común, dentro de su ámbito en que se desenvuelven.

Desafortunadamente, en este tema integramos una sociedad que discretamente pero de manera reiterada, tolera la simulación y solapa la marginación sistemática de la población más vulnerable.

Esto es porque quizás nos ocupamos de sembrar en nuestras leyes y forma de gobierno el término de igualdad así como el de la equidad de género; pero a la vez olvidamos u omitimos penetrar tanto en nuestra sociedad y su pensamiento, como en los hogares, la escuela y en el día a día; lo que representa fomentar e inculcar el respeto y la tolerancia a las preferencias de cada uno y por ende en su conjunto.

Olvidamos que si bien la escuela es la segunda casa, la casa es la primera escuela; y descuidamos por completo, iniciando desde los valores y la unidad familiar, todo lo que en nuestros hogares se relaciona.

Un ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior, es lo que sucede con el contenido de la programación de la radio y la televisión –principalmente ésta última-; es decir lo que los integrantes de la familia mexicana ven, escuchan, reciben y perciben por estos importantes medios de difusión; ya sea nuestra niñez, nuestros jóvenes, adultos o adultos mayores.

En la actualidad, estos importantes medios de comunicación y difusión –principalmente la televisión- ofrecen una programación que no coincide con los esfuerzos de una sociedad por buscar mejores formas de relacionarse y preservar no sólo sus maneras civilizadas de conducta, sino también sus valores que como sociedad nos identifican.

Reproduciendo casi en la totalidad de sus programas, conductas negativas que derivan incluso en problemas de salud pública e integridad física de todos los habitantes en general, pero con especial énfasis en la niñez mexicana.

El asunto no es menor, más allá de la reflexión que mencionaremos más adelante sobre la importancia y el papel que deben de asumir estos medios de comunicación, las cifras al respecto son crudas, tajantes y contundentes.

Somos un país en el que al final del año pasado, el 2013, las estadísticas nos muestran que:

• 94.4 por ciento de los hogares tienen al menos una televisión.

• En promedio le dedicamos ya sea a la televisión preponderantemente, al radio o al Internet al menos 4 y media horas diarias.

• Los menores de edad se sientan a ver televisión en promedio tres horas diarias.

• Cerca de 45 millones de familias disponen además, del servicio de televisión de paga que suma, en promedio, al menos 40 canales más de televisión.

• Somos una sociedad donde nuestra niñez pasa dos mil horas al año viendo televisión en contra de las 800 horas en promedio que pasa en la escuela en un ciclo escolar.

Sin duda alguna lo anterior es por sí solo inquietante y ese sentimiento se profundiza si prestamos atención a estudios recientes que indican que los seres humanos podemos sufrir serias afectaciones a la salud derivadas de problemas como depresión, obesidad y déficit de atención causados por sobreexposición a la televisión; situación derivada del vertiginoso desarrollo que cada vez más alcanzan estos dos principales medios de comunicación y difusión masiva.

No podemos cuestionar lo anterior, si vemos que en pocos años ha sido tan grande su desarrollo que es innegable que en la actualidad inciden decididamente en el tejido social y poseen una facultad de incurrir ya sea de manera positiva o negativa en su ámbito cultural, educativo, social, histórico, cívico, político y económico; siendo precisamente ese factor el que los coloca en una situación de suma importancia.

De entrada debemos reconocer que en México la radio y la televisión carecen o en el menor y mejor de los casos –refiriéndome al radio- ofrecen en su programación una confusa intención educativa, ética, cívica y cultural; básicamente porque no les interesa hacerlo, lo único que importa es explotar al máximo la ganancia comercial que obtienen y que se ha convertido en el único fin de su existencia; en pocas palabras es la caja mágica que crea falsas necesidades.

Lo anterior se ve alentado y no se ha detenido porque como sociedad y gobierno al paso del tiempo, hemos sido altamente permisivos con esa situación y quizás hasta la hemos alentado.

Dándonos como resultado, una radio y televisión vacía de contenido educativo, cívico y cultural, con programación altamente comercial que segmenta y condensa la información, y cuya exclusiva función es ofrecer únicamente entretenimiento exponencialmente simplista y alentador del consumo exacerbado.

Afortunadamente en lo que va del presente gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, la acción gubernamental ha volteado hacia este sector y lo ha involucrado activamente en una reforma integral que pretende mejorar su posición y función con y frente a la sociedad.

Con ello, y gracias a la promulgación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión –objeto de la presente iniciativa- y de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, podemos decir que nos encontramos a nivel mundial en la vanguardia en lo que respecta a la tema.

No obstante, debemos de incidir mayormente –aunque se considera ya en las leyes promulgadas- en fortalecer en la radio y la televisión su vocación de servicio público y social, de enseñanza y generadora de opinión autónoma, independiente y progresista.

Así como la necesidad y el resultante esfuerzo de que asuman activamente la conciencia y responsabilidad de lo que trasmiten.

Y es precisamente en este punto en donde privilegiar y garantizar el correcto mensaje en materia de respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la igualdad, la tolerancia, los valores y la equidad de género en sus programas; se convierte en el espíritu de la presente iniciativa y considero en lo personal un excelente impulso adicional para sentar las bases de una nueva manera de percibir y revalorar el papel de estos importantes medios de comunicación y entretenimiento.

Nuestra radio y televisión, principalmente ésta última; están llenas de programación en donde se permite o estimula la violencia, el sometimiento, la agresión ya sea escolar o bien en el hogar, la falta de respeto entre iguales, la imposición de ideas, la distorsión de la información, el morbo, la discriminación ya sea por preferencia e incluso religión o por raza, la inequidad entre géneros colocando además a la mujer como un objeto destinado al deleite y la diversión, al entretenimiento, burla o como una simple parte activa de la escenografía.

Cabe mencionar al respecto que del total de la población televidente 39.2 por ciento prefiere en primer lugar ver telenovelas, lo anterior sin considerar en la estadística la llamada barra de programas denominados de “entretenimiento familiar” y “humor” que muy honestamente se podría calificar de simple; pero que igualmente y de manera desafortunada se han posicionado entre la preferencia de la población mexicana a pesar de basarse en el escándalo, su bajo nivel y nulo contenido.

En síntesis, hemos evadido la responsabilidad de evitar que estos medios de comunicación imprescindibles en el desarrollo de la sociedad y la cohesión social; reproduzcan en su programación estereotipos negativos ya sea en temas étnicos, de género o bien raciales, sólo por mencionar algunos.

Debemos seguir legislando para garantizar que la alta penetración social de la radio y televisión, no siga difundiendo estos mensajes negativos y permitir en su lugar que se trasmitan en sus contenidos lo relativo al mejoramiento en temas de educación, civilidad, cultura, salud, alimentación sana, prevención de adicciones, respeto, tolerancia, derechos humanos, entre otros temas de índole social y mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos y la manera en que nos relacionamos.

Evitemos el enfoque de los programas de televisión que simuladamente o abiertamente se dedican a desinformar, enajenar, señalar, criticar, juzgar o indirectamente a manera de entretenimiento se promueven y reproducen estereotipos.

Los mexicanos merecemos y, en la actualidad y de cara al futuro, necesitamos urgentemente mejores contenidos en los programas que oímos y vemos cuando en familia o individualmente escuchamos la radio o nos sentamos a ver la televisión.

Y lo anterior cobra mayor relevancia si mencionamos que en nuestro país quienes ven más televisión o escuchan la radio, es la población de entre 6 y 22 años; es decir todos nuestros niños y adolescentes.

En pocas palabras, la población que representa nuestro futuro. Por ello no basta ni es suficiente preguntarnos qué México queremos para nuestros hijos, sin antes cuestionarnos qué hijos queremos para nuestro México.

Este esfuerzo histórico encabezado por el actual gobierno, merece nuestro compromiso permanente pero sobre todo razonado y consciente de que nos debemos a la sociedad en su conjunto; para con ello, no permitir o solapar que bajo el falso discurso de la libertad de expresión y el rechazo a la censura –con lo que estoy comprometida plenamente- los monopolios en el tema protejan y pretendan disimular sus verdaderos intereses y eviten a toda costa las afectaciones reales a éstos, que por cierto tanto daño le han hecho a la población mexicana.

Porque finalmente, el objetivo de esta iniciativa que sometemos a su consideración, es toda la población y nuestra perspectiva de futuro.

Dejemos de ser una audiencia sin opinión y, peor aún, pasiva, por creer que no contamos con los medios legales de defensa y protección de nuestro derechos al menos como radioescuchas o televidentes. Hoy no es así, lo anterior ya lo tenemos, gracias a una iniciativa presidencial y al compromiso real del Poder Legislativo representado en esta soberanía.

Protejamos a nuestra población televidente ya sea infantil, adolescente, adulta mayor, con discapacidad o vulnerable como la mujer, los migrantes o con preferencias distintas, aunado a ello debemos evitar cualquier práctica de discriminación por el nivel educativo y por la apariencia.

Porque el problema de la discriminación persiste, lo anterior se reafirma con los datos proporcionados por la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, la cual señala que los motivos por los que generalmente se discrimina en México son por el color de piel, nivel económico, discapacidad, preferencias sexuales, género, edad, además existe un porcentaje significativo sobre la discriminación por motivos de nivel educativo y la apariencia.

Los datos reflejan que 24 por ciento se ha sentido discriminado por su “apariencia física”. Lo que lamentablemente da como consecuencia que 20 por ciento se sienta disgustado por su tono de piel, ya que es discriminado y tiene menos oportunidades.

Por ejemplo, la discriminación laboral comienza desde el reclutamiento a los empleados, en donde las empresas continúan pidiendo requisitos relacionados con la apariencia física para poder concursar por una vacante. Aspecto que debe ser erradicado por el bienestar de las presentes y futuras generaciones de mexicanos.

Otro grupo de personas que es receptor de discriminación es el conformado por las mujeres trabajadoras del hogar quien es discriminado, en el ámbito laboral, por motivos como el ser mujer, indígena, por su edad y por su escolaridad. Somos promotores de que se debe erradicar la discriminación por el nivel educativo que tienen las personas, por eso hemos sido partícipes de la reforma educativa, para elevar la calidad de la educación, pero también para elevar el grado de escolaridad que tienen los mexicanos.

La discriminación debe ser erradicada, por lo que se deben crear los mecanismos necesarios para combatirla, en el tema que nos ocupa, el cliente somos los televidentes y radioescuchas, los cuales debemos darnos nuestro lugar y exigir una programación de calidad, en donde la competencia radique en el mejor contenido de los programas, el respeto a la sociedad y quienes la conformamos e incluso a nuestra lengua, nuestro idioma, sin que participe algún tipo de discriminación en los contenidos de los programas.

Esta soberanía no puede mantenerse al margen de redoblar esfuerzos en asunto de suma importancia para el desarrollo de nuestra sociedad, tanto en el corto y mediano plazo como también para el largo plazo.

Garanticemos que estos medios de comunicación sean aliados y punto de referencia de nuestros deseos de avance cultural, educativo, ético, cívico, histórico y social que como nación requerimos, queremos y anhelamos.

No permitamos más programas o barra de comerciales donde se denigre a la mujer, o bien se fomente la violencia, la intolerancia y el sometimiento, se utilice la burla a costa de la apariencia de la persona para hacer reír, se promueva la invasión de la privacidad del individuo y de la familia, se explote el morbo y se erosionen los valores que nos han sido heredados y que han hecho de este país, un país con un futuro cada vez más prometedor.

Por todo ello, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 191 223, 226, y 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 2, la fracción XIV del artículo 191, la fracción IV del artículo 223, la fracción I del artículo 226, la fracción VII del artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general.

En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, el nivel educativo, las condiciones de salud, la religión, la apariencia, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables.

Son derechos de los usuarios:

I. a XIII. ....

XIV. En la prestación de los servicios de telecomunicaciones estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, el nivel educativo, las condiciones de salud, la religión, la apariencia, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;

XV. a XXI. ....

Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar:

I. a III. .......

IV. La difusión de los valores éticos, artísticos, históricos y culturales;

V. a IX. ...

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo tercero constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:

I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores cívicos, culturales, éticos y sociales;

II. a XV. ...

Artículo 246. En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá:

I. a VI. ...

VII. Presentar, promover o incitar conductas de intolerancia, acoso e intimidación escolar que puedan generar abuso sexual o de cualquier tipo, sometimiento, lesiones, robo, entre otras, y

VIII. Contener mensajes subliminales o subrepticios.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Inegi 2013.

2. Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Estudio sobre la Televisión 2009.

3. Conaculta. Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo.

4. Conaculta. Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo.

5. Reporte sobre la discriminación en México 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.— Diputados: María del Rocío Corona Nakamura, Rafael González Reséndiz, Dulce María Muñiz Martínez, Francisco González Vargas, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, para su dictamen.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. ( *)

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo(a las 15:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 7 de octubre de 2014 a las 11:00 horas y se les comunica e informa, que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas de la mañana.

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