Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

ASISTENCIA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 355 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (a las 11:34 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que la misma se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 30 de septiembre de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Del diputado Fernando Belaunzaran Méndez

En relación con retiro de iniciativa.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, para que se amplíe la red que integra el sistema de protección social de salud.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de Decreto por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura a la Ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, el 9 de octubre de 2014.

De la Comisión de Seguridad Pública, con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, con Proyecto de Decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XII al artículo 3o. y un artículo 3o. Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Igualdad de Género, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Reforma Agraria, con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Relativo a la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de este año.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, suscrita por los diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 4o., 5o., 24 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Competitividad.

Que reforma los artículos 43 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 537 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado José Arturo Salinas Garza y suscrita por el diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Planeación, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 85, 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Beatriz Zavala Peniche, Juan Bueno Torio y Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 420 Bis 1 al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 185 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Rocío Adriana Abreu Artiñano y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Socorro de la Luz Quintana León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 16 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Isabel Trejo Reyes y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Amalia Dolores García Medina, Silvano Aureoles Conejo y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma el artículo 254 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 61, 117 Bis y 120 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 14 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Isabel Trejo Reyes y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Agricultura Familiar, reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Pedro Porras Pérez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 178 y 192 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Isabel Trejo Reyes y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Isabel Trejo Reyes y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Maria del Rocio Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado José Isabel Trejo Reyes y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Luis Armando Córdova Díaz y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 155 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de sus dependencias, coadyuve con las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, para llevar a cabo las investigaciones a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a publicar las bases de datos que se integraron como resultado del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; y difundir las razones por las que la información incorporada en el “Atlas Educativo”, incluye únicamente información parcial, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se hace una enérgica condena a las ofensivas y misóginas expresiones hechas por el C. Alejandro García Ruiz, por ser gravemente atentatorias de los más altos principios constitucionales de libertad, igualdad y respeto entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que desplegué campañas nacionales y permanente de información para la prevención, tratamiento y erradicación del sobrepeso, obesidad y desórdenes alimenticios, dirigidas a las mujeres, suscrito por los diputados Maria del Rocio Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que agilice la entrega de los recursos del Fonden a las entidades afectadas por el huracán Odile, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo con relación al maíz transgénico, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres niveles de Gobierno, a fin de emprender una campaña de promoción de los destinos turísticos mexicanos; asimismo se exhorta a la Federación, para que se apoye a los destinos turísticos afectados por los recientes fenómenos hidrometeorológicos, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo para solicitar un incremento en las medidas de seguridad y protección de los ductos de Petróleos Mexicanos, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y María Fernanda Romero Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobierno de las entidades federativas y a los congresos locales, a fin de armonizar su legislación civil en materia de adopción plena, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Chihuahua y a otras autoridades, sobre la excesiva contratación de deuda pública de esa entidad y el ejercicio, destino y aplicación de los fondos obtenidos de la misma, suscrita por los diputados Rocío Esmeralda Reza Gallegos y Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Senadores, para que dictamine la minuta con proyecto de decreto, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de Gobierno, a efecto de que implementen campañas de información y concientización relativas a la importancia de mantener el respeto a las personas de la tercera edad, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo a las represiones y elecciones en el estado de Querétaro, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a titular de la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las acciones relativas al otorgamiento de servicios de salud a la población, a cargo del diputado María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la CNDH, de la Sedena, de la PGR y de la PGJEM a investigar a fondo y conforme a derecho, la ejecución de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, suscrito por los diputados María de Lourdes Amaya Reyes, Víctor Reymundo Nájera Medina y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la reformulación del abordaje de la Fibromialgia, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a fin de dar solución eficaz y ágil a las demandas de la matrícula escolar del IPN, asimismo, se exhorta al GDF y a la CNDH, para salvaguardar los derechos humanos de los participantes de la conmemoración del 46 Aniversario del 2 de octubre, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo para que se lleven a cabo las acciones necesarias para investigar, proteger y en su caso, preservar los restos arqueológicos descubiertos en los trabajos de construcción realizados dentro del predio que ocupó la Octava Delegación de Policía, en la Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, para que adopte medidas de transparencia parlamentaria, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, para que realice diversas acciones en torno a las modificaciones al Reglamento del IPN y los planes de estudios, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a las concesiones otorgadas a las mineras, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Efemérides

Con motivo del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinticinco de septiembre de dos mil catorce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos noventa y nueve diputadas y diputados, a las once horas con treinta minutos del jueves veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos las diputadas y los diputados: Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática; Sergio Augusta Chan Lugo, del Partido Acción Nacional; Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática; y Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

Acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Mauricio Sahuí Rivero, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

El Presidente se refiere al lamentable fallecimiento del diputado Gabriel Gómez Michel, del Partido Revolucionario Institucional, y de su colaborador, Heriberto Núñez Ramos, e informa que en uso de sus atribuciones legales envió un oficio de la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso y se le envió la versión estenográfica de la sesión anterior con los comentarios realizados por los legisladores. Se solicitó a la Procuraduría General de la República mantenga informada sobre los avances de las investigaciones, en respuesta ésta señaló que ya se realizan las investigaciones pertinentes. Asimismo, la presidencia de la Mesa Directiva le solicitó que la. El Presidente invita a la Asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, relativo con cambios de Juntas Directivas e integrantes de Comisiones Ordinarias, Especiales Comités, Grupos de Amistad, que se publicaron oportunamente en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

b) De la diputada Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, con el que solicita sea retirada su iniciativa con proyecto de decreto que adicionan un segundo párrafo al artículo cuatrocientos veintinueve del Código Civil Federal y se adicionan un tercer párrafo al artículo sesenta y uno, y un segundo párrafo a los artículos ciento diecisiete Bis y ciento veinte, de la Ley Federal de Derechos de Autor, presentada el cuatro de septiembre de dos mil catorce, y turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Cultura y Cinematografía. Se tiene por retira, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación:

• Con el que remite el Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De enterado, distribúyase a las y los diputados.

• Con el que remite contestación a dos Puntos de Acuerdo aprobados en la Cámara de Diputados para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, remita un informe de las gestiones diplomáticas que se encuentra realizando a favor de conciudadanos condenados a pena capital en el extranjero. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores para su conocimiento.

d) Del Congreso de Baja California, con el que remite Inicioativa con proyecto de decreto que reforma los artículos primero –C, fracciones cuarta, quinta y sexta; segundo; segundo –A fracción último párrafo y quinto último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que hoy veinticinco de septiembre del año dos mil catorce, se conmemora una Efeméride importante en la historia contemporánea del país, se cumplen cincuenta años de la devolución por parte de los Estados Unidos de América, de los terrenos de El Chamizal, que a través de un largo proceso judicial y un proceso ejemplar de negociaciones diplomáticas que dieron presencia y prestigio en el concierto de las Naciones, por el tamiz de los personajes que participaron y por la manera que en se resolvió, destacándose la intervención del Presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos. Como una manera de recordar y hacer un homenaje, hoy la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de esta Sexagésima Segunda Legislatura, decidió editar el libro El Chamizal, a cincuenta años de su devolución, con el aporte de distinguidos especialistas, como el embajador Antonio Gómez Robledo, Laura Guillén, Sol de Villa e Ismael Reyes Retana Tello, así como documentos históricos que dan testimonio de un capítulo importante y que no debe ser olvidado en esta historia.

El Presidente informa que el siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con Proyecto de Decreto de las Comisiones de:

a) Unidas de Relaciones Exteriores y de Asuntos Migratorios, que reforma y adiciona diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Eloy Cantú Segovia. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza; Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática,

A las doce horas con veintiséis minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos noventa y tres diputadas y diputados.

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Partido Acción Nacional; y Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro la diputada y los diputados: Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; Zuleyma Huidobro González y Ricardo Mejía Berdeja, ambos de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación nominal, por trescientos sesenta y dos votos a favor, y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

b) Transparencia y Anticorrupción, con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción décima novena al artículo treinta y siete de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Joaquina Navarrete Contreras. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza;

Presidencia del DiputadoTomas Torres Mercado

Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Felipe Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Flores Flores, del Partido Acción Nacional; y Angelina Carreño Mijares, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos sesenta y cuatro votos a favor, y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción décima novena al artículo treinta y siete de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) Educación Pública y Servicios Educativos, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos séptimo y octavo de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada María Guadalupe Mondragón González. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Dora María Guadalupe Talamantes Lemas, de Nueva Alianza; María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Mario Francisco Guillén Guillén, del Partido Verde Ecologista de México; J. Jesús Oviedo Herrera, del Partido Acción Nacional; y Lizbeth Loy Gamboa Song. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

Sin más oradores registrados en votación nominal, por unanimidad de trescientos cuarenta y nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos séptimo y octavo de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió del diputado Heberto Neblina Vega, del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Minera. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, para dictamen.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo treinta y tres de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo noveno de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Turno: Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos quince y veinte Bis dos de la Ley Federal de Defensoría Pública. Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que por su conducto se requiera a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones el estado que guardan los informes de los años dos mil doce y dos mil trece relativos a los estudios e investigaciones que tengan como objetivo el desarrollo de medidas tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de telecomunicaciones para la comisión de delitos. Turno: Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia por el respeto irrestricto a los derechos humanos de los habitantes de territorios ocupados en Ucrania. Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que difunda a través del sitio de Internet oficial, lo relativo al programa Comedores Comunitarios. Turno: Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que genere campañas en contra de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Diputados integrantes de la Comisión de Deporte, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que designe al miembro titular vacante del pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, con el objeto de garantizar la debida integración y funcionamiento de dicho órgano colegiado. Turno: Comisión de Deporte, para dictamen.

• Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Cámara de Diputados externa una felicitación a los jóvenes deportistas que obtuvieron presea en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados dos mil catorce, celebrado en Rusia. Turno: Comisión de Deporte, para dictamen.

• Genaro Carreño Muro y suscrita por diversos diputados del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se atienda la problemática de la comercialización de granos y agilizar la entrega de apoyos a los pequeños y medianos productores. Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que difunda el impacto que ha tenido el programa Oportunidades, y qué acciones ha implementado para contribuir en la mejora de la alimentación y nutrición de los integrantes de las familias y el combate a la pobreza. Turno: Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Luisa María Alcalde Luján y Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano, respectivamente, por el que se exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo y a las autoridades municipales de Felipe Carrillo Puerto, para que se libere a los presos políticos acusados de “sabotaje”. Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Luis Armando Córdova Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se otorguen apoyos económicos y técnicos a la industria ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto de transformar sus técnicas productivas en no contaminantes. Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

• Margarita Elena Tapia Fonllem, María de Lourdes Amaya Reyes y Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Federal de Electricidad, para que atiendan con apego a los derechos humanos el caso de la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez, y resolver la situación de las personas y grupos que se manifiestan acerca de la generación y de las tarifas de electricidad en el istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca. Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, a verificar la legalidad de los precios y tarifas establecidas por la Administradora Portuaria Integral de Los Cabos en Baja California Sur. Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

• Elvia María Pérez Escalante, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, para que promueva la emisión de una NOM para que los envases y embalajes de los medicamentos, incluyan en sistema braille las denominaciones distintiva y genérica, el gramaje, la dosis y la fecha de caducidad. Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

• Guillermo Sánchez Torres, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América, en relación a la detención arbitraria de ciudadanos cubanos. Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que realice diversas acciones encaminadas a la protección de niñas y mujeres migrantes víctimas de violación. Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que realice una investigación exhaustiva sobre la violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que fueron “cateados” cuando acudieron a los eventos de la conmemoración de la Independencia de México al Zócalo capitalino. Turno: Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al gobernador del estado de Querétaro, para que deje de actuar de manera intolerante ante las posturas de oposición, así como a que se conduzca de manera imparcial en el proceso electoral próximo a iniciar. Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a diversos poderes del estado de Sonora, a no criminalizar la lucha de los pueblos yaquis por la defensa de su territorio, a convocar a un proceso de consulta y a respetar y garantizar los derechos de Mario Luna Romero, representante de la tribu Yaqui de dicho estado. Turno: Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobernador del estado de Michoacán y al ayuntamiento del municipio de Morelia, a fin de cancelar definitivamente la construcción del “Libramiento Sur de Morelia”. Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de martes treinta de septiembre de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las catorce horas con cuarenta y ochos minutos.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobada el acta.

El diputado José Isabel Trejo Reyes(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado José Isabel Trejo. Adelante, diputado.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): Le estoy pidiendo la palabra a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, primero para solicitarle muy encarecidamente podamos guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestro compañero, secretario general del Partido Acción Nacional en el estado de Guerrero. Al mismo tiempo que condenamos enérgicamente el asesinato de nuestro amigo Braulio Zaragoza Maganda, secretario general del Comité Directivo Estatal en Guerrero.

Le exigimos aquí, en esta Cámara de Diputados, a las autoridades, esclarecer de inmediato este lamentable hecho.

En nombre del Grupo Parlamentario extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Braulio Zaragoza Maganda, quien se distinguió como un militante activo y comprometido con el trabajo político.

Demandamos que las autoridades estatales y federales realicen una investigación expedita y profunda sobre lo sucedido, porque ya no podemos permitir que siga la impunidad en México ni que reine la impunidad.

Nuestro corazón está con sus familiares, de sus compañeros de trabajo, ante la brutal pérdida de nuestro gran amigo.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Esta Presidencia obsequiará la petición, señor diputado Trejo Reyes. Solo le ruego su comprensión para escuchar también peticiones o que nos precisen el objeto. Inmediatamente después, diputado Trejo, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos. Sonido en la curul de la diputada Reza.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos(desde la curul): En relación a otro asunto, presidente. Y es únicamente un pronunciamiento que también realizamos los diputados del PAN el día de hoy, para que se investigue a fondo el mayor fraude financiero de la historia en Chihuahua. Exigimos que se audite el total de la deuda contraída. A dónde la destinaron y pido que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice las operaciones financieras del gobernador de Chihuahua.

No es un asunto mediático, puesto que el diputado Angulo y una servidora hicimos la denuncia en la PGR. Defendemos los intereses de los ciudadanos, no los intereses obscuros de un gobierno que no ha tenido un manejo honesto en su actuar. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Reza, queda registrada su participación en el Diario de los Debates.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le otorgaremos el uso de la palabra enseguida. Le pido al diputado Belaunzarán, ¿Con qué objeto?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Seguramente también tendrá contemplado el minuto de silencio para Raúl Álvarez Garín, pero no me detendré a eso.

Hoy presentamos una iniciativa, el diputado Carlos Augusto Morales, el diputado Jorge de la Vega, aunque no apareció en la Gaceta, y un servidor que le otorga autonomía al Politécnico, precisamente esta iniciativa por cierto se la dedicamos a Raúl Álvarez Garín. La idea es buscar no solo, es una forma de trascender incluso del actual conflicto, como saben ha crecido la movilización en el Politécnico frente al agravio de imposición, de falta de democracia, de falta de atender las demandas estudiantiles o de tomarlos en cuenta, de tomar en cuenta a la comunidad.

Esta iniciativa consta de que el máximo órgano colegiado del Politécnico pueda convocar a la realización del Congreso Politécnico, que sea representativo de autoridades, académicos, investigadores, estudiantes y trabajadores, y que este Congreso Politécnico haga su propuesta de Ley Orgánica, tal como sucedió con la universidad que hizo su propuesta en un Congreso de Ley Orgánica y que este Congreso Politécnico, la comunidad, pueda hacérnosla llegar ya sea por iniciativa ciudadana, si es que consiguen el 0.13 por ciento, que no creo que tenga ningún problema para algo de tal tamaño de importancia; o bien que lo hagan por los otros mecanismos que establece el artículo 71 constitucional.

Que sean los propios politécnicos los que decidan su forma de gobierno, de organizarse y tengan capacidad jurídica plena y tengan autonomía de gestión, técnica, de decisión de gobierno como la tiene la Universidad, la UAM y las grandes instituciones.

Dejé unas hojas para que pudieran suscribirla en la mesa los que quieran para que puedan sumarse a esta iniciativa que le otorga la autonomía a este gran instituto que es un pilar educativo. La verdad es que después de los aportes que ha tenido el Politécnico a México, científica, tecnológicamente, educativamente, ya es hora de que tenga la mayoría de edad, de que sea una institución autónoma.

Insisto, yo aspiro a que éste sea un punto que unifique a la comunidad politécnica, que en lugar de polarizarla la unifique y pueda trascender el conflicto. Es cuanto, presidente. Por cierto, desapareció la curul de mi compañero Carlos Augusto Morales, ojalá si alguien la vio la reporten, no sé, a Genaro Moreno. Alguien que nos diga que si vio la curul de nuestro compañero diputado por favor que la devuelva.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: La reflexión inicial, diputado Belaunzarán, queda registrada en el Diario de los Debates. También informo a la asamblea que hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre el particular que usted ha tocado del Instituto Politécnico Nacional. En su oportunidad se dará cuenta.

Por lo demás, la Secretaría General dictará las medidas que sean pertinentes para que le repongan su curul al diputado Carlos Augusto –su sillón.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, ¿Con qué propósito, diputado? Sonido en la curul del diputado Domínguez Zepeda, por favor.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para referirme brevemente al comentario que hizo mi compañera y paisana Rocío Reza. Comentar que los diputados priistas por el estado de Chihuahua respetamos profundamente el derecho que tienen otros diputados de presentar denuncias, presentar puntos de acuerdo. Con lo que no coincidimos –y nosotros también representamos mayoritariamente a la sociedad chihuahuense- es que se lancen acusaciones sin fundamento, que se emitan declaraciones que huelen a irresponsabilidad, que huelen a preludios de campañas electorales.

Nosotros también nos sumamos a esta solicitud de que se haga una revisión de las cuentas del estado de Chihuahua como ya se han venido realizando. Les informo a los compañeros diputados de Acción Nacional que solamente en 2013 el gobierno del estado de Chihuahua fue objeto de 13 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Así que el que nada debe nada teme.

Creo que tenemos una responsabilidad ética de conducirnos con verdad, de actuar con política de la buena. La política de la buena, la que construye, la que propone y no la que pretende destruir en base a descalificaciones, a mentiras y a verdades a medias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado, queda su participación también en el Diario de los Debates.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Carlos de Jesús Alejandro, indíquenos con qué objeto, por favor.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Gracias, presidente. Con el objeto de unirnos también al exhorto que nos hacen los compañeros del Grupo Parlamentario del PAN, relativo al artero crimen que sufriera su secretario general del estado de Guerrero.

También sumarnos a solicitar a esta soberanía guardemos un minuto de silencio por los seis jóvenes estudiantes y deportistas que en el estado de Guerrero, en esta ola de violencia que ha azotado a nuestra entidad, nos sumemos. Y que esta soberanía desde la Mesa Directiva y desde la Junta de Coordinación Política, en verdad nos interesemos y tomemos cartas en el asunto para contribuir al esclarecimiento de estos crímenes y otros que han antecedido y que ha tenido en un caos al estado de Guerrero.

Pedimos que se deslinden todas las responsabilidades, se castigue a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes y se someta a la justicia a quienes tengan que pagar por estos delitos.

Que esta soberanía también previo un impulso de algún punto de acuerdo que vamos a promover, se constituya una comisión legislativa plural a efecto de que demos la certeza y la garantía que las investigaciones y las mesas de diálogo, de discusión y de esclarecimiento de estos hechos tengan en verdad una exhaustiva investigación imparcial de estos casos.

El estado de Guerrero no merece esta ola de violencia que ha azotado a nuestra entidad y necesitamos que las autoridades federales que son las máximas responsables de brindar seguridad a la ciudadanía en general, tomen cartas en el asunto. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado De Jesús. Tiene esta Presidencia un listado para participar en este apartado precisamente, de 10 compañeras y compañeros diputados. Obsequiaremos como se ha pedido por el diputado De Jesús Alejando, también esta honra fúnebre; le ruego su paciencia para que escuchemos los planteamientos de los demás diputados y lo haremos en seguida. Diputado José Luis Muñoz Soria, adelante.

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. El pasado viernes 26 falleció uno de los más grandes dirigentes sociales de la última mitad del siglo pasado, Raúl Álvarez Garín, dirigente de 1968 y un gran luchador social que ha hecho grandes aportaciones a la democracia en este país. Exdiputado federal y un gran comunista.

Solicito a esta soberanía un minuto de silencio en memoria de nuestro gran compañero Raúl Álvarez Garín. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Muñoz Soria. No solamente registramos la semblanza del luchador Álvarez Garín, sino también obsequiaremos la petición para la honra fúnebre con un minuto de silencio.

Solamente le ruego que, en virtud al planteamiento de los propios grupos parlamentarios, nos demos oportunidad para que esta referencia en memoria sea por separado.

Por esa virtud vamos a pedir un minuto de silencio por los argumentos y las razones que el señor diputado José Isabel Trejo nos ha planteado respecto de quien en vida llevara el nombre de Braulio Zaragoza Maganda, militante destacado y miembro de la dirección de su partido en el estado de Guerrero.

(Minuto de silencio)

Descanse en paz.

Trinidad Secundino Morales Vargas, con qué objeto, señor diputado. Ha desistido de su participación y le agradecemos.

El diputado Domitilo Posadas Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Domitilo Posadas Hernández. Sonido en la curul del diputado Posadas, por favor.

El diputado Domitilo Posadas Hernández (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para todas las diputadas y diputados.

Dos cosas rápidamente, señor presidente. Primero como mexiquense, como mexicano, expresar mi respeto y lamentar la muerte de un mexiquense distinguido, artista plástico, orgullo de los mexiquenses y de los mexicanos, don Luis Nishizawa, a quien reitero mi reconocimiento y mis respetos para él y para su familia.

También, y por otra parte expresar mi preocupación por lo que está sucediendo en el tramo, particularmente de La Marquesa al municipio de Lerma, estado de México, toda vez que estamos observando la tala, dicen algunas notas periodísticas, que serán aproximadamente 370 mil árboles los que serán cortados para ampliar la autopista en ese tramo de Toluca hacia La Marquesa, o para crear un segundo piso.

En ambos casos, de ser cierto estas razones o motivos, se da una obra verdaderamente innecesaria, toda vez a que también se tiene programado, incluso ya licitado, la construcción de un tren rápido que correrá de la ciudad de Toluca al Distrito Federal, y expresar esta preocupación, pero también indignación porque se está atentando en contra de uno de los pulmones verdes que tenemos quienes vivimos en esta zona del país, en la parte centro que es el Valle de México y el Valle de Toluca.

Ojalá y la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara de Diputados haga una investigación, y también aprovechando la presencia que tendrá ante una de las comisiones de esta Cámara, pues el secretario de Medio Ambiente nos pueda dar su opinión, porque insisto, son obras que no se justifican y mucho menos que se atente en contra la naturaleza. Muchas gracias por su atención, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputado Domitilo Posadas.

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Zamora deme oportunidad de atender las peticiones de los compañeros diputados, además de registrar la participación y dejar constancia de ello en el Diario de los Debates, del propio diputado Posadas, de que atendamos la petición de un minuto de silencio por la muerte temprana e injusta de jóvenes estudiantes en el estado de Guerrero acaecida este fin de semana y también del maestro Luis Nishizawa, una de las manifestaciones plásticas más importantes de nuestro país y que por cierto en la capital del estado de México lleva su nombre uno de los museos. Atendamos esta petición de un minuto de silencio por las dos razones expuestas, por favor.

(Minuto de silencio)

Gracias. Diputado Zamora, por favor, adelante.

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Bueno, muchas gracias, presidente. Para agradecer a nombre del pueblo y del gobierno del estado de Baja California Sur. De los diputados Francisco Pelayo, de Arturo de la Rosa, y del mío propio agradecerle a usted, al diputado Silvano Aureoles, a la diputada Aleida Alavez, a la diputada Beatriz Zavala y al diputado Luis Enrique Cházaro su visita este fin de semana en gira de trabajo por nuestro estado, porque en ello estoy seguro les permitió corroborar los daños sufridos por el huracán Odile, y que estoy seguro ello ayudará enormemente a la población para salir adelante después de este fenómeno inusual en las afectaciones que quedaron en Baja California Sur.

También aprovechar la oportunidad y el espacio para pedirles el apoyo a todos los diputados y las diputadas, para que en el próximo Presupuesto 2015 se puedan establecer recursos que permitan a Baja California Sur restablecer su normalidad.

Ahora mismo ustedes lo vieron, la población está en una situación crítica. Requiere alimento, requiere programas de ayuda, de apoyo y por ello solicitarles a ustedes que se exhorte una vez más al gobierno federal para que el tema de infraestructura, el tema de los daños sufridos en el sector agropecuario, turístico, económico se pueda a la brevedad otorgar los recursos emergentes del FONDEN y todo aquello que permita que la sociedad y las familias tengan lo necesario precisamente para superar la contingencia. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Zamora. Registramos en la Mesa Directiva sus expresiones de gratitud. También la asamblea en su nombre, diputado y de los diputados sudcalifornianos, de la Rosa y Pelayo. Por lo demás queda en el Diario de los Debates su planeamiento constancia de ello.

Diputado Carol Antonio Altamirano. Declina usted. Muchas gracias. Diputada Joaquina Navarrete Contreras.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras(desde la curul): Muy buenos días, diputado presidente. Muchas gracias.

Compañeras y compañeros diputados, desde esta curul sólo para tocar dos puntos de suma importancia para nuestro país. Uno, la indignación sobre los hechos que se están suscitando, una ola de violencia, los 22 muertos de Tlatlaya, en mi estado de México; los 57 alumnos normalistas desaparecidos en Iguala y los muertos que ya se han mencionado; seis alumnos.

Como integrante de la Comisión de Seguridad Pública y como legisladora, no podemos seguir tolerando esta ola de violencia que se está viviendo en nuestro país.

De la misma manera pido –este es otro asunto de suma importancia– la integridad, el resguardo para los jovencitos, alumnos y alumnas del Politécnico, que ya tienen también días manifestándose y que ellos sólo piden la garantía de tener una educación plena, una educación que garantice a los jovencitos.

Lo que están solicitando dentro de lo que he visto en los diferentes medios de comunicación es la garantía de integridad, sobre todo que les den la oportunidad para que ellos también tengan voz y voto para decidir las políticas de los diferentes colegios del Instituto Politécnico.

De la misma manera pido a las diferentes autoridades, llámese policíacas, gobierno local, como es el Distrito Federal, el gobierno federal, que se les dé garantía su integridad física, jurídica y académica de cada uno de los involucrados en este movimiento, que nos consta y que hemos visto que son puros alumnos.

Desde esta curul hago un llamado a todo el pleno, compañeras diputadas y compañeros diputados y al propio presidente Enrique Peña Nieto, que tome cartas en este asunto y que no se les perjudique a estos estudiantes del Politécnico y a ningún estudiante, llámese desde nivel preescolar hasta la universidad, que no se les perjudique. Por favor, encarecidamente pido el resguardo para estos jóvenes.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Navarrete Contreras. Este y otros temas, como se ha señalado son materia de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y para obviar en el desahogo del orden del día lo reservaríamos para la discusión en esa fase, por lo demás queda de todas maneras en el Diario de los Debates su participación, diputada.

Tengo los registros de los diputados Carlos Fernando Angulo Parra y de Víctor Reymundo Nájera Medina, una vez que hayan ellos participado, y por supuesto, diputado, cerraremos con su participación diputado Manuel Añorve, yo le ruego ahora su acompañamiento para obsequiar la petición de un minuto de silencio para don Raúl Álvarez Garín, que es un referente indiscutible, tiene los movimientos de izquierda y de las luchas democráticas de este país.

(Minuto de silencio)

Diputado Carlos Fernando Angulo Parra.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra(desde la curul): Gracias, señor presidente. Quiero nada más manifestar a esta asamblea, que en Chihuahua llueve, pero en Chihuahua llueve deuda gracias a los gobiernos del PRI.

Si nuestros compañeros que me han precedido, si nuestros compañeros que me han precedido creen que es un asunto electoral esta situación, demos gracias al pueblo de México que nos hemos dado democracia, para ver que un aumento de 28 mil 300 millones de pesos en deuda pública en sólo tres años en Chihuahua, se pueda denunciar en las instancias democráticas que nos hemos dado los mexicanos.

Si creemos que éste es un asunto electoral en donde se involucran 280 por ciento de las aportaciones federales a Chihuahua, demos gracias a los mexicanos que nos hemos dado eso...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Angulo, el asunto no está a discusión, registramos su participación, pero no hay condiciones para que haya una respuesta a su planteamiento.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Nada más que quisiera terminar, si me lo permite.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le ruego, señor diputado...

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Quisiera terminar, si me lo permite, porque tenemos derecho a voz...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Sí, si quiere concluir, por favor.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): ...en esta Cámara de Diputados, salvo que nuestros compañeros del PRI nos quieran callar.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, señor diputado, no podemos abrir un debate donde no lo hay.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Concluyo nada más mencionando lo siguiente. Hay un faltante de más de 14 mil millones de pesos que no sabemos en qué se utilizaron y queremos saber, como representantes del pueblo que somos, el pueblo chihuahuense en particular quiere saber dónde están esos 14 mil millones de pesos, que no hay registro alguno de su gasto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Angulo. Diputado Añorve, por favor, ¿Con qué objeto?

El diputado Manuel Añorve Baños(desde la curul): Presidente, solamente para recordar a este pleno que se tiene la posibilidad de presentar puntos de acuerdo. Y yo le pido de manera acomedida que demos inicio ya, puntualmente, al orden del día. Y que los asuntos generales se tengan que tocar cuando así corresponda. Es cuanto, señor presidente, pero no podemos estar todavía esperando que arranque el orden del día de acuerdo a lo que ya está programado y publicado en la Gaceta que rige este Congreso. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Añorve, esta Presidencia había justamente anticipado que con su participación cerraríamos esta fase del orden del día.

Pido a la Secretaría pase al apartado de comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, presentada el 6 de marzo pasado por un servidor y que fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Salud de esta Cámara y que aún se encuentra pendiente de dictamen.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San lázaro, a 25 de septiembre de 2014.— Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-5-1664, signado por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/DGAVS/269/2014, suscrito por la licenciada María del Pilar Torre Canales, directora general adjunta de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a dedicar los recursos e infraestructura necesarios de manera tal que se eficienten y se agilicen los procesos de acreditación de los establecimientos que prestan servicios de salud con el objeto de que se amplíe la red que integra el Sistema de Protección Social en Salud.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de septiembre de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Oficina del titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/514/14, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa que en la sesión celebrada el 22 de abril del 2014, la Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Nacional de protección Social en Salud y de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector salud, a dedicar los recursos e infraestructura necesaria de manera tal que se eficienticen y se agilicen los procesos de acreditación de los establecimientos que prestan servicios de salud con el objeto de que se amplíe la red que integra el Sistema de Protección Social en Salud.”

Al respecto me permito acompañar oficio SIDSS-CAS-994-2014, suscrito por la actuaria Sandra Orcí Gutiérrez, Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de septiembre de 2014.— Licenciada María del Pilar Torres Canales (rúbrica), directora general adjunta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciada María del Pilar Torres Canales, directora general adjunta de Vinculación Social de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

En atención a su amable comunicación mediante oficio número UCVPS-DGAVS-204-2014, de fecha 8 de septiembre del año en curso, enviado a esta Coordinación de Asesores para su atención en relación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el cual se detalla a continuación:

“Único.Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Nacional de protección Social en Salud y de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector salud, a dedicar los recursos e infraestructura necesaria de manera tal que se eficienticen y se agilicen los procesos de acreditación de los establecimientos que prestan servicios de salud con el objeto de que se amplíe la red que integra el Sistema de Protección Social en Salud.”

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que para eficientar y agilizar los procesos de acreditación de establecimientos para la atención médica que prestan servicios de salud al Sistema de Protección Social en Salud, se realizan las siguientes acciones:

1. Asesoría y acompañamiento permanente a las autoridades estatales con relación a los procesos de evaluación de la capacidad, seguridad y calidad de los servicios en los establecimientos de atención médica con fines de acreditación.

2. Análisis y seguimiento de la autoevaluación realizada por los establecimientos de atención médica, que pretenden acreditarse, con la finalidad de identificar sus fortalezas, debilidades y coadyuvar con acciones de mejora de dichos establecimientos para lograr su acreditación.

3. Se está llevando a cabo la construcción de un sistema informático que permitirá reducir los tiempos y actividades administrativas del proceso de emisión del dictamen a los establecimientos para la atención médica que hayan sido sometidos al proceso de acreditación.

Cabe mencionar que la responsabilidad de cumplir con los programas de acreditación y de mantener las condiciones bajo las cuales fue acreditado cada uno de los establecimientos, es de cada uno de los Servicios de Salud de las entidades federativas.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de septiembre de 2014.— Actuaria Sandra Orcí Gutiérrez (rúbrica), coordinadora de asesores.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Salud para su conocimiento.

PROTESTA DE DIPUTADO

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se encuentra en las puertas de este recinto el ciudadano Ignacio Mestas Gallardo, diputado federal electo en el XVIII Distrito electoral del estado de Jalisco. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a los siguientes diputados y diputadas: señor diputado Abel Octavio Salgado Peña, diputada Patricia Elena Retamoza Vega, diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, diputada Margarita Licea González, diputada Verónica Beatriz Suárez Piña, diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, diputada Dora María Talamante Lemas y a la diputada María del Carmen Martínez Santillán.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítanme enviar un saludo a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado Morelos, que nos acompañan a invitación de la diputada Maricela Velázquez Sánchez. Bienvenidos, jóvenes, a este recinto.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ciudadano Ignacio Mestas Gallardo, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

El ciudadano Ignacio Mestas Gallardo: Sí, protesto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Si así no lo hiciera que la nación se lo demande.

MEDALLA AL MERITO CIVICO “EDUARDO NERI Y LEGISLADORES DE 1913”

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión otorga la Medalla al Mérito Cívico, Eduardo Neri y Legisladores de 1913, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura a la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, el 9 de octubre próximo del año en curso.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión otorga la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura, a la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, el 9 de octubre de 2014.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, el expediente que contiene los documentos que sustentan la propuesta de la candidata, presentado por la Universidad Nacional Autónoma de México, para recibir la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, el 9 de octubre de 2013.

Este órgano legislativo, después de analizar su contenido, expone a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados, el presente dictamen conforme a lo siguiente:

Antecedentes

1. La medalla al mérito cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913” tiene su origen en el año de 1969, cuando un grupo de parlamentarios encabezados por el diputado Celso Vázquez Ramírez presentara una proposición con punto de acuerdo, para reconocer al licenciado Eduardo Neri Reynoso, por la presentación en la tribuna de la Cámara de Diputados de su célebre discurso siendo diputado federal, con tan solo 26 años de edad, en la sesión de Pleno el 9 de octubre de 1913, durante la XXVI Legislatura, en dicha disertación cuestionó el desempeño de  Victoriano Huerta y su gobierno, por los asesinatos de los diputados Adolfo C. Gurrión, Serapio Rendón y del senador Belisario Domínguez.

2. El galardón que ha pasado por diversas etapas, representa el máximo reconocimiento que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos entrega a aquel ciudadano o ciudadana que se haya distinguido relevantemente, sirviendo a la colectividad nacional y a la República, por sus hechos cívicos o políticos.

3. El 25 de febrero de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las reformas aprobadas por esta Cámara, al diverso por el que se crea la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, publicado el 2 de mayo de 2001, así como al Reglamento de la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, con el objetivo fundamental de que este reconocimiento, otorgado en tiempos recientes una vez en cada Legislatura, ahora se entregue cada año de ejercicio, en la Cámara de Diputados. Hasta hoy, la medalla se ha entregado a 11 figuras representativas de distintos ámbitos de la vida nacional.

4. Asimismo, con esta reforma, el nombre de la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, cambió la “coma”, después del apellido Neri, por la conjunción “y”, para destacar y enaltecer así, a la generación de legisladores a la cual perteneció el ilustre diputado guerrerense.

5. De acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo del año 2001, la medalla será de oro y penderá de un listón de seda con los colores patrios, en una de sus caras se ubicará la efigie de Eduardo Neri Reynoso con la leyenda: “Al mérito cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, seguido del número de la Legislatura que entrega y en la otra cara estará grabado el Escudo Nacional.

6. Además de lo anterior, el decreto por el que se crea la medalla establece que se otorgará un pergamino alusivo al dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, así como la suma de dinero equivalente a tres veces la dieta mensual de un ciudadano diputado.

7. Con el fin de dar cumplimiento a lo que dispone el actual Reglamento de la Medalla, el 6 de junio de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió la Convocatoria para el proceso de selección de candidatos a recibir la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, presea que, en esta LXII Legislatura será otorgada por tercera ocasión a un ciudadano mexicano, en atención a sus méritos cívicos o políticos.

8. En dicha convocatoria se estableció el mes de octubre de 2014, como el periodo de tiempo para entregar la presea, en atención a lo dispuesto por el artículo 4o. el Reglamento de la propia medalla al mérito cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”.

9. El 2 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva remitió a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el expediente de la candidata registrada, con los documentos requeridos en la convocatoria, a fin de dar cumplimiento al proceso de dictaminación para el otorgamiento de dicha presea.

10. Entre otros documentos que sustentan la propuesta, la comisión recibió escrito presentado ante la Mesa Directiva, firmado por el doctor José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del cual presenta a la consideración de esta soberanía la candidatura en favor de la ciudadana Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero, en donde expone entre otros argumentos los siguientes:

“La Universidad Nacional es sabedora que la señora Ministra se ha distinguido en distintos ámbitos de la vida pública nacional, como eminente jurista y servidora de nuestra Patria. En la vertiente académica se ha distinguido en la institución que la formó profesionalmente: esta Universidad Nacional Autónoma de México, como maestra titular por oposición de la cátedra de Sociología General y Jurídica en la Facultad de Derecho. Asimismo, ha formado parte de la Comisión Dictaminadora de Profesores por Oposición de Cátedra en las materias de Sociología General Jurídica y de Derecho Civil. En la administración universitaria, ha sido Secretaria de Asuntos Escolares, Consejera Titular en el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM y Directora del Seminario de Sociología General Jurídica en la misma Facultad. Actualmente es Consejera de la Fundación UNAM.”

11. En el mismo sentido, la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo llegar a la Mesa Directiva de esta Cámara, oficios de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma de Morelos, en cuyos textos muestran su respaldo a la candidatura para recibir la medalla, presentada por la máxima casa de estudios de nuestro país.

12. La Presidencia de esta comisión dio cuenta a sus integrantes de la recepción de dicho expediente y procedió a su estudio y dictaminación.

13. Con fecha 17 de septiembre de 2014, la comisión recibió un oficio de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, acompañado por un escrito firmado por 131 diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, en apoyo a la nominación de la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero, para que reciba la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”.

14. El martes 23 de septiembre de 2014, esta comisión fue convocada a reunión por su Presidente para analizar, discutir y votar el predictamen relativo a la entrega de la Medalla, para el tercer año de esta LXII Legislatura.

15. En dicha reunión, esta dictaminadora determinó elegir como candidata ganadora a la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.

Trayectoria de la candidata ganadora

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo su título en julio de 1970, con la tesis: “Una Revolución en la interpretación del Derecho”, tiene un posgrado en política social y administración, por University College of Swansea de Gran Bretaña, es doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En el campo laboral, se ha desempeñado como secretaria de asuntos escolares de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México  (1976-1979); ha sido directora del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM (1980-1984); la primera Notaria Pública en México, ocupando la No. 182 del Distrito Federal en 1984; Magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (1993-1995); y fue designada Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Senado de la República quedando adscrita a la Primera Sala Civil y Penal, cargo que ocupa actualmente desde febrero de 1995.

En el espacio docente, ha sido maestra titular por oposición de la cátedra de sociología general y jurídica; miembro de la comisión dictaminadora de profesores en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón; consejera titular en el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM; maestra titular de Sociología de México de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Ha sido autora y coautora en diversas publicaciones de libros y de revistas; autora de los libros: “Una Revolución en la interpretación del Derecho”, “Los problemas de los cinturones de miseria de la ciudad de México”, coautora de la obra “El Derecho Notarial” y del libro “Simone de Beauvoir... entre nosotras”, ha participado como articulista en las revistas: “Lex. Difusión y Análisis”, “Revista del Instituto de la Judicatura Federal”; “Revista de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, AC”;  “Revista Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana”; “Revista Jurídica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes” “Revista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”; “Derecho y Cultura” , “Revista de la Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura, AC”; “Revista: Este país. Tendencias y Opiniones”; “Revista Jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León”; “Anales de Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal”; “Revista Iter Criminis del Instituto Nacional de Ciencias Penales”; ”Revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM”. Además, ha sido articulista en diferentes diarios de circulación nacional.

Ha participado como ponente en diversos foros organizados por diferentes instituciones entre las que destacan: La Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad  Anáhuac; Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico Autónomo de México; Facultad Libre de Derecho de Monterrey; Colegio de Abogados de Querétaro; Universidad Panamericana; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Derecho de la República Mexicana; Instituto Nacional de Ciencias Penales; Harvard Law School; David Rockefeller Center for Latin America Studies; Center of International Development y Harvard University Mexican Asociation; Universidad Latina; Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión; Instituto Nacional de las Mujeres; Universidad de California; Asociación Nacional del Notariado Mexicano; Universidad Autónoma de ciudad Juárez; Secretaría de Relaciones Exteriores; Universidad Autónoma Metropolitana; Honorable Cámara de Diputados; Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; Secretaría de Desarrollo Social, entre otros.

Galardonada y distinguida con premios y reconocimientos por diversas instituciones, a saber: Ayuntamiento Constitucional de Tehuacán, Puebla (marzo 1998); “Distinguida abogada de las Américas, otorgado por la Barra Interamericana de Abogados”, “Reconocimiento por su valiosa labor en pro de la Federación Mexicana de Universitarios” (noviembre 2000); “Premio Reforma”, otorgado por la Academia Nacional, A.C (junio 2001); “Doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelos” (julio 2003), “Doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León” (septiembre 2003); “Presea de Tepanclato”(octubre 2003) otorgado por el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, Campus Aragón; “Presea Mujer del año 2004” (diciembre 2004) otorgado por el Patronato de la Mujer del Año; “Presea Zafiro” (mayo 2004) otorgado por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho; “Presea Flama, Vida y Mujer” (marzo 2005) otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León; “Galardón Fuerza Jurídica” (marzo 2006) otorgado por el Instituto Juárez de Villahermosa, Tabasco; “Medalla Anáhuac en  Derecho 2007” (octubre 2007) otorgada por la Universidad Anáhuac del Norte; “Medalla Omecihuatl 2008” (octubre 2008) otorgada por el gobierno y el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.

Ha sido reconocida por diversos organismos destacándose entre ellos: reconocimiento  “Mujeres que hacen la Diferencia” (septiembre 2006) única mujer latina en recibirlo y otorgado por el International Women’s Forum, en Seattle, Washington; Reconocimiento por su participación en la Declaración de Constitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (septiembre de 2008) otorgado por la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado; Reconocimiento “Clara Zetking” otorgado por la Coordinación Internacional de Grupos Vulnerables en Derechos Humanos, con el auspicio de la UNESCO, la embajada de Dinamarca y la Secretaria de Gobernación, Miembro de los “Trescientos líderes más influyentes de México en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011” realizado por lideres mexicanos.

En el ámbito cívico, vale la pena destacar que durante el movimiento estudiantil de 1968, la ahora ministra marchó al lado del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Barros Sierra para defender la autonomía universitaria. Por ese motivo, se considera como parte de una generación que lucho por las libertades de expresión, sexual y de prensa. Defensora de la actuación y dignidad femeninas, sostiene que “el rímel y el labial, son armas para la autoestima, más que para la vanidad”.

Sin duda alguna, la trayectoria de la ministra Olga Sánchez Cordero, destaca en lo profesional por su percepción en la aplicación imparcial del derecho, en la forma como enfatiza la importancia que reviste para cualquier gobierno hacer valer los derechos humanos para ser respetado por la gente que gobierna. Para ella, los conceptos de cultura de la legalidad y el estado de derecho, son términos semánticos que deben hacerse efectivos porque que ningún país, ninguna sociedad y ni ningún grupo social pueden subsistir sin esta realidad.

Desde febrero de 1995, ocupa un lugar en el Tribunal Supremo del país y se ha enfrentado al reto de externar su posición en casos muy delicados y polémicos como el tema del aborto y la homosexualidad, en los que sin duda ha dejado huella. En el mismo tenor, ha participado en casos controvertibles como el de Florence Cassez, cuya exposición mediática la llevó a afirmar que: “Un juez constitucional no dicta sentencia con base en la opinión pública”.

Su posición ideológica, la ha ubicado como una ministra con sentido liberal, puesto que su bandera siempre ha sido la defensa de los derechos fundamentales y desde esta tesitura fue la primera integrante de la Corte que hablo en ese espacio, por la defensa de los menores, a fin de adecuar la jurisprudencia de manera que se protejan los derechos de la niñez mexicana.

De igual manera, ha sido una voz para difundir las necesidades de su género, lo que la ha hecho sentirse orgullosa, pues afirma que ha roto un tabú, al decir que sí existe la violación sexual entre los cónyuges, defendiendo así la libertad sexual de las mujeres.

Recientemente, presentó un protocolo para que el sistema de justicia nacional sea revisado, con perspectiva de género.

Consideraciones

Primera. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la materia motivo del presente dictamen, de acuerdo con lo que establece el primer párrafo del artículo 70, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 38 numeral 1, fracción II y 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segunda. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta representación, es competente para conocer y resolver todo lo relacionado con las distinciones que se otorgan a nombre de la Cámara de Diputados, según lo dispuesto por el artículo 40, párrafo segundo, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En el mismo sentido, es responsabilidad de esta comisión elaborar el dictamen para otorgar la presea referida, en concordancia con lo que señala el artículo tercero del decreto por el que se crea la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, así como los artículos quinto y sexto, del Reglamento de la medalla al mérito cívico, “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”.

Tercera. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias valora ampliamente la propuesta que hiciera la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su rector, en el ánimo de premiar el desempeño académico y profesional de una de las más destacadas integrantes de la comunidad universitaria, acreditada a través de su profusa trayectoria.

Cuarta. Esta dictaminadora también aprecia el apoyo de otras instituciones académicas universitarias, así como de los legisladores que se pronunciaron en favor de la candidatura presentada por el doctor Narro Robles y reconoce el consenso que la propuesta generó, a fin de otorgar por vez primera esta distinción a una mujer, cuyos méritos en el ámbito académico y de aplicación de la justicia son evidentes.

Quinta. La trayectoria de la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila es muestra fehaciente de la transformación de la participación de las mujeres, durante las últimas décadas, en la academia, pero sobre todo en el gobierno y los asuntos públicos, para beneficio de la colectividad.

Sexta. Resulta apremiante promover una cultura de respeto a la legalidad, de cumplimiento de las normas vigentes, además de una aplicación justa de la ley para alcanzar la aspiración de ser una sociedad abierta y democrática que nos permita una mejor convivencia y entorno social para todos.

Séptima. La Cámara de Diputados reitera su compromiso, a través de la entrega de esta distinción, de continuar fomentando los valores cívicos, éticos y políticos entre los mexicanos, para que sus acciones contribuyan al progreso de nuestro país.

En razón de todo lo antes expuesto, fundado y motivado, en atención a la trayectoria y méritos obtenidos en su ámbito académico y profesional, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, en el tercer año de su ejercicio, acuerda presentar a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión otorga la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri y legIsladores de 1913”, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura, a la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, el 9 de octubre de 2014.

Artículo Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, otorga la medalla al mérito cívico, “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, correspondiente al tercer año de ejercicio, a la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.

Artículo Segundo.La medalla al mérito cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, un pergamino alusivo al dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se decide quién será la persona galardonada, suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y, una suma de dinero equivalente a tres veces la dieta mensual de un ciudadano diputado, se entregarán a la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, en sesión solemne que se celebrará el día 9 de octubre, a las 10:00 horas, en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de San Lázaro.

Artículo Tercero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por conducto de su Presidente, informará a la candidata que ha resultado elegida, respecto de la decisión de esta Asamblea, el día de la aprobación del dictamen en el Pleno.

Artículo Cuarto.En la sesión solemne a que se refiere el artículo anterior, podrán hacer uso de la palabra, un diputado integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la persona homenajeada y el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La Junta de Coordinación Política acordará los tiempos de las intervenciones, así como el orden en que intervendrán los oradores.

Artículo Quinto. El protocolo que rija la sesión solemne será definido conjuntamente por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Artículo Sexto. El presente decreto será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en el Diario Oficial de la Federación y en tres diarios de circulación nacional.

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Publicación en la Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4037, anexo I. Viernes 6 de junio de 2014.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, el martes 23 de septiembre de 2014.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme, Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica en contra), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en contra), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes, Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica en contra), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Jorge Salgado Parra (rúbrica en contra), Miguel Sámano Peralta (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En virtud a que no hay fundamentación del dictamen contenido en el mismo y está publicado, está en la discusión en lo general y en lo particular. Tiene el uso de la palabra, el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar moción suspensiva.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores; en materia de distinciones, preseas, medallas y reconocimientos que otorga a la Cámara de Diputados, hay una interrogante de la cual partimos los legisladores y no siempre alcanzamos a resolver en los mejores términos.

El reconocimiento otorgado debe honrar la memoria, los valores y la actuación de quien adopta su nombre, o por el contrario la presea debe servir para el lucimiento, envanecimiento o culto a la personalidad de quien lo recibe. Recuerdo en estos momentos un pequeño tratado de Tomás Carlyle, que se llamaba, lo recuerdo bien: El Culto de los Héroes y lo Heróico en la Historia. Y advertía como la humanidad siempre ha acudido por necesidad social a dar un reconocimiento o a dar reconocimientos desde la antigüedad, con una proclividad en muchas ocasiones a equivocarse a la hora de otorgarlas.

El mismo Tomás Carlyle dejó un consejo para salvar este escollo. Decía él: Al momento de otorgar reconocimientos comparen, equiparen y contrasten la trayectoria de ayer con la actuación de hoy, porque de la suma de lo pasado con lo presente, nace el futuro.

La medalla Eduardo Neri, honor al mérito cívico al servicio de la patria, fue instituida en 1969 para destacar la valerosa defensa que el diputado, oriundo de Guerrero, hizo del recinto y del Poder Legislativo frente a la injerencia autoritaria del dictador Victoriano Huerta, quien, buscando desaparecer al Congreso, que en ese momento exigía la investigación y la aparición del senador chiapaneco Belisario Domínguez, ordenó la intervención militar del recinto y el encarcelamiento en el Palacio de Lecumberri de los 83 diputados presentes en el pleno el 10 de octubre de 1913. Hace casi 101 años.

Un día antes el diputado Neri había tenido una valerosa intervención en tribuna que había desatado el enojo del dictador. ¿Qué dijo Neri en aquella histórica intervención? Defendió a Madero, a la democracia, a la honorabilidad del Congreso de la Unión y denunció la desaparición del senador Domínguez.

Pero dijo algo que enfureció a Victoriano Huerta el dictador. Lo llamó chacal. Y dijo él: Lo describo como chacal porque sólo esa bestia desaparece a sus víctimas para devorarlas. La reacción de Huerta le costó el bloqueo al Congreso. Fue impresionante porque esta respuesta, aquella actitud crítica, independiente y de contrapeso de la Cámara de Diputados de uno de sus miembros, fue enviar a la tropa al recinto legislativo al día siguiente y encarcelar a sus miembros con el diputado Neri Reynoso a la cabeza.

Obviamente hubo consecuencias. El Congreso de los Estados Unidos censuró la desaparición del Poder Legislativo y reiteró su no reconocimiento a un gobierno de facto. El gobierno francés canceló un préstamo de 20 millones de libras esterlinas. La Gran Bretaña anunció la cancelación de inversiones petroleras. En México Carrancistas, Villistas, Zapatistas y Obregonistas, hicieron su irrupción en la vida pública.

Victoriano Huerta tuvo que dejar el poder. El discurso y la actuación de Neri Reynoso había dado en el blanco. Abogado y activista político, Neri Reynoso se sumaría después a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza; posteriormente Álvaro Obregón lo haría su representante en el estado de Guerrero. Al llegar a la presidencia de la república Obregón lo nombra procurador general de justicia de la nación, cargo al que renunciaría un año y medio después en protesta por los ataques a la causa liberal constitucionalista del cual habría sido fundador.

Posteriormente Neri Reynoso fue senador y además fue acompañante de Almazán en la presidencia de la república, como candidato. Esa fue su última actividad pública.

Murió en 1973 con una modesta pensión suministrada por el gobierno de Guerrero: cinco mil pesos mensuales, equivalente al 5 por ciento de la dieta actual de un legislador federal y al 1 por ciento de las percepciones de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El mérito cívico cambia y se actualiza con el tiempo. Uno de los grandes pendientes de nuestra democracia es la independencia del Poder Judicial y su orientación hacia un perfil garantista donde no sólo se aplique la literalidad de la ley formal, sino que se materialice cotidianamente la justicia real; un poder que sea independiente, un poder que sea autónomo, que ahora no tenemos.

Por eso nosotros creemos que este dictamen debe devolverse a comisiones. Es única candidata.

No queremos de ninguna manera en este momento discutir o polemizar sobre la trayectoria o capacidad profesional de la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas; no queremos hacerlo.

Pero les pregunto y con esto concluyo: ¿Debe honrarse al Poder Judicial Federal cuyos miembros ganan 500 mil pesos mensuales? ¿Debe honrarse a un poder que se encuentra subordinado, hincado, arrodillado a los poderes fácticos, al poder del dinero y al gobierno? ¿Debe honrarse a un poder que desde nuestro punto de vista se encuentra en putrefacción y al mejor postor? ¿Qué méritos tienen aquellos que en el poder público gozan de privilegios?

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: ¿Qué méritos le otorgan? ¿Por qué –concluyo, presidente– por qué no regresar a comisiones y buscar personalidades como la maestra Ifigenia Martínez, como el propio Raúl Álvarez Garín, un luchador limpio, incorruptible, o la maestra Elena Poniatowska, mujer con grandes méritos en la academia...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, señor diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: ...y en la literatura. Por eso, no queriendo demeritar a nadie, no lo hago por respeto a quien la propone y a quien lo propone, pero recuerden ustedes, legisladores. En una ocasión propuso el PRI a Jacobo Zabludovsky, el año pasado al señor Landero lo propuso la derecha. Por qué seguir insistiendo en personalidades con este perfil, por qué no un hombre de izquierda, una mujer de izquierda a la que los méritos le sobran para poderla reconocer por esta Cámara de Diputados. Presidente, gracias por su tolerancia y a todos también muchas gracias. Solicito se regrese a comisiones.

«Moción suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto por el que la Cámara de Diputados otorga la medalla al mérito cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, a la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó al Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente moción suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto que otorga la medalla Eduardo Neri, al tenor de la siguiente

Motivación y Justificación

Es menester para los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentar la presente moción suspensiva, puesto que el dictamen que ahora se somete a discusión de esta soberanía constituye un verdadero retroceso en la nominación en la que se pretende otorgar la medalla Eduardo Neri.

Dentro de la Teoría de la División de Poderes se han establecido claramente la línea divisoria que debe existir en el actuar de quienes integran los poderes de la Unión.

Esto ha estado establecido desde los tiempos Montesquieu; el gran precursor del liberalismo político, decía desde el siglo XVIII en “El Espíritu de las Leyes”:

“No puede haber libertad para los ciudadanos si el Poder Judicial no está debidamente separado del Legislativo y del Ejecutivo. Si va unido al Legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos, será arbitrario.”

Sin embargo, en la práctica, las instituciones mexicanas desprecian estos principios; el Legislativo se ha convertido en una extensión del Ejecutivo, al tiempo que otorga reconocimientos a los representantes del Poder Judicial. Esto contraviene una de las razones fundamentales de la existencia del Poder Legislativo que es fungir como órgano de control y contrapeso a los otros poderes de la Unión.

Más allá de la carrera o de los méritos del personaje a quien ahora se le otorga la máxima condecoración que puede dar la Cámara de Diputados, al ser integrante de la Suprema Corte, se pone en entredicho la sana distancia que debe existir entre quienes forman parte del Supremo Poder de la Unión.

La presea que lleva el nombre del ínclito legislador es un homenaje a quien con su conducta en el recinto parlamentario dignificó a la representación popular en el año de 1913 y que participó de forma distinguida en momentos definitorios para la historia de México.

Existen numerosos hombres y mujeres a lo largo y ancho del país que por su lucha diaria por alcanzar los idearios democráticos, reúnen los requisitos para ser merecedores de la presea. No se hace ningún bien a la institución otorgándola a un juez de la Corte, sino que se pone en entredicho.

En consecuencia, cabe hacer énfasis en que el dictamen que se somete a discusión ante esta instancia carece totalmente de legitimidad, por vicios de procedimiento.

El procedimiento parlamentario, debe su nombre a las normas y costumbres utilizadas para dirigir el desarrollo de las actividades del parlamento inglés. Es esencialmente un manual de consulta cuyo propósito primordial es el de suministrar a la sociedad y sus dirigentes un conjunto de disposiciones reglamentarias que permitan que sus reuniones se conduzcan de manera ordenada y oportuna.

El procedimiento parlamentario permite una adecuación de prioridad y respeto, buena convivencia y tolerancia durante los debates que se presenten en las diversas clases de reuniones, que toda institución ya tiene establecidas en sus estatutos y reglamentos.

Una de las principales, sino es que la principal, función del Poder Legislativo consiste en la creación, reforma o derogación de diferentes normas, leyes o decretos pata lo cual se establecen una serie de pasos a seguir en su elaboración, sin las cuales no puede crearse una ley o llevarse a cabo alguna modificación.

Bajo este orden de ideas, todo Estado democrático le delega al órgano legislativo la facultad y obligación de crear un conjunto de disposiciones normativas que han de regir su vida institucional y la de los ciudadanos.

Para cumplir con esta obligación los congresos cuentan con reglas y normas de operación las cuales son su responsabilidad seguir al momento de reformar o crear una nueva ley.

El debate y discusión de las iniciativas de ley son pieza fundamental dentro del proceso legislativo, dentro de éste, se exponen los puntos de vista de los diferentes grupos parlamentarios que integran el Congreso.

Cada uno de los grupos parlamentarios tiene la facultad de presentar puntos a favor o en contra en torno a las diferentes leyes o decretos que se discutan dentro del Pleno, para ello es necesario que el decreto o ley que se discute sea conocido y analizado previamente por cada uno de los partidos políticos, ya que ellos deben fijar su postura en torno a este y es obligación de los legisladores respetar el proceso legislativo y debatir las iniciativas en defensa de los intereses de sus electores.

Sin embargo, con la llegada del viejo régimen al poder, las disposiciones establecidas en la normatividad de la Cámara no son respetadas a cabalidad. Para muestra, las últimas reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo y el Pacto por México han sido aprobadas al vapor, sin un análisis profundo por parte de las diferentes fuerzas políticas, las cuales solo buscan sacar adelante una agenda política que responde al interés de las clases más beneficiadas.

Igualmente, la mayoría de los temas generales propuestos por los diputados del Congreso, atraviesan por este tipo de particularidades. Pocas veces se cumple con lo establecido en el Reglamento.

Desde la reforma a la Ley Federal del Trabajo hasta la aprobación de la Reforma Educativa los procedimientos legislativos han sido violados constantemente por los integrantes de los grupos mayoritarios, especialmente los que integran la bancada del Partido Revolucionario Institucional.

El dictamen por el que se busca honrar a Eduardo Neri, resulta de suma importancia, ya que dicha figura fungió como miembro del Bloque Renovador de la XXVI Legislatura; destacó por su labor revolucionaria en Oaxaca, Guerrero y Colima; y denunció que el asesinato del senador Belisario Domínguez se había efectuado por chacales debido a que “no contentos con quitarle la vida devoraron sus restos”.

Sin embargo, la crisis moral en la que nos encontramos ha derivado en una ausencia de valores remplazados por la idolatría al poder y al dinero; por su parte, la corrupción ha arrancado los principios de los servidores públicos cegándolos con impunidad.

Es tal el vacío de principios éticos y morales, que ante las denuncias de la oposición sobre los abusos de poder, los despilfarros y las atrocidades cometidas, lejos de corregir los errores, se descalifica, se oculta, se silencia y se entierra.

Mientras no se luche por una renovación de valores, en los que la moral sea vista como un conjunto del preceptos que buscan, por medio de la vigilancia interior de la conciencia, la justicia por encima del interés particular y de los deseos personales, dando a cada cosa su valor dentro de los fines humanos, no existirá ley, ordenamiento, conmemoración, homenaje o presea que rescate a México de la crisis que experimenta.

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea, la presente

Único.Moción suspensiva, con el efecto de suspender inmediatamente la discusión en trámite de manera indefinida.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 30 días del mes de septiembre de 2014.— Diputados: José Francisco Coronato Rodríguez, Ricardo Monreal Ávila, Zuleyma Huidobro González, Juan Ignacio Samperio Montaño, Gerardo Villanueva Albarrán, Francisco Alfonso Durazo Montaño, José Luis Valle Magaña, Rodrigo Chávez Contreras, Luisa María Alcalde Luján (rúbricas).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias por su intervención, señor diputado. Consulte la Secretaria a la asamblea si se admite inmediatamente a discusión la moción suspensiva.

La secretaria Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara para fijar la postura de su grupo parlamentario.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:La medalla Eduardo Neri se otorga a las ciudadanas o ciudadanos cuyos actos cívicos o políticos se distinguen por servir a la colectividad nacional y a la república. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el proyecto que presenta propone a la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.

No venimos a cuestionar ni el origen de la propuesta ni la trayectoria de la persona que proponen, a pesar de que ha generado polémica por su función pública y el trabajo en el desempeño de sus funciones.

Algunos hablan sobre sus votos a favor de la liberación de Florence Casses, sus votos a favor del anatocismo, sus votos a impedir que se aplicaran tratados internacionales sobre el delito de genocidio, que no prescribe y que impidió que se juzgara a Luis Echeverría Álvarez. Otros alegan sobre su trabajo cuando vota a favor de la despenalización del aborto.

En efecto, es polémica y no venimos a cuestionarla a ella, no. No cuestionamos el origen de la propuesta, tampoco. Lo que cuestionamos es el método aplicado que desnaturaliza el objetivo de la medalla. Por qué.

De acuerdo al dictamen, se recibió la propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, sin hacer mención a ninguna otra propuesta. Se puede leer en dos sentidos la presentación de una sola propuesta, por parte de universidades y sociedad civil.

Existe unanimidad en la propuesta de la UNAM o bien existe un dejo de indiferencia a la convocatoria de la Cámara de Diputados. Convencido estoy de que toda unanimidad es sospechosa, y obviamente preocupa la segunda hipótesis.

La ausencia de ciudadanos postulados por su trayectoria cívica en este país pone en duda las acciones de la Cámara de Diputados. En nuestra sociedad existe no uno, dos, tres, sino cientos, miles de ciudadanos y ciudadanas que se destacan por su compromiso y entrega a la sociedad.

Creo que el proceso de la medalla Eduardo Neri está viciado. En primer lugar, por la ausencia franca y abierta de su publicidad, habría que preguntar, y desde esta tribuna lo hacemos a la propia comisión, a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política, cuántos impactos de publicidad se realizaron en los medios de comunicación a que tiene acceso la Cámara de Diputados en radio, televisión y prensa escrita.

Es cuestionable el proceso de designación, no por la calidad y reconocimiento de la propuesta, sino por la opacidad en que se construyó el aval y consenso de la propuesta. Esta práctica de cuotas y partidización de la integración de órganos autónomos que vulneran la legitimidad de las instituciones, hoy mismo en el Instituto Nacional Electoral, se cuestiona sobre cómo meten la mano los partidos en la designación de los consejeros en el actual INE, y ya veremos lo que pasa con estas cuotas que desde el Senado se han dado para los organismos reguladores de energía.

Esta legitimidad de las instituciones que está vulnerada, ha contaminado los procesos de naturaleza política y ahora hasta los cívicos, síntoma de la descomposición institucional que se produce y reproduce en nuestro país.

Los colegas diputados y diputadas que han aceptado estos métodos de trabajo, hoy hablan de descuido. Miren nada más qué descuido, hasta parece colaboración.

La medalla al reconocimiento cívico tiene su origen en actos de civismo, congruencia y compromiso con el servicio a la sociedad. No es válido, no es ético cerrar estos espacios a una participación más amplia de la sociedad civil. No podemos ni debemos corromper un acto que pertenece a los ciudadanos y ciudadanas.

En mi fracción parlamentaria estamos convencidos que algún día esta Cámara recobrará su dignidad, hoy nosotros la tenemos y votaremos en contra de esta propuesta y esperamos que lo haga la mayoría de los diputados y diputadas en honor al constitucionalista Eduardo Neri. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara.

Esta Presidencia registra el desistimiento de la participación de los señores diputados Alfonso Durazo Montaño y del diputado Ricardo Mejía Berdeja, en sus respectivas participaciones, y expresa su gratitud por su generosidad.

En atención, estimados diputados y estimadas diputadas, a que se ha agotado la lista de oradores, a que no hay reserva en lo particular del único artículo del dictamen se considera éste suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Por eso pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para recibir la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Ignacio Mestas Gallardo (desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): A favor.

La diputada María Celia Urciel Castañeda (desde la curul): En contra.

El diputado Federico José González Luna Bueno (desde la curul): A favor.

El diputado José Soto Martínez (desde la curul): En contra.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presiente, se emitieron 239 votos a favor, 122 en contra y 56 abstenciones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, a la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, el 9 de octubre de 2014. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Continúe la Secretaría con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por favor, relativo al municipio de Tlatlaya, estado de México.

ACUERDOS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de este año.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativo a la materia objeto del presente, que suscribe el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se exhorta a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de esta soberanía, a crear un grupo de trabajo plural, de diputadas y diputados que coadyuven con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de este año.

Segundo.Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que atraiga la investigación de los hechos ocurridos el 30 de junio pasado, en el municipio de Tlatlaya, estado de México, a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que investigue respecto de los hechos acontecidos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, y determine si hubo violaciones a los derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica) Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;  diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado secretario. Se han registrado los siguientes oradores.

En contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. En pro, el diputado René Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza. En pro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, así como la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, y en los mismos términos el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México.

Tiene la palabra hasta por tres minutos, el diputado Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Señor presidente, más que en contra vengo a razonar mi voto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Puede argumentarlo en los términos que lo vea pertinente, señor diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. La denuncia de los hechos de Tlatlaya ante medios de comunicación internacionales rompió el silencio de las autoridades federales implicadas en la investigación de los hechos. La Sedena, por estar involucrados elementos que la integran; la PG de la República, al atraer el caso a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Procuraduría General de Justicia del estado de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En consecuencia, la comisión que se propone tendrá por objeto el seguimiento de las investigaciones que realice cada institución en el ámbito de su competencia, para efecto de conocer el desempeño institucional de cada una de estas en la persecución y sanción de los hechos.

Para esta tarea de seguimiento se cuenta con dos precedentes, la directiva. Y estamos hablando de la norma emitida por el secretario de la Defensa Nacional, que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado el 23 de abril de 2012.

También el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas, publicada el 30 de mayo del 14, en los que se regula el uso legítimo de la fuerza en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en apoyo a las autoridades civiles y en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El artículo 6o. de la Directiva determina que la utilización de los niveles de uso de la fuerza para los integrantes del Ejército sólo es procedente cuando sea estrictamente inevitable o indispensable para el cumplimiento de la misión que tengan asignada en apoyo a las autoridades civiles o en la aplicación de la Ley Federal de Armas.

Por su parte, el Manual, numeral 3 De los principios aplicables del uso de la fuerza, se determina que la utilización de los niveles de fuerza por los integrantes de las Fuerzas Armadas sólo es procedente cuando sea estrictamente inevitable o indispensable para el cumplimiento de la misión que tenga asignada, en apoyo a las autoridades civiles. Que el uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.

No se trata de prejuzgar o juzgar la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas ante presuntos delincuentes, sino el de conocer la operación y coordinación de las instituciones involucradas y las medidas de garantía de los derechos humanos en el uso de las Fuerzas Armadas.

El artículo 8o. de la Directiva claramente establece que en los casos en que sea necesario el uso de la fuerza o la autoridad apoyada así lo disponga, el personal militar evaluará la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que se utilizará, consultando de ser posible a su superior jerárquico.

En la medida que la investigación de la PGR y la Sedena lo permita se deberá conocer el informe de la autoridad militar, en la que se señala el tiempo y lugar de los hechos y circunstancias que exigieron el nivel del uso de la fuerza utilizado, las medidas necesarias para auxiliar a la autoridad competente a la preservación del lugar de los hechos y los indicios con motivo del uso de la fuerza resulten personas lesionadas o muertas.

Deberá de conocerse por la autoridad militar, al tener conocimiento que se hizo uso indebido de la fuerza y no lo denunció ante la autoridad competente.

Los hechos de Tlatlaya obligan a revisar el marco legal en el que intervienen las Fuerzas Armadas, no sólo para preservar los derechos humanos de los involucrados, sino para fortalecer la función institucional de las mismas en el marco de la protección de garantías y derechos humanos.

Miren, finalmente es claro con los datos que están en la opinión pública, con las imágenes que están publicadas en los medios, que esta comisión, que ustedes están aquí haciendo con miembros de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos, es importante, pero no es todo lo que esta Cámara de Diputados podría hacer.

Culmino, presidente. hubiésemos preferido que la Junta de Coordinación Política enviara a una comisión especial para investigar estos hechos y que hubiese entrado a profundidad, con toda la fuerza que tiene esta Cámara de Diputados, y no nada más como una especie de subcomisión y llevando otros elementos al análisis, que son lamentables, como el del secretario general del PAN en el estado de Guerrero, pero que no le da toda la fuerza que esta Cámara de Diputados tiene y podría tener en una comisión especial y no en esta comisión, que siendo importante esta subcomisión no va a ser suficiente para la fuerza que se requiere para investigar estos hechos. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Huerta Ladrón de Guevara.

Previo a darle el uso de la palabra, diputado René Fujiwara, deme oportunidad para enviar saludos, porque además nos da gusto que estén aquí niños y niñas de la escuela primaria Venustiano Carranza, quienes hay sido invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta, del municipio de Texcoco, del estado de México. Gracias, por su visita.

De igual manera les damos la bienvenida a este recinto a alumnos de la Universidad Anáhuac, de San Andrés Cholula, del estado de Puebla, y de la preparatoria 5 de Mayo, de Cuautlancingo, Puebla, ambos invitados por el señor diputado Julio César Lorenzini Rangel, que aquí nos acompaña. Gracias, por su visita.

Continuamos señor diputado René Fujiwara, tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hemos sido en todo momento firmes promotores del respeto y protección de los derechos humanos, nuestras convicciones, ideales liberales así nos han conducido en nuestro quehacer legislativo.

Diversas versiones acerca de los hechos ocurridos el 30 de junio de este año, el municipio de Tlatlaya, en el estado de México, nos hacen cuestionar la realidad de lo acontecido ese día, en donde perdieron la vida 22 personas supuestamente pertenecientes al crimen organizado.

En Nueva Alianza esperamos que las autoridades de procuración de justicia ofrezcan respuestas claras y objetivas a los cuestionamientos surgidos por este evento. El presidente de la república ha manifestado que será la Procuraduría General de la República la instancia encargada de la investigación y será ésta misma instancia la que deberá dar las explicaciones que amerita el caso.

No es un asunto menor, compañeras y compañeros, dadas las suspicacias que involucran a una institución tan importante como lo es nuestro Ejército mexicano. De igual forma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como el principal defensor del pueblo, juega un papel trascendental en estos desencuentros entre el poder del Estado con la protección de los derechos fundamentales del ciudadano.

Sin embargo, compañeras y compañeros legisladores, no debemos olvidar la responsabilidad del Congreso de la Unión, particularmente de esta Cámara de Representantes, de velar por la protección y bienestar de la ciudadanía ante cualquier situación que atente y vulnere sus derechos humanos.

Por tal motivo, apoyamos la conformación de un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados que coadyuve con las autoridades competentes en la investigación. Esto con el propósito de enviar un mensaje claro acerca de la importancia que representa para nosotros, los legisladores de esta LXII Legislatura, el llegar a la verdad en lo ocurrido en el caso de Tlatlaya.

Desde la Comisión de Derechos Humanos a la que tengo el privilegio de pertenecer, y en conjunto con la Comisión de Justicia coadyuvaremos cabalmente en el esclarecimiento de los hechos y daremos puntual seguimiento a los avances que realicen las autoridades.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza dará el voto a favor del presente acuerdo, porque estamos comprometidos con la ciudadanía y en garantizar los derechos humanos.

Tenemos la confianza que desde el grupo de trabajo buscaremos llegar al fondo del asunto, para que en caso de existir violaciones a los derechos humanos, éstas sean sancionadas conforme a la ley.

Por su atención, compañeras y compañeros, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Fujiwara. Hasta por tres minutos le otorgamos el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Hasta Nueva York persiguió esta masacre, esta incalificable masacre del municipio de Tlatlaya, en el estado de México al presidente Enrique Peña Nieto. Y fue precisamente la prensa internacional la que desnudó esta ejecución.

La agencia Associated Press, una de las más influyentes de la prensa internacional, mencionó que el supuesto enfrentamiento donde fueron muertos 22 presuntos delincuentes el día 11 de julio, tenía situaciones de carácter sospechoso y poco creíble. Decía el reportaje aludido: marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de una bodega en las montañas del sur de México.

El reportaje sugiere que los orificios y las manchas de sangre no fueron producto de un enfrentamiento entre sicarios y militares sino de una sanguinaria ejecución por parte de varios elementos de la Defensa Nacional.

Fue la presión internacional y organismos de derechos humanos, como Human Rights Watch para que este tema se abriera al escrutinio público, porque las versiones originales de la Defensa Nacional en un escueto boletín era que se habían eliminado a estos presuntos delincuentes en un enfrentamiento.

El propio gobierno del estado de México felicitó a la Sedena por estos hechos, pero ya ahora la versión que tiene mayor soporte y que ha sido también demostrada por algunos medios de comunicación nacionales mostrando fotografías y evidencia de los hechos es que en realidad fue una ejecución, un fusilamiento de personas que ya estaban sometidas y que incluso se les fusiló o se les dio el tiro de gracia. Estos hechos hablan de un retroceso gravísimo en materia de derechos humanos en el país.

Por eso nosotros creemos que lo mínimo que puede hacer esta representación popular es constituir un grupo de trabajo para que pueda profundizar en estos hechos. Yo únicamente tengo dudas del resolutivo que le pide a la Comisión Nacional de Derechos Humanos su intervención, porque precisamente el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en un hecho que ha sido deplorado por defensores de los derechos humanos se apresuró a legitimar la tesis del enfrentamiento.

Raúl Plascencia dijo que había sido un enfrentamiento cuando todavía no había una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso hay que reconoce que fue más activo el secretario de la Defensa Nacional, que puso a disposición de la justicia militar a ocho elementos. Creemos que fue más legitimador de la tesis del enfrentamiento, el presidente –concluyo, presidente– de la Comisión de los Derechos Humanos y el propio secretario de la Defensa Nacional.

Nosotros creemos –y concluyo con ello– que lo que sí tendría que hacerse con estas personas que fueron detenidas, con estos malos elementos, sería juzgarlos por el fuero común, atendiendo a la reforma que elimina el fuero militar. Creo que con eso podría completarse, pero desde luego que lo que haga esta Cámara contribuirá al puntual esclarecimiento de los hechos, que no haya este tipo de ejecuciones sumarias que hablan de un estado autoritario y una regresión inadmisible. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía Berdeja.

Saludamos a un grupo de niños y de niñas de la Escuela Primaria Rosaura Zapata, del municipio de Naucalpan de Juárez, del estado de México. Han sido invitados por la diputada Irazema González. Bienvenidos y gracias por su visita.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, señor diputado.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con el permiso de la asamblea. La vida es un estado biológico. Las sociedades contemporáneas del mundo lo reconocen en sus respectivos derechos como el bien jurídico tutelado más importante de todos.

La vida es valiosa porque está ligada a la idea de existencia y sólo con ella se puede llegar a trascender. En este caso la vida le concede a su poseedor autonomía, conciencia estética, labor altruista, comportamiento cívico, entre otras circunstancias.

En este sentido la vida es una expresión personal protegida por los derechos humanos, tal como se aprecia en el artículo 6o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el mismo Pacto de San José y como lo consagra nuestra Constitución en su artículo 22.

Por lo anteriormente expuesto, queda claro que cegar la vida de alguien implica atentar por extensión contra todos los demás derechos de un ente como la personalidad, el nombre, la salud, la nacionalidad, la alimentación, entre otros.

La vida descrita se elige como un derecho: el de la inviolabilidad de la misma, mismo que se estableció en nuestro país desde la Constitución de 1857 en el tema de la suspensión de garantías y en la presente Constitución de 1917 a partir de junio de 2011, en su artículo 29 en el tópico de suspensión de los derechos humanos.

En el marco aludido devela lo valioso que es la vida y por ello nos llama poderosamente la atención las graves implicaciones que tienen los hechos acontecidos el 30 de junio anterior en el municipio de Tlatlaya, estado de México, en donde perdieron la vida 22 personas y en donde las contradicciones sobre los hechos acontecidos son manifiestas, ya que las versiones de testigos, fuentes periodísticas y Fuerzas Armadas no coinciden. En cualquier caso la muerte de una persona por vulneración a sus derechos humanos es lástima, pues además de lacerar la esfera jurídica de las personas le roba a la sociedad su seguridad y su tranquilidad.

Los lamentables resultados de Tlatlaya se potencian cuando se ven involucradas las Fuerzas militares, pues en ello implica un abuso de poder con una alevosía y una ventaja, ya que los cuerpos castrenses fueron adiestrados para el enfrentamiento en sus diversas modalidades. En cambio la mayoría de las personas, quienes integran la sociedad civil, no.

Pero las agravantes descritas se agudizan más en la medida en la cual se identifica como ejecutor de la vulneración de la vida a un órgano del Estado, pues éste está para procurar a los derechos de cualquier tipo y no para suprimirlo. En este sentido se debe recordar que la primera función del Estado y la más importante es proveer la paz y la tranquilidad, implicando en ello la seguridad de todos los mexicanos.

Por otro lado, como parte integrante de uno de los poderes públicos, creemos importante poner énfasis en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, ya que colocan a México en el ojo del huracán en el concierto internacional.

Tan es así, que Christof Heyns, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias en atender, en el de Tlatlaya, pudo actualizarse una ejecución sumaria, ya que éstas son aquellas que se representan con la pérdida de la vida resultando un uso excesivo de la fuerza y sin observar los principios de necesidad y de proporcionalidad.

Por todo lo anterior estamos a favor de que las ópticas de la justicia y los derechos humanos, las respectivas comisiones en esta Cámara integran grupos de trabajo que propicien criterios que acompañen a los de la procuraduría.

Asimismo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita las recomendaciones a las personas o instituciones que hayan vulnerado la vida de las personas señaladas.

No obstante lo anterior, no debemos de confundirnos, estamos en el momento de indagar y dilucidar los hechos llevados a cabo en Tlatlaya.

Sólo hasta estar seguros de cómo acontecieron los mismos podremos exigir se castigue a los culpables.

Atentar contra la vida es una lástima para todo el género humano. Por ello compañeras y compañeros diputados, exijamos resultados; pidamos los peritajes diversos y esperemos que la Procuraduría General de la República llegue a dilucidar la verdad de los hechos prontamente para tranquilidad de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, señor diputado Camarena García. Ha estado muy invitador el señor diputado Brasil Alberto Acosta. También nos acompaña un grupo de niñas y de niños de la Escuela Primeria Ignacio Allende, del propio municipio de Texcoco, del estado de México. Bienvenidos; gracias por visitarnos.

Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Desaparecidos, ejecuciones, muertes de funcionarios públicos, de políticos. Éstas son las noticias que hemos encontrado en el país en los últimos días y aparentemente en los últimos dos años.

Tlatlaya es solamente la muestra del botón de lo que está sucediendo en este país y en su política interior. La presunta ejecución de 22, y lo digo, personas que la PGR ha llamado “presuntos delincuentes” en lo que se presume que ha sido una ejecución del Ejército Mexicano, nos pone en duda, primero, en la participación que debe de tener el Ejército en la prestación de servicios en el tema de seguridad pública.

Segundo, en si estamos dando demasiado poder a las fuerzas castrenses, y

Tercero, en lo que ya se ha dicho en esta tribuna, que es la amenaza a las personas por el manejo del Ejército para patrullar las calles y para que tengan contacto directo con los ciudadanos.

Tlatlaya no solamente es la muestra de botón, sino es claramente un asesinato o una ejecución que no debería de suceder en países democráticos como México.

Una vez más nos enteramos de los hechos ocurridos luego de que la administración del presidente Obama hiciese una declaración pública que pidió al gobierno de Peña Nieto que se hiciera una investigación verídica de los hechos ocurridos en el estado de México.

Es decir, las reacciones que tuvo el presidente para encargar a la PGR una institución civil para que pudiese investigar a militares, viene otra vez como un impacto del exterior.

La creación de este grupo de trabajo responde a la necesidad de que el poder público pueda intervenir en lo que nosotros decimos que es un ejemplo claro de la restructuración de la participación del ejército en México.

Sin embargo, este grupo de trabajo debió haber sido una comisión especial —lo sostenemos— por la relevancia del caso no solamente en las violaciones de derechos humanos, sino en el rol que juega el ejército mexicano.

A pesar de que el presidente ha dicho que se encargará la PGR de las investigaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional ya ha declarado que detuvo a ocho soldados que están en el Campo Militar número 1. Entonces queda en duda evidente si realmente la PGR se encargará de este tema o se le está dando largas no solamente por parte de la PGR, sino también por la dudosa Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar resultados en el caso de Tlatlaya.

Cerraré diciendo que el ejército mexicano puede considerarse un buen ejército, que no olvidemos la historia de que México es el único país en el que las fuerzas castrenses nunca dieron un golpe militar, porque el ejército debe de estar en los cuarteles y no patrullando las calles para prestar seguridad pública.

Ese es el concepto de nación que tenemos y ese es el concepto de nación que debe de prevalecer.

El señor expresidente Alfonsín se enfrentó a una realmente fuerte presión de las fuerzas castrenses en Argentina y se le obligó a hacer las leyes de punto final y de obediencia debida para justificar todos los asesinatos que se había dado en la Argentina por parte de los militares. No podemos estar en la misma situación.

Concluyo diciendo lo que dijo Alfonsín en aquella pascua después de que se aprobaron estas leyes. Dijo: “Podemos ir en paz, felices pascuas, la casa está en orden”. Yo les digo que ni podemos estar en paz ni la casa está en orden; necesitamos justicia en el caso Tlatlaya. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Catalino Duarte Ortuño:Con su anuencia, señor Presidente. Es evidente que es un hecho grave; se ha cuestionado a nivel nacional, a nivel internacional la presunción de haber asesinado a 22 personas en el estado de México por fuerzas federales, específicamente del Ejército Mexicano. Por esa razón el pueblo de México debe tener conocimiento, que la fracción del PRD propuso en la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, la creación del grupo de trabajo.

Es cuestionable la reacción del gobierno federal en el tema de la procuración de justicia, pues tuvo que primeramente opinar, sugerir, los extranjeros para ponerle atención al tema.

Es indudable que este hecho lacera, nos coloca en una situación difícil de violar garantías constitucionales, derechos humanos. Valdría la pena, señor Presidente de la República, su intervención a efecto de que no sea el fuero federal quien intervenga en este asunto, puesto que los elementos que presumiblemente participaron en estos hechos delictivos, son del Ejército Mexicano.

Se dice que están detenidos, precisamente, por las autoridades castrenses, pero esta Cámara federal, el Congreso de la Unión legisló en la materia y se establece que cuando un elemento, específicamente que cuando un militar comete un delito del fuero común, debe ser juzgado, debe ser investigado por las autoridades del fuero común como en el caso.

Por el bien de México, por el bien de nuestra nación, es necesario rescatar la credibilidad de las fuerzas federales, de nuestro Ejército, de la Marina; es necesario tener una investigación pronta, profesional, en la que se tenga que castigar a quienes, si es que así fue, asesinaron a estas personas, tengan que ser castigados.

Nadie –termino, señor presidente– está facultado para privar de la vida a otro de ninguna forma. Es un hecho que establece nuestra Constitución, y si bien estas personas formaban parte de grupos delictivos, tenían en su poder armas, droga, debieron ser puestos a disposición de la autoridad competente y esperamos que no sea cierto el hecho de que los privaron de la vida. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Duarte Ortuño. Tiene la palabra el señor diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el crimen se tiene que combatir, las víctimas del crimen se tienen que proteger, pero en un Estado civilizado el crimen no se puede combatir con crimen, tampoco mucho menos si éste es un crimen de lesa humanidad, mucho menos si son abusos cometidos por instituciones del Estado mexicano.

Aquí, compañeras y compañeros, nos encontramos con la disyuntiva de la creación de un órgano de la Cámara de Diputados, que s una Comisión Especial, digamos, no es una Comisión Especial, es un grupo de trabajo inmerso dentro de la Comisión de Derechos Humanos, y esto no debería estar sucediendo en este momento.

¿Por qué no debería estar sucediendo en este momento? Porque las instituciones del Estado mexicano si fuesen fuertes esta situación debería estar en un proceso franco de resolución. Pero la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, digamos, el pueblo de México en general tiene desconfianzas a sus instituciones, por lo que requiere que haya órganos que cuiden a otros órganos, que cuidan a otros órganos, que cuidan a otros órganos, y nos vamos hasta el infinito. No hay confianza.

No hay confianza a pesar de que la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, ha hecho un compromiso fuerte y firme desde hace muchos años de respetar los derechos humanos.

Miren, amigas y amigos, les quiero mencionar que soy de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hubo una fuerza federal, principalmente del Ejército, en los primeros años de la violencia en Ciudad Juárez –del Ejército principalmente– y hubo muchas violaciones de derechos humanos que eventualmente se fueron atendiendo por la Sedena.

Ahora tenemos una muestra de buena fe de la Sedena, de que al menos están detenidos los presuntos implicados en este crimen de lesa humanidad, pero debería ya la Sedena haberlos puesto a disposición del Ministerio Público Federal, materia federal penal de la autoridad civil, para que se llevase a cabo el procedimiento y el proceso penal correspondiente. Estos presuntos culpables de inmediato se tienen que poner a disposición de la autoridad civil para cumplir nuestros ordenamientos legales, y este grupo de trabajo estará abocado a que así se lleve a cabo las pesquisas de una manera adecuada y hacer las recomendaciones al Ejecutivo federal que correspondan. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Angulo Parra. Esta Presidencia ha otorgado el uso de la palabra a todos los grupos parlamentarios y por ello se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo, a más de que así lo ha normado esta misma asamblea.

Por ello pido a la Secretaría consulte a la propia asamblea en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.

Continué la Secretaría con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los homicidios perpetrados en el estado de Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscriben los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y José Isabel Trejo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión condena los ataques realizados el viernes 26 de septiembre de 2014 por la policía municipal de Iguala, Guerrero, e individuos armados, en el que resultaron heridos y perdieron la vida estudiantes y personal de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, asimismo, se exhorta a las autoridades del gobierno del estado de Guerrero para que esclarezca los hechos citados y la desa-parición de estudiantes normalistas.

Segundo.Se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que en ejercicio de sus atribuciones, investigue las posibles violaciones a los derechos humanos contra las víctimas de estos ataques.

Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Guerrero y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus atribuciones, intervengan en el esclarecimiento del asesinato del secretario general del Partido Acción Nacional en Guerrero, el pasado 27 de septiembre, en el municipio de Acapulco, en dicha entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica) Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;  diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano secretario. La Presidencia tiene registradas las siguientes participaciones. El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, en contra. En pro los diputados Ricardo Mejía Berdeja; Roberto López Suárez; la diputada Loretta Ortiz Ahlf; la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México, y el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del PRD. Hasta por tres minutos el diputado Huerta Ladrón de Guevara tiene la palabra.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Otra vez, presidente, no es en contra sino para razonar nuestro voto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Solamente, señor diputado, expresarle a usted que la dinámica de la discusión del punto de acuerdo habrá que registrarla en algún sentido, sin embargo, conscientes de respetar su concepción y la expresión como lo desea hacer. Por favor, adelante.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Muchas gracias. De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos, es obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, independencia, invisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley.

En este marco constitucional, es nuestra condena los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala. Y es en este marco también el exhorto al gobierno del estado de Guerrero para investigar a fondo y determinar la responsabilidad de los hechos violentos que han cobrado la vida de varios jóvenes y que ponen en riesgo la integridad de los jóvenes que se encuentran desaparecidos.

No basta con autoridades como el alcalde, que dice: es que andaba en la fiesta y no me di cuenta qué pasó. Cuando narraciones de los ciudadanos y otras versiones hablan de varios minutos de enfrentamiento, pues más que de enfrentamiento de ataque de estas fuerzas fuera de la ley y lo que es posible y peor, tal vez hasta en contubernio con autoridades de la policía y con policía municipal. Esto es lo que se tiene que investigar.

La garantía de la vida de los jóvenes que no se han localizado después de los hechos violentos en la noche del viernes 26 de septiembre, exige una actuación urgente e inmediata de todas las autoridades para evitar cualquier daño a su integridad física. Exige conocer de inmediato la actuación y responsabilidad de los elementos de la policía municipal que intervinieron en los lamentables hechos para evitar en lo posible y si fuese en caso la retención ilegal de los jóvenes y, obviamente, la sanción a todos los responsables.

Asimismo exige la colaboración de los estudiantes que estuvieron en el lugar de los hechos, de los ciudadanos de la ciudad de Iguala y medios de comunicación, para que las autoridades se hagan de cualquier información o indicio que conduzca a su localización.

La vida de los jóvenes desaparecidos debe garantizarse por cualquier medio. Por lo que es necesario, además de solicitar la investigación de los hechos, conocer las acciones preventivas que toma cada autoridad involucrada para garantizar la integridad física de los desaparecidos.

Estaremos al pendiente de todas las actuaciones de las autoridades y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos tan vapuleada, tan defenestrada por sus actuaciones en otros hechos. Y vamos a estar al pendiente de que en este caso se haga justicia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Tiene ahora el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Es un gran problema el que hoy vive el país. Cada día una noticia trágica de inseguridad, de violencia sacude a la nación y sustituye a la noticia del día o de la semana anterior.

Los hechos de Iguala, del pasado viernes, son una muestra clara de la descomposición social y de seguridad pública que enfrenta el país. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, desde el primer momento condenamos y reprobamos estos hechos y exhortamos a las autoridades al puntual esclarecimiento de los hechos y al más drástico castigo a los responsables.

Nos parece una tragedia para el país, que se hayan visto involucrados policías municipales de Iguala. Hoy están tras las rejas 22 elementos en el municipio de Acapulco, en el penal de Las Cruces, producto de una actuación de la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero. Sin embargo, hay también 57 jóvenes desaparecidos, jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, jóvenes que no se sabe su paradero y que hoy lo más preocupante es que estén bien, que estén sanos y que pronto puedan estar de regreso.

Al mismo tiempo, también nos solidarizamos y externamos nuestra fraternal condolencia a nuestros compañeros del Partido Acción Nacional, porque el domingo pasado, en Acapulco, fue victimado cobardemente Braulio Zaragoza Maganda, secretario general del Partido Acción Nacional, en Guerrero, y hermano de un regidor del Cabildo Cortez.

Nosotros queremos que se esclarezca puntualmente estos hechos, que no quede ninguna duda, que se castigue ejemplarmente a los responsables. Y al mismo tiempo queremos llamar la atención del gobierno federal y en especial del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que haya una intervención más decidida de la federación en el tema de las policías municipales.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que todos los cuerpos policiacos del país deberán ser certificados en los centros de evaluación y control de confianza. Estos controles incluyen exámenes de evaluación médica, toxicológica, poligráfica, de desempeño, aptitudes físicas, entorno social y situación patrimonial.

Hay varios alcaldes que han tomado el toro por los cuernos, como el de Acapulco, Luis Walton. Pero cuando se toma decisión de dar de baja a los elementos que no cumplen con la certificación se deja, concluyo presidente, literalmente, a que ellos arreglen esta problemática que no tiene qué ver nada más con liquidar, conforme a derecho, a estos elementos. Sino en ayudar a que se puedan renovar las policías y que se restablezca el orden y la seguridad.

Este caso es el caso de muchos municipios. Las policías municipales se han convertido en un problema de seguridad nacional. Son elementos armados que cuando se mete mano firme en las certificaciones no vemos la solidaridad del gobierno federal para los alcances, independientemente del color en el partido que representen.

Y sin embargo, a la Gendarmería nacional solo este año se le han invertido 4 mil 500 millones de pesos.

Por eso, señoras y señores legisladores, nuestro llamado a que el gobierno federal con todo el presupuesto que tiene en materia de seguridad, incluso considerando a los elementos de la Gendarmería, contribuya con los presidentes municipales a limpiar las policías municipales.

El caso de Iguala, al margen de lo que arrojen las investigaciones habla de la podredumbre de las policías municipales que están coludidas en muchos lugares y al servicio de la delincuencia organizada. Son, además, un factor, concluyo, presidente, de inestabilidad.

Y este cobarde asesinato de tres jóvenes normalistas y de menores de edad que jugaban en el equipo de futbol de Chilpancingo es una cobarde agresión que no puede dejarse pasar. Queremos que regresen con vida los 57 jóvenes que están desaparecidos.

El país vive una hora trágica y requiere la solidaridad de todos, al margen de colores y banderas políticas. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía Berdeja. Previo a otorgarle el uso de la palabra a don Sebastián de la Rosa Peláez, vamos a saludar a un grupo de invitados e invitadas, todos invitados especiales, al señor Ricardo Aco, presidente municipal de Telela del Campo y a Víctor Manuel Gasca Arenas, presidente municipal de Rafael Lara Grajales, ambos del estado de Puebla, que han sido invitados por el diputado José Luis Márquez Martínez.

De igual manera, a universitarios de distintos planteles educativos de Atizapán de Zaragoza del estado de México, invitados por el diputado Alfredo Rivadeneira Hernández. Lo mismo, le damos la bienvenida a jóvenes de la Asociación Civil Voz Jove, también del estado de Puebla y que los ha invitado nuestro amigo, el diputado Rafael Micalco Méndez.

Ahora sí, don Sebastián de la Rosa Peláez, tiene usted el uso de la palabra, hasta por tres minutos.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez:Señores diputados, señoras diputadas. Vengo a esta tribuna a fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD ante los graves acontecimientos de violencia suscitados el día 26 del presente mes en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Primero, en nombre del perredismo nacional y guerrerense expreso una respetuosa, pero más comprometida solidaridad, y rendimos un fraternal y sensible condolencias a los familiares y amigos de las personas que perdieron la vida en estos lamentables acontecimientos.

Segundo, el Partido de la Revolución Democrática lamenta profundamente y expresa su más enérgica protesta a los lamentables e inadmisibles acontecimientos sucedidos en la ciudad de Iguala, de la Independencia, que vulneran la paz social, atentan contra la tranquilidad ciudadana y el estado de derecho que deben prevalecer en esta ciudad suriana.

Tercero, exigimos a los gobiernos estatal y federal una rápida acción para investigar y dar con el paradero de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa que siguen en calidad de desaparecidos y su presentación con vida. El PRD a nivel nacional y en Guerrero, no se prestará en ningún momento a encubrir la responsabilidad que pudiera existir de militantes de algún partido político, incluyendo el nuestro, en este lamentable acontecimiento. Pero expresamos también que de ninguna manera aceptaremos que se sesguen las investigaciones para favorecer a intereses aviesos o cálculos políticos.

Por un lado, la presunta responsabilidad de la policía municipal y el aberrante uso de la autoridad ante la manifestación social que exigía la más estricta mesura y cordura política, tal como lo pidió el presidente municipal José Luis Abarca.

Y por otro lado, la inexplicable ausencia y participación oportuna de las corporaciones policíacas federales, incluidas las fuerzas castrenses, en lo que debiera constituir un esquema de coordinación institucional del llamado mando único, la presencia y participación de sujetos vestidos de civil portando armamento de uso exclusivo del Ejército y cuya identidad presumiblemente se liga a presuntos delincuentes de bandas organizadas.

Y por último, la nada coincidente circunstancia del contexto político municipal de la rendición del informe de la presidenta del DIF en la víspera del segundo informe del ayuntamiento municipal.

En este contexto reclamamos también al Presidente Enrique Peña Nieto asumir su responsabilidad con la seguridad y la paz social que se comprometió en campaña, porque en Guerrero estos acontecimientos forman parte del clima de inseguridad nacional y de ahí al presidente de la República le ha faltado solidaridad con el estado de Guerrero.

Por lo que solicitamos una revisión rigurosa del Plan Nacional de Seguridad en Guerrero, ya que el Ejecutivo estatal ha expresado siempre su voluntad para establecer los mecanismos de coordinación que permitan los correspondientes mecanismos que generen la seguridad en Guerrero.

En este sentido, consecuentes con nuestros postulados y la lucha del pueblo mexicano por la no criminalización de la lucha social, por combatir la impunidad y la represión política como lo hemos hecho en otras ocasiones, en coordinación con la dirigencia nacional de nuestro partido. Con rigurosa responsabilidad hemos solicitado al presidente municipal de Iguala de la Independencia, que en congruencia con su compromiso como representante popular, solicite licencia a su cargo y con ello contribuya al desarrollo de las investigaciones que deben realizarse. Solicitud que ha sido atendida por el presidente municipal, misma a la que dará respuesta en las siguientes horas porque no seremos cómplices de la impunidad, porque no queremos que se conduzcan con sesgo las investigaciones y porque queremos que se conozca toda la verdad y se haga justicia castigando a los culpables de este aberrante hecho.

Por eso el Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, el Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional, se pronuncia por el pronto esclarecimiento de estos hechos, y consecuente con nuestros postulados ideológicos, nos pronunciamos por un rechazo profundo y la exigencia de una investigación a fondo, caiga quien caiga en estos acontecimientos tan aberrantes para la vida y la tranquilidad social del estado de Guerrero.

Muchas gracias, señor presidente. Solicito que mi participación pueda inscribirse íntegramente en el Diario de los Debates, dado que traigo un documento más extenso de esta participación.

«Posicionamiento del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ante los acontecimientos violentos de Iguala de la Independencia.

Señoras diputadas, señores diputados, vengo a esta tribuna a fijar la posición del grupo parlamentario del PRD, de frente a la Nación, a las ciudadanas y ciudadanos guerrerenses, sobre los graves acontecimientos violentos ocurridos en la ciudad de Iguala, Guerrero, el pasado viernes 26 del presente mes.

Primero, en nombre del perredismo nacional y guerrerense expreso respetuosamente nuestra más comprometida solidaridad y rendimos con fraternidad nuestras sensibles condolencias a familiares y amigos de las personas que perdieron la vida en estas dolorosas circunstancias.

Segundo, el Partido de la Revolución Democrática, lamenta profundamente y expresa su más enérgica protesta por los lamentables e inadmisibles acontecimientos sucedidos en la ciudad de Iguala de la Independencia, que vulneran la paz social, atentan contra la tranquilidad ciudadana, y el estado de derecho que debe prevalecer en esa entidad suriana.

Tercero, exigimos a los gobiernos estatal y federal, una rápida acción para investigar y dar con el paradero de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa que aún siguen en calidad de desaparecidos y su presentación con vida.

Reclamamos con estricta responsabilidad política, justicia y castigo a los autores materiales e intelectuales de este atroz acontecimiento; y exigimos de las autoridades jurisdiccionales correspondientes, una investigación pronta y a fondo, a la altura de las circunstancias y con la responsabilidad jurídica que tienen atribuida por mandato constitucional y legal.

El PRD a nivel nacional y en Guerrero, no se prestará en ningún momento a encubrir la responsabilidad que pudiera existir de militantes de algún partido político, incluyendo al nuestro, en este lamentable acontecimiento, pero expresamos también y con toda contundencia, no aceptaremos que se sesguen las investigaciones para crear culpables en aras de proteger intereses aviesos que respondan a cálculos políticos.

Los hechos, sumados a una serie de acontecimientos que se han venido sucediendo en el estado de Guerrero, conforman un estado de violencia persistente que se debe detener de manera urgente, pues en estos se entrelazan diversas circunstancias que deben ser rigurosamente investigadas para conducirnos a la verdad jurídica y actuar con responsabilidad y certeza en contra de quien resulte responsable y se creen chivos expiatorios.

Pues por un lado, la presunta responsabilidad de la policía municipal por el aberrante abuso de autoridad ante una manifestación social, que exigía la más estricta mesura y cordura política tal como lo pidió el presidente municipal José Luis Abarca; y por otro la  inexplicable ausencia y participación oportuna de las corporaciones policiacas federales, incluidas las fuerzas castrenses, en lo que debiera construir el esquema de coordinación institucional del llamado “mando único”; la presencia y participación de sujetos vestidos de  civil, portando armamento de uso exclusivo del Ejército y cuya identidad presumiblemente se liga a grupos de la delincuencia organizada; y por último, la nada coincidente circunstancia del contexto político municipal, de la rendición del informe de la presidenta del DIF municipal y en la víspera del segundo informe de gobierno del presidente municipal, José Luis Abarca, que se presta a una serie de hipótesis que una investigación responsable debe deslindar todas las responsabilidades.

En este contexto reclamamos también del presidente Enrique Peña Nieto, asumir su responsabilidad con la seguridad y paz social, misma a la que se comprometió en compaña ya que los acontecimientos de Iguala, Guerrero, forman parte del clima de inseguridad nacional y ahí al Presidente de la República le  ha faltado solidaridad con el estado de Guerrero, por lo que solicitamos una revisión rigurosa del plan de seguridad nacional en Guerrero, ya que al ejecutivo estatal ha expresado siempre su voluntad para establecer los mecanismo de coordinación correspondientes.

Estamos claros que, Guerrero atraviesa una circunstancia delicada. Está bajo la mirada y escrutinio de la opinión pública nacional e internacional, quien se muestra preocupada por la prevalencia del respeto a las libertades y derechos humanos de las y los guerrerenses. Estamos ante circunstancias que no resultan aisladas y hoy obedecen a un patrón que trasciende la seguridad nacional y la prevalencia de nuestras instituciones y el propio estado de derecho. Por ello no podemos actuar con ligereza e irresponsablemente.

En este sentido, consecuentes con nuestros postulados y a la lucha del pueblo mexicano por la no criminalización de la lucha social, por combatir la impunidad  y la represión política, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en coordinación con la dirigencia nacional de nuestro partido, con rigurosa responsabilidad, hemos solicitado al presidente municipal de Iguala de la Independencia, el licenciado José Luis Abarca, que en congruencia a su compromiso como representante popular, solicite licencia a su cargo y con ello contribuya al desarrollo de las investigaciones que deban realizarse, solicitud que ha atendido y a la cual responderá en las próximas horas. Porque queremos que las investigaciones no se entorpezcan y sus resultados gocen de credibilidad ante la opinión pública; porque no somos cómplices de la impunidad y porque queremos que se conozca toda la verdad y se haga justicia castigando a los culpables de este aberrante acontecimiento.

Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente.

México, DF, a 30 de septiembre de 2014.— Diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se inserta el documento como usted lo ha solicitado, señor diputado de la Rosa Peláez, al Diario de los Debates de manera íntegra. Tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señora diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Los hechos ocurridos en Iguala, el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, caen o tipifican de concluirse en las investigaciones lo que llamamos desaparición forzada. Es decir no es el hecho de la desaparición de 43 normalistas, según las últimas cifras, más las muertes de otros cinco normalistas y el conductor del autobús; sobre todo el caso de los desaparecidos es desaparición forzada.

El llegar a esta conclusión nos lleva a lo que hemos puntualizado en otras ocasiones. México está en franco incumplimiento de los instrumentos internacionales de mayor importancia en materia de derechos humanos. Esta desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, como ya se puntualizó, porque se realiza de manera sistemática, podría dar origen y motivo como lo fue en su momento con Felipe Calderón Hinojosa a una petición a la Corte Penal Internacional, precisamente por crímenes de lesa humanidad.

Si ello fuera insuficiente el Estado mexicano sería responsable porque seguramente este caso, como el caso de Tlatlaya, iría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se dictaría por la Corte Interamericana de Derechos Humanos una sentencia donde se diría, como en el caso del Campo Algodonero, que el Estado mexicano es responsable.

Por la gravedad de esta situación, como ya lo señaló en el caso de Tlatlaya el secretario general de la Comisión de Derechos Humanos Álvarez, Álvarez Icaza, y que seguramente también en este caso se va a puntualizar, se hacen las siguientes y respetuosas peticiones, más allá de lo que se ha establecido en este acuerdo de la junta de gobierno.

No es suficiente con pedir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos atraiga el caso por cuanto sus facultades serían en este caso el emitir una recomendación, recomendaciones que no son hasta el momento o hasta la fecha tan contundentes como deberían de ser, pero en fin; esperando que sea contundente en ese caso no sería la resolución al problema, tendríamos que tener a los responsables y lo que es lo más importante, pues se dice que investiguen las autoridades competentes, la localización de los desaparecidos, es decir, de los 43 normalistas.

Y esto exigiría al gobierno de México tener un protocolo de actuación para el caso de desaparición forzada que a la fecha no lo tiene. Difícilmente se aplica el Protocolo de Estambul para el caso de tortura y que precisamente estaría el gobierno de México obligado para prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada.

Entonces en nuestro caso el llamado es a que atraiga el asunto la Procuraduría General de la República como el caso de las desaparecidas, las muertas de Juárez, porque está de por medio una reclamación internacional sumamente grave. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su venia, presidente. Si guardáramos un minuto de silencio por cada muerto por violencia política, por negligencia o sólo por violencia sistemática en Guerrero, no nos alcanzarían los minutos en esta Cámara de Diputados para hacerlo.

Estimadas compañeras y compañeros, no hay nada más doloroso que perder un hijo, pero esa no es novedad en el estado de Guerrero. Todos los que venimos de allá tenemos a alguien a quien llorarle, ya sea por la consecuencia de la violencia del crimen organizado o por consecuencia de la violencia institucional.

Quisiera que los compañeros del PRD y muchos otros que han subido a la tribuna con mucho ahínco a reclamar otros actos, como dijo la compañera, de lesa humanidad, pasaran a esta tribuna el día de hoy también a reclamar lo que está pasando en el estado de Guerrero, porque no queremos que la PGR atraiga el caso, queremos que aparezcan vivos esos jóvenes. No queremos que sea una investigación donde se nombre una comisión, en donde todos vayamos a ver qué está sucediendo en Guerrero, porque lo sabemos desde hace muchísimo tiempo.

Si guardamos silencio porque muchas veces en las coyunturas electorales se han unido a las fuerzas políticas considerando que la rentabilidad electoral es mejor que lograr un programa que realmente sea beneficioso para los ciudadanos.

Compañeras y compañeros: vuelvo a insistir. Lo que sucede en el estado de Guerrero no puede ser para la investigación; tiene que ser resuelto en este momento y si no lo resuelve el presidente municipal lo tiene que resolver el gobernador del estado y si no lo puede resolver que renuncie. Queremos vivas a las gentes que se llevaron, queremos vivos a esos jóvenes que se llevaron.

Compañeras y compañeros: si fueran sus hijos los que estuvieran desaparecidos, qué pasarían a decir en esta tribuna. No pasarían a decir nada porque estarían buscándolos; no tendrían tiempo de estar en este lugar, estarían buscándolos en donde fuera.

El caso de Guerrero hoy no podemos permitir que sea resuelto como una investigación a futuro. Tiene que ser resuelto en este momento.

Lo del presidente municipal de Iguala, Guerrero, no es algo nuevo que los compañeros del PRD sepan hoy; lo saben desde el año pasado cuando mataron a varios activistas del propio PRD.

No guardemos silencio porque tengamos una preferencia electoral. Señalemos las cosas en su momento y evitemos que la violencia se siga extendiendo. No estemos diciendo mentiras en esta tribuna porque la falta de solidaridad no ha venido del presidente de la república, ha venido de la clase política que, cómoda ante los triunfos electorales, ha disminuido su lucha para que haya justicia en este país. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Ruth Zavaleta Salgado. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema hasta por tres minutos.

El diputado Roberto López Suárez:Gracias, presidente. Los hechos de Iguala, Guerrero, este fin de semana son la muestra clara del clima político que se vive en el estado de Guerrero, en el cual el PRD no puede hacer como que no pasa nada.

Las ejecuciones a tres normalistas, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón y uno más que no ha sido identificado, son el claro ejemplo de la represión que se ha dado por la policía en el municipio de Iguala y en el estado de Guerrero. Hay tres también civiles que no tenían nada que ver con los normalistas y que fueron asesinados.

Pero hay que ubicarse: esto fue en dos momentos. Un primer ataque lo cometieron policías municipales y un segundo ataque lo cometieron hombres vestidos de civil a quienes los normalistas ubican como integrantes del crimen organizado.

El presidente municipal de Iguala al principio negó los hechos; incluso se ha atrevido a decir que pidió a la fuerza pública que no interviniera en supuestos desmanes de normalistas. Mentira. Él tiene responsabilidad, junto con el secretario de Seguridad Pública Municipal sobre los hechos acontecidos. Ya hay muchos policías municipales detenidos.

El punto de acuerdo que hoy se presenta desde mi punto de vista no es suficiente. Tendría que intervenir la Procuraduría General de la República y evidentemente también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no garantiza que la investigación se lleve a cabo con precisión.

El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un ejemplo claro de ineficiencia en este organismo. Pedimos, diputados del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano, que atendimos hace unos momentos a una comisión de normalistas que pudiera considerarse en la discusión de la próxima reunión de la Junta de Coordinación, la creación de una comisión que siga las investigaciones junto con la Procuraduría General de la República sobre los hechos de Iguala, Guerrero.

No solamente pedimos la separación del cargo por licencia del presidente municipal, en particular el diputado José Luis Muñoz Soria y un servidor, hemos iniciado un proceso ante la Comisión Nacional de Garantías de nuestro partido para pedir la expulsión del presidente municipal de Iguala, Guerrero.

También decimos con precisión, para que no se especule, datos que nos han proporcionado los compañeros normalistas. No son 55 desaparecidos, son 43. Tenemos la lista que en un momento más vamos a dar a conocer a la prensa en un boletín, y nos preocupa que sigan pasando las horas o los días, y los desparecidos no se sepa dónde están, o si están vivos.

Recordemos que un día después de los hechos apareció un normalista asesinado. Las patrullas 017, 018, 020, 022, 028, entre otras, fueron las que detuvieron a estos jóvenes. Hasta el momento, tanto el gobierno del estado, como el gobierno municipal, niegan que estén detenidos.

La pregunta ante la sociedad es: dónde están estos jóvenes. Le pedimos a la Procuraduría General de la República que acelere una investigación y localice a los jóvenes ya que su vida está en riesgo. Pedimos al gobierno del estado de Guerrero que instale una mesa de trabajo con los normalistas para la localización de los estudiantes desaparecidos, y pedimos que se finquen responsabilidades al presidente municipal, al secretario de seguridad pública municipal y a los policías que intervinieron en el operativo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado López Suárez. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.

El diputado Manuel Añorve Baños:Con su permiso, señor presidente. Nos queda muy claro que nuestro posicionamiento se trata de condenar enérgicamente este hecho lamentable que ha implicado la muerte de estudiantes y donde exigimos igual que quienes han hecho uso de la voz, el castigo ejemplar para los responsables.

Por supuesto, que aquí cada quien ha dado un punto de vista, en el cual existe en algunos de ellos mucha coincidencia, pero también quiero sin ser repetitivo señalar que hay muchas preguntas sin contestar.

Primeramente, ¿Quién ordenó la agresión por parte de la policía? ¿Quién ordenó, como se ha dicho también después de la primera agresión, la segunda agresión ya con gentes extrañas armadas, armas largas, por cierto, que hemos visto ya en fotografías ye n varios medios de comunicación nuevamente a los estudiantes de Ayotzinapa en el momento en que estaban haciendo declaraciones a la prensa?

Todavía ahí hay testimonios de cómo se oían los balazos y cómo relata un periodista igualteco de que cayeron dos estudiantes asesinados de Ayotzinapa. ¿Quién ordenó posteriormente lo que se llama una confusión, pero confusión con una orientación criminal, cuando fueron atacados con armas largas el camión de los jóvenes futbolistas, donde falleció el chofer y uno de ellos de apenas 15 años?

¿Quién es, si es que existe, el autor intelectual de estos hechos? ¿Quién, por supuesto, desolló, así como lo escuchan ustedes, a un joven normalista de Ayotzinapa y luego lo tiró horas después donde había sido levantado?

¿Quién se llevó a estos 43 normalistas? ¿Dónde están? ¿Y, por supuesto, quién asesinó arteramente a Braulio Zaragoza? A quien, por mi conducto, el Grupo Parlamentario del PRI, le expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y correligionarios de este partido. ¿Dónde están las respuestas?

Y no tengo la menor duda que no queremos y no debemos politizar la justicia, solamente queremos respuestas. Y también tenemos que decir que si alguien ha apoyado a Guerrero ha sido el presidente Enrique Peña Nieto no solamente con fuerzas federales, sino con expresiones de solidaridad y recursos para muchos de los programas que está necesitando nuestro estado.

Por eso concluyo, señor presidente, diciendo que faltan muchas respuestas y queremos para estas respuestas agilidad y prontamente un resultado de las investigaciones. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Manuel Añorve Baños. Se ha agotado la lista de oradores y además no se ha presentado alguna propuesta de modificación, por ello pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la directora general del IPN y demás autoridades competentes, para que impulsen un proceso democrático y pacífico para la construcción de un reglamento interno y planes de estudio, en donde impere el respeto, la concordia y la negociación con los estudiantes, docentes y demás miembros del instituto.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscribe la diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta a la directora general del Instituto Politécnico Nacional y a las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para que impulsen un proceso democrático y pacífico para la construcción de un reglamento interno y planes de estudio, en donde impere el respeto, la concordia y la negociación con los estudiantes, académicos y demás miembros de la comunidad del IPN, a fin de dar efectividad a los derechos humanos a la educación y al trabajo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica) Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;  diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Para hablar con relación al contenido del acuerdo, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano. Le damos el uso de la palabra a la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por tres minutos.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, desde esta tribuna se hace un enérgico llamado a las autoridades en materia educativa a nivel federal, para que resuelvan a la brevedad el conflicto sucedido en el Instituto Politécnico Nacional, ello ante la incapacidad de los directivos de dicha institución de formar los consensos con los estudiantes.

El diálogo entre autoridades y alumnos debe hacerse de una manera incluyente, a efecto de que la voz estudiantil sea escuchada, pero incluyendo sus propuestas tanto en el programa de estudios como en los reglamentos internos.

La calidad educativa debe ser una reforma de acuerdos, no de imposiciones; un cambio de paradigma que signifique un progreso positivo, mas no la visión coopta y mercantilista de un cierto sector que se beneficia con los cambios impulsados por las autoridades del Politécnico.

La intransigencia ha llevado a un conflicto que en cualquier momento puede estallar en las manos, por ello se insiste en llamar al diálogo y la inclusión, pues de nada sirve hacerse oír si al final no se toman en consideración las propuestas.

La cerrazón y el autoritarismo en cualquier nivel donde se ejerza poder, por mínimo que sea, será la causa del descontento de los hombres y mujeres que buscan y luchan por tener una mayor participación en la toma de decisiones. Ante la problemática del Politécnico Nacional, este Poder Legislativo no puede ser indiferente e insensible como lo fue en circunstancias pasadas.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, comprometido con las acciones sociales, respalda el movimiento estudiantil del Politécnico. Asimismo, inquiere a las autoridades educativas para que constituya los puentes necesarios para resolver las demandas de la comunidad estudiantil. Todo ello buscando el interés superior de los alumnos, así como el mejoramiento de la calidad en la educación.

Los señalamientos que se han hecho pretendiendo desprestigiar el movimiento estudiantil no deben distraernos de los temas de fondo. Por ello se debe hacer una demanda a las autoridades educativas y de la institución, para que en todo momento se respeten los derechos humanos de los estudiantes, específicamente su derecho a libre expresión y a manifestarse con toda libertad y tranquilidad, sin que en momento alguno se vean intimidados por el uso de la fuerza pública, que en otras ocasiones ha servido como método de castigo ante la protesta.

Se debe trabajar para que el instituto siga siendo el baluarte de modernidad y avance científico de todo nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Martínez Santillán. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente. En torno al movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, que la semana pasada se expresó mediante una marcha de más de 25 mil alumnos y que mantiene cerrado 32 planteles y sostiene un pliego petitorio de 10 puntos, cabe formular las siguientes precisiones. ¿Cuáles son las demandas concretas al día de hoy?

1. Cancelación del Reglamento Interno 2014;

2. Revisión de los planes académicos actuales y futuros por parte de los diferentes docentes y alumnado en los niveles medio superior y superior del Poli;

3. Garantía de la integridad física, jurídica y académica de todos los involucrados en el movimiento;

4. Democratización en el proceso de elección de los puestos directivos en cada uno de los planteles;

5. Renuncia inmediata de la directora general del Poli;

6. Suspensión de pensiones vitalicias a los ex directores;

7. Reemplazo de la Policía Bancaria e Industrial del Politécnico, con base a la Ley Orgánica del mismo instituto;

8. Aumento del Presupuesto para la reapertura y equipamiento de talleres y laboratorios científicos en escuelas de nivel medio superior y superior del Poli;

9. No a la descentralización,

10. Conocer los aspectos que el sector privado ha implementado en el desarrollo tecnológico.

Les pregunto a ustedes, diputados y diputadas, ¿Qué tiene de subversivo, peligroso o disruptivo esta demanda estudiantil? ¿Cuál de ellas va en contra de los principios constitucionales de proveer de educación de calidad a los jóvenes mexicanos o en contra de la autonomía e independencia de criterio que debe regir a las instituciones de educación superior? ¿Acaso hay algún punto que no pueda discutirse, debatirse, argumentarse con base en el diálogo, la negociación o el acuerdo?

Desde 1968 aprendimos en este país que la sordera y la ceguera de las autoridades siempre serán más peligrosa y dañina, que la rebeldía y la impetuosidad de los jóvenes. Si un joven se equivoca, siempre tendrá el amparo del tiempo para corregir, pero si una autoridad yerra, el único tiempo que dispone es para responder por sus errores.

No debe sorprendernos tampoco si una demanda por una mejor educación en el aula termina en una sonora petición de una mejor democracia para todo un país.

Desde el siglo de la Ilustración, los proyectos de democracia devienen en proyectos de una mejor educación para la sociedad, y viceversa. Las reivindicaciones educativas terminan en demandas por una democracia mejor articulada, por esa razón en nuestro artículo 3o. constitucional, democracia y educación, en efecto, van de la mano.

¿Qué tipo de movimiento es éste? El de los jóvenes del Politécnico, que la semana pasada asaltó con sorpresa a la vida pública. Es un movimiento auténticamente estudiantil cuyos dirigentes, bases y convocantes, son realmente miembros de la comunidad de alumnos del Politécnico y no pertenecen a organización política o electoral alguna ni siquiera hay personal docente o administrativo del Politécnico en su organización inicial.

Dos. El movimiento rebasó a la estructura representativa y a los dirigentes formales estudiantiles, integrados como consejeros en la Junta de Gobierno del Politécnico.

Tres. Es un movimiento convocado por y para y desde las redes sociales como medio emergente de comunicación entre los jóvenes, siendo una provocación desmedida decir que detrás de ellos hay porros, fuerzas externas al Politécnico o mano negra. Lo único negro y trasnochado es la visión de las autoridades que piensan lo contrario.

Cuatro. Es el primer movimiento estudiantil post reforma educativa, que a diferencia de los movimientos magisteriales de protesta, centrados en demandas laborales, el de los jóvenes politécnicos, se centra en la matrícula académica y en los esquemas pedagógicos de enseñanza-aprendizaje.

Cinco. Es un movimiento que reivindica y defiende la función original del Politécnico como generador de profesionales para liderar la tecnificación del país, no como fábrica de técnicos de nivel medio que los condenaría a posiciones subordinadas y depauperizantes en el mercado laboral profesional.

Sexto. Es un movimiento que reivindica también la educación pública de calidad, frente a los proyectos de privatización educativa que se vienen impulsando desde hace tiempo y de manera indistinta, tanto por los gobiernos del PRI como por los del PAN.

Termino, presidente. Desde aquí, desde esta Cámara de Diputados formulamos un llamado a las autoridades del politécnico para que atiendan, negocien y resuelvan de manera diligente y expedita el pliego petitorio de este movimiento estudiantil.

De no hacerlo, estarían validando la incompetencia e incapacidad que reclaman los estudiantes a las actuales autoridades del Politécnico y equivaldría a darles la razón, en el sentido de que son instancias que hace tiempo renunciaron materialmente a su función directiva, por lo que sólo restaría formalizar esa condición con el retiro a sus casas.

En otras palabras, si las autoridades del Instituto Politécnico Nacional no pueden atender este movimiento, que se vayan, que renuncien, pero es muy importante no satanizar a los jóvenes. Al contrario, esta Cámara debe expresar su más amplia solidaridad a su movimiento y exigir la solución de inmediato a sus demandas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Monreal Ávila. Tiene la palabra el diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos. Adelante, estimado amigo diputado Nabor Ochoa.

El diputado Nabor Ochoa López:Muchas gracias, señor presidente. Hoy estamos a dos días de que se cumpla un aniversario más del movimiento estudiantil del 2 de octubre del 68.

Y traigo este tema a mi intervención, porque si ustedes recuerdan, compañeras y compañeros, este movimiento inicia por algo intrascendente, el pleito entre pandillas, el pleito entre preparatorianos y la insensibilidad de las autoridades de aquel tiempo que actuaron desmedidamente y el conflicto fue escalando. Los resultados ya los sabemos.

Por cierto, como todos lo sabemos, movimiento que tuvo, uno de sus guías, precisamente principales fue Raúl Álvarez Garín, recientemente fallecido.

Menciono esto porque el tema que hoy nos convoca a esta tribuna, el movimiento estudiantil, de las manifestaciones estudiantiles en el Politécnico tienen qué ver con algo muy sencillo y tenemos la confianza que las autoridades van a tener la sensibilidad de atender los reclamos justos, no solo de estudiantes sino también de docentes.

¿Qué es lo que mueve esto? ¿Qué es lo que motivó esto? Es el proyecto de reforma al Reglamento del Politécnico, el cambio del plan de estudios.

Pero en esencia, la inconformidad de estudiantes y docentes es porque no fueron tomados en cuenta.

Si ustedes revisan este nuevo proyecto de Reglamento van a encontrar que se eliminan una serie de cuestiones importantes para la buena marcha del Politécnico, para los estudiantes, para los académicos.

Se pretende, por ejemplo, eliminar el reconocimiento de las asociaciones estudiantiles. Se pretende eliminar un requisito que es fundamental actualmente, que para ser director, subdirector, jefe de departamento en el Poli sean egresados del Politécnico.

Se habla también de que las protestas sean castigadas, las protestas o manifestaciones de los alumnos. Son situaciones, en nuestra opinión, menores, pero lo que nos da mucho gusto son varias cosas: primero, ha sido un movimiento totalmente pacífico. Y segundo, en entrevista con representantes de este movimiento, tanto estudiantes como docentes, han manifestado su plena disposición a que se haga la revisión de ese plan de estudios, se haga la revisión de un nuevo Reglamento, pero que la comunidad politécnica sea tomada en cuenta.

De ahí que la fracción del Partido Verde se suma a este exhorto a la directora general del Politécnico, a la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública, puesto que nosotros consideramos que alumnos y docentes han manifestado muy claramente su postura al respecto, tienen toda la razón, pero además, que no hay elementos que pudieran detonar un conflicto, que pudieran escalar este conflicto siempre y cuando haya esa sensibilidad de las autoridades del Politécnico, sobre todo. Me queda claro, nos queda claro que no debemos satanizar a los estudiantes; sí, pero tampoco debemos satanizar a las autoridades del Politécnico.

Lo que debemos hacer es convocar a que haya ese entendimiento, ese acuerdo; que sea en favor de esta gran institución nacida allá por 1936 durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado, amigo Nabor Ochoa López. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, le otorgo el uso de la palabra a la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, hasta por tres minutos.

Presidencia de la diputada MaríaBeatriz Zavala Peniche

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Tiene la palabra, diputada.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Muchas gracias, señora presidenta. Primero que nada, efectivamente, no hay que satanizar a la clase estudiantil, a la comunidad estudiantil de ahorita y de antes, de antes del 68 también; mis respetos para Raúl Álvarez Garín.

Recordarles también que hay mucha razón en quienes se han manifestado en las diferentes escuelas, en las diferentes facultades del gran Instituto Politécnico Nacional. Se ha empezado al revés. Se ha empezado al revés con un reglamento interno y no con su Ley Orgánica que debería estarse atendiendo y que está paralizada y congelada desde hace varios años, sí realmente se quiere atender puntualmente.

Las movilizaciones no se dan, y lamento mucho el comentario del diputado del Partido Verde, cuando hace señalamientos de que eran riñas estudiantiles en el 68. Probablemente él no sé qué año cursaría, pero no fueron riñas estudiantiles, fueron demandas muy justas de la clase estudiantil en ese momento; que yo recuerdo, yo tenía 16 años en ese entonces y luchamos por esa banderas justas de la libertad de la democracia y de una atención muy puntual al terreno, al sector educativo que ha estado olvidado en este país.

Recordarles también que en 1999, no hace mucho, Ernesto Zedillo en su momento, intentó el tema de la alza de la cuota estudiantil en la UNAM, que provocó un paro de labores de un año por no atender puntualmente y por eso qué bueno que la Junta de Coordinación Política de manera expedita atendió el llamado o el recurso que se interpuso de este exhorto el día de ayer y que lo atiende puntualmente como deben de atenderse todos los exhortos que se llegan a inscribir, que tienen sustento, que tienen fundamento para ser atendidos de manera expedita, si sucediera esto con todo muchas cosas cambiarían, en Guerrero y Michoacán, río Sonora, río San Juan, cosas que no están ocurriendo en este recinto legislativo.

Este Congreso debe de tener también muy en cuenta que este tentáculo neoliberal del 99 y en otros años anteriores, de nueva cuenta está rondando una institución educativa como es el Instituto Politécnico Nacional.

Recordarles que intenta de esa manera apagar las voces que reclaman y, con justa razón, la eliminación del consejo consultivo, de las academias y demás, las publicaciones que tiene que hacer el instituto y todas las modificaciones que están metidas en ese reglamento. Hay razón; sí la hay. Por eso debemos de atenderlo de manera muy puntual y expedita.

En el 99 se cometió un gran error al no haber convocado a una solución pronta y expedita entre la comunidad, y eso le costó el año de paro. Sería un error histórico, ahora en el 2014, no llamar al acuerdo, a la defensa de la organización estudiantil, a la defensa de una institución y su trascendencia en el país. No intervenir en ese año tuvo su costo porque llegó a introducirse la Policía Federal en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Este Congreso debe llamar la atención también al Ejecutivo, a la autoridad politécnica a resolver el problema que se tiene. Respetar obviamente su autonomía y sus mecanismos que decidan entre sí, porque sería una locura mantener un pilar de la educación pública del país en conflicto.

Que ojalá no se repita ese error de hace 15 años. No revivan una tentación autoritaria. Convoquemos al diálogo. Exijamos a la autoridad una solución pronta, consensuada con la comunidad estudiantil, académica y de apoyo que garantice la libertad de cátedra, la calidad en la educación, el ejercicio pleno de los derechos universitarios y sobre todo aquello que profesaba Vasconcelos: La educación como pilar de la transformación del país.

Sólo pregunto –con esto termino, señora presidenta– ¿quién puede estar en contra de esto? Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Ceseñas. Ahora vamos a saludar a un grupo de líderes comunitarios del municipio de Chapa de Mota, estado de México, que han sido invitados por el diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del PRI. Bienvenidos.

Tiene la palabra el diputado Víctor Reymundo Nájera Medina, hasta por tres minutos. Adelante, diputado.

El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina:Gracias, compañera presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Como egresado del Instituto Politécnico Nacional me sumo, me solidarizo con el movimiento estudiantil de mi alma mater, porque considero que su lucha, los objetivos, las razones que tienen en este movimiento no solamente son justas, compañeras y compañeros, sino que se convierten en la defensa de la educación pública y gratuita en nuestro país.

Pero más bien quiero aprovechar estos minutos para decirle a la directora del Instituto Politécnico Nacional, a Yoloxóchitl Bustamante Diez, que nos tomó el pelo a los diputados cuando se aprobó aquí la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Ante la argumentación de la autonomía del Instituto Politécnico Nacional, ante los resultados, por cierto, que distinguen al Instituto Politécnico Nacional, sobre todo en el aspecto académico, nos convenció de tres cosas. La primera es de que la autonomía del Instituto Politécnico Nacional era necesaria; de que se necesitaba un presupuesto incremental año tras año, pero sobre todo, compañeras y compañeros, hicimos un estado de excepción en la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente en el sentido de que la Educación Media Superior que imparte el Instituto Politécnico Nacional, no fuese considerada por la ley, tan es así que agregamos un transitorio y si mal no recuerdo el número 21.

Y ahora fíjense, compañeras y compañeros, y ahora la propuesta que hace la directora general del Politécnico, es de que las vocacionales se incorporen al Sistema Nacional de Bachillerato, y eso implica, compañeras y compañeros, una reducción en el número de asignaturas que se van a impartir en este nivel; significa una reducción de la carga horaria en algunas materias, y claro que lo digo con conocimiento de causa.

Les quiero decir que el Sistema Nacional de Bachillerato, la reforma integral comienza en el año 2004. Y ¿Saben quién era la subdirectora o más bien la subsecretaria de Educación Media Superior? Yoloxóchitl.

Y efectivamente esta reforma integral comienza con la determinación de un marco curricular común. Y ahí se quitan las materias que fomentaban una actitud crítica y reflexiva de nuestros estudiantes. Y no solamente eso, disminuyen el número de horas, compañeras y compañeros, en asignaturas claves para su formación científica.

Por ejemplo matemáticas se reduce a cuatro horas en lugar de cinco. Y lo peor de todo, compañeras y compañeros, en contradicción con las escuelas de tiempo completo, la carga horaria que se tenía inclusive de 46, 52 horas a la semana, se reduce a 21 o 22 horas a la semana de enseñanza para los estudiantes.

Así es que compañeras y compañeros, este modelo neoliberal de la educación media superior y superior, se viene fraguando desde hace muchísimos años y concretamente por la directora general del Instituto Politécnico Nacional. Por eso es que me sumo, compañeras y compañeros, a las voces que piden su renuncia y les digo a los estudiantes de este movimiento: ni un paso atrás.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Ahora vamos a darle la palabra para hablar en contra, hasta por tres minutos, a la diputada Zuleyma Huidobro.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidenta. Por qué hablar en contra de este proyecto si desde la semana pasada fuimos nosotros mismos quienes anunciamos lo que estaba pasando allá afuera en las calles con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Simplemente porque nos parece insuficiente este punto de acuerdo.

Hoy sale un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se está exhortando a la Secretaría de Gobernación y al secretario de Educación Pública para que impulsen un proceso democrático y pacífico para la construcción de un reglamento interno.

Pero qué nos puede decir este punto de acuerdo cuando el secretario de Educación Pública tenía hoy una comparecencia en la Cámara de Diputados ante las propias comisiones de educación, de cultura y de cinematografía y otras y ayer cancelan esta comparecencia. Los motivos, las razones las desconocemos, pero si hubiese querido dar la cara el secretario de educación para este tema hoy estaría aquí en comparecencia con los diputados.

También presentamos un punto de acuerdo en este sentido el diputado Ricardo Monreal, el diputado Ricardo Mejía y una servidora por lo mismo, porque no podíamos dejar pasar la situación que se vio la semana pasada y hacer como si no sucediera nada en este país.

Los estudiantes merecen respeto, que se les dé una educación de calidad y pública. Anunciamos desde la semana pasada que este movimiento es porque con el nuevo reglamento se va pretender dar la privatización de la educación pública.

Obviamente estaremos a favor, en Movimiento Ciudadano, de los estudiantes, porque es un claro ejemplo de que están organizados y si no tuvieran miedo no estaríamos ahorita aprobando este punto de acuerdo. Claro que estamos a favor de los estudiantes, estamos con ellos y exigimos la renuncia de la directora del Instituto Politécnico Nacional.

Lo vuelvo a repetir. Soy orgullosamente UNAM, pero hoy todos somos politécnicos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Muchas gracias, presidenta. Estamos discutiendo un tema tan importante para el país, y tristemente se observan la mayoría de las curules vacías.

Derivado del contexto en el que se ha llevado el país en los últimos años y en los últimos días en la corrupción y la violencia, han permeado de manera tajante y de manera lamentable, hasta en nuestras instituciones de carácter más respetables como es el actual caso del Instituto Politécnico Nacional.

Cuarenta y cuatro planteles cerrados de manera indefinida del Instituto Politécnico Nacional puede ser sólo el principio de un conflicto estudiantil de escala mayor dentro del país si se sigue ignorando el carácter fundamental de los que son estas casas de estudio, que en su origen tienden a proporcionar una educación de calidad a jóvenes con recursos limitados.

Cómo excluir la esencia de un Instituto tan representativo, como es el caso de la comunidad estudiantil y docente, ante grandes cambios reformadores en el reglamento interno, así como también planes de estudio. Es la historia del contexto político actual replicada en otro sector.

Las protestas en contra del Consejo General del Instituto Politécnico Nacional es una respuesta organizada tras el descontento de convalecer la propia formación de los estudiantes, afectando los programas de estudio ante la generación de formar servicio técnico.

Éstas son un claro rechazo a los cambios, no sólo del plan de estudios, sino también a los cambios estatutarios al reglamento interno de manera forzada y apresurada sin ningún tipo de diálogo entre quienes son la parte fundamental del Instituto.

Hacemos un llamado a abrir el diálogo con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y los exhortamos a que puedan ver en nosotros, los legisladores federales, una mancuerna junto con la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para escuchar las demandas y los descontentos ante estos cambios reformadores a tan respetuosa y tradicional institución.

El curso del Instituto Politécnico Nacional se ha trasgredido, y se ha desviado. El Instituto tiene que abrir las puertas al debate y democratizar su toma de decisiones. Hoy, tenemos un tufo de corrupción al interior del Instituto Politécnico Nacional. Hoy, la directora del Instituto Politécnico Nacional está siendo severamente señalada.

Hace algunos días un grupo importante de maestros me abordaron en esta Cámara y me entregaron pruebas de la corrupción al interior del Instituto Politécnico Nacional. Hoy, me solidarizo y el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano se solidariza con la lucha y se suma a las demandas justas de los jóvenes de un programa de estudios y un reglamento justo.

Atendamos de inmediato este problema, no permitamos que escale más. El 2 de octubre está muy cerca. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Adame Alemán, hasta por tres minutos.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán:Con su permiso, presidenta. Compañeros diputados, hay un hecho que ningún mexicano puede olvidar, y es que Gómez Morín fue el personaje mexicano que le dio la autonomía a la universidad, por eso nosotros con toda la autoridad les podemos decir que el PAN nace en la universidad, que el PAN es un partido de universitarios, que el PAN es un partido de jóvenes.

Pero también tenemos que recordar que en 1968, cuando ocurrió ese lamentable hecho, el PAN fue el único partido político que se subió a esta tribuna y que habló por la dignidad universitaria, que fue el púnico partido político que no se quedó callado frente a esa desgracia nacional. Y hoy, en el 2014, tampoco nos vamos a quedar callados.

Lo que está sucediendo en el Politécnico es un asunto de interés nacional, la cancelación de la comparecencia del propio secretario de Educación obliga a que el propio secretario esté buscando desde este momento esa reunión con los universitarios, obliga a que el secretario de Gobernación esté dialogando con ellos, porque lo que nosotros no podemos dejar de lado en esta disputa y en esta problemática es que hace muchos años los estudiantes no salían a las calles; y eso a todos los que estamos aquí reunidos, eso a toda la clase política nos tiene que llamar la atención y nos tiene que obligar a leer ese pliego petitorio.

Los universitarios, los estudiantes que hoy están en las calles, están pidiendo la renuncia de la directora. Y me parece, con toda seriedad, que es algo que el gobierno federal tiene que evaluar y que la Secretaría de Educación tiene que tomar en cuenta. Ahí es en donde está el verdadero interés de todos nosotros, que las cosas se puedan solucionar, que lo que hoy tiene a los estudiantes en la calle pueda llegar por medio del diálogo a una solución pacífica y a un arreglo para toda la clase universitaria del país.

Sentemos un precedente, un llamado al diálogo, un llamado a la concordia, un llamado siempre a favor de los estudiantes. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Adame. Vamos a concederle el uso de la palabra a la diputada Gloria Bautista Cuevas. Adelante, diputada, sólo le pedimos brevedad si fuera tan amable.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Gracias. Con su venia, señora presidenta. Dada la enorme trascendencia del Instituto Politécnico Nacional para la educación y desarrollo del país, la madurez de sus alumnos y autoridades, y el desconocimiento de derechos elementales que ha sufrido la comunidad politécnica, raíz del actual conflicto, es indispensable que se les reconozca su facultad para darse su propio gobierno interno, se hace indispensable, se les reconozca su autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que es sinónimo de mayor fortaleza, democracia, libertad para la elaboración de sus planes académicos y evaluación de estos, y de sus trabajadores académicos, sin indebidas intromisiones del Estado o las empresas privadas.

En suma, es indispensable para la supervivencia del Instituto Politécnico Nacional su dignificación y para que alcance mayores niveles de engrandecimiento en favor del pueblo de México, en este sentido saludamos con respeto y entusiasmo la mega marcha de los alumnos politécnicos que está por comenzar, que se desarrolle sin agresiones de ningún tipo y alcance sus propósitos.

No hay que olvidar que Lázaro Cárdenas creó el Instituto Politécnico Nacional para que los hijos de los obreros tuvieran acceso a la educación técnica, para que el país tuviera un desarrollo industrial que fundamentara el desarrollo económico y social, no para la reproducción de mano de obra barata a las trasnacionales que están por venir después de las reformas aprobadas.

Como legisladores tenemos el compromiso de proteger nuestras instituciones educativas, con mayor énfasis al Instituto Politécnico Nacional, que al igual que la UNAM son reconocidos mundialmente por sus egresados y son entidades de legado e historia en México.

Debemos escuchar la voz de los 17 mil estudiantes que han salido a las calles para pedir una educación con calidad, es voz de maestros que hoy están en paro y como en el año 68, se suman a la causa.

Cierto es que la autonomía del Instituto Politécnico Nacional es un tema que se ha postergado, pero este asunto requiere de una solución inmediata. El Instituto necesita ser libre para decidir qué hace con sus recursos, para poder elegir a su rector y de manera general para quitarse el yugo de externos. Para saber que la autonomía de un instituto funciona perfectamente hay que mirar el ejemplo de la UNAM.

Sé que ya hay represiones a los estudiantes, que ya se les está censurando y aprovecho esta participación para externarles mi apoyo, porque el hombre que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Aún hay tiempo de dialogar y corregir. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Bautista.

Informo a la asamblea que esta Presidencia tiene enlistados para hablar a los señores diputados Ricardo Mejía Berdeja, Purificación Carpinteyro y Arnoldo Ochoa González. Una vez que hayan hecho uso de la palabra anticipamos, la Secretaría consultaría si está suficientemente discutido el dictamen del acuerdo que se está abordando, y proceder a la votación correspondiente. Tiene hasta por tres minutos la palabra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, presidente.

Lo que mal empieza, mal acaba y precisamente uno de los frutos podridos y primeros del Pacto por México fue la reforma educativa, que se presentó en diciembre de 2012 y se aprobó a nivel constitucional en tan sólo 10 días. Nosotros advertimos desde ese momento que se venía una escalada privatizadora y excluyente en contra de la educación pública, laica y gratuita en nuestro país.

Primero, fueron contra los maestros y los trabajadores de la educación, hablando de una supuesta reforma educativa, que en realidad fue una reforma laboral, convirtiendo a los maestros de México en los villanos favoritos del deterioro de la calidad educativa en nuestro país.

Y hoy, más allá de la Coordinadora Magisterial de la CETEG en Guerrero, de la sección 22 en Oaxaca, incluso en reuniones que hemos tenido con maestros del SNTE –con S– están en contra y hoy viven los estragos y las consecuencias de esta reforma educativa.

Por otro lado, los padres de familia ven ahora cómo con un transitorio constitucional les cobran y les condicionan con cuotas escolares para cubrir las deficiencias del sistema educativo nacional y de la infraestructura.

Ahora van contra los estudiantes. Ya fueron contra los maestros, contra los trabajadores de la educación, contra los padres de familia y ahora van contra los estudiantes. Y han dirigido sus baterías contra una comunidad estudiantil y una institución, que es un orgullo nacional, el Instituto Politécnico Nacional.

Hoy el secretario de Educación Pública, que en su intolerancia y en su autoritarismo ha conducido este declive privatizador de la educación en el país, no se digna comparecer a este Congreso, como sí lo han hecho otros encargados o titulares de despacho del Ejecutivo.

Nosotros creemos que ante sus desaciertos, ante su falta de sensibilidad y ante su talante autoritario, la directora del Instituto Politécnico debe renunciar. No basta un acuerdo como el que hoy se está sometiendo a consideración. Nos parece que frente a la insurgencia estudiantil, frente a la torpeza e insensatez de sus actos debe presentar su renuncia.

Y a los señores que aprobaron la reforma educativa de los diferentes partidos, empezando por el PAN, que aquí lo veía en una buena pieza oratoria del diputado que me antecedió, condenando estos hechos, pero el fruto que generó estas consecuencias fue la reforma educativa. Hoy lo están viviendo los estudiantes. Hoy en este país se mata a los estudiantes o se les condena a dedicarse a otras cosas, porque se le cierran oportunidades en las aulas. Por eso la renuncia de la directora y que se encauce democrática y civilizadamente el proceso de renovación en el Politécnico Nacional. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Mejía. La diputada Purificación Carpinteyro Calderón tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón:Muy buenas tardes. Gracias, señor presidente, agradezco la oportunidad de subir aquí a posicionar mi total apoyo a lo establecido, más bien, manifestado por los diputados que me antecedieron en la solicitud de que la doctora Yoloxóchitl Bustamante, como directora general del Instituto Politécnico Nacional, presente su renuncia.

Obviamente, creo que las medidas que la doctora Yoloxóchitl ha asumido en estos últimos días son totalmente contrarias a lo que es el propósito del Instituto Politécnico Nacional, sino que considero que la doctora, en múltiples ocasiones, ha manifestado o ha hecho patente su total dependencia a lo que son sus propósitos políticos personales y de mantenimiento de su posición. Así lo hizo en el 2010 cuando, sin informar a la comunidad politécnica, se dio el derecho de prelación del Instituto Politécnico Nacional y el Canal 11 para que le fueran conferidos los permisos para extender la cobertura del Canal 11 a 11 entidades de la República Mexicana, en las cuales el Canal 11 no tenía cobertura y no tiene, de hecho, a cambio, obviamente, de que le prometieran retransmitir los contenidos de Canal 11 en esos permisos que fueron conferidos, más bien, al organismo promotor de medios audiovisuales, que el Ejecutivo de entonces, es decir, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa creó con un decreto, en un albazo, en un viernes de Semana Santa, para que nadie pudiera decir absolutamente nada. Todo esto se hizo con la connivencia de la doctora Yoloxóchitl Bustamante, sin que absolutamente nadie fuese informado.

Creo que esta sesión no le correspondía a la directora general puesto que no era la propietaria de esos canales, o sea, de esos permisos ni del derecho a obtener esos permisos. Sin embargo, así fue.

Creo que esta ocasión es una maravillosa ocasión para exponer públicamente lo hecho por la doctora Yoloxóchitl Bustamante y para que todo México sepa que el Canal 11, que representa una verdadera alternativa de canal público para todos los mexicanos, sufrió una terrible pérdida al haber pedido la prelación en el orden en el que le fueron otorgados los permisos para transmisión de televisión abierta en 11 entidades de la República Mexicana. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Carpinteyro. Tiene finalmente el uso de la palabra el señor diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Arnoldo Ochoa González:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, señor diputado.

El diputado Arnoldo Ochoa González: Compañeros diputados y diputadas, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional queremos dejar claro nuestro respeto a la comunidad politécnica.

La comunidad politécnica no solo recibe todo nuestro apoyo en su expansión en la investigación y el mejoramiento académico sino que la valoramos como una de las instituciones más importantes en materia educativa. Ciento sesenta mil estudiantes, más de 300 programas.

Una participación que tiene el Instituto Politécnico Nacional en la investigación, en la academia y en la formación fundamentalmente de los cuadros que desarrollan la tecnología, la ciencia y las ingenierías.

También queremos dejar claro que somos respetuosos de los planteamientos que hacen estudiantes y catedráticos de esta institución.

No solo estamos pensando, al igual que muchos de las fracciones, coincidimos todas en que debe ser el diálogo, que debe ser el consenso lo que le dé forma a los cambios en materia reglamentaria y en materia de los currículos de carácter académico.

La reforma que necesita el Politécnico, es una reforma que además de cambiar planes de estudios y programas pasa por la gestión educativa, por la toma de decisiones de manera democrática y la transparencia en la rendición de cuentas.

Debemos señalar y dejar claro que solo por el camino institucional, dentro del marco del derecho, del diálogo, del respeto se pueden encontrar soluciones que urgen para la comunidad politécnica.

La vocera Magdalena Rosas, de la Comisión de Lucha Estudiantil Politécnica aseguró que no hay ningún partido político, ninguna asociación y ningún grupo de choque que estén ensuciando este movimiento.

Lo deja ella claro y afirma que serán recibidos después de una reunión con el subsecretario Luis Miranda y que hoy serán recibidos por autoridades de la administración federal en esa búsqueda del diálogo y del acuerdo político para concluir este problema.

Las autoridades están autorizadas por el secretario de Gobernación, Miguel Osorio. Esto creo que es lo importante, que entendamos que el Instituto Politécnico Nacional no está en riesgo, no está peleando ni luchando por la sobrevivencia. Los estudiantes y la comunidad que se han manifestado quieren consensuar los acuerdos en los cambios reglamentarios de los planes y programas de estudio.

Apoyemos a la Comisión de Lucha Estudiantil Politécnica. Apoyemos el diálogo, seamos respetuosos del Politécnico y de su comunidad para evitar que puedan suceder situaciones que se dieron en el pasado y que no se van a dar en esta administración. Todos debemos unirnos por el Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Suficientemente discutido. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con el capítulo de iniciativas, de ciudadanas diputadas y diputados.

LEY ORGANICA DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, suscrita por los diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD

A la memoria de Raúl Álvarez Garín

Dirigente Politécnico del Movimiento Estudiantil de 1968

Planteamiento de problema

Las decisiones de política educativa así como las investigaciones que se financian dentro de una de las instituciones más importantes del país, como lo es el Instituto Politécnico Nacional, no pueden estar sujetas a la coyuntura política.

Los ejes fundamentales de ésta institución, no pueden conducirse a partir de una visión de corto plazo generada a capricho del gobierno en turno.

El proyecto educativo del instituto debe estar al margen de los cambios sexenales de gobierno, por tal motivo, es necesario que toda la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, se organice para plantear el tipo de reforma que se necesita para dotar de autonomía a esta importante institución.

Argumentos

La fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece disposiciones que permiten que el Congreso de la Unión pueda expedir una nueva Ley que otorgue plena autonomía al Instituto Politécnico Nacional, de acuerdo con las siguientes características:

“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;”

La autonomía es un instrumento para fortalecer a las instituciones educativas. Las universidades deben ser plurales, críticas, libres y esta aspiración se garantiza mejor con un régimen autónomo. De la misma manera,  si la propia universidad define su gobierno interno, se construye de manera más sólida y profunda la eficiencia académica y la estabilidad de la propia institución.

La UNAM es un ejemplo de cómo la autonomía contribuye a establecer un proyecto educativo fuerte y de alto rendimiento académico. Esta casa de estudios no sólo goza de prestigio dentro de nuestro país, sino que es la universidad mexicana con más reconocimiento en todo el mundo.

El politécnico es la única institución de educación superior, con una gran historia y tradición que aún no goza de autonomía en el país. La reconocida calidad del Instituto Politécnico Nacional contradice al hecho de que se le haya escatimado durante muchos años el  reconocimiento de su mayoría de edad y por tanto, de su autonomía.

La comunidad politécnica tiene la capacidad, profesionalismo y compromiso con el Instituto como para hacerse responsables tanto académica como administrativamente de su propia institución.

Las universidades con autonomía han dado extraordinarios resultados y ya es tiempo para que instancias colegiadas y plurales que emerjan del propio Politécnico Nacional resuelvan su vida interna, en términos académicos y administrativos.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el diverso por el que se expide la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional

Artículo Único.Se reforma el artículo cuarto transitorio y se adicionan los artículos quinto transitorio y sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional promulgada el 29 de diciembre de 1981, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero a Tercero. ...

Cuarto. Para reformar la presente ley, el Consejo General Consultivo del Instituto, previa consulta con la comunidad politécnica, emitirá una convocatoria en un plazo no mayor al primer trimestre del 2015, para la elección del Congreso Politécnico, el cual será representativo y se integrará por autoridades, académicos, investigadores, trabajadores y estudiantes de todos los niveles del Instituto Politécnico Nacional.

Quinto. El Congreso Politécnico será el responsable de redactar y aprobar la propuesta que dé origen a la expedición de una nueva Ley Orgánica para que el Instituto Politécnico Nacional se convierta en un organismo descentralizado del Estado, dotado de plena capacidad jurídica, así como autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión.

Sexto. La propuesta aprobada por el Congreso Representativo del Instituto Politécnico Nacional podrá ser presentada al Congreso de la Unión, como iniciativa ciudadana, o en su caso podrá ser entregada al presidente de la República o a algún legislador para que sea presentada ante las Cámaras del Congreso de conformidad con lo que establece el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.— Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Iniciativa que reforma los artículos 4o., 5o., 24 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, José Alberto Benavides Castañeda, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este Pleno la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Exposición de Motivos

El presupuesto público es una herramienta fundamental para el desarrollo social y crecimiento de un país. Los gastos realizados por un estado deberán de representar un legado a la sociedad que genere externalidades positivas en la economía. En un estado democrático, estas asignaciones de recursos deberían de representar la voluntad de la mayoría de las personas, condicionando la mejora en las condiciones económicas y sociales de estos, procurando la existencia de legitimidad en el proceso.

La capacidad de un país para mejorar en términos sociales y económicos está directamente relacionada con su habilidad para asignar recursos de manera eficiente que detonen situaciones que generen productividad, que eviten el despilfarro y que busquen una distribución del ingreso equitativa entre la sociedad.

De acuerdo con el párrafo IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados debe der tal que sea discutido y revisado.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

...

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

...

Para llevar a cabo dicha discusión y revisión, es necesario tomar en cuenta toda la información existente de la situación de índole política, económica, social y administrativa en la que se encuentra el país y el desempeño de estas variables en los años recientes.

La Auditoría Superior de la Federación, en su carácter de entidad de fiscalización superior de la Federación, fue creada para apoyar a la honorable Cámara de Diputados en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, vinculadas con la revisión de la Cuenta Pública Federal, con objeto de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si ésta se ajustó a las disposiciones normativas aplicables y constatar la consecución de los objetivos de los programas de gobierno.

En cumplimiento de su mandato y ejerciendo con responsabilidad su autonomía técnica y de gestión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informa objetiva y oportunamente a esta Representación Popular del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, a la vez que emite las observaciones y recomendaciones que, a su juicio, son procedentes para fomentar administraciones públicas comprometidas con la obtención de resultados y la satisfacción de las necesidades de la población y, en su caso, aplica directamente las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes y promueve el fincamiento de otro tipo de responsabilidades a que haya lugar, derivadas del incumplimiento de la Ley.

En consecuencia, la ASF se constituye en una institución nacional impulsora del manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos públicos, y promotora de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los Poderes de la Unión y los entes públicos federales, como elementos inherentes de la democracia y el Estado de derecho al que aspiramos los mexicanos.

La ASF ha encontrado en la revisión de las cuentas públicas presentadas a la Cámara de Diputados, innumerables irregularidades en el uso del presupuesto tanto por parte del gobierno federal como de los gobiernos locales, de los poderes ejecutivo y judicial y de los entes autónomos.

En el informe del Resultado sobre la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, se puede destacar la existencia de grandes irregularidades en lo que se refiere al gasto tales como desviaciones, pagos en exceso, compras a sobreprecios, contratos duplicados, adquisiciones sin licitar o con dudosos procesos de licitación, crecimiento desmedido en las deudas federales, estatales y municipales, así como observaciones respecto a programas que no han solucionado los problemas que generaron su existencia y con ello su respectiva asignación de recursos públicos.

Los resultados del gasto público en el ejercicio del 2011 no reflejaron un aumento en el bienestar del país, se ha aumentado el gasto en desarrollo social y no se ha avanzado en la manera esperada, hay más pobres que hace 10 años y hay más hambre que nunca entre los ciudadanos, ya que ni siquiera es accesible una canasta básica que cubra las necesidades alimentarias.

El gasto ha sido erogado de manera ineficiente y en algunos casos de manera ilegal y esa es la razón por la que México sigue siendo un país cuya principal característica es la desigualdad. Esto lo demuestran los resultados de la Auditoría Superior de la Federación al haber arrojado con un dictamen negativo o con salvedad en casi 6 de cada 10 auditorías realizadas.

Las observaciones emitidas por la ASF han sido en muchos de los casos ignoradas perdiendo la oportunidad de generar reestructuraciones en el ejercicio del presupuesto que promuevan la eficiencia, tanto en términos administrativos como económicos y sociales para con ello incrementar la probabilidad de éxito de los programas gubernamentales y en general del funcionamiento de las dependencias tanto en los tres niveles de gobierno como en los tres poderes del Estado.

Con el convencimiento de que es imprescindible arraigar la cultura de la rendición de cuentas, claras y transparentes, en todos y cada uno de los servidores públicos que manejan recursos que pertenecen a la sociedad, la ASF se identifica plenamente con los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y hace del conocimiento de la ciudadanía la información a que se refiere este ordenamiento legal.

Año con año, en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública la ASF encuentra hallazgos sobre los cuales realiza observaciones las cuales se derivan en acciones promovidas o en recomendaciones, tal y como se establece en el Artículo 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación:

Artículo 13.- Las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar en:

I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político, y

II. Recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño.

Derivado de lo anterior, se puede aseverar que la ASF tiene la capacidad de llevar a cabo recomendaciones que incidan de manera positiva en las decisiones sobre las disposiciones presupuestales y administrativas, ello con la finalidad de que el ejercicio se realice con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, tal y como lo establece el Artículo 5 de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las modificaciones que se proponen en la presente iniciativa buscan establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que las disposiciones presupuestarias y administrativas hechas por los ejecutores de gasto, tomen en cuenta las recomendaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, según corresponda el caso.

La presente iniciativa surge debido a la falta de criterios y argumentos a la hora de decidir, tanto la ejecución como la planeación del presupuesto que se aprueba año con año en la Cámara de Diputados. Es evidente que las asignaciones de los últimos años no han solucionado los problemas más importantes que tiene el país, y es precisamente la búsqueda de estas soluciones la labor más importante que tenemos como legisladores.

Recientemente en la última medición de la pobreza en México realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, existen en el país 500 mil pobres más de los que existían en el 2010, esto es una clara muestra de que los recursos destinados a la mejora de las condiciones de los grupos vulnerables no han sido asignados de tal manera eficiente y por lo tanto no han atacado el problema sino por el contrario la situación es peor.

Por esto resulta imprescindible tomar en cuenta los antecedentes para no llevar a cabo asignaciones erróneas que ya han sido advertidas por la misma ASF y que han sido omitidas tanto por los ejecutores como por los planeadores del gasto.

Actualmente la influencia de la ASF en la toma de decisiones sobre las asignaciones es mínima, en parte porque no existe una disposición que motive la inclusión sobre las recomendaciones hechas sobre el desempeño de programas específicos o planes implementados.

En países como Argentina y Chile, las cuales tienen modelos de rendición de cuentas destacados, incluyen a las Entidades Fiscalizadoras en el proceso de aprobación de la inversión de recursos públicos, lo que fortalece los argumentos sobre la decisión del destino del presupuesto.

Sin duda una entidad de fiscalización superior con influencia a través de su opinión, legitima y abona solidez en la conformación y en la ejecución de los recursos públicos y conlleva a mejor situación respecto de la rendición de cuentas, lo que promueve mecanismos que limiten corrupción y con ello aumente la credibilidad del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración, la presente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que modifica diversas disposiciones de la  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforman, el tercer párrafo del artículo 4, el inciso “a” y el inciso “b” de la fracción I del artículo 5 y la fracción I del artículo 24, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I...

...

Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. Dichas disposiciones tomarán en cuenta las recomendaciones a las que haya lugar hechas por la Auditoría en los informes del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública y otros informes especializados.

Artículo 5. ...

I. ...

a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y tomando en consideración las recomendaciones y las observaciones a las que haya lugar hechas por la Auditoría en los Informes del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública y otros informes especializados.

b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad,transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes;

c) ...

b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sujetándose a las disposiciones generales que correspondan emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad,transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes;

c) ...

Artículo 24. ...

I. Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo , de informes del resultado de la fiscalización superior de las cuentas públicas realizado por la Auditoría, otros informes especializadosy, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación;

II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior, y

III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondientes a los Poderes Legislativo y Judicial y a los entes autónomos.

Artículo Segundo. Se adicionan, la fracción VII al artículo 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I...

VII. Los informes del resultado de la fiscalización superior de las cuentas públicas realizado por la Auditoría y otros informes especializados.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan  al presente decreto.

Notas:

1 Devarajan et al., 1996; Hong and Ahmed, 2009; Cozzi and Impullitti, 2010.

2 http://www.asf.gob.mx/

3 Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012.- Coneval.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.— Diputado José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del PT, y suscrita por integrantes de la Comisión de Competitividad

Los que suscriben, diputado Adolfo Orive, presidente de la Comisión de Competitividad e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, así como los integrantes de la Comisión de Competitividad, cuya rúbrica aparece al final del presente documento, con fundamento en los artículos 25, 26, apartado A, 70, 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la presenteiniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción X del apartado 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se sustenta el siguiente

Planteamiento del problema

El 8 de octubre de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el que se otorgó carácter de comisión ordinaria a la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura.

El artículo segundo transitorio del decreto de referencia señala que las comisiones que pasaron de especiales a ordinarias, como lo es la de Competitividad, tendrán “las facultades y atribuciones que anteriormente tenían asignadas”. Debiéndose manifestar a este respecto que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean veintiocho comisiones especiales de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, aprobado por el pleno de ésta el 10 de diciembre de 2009 y publicado en la gaceta parlamentaria de la misma fecha, establece en su acuerdo número cuarto que “el objeto de las comisiones especiales será el que derive de su denominación”.

En esta tesitura, los integrantes de Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, como parte del plan de trabajo para el primer año de ejercicio analizaron los alcances de la competitividad y llegaron a la conclusión de que ésta depende de la productividad. Por ende, la presente iniciativa de ley tiene como objetivo modificar la denominación de la comisión para reflejar lo anterior, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

La competitividad y el crecimiento económico sostenido dependen de la productividad de las empresas, los sectores y las regiones del país; y la productividad depende a su vez de que por el lado de la oferta se incrementen las capacidades tecnológicas y organizacionales de las empresas y, desde el punto de vista de la demanda se requiere producir bienes y servicios con una mayor elasticidad ingreso de la misma.

Por ello, el gobierno de la república estableció a la democratización de la productividad como una de sus tres estrategias transversales en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Tal y como se afirma en dicho documento:

En México, el periodo de mayor crecimiento económico de la historia reciente (1954-1970) fue también el lapso en el que la calidad de vida de la población experimentó la mejora más significativa. En dicha etapa, el producto interno bruto (PIB) registró un crecimiento promedio anual de 6.7 por ciento, mientras que el PIB per cápita aumentó a una tasa promedio anual de 3.5 por ciento. La productividad total de los factores en este mismo periodo creció a una tasa promedio anual de 4.0 por ciento...

Por su parte, en el periodo 1982-1994 se llevó a cabo un complicado proceso de modernización de la economía mexicana en un contexto económico adverso... De esta forma, durante el periodo 1970-1995 el PIB creció en promedio a una tasa de 3.9 por ciento anual que se tradujo en un incremento promedio del PIB per cápita de únicamente 1.2 por ciento anual. Con un alto costo para la población... Así, México ha seguido por ya varios lustros una política económica responsable que ha contribuido a la estabilidad macroeconómica del país. No obstante, el Plan Nacional de Desarrollo parte del reconocimiento de un hecho inobjetable: el crecimiento de la economía en las últimas décadas ha sido insuficiente para elevar las condiciones de vida de todos los mexicanos y para reducir en forma sostenida los niveles de pobreza.

...

México tiene un gran reto en materia de productividad. La evidencia lo confirma: la productividad total de los factores en la economía ha decrecido en los últimos 30 años a una tasa promedio anual de 0.7 por ciento. El crecimiento negativo de la productividad es una de las principales limitantes para el desarrollo nacional.

...

En el presente Plan Nacional de Desarrollo se establecen las estrategias y líneas de acción para una nueva y moderna política de fomento económico, particularmente en aquellos sectores estratégicos que tengan capacidad para generar empleo, que puedan competir exitosamente en el exterior, que democraticen la productividad entre sectores económicos y regiones geográficas, y que generen alto valor a través de su integración con cadenas productivas locales.

...

Una constante presente en las historias de éxito a nivel internacional ha sido el dinamismo de la productividad. Los países que han establecido las condiciones para que su productividad crezca de manera sostenida, han podido generar mayor riqueza y establecer una plataforma en la que su población tiene la oportunidad de desarrollarse plenamente...

La tasa media de crecimiento anual de la productividad total de los factores alcanzada en México de 1981 a 2010, fue de -0.7 por ciento, mientras que economías como Corea, Irlanda y Chile, que hace treinta años tenían niveles de ingreso y bienestar semejantes a México, alcanzaron productividades anuales de 2.4 por ciento, 1.9 por ciento y 1 por ciento, respectivamente. Por ello, estos países tuvieron un crecimiento económico promedio anual superior al 4 por ciento, sobresaliendo Corea con 6 por ciento; mientras que México creció en promedio al 2.4 por ciento anual.

Como lo hizo notar el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray Caso, el 9 de mayo de 2013 en el foro de consulta México Próspero, “si México hubiera tenido un crecimiento de la productividad en los últimos 50 años como el que tuvo Corea, hoy nuestro producto interno bruto per cápita sería cuatro veces mayor al que hoy tenemos. Tendríamos hoy 86 por ciento menos pobres que los que tenemos, y solamente tendríamos 6.4 por ciento de mexicanos en pobreza.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala en su libro La era de la productividad (2009), que es el escaso crecimiento de la productividad –no el exiguo nivel de inversión–, el responsable del crecimiento económico tan bajo de la economía mexicana. Destaca el BID que en la economía mexicana las productividades están muy polarizadas por sectores, por tamaños de empresa y por regiones: por ejemplo, las empresas que están en el 90o. percentil de productividad tienen una productividad 300 por ciento menor que las empresas que están en el 10o. percentil. Así como el hecho de que la productividad de la planta productiva se aleja cada año más de la frontera tecnológica internacional.

Es entonces necesario que el poder legislativo federal reconozca la importancia de la productividad como factor determinante del aumento de la competitividad y el crecimiento económico del país. Para lo cual se propone modificar la denominación de la Comisión de Competitividad por el de Comisión de Competitividad y Productividad, con lo que se le darían atribuciones expresas en materia de productividad a dicho órgano de apoyo.

Fundamento Legal

Sustentan la presente iniciativa de ley los artículos 25, 26, apartado A, 70, 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión .

Denominación del proyecto, ordenamientos a modificar, texto normativo propuesto y artículos transitorios

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción X del apartado 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma la fracción X del apartado 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

...

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Las comisiones ordinarias serán:

I a IX...

X. Competitividad y Productividad;

XI. a LII. ...

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.— Diputados: Adolfo Orive Bellinger, Cecilia González Gómez, Salomón Juan Marcos Issa, Alberto Coronado Quintanilla, José Ángel González Serna, Domitilo Posadas Hernández, Armando Contreras Ceballos, Irazema González Martínez Olivares, Francisca Elena Corrales Corrales, Juan Isidro del Bosque Márquez, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Iniciativa que reforma los artículos 43 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, José Arturo López Candido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La lucha de las mujeres en México por ser reconocidas en la vida política ha sido muy ardua, quienes han hecho grandes aportaciones a nuestro marco jurídico desde que pudieron votar y ser votadas, y convertirse en servidoras públicas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, así como el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dan reconocimiento de igualdad a las mujeres y los hombres para condiciones de igualdad en funciones públicas.

De igual manera la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres propone lineamientos y mecanismos para que las instituciones cumplan con igualdad en los ámbitos públicos y privados promoviendo el empoderamiento de las mujeres, también la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación promueve la igualdad de oportunidades y trato.

El día 23 de mayo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo marco jurídico electoral que consta de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos y la Ley General en materia de Delitos Electorales en donde una de las reformas que de hecho se presenta por parte del Ejecutivo como preferente, tiene que ver con la equidad de género.

Debemos de prever que conforme la ley, en las próximas elecciones se tendrá que cubrir un total de 50 por ciento mujeres y un 50 por ciento hombres para participar en los 300 distritos donde habrán votaciones, así como en las listas plurinominales de los Partidos Políticos, de tal manera que se pronostica más mujeres en el Congreso de la Unión a partir de la LXIII Legislatura para la elección de diputados, por lo tanto siendo coherentes debemos de armonizar la ley Orgánica de nuestro Congreso General conforme a la equidad de género.

En el Poder Legislativo se carece de esta personalidad en los hechos aunque se encuentra marcado en el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 21, donde se menciona que cada grupo parlamentario promoverá la equidad de género, sin embargo no es así, ya que actualmente se tienen las siguientes cifras:

*Cuadro de creación propia a partir de la información que parece en la página de la Cámara de Diputados http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm

*Cuadro de creación propia a partir de la información que parece en la página del Senado de la Repúblicahttp://www.senado.gob.mx/

*Cuadro de creación propia a partir de la información que parece en la página de la Cámara de Diputados http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm

En la Cámara de Diputados existen un total de 190 entre las que se encuentran comisiones, comités, grupos de amistad y de trabajo de los cuales 120 es decir el 63.15 por ciento son presididas por hombres y solo 70, lo que quiere decir que solo el 34.84 por ciento son presididas por mujeres.

El mismo caso tenemos en la Cámara de Senadores en donde de un total de 82 entre las que se encuentran Comisiones y Comités, 57 es decir el 69.51 por ciento son presididas por hombres y solo 25 es decir el 30.48 por ciento es presidida por mujeres.

En el caso de las comisiones bicamerales tenemos la siguiente cifra, la cual aún es más desalentadora que las anteriores:

*Cuadro de creación propia a partir de la información que parece en la página de la Cámara de Diputados http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm

*Cuadro de creación propia a partir de la información que parece en la página del Senado de la República http://www.senado.gob.mx/

No dejemos que en el Poder Legislativo siga existiendo la discriminación por razones de género y cuotas de poder, debemos ser ejemplo de igualdad, equidad y de no discriminación, siempre en respeto a los derechos reconocidos por la Constitución e instrumentos internacionales. Por lo que se propone que de igual manera las presidencias de las comisiones, comités y grupos de trabajo sean presididos en un 50 por ciento por mujeres así como un 50 por ciento de hombres.

Por las consideraciones antes expuestas, someto a consideración la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 43 en su numeral 3 y el artículo 46 numeral 1 y 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Para quedar como sigue:

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma el artículo 43 numeral 3 y el artículo 46 numeral 1 y 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 43.

1. ...

2. ...

3.Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad y la equidad de género representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones.

Artículo 46.

1.Los comités son órganos para auxiliar en actividades de la Cámara que se constituyen por disposición del Pleno, para realizar tareas diferentes a las de las comisiones. Tendrán la duración que señale el acuerdo de su creación, y procurando la equidad de género para las presidencias de estos.

2. ...

3. ...

4. ...

5.A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el pleno propondrá constituir “grupos de amistad” para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. Su vigencia estará ligada a la de la Legislatura en que se conformaron, pudiendo desde luego ser establecidos nuevamente para cada legislatura y procurando la equidad de género para las presidencias de estos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor el siguiente día al de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados lo aplicara en septiembre de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.— Diputado José Arturo López Candido (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.

LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR Y CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Carla Guadalupe Reyes Montiel, diputada de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Título III y de su Capítulo III, los artículos 157, 158 y 160 de la Ley Federal de Derechos de Autor así como el artículo 424 Bis fracción I y 424 Ter del Código Penal Federal,  al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

México tiene una composición pluricultural y pluriétnica, expresada entre otros aspectos, en un conjunto diverso de formas y manifestaciones culturales a lo largo y ancho del país. Una de estas son las artesanías que  reflejan las costumbres y la historia de pueblos indígenas y la cultura popular, constituyendo parte de nuestras raíces culturales. El artesano representa con su trabajo una de las actividades que más debemos exaltar y que nos merece el mayor respeto, el fruto de su trabajo, contiene valores de carácter cultural, ornamental  y económico.

Sin embargo, en el ámbito legislativo y de políticas públicas, se cuenta con un limitado marco de fomento a la actividad artesanal y su comercialización. Por tal razón, es urgente el desarrollo legislativo a fin de proteger y desarrollar a la artesanía como una expresión de las culturas existentes en el territorio nacional; frente a una creciente industria extranjera de copia e imitación de las artesanías que se apropian ilegítimamente de los diseños, estableciendo una competencia desigual al imitar los diseños artesanales e industrializarlos, ofertándolos con menores precios, afectando los precios de las artesanías en el mercado, dejando a los artesanos en condiciones de sobrevivencia económica, desalentando con ello su elaboración y vulnerando sus culturas.

Al desarrollar un marco normativo que proteja a la artesanía de su copia e imitación industrial para su comercialización, se fortalecen las diferentes culturas de las cuales son expresión, además de crear mejores condiciones de competencia en el mercado que permitirá ingresos de los artesanos y el desarrollo de una actividad de un gran potencial de generación de empleo e ingresos.

Argumentación

México es cuna de una de las 6 civilizaciones más antiguas con origen autónomo del mundo. Su mosaico pluricultural, lingüístico, étnico, sus ricas tradiciones, fiestas, usos, costumbres, cocina, música,  danza, artesanías y arte popular,  es  muestra clara de nuestras raíces que deben ser preservadas y valoradas por todos.

Las artesanías mexicanas son símbolo de tradición y arraigo, ocupan un lugar preponderante en las actividades productivas de los pueblos indígenas y la cultura popular que han conservado los rasgos estéticos característicos de cada región, en donde vemos reflejados nuestros orígenes y costumbres.

Los objetos artesanales son el resultado de una cultura determinada con un valor de uso a su interior, el cual puede ser ritual o religioso, de uso cotidiano –vestimenta, implemento de trabajo, domestico, musical–; en su elaboración intervienen conocimientos de técnicas aplicadas por el artesano, transmitidas oralmente de generación en generación; se utilizan materias primas de origen natural local y/o regional, cuyo conocimiento fue adquirido en la interacción cotidiana generacional con el medioambiente; en su contenido, se expresan valores simbólicos propios de la cultura en la que surgen. Afuera de las culturas en las que aparecen las artesanías, adquieren un valor de carácter cultural, ornamental y económico.

México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo como productor de artesanías junto con países como China, Japón, India y Perú, las cuales son apreciadas en todo el mundo.

Este sector es una fuente importante  de ingresos para una multiplicidad de comunidades rurales y urbanas. Actualmente existen 17 ramas artesanales conforme  al registro del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanía (Fonart), las cuales son: Alfarería y Cerámica, Textiles, Madera, Cestería, Metalistería, Orfebrería, Joyería, Fibras Vegetales, Cartonería y Papel, Talabartería y Peletería, Maque y Laca, Lapidaría y Cantería, Arte Huichol, Hueso y Cuerno, Concha y Caracol, Vidrio, Plumaria.

El Diagnostico  de la capacidad de los artesanos en pobreza para generar ingresos sostenibles, identifica dos tipos de artesanos: a) los dueños de talleres artesanales modernos que producen objetos decorativos y mobiliario de inspiración propia o de otros diseñadores, con obreros; b) aquellos que fabrican artesanías en la familia, con técnicas heredadas generacionalmente, los ingresos de sus ventas  son complementarios, son principalmente de origen indígena. Este estudio señala la difícil situación de la actividad  artesanal con:

a. Una producción sin ganancias suficientes para cubrir los costos de producción;

b. Escasa oferta de financiamiento y asesoría;

c. Falta de canales de distribución;

d. Intermediarismo;

e. Falta de manejo sustentable de materias primas que las coloca en riesgo de extinción;

f. Valoración insuficiente de las artesanías.

Con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de 2008, el diagnóstico señala la existencia de 544,047 artesanos, de los cuales 67% se encontraban en pobreza de patrimonio; habitan mayoritariamente en localidades rurales de 15 mil habitantes, el 30% en zonas urbanas; el 66.4% son mujeres; el 44.1% habla lengua indígena; el 40.3% habita en la región 2 –Campeche, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco; Veracruz; el 22%, en la región 3 –Chiapas, Guerrero y Oaxaca-; el 17.5% no asistió a la escuela, el  20.8% termino la educación primaria; el 14.3% la secundaria, sólo el 2,2% cursó la preparatoria completa; el 45% termino una carrera profesional y el 1.1% una carrera técnica; el 4% están inscritos en el Seguro Popular; el 5.4% está afiliado al IMSS; el 0.6% al ISSSTE; el 60.55 no recibe atención medica; el 69.1% tiene como único empleo el ser artesano; el 15.4% un empleo principal diferente y el 15.55% tiene una ocupación secundaria. Como se observa en estos datos, pese al aporte cultural que hacen los artesanos al país, enfrentan una grave situación en sus condiciones laborales y de vida.

Por otra parte, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica de la Cámara de Diputados señala, con datos del tercer trimestre de 2011 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que un millón ochocientas personas mayores de quince años se emplearon en alguna actividad artesanal, de las cuales 507,368 se dedican de tiempo completo a esta actividad, la mayor parte con ingresos menores a un salario mínimo.

Los productos artesanales que tienen mercado de exportación son: la talavera (Puebla), barro negro (Oaxaca), repujado (Zacatecas), textiles bordados a mano, tejidos de mimbre (Tabasco), muebles de madera, cerámica y artículos de decoración en barro. El 98% son pequeñas y medianas empresas que usan materia prima de origen natural, mineral y animal. El principal destino de la exportación artesanal es Estados Unidos; México es el principal exportador artesanal de América Latina a la Unión Europea.

El Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías –Fonart-, entidad que cuenta con la experiencia y recursos para esta actividad, ejerció en el período comprendido entre el 2007 y el primer semestre del 2011, un  promedio anual entre 50 y 60 millones de pesos, beneficiando a 121,000 artesanos. Apoyos que a todas luces son insuficientes para el millón y medio de personas que se dedican a la actividad artesanal en el país.

La piratería extranjera de objetos artesanales afecta severamente  las ventas de estos productores, estableciendo una competencia desigual al imitar los diseños artesanales e industrializarlos, ofertándolos con menores precios. Esta situación se ha agudizado en el caso de las guitarras de Paracho o de artículos de madera de Michoacán. Aunado a que un 80% de los artesanos en la actualidad, tienen entre 30 y 80 años, lo que significa que en las últimas décadas se ha dejado de incorporar a una generación a esta profesión, situación que puede derivar en la perdida de identidades culturales en el país.

Pese a esta situación, existe una limitada regulación para el desarrollo de la actividad artesanal y la protección de la artesanía, es el caso de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1988. Esta ley tiene como objeto “...fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal, mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica...facilitar las constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales o municipales...”. Su aplicación corresponde a la Secretaría de Economía.

En la definición de la artesanía de esta ley, se identifican los siguientes componentes: a) es realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria; b) tiene por objeto transformar productos o sustancias orgánicas o inorgánicas en artículos nuevos; c) la creatividad personal y la mano de obra constituyen factores predominantes con características, culturales, folclóricas o utilitarias originarias de una región determinada; d) se aplican técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente. Asimismo, define a los artesanos, como “...a aquellas personas cuyas habilidades naturales o dominio técnico de un oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos o teóricos, elaboran bienes u objetos de artesanía...”.

En materia de apoyo a la actividad artesanal, el artículo 37 determina como una función de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, el estímulo a la producción artesanal.

Esta Ley, establece un marco legal mínimo, orientado a desarrollar la actividad artesanal dentro de la figura de la microindustria quedando de lado la problemática de la protección de la artesanía como expresión cultural colectiva.

Por otra parte, la Ley Federal del Derecho de Autor, en el Titulo VII Capitulo III “De las Culturas Populares”, considera la protección de las artesanías contra su deformación, “...hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen...” asimismo señala su libre utilización, siempre y cuando no contravenga la disposición antes señalada y se mencione la comunidad, etnia o región de origen.

Es de reconocerse como un avance la protección de la artesanía contra su deformación, sin embargo, hace falta incorporar la protección en contra de la copia o imitación de los diseños artesanales con fines de reproducción industrial para su comercialización, aspecto que crea una situación de competencia desventajosa en contra de los artesanos, desestimulando la elaboración artesanal y afectando severamente sus precios en el mercado.

Conforme a los datos anotados anteriormente, son los pueblos indígenas, quienes elaboran un número importantes de artículos artesanales, los cuales en principio no han sido elaborados para el mercado, sino para su uso cotidiano, en las diversas prácticas culturales que desarrollan: rituales, de trabajo, esparcimiento. Es decir, son elementos insertos en su cultura, cuyos motivos iconográficos, expresan una cosmogonía propia, producto de su historia y su relación con la naturaleza. En este sentido, no se puede decir que exista una propiedad individual de los diseños artesanales y sus técnicas de elaboración, los cuales son aprendidos y reelaborados de generación en generación, es por tanto una propiedad colectiva de los pueblos y comunidades que los elaboran.

En esta perspectiva, se ha desarrollado un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y protegen a las artesanías como parte de la cultura de estos pueblos. De esta forma, son estos elementos los que es necesario incorporar en la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal.

La preocupación legislativa para la protección de la artesanía y el fomento a la actividad artesanal, no es nueva, el Fonart-, elaboró en el año 2010 una propuesta de “Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal”, la cual proponía la derogación de la “Ley Federal para el Fomento de la microindustria y la actividad Artesanal”. En las aportaciones de esta propuesta se encontraba:

a) La protección y fomento de la actividad artesanal para hacerla competitiva;

b) Reconocimiento de la actividad artesanal como una actividad generadora de riqueza cultural y económica prioritaria;

c) Otorgaba a la artesanía la categoría de patrimonio cultural tangible e intangible, el cual debe ser salvaguardado, fomentado y desarrollado;

d) Creaba el Instituto Mexicano de las artesanías como un organismo para proteger el patrimonio tangible e intangible de las artesanías mexicanas para fomentar, desarrollar y promover la actividad artesanal;

e) Consideraba un concepto amplio de artesanía con las siguientes características:

– Objeto de identidad comunitaria con valores simbólicos e ideológicos de la cultura local donde se elabora;

– Producido mediante procesos tradicionales;

– La habilidad manual del artesano;

– Materia prima de la región;

– Con diferentes usos: domestico, ceremonial, ornato, vestuario, implemento de trabajo.

f) Definía a la actividad artesanal, la producción artesanal, la empresa o taller artesanal y al sector artesanal.

g) Establecía una vinculación institucional con las entidades afines en los estados y municipios;

h) Determinaba la promoción y comercialización artesanal;

i) Establecía la implementación de un Sistema de Información y Registro de Artesanos y la Elaboración del padrón Nacional de Artesanos.

j) Consideraba la capacitación del artesano como un componente fundamental del Instituto así como la promoción de su salud y seguridad social.

k) El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales susceptibles de ser elaborados en la elaboración artesanal.

Esta propuesta fue presentada para su análisis y dictaminación en el año 2011 en la Cámara de Diputados, siendo desechada por la Comisión de Desarrollo Social.

Como se observa en este recorrido, la legislación existente en materia de artesanías y artesanos se centra básicamente, en un fomento de esta actividad, conforme a los contenidos establecidos en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

La realidad actual de los artesanos y las artesanías, presenta una mayor complejidad que deber ser regulada: la protección de la artesanía en contra de la copia e imitación de los diseños artesanales por parte de la industria extranjera, los escasos estímulos para la producción y comercialización artesanal.

Al respecto, existe un marco constitucional y diversos compromisos de derecho internacional, suscritos por el Estado Mexicano que posibilitan y articulan el desarrollo de ordenamientos normativos para el logro óptimo de estos propósitos. Así, el artículo segundo de la Constitución referente a los derechos de los pueblos indígenas, establece como uno de estos derechos el “...preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos  que constituyan su cultura e identidad...”, como es el caso de la artesanía elaborada por manos indígenas.

Este mismo artículo señala en el apartado “B”, la responsabilidad de la Federación, los Estados y los municipios para “... apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos...”.

El artículo cuarto de la Constitución, determina el derecho  de las personas a: 1) al acceso a la cultura; 2) el ejercicio de sus derechos culturales; c) la responsabilidad del Estado para promover los medios necesarios para la difusión y desarrollo de la cultura, reconociendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, señala en el artículo 23, la responsabilidad de los Estados para reconocer a las artesanías como factores del mantenimiento de la cultura de los pueblos indígenas, autosuficiencia y desarrollo, razón por la que se deberá fortalecer y fomentar.

Por su parte, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada en el año del 2003, constituye para el tema, uno de los instrumentos que con mayor precisión y claridad establece los elementos básicos para la protección y fomento de la artesanía y la actividad artesanal. Entre las finalidades de esta Convención se encuentra la salvaguarda y el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate.

Define al Patrimonio Cultural e Inmaterial como “...los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana...”. Como se observa esta definición, no se refiere al objeto en cuanto a tal, sino a su representación y uso que se le da, a los conocimientos y técnicas que expresa, es una expresión construida colectiva y generacionalmente, por sus características una de sus expresiones, son las artesanías.

Para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convención determina que los Estados parte deberán adoptar las medidas necesarias con la participación de las comunidades, grupos y organizaciones involucradas a crear organismos para este fin; adoptar medidas de orden jurídico, administrativo y financiero.

Finalmente, la Convención Sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada por la UNESCO en el año de 2005, determina la obligación de los Estado para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.

Como recordaremos, conforme al artículo primero de la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano son de obligada aplicación por lo cual, los instrumentos antes citados, constituyen un piso de partida para el desarrollo legislativo de protección a la artesanía.

Conforme se ha expuesto en apartados anteriores, las artesanías expresan una doble realidad, por un lado, son una expresión de la diversidad cultural del país producto de las interacciones humanas y con la naturaleza que expresan formas propias de entender el mundo, contenidos en los objetos artesanales con una finalidad de uso cotidiano ya sea para uso doméstico, de recreación o ritual. Por otro, una actividad económica tendiente a la elaboración artesanal que por sus cualidades culturales, adquieren una demanda en el mercado.

En su primera dimensión, las artesanías enfrentan una agresiva competencia de parte de productores de origen extranjero, quienes copian los diseños artesanales para realizar producciones industriales en demerito de los precios de mercado de los productos artesanales, colocando con ello  en riesgo de existencia la artesanía en cuanto tal, el desarrollo de la industria, los ingresos de los artesanos y sus condiciones de vida.

Frente a esta situación, no existe un marco normativo que establezca mecanismos precisos de protección a las artesanías como una expresión cultural, aunque como se ha visto, existen disposiciones constitucionales y ordenamientos internacionales que establecen la responsabilidad gubernamental para este propósito.

Con la finalidad de actualizar la legislación para la protección de las artesanías como una expresión de la diversidad de culturas existentes en el país así como de reconocer el lugar que estas tienen en la configuración de la identidad de los pueblos indígenas, se proponen las siguientes modificaciones, la denominación del Título III y del Capítulo III, los artículos 157, 158 y 160 de la Ley Federal de Derechos de Autor así como los artículo 424 Bis fracción I y 424 Ter del Código Penal Federal.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, Carla Guadalupe Reyes Montiel Diputada de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en los Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la denominación del Título III y del Capítulo III, los artículos 157, 158 y 160 de la Ley Federal de Derechos de Autor así como el artículo 424 Bis, fracción I, y 424 Ter del Código Penal Federal

Artículo Primero: Se modifica la denominación del Título III y del Capítulo III, los artículos 157, 158 y 160 de la Ley Federal de Derechos de Autor, para quedar como sigue:

Título VIIDe los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y de las expresiones de las Culturas Populares y de los Pueblos Indígenas

...

Artículo 154 al 156

Capítulo IIIDe las Culturas Populares y de los Pueblos Indígenas

Artículo 157. La presente Ley protege las obras literarias, artísticas, de arte y artesanales, populares y de los pueblos indígenas, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable

Artículo 158. Las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal , desarrolladas y perpetuadas en una comunidad,  pueblo indígena o arraigada en la República Mexicana, estarán protegidas por la presente Ley contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la región, comunidad o pueblo indígena a la cual pertenecen así como en contra de su imitación o copia de sus diseños con motivos comerciales.

Artículo 160. En toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma , sin motivos comerciales, de una obra literaria, artística, de arte popular o artesanal; protegida conforme al presente capítulo, deberá mencionarse la comunidad o pueblo indígena, en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia.

Artículo Segundo: Se modifica el artículo 424 Bis, fracción I y el artículo 424 Ter del Código Penal Federal; para quedar como sigue:

Título Vigésimo SextoDe los Delitos en Materia de Derechos de Autor

Artículo 424...

...

...

...

Artículo 424 Bis. Se impondrá prisión de tres diez años y de dos mil a veinte mil días multa:

I.A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, de artesanía popular y de los pueblos indígenas, fonogramas, videogramas ,libros ,protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.

...

II.....

Artículo 424 ter.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de cinco mil a treinta mil días multa, a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa, con fines de especulación comercial, copias de obras, de artesanía popular y de los pueblos indígenas, fonogramas, videogramas o libros, a que se refiere la fracción I del artículo anterior.

....

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2014.— Diputados: Carla Guadalupe Reyes Montiel, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y de Justicia, para su dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Iniciativa que adiciona el artículo 420 Bis 1 al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Argumentos

Considerando que todos los animales poseen derechos, la presente iniciativa parte de la necesidad de que la sociedad mexicana promueva el trato digno y respetuoso hacia los animales, debido a que lamentablemente de forma sistemática se cometen abusos y crímenes contra la naturaleza, y contra los animales.

Segura de que para el perfeccionamiento de las relaciones entre los seres humanos se requiere respetar valores y principios, que nos permitan vivir en un ambiente sano. En coexistencia equilibrada con otros seres vivos que nos proveen de servicios, alimento, compañía, ayuda y apoyo, para generar saludables y armoniosos espacios y momentos de convivencia; en este sentido es conveniente reconocer que las especies animales, al igual que el hombre, merecen respeto y se les deben generar las condiciones necesarias para una vida y una muerte dignas, cuando así lo indica el mismo desarrollo natural.

Ante infinidad de situaciones de violencia contra animales, que se propician casi de forma naturalizada en la sociedad, arraigada en una falta de cultura para su cuidado y protección, ninguna idea, creencia, motivo o situación justifica el maltrato, sufrimiento, tortura y violencia en contra de los animales, por lo que todas estas acciones indebidas deben prohibirse, en consecuencia para ello se debe regular el trato hacia estos.

La sociedad debe procurar alcanzar con dignidad el bienestar colectivo como una condición necesaria para promover una cultura del respeto al medio ambiente y en especial de protección, cuidado, respeto y conservación de las especies animales.

Uno de los logros más importantes en la lucha por conseguir el respeto de las personas hacia los animales, es la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que data del 23 de septiembre de 1977. La cual fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal, celebrada en Londres. Aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

El maltrato que muchos animales padecen, ha generado reacción y la sociedad exige pronta atención sobre esta problemática, buscando la protección de los animales. Es importante mencionar que nuestro país ha tenido avances para la protección de los animales, que se reflejan en las reformas realizadas en noviembre del año 2013, donde se define en la Ley General de Vida Silvestre, en el artículo 3o., los conceptos de crueldad y de maltrato, y se establece la obligación de dar un trato digno y respetuoso a los animales.

Reflejo de la necesidad de legislar en esta materia, es que en los Congresos locales prácticamente en todos, ya que en treinta entidades federativas y en el Distrito Federal, excepto en el estado de Oaxaca, actualmente ya cuentan con leyes en materia de protección a los animales, sin embargo, es lamentable que a pesar de que el objeto de dichas normas sea la protección animal, en la gran mayoría de estos, se siga permitiendo la agresión contra estos, con acciones como: corridas de toros, peleas de gallos y el uso de animales en circos.

Segura de que la sana convivencia entre los seres vivos es uno de los componentes que debe prevalecer para vivir en armonía con la naturaleza, y de que nuestros ordenamientos jurídicos deben garantizar que se pongan en marcha acciones para atender el deterioro social, y la violencia que se genera de forma cotidiana, es necesario concientizar a la sociedad de que la violencia no es algo natural, que son acciones aprendidas y están arraigada históricamente en nuestra cultura, desafortunadamente son situaciones que se dan en las relaciones humanas, y en consecuencia se ven reflejadas drásticamente en las formas de convivencia y trato que las personas tienen con los animales.

Los seres humanos tenemos la responsabilidad y debemos dar un trato digno a los animales, algunos de estos seres vivos de forma cotidiana son víctimas de acciones violentas que como personas nos degradan, ante esto se requiere a la brevedad realizar adecuaciones jurídicas de protección y defensa hacia los animales, para atender y eliminar cualquier tipo de agresión o vejación contra ellos.

Nuestros valores deben incluir y reconocer en sentido amplio, que las especies animales merecen respeto y que se les deben generar condiciones suficientes para que tengan una vida y una muerte digna, sin lesionar su integridad física o emocional. El trato digno hacia los animales, es parte de la necesidad de lograr un medio ambiente sano y conservar los recursos naturales a través de la protección y regulación de su aprovechamiento.

En algunos espectáculos como los circos donde se utilizan animales, en donde en la mayoría de los casos los mantienen en espacios reducidos, donde prevalece el sufrimiento, el hacinamiento, la falta de cuidados e incluso se les llega a provocar la muerte al obligarlos a realizar acciones y actividades que van en contra de su naturaleza.

Con las actividades de estos espectáculos se promueve que a los animales se extraiga de su hábitat natural, luego se les obliga a vivir en pequeños espacios o en jaulas, donde la mayoría de las veces no tienen oportunidad de movilidad, además suelen ser educados, adiestrados o entrenados bajo amenaza, y se les aplican castigos crueles.

El cautiverio hace vivir a los animales en una atmósfera de miedo, soledad, enfermedad, estrés y ansiedad, donde se les condiciona la comida y se les controla su comportamiento natural. Los animales privados de su libertad y sacados de su hábitat natural sufren padecimientos psicológicos y suelen ser víctimas de enfermedades físicas por la falta de higiene, por golpes y por falta de movilidad, además de las lesiones provocadas durante su “trabajo” que sus dueños les provocan. Los animales que son retenidos en circos cuando ya nos de utilidad la mayoría de ellos suelen ser abandonados, sacrificados o vendidos como cosas, como objetos sin valor.

La fauna silvestre fuera de su hábitat y dadas sus características biológicas, fisiológicas y anatómicas, puede poner en riesgo a los posesionarios, propietarios y cualquier persona, que se encuentre cerca de ellos, los animales en los circos son una amenaza latente para la seguridad pública, tanto cuando se trasladan o cuando se les moviliza, por ello se requiere tomar todas las previsiones necesarias para eliminar la utilización de animales en los espectáculos públicos.

Mantener en cautivo de los animales promueve la falta de respeto hacia estos, despojándolos de su dignidad a base de forzarlas a realizar trucos dolorosos, actos que atentan contra los animales y contra las personas, porque se antepone la diversión de algunos a costa del sufrimiento de otros seres vivos, y se promueve la insensibilidad, principalmente en las niñas y niños que asisten a estos espectáculos.

El 8 de abril de 2013, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dio inició con la aplicación del Programa Nacional de Inspección a Circos 2013-2014, para dar cumplimiento a la legislación en materia de vida silvestre y garantizar el manejo adecuado de los ejemplares que se mantienen en cautividad por parte de los circos. Dentro de los principales resultados fueron que de 63 Circos que fueron inspeccionados, 38 resultaron con irregularidades. Se verificaron 740 ejemplares de fauna silvestre, y se realizó el aseguramiento precautorio de 96 ejemplares, por no acreditar la legal procedencia, por no contar con registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para operar como espectáculo ambulante y por faltas al trato digno y respetuoso hacia estos.

Ante estas deficiencias, se requiere legislar para que los gobiernos federal, estatal y municipal en el ámbito de sus competencias, regulen el trato digno y respetuoso que deberá darse a todos los animales, en donde se establezca la prohibición del uso de animales en cualquier tipo de espectáculos que incluya obligarlos a realizar acciones fuera de su comportamiento natural.

Esto se debe de aprovechar para que los empresarios innoven y promuevan actividades creativas y artísticas, que incentiven y generen empleos para las personas.

Por ello, es necesario tomar acciones para el cuidado y protección de los animales. Debemos de cambiar los hábitos culturales socialmente aprendidos en donde se promueve y aplica la violencia. Por ello debemos cambiar, iniciando desde nuestros espacios privados, en los hogares y en las calles, cuidar de forma responsable a mascotas, y a los animales que se encuentran en nuestra comunidad, se trata de ir creando conciencia para el cuidado y respeto de todas las criaturas que nos rodean.

Ante este contexto, se pretende concientizar sobre la responsabilidad que como representantes sociales tenemos de legislar en materia de protección de los animales, ya que ellos sufren y experimentan dolor, afecto, apego, comprensión y lealtad hacia las personas, y no es posible que se siga permitiendo que ellos reciban tratos crueles e indignos. Además al permitir que se dañe o dañar a los animales, se atenta contra nuestra subsistencia e interacción armónica con el medioambiente.

Por lo expuesto y fundado, la suscrita, diputada Federal Crystal Tovar Aragón, en la LXII Legislatura del honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma disposiciones del Código Penal Federal

Único. Se adiciona el Artículo 420 Bis 1 al Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 420 Bis 1. Se impondrá pena de 6 meses a 2 años de prisión y por el equivalente de cincuenta a doscientos días multa a quien realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana.

Al que intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, las penas señaladas se incrementarán en una mitad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1  http://www.filosofia.org/cod/c1977ani.htm

2 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1388/1/mx.wap/subprograma_nacional_de_ inspeccion_a_circos.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.— Diputada Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad y en un lapso breve de tiempo, en nuestro país la obesidad y el sobrepeso se han convertido en un serio problema de salud pública a nivel nacional.

Estudios internacionales y especializados en la materia nos indicaron en el pasado, los riesgos de no atender el asunto de manera integral y nos señalaron como un foco rojo a nivel mundial al respecto; esto debido a que desafortunadamente fuimos junto a China de los países que en poco menos de 30 años, duplicó el número de personas de su población que sufren de obesidad y sobrepeso.

Las advertencias fueron muy claras y los ejemplos contundentes; pero tristemente en el pasado la omisión gubernamental prevaleció y para éstas fechas somos, el país que ocupa el primer lugar en el planeta con el mayor número de población con sobrepeso y obesidad.

Como resultado de lo anterior, las consecuencias en la salud de la población no esperaron; las afectaciones al organismo derivadas de estos problemas son hoy de las principales causas de enfermedades de atención clínica especializada e incluso de muerte en nuestro sistema de salud.

Aunado a esto, nuestro panorama futuro de igual forma se torna complicado, lamentablemente los elevados índices de obesidad en la población infantil –es decir los habitantes del mañana de nuestro país– así lo indican; y cada vez más tenemos menores desde edad preescolar, con problemas de sobrepeso derivados de una mala alimentación básicamente basada en el elevado consumo de la comida denominada “chatarra”.

Somos ya –y los pronósticos señalan que seguiremos siendo– un país de habitantes con serios problemas sobrepeso y obesidad, situación que además se considera en la población como condición socialmente aceptada e incluso cómica.

Afortunadamente, las políticas públicas de éste gobierno se encaminaron a atender, erradicar y prevenir este grave problema. Y se anunció la puesta en marcha en abril del año pasado (2013); de una ambiciosa y efectiva estrategia nacional para la prevención y el control de la obesidad y la diabetes.

La estrategia se apuntala como integral, porque no solo busca introducir en la población hábitos con efecto positivo en la salud y la adopción de prácticas alimenticias saludables, como medida de prevención; sino busca además mediante instrumentos de política fiscal, erradicar en la medida de lo posible y cuanto antes el consumo de productos o alimentos asociados con el sobrepeso y la obesidad en toda la población, pero con un mayor énfasis en la población infantil.

Los resultados serán indudablemente efectivos, debido a dos factores: la integralidad de la medida y a la atención específica que brinda a un grupo social altamente vulnerable.

Por ello, debemos de revalorar la experiencia propia y positiva, de atender un problema grave; no de forma general sino poniendo atención en las particularidades.

En el caso del combate a la obesidad y sobrepeso; valdría la pena el considerar combatirla no solo en la población infantil sino también en un grupo históricamente vulnerable de la población: la mujer.

Los sustentos de lo anterior van más allá de acciones afirmativas en materia de equidad género; se acompañan de argumentos médicos basados en estudios serios que vuelven a señalar una advertencia seria y una oportunidad ejemplar que no estamos aprovechando.

Para iniciar, sabemos que la mujer de cualquier parte del mundo y de cualquier edad requiere de la elaboración de planes, programas y políticas públicas de salud definidas, que atiendan los cambios entre cada etapa de su vida y los derivados por el ámbito social en que se desarrollan.

Por ejemplo: en la etapa del desarrollo infantil y adolescencia se deben prevenir de manera especializada, aquellas patologías relacionadas y derivadas de problemas o trastornos de nutrición y alimentación, auto reconocimiento de su cuerpo y la protección a estereotipos establecidos como la delgadez extrema

En el caso de mujeres jóvenes se deben atender las conductas de riesgo, la detección de situaciones de exposición al maltrato y la violencia sexual, la educación afectivo-sexual, la prevención y la información de las enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados.

En la madurez se deben considerar las patologías vinculadas a su sexo como por ejemplo la detección temprana y el acceso a la atención del cáncer cervicouterino y el cáncer de mama, las patologías emergentes o las que se relacionan con los cambios fisiológicos como el climaterio, las afecciones cardiovasculares, músculo-esqueléticas o los problemas de salud mental.

Finalmente en la etapa adulta mayor, se atienden enfermedades discapacitantes y que producen codependencia como las enfermedades crónico-degenerativas, cánceres y trastornos mentales.

Basados en lo anterior, podemos sugerir que también es necesario atender de manera particular con campañas y programas enfocados específicamente a la mujer; la obesidad y el sobrepeso que le afectan.

Más aún, si estudios a nivel nacional señalan que en las mujeres mexicanas adolescentes de todo el país sin excepción alguna, la prevalencia hacia la obesidad y el sobrepeso registro un aumento del 2.4 por ciento, es decir paso del 33.4 por ciento al 35.8 por ciento del total de la población en este rubro de edad en solo seis años (del 2006 al 2012).

De igual manera para el caso de las mujeres mexicanas de más de 20 años de edad, se registra un aumento de la prevalencia de estos problemas, pues en mismo periodo de tiempo, se incrementó el porcentaje en un 1.1 por ciento para posicionarse en un 73 por ciento de la población total señalada.

La información anterior es alarmante, a pesar de que se puede decir que los aumentos son mínimos estadísticamente; la realidad nos dice lo contrario porque estamos hablando de la población futura y en edad económicamente activa.

El problema es hoy y la gravedad en el mañana, es inmediata.

Esto, porque se sabe que algunas consecuencias de padecer a edad temprana obesidad y sobrepeso son graves y entre ellas se tiene una mayor predisposición a padecer:

• Cáncer de seno.

• Cáncer de colon.

• Cirrosis.

• Diabetes.

• Hipertensión.

• Osteoartritis.

• Infertilidad.

Junto a esto, si observamos las estadísticas sobre las principales causas de muerte en las mujeres mexicanas; terminamos de entender que el problema es grave, la necesidad de atenderlo de manera particular es imperante y el beneficio de hacerlo a tiempo es sumamente valioso tanto en el mediato como en el mediano y largo plazo.

No debemos olvidar que en nuestro país las mujeres representan el 51.17 por ciento de la población total, es decir son poco más de 57 millones de mujeres con una expectativa de vida de 78 años.

Además, el 27 por ciento del total de las mujeres en el país están en el rango considerado de “edad productiva” que se encuentra entre los 15 y 49 años de edad y no más de la mitad cuenta con los beneficios de la seguridad social en materia de salud.

De ahí que desde 2005, el cáncer de mama es una de las dos causas principales de muerte en las mujeres mexicanas que tienen desde 35 y hasta 50 años.

La situación se torna peor aún, si analizamos estos factores desde el rubro de edad de 15 años; que es el ciclo en que se considera, inicia la etapa reproductiva.

Para este grupo de edad, la tercera principal causa de muerte son las derivadas al embarazo, parto y puerperio; condiciones que son sujetas a una alta incidencia o bien a presentarse si la paciente padece obesidad o sobrepeso.

Para el caso de las mujeres de entre 25 y 34 años de edad, los tumores malignos son la principal causa de muerte, siendo el cáncer de mama el segundo en la lista.

Enfermedad que de igual forma, se eleva la predisposición a padecerla si se tiene obesidad y sobrepeso.

Preocupación similar se presenta si observamos que en las mujeres mexicanas ubicadas en el rango de 35 a 44 años de edad, donde tenemos que las tres principales causas de muerte son, en primer lugar los tumores malignos derivados del cáncer cervicouterino y de mama, después las enfermedades del corazón y finalmente la diabetes mellitus.

Tres de las principales enfermedades que se aceptan como altamente relacionadas a la obesidad y el sobrepeso.

Por último, para las mujeres de los 45 y hasta los 64 años de edad, la situación es similar a la anterior, la primera causa de muerte es la misma y únicamente la diabetes mellitus pasa a ser la segunda causa y los padecimientos del corazón se posicionan en el tercer lugar.

Para concluir la argumentación sobre la necesidad de atender y prevenir con particularidad la obesidad y el sobrepeso en la mujer; a nivel mundial y cabe destacar que nuestro país no es la excepción sino claro ejemplo; se tiene registrado que el sobrepeso y la obesidad se presenta mayormente entre la población con menores niveles de oportunidades y desarrollo; es decir en la población más vulnerable, como bien podrían ser las condiciones de muchas mujeres en nuestro territorio.

Por todo ello, hacemos un llamado a prestar atención especial y de manera específica a elaborar campañas de prevención, atención y erradicación de la obesidad y el sobrepeso enfocadas únicamente para las mujeres en nuestro país.

Niñas, adolescentes, amas de casa, profesionistas, activas o no económicamente o en el mercado laboral, mujeres maduras o adultas mayores; debemos de contar con la atención especializada para la detección, atención y cuidados de trastornos de la conducta alimentaria con la garantía de los mismos preceptos de eficiencia, confidencialidad, privacidad y sin discriminación alguna que privan en los servicios de salud.

Y que además, incluya un enfoque que considere los criterios correspondientes a las diferencias tanto fisiológicas como sociales, culturales y psicológicas, propias de la edad en la mujer mexicana.

El esfuerzo sin duda alguna es grande, pero los beneficios de llevarlo a cabo no solo se reflejaran en las condiciones de salud de las mujeres en el país, también lo harán como efecto multiplicador, en cada uno de los integrantes de la familia y por ende en la población en general.

Podremos contar con una ley que reglamente la venta y el consumo de la denominada “comida chatarra”, pero ésta tendrá un impacto minúsculo en el menor o el adolecente si al llegar a casa, los padres de familia carecen de una cultura de hábitos con efecto positivo en la salud y prácticas alimenticias saludables.

Acciones tan positivas pierden efectividad, si de inicio lo que nosotros consideramos como comida chatarra, en el seno familiar de la mayoría de los hogares mexicanos no se comparte el mismo criterio.

La situación se convertirá en un círculo negativo, porque lo mismo que sucede en la casa, sucederá en los lugares en los que se relacionen nuestros jóvenes; así sea en la escuela o con los amigos por mencionar un ejemplo.

La presente iniciativa de reforma busca aprovechar una oportunidad invaluable para ser más incisivos en el combate a estos males silenciosos que tanto daño están haciendo a nuestra población; la obesidad y el sobrepeso.

Esta soberanía no puede quedarse al margen de hacerlo, pensando en un sí pero diciendo un no.

Por ello, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona una fracción II Bis al artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

II Bis. Establecer campañas y programas permanentes dirigidos a la mujer, considerando las características correspondientes a cada etapa de su edad; para la prevención, tratamiento y erradicación del sobrepeso, obesidad y desórdenes alimenticios.

III. a VIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor 90 días después al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Informe Mundial 1980-2008. Overseas Development Institute.

2 Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de la Obesidad y la Diabetes. Presidencia de la República, Secretaria de Salud 2013.

3 Diputada federal María del Rocío Corona Nakamura. Iniciativa de reforma. Gaceta Parlamentaria año 2013.

4 Diputada federal María del Rocío Corona Nakamura. Iniciativa de reforma. Gaceta Parlamentaria año 2013.

5 Diputada federal María del Rocío Corona Nakamura. Iniciativa de reforma. Gaceta Parlamentaria año 2013.

6 Diputada federal María del Rocío Corona Nakamura. Iniciativa de reforma. Gaceta Parlamentaria año 2013.

7 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.

8 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.

9 Censo General de Población y Vivienda 2012. Inegi.

10 Censo General de Población y Vivienda 2012. Inegi.

11 Secretaria de Salud.

12 Secretaria de Salud.

13 Secretaria de Salud.

14 Secretaria de Salud.

15 Secretaria de Salud.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.— Diputados: María del Rocío Corona Nakamura, Rafael González Reséndiz, Elvia María Pérez Escalante (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Salud para su dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados. En materia censal y estadística, el concepto de hogar en México ha evolucionado.

En el levantamiento censal de 2010 surgió el término de hogar censal que difiere de la definición utilizada tradicionalmente por varias décadas, refiriéndose ahora al grupo de personas vinculadas o no por lazos de parentesco que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para alimentarse. Gracias a ello, el último censo de 2010, da cuenta de la realidad de las familias mexicanas.

El 90.5 por ciento de la población del país forma parte de hogares familiares, en tanto que la proporción de los hogares no familiares es del 9.3 por ciento y la conforman los hogares unipersonales o grupos de personas que no tienen parentesco con el jefe del hogar denominados hogares corresidentes.

Los hogares familiares encuentran su fundamento en las relaciones de parentesco que existen entre sus miembros. Hay casos donde el jefe convive solo con sus hijos o, bien, convive con sus hijos y su cónyuge. En conjunto a esos hogares se les denomina nucleares y representan el 70.9 por ciento del total de los hogares familiares.

Por otro lado, existen hogares nucleares donde se incorpora la residencia de otros parientes que se llama hogar ampliado, o de personas que no tienen parentesco con el jefe del hogar, representando el 28.1 por ciento de los hogares familiares. El 60 por ciento de estos hogares son nucleares, el 28 por ciento son extensos y el 9.3 unipersonales o grupos de personas que no tienen parentesco con el jefe del hogar.

El 67 por ciento de los hogares familiares tienen como jefe a un hombre y el 22.3 por ciento a una mujer. Por ejemplo, en los hogares extensos –en el 62.7- convive la nuera, el yerno o los nietos del jefe del hogar indistintamente de la convivencia de otros parientes.

En otras palabras, hoy las familias se constituyen de diversas maneras. Por ejemplo, son conformadas solamente por hermanas, por primos, por abuelos y nietos, por tías y sobrinos, por personas que no tienen parentesco consanguíneo o por afinidad o, que bien, no tienen obligaciones contractuales civiles. Dicho de otro modo, estamos ante una revolución familiar.

Sin importar su categoría, la familia en nuestros días constituye el grupo social básico en que la mayoría de la población se organiza para satisfacer sus necesidades y en el cual sus integrantes constituyen una identidad por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización.

Así podemos afirmar que las familias mexicanas enfrentan en la segunda década de este siglo, diversos desafíos internos y externos que tienen que resolver junto con las instituciones públicas, porque de ahí dependerá el futuro orden social.

A fin de tutelar cabalmente los derechos de la familia, debemos tener claro que es una unidad social, plural y compleja, no una simple reunión de individuales separadas y aisladas.

La familia es un grupo social, célula de toda sociedad y base del Estado moderno; es un grupo natural y primario que debe ser regulado, atendiendo sólo al interés superior de Estado.

Bajo el anterior orden de ideas es preciso señalar que la ley fundamental hace diferentes referencias a la familia. Sin embargo no existe un concepto o una noción integradora.

El artículo 2o. de la ley fundamental regula a la familia indígena. El artículo 4o. establece: “La ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia, y que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa”.

La garantía de legalidad consagrada en el artículo 14, establece que: “ninguna familia puede ser molestada en sus derechos, posesiones, bienes, sino mediante mandamiento por escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del proceso”.

Por su parte el artículo 27 al igual que el 123, señalan la posibilidad de establecer el patrimonio familiar como derecho de familia. En razón de lo anterior es menester elevar a rango constitucional el concepto de familia, teniendo como base fundamental, el artículo 1o. de la propia Constitución.

Por ello esta propuesta tiene por objeto sentar las bases de la protección de la familia en cualquiera de sus modalidades. En este sentido se estima conveniente recoger la definición que proporciona el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para establecer que: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Lo anterior en la idea de establecer un principio constitucional a partir del cual se desprenderá el conjunto de reglas que estructurarán un derecho familiar que tendrá por finalidad la protección integral de ésta.

Finalmente resulta oportuno citar a Fuentes Linares, quien afirma: “El Estado moderno es lo que son sus familias; la humanidad contemporánea es lo que son sus Estados”. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, presento a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La realidad demográfica y socio-económica de las familias en México

Tradicionalmente en México, en materia censal y estadística hemos utilizado el concepto de hogar como aproximación de familia, ya que por cuestiones operativas los ejercicios para la generación de información estadística básica (censos, conteos y encuestas) utilizan el hogar como unidad de recolección y análisis de datos; no obstante, este concepto también ha evolucionado, ya que en el levantamiento censal de 2010 surgió el término de hogar censal que difiere de la definición utilizada tradicionalmente en otros eventos censales y encuestas en hogares, pues se refiere al grupo de personas vinculadas o no por lazos de parentesco que residen habitualmente en la misma vivienda.

De acuerdo con los datos censales de 2010 del Inegi, la mayor parte de los hogares son familiares. De la población residente en el país, 90.5 por ciento forma parte de éstos. La proporción de los hogares no familiares es de 9.3 y la forman los hogares unipersonales o grupos de personas que no tienen parentesco con el jefe del hogar (hogares corresidentes).

Los hogares familiares encuentran su fundamento en las relaciones de parentesco existentes entre sus miembros, hay casos donde el jefe convive sólo con sus hijos (hogar monoparental), o bien, convive con sus hijos y su cónyuge (biparental), en conjunto, a estos hogares se les denomina nucleares y representan 70.9 por ciento de los hogares familiares. Por otro lado, existen hogares nucleares donde se incorpora la residencia de otros parientes (hogar ampliado) o de personas que no tienen parentesco con el jefe del hogar (hogar compuesto), representando 28.1 por ciento de los hogares familiares.

• En los hogares extensos, 62.7 por ciento convive la nuera, el yerno o los nietos del jefe del hogar, indistintamente de la convivencia de otros parientes.

• De los hogares familiares, 77.7 por ciento tiene como jefe a un hombre y 22.3 a una mujer.

• En 45 por ciento de los hogares familiares sólo un integrante se inserta en el mercado laboral (población ocupada), en 31.3 de los casos son dos integrantes quienes cumplen esta condición y en 15 por ciento son tres los que laboran, en 8.6 ninguno de sus integrantes forma parte de la población ocupada.

• La situación conyugal confirma que ser jefa de hogar se asocia con una disolución de la unión y con una ausencia del cónyuge. 28 por ciento de mujeres que dirigen un hogar familiar son viudas; 29.2 están separadas o divorciadas; en 28.7 de los casos la jefa se encuentra unida (casada o en unión libre) y de éstas, en 31.4 de los casos, el cónyuge no reside en el hogar, en general, hay ausencia del cónyuge en 78.4 por ciento de los hogares familiares con jefatura femenina.

• En contraste con los datos anteriores, la proporción de hombres que dirigen un hogar familiar y que actualmente están unidos es alta (94.4 por ciento), sólo 3.6 por ciento están separados, divorciados o viudos y 1.9 por ciento se mantiene soltero.

• La participación económica de las jefas que dirigen un hogar familiar es del 49.7 por ciento y se acentúa en las edades de 30 a 49 años donde la tasa supera 66 por ciento; en los hombres la tasa de participación económica aumenta a 88.4 por ciento y se acentúa en un rango mayor de edad (15 a 54 años) con tasas que superan 90 por ciento.

• La tasa de participación económica de los jefes y jefas de 60 años y más que dirigen un hogar familiar es de 43.4 por ciento; en los hombres esta condición es mayor (55 por ciento) que en las mujeres (16.1por ciento).

• Las jefas de familia dedican en promedio 9.3 horas a la semana a la limpieza de la vivienda y 22.9 horas al cuidado de los niños, mientras que los jefes destinan menor tiempo a estas tareas 3.5 y 11.8 horas, respectivamente.

• En 64.7 por ciento de los hogares familiares hay al menos un niño de 0 a 14 años; en 64.9 por ciento cohabita al menos un joven de 15 a 29, en 82.7 por ciento hay al menos un integrante de 30 a 59 años y en 24.5 por ciento al menos un adulto mayor de 60 años y más.

• El índice de dependencia nos da una aproximación de la cohabitación de diversas generaciones en el mismo hogar, en 20 por ciento de los hogares familiares no hay niños menores de 15 años ni población de 60 años y más, mientras que 4 por ciento no cuenta con personas en edad productiva (15 a 59 años) y en 76 por ciento confluye la cohabitación tanto de personas en edad productiva como de población dependiente (menores de 15 años o mayores de 59 años).

• En 1.8 por ciento de los hogares familiares existe al menos un niño de 8 a 14 años de edad que no tiene la aptitud de leer ni escribir y en 28.5 de éstos el jefe es analfabeto; hay también 1.8 de hogares donde existe al menos un joven de 15 a 29 años que no sabe leer ni escribir pero el porcentaje de jefes analfabetas en estos hogares aumenta a 43.8.

• En 6.5 por ciento de los hogares familiares donde hay niños de 6 a 14 años, al menos uno de ellos no asisten a la escuela, y si se considera la escolaridad del jefe del hogar entonces la proporción aumenta a 16.4 cuando éste no tiene instrucción.

• La población económicamente activa es más alta en los adultos mayores que forman parte de un hogar nuclear (34.8 por ciento) que aquellos que forman parte de un hogar extenso (28.4).

• En el total de viviendas en donde los ocupantes se forman como hogar familiar, 88.3 por ciento cuenta con agua potable en el ámbito de la vivienda, 90.5 tiene drenaje y prevalece el conectado a la red pública (79.6), seguido de fosa séptica (18.4), mientras que aproximadamente 2 por ciento tiene tuberías que descargan a barrancas, grietas, ríos, lagos o al mar. La cobertura en los servicios de electricidad es casi universal (98.1) y también es alta la proporción de las que cuentan con excusado (95.8). De estas últimas, la mayoría tiene descarga directa de agua (67.6), una cuarta parte (25 por ciento) aún le echan agua con una cubeta y en 6.8 por ciento de los casos no se puede echar agua al excusado.

• El material predominante en los pisos de las viviendas, destaca que seis de cada cien tienen piso de tierra, información de relevancia debido a la asociación que esta situación guarda con el riesgo de contraer enfermedades de tipo infeccioso. Además, en 14.4 por ciento se cocina con leña o carbón, aspecto que se vincula con enfermedades respiratorias.

• La mitad de las familias mexicanas se encuentra en la imposibilidad de acceder a un crédito para vivienda, ya que las ofertas del mercado inmobiliario van dirigidas de manera exclusiva a las personas con sueldos superiores a los seis salarios mínimos.

Hacia un concepto de familia

Si tomamos en consideración la estadística referida y coincidimos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde la familia se concibe como el elemento natural y fundamental de la sociedad que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, sin duda tenemos mucho por hacer desde los tres Poderes del Estado.

Hoy, sabemos que la familia, sin importar su categoría, constituye el grupo social básico en que la mayoría de la población se organiza para satisfacer sus necesidades y en el cual los individuos construyen una identidad por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización.

En razón de lo anterior, las familias mexicanas y las instituciones públicas, enfrentan en la segunda década de este Siglo, diversos desafíos internos y externos que tienen que resolver, porque de ahí dependerá el futuro del orden o el desorden social.

La pobreza, la migración, el cambio cultural, el desempleo, la marginación y en general con la falta de oportunidades, se entrelazan con el proceso de secularización, la diferenciación simbólica, los cambios en la estructura de roles y de las estructuras generacionales, lo que hace que la familia como institución, hoy enfrente diversos desafíos y tensiones.

En los últimos 40 años, la sociedad mexicana ha experimentado una serie de cambios vertiginosos en los diferentes ámbitos, entre los que destacan una sociedad crecientemente modernizada (con todo lo que ello implica), así como la pérdida de tradiciones y certidumbre sobre muchos hechos de la vida.

Nos encontramos más que ante una crisis de valores como bien lo señalara Jéróme Bindé, ante una diversidad de valores. Siguiendo esta misma línea, me atrevo a señalar que en México, la familia no está en crisis, simplemente tenemos una diversidad de familias, cuya composición y organización responden a la propia diversidad de los de los seres humanos, de sus valores, intereses, necesidades, ideales y aspiraciones, lo que ha hecho que las estructuras familiares tradicionales sean cada vez más frágiles para dar paso a nuevos modelos, lo cual requiere de mayores esfuerzos y atención por parte de las autoridades.

De ahí que una primera dimensión sobre la que resulta fundamental trabajar, es en lo concerniente a la institucionalización de la familia. Es decir, al reconocimiento jurídico y político pleno de la familia como institución y como estructura social básica, lo que en primer lugar implicaría, elevarla su figura a rango constitucional.

A fin de alcanzar el objetivo tutelado por la familia, para organizarla, protegerla y desarrollarla debemos partir de que la familia es una unidad social, plural y compleja, no una simple reunión de unidades, de individualidades separadas y aisladas a las que tenemos que proteger como tales, como individuos; si aceptamos que la familia es un grupo social, que es la célula de toda sociedad, que es base del Estado moderno, además de ser un grupo natural y primario, debemos regularla como grupo, atendiendo sólo al interés superior de ella, constituida por todos sus elementos personales, asumiendo que no podemos enfrentar los intereses de sus integrantes.

Como señala Miguel Carbonell, en materia familiar el ordenamiento constitucional y jurídico debe renunciar e imponer un modelo de familia o de comportamiento familiar y limitarse a dar cobertura a las opciones que puede tomar cada persona en uso de su autonomía moral y libertad. Esto incluye el respeto a la forma en que conciben a la familia y las distintas culturas, sin restringir las posibilidades legales de organizarse conforme a sus propias creencias, deseos o necesidades.

De acuerdo con diferentes teóricos, los tipos o modalidades de familias en términos generales son los siguientes:

1. La familia de padres separados, esto es la familia en que los padres se niegan a vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy distantes que estos se encuentren; aun cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad;

2. La familia de madre soltera, esto es la familia en que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento general es la mujer quien en la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos, aunque la doctrina señala que en este tipo de familia, hay que tener presente, que hay distinciones, pues no es lo mismo ser madre soltera, adolescente, joven o adulta;

3. La familia mono parental, esto es aquella familia que se constituye por uno de los padres de sus hijos; y esta clase de familia puede tener diversos orígenes:

• Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo con uno de ellos, por lo general la madre;

• Por un embarazo precoz o planeado, donde se configura otro tipo de familia, esto es la familia de madre soltera; y

• Por el fallecimiento de uno de los cónyuges.

4. La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos;

5. La familia nuclear, derivada del matrimonio heterosexual, que tradicionalmente es la familia básica y cuya base del matrimonio entre un hombre y una mujer, y que será materia de estudio en un próximo artículo, cuando trate sobre el matrimonio y el divorcio; y

6. Las familias homoparentales, en las sociedades donde la legislación reconoce ya el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Con gran tino, De la Fuente Linares afirma: “el Estado moderno es lo que son sus familias, la humanidad contemporánea es lo que son sus Estados”.

La familia no puede ser reducida a una concepción bioligista, es decir, su fin único no puede ser la reproducción de la especie, sino el espacio idóneo para desarrollar todas las potencialidades humanas, compartir fines y objetivos comunes, construir proyectos, socializar, adquirir identidad, obtener la seguridad y certeza de vivir en condiciones emocionales, físicas, mentales y materiales adecuadas para una vida plena y feliz.

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, mandata el reconocimiento de los diversos tipos de organización familiar que pueda haber. El artículo 23 del Pacto establece en el numeral 2: “El Comité observa que el concepto de familia puede diferir en algunos aspectos de un Estado a otro, y aun entre regiones dentro de un mismo Estado, de manera que no es posible dar una definición uniforme del concepto. Sin embargo, el Comité destaca que, cuando la legislación y la práctica de un Estado consideren a un grupo de personas como una familia, éste debe ser objeto de la protección prevista en el artículo 23. Por consiguiente, en sus informes, los Estados parte deberían exponer la interpretación o la definición que se da del concepto de familia y de su alcance en sus sociedades y en sus ordenamientos jurídicos. Cuando existieran diversos conceptos de familia dentro de un Estado, ‘nuclear’ y ‘extendida’, debería precisarse la existencia de esos diversos conceptos de familia, con indicación del grado de protección de una y otra. En vista de la existencia de diversos tipos de familia, como las de parejas que no han contraído matrimonio y sus hijos y las familias monoparentales, los Estados Partes deberían también indicar en qué medida la legislación y las prácticas nacionales reconocen y protegen a esos tipos de familia y a sus miembros”.

Es de señalarse a manera de síntesis que lo hasta aquí expuesto encuentra su mejor sustento en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención de los Derechos del Niño, que el Estado Mexicano, de acuerdo al mandato de la Ley Fundamental y derivado de las Reformas en la materia de 2011 debe observar.

En virtud de lo anterior, y una vez realizado el reconocimiento constitucional sin más limitante que la libertad y la autonomía de los ciudadanos, es menester realizar las adecuaciones jurídicas, a efecto de posibilitar el ejercicio pleno de los derechos de las familias y de los individuos que las forman.

En otras palabras, crear los mecanismos necesarios, que les permitan a los individuos formar parte del tipo de familias que deseen, teniendo salvaguardados sus derechos y prerrogativas frentes a los demás individuos del grupo familiar, y como familia tener garantizados también sus derechos y prerrogativas frente al resto de la sociedad y las instituciones públicas y privadas, contrayendo también las obligaciones conducentes.

Lo anterior, a la par de instaurar e impulsar las políticas públicas necesarias, a efecto de atender las necesidades y requerimientos de las familias, atendiendo a sus nuevas conformaciones, lo que implica poner en marcha una serie de acciones que les permita, pero sobre todo, facilite el acceso a las oportunidades sin que medie ningún tipo de discriminación, poniendo especial énfasis en temas como la seguridad social, la adquisición de vivienda y los servicios de salud, así como proyectos estratégicos y específicos que beneficien la economía de las familias.

Sin duda, este piso legal e institucional, será la base fundamental para que las familias, la sociedad civil y los ciudadanos en lo individual, construyan una nueva cultura, en donde se privilegie el espacio familiar como el idóneo para fortalecer la equidad e igualdad de género, la equidad generacional, la socialización, la transmisión cultural, la afirmación y realización personal. Relaciones ecológicas que permitan la formación y cohabitación de individuos libres, plenos, responsables y sensibles.

En la medida que se otorgue reconocimiento, respeto, certeza y seguridad a los diferentes tipos de familias, los individuos que las conforman serán capaces de construir relaciones más nutricias, duraderas y solidarias que permitan la convivencia entre sus miembros sin que las diferencias de edad, sexo, condición social o jurídica sean una limitación.

Si aceptamos que las familias mexicanas han sufrido una gran cantidad de cambios entre mediados del siglo XX y la primera década del Siglo XXI, los cuales han trastocado las estructuras tradicionales, han cambiado las funciones clásicas que se llevaban a cabo en el seno familiar y han dado paso han diferentes y cambiantes roles, podemos aceptar también que esto ha incidido y modificado las clásicas posiciones de poder y autoridad.

Dicho de otro modo, estamos ante una revolución familiar, callada pero contundente, que nos permite avizorar un futuro halagüeño.

Aun sin el apoyo gubernamental y sin el reconocimiento legal necesarios, los individuos han decidido construir nuevos modelos de familias en donde han aprendido a convivir con otras generaciones, con personas del mismo sexo y bajo mecanismo de colaboración y adaptación diferentes, dando paso a modelos familiares más equitativos y equilibrados a los de otrora.

Pero lo más importante, es que la idea de la familia está cambiando fundamentalmente, cada vez más, los intereses que anima a los individuos para formar un hogar son más genuinos, más razonados y más humanos, ya que responden a necesidades reales, personales y cada vez más genuinas.

Los lazos familiares, en los nuevos modelos de familia responden a nuevos valores sociales como la igualdad, la solidaridad, el apoyo y la ayuda mutua, el amor, la felicidad, la realización y la dignidad. Libres de prejuicios y pruritos, las modernas familias conservan la tradición de unidad de la familia mexicana, comparten y se vinculan bajo el respeto y la confianza, dejando a un lado la jerarquización de las posiciones y la subordinación.

Sin duda, si el Estado cumple de manera cabal con la obligación de proteger a las familias mexicanas. Las familias mexicanas, harán lo propio con los individuos que la conforman, posibilitándoles el derecho a vivir una vida plena y feliz.

La familia, como acertadamente apuntó el secretario general de la ONU, es el elemento que aglutina a las sociedades, y las relaciones entre las generaciones perpetúan este legado en el curso del tiempo.

Argumentación jurídica

Los instrumentos internacionales de derechos humanos

I. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en el artículo 6: “Toda persona tiene derecho a constituir una familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella”. El artículo 23 dispone que “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar” (énfasis agregado).

II. La Declaración Universal de Derecho Humanos en el artículo 16.1.III caracteriza a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. El artículo 25.1 reza: “Toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda...” (énfasis agregado).

III. El artículo 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), también reconoce a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y del Estado” (énfasis agregado).

IV. El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales: entre los derechos y deberes que se comprometen a garantizar los Estados parte se dispone en su artículo 10 que reconocen que “se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad la más amplia protección y asistencia posible...” (énfasis agregado) especialmente lo adecuado para que se garantice a toda persona el derecho a un nivel adecuado de vida para sí y su familia, y el derecho a una vivienda adecuada (artículo 11).

V. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en referencia a la mujer residente en zonas rurales, consagra especialmente en su artículo 14 inciso “h”: “Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en la esfera de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones” (énfasis agregado).

VI. La Convención de los Derechos del Niño da un marco tutelar de protección integral, en el cual el artículo 27 se consagra: el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (inciso 1); la obligación de los padres u otras personas encargadas de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño (inciso 2) y la de los Estados, de adoptar “medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda” (énfasis agregado).

De acuerdo con especialistas en la materia, el primer texto en ocuparse del tema fue la constitución mexicana de Querétaro, sancionada en 1917, considerada como la primera exponente del constitucionalismo social, el artículo 123, que a letra decía: “Las leyes determinaran los bienes que constituyen el patrimonio familiar, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse de gravámenes reales ni embargos y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios”. Vale apuntar incluso legisló en la materia dos años que la Weimar.

La protección a la familia se encuentra presente tanto a nivel constitucional como institucional, sin embargo, no existe un concepto de ésta, así como tampoco quedan explícitos sus derechos y obligaciones, la a saber, el artículo 2o. de la Ley Fundamental regula a la familia indígena; el artículo tercero establece derechos y obligaciones a algunos miembros de cierto tipo de familias concretamente el derecho de las niñas y los niños a recibir educación y la obligación de los padres y tutores de vigilar de que éstos asistan a la escuela; el artículo 4o. establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia, además mandata que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, y que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa; la garantía de legalidad consagrada en el artículo 14, establece que “ninguna familia puede ser molestada en sus derechos, posesiones, bienes sino mediante mandamiento por escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del proceso”; por su parte el artículo 27, que instituye la propiedad privada al igual que el 123 señalan la posibilidad de establecer el patrimonio familiar como derecho de familia.

En la práctica la protección a la familia o mejor dicho a los derechos de los miembros de la familia, se realizan a través de políticas y programas públicos, como son el servicio de guardería, beneficios a jefas de familias, recursos a las personas de la tercera edad; y a través de apoyos y beneficios de programas sociales, los cuales se entregan a un miembro de la familia y se entiende que son para ésta.

Ejemplo de lo anterior es que el Plan Nacional de Desarrollo señala que: “La Constitución así como la Ley de Planeación establecen que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático, y para que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, mejore la equidad social y el bienestar de las familias mexicanas”.

En razón de lo anterior, es menester elevar a rango constitucional el concepto de familia, teniendo como base fundamental el artículo 1o., el cual establece:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En suma, es menester adecuar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la nueva realidad, toda vez que ya se ha dado un paso fundamental al establecer en su parte dogmática los derechos humanos, sustituyendo la nomenclatura de garantías individuales, garantizando derechos de primera, segunda y tercera generación, acorde a un Estado moderno y democrático.

Resulta fundamental perfeccionar el marco constitucional, en aras de responder a las nuevas demandas y necesidades de la sociedad y de los distintos modelos de familia que la conforman.

Si bien el actual párrafo segundo señala que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia, es necesario apuntar que dicho mandato resulta insuficiente, ambiguo e incompleto para los tiempos actuales y venideros.

Para los efectos que aquí nos ocupan, no obsta señalar que el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Finalmente, vale dejar en claro que a la luz de las enseñanzas del constitucionalismo social del siglo XX que dio vida a nuestro actual sistema constitucional y de los compromisos internacionales asumidos, es evidente que el Estado debe asumir un rol activo para concretar avances en el terreno social que permitan consolidar y materializar el efectivo goce de todos los derechos humanos fundamentales, incluidos el derecho a formar parte de una familia, al reconocimiento y la protección de la misma. Por consiguiente, el Estado debe garantizar a los núcleos familiares –sin tener en cuenta la forma inicial de constituirse– todos sus derechos y prerrogativas.

Esta propuesta tiene como objeto, sentar las bases de la protección de la familia en cualquiera de sus modalidades, sin que exista un modelo preestablecido por el propio Estado, ya que el nomen iuris de cada una de las relaciones interpersonales que puedan presentarse en la realidad depende de los sujetos que en ellas intervienen, lo cual deberá encontrar su mejor expresión en la legislación secundaria, en donde deberán abarcarse múltiples cuestiones como son: la discriminación, violencia, patrimonio, etcétera.

Se estima conveniente recoger la definición que proporciona el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, con la idea de establecer un principio constitucional a partir del cual se desprenderá el conjunto de reglas que estructurará un derecho familiar, que tendrá por finalidad la protección de esta institución, sus integrantes y su patrimonio.

Propuesta

Se reforman los párrafos primero (actualmente derogado) y segundo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Texto vigente

Artículo 4o. (Se deroga el anterior párrafo primero)

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

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Texto propuesto

Artículo 4o. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

El varón y la mujer son iguales ante la ley.

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En tal virtud, y en por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los párrafos primero (actualmente derogado) y segundo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4o. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

El varón y la mujer son iguales ante la ley.

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Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 En estas fuentes el concepto de hogar se refiere al conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para comer.

2 La población en hogares comprende la población identificada en viviendas particulares, incluidos los locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios, además de las personas del Servicio Exterior Mexicano que residen en otros países. Excluye estimación de 1 millón 344 mil 585 personas que corresponde a 448 195 viviendas sin información de ocupantes.

3 Fuente: Universidad Autónoma Metropolitana.

4 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 16, http://www.un.org/es/documents/udhr/, 21 de febrero de 2012.

5 José Cándido Francisco Javier de la Fuente Linares. “La protección constitucional de la familia en América Latina”, en Ius, revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, ISSN: 1870-2147. Año VI, Ius número 29, enero-junio de 201 2, páginas 60-76.

6 “El bien de familia desde el punto de vista del derecho constitucional”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal Culzoni, 2001-1, páginas 27 y siguientes.

7 Novena época. Registro número 162604. Instancia: Tribunales colegiados de circuito. Tipo de tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, marzo de 2011. Materia: Civil. Tesis I.5o.C. J/11, página 2133.

Derecho de familia. Su concepto. En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.— Diputados: Lourdes Eulalia Quiñones Canales, María del Rocío Corona Nakamura, María de la Nieves García Fernández, Paulina Alejandra del Moral Vela, María Guadalupe Sánchez Santiago, Miriam Cárdenas Cantú, María de Lourdes Flores Treviño, Issa Salomón Juan Marcos, Mariana Dunyaska García  Rojas, Julio César Lorenzini Rangel, María Fernanda Schroeder Verdugo, Martha Edith Vital Vera, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Iñiguez, Laura Barrera Fortoul, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, Elsa Patricia Araujo de la Torre, Rosalba de la Cruz Requena, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, María Elena Cano Ayala, Francisco González Vargas, Darío Badillo Ramírez, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Víctor Hugo Velasco Orozco, Dulce María Muñiz Martínez, María Elia Cabañas Aparicio, Judit Magdalena Guerrero López, Alberto Curi Naime (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Quiñones. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

Les damos la bienvenida a personas del grupo de psicología Inzumba, de Aragón, invitadas por la diputada Claudia Elena Águila Torres. Bienvenidas y bienvenidos. Creo que ya se fueron.

También saludamos a ciudadanos de la tercera edad, Grupo Loma de Chino, y alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitadas e invitados por el diputado Marcos Aguilar.

También les damos la bienvenida y agradecemos su presencia a diputadas del Congreso de Quintana Roo invitadas por la diputada Lizbeth Gamboa Song. Diputada Maritza Medina Díaz, diputada Susana Hurtado Vallejo, quien fuera diputada federal, diputada Arlet Molgova Glover y Cristina Sangri, quien fuera diputada federal, y la regidora Marina González. Bienvenidas y muchas gracias por su presencia.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra el diputado Juan Bueno Torio, a nombre del diputado José Isabel Trejo Reyes y de la fracción parlamentaria del PAN, para presentar, en un solo acto, cinco iniciativas en materia fiscal, las enlistadas en el orden del día con los números 62, 68, 71, 74 y 76. Tiene usted la palabra, señor diputado. Modifica el contenido de una. Gracias, diputado.

El diputado Juan Bueno Torio:Muchas gracias, Presidente. Compañeras y compañeros: las iniciativas que hoy por mi conducto presenta el Partido Acción Nacional tienen que ver con corregir algunos de los errores que se generaron cuando se aprobó por esta soberanía la pasada miscelánea fiscal recaudatoria y que al tiempo hemos venido viendo que resultó ser recesiva porque, como ya estamos reconociendo, en este año el crecimiento sigue siendo pobre y mediocre que apenas alcanza el 1.4 por ciento del producto interno bruto en el primer semestre de este año 2014.

Esperamos que el gobierno no insista en su necedad y acepte los cambios que estamos proponiendo, que acepte que se equivocó en algunos temas muy importantes de la pasada miscelánea fiscal. Como dice el adagio: el sabio reconoce sus errores y rectifica; el necio insiste en los mismos.

Pero nosotros en el Partido Acción Nacional estamos preocupados por nuestra economía, estamos preocupados por remontar ese 1.4 por ciento del producto interno bruto para que haya mayores satisfactores para las familias mexicanas.

Por esta razón, con las iniciativas que presentamos el día de hoy pretendemos revertir los efectos nocivos que ha generado en la promoción de las inversiones, en la generación de empleos.

Hay que reconocer también lo que ya se ha dicho por el Inegi: la caída de la inversión extranjera que para este año en nuestro país ha sido del 60 por ciento con respecto al año 2013, 60 por ciento de caída de la inversión extranjera y ella y las otras inversiones nacionales son las que generan las condiciones de crecimiento económico y de generación de empleo que requieren las familias mexicanas.

¿Y por qué se ha caído la inversión extranjera? Por varios factores. Primero: falta de incentivos. Por eso estamos proponiendo que se reinstale el incentivo de autorizar la depreciación acelerada del 100 por ciento en el primer año de todas las inversiones en activos fijos y que también se rectifique y reduzca el impuesto sobre la renta de las empresas morales, de las personas morales, las empresas, del 30 al 28 por ciento, de tal manera que el impacto por el gravamen del 10 por ciento por el retiro de las utilidades, se vea atendido con este incentivo para la inversión en las empresas en las personas morales.

Igualmente, que se reestablezca la posibilidad de deducir los gastos de previsión social en beneficio de los trabajadores, aquellos gastos como los bonos de productividad, los vales de despensa, etcétera, que hoy no son deducibles y que las empresas, o lo han dejado de dar en beneficio de los trabajadores, o lo otorgan pero entonces el trabajador tiene que pagar el impuesto sobre la renta de esos beneficios adicionales.

Lo mismo sucede con el IVA que se les cobra a las personas que tienen que trasladarse de un municipio a otro con el IVA al transporte de pasajeros por año. El primero de enero el gobierno empezó a cobrar 16 por ciento de IVA al transporte foráneo, con lo que ésta y la medida anterior de los trabajadores no es otra cosa más que sacarle dinero al bolsillo de las familias mexicanas para pasarlo al bolsillo del gobierno.

Lo mismo se le saca dinero a las finanzas de las empresas para pasarlo a las finanzas públicas en donde ya vimos que no están siendo bien invertidas.

¿Y qué decir del problema que enfrentamos con el IVA en las fronteras? Ya vimos cómo esa homologación del IVA ha generado un daño importantísimo en la economía de la zona fronteriza.

Estamos ya enfrentando ya problemas de contrabando. Estamos enfrentando el tráfico y el éxodo de mexicanos en los fines de semana a comprar sus enseres y sus alimentos, todas sus compras, todo su mercado al otro lado de la frontera, dejando sin actividades productivas a las empresas nacionales.

Es por eso que queremos revertir y que regrese el IVA al 11 por ciento como estaba establecido. El otro impuesto nocivo que le pusieron en este caso a las bebidas endulzadas con azúcar, un peso por litro, es decir, 10 pesos por kilo de azúcar, no ha servido para resolver el problema de obesidad ni para reducir el consumo de refrescos o bebidas endulzadas con azúcar.

Por el contrario, para lo que ha servido es que este impuesto, en virtud de que el mercado del azúcar está deprimida, vaya y afecte directamente el bolsillo de los productores de caña de azúcar en todas las regiones donde se produce esta gramínea.

Por eso es que necesitamos revertir este impuesto. Y no actuar solamente como hoy nuevamente lo quieren hacer, en dar otros mil 500 millones de pesos en apoyo a la tecnología del campo para tratar de resarcir ese daño tan grave que le hicieron a los productores de la caña de azúcar.

Los problemas de la obesidad en el país no están en los precios de los productos, sino en la falta de una política pública que ayude a la gente a mejorar su condición de vida y su desarrollo físico, una cultura pública desde las escuelas, en los hogares y en las viviendas.

Y, por último, quiero compartirles que la próxima semana también estaremos presentando, si no el jueves el próximo martes, una iniciativa en torno al Régimen de Pequeños Contribuyentes, para poner en ley lo que el Ejecutivo ha mostrado en decretos por el fracaso de la reforma pasada, la famosa inserción de los Repecos al régimen normal de impuesto sobre la renta, ese fracaso que lo han tratado de ocultar con los decretos de marzo o abril y el decreto de la semana pasada, del mes pasado, vamos a tratar de poner en ley para estar en un orden completo.

Esto nos demuestra otra cosa, que esa miscelánea fiscal recaudatoria y recesiva vino a darle en la torre al crecimiento de nuestro país y a la inversión. No obstante que está creciendo la economía de los Estados Unidos y que tradicionalmente nos jala en el crecimiento económico por esas malas decisiones fiscales del año pasado no estamos creciendo. Y le están apostando al crecimiento económico derivado de la reforma energética y de telecomunicaciones, pero si no corregimos estos esfuerzos el gobierno de Peña Nieto no va a rendirle como hasta hoy no le ha rendido buenas cuentas a los mexicanos.

Estamos nosotros conscientes de que hoy tenemos esta miscelánea fiscal recaudatoria y recesiva, que lo único que ha hecho es imponer más impuestos para sacarle dinero a las empresas y al bolsillo de los mexicanos. Y es por ello que así no se está generando mercado interno y no se está generando economía en nuestro país.

Sin duda, el Partido Acción Nacional, reiteramos nuestro compromiso con los ciudadanos, con la responsabilidad social ante la nación, por la cual estamos haciendo estos planteamientos, pues queremos que desde esta parte fiscal se incentive la promoción, el crecimiento y el desarrollo económico que mejore las condiciones de vida digna de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 25; deroga la fracción XXX del artículo 28; adiciona el Capítulo VIII al Título VII y deroga la fracción XXXIV del artículo noveno transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el Grupo Parlamentario del PAN.

Los que suscriben, los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción X del artículo 25, se deroga la fracción XXX del artículo 28, se adiciona el Capítulo VIII al Título VII y  se deroga la fracción XXXIV del Artículo Noveno Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La eliminación de la deducción inmediata de activos fijos que se aprobó como parte de la miscelánea fiscal recaudatoria por parte del Grupo Parlamentario del PRI y sus aliados, que entró en vigor en enero de este año, cumplió con la amenaza de frenar las inversiones de las empresas al reducir su liquidez.

La miscelánea fiscal recaudatoria eliminó en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), la posibilidad de depreciar en un sólo ejercicio el 100 por ciento de la inversión realizada en la adquisición de activos fijos. Esta deducción, vigente hasta 2013, generaba un estímulo para promover la inversión productiva y la generación del empleo en el sector productivo de nuestro país.

Mediante una disposición transitoria se prevé que los contribuyentes que hayan ejercido la deducción inmediata al 31 de diciembre de 2013 no podrán deducir la parte no deducida de los mismos salvo cuando se trate de casos de enajenación, en cuyo caso la parte deducible será la que se determine de aplicar los porcientos contenidos en el artículo 221 de la ley vigente hasta el 31 de diciembre de 2013.

Es importante señalar que las diversas empresas de nuestro país utilizaban la deducción inmediata de inversión no sólo como un estímulo fiscal, sino también como una oportunidad de financiamiento para el desempeño de sus actividades.

Con la aprobación de la miscelánea fiscal recaudatoria, lo único que generó el gobierno federal fue desincentivar la inversión como resultado de que parte de las utilidades que obtienen las empresas durante un ejercicio fiscal, debe destinarla al pago de impuestos.

En todos los sistemas impositivos de nuestros principales socios comerciales existen estímulos que alientan a los inversionistas a invertir o seguir invirtiendo en diversos sectores de la economía.

Hoy ante la situación económica en que se vive se necesitan instrumentos que permitan reactivar los indicadores económicos. Uno de ellos sin duda, es el estímulo fiscal que se da a través de la deducción inmediata de inversiones.

Durante el tiempo que estuvo vigente la deducción inmediata de inversiones de activos fijos, ésta representó una medida fiscal eficiente y eficaz para atraer inversionistas del extranjero y consolidar a los inversionistas de nuestro país.

Derivado de las reformas a la LIRS, hoy observamos un desaliento a la inversión que lo único que ha generado es un mayor desempleo. Así lo demuestran las cifras de empleo pues hasta julio del presente año se generaron solamente 671 mil empleos formales, en promedio 33 mil empleos por mes según estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De esta manera, es posible afirmar que la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo federal ha mostrado una alta capacidad para bloquear la generación de nuevos empleos y no para generarlos.

La aprobación de esta reforma tiene un impacto financiero negativo, fundamentalmente en aquellas empresas que realizan inversiones en la industria de la construcción y que como sabemos, representa un sector que dinamiza la economía de nuestro país.

Es innegable que las inversiones en activos fijos que realizan las empresas incrementan su productividad y competitividad, ya que su fin último es generar, en el corto, mediano o largo plazo, eficiencias en sus procesos productivos, extender sus unidades de negocio creando infraestructura para un mejor posicionamiento y manejo de su mercado.

No se debe olvidar que esto tiene relación directa con los beneficios en la cadena productiva e, indudablemente, a las mejoras económicas que se derraman en el lugar en que se realizan las inversiones. Sin embargo, las bondades de la inversión no necesariamente se reflejan en los efectos en materia de ISR que se derivan para las empresas.

La deducción inmediata ha representado un gran atractivo y compromiso adquirido por los gobiernos estatales y el federal para atraer y mantener inversiones, tal es el caso del sector automotriz que de no continuar la deducción inmediata vería seriamente afectadas las inversiones comprometidas en diferentes etapas y diferentes años.

Esto significará que de no existir la deducción inmediata a partir de 2015 en nuestro sistema tributario, será no solamente una limitante para el inversionista, sino también será una alerta y un motivo de preocupación en materia de seguridad jurídica ya que el inversionista consideró en su proyecto de inversión y retorno de capital la vigencia permanente de la deducción inmediata.

Las inversiones en activos fijos constituyen una de las deducciones estructurales más importantes, según expertos en la materia, éste podría considerarse la tercera más importante después del costo de lo vendido y los salarios.

En conclusión, en los últimos años la deducción inmediata ha sido un diferenciador en nuestro país para atraer inversiones japonesas, alemanas y americanas sobre todo en la industria automotriz y aeroespacial.

En países con los que México compite para atraer inversión como Brasil, China e India, sus legislaciones contienen esquemas de depreciación acelerada, por lo que eliminar la deducción inmediata reduciría de manera importante la competitividad de México para atraer inversiones.

Por lo tanto, la reforma a la Ley del ISR en materia de deducibilidad inmediata de activos fijos confirma que no es la forma más eficiente, desde el punto de vista fiscal, para apoyar la inversión, fundamentalmente la inversión en la pequeña y mediana empresa.

Es importante señalar también que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon, ya se pronunció a favor de reformar la ley con el objeto de regresar al incentivo que generaba la deducción inmediata de inversiones.

Dicha instancia señaló que “según las inconformidades expresadas por diversos grupos de contribuyentes, entre los temas susceptibles de corregirse por parte de los legisladores están la deducción acotada en materia de prestaciones salariales y de previsión social, así como que la eliminación de la deducción inmediata de inversiones”.

Para la Prodecon, este último punto es un tema sensible, porque con esta reforma se esperaría que con las reformas estructurales aprobadas la derrama económica sea importante en materia de inversiones donde la deducción inmediata juega un papel importante.

Por otro lado, no podemos pensar en generar un dinamismo de inversión si tomamos en cuenta que la miscelánea fiscal recaudatoria maniató de tal manera que limitó la deducibilidad de prestaciones del trabajador.

La miscelánea fiscal dio un giro de 180 grados en materia de las prestaciones exentas de sueldos y salarios así como la previsión social lo que generó un impacto en partidas deducibles para las empresas así como en los empleados que ven disminuido su poder adquisitivo.

Hasta antes de la miscelánea fiscal recaudatoria, muchas empresas establecieron como prestación los fondos para el pago de pensiones y jubilaciones de sus empleados como prestaciones complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, sin embargo, con la nueva ley del Impuesto Sobre la Renta, las aportaciones que se realizan a estos fondos ahora son deducibles de forma parcial.

La incorporación de nuevas restricciones para deducir parcialmente la previsión social y demás prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo, y la no deducción  de aportaciones complementarias a fondos de pensiones y de jubilación, tienen como consecuencia una pérdida en los beneficios en la calidad de vida de los trabajadores.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indicó que al primer trimestre de 2014 había 27,837,867 personas sin prestaciones laborales, esto es 14,064 personas más respecto a igual periodo de 2013, siendo los sectores agropecuario, construcción y comercio donde se incrementó la población ocupada sin beneficios, adicionalmente los costos para las empresas por la no deducibilidad de las prestaciones de previsión social y otro tipo de prestaciones.

Otro efecto de la disminución de la deducibilidad de las prestaciones fue que las empresas disminuyeron el ritmo de nuevas contrataciones. Algunas encuestas de expectativas de empleo, realizadas a casi 5 mil empleadores mexicanos, arrojó que alrededor de 70 por ciento de las empresas no realizó cambios en sus plantillas en el primer semestre de 2014, mientras que en el caso de aquellas empresas que sí contrataron personal, hubo una mayor creación de empleo eventual en términos relativos.

La fracción X del artículo 25 y la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta han generado uno de los mayores impactos negativos en la clase trabajadora de nuestro país al establecer límites de deducibilidad.

A partir de la reforma, las empresas han optado por disminuir las prestaciones a sus trabajadores con el objeto de disminuir al mismo tiempo sus costos por pago de impuestos. Esta situación lo único que generó es que el salario real de la clase trabajadora disminuya.

Si bien es cierto que existen prestaciones obligatorias establecidas en la Ley Federal del Trabajo, como es el caso del tiempo extraordinario de trabajo, la gratificación anual y el reparto de utilidades, existen algunas prestaciones que quedan totalmente a discreción de las empresas para su otorgamiento.

Así ello, la miscelánea fiscal recaudatoria ha impactado en prestaciones importantes para los trabajadores como es el caso de los fondos de ahorro y las prestaciones de previsión social.

Es decir, ahora la deducibilidad por conceptos como fondo de pensiones, jubilaciones, previsión social, fondo de ahorros, etcétera, tiene un límite de deducibilidad.

Esta limitación de las deducciones tanto en los activos fijos como en las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor del trabajador ha lesionado gravemente la inversión del sector productivo y por supuesto, la economía de nuestro país al disminuir el consumo como resultado de un menor poder adquisitivo de nuestra clase trabajadora.

De esta forma, resulta importante que los legisladores seamos sensibles a las peticiones de algunos contribuyentes y trabajemos para corregir algunos aspectos de la miscelánea fiscal que en el corto y mediano plazo ha afectado de forma negativa al grueso de los contribuyentes.

En su momento, nuestro grupo parlamentario advirtió los problemas que se generarían con la aprobación de esta reforma en particular, por ello, entendiendo las dimensiones del problema de liquidez al que se están enfrentando diversas empresas y la clase trabajadora de los diferentes sectores del país, presentamos el siguiente proyecto de iniciativa con el propósito de apoyar la inversión, reforzar el salario de los trabajadores e impulsar la generación de empleos.

De tal manera que el objetivo de la propuesta es reformar la fracción X del artículo 25 y derogar la fracción XXX del artículo 28 con el objeto de hacer deducible las prestaciones de seguridad social de los trabajadores.

Por otro lado, se busca recuperar la redacción original que contenía la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2013 por lo que se propone incorporar un Capítulo VIII al Título VII de la ley relativa a la Deducción Inmediata de Activo Fijo y derogar la fracción XXXIV del artículo Noveno Transitorio de la ley que actualmente se encuentra vigente.

Con ello, estaríamos resolviendo uno de los problemas fundamentales que generó la miscelánea fiscal recaudatoria del presidente Enrique Peña, mientras que apoyaríamos de forma directa al sector productivo del país a través del fomento de inversión y generación de empleos.

Esta iniciativa también forma parte de un cúmulo de iniciativas que el Grupo Parlamentario del PAN presentará con el objetivo de mejorar el sistema fiscal, que aliente más la inversión, la productividad y el desarrollo económico y que no vaya en el sentido de la recesión como lo estamos viviendo actualmente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción X del artículo 25; deroga la fracción XXX del artículo 28; adiciona al Título VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Capítulo VIII y; deroga la fracción XXXIV del artículo noveno transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo Primero. Se reforma la fracción X del artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

I... a IX. ...

X.  Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta Ley.

Artículo Segundo.Se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 28.Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

I. a  XXIX. ...

XXX. Se deroga

XXXI. ...

...

Artículo Tercero. Se adiciona el capítulo VIII al Título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Título VII Capítulo VIII De la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo

Artículo 196. Los contribuyentes del Título II y del Capítulo II del Título IV de esta ley, podrán optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 31 y 37 de la ley, deduciendo en el ejercicio en el que se efectúe la inversión de los bienes nuevos de activo fijo, en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en este artículo. La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se autoriza en este artículo, será deducible únicamente en los términos del artículo 197 de esta ley.

Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere este artículo, son los que a continuación se señalan:

I. Los por cientos por tipo de bien serán:

a) Tratándose de construcciones:

1. 74 por ciento para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes.

2. 57 por ciento en los demás casos.

b) Tratándose de ferrocarriles:

1. 43 por ciento para bombas de suministro de combustible a trenes.

2. 57 por ciento para vías férreas.

3. 62 por ciento para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones.

4. 66 por ciento para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de durmientes.

5. 74 por ciento para el equipo de comunicación, señalización y telemando.

c) 62 por ciento para embarcaciones.

d) 87 por ciento para aviones dedicados a la aerofumigación agrícola.

e) 88 por ciento para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo.

f) 89 por ciento para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.

g) Tratándose de comunicaciones telefónicas:

1. 57 por ciento para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica.

2. 69 por ciento para sistemas de radio, incluye equipo de transmisión y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión de microonda digital o analógica, torres de microondas y guías de onda.

3. 74 por ciento para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta interna que no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que llegan a la central telefónica, incluye multiplexores, equipos concentradores y ruteadores.

4. 87 por ciento para equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de tecnología distinta a la electromecánica.

5. 74 por ciento para los demás.

h) Tratándose de comunicaciones satelitales:

1. 69 por ciento para el segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del satélite, los transpondedores, las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas, y el equipo de monitoreo en el satélite.

2. 74 por ciento para el equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas y el equipo para el monitoreo del satélite.

II. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en la fracción anterior, se aplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes:

a) 57 por ciento en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en la molienda de granos; en la producción de azúcar y sus derivados; en la fabricación de aceites comestibles; y en el transporte marítimo, fluvial y lacustre.

b) 62 por ciento en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural.

c) 66 por ciento en la fabricación de pulpa, papel y productos similares; en la extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural.

d) 69 por ciento en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la construcción de ferrocarriles y navíos; en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados.

e) 71 por ciento en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación de productos de caucho y de plástico; en la impresión y publicación gráfica.

f) 74 por ciento en el transporte eléctrico.

g) 75 por ciento en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de prendas para el vestido.

h) 77 por ciento en la industria minera; en la construcción de aeronaves. Lo dispuesto en este inciso no será aplicable a la maquinaria y equipo señalado en el inciso b) de esta fracción.

i) 81 por ciento en la transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por las estaciones de radio y televisión.

j) 84 por ciento en restaurantes.

k) 87 por ciento en la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En caso de contribuyentes que tributen conforme al Título II, capítulo VIII podrán deducir el 100 por ciento de la adquisición de terrenos siempre y cuando sean utilizados exclusivamente para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

l) 89 por ciento para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país.

m) 92 por ciento en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación.

n) 74 por ciento en otras actividades no especificadas en esta fracción.

o) 87 por ciento en la actividad del autotransporte Público Federal de carga o de pasajeros.

En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las señaladas en la fracción II de este artículo, se aplicará el por ciento que le corresponda a la actividad en la que hubiera obtenido más ingresos en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se realice la inversión.

La opción a que se refiere este artículo, no podrá ejercerse cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles, o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola.

Para los efectos de este artículo, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez en México, excepto terrenos.

La opción a que se refiere este artículo, sólo podrá ejercerse tratándose de inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en estas áreas se trate de empresas que no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos, excepto en actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas; que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes y que en este último caso además obtengan de la unidad competente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, constancia que reúne dicho requisito, la opción prevista en este párrafo no podrá ejercerse respecto de autobuses, camiones de carga, tractocamiones y remolques.

Artículo 197. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en el artículo anterior, por los bienes a los que la aplicaron, estarán a lo siguiente:

I. El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde que se efectuó la inversión y hasta el cierre del ejercicio de que se trate.

El producto que resulte conforme al párrafo anterior, se considerará como el monto original de la inversión al cual se aplica el por ciento a que se refiere el artículo 196 de esta Ley por cada tipo de bien.

II. Considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes, el total de los ingresos percibidos por la misma.

III. Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá efectuar una deducción por la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión ajustado con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que se haya efectuado la deducción señalada en el artículo 196 de esta Ley, los por cientos que resulten conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción del artículo 196 de la Ley citada y el por ciento de deducción inmediata aplicado al bien de que se trate, conforme a la siguiente:

Para los efectos de las fracciones I y III de este artículo, cuando sea impar el número de meses del periodo a que se refieren dichas fracciones, se considerará como último mes de la primera mitad el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo.

Artículo 198. Para los efectos del artículo 196 de esta Ley, se consideran áreas metropolitanas las siguientes:

I. La correspondiente al Distrito Federal que comprende todo el territorio del Distrito Federal y los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Juchitepec, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Tenango del Aire, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Valle de Chalco-Solidaridad y Xalatlaco, en el estado de México.

II. La correspondiente al área de Guadalajara que comprende todo el territorio de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, en el estado de Jalisco.

III. La correspondiente al área de Monterrey que comprende todo el territorio de los municipios de Monterrey, Cadereyta Jiménez, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa Catarina, General Escobedo, García y Juárez, en el estado de Nuevo León.

Cuando se modifique total o parcialmente la conformación territorial de alguno de los municipios a que se refiere este artículo y como resultado de ello dicho municipio pase a formar parte de otro o surja uno nuevo, se considerará que el municipio del que pase a formar parte o el que surja con motivo de dicha modificación territorial, se encuentra dentro de las áreas metropolitanas a que se refiere este artículo.

Artículo Cuarto.Se deroga la fracción XXXIV del artículo Noveno Transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo Noveno.En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el artículo séptimo de este decreto, se estará a lo siguiente:

I. a XXXIII. ...

XXXIV. Se deroga.

XXXV. a XLIII. ...

Transitorio

Único.Los efectos fiscales de la presente iniciativa entrarán en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio fiscal de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.— Diputados: José Isabel Trejo Reyes, Juan Bueno Torio (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Isabel Trejo Reyes y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformar el artículo 15 fracción V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los grandes errores de la administración del presidente Peña Nieto ha sido plantear una miscelánea fiscal recaudatoria con efectos negativos en casi todos los sectores económicos del país.

Se afectó a las personas físicas y morales con el aumento de los impuestos y en su caso, la reducción de deducciones; se afectó al sector de las maquiladoras con la eliminación de la tasa 0 por ciento del IVA al Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), al sector minero, al campo, al sector de autotransportes o de coordinados como se denomina en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y también al transporte terrestre de pasajeros.

Este último sector ha sufrido de forma directa los efectos negativos de la mal llamada reforma fiscal, pues la propia Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) señala que existe un menor dinamismo económico del sector a partir de la aplicación de la reforma fiscal.

El autotransporte resulta sumamente importante para nuestro país. De hecho se puede decir que es una actividad estratégica para el fomento del desarrollo económico y social de México. En otras palabras, el desarrollo de sector de autotransporte está directamente relacionado con el desarrollo de nuestra economía.

El tema de la menor actividad del sector no es menor si consideramos algunos datos relevantes. De acuerdo con las estadísticas básicas de autotransporte federal elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en 2013 el autotransporte federal contribuyó con el 6.0 por ciento del PIB de México y generó 2 millones de empleos directos, lo que lo ubica en el quinto lugar dentro de las 73 ramas económicas del país.

De esta cantidad de empleos, el transporte de carga genera el 53 por ciento, mientras que el 47 por ciento, es decir, 940 mil empleos, son generados por el transporte de pasajeros.

A través del autotransporte federal se mueve el 81 por ciento de todas las toneladas-kilómetros de carga en el interior del país (el 56 por ciento de carga nacional), además de movilizar el 97 por ciento del total nacional de los pasajeros.

Actualmente, el transporte terrestre de pasajeros mueve anualmente un total de 2.8 billones de personas, existen 48 mil 981 vehículos de pasajeros, operan actualmente 2 mil 796 empresas, de las cuales el 86 por ciento corresponden a autobuses.

Del total de demanda atendida, más del 70 por ciento se transportan en la categoría de “pasaje económico” mientras que sólo el 16 por ciento se transporta en la categoría “pasajes de lujo”.

Con la miscelánea fiscal, el sector de autotransporte de pasajeros se vio afectado como consecuencia de que el Congreso eliminó la exención del IVA al transporte público terrestre. Es decir, se dejó exclusivamente la exención al transporte público terrestre que se presta en áreas urbanas, suburbanas o zonas metropolitanas, en todas sus modalidades incluyendo al servicio ferroviario, excluyendo al primero.

La principal justificación del Ejecutivo federal fue que la propuesta obedecía a que éste rubro, a diferencia del foráneo, es utilizado para trasladarse a los centros de trabajo y escuelas y tiene un efecto positivo en la población.

Esta situación limita el desarrollo del sector de transporte de pasajeros, y sitúa a nuestro país en condiciones desfavorables para competir con el sector transporte de otros países en sectores como el turismo.

De tal manera que con la eliminación de dicha la exención, el transporte público terrestre de personas se ha visto afectado principalmente en el transporte foráneo de pasajeros de larga distancia.

A principios del presente año el precio del transporte se incrementó y afectó sin lugar a dudas, el ingreso real y los bolsillos de muchos ciudadanos que utilizan el servicio para transportarse a sus trabajos o lugares de estudios de una ciudad a otra.

Aunque la ley establece el cobro del IVA en los boletos, algunos grupos de autotransporte decidieron absorber el gravamen, para no afectar a sus clientes y flujo de pasajeros.

No obstante, se estima que en promedio la tarifa de boletos se incrementó entre un 10 y 12 por ciento pues a pesar de que los autotransportistas pueden deducir el IVA que a su vez pagan por la compra de autopartes, combustible y mantenimiento.

Resulta imposible que los empresarios absorban todo el impacto fiscal generado por la miscelánea, y aunque el incremento en la tarifa no ha sido en proporción al impuesto, el alza ha inhibido el volumen de viajes.

Durante los últimos años la industria del autotransporte de pasajeros en México ha pasado por condiciones complicadas al reportar una tendencia a la baja en el volumen de usuarios atendidos, así como en el número de rutas y frecuencias a causa de la inseguridad en carreteras y la competencia que significaron las aerolíneas de bajo costo. Hoy un elemento más en su contra, es la miscelánea fiscal.

De acuerdo con un análisis elaborado por la empresa KPMG denominado Tendencias y Retos en la Industria 2003-2012, los autobuses foráneos han perdido alrededor de 113 millones de pasajeros.

Esta afirmación se fortalece si tomamos en cuenta la baja que sufrió el registro de unidades de autobuses dedicado al transporte de pasajeros registrado en la SCT.

De acuerdo con datos de la SCT mientras que en 2013 el parque vehicular de camiones se incrementó en 1 mil 433 unidades con respecto a 2012, para 2014 el número de unidades apenas se incrementó en 1 mil 100, quizá como resultado de que la demanda de pasajeros fue menor y por supuesto la utilización de unidades para poder hacer frente a dicha demanda.

Es importante señalar que en el tema turístico, el mercado nacional realiza 170 millones de viajes, de los cuales, el 10 por ciento se realiza por vía aérea y el 80 por ciento vía terrestre.

De éstos, el 50 por ciento se efectúa en autobuses de pasajeros y el otro 50 por ciento en vehículos particulares según la citada empresa, por lo que el impacto de la reforma en el sector turístico, es directo.

Por esta razón la eliminación de la exención al transporte terrestre foráneo ha impactado de forma directa en la clase media y baja, afectando no sólo al turismo en el caso de los destinos turísticos, sino también al tránsito de usuarios que deben desplazarse de una ciudad otra, de un municipio a otro por razones personales, de trabajo, de atención médica, etcétera.

El tema no es menor si consideramos que a pesar de la relevancia del transporte de carga por su importancia, el transporte de pasajeros no se ha desarrollado como en otros países, pues de acuerdo con informes del Banco Mundial “el sector de autotransporte en general está fragmentado y dominado por los hombres-camión, los cuales carecen de sistemas modernos, administraciones profesionales y apoyo financiero” para su renovación, mejor servicio y la oferta de mejores precios.

Lo grave del tema es que el 72.46 por ciento del transporte de pasajeros caen en la categoría “hombre-camión” y dado que el grueso de las empresas se ubica en dicha categoría existe la posibilidad de que la mayor carga fiscal derivada de la miscelánea fiscal recaudatoria, recaiga en éstas y condene al sector  en el mediano plazo, al atraso, la baja competitividad y el alza frecuente en sus precios, pero así también a la disminución de sus utilidades dada la menor demanda en la frecuencia de viajes de los pasajeros, quienes por motivos de incremento en los precios, decidirán no viajar o en su caso, decidir por mejores opciones de transporte.

Esta “situación fiscal” es inadmisible si pensamos en que el sector de transporte de pasajeros está directa e indirectamente vinculado con prácticamente con muchas actividades económicas de México.

Al plantear la reforma fiscal, el gobierno federal no consideró las diversas aristas del tema. Hoy, la baja dinámica del sector en su totalidad, es reflejo del incremento en la carga fiscal en el grueso de los integrantes de la actividad de autotransporte llámese de pasajeros o de carga.

Por si fuera poco, de acuerdo con el Banco Mundial además de una mayor carga fiscal, en nuestro país hay una falta de créditos a las necesidades de los transportistas mismos que hoy en día representan un total de 2 mil 509 personas físicas y 46 mil 472 personas morales.

Por esta razón, el objeto de la propuesta fiscal es recuperar la exención al servicio de transporte público foráneo de pasajeros manteniendo también la exención al trasporte público terrestre de personas, prestado en áreas urbanas, suburbanas o zonas metropolitanas, permanece exento en todas sus modalidades. El servicio ferroviario quedaría excluido.

En suma, ante la mayor carga fiscal, es imposible hacer competitivo al sector. La industria del transporte específicamente la del transporte terrestre de pasajeros es de las primeras en resentir las desaceleraciones económicas a medida que la demanda de bienes y su traslado disminuyen, y por supuesto, una de las primeras en resentir las cargas fiscales a la que es sujeta.

Aunado a lo anterior, en nuestro país existe un aumento constante de los precios de insumos básicos para vehículos, tales como el diésel, gasolina y refacciones, así como las tarifas en casetas, lo que genera la necesidad de incrementar las tarifas en rutas para el caso de camiones de transporte de pasajeros, lo que produciendo una menor demanda de dicho servicio y menores utilidades para el sector.

Ante las condiciones que vive el sector en general, el gobierno federal reconociendo el error que cometió al plantear una reforma que afecta a una industria tan importante como el de autotransporte, el 26 de diciembre público el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa que incluye como un beneficiario, al sector de autotransporte de carga, pero no considera el autotransporte de pasajeros.

Por ello, atendiendo no solo a la importancia de apoyar no sólo al autotransporte de carga sino al ciudadano mexicano mismo y apoyar sus bolsillos para que puedan desempeñar sus actividades diarias, nuestro grupo parlamentario propone la siguiente iniciativa con el objetivo de que se establezca de nueva cuenta en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que el transporte público foráneo terrestre y  el transporte terrestre exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas estarán exentos del pago de dicho impuesto.

Con ello, apoyamos en forma decidida y directa al ciudadano que se ha visto afectado por el incremento en los precios y que de forma cotidiana utiliza este medio como transporte. Al mismo tiempo, apoyamos a la industria del sector al incrementar sus utilidades y con mucha posibilidad, la renovación de su cuadrilla de autobuses para brindar un mejor servicio.

Queremos ser reiterativos en que esta iniciativa, al igual que otras más, forma parte de un cúmulo de iniciativas que el GPPAN presenta al pleno de la honorable Cámara de Diputados con el objetivo de mejorar el sistema fiscal, que aliente más la inversión, la productividad y el desarrollo económico y que no vaya en el sentido de la recesión como lo estamos viviendo actualmente.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 15 fracción V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 15 fracción V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios:

I. a IV. ...

V. El transporte público terrestre foráneo de personas y el que se preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas.

Transitorio

Único. Los efectos fiscales de la presente iniciativa entrarán en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio fiscal 2015.

Nota:

1 Para mayor información de los datos aquí señalados, consultar  el siguiente link: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/EST_BASICA_20 13/Estadistica_Basica_del_Autotransporte_Federal_2013.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.— Diputado José Isabel Trejo Reyes (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Isabel Trejo Reyes y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscribes, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los argumentos principales utilizados por el gobierno federal para plantear la miscelánea fiscal, se basó en la generación de una mayor recaudación con aplicación a temas sociales, con el objetivo fundamental de trasladar al país a mejores condiciones de vida.

Entre las propuestas de la mal llamada reforma fiscal, se encuentra la reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con el fin de aumentar la tasa impositiva del 11 al 16 por ciento en regiones fronterizas.

Por lo tanto, a partir de 2014 se incrementó en 5 por ciento la tasa del IVA aplicable en la franja fronteriza “cuando los actos y actividades se realicen por residentes en la región fronteriza y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la región.”

Cuando la Cámara de Diputados debatió los efectos negativos sobre el incremento del IVA en la frontera, nuestro grupo parlamentario fue contundente al señalar que este cambio en la ley afectaría, por obvias razones, al consumo de productos en la región, produciendo un efecto recesivo en la economía de aquella región.

En pocas palabras, advertimos durante la discusión del paquete económico 2014 que con el incremento en la tasa del IVA en la frontera condenaríamos a la quiebra a miles de pequeñas empresas y se afectaría la economía de las familias de las entidades federativas que conforman dicha región, en lugar de aumentar la base de contribuyentes como planteó el gobierno federal.

El tiempo le ha dado la razón al Partido Acción Nacional, pues es evidente el impacto económico negativo en la región fronteriza. Así lo confirman los datos e indicadores mostrados por instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Colegio de la Frontera Norte (Colef) mismos que indican claramente los efectos negativos de la reforma.

Durante el primer cuatrimestre de este año, en diversas ciudades fronterizas como Mexicali, Tijuana, La Paz y Ciudad Juárez, se disparó la inflación de manera significativa, marcando variaciones superiores a la media nacional se ubicó en 1.38 por ciento, según los indicadores de Banxico. Así, Mexicali alcanzó una inflación de 5.41 por ciento, Tijuana 4.56 por ciento, La Paz 4.81 por ciento y Ciudad de Juárez 4.21 por ciento.

En su momento, centros educativos como el Colef señalaron que “el efecto recesivo se daría por el aumento en precios ya que, con menor capacidad adquisitiva, se originaría una menor actividad económica”. El gobierno federal desestimó, en su momento, las afirmaciones que hoy con datos duros, se confirman.

Hoy, a causa del incremento en la tasa del IVA en la zona fronteriza, tenemos un efecto inflacionario, recesivo y de baja competitividad resultado de las fugas de consumidores y las transferencias de ingresos hacia mercados externos.

De acuerdo con datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), más de 7.5 millones de ciudadanos que radican en la frontera norte de nuestro país, sufrieron un aumento de 45 por ciento en la carga fiscal como consumidores, es decir, 6.6 por ciento de la población del país se ve afectada por una mala decisión del gobierno federal a falta de una visión integral de nuestro sistema fiscal.

Otros indicadores que han resaltado los efectos recesivos en las entidades fronterizas se relacionan con el gasto mínimo mensual para un hogar, la caída del comercio regional, el cierre de empresas, entre otros.

La misma Coparmex señala que el incremento del IVA en la región fronteriza de 11 a 16 por ciento mermó el poder adquisitivo de los habitantes pues según datos presentados por el Inegi, se observa que el gasto mínimo requerido mensual de un hogar promedio durante el mes de abril de 2014 en municipios como Tijuana fue de 5 mil 141 pesos, superior a los 4 mil 749.6 pesos que se gastaban en 2013. Es decir, el gasto en los hogares creció 8.2 por ciento anual, superior al 3.8 por ciento mostrado a nivel nacional.

De tal manera que se puede afirmar que incremento del IVA generó efectos negativos sobre la actividad económica de la región fronteriza ya que la reforma cambió los patrones de demanda de la población de la región por el incremento de los precios y los cambios en sus ingresos.

La reforma propuesta al artículo 2o. de la Ley del IVA toma dimensiones mucho más críticas si consideramos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha tardado en realizar las devoluciones del impuesto a los contribuyentes (personas físicas o morales) que corresponden al ejercicio de 2013.

Así lo testifica la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) al señalar que “el SAT ha aplicado procedimientos y criterios para retrasar injustificadamente la obtención de las devoluciones de IVA por parte de los contribuyentes, configurando malas prácticas administrativas”.

Las malas prácticas administrativas de la autoridad tiene que ver con problemas como: 1) Información deficiente en el portal de Internet del SAT; 2) Requerimientos extemporáneos o innecesarios y excesivos; 3) Inicio injustificado de auditorías fiscales, entre otros aspectos que de acuerdo con la Prodecon, afectan la estabilidad y el desarrollo de los contribuyentes.

Finalmente, previendo los problemas que generaría el incremento en la tasa del IVA, los grupos parlamentarios que estuvimos en contra de la reforma gestionamos y aprobamos el Fondo para la Frontera con un presupuesto de 3 mil millones de pesos para que las entidades federativas pudieran hacer frente a los efectos negativos de la misma.

A la fecha, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta en su página de Transparencia Presupuestaria del gasto, que no ha entregado los recursos etiquetados a las entidades federativas que conforman la frontera norte y sur de nuestro país, lo que denota el compromiso que el actual gobierno tiene para con las demandas legítimas de la sociedad mexicana.

En suma, la homologación de la tasa del IVA con la del resto del país ha provocado que las empresas sean menos competitivas y que el impacto sea aún más severo en las finanzas personales de los residentes de esa zona.

No podemos olvidar que la aplicación de la tasa del 11 por ciento del IVA en la zona fronteriza forma parte de un esquema fiscal integral del impuesto con la exención, y la tasa 0 por ciento pues en conjunto brindan beneficios a la actividad económica y de los contribuyentes de la frontera. El gobierno federal no tomó en consideración dicho esquema.

Atendiendo a los problemas antes señalados, la presente reforma busca adicionar el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado con el objetivo de regresar a la de tasa de 11 por ciento aplicable en la región fronteriza del país recuperando el texto íntegro de la ley vigente hasta diciembre de 2013.

La presente iniciativa forma parte de un conjunto de iniciativas elaboradas por los diputados integrantes de Acción Nacional, encaminadas a solucionar los problemas que ha generado la miscelánea fiscal recaudatoria propuesta por el Ejecutivo federal.

Con esta propuesta se busca resolver uno de los problemas fundamentales que generó la misma y por supuesto, apoyar de forma directa a los contribuyentes y ciudadanos de aquella región tan afectada durante los últimos meses del presente año.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 2o. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 11 por ciento a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa de 11 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley la tasa de 16 por ciento.

Para efectos de esta ley se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Transitorio

Único. Los efectos fiscales de la presente iniciativa entrarán en vigor a partir del primero de enero del ejercicio fiscal de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.— Diputado José Isabel Trejo Reyes (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Isabel Trejo Reyes y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 7 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Miscelánea Fiscal para 2010, mediante la cual, además de otras medidas, se establecía una tasa del 30 por ciento del impuesto sobre la renta para las personas morales, la cual se aplicaría durante 2010, 2011 y 2012, para que en 2013 la tasa descendiera un punto porcentual, es decir, de 29 por ciento, como se desprende del artículo segundo de dicho decreto.

Dicha reforma de carácter temporal tenía por objeto atender la crisis económica derivada por la epidemia del virus AH1N1, así como la desaceleración económica de Estados Unidos, factores que terminaron afectando seriamente a las finanzas del país.

De tal suerte, el dictamen de origen de la Cámara de Diputados, mencionaba lo siguiente:

Esta comisión dictaminadora coincide con el Ejecutivo federal en que la actual situación económica exige adoptar medidas temporales que permitan contar con mayores recursos para hacer frente a las necesidades de gasto público y que contribuyan a mantener la estabilidad macroeconómica.

Así, esta dictaminadora es consciente de que una mejor posición de las finanzas públicas permitirá al gobierno federal contar con ingresos suficientes para hacer frente a compromisos de gasto social y de infraestructura y evitar en lo posible el incremento en la deuda pública, así como el elevado costo financiero que implica esta alternativa.

...

Asimismo, se considera adecuado el incremento de la tasa del ISR empresarial a 30 por ciento durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 y la aplicación de la tasa del 29 por ciento en el ejercicio fiscal de 2013, para regresar al 28 por ciento a partir del ejercicio fiscal de 2014.

Es oportuno mencionar que la redacción del artículo 10 de la citada ley seguía estableciendo la tasa empresarial del 28 por ciento, en el entendido de que una vez superados los factores macroecónomicos que derivaron en la desactivación económica de aquel año, se retomaría la tasa antes prevista.

Posteriormente, con la expedición de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el órgano de difusión oficial de la federación el 11 de diciembre de 2013, se estableció la tasa corporativa al 30 por ciento, sin atender los compromisos asumidos por el legislador en aquella reforma, es decir, no contempló disposición transitoria alguna que contemple alguna disposición en ejercicios posteriores.

No obstante, dicha legislación no ha reflejado efectos positivos en la economía del país, las previsiones de crecimiento para este año se encuentran muy por debajo de los parámetros trazados al inicio de la actual administración.

Ante las modificaciones fiscales que entraron en vigor a principios de este año, se observó una reducción en los ingresos y con ello una baja en el consumo interno, situaciones que dejan manifiesta la ineficacia de la tasa del 30 por ciento, aún ante la eliminación del impuesto empresarial a tasa única o el impuesto a los depósitos en efectivo.

Por otra parte, ante la expedición de la reforma laboral, el conjunto de reformas fiscales que se expidieron desde el año anterior, y un panorama macroeconómico de próspero crecimiento, se considera que es momento de retomar la tasa empresarial del 28 por ciento, pues las condiciones que le dieron origen han sido superadas.

El problema de la baja recaudación fiscal no es un tema nuevo en México. Tal y como se ha reiterado en distintos foros, el país tiene la recaudación más baja, expresada como proporción del producto interno bruto, PIB, entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.

En cifras, esto quiere decir que México recauda aproximadamente el 18 por ciento de su PIB, mientras que el promedio de la OCDE es del 33 por ciento. Ello aclarando que si no se consideran las contribuciones a la seguridad social y los ingresos derivados del petróleo, la recaudación fiscal mexicana se reduce a aproximadamente 10 por ciento del PIB. Lo ideal es una recaudación de entre 16 y 18 por ciento del PIB, sin incluir los ingresos petroleros, pues permitiría al Estado mexicano cumplir sus obligaciones.

Sin embargo, en la práctica, los puntos de la reforma fiscal aprobada el año pasado tuvo objetivos muy diferentes al de combatir realmente el problema de recaudación. En efecto, la iniciativa que al efecto presentó el Ejecutivo Federal propuso incrementar los ingresos tributarios del gobierno federal, pero no a través de una ampliación de la base recaudatoria sino a través de un incremento en la carga impositiva de los contribuyentes cautivos.

En este sentido, la presente propuesta parte de reconocer la responsabilidad de la presente legislatura al dotar al Estado mexicano de mayores recursos mediante la aprobación de las reformas estructurales que el país requería desde hace mucho. Dichas reformas dotarán a la nación de los ingresos suficientes que le permitirán cumplir cabalmente sus compromisos en materia de gasto y deuda. Por ello, es necesario también reactivar la economía que a palabras de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, ha tenido un “crecimiento mediocre”.

Por ello, es oportuno levantar la mirada hacia el comportamiento del resto de las economías del mundo, que han enfatizado en la obtención de impuestos indirectos sobre el consumo, que tienen por objeto ampliar la base de contribuyentes, y en contrapartida, reducir los impuestos directos, sobre la renta o utilidades.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28 por ciento.

...

...

...

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2015.

Cuadro comparativo

Texto vigente

Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30 por ciento.

El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal.

Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta ley.

Texto propuesto

Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28 por ciento.

...

...

...

...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.— Diputado José Isabel Trejo Reyes (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado José Isabel Trejo Reyes y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso G) del artículo 2o., fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Las personas físicas o morales que están sujetas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) son las que enajenan los bienes definidos en la misma ley, como lo son las bebidas con contenido alcohólico y cerveza, tabacos labrados, diésel y refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes.

En octubre de 2013, en el paquete fiscal de 2014, el Ejecutivo federal planteó una miscelánea fiscal recaudatoria que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que reformó la Ley del IEPS.

Entre otras modificaciones, se acordó que las bebidas saborizadas y los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos se gravarán con 1 peso por litro, afectando gravemente a la industria refresquera del país.

Sin duda, más allá de las explicaciones que se dieron sobre la imposición del gravamen, todas relacionadas con el hecho de que con la reforma se disminuirían el consumo de refrescos y, en consecuencia, la obesidad en el país, la lógica primaria del impuesto fue generar mayor recaudación.

Fijar un impuesto a los refrescos y alimentos que contienen azúcar derivaron en que la propuesta de aplicar un IVA generalizado a alimentos y medicinas no transitó en la Cámara de Diputados, por lo que se tuvo que de forma irresponsable, el Ejecutivo buscó una forma alternativa de recaudación.

Para el Presupuesto del ejercicio fiscal de 2015 en la Ley de Ingresos se puede observar un incremento de la recaudación por este impuesto por un monto de 5 mil 816 millones de pesos, que respecto al ejercicio de 2014 representa un incremento de 42 por ciento en términos reales. El objetivo de recaudación se cumplió.

En cambio, los problemas de obesidad y sobrepeso en el país no han sido resueltos como se había prometido. Hoy, México ocupa el primer lugar en obesidad en el mundo, superando a países como los Estados Unidos que se había caracterizado por ocupar siempre los primeros lugares.

Este año fue la primera vez que México ocupó el primer lugar con un índice de 32.8 por ciento frente al de 31.8 en Estados Unidos. Se confirma por tanto que obesidad en nuestro país no depende exclusivamente de fijar un impuesto a un sector sumamente dinámico e importante para la economía del país, sino también, del acompañamiento con políticas públicas en materia de salud para poder asegurar un éxito en todos los aspectos.

Con la miscelánea fiscal se solucionó una mínima parte del problema de la recaudación; no obstante, el país sigue sumido en problemas de salud por la ineficiencia de las políticas públicas aplicadas por el Gobierno Federal para atacar de manera frontal la obesidad y sobrepeso, mientras que –por otro lado– tenemos una industria refresquera altamente afectada por el nuevo impuesto.

Organismos especializados como el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública estiman que para 2050, la carga económica de dicho problema será de 1.7 mil millones de dólares, situación que pondrá en predicamento al presupuesto del Estado mexicano.

En conclusión, los datos anteriores sólo indican que el gobierno federal mintió cuando afirmó que los recursos que ingresaran en sus arcas por concepto del impuesto se destinarían al combate de la obesidad. Nada más alejado de la realidad.

Pese a las diversas estrategias que a principios de 2014 implementó la industria para disminuir el impacto negativo de la reforma, la caída de las ventas fue imposible de contener.

De acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores, de enero a junio de 2014 “el volumen total de refrescos comercializados por las tres embotelladoras ascendió a mil 346 millones de cajas unidad, una disminución de 62 millones de cajas en comparación con las mil 408 millones comercializadas el mismo lapso de 2013”.

En cuanto a las estimaciones de ventas, éstas disminuyeron entre el 4 y 5 por ciento como resultado de un aumento en los precios y en menor medida por el deterioro del poder adquisitivo.

Tenemos un país que no crece de acuerdo con las expectativas fijadas por el gobierno federal, pues pasamos de estimaciones de crecimiento de 3.9 por ciento respecto al PIB a 2.7 para el presente año. Otros con menores expectativas estiman que apenas alcanzaremos 1 por ciento al final del ejercicio fiscal.

Aunado a lo anterior, no se generan empleos, el consumo del refresco no ha disminuido en los porcentajes proyectados, seguimos teniendo una población con problemas de obesidad y por si fuera poco, la miscelánea fiscal recaudatoria lo único que ha hecho es frenar la dinámica de la industria.

La falta de visión del gobierno federal y de un planteamiento serio que combata la obesidad, deriva en que hoy en día el IEPS a los refrescos sea un impuesto regresivo al impactar de forma directa en la población con menores ingresos que es la que más consume el producto como resultado de que éste forma parte de su dieta alimenticia.

Además de ocupar el primer lugar en los índices de obesidad, tenemos el segundo en consumo de refrescos del mundo, producto de lo asequible que resultaba un refresco, que si bien no debería ser uno de los productos principales de la despensa del mexicano, está contenido en ella.

Durante el análisis del paquete económico de 2014, nuestro grupo parlamentario advirtió que el impuesto de 1 por litro de refresco no contribuiría a disminuir la obesidad en el país. Hoy, el tiempo nos da la razón.

Más allá del debate que se tiene hoy de los efectos negativos del refresco en la salud de nuestra sociedad, nuestro grupo parlamentario considera importante que se resuelva en primer lugar, el problema de la obesidad a través de políticas públicas y no de mecanismos fiscales.

Por otro lado, ante las expectativas de crecimiento de nuestra economía, consideramos indispensable que estos mecanismos fiscales sirvan de apoyo al gobierno federal para dinamizar la economía a través del impulso a sectores importante para la actividad económica.

Por tanto, la propuesta de reforma que planteamos con la iniciativa, es derogar el inciso G) del artículo 2o., fracción I, de la Ley del IEPS con objeto de eliminar el impuesto de 1 por litro a las bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos.

De esa manera estaríamos dando certeza jurídica a la industria refresquera, se impulsaría el empleo y se promovería la inversión en el sector antes mencionado.

Como hemos señalado en otras iniciativas de nuestro grupo parlamentario en materia fiscal, con la presente iniciativa estaríamos resolviendo uno de los tantos problemas que generó la miscelánea fiscal recaudatoria del presidente Enrique Peña, mientras que apoyaríamos de forma directa al sector productivo del país.

El presente proyecto forma parte de un cúmulo de iniciativas que el GPPAN presentará con el objetivo de mejorar el sistema fiscal, que aliente más la inversión, la productividad y el desarrollo económico y saque del letargo económico a nuestro país.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 2o., fracción I, inciso G), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Único. Se adiciona el artículo 2o., fracción I, inciso G), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I.En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) a F) ...

G) Se deroga

H) a J) ......

Transitorio

Único.Los efectos fiscales de la presente iniciativa entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.—Diputado José Isabel Trejo Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. La iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de a Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio. Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Víctor Manuel Bautista López:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece al autofinanciamiento como una modalidad de financiamiento para la adquisición de bienes sin recurrir a los financiamientos tradicionales. Lo que pretende afianzar a la participación de sector social de la economía a través de grupos organizados de consumidores que al aportar periódicamente sus recursos permitan fondear la adquisición de bienes, evitando los altos intereses.

Complementa la regulación en la materia el reglamento de sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que facultan el artículo 2 a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría General del Consumidor, en el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación, vigilancia e interpretación del presente reglamento, lo que se limita de manera especial a los procedimientos de creación y funcionamiento de dichos sistemas.

La débil regulación que prevalece sobre el funcionamiento de estos sistemas y la falta de garantías institucionales que protejan adecuadamente el interés de los usuarios de los sistemas ha propiciado el desequilibrio en la relación comercial y la propia desnaturalización de la perspectiva social que debería regir en esta modalidad de financiamiento, llegando a extremos en los que las tasas de interés se sitúan por encima de las existentes en el mercado de créditos, propiciando así en algunos casos la aplicación de prácticas deshonestas, abusos y acciones que tienden a afectar el patrimonio de las personas.

Aún con el limitado marco de regulación que existe, durante 2012 la Profeco recibió 2 mil 911 quejas presentadas contra 20 de estos sistemas, la que mayor incidencia fue Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, con mil 442 denuncias.

Entre las causas de mayor incidencia se encuentran la negativa de recisión de contrato, la negativa a la entrega de producto o servicio, además de producto o servicio no solicitado o autorizado; daños durante el proceso de entrega; negativa a corregir errores de cobro y la negativa a la devolución del depósito.

Además de las causadas señaladas por la Profeco existen otros aspectos contenciosos que propician que las diferencias entre los sistemas y los usuarios terminen en los tribunales, entre éstos encontramos situaciones de fraude por el uso de convenios de adhesión distintos a los oficialmente registrados en la Procuraduría Federal del Consumidor; el incremento injustificado del costo de los bienes a adquirir como resultado de la aplicación de tasas de actualización distintas a las notificadas a la autoridad, así como la aplicación de tasas de interés que cuadriplican incluso las más altas tasas de las tarjetas de crédito comerciales y que propician dicha conducta, constituyen acciones claras judicialmente sancionadas, como usura, tal y como al respecto se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación, en su sentencia del 9 de mayo de 2012.

Así pues, advertimos que las condiciones que actualmente privan en la relación entre el sistema y los usuarios resultan desventajosas para los segundos, afectando el equilibrio de voluntades que deben prevalecer en este tipo de contratos, vulnerando visiblemente los derechos a los usuarios y su patrimonio, aspectos que constituyen derechos plenamente reconocidos por el Estado mexicano en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 21, numerales 1, 2 y 3.

Siendo deber de las autoridades adoptar disposiciones de derecho interno para asegurar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en dichos tratados, según el artículo 2o. de la Convención y que además se correlaciona con las disposiciones del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo correspondiente a la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, es que resulta indispensable que la representación popular promueva acciones para fortalecer la protección de los usuarios.

En nuestro país se han documentado ya que como resultado de los plazos, cargos, accesorios y penalizaciones se integran cobros con un sobreprecio inicial de hasta 76 por ciento.

Por tal motivo y luego de considerar la necesidad de aportar una regulación que contribuya a otorgar mayor certeza jurídica a las partes en este tipo de operaciones estableciendo garantías adecuadas para evitar la comisión de prácticas abusivas que afecten el patrimonio de las familias, considero necesario presentar a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que plantea reformas y adiciones a las leyes de protección y defensa al usuario de servicios financieros, de protección al consumidor y del Código de Comercio, para que si así lo estiman se apruebe en sus términos. Muchas gracias, presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y Federal de Protección al Consumidor, así como del Código de Comercio, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72, 73 fracciones XIV y XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 numeral 1 fracción VIII, 6 numeral 1 fracción I, 77, 78 del reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el suscrito, diputado Víctor Manuel Bautista López integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de Protección al Consumidor, y del Código de Comercio, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A partir de la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, a través de las disposiciones que reformaron su artículo 63, estableciendo la modalidad de autofinanciamiento como mecanismo para la adquisición de bienes determinados o determinables a través de sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero. Dicho concepto se acompañó además de la adición de seis párrafos y seis fracciones al citado artículo, así como la adición de los artículos del 63 Bis al Quintus con la finalidad de establecer un marco regulatorio adecuado que contribuyera a otorgar mayor certeza a este tipo de operaciones.

Con estas disposiciones se dio paso a una modalidad de financiamiento para la adquisición de bienes que, sin recurrir a los financiamientos tradicionales, pretendía afianzar la participación del sector social de la economía a través de grupos organizados de consumidores que, al aportar periódicamente sus recursos permitían fondear la adquisición de bienes evitando, insisto, el acudir al sistema financiero tradicional y tratando así, de evitar los altos intereses que la banca comercial representa. Sin embargo y a final de cuentas, esta modalidad representa una alternativa de financiamiento para el acceso a bienes.

Complementa la regulación en la materia lo contenido en el Reglamento de Sistemas de Comercialización Consistentes en la Integración de Grupos de Consumidores que faculta, en su artículo 2, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), “en el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación, vigilancia e interpretación del presente Reglamento”, lo que sin embargo se limita de manera especial a los procedimientos de creación y funcionamiento de dichos sistemas, sin precisar con mayor claridad, atribuciones de supervisión efectiva de sus actos o la aplicación de sanciones por el incumplimiento de la regulación, mucho menos mecanismos efectivos de protección para los usuarios.

De acuerdo con información pública de la Procuraduría Federal del Consumidor, son 21 empresas las que cuentan con registro ante dicha dependencia y con autorización emitida por la Secretaría de Economía, estas son Autofinanciamiento México, SA de CV, Autofinanciamiento Automotriz, SA de CV, Bienes Programados, SA de CV, Express Autofinanciamiento, SA de CV, Conauto, SA de CV, Auto Amecah, SA de CV, Auto Gran Crédito Famsa, SA de CV, Grupo Abimisa, SA de CV, Sistema Único de Autofinanciamiento, SA de CV, Autofinanciamiento Ral, SA de CV, Sistema Crédito Automotriz, SA de CV, Autoclub Autofinanciamiento, SA de CV, Yamaha Motor Consorcio México, SA de CV, Autofinanciamiento Total, SA de CV, Plan de Ahorro Automotriz, SA de CV, Autofinanciamiento Inbursa, SA de CV, Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, SA de CV, Programas Comerciales, SA de CV, Grupo Firme Plus, SA de CV, Autofinanciamiento Integral, SA de CV y Planea Tu Bien, SA de CV.

La débil regulación que prevalece sobre el funcionamiento de estos sistemas y la falta de garantías institucionales que protejan adecuadamente el interés de los usuarios de los sistemas ha propiciado el desequilibrio en la relación comercial y la propia desnaturalización en la perspectiva social que debería regir en esta modalidad de financiamiento, llegando a extremos en los que las tasas de interés, por ejemplo, se sitúan muy por encima de las existentes en el mercado de crédito tradicional.

Propiciando en algunos casos la aplicación de prácticas deshonestas, abusos y acciones que tienden a afectar el patrimonio de las personas que recurren a estas modalidades de inversión y que terminan involucrados en costosos procedimientos judiciales que encarecen las operaciones.

Aun con el limitado marco de regulación que existe, durante 2012, la Profeco recibió 2 mil 911 quejas presentadas contra 20 de estos sistemas, la que mayor incidencia tuvo al respecto fue Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, SA de CV, con mil 442 denuncias. Entre las causas de mayor incidencia se encuentran la negativa a la rescisión del contrato, la negativa a la entrega del producto o servicio, producto o servicio no solicitado o autorizado, daños durante el proceso de entrega, negativa a corregir errores de cobro y la negativa a la devolución de depósito.

Realizar una búsqueda en Internet bajo los parámetros “quejas”, “denuncias” o “fraudes” de autofinanciamiento nos permite acercarnos a los problemas que enfrentan las personas que, sin la información adecuada y sin medios de tutela efectivos, se ven involucrados en conflictos con este tipo de entidades que han calculado ya los márgenes para afectar el patrimonio de las personas.

Y, al margen de las causales señaladas por la Profeco, existen otros aspectos contenciosos que propician que las diferencias entre los sistemas y los usuarios terminen en los tribunales, entre estos otros aspectos encontramos situaciones de fraude por el uso de convenios de adhesión distintos a los oficialmente registrados en la Procuraduría Federal del Consumidor, el incremento injustificado del costo de los bienes a adquirir como resultado de la aplicación de tasas de actualización distintas a las notificadas a la autoridad así como la aplicación de tasas de interés que cuadruplican incluso las más altas tasas de las tarjetas de crédito comerciales y que propician que dicha conducta constituya acciones claras y judicialmente sancionadas como usura, tal y como al respecto se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación en su sentencia del nueve de mayo de dos mil doce ante la demanda de amparo promovida por Jorge Marcelo Maldonado Moguel.

Como consecuencia de ello se advierte que las condiciones que actualmente privan en la relación entre el sistema y los usuarios resultan desventajosas para los segundos, afectando el equilibrio de voluntades que debe prevalecer en este tipo de contratos, afectando visiblemente los derechos de los usuarios que vulneran su patrimonio, aspectos que constituyen derechos plenamente reconocido por el Estado Mexicano en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 21 numerales del 1 al 3.

Siendo deber de las autoridades el adoptar disposiciones de derecho interno para asegurar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en dicho tratado, según el artículo segundo de la Convención, el que además se correlaciona con las disposiciones del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo correspondiente a la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, es que resulta indispensable que la representación popular promueva acciones para fortalecer la protección de los usuarios y para contar con información veraz y objetiva que permita adoptar disposiciones de carácter legislativo que contribuyan a integrar a plenitud la legislación nacional en armonía con la norma convencional.

En este sentido, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprobó el 29 de enero del presente año, durante primer receso del segundo año, punto de acuerdo mediante el cual solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor para que remita un informe pormenorizado de la situación de las quejas presentadas por los usuarios en contra de los sistemas de comercialización contemplados en el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, destacando si en el desahogo de sus investigaciones ha detectado irregularidades graves como el uso de contratos de adhesión distintos a los registrados ante dicha dependencia y, de ser el caso, informe si ha hecho del conocimiento del Ministerio Público dichas acciones.

Vale la pena señalar que este tipo de modalidades existen no sólo en nuestro país, en derecho comparado internacional, vale la pena enunciar la experiencia de Brasil, en la que esta figura se reconoce bajo la modalidad de Consorcio, regulada entre otras disposiciones, por la Ley 11795 de 2008 que establece, entre otras medidas, la regulación por el Banco Central, el señalamiento de las obligaciones que constituyen operaciones financieras del consorcio.

Hay que hacer notar que en Brasil los costos de este producto se integran por la división del valor del bien entre el número de cuotas, así como la comisión de gestión, que se sitúa en una tasa del 0.3 por ciento mensual, así como la integración del fondo de reserva.

En nuestro país se ha documentado ya que como resultado de los plazos, cargos, accesorios y penalizaciones, se integran cobros con un sobreprecio inicial de hasta 76 por ciento, propiciando que en diversos litigios entre el particular y la empresa de autofinanciamiento se diriman en los tribunales, con resultados como el que se ha señalado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación.

Es conveniente señalar además que el C. Gerardo Hernández Hernández, vecino del municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, acudió ante mí para presentar este grave caso y las afectaciones que en su patrimonio y bienestar ha generado la relación contraída con la Empresa Autofinanciamiento México S.A. de C.V. y que ha ido desde acciones claras de defraudación, la firma de pagarés con altas tasas de interés que pueden considerarse como usura, el uso de contratos de adhesión distintos a los registrados ante la Profeco, según oficio con número 0072-2013 suscrito por el licenciado José Manuel Montiel Cuevas, director de sectores de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, y la vulneración de la norma oficial mexicana 143-SFC1-2000 emitida por la Secretaría de Economía, solicitando la realización de reformas a los ordenamientos legales aplicables y la presentación de un proyecto de acuerdo al respecto.

Por tal motivo y luego de analizar la documentación que me fue presentada, estimando la viabilidad de la demanda y preocupación del ciudadano, así como la necesidad de aportar una regulación que contribuya a otorgar mayor certeza jurídica a las partes en este tipo de operaciones, estableciendo garantías adecuadas para que evitar la comisión de prácticas abusivas que afecten el patrimonio de las familias, considero necesario presentar a la consideración de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que plantea reformas y adiciones a las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de Protección al Consumidor y del Código de Comercio, para lo cual es necesario hacer referencia a las modificaciones concretas que se proponen.

Considero adecuado mantener el esquema actual para la creación de las empresas de autofinanciamiento a partir de la autorización que realice la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y mantener el registro y actualización de dichas empresas y de sus instrumentos, entre ellos el contrato de adhesión, dentro del ámbito de la Procuraduría Federal del Consumidor, al mismo tiempo que a través de la reforma al artículo 2o. fracción IV de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros se equipara a dichas empresas como institución financiera, compartiendo dicha naturaleza con otras instituciones así catalogadas del sector social de la economía como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las sociedades financieras populares y las sociedades financieras comunitarias.

Esta modificación adquiere una mayor importancia al habilitar, en consecuencia, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, para opinar sobre el contenido de dichos contratos y al sujetar estas operaciones al procedimiento de solución amistosa que puede desahogarse entre el usuario y la institución, ante la Condusef, como procedimiento de garantía que permita resolver los conflictos, estableciendo mayor certeza a las partes y adoptando criterios para evitar cláusulas y prácticas abusivas.

A esto debe añadirse la propuesta que reforma el artículo 72 Ter de la misma ley y que actualmente se encuentra derogado y que plantea el deber de la propia Condusef para hacer del conocimiento del Ministerio Público conductas que advierta en el desahogo de dicho procedimiento, entre ellas el uso de contratos de adhesión distintos a los oficialmente registrados.

Por lo que corresponde a la Ley Federal de Protección al Consumidor se proponen reformar las fracciones I y III del párrafo cuarto, así como el quinto, ambos del artículo 63 y la fracción V del artículo 63 Quáter; con la finalidad de hacer compatibles las reformas antes planteadas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

De manerar especial debe destacarse la adición de la fracción VII del artículo 63 Quáter que establece la posibilidad de revocar la autorización de funcionamiento de las empresas de autofinanciamiento cuando se haga uso reiterado de contratos de adhesión distintos a los autorizados por las autoridades, conducta que representa un fraude evidente, afecta los derechos de los usuarios y pone en entredicho la naturaleza social de esta modalidad de inversión.

La intervención tanto de la Profeco como de la Condusef en la revisión de los contenidos de los contratos de adhesión podría propiciar criterios encontrados, lo que sin embargo se resuelve a partir de la adición de un último párrafo que se propone para el artículo 63 en los términos del principio pro persona en beneficio, en este caso, del consumidor.

Estas medidas y la propuesta para reformar el artículo 78 del Código de Comercio podrían interpretarse como una indebida intervención de la autoridad para regular actos en los que los particulares manifiestan libremente su voluntad. Pretender lo anterior es un despropósito si consideramos que la autoridad jurisdiccional se ha pronunciado interpretando nuestro ordenamiento jurídico y reiterando lo que en doctrina ya se reconoce el efecto horizontal de los derechos humanos cuyas implicaciones se advierten al señalar las condiciones de desigualdad que existen en las relaciones entre particulares y la existencia de límites a la voluntad, lo que se aprecia, entre otras, en las siguientes tesis:

Derechos fundamentales. Su vigencia en las relaciones entre particulares. [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2; Pág. 798.

Derechos fundamentales. Son susceptibles de analizarse, vía amparo directo interpuesto contra la sentencia definitiva que puso fin al juicio, en interpretación directa de la Constitución, aun cuando se trate de actos de particulares en relaciones horizontales o de coordinación. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Agosto de 2009; Pág. 1597.

Derechos humanos. Constituyen un límite a la autonomía de la voluntad, y son oponibles frente a particulares en un plano de horizontalidad. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; SJF y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 17.

Comparativo de las Disposiciones Propuestas

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Texto vigente

Artículo 2o. ...

I. a III.- ...

IV. Institución financiera, en singular o plural, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, fondos de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro, Pensionissste, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, y cualquiera otra sociedad que requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualesquiera de las comisiones nacionales para constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio financiero a los usuarios.

IV. a VI. ...

...

...

Artículo 72 Ter. Derogado.

Artículo 94. ...

I. a XIV. ...

XV. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que:

a) a c) ...

XVI. y XVII. ...

Propuesta

Artículo 2o. ...

I. a III. ...

IV. Institución financiera, en singular o plural, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, fondos de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro, Pensionissste, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, y cualquiera otra sociedad que requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualesquiera de las Comisiones Nacionales para constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio financiero a los Usuarios. Así como los sistemas de comercialización cuyo funcionamiento autorice la Secretaría de Economía.

IV. a VI. ...

...

...

Artículo 72 Ter. Si en los procedimientos de conciliación se acredita el uso de contratos de adhesión entre las instituciones financieras y los usuarios distintos a los conocidos por la autoridad en los términos de la fracción XVIII del artículo 4 de la presente ley o el uso de instrumentos o títulos legales distintos para amparar la misma operación, lo anterior se hará del conocimiento del Ministerio Público para los efectos del inicio de las investigaciones correspondientes, independientemente del desahogo de los procedimientos administrativos que establece la presente ley.

Artículo 94. ...

I. a XIV. ...

XV. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que:

a) a c) ...

d) Se encuentre en el supuesto establecido en el artículo 72 Ter de la presente ley.

XVI. y XVII. ...

Ley Federal de Protección al Consumidor

Texto vigente

Artículo 63. ...

...

...

...

I. Que el solicitante sea una persona moral mexicana constituida como sociedad anónima de conformidad con la legislación aplicable, y que tenga por objeto social únicamente la operación y administración de sistemas de comercialización a que se refiere el presente artículo; así como las actividades necesarias para su adecuado desempeño;

II. ...

III. Que el o los contratos de adhesión que pretenda utilizar el solicitante contengan disposiciones que salvaguarden los derechos de los consumidores, en los términos de esta ley y del reglamento correspondiente;

IV. y V. ...

Una vez que el solicitante obtenga la autorización a que se refiere este precepto, y antes de comenzar a operar el o los sistemas de comercialización de que se trate, deberá solicitar el registro del o los contratos de adhesión correspondientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

...

Artículo 63 Quáter. ...

I. a IV. ...

V. La pérdida de la capacidad administrativa del proveedor para cumplir con sus obligaciones, así como por la pérdida de la viabilidad económica, financiera y operativa del sistema, y

VI. ...

...

...

...

...

Propuesta

Artículo 63. ...

...

...

...

I. Que el solicitante sea una persona moral mexicana constituida como sociedad anónima de conformidad con la legislación aplicable, y que tenga por objeto social únicamente la operación y administración de sistemas de comercialización a que se refiere el presente artículo; así como las actividades necesarias para su adecuado desempeño en los términos de la presente ley y la de Protección y defensa al Usuario de Servicios Financieros.

II. ...

III. Que el o los contratos de adhesión que pretenda utilizar el solicitante contengan disposiciones que salvaguarden los derechos de los consumidores, en los términos de ésta y las leyes aplicables, así como de los reglamentos correspondientes;

IV y V. ...

Una vez que el solicitante obtenga la autorización a que se refiere este precepto, y antes de comenzar a operar el o los sistemas de comercialización de que se trate, deberá solicitar el registro del o los contratos de adhesión correspondientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor, debiendo desahogar el procedimiento que al respecto establece la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

...

De ser el caso que entre el contenido mínimo del contrato de adhesión que establezca el reglamento y las disposiciones que al respecto emita la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros existan contradicciones, prevalecerá la que mejor protección otorgue al usuario.

Artículo 63 Quáter. ...

I. a IV. ...

V. La pérdida de la capacidad administrativa del proveedor para cumplir con sus obligaciones, así como por la pérdida de la viabilidad económica, financiera y operativa del sistema,

VI. ...

VII. Por el uso reiterado de contratos de adhesión distintos a los registrados ante la autoridad.

...

...

...

...

Código de Comercio

Texto vigente

Artículo 78.En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.

Propuesta

Artículo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse pero sin que la manifestación de dicha voluntad implique una renuncia a sus derechos esenciales y sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.

Por lo que en atención de los elementos antes descritos, se somete a la elevada consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de Protección al Consumidor y del Código de Comercio, con la finalidad de otorgar mayor certeza y protección a los usuarios de los servicios de autofinanciamiento, en el tenor siguiente:

Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de Protección al Consumidor, y del Código de Comercio

Artículo Primero. Mediante el cual se reforman los artículos 2 en su fracción IV, 72 Ter, y se adiciona el inciso c) a la fracción XV del artículo 94, todos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. a III. ...

IV. Institución Financiera, en singular o plural, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, fondos de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro, PENSIONISSSTE, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, y cualquiera otra sociedad que requiera de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualesquiera de las Comisiones Nacionales para constituirse y funcionar como tales y ofrecer un producto o servicio financiero a los Usuarios. Así como los sistemas de comercialización cuyo funcionamiento autorice la Secretaría de Economía.

IV.a VI. ...

...

...

...

Artículo 72 Ter. Si en los procedimientos de conciliación se acredita el uso de contratos de adhesión entre las instituciones financieras y los usuarios distintos a los conocidos por la autoridad en los términos de la fracción XVIII del artículo 4 de la presente ley o el uso de instrumentos o títulos legales distintos para amparar la misma operación, lo anterior se hará del conocimiento del Ministerio Público para los efectos del inicio de las investigaciones correspondientes, independientemente del desahogo de los procedimientos administrativos que establece la presente ley.

...

Artículo 94. ...

I. a XIV. ...

XV. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la institución financiera que:

a) a c) ...

d) Se encuentre en el supuesto establecido en el artículo 72 Ter de la presente ley.

XVI. a XVII. ...

...

...

Artículo Segundo. Mediante el cual se reforman las fracciones I y III del párrafo cuarto, así como el quinto, ambos del artículo 63 y la fracción V del artículo 63 Quáter; así como se adiciona el párrafo séptimo al mismo artículo 63 y una fracción VII al 63 Quáter, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 63. ...

...

...

...

V. Que el solicitante sea una persona moral mexicana constituida como sociedad anónima de conformidad con la legislación aplicable, y que tenga por objeto social únicamente la operación y administración de sistemas de comercialización a que se refiere el presente artículo; así como las actividades necesarias para su adecuado desempeño en los términos de la presente ley y la de Protección y defensa al Usuario de Servicios Financieros.

VI. ...

VII. Que el o los contratos de adhesión que pretenda utilizar el solicitante contengan disposiciones que salvaguarden los derechos de los consumidores, en los términos de ésta y las leyes aplicables, así como de los reglamentos correspondientes;

VIII. a XV. ...

Una vez que el solicitante obtenga la autorización a que se refiere este precepto, y antes de comenzar a operar el o los sistemas de comercialización de que se trate, deberá solicitar el registro del o los contratos de adhesión correspondientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor, debiendo desahogar el procedimiento que al respecto establece la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

...

De ser el caso que entre el contenido mínimo del contrato de adhesión que establezca el reglamento y las disposiciones que al respecto emita la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros existan contradicciones, prevalecerá la que mejor protección otorgue al usuario.

...

Artículo 63 Quáter. ...

I. a IV. ...

V. La pérdida de la capacidad administrativa del proveedor para cumplir con sus obligaciones, así como por la pérdida de la viabilidad económica, financiera y operativa del sistema,

VI. ...

VII. Por el uso reiterado de contratos de adhesión distintos a los registrados ante la autoridad.

...

...

...

...

Artículo Tercero. Mediante el cual se reforma el artículo 78 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse pero sin que la manifestación de dicha voluntad implique una renuncia a sus derechos esenciales y sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.

Transitorios

Artículo Primero. Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Notas:

1http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/?page_id=11077 consultada el 06 de enero de 2014.

2 http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/?page_id=8702 consultada el 06 de enero de 2014.

3 http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/proposiciones_por_pernplxii. php?iddipt=156&pert=6

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 2 de septiembre de 2014.— Diputado Víctor Manuel Bautista López (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para el dictamen correspondiente.

Le damos la bienvenida y saludamos a la presidenta municipal de Salina Cruz, Oaxaca, Rosa Nidia Villalobos González, invitada a este pleno por el diputado Martín Vásquez Villanueva. Presidenta, bienvenida a la Cámara.

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Muchas gracias, diputado presidente. En la construcción de un Estado de derecho en la que impere la legalidad, resulta primordial dotar a las autoridades de facultades suficientes para hacer cumplir sus determinaciones. El auto de autoridad es esencialmente coercitivo.

Sin embargo, con este propósito resulta también sumamente importante que nosotros, previendo esta relación que puede existir de supra subordinación de una autoridad hacia un particular votemos a los particulares de los mecanismos de acceso a la justicia, de los medios judiciales a través de los cuales logren el justo cumplimiento de las normas y del derecho.

Es precisamente con este propósito y con el fin último de salvaguardar la más pura observancia de los derechos humanos que se expidió la Ley de Amparo.

La Ley de Amparo es el mecanismo judicial a través del cual los gobernados, los particulares pueden acudir a los jueces y exigirles a ellos que a su vez velen porque las autoridades en el cumplimiento de sus funciones cumplan estrictamente con lo que establece la ley.

Sin embargo, con motivo de la reforma constitucional de 2011, a través de la cual se amplió el gran espectro conforme al cual se deben de valorar ahora los derechos humanos, se modifica también la Ley de Amparo, que es el medio para el control de los derechos humanos y las garantías constitucionales y a través de ello se permite la participación mucho más amplia de sectores colectivos perfectamente identificables que pertenecen a la sociedad, que en alguna otra época no tenían la posibilidad de acceder al amparo por no gozar de una representación legal.

¿A qué me refiero? Me refiero particularmente a la ampliación del principio de iniciativa de parte agraviada y la titularidad de un interés jurídico para poder acceder al amparo, que ahora transita y se transforma en lo que es la tutela de un interés legítimo.

Por el sólo hecho de pertenecer yo a un sujeto colectivo identificable previsto en la ley, con un derecho dado, puedo acceder al juicio de amparo y no quedo supeditado a ser exclusivamente el titular del derecho subjetivo del derecho al que se refiere la norma para hacer cumplir las consecuencias que la misma prevé. Ésa es esta ampliación del principio de iniciativa de parte agraviada, que ahora tutela el interés legítimo.

Hay un punto muy importante que tiene que ver con esto. Dentro de las muchas figuras que se actualizaron en materia de amparo, hay una que está íntimamente relacionada con el cumplimiento de las ejecutorias. Toda sentencia en el juicio de amparo tiene como propósito obligar a las autoridades a restituir al gobernado en el ejercicio de sus derechos, si el acto hubiera sido un acto de naturaleza positiva implicará que lo dejen sin efecto y que retraigan esos efectos hasta el momento de la emisión del acto.

Si el acto hubiera sido un acto negativo, una omisión, la sentencia tiene como propósito obligar a la autoridad a llevar a cabo aquello que indebidamente hubiera dejado de hacer de acuerdo con lo que establece la ley.

¿Qué es lo que sucede? En materia de ejecución de sentencias en amparo, la ley ahora dota a los jueces de amparo de una serie de facultades coactivas que anteriormente no tenían, a través de las cuales pueden incidir de manera mucho más efectiva en contra de las autoridades, a fin de obligarlas a hacer aquello que establezcan las mismas sentencias de amparo.

Cuando se trata de una sentencia de amparo pronunciada en un juicio promovido por un particular, a partir de la tutela de un derecho que la ley le concede a su favor y en la que él resulta ser el único beneficiario de ese derecho plasmado en la norma, resulta perfectamente legítimo que éste intervenga también en el juicio de amparo y le pida a los jueces de amparo que en cumplimiento de sus sentencias emitan las resoluciones de sanción correspondientes que permitan el más pronto cumplimiento de la sentencia misma.

Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el juicio de amparo se propone por quien es titular de un interés legítimo? Lo lógico sería, que al momento de ejecutarse la sentencia, también sea solamente él quien, a través de esta participación activa en el amparo, logre la participación del juez su intervención y la imposición de las sanciones o los mecanismos coactivos para hacer cumplir la sentencia.

Pero como se tutela el interés legítimo, una interpretación muy amplia de la Ley de Amparo permitiría también concluir que quizá cualquier persona que pertenezca a ese conglomerado que está siendo protegido a través de la sentencia de amparo, intervenga en la etapa de ejecución y por consiguiente, participe solicitando la imposición de sanción.

¿En qué se traduce esto? En que a pesar de que una autoridad habiendo sido responsable en un juicio de amparo frente a un particular, frente a un gobernado, en ejercicio de la tutela del interés legítimo, cuando llegue la fase de ejecución de la sentencia, la misma autoridad quede supeditada a un gran espectro de gobernados que pudieran intervenir indebida, quizá, ilegítimamente ya para efectos del amparo y solicitar la imposición de sanción.

Acaba siendo una posición terriblemente desequilibrada para el servidor público que tenga el carácter de autoridad responsable, como también para los jueces que tienen que hacer cumplir su resolución.

Por eso, la iniciativa que propongo y que presento ante ustedes tiene como propósito, exclusivamente, circunscribir quienes son, para efectos de la ejecución de sentencia, habiéndose ejercido la acción de amparo, en ejercicio de esta tutela del interés legítimo, los que van a tener, valga la redundancia, la legitimación para pedir la coacción y la materialización de los mecanismos efectivos con los que hoy están dotados los jueces de amparo para hacer cumplir su resolución.

¿Qué quiere decir esto? Que en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que es el que concierne a las sentencias que se dictan en el juicio, propongo que se incorpore un párrafo en el que a la letra se diría lo siguiente: en los casos en los que en el amparo se haya concedido para afectación un interés legítimo, solo el quejoso y no otro u otros de los miembros del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria.

Con esto se reduce desde luego, el grado de riesgo en que están supeditadas las autoridades responsables en el amparo, si desde luego, también cerramos nosotros la puerta para que el propio Poder Judicial tenga que interpretar algo que desde luego podría ser nuestra voluntad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Antonio Cuéllar Steffan, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la cual se establece que en los casos en que se conceda el amparo por haberse acreditado la acción del quejoso sustentada en un interés legítimo, sólo la parte quejosa puede intervenir válidamente dentro de los procedimientos tendentes al cumplimiento de la sentencia

Exposición de Motivos

La indeterminación sintáctica es consustancial a los textos legales, lo que hace que sea imposible que desde las leyes se prevean todos los supuestos que pudieran actualizarse en los casos concretos, de ahí que la teoría del derecho y la práctica judicial se han pronunciado por lo deseable que sería que desde la sede legislativa se realice el mayor esfuerzo por evitar que en la concreción de la ley en el mundo fáctico ésta resulte no sólo confusa e inoperante, sino además contraria al mismo espíritu que la motiva, dificultando y creando nuevas problemáticas para los operadores jurídicos.

Un caso paradigmático de normas que, dada su textura abierta son normalmente redactadas en términos vagos o ambiguos, y por ese hecho son susceptibles  de ser interpretadas y ejecutadas de formas tan variadas que llegan a contrariar su finalidad legislativa esencial, son aquellas normas que definen o regulan derechos fundamentales, así como sus correspondientes normas adjetivas.

Un Estado constitucional de derecho como el mexicano, sustentando y legitimado por una Constitución que reconoce y garantiza los derechos fundamentales de todos sus gobernados, tiene la obligación de hacer operantes y efectivas las competencias y facultades de los órganos y funcionarios públicos que desarrollan, Interpretan y ejecutan la compleja maquinaria institucional compuesta, entre otras tantas herramientas, por figuras jurídicas de índole jurisdiccional y procedimental encargadas de garantizar los derechos consagrados a favor de los justiciables que acuden a reclamar ante los tribunales que se les defina un derecho que estiman les corresponde, ya sea frente a la acción inconstitucional o ilícita del Estado o de un particular.

En nuestro sistema jurídico mexicano es la Ley de Amparo el instrumento legal por antonomasia que ha sido puesto a disposición de los gobernados para reclamar judicialmente las violaciones que las personas resientan a sus derechos humanos con motivo de la acción del poder público, (e inclusive ahora con las recientes reformas de 2011, bajo ciertas circunstancias de sectores privados), de ahí que en su carácter de ley reglamentaria de preceptos de la Constitución General que se erigen como la primera gran garantía judicial del gobernado para hacer valer sus derechos humanos a nivel federal, se hace patente que su contenido normativo sea claro y no dé pauta para que se definan en los casos concretos nuevas condiciones jurídicas que resulten materialmente imposibles de cumplir en los hechos o que afecten a sujetos ajenos a la controversia judicial entablada, haciendo con ello inoperante e incluso perjudicial la protección que brida el juicio de amparo.

La comunidad jurídica mexicana ha sido testigo de las innovaciones que el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos y de amparo ofrece, ya que a partir de la entrada en vigor de las reformas de junio de 2011, el Estado mexicano se ha abierto tanto al derecho internacional de los derechos humanos, como a las nuevas tendencias garantistas que el constitucionalismo contemporáneo ha puesto sobre la mesa, entre ellas el posicionamiento del Juez Constitucional como un actor relevante para controlar la acción del poder a través de la defensa de los derechos fundamentales de las personas.

En esta nueva concepción del Estado y del Derecho que el constituyente y la comunidad jurídica mexicana en su conjunto se dieron a la tarea de concretar con las reformas constitucionales de referencia, una condición necesaria fue proveer al justiciable de mecanismos jurisdiccionales de mayores alcances para hacer efectivos sus derechos humanos consagrados tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados por el Estado mexicano. Las reformas a la Ley de Amparo en vigor desde abril de 2013 se inscribieron en esta labor para facilitar y eficientar el acceso y la sustanciación del juicio de derechos humanos, así como para hacer más prácticos los efectos de sus sentencias.

Por ello, éste ordenamiento jurídico de amparo, teniendo como gran marco de referencia a las reformas constitucionales de 2011, regula procedimientos, así como desarrolla instituciones, conceptos y categorías del juicio de amparo que en el texto constitucional, por su misma estructura y naturaleza, habían quedado redactadas en forma vaga o insuficiente, y que es necesario delinear con mayor detalle y precisión para darle al procedimiento la certeza y eficiencia deseadas para realmente ser una verdadera garantía constitucional a favor de los gobernados.

Ahora bien, visto como una integridad compuesta por diversas etapas procesales, el juicio de amparo se construye y se desarrolla por actos de las partes y del órgano jurisdiccional que sólo en casos muy excepcionales pueden analizarse y resolverse aisladamente sin que lo que se decide en una parte afecte a otra. Por ejemplo, y entrando en la materia que nos ocupa, la definición de los presupuestos procesales, tales como la personalidad, la competencia, la oportunidad, son condiciones previas para su estudio por parte del órgano jurisdiccional y por ese hecho necesarias para determinar si se admite la demanda de amparo y así entrar al análisis de fondo.

Algo similar pasa con la determinación del interés que le asiste al impetrante para acudir a la vía de amparo, lo cual si bien es una cuestión previa al estudio de fondo, su complejidad e importancia entraña muchas veces un análisis preliminar de cuestiones que involucran aspectos de la litisprincipal, por lo que su acreditación es una pieza fundamental para establecer lo que serán los efectos de una eventual sentencia concesoria de amparo.

Así, una vez acreditado el tipo de afectación que aduce el quejoso resentir por la norma o acto impugnados, el juez de amparo está en posibilidades de estudiar todos y cada uno de los elementos introducidos por las partes para acreditar su dicho, y en consecuencia, poder dictar una decisión jurisdiccional que resuelva la situación controvertida, tomando siempre en consideración que los efectos de la resolución se encuentran determinados por la petición del quejoso y el tipo de afectación que ha hecho valer.

Cabe resaltar que con la aludida reforma constitucional en materia existe la posibilidad de que una persona pueda promover juicio de amparo no únicamente por contar con interés jurídico, sino por la afectación a un interés legítimo, es decir, que el impetrante de amparo cuente con un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra.

En ese sentido, la novedosa introducción del interés legítimo como posibilidad para la procedencia del juicio de amparo demanda no sólo que se definan parámetros legales y jurisprudenciales para esclarecer en qué casos se está ante un interés simple, jurídico o legítimo, sino que además es necesario especificar que los efectos de las sentencias deben admitir grados y formas diversas de acuerdo al tipo de afectación reclamada desde la demanda de amparo.

En el punto que nos ocupa, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en el cual se especifican los efectos de la concesión del amparo, a letra dice:

Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

(...)

La simple lectura del artículo nos muestra en principio únicamente un mandamiento genérico al juzgador de amparo para que en la resolución que conceda el amparo ordene a la autoridad responsable que restituya al quejoso en el pleno goce de su derecho violado, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación.

Sin embargo, dicho numeral, que se mantuvo intocado en su contenido respecto a la Ley de Amparo ahora abrogada, omite prever que el efecto de una sentencia de carácter positivo que restituya al quejoso puede adquirir distintas modalidades no únicamente atendiendo a las circunstancias fácticas particulares de cada caso, sino por el tipo de interés (jurídico o legítimo) que haya hecho valer el quejoso y que haya tenido por acreditado el juez de amparo.

Con la Ley de Amparo anterior, no existía dificultad alguna en conocer que el efecto de una sentencia concesoria de amparo traería consigo la restitución únicamente del quejoso en su derecho violado, y que no podría rebasar más allá de los límites marcados en su demanda de amparo, en específico en los conceptos de violación en relación con el interés jurídico que ya se presumía le asistía; y en esa lógica, se entendía que en los procedimientos de cumplimiento y ejecución de sentencias sólo los sujetos que figuraron como partes dentro del procedimiento principal podrían realizar actuaciones.

Pero ahora, con la introducción del interés legítimo, por sus especiales y complejas características, mismas que ya han sido mencionadas líneas arriba, es claro que no resulta tan simple definir los efectos de una sentencia que concede el amparo por haberse acreditado la acción del o los quejosos sustentada en un interés legítimo, así como en consecuencia, tampoco es claro quién o quiénes pueden tener válidamente intervención en los procedimientos de cumplimiento y ejecución de la sentencia que concedió el amparo respecto a un acto positivo.

En tanto el interés legítimo abre la puerta para que se puedan reclamar afectaciones indirectas a la esfera jurídica del quejoso, o derivadas de la especial situación que se encuentre una éste respecto al orden jurídico, no es indispensable tener reconocido un derecho subjetivo, el cual, como su mismo nombre lo indica, le corresponde al sujeto en lo particular, por lo que los efectos relativos de las sentencias en relación con una afectación por interés legítimo son mucho más difíciles de determinar, cumplimentar y ejecutar, máxime cuando de lo que se habla es de un interés legítimo colectivo.

Pero ésta dificultad tampoco se puede traducir en imposibilidad para determinar los efectos de las sentencias que conceden el amparo por un interés legítimo respecto a actos positivos, ni tampoco en permitir que indiscriminadamente cualquier sujeto ajeno a la controversia de origen pueda reclamar un derecho a su favor sin haberse acreditado su interés legítimo durante el procedimiento principal; todo ello bajo el riesgo de vaciar totalmente de contenido la reforma constitucional y la correspondiente expedición de la Nueva Ley de Amparo, ya que es posible que desde la misma redacción de la ley, de forma expresa y sin esperar a que cada juez en el caso concreto lo determine con precisión, el legislador establezca que las sentencias de amparo cuando se concedan por la acreditación de una acción fundada en un interés legítimo restituirán al quejoso en pleno goce de sus derechos violados, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, y sólo el quejoso, y no ningún otro miembro del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria.

Esto es, al quedar los efectos de la sentencia perfectamente circunscritos a los puntos petitorios expresados en la demanda por el o los quejosos que acudieron a solicitar la protección de la justicia federal al amparo de un interés legítimo que les asiste, lo jurídicamente válido es que en todas aquellas acciones encaminadas a darle cumplimiento al fallo protector tenga intervención solamente aquel o aquellos quejosos acreditaron el interés legítimo a lo largo del procedimiento.

El riesgo que se corre en la práctica del juicio de amparo con una regulación como la que se expresa en el actual texto del artículo 77, fracción I de la nueva Ley de Amparo, es que los efectos de las sentencias de amparo que se concedan por la acreditación de la acción del o de los quejosos sustentada en un interés legítimo, puedan trascender más allá de las peticiones específicas de la o las personas que acudieron a la justicia federal, y que los procedimientos de ejecución de sentencias se tornen extensos, engorrosos e inoperantes por una posible intervención de sujetos ajenos al procedimiento que lleguen a entorpecer las acciones del juez y de la autoridad responsable para cumplir la sentencia.

Dicho de otro modo, la existencia del interés legítimo como otra nueva posibilidad y condición que ahora el sistema jurídico proporciona para acudir al amparo por parte personas que de forma objetiva se ubiquen en una posición desventajosa por una acción de una autoridad, no significa que exista una indeterminación en cuanto a los efectos de las sentencias que se concedan por la acreditación de los extremos de la demanda entablada por el o los quejosos que gozan de un interés legítimo, así como tampoco que se le dé carta abierta a cualquier sujeto que no tuvo intervención en el procedimiento principal para que pueda realizar acciones válidamente en los procedimientos de cumplimiento de la sentencia.

Por las razones aducidas, con la presente iniciativa se propone adicionar a la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo la especificación de que en los casos en que la concesión del amparo se dé por la afectación a un interés legítimo que haya acreditado el quejoso, en los procedimientos para la ejecución de la respectiva sentencia únicamente tenga intervención la parte que acudió al juicio de amparo y no así todos aquellos personas que no figuraron como partes en el mismo, pero que pueden reclamar un derecho por ser parte de un grupo social como  al que pertenece el quejoso y que invocó para acreditar su interés legítimo.

Texto vigente

Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

(...)

Texto propuesto

Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En los casos en que el amparo se haya concedido por afectación a un interés legítimo, sólo el quejoso, y no otro u otros de los miembros del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria; y

(...)

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que en los casos en que se conceda el amparo por haberse acreditado la acción del quejoso sustentada en un interés legítimo, sólo la parte quejosa puede intervenir válidamente dentro de los procedimientos tendentes al cumplimiento de la sentencia

Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En los casos en que el amparo se haya concedido por afectación a un interés legítimo, sólo el quejoso, y no otro u otros de los miembros del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria; y

(...)

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.— Diputado Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para el dictamen correspondiente.

LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZUCAR

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene la palabra ahora, por cinco minutos, el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, vengo aquí a presentar una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Estoy solicitando y vengo a pedir el apoyo y el respaldo de ustedes para productores de caña, para reformar el artículo 7 en su fracción VIII, adicionando un párrafo más.

Un segundo párrafo al artículo 21, un segundo párrafo y las fracciones I, incisos a), b), c) y d) y una segunda y tercera al artículo 31.

Y un segundo párrafo al artículo 41, para mencionarle de qué se trata esta reforma y adiciones.

Miren, el artículo 7 en su fracción VIII se refiere al financiamiento que dan los ingenios, que reciben los productores a través de los ingenios para comprar sus productos, y estos les dan un pagaré para que vaya a una empresa o a una comercializadora que hacen los dirigentes locales del ingenio y monopolizan esa venta de los productos, obligándolos a ir con un solo proveedor que les va a dar más caro el producto que en los mercados locales habiendo más proveedores, que dan mejor calidad y más barato.

Un ejemplo les pongo, hay en el fertilizante, el que proporciona al producto lo da mil pesos más caro; habiendo otros proveedores que lo dan de mejor calidad y menos caro. ¿Qué es lo quiero ahí? Que haya, por lo menos, que el Comité de Producción y Calidad Cañera que está compuesto por personal del ingenio y de cada una de las organizaciones, por lo menos tengan a tres proveedores y que esos tres proveedores pueda ir el productor a sacar sus productos sin tener que hacerlo un solo proveedor.

Todavía aunado a ello tienen las empresas fantasmas que hacen los dirigentes, que luego quiebran y quedan a deber, cinco, 10, 15, 20 millones de pesos que después tienen que pagar los productores, que no existan ésas; si fueran para bien, qué bueno sería que fueran para que estuvieran más baratos los productos.

El artículo 21, ése está más grave todavía. Trata de que es donde el ingenio retiene las cuotas del Seguro Social y éste en lugar de ir a pagar al Seguro Social, se las da a los dirigentes y como nosotros hace ya años cuando yo fui diputado, obtuvimos 350 millones de pesos para aquellos que no podían pagar el seguro, de ahí se tomaba ese recurso. ¿Y qué sucedió? Muchos se quedan con el dinero, no pagan las cuotas y de ahí tomaba el Seguro Social para pagarlas y ellos se quedaban con ese recurso, y ahora se los dan y no pagan; entonces muchos productores se quedan sin seguro. Ahí nada más es que el ingenio vaya directamente y pague esas cuotas que retiene a los productores.

En el artículo 31, en su segundo párrafo, ahí es donde trata lo de las organizaciones, tanto locales como nacionales. Ahí lo que pedimos es, que tanto las locales como las organizaciones nacionales sean electas; primero fueron por tres años, luego se aumentaron a cuatro y ya se aumentaron a seis años; bueno que sea de seis años, pero que no haya reelección; y que las organizaciones tanto locales como nacionales, sean electas por el voto universal, libre, secreto y directo de cada uno de sus afiliados, eso ya lo hicimos aquí con los ganaderos.

Yo creo que vamos a obtener el respaldo de todos los partidos para que esta iniciativa se dictamine y venga aquí a este pleno y sea aprobada.

En el artículo 41, estoy proponiendo un segundo párrafo, que es a favor de los productores de caña que quieren ya no estar en una organización; los productores tienen el derecho cada año, hasta el último de octubre, de decidir en qué organización van a seguir militando. Si están en la CNC, se quieren ir a la CNPR se van; y si hay una organización independiente, se van a la organización independiente. Pero hay muchos pasos que se tienen que hacer, y con esta ley que se aprobó, si no mal recuerdo en la de 2000-2003, la que siguió, porque en la de 2000-2003 la dejamos ya lista para que se viniera aprobar.

Ahora el Registro Nacional Agropecuario va a sancionar los padrones de cada una de las organizaciones, pero como ya las dirigencias van con un notario y el notario certifica que fueron los productores a afiliarse a ellas y luego también otro notario les certifica que esos mismos productores se afiliaron a ella, y hay una duplicidad que tiene que resolver el Registro Nacional Agropecuario, y él le pide al ingenio datos y el ingenio no se los manda oportunamente porque están coludidos con algunas organizaciones y no quiere mandar oportunamente esa información y ya la manda hasta después que termina la zafra y ya no les sirve a los dirigentes.

Ahí lo que queremos es que haya una sanción, un tiempo de 10 días hábiles para que el ingenio le mande esa información al Registro Nacional Agropecuario y si no la manda que sea sancionado de 50 días hasta 80 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal elevado al año.

Compañeros, compañeras. Ya los cañeros están muy lastimados, ya los han perjudicado mucho, hagamos que los órganos de dirigencia se cambien. Tienen seis años para aquellos que quieren servir, pero que ya no haya la reelección. Tienen ya muchos llegando a 30 años algunos dirigentes nacionales, algún dirigente y otro tiene más de 20 años. Yo creo que precisamente por eso los cañeros están en crisis. Les agradezco su atención. Muchas gracias, presidente. Espero que respalden a los cañeros.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Soto Martínez, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 7 en su fracción VIII; y se adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 7; un segundo párrafo al artículo 21; un segundo párrafo y las fracciones I con los incisos a), b), c) y d), II, y III, al artículo 31; y un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La producción de caña de azúcar es una industria que impacta positivamente por ser una actividad regional que crea una gran cantidad de empleos y cada día es mayor su participación dentro de la economía nacional.

En México, la industria azucarera se ha convertido en un soporte fundamental no solo para la actividad agropecuaria sino que además representa una fuente importante de recursos y empleos. La actividad azucarera genera alrededor de 5 millones de empleos, tanto directos como indirectos; contribuye con aproximadamente el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), participando en la economía regional de 227 municipios en 15 estados del país; la producción llega a más de 5 millones de toneladas de azúcar al año, 80 por ciento de las cuales las absorbe el mercado interno y el resto se exporta a otros mercados que nuestro país abastece.

Tan solo en la zafra 2012 - 2013 nuestro país tuvo una producción récord de 7 millones de toneladas, pero paradójicamente se presentó un desplome de los precios de la azúcar que afecto de manera grave a los productores de caña.

La azucarera, es una industria que adicionalmente genera beneficios y oportunidades de desarrollo a los productores y a sus familias, y puede alcanzar un importante potencial para la generación de electricidad y el aprovechamiento de derivados de la caña, como el etanol y los bioplásticos.

En 2014 la exportación de caña de azúcar tuvo un crecimiento importante: en marzo 216 mil 159 toneladas; en abril 213 mil 109 toneladas; en mayo 234 mil 870 toneladas; en julio 295 mil 755 toneladas y en agosto 229 mil 855 toneladas.

Argumentación

Este desarrollo del sector azucarero ha permitido beneficiar a miles de familias y a comunidades que se dedican a esta actividad; sin embargo, además de mejorar las reglas de funcionamiento interno de las organizaciones, con elección de representantes por voto universal y directo de sus integrantes, y que los cargos sean por periodos limitados, tenemos que atender cuestiones que resultan importantes para mantener y reforzar el papel de las autoridades vinculadas a ésta industria, así como terminar con abusos en que suelen incurrir algunas representaciones de trabajadores cañeros que les permita ejercer sus derechos a plenitud.

Uno de los aspectos a revisar tiene que ver con el Registro Nacional Agropecuario, a fin de garantizar que los ingenios proporcionen información veraz y oportuna a dicho registro, para garantizar que se cuente con datos fidedignos sobre el listado de Abastecedores de Caña del país, donde se especifican los Ingenios con los que tienen celebrado contrato y la organización local y/o nacional a la que pertenezcan, así como los datos que permitan su plena identificación, lo cual no siempre ocurre.

El 21 de octubre de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se establece el Registro Nacional Agropecuario y se delegan facultades en favor de su titular, con el objeto de hacer eficiente la prestación de los servicios registrales en materia de organización de los productores agrícolas y pecuarios así como los relativos a las inscripciones en materia de variedades vegetales

Actualmente, el Registro Nacional Agropecuario es responsable de los servicios registrales relativos a la organización de los productores agrícolas y ganaderos, las organizaciones de abastecedores de caña de azúcar, así como de las inscripciones en materia de variedades vegetales.

El Registro Nacional Agropecuario lleva a cabo la función registral mediante las actividades de calificación, inscripción, certificación y cotejo de los actos, documentos y demás elementos de significación jurídica.

El Registro Nacional Agropecuario es el encargado de la custodia, clasificación y catalogación de los documentos en materia de variedades vegetales y de organizaciones de productores agrícolas, ganaderos y cañeras, por lo que con el objeto de facilitar su manejo y consulta, instrumenta los archivos respectivos.

Particularmente, en lo que tiene que ver con la Ley de Desarrollo Rural de la Caña de Azúcar, le corresponde registrar, a las organizaciones locales y nacionales de abastecedores de caña de azúcar; certificar las afiliaciones y renuncias de abastecedores de caña de azúcar; verificar y certificar el Padrón de Abastecedores de Caña de Azúcar de los Ingenios; solicitar a los Comités de Producción y Calidad Cañera se lleve a cabo el procedimiento de duplicidades; tomar nota de las constancias que deriven de las funciones de los Comités de Producción y Calidad Cañera en materia conciliatoria; tomar nota de la integración e instalación de los miembros de los Comités de Producción y Calidad Cañera de los Ingenios Azucareros y generar con los antecedentes registrales, en cada ciclo azucarero, el Padrón Nacional de Abastecedores de Caña.

Todo lo anterior, se regula con base a los acuerdos que emiten los Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y sin contemplar sanción alguna por omisión o denegación de información por parte de los ingenios.

Por su parte, en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar se regula el Padrón Nacional de Abastecedores de Caña de Azúcar, el cual está conformado por el listado de Abastecedores de Caña del país, donde se especifican los Ingenios con los que tienen celebrado contrato y la organización local y/o nacional a la que pertenezcan, así como los datos que permitan su plena identificación. Le corresponde además la verificación del padrón de Abastecedores de Caña de azúcar de cada Ingenio y la certificación, en su caso, de las afiliaciones y renuncias a las organizaciones locales y/o nacionales que les sean presentadas.

En consecuencia, consideramos necesario elevar a rango de Ley la regulación del Registro Nacional Agropecuario dentro del capítulo del Padrón Nacional de Abastecedores de Caña, el cual está conformado por el listado de Abastecedores de Caña del país, especificando los Ingenios con los que tengan celebrado contrato y la organización local y/o nacional a la que pertenezcan, así como los datos que permiten su plena identificación, con el propósito de adicionar la responsabilidad por omitir o negar información sobre este particular.

Por otra parte, otro problema que merece nuestra atención es el relativo a los apoyos que reciben los productores de caña de azúcar para financiamiento, apoyo en maquinaria, equipo de alta tecnología y sistemas de riego modernos, fertilizantes y pesticidas, entre otros, son aspectos que se van alejando cada más vez del cañero.

Hemos visto programas y acciones destinados a fortalecer los apoyos y financiamiento en los rubros mencionados; sin embargo, lamentablemente estos apoyos y financiamientos no necesariamente y no siempre llegan al productor, y cuando llegan no pueden adquirir los insumos, maquinaria y sistemas en lugares que mejor convengan a ellos en razón de precio bajo y calidad, sino que se ven condicionados a adquirirlos donde se les indica.

Esta situación ha generado un círculo vicioso en el que los apoyos y financiamientos son desviados o reditúan en beneficio para algunos malos representantes que realizan negocios al canalizar a los productores para la compra de sus insumos en lugares específicos.

Sobre el particular, estamos proponiendo que los apoyos que reciben los productores de caña de azúcar para financiamiento, apoyo en maquinaria, equipo de alta tecnología y en sistemas de riego modernos, fertilizantes y pesticidas, entre otros, sean entregados de forma directa a los productores para terminar con abusos y hasta fraudes.

Actualmente, vemos con preocupación que en diversos ámbitos de la vida nacional se presentan cuestionamientos sobre el funcionamiento de algunos gremios constituidos y organizaciones de productores o de trabajadores, que no necesariamente utilizan sus liderazgos en beneficio de la organización, sino que provocan que su crecimiento económico y proyección se desplieguen a menor ritmo, dejando la percepción de estancamiento.

Por ello, resulta indispensable revisar alternativas que permitan el juego democrático dentro de las Organizaciones Nacionales y Locales de Caña de Azúcar para que sea a través de la voluntad de sus integrantes, mediante la elección libre y a través del voto, como se integren, se tomen las decisiones y respondan a los intereses de los productores, abastecedores e industriales evitando el anquilosamiento de dirigentes en sus cargos en perjuicio de los intereses de sus agremiados.

El poder que adquieren y ostentan los líderes de sindicatos, de organizaciones productoras o de trabajadores, con el tiempo degenera en opacidad y corrupción, así como en alejamiento de los verdaderos intereses de quienes forman parte de ellos.

Por tales motivos, con la presente iniciativa lo que se pretende es que el sector azucarero no sea otro gremio que se vea envuelto en este tipo de prácticas, donde los liderazgos o cargos sean renovados de manera periódica evitando en la medida de lo posible que busquen perpetuarse en el mismo; es decir, lo que nos mueve es plantear medidas que fortalezcan la vida interna de las Organizaciones Nacionales y Locales de Caña de Azúcar, promoviendo reglas democráticas en la elección y renovación de sus representantes o dirigentes, en la toma de decisiones y circunscribir dichas representaciones o liderazgos a un periodo determinado.

Por último, un tema que igualmente no queda lo suficientemente superado y que no solo se presenta en la industria cañera porque afecta a todo tipo de trabajadores en el país, es el relativo al pago de ciertas prestaciones a los trabajadores cañeros, específicamente el pago de las cuotas del seguro social.

Hemos recibido reportes sobre una conducta violatoria de la Ley en la administración de algunos ingenios por una mala administración que desencadena en falta de pago de deudas y rentas; retención de sueldos y de utilidades, falta de pago a proveedores, omisión de pago del impuesto predial y del servicio de agua y la muy lamentable evasión del pago del seguro social en perjuicio de los trabajadores.

Esta problemática parece estarse presentado en diversas zonas del país, por ello, consideramos urgente atender esta problemática antes de que derive en la quiebra de ingenios mal administrados y sobre todo, por la imperiosa necesidad de salvaguardar los derechos de los trabajadores. Debemos establecer las condiciones que coadyuven a la integración de estrategias que permitan proteger a las familias que dependen de los ingresos de la actividad cañera.

Por ello, proponemos que el pago de las cuotas se realice directamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para evitar que líderes corruptos omitan dicha obligación.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

Artículo Único. Se reforma el artículo 7 en su fracción VIII; y se adicionaun segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 7; un segundo párrafo al artículo 21; un segundo párrafo y las fracciones I con los incisos a), b), c) y d), II, y III, al artículo 31; y un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, para quedar como sigue:

...

Artículo 7. ...

I.a la VII....

VIII.Promover y encauzar el crédito en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el desarrollo y estimulación de la producción del campo cañero, la operación de los Ingenios y el financiamiento de los inventarios de azúcar. En todo momento los apoyos que reciben los productores de caña de azúcar para financiamiento, apoyo en maquinaria, equipo de alta tecnología y en sistemas de riego, fertilizantes, pesticidas y fungicidas, entre otros, sean entregados de forma directa a los productores, correspondiendo al ingenio vigilar en todo momento el cumplimiento de lo antes referido.

Bajo ningún supuesto, las organizaciones podrán tener comercializadoras de productos agropecuarios señalados en el párrafo anterior, a fin de evitar condicionar la adquisición de dichos productos a un costo superior; en consecuencia, los productores podrán cambiar los pagarés en el lugar o establecimiento que más convenga a sus intereses.

XIX. a la XVIII. ...

...

Artículo 21. ...

Sin menoscabo de las facultades de otras dependencias de la administración pública federal y estatales, corresponderá a la Secretaría velar por el debido cumplimiento de las obligaciones de los ingenios para una mejor administración de los mismos, con el propósito de que el ingenio sea el responsable de manera directa, de la retención y pago de las cuotas del seguro social de los trabajadores.

...

Artículo 31. Las organizaciones nacionales y locales deberán constituirse o estar constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley Agraria o en las Leyes Federales, Estatales y del Distrito Federal vigentes, cualquiera que sea su materia.

Las organizaciones nacionales y locales operarán indiscutiblemente bajo las siguientes reglas:

I. Los órganos de dirección y de control deberán renovarse cada seis años mediante sufragio universal, libre, secreto y directo de quienes integren el padrón de abastecedores correspondiente;

a) En cuanto a las organizaciones locales, tendrán derecho a voto, quienes integran el padrón de Abastecedores de Caña del Ingenio de que se trate; y

b) En cuanto a las organizaciones nacionales, tendrán derecho a voto el presidente y el secretario general, así como tres miembros integrantes de sus órganos directivos y 10 delegados electos en las asambleas de renovación de sus órganos estatales o regionales, según sea el caso de su integración;

c) Por lo que se refiere a la renovación de los órganos de dirección y control de los órganos nacionales, a nivel estatal o regional, según sea el caso de su integración, tendrán derecho a voto quienes estén inscritos en el padrón de Abastecedores de Caña del Ingenio o Ingenios de que se traten; y

d) Tendrán derecho a voto y a ser votados quienes integren el padrón de abastecedores de caña.

II. Los integrantes de los órganos de dirección y de control no podrán ser reelectos; y

III. Las demás que esta Ley y sus propios estatutos les señalen.

...

Artículo 41.- De conformidad con lo establecido en los Artículos 32, 34 y 38 de la presente Ley, corresponde al Registro la verificación del padrón de Abastecedores de Caña de azúcar de cada Ingenio y la certificación, en su caso, de las afiliaciones y renuncias a las organizaciones locales y/o nacionales que les sean presentadas.

En los casos en que el Registro solicite cualquier tipo de información a los ingenios relativa al padrón de abastecedores de caña, estos tendrán la obligación de enviar la información veraz y oportuna en un plazo improrrogable de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la solitud del Registro. En caso de incumplimiento, el ingenio que incurra en dicha falta o proporcione información falsa, será sancionado por el Registro con multa que podrá ser de 50 a 80 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año, de acuerdo a la gravedad de la falta.

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2014.— Diputado José Soto Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego para su dictamen.

Continúe la Secretaría con comunicados y acuerdos.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted, mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 29 de septiembre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Laura Barrera Fortoul cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro.

• Que el diputado José Luis Flores Méndez cause alta como integrante en la Comisión Especial de seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted, mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 30 de septiembre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Comuníquese.

MINUTA QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LEY GENERAL DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Minuta de la Cámara de Senadores.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su dictamen.

LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados se turnó para estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, presentada por el titular del Ejecutivo Federal.

Con fundamento en las facultades establecidas en los Artículos 39, 45 numeral 6 incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 80, 81, 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa referida, esta Comisión somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión de Defensa Nacional, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa de mérito, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “ ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno de la Iniciativa.

En el apartado “ CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la Iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido de este Dictamen.

ANTECEDENTES

I. El 4 de junio de 2014, el titular del Ejecutivo Federal presentó a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, misma que se acompaña de los oficios número 315.A.-03336 y 353.A.-0778, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto Presupuestario, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Durante la sesión de la Comisión Permanente celebrada en esa misma fecha, la Mesa Directiva dio cuenta de la Iniciativa, y mediante oficio CP2R.-659 comunicó a esta Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados el turno para estudio y dictamen correspondiente.

II. Los integrantes de la Comisión, realizaron diversos trabajos con el propósito de analizar el contenido de la Iniciativa, integrando sus observaciones y comentarios en el cuerpo del presente Dictamen, mismo que se somete a consideración de esta Soberanía, en los términos que aquí se exponen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La exposición de motivos de la Iniciativa del Ejecutivo Federal, señala que con el propósito de obtener el mejor desempeño en el servicio al Estado, los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos requieren de preparación, instrucción y actualización constantes.

Refiere que la educación militar es un mecanismo que permite a las Fuerzas Armadas Mexicanas contar con los elementos técnicos y académicos para el mejor desempeño de sus funciones.

Considera que el Sistema Educativo Militar constituye una herramienta imprescindible no sólo en la formación profesional y técnica del personal castrense, sino también para la propia institución que representan, ya que contribuyen a mejorar los niveles de eficiencia terminal y a optimizar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros disponibles.

Sin embargo, señala que no obstante la riqueza formativa que ofrece el Sistema Educativo Militar, existen obstáculos legales que dificultan el camino de preparación continua y permanente de los miembros en activo del Instituto Armado.

En este sentido, la Iniciativa propone reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el propósito de beneficiar a los militares profesionales formados en sus filas a través del reconocimiento y de la eliminación de obstáculos en su formación.

Para atender los aspectos descritos, la Iniciativa propone realizar los siguientes cambios a la citada Ley:

1. Establecimiento del Servicio de Informática:

a) En el Artículo 68, adicionar una fracción XI, recorriendo las subsecuentes en su orden, para incorporar como parte de las Unidades de Servicios el de Informática.

b) Adicionar un Artículo 95 Bis, para describir las funciones que llevará a cabo el Servicio de Informática.

c) Adicionar un Artículo 95 Ter, para disponer que el Director del Servicio de Informática será un Ingeniero en Computación e Informática, con grado de General, y

d) En el Artículo 193, adicionar una fracción XII, recorriendo las subsecuentes en su orden, para disponer que el servicio de informática se dividirá en dos grupos, el primero, Ingeniero en Computación, que tendrá en el escalafón como grados mínimo y máximo, los de Subteniente a General de Brigada; el segundo, Especialistas del Servicio de Informática, que tendrá como grados mínimo y máximo los de Soldado a Teniente Coronel.

2. Incorporación de los cursos de capacitación y actualización, en congruencia con el Sistema Educativo Militar, así como la reducción de los tiempos de servicio obligatorio.

a) Reformar el segundo párrafo del Artículo 150, para precisar que los miembros del Ejército y Fuerza Aérea podrán ser asignados o autorizados para efectuar cursos de capacitación y actualización, en congruencia con la clasificación del Sistema Educativo Militar.

b) También en este párrafo se precisa que cuando el periodo del curso sea igual o mayor a seis meses el tiempo obligatorio del servicio será de un año, y cuando el periodo sea menor de seis meses, el tiempo adicional del servicio será igual a la duración del curso.

Asimismo, con la finalidad de dar mayor claridad al texto, se desagrega la última parte del segundo párrafo, relativa a la realización de cursos en el extranjero por parte del personal militar, en un tercer párrafo con lo cual se logra mayor claridad en los temas abordados en el citado Artículo.

3. Elevar los grados máximos en el escalafón, para los servicios de Materiales de Guerra, de Sanidad y de Enfermeras.

Se reforma el Artículo 193, en sus fracciones V, inciso B, y IX, incisos C y D, para actualizar el grado máximo al que se podrá aspirar en los servicios de Materiales de Guerra, de Sanidad y de Enfermeras, pasando de Teniente Coronel a Coronel.

4. Precisar la baja por recisión del contrato de enganche o de la renovación para los Cabos y Soldados y establecer en la Ley su derecho de audiencia.

Se reforma el Artículo 170, fracción II, inciso G, para precisar que procederá la baja por rescisión del contrato de enganche o el de su renovación, para los soldados y cabos, otorgándoles la garantía de audiencia por quince días hábiles.

Para ilustrar los cambios que propone la Iniciativa, sirva el cuadro comparativo siguiente:

CONSIDERACIONES

La Comisión de Defensa Nacional, como órgano legislativo de la Cámara de Diputados tiene competencia para atender la presente Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (LOEFAM en adelante), en virtud de la facultad que tiene el Congreso para determinar la estructura, organización y funcionamiento de las fuerzas militares, establecida en el Artículo 73 fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra expresa:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

(...)

XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio

(...)”

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objetivos de la Iniciativa que se analiza, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados como instancia legislativa competente para atender la misma,emite las siguientes consideraciones:

PRIMERA. ASPECTOS GENERALES

Esta Comisión coincide con la Iniciativa, respecto a la conveniencia de fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire, a partir de la actualización de su Ley Orgánica respecto al establecimiento del Servicio de Informática; la incorporación de los cursos de capacitación y actualización conforme a las actividades de formación y profesionalización contempladas en el Sistema Educativo Militar; la elevación del grado mínimo y máximo en el escalafón para los servicios de Materiales de Guerra, de Sanidad y de Enfermeras; y finalmente, en la precisión en el procedimiento de recisión de los contratos de enganche.

Esta Comisión concuerda con el titular del Ejecutivo Federal, en el sentido de que a partir de las reformas propuestas se beneficiará a los militares formados en el Sistema Educativo Militar toda vez que implican, entre otras cosas, el reconocimiento a los egresados del Sistema Educativo Militar y la eliminación de condiciones que inhiben y limitan la formación y profesionalización de los mismos.

Se estima que la actualización de la Ley, permitirá atender con mayor eficacia las necesidades operativas, logísticas y estratégicas de los Institutos Armados, lo cual repercutirá en el cumplimiento de sus misiones generales, en beneficio de la Seguridad Nacional. La modernización que implican las reformas y adiciones propuestas, perfilará también el fortalecimiento institucional para responder a los retos actuales y futuros de las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire.

Esta actualización representa avanzar hacia una Institución más eficaz en su quehacer permanente, en congruencia con los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de esa Dependencia.

En ese sentido, se considera que las reformas y adiciones propuestas por el Ejecutivo Federal inciden en las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, particularmente en la conformación orgánica del personal de las Fuerzas Armadas para lograr las condiciones operativas que les permitan el cumplimiento de sus misiones generales, en beneficio de la población y las instituciones del Estado.

El Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional proyecta para los próximos años, emprender un proceso integral de reingeniería interna, que le permita hacer más eficientes sus actividades de planeación, organización, dirección y control, destacando la transformación del Sistema Educativo Militar hacia la excelencia académica, y fortalecer el adiestramiento y doctrina militar, la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico, que tendrán como finalidad, modernizar al Ejército y Fuerza Aérea.

Se coincide en que, con los cambios propuestos, se dotará a la Secretaría de la Defensa Nacional de los elementos necesarios para desempeñar con eficiencia, eficacia y economía sus atribuciones y mantener la operatividad de sus Institutos Armados en el desempeño de tareas específicas que demandan un alto grado de especialización, con lo que podrá disponer de tropas cada vez más preparadas y comprometidas con sus misiones.

Con base en lo anterior, esta Comisión encuentra jurídicamente viables las reformas y adiciones planteadas, y coincide con su alcance y sentido; en consecuencia,.

SEGUNDA. RESPECTO A LA PROPUESTA DE INCLUIR EL “SERVICIO DE INFORMÁTICA” COMO PARTE DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS EN LAS QUE SE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES.

La Iniciativa propone diversas reformas y adiciones a la LOEFAM, con el propósito de: 1) establecer el “servicio de informática”, 2) enunciar las funciones específicas que debe ejercer como órgano administrativo, así como el perfil del militar que ocupe su titularidad; y 3) señalar los escalafones y grados que corresponderán a este nuevo Servicio, de acuerdo a lo siguiente:

1) Adición de una nueva fracción XI en el Artículo 68, recorriéndose las subsecuentes en su orden, para incluir el Servicio de Informática en el catálogo de Unidades de Servicio establecidas en la LOEFAM.

De acuerdo con el Artículo 54 de la Ley en revisión, el Ejército Mexicano se compone de unidades organizadas y adiestradas para las operaciones militares terrestres y está constituido por “Armas” y “Servicios”.

Las Armas –refiere la Ley- son los componentes del Ejército Mexicano cuya misión principal es el combate, siendo estas: Infantería; Caballería; Artillería; Blindada; e Ingenieros (Artículos 55 y 56).

Por su parte, los Servicios son los componentes que tienen como misión principal satisfacer necesidades de vida y operación, por medio del apoyo administrativo y logístico formando unidades organizadas, equipadas y adiestradas para dichas actividades. Los Servicios del Ejército y Fuerza Aérea son: Ingenieros, Cartográfico, Transmisiones, Materiales de Guerra, Transportes, Administración, Intendencia, Sanidad, Justicia, Veterinaria y Remonta, Meteorológico, Control de Vuelo, y Material Aéreo (Artículos 67 y 68).

Como se observa en el párrafo anterior, la Ley no contempla el Servicio de Informática, no obstante que éste ha venido funcionando en la estructura orgánica y se ha vuelto fundamental para el desarrollo organizacional de la Secretaría de la Defensa Nacional en el desempeño de sus actividades.

Como lo refiere el Ejecutivo Federal, el Servicio de Informática del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fue reconocido oficialmente a través del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre del año 2000, mediante el cual se especificaron las funciones y personal a cargo del Servicio.

Dicho Decreto estableció la necesidad apremiante del aprovechamiento y actualización de los avances tecnológicos en materia de informática para mejorar la eficiencia administrativa y operativa de la institución, así como promover la formación de especialistas en tecnologías de la información y el desarrollo de la cultura informática entre sus integrantes.

Con base en lo anterior, la Comisión de Defensa Nacional considera que al incluir el Servicio de Informática en la Ley Orgánica, se formaliza su existencia y se da sustento jurídico a su actuación desde el punto de vista jerárquico de las normas.

Si bien es cierto que el Servicio de Informática fue reconocido oficialmente a través del Decreto Presidencial de septiembre del año 2000, y que tanto el Reglamento Interior y el Manual de Organización General de la Secretaría de la Defensa Nacional contemplan la existencia de la Dirección General de Informática, su existencia para atender necesidades legitimas propias de la organización, podría estar sujeta a la voluntad de las autoridades administrativas.

Es importante destacar que una de las características de la ley es su permanencia, pues se dota de vigencia con carácter indefinido y sólo perderá ésta mediante su abrogación, subrogación y derogación por leyes posteriores que deberán seguir el mismo proceso legislativo que les dio origen, a diferencia de las disposiciones reglamentarias, en las que su vigencia, tienen un carácter discrecional de las autoridades administrativas en turno.

Asimismo, su existencia en la Ley, significa un reconocimiento en beneficio de los militares profesionales formados en sus filas que ya se desempeñan en el Servicio de Informática.

Por tal motivo, esta Comisión Dictaminadoraconsidera de aprobarse la propuesta.

2) Adicionar los artículos 95 Bis, para establecer las funciones específicas que tendrá a su cargo el Servicio de Informática; y el 95 Ter, para definir el perfil profesional de su Titular.

a) Establecer las funciones específicas al Servicio de Informática mediante la adición de un Artículo 95 Bis.

La Iniciativa propone señalar como funciones específicas del Servicio, la instalación, operación y mantenimiento tanto de los bienes como de los servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; fijar normas técnicas para los bienes y servicios informáticos; recibir, almacenar, abastecer, evacuar, reparar, recuperar y controlar los bienes y servicios informáticos; planear, organizar, implementar, conservar y explotar bienes y servicios informáticos, y auxiliar en los procedimientos de auditoría y seguridad informática.

Al respecto la Comisión Dictaminadora, considera que dichas funciones son adecuadas y congruentes con la diversidad de actividades propias del Servicio de Informática.

El desarrollo organizacional, exige una gestión operativa y de recursos humanos y materiales eficiente, eficaz y racional, por tal motivo, es indispensable señalar de manera concreta en la Ley las funciones logísticas, operativas y de apoyo específicas, que como órgano técnico administrativo deberá cumplir el Servicio de Informática para contribuir al adecuado funcionamiento de las demás Unidades de Servicio y de Combate del Ejército y Fuerza Aérea.

En el proceso de diseño organizativo, la racionalidad del mismo depende en buena medida de la asignación de funciones (responsabilidades) que en contrapartida implica la posibilidad de implementar prácticas de evaluación, control, rendición de cuentas, respecto al cumplimiento de objetivos (metas), así como del ejercicio de recursos.

b) Respecto a la propuesta de adicionar un Artículo 95 Ter, para establecer el perfil profesional y Grado de quien ocupará la Titularidad de la Dirección General del Servicio de Informática.

Refiere la Iniciativa que el Decreto de creación del Servicio de Informática publicado en el 2000, establece que el titular del área sea un General procedente de Arma o Servicio, lo que da lugar a una amplia gama de profesionales que pudieran no estar lo suficientemente capacitadas en materia informática, independientemente de contar con el rango jerárquico requerido.

Por ello propone en un nuevo artículo, que la Dirección del Servicio de Informática deberá ser ocupada por un militar con el Grado de General, que tenga la profesión de Ingeniero en Computación e Informática. (Egresado de la Escuela Militar de Ingenieros, especialidad que posee los conocimientos necesarios para dirigir este Servicio)

Lo anterior, se considera acertado en observación del principio de especialización profesional, con el propósito de lograr un desempeño eficaz en las actividades propias del servicio. Cabe señalar que la especialización en el área contribuye a la gestión de equipos, la polivalencia, la innovación, la empatía y la excelencia en la comunicación, lo cual es determinante para el buen funcionamiento de un equipo de trabajo.

Esta Comisión, valora que el Grado de General establecido para quien ocupe la titularidad de la Dirección General, es acorde con el nivel de responsabilidad que requiere el cargo.

En atención a lo anterior, la Comisión Dictaminadora considera acertada la propuesta.

Sin embargo, con el objeto de enriquecer la propuesta se hace notar que el Capítulo IV, denominado “Los Servicios” que incluye 35 Artículos (del 67 al 101) se encuentra subdividido en títulos y cada uno de los títulos lleva el nombre del Servicio al que hacen referencia los Artículos correspondientes. En este sentido, se incorpora el título “Servicio de Informática”, antes de los nuevos Artículos que se adicionan, con el propósito de armonizar la propuesta del Ejecutivo Federal, con la estructura de la Ley vigente.

3) Adición de una nueva fracción XII recorriendo las subsecuentes del Artículo 193 para establecer el escalafón y los grados que comprende el Servicio de Informática.

Esta propuesta tiene el propósito de establecer el escalafón del Servicio de Informática y los grados jerárquicos a los que podrán aspirar sus integrantes; para el caso de los Ingenieros en Computación e Informática de dicho servicio, podrán aspirar a los grados de Subteniente a General de Brigada; y los Técnicos Especialistas de Informática a los grados de Soldado a Teniente Coronel.

Al respecto, se observa que el escalafón de Ingenieros en Computación e Informática propuesto, es acorde con la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que establece para los egresados de la Escuela Militar de Ingenieros el grado inicial de Subteniente. Por su parte, el Artículo 193 de la Ley Orgánica señala como grado máximo para los escalafones de Servicios el de General de Brigada.

Por su parte, el escalafón propuesto para los “ Especialistas de Informática”, es congruente con el contenido del Artículo 195 de la Ley Orgánica, que establece que los militares especialistas pueden aspirar en la escala jerárquica militar desde soldado hasta Teniente Coronel.

Dicha propuesta es acertada y necesaria para establecer en el escalafón el rango de jerarquías al que podrán aspirar los profesionistas y especialistas en la materia, observando que los rangos propuestos para el nuevo Servicio son congruentes con los grados jerárquicos establecidos para los otros Servicios, conforme a los artículos 193 y 195.

Las jerarquías son la base para determinar la estructura organizacional, a medida que aumente el grado, o ascienda, también aumentan las responsabilidades asumidas dentro del área de adscripción. Mientras más alto sea el grado de un militar, mayor responsabilidad tendrá sobre personal, equipos y tareas.

TERCERA. SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 150, PARA INCENTIVAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA.

El Artículo 150 vigente, establece en su primer párrafo el tiempo de servicios adicionales al que se compromete el personal discente al ser admitido para efectuar Cursos de Formación en los Planteles de Educación Militar, siendo éste, como mínimo del doble de tiempo al de la duración del Curso correspondiente.

El segundo párrafo, objeto de esta reforma, establece que los militares designados o autorizados para efectuar cursos en el país, diferentes a los de formación, serviránun año adicional por cada año o fracción que duren en esa situación; asimismo establece los tiempos por cursos en el extranjero.

El objetivo principal de esta reforma es incentivar al personal militar para continuar su formación, mediante la reducción del tiempo obligatorio de prestación de servicios adicionales cuando la formación implique periodos de tiempo menores a seis meses.

Adicionalmente, se modifica el párrafo segundo con el propósito de complementar la lista de cursos incluidos, y para darle mayor claridad a su redacción se desagrega en un nuevo párrafo tercero, referido al tiempo obligatorio de servicios cuando los cursos se realicen en el extranjero.

1) Reducir el tiempo obligatorio de prestación de servicios adicionales cuando la formación implique periodos de tiempo menores a seis meses;

Como lo señala la Iniciativa, la temporalidad del servicio establecida en el segundo párrafo del Artículo 150 en comento, al referirse sólo a “cada año o fracción” ha provocado que los militares inscritos en cursos nacionales que duran días e incluso horas, se obliguen a servir de forma adicional por un año completo. Situación que resulta inequitativa y desproporcional, que en la práctica, ha producido la ausencia de interés del propio personal militar para continuar su formación, en detrimento del espíritu mismo de la educación militar.

Por ello, la Iniciativa propone precisar que los miembros del Ejército y Fuerza Aérea que sean designados o autorizados a solicitud propia, para realizar cursos en el país con duración menor a seis meses, el tiempo de servicios adicional obligatorio sea igual al de la duración de los cursos; y para el caso de los que son mayores a seis meses que el tiempo de servicios adicionales sea de un año.

Al respecto, se recuerda que la Educación Militar tiene como uno de sus objetivos –según la Ley de la materia- fortalecer mediante un proceso continuo y permanente, el desarrollo profesional del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en un marco de calidad educativa.

En ese sentido, si lo que se busca es promover la preparación constante del personal militar, se deben eliminar las barreras que limiten ese proceso continuo y permanente, en este caso el tiempo que se debe retribuir por los estudios cursados.

En razón de lo anterior, la Comisión de Defensa Nacional considera positiva la propuesta de señalar de manera diferenciada, las hipótesis que se presentan en relación con la oferta y la duración de cursos para el personal militar, haciendo la distinción de aquéllos que duran menos de seis meses y los que son superiores a ese tiempo.

Esta Comisión, considera que lo anterior estimula y promueve el aprovechamiento de la variedad de cursos ofertados en el Sistema Educativo Militar, coadyuvando al desarrollo profesional del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en un marco de calidad educativa. En consecuencia, se pronuncia poraprobar la modificación propuesta.

2) Sobre las reformas propuestas al párrafo segundo del Artículo 150.

a) Se reforma para complementar la lista de cursos incluidos, agregando los de “capacitación y actualización” para hacerlo congruente con el Artículo 16 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La redacción vigente hace mención únicamente de los Cursos de Aplicación, Especialización, Perfeccionamiento, de Postgraduados, Superiores y otros en el país.

Por su parte, la Ley de Educación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos señala en el Artículo 16, que por su propósito, los cursos del Sistema de Educación Militar se clasifican en:

“I. De Formación;

II. De Capacitación;

III. De Aplicación;

IV. De Perfeccionamiento;

V. De Actualización, y

VI. De Especialización.”

(Énfasis añadido)

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Educación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos describe de forma específica, en el Artículo 72, cada uno de los cursos que se imparten en el Sistema Educativo Militar:

“ARTÍCULO 72.- De acuerdo con su propósito, los Cursos del Sistema previstos en la Ley, se clasifican como sigue:

(...)

II. De capacitación: Los que imparten educación para la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas que permitan al egresado, desarrollar una actividad específica en el ámbito militar.

(...)

V. De actualización: Los que proporcionan conocimientos tácticos y técnicos, de acuerdo al desarrollo científico, tecnológico y doctrinario de las armas, servicios o especialidades, y

(...)”

La educación, en general, es un proceso multidireccional de transferencia cultural del cual nos valemos para poder transmitir una serie de valores y conocimientos, que facilita el enriquecimiento personal y ayuda a interactuar con el mundo exterior.

En dicho proceso de transmisión, los cursos de capacitación y actualización son fundamentales para mantener la vigencia de los conocimientos adquiridos durante la formación educativa.

En ese tenor, se considera importante incluir los cursos de formación y capacitación en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para darle congruencia con el contenido de la Ley de Educación del Ejército y Fuerza Aérea y su Reglamento.

Por lo anterior, la Comisión de Defensa Nacional considera de aprobarse la propuesta de modificación referida.

b) La Iniciativa también propone, para darle mayor claridad a la redacción, desagregar la última parte del párrafo segundo en un nuevo párrafo tercero (adición), referido a los tiempos adicionales obligatorios que deberán de cumplir los militares que realicen cursos en el extranjero.

La redacción vigente, establece que “ de que los Cursos se realicen en el Extranjeroy a su costa, ese tiempo adicional se duplicará y si las erogacionesque causen sus gastos son a cargo del Erario Nacional, el tiempo adicional de servicios se triplicará”.

La Iniciativa propone modificar la redacción trasladando el enunciado en un nuevo párrafo tercero, en el que se sustituirá “en el caso” por “En todos los casos”.

Por otra parte, en lo referente a la precisión de quién es el responsable de los gastos generados por cursar estudios en el extranjero, modifica la expresión “a su costa” por “a costa del interesado”.

Al respecto, la Comisión de Defensa Nacional coincide en que los cambios mejoran la redacción y considera que generan certeza jurídica.

En razón de lo anterior,, para adicionar un párrafo tercero en los siguientes términos:

los cursos se realicen en el extranjeroy a costa del interesado, el tiempo adicional se duplicará y, si las erogaciones son a cargo del Erario Nacional, el tiempo adicional de servicios se triplicará.”.

CUARTA. CON RELACIÓN A ELEVAR EL GRADO MÁXIMO PARA LOS EGRESADOS DE LAS ESCUELAS MILITARES DE MATERIALES DE GUERRA, DE SANIDAD Y DE ENFERMERAS.

La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuenta con un Capítulo IV denominado de los Escalafones, integrado por los artículos del 190 al 199, en el cual se describen los diferentes escalafones y grados que comprenden las Armas de los Cuerpos Especiales del Ejército y Fuerza Aérea, así como los que comprenden los Servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La descripción detallada de cada escalafón y grado, da claridad a la organización y estructura del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y contribuye al eficaz cumplimiento de sus misiones, al dar congruencia a los niveles de mando y sus escalas jerárquicas.

Dicha organización también implica seguridad para el personal militar, que atendiendo a su formación profesional y militar, tendrá plena certeza del grado que le corresponderá al egresar de alguna de las carreras o realizar cualquiera de las especializaciones impartidas en el Sistema Educativo Militar.

Asimismo, constituye también un estímulo para el personal militar pues tendrá certeza de los diferentes grados que podrá alcanzar durante su carrera militar, a partir de sus estudios, pero también con base a su esfuerzo y entrega al servicio de las Armas.

Dichas disposiciones son reguladas en lo conducente, en el Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En relación con los escalafones, en el Artículo 5 del mismo reglamento, fracciones X, XII y XIII, se aportan las definiciones de Escalafón, Especialidad y Especialista, en los términos siguientes:

“Escalafones, las listas nominales de Generales, Jefes, Oficiales y Sargentos profesionales en el servicio activo, clasificados por armas, servicios, especialidades, antigüedad en el empleo, tiempo de servicios y edad.

Especialidad, el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos de índole particular que posee el militar dentro de una ciencia, técnica o arte.

Especialista, el militar perteneciente a los servicios del Ejército o Fuerza Aérea Mexicanos que cuenta con una determinada preparación, habilidad u oficio, en alguna de las ramas de la ciencia, de la técnica o del arte y que no tiene escalafón propio, pudiendo ser profesionista, técnico, maestro, artista, artesano, obrero calificado o trabajador manual”.

En cuanto a las reformas al Artículo 193 que se analiza, el titular del Ejecutivo Federal propone elevar el grado máximo al que podrá aspirar el personal militar en los Servicios de Materiales de Guerra y Personal de Sanidad que pasarán, en ambos casos, de Teniente Coronel a Coronel.

Al respecto, cabe tener presente que el Servicio de Materiales de Guerra se divide en dos grupos: Ingenieros Industriales, cuyas jerarquías van de Subteniente a General de Brigada y de Materiales de Guerra, de Soldado a Teniente Coronel.

En el caso del Servicio de Sanidad, se divide en cinco grupos en los que destaca que el escalafón del Personal de Sanidad y de Enfermeras establece el grado máximo de Teniente Coronel.

En este sentido, de acuerdo con la Iniciativa del Ejecutivo Federal, el personal de los Servicios de Materiales de Guerra, Sanidad y de Enfermeras desarrolla, a partir de las necesidades actuales de ambos Institutos Armados, funciones superiores a las de su grado, tales como Director o Subdirector que corresponden al grado superior de Coronel.

En tal virtud, a partir de las reformas propuestas se reconocen las funciones de mando que actualmente ejerce el personal militar en los servicios citados.

Esta Comisión estima que las reformas en los términos propuestos son congruentes con las necesidades de los servicios en el Ejército y Fuerza Aérea, a la vez que reconocen la entrega y liderazgo en los cargos del personal militar.

Cabe señalar también que un gran número de mujeres militares ha causado alta, precisamente en los Servicios de Sanidad y, de manera relevante, en los relativos de Enfermería. En este sentido, de manera adicional, la reforma contribuye al reconocimiento de mujeres que han optado la carrera de las armas, en los Servicios referidos.

Dichas reformas contribuyen a mejorar la organización y estructura actual de los Institutos Armados y se reflejarán en mayor eficacia en el cumplimiento de sus misiones. Asimismo, impactarán positivamente en el mejoramiento de las condiciones e ingresos del personal militar, toda vez que se dará mayor movilidad a los movimientos escalafonarios y prospectivas de crecimiento.

Por los razonamientos expresados, la Comisión de Defensa Nacional estima viable la reforma al Artículo 193, fracción V, inciso B y fracción IX incisos C y D.

QUINTA. RESPECTO A LA PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 170, INCISO G), PARA PRECISAR LA BAJA POR RESICIÓN DEL CONTRATO DE ENGANCHE, PARA SOLDADOS Y CABOS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS Y OTORGAR EL DERECHO DE AUDIENCIA.

La propuesta de reforma descrita, tiene como objetivos:

a) Precisar que la baja por recisión del contrato de enganche o de la renovación, aplicará para soldados y cabos.

De conformidad con la LOEFAM, el reclutamiento del personal de tropa se llevará por proscripción, de conformidad con la Ley del Servicio Militar, o por enganche, conforme a las condiciones establecidas en el contrato correspondiente (Artículo 149).

Asimismo, en el Artículo 153 de la misma Ley, se establece que el tiempo de duración de los contratos de enganche para el personal que preste sus servicios en la clase de Arma o Servicio, no excederá de tres años, en tanto para los que lo hagan en la Clase de Auxiliares, no excederá de cinco años.

No obstante lo anterior, si se estiman utilizables los servicios, se podrá reenganchar al personal de Cabos y Soldados de las Clases de Arma y Servicios. En el caso de los Soldados, el tiempo de servicios de sus contratos de enganche y reenganche, será máximo de nueve años (Art. 145).

En cuanto al personal de Militares Auxiliares que ostente grados comprendidos en la clasificación de tropa, podrá ser renganchado por períodos que no excederán de cinco años, tantas veces como se estimen necesarias (Art. 156).

De conformidad con el Artículo 35 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el Contrato de Enganche es el documento que establece la relación jurídico-administrativa entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el aspirante, en el cual se estipulan las obligaciones y los derechos de este último al causar alta en alguno de los institutos armados.

El Artículo 170, objeto de la reforma que se analiza, establece que la baja es la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, la cual procederá por ministerio de Ley o por Acuerdo del Secretario de la Defensa; en éste último caso se contempla la rescisión del contrato de enganche, conforme a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Al respecto, el Ejecutivo Federal propone precisar que los sujetos de esta causal son los Soldados y Cabos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, toda vez que de conformidad con el Artículo 145 de la LOEFAM, los Cabos y Soldados de las clases de Arma y Servicio, no serán de carrera profesional ni permanente y sus servicios en el activo estarán sujetos al contrato respectivo.

Asimismo, en la reforma se aclara que la rescisión podrá recaer en el contrato de enganche o de la renovación del mismo –reenganche-.

Cabe señalar que las causales de baja se encuentran enunciadas en el Artículo 42 del Reglamento antes citado, las cuales también deben reproducirse en el contrato de enganche correspondiente. Es decir, no constituyen actos discrecionales por parte de los jefes y mandos militares.

También se tiene presente que el contrato, en un concepto general, es un acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear o transferir derechos y obligaciones, durante un tiempo determinado.

En este análisis, es importante recordar que la disciplina constituye uno de los pilares fundamentales de los Institutos Armados, la cual puede afectarse por la realización u omisión de alguno de los supuestos enunciados en el Artículo 42, antes referido, por parte de algún elemento militar, pudiendo incluso poner en riesgo el cumplimiento de sus misiones o a la sociedad misma.

A partir de la reforma propuesta por el titular del Ejecutivo Federal, se brinda mayor claridad a los Soldados y Cabos, respecto a las causales de baja que les podrán o no ser aplicadas, según su grado militar y relación contractual.

b) Establecer el derecho de audiencia por quince días hábiles, a quienes se coloquen en el supuesto de baja por rescisión del contrato de enganche o de su renovación.

Como parte de la reforma al inciso G), fracción II del Artículo 170, relativa a la rescisión del contrato de enganche, se traslada y amplía en la Ley el derecho de audiencia, contemplado actualmente en el Artículo 43 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de manera que el elemento a quién se le inicie el procedimiento para la rescisión del contrato, tendrá 15 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que a su favor estime convenientes.

Esta reforma es congruente con los avances llevados a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de derechos humanos y tiene por objeto fortalecer el debido proceso dentro del procedimiento de rescisión, de manera que el personal militar en los grados de Soldados y Cabos, pueda defender los derechos que estimen afectados.

El derecho de audiencia en este caso, tiene por objeto fortalecer la transparencia dentro del procedimiento administrativo de rescisión, en beneficio del personal militar de los grados referidos. Este derecho, es uno de los llamados principios jurídico-naturales del proceso, que deben formar parte de la legislación y la realidad procesal si se quiere alcanzar la justicia.

Atendiendo a este derecho, no puede dictarse una resolución perjudicial para una persona sin que ésta haya tenido oportunidad de exponer, dentro del proceso en que la resolución recae, lo que estime conveniente como medio de defensa.

Cabe señalar que conforme al Artículo 43 del reglamento antes referido, el afectado tiene actualmente tres días para manifestar lo que a su derecho convenga y aportar las pruebas conducentes, tiempo que se estima insuficiente para sustentar de alguna manera su defensa frente al acto de rescisión.

Es importante destacar que la incorporación del derecho de audiencia en la Ley lo reviste de mayor certeza jurídica toda vez que, como se mencionó anteriormente, una de las características de ésta es su permanencia, pues se le dota de vigencia con carácter indefinido y sólo perderá ésta mediante su abrogación, subrogación y derogación por Leyes posteriores que deberán seguir el mismo proceso legislativo que les dio origen.

Esta Comisión reconoce la voluntad del Ejecutivo Federal de actualizar la norma a la que nos referimos, elevando a rango de Ley el derecho de audiencia, en congruencia con el derecho a la seguridad jurídica, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Americana de los Derechos Humanos.

Por los razonamientos expresados, la Dictaminadora de establecer en el Artículo 170, fracción II, inciso G, de la LOEFAM, el derecho de audiencia a los soldados y cabos que sean dados de baja a consecuencia de la rescisión del contrato de enganche o del de su renovación.

SEXTA. DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEL IMPACTO PRESUPUESTAL.

La Iniciativa propone disposiciones transitorias, entre las que se destacan las dirigidas a resguardar los derechos del personal militar que actualmente ostentan cargos en los que se realizarán cargos estructurales y de escalafón, así como la referida al impacto presupuestal de la reforma.

La Dictaminadora considera acertada la disposición Segunda Transitoria, referida a las reformas al Artículo 193 en relación a la modificación de los grados máximos en los escalafones de los Servicios de Materiales de Guerra y de Sanidad, pues con ellas se resguardan los derechos adquiridos del personal que actualmente ostenta el grado de Teniente Coronel y que percibe un haber complementario debido al impedimento legal de ser ascendido.

Asimismo se considera positiva la disposición Transitoria relativa a lograr la operatividad del nuevo Servicio de Informática, que propone que en tanto no exista un General de profesión Ingeniero en Computación e Informática, la Dirección General de dicho Servicio pueda ser ocupada por un General (con otra profesión) que designe la Secretaría de la Defensa Nacional.

Respecto a las adecuaciones que se deberán realizar en el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, derivado de las diversas reformas y adiciones a la LOEFAM, se considera razonable el plazo de 180 días naturales que se pretende establecer.

Por otra parte, se hace notar que la Comisión que suscribe, ha tomado nota puntual de la opinión de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en relación con el cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de impacto presupuestal, en el que se asegura, que en el caso de aprobarse las modificaciones propuestas en la Iniciativa de mérito, no se prevé impacto presupuestario adicional para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Finalmente, se hace notar que el Artículo sexto transitorio especifica que las erogaciones que deriven de la aplicación del proyecto de Decreto serán realizadas mediante movimientos compensados y no se requerirán recursos adicionales, por lo que la Secretaría de Defensa Nacional debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal en curso y no incrementar su presupuesto regularizable.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional que suscriben, con fundamento en los Artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la aprobación del Dictamen por el que se aprueba el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

ÚNICO.- Se REFORMAN el segundo párrafo del Artículo 150; el inciso G de la fracción II del Artículo 170; el inciso B de la fracción V, y los incisos C y D de la fracción IX del Artículo 193; y se ADICIONAN la fracción XI, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al Artículo 68; los Artículos 95 Bis y 95 Ter; un tercer párrafo al artículo 150; y la fracción XII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 193, todos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 68. ...

I. a X. ...

XI. Informática;

XII. Meteorológico;

XIII. Control de Vuelo; y

XIV. Material Aéreo.

Servicio de Informática

ARTICULO 95 Bis. El servicio de informática tendrá a su cargo la instalación, operación y mantenimiento de los bienes y servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea; además realizará las actividades siguientes:

I. Diseñar, desarrollar, recibir, almacenar, abastecer, evacuar, reparar, recuperar y controlar los bienes y servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea;

II. Fijar normas técnicas para los bienes y servicios informáticos;

III. Planear, organizar, implementar, conservar, explotar y adaptar bienes y servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea, así como los que queden bajo control militar;

IV. Auxiliar en los procedimientos de auditoría y seguridad informática;

V. Auxiliar a los mandos en todos los niveles en el empleo, operación y conservación de los bienes informáticos, capacitar al personal del servicio y fomentar la cultura informática, y

VI. Las demás que le confieran esta Ley y cualquier disposición aplicable.

Artículo 95 Ter. El Director del Servicio de Informática será un General Ingeniero en Computación e Informática.

ARTICULO 150. ...

Los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, que sean designados o autorizados a su solicitud, para efectuarCursos de Capacitación, Actualización, Aplicación, Especialización, Perfeccionamiento, de Postgraduados, Superiores y otros en el país, además del tiempo a que ya están obligados por disposición legal o por compromiso suscrito, servirán un año adicional por cada año o fracción igual o mayor a seis meses y, en el supuesto que dicho periodo sea menor de seis meses, el tiempo adicional será igual a la duración del Curso.

En todos los casos, cuando los Cursos se realicen en el extranjero y a costa del interesado, el tiempo adicional se duplicará y, si las erogaciones son a cargo del Erario Nacional, el tiempo adicional de servicios se triplicará.

ARTICULO 170. ...

I. ...

II. ...

A. a F. ...

G. Para los Soldados y Cabos, por la rescisión del contrato de enganche o del de su renovación, otorgándoles la garantía de audiencia por quince días hábiles en los términos del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

...

ARTICULO 193. ...

I. a IV. ...

V. ...

A. ...

B. De Materiales de Guerra.

De Soldado a Coronel.

VI. a VIII. ...

IX. ...

A. a B. ...

C. Personal de Sanidad.

De Soldado a Coronel;

D. Enfermeras.

De Soldado a Coronel; y

E. ...

X. a XI. ...

XII. De Informática que se divide en dos grupos:

A. Ingeniero en Computación e Informática.

De Subteniente a General de Brigada.

B. Especialistas del Servicio de Informática.

De Soldado a Teniente Coronel.

XIII. Del Servicio Meteorológico Militar, que se divide en tres grupos:

A. a C....

XIV. Del Servicio de Control de Vuelo.

De Subteniente a Coronel.

XV. Del Servicio del Material Aéreo, que se divide en seis grupos;

A. a F. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El personal del Servicio de Materiales de Guerra y de Sanidad, comprendidos en el Artículo 193 fracción V inciso B, fracción IX, incisos C y D; que ostentan el grado de Teniente Coronel y perciben un haber complementario por encontrarse en los supuestos que establece el Artículo 45 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, conservarán sus derechos adquiridos, hasta en tanto asciendan al grado de Coronel, o bien pasen a situación de retiro.

TERCERO.- Para los efectos de lo previsto en el Artículo 95 Ter, en tanto no exista un General Ingeniero en Computación e Informática, se podrá nombrar como Director General del servicio a quien designe la Secretaría de la Defensa Nacional.

CUARTO.- El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de conformidad con lo previsto en este Decreto, dentro de los 180 días naturales posteriores a su entrada en vigor.

QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

SEXTO.- Las erogaciones que deriven de la aplicación de este Decreto serán realizadas mediante movimientos compensados y no se requerirán recursos adicionales por lo que la Secretaría de Defensa Nacional, debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y no incrementar su presupuesto regularizable.

Notas:

1 El Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre de 2008, así como el Manual de Organización del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, publicado en el DOF el 27 de marzo de 2009, contemplan dentro de la estructura de la Secretaría a la Dirección General de Informática, describiendo las responsabilidades de la misma.

2 Sobre el tema, la Convención Americana sobre Derechos Humanos sostiene que el derecho de audiencia forma parte de las garantías judiciales, es un derecho humano el obtener las garantías justas, no estando la administración excluida de cumplir este deber. Los derechos procesales mínimos –como el de audiencia- deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro, cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.

Por su parte, La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el citado derecho consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos,y su debido respecto impone a las autoridades, entre sus obligaciones, que en el procedimiento se cumplan las formalidades esenciales, las cuales resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de afectación. Tesis Aislada. Segunda Sala. Amparo en revisión 431/2012, 29 de agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013. Tomo 2; pág. 1685.

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 23 de septiembre de dos mil catorce.

La Comisión de Defensa Nacional, diputados:Jorge Mendoza Garza (rúbrica), presidente; Manuel Añorve Baños (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Víctor Manuel Manríquez González (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila (rúbrica en abstención), secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba, Heberto Neblina Vega (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Iniciativa que reforma los artículos 85, 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Beatriz Zavala Peniche, Juan Bueno Torio y Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados María Beatriz Zavala Peniche, Juan Bueno Torio y Karina Labastida Sotelo, integrantes de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 85, 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo en materia de salario mínimo digno para los trabajadores

Exposición de Motivos

El salario mínimo, en términos del artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

En ese sentido, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción VI y el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo disponen una concepción del salario que dignifique el trabajo de los mexicanos: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

De la misma forma, en el ámbito de los tratados internacionales, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, dispone que:

“a) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

b) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.”

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que “por salario mínimo puede entenderse la suma mínima que deberá pagarse al trabajador por el trabajo o servicios prestados, dentro de un lapso determinado, bajo cualquier forma que sea calculado, por hora o por rendimiento, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países.”

Si bien el salario promedio de los trabajadores formales está por encima del salario mínimo, aún existen muchos trabajadores formales que reciben sólo esa cantidad. En ese sentido, lo contenido en nuestra Constitución, en nuestra Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales prevalece como un ideal, un sueño para los casi 7 millones de mexicanos que perciben un salario mínimo y que se enfrentan día con día al reto de vivir con un ingreso de miseria.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 49.5 millones de personas ocupadas en el país, 6.5 millones tienen una remuneración por sus actividades de hasta un salario mínimo, lo que significa que 13 por ciento de la población ocupada se encuentra en este rango de ingresos.

El salario nominal ha venido creciendo año con año en porcentajes mínimos, lo que ha ocasionado que el salario real, es decir el poder adquisitivo del trabajador, disminuya significativamente al paso de los años. Lo que significa que millones de mexicanos año con año pierdan la capacidad de satisfacer sus necesidades, incluso las más elementales.

Un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, menciona que en el último cuarto de siglo, el poder adquisitivo del salario mínimo perdió 76.3 por ciento; lo que equivale a que en tres décadas, con un salario mínimo se dejaron de adquirir 45.7 menos kilogramos de tortilla que entonces con la misma percepción; 243.3 menos piezas de pan; 5.6 kilogramos menos de huevo y 9.5 menos kilogramos de frijol.

Según el mismo estudio, en diciembre de 1987 sólo se requerían laborar cuatro horas con 53 minutos, es decir, ni siquiera una jornada de trabajo completa para lograr adquirir la totalidad de los alimentos de la Canasta Alimentaria. En contraste, para abril de 2012 se requerían 25 horas con 21 minutos para obtenerla.

De acuerdo con diversos especialistas, los salarios bajos generan una serie de problemáticas que afectan a la economía nacional en su conjunto y a los trabajadores que perciben un ingreso bajo, de entre estas problemáticas podemos destacar:

• Un salario mínimo bajo incentiva la incorporación de la población a la economía informal, esto es por demás preocupante si consideramos que los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el segundo trimestre de 2014, muestran que el empleo informal absorbe a 57.8 por ciento de la población ocupada, es decir, 13.5 millones de mexicanos.

• Por lo que de mantenerse un salario mínimo en los niveles actuales, la informalidad será una alternativa constante para los trabajadores, es decir, un empleo sin acceso a seguridad social, ni un contrato establecido, y tampoco pagarán impuestos para contribuir con el gasto público.

• La precarización del trabajo y el incremento de la jornada laboral para obtener un ingreso suficiente.

• Un salario mínimo bajo genera un círculo vicioso de pobreza intergeneracional, ya que en las familias con escasos recursos, el trabajo infantil es una alternativa recurrente para solventar el ingreso familiar, por lo que los niños de las familias que perciben un salario mínimo, difícilmente podrán acceder a mejores condiciones de vida a largo plazo.

• Otra consecuencia de tener un salario mínimo bajo es la polarización de la sociedad; considerando que México es el segundo país con mayor desigualdad de ingresos entre la población de las naciones que integran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde 10 por ciento de las familias más ricas ganan 26 veces más que el 10 % más pobre.

Los niveles de pobreza tan elevados que existen en nuestro país, sin duda, están relacionados con nuestro mermado salario mínimo.  Para el año 2013, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que había 53.3 millones de personas pobres en México, es decir, 45.5 por ciento del total de la población.

Las cifras para 2014, ya en funciones la nueva administración del gobierno federal, en relación al incremento en el costo de la canasta alimentaria son significativas. Según Coneval, el valor de la canasta alimentaria en zonas urbanas pasó de mil 167 pesos (julio 2013) a mil 231 pesos (julio 2014), es decir un incremento de 5.5 por ciento en un año. Mientras que en las zonas rurales, el valor de la canasta alimentaria pasó de 825 pesos (julio 2013) a 860 pesos (julio 2014), lo que equivale a un incremento de 4.2 por ciento.

Si bien, es importante hacer mención, que de acuerdo con Coneval, a nivel nacional entre 2010 y 2012, el número de personas en pobreza extrema, es decir, aquellas personas que tienen un ingreso total que es menor al costo de la canasta alimentaria básica y tienen tres o más carencias sociales, se redujo de 13.0 a 11.5 millones, es decir, de 11.3 a 9.8 por ciento, la pérdida del poder adquisitivo desde décadas anteriores ha sumido en la miseria a millones de mexicanos.

Hay que señalar que el poder adquisitivo del ingreso laboral de las familias sufrió un gran golpe en los últimos años, debido a la crisis económica internacional de 2008-2009, ya que en años recientes el precio de los alimentos ha subido más que la inflación; sin embargo, en las administraciones de los gobiernos panistas la caída del salario mínimo se ha estabilizado.

La capacidad adquisitiva del salario mínimo se fue perdiendo en los cuatro sexenios finales del priismo: de 1976 a 2000 perdió casi 70 por ciento de su valor. De 2001 a 2012, con gobiernos panistas, se detuvo su caída.

En 2014 el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó una nueva categorización de los salarios mínimos en dos áreas geográficas, misma que contempla que los salarios mínimos legales que rigen desde el 1 de enero de 2014 sean los siguientes:

• Área geográfica A: 67.28 pesos diarios

• Área geográfica B: 63.77 pesos diarios

Es decir, un aumento de 3.9 por ciento respecto del año anterior. Sin embargo, esta cifra está lejos de garantizar siquiera la manutención para una familia.

A pesar de que nuestra carta magna mandata la existencia de instituciones y normas que protejan el poder adquisitivo de los salarios a nivel internacional, México se ubica como uno de los países que tienen los salarios mínimos más bajos de toda América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El salario mínimo actual ha dejado de ser un referente de bienestar. Su fórmula de actualización contenida en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, señala:

“Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.”

Este criterio no es sensible con las necesidades de la población, ya que establece un procedimiento que privilegia la negociación y las condiciones macroeconómicas, por encima de la necesidad del trabajador, ya que carece de un monto de referencia para que el salario que se fije cubra el costo de una vida digna para las familias.

Por lo que se requiere fijar un nuevo criterio que establezca que el salario mínimo abarque una dimensión más amplia, para que el ingreso del trabajador sea suficiente para adquirir los alimentos necesarios para el consumo de una familia, y que además alcance para cubrir los bienes y servicios básicos.

En ese sentido, el Coneval, para efectos de realizar la medición de pobreza, utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes.

Lo que significa que la línea de bienestar mínimo que establece el Coneval, es el instrumento de referencia ideal para fijar un salario mínimo acorde con su objetivo constitucional, ya que contempla el costo de la vida para una persona.

La iniciativa que se presenta tiene como objetivo reformar la Ley Federal del Trabajo para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos incluya el criterio de la Línea de Bienestar que determina el Coneval para fijar el salario mínimo, es decir, que el salario del trabajador cubra el costo de la canasta alimentaria y de la no alimentaria, con la finalidad de que todas las familias de los trabajadores mexicanos puedan adquirir los alimentos suficientes y además tengan garantizado su acceso a servicios básicos como la vivienda, el transporte, el vestido y servicios básicos.

No se propone una reforma para fijar el monto del salario mínimo, sino un parámetro de referencia para que el salario mínimo garantice una vida digna para el trabajador y su familia.

El valor de la canasta no alimentaria en zonas urbanas para julio de 2014 es de mil 294 pesos mensuales, e incluye el gasto promedio en transporte, limpieza y cuidados de la casa, cuidados personales, educación, cultura y recreación, comunicación, etcétera. La canasta alimentaria, para el mismo mes es de mil 231 pesos mensuales, misma que incluye la cantidad de alimentos suficientes que satisfagan los requerimientos de energía y nutrientes para una persona.

La suma de ambas canastas equivale a 2 mil 526 pesos, por lo que esa cantidad es la necesaria para que una persona pueda vivir dignamente un mes, y debe ser el parámetro que guie la definición del monto del salario mínimo.

Aunque es evidente que también deben contemplarse otros factores como la composición y número de las familias mexicanas.

No desestimamos la generación de riqueza nacional y el aumento del poder adquisitivo del trabajador a través de la inversión en capital humano para aumentar la productividad, disminuir la brecha entre la productividad y los salarios es una condición indispensable para la estabilidad económica del país y para mejorar el ingreso del trabajador.

Sin embargo, las condiciones de pobreza que experimenta el país, así como la desigualdad en el ingreso, nos obligan a impulsar acciones que garanticen una vida digna para los mexicanos. Cumplir con lo dispuesto en la Constitución es una obligación legal impostergable, es inadmisible pensar que una familia puede vivir con 67 pesos diarios.

Un crecimiento ordenado y paulatino del salario mínimo hasta alcanzar la línea de bienestar no producirá inflación, ni desajustes en la economía nacional. El salario mínimo ha crecido en muchos países comparables a México, como Chile y Turquía, mientras que México hoy es uno de los países con el salario más bajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un salario que equivale a 0.6 dólares por hora trabajada, en Chile se pagan 2.3 y en Turquía 2.8 dólares, peor aún si nos comparamos con Australia, en donde un trabajador recibe 15.2 dólares por hora trabajada.

En otras palabras, de los países miembros de la OCDE, México tiene el salario mínimo más bajo, de apenas 67 pesos diarios, cuando el promedio es de 817 pesos. Chile, penúltimo en la lista, tiene un salario de 263 pesos diarios.

El salario ha perdido valor porque la inflación estaba fuera de control a causa del endeudamiento y el gasto público sin control en los años 70, 80 y principios de los 90; sin embargo, con la estabilidad económica alcanzada en los últimos años un incremento al salario no traería desequilibrios económicos, sino beneficios para el trabajador.

Hay que hacer mención de que actualmente están a discusión iniciativas que pretenden desvincular al salario mínimo de las multas y sanciones que actualmente lo tienen como parámetro de referencia, así como de los créditos de adquisición de viviendas del Infonavit, de las prerrogativas de los partidos políticos, de las cuotas establecidas en la Ley Federal de Derechos, y demás disposiciones legales y administrativas que utilizan el salario mínimo como referencia.

Las demandas salariales seguirán un camino institucional, y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tendrá que escucharlas, considerarlas y en conjunto con los representantes patronales y del gobierno, acordar cuál es el salario mínimo óptimo año con año, pero ahora partiendo de un instrumento técnico emitido por Coneval y de un monto de referencia para a garantizar a las familias una vida digna.

De esta manera, el incremento del salario mínimo, para cubrir con el costo de la línea de bienestar que defina el Coneval, no traerá nuevas cargas impositivas a los ciudadanos, no afectará a aquellos trabajadores con un salario mayor al mínimo, no generará inestabilidad para las empresas, ni tendrá otro objetivo que el de incrementar el ingreso del trabajador más desprotegido.

No cabe duda de que el salario mínimo actual no cumple con el cometido constitucional de proporcionar al trabajador y a su familia una vida digna, por el contrario, el salario mínimo actual carece de sentido social, para convertirse en un indicador estadístico, financiero o legal.

Por lo que se requiere de una reforma profunda que le devuelva su concepción original, es decir, la de proveer bienestar a las familias mexicanas.

Decreto

Artículo Único. Se adiciona el primer párrafo del artículo 85; se adiciona un párrafo tercero al artículo 90, recorriéndose en el orden el subsecuente; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 94, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 85. El salario debe ser remunerador y garantizar que con él se cubran las necesidades básicas de una familia. Nunca podrá ser menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo.

...

Artículo 90. ...

El importe del salario mínimo deberá ser suficiente para asegurar la satisfacción de las necesidades normales de una familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Para tal efecto, el salario mínimo deberá ser suficiente para garantizar, al menos, que el ingreso del trabajador cubra el costo de la Línea de Bienestar para una familia, determinada anualmente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, iniciando por el costo de la canasta alimentaria.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

Artículo 94. ...

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos garantizará que el salario mínimo sea suficiente, al menos, para que el ingreso del trabajador cubra el costo de la Línea de Bienestar para una familia, determinada anualmente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, iniciando por el costo de la canasta alimentaria.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deberá dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto, en un término que no podrá exceder del 31 de diciembre de 2015.

Tercero. La vinculación que otros ordenamientos jurídicos realicen sobre el monto de los salarios mínimos distinto a los alcances previstos en la presente ley, se ajustarán a la unidad de referencia que al efecto se determine por el Congreso de la Unión.

Hasta no realizarse los ajustes correspondientes por parte del Congreso de la Unión respecto a la unidad de referencia, los salarios mínimos que al efecto determine la comisión, no podrán ser utilizados como unidad, medida, base, índice u otros que sean ajenos a la naturaleza del Salario Mínimo como remuneración.

Notas:

1. UNAM. Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía (FE). Poder adquisitivo del salario y la precarización del nivel de vida de los trabajadores en México 2012. http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_281.html

2. Coneval. Comunicado de Prensa. Medición de la Pobreza 2012. http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/COMUNICADO_PRENSA_ 003_MEDICION_2012.pdf

3. Coneval. Evolución de las Líneas de Bienestar y de la canasta alimentaria. http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica .aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2014.— Diputados: María Beatriz Zavala Peniche, Juan Bueno Torio, Karina Labastida Sotelo (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene la palabra ahora la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o., de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados federales. En su muy conocida obra La seducción de las palabras, el escritor y periodista español Alex Riquelme, señala con agudeza que aun cuando transparencia y democracia no son palabras sinónimas, ambas evocan recíproca y exactamente lo mismo: democracia y transparencia.

Porque la transparencia en una democracia por incipiente que ésta sea, es la posibilidad de contar con un Estado en el que no hay secretos, en el que todo puede y debe hacerse a la luz pública y en el que el flujo de información sea tal que la distancia entre los poderes públicos y los ciudadanos sea cada vez más estrecha, porque si bien la democracia implica elección en libertad y participación ciudadana, no es plena si no se obtiene de los elegidos y de los órganos públicos que van a dirigir transparencia y compromiso.

Es decir, lo deseable es un Estado más accesible y democrático, que todo poder público sea público, que nada de lo público sea secreto porque otro de los objetivos de la democracia ha sido erradicar para siempre de la sociedad humana, como dijera Norberto Bobbio, el poder invisible para dar vida a un gobierno cuya actuación debe ser analizada en público.

Nada legitima más a un Estado ante la sociedad que la transparencia y la rendición de cuentas; nada favorece más a los paraísos de inmunidad y de impunidad que tanto agravian al pueblo que el incumplimiento de estos principios.

El Partido del Trabajo ha estado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas desde su nacimiento como partido político nacional.

Como legisladora, congruente con los principios y valores de mi partido, reitero que la rendición de cuentas y la transparencia deben ir más allá del discurso y de la sola intención, han de ser un ejercicio obligado y cotidiano de los poderes públicos.

Siendo el Congreso el órgano que representa directamente al pueblo, considero que el principio de transparencia debe satisfacerse con mayor rigor.

En un Estado de derecho nadie puede discutir la necesidad y conveniencia de que la actividad de los legisladores sea transparente, pues tan sólo de esa manera por parte del conocimiento de la ciudadanía de la actuación de los poderes públicos, se puede dotar de eficacia al ideal que encarna el citado modelo de Estado, al que se refiere la Constitución general de la república.

Recientemente, en el pleno de esta soberanía se llevó a efecto un intenso debate relativo a una supuesta recepción de recursos públicos destinados a los grupos parlamentarios, cuya justificación aún no ha sido plenamente aclarada a la sociedad.

Precisamente para efectos de que no se repitan en el corto plazo ese tipo de situaciones es que propongo la presente iniciativa para el efecto de que el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su inciso b) considere a los grupos parlamentarios como sujetos obligados.

Ciertamente, la Cámara de Diputados ha propiciado avances importantes en materia de transparencia y acceso a la información pública al señalar, en el artículo 22 de su reglamento, la necesidad de que los grupos parlamentarios cumplan con las disposiciones legales reglamentarias de transparencia y administrativas vigentes de aplicación en la Cámara para la verificación de los recursos públicos.

Pero resulta indispensable avanzar en transparentar los recursos asignados a los grupos parlamentarios por ser éstos, desde mi perspectiva jurídica, personas de derecho público.

Por lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración del pleno la iniciativa referida. Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Magdalena Núñez Monreal, diputada a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, secretaria de la Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIV, inciso b), del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de que los grupos parlamentarios sean considerados sujetos obligados a la observancia de dicha norma, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la conocida obra La seducción de las palabras, el escritor y periodista español Alex Grijelme señala con agudeza que aún cuando transparencia y democracia no son palabras sinónimas, ambas evocan recíproca y exactamente lo mismo: democracia y transparencia.

Porque la transparencia en una democracia, por incipiente que ésta sea, es la posibilidad de contar con un Estado en el que no hay secretos, en el que todo puede y debe hacerse a la luz pública, y en el que el flujo de información sea tal que la distancia entre los poderes públicos y los ciudadanos sea cada vez más estrecha.

Porque si bien la democracia implica elección en libertad y participación ciudadana, no es plena si no se obtiene de los elegidos y de los órganos públicos que van a dirigir, transparencia y compromiso.

Es decir, lo deseable es un Estado más asequible y democrático. Que todo poder público sea público, que nada de lo público sea secreto, porque otro de los objetivos de la democracia ha sido erradicar para siempre de la sociedad humana, como dijera Norberto Bobbio, el poder invisible, para dar vida a un gobierno cuya actuación debe analizarse en público.

Nada legitima más a un Estado ante la sociedad que la transparencia y la rendición de cuentas. Nada favorece más a los paraísos de inmunidad y de impunidad, que tanto agravian al pueblo, que el incumplimiento de estos principios.

El Partido del Trabajo ha estado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas desde su nacimiento como partido político nacional.

Como legisladora, congruente con los principios y valores de mí partido, reitero que la rendición de cuentas y la transparencia deben ir más allá del discurso y de la sola intención: han de ser un ejercicio obligado y cotidiano de los poderes públicos.

Dado que el Congreso es el órgano que representa directamente al pueblo, el principio de transparencia debe satisfacerse con mayor rigor.

En un estado de derecho nadie puede discutir la necesidad y conveniencia de que la actividad de los legisladores sea transparente, pues tan solo de esa manera, por parte del conocimiento de la ciudadanía de la actuación de los poderes públicos, se puede dotar de eficacia al ideal que encarna el citado modelo de Estado, al que se refiere la Constitución General de la República.

La transparencia de los órganos del Estado debe ser una característica de nuestra democracia, porque las cosas públicas que a todos nos interesan pueden y deben ser conocidas de todos. Por ello, el Congreso, como órgano central de la actividad política en nuestro sistema democrático, no puede dejar de transparentar el manejo del presupuesto que año con año le es asignado para el desarrollo de sus actividades.

El pueblo debe tener la posibilidad de conocer en qué gastamos sus recursos los legisladores, para mejorar la relación entre el Congreso y los electores. Si el Congreso es el vehículo, el órgano y la expresión de la opinión pública, su actividad interna debe guiarse por los principios de transparencia.

En el pasado encuentro de legisladores del Partido del Trabajo, previo al inicio del tercer año de la actual legislatura, asumimos el compromiso de impulsar y promover iniciativas y consensos necesarios para hacer realidad las reformas que conduzcan a construir un régimen universal de acceso a la información legislativa.

Considero que si bien la Cámara de Diputados ha propiciado avances importantes en materia de la transparencia y el acceso a la información pública, al señalar en el artículo 22 del Reglamento, la necesidad de que los grupos parlamentarios cumplan “con las disposiciones legales, reglamentarias, de transparencia y administrativas vigentes de aplicación en la Cámara, para la verificación de los recursos públicos”, es importante avanzar en transparentar los recursos asignados a los grupos parlamentarios, por ser estos, desde mi perspectiva jurídica, personas de derecho público, como a continuación se demostrará.

La voz persona fue adoptada por la terminología jurídica para hacer referencia al sujeto dotado de representación propia en el derecho. Así, en el ámbito jurídico hoy se entiende por persona todo ente físico o moral capaz de asumir derechos y obligaciones, por cuya razón este vocablo se utiliza lo mismo para aludir a los seres humanos que a las asociaciones de éstos, a las organizaciones que los agrupan, y a las instituciones creadas por ellas.

A la luz de la ciencia jurídica podemos distinguir las personas físicas, de las morales o jurídicas; a unas y a otras se les pueden imputar derechos y obligaciones; la persona física es un ser humano, la persona moral o jurídica, en cambio, es un ente de creación artificial, con capacidad para tener un patrimonio, adquirir derechos y contraer obligaciones. Eduardo García Máynez, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala: “La persona moral posee derechos subjetivos y tiene obligaciones, aun cuando no pueda, por sí misma, ejercitar los primeros ni dar cumplimiento a las segundas. La persona jurídica colectiva obra por medio de sus órganos. Los actos de las personas físicas que desempeñan la función orgánica en las personas morales, no valen como actos de las primeras, sino de la persona colectiva”.

Federico Carlos de Savigny, uno de los fundadores de la escuela histórica del derecho, para quien el alma del pueblo no es una expresión metafórica, sino una entidad real, aunque misteriosa, de la cual dimanan todos los fenómenos de cultura, sostuvo en el siglo XIX la existencia de diferentes tipos de personas morales: “Por una parte, hay personas sociales (la nación) que no son un agregado de individuos, sino verdaderos seres naturales, dotados de conciencia; y, por otra, las personas jurídicas que son seres ficticios, sujetos artificialmente creados por y para el derecho positivo, pues la idea primitiva y natural de persona coincide con la de individuo”.

En México, el artículo 25 del Código Civil Federal reconoce como personas morales las siguientes:

I. La nación, los estados y los municipios;

II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas en la ley;

III. Las sociedades civiles o mercantiles;

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución federal;

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas en la ley; y

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736.

El profesor argentino Benjamín Villegas Basavilbaso señala respecto a la clasificación de las personas morales que si la persona es pública sus actos son regulados por el derecho público, principalmente por el derecho administrativo, desde el punto de la forma, del contenido y de su fuerza ejecutoria, y además del control jurisdiccional. Otra consecuencia de significación es la relacionada con la posibilidad del ejercicio del poder disciplinario sobre los funcionarios y empleados de la persona pública.

Frente a la clasificación bipartita de las personas jurídicas ha surgido la clasificación tripartita que las agrupa en personas de derecho privado, personas de derecho público, y persona de derecho social.

Las clasificación tripartita predica que las personas jurídicas no son todas de la misma naturaleza, porque unas se forman en los moldes del derecho privado, como las sociedades civiles y mercantiles; otras, como los ejidos, las sociedades de producción rural y los sindicatos, se conforman en el derecho social que incluye al derecho agrario y al del trabajo; en tanto que los partidos políticos, los órganos constitucionales autónomos, los establecimientos públicos, los organismos descentralizados, los entes autárquicos y las sociedades nacionales de crédito se acuñan en los troqueles del derecho público.

En el derecho comparado suelen catalogarse como personas de derecho público las constituidas de acuerdo con las normas del derecho constitucional y del derecho administrativo, como ocurre con el Estado –en el federal, también, con sus entidades federativas, y en el central con sus provincias y regiones autónomas–, el municipio y el órgano constitucional autónomo; o como acontece con el establecimiento público, el ente autárquico, el organismo autónomo, el servicio descentralizado, el ente autónomo, el organismo descentralizado, la corporación pública y la sociedad nacional de crédito, entre otros.

Como los grupos parlamentarios fueron creados por decreto del Constituyente Permanente, éstos deben considerarse personas de derecho público.

Fernando Santaolalla, en Derecho parlamentario español,refiere: “Los grupos parlamentarios son los ejes sobre los que gira la vida política de las asambleas legislativas de nuestra época. Frente al parlamentarismo decimonónico, en el que los representantes individuales eran factor primordial, mientras que las organizaciones políticas tenían una presencia débil y desdibujada, la situación de las Cámaras actuales supone una inversión casi completa: de elementos adjetivos, estas organizaciones se han transformado en los pilares sustantivos del sistema. De esta forma, los verdaderos protagonistas del parlamentarismo de nuestro tiempo son estas fuerzas políticas organizadas. Los partidos políticos y su trasunto parlamentario, los así llamados grupos políticos o grupos parlamentarios, constituyen los determinantes reales de las decisiones y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado”.

Los grupos parlamentarios en México surgieron como consecuencia de las reformas constitucionales de 1977 en materia electoral, cuando se adicionó un tercer párrafo al artículo 70 de la Constitución General de la República, cuyo tercer párrafo señala: “La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados”.

Como se aprecia, de la lectura del párrafo anterior se desprende que el Constituyente Permanente omitió hacer referencia a la agrupación de los senadores, por lo que con la expedición de la Ley Orgánica del Congreso de 1979, se pretendió salvar dicha ausencia, al definir en el artículo 71 de la disposición secundaria a los grupos parlamentarios como las formas de organización que podrán adoptar los senadores con igual afiliación de partido, para realizar tareas específicas en el Senado y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo. Además, deberán contribuir a orientar y estimular la formación de criterios comunes en las deliberaciones en que participen sus integrantes”.

De conformidad con el artículo 26, inciso 3, de la Ley Orgánica del Congreso, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados se constituyen mediante la presentación a la Secretaría General de la documentación siguiente:

a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo, con especificación del nombre de éste y lista de sus integrantes;

b) Las normas acordadas por los miembros del grupo para su funcionamiento interno, según dispongan los estatutos del partido político en el que militen; y

c) Nombre del diputado que haya sido designado como coordinador del grupo parlamentario y los nombres de quienes desempeñen otras actividades directivas.

El artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece: “De conformidad con la representación de cada grupo parlamentario, la Junta de Coordinación Política acordará la asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta de Coordinación Política dispondrá una subvención mensual para cada grupo parlamentario, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del número de diputados que los formen”.

Mientras, el numeral 2 del dispositivo invocado establece: “La cuenta anual de las subvenciones que se asigne a los grupos parlamentarios se incorporará a la cuenta pública de la Cámara de Diputados, para efectos de las facultades que competen al órgano de fiscalización previsto en el artículo 79 constitucional. De dicho documento se remitirá un ejemplar a la Contraloría Interna de la Cámara”.

Con relación a la Cámara de Senadores, el inciso a) del artículo 113 numeral 1 indica que la Contraloría Interna tendrá entre sus atribuciones “realizar la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara. También auditará a los grupos parlamentarios respecto del ejercicio de los recursos que les sean asignados por la Cámara, para lo cual deberán presentar un informe semestral”.

El capítulo V del Reglamento de la Cámara de Diputados se refiere a los grupos parlamentarios. El artículo 19 señala: “Los grupos utilizarán los recursos financieros, humanos y materiales que les proporcione la Cámara sólo para el cumplimiento de sus funciones”.

De lo señalado se deriva que los grupos parlamentarios, tanto los de la Cámara de Diputados como los de la de Senadores, son personas jurídicas de derecho público y, por tanto, sujetos de derechos y obligaciones, pues cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano y, por lo mismo, desde mi punto de vista, deben estar sujetos a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por lo manifestado se somete a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona el inciso b) de la fracción XIV del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por

...

XIV. Sujetos obligados:

a) ...

b) El Poder Legislativo federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente, cualquiera de sus órganos y los grupos parlamentarios;

c) ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2014.— Diputados: Magdalena Núñez Monreal, Juan Pablo Adame Alemán (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Monreal. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su dictamen.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (a las 15:51 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 2 de octubre del 2014 y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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