Presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera

ASISTENCIA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 284 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera (a las 11:29 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 14 de abril de 2015.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Reincorporación

Del diputado Manuel Añorve Baños.

De la diputada Lucila Garfias Gutiérrez

En relación con retiro de iniciativa.

Del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Con el que remite el documento denominado “Los Docentes en México”, así como el Informe Anual de Gestión del Instituto del año 2014.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el informe anual de las concesiones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el ejercicio fiscal 2014.

Con los que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año.

De la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas.

Del Instituto Mexicano de la Juventud

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputado, para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de Educación Básica y Media Superior.

Del Instituto Nacional de las Mujeres

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputado, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Del Congreso del estado de Morelos

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año, en materia de abandono de niñas y niños y de la pérdida de la patria potestad.

De la Cámara de Senadores

Con el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Con el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Con el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente.

Declaratoria de reforma constitucional

Declaratoria de aprobación del Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción III del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicitudes de licencia

Carlos Augusto Morales López y Víctor Hugo Velasco Orozco.

Protesta de ciudadanos diputados

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, (Para incorporar el principio de interés superior de la niñez).

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Iniciativa de senadores

Con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de servicios de guarderías, que presentan los senadores Eviel Pérez Magaña y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 360 del Código Civil Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adicionan dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Iniciativas

Que deroga el artículo 181 y reforma el artículo 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Viridiana Lizette Espino Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por los diputados Lourdes Adriana López Moreno y Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley de Austeridad Republicana, a cargo de la diputada María Fernanda Romero Lozano, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Que expide la Ley Federal de Procedimientos Agrarios, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana, suscrita por los diputados José Ángel González Serna y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 119, 120, 121 y 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación.

Que reforma los artículos 5o., 64 y 127 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley que crea la Universidad Marítima de México, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 100 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 58 y 141 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 6o. y Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 36 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Roberto Cabrera Solís y Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 173, 177 y 211 Bis del Código Penal Federal y 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Abraham Correa Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma los artículos 307 de la Ley General de Salud y 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Alimentación.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley General de Entrega-Recepción de Recursos en las Administraciones Públicas, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 212 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De Decreto, para el rescate de los restos mortales de 63 mineros fallecidos en la Mina Pasta de Conchos, en la explosión del 19 de febrero de 2006, a cargo del diputado Eduardo Enrique Domínguez Maganda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 52 y 57 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Elia Cabañas Aparicio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 92 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdoba Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Deporte.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 220 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 104 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a la SHCP y al SAT, para que informen a la opinión pública, sí se está realizando alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en el Estado de Sonora, en el que participaría el Gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías, a cargo del diputado Williams Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para convocar a reuniones de trabajo con el titular de la Profepa y con el responsable del Fideicomiso de Río Sonora, para abordar el tema relativo a los derrames tóxicos que han acontecido en el Estado de Sonora, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, con excepción de la ALDF y el Congreso del estado de Hidalgo, a modificar su marco jurídico que rige las comisiones locales de derechos humanos, a cargo de la diputada Martha Loera Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que proporcione apoyo económico a los menores de 14 años de edad que padezcan algún tipo de discapacidad, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo al diseño e implementación de medidas para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia en contra de las mujeres candidatas, en el actual proceso electoral, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, a fin de implementar un programa de becas especiales que brinde a los niños y jóvenes de los grupos sociales más vulnerables, apoyos económicos para cubrir el costo de los uniformes, útiles escolares, transporte y alimentación, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo a la creación de la Universidad de la Energía en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Hacienda y Crédito Púbico, de Presupuesto y Cuenta Pública y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, para que lleven a cabo reuniones de trabajo para tratar los temas de ajuste preventivo del PEF 2016, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y del estado de Sonora, a fin de instalar una mesa de diálogo para dar respuesta a las demandas de las familias afectadas por el derrame de lixiviado de cobre y metales pesados por la actividad minera de la empresa Grupo México, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, a fin de implementar materias y programas educativos relativos al emprendimiento en los niveles de educación básica, media superior y superior, a cargo del diputado Alberto Leónides Escamilla Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob, para que emita el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a cargo de la diputada Leticia Salas López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la incitación al exterminio de ciudadanos mexicanos de origen oaxaqueño en el estado de Baja California, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que dictamine las iniciativas que tenga en estudio, respecto al tema del cambio de Régimen de Pequeños Contribuyentes al Régimen de Incorporación Fiscal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que actualice y publique el status que guardan los beneficiarios del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SHCP, a emitir lineamientos que excluyan el requisito de historial crediticio, a los solicitantes de crédito por medio de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, suscrito por los diputados Ossiel Omar Niaves López y José Daniel Ochoa Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS, a fin de agilizar el proceso de aprobación de tratamientos para pacientes con enfermedades lisosomales, a cargo de la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del gobierno de Veracruz y de Puebla, a investigar e implantar estrategias de seguridad pública para los transportistas y usuarios de la Autopista Amozoc-Perote y rutas cercanas, a cargo del diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conapesca, para que fortalezca las campañas encauzadas a fomentar un mayor consumo de productos pesqueros y acuícolas, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Protección Social de la Salud, se emprendan las medidas necesarias para que se atienda debida y oportunamente a las personas que padezcan enfermedades lisosomales, con independencia de su edad, a cargo de la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la ASF y de la SFP, para que se realicen los procedimientos de auditoría e investigación necesarios para fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los municipios del estado de Nuevo León, a través del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, a cargo del diputado César Agustín Serna Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener, a la SE, a la CFE y a la Comisión Reguladora de Energía, a fin de reducir en el estado de Quintana Roo, el monto que se cobra por concepto de tarifa eléctrica, a cargo de la diputada María de Lourdes Medina Valdes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves nueve de abril de dos mil quince, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJulio César Moreno Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta y cuatro diputadas y diputados, a las once horas con treinta y tres minutos del jueves nueve de abril de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que se comunica modificación de turno a la iniciativa por la que se reforman los artículos segundo y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional, el diecinueve de marzo de dos mil quince. De conformidad con los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De los diputados:

• Trinidad Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, con la que solicita se retiren de los registros de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentadas el veintiuno de enero y el tres de febrero del año en curso.

• Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza, con la que solicita se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Economía, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, presentada el cinco de marzo de dos mil quince.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con las que remite:

• Dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– A fin de permitir en el marco de las leyes electorales, la labor de afiliación de los partidos políticos con registro nacional. Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

– Para que emprendan acciones que garanticen el derecho a la protección integral de la vida y el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

• Ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año.

– Para derogar el decreto que otorga un predio a la embajada de Azerbaiyán en México, para el albergue de la estatua de Heydar Aliyev.

– Para atender los daños ocasionados al ambiente en el área de valor ambiental Barranca de Tarango.

– Relativo a la implementación de mecanismos de transparencia mediante los cuales cada uno de los trabajadores de la educación federalizados puede verificar la información correspondiente a su nómina.

– Relativo a favorecer el respeto a los derechos humanos en la investigación que realiza de los hechos en agravio de Yanira Esparza Noriega.

– Para que implementen nuevas acciones necesarias que permitan brindar protección a los periodistas.

– Relativo a investigar y resolver el caso de Ti Kip Fernández Vilchis, quien falleciera tras ser atropellada por el Metrobús en la Ciudad de México.

– Con relación al avance de las investigaciones que se siguen al jefe delegacional en Iztapalapa.

– Para que informen sobre el avance de las investigaciones derivadas de las irregularidades observadas en la línea 12 del metro.

Se remiten a los promoventes, para su conocimiento.

d) Del Gobierno del Estado de México, con las que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, y por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año:

• Relativo a impulsar el aumento del personal médico y de enfermería en el país. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Para que informe del estado en que se encuentra la investigación de los asesinatos del activista Adrián Rodríguez y su acompañante hondureño, ocurrido el mes de noviembre de 2014, en dicha entidad. Se remite al promovente, para su conocimiento.

e) Del Gobierno del estado de Michoacán, con las que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• A fin de cancelar definitivamente la construcción del “Libramiento Sur de Morelia”.

• Relativo a los programas y acciones permanentes para fomentar la gestión integral de los residuos de manejo especial.

Se remiten a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

f) Del Gobierno del estado de Coahuila, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año, para que los gobiernos estatales apliquen la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se remite al promovente, para su conocimiento.

g) Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de San Luis Potosí, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año, para emprender programas y acciones de prevención e identificación de niñas, niños y adolescentes víctimas potenciales del maltrato. Se remite al promovente, para su conocimiento.

h) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite acuerdo de la Mesa Directiva para realizar Sesión Solemne el quince de abril de dos mil quince, en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional. Se remite a la Mesa Directiva.

• Con la que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de manejo de residuos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del Salón de Sesiones los ciudadanos: María Estela Moreno Alvarado, Lucía Reynoso Castellanos; José Luis Martínez Meléndez, y Gildardo Sánchez González, diputadas y diputados federales electos. El Presidente designa una comisión que los acompañe en su ingreso al Salón, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Mario Alberto Dávila Delgado. Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Regeneración Nacional;

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de apego al tema el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Javier Gutiérrez Reyes, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México; Daniela Díaz Magaña, del Partido de la Revolución Democrática; Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional;

A las doce horas con treinta y dos minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos veintinueve diputadas y diputados.

y Alma Marina Vitela Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e intervienen en pro los diputados Antonio Sansores Sastré, y José Adán Abellaneda, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos veinticuatro votos a favor, y seis en contra, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos constitucional.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática. El presidente hace aclaraciones.

A solicitud del diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, el Presidente concede un minuto de silencio en memoria del general Emiliano Zapata Salazar, a noventa y seis años de su fallecimiento, e invita a la Asamblea ponerse de pie.

Se da cuenta con acuerdo de la Mesa Directiva relativo a diversas vacantes de diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba el Acuerdo. Comuníquese.

Se continúa con la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

b) Pesca, que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Alfonso Inzunza Montoya. Para fijar postura de la agrupación y de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Loretta Ortiz Ahlf, de Movimiento Regeneración Nacional; Javier Gutiérrez Reyes, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputadoMartín Alonso Heredia Lizárraga

Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México; Claudia Elena Águila Torres, del Partido de la Revolución Democrática; y Tania Margarita Morgan Navarrete, del Partido Acción Nacional. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos trece votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

c) Trabajo y Previsión Social, por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo treinta y tres y un segundo párrafo al artículo mil seis de la Ley Federal del Trabajo. Por instrucciones de la Presidencia se da lectura a las modificaciones propuestas por la Comisión, mismas que en votación económica se aceptan. Para fijar postura de su agrupación interviene la diputada Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Regeneración Nacional.

Presidencia del diputadoJulio César Moreno Rivera

Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de doscientos noventa y nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular, con las modificaciones aprobadas por la Asamblea, el proyecto de decreto por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo treinta y tres y un segundo párrafo al artículo mil seis de la Ley Federal del Trabajo. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud y de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud, para dictamen.

• Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo mil setenta del Código de Comercio. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• José Adán Abellaneda, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento de Regeneración Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Jaime Bonilla Valdez, de Movimiento de Regeneración Nacional, que reforma los artículos doscientos sesenta y ocho, y doscientos setenta y cinco de la Ley Federal de Derechos, y sexto de la Ley Minera. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para dictamen.

• Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos Décimo Sexto y Décimo Octavo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes diez de febrero de dos mil catorce. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Jaime Bonilla Valdez, de Movimiento de Regeneración Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, para dictamen.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos novecientos ochenta, y mil cincuenta y siete del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo trescientos veintitrés Ter del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Jaime Bonilla Valdez, de Movimiento de Regeneración Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo veintiséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Turno: Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos veinticinco y veintiséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sesenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarto de la Ley de Asistencia Social. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María Fernanda Romero Lozano, de Movimiento de Regeneración Nacional, que deroga el artículo sesenta y uno de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo quinto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

• María Fernanda Romero Lozano, de Movimiento de Regeneración Nacional, que reforma los artículos veinte, y veintitrés de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cincuenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo segundo de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• José Arturo López Candido, de Movimiento de Regeneración Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

• Arnoldo Ochoa González, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley Federal para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. Se turna a la Comisión de Marina, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento de Regeneración Nacional, que adiciona un artículo ochenta y cinco Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento de Regeneración Nacional, que reforma el artículo ciento cuarenta y nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, que reforma el artículo ochenta y nueve de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Martha Loera Arámbula, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la firma del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Blanca Jiménez Castillo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contemple una reasignación del gasto público en favor de las organizaciones de la sociedad civil. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Puebla, a fin de investigar las presuntas violaciones cometidas en contra del ciudadano Alejandro Mondragón; y al titular de la Secretaría de Contraloría de esa entidad para que se indague el presunto conflicto de interés entre el gobierno y la empresa Prosfer Corporación, SA de CV. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades competentes, a fin de realizar inspecciones periódicas en las escuelas de todo el país para evitar que se siga realizando el cobro de cuotas escolares. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, relativo a la implementación de políticas públicas encaminadas a detener la pérdida de la biodiversidad. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Samuel Gurrión Matias, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con sus homólogas estales, diseñe e implemente programas para reducir los partos accidentados. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional, para emitir un atento y enérgico extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua, ante las declaraciones vertidas por el titular de la fiscalía zona centro en dicho estado, con relación al asesinato de dos jóvenes militantes del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a fin de investigar y fincar las responsabilidades correspondientes al alcalde de Chihuahua, por su conducta discriminatoria. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que garanticen la implementación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, relativo a la seguridad pública y procuración de justicia que garanticen el libre ejercicio del periodismo en el estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Víctor Hugo Velasco Orozco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, promover mecanismos para que los trabajadores puedan transferir los recursos de su subcuenta de vivienda, en el momento de su retiro o recursos no utilizados, a la subcuenta de sus beneficiarios. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Simón Lomelí Cervantes, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de dotar al Instituto de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas al Seguro de Enfermedades y Maternidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, se imparta el programa de educación presencial Formación Especializada, a cada uno de los candidatos que participarán en el proceso electoral federal dos mil quince. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades competentes, a fin de apoyar a las instituciones científicas mexicanas encargadas de luchar contra la enfermedad de Parkinson. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de liberar los recursos del Programa emergente del Café dos mil catorce, en beneficio de los cafetaleros veracruzanos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Ana María Gutiérrez Coronado, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, coloque señalamientos horizontales y verticales de ciclo vías en la carretera dos que comprende a los municipios de Altar, Pitiquito, Caborca y Sonoyta, del estado de Sonora. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, se garantice la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo en México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura y otras autoridades nacionales, para que intervengan y verifiquen las obras que el gobierno del estado de Puebla realiza desde el dos mil catorce, en los alrededores de la Gran Pirámide del Santuario de los Remedios en San Andrés Cholula. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las instancias de procuración de justicia del territorio nacional, formulen un registro nacional y difundan las estadísticas de las denuncias de tortura y los malos tratos durante la detención. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes catorce de abril de dos mil quince, a las once horas y levanta la sesión a las catorce horas con seis minutos».

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda la Secretaría, a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobada el acta.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: –Permítame, diputada–. Proceda la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Apreciable diputado:

Con base en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito dirigirme a usted para informarle de mi reincorporación al cargo de diputado federal, por Guerrero, a partir de la fecha del presente.

Lo anterior, a efecto de estar en condiciones de reiniciar mi actividad legislativa y se realicen los trámites administrativos y legales conducentes.

Agradeciendo la atención que se sirva brindar al presente, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2015.— Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones para que sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 149 Ter del Código Penal Federal, y 9o. y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía el 9 de diciembre de 2014 y que fue turnada ése mismo día a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para el dictamen correspondiente.

Agradeciéndole de antemano su atención a la presente, reciba usted mis saludos más cordiales.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2015.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.Proceda, secretario.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 73 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), me permito presentar a esta honorable Cámara de Diputados el estado que guardan los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, derivado de las evaluaciones, en el documento denominado Los docentes en México, así como el Informe Anual de Gestión del INEE 2014. (1)

Sin otro asunto por el momento, reciba saludos cordiales.

Atentamente

México, DF, a 8 de abril de 2015.— Maestra Sylvia Schmelikes del Valle (rúbrica), consejera Presidenta de la Junta de Gobierno.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 2, fracción II, 8, 15, 16, 72 y 73 de la Ley General de Bienes Nacionales, me permito enviar copia del oficio número 5.1.103.303.031, signado por el licenciado Juan Ramón Ramos Cardona, director de Contabilidad y Cuenta Pública de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual envía el informe anual de las concesiones otorgadas durante el ejercicio fiscal 2014.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de abril de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

De conformidad con el artículo 72, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales, las dependencias administradoras de inmuebles podrán otorgar a los particulares derechos de uso o aprovechamiento sobre los inmuebles federales, mediante concesión, para la realización de actividades económicas, sociales o culturales, sin perjuicio de leyes específicas que regulen el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones sobre inmuebles federales, indicando que presentarán un informe anual a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre las concesiones otorgadas en el periodo correspondiente.

En cumplimiento a la disposición antes mencionada, el director general de Aeronáutica Civil con fecha 17 de febrero del presente año, emitió el oficio No. 4.1.155, en el que se sirve enviarnos el informe de las concesiones vigentes que durante 2014 ha otorgado el gobierno federal por conducto de esta secretaría de conformidad con lo siguiente:

Lo anterior con objeto de que por su amable conducto se haga del conocimiento de la honorable Cámara de Diputados, para los efectos de los artículos 2, fracción II, 8, 15, 16, 72 y 73 de la Ley General de Bienes Nacionales y demás normatividad relativa aplicable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de abril de 2015.— Licenciado Juan Ramón Ramos Cardona (rúbrica), director de Contabilidad y Cuenta Pública.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-3-5569, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SCR/075/2015, suscrito por el licenciado Francisco Maass Peña, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo reforzar las acciones de promoción de turismo de salud, a favor de diversos municipios ubicados en la frontera norte del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 8 de abril de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Turismo.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a sus oficios SELAP/UEL/311/2109/14 y SELAP/UEL/311/355/15, por medio de los cuales informa que el honorable Congreso de la Unión emitió los puntos de acuerdo que a continuación se transcriben para pronta referencia:

• El Senado de la República solicita respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo, informe a esta soberanía los avances de la estrategia para el desarrollo, posicionamiento y promoción de la industria de turismo de salud.

• El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo a impulsar el turismo de Salud en el Distrito Federal, los estados de Guerrero, Morelos, así como aquellos otros estados que cuenten con oferta de exportación en la materia.

• La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Salud, y de Turismo, con la finalidad de que se refuercen las acciones de promoción de turismo de salud, a favor de diversos municipios ubicados en la frontera norte del país.

Sobre el particular y toda vez que en el marco de las atribuciones encomendadas a la Subsecretaría de Calidad y Regulación, se ha designado a esta área como Enlace para la debida atención de las solicitudes de carácter legislativo que sean competencia de esta secretaría, le informo las acciones que esta dependencia ha llevado a cabo en materia de turismo de salud.

La Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico de esta dependencia realizó durante 2014 diversas acciones transversales con la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Consejo Nacional de Arbitraje Médico, el Banco de Comercio Exterior (Bancomext) y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en los quince clústers existentes y los dos próximos a formarse de turismo médico del país.

Con estas acciones conjuntas, se logró establecer y difundir una estrategia integrada, basada en tres vertientes:

Primera, ofrecer servicios de calidad, mediante la homologación de los estándares de certificación nacionales con la Joint Comission norteamericana, así como normar la prestación de los servicios y dar orden al establecimiento y crecimiento de los clústers.

Segunda, es el impulso de una campaña de promoción específica que contempla un catálogo de servicios en página web, la participación en diez eventos nacionales y dos internacionales y un pabellón de turismo médico en el Tianguis Turístico de Cancún donde se exhibió la oferta nacional privada.

Tercera, en conjunto con el Instituto de Competitividad Turística, la realización de un sistema de información y conocimiento, que contiene un protocolo de investigación, así como el diseño de estadísticas en el sistema Datatur, en conjunto con la Subsecretaría de P1aneación y Política Turística.

Se conjuntó el inventario de los prestadores de servicios de turismo médico, y por otro lado, se obtuvo un acuerdo para ofertar productos financieros especializados de Bancomext.

Durante 2015 se continuará con la coordinación de acciones para fortalecer esta línea de producto por medio de las estrategias y líneas de acción descritas, así como mediante la inclusión de la iniciativa privada al Gabinete Turístico a través del establecimiento del Consejo Consultivo de Turismo Médico.

La Dirección General de Certificación Turística está próxima a lanzar el Distintivo de Turismo Médico, certificación que está enfocada en el servicio y no sustituye a las certificaciones de la Secretaría de Salud.

Por lo que respecta al CPTM, las acciones que ha venido llevando a cabo, las ha implementado a través del programa Frontera Norte, donde por dos años consecutivos se han realizado inversiones para la promoción de los destinos de la frontera norte y con ellos se seleccionaron, en coordinación con los destinos, los productos a promover y uno de los seleccionados fue el producto de turismo médico durante 2013 y 2014.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de abril de 2015.— Licenciado Francisco Maass Peña (rúbrica), subsecretario de Calidad y Regulación.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-7-5503, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/730/2015, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implementar un programa nacional mediante el cual se lleven a cabo pruebas de detección de diabetes con la finalidad de que los casos positivos inicien su tratamiento de manera inmediata, impidiendo con ello, la presencia de casos de diabetes avanzada con severas afectaciones a la salud, así como implementar acciones encaminadas a concientizar a los pacientes diagnosticados con diabetes de la importancia de cumplir cabalmente con el tratamiento ordenado por su médico, a fin de poder controlar su enfermedad y alcanzar una mejor calidad de vida.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 8 de abril de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

«Oficina del titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/378/15, de fecha 18 de febrero de 2015, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informó que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el día 17 de febrero del 2015 se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar un programa nacional mediante el cual se lleven a cabo pruebas de detección de diabetes con la finalidad de que los casos positivos inicien su tratamiento de manera inmediata, impidiendo con ello la presencia de casos de diabetes avanzada con severas afectaciones a la salud.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que implemente acciones encaminadas a concientizara los pacientes diagnosticados con diabetes de la importancia de cumplir cabalmente con el tratamiento ordenado por su médico, a fin de poder controlar su enfermedad y alcanza una mejor calidad de vida.

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-0833-201S, suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; CCINSHAE-DGCINS-221-2015, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, y oficio SIDSS/CAS/0246/2015, suscrito por la actuaria Sandra Orcí Gutiérrez, coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar le un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de abril de 2015.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/171/2015, que refiere:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar un programa nacional mediante el cual se lleven a cabo pruebas de detección de diabetes con la finalidad de que los casos positivos inicien su tratamiento de manera inmediata, impidiendo con ello la presencia de casos de diabetes avanzada con severas afectaciones a la salud.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que implemente acciones encaminadas a concientizara los pacientes diagnosticados con diabetes de la importancia de cumplir cabalmente con el tratamiento ordenado por su médico, a fin de poder controlar su enfermedad y alcanza una mejor calidad de vida.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de marzo de 2015.— Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

En respuesta al oficio SPPS-CAS-0675-2015, que hace referencia al oficio SELAP/UEL/311/378/15, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, Encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Cámara de Diputados, me permito enviarle en documento anexo los comentarios correspondientes al punto de acuerdo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de marzo de 2015.— Doctor Felipe González Roldán (rúbrica), director general.»

«Opinión al punto de acuerdo

En relación con la exposición de motivos al acuerdo legislativo que se expone en el oficio SPPS-CAS-0675-205, se desprenden los siguientes comentarios:

Sobre el punto primero: la Secretaría de Salud federal y las Secretarías de salud estatales ejecutan el Programa de Acción Específico de Diabetes Mellitus 2013-2018 a través del cual se realizan acciones de prevención, detección oportuna, ingreso a tratamiento, control y seguimiento de personas con diabetes mellitus. Además desde el año 2013 se ha implementado la estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la prevención detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas con factores de riesgo o que ya padecen esta enfermedad. Cada una de las 32 entidades federativas cuenta con una adecuación estatal de la estrategia nacional.

Cabe aclarar que el término erradicación no está contemplado en ninguna política, plan o programa de salud en diabetes mellitus, ya que en términos de salud pública y epidemiológica sólo se emplea en el manejo de las enfermedades infecciosas.

Sobre el punto segundo: en el primer nivel de atención, la Secretaría de Salud, a través del personal estatal, realiza detecciones de casos de diabetes mellitus, otorga el tratamiento adecuado y se da un seguimiento a cada caso con el fin de lograr el control metabólico y prevenir complicaciones. Además, por medio de las Unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas (Unemes EC), se atiende a personas sin complicaciones con diabetes mellitus reactivos a alcanzar metas de control metabólico en los centros de salud, otorgando una atención integral e interdisciplinaria de calidad. Dentro de las acciones de atención clínica tanto en el primer nivel de atención como en las Unemes EC, se concientiza a los pacientes para lograr un mejor apego al tratamiento y se les da un seguimiento personalizado, tanto a los pacientes como a sus familias.

Cada año se realizan acciones nacionales intensivas de forma permanente en septiembre y noviembre por la Semana Nacional del Corazón y de la Diabetes, cuyo objetivo principal es el fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud, que permitan crear conciencia sobre la diabetes y sus complicaciones, así como la importancia de una alimentación saludable para prevenir y controlar esta condición de forma efectiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, doctor Guillermo M. Ruiz Palacios y Santos, hago referencia a su oficio número UCVPS/169/2015, mediante el cual hizo de nuestro conocimiento que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el día 17 de febrero de 2015 se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar un programa nacional mediante el cual se lleven a cabo pruebas de detección de diabetes con la finalidad de que los casos positivos inicien su tratamiento de manera inmediata, impidiendo con ello la presencia de casos de diabetes avanzada con severas afectaciones a la salud.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que implemente acciones encaminadas a concientizara los pacientes diagnosticados con diabetes de la importancia de cumplir cabalmente con el tratamiento ordenado por su médico, a fin de poder controlar su enfermedad y alcanza una mejor calidad de vida.

Al respecto, anexo al presente encontrará copia simple del oficio s/n, suscrito por el doctor Sergio César Hernández Jiménez, coordinador del Centro de Atención Integral de Paciente con Diabetes Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de marzo de 2015.— Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud.»

«Escudo.— Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud.— Presente.

Estimado doctor Kawa:

Por instrucciones del doctor David Kershenobich Stalnikowitz, me permito hacer, de la manera más atenta, los siguientes comentarios al oficio número UCVPS/169/2015 sobre los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar un programa nacional mediante el cual se lleven a cabo pruebas de detección de diabetes con la finalidad de que los casos positivos inicien su tratamiento de manera inmediata, impidiendo con ello la presencia de casos de diabetes avanzada con severas afectaciones a la salud.

Comentario: Como hemos analizado en el capítulo “Escrutinio de diabetes mellitus” del libro Acciones para enfrentar la diabetes. Documento de postura. Academia Nacional de Medicina. Primera edición, 2014: 59-74, se requieren acciones específicas que mencionamos a continuación:

a) En México, la mitad de los casos con diabetes desconoce su condición. El porcentaje es cinco veces mayor a lo descrito en Inglaterra. Una diferencia de tal magnitud limita la aplicación de medidas aplicadas en otros países y hace imperativo la creación de un programa que disminuya la tasa de no diagnóstico. Sin embargo, los programas de detección universal indiscriminada deben ser descartados.

b) Como primer paso para la identificación de pacientes en riesgo se debe utilizar una herramienta pronóstica (como la escala de predicción FINDRISC-FINnish Diabetes Risk SCore) o identificar la existencia de condiciones de riesgo para tener diabetes incidente (mediante la historia clínica V la antropometría) Los pacientes en riesgo alto deben ser sometidos a una prueba diagnóstica. La evidencia apoya en este momento el uso de la curva de tolerancia a la glucosa oral como el mejor instrumento para identificar y categorizar pacientes con diabetes y etapas tempranas. La hemoglobina glucosilada (HbA1c), a pesar de que probablemente identifica pacientes en estadios más avanzados de la enfermedad en comparación con la curva de tolerancia a la glucosa oral, es otra opción. La glucemia capilar no es recomendable para identificar pacientes en riesgo o con diabetes. La edad de inicio de detección debe ser 20 años en poblaciones con prevalencia alta como la nuestra en pacientes con riesgo alto y muy alto la frecuencia de detección debe ser anual, para los de menor riesgo existe controversia si debe ser cada 3 a 5 años.

c) Recomendamos implementar a nivel gubernamental un programa de detección de diabetes que inicie con una encuesta, como se menciona anteriormente. La aplicación de la encuesta debe ser en lugares de gran afluencia, al obtener la credencial de elector, en escuelas, etcétera. Se deben ofrecer las pruebas confirmatorias en forma gratuita o con precios preferentes.

d) El programa de escrutinio debe estar ligado a un programa estructurado de tratamiento y seguimiento. De no contar con este último, el escrutinio de la diabetes es un dispendio.

e) Se debe incrementar la información al públi.co en general de que el diagnóstico temprano mejora la calidad de vida y disminuye el riesgo de complicaciones, como lo demuestran los análisis de costo-efectividad.

f) Se debe asegurar que en los exámenes de certificación de medicina (general y de especialidad) se evalúe el conocimiento del diagnóstico oportuno de diabetes y etapas prediabetes y su tratamiento. Se debe sugerir que la diabetes (y las enfermedades crónico-degenerativas) sean una materia curricular en las escuelas de medicina y no parte de una materia y que se certifique el conocimiento de las mismas en los exámenes y de residencias.

g) Se debe incrementar el número de programas de evaluación de la calidad de los laboratorios.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que implemente acciones encaminadas a concientizara los pacientes diagnosticados con diabetes de la importancia de cumplir cabalmente con el tratamiento ordenado por su médico, a fin de poder controlar su enfermedad y alcanza una mejor calidad de vida.

Comentario: Estamos de acuerdo y convencidos sobre la importancia de la cultura e información sobre la diabetes, por lo que apoyamos la creación de diversas estrategias educativas. Existen varias instancias de la Secretaría de Salud y organizaciones no gubernamentales que impulsan campañas de difusión sobre el aspecto preventivo y mejoramiento de la adherencia al tratamiento. Sin embargo, el éxito del tratamiento de diabetes depende de las elecciones cotidianas que hacen los pacientes con respecto a patrones de alimentación, actividad física, toma de medicamentos y la capacidad para controlar el estrés emocional o físico. El enfoque paternalista del profesional de la salud o la actitud sumisa y no participativa del paciente obstaculizarán la toma de decisiones adecuada. Basado en esto, emerge el término “empoderamiento” como el proceso por el cual los pacientes tienen los conocimientos, habilidades, actitudes y auto-conciencia necesaria para influir en su propia conducta y la de los demás con el fin de mejorar su calidad de vida. Este concepto fue incorporado al Plan Nacional de Mejora de los Servicios de Salud en 2004 Estados Unidos de América. En el Reino Unido, el Servicio Nacional para la Diabetes pidió un “enfoque por competencias para apoyar el autocuidado mediante la mejora de los conocimientos, la glucosa en sangre control, el peso y la gestión de la dieta, actividad física y el bienestar”. Como consecuencia, las directrices para la diabetes tipo 2 recomiendan que los pacientes deben recibir una educación estructurada y no impositiva. Se deben aplicar estrategias centradas en el paciente para lograr el empoderamiento individual.

México, DF, a 12 de marzo de 2015.— Doctor Sergio César Hernández Jiménez (rúbrica), coordinador del Centro de Atención Integral de Paciente con Diabetes, Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su oficio número UCVPS/170/2015, en relación al punto de acuerdo aprobado en la Sesión de la Cámara de Diputados celebrada el pasado 17 de febrero del año en curso, que a la letra dice:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar un programa nacional mediante el cual se lleven a cabo pruebas de detección de diabetes con la finalidad de que los casos positivos inicien su tratamiento de manera inmediata, impidiendo con ello la presencia de casos de diabetes avanzada con severas afectaciones a la salud.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que implemente acciones encaminadas a concientizara los pacientes diagnosticados con diabetes de la importancia de cumplir cabalmente con el tratamiento ordenado por su médico, a fin de poder controlar su enfermedad y alcanza una mejor calidad de vida.

Al respecto, le comento que a fin de apoyar a lo propuesto por el legislativo en el presente punto de acuerdo, la Secretaría de Salud elaboró el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado el 12 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de Federación, y en él se establecieron las estrategias 1.2., 2.7 y 3.7, encaminadas a la prevención y control de sobrepeso, la obesidad y la diabetes,

En referencia al ámbito de competencia de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, se lleva a cabo la acreditación de Unidades Médicas Especializadas en enfermedades crónico-degenerativas (UNEMES-ECD), en las cuales se atienden pacientes que padecen diabetes entre otras enfermedades, para ello de 2009 al 2014, se han acreditado 75 de 99 de este tipo de unidades que se encuentran prestando sus servicios en el territorio nacional.

En seguimiento a lo anterior durante 2015, se tienen programadas 10 visitas de acreditación a UNEMES-ECD en diversas entidades federativas, con el fin de mejorar la calidad de la atención a los usuarios que padecen diabetes mellitus u otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de marzo de 2015.— Actuaria Sandra Orcí Gutiérrez, coordinadora de asesores.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-2-2040 signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 510/DGANC/2222/2015 suscrito por la ciudadana María Evangélica Villalpando Rodríguez, abogada general y comisionada para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas públicas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de abril de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al atento oficio número SELAP/300/753/15, por el cual se remitió el punto de acuerdo aprobado el 24 de marzo del año en curso, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el que se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la Juventud, entre otros, a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas públicas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.

Al respecto, me permito adjuntar al presente copia simple del oficio número IMJ/DG/DAJ/433/2015, de fecha 7 de abril de 2015, signado por el maestro Pablo Gómez Jiménez, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano de la Juventud, perteneciente a esta dependencia, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de abril de 2015.— María Evangélica Villalpando Rodríguez (rúbrica), abogada general y Comisionada para la Transparencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Alberto Cameras Woolrich, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Unidad de la Abogada General y Comisionada para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social.— Presente.

En atención a su oficio número 510/DGANC/1896/2015, dirigido al maestro José Manuel Romero Coello, director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), por el cual remite copia simple del oficio número SELAP/300/753/15, mediante el cual la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación hace del conocimiento, el punto de acuerdo aprobado el 24 de marzo del actual, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el que se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la Juventud a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas públicas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior; solicitando se formulen los comentarios pertinentes al acuerdo parlamentario citado, con la finalidad de estar en posibilidad de dar contestación al mismo, a más tardar, para el 7 de abril de 2015, a efecto de atender la solicitud de la Secretaría de Gobernación en tiempo y forma.

Al respecto, me permito informarle que en atención al oficio número D.G.P.L. 62-II-2-2040, derivado del expediente número 6077, suscrito por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, esta Dirección de Asuntos Jurídicos, envió mediante oficio número IMJ/DG/DAJ/432/2014, la postura del Instituto Mexicano de la Juventud, respecto del punto de acuerdo referido con anterioridad, por lo que adjunto al presente copia simple del oficio citado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de abril de 2015.— Maestro Pablo Gómez Jiménez (rúbrica), drector de Asuntos Jurídicos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 62-II-2-2042, relacionado con el expediente número 6077, por medio del cual comunica que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe:

“ Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Educación Pública a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas públicas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.”

Sobre el particular, me permito informarle que mediante oficio número IMJ/DG/DAJ/410/2015, ésta área jurídica en su calidad de enlace legislativo solicitó a la Dirección de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes que realizara los comentarios pertinentes al citado acuerdo; la cual tuvo a bien dar respuesta a la petición realizada, mediante oficio número DSEySJ/108/2015, mismo que anexo al presente para su consideración.

Por último, este instituto reconoce de suma importancia el acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y lo tomará en consideración para incluirlo dentro de sus políticas y programas en la medida de sus posibilidades, continuando con el esfuerzo que desde sus orígenes como organismo descentralizado se le encomendó, implementando políticas públicas en materia de juventud con el fin de promover, implementar y supervisar las medidas y políticas públicas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de abril de 2015.— Maestro Pablo Gómez Jiménez (rúbrica), director de Asuntos Jurídicos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Maestro Pablo Gómez Jiménez, director de Asuntos Jurídicos.— Presente.

En respuesta a su oficio número IMJ/DG/DAJ/410/2015 del 26 de marzo del presente, que hace referencia al oficio número D.G.P.L. 62-II-2-2042, derivado del expediente número 6077, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, el cual informa de la aprobación del punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) –entre otras instancias del gobierno– a “...promover, implementar y supervisar las medidas y políticas, públicas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior”.

Al respecto le informamos que el Imjuve orienta sus acciones en un ámbito prioritariamente preventivo, por lo que su población es mayoritariamente aquellos adolescentes que aún no viven con el VIH. No obstante lo anterior, es de resaltar que sus acciones de carácter educativas no formales como pláticas, conferencias y talleres dirigidos a jóvenes de 12 a 29 años de edad, así como también la elaboración de materiales informativos de difusión tienen el objetivo de promover el respeto a los derechos de las personas que se encuentran en esta condición, la no discriminación, remarcando la importancia de la aceptación y apoyo a las personas que viven con VIH y para aquellas que ya han desarrollado SIDA.

Además, como parte del Comité de Prevención del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Censida), se trabaja en coordinación con otras instancias gubernamentales y asociaciones civiles para llevar a cabo acciones de prevención, mejorar la atención de las personas que viven con VIH o SIDA, con especial atención a las poblaciones clave; así como dar seguimiento a los acuerdos que se establecen entre las instancias participantes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de marzo de 2015.— Licenciado Fernando Santibáñez Gutiérrez (rúbrica), director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo.— Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.— Presente.

Silvestre de la Toba Camacho, en mi carácter de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, personalidad que acredito con el Boletín Oficial del gobierno del estado, tomo XLII, número nueve, de fecha 28 de febrero de 2015, que contiene el decreto número 2 mil 244, expedido por el honorable Congreso del estado, señalando para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el domicilio ubicado en boulevard Constituyentes de 1975 entre calle Cabrilla y calle Tiburón, fraccionamiento Fidepaz de la ciudad de La Paz, Baja California Sur; de manera respetuosa comparezco para exponer:

Por medio del presente escrito, en atención al contenido de su oficio número DGPL 62-II-8.5659 de fecha 25 de marzo de 2015, mediante el cual en el resolutivo segundo del acuerdo aprobado por esa soberanía popular, nos exhorta a investigar y en su caso, se apliquen las sanciones pertinentes por las autoridades competentes a los responsables de la violación de derechos humanos de los 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación en el municipio de Comondu, por parte de la empresa “El Cerezo Sociedad de producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; tengo a bien rendir el siguiente informe sobre la intervención de esta comisión respecto al caso que hoy nos ocupa, y al efecto se manifiesta lo siguiente:

Antecedentes

1. Acta circunstanciada de hechos de fecha 9 de marzo de 2015, suscrita por la visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el municipio de Comondu, en la que hace constar que acudieron dos personas trabajadoras de la cosecha de papa a las instalaciones que ocupa la visitaduría adjunta de Derechos Humanos en Comondu para solicitar ayuda.

2. Acta circunstanciada de hechos de fecha 12 de marzo de 2015 suscrita por la visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el municipio de Comondu, en la que hace constar que dando seguimiento, en un operativo conjunto, diversas autoridades se constituyeron en el lote 20 de la colonia Galeana de la Empresa Cerezo, SPR de RL de CV, con la finalidad de entrevistar a los trabajadores y observar las condiciones de vida y trabajo en ese centro agrícola.

3. Acta circunstanciada de hechos de fecha doce de Marzo de 2015 suscrita por la visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el municipio de Comondu, en la que hace constar que se reunió con el delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y personal de ésta del gobierno federal, con el fin de darle continuidad a las medidas y recomendaciones hechas a las empresas agrícolas sobre las condiciones de vida y trabajo que deben tener las y los jornaleros agrícolas.

4. Acta circunstanciada de hechos de fecha 21 de marzo de 2015 suscrita por la visitadora adjunta en el municipio de Comondu y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que hace constar que diversas autoridades, encabezadas por el gobernador del estado se constituyeron en el almacén de la empresa “El Cerezo” para brindar servicios médicos y apoyo para el traslado a su lugar de origen.

5. Acta circunstanciada de hechos de fecha 23 de marzo de 2015 suscrita por el presidente, la primera visitadora, el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur, en la que hace constar que se constituyeron en el kilómetro 23 carretera al norte, donde se ubica la fitosanitaria con el propósito de esperar los tres camiones provenientes del municipio de Comondu transportando a cien jornaleros agrícolas para después trasladarlos al puerto de Pichilingue en donde abordarían el barco para ser llevados a Topolobampo.

6. Acta circunstanciada de hechos de fecha 20 de marzo de 2015 suscrita por la visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero Negro, en la que hace constar que realizo un operativo en conjunto con diversas autoridades del gobierno del estado, con el propósito de verificar las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas en los ranchos agrícolas: “Rancho Agrícola la Misión” o “El Silencio”, “Rancho Agrícola Baja” y el “Rancho Agrícola el consuelo”.

7. Acta circunstanciada de hechos de fecha veintitrés de marzo de 2015 suscrita por la visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero Negro, en la que hace constar que realizó un operativo en conjunto con diversas autoridades del gobierno del Estado, con el propósito de verificar las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas en el “Rancho agrícola San Enrique”.

8. Mediante oficio número STPS/0194/15 de fecha 27 de marzo de 2015 suscrito por el secretario del Trabajo y Previsión Social en el cual se comunica al ciudadano presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre las acciones realizadas por esta secretaria.

9. Mediante oficio número STPS/0202/15 de fecha 30 de marzo de 2015 suscrito por el secretario del Trabajo y Previsión Social en el cual turna al ciudadano delegado federal del Trabajo, copia certificada de inspección en materia de condiciones generales y seguridad e higiene de la empresa agrícola: “El Cerezo, SPR de RL, de CV”.

10. Mediante oficio número STPS/0203/15 de fecha 30 de marzo de 2015 suscrito por el secretario del Trabajo y Previsión Social en el cual turna al ciudadano delegado federal del Trabajo copia certificada de informe de las visitas realizadas a trece ranchos agrícolas, en operativo conjunto y coordinado entre dependencias estatales la empresa agrícola: “El Cerezo, SPR de RL, de CV.

Informe

Como se desprende en los puntos supra referidos, esta honorable comisión tuvo conocimiento de los hechos a través de su visitaduría adjunta en el municipio de Comondu, la cual realizo todas y cada una de las actuaciones procedentes y conducentes, lo que se hace constar con las actas circunstanciadas de hechos y sets fotográficos que se anexan al presente informe, así como informes referentes al caso en comento, provistos por las instancias competentes que conocieron e intervinieron en el mismo.

Este organismo, intervino y fue participe de las actuaciones y diligencias realizadas para salvaguardar y proteger los Derechos Humanos de los 200 jornaleros agrícolas empleados en la Empresa agrícola: “El Cerezo, SPR de RL, de CV.

De la misma manera informo a usted que con fecha 13 de marzo de 2015 se interpuso denuncia ante el ministerio público del fuero común, adscrito en ciudad Insurgentes, por parte de la visitaduría adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el municipio de Comondu contra quien resulte responsable por los hechos ocurridos en la empresa agrícola: “El Cerezo, SPR de RL, de CV.

Si bien es cierto esta honorable comisión no está facultada para aplicar sanciones, si lo está para mantenerse en observancia de que tales se apliquen, así como solicitar la intervención de las autoridades correspondientes, coadyuvar y trabajar en conjunto, y emitir recomendaciones cuando se acrediten violaciones a Derechos Humanos, lo cual tiene su fundamento en al artículo 102, Apartado B, de la Carta Magna, en relación con el artículo 85, Apartado B, de la Constitución Política del estado de Baja California Sur.

En relación con el tema que nos atañe este organismo en forma conjunta con otras instancias del Gobierno Estatal trabajara en total coordinación con la finalidad de proteger y salvaguardar los derechos humanos de los trabajadores agrícolas que se encuentren laborando en el estado.

Esperando haber rendido información clara y oportuna y sin otro particular por el momento, reitero a usted las muestras de mi distinguida consideración.

Atentamente

La Paz, Baja California Sur, a 8 de abril de 2015.— Licenciado Silvestre de la Toba Camacho (rúbrica), Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.— Instituto Mexicano de la Juventud.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención a su oficio número DGPL 62-II-2-2042, relacionado con el expediente número 6077, por medio del cual comunica que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe:

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Educación Pública a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas públicas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.

Sobre el particular, me permito informarle que mediante oficio número IMJ/DG/DAJ/410/2015, ésta área jurídica en su calidad de enlace legislativa solicitó a la Dirección de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes que realizara los comentarios pertinentes al citado acuerdo; la cual tuvo a bien dar respuesta a la petición realizada mediante oficio número DSESJ/108/2015, que anexo al presente para su consideración.

Por último, éste instituto reconoce de suma importancia el acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y lo tomará en consideración para incluirlo dentro de sus políticas y programas en la medida de sus posibilidades, continuando con el esfuerzo que desde sus orígenes como organismo descentralizado se le encomendó, implementar políticas públicas en materia de juventud con el gin de promover, implementar y supervisar las medidas y políticas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de abril de 2015.— Maestro Pablo Gómez Jiménez (rúbrica), director de Asuntos Jurídicos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Maestro Pablo Gómez Jiménez, director de Asuntos Jurídicos.— Presente.

En respuesta a su oficio número IMJ/DG/DAJ/410/2015 de 26 de marzo del presente, que hace referencia al oficio número DGPL 62-II-2-2042, derivado del expediente número 6077, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión; el cual, informa de la aprobación del punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud, Imjuve, –entre otras instancias del gobierno– “a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas públicas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior”.

Al respecto le informamos que el Imjuve orienta sus acciones en un ámbito prioritariamente preventivo, por lo que su población es mayoritariamente aquellos adolescentes que aún no viven con el VIH. No obstante lo anterior, es de resaltar que sus acciones de carácter educativas no formales como pláticas, conferencias y talleres dirigidos a jóvenes de 12 a 29 años de edad; así como, también la elaboración de materiales informativos de difusión contiene en sus contenidos el objetivo de promover el respeto a los derechos de las personas que se encuentran en esta condición y a la no discriminación, remarcando la importancia de la aceptación y apoyo a las personas que viven con el VIH y para aquellas que ya han desarrollado el sida.

Además. Como parte del Comité de Prevención del Consejo Nacional para la Prevención y el control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Censida, se trabaja en coordinación con otras instancias gubernamentales y asociaciones civiles para llevar a cabo acciones de prevención, mejorar la atención de las personas que viven con el VIH o sida, con especial atención a las poblaciones clave; así como, dar seguimiento a los acuerdos que se establecen entre las instancias participantes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de marzo de 2015.— Licenciado Fernando Santibáñez Gutiérrez (rúbrica), director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.— Instituto Nacional de las Mujeres.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/300/491/15 mediante el cual, el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos de la Secretaría de Gobernación, hace de nuestro conocimiento los puntos de acuerdo que el pleno del órgano legislativo emitió en sesión del 17 de febrero, mismos que transcribo a continuación:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que se fortalezcan los medios de información impartidos en las escuelas en materia de igualdad y respeto a las mujeres.

Segundo. La Cámara de diputados exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres, (sic) a fin de que establezca, en coordinación con las autoridades de los tres niveles de Gobierno, las acciones necesarias para dar a conocer de manera eficaz los medios de defensa y denuncia con los que cuentan fas mujeres víctimas de violencia, incentivando de esta manera fa oportuna denuncia de hechos que pongan en peligro la integridad física y emocional de este sector poblacional.

Con relación al segundo punto de acuerdo, el cual compete a este Instituto, le comento que, desde el año 2009, el Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha impulsado las Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas, con el objetivo de informar a las mujeres indígenas sobre sus derechos, su respeto y ejercicio de los mismos, principalmente su derecho a vivir libre de violencia, asimismo estas jornadas contribuyeron a los procesos de profesionalización y sensibilización de los funcionarios públicos encargados de la procuración e impartición de justicia. Estas jornadas se llevaron a cabo en los estados de Yucatán, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca. Guerrero, Hidalgo y Querétaro.

Derivado de lo anterior, se firmaron compromisos institucionales para el mejoramiento del acceso a la justicia de las mujeres indígenas por parte de los gobiernos sedes de las Jornadas. Para este año 2015 se llevarán a cabo estas jornadas en cinco entidades federativas, las cuales están por definirse.

Adicionalmente, mediante la firma de un convenio general de colaboración con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se impulsó el desarrollo de acciones para brindar una atención telefónica especializada, oportuna, eficaz y con altos estándares de calidad a mujeres en situación de violencia, mediante la vinculación de los centros de atención de llamadas de emergencia 066, ubicados en los Centros y Subcentros Estatales de Comunicación, Cómputo, Control y Comando, y en los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de las entidades federativas.

Durante el 2014 se adhirieron a este convenio los estados de Colima, Chihuahua, Durango, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz, se espera que para este año se adhiera el Distrito Federal y cinco entidades federativas más.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 24 de marzo de 2015.— Licenciada Lorena Cruz Sánchez (rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL. 62-II-5-2365 signado por la senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/0276/2015 suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a informar a esa soberanía respecto del operativo llevado a cabo los días 19 y 20 de julio de 2014 en Zamora, Michoacán, en el albergue denominado La Gran Familia, así como del estado que guardan las personas afectadas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 9 de abril de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En seguimiento de mi diverso número DGPPVCI/ DV/ 0110/ 2015, por el que se remitió la información relativa al punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión en sesión celebrada el día 21 de enero del año en curso y que en el resolutivo conducente señala, por lo que atañe a esta institución:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y los DIF estatales a informar a esta soberanía respecto al operativo llevado a cabo el 19 y 20 de julio de 2014 en Zamora, Michoacán, en el albergue La Gran Familia, así como al estado que guardan las personas rescatadas (sic).

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, comunico a usted que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad informó a esta de mi cargo que

* Las 536 personas que se hallaban en el albergue fueron

1. DIF Jalisco: 53.

2. DIF Estado de México: 52.

3. DIF Guanajuato: 14.

4. DIF Durango: 9.

5. DIF Nacional: 24.

6. DIF Tamaulipas: 3.

7. DIF Sinaloa: 6.

8. DIF Coahuila: 5.

9. DIF Puebla: 2.

10. DIF Querétaro: 4.

11. DIF Nayarit: 1.

12. DIF Guerrero: 7.

13. DIF Baja California: 2.

14. DIF Tabasco: 1.

15. DIF Morelos: 2.

16. DIF Morelia: 96.

17. Morelia Hotel: 11.

18. DF Albergue: 48.

19. CEAV: 6.

20. PGR: 190.

Total: 536.

Del total de mujeres, la clasificación por sexo y condición de edad es la siguiente:

Mujeres: 213.

Hombres: 323.

Mujeres menores: 133.

Mujeres mayores: 80.

Hombres menores: 235.

Hombres mayores: 88.

Total menores: 368.

Total mayores: 168.

Canalización y seguimiento de las víctimas

Las 48 personas trasladadas al Distrito Federal y las otras 6 que solicitaron el apoyo después fueron canalizados y se les ha dado seguimiento en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La directora de Ayuda y Solidaridad con los Niños de la Calle, IAP, María Mar Estrada, y su equipo recibieron en sus instalaciones a las 48 personas y de ahí fueron canalizadas a distintos lugares.

En este lugar se quedaron 2 niñas menores de 18 años. Sin embargo, después se canalizaron otras 2 que no venían en el grupo de las 48.

A las mujeres con discapacidad mental o psicosocial se canalizó a la fundación Estancia Sagrado Corazón de Jesús, IAP, localizada en Topilejo, Distrito Federal.

A los hombres con discapacidad mental o psicosocial se canalizó a la Casa Hogar y Centro de Discapacitados de Amecameca, México, IAP.

Las mujeres de entre 17 y 22 años fueron canalizadas a Casa Hogar de la Santísima Trinidad, IAP; Fundación Dar y Amar, IAP; y ‘Asociación para la Defensa de la Mujer, IAP, donde se les ha apoyado para conseguir trabajo, capacitarse y continuar sus estudios.

Dos mujeres y las dos pequeñas hijas de una de ellas, a la Casa de la Mamá Soltera. La más pequeña ha estado enferma e internada en el Instituto Nacional de Pediatría y se le ha dado apoyo y seguimiento en coordinación con la CEAV y la organización de la sociedad civil Y Quién Habla por Mí.

Los jóvenes (hombres y mujeres) de entre 22 y 30 años fueron canalizados a Hermosillo, Sonora, a la Casa de los Muchachos y la CASA de las Muchachas. Dadas las condiciones generales y particulares de cada uno de estos jóvenes, se diseñó un programa especial para cada uno de ellos, cuyos ejes son su protección y reinserción social, con el propósito de desarrollar sus habilidades sociocognitivas y un comportamiento social funcional.

En el caso de estos jóvenes, el enfoque es la justicia restaurativa, traducida en un esfuerzo por construir la convivencia comunitaria, de hacer comunidad a partir del autoconocimiento de cada una de las víctimas y de su respectiva restauración individual y colectiva para que interpretaciones diferentes de la realidad encuentren puntos en común y se produzca así un acercamiento, de forma que el desencuentro se convierta en encuentro.

Hasta el momento, el programa ha implicado la creación de redes de atención en los diferentes ámbitos y se han realizado acciones para la atención de necesidades básicas: nutricional, vestido, ejercitación física, atención a la salud corporal (odontología, detección de todo tipo de enfermedades), psicológica y diagnósticos educativos, así como diversos tipos de terapia: individual, colectiva, equina, entre otras, y capacitación para el trabajo, a través del desarrollo de competencias laborales técnicas.

Los jóvenes con enfermedad psiquiátrica se canalizaron al hospital psiquiátrico Villa Ocaranza.

Un niño con discapacidad visual fue canalizado a la Casa Hogar para Varones Amanecer DIF Nacional y asistirá a la Escuela para Ciegos y Débiles Visuales.

Los jóvenes de entre 18 y 22 años se canalizaron a Mensajeros de la Paz, IAP, donde en coordinación con la PGR y la CEAV se les ha apoyado para conseguir trabajo, capacitarse y continuar los estudios.

Algunos fueron reintegrados a su medio social o familiar, después de haber sido localizados.

A las personas con mayor daño psicoemocional se ha dado un seguimiento constante, con apoyo del personal mencionado y de otras instituciones. Algunos han cambiado de institución porque han tenido crisis emocionales. Cuatro de ellos han sido internados en el hospital psiquiátrico Fray Bernardino y después canalizados a otra institución, donde se les da seguimiento.

Una mediadora da sesiones de mediación una vez por semana en la casa de Mensajeros de la Paz, donde habitan los jóvenes, lo cual ha ayudado a la convivencia entre ellos, pues estaban repitiendo las prácticas de maltrato que habían sufrido.

Se les ha dado seguimiento constante y continuo.

El 13 de diciembre se realizó una posada en Ayuda y Solidaridad, a la que llevamos a todas las personas de los distintos albergues.

La separación en los distintos albergues y estados de la república se hizo con base en criterios que no tenían que ver con esta unión emocional: se canalizaron al DIF que los había remitido al albergue La Gran Familia; se entregaron a sus padres o familiares que acreditaron haber sido ellos los que los llevaron personalmente al albergue y acreditaban poder cuidar de ellos y no existir en el hogar violencia intrafamiliar. Los adultos se fueron con redes de apoyo o familiares que acreditaron los mismos aspectos.

Con este trabajo se busca el retorno a una cotidianeidad sana, en condiciones dignas, que establezcan nuevas redes de apoyo con las personas que vayan conociendo en sus trabajos, en las distintas clases y actividades, en los distintos albergues.

Que sepan que tienen derecho a llevar una vida en la que ellos tomen sus decisiones, se dediquen a las actividades y lleven a cabo un trabajo que les guste y puedan ser felices.

Reciba un saludo afectuoso.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 7 de abril de 2015.— Maestro Jorge Nader Kuri (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se turna al promovente, para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-2069 signado por la senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCE/0086/2015 suscrito por el maestro César Becker Cuéllar, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a concertar con los particulares que prestan servicios educativos, los diversos conceptos de cobro para el ciclo escolar 2015-2016, atendiendo la opinión de quienes ejercen la patria potestad o tutela, conforme lo establece la fracción V del artículo 65 de la Ley General de Educación, con el propósito de coadyuvar a reducir el impacto inflacionario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de abril de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/125/15 del 22 de enero de 2015, con el cual el maestro Valentín Martínez Garza, encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo, hizo del conocimiento de esta unidad de coordinación ejecutiva, que con oficio número D.G.P.L.62-II-4-2069, la senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, comunicó a esa secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 21 del mismo mes y año, el que a continuación se transcribe:

“ Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a concertar con los particulares que presentan servicios educativos, los diversos conceptos de cobro para el ciclo escolar 2015-2016, atendiendo la opinión de quienes ejercen la patria potestad o tutela, conforme lo estable la fracción V del artículo 65 de la Ley General de Educación, con el propósito de coadyuvar a reducir el impacto inflacionario.”

Sobre el particular, me permito remitir a usted copia del oficio número DPJE/109/2015 del 20 de marzo de 2015, suscrito por el licenciado José Juan Guzmán Camacho, director de Proyectos Jurídicos Especiales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta secretaría, mediante el cual señala lo siguiente:

“...me permito comentarle que en opinión de esta unidad el marco jurídico que regula el actuar de esta secretaría, no la faculta para realizar la concertación solicitada por la Comisión Permanente.”

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de marzo de 2015.— Maestro César Becker Cuéllar (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de enlace con el Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia a su oficio número UR 120 UCE/CECU/0122/15 recibido en esta unidad el 3 de febrero pasado, mediante el cual solicita nuestra opinión respecto del siguiente punto de acuerdo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión:

“ Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a concertar con los particulares que prestan servicios educativos, los diversos conceptos de cobro para el ciclo escolar 2015-2016, atendiendo la opinión de quienes ejercen la patria potestad o tutela, conforme lo establece la fracción V del artículo 65 de la Ley General de Educación, con el propósito de coadyuvar a reducir el impacto inflacionario”.

Sobre el particular, y por indicaciones del titular de esta unidad, me permito comentarle que en opinión de esta unidad el marco jurídico que regula el actuar de esta secretaría, no la faculta para realizar la concertación solicitada por la Comisión Permanente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de marzo de 2015.— José Juan Guzmán Camacho (rúbrica), director.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se remite al promovente, para su conocimiento.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:«Escudo.— Congreso del Estado de Morelos.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se remite en copia el acuerdo parlamentario aprobado en sesión ordinaria de pleno celebrada el día de hoy, por medio del cual se da cumplimiento al exhorto por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosa del pacto federal y de la soberanía plena de las entidades federativas, exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a revisar sus Códigos Penales en materia de abandono de niñas y niños y de la perdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia; en consecuencia, se informa a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que en el estado de Morelos, en el Código Penal para el Estado de Morelos, en materia de abandono de niñas y niños se encuentra tipificado el delito de omisión de cuidado y en el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, la pérdida de la patria potestad, por lo que el objeto materia del exhorto se encuentra plenamente garantizado.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Maestro en Derecho Joaquín Roque González Cerezo (rúbrica), encargado de despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del estado de Morelos.»

«Escudo.— Congreso del Estado de Morelos.

La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:

Antecedentes

En sesión de fecha 17 de marzo de 2015, los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, integrantes de la LII Legislatura del Congreso del estado de Morelos, presentaron ante el pleno propuesta de acuerdo parlamentario por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosa del pacto federal y de la soberanía plena de las entidades federativas, exhorta a los congresos de los estado y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar sus códigos penales en materia de abandono de niñas y niños y de la perdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia, informando a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que en el estado de Morelos, en el Código Penal para el Estado de Morelos, se encuentra en materia de abandono de niñas y niños tipificado el delito de omisión de cuidado y en el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos la pérdida de la patria potestad. Por lo que el objeto materia al exhorto de cuenta se encuentra plenamente garantizado, bajo los siguientes términos:

I. Del proceso legislativo

a) Con fecha siete de enero de dos mil quince, mediante Oficio No. DGPL 62-II-5-2278, el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, senador Javier Lozano Alarcón, remitió a este Congreso del Estado de Morelos, el punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosa del pacto federal y de la soberanía plena de las entidades federativas, exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar sus Códigos Penales en materia de abandono de niñas y niños y de la perdida de la patria potestad anteponiendo el interés superior de la infancia.

b) Con fecha doce de enero del dos mil quince, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos recibió el exhorto referido.

c) Con fecha quince de enero del dos mil quince, la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo de la Diputación Permanente instruyó a turnar el exhorto de referencia a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación; para su respectivo estudio y cuenta.

II. Materia del exhorto

En síntesis, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosa del pacto federal y de la soberanía plena de las entidades federativas, exhorta a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar sus Códigos Penales en materia de abandono de niñas, y niños y de la pérdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia.

III. Contenido del exhorto

De la correspondencia recibida por esta soberanía se hace de nuestro conocimiento el siguiente punto:

[Se transcribe]

Único. La Comisión permanente del Congreso de la Unión, respetuosa del pacto federal y de la soberanía plena de las entidades federativas, exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar sus Códigos Penales en materia de abandono de niñas, niños y de la perdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia.

IV. Respuesta al exhorto

De conformidad con el punto de acuerdo trasunto, los que integramos esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación hacemos del conocimiento de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, que en el Código Penal para el Estado de Morelos, se encuentran tipificado el delito de omisión de cuidado en el artículo 132 que señala:

Artículo 132. Al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá de uno a tres años de prisión.

Si del abandono resulta la muerte o lesiones, se aplicarán las penas que correspondan por homicidio calificado o por lesiones calificadas en razón del grado de éstas.

Por cuanto a la pérdida de la patria potestad, por tratarse de una medida de carácter civil, esta se encuentra comprendida en el artículo 247 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos que señala:

“La patria potestad se pierde entre otras causas; cuando el que la ejerza no cumpla, cualquiera que sea la causa, los deberes inherentes al cargo, comprometiendo la salud, la seguridad o la moralidad de los sujetos a patria potestad, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan; y por la exposición o el abandono que dure treinta días naturales en forma continua, del sujeto a patria potestad, por parte de quien ejerza ésta conforme a la Ley; porque se reúnan treinta días naturales de abandono por parte de quien ejerza la patria potestad conforme a la Ley, aun cuando sea en períodos discontinuos, siempre que tales periodos queden comprendidos dentro de un lapso de noventa días naturales.”

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 60 fracción III, 66 y 75 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, en cumplimiento al exhorto mediante el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosa del pacto federal y de la soberanía plena de las entidades federativas, exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar sus Códigos Penales en materia de abandono de niñas y de la pérdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia, hacen del conocimiento del Senado de la Republica, en los términos expuestos en el cuerpo del presente, que en el estado de Morelos se encuentra en nuestra legislación penal tipificado el delito de omisión de cuidado, así mismo en el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de -Morelos, en el artículo 247 se señalan las hipótesis por las cuales se pierde la patria potestad, lo anterior anteponiendo el interés superior de la infancia.

Por lo anteriormente expuesto, esta LII Legislatura aprueba el siguiente:

Acuerdo

En cumplimiento al exhorto por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosa del pacto federal y de la soberanía plena de las entidades federativas, exhorta a los Congresos de los estado y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar sus códigos penales en materia de abandono de niñas y niños y de la perdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia, por lo anteriormente expuesto se somete a consideración lo siguiente:

Primero. Se somete a consideración del pleno el cumplimiento al exhorto por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosa del pacto federal y de la soberanía plena de las entidades federativas, exhorta a los congresos de los estado y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar sus códigos penales en materia de abandono de niñas y niños y de la pérdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia, informando a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que en el estado de Morelos, en el Código Penal para el Estado de Morelos, se encuentra en materia de abandono de niñas y niños tipificado el delito de omisión de cuidado y en el código familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos la pérdida de la patria potestad, por lo que el objeto materia al exhortó de cuenta se encuentra plenamente garantizado.

Segundo. Comuníquese a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el contenido del presente.

Atentamente

Recinto Legislativo a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil quince.— Los ciudadanos diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del estado, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica), Presidenta; diputada Erika Cortés Martínez (rúbrica), secretaria; diputado Jordi Messeguer Gally (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se remite al promovente, para su conocimiento.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se expresa la conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto para reformar la Ley Federal del Trabajo, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

Atentamente

México, DF, a 7 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De enterado. Queda concluido el proceso legislativo de los asuntos mencionados.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se expresa la conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto para reformar el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

Atentamente

México, DF, a 7 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De enterado. Queda concluido el proceso legislativo de los asuntos mencionados.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto para adicionar la fracción VII al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

Atentamente

México, DF, a 7 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De enterado. Queda concluido el proceso legislativo de los asuntos mencionados.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Cámara de Senadores con el que remite el proyecto de declaratoria por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Senadores realizó el escrutinio de 19 votos de las legislaturas de los estados y emitió la declaratoria de aprobación del proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Comuníquese a la Cámara de Diputados para los efectos del segundo párrafo del artículo 135 constituciona1”.

En consecuencia, adjunto remito el expediente que contiene los votos aprobatorios de los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Atentamente

México, DF, a 8 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de declaratoria

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y Previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformada la fracción III, del Apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción III, del Apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

...

...

...

...

A. ...

I. y II. ...

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

IV. a VIII. ...

B. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de las entidades federativas adecuarán sus respectivas Constituciones, así como la legislación correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente decreto en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

México, DF, a 8 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda la Secretaría a realizar el cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios de las legislaturas de los estados.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Señor presidente, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, por los que comunican la aprobación a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del apartado a) del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, señor presidente, del cómputo realizado, esta Secretaría da fe de la recepción de 19 votos aprobatorios. Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite la siguiente declaratoria:

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformada la fracción III del Apartado A del artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Gracias, pueden tomar asiento.

Para referirse a la reforma constitucional tiene la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, de Agrupación Morena, hasta por tres minutos. Perdón, Nueva Alianza. Esta Presidencia hace la rectificación, es de Nueva Alianza. Una disculpa, compañeros. Adelante –Nueva Alianza– compañero.

El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia. En representación del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en el marco de la declaratoria de constitucionalidad del proyecto de decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 2 de octubre del año 2014, esta soberanía aprobó el dictamen que reforma la fracción III del apartado A del artículo 2o de nuestra Constitución Política.

Con ello reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de hombres y mujeres indígenas para votar y ser votados, sin importar las prácticas comunitarias que limitaban los derechos políticos de las mujeres indígenas.

Hoy, a siete meses de que aprobamos ese cambio, que es sustancial para garantizar los derechos políticos de las mujeres indígenas, nos congratulamos que los congresos estatales hayan aprobado esta reforma constitucional. Sin duda, la ratificación del Constituyente Permanente nos obliga a que esta reforma trascienda su carácter normativo y se inserte en la dinámica política de las comunidades indígenas.

Como lo señalamos en su momento, en el grupo parlamentario asumimos el compromiso de que esta reforma cambie la realidad cotidiana de las mujeres indígenas, estamos convencidos de que estos cambios se lograrán si erradicamos las prácticas culturales y sociales que discriminan a las mujeres.

Y, para ello, es necesario profundizar en la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes, pues sólo a través de la socialización y de la igualdad sustantiva es como cambiaremos las actitudes y percepciones hacia las mujeres en las comunidades indígenas.

En Nueva Alianza seguiremos trabajando desde el ámbito partidista, la labor legislativa e impulsando políticas públicas que contribuyan a vencer las barreras culturales en las que se basa la discriminación por cuestión de género. Somos respetuosos de los usos y costumbres de las comunidades indígenas no sólo porque así lo establece nuestra ley fundamental, sino porque reconocemos la composición plural de nuestra nación.

Sin embargo, este reconocimiento no puede ni debe sobreponerse bajo ninguna circunstancia a los derechos universales de la igualdad y la libertad de las personas, más aún cuando la discriminación que surge por el género limita el desarrollo integral de las mujeres al vulnerar sus derechos políticos.

Con la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma damos un paso en el sentido correcto, estamos conscientes de que éste es un pequeño avance para mejorar las condiciones de las mujeres indígenas, pero es un gran paso decisivo para lograr la igualdad sustantiva. Es cuanto, y gracias por su atención.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Se le da el uso de la tribuna hasta por tres minutos a la diputada Loretta Ortiz Ahlf, de agrupación Morena. Adelante, diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias. Adelante.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la reforma constitucional que hoy se cristaliza, como hemos comentado en otras ocasiones, no pasa de ser una dulce utopía.

Desgraciadamente las comunidades indígenas siguen padeciendo la discriminación a pesar de lo establecido en nuestro artículo 2 constitucional y en diversos tratados internacionales signados por nuestro país, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de San José de Costa Rica; las convenciones sobre no discriminación en el ser, sobre todo discriminación racial y en fin, todos los instrumentos, los convenios con la Organización Internacional de Trabajo, el acuerdo 151 que hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas; el establecer que finalmente son palabras huecas que priman los derechos, el derecho de igualdad tanto de hombres y mujeres para el ejercicio de los derechos políticos, que tiene su origen y su establecimiento en tratado internacional, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el equivalente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no es agregar nada si se toma en cuenta el artículo 1 constitucional, que establece precisamente que todas las leyes y normas establecidas en nuestra Constitución deberán interpretarse bajo el principio pro homine y que está establecido dentro de estos derechos fundamentales, obviamente, los derechos políticos y garantizar la igualdad de hombres y mujeres.

Desgraciadamente no se puede garantizar esta, podríamos hablar de esta igualdad entre hombres y mujeres, si no se garantiza ni siquiera su seguridad de estos hombres y mujeres que pueden llegar a ser candidatos.

El establecerlo en el artículo 2 no deja de ser más que dulces palabras. Ojalá en un futuro no muy lejano, pero no se ve la cercanía de este futuro, se hagan efectivos los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales que ha signado nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos a la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señor presidente. Como mujer y como indígena me congratula la aprobación y la declaratoria constitucional de la fracción III del apartado A del artículo 2 de la Constitución, porque ya era momento para que las mujeres de las comunidades indígenas que hasta el día de hoy no han podido participar en la elección de sus autoridades municipales hoy se les esté garantizando este derecho, a pesar de que hemos celebrado ya casi el 61 aniversario del voto femenino en México, increíblemente hay comunidades de este país que todavía las mujeres son invisibles.

Por eso, el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano se congratula y por supuesto nos sumamos también a felicitar a la diputada Eufrosina Cruz, que fue quien dio esta lucha desde su espacio, porque si bien es cierto sólo alguien que vive y que siente esta injusticia, se apasiona y lo logra. Felicidades por esto, Eufrosina. Por supuesto, falta mucho qué hacer todavía para que nuestros derechos sean realmente reconocidos.

Falta todavía encontrar la paridad también en los cabildos de los municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres, porque la reforma recientemente aprobada, la reforma electoral, se habla de la paridad, pero de los municipios que están regidos bajo partidos políticos. Nos falta reconocer los 417 municipios principalmente de Oaxaca, que son en su mayoría de usos y costumbres, para que algún día encontremos también la paridad.

Si bien es cierto no es un tema muy grato para nuestras comunidades saberlo, nuestros hombres indígenas, que seguramente hoy me están escuchando, quiero decirles desde aquí que nuestro tema no es un pleito con los hombres, más bien es reconocerle el derecho a todas las mujeres, a toda la ciudadanía que conforma un municipio. Soy muy respetuosa de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, amo mi lengua, también soy muy respetuosa de nuestras fiestas. Pero sí levanto la voz cuando se cometen las injusticias con nuestras compañeras mujeres en nuestros estados que todavía tienen estos municipios.

Enhorabuena, felicitaciones a todos los estados también que aprobaron esta reforma y que hoy nos va a garantizar plenamente el uso de nuestros derechos políticos, a partir de la próxima elección en nuestros municipios. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Aída Fabiola por su intervención. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza:Muy buenos días a todos y a cada uno de los que integran esta legislatura. Agradezco, a nombre de las comunidades y a nombre de las mujeres, que este Congreso asumió su responsabilidad de aprobar esta reforma al artículo 2 constitucional, y eso significa que hoy por hoy también somos mexicanas y mexicanos.

El problema, como yo lo he dicho, no son nuestros usos y costumbres. Nuestros usos y costumbres son nuestra fiesta, nuestra mayordomía, nuestra lengua, nuestra vestimenta, pero no la violación a nuestros derechos humanos, pero no la detención del desarrollo de nuestras comunidades, pero no la invisibilidad de los rostros de las mujeres en las asambleas comunitarias.

La democracia en las comunidades indígenas también tiene que ser rostro de mujeres y rostro de hombres. No es un pleito con nuestros varones, simplemente las mujeres indígenas tampoco ya no queremos ir atrás ni adelante, queremos ir a lado aportando nuestra capacidad para el desarrollo de nuestras comunidades, queremos ir al lado aportando todo el amor que tenemos para nuestras comunidades, porque si no aportamos esa capacidad para el desarrollo de nuestras comunidades, vamos a seguir hablando de pobreza y marginación.

A lo mejor para muchos significa una reforma más, una letra muerta más, pero para las mujeres que lo hemos padecido, significa una herramienta jurídica para decir a los que se ostentan en los usos y costumbres, que es una violación a los derechos humanos.

Muchas gracias a nombre de Acción Nacional. Muchas gracias a cada uno de los partidos que integran esta legislatura.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Eufrosina Cruz Mendoza, de Acción Nacional. Felicidades. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.

El diputado Samuel Gurrión Matías:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la reforma constitucional en materia indígena, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2011, por medio del cual se reformaron los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de nuestra Carta Magna, representó el firme compromiso que tenemos como representantes de la nación en legislar en favor de todos los mexicanos, con miras en aportar elementos que favorezcan a la construcción de una organización política, social y jurídica pluricultural.

Sin embargo, el compromiso no se ha detenido porque creemos firmemente que es necesario seguir avanzando en la creación de mecanismos que fortalezcan la relación entre el Estado, los pueblos y nuestras comunidades indígenas, así como en la sociedad en general.

El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas está reconocido por el Estado, así como su derecho a decidir su forma de gobierno, de elección de sus autoridades y de ejercicio gubernamental, lo que refuerza la base de un Estado pluricultural.

Derivado de la necesidad de ampliar la participación de hombres y mujeres indígenas en sus comunidades, regidas bajo los sistemas de usos y costumbres y crear las condiciones para que estas comunidades se encuentren cabalmente representadas, en esta tribuna discutimos y aprobamos el año pasado una reforma constitucional en materia de derechos políticos electorales de los indígenas. Misma que también fue aprobada por nuestra colegisladora y enviada a las legislaturas de los estados para seguir el proceso legislativo correspondiente.

El día de hoy nos regocija saber que la mayoría de los congresos estatales aprobaron el decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido garantiza los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas, procurando así una verdadera igualdad entre hombres y mujeres.

Mediante esta reforma a la Carta Magna, se especifica tajantemente que en ningún caso los usos y costumbres de nuestros pueblos podrán limitar dichas prerrogativas de las y los ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales. Los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, somos partidarios de que los derechos políticos, civiles y electorales de las y los indígenas de nuestro país, sean una condición indispensable para el fortalecimiento democrático de nuestra nación.

Nos congratula saber hoy que estamos realizando la Declaratoria Constitucional para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación y así entre en vigor en todo el territorio nacional, lo que pone en marcha disposiciones jurídicas que aseguran el trato idéntico entre hombres y mujeres indígenas en el derecho a votar y a ser votadas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.

Honorable asamblea, la Mesa Directiva participa del sensible fallecimiento de dos grandes escritores. A la edad de 87 años, el escritor alemán Günter Grass, quien fuera galardonado con el Premio Nobel de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, y a los 74 años el uruguayo Eduardo Galeano, quien ganó fama mundial con su libro Las venas abiertas de América Latina, con una de sus más prestigiadas obras. Descansen en paz.

Esta Presidencia solicita a la asamblea, otorgar un minuto de silencio en memoria de estos dos grandes escritores. Se les suplica ponerse de pie.

(Minuto de silencio)

Gracias. Pueden tomar asiento.

El diputado Javier Gutiérrez Reyes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Permítame, diputado.

SOLICITUDES DE LICENCIA

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Se recibieron solicitudes de licencia de los diputados

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo que, con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI, numeral 1, articulo 6, así como en la fracción III, numeral 1, artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal a partir del 13 de abril de 2015.

Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de citado reglamento de la Cámara de Diputados.

En espera de su apoyo y comprensión le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2015.— Diputado Carlos Augusto Morales López (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

El que suscribe, en mi carácter de diputado federal, integrante de esta LXII Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del PRI, por medio de la presente me permito exponer:

Que con base en lo establecido en los artículos 6o., fracción XVI; 12, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar a usted licencia para separarme del ejercicio de mi cargo, a partir de hoy, 13 de abril de 2015 y por tiempo indefinido.

Por lo anteriormente expuesto, solicito se dé el curso legal que corresponda a mi solicitud. Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración a este respecto.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2015.— Diputado Víctor Velasco Orozco (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En virtud de que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si son de aprobarse.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, secretario. Aprobadas. Comuníquense.

TOMA DE PROTESTA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Pedro González Hinojosa, Brisa Esmeralda Céspedes Ramos, Hermelinda Martínez Martínez, María Merced León Andablo y Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez, diputados federales electos.

Se designan en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: al diputado Gerardo Javier Hernández Tapia, al diputado Antolín Etienne Rivera, a la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, al diputado Jesús Oviedo Herrera, al diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, al diputado Genaro Carreño Muro, a la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, a la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, a la diputada Leonor Romero Sevilla y a la diputada Cristina Olvera Barrios.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La Comisión cumple su encargo)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se invita a la diputada María de Jesús Hernández incorporarse a la comisión de cortesía.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Ciudadanos Pedro González Hinojosa, Brisa Esmeralda Céspedes Ramos, Hermelinda Martínez Martínez, María Merced León Andablo y Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

Las ciudadanas y el ciudadano Brisa Esmeralda Céspedes Ramos, Hermelinda Martínez Martínez, María Merced León Andablo, Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez y Pedro González Hinojosa: Sí, protesto.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado, en unos minutos les daré el uso de la palabra; permítanme.

Continúe la Secretaría.

>MINUTAS

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación.

Atentamente

México, DF, a 8 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 3o.; el primer párrafo del artículo 4o., y el primer párrafo del artículo 8o.; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 3o., un segundo párrafo al artículo 4o., recorriéndose el subsecuente, un segundo párrafo al artículo 11, recorriéndose el subsecuente; un tercer párrafo al artículo 78, recorriéndose el subsecuente, y un cuarto párrafo al artículo 79, recorriéndose el subsecuente, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Conforme al interés superior de la niñez, el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Asimismo, la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a la dignidad humana de las personas, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y que fortalezca la protección, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 4o. Todos los habitantes del país tienen el derecho y la obligación de cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, ningún interés podrá estar por encima del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que imposibilite el pleno ejercicio de este derecho o que impida su acceso y permanencia en los servicios educativos prestados por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial.

...

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan –así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan– atenderá en todo momento el interés superior de la niñez; se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I.a IV. ...

Artículo 11. ...

Las actuaciones y decisiones que tomen dichas autoridades deberán considerar, primordialmente, el interés superior de la niñez, cuando se trate de la educación que concierna a niñas, niños y adolescentes. Las autoridades establecerán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.

...

I. a VI. ...

Artículo 78. ...

...

Cuando se tome una decisión que afecte a educandos menores de edad, en lo individual o colectivo, las autoridades educativas y escolares deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

...

Artículo 79. ...

...

...

Dicha resolución deberá considerar de manera primordial el interés superior de la niñez cuando se trate de decisiones sobre una cuestión que involucre a educandos menores de edad. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 8 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Atentamente

México, DF, a 9 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Artículo Único. Se reforman los artículos 11, último párrafo; 27 y 28; y se adiciona el artículo 28 Bis, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

a) a l)...

...

Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los estados o de los municipios, así como a servidores públicos extranjeros en los casos a que i se refieren-los artículos 28 y 28 Bis de esta ley.

Artículo 27. A los extranjeros sólo se les podrá autorizar la portación de armas cuando, además de satisfacer los requisitos señalados en el artículo anterior, acrediten su calidad de residentes permanentes, salvo en los casos de permisos de licencia temporal para turistas con fines deportivos.

La Secretaría de la Defensa Nacional podrá expedir permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 28 y 28 Bis de esta ley, los cuales podrán cancelarse, sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan, en los casos que prevé el artículo 31 de la presente ley.

Artículo 28.- Con base en el principio de reciprocidad, la Secretaría de la Defensa Nacional podrá autorizar la portación temporal de armas a los servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, debidamente acreditados ante el Gobierno Federal, que participen en la revisión migratoria en los puntos de tránsito internacionales o el despacho conjunto de mercancías en las aduanas nacionales, respectivamente, conforme a la legislación aplicable y a los acuerdos interinstitucionales que deberán celebrarse para tal efecto.

La Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán responsables de tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando menos con 15 días de anticipación al inicio de la comisión, los permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego respectivos, proporcionando para tal efecto la siguiente información:

I. Copia del acuerdo interinstitucional a que se refiere el primer párrafo de este artículo;

II. Nombre y fecha de nacimiento del servidor público extranjero;

III. Local o instalación en que se realizará la comisión oficial;

IV. Duración de la comisión oficial;

V. Acciones que pretenda realizar el servidor público extranjero;

VI. Datos de las armas y calibres que pretenda portar el servidor público extranjero, incluyendo la huella balística, y

VII. Opinión de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso.

Dichos permisos tendrán una vigencia de 6 meses; en caso de que la comisión sea mayor a este período podrán renovarse semestralmente.

Los servidores públicos extranjeros a que se refiere este artículo sólo podrán portar las armas que utilizan en su país de origen, como parte del equipamiento asignado por la institución a la que pertenecen, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático cuyo calibre no sea superior a .40” o equivalente.

La Secretaría de la Defensa Nacional determinará en los permisos extraordinarios el arma autorizada, el local o la instalación en que será válida la portación y los demás límites o restricciones que sean aplicables.

La Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán responsables de dar aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional, respecto del cambio de local o instalación, así como la finalización de la comisión, para los efectos correspondientes.

En el caso de servidores públicos mexicanos que, con base en el principio de reciprocidad y los acuerdos interinstitucionales a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, participen en las actividades migratorias o aduaneras realizadas en instalaciones de países extranjeros, la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de. Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán responsables de dar aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional respecto de’ la salida y retorno de las armas que porten dichos servidores públicos.

El personal y armamento considerado para prestar el apoyo en el extranjero deberá estar previamente incluido en la licencia oficial colectiva respectiva.

Artículo 28 Bis. La Secretaría de la Defensa Nacional podrá otorgar, con base en el principio de reciprocidad, permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a los servidores públicos extranjeros que acompañen como agentes de seguridad, en visitas oficiales, a jefes de estado, jefes de gobierno, ministros o equivalentes, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a .40” o equivalente.

En casos excepcionales, se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas, siempre que a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional se justifique la necesidad de su uso.

La Secretaría de Relaciones Exteriores será responsable de tramitar dichos permisos ante la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando menos con quince días de anticipación al inicio de la visita y a solicitud del Estado o sujeto de derecho internacional correspondiente, proporcionando para tal efecto la siguiente información:

I. Nombres y fechas de nacimiento de los servidores públicos extranjeros que fungirán como agentes de seguridad;

II. Duración y lugar de la visita oficial;

III. Datos de las armas y calibres que pretendan portar dichos servidores públicos extranjeros; y

IV. Opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores para conceder el permiso.

Dicho permiso tendrá una vigencia durante el tiempo que dure la comisión de la visita oficial.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de las presentes modificaciones y adiciones a la presente Ley se realizarán con cargo al presupuesto autorizado para tal fin a las dependencias de la administración pública federal que correspondan, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el ejercicio fiscal de que se trate.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 9 de abril de 2015.— Senador José Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

INICIATIVA DE SENADORES

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Eviel Pérez Magaña y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de servicios de guarderías.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a .la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Atentamente

México, DF, a 7 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Los que suscriben, Eviel Pérez Magaña y Roberto Armando Albores Gleason, senadores de la República de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 76, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México la situación económica y social ha cambiado en los últimos 40 años, y esto ha traído consigo el surgimiento de diferentes necesidades de la población; la clase trabajadora se ha trasformado, los roles han cambiado y la mujer tiene una presencia más activa en el campo laboral; la estructura y la dinámica de las familias en el país es diferente, por lo tanto, las necesidades también son diferentes. En específico se pueden destacar las necesidades de las niñas y niños cuyos padres trabajan y al no poder atenderlos durante el horario laboral se ven en la necesidad de requerir de un lugar para su cuidado y atención.

La necesidad de cuidar y proteger a la niñez ha sido y seguirá siendo un tema prioritario en todas las sociedades del mundo. Uno de los derechos más importantes para su bienestar es el de recibir de sus padres la atención apropiada que incluye cuidados y alimentación, de manera que su ausencia no sea una limitante para su pleno desarrollo.

El futuro de cualquier sociedad es su niñez –el crecimiento de las sociedades depende en gran medida de las acciones que brinden todos los elementos para un buen desarrollo de capacidades a quienes se encuentran en esta etapa de la vida.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) menciona que la primera infancia (0 a los 5 años de edad), representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niña y niño, siendo la etapa más vulnerable del crecimiento. En esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones. El amor y la estimulación intelectual permiten a las niñas y niños desarrollar la seguridad y autoestima necesarias. Para ello, su entorno y las condiciones de vida de la madre son fundamentales.

En nuestro país, los datos censales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) demuestran que en los últimos años la población infantil en la primera etapa de vida ha ido en incremento; en 2005 la población infantil de entre 0 a 4 años de edad fue de 10.2 millones, ya para 2010 esta población de fue de 10.5 millones, de los cuales 5.3 millones corresponden a niños y 5.2 millones a niñas.

En este mismo año del total de hogares en México 90.5% fueron de tipo familiar; y en el 64.7% de los hogares familiares hay por lo menos un niño menor a 15 años. De estos hogares, 7 de cada 10 jefas de hogar resultaron solteras, separadas, divorciadas o viudas, mientras que 94.4% de los jefes fueron casados o unidos.

Asimismo, se comentó que la mayor participación de las mujeres en aspectos económicos, políticos y culturales, se refleja en su presencia como jefas del hogar al que pertenecen, de ahí que 22.3% del total de hogares familiares son encabezados por ellas, aun cuando en la mayor parte de los hogares (77.7%) prevalece la jefatura masculina. Destaca que en los hogares constituidos por uno solo de los padres y sus hijos (mononucleares), el porcentaje de los que tienen jefatura femenina es predominante, 86.7% y su labor no se limita a sostener económicamente al hogar, ya que el 97.9% combina su trabajo con los quehaceres domésticos, se encarga del cuidado de los niños y, en algunos casos, hasta de la atención de adultos mayores.

En las últimas décadas el rol de las mujeres como amas de casa y responsables del cuidado de sus hijos ha sufrido cambios importantes. La tendencia es clara, cada vez más mujeres se incorporan al mercado laboral y contribuyen al sustento del hogar. Prueba de ello es la mayor participación de ellas en actividades económicas, que entre 1995 y 2009 subió de 36.8% a 40.8%.

Para el cuarto trimestre de 2014 el mismo Inegi con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) reporta respecto de la Población Económicamente Activa (PEA) de 49.8 millones de personas, que el género femenino va en incremento con 18.8 millones, contra el género masculino que ascendió a 31.0 millones. Analizando el comportamiento de la población femenina en las últimas tres décadas, podemos inferir que las mujeres han tomado mayor participación en la economía, y en algunos casos convirtiéndose en cabeza de familia (gráfica 1).

De la PEA (población económicamente activa) de mujeres femenina, más del 50% resultaron madres, por lo cual podemos interpretar, que este segmento de la población, tiene muchas probabilidades de requerir los servicios de atención y cuidado de sus hijos (gráfica 2). Además de trabajar y criar a sus hijos enfrentaban varias dificultades entre las que destaca que cuatro de cada cinco no contaba con el apoyo de guarderías y casi la mitad tenía un salario alrededor de 3 mil 900 pesos al mes o menos; y tres de cada cinco eran subordinadas.

Se destaca que del total de la población femenina un 98.14% tuvo derecho a algún servicio de salud, lo cual no implica necesariamente que tuviera derecho a los servicios de atención y cuidado infantil que otorgan las instituciones de seguridad social en el país.

Esto se constata con los resultados del Cuestionario de Ocupación y Empleo del mismo Instituto correspondiente al primer trimestre de 2012, que reveló que 81.4% de las madres no contaba con acceso a guardería, a pesar de que a escala nacional había más de 9 mil 500 estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que atienden anualmente a más de 250 mil menores de uno a cuatro años de edad cuyas madres no tienen acceso al servicio por parte del IMSS o del ISSSTE. Por lo cual podemos interpretar, que este segmento de la población, tiene muchas probabilidades de requerir los servicios de atención y cuidado de sus hijos.

El acceso a los servicios públicos (guarderías) de cuidado infantil puede actualmente ocurrir de dos formas: puede darse como una prestación de los trabajadores formales o, en algunos casos, puede ser resultado de un servicio abierto a toda la comunidad. La oferta pública de cuidado infantil está integrada por los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, además de otras instituciones públicas que también proveen servicios de cuidado para sus trabajadores, tal es el caso algunas universidades públicas como la UNAM y el IPN, y de algunas empresas sectorizadas como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 del Inegi destaca respecto a este cuidado realizado en guardería para la población que no es derechohabiente durante su jornada laboral, el hecho de que se da mayormente en otras instituciones públicas diferentes al IMSS (43%) y en privadas (27%) para la población que no es derechohabiente.

Por el lado de los servicios del IMSS y el ISSSTE, a pesar de tener presencia en todas las entidades federativas, sólo atienden a un segmento limitado de la población: las trabajadoras formales que pueden acceder a dichas guarderías como parte de sus prestaciones laborales. Ejemplo de esto son cifras reportadas en 2008 que muestran que incluso dentro de la población cubierta, la oferta existente no fue suficiente para atender la demanda por los servicios de cuidado infantil, ya que los centros de cuidado de ambas instituciones operan casi al tope de su capacidad instalada -las estancias del ISSSTE de hecho la rebasan-, y existe un número significativo de solicitudes rechazadas.

Los lugares donde se ofrece el servicio de cuidado infantil se conocen como “Centros de Atención (CA)2, ya sean públicos, mixtos o privados, y deben estar encaminados para favorecer y garantizar el derecho que tienen las niña y los niños a formarse física, psíquica, emocional y socialmente en condiciones de igualdad, en apego a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII), publicada el 24 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual contiene los principios con los que éstos se deben regir tanto en las actividades de cuidado y como en la seguridad infantil.

En el marco de esta ley, el 30 de abril de 2014 se publicó en el DOF el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (PNPS) 2014-2018 que contiene las disposiciones indispensables para el funcionamiento de los CA, acordes a las disposiciones legales aplicables y a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Esta Convención establece en su artículo 3 establece como base fundamental el interés superior del niño, especialmente en la prestación de, servicios de cuidado o de protección, señalando:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas olas órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

En este sentido el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

La educación inicial debe brindar estas medidas de protección a las niñas y niños, que contribuyan en su desarrollo, brindando a los padres la certidumbre de que éstos recibirán formación en valores, educación y cuidado de su integridad física en ambiente sano y ético.

Hay que hacer énfasis en que la educación inicial en México contemplada dentro del Sistema Educativo Nacional –artículo 39 Ley General de Educación (LGE)– ha seguido un largo proceso de búsqueda para ser reconocida y valorada como parte del proceso educativo, porque contribuye al desarrollo y la educación de los niños en sus primeros meses y años de vida; y que por este mismo ordenamiento jurídico se estipula que “además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial [...] necesarios para el desarrollo de la Nación [...]” (artículo 9 LGE).

Lo anterior en apego a nuestra Constitución que mandata que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades como la educación y el sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Sin dejar de mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, señala en la Meta Nacional II “México Incluyente”, la línea de acción “Promover acciones de desarrollo infantil temprano”; y el Programa Sectorial de Salud, en el objetivo “Cerrar la brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regionales del país”, cita la línea de acción “Reforzar la acción comunitaria en el desarrollo infantil y la educación inicial”.

No obstante estos mandatos y metas, desafortunadamente un inconveniente con este tipo de oferta de servicios de cuidado y educativos infantiles que brinda el Estado, es que sólo cubren a una fracción limitada de la población demandante.

Por citar: la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social de 2004 del Inegi mostró que de los cerca de 2.5 millones de niños menores de 6 años que en ese año estuvieron al cuidado de terceros, sólo 7.6% asistía a la guardería y, de éstos, menos de una tercera parte acudía a una guardería pública, por lo que las madres y padres trabajadores que no laboran en el sector público se ven en la necesidad de contratar estos servicios a través de CA privados.

Sumado que, como ya se refirió aún las madres derechohabientes del IMSSS o ISSSSTE enfrentan problemas de acceso a los servicios de cuidado infantil, ya sea por el cupo limitado, la ausencia de guarderías en algunas zonas o la incompatibilidad de los horarios de servicio con las jornadas de trabajo, entre otras causas más.

Por otro lado, otro inconveniente para muchas madres de niños pequeños es la disyuntiva sobre la decisión de ingresar al mercado laboral y mejorar sus ingresos, que depende en buena medida de la disponibilidad de alternativas viables de cuidado infantil, que les permitan liberar el tiempo necesario para obtener y mantener un empleo, o bien, para estudiar o capacitarse. Hecho que contribuye a reproducir un círculo vicioso de bajo ingresos y baja participación, que a su vez conduce a una baja acumulación de experiencia laboral necesaria para crecer profesionalmente.

Entre las causas directas más importantes de este problema se identifican además de la insuficiente oferta pública, la incapacidad para pagar la oferta privada de cuidado infantil existente, por parte de las madres y los padres solos. En ocasiones los padres se ven obligados a dejar a sus hijos pequeños en condiciones poco favorables, que en ciertos casos pueden poner en riesgo la integridad de los menores.

Por la crisis económica que nos afecta uno de los sectores más vulnerable ha sido el educativo, no solo por los costos como inscripciones y colegiaturas, además de los costos asociados que genera, que representan un alto porcentaje del ingreso de padres y madres de familia. Tal es el caso del servicio de cuidado infantil a través de las guarderías –CA privados–, con lo cual sin duda se apoya al gobierno a satisfacer por cuenta de los jefes de familia estos servicios. Por lo que se considera que es indispensable que una forma compensatoria a este gasto, sería el otorgar mecanismos fiscales que permitan que parte de los servicios de cuidado contratados a través de guarderías privadas sean deducibles de impuestos, para atenuar los efectos económicos que su pago conlleva a los padres y madres de familia. Costos que hoy en día pueden llegar hasta los 8 mil pesos mensuales.

Como ejemplo de estos costos se puede citar un sondeo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante marzo y abril de 2004 a 245 guarderías privadas y algunas subsidiadas (5% de la muestra) en el área metropolitana de la Ciudad de México, el cual arrojó en ese entonces resultados diferentes significativos. Por ejemplo, en guarderías privadas en horarios típicos de cada una, se cobró al mes entre $501 y $5,348 para niños de 0 a 1 año; entre $533 y $4,925 en el caso de niños de 1 a 2 años; y de $653 a $3,777 en edades de 2 a 6 años.

El costo de las guarderías es un elemento muy importante al momento de decidir incorporarse al mercado laboral. Existe evidencia empírica en diversos países de que el costo del cuidado infantil tiene un impacto negativo y significativo tanto en la participación de la fuerza laboral como en el número de horas de trabajo ofertadas.

Un estudio para el caso de California, Estados Unidos, encontró que al disminuir en 10% el costo del cuidado infantil mediante la entrega de un subsidio, la participación laboral de las mujeres beneficiadas incrementa en 9%. Más aún, entre mujeres de bajos ingresos una reducción del costo del 100 % aumenta el empleo de las madres en 50%. Similarmente, un estudio en Canadá mostró que una disminución de 10% en el costo del cuidado infantil incrementa la participación laboral de las mujeres en 38% y las horas trabajadas en 32%

Sin embargo, en México es muy baja la proporción de mujeres que paga por el servicio de guardería: sólo 7.4% de las madres que no cuentan con la prestación de guarderías pagan por este servicio. Esto se debe a que para cubrir esta necesidad suelen encargar el cuidado de los niños a familiares o vecinos, así como a que los costos de las guarderías suelen ser altos. Este porcentaje es muy bajo comparado con otros países: en California, 69% de las madres ocupadas pagaban por algún servicio de cuidado infantil no subsidiado (Meyers, Heintze y Wolf, 2002).

En el caso mexicano, actualmente existe el apoyo del estímulo fiscal por concepto de deducciones para los niveles educativos de educación preescolar hasta bachillerato o equivalente otorgadas por Decreto del día 15 de marzo de 2011, a través de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) que contiene las disposiciones legales que regulan el sistema tributario, y que contempla lo referente a las deducciones personales para las personas físicas, pero desafortunadamente no contempla la educación inicial para niños de menores de 3 años

No olvidemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) prevé que: “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Además, señala que “los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos”.

Cabe destacar que la OCDE señaló que “México gasta menos del 1% del PIB en apoyo para familias con niños [...], además, el gasto asignado a la primera infancia es particularmente bajo, aproximadamente siete veces menor que el promedio de la OCDE ($39, 600 moneda nacional, por niños, comparado con $274, 700) (OECD, 2011).

De ahí que el objeto de la presente iniciativa sea adicionar una fracción al artículo 151 de la LISR para que un monto de los pagos por concepto de servicio de guarderías sean deducibles de impuestos, como deducción personal en la declaración anual de las personas físicas de sus ingresos percibidos en el ejercicio fiscal anual, hasta por un monto erogado diario de máximo al equivalente a un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente.

Lo anterior se considera una medida justa y equitativa para los jefes y jefas de familia contribuyentes que cubren por cuenta propia estos servicios de cuidado en guarderías de sus menores. Además que este estimulo será un incentivo para que las madres y padres que laboran en el sector informal se formalicen, lo que generará sin duda un beneficio económico para ellos y una compensación de gasto para el sector público.

Una incorporación de calidad y sustentable de los jefes de familia al mercado laboral depende de que ésta pueda disminuir de alguna manera su carga de trabajo no remunerado y de cuidados. Esto se puede lograr mediante la garantía de contar con el acceso a servicios de cuidado infantil.

La sociedad y el gobierno deben realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a los infantes, a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades, precisamente en ello encuentra la pertinencia del proyecto que se propone, apoyando a los padres y madres para que puedan dotar de las condiciones adecuadas a sus hijos que les permitan arribar a un desarrollo constante que contribuya en su educación y formación de valores, además de su cuidado de integridad física en ambiente ético y sano.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 151. ...

I. a VIII. ...

IX. Los pagos por concepto de servicios de guardería efectuados por el contribuyente para sus dependientes económicos de parentesco por consanguinidad en línea recta o sobre los que ejerza tutela, cuyo monto diario no exceda de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título y será deducible sólo hasta dos hijos.

En caso de que el contribuyente reciba como prestación social el apoyo para el pago de este servicio, solamente será deducible la proporción no cubierta por la prestación.

...

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Servicio de Administración Tributaria expedirá las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto.

Notas:

i Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018 (PNPS), 30 abril 2014, México. En línea: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343090&fecha=30/04/2014

ii Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Los primeros años.

En línea: http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos.html

iii Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2010. Cuestionario básico. Consulta interactiva de datos. México, INEGI, 2011. Estadísticas a Propósito del Día Nacional de la Familia.

iv Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Segundo trimestre de 1995 y Primero de 2009.

v Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, Boletín de Prensa, núm. 155/14, 21 de abril de 2014, Aguascalientes, Ags., México.

vi Instituto Nacional de Estadística y Geografía- Instituto Mexicano del Seguro Social, Encuesta Nacional de Empleo 2004.

vii Procuraduría Federal del Consumidor, Para el cuidado de sus pequeños, guarderías.

En línea: http: www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos 04/guarderias_jul04.pdf

viii Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico de la problemática de las madres con hijos pequeños para acceder o permanecer en el mercado laboral. En línea:

http: www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/ dgap/dianostico/Diagnostico_PEI_VERSION_FINAL.pdf

ix Cepal, Panorama social de América Latina 2009, capítulo IV.

Agencias Notimex, Mayoría de mamás trabajadoras sin guarderías, 10 mayo 3013. En línea: http://sipse.com/mexico/mayoria-de-mamas-trabajadoras-sin-guarderias-30741. html

Meyers, Marcia K, Theresa Heintze y Douglas A. Wolf. 2002. Child care subsidies and the employment of welfare recipients. Demography, Vol. 39, No. 1, Feb, pp. 165-179.

1 La LGPSACDII denomina a las niñas y niños como “sujetos de servicio”, señalando que la atención hacia ellos debe hacerse con un enfoque integral, resaltando las condiciones de calidad, seguridad, protección y respeto a sus derechos, sin embargo la realidad actual, permite identificar que los servicios otorgados no solo buscan el beneficio directo del niño, sino también atender las necesidades de la madre o padre trabajadores, o tutor.

2 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989.

3 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos, 15 febrero de 2011.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de marzo de 2015.— Senadores Eviel Pérez Magaña, Roberto Armando Albores Gleason (rúbricas).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.Proceda, secretaria.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTAMENES

MONEDA CONMEMORATIVA DEL 100 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CELAYA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del centésimo aniversario de la Batalla de Celaya

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya en 1915.

La Comisión legislativa que suscribe, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 158, 173, 174, 182, 187 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de los proyectos de la iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a las valoraciones que del sentido del proyecto de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de esta Comisión legislativa, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En la sesión de 10 de marzo de 2015, el diputado Jesús Oviedo Herrera del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya en 1915.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó la referida iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 62-II-5-2589.

3. Los integrantes de esta Comisión Legislativa realizaron diversos trabajos, a efecto de que contaran con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente Dictamen.

Descripción de la iniciativa

Expone el diputado Oviedo Herrera que el 10 de agosto de 1914, los “Acuerdos de Teoloyucan”, establecían la entrada del Ejército Constitucionalista en la capital y las condiciones de rendición y disolución del ejército huertista.

El general Obregón intentó en vano dialogar con Villa para resolver la conflictiva situación, pero el caudillo del norte logró apresarlo y estuvo, incluso, a punto de fusilarlo. Una vez concluida la convención de Aguascalientes, en octubre de 1914, y de que Pancho Villa y Emiliano Zapata entraran en la capital, Álvaro Obregón siguió a Carranza en calidad de jefe del Ejército de Operaciones.

Desaparecido el régimen Huertista, quedaron triunfantes los elementos revolucionarios, pero no hubo entre ellos paz ni armonía pues entre Venustiano Carranza y Emiliano Zapata no hubo entendimiento, como tampoco lo hubo con Francisco Villa, puesto que Carranza le pedía a Zapata que lo reconociera como presidente y cesara la lucha, Zapata aceptaba siempre y cuando Carranza aceptara el Plan de Ayala.

Venustiano Carranza entonces decide enviar a Álvaro Obregón a convencer a Francisco Villa, pero tratando Obregón de atacar a las tropas Villistas por un lado y lograr una alianza por el otro, es descubierto por Villa y este manda fusilarlo, pero Serrano y Raúl Madero evitan que Obregón sea fusilado aceptando las condiciones de Villa y firman un acuerdo, logrando escapar a Chihuahua y a medio camino Villa recibe un telegrama de Venustiano Carranza en donde éste rechaza el acuerdo; Villa persigue a Obregón pero ya no lo alcanza y rompe definitivamente con Carranza.

En esta situación algunos revolucionarios convocaron a una convención, en octubre de 1914, para hallar una fórmula que conciliara los distintos intereses y evitara una ruptura peligrosa entre los triunfadores.

Sus primeras sesiones tuvieron lugar en la Capital y las posteriores fueron las que tuvieron lugar en Aguascalientes, por lo que se conoce como Convención de Aguascalientes.

En la convención se decide invitar a los zapatistas, con voz pero sin voto; ahí se encuentran por fin zapatistas y Villistas que descubrieron sus similitudes.

Los primeros quince días transcurrieron con discursos en donde se exponían los diversos puntos de vista hasta que llegan los zapatistas a la convención, se estudian los diversos postulados y se aprueba el Plan de Ayala.

Pero los convencionistas no sólo obtuvieron el visto bueno de todos los demás pues la unión Villa-Zapata logra mayoría, sino que además convencen a algunos obregonistas y carrancistas, con lo que la división se ahondó al nombrarse por ellos Presidente a Eulalio Gutiérrez, un Villista, quién tomó el cargo el 3 de noviembre de 1914 y lo abandonó el 28 de mayo de 1915, en franca oposición a Carranza.

Las tropas convencionistas obligaron a Venustiano Carranza a salir de la Capital y tomar el rumbo de Veracruz, en donde logró establecerse y aún disponer de tiempo para expedir leyes de particular importancia, como la Ley de Relaciones Familiares, la Reforma del Municipio; la Ley de 6 de enero de 1915, que promovía la reforma agraria; algunas de protección a los obreros y otras.

Gutiérrez dejó la Presidencia en pugna con Villa pues le negó toda ayuda a Emiliano Zapata y se pasó al bando obregonista. Entre tanto, se hizo cargo de ella el general Roque González Garza del 18 de enero de 1915 al 10 de junio del mismo año, quien tuvo el apoyo de Villistas y de zapatistas, pero se vio envuelto en multitud de problemas políticos, militares y de abastecimiento de alimento a la Ciudad de México, que sufrió una temporada de hambre por la carencia de bastimentos.

Las diferencias entre Villa y los carrancistas se agravaron cada vez más. La lucha tomó caracteres muy vivos cuando Carranza envió a la guerra contra Francisco Villa a Álvaro Obregón, que implementó la “Guerra de Trincheras”.

La Batalla de Celaya tuvo lugar en las inmediaciones de Celaya, Gto., del 6 al 15 de abril de 1915 entre la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, contra las tropas constitucionalistas al mando del general Álvaro Obregón.

La primera fase de los enfrentamientos ocurrió los días 6 y 7 de abril de 1915, en los cuales el general Obregón defendió su posición ante las arremetidas de los Villistas, tal como lo planeó y ante la repetitiva táctica Villista que se vio nulificada, por los contrataques obregonistas. La fase decisiva comenzó el 13 de abril, cuando el general Obregón aprovechó las debilidades de la estrategia de Villa y el 15 de abril, la victoria correspondió a las tropas del general Obregón, tras lo cual Villa se vio obligado a replegarse en León, Guanajuato. De este modo, el gobierno carrancista pudo consolidarse en el poder y promulgar dos años más tarde, la Constitución Política que actualmente nos rige.

El diputado Oviedo Herrera argumenta que estas batallas revisten gran importancia para Celaya porque el enfrentamiento que fue ganado el 15 de abril por Álvaro Obregón, logró desmantelar el villismo que fue una facción muy poderosa y propició con ello que Venustiano Carranza pudiera convocar a elecciones y ser electo como presidente de la República y que posteriormente convocara a una reunión en Querétaro que logró aterrizar la Constitución de 1857, reuniendo las demandas sociales y generando con ello la Constitución de 1917, la que con varios cambios sigue siendo la Carta Magna que rige a los mexicanos y da origen a todas sus instituciones.

Por lo anterior, el diputado Oviedo Herrera propone emitir una moneda conmemorativa con valor nominal de cien pesos con un contenido de veinticinco gramos de plata pura.

Consideraciones de la comisión

Primera. Esta Comisión Dictaminadora considera que la acuñación de la moneda que se propone reconoce los 100 años de trascendentes sucesos históricos para la vida institucional de la sociedad mexicana, por lo que la propuesta es una oportunidad para recordar y enaltecer la historia de nuestro país, así como para refrendar el compromiso de fortalecer a este instituto armado.

Segunda. La Comisión que dictamina considera relevante rememorar la Batalla de Celaya, que tuvo lugar en las inmediaciones de Celaya, Gto., del 6 al 15 de abril de 1915 entre la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, contra las tropas Constitucionalistas al mando del general Álvaro Obregón.

El general Álvaro Obregón, encargado de la campaña contra Villa, concentró a su ejército en Querétaro, mientras el general Villa hizo lo propio en Irapuato. Obregón planeó esperar siempre los ataques del impulsivo Villa, mediante posiciones defensivas bien articuladas con una fuerte distribución de ametralladoras combinadas con alambradas, que detendrían las famosas cargas de caballería y después dar su contrataque, apoyado con la artillería.

El general Obregón, inició la concentración de sus fuerzas en la región del Bajío; Francisco Villa, al conocer estos movimientos decidió partir a enfrentarlo, los Villistas sumaban 22 mil hombres, más del doble de las fuerzas del general Obregón; sin embargo, el triunfo se inclinó desde un principio hacia los constitucionalistas.

El 15 de abril, la victoria del general Obregón obligó a Villa a replegarse en León, Guanajuato. Después de esta Batalla, hubo otras entre los mismos bandos en Trinidad, Santa Ana del Conde (donde el general Obregón perdió el brazo derecho), San Juan de los Lagos y Aguascalientes, pero Villa ya no volvería a operar al frente de la División del Norte y sólo fue cuestión de tiempo para que perdiera toda su fuerza militar, limitándose a partir de entonces, a combatir como guerrillero.

El general Obregón tenía una mejor estrategia porque ya había estudiado Celaya desde principios de abril, se había apoderado de la línea del ferrocarril y conocía el terreno. Villa no tuvo esa ventaja.

Cuando el enemigo se acercaba el general Obregón comenzaba a retroceder, pero a la vez se iba extendiendo en el campo; entonces cuando llegaba el momento de atacar, atacaba también por la retaguardia. Los estragos fueron tales, que durante el enfrentamiento se tuvieron que habilitar fosas comunes.

Tercera. La Comisión de Hacienda y Crédito Público reconoce que las Batallas de Celaya en 1915 marcaron un antes y un después, no sólo para la ciudad y México, sino que su influencia es internacional.

Por una parte marcaron un freno económico para la ciudad y por otro sirvieron de inspiración para la participación ciudadana y política e influyeron en las manifestaciones artísticas y culturales en América Latina.

Antes de las batallas había una ciudad compacta, una región potencialmente agrícola con 17 haciendas; comunicada, con un desarrollo importante, con obras como la torre hidráulica, el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, el tranvía.

Después de las batallas, Celaya quedó parada pues entre otras cosas, el campo fue destruido, se redujeron los bienes y servicios, mucha gente emigró y sólo después de cinco años, Celaya volvió a repuntar en su actividad agrícola.

Esta comisión coincide en que lo sucedido en Celaya definió el rumbo de la Revolución Mexicana, pero además trajo aspectos muy buenos tras el término de la guerra, como la búsqueda del ejercicio político en manos no militares y la participación ciudadana.

La batalla logró desmantelar el villismo, que fue una facción muy poderosa, y propició con ello que Venustiano Carranza pudiera convocar a elecciones, ser electo presidente de la República y que, posteriormente, convocara a una reunión en Querétaro dando como fruto la Constitución de 1917.

Con los años, se logró la fundación de partidos políticos, la modernización del Ejército Mexicano, y de igual manera en Celaya convivieron numerosos personajes que se preocuparon en capitalizar su participación y esta expresión de guerra, como un recurso de apoyo para la participación social.

La Revolución Mexicana fue la primera gran guerra civil en el siglo XX que transformó una realidad, y esta Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que es un proceso histórico ejemplar para América Latina, que ha propiciado la inspiración de numerosas manifestaciones sociales para hacer valer los derechos.

Cuarta. Esta comisión dictaminadora tiene en consideración que el amplio uso de las monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de las instituciones y de las acciones emprendidas por las mismas al servicio del pueblo mexicano.

En ese sentido, bajo el entendido de que el objetivo es que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de remembrar los 100 años de la Batalla de Celaya acontecida en 1915, los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos en la intención de emitir una moneda que conmemore esos hechos. Sin embargo, derivado de que la propuesta del Dip. Oviedo Herrera es acuñar una moneda con valor ominal de cien pesos y contenido de 25 gramos de plata pura, esta Comisión que dictamina considera más conveniente realizar algunas modificaciones para lograr el propósito que se persigue.

En ese sentido, la que dictamina propone que la moneda pueda ser de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos, en virtud de su extensa distribución nacional y su buena aceptación por el público. Para ello, se hacen los ajustes necesarios en el proyecto de decreto que se presenta a consideración.

Quinta. La comisión que suscribe, considera acertado que el diseño principal del reverso de la moneda sea propuesto por el Banco de México, y pueda incluir la leyenda “100 Aniversario de la Batalla de Celaya”. Asimismo, el motivo de esta moneda será propuesto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por ser éste el organismo encargado de la difusión del patrimonio histórico de México y de preservar nuestro patrimonio cultural con el fin de fortalecer la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta.

Sexta. La que dictamina, tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda, estima conveniente aprobar la iniciativa en análisis con las modificaciones expuestas en los párrafos anteriores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de

Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya

Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 Aniversario de la Batalla de Celaya, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75 por ciento (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25 por ciento (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2 por ciento (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92 por ciento (noventa y dos por ciento) de cobre, 6 por ciento (seis por ciento) de aluminio y 2 por ciento (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5 por ciento (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la moneda, que corresponde a 15.945 g (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza: 0.638 g (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El diseño del motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o el que, a falta de dicha propuesta, realice el propio banco. Dicho motivo deberá relacionarse con el 100 aniversario de la Batalla de Celaya.

Canto: Estriado discontinuo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo a quedar contenido en el reverso de la moneda a que se refiere el presente decreto, la cual deberá incluir la leyenda “100 Aniversario de la Batalla de Celaya”. En caso de que el referido Instituto no presente una propuesta del motivo indicado dentro del plazo establecido en este artículo, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, que quedará contenido en el reverso de la moneda.

Tercero. La moneda a que se refiere el presente decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el artículo segundo transitorio.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el diseño del motivo que proponga el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en los términos de este decreto, pueda quedar contenido en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refiere el presente decreto. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Quinto. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de las monedas a que se refiere el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la sala de comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, en México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil quince.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), presidenta; Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Fernando Chárleston Hernández (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Marco Antonio González Valdez, Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), José Luis Márquez Martínez (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla, Eduardo Enrique Domínguez Magaña (rúbrica), Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), secretarios; Juan Bueno Torio, Ricardo Flores Suárez (rúbrica), Margarita Licea González, María de Lourdes Medina Valdés (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Jorge Iván Villalobos Seáñez (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), María de Lourdes Flores Treviño (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, Javier Filiberto Guevara González, Jaime Chris López Alvarado, Jorge Mendoza Garza, César Agustín Serna Escalera (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Mirna Velázquez López (rúbrica), Regina Vázquez Saut, Carol Antonio Altamirano, Mario Alejandro Cuevas Mena, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Édgar Emilio Pereyra Ramírez, Karen Quiroga Anguiano, Ana Lilia Garza Cadena, Federico José González Luna Bueno.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha “15 de abril, aniversario de la conclusión de la Batalla de Celaya” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 71 y 73, fracción XXIX-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen basándose en los siguientes:

Antecedentes

1. El tres de marzo de dos mil quince, el diputado José de Jesús Oviedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha “15 de abril, aniversario de la conclusión de la Batalla de Celaya” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

2. Con esa misma fecha, tres de marzo de dos mil quince, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para estudio y dictamen.

3. En sesión de veinticinco de marzo de dos mil quince, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

Señala el iniciador que las Batallas de Celaya en 1915 marcaron un antes y un después para México, por una parte marcaron un freno económico para la ciudad de Celaya y por otro sirvieron de inspiración para la participación ciudadana y política e influyeron en las manifestaciones artísticas y culturales en América Latina. Afirma que antes de las batallas había una ciudad compacta, una región potencialmente agrícola con 17 haciendas; comunicada, con un desarrollo importante, con obras como la torre hidráulica, el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, el tranvía.

La exposición de motivos indica que las Batallas de Celaya ocurrieron entre el 6 y el 7 de abril en un primer combate y un segundo entre el 13 y 15 de abril de 1915, al poniente de Celaya, pero se sabe que se desarrollaron desde Querétaro hasta León como enfrentamientos armados ocurridos en la última etapa de la Revolución mexicana donde se enfrentaron los generales Álvaro Obregón y Francisco Villa; Obregón, con el contingente constitucionalista a las órdenes del primer jefe Venustiano Carranza, y Villa con el contingente conocido como la División del Norte. Obregón y Villa originalmente aliados para mostrar su inconformidad ante la usurpación del general Victoriano Huerta.

A juicio del iniciador, este capítulo de la Revolución mexicana reviste gran importancia para Celaya porque el enfrentamiento que fue ganado el 15 de abril por Álvaro Obregón, logró desmantelar el villismo, que fue una facción muy poderosa y propició con ello que Venustiano Carranza pudiera convocar a elecciones y ser electo como presidente de la República y que posteriormente convocara a una reunión en Querétaro que logró aterrizar la Constitución de 1857, reuniendo las demandas sociales y generando con ello la Constitución de 1917, la que con varios cambios sigue siendo la Carta Magna que rige a los mexicanos y da origen a todas sus instituciones.

Después de describir los hechos de las batallas de Celaya, el proponente, en el texto de su iniciativa, afirma que quedó consumado el triunfo del constitucionalismo sobre la Convención y sobre los infidentes que al mando del general Villa se enfrentaron con el señor Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista por lo que la Batalla de Celaya en 1915 coadyuvó a recobrar el orden constitucional del país durante la Revolución mexicana.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

A) En lo general

1. La identidad nacional ha sido el resultado del tránsito de México por la historia común, legando al país un conjunto de valores referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía; de la libertad y justicia; de la democracia y del amor a la patria. Esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios cuyo respeto y veneración refrenda la unidad y afianza la identidad del pueblo de México en afirmación de su conciencia histórica, misma que festeja y conmemora los acontecimientos realizados por los hombres y mujeres que dieron su talento y vida con el fin de formar nuestra identidad como mexicanos.

2. Para conseguir lo anterior, se decretaron legislaciones en torno a los símbolo patrios, como fue la Ley sobre las características y el uso del Escudo, Bandera y el Himno Nacionales, publicada el 17 de agosto de 1968 en el Diario Oficial de la Federación, y la actual Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada el 8 de febrero de 1984 en el Diario Oficial de la Federación; dichos ordenamientos establecieron los criterios a seguir en el culto a los símbolos representativos de nuestra nación y en la conmemoración y honor debidos a los héroes y a los diferentes acontecimientos suscitados en la historia nacional.

3. En este sentido, el legislador, durante la discusión que originó la promulgación de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales en vigor, reflexionó sobre este honor que le es debido a los héroes, afirmando: “Amamos a nuestros símbolos patrios y a nuestros héroes, pero no en la frialdad de los mármoles y los bronces, o en los panteones oficiales que petrifican la historia y hacen rutinas sin sentido, incomprensibles, las gestas del pueblo trabajador. Esos símbolos y esos héroes viven cálidamente en la memoria popular —nuestra verdadera historia— como el mito que está siempre a punto de realizarse, como una promesa a punto de cumplirse, como una esperanza irrenunciable, como una promesa que es, al mismo tiempo, voluntad inquebrantable de seguir viviendo y hacer de este mundo, el mundo que aspiramos”. (Diario de los Debates, LII Legislatura, año II, tomo II, número 45, página 71, diciembre 29, 1983).

4. El debate hizo énfasis sobre el testimonio de las personas que forjaron la nación soberana a pesar de las adversidades, manifestando de esta forma que “nos empeñamos en rescatar y mantener su recuerdo; por eso les rendimos culto; por eso se mantienen vivos en el verdadero sagrario de la patria, que es la memoria popular. Somos como nación lo que nuestros hechos (...) fueron. Nuestra historia se nos presenta como una larga cadena de grandes hechos y de grandes hombres, en la que unos son siempre el ejemplo a seguir para otros. (Diario de los Debates, LII Legislatura, año II, tomo II, número 45, página 71, diciembre 29, 1983).

B) En lo particular, La Batalla de Celaya de 1915

1. Los historiadores de la Revolución mexicana coinciden en afirmar que el hecho histórico “Batalla de Celaya” queda en el título de una serie de combates que se inscribieron en las discordancias de las principales figuras del constitucionalismo. Una vez vencido el huertismo en la Batalla de Zacatecas, los bandos se alineaban para saber cuál ofrecería los intereses de estabilidad social y del orden constitucional.

2. Tras el desalojo del huertismo, Venustiano Carranza convocó a la reunión de las fuerzas revolucionarias en Aguascalientes (1914); sin embargo, los antagonismos entre las fuerzas carrancistas y de Francisco Villa, comandante de la División del Norte, llevaron a la asunción de la presidencia interina de Eulalio Gutiérrez y el establecimiento de Venustiano Carranza en el Puerto de Veracruz para contrarrestar las fuerzas del villismo.

3. Para hacer frente a las fuerzas del General Francisco Villa, Venustiano Carranza envió al Bajío, a fin de reducir la presión de la División del Norte, al general de división Álvaro Obregón, mientras los generales carrancistas Manuel Diéguez y Francisco Murguía se enfrentaron a las fuerzas villistas de Rodolfo Fierro y Pablo Sáenz en Jalisco y en Sonora, José María Maytorena se enfrentó al constitucionalista Plutarco Elías Calles. Los combates extendidos comprometían el centro y norte del país.

4. Los enfrentamientos en el Bajío fueron estratégicos. De acuerdo con los historiadores, el general Álvaro Obregón pensaba que el triunfo del constitucionalismo podría definirse en esa región donde se concentraba el núcleo de la División del Norte. Desde el 6 de abril de 1915, los combates entre constitucionalistas y convencionistas se dieron con una serie de escaramuzas entre la vanguardia villista y obregonista en la estación de El Guaje a las puertas de Celaya iniciando el asedio de la División del Norte sobre las del ejército de Obregón en esa Ciudad.

5. Los combates prosiguieron hasta llegar a León; sin embargo, ya se advertía de la superioridad estratégica de las fuerzas constitucionalistas que obligaron a la División del Norte a un retroceso gradual hacia el norte. Desde el 13 de abril, en lo que los historiadores llaman la “Segunda Batalla de Celaya”, comenzó el declive villista ante las tropas de Obregón, mejor pertrechadas y preparadas además del amplio conocimiento del enemigo. Con un ejército de quince mil hombres, Álvaro Obregón destacó a siete mil soldados de caballería que contuvo los flancos villistas. Las crónicas militares de la batalla afirman que hubo cerca de cuatro mil muertes entre las fuerzas de la División del Norte y más de cinco mil heridos. Este descalabro obligó al General Francisco Villa a replegarse hacia Aguascalientes.

6. Desde Veracruz, una vez enterado de los resultados favorables de los combates de Celaya que tuvieron lugar del 6 al 15 de abril, el primer jefe del Ejército Constitucionalista remitió un telegrama al general Álvaro Obregón bajo los siguientes términos:

“Felicito a usted y Ejército bajo su mando; el primero que encuéntrase en lucha por la libertad, venciendo en una batalla al ejército más numeroso y de mayores elementos que se puso frente a los Ejércitos del Pueblo que han luchado por sus derechos y por su libertad. Con la victoria de hoy, queda vencida la reacción y espero que muy pronto terminará esta guerra que tantos sacrificios y tanta sangre de buenos hijos ha costado a la nación”. (Álvaro Obregón, Ocho mil kilómetros en campaña, FCE, 1973, p.329).

7. El fin de la Batalla de Celaya constituyó una serie de eslabones en el proceso de la Revolución mexicana. En el Bajío se libraron una serie de combates que decidieron el destino de la División del Norte y al afianzamiento del constitucionalismo que desembocó en el orden constitucional que nos rige y que es justo conmemorar y reconocer en el centenario de este hecho de la Revolución mexicana.

C) Modificaciones a la iniciativa

8. Finalmente, esta comisión estima oportuno modificar el texto de la leyenda de la fecha a adicionar a fin de que sea acorde con las de otras contenidas en el artículo 18, inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; efectivamente, se propone que sea “15 de abril, Aniversario de la Culminación de la Batalla de Celaya” de manera que en lugar de “culminación” se diga “fin”, el cual abarca la serie de combates y se propone, de igual forma, agregar el año en el que tuvo verificativo, es decir, el de 1915, como también se considera en otras fechas cívicas del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

En este sentido, se considera la siguiente redacción para quedar como sigue:

“ 15 de abril:

Aniversario del fin de la Batalla de Celaya, en 1915”.

9. Por otro lado, se realizan las modificaciones de técnica legislativa correspondientes a fin de señalar sólo la fecha a adicionar como se propone en el presente dictamen; de igual forma, esta comisión advierte que en el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se encuentra la fecha 15 de abril.- DEROGADO. El 9 de enero de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición de la fecha 15 de abril: Apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; posteriormente, el legislador la derogó publicándose el decreto el nueve de mayo de 1995 en el Diario Oficial de la Federación.

10. De esta forma, la fecha se preserva como DEROGADO en el texto normativo por lo que, en una correcta técnica legislativa, vendría a reformarse para ser 15 de abril: Aniversario del fin de la Batalla de Celaya, en 1915.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Decreto que reforma la fecha “15 de abril” para ser “15 de abril: Aniversario del fin de la Batalla de Celaya, en 1915” del inciso A) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Artículo Único. Se reforma la fecha “15 de abril” para ser “15 de abril: Aniversario del fin de la Batalla de Celaya, en 1915” del inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

a) ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

15 de abril:

Aniversario del fin de la Batalla de Celaya, en 1915.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

b) ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil quince.

La Comisión de Gobernación, diputados:Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Roberto Ruiz Moronati, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Abraham Correa Acevedo (rúbrica), Celestino Manuel Alonso Álvarez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), Raymundo King de la Rosa, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Arnoldo Ochoa González, Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), José Arturo Salinas Garza, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

CODIGO CIVIL FEDERAL

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 360 del Código Civil Federal

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 85, 157, numeral I, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el apartado de “ Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante la Mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado de “ Análisis de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado de “ Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el día 4 de noviembre de dos mil catorce de la Cámara de Diputados, se presentó la iniciativa a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante para reformar el artículo 360 del Código Civil Federal.

2. En dicha sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso turnar la iniciativa de mérito a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.

II. Análisis de la iniciativa

En la iniciativa de mérito se menciona que los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia se encuentran debidamente reconocidos internacionalmente. México es uno de los países que desde 1990 suscribió la Convención de los Derechos del Niño y por tal motivo se encuentra obligado a garantizar el goce y disfrute de sus derechos esenciales. Los estados que han suscrito esta importante convención, tienen a su cargo la más trascendente encomienda de tomar todas las medidas pertinentes y adecuadas, para garantizar que la niñez sea realmente protegida en sus derechos fundamentales, como lo es por ejemplo, que crezcan y se desarrollen bajo el cuidado y responsabilidad de sus padres.

Se señala que por tal motivo, considera muy importante que en el Código Civil Federal se establezca que en el caso de que exista contradicción en lo relativo a la paternidad o la maternidad, prevalezca el interés superior de la niñez, aprovechando en toda su trascendencia los avances de la ciencia, como lo es la prueba pericial en materia de genética, que en la actualidad es la prueba idónea, cuya confiabilidad es innegable y que se instituya que el probable progenitor que se niegue a proporcionar la muestra necesaria para la emisión del dictamen, sea considerado como tal, salvo prueba en contrario. Y no solo eso, sino que precisamente con base en el principio del interés superior del menor, cuando la parte demandante carezca de recursos económicos, el juez competente esté facultado para solicitar al área de servicios periciales que se le exima del pago respectivo.

Se refiere que, nuestro país suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño por decreto de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión publicado el 31 de julio de 1990. Así, por disposición de la Constitución política que nos rige, este cuerpo de normas protectoras, es de observancia obligatoria en toda la república. Este ordenamiento internacional está integrado por cincuenta y cuatro artículos y protocolos que instituyen el derecho de los menores de dieciocho años a la protección del gobierno y la sociedad para poder desenvolverse y desarrollar sus capacidades en un ámbito de seguridad y protección.

Se menciona que se trata esencialmente de que reciban la protección del estado y la sociedad contra la discriminación, el castigo por causa de su condición, sus actividades, sus opiniones, las creencias de sus padres, tutores o familiares; y también, con relación al derecho fundamental de crecer, desenvolverse y desarrollar sus capacidades en el ámbito de responsabilidad de sus padres, rodeados de afecto y de seguridad personal, moral y material, educación y alimentación basados en el interés superior del menor, como principio rector. En su artículo 1, se precisa lo que debe entenderse por niño, en la forma siguiente:

“Artículo 1. Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”

En su artículo 2, numeral 1, se estableció la obligación de los estados de respetar los derechos enunciados en la convención, como sigue:

“1. Los estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

En su artículo 2, numeral 2, se estableció la obligación de los estados a tomar las medidas apropiadas para garantizar la protección de derechos en la forma siguiente:

“2. Los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.”

Además, en su artículo 3, numeral 1, se estableció la obligación de las instituciones públicas, órganos legislativos y tribunales, de atender a una consideración especial como lo es el interés superior del menor, como sigue:

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”

Y en su numeral 2, se estableció el compromiso de los estados para asegurar la protección y cuidados de la niñez en la forma siguiente:

“2. Los estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.”

Se precisa que en México fue promulgada la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que fue publicada el 29 de mayo de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, sustentada en lo dispuesto por la convención antes mencionada y fundada en lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional. Su objeto, precisa la ley, es garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. La protección conlleva la finalidad de asegurar que tengan la oportunidad de formarse en condiciones de igualdad y de seguridad. Además, esa protección está dirigida a procurar a favor de la niñez, los cuidados y la asistencia que sean necesarios para que puedan crecer y desarrollarse en un ambiente de bienestar al amparo del principio rector del interés superior de la niñez que garantiza su desarrollo integral. Ese principio rector ha sido interpretado por el Poder Judicial federal en la forma siguiente:

“Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por el interés superior de éstos –previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes–, el juez está facultado de oficio para recabar las pruebas necesarias con el objeto de establecer aquello que resulte de mayor conveniencia para preservar dicho interés”

Indica que así se precisa en la tesis aislada con el rubro: “Pruebas. Su admisión y desahogo en los procedimientos en que se controvierten derechos de los menores”, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de julio de 2007, página 268 con el número 1a. CXXXIX/2007. Por otra parte, el Poder Judicial federal sostiene que la suplencia de la queja es procedente con base en el interés superior del menor, en su tesis con rubro: “Menores de edad o incapaces. Procede la suplencia de la queja, en toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente”, que dice:

“La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los jueces y magistrados federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz.”

Expresa que así se precisa en la Tesis Jurisprudencial de la Primera Sala: 1a. /J. 191/2005, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIII, mayo de 2006, página 167. Por lo que se refiere al derecho de las niñas, niños y adolescentes a la identidad y a conocer con certeza a sus padres, el Poder Judicial federal sostiene en tesis aislada con rubro: “Derecho a la identidad de los menores. Su contenido, lo siguiente:

“... el hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, constituye un principio de orden público que es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no sólo radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, la identidad de sus padres y el conocimiento de su origen genético, sino que a partir de esos elementos puede derivarse, por una parte, su derecho a tener una nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral.”

Indica que así se precisa en la Tesis Aislada de la Primera Sala: 1a. CXLII/2007, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI, julio de 2007. Página: 260. En este orden de ideas, podemos decir que el interés superior de la niñez es la plena satisfacción de sus derechos fundamentales entre los que destacan el derecho a conocer su origen, la identidad de sus padres, el conocimiento de su origen genético y el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral. Ahora bien, cuando existe contradicción sobre la paternidad o maternidad del menor, las leyes del orden civil prevén que pueden acreditarse o demostrarse por cualquiera de los medios ordinarios de prueba reconocidos por esos ordenamientos legales. Sin embargo, en la actualidad es del conocimiento general que con el avance de la ciencia, la prueba idónea es la pericial en materia de genética, basada en el estudio del ácido desoxirribonucleico, también conocido por su abreviatura: ADN.

Precisa que el ADN es un ácido nucléico que contiene instrucciones genéticas y que es responsable de la transmisión hereditaria. Así, las pruebas de paternidad o maternidad con base en el ADN, proporcionan una determinación científica confiable que permite precisar si el presunto progenitor o progenitora es el padre o la madre biológica del menor. El perfil de ADN del niño se compara con el perfil de ADN identificado en el presunto padre o la madre para comprobar la evidencia de la herencia genética. Sin duda, es la prueba científica disponible en la actualidad, cuyos resultados son realmente concluyentes y confiables. Es importante señalar que en los juicios que se plantean sobre asuntos de paternidad o maternidad en contradicción, esta prueba pericial simplifica el procedimiento y consecuentemente reduce los tiempos procesales, en razón de que siendo la prueba idónea por excelencia, hace innecesario el desahogo de cualquier otra probanza, lo que contribuye a la impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial.

Concluye que el problema que se presenta para lograr lo anterior y que alarga los procedimientos, es que muchas veces no se realiza esta pericial por la carencia de recursos del promovente o por la negativa del presunto progenitor o progenitora a proporcionar la muestra necesaria, lo que hace que se difiera la emisión del dictamen. Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que resulta procedente, viable y necesario reformar el artículo 360 del Código Civil federal a fin de legislar sobre esta prueba pericial y la presunción legal afirmativa sobre la paternidad o la maternidad en caso de negativa a someterse a su realización proporcionando la muestra necesaria para tal fin.

Por lo anterior propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 360 del Código Civil Federal

Artículo Único.Se reforma el artículo 360 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 360. ...

En caso de contradicción, la paternidad y la maternidad pueden probarse por cualquiera de los medios ordinarios y en especial mediante la prueba pericial en materia de genética. Si el presunto progenitor se negara a proporcionar la muestra necesaria, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es el padre o la madre.

Si existe carencia de recursos, el juez solicitará al área de servicios periciales correspondiente, que se exima del pago atendiendo al interés superior del menor.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones:

Primero. Esta Comisión de Justicia, analizó y valoró la iniciativa de mérito, mediante lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso, y la jurisprudencia relacionada con la aplicación e interpretación del Código Civil Federal.

En la iniciativa propuesta se pretende reformar el artículo 360 de dicha Ley, que para mayor ilustración se compara con el precepto vigente en la siguiente tabla:

Artículo vigente

Artículo 360.- La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre sólo se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad.

Artículo propuesto 

Artículo 360. ...

En caso de contradicción, la paternidad y la maternidad pueden probarse por cualquiera de los medios ordinarios y en especial mediante la prueba pericial en materia de genética. Si el presunto progenitor se negara a proporcionar la muestra necesaria, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es el padre o la madre.

Si existe carencia de recursos, el juez solicitará al área de servicios periciales correspondiente, que se exima del pago atendiendo al interés superior del menor.

Se debe precisar que, conforme a la naturaleza humana, la maternidad se comprueba de manera indubitable y fehacientemente por el solo hecho del nacimiento. No sucede lo mismo en el caso de la paternidad, la cual deriva de una presunción legal y humana, derivada de cohabitar en pareja por virtud del vínculo matrimonial o del concubinato.

En el caso que nos ocupa, el precepto se refiere a la filiación de los hijos nacidos fuera del matrimonio, que en el caso del padre sólo se establece por reconocimiento voluntario o por sentencia que así la declare.

Sin embargo, este último caso, es precisamente por aquellas situaciones en que existe juicio contradictorio, ya sea de reconocimiento o desconocimiento de esa filiación, de la cual propone reglamentar lo relativo a la manera de comprobarse y sobre todo con qué medio de prueba.

Como se advierte, la hipótesis normativa propuesta se integra por cuatro supuestos, que por razones metodológicas se analizan por separado.

Primer supuesto. Se propone la siguiente redacción “En caso de contradicción, la paternidad y la maternidad pueden probarse” lo cual es apropiado, pero debe vincularse con aquellos casos de su procedencia previstos en el numeral 382 y siguientes.

Lo anterior es así, dado que sin esa vinculación, se pudiera interpretar que se trata de un nuevo caso permitido de investigación de paternidad.

Por ello se propone por esta dictaminadora que la redacción quede de la siguiente manera:

“En caso de contradicción, en aquellos supuestos que el presente capítulo establece, la paternidad y la maternidad pueden probarse...”

Segundo supuesto. Se propone la siguiente redacción: “por cualquiera de los medios ordinarios y en especial mediante la prueba pericial en materia de genética” lo cual es apropiado, dado que la prueba idónea para demostrar la filiación lo es la pericial en genética, tal y como lo han sostenido los Tribunales de la Federación en múltiples criterios, como el que se transcribe a continuación:

Época: Novena Época

Registro: 195964

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo VIII, Julio de 1998

Materia(s): Civil

Tesis: II.2o.C.99 C

Página: 381

Pericial en genética. Es la prueba idónea para demostrar científica y biológicamente la paternidad y filiación.

Cuando se reclame el reconocimiento de la paternidad de un menor, así como sus consecuencias inherentes, la pericial en materia de genética es la prueba idónea para demostrarla, previo análisis de las muestras de sangre correspondientes, con el propósito de esclarecer jurídicamente el problema planteado, máxime si fue previa y debidamente admitida. Consecuentemente, si la madre no compareció con el menor al desahogo de dicha probanza, el juzgador debió ordenar el correcto desahogo del medio probatorio ofrecido, dictándose las medidas de apremio pertinentes para hacer cumplir sus determinaciones, y al no haber actuado así, su comportamiento constituye una violación al procedimiento que dejó en estado de indefensión al oferente de la prueba, pues una vez desahogada debidamente permitirá al Juez decidir justamente, al contar con los elementos esenciales y convincentes indispensables para dirimir la litis planteada, ya que la pericial es la prueba científica y biológicamente idónea para tener o no por cierta y corroborada la filiación, esto es, la paternidad.

Amparo directo 1335/97. Carlos Alberto Ávila Gil. 27 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: José Valdez Villegas.

Tercer supuesto. Se propone la siguiente redacción: “Si el presunto progenitor se negara a proporcionar la muestra necesaria, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es el padre o la madre...” lo cual es apropiado, dado que esa consecuencia es y ha sido aceptada en los procesos jurisdiccionales, tal y como lo han sostenido los Tribunales de la Federación en múltiples criterios, como el que se transcribe a continuación:

Época: Décima Época

Registro: 2002163

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3

Materia(s): Civil

Tesis: VII.2o.C.20 C (10a.)

Página: 1914

Juicios de paternidad. Para el caso de que los presuntos ascendientes se nieguen a practicarse la prueba pericial en materia de genética (ADN), no es necesario apercibirlos con la imposición de medidas de apremio como la multa o el arresto, sino que deberá hacerse de su conocimiento que en tal supuesto operará la presunción de la filiación controvertida (legislación del estado de Veracruz).

El artículo 256 Bis del Código Civil para el Estado de Veracruz, establece que, para el caso en que el presunto progenitor se niegue a proporcionar la muestra necesaria para la práctica de la prueba biológica o proveniente de la ciencia o se negara a practicarse dicha prueba, se presumirá la filiación, salvo prueba en contrario, desprendiéndose de la exposición de motivos que dio lugar a dicha disposición, que con ella, el legislador local buscó proteger el derecho fundamental de los menores a conocer su origen y ascendencia, por lo que tal medio se traduce en una garantía para quien busca saber quiénes son sus padres y en una carga para quien se le imputa tal relación, sin que pueda coaccionarse a ésta para que de manera obligatoria proporcione tales muestras o se someta a los exámenes respectivos, pues los derechos de aquéllos no pueden válidamente conducir a obtener, sin el consentimiento de éstos, por ejemplo, obtener de su esfera más íntima, una muestra de sus células que permitan la comparación del material genético. Por tanto, el legislador local, como una medida racional, estableció que ante la negativa a la práctica de tales pruebas, se generaría la presunción, iuris tantum, de la relación filial. Por tanto, al comunicarse a aquella persona a quien se atribuye la paternidad en el juicio respectivo, que debe ejecutar determinados actos o realizar tales conductas a fin de que se lleve a cabo la prueba respectiva, a fin de dotar de certeza y seguridad a las partes, deberá hacer del conocimiento de éste, con certeza, claridad y precisión, cuáles son las consecuencias previstas por el legislador para el caso de que su conducta, sin justificación, sea renuente o se oponga a proporcionar las muestras necesarias o a practicarse la prueba respectiva, sin que sea necesario acudir a las medidas de apremio, entre ellas al arresto, pues en el ámbito local, existe disposición legal, concreta y determinada que bajo el principio de especialidad de la ley regula el supuesto concreto, aunado que, la imposición de medidas de apremio, ante la negativa de la persona a quien se atribuye la paternidad, no se traduce en una medida idónea y eficaz para conocer el origen y ascendencia de los menores.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.

Amparo en revisión 205/2011. 30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Eduardo Castillo Robles.

Nota: Por ejecutoria del 23 de enero de 2013, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 466/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

Cuarto supuesto. Se propone la siguiente redacción: “Si existe carencia de recursos, el juez solicitará al área de servicios periciales correspondiente, que se exima del pago atendiendo al interés superior del menor...” lo cual es apropiado, dado el interés superior de la niñez, que no puede ser negada por razones económicas.

En ese sentido, ésta Comisión dictaminadora considera viable la propuesta que se analiza para reformar el artículo el artículo 360 del Código Civil Federal.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia someten a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 360 del Código Civil Federal

Artículo Único. Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 360 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 360. ...

En caso de contradicción, en aquellos supuestos que el presente Capítulo establece, la paternidad y la maternidad pueden probarse por cualquiera de los medios ordinarios y en especial mediante la prueba pericial en materia de genética. Si el presunto progenitor se negara a proporcionar la muestra necesaria, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es el padre o la madre.

Si existe carencia de recursos, el juez solicitará al área de servicios periciales que se exima del pago atendiendo al interés superior del menor.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 18 de marzo dos mil quince.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil, José Alberto Rodríguez Calderón, secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Martha Loera Arámbula (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Minjares (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Fernando Zárate Salgado, Claudia Delgadillo González, Lorena Gutiérrez Landavazo (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Irere Sánchez Balderas (rúbrica), Érika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 85, 157, numeral I, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante la Mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado “Análisis de la iniciativa” se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I. Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 6 de noviembre de 2014 se presentó la iniciativa a cargo de Rubén Acosta Montoya para reformar los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal.

2. En dicha sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso turnar la iniciativa de mérito a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para análisis y dictamen.

II. Análisis de la iniciativa

En la iniciativa de mérito se menciona que la práctica ilegal de falsificar o violar documentos que demuestran el cumplimiento de normas oficiales mexicanas (NOM), tiene como consecuencia directa vulnerar la salud, la seguridad, el ambiente y, en algunos casos, el patrimonio o la economía de las personas.

Las NOM, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, tienen por objeto regular los productos, procesos y servicios que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas, dañar la salud humana, animal, vegetal, el ambiente y la seguridad laboral, y preservar los recursos naturales.

Se señala que específicamente, las dependencias competentes del Ejecutivo federal emiten las NOM en materia de información comercial, seguridad de productos, protección fitosanitaria y zoosanitaria, eficiencia energética, previsión de enfermedades humanas, protección contra riesgos sanitarios, seguridad en centros de trabajo, protección de recursos naturales, telecomunicaciones, transporte aéreo, terrestre y marítimo, instalaciones eléctricas y gas.

Se refiere que México cuenta con un sistema de normalización que se acompaña de un esquema de evaluación de la conformidad, regulado en la ley citada. Para estos efectos, tanto las dependencias del gobierno federal como los entes acreditados y aprobados con funciones de organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios emiten documentos que avalan que los productos, procesos y servicios cumplen la correspondiente NOM.

Se menciona que actualmente se comercializan en el país productos o se ofrecen servicios que ostentan irregularmente el cumplimiento de una NOM, al falsificar o falsamente utilizar el documento que demuestra el cumplimiento o, incluso, alterando y violando los dictámenes de organismos de certificación, laboratorios o sellos de verificación, en perjuicio del consumidor; o bien, utilizan documentos legales que fueron expedidos para otro producto, proceso o servicio, generando un grave riesgo y posible daño a las personas y su entorno.

Se precisa que para ser más claros, comercializar productos y servicios con documentos falsificados, alterados o que no corresponden que demuestran el cumplimiento de alguna NOM genera inconvenientes como éstos:

• Grave deterioro de la seguridad de las personas y de sus bienes e instalaciones.

• Inhibición del crecimiento del sector intelectual e industrial en México.

• Desprestigio de los productos nacionales que sí cumplen las especificaciones técnicas.

• Engaño y deterioro del poder adquisitivo del consumidor.

• Riesgo en los centros donde se fabrican o utilizan productos apócrifos o de baja calidad porque se carece de certeza técnica.

• Posible riesgo al ambiente.

• Riesgo al permitir la comercialización y el uso de productos sin la información comercial que los consumidores requieren.

• Constante riesgo a la salud de las personas, al consumir productos o alimentos que se fabrican o procesan en condiciones completamente insalubres, por carecer de controles de calidad.

Indica que ejemplos de lo expuesto son los siguientes:

• Venta de prendas de vestir sin etiquetar o con información en la etiqueta que no corresponde al producto.

• Venta de bienes de consumo, alcohol, medicinas u otros, lo cual implica un riesgo para la salud.

• Venta de productos eléctricos o electrónicos que no han sido sometidos a las medidas mínimas de seguridad.

• Venta de productos a granel que deben ser pesados o medidos, y que en ocasiones se usan instrumentos de medición que han sido alterados: básculas, bombas de gasolina y otros.

Expresa que en cuanto a lo expuesto, el Código Penal Federal señala actualmente sólo lo siguiente:

Capítulo IIIFalsificación de Sellos, Llaves, Cuños o Troqueles, Marcas, Pesas y Medidas

Artículo 241. Se impondrán de cuatro a nueve años de prisión y multa de cuatrocientos a dos mil pesos

I. Al que falsifique los sellos o marcas oficiales;

II. Al que falsifique los punzones para marcar la ley del oro o de la plata;

III. Al que falsifique los cuños o troqueles destinados para fabricar moneda o el sello, marca o contraseña que alguna autoridad usare para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto;

IV. Al que falsifique los punzones, matrices, sellos o documentos, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones, cupones o billetes de que habla el artículo 239; y

V. Al que falsifique las marcas de inspección de pesas y medidas.

Artículo 242. Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de veinte a mil pesos

I.Al que falsifique llaves, el sello de un particular, un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, de un banco o de un establecimiento industrial, o un boleto o ficha de un espectáculo público;

II.Al que falsifique en la república los sellos, punzones o marcas de una nación extranjera;

III.Al que enajene un sello, punzón o marca falsos, ocultando este vicio;

IV.Al que para defraudar a otro altere las pesas y las medidas legítimas o quite de ellas las marcas verdaderas y las pase a pesas o medidas falsas, o haga uso de éstas.

V.Al que falsifique los sellos nacionales o extranjeros adheribles;

VI.Al que haga desaparecer alguno de los sellos de que habla la fracción anterior o la marca indicadora que ya se utilizó;

VII. Al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etcétera, haga uso indebido de ellos; y

VIII.Al que a sabiendas hiciere uso de los sellos o de algún otro de los objetos falsos de que hablan el artículo anterior y las fracciones I, II, V y VI de éste.

Indica que la conducta ilícita que señaló no se encuentra tipificada específicamente como delito en el Código Penal Federal ni, mucho menos, es perseguida y castigada con efectividad, pues en esos preceptos no se establece la conducta atípica de falsificar los documentos que demuestren el cumplimiento de las NOM. Resulta fundamental que el Código Penal Federal sea modificado y determine la sanción de dichas conductas.

Concluye que la presente propuesta fortalecerá el combate que lleva a cabo la autoridad contra productos apócrifos “pirata”, y generará mayor conciencia en el cumplimiento de las especificaciones que las NOM establecen en beneficio de los consumidores y de la propia economía.

Por lo anterior propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal

Artículo Único.Se reforman los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 241.Se impondrán de cinco a nueve años de prisión y multa de diez mil a mil pesos

I.Al que falsifique los sellos o marcas oficiales;

II.Al que falsifique los punzones para marcar la ley del oro de la plata, o de cualquier otro metal;

III.Al que falsifique los cuños o troqueles destinados para fabricar moneda o el sello, marca o contraseña que alguna autoridad usare para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto;

IV.Al que falsifique los punzones, matrices, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones, cupones o billetes de que habla el artículo 239; y

V.Al que falsifique los certificados,marcas, sellos o documentosde inspección de pesas y medidas.

VI. Al que falsifique los documentos, los emblemas o ambos que demuestren el cumplimiento de normas oficiales mexicanas o de cualquier otra especificación técnica que tenga por objeto determinar la calidad y seguridad de algún producto, bien o servicio, antes, durante o después de su venta.

Artículo 242.Se impondrá prisión de cinco a diezaños y multa de cienmil pesos

I.Al que falsifique llaves, el sello de un particular, un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, de un banco o de un establecimiento industrial, o un boleto o ficha de un espectáculo público;

II.Al que falsifique en la república los sellos, punzones o marcas de una nación extranjera;

III.Al que enajene un sello, punzón o marca falsos, ocultando este vicio;

IV.Al que, para defraudar a otro altere las pesas y las medidas legítimas o quite de ellas las marcas verdaderas y las pase a pesas o medidas falsas, o haga uso de éstas.

V.Al que falsifique los sellos nacionales o extranjeros adheribles;

VI.Al que haga desaparecer alguno de los sellos de que habla la fracción anterior o la marca indicadora que ya se utilizó;

VII.Al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etcétera, haga uso indebido de ellos;

VIII. Al que para defraudar a otro utilice o falsifique un documento que demuestra el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que había sido expedido para un producto, proceso o servicio distinto; y

IX.Al que a sabiendas hiciere uso de los sellos o de algún otro de los objetos falsos de que hablan el artículo anterior y las fracciones I, II, V, VI y VIII de este artículo.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. consideraciones

Primera. La Comisión de Justicia, analizó y valoró la iniciativa de mérito, mediante lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso, y la jurisprudencia relacionada con la aplicación e interpretación del Código Penal Federal.

En la iniciativa propuesta se pretende reformar los artículos 241 y 242 de dicha ley, que para mayor ilustración se compara con el precepto vigente en la siguiente tabla:

Artículo vigente

Artículo 241. Se impondrán de cuatro a nueve años de prisión y multa de cuatrocientos a dos mil pesos

I. Al que falsifique los sellos o marcas oficiales;

II. Al que falsifique los punzones para marcar la ley del oro o de la plata;

III. Al que falsifique los cuños o troqueles destinados para fabricar moneda o el sello, marca o contraseña que alguna autoridad usare para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto;

IV. Al que falsifique los punzones, matrices, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones, cupones o billetes de que habla el artículo 239; y

V. Al que falsifique las marcas de inspección de pesas y medidas.

Artículo 242. Se impondrán prisión de tres meses a tres años y multa de veinte a mil pesos

I. Al que falsifique llaves, el sello de un particular, un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, de un banco o de un establecimiento industrial; o un boleto o ficha de un espectáculo público;

II. Al que falsifique en la república los sellos punzones o marcas de una nación extranjera;

III. Al que enajene un sello, punzón o marca falsos, ocultando este vicio;

IV. Al que, para defraudar a otro altere las pesas y las medidas legítimas o quite de ellas las marcas verdaderas y las pase a pesas o medidas falsas, o haga uso de éstas.

V. Al que falsifique los sellos nacionales o extranjeros adheribles;

VI. Al que haga desaparecer alguno de los sellos de que habla la fracción anterior o la marca indicadora que ya se utilizó;

VII. Al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etc., haga uso indebido de ellos; y

VIII. Al que a sabiendas hiciere uso de los sellos o de algún otro de los objetos falsos de que habla el artículo anterior y las fracciones I, II, V y VI de éste.

Artículo propuesto 

Artículo 241. Se impondrán de cinco a nueve años de prisión y multa de diez mil a mil pesos

I. Al que falsifique los sellos o marcas oficiales;

II. Al que falsifique los punzones para marcar la ley del oro de la plata, o de cualquier otro metal;

III. Al que falsifique los cuños o troqueles destinados para fabricar moneda o el sello, marca o contraseña que alguna autoridad usare para identificar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impuesto;

IV.Al que falsifique los punzones, matrices, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones, cupones o billetes de que habla el artículo 239; y

V. Al que falsifique los certificados,marcas, sellos o documentos de inspección de pesas y medidas.

VI. Al que falsifique los documentos, los emblemas o ambos que demuestren el cumplimiento de normas oficiales mexicanas o de cualquier otra especificación técnica que tenga por objeto determinar la calidad y seguridad de algún producto, bien o servicio, antes, durante o después de su venta.

Artículo 242.Se impondrá prisión de cinco a diez años y multa de cien mil pesos

I. Al que falsifique llaves, el sello de un particular, un sello, marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, de un banco o de un establecimiento industrial, o un boleto o ficha de un espectáculo público;

II. Al que falsifique en la república los sellos, punzones o marcas de una nación extranjera;

III. Al que enajene un sello, punzón o marca falsos, ocultando este vicio;

IV. Al que, para defraudar a otro altere las pesas y las medidas legítimas o quite de ellas las marcas verdaderas y las pase a pesas o medidas falsas, o haga uso de éstas.

V. Al que falsifique los sellos nacionales o extranjeros adheribles;

VI. Al que haga desaparecer alguno de los sellos de que habla la fracción anterior o la marca indicadora que ya se utilizó;

VII. Al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etcétera, haga uso indebido de ellos;

VIII. Al que para defraudar a otro utilice o falsifique un documento que demuestra el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que había sido expedido para un producto, proceso o servicio distinto; y

IX.Al que a sabiendas hiciere uso de los sellos o de algún otro de los objetos falsos de que hablan el artículo anterior y las fracciones I, II, V, VI y VIII de este artículo.

Gramaticalmente, falsificar significa “falsear”, “adulterar”, “contrahacer”. Falsedad equivale a “falta, alteración de la verdad”. La alteración de la verdad puede provenir de error (cuando de buena fe se cree y afirma como cierto lo que no es) o de mentira, afirmando como cierto lo que se sabe contrario a la verdad.

El penalista Eduardo López Betancourt, en la obra Delitos en particular, tomo V, refiere que “esta afirmación maliciosa es el alma de la falsedad, pero el contenido mendaz de un hecho no es bastante para que sea punible, es menester que además se halle revestido de un aspecto de verdad capaz de engañar a los demás, que se preste como verdadero. Mas para que los hechos falsos entren en el campo del derecho no basta que se hallen revestidos con un ropaje de verdad, es también condición precisa que lesionen bienes jurídicos, protegidos por la ley”.

El vocablo falsificación encuadra en el género falsedad,que es la falta de verdad o de autenticidad cuando no hay conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas, es decir, es cualquier ocultamiento de la verdad.

Entre sus derivados encontramos falsear, falseamiento, falsificar y falsificación. Por tanto, la falsedad se presenta como una circunstancia con diferentes formas de manifestación, como las falsificaciones monetarias, de billetes, alteraciones de medidas y pesos comercialmente hablando, falsedad en declaraciones, en documentos, etcétera.

Por otra parte, según el Diccionario de la lengua española, la moneda es “el signo representativo del precio de las cosas para hacer efectivos los contratos los cambios; una pieza de oro, plata, cobre u otro metal, regularmente en forma de disco y acuñada con el busto del soberano o el sello del gobierno, que tiene la prerrogativa de fabricarla, y que bien por su valor efectivo, o bien por el que se le atribuye, sirve de medida común para precio de las cosas y facilitar los cambios”.

Según la definición legal establecida en el Código Penal Federal, artículo 234, párrafo segundo, “se entiende por moneda... los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en el país emisor”.

Los delitos de falsificación de sellos, llaves, cuños o troqueles, marcas, pesas y medidas, tipificados en los artículos 241 a 242 del Código Penal federal, constituyen delitos contra la fe pública, en la configuración especial de ofensa relativa a la legitimidad de los sellos, llaves, cuños o troqueles, marcas, pesas y medidas, es decir se ocasiona un daño directo a la fe pública en la certeza jurídica y el Valor económico de dichos instrumentos.

En esencia se trata de una conducta sumamente lesiva a los intereses de la colectividad y del Estado, aceptante de la economía interna de éste, así como la credibilidad y confianza que debe existir en el mercado con este instrumento de pago o de calidad, por lo cual el daño no es sólo financiero, si no, también, es un daño que afecta a la política crediticia, la solidez y liquidez del propio Estado, así como la fe pública.

Ahora bien, se pretende adicionar dos supuestos más y así como el aumento de pena.

En efecto, la iniciativa pretende la adición de una fracción VI al artículo 241 y una fracción VIII aumentándose a IX las fracciones al artículo 242; ello en los siguientes términos respectivamente:

Artículo 241. (...)

VI. Al que falsifique los documentos, los emblemas o ambos que demuestren el cumplimiento de normas oficiales mexicanas o de cualquier otra especificación técnica que tenga por objeto determinar la calidad y seguridad de algún producto, bien o servicio, antes, durante o después de su venta.

Artículo 242. (...)

VIII. Al que para defraudar a otro utilice o falsifique un documento que demuestra el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que había sido expedido para un producto, proceso o servicio distinto; y

En relación con las citadas fracciones que se pretende adicionar precisa señalarse que, en ellas el cuerpo del delito deviene ser similar, “la falsificación de una marca industrial” a fin de pretender imitar un producto, bien, proceso o servicio; haciendo parecer que el falsificado es igual al auténtico, esto es, legítimo. Esta falsificación consiste en una “creación imitativa e ilegítima hecha por cualquier medio, ya se trate de la superposición del elemento impresor falsificado, ya del dibujo a mano, o de grabado etc.

En el caso de la fracción VI del artículo 241 y la fracción VIII del artículo 242, que hablan de la falsificación de las comprobaciones de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas.

Dichas normas corresponden a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y que son elaboradas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario.

Las normas oficiales establecen las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como las relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación en materia de control y fomento sanitario.

Resulta sumamente importante proteger su autenticidad, instituyendo como delito su falsificación, lo cual resulta viable.

En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en el párrafo tercero del artículo 4o. la garantía que todo individuo tiene a la protección de la salud...”

Ahora bien, las atribuciones de la Secretaría de Salud, se encuentran establecidas en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre las que se encuentra actuar como autoridad sanitaria y ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, así como vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 17 Bis las facultades de la Secretaria de Salud, las que ejercerá a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y que dichas facultades se encuentran establecidas en el artículo antes citado y en el 17 Bis 1 y 17 Bis 2, así como las señaladas en el artículo 3o., del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, según dispone el artículo 1 de su reglamento, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables, entre las cuales están los siguientes reglamentos:

De Control Sanitario de Productos y Servicios;

De Insumos para la Salud; y

De la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Por ende, resulta de vital importancia el blindaje de aquellos documentos, los emblemas o ambos que demuestren el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, porque su falsificación implica un grave riesgo a la salud de las y los mexicanos, dado el eventual consumo de productos que no han sido revisados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y, por ende, autorizados para su consumo.

Respecto a la propuesta de reforma de la fracción II del numeral 241, que considera el supuesto de falsificación de los punzones para marcar la ley del oro de la plata, pretendiendo adicionar la frase “ o de cualquier otro metal”, aquélla se considera inviable dado que es muy genérica, sobre todo porque no se ilustra con ejemplos en qué casos se pretende proteger la implementación de dicha adición.

La propuesta de reforma de la fracción V del numeral 241, que considera el supuesto de falsificación de las marcas de inspección de pesas y medidas, para adicionar “certificados, sellos o documentos”, resulta viable dado que con dicha propuesta se completa la descripción de cualquier signo del resultado de la inspección de pesas y medidas, como pudieran ser certificados,marcas, sellos o documentosde inspección de pesas y medidas.

Segunda. En la iniciativa de mérito se propone incrementar la penalidad de los tipos del delito de falsificación, previstos en el artículo 241 del Código Penal Federal que en la actualidad es de cuatro a nueve años de prisión como ya se dijo, para que se establezca una penalidad de prisión de cinco a nueve años.

Y para los tipos del delito de falsificación, previstos en el artículo 242 del Código Penal Federal que en la actualidad es de tres meses a tres años de prisión como ya se dijo, para que se establezca una penalidad de prisión de cinco a diez años.

La razón de la propuesta, se refiere en dicha iniciativa, que es atendiendo al fortalecimiento al combate que lleva a cabo la autoridad contra productos apócrifos “pirata”, y generará mayor conciencia en el cumplimiento de las especificaciones que las NOM establecen en beneficio de los consumidores y de la propia economía.

Sin embargo, la comisión dictaminadora no comparte dicha opinión ya que la conducta que se pretende evitar en ese supuesto contenido en el artículo 242, ya enunciado es una acción realizada por quien, para defraudar a otro, utilice o falsifique un documento que demuestra el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que había sido expedido para un producto, proceso o servicio distinto, entre otros supuestos, por lo que se considera que dicha propuesta rebasa los criterios de proporcionalidad que existe en el catálogo de delitos descritos en el Código Penal Federal, para los de su tipo contenidos en los artículos 241 y 242. Este título se localiza en el libro segundo y se integra con ocho capítulos, como se ilustra en el siguiente cuadro:

En la iniciativa de mérito se propone que para el delito previsto en el artículo 242, la pena mínima de prisión sea de cinco años, es decir la misma que tiene actualmente tres meses. Y la máxima que se propone que es de diez años es superior a cualquiera de los delitos señalados en la tabla precedente.

Por otra parte, debe decirse que por lo general el ciudadano común, piensa que para disminuir la comisión de delitos se debe incrementar las penas, hasta la cadena perpetua e incluso la muerte. Dichas propuestas a lo largo de la historia, no han logrado los objetivos pretendidos.

En México, y en la mayor parte de países de América Latina, cada día se sufre el incremento de delitos y conductas ilícitas que menoscaban la armonía social. Las razones pueden ser muy variadas; entre éstas se encuentran los antivalores que prevalecen y la falta de éxito en la prevención del delito.

Esta comisión considera que si la ciencia y sobre todo la experiencia nos revelaran que aumentar las sanciones en nuestro sistema penal fuera la solución para lograr la seguridad de la ciudadanía, sin duda, ya habríamos reformado nuestras leyes, códigos y reglamentos de una manera ejemplar. Sin embargo, debemos ser muy puntuales en distinguir los conflictos sociales que se pueden solucionar por medio de la modificación de la ley.

En todo caso, la comisión dictaminadora considera que las propuestas para modificar la sanción punitiva de una conducta ilícita, merecen requerir mayor análisis y estudio, dado que si no existe un fundamento social real no es factible decidir con objetividad y claridad en sentido positivo que esta propuesta en estudio, efectivamente coadyuvará a prevenir o frenar el delito en cuestión.

En ese sentido, la comisión dictaminadora considera desechar la propuesta que se analiza.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia someten a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal

Único. Se reforman la fracción V del artículo 241 y actual VIII del artículo 242, y se adicionan una fracción VI al artículo 241 y una VIII, y se recorre la subsecuente en el orden, al artículo 242 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 241. ...

I.a III. ...

IV. Al que falsifique los punzones, matrices, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones, cupones o billetes de que habla el artículo 239;

V.Al que falsifique los certificados,marcas, sellos o documentosde inspección de pesas y medidas; y

VI. Al que falsifique los documentos, los emblemas o ambos que demuestren el cumplimiento de normas oficiales mexicanas o de cualquier otra especificación técnica que tenga por objeto determinar la calidad y seguridad de algún producto, bien o servicio, antes, durante o después de su venta.

Artículo 242. ...

I.a VI. ...

VII.Al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas, etcétera, haga uso indebido de ellos;

VIII. Al que para defraudar a otro utilice o falsifique un documento que demuestra el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que había sido expedido para un producto, proceso o servicio distinto; y

IX.Al que a sabiendas hiciere uso de los sellos o de algún otro de los objetos falsos de que hablan el artículo anterior y las fracciones I, II, V, VI y VIII de este artículo.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil, José Alberto Rodríguez Calderón, secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Martha Loera Arámbula (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Fernando Zárate Salgado, Claudia Delgadillo González, Lorena Gutiérrez Landavazo (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Irere Sánchez Balderas (rúbrica), Érika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 21 de noviembre de 2013, la senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental en niños y adolescentes.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Salud, y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 13 de diciembre de 2013, la senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V y se adiciona una fracción V Bis el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

4. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Salud, y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen correspondiente.

5. Con fecha de 4 de febrero de 2015 se presenta a la Cámara revisora como Minuta a y con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Minuta fuera turnada a la Comisión de Salud para análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido

Promover programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos, con énfasis en las niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

Ley General de Salud

Texto Vigente

Artículo 73. ...

I. a IV. ...

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del sistema nacional de salud, que permita abatir la brecha de atención;

(Sin existencia).

VI. a VIII. ...

Artículo 77. ...

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento.

Propuesta de la minuta

Artículo 73. ...

I. a IV. ...

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;

V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos;

VI. a VIII. ...

Artículo 77. ...

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Organización Mundial de la Salud definió a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; precisamente uno de los componentes de dicha definición es la salud mental, que abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos.

Tercera. Para el caso de México, según los datos de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, los trastornos más frecuentes identificados en nuestro país fueron los de ansiedad, con una prevalencia de 14.3 por ciento, seguida por los trastornos de uso de sustancias con un 9.2 por ciento y los trastornos afectivos con un 9.1 por ciento, así como las fobias específicas con un 7.1 por ciento; trastornos de la conducta con una prevalencia del 6.1 por ciento; la dependencia al alcohol con 5.9 por ciento; la fobia social con un 4.7 por ciento y el episodio depresivo mayor con una presencia de 3.3 por ciento entre la población nacional. Asimismo, se estableció que los hombres representan un 30.4 por ciento de prevalencias más altas de cualquier trastorno en comparación con las mujeres con un 27.1 por ciento.

Cuarta. Cifras preocupantes pero no tan estremecedoras como las arrojadas por las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística, Geografía, Inegi, que refieren que en nuestro país se han registrado 43 mil 700 defunciones por trastornos mentales y del comportamiento; siendo las entidades con mayor número de defunciones por enfermedades mentales: Veracruz con 4 mil 450; el estado de México, con 4 mil 192; Puebla con 3 mil 939; Oaxaca y Jalisco con 3 mil 7 casos cada una; el Distrito Federal con 2 mil 882 defunciones, Michoacán con 2 mil 320 casos y Guanajuato con 2 mil 220.

Asimismo, otra de las causas es la incidencia preponderante en las personas con padecimientos crónicos, quienes representan el mayor índice de trastornos mentales; tal es el caso de las personas que viven con diabetes, hoy la principal causa de muerte en el país, quienes tienen hasta dos veces más probabilidades de vivir eventos depresivos que las personas saludables.

Quinta. Para la atención de dicha situación, existen programas de acción para superar las brechas en salud mental, el cual ofrece a los planificadores de salud, a las instancias normativas y a los donantes un conjunto claro y coherente de actividades y programas para ampliar y mejorar la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias adictivas, sin embargo, ello no es suficiente.

Lo anterior hace de la salud mental uno de los temas eje en la agenda de cualquier administración a nivel mundial, pues aun cuando existen diversos programas de atención, hacen falta aquellos que además de brindar atención, asuman el compromiso de rehabilitar integralmente a las personas que las padecen, así como a la sociedad en general, a través de la difusión de información suficiente que permita desmitificar los padecimientos mentales.

Sexta. Asimismo, en nuestro marco jurídico vigente, la salud mental está contemplada como materia de salubridad general, lo cual se establece en el artículo 3 fracción VI de la Ley General de Salud. Por otro lado, también es considerada a la salud mental como servicios básicos de salud, la atención médica integrada de carácter preventivo que consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta. (Artículo 27 fracción VI)

Séptima. En función de lo anterior, ésta comisión dictaminadora sostiene que de acuerdo con los datos, se ha incrementado el número de personas que padecen el problemas mentales, con costos directos al gasto público, puesto que hay una disminución de la productividad del trabajo y un aumento para el tratamiento de la enfermedad. En este sentido, habrá que señalar de manera puntual, los puntos clave de la minuta en comento, intentando dilucidar de manera específica el sentido de la iniciativa y los alcances que presenta.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 73. ...

I. a IV. ...

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;

(Sin existencia).

VI. a VIII. ...

Artículo 77. ...

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento.

Propuesta de la minuta

Artículo 73. ...

I. a IV. ...

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;

V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos;

VI. a VIII. ...

Artículo 77. ...

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

Comentarios

1. La reforma que plantea hacer modificaciones al artículo 73 fracción V y adiciona una fracción V Bis, contempla que la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales deba aplicarse de manera estratégica y gradual a todos los establecimientos que se contemplan en el sistema nacional de salud en todos sus niveles de atención. La modificación expresa la misma cuestión que el artículo 5 de la presente ley, en donde todas las dependencias y entidades de la Administración Pública de cualquier nivel gubernamental que integren el Sistema Nacional de Salud deben ofrecer el tratamiento adecuado para mitigar los efectos de los problemas mentales. En este sentido, se considera factible la modificación, puesto que se empata con lo establecido en la Ley.

2. En cuanto a la adición de la fracción V Bis del artículo 73 se considera que hay una estrecha relación con lo que se presenta en la norma oficial mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica:

0. Introducción

Los esquemas de atención médica para el tratamiento de personas que padecen enfermedad mental, experimentan cambios continuos en función del desarrollo acelerado de la ciencia, de la mejor comprensión de los múltiples factores que intervienen en el origen y evolución de la enfermedad mental, así como de los recursos terapéuticos, físicos, humanos y financieros para su atención.

Una característica fundamental de este cambio, es la tendencia hacia la reinserción social de la persona enferma al medio al que pertenece, favoreciendo la continuidad del tratamiento a través de la implementación de programas extrahospitalarios y comunitarios tales como hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino, talleres protegidos, entre otros, con especial énfasis en la prevención, desde una perspectiva integral que considera la complejidad de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de las enfermedades mentales. Para fortalecer esta tendencia es indispensable continuar el proceso modernizador de la organización y funcionamiento de los servicios de salud, que permita superar los rezagos aún prevalecientes.

En este sentido, se considera prudente, integrar tales conceptos a la Ley, puesto que la Secretaría de Salud ya los tiene específicamente definidos.

3. De acuerdo con las estimaciones de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, hay específicamente grupos vulnerables que deben ser tratados a la brevedad para corregir los problemas de salud mental. En este sentido, el proponente pretende integrar al artículo 77 de la Ley General de Salud, lo correspondiente a la atención oportuna de las personas que sufren padecimientos mentales con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores. Así mismo, el jueves 5 de febrero del 2015, fue Aprobado en la Cámara de Diputados con 351 votos en pro el Proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, en donde se establece prioridad para la detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes. Con la modificación del proponente se pretende disminuir la brecha jurídica para la protección de la salud mental de los grupos vulnerables. Por lo tanto, la reforma en comento se considera factible.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura consideramos la aprobación de la minuta en sentido positivo y sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental

Artículo Único. Se reforma la fracción V y se adiciona una fracción V Bis, al artículo 73, y se reforma el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a IV. ...

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;

V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos;

VI. a VIII. ...

Artículo 77. ...

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la reforma al artículo 73, se harán con los recursos financieros y materiales con los que cuente la dependencia, por lo que no requerirá transferencias presupuestarias para su cumplimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Rodríguez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la minuta en comento, esta comisión somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 13 de febrero de 2014, la senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.

2. Con misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 11 de diciembre de 2014, fue publicado el dictamen de primera lectura por la Cámara de Senadores.

4. Con fecha 14 de diciembre de 2014, se sometió a discusión el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, aprobado por 93 votos. Pasando a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. En sesión celebrada con fecha 3 de febrero de 2015 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud.

6. Con misma fecha la Presidencia de la cámara de diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la minuta

La presente Minuta pretende incluir que los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, podrán aplicar las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 46. La construcción y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.

Iniciativa

Artículo 46. La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades aplicará en todo momento las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental además, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. En la exposición de motivos de la presente Minuta, se manifiesta la preocupación del incremento en la temperatura global, como consecuencia de las actividades del ser humano, que origina una transformación continua a corto, mediano y largo plazo en el medio ambiente y por ende, afectaciones en la salud de las personas.

Por ello, se propone que se reforme la Ley General de Salud, con la finalidad de que se incluya en el Artículo 46, la aplicación de tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental, por lo que corresponde a la infraestructura de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud.

Tercera. El 6 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Cambio Climático, que tiene como objeto, garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

Aunado a lo anterior, el artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático, en comento, establece en su fracción VI, que se considerarán acciones de adaptación, “la construcción y mantenimiento de infraestructura”; en el mismo sentido, la fracción XVIII, del mismo precepto, establece que también se considerarán acciones de adaptación “la infraestructura estratégica en materia de abasto de agua, servicios de salud, y producción y abasto de energéticos.

Cuarta. Finalmente, cabe hacer mención de la norma mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013. Edificación sustentable-criterios y requerimientos ambientales mínimos, tiene como objetivo, especificar los criterios y requerimientos ambientales mínimos de una edificación sustentable para contribuir en la mitigación de impactos ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin descuidar los aspectos socioeconómicos que aseguran su viabilidad, habitabilidad e integración al entorno urbano y natural.

Quinta. Conforme al Plan Nacional de Desarrollo en su Apartado VI.4. México Próspero, se plantea el objetivo 4.4. que versa en “impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”; dicho plan también hace referencia en la Estrategia 4.4.3., “al fortalecimiento de la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajo carbono” en cuyas líneas de acción, son “La promoción del uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero”.

Sexta. Entendemos por desarrollo sustentable a un proceso de crecimiento de la humanidad con la mira puesta en el cuidado y la protección del medio ambiente. La noción de desarrollo sustentable es muy reciente: surgió a fines del siglo XX como el resultado de proyectos y exposiciones internacionales que analizaban el desgaste y el abuso que el ser humano con su crecimiento económico, tecnológico y social ha generado a lo largo del tiempo sobre el medio ambiente. Así, surge este concepto novedoso que supone el poder mantener niveles de crecimiento y desarrollo que beneficien a las diferentes regiones del globo pero que no impliquen continuar con ese abuso medioambiental sino que, por el contrario, se basen en el uso de energías renovables, en el reciclado de materiales que puedan ser reutilizables, etc.

Séptima. La mitigación del cambio climático puede resultar afectada por políticas y tendencias socioeconómicas de carácter general, como las relativas a desarrollo, sostenibilidad y equidad, y repercutir en ellas. Las políticas de mitigación del clima pueden fomentar el desarrollo sostenible cuando corresponden a esos objetivos generales de la sociedad. Algunas acciones de mitigación pueden producir grandes beneficios en esferas ajenas al cambio climático: por ejemplo, pueden paliar problemas de salud; aumentar el empleo; reducir efectos negativos sobre el medio ambiente (como la contaminación atmosférica), proteger y mejorar los bosques, los suelos y las cuencas hidrográficas; reducir las subvenciones e impuestos que intensifican las emisiones de gases de efecto invernadero, e inducir el cambio y la difusión de la tecnología, lo que contribuye a objetivos más amplios de desarrollo sostenible. Análogamente, las vías de desarrollo que cumplen objetivos de desarrollo sostenible pueden disminuir los niveles de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Octava. Es por lo anterior que la Comisión de Salud coincide con la Cámara de Senadores, en promover los mecanismos para que los hospitales existentes y futuros, se conviertan en instalaciones verdes y sustentables, con planes de manejo especializados para reducir el gasto de los mismos, conservando e incluso mejorando los niveles de cuidado y calidad de los servicios de salud. Aunado a lo anterior, conforme a los ordenamientos jurídicos señalados, es imperante que la infraestructura de servicios de salud, adopten las medidas necesarias para contribuir, a la disminución de la emisión de los gases de efecto invernadero.

Por ello, la comisión está de acuerdo con las modificaciones de redacción propuestas por la Cámara de Diputados, por medio del cual se cambian las palabras “aplicara en todo momento”, por “podrán aplicar”, con la finalidad de que de manera gradual, la Secretaría de Salud mediante la planeación de su presupuesto y acciones en infraestructura, introduzca progresivamente tecnologías autosuficientes y sustentables con el medio ambiente.

Por lo expuesto, para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 46. La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades podrán aplicar las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental además, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Rodríguez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

CODIGO DE COMERCIO Y CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Códigos de Comercio, y Penal Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura le fue turnada para estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Códigos de Comercio y Penal Federal, presentada por la diputada Ana Lilia Garza Cadena,  del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82,  84, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados; después de analizar el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión del día 4 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Códigos de Comercio y Penal Federal que presentó la diputada Ana Lilia Garza Cadena del Grupo Parlamentario del Partido verde Ecologista de México, turnándola a las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4148-V  de fecha 4 de noviembre de 2014.

3.La Mesa Directiva, mediante oficio DGPL 62-II-5-2082 envío a la Comisión de Economía la iniciativa de referencia con fecha 6 de noviembre de 2014 siendo recibida por esta el 7 de noviembre del mismo año.

4.Con fecha 15 de diciembre de 2014 la Comisión de Economía solicitó a la Mesa Directiva, la ampliación del plazo para dictaminar dicha iniciativa, recibiendo la autorización mediante el oficio DGPL 62-II-5-2298.

Objeto de la iniciativa

Contribuir a que las sociedades mercantiles agilicen y optimicen los procesos de digitalización, almacenamiento y conservación de la diversa documentación generada en el desarrollo cotidiano de sus actividades.

Argumentación

1.De conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , la Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver las iniciativas enunciadas en los antecedentes de este dictamen.

2. Las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia coinciden con la propuesta de la Diputada Ana Lilia Garza Cadena para que los comerciantes tengan la posibilidad de beneficiarse de la introducción en sus negocios de los avances tecnológicos en materia de digitalización y conservación de documentos en formato electrónico, a fin de eficientar sus procesos, ahorrar espacio, costos de impresión y fotocopiado, y bridar mayor agilidad en los tiempos de respuesta a las solicitudes de información que les sean requeridas por las autoridades, tanto administrativas como judiciales cuando corresponda.

3. Estas comisiones unidas, dentro de la colaboración de poderes con las demás entidades públicas, solicitó opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código de Comercio y al Código Penal Federal, materia del presente dictamen, a la Secretaría de Economía.

4. De los estudios y análisis de estas Comisiones Unidas de Economía y de Justicia,  así  como de la opinión aportada por la Secretaría de Economía, hay coincidencias en la necesidad de realizar varias modificaciones a la iniciativa a fin de ajustar los textos propuestos con el Código de Comercio, los cuales se refieren principalmente a cuestiones de redacción y estilo y se eliminan o se corrigen repeticiones confusas que se presentan en la iniciativa. Asimismo, se sugiere, en lugar de adicionar un Capítulo II y recorrer los subsecuentes, adicionar un Capítulo I Bis y denominado de la Digitalización,  así también  cambiar la numeración alfabética propuesta por la legisladora para la adición de los artículos 95 A, 95 B, 95 C, 95 D, 95 E y 95 F por la numeración ordinaria,  95 bis, 95 Bis 1, 95 Bis 2, 95 Bis 3, 95 Bis 4 y 95 bis5 a fin de armonizarla con la numeración que presenta actualmente el Código de Comercio. 

5. Por lo que se refiere a las modificaciones al Código Penal, se recibió de la Procuraduría General de la República, una opinión que sugería  eliminar las modificaciones a los artículos 243,244 y 247 de dicho Código, bajo los siguientes criterios:

“Actualmente el Código Federal de Procedimientos Civiles, refiere que un documento público, es aquel cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. Por lo tanto, los documentos privados son los que no reúnen las características antes citadas.

Asimismo, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, refiere que los documentos privados serán los vales, pagarés, libros de cuentas, cartas y demás escritos firmados o formados por las partes y que no estén autorizados por funcionario competente.

Por otra parte, en el Código Fiscal de la Federación se hace mención a los documentos digitales, como todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en los cuales una firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa.

La propuesta de la legisladora contempla supuestos específicos en el Código Penal Federal, respecto a la falsificación de documentación electrónica tanto para los prestadores de servicios que realicen sus actividades sin estar debidamente acreditados por la Secretaría de Economía, como para los comerciantes que hagan uso indebido de sus documentos, sin importar que provengan de medios impresos o se encuentren digitalizados y catalogar como grave este delito con la finalidad de prevenir su comisión...

Por digitalización de documentos debemos entender que es el mecanismo más sencillo, eficiente y rentable para almacenar, administrar y consultar grandes volúmenes de documentos, en forma de imágenes digitales, las cuales se pueden almacenar en los discos internos de cualquier computadora personal, en arreglos de discos o sistemas de almacenamiento masivo, con respaldos en discos CD-R o DVD que garantizan su conservación en óptimas condiciones.

Por lo antes citado, se considera inviable la propuesta de la legisladora toda vez que una imagen digital es una fotografía, un dibujo, un trabajo artístico, la cual no puede considerarse como un documento; supuestos que no se podrían utilizar para configurar el tipo penal de falsificación de documentos, ya que no pueden modificar la información original del documento, y si en determinado caso se pudieran realizar otras alteraciones entonces ya se estaría frente a otros tipos penales tales como el fraude, el abuso de confianza, la extorsión o el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

Asimismo, respecto la propuesta de elevar las penas se considera inviable, ya que los argumentos señalados no justifican dicho incremento, ya que el derecho penal sólo tutela determinados bienes jurídicos, si se atiende al principio de ultima ratio conforme al cual sólo los ataques a los bienes jurídicos que la sociedad tiene en más alta estima merecen la sanción más grave que se conoce en el orden jurídico nacional.

Motivo por el cual, la ley ha de aproximarse al hecho en concreto y específico para que la misma pueda ser interpretada y el hecho delimitado, además de valorarlo, con la finalidad de aproximar ambas realidades para aplicar la ley al caso concreto, ya que si se realiza la descripción del hecho delictivo se correría el riesgo de dejar algunas conductas delictivas, sin sanción.”

Cabe señalar, que como resultado del análisis a la opinión, so convino dejar la modificación sugerida por la legisladora al artículo 246,  por tratar de tipificar una conducta no establecida en dicho Código, ya que pretende sancionar al certificador y no al que utilice un documento apócrifo. Por lo demás, estas Comisiones consideran válidas las observaciones antes expuestas, y las hacen suyas.

6.Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia sometemos a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se reforman los artículos 34 y 38; la definición del concepto prestador de servicios de certificación contenido en el párrafo tercero del artículo 89; el artículo 89 bis; el segundo párrafo del artículo 100; el primer párrafo, el apartado A y sus fracciones I, II y III del artículo102; la fracción III del artículo 108 y,  el artículo 110; se adiciona un artículo 46 bis;  se incorporan las definiciones digitalización y sello digital de tiempo al párrafo tercero del artículo 89; un Capítulo I Bis denominado “De la Digitalización”, con los artículos 95 bis1, 95 Bis 2, 95 Bis 3, 95 Bis 4 y 95 Bis 5, al Título Segundo; un tercer párrafo al artículo  100 y, las fracciones IV, V, VI al artículo 101,  pasando la fracción IV actual a ser la fracción VII, del Código de Comercio para quedar como sigue:

Artículo 34. Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, los comerciantes deberán llevar un libro mayor y, en el caso de las personas morales, el libro o los libros de actas; sin perjuicio de los requisitos especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan relación con las obligaciones fiscales del comerciante.

Los comerciantes podrán optar por conservar el libro mayor y sus libros de actas en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.

Tratándose de medios impresos, los libros deberán estar encuadernados, empastados y foliados. La encuadernación de estos libros podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. 

Artículo 38. El comerciante deberá conservar, debidamente archivados, los comprobantes originales de sus operaciones, en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría, de tal manera que puedan relacionarse con dichas operaciones y con el registro que de ellas se haga, y deberá conservarlos por un plazo mínimo de diez años.

Artículo 46 Bis. Los comerciantes, podrán realizar la conservación o digitalización de toda o parte de la documentación relacionada con sus negocios, en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.

Artículo 89. .

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Digitalización: Migración de documentos impresos a mensaje de datos, de acuerdo con lo dispuesto en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.

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Prestador de servicios decertificación :La persona o institución pública que preste servicios relacionados con firmas electrónicas , expide los certificados o presta servicios relacionados como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo y la digitalización de documentos impresos, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.

...

Sello digital de tiempo: el registro que prueba que un dato existía antes de la fecha y hora de emisión del citado Sello, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.

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...

Artículo 89 Bis. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un Mensaje de Datos. Por tanto, dichos mensajes podrán ser utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida, y surtirán los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se ajusten a las disposiciones de este Código y a los lineamientos normativos correspondientes.

Capítulo I Bis De la Digitalización

Artículo 95 Bis 1.Para el caso de los servicios de digitalización se estará a lo siguiente:

a. En todo caso, los documentos podrán ser digitalizados en el formato que determine el comerciante.

b. Una vez concluida la digitalización del documento, deberá acompañarse al mismo, así como a cada uno de los anexos que en su caso se generen, la firma electrónica avanzada del comerciante, y del prestador de servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización, en caso de que así haya sido.

c. Cuando un prestador de servicios de certificación realice la digitalización de un documento, habrá presunción legal sobre el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relativas a dicho proceso, salvo prueba en contrario.

d. La información que en virtud de acuerdos contractuales quede en poder de un prestador de servicios de certificación, se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares.

e. En todo caso, el prestador de servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización deberá mantener la confidencialidad de la información, salvo por mandato judicial.

Artículo 95 Bis 2.En materia de conservación de mensajes de datos, será responsabilidad estricta del comerciante mantenerlos bajo su control, acceso y resguardo directo, a fin de que su ulterior consulta pueda llevarse a cabo en cualquier momento.

Artículo 95 Bis 3.En el caso de documentos digitalizados o almacenados por prestadores de servicios de certificación, se necesitará que éstos cuenten con acreditación para realizar sus actividades a que hace referencia el artículo 102 de este Código.

Artículo 95 Bis 4.En caso que los servicios de digitalización sean contratados a un prestador de servicios de certificación, éste presumirá la buena fe del contratante, así como la legitimidad de los documentos que le son confiados a digitalizar, limitándose a reflejarlos fiel e íntegramente en los medios electrónicos que le sean solicitados, bajo las penas en que incurren aquellos que cometen delitos en materia de falsificación de documentos.

Contra la entrega de la información digitalizada y su correspondiente cotejo, el contratante deberá firmar una cláusula de satisfacción del servicio prestado, y proceder a adjuntar su firma electrónica avanzada a la información.

Si el contratante no adjunta su firma electrónica avanzada a la información digitalizada, ésta no podrá surtir efecto legal alguno, y será de carácter meramente informativo.

Asimismo, el prestador de servicios deberá implementar el mecanismo tecnológico necesario, a fin de que, una vez digitalizado y entregado el documento electrónico a satisfacción del cliente, éste no pueda ser modificado, alterado, enmendado o corregido de modo alguno, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.

Artículo 95 Bis 4.Se presumirá que aquellos prestadores de servicios de certificación que ofrezcan el servicio de almacenamiento de mensajes de datos, cuentan con los medios tecnológicos suficientes para garantizar razonablemente a los contratantes que la información bajo su control podrá ser ulteriormente consultada en cualquier tiempo, a no ser que existan causas demostradas de fuerza mayor o que no sean imputables al Prestador de Servicios autorizado.

Artículo 95 Bis 5.Para los efectos de este Título, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. Expedir y revocar las acreditaciones como Prestadores de Servicios de Certificación a que se refieren los artículos 95 Bis 3,100 y 102 de este Código; y

II. Podrá verificar en cualquier tiempo el adecuado desarrollo de las operaciones de los prestadores de servicios de certificación.

Artículo 100. ...

I.a III. ...

Las facultades de expedir certificados o de prestar servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, o la digitalización de documentos impresos, así como fungir en calidad de tercero legalmente autorizado conforme a lo que se establezca en la norma oficial mexicana, no conllevan fe pública por sí misma, así, los notarios y corredores públicos podrán llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la fe pública, en documentos en papel o mensajes de datos.

Quien aspire a obtener la acreditación como prestador de servicios de certificación, podrá solicitarla respecto de uno o más servicios, a su conveniencia.

Artículo 101.Los prestadores de servicios de certificación a los que se refiere la fracción II del artículo anterior, contendrán en su objeto social las actividades siguientes , según corresponda y de acuerdo con el servicio que pretenda ofrecer:

I.a II ...

III. Llevar a cabo registros de los elementos de identificación de los Firmantes y de aquella información con la que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las Firmas Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado;

IV. Expedir sellos digitales de tiempo para asuntos del orden comercial;

V. Emitir constancias de conservación de mensajes de datos;

VI. Prestar servicios de digitalización de documentos; y

VII. Cualquier otra actividad no incompatible con las anteriores.

Artículo 102.Los Prestadores de Servicios de Certificación que hayan obtenido la acreditación de la Secretaría deberán notificar a ésta la iniciación de la prestación de los servicios a que hayan sido autorizados,dentro de los 45 días naturales siguientes al comienzo de dicha actividad.

A) Para que las personas indicadas en el artículo 100 puedan ser Prestadores de Servicios de Certificación, se requiere acreditación de la Secretaría, la cual podrá otorgarse para autorizar la prestación de uno o varios servicios, a elección del solicitante, yno podrá ser negada si éste cumple los siguientes requisitos, en el entendido de que la Secretaría podrá requerir a los Prestadores de Servicios de certificación que comprueben la subsistencia del cumplimento de los mismos:

I.Solicitar a la Secretaría la  acreditación como  Prestador de Servicios de Certificación y, en su caso, de los servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, y la digitalización de documentos;

II.Contar con los elementos humanos, materiales, económicos y tecnológicos requeridos para prestar los servicios,a efecto de garantizar la seguridad de la información y su confidencialidad;

III.Contar con procedimientos definidos y específicos para la prestación de los servicios,y medidas que garanticen la seriedad de los Certificados, la conservación y consulta de los registros, si es el caso;

IV.a VII. ...

B)  ...

Artículo 108.Los Certificados, para ser considerados válidos, deberán contener:

I.y II. ...

III.La identificación del Prestador de Servicios de Certificación que expide el Certificado, razón social , su nombre de dominio de Internet ,dirección de correo electrónico, en su caso, y los datos de acreditación ante la Secretaría ;

IV.a VIII. ...

Artículo 110.El Prestador de Servicios de Certificación que incumpla con las obligaciones que se le imponen en este Código, el reglamento o la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría,previa garantía de audiencia, y mediante resolución debidamente fundada y motivada, tomando en cuenta la gravedad de la situación y reincidencia, podrá ser sancionado por la Secretaría con suspensión temporal o definitiva de sus funciones .Este procedimiento tendrá lugar conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo .

Artículo Segundo.Se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual VII a ser VIII, al artículo 246 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 246.También incurrirá en la pena señalada en el artículo 243:

I.a V. ...

VI. Los encargados del servicio telegráfico, telefónico o de radio que supongan o falsifiquen un despacho de esa clase;

VII. El prestador de servicios de certificación que realice actividades sin contar con la respectiva acreditación, en los términos establecidos por el Código de Comercio y demás disposiciones aplicables, y

VIII. El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría expedirá, en un plazo de 360 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los lineamientos de carácter general que sean necesarios, a fin de establecer los procedimientos que hagan tecnológica y operativamente viable la implementación de las presentes reformas.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 18 de marzo, de dos mil quince.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia, Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), María del Carmen Guzmán Urbán, Carlos Alberto García González (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Rubén Benjamín Félix Hays, Edilberto Algredo Jaramillo, Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica).

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil, José Alberto Rodríguez Calderón, secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Martha Loera Arámbula (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Minjares (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Fernando Zárate Salgado, Claudia Delgadillo González, Lorena Gutiérrez Landavazo (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Irere Sánchez Balderas (rúbrica), Érika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

La Comisión de Pesca, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 2, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente

Dictamen

Antecedentes

A. En sesión celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el día 22 de abril de 2014, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

B. Con esa misma fecha la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Pesca para su estudio y dictamen correspondiente. Se recibió en esta Comisión el día 23 de abril de 2014.

C. Con fecha 19 de junio de 2014 se aprobó el dictamen en sentido positivo durante la décimo cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Pesca.

D. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados, el 04 de noviembre de 2014.Proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular por 364 votos a favor, cero abstenciones, cero en contra. Y pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

E. En sesión celebrada con fecha 6 de noviembre de 2014, por el pleno de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, su Mesa Directiva recibió oficio de la Cámara de Diputados, mediante el cual se remite la Minuta con Proyecto de Decreto en Dictamen.

F. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha Minuta con Proyecto de Decreto fuera turnada a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos.

G. El Dictamen aprobado con modificaciones por las Comisiones de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, se presentó ante el pleno del Senado de la República para su votación, aprobándose por 92 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la Fracción E) del Artículo 72 Constitucional, el 24 de marzo de 2015.

H. La Minuta devuelta se recibió en la Cámara de Diputados con fecha 26 de marzo de 2015 y con esa misma fecha se turnó a la Comisión de pesca a efecto de elaborar el presente dictamen.

Contenido de la minuta

La minuta proyecto de decreto propone reformar segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en conjunto y bajo la supervisión del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), pueda permitir la pesca de fomento en los casos de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros.

Una de las principales consideraciones expuestas es que con la aprobación de esta reforma, se pretende adecuar y perfeccionar el ordenamiento jurídico vigente para fortalecer al sector pesquero, ante los retos y desafíos del contexto actual, que exigen responder a las demandas y necesidades de un mundo globalizado.

Dada la complejidad y la interacción de las relaciones entre la política internacional y nacional en materia pesquera y ambiental, es necesario sistematizar y compatibilizar el trabajo de atención de ambas agendas por parte del Inapesca, en razón de los siguientes antecedentes instituciones:

a) El Inapesca ha sido un organismo activo en la política internacional pesquera y ambiental, por lo tanto debe contar con información actualizada, confiable y sistemática de las metodologías de investigación de vanguardia, de las propuestas novedosas en materia de política de gestión pesquera y ambientales en el ámbito internacional, a fin de programar, planear, coordinar y orientar el desarrollo de la investigación pesquera en el país;

b) El Inapesca provee de información a distintas instancias gubernamentales involucradas en la materia, y da sustento científico y tecnológico a la toma de decisiones sobre políticas nacionales en congruencia con los compromisos internacionales adquiridos por México;

c) El Inapesca, con fundamento en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las disposiciones derivadas del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, es un órgano asesor de carácter científico-técnico dependiente de la Sagarpa, y es el responsable de acuerdo con la mencionada Ley de “que la investigación científica y tecnológica se consolide como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas, instrumentos, medidas, mecanismos y decisiones relativos a la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas...”

La colegisladora comparte con esta, que el contexto mundial de la pesca nos plantea nuevos retos y desafíos para el sector, principalmente en materia de producción, comercialización, generación de cadenas de valor, sustentabilidad, entre otras, como resultado de la integración global. En este sentido, consideraron que incorporar al Inapesca al proceso de autorización y supervisión de la pesca de fomento realizada por extranjeros, en coordinación con la Sagarpa, y las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Marina, permitirán generar un proceso de aprendizaje, a través de compartir las experiencias, conocimientos y tecnología que en materia pesquera tienen en otros países, con el objetivo de generar un impulso en las nuevas metodologías y un mayor crecimiento de la industria pesquera uy acuícola. Siendo competentes.

Considera que la incorporación del Instituto Nacional de Pesca, como coadyuvante en el proceso de autorización y supervisión de la pesca de fomento a extranjeros, permitirá generar mecanismos para realizar e impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector pesquero, con una perspectiva de protección y sustentabilidad ambiental, principalmente porque la pesca de fomento permite a los investigadores conocer mejor el recurso, así como valorar las posibilidades de establecer las pesquerías de manera comercial, sobre la base de diversas investigaciones ecológicas, biológicas, pesqueras y de comercialización. Y que todo esto fortalecerá al Inapesca en su compromiso con la pesca responsable, actuando siempre sobre bases científicas sólidas para conservar, ordenar y desarrollar la pesca, cuidando los ecosistemas acuáticos.

Finalmente las Comisiones de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos de la colegisladora estimaron que este Proyecto de Decreto es congruente con las facultades que tiene el Inapesca, específicamente con lo dispuesto por el artículo 29 fracción XVII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que a continuación se reproduce:

Artículo 29. El Inapesca será el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola.

Para el cumplimiento de su objetivo el Inapesca contará, entre otras, con las siguientes atribuciones:

I. a XVI. ...

J.

XVII.         Designar observadores a bordo en las embarcaciones o en las instalaciones pesqueras o acuícolas, para fines de investigaciones; y

XVIII.        ...

...

Sin embargo, con la intención de mejorar la redacción propuesta por esta legisladora en nuestro dictamen inicial, y tratando de evitar su incorrecta interpretación, la colegisladora consideró que la reforma debe quedar como sigue:

Artículo 64. ...

La Secretaría deberá coordinarse con el Inapesca para que éste emita las opiniones de carácter técnico y científicas parapermitir la pesca de fomento, en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros, para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina, las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.

Consideraciones

Única. Los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados consideramos que la modificación propuesta por la colegisladora a la Minuta no contraviene el sentido original y esencial de la reforma, es viable y sobre todo procura coadyuvar en el proceso legislativo, mejorando la redacción técnico-legislativa, con el objetivo de que su lectura tenga mejor comprensión

Por la consideración anteriormente expuesta, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea y para efectos de la fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 64. ...

La Secretaría deberá coordinarse con el Inapesca para que éste emita las opiniones de carácter técnico y científicas para permitir la pesca de fomento, en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros, para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina, las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en México, Distrito Federal, a los 7 días del mes de abril de 2014.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente, Heidy Guadalupe Estrada Martínez, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo, Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez, secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Manuel Francisco Tapia Bustos, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, María Fernanda Romero Lozano.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

A continuación esta Presidencia le va a ceder el uso de la palabra, desde su curul, a diversos diputados que así lo han solicitado, solamente rogaría –por respeto al pleno– que sean breves en su intervención.

Se le concede primeramente a la diputada Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.

La diputada Merilyn Gómez Pozos(desde la curul): Gracias, presidente. Mi intervención es para referirme a las penosas grabaciones del papá incómodo, del gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval.

El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia estatal, quien en grabaciones obtenidas por la prensa se ostenta, sin lugar a dudas como el jefe de campaña de los candidatos del PRI en Jalisco.

En su abierto conflicto de intereses, no tiene la menor duda en pedir a los militantes violar las leyes electorales: ordena inscribir como observadores electorales a priistas para que obtengan información en casillas y distritos, y ayuden así a los movilizadores del voto.

Se escucha cómo solicita que cometan acciones que él mismo reconoce como ilícitas. Bueno, es una acción ilegal, pero no vamos a andar diciéndolo, dice el señor. En las grabaciones también admite que en las elecciones del 7 de junio lo que está en juego no es Jalisco, sino el futuro de su hijo. El magistrado dice sin el mayor empacho: el proyecto es Aristóteles.

Así confirma la intromisión de un integrante del Poder Judicial en la campaña de los candidatos priistas en Jalisco, lo que viola la Ley Electoral. Por lo que esta soberanía debe hacer un exhorto enérgico a las autoridades e investigar esta participación ilegal, y emprender las acciones correspondientes de manera inmediata. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Queda registrado en el Diario de los Debates su intervención. Se le concede el uso de la palabra, desde su curul, a la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada, desde su curul.

La diputada Esther Quintana Salinas:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Esther Quintana Salinas: Quiero dar cuenta en este pleno de un asunto muy vergonzoso, porque tiene que ver con dos prácticas que deberían estar ya fuera del escenario nacional: el intervencionismo y el autoritarismo; y, por otro lado, también una vulneración deleznable a la libertad de expresión.

La semana pasada en la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral se decidió que el spot de Acción Nacional, en el que se hacía alusión a los 200 invitados del presidente Peña Nieto en su reciente viaje a la Gran Bretaña, como criticable, y que la representación del Partido Revolucionario Institucional presentó una queja para que fuera quitado, pues la solución de esta comisión del INE pues fue simple y sencillamente que no tenía por qué bajarse, porque las personas morales no son sujetos pasivos de calumnia. Así las cosas.

Pero ahora resulta que, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral, contra el spot del Partido Acción Nacional en el que critica haber llevado a más de 200 personas al viaje oficial a la Gran Bretaña, específicamente a Londres, y ahora resulta que el Instituto Nacional Electoral va a dar marcha atrás.

Como quien dice, todo se trata de a ver quién presenta la queja y francamente en el Grupo Parlamentario del PAN no estamos de acuerdo con eso. Nos parece deleznable esa conducta. Es un hecho sin precedentes, ningún presidente de la república se había atrevido a atentar contra la libertad de expresión y con todo respeto, el presidente Peña Nieto es incalumniable, porque todo lo que se diga de él es verdad. Muchísimas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Universidad Univer-Zamora, invitados por la diputada Carolina Hernández Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De igual forma, le damos la más cordial bienvenida a los alumnos del tercer grado de preescolar de Westhill Institute, invitados por la diputada Merilyn Gómez Pozos. Bienvenidos a todos ustedes.

Se le concede el uso de la palabra desde su curul, al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Agrupación Morena. Adelante, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Gracias, presidente. Yo no vengo aquí a pedir un minuto de silencio por una candidata a diputada federal que hoy pudiera estar muerta. Esto lo digo con pena, porque consta que el Morena quiere rescatar la vía electoral por la vía pacífica, pero es importante que esta Cámara de Diputados el día de hoy haga algo.

Está debatiéndose en estados de la República como Guerrero, como Oaxaca, por nombrar dos y no meter ahí a Michoacán y otros estados de la república, la viabilidad del proceso electoral. Muchos segmentos ya piensan que la vía electoral no es posible. Morena piensa que se tiene que rescatar el país por la vía pacífica. Pero no podemos quedar callados, cuando en la madrugada de ayer en el municipio de Isla, a nuestra compañera candidata a diputada Liliana Castro, en un pretendido atentado le es quemada su casa.

Por suerte hoy no estamos pidiendo un minuto de silencio de ella o de alguno de sus familiares. He presentado un punto de acuerdo que se me dijo que la Junta de Coordinación Política iba a presentar hoy, porque no es posible que el secretario de Gobernación, el señor Chong ande más apurado queriendo tapar el sol con un dedo sobre los actos de corrupción en los que está evidentemente embarrado y no se ponga a hacer su trabajo de garantizar la seguridad de todos y cada uno de los mexicanos.

Le quiero preguntar, presidente, qué me puede informar sobre este pretendido acuerdo de la Junta, si ya llegó a usted, si va a llegar o cómo está el asunto.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Esta Presidencia hace de su conocimiento que efectivamente estamos a la espera del acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre el caso que usted denuncia, para lo cual daremos cuenta de él en el acta de esta sesión y además estaremos pendientes por su intervención, diputado.

Se le concede el uso de la palabra, desde su curul, a la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante, diputada.

La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña(desde la curul): Gracias, presidente. El día de hoy quiero hacer una denuncia por el establecimiento de la gasolinera Pok Ta Pok, en el boulevard Kukulcán de la zona hotelera de Cancún, colindante con los manglares del sistema lagunar Nichupté, la cual no cuenta con los permisos que las leyes federales y municipales establecen en materia de impacto ambiental.

En este asunto dos instancias son las que debieron emitir los dictámenes correspondientes, Pemex Refinación y Semarnat, como los de impacto ambiental, vial, de riesgo, impacto urbano y de factibilidad y ubicación.

A todas luces se está violando la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Convención para la Protección de Humedales, firmada por México y los reglamentos de Desarrollo Urbano y Ecología y de Estaciones de Servicios del municipio de Benito Juárez.

Presidente, compañeros diputados, la gasolinera está ubicada a 20 metros del manglar, a cinco metros de dos subestaciones eléctricas, en una zona residencial frente a un hotel y una zona comercial con una alta concentración de personas y con todo el riesgo de contaminar el manto acuífero de toda la laguna.

Por si fuera poco, los tanques de almacenamiento no cuentan con la protección mínima requerida. De nada han servido las denuncias hechas ante el presidente municipal de Cancún, a los secretarios de Ecología y de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, a la delegada de Profepa y a la delegación de Semarnat en el estado.

Yo misma acabo de presentar una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Semarnat contra la delegada de la Profepa en Quintana Roo, con número de expediente 4562015.

En nuestro estado, compañeros, la ley es letra muerta. El bienestar y la seguridad de los habitantes es lo que menos importa. Se privilegian los negocios y las lealtades políticas. Por eso, desde esta tribuna, hago un llamado al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al director general de Pemex, para que tomen cartas en el asunto y den pronta respuesta a esta demanda ciudadana.

No queremos, compañeros, más accidentes y muertes como el ocurrido en Campeche el pasado 1 de abril. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Su denuncia ha quedado registrada en el Diario de los Debates. Se le concede el uso de la palabra, desde su curul, al diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.

El diputado Javier Orihuela García(desde la curul): Para denunciar, presidente, que el pueblo de Tetlama, municipio de Temixco, en el estado de Morelos, desde 1994 le fueron expropiadas 707 hectáreas, donde está asentada la zona arqueológica de Xochicalco declarada Patrimonio de la Humanidad. El pago de la indemnización no se ha realizado y esto ha ocasionado que los comuneros en distintas ocasiones hayan tomado esta zona arqueológica.

Lo que solicitamos es que usted, que esta Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se indemnice y este Patrimonio Cultural de la Humanidad sea, efectivamente, gozado, visitado por miles de ciudadanos mexicanos y extranjeros.

Pero la incapacidad para hacer valer los derechos de los comuneros, el derecho a hacer indemnizados, consagrado en la Constitución, no sea realizado. Solicitamos que esta Cámara de Diputados tome cartas en el asunto para que se indemnice a los comuneros y se libere esta zona arqueológica, la segunda zona arqueológica más importante de nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Javier Orihuela. Su denuncia queda registrada en el Diario de los Debates.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Sí, diputada, en un minuto le doy el uso de la palabra. Le voy a dar el uso de la palabra, desde su curul, al diputado Javier Gutiérrez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputado. Sonido a la curul del diputado Javier Gutiérrez.

El diputado Javier Gutiérrez Reyes(desde la curul): En memoria de Eduardo Galeano. La literatura y las luchas emancipadoras de nuestro continente han perdido ayer a una figura notable, Eduardo Galeano se ha marcado, dejándonos su ejemplo y su tenacidad.

El Partido del Trabajo desea reiterar su respeto por un combatiente de la pluma y el pensamiento latinoamericano.

Aun hoy recordamos su última participación en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde la sala mayor, la sala Nezahualcóyotl no se dio abasto para recibirlo y darnos ejemplo de la claridad de su pensamiento.

Eduardo Galeano era una persona excepcional y también un historiador erudito. Conocedor de primera mano del drama histórico de Latinoamérica. Dotado de una notable capacidad para traducir nuestras reivindicaciones a un lenguaje bello y transparente. Al alcance de cualquiera que compartiera ideas de libertad.

Se dirigía a todos los inconformes, a los oprimidos y explotados que encontraban, en sí, para comprender y explicarse la realidad que los agobia, las causas de las desdichas y atrocidades que campean en la escena contemporánea y un poderoso estímulo para movilizarse y luchar por su libertad.

Eduardo nos heredó un legado precioso que acompañara por siempre las luchas liberarías de los pueblos latinoamericanos. Y aprovecho este momento también para solidarizarnos con la petición que hizo el movimiento Morena, sobre la compañera que ayer le agredieron su casa. Y recordar también que en Xochicalco fue asesinado Rubén Jaramillo, además de ser una zona muy importante, arqueológica, creo que eso deber resolverse. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Queda registrada en el Diario de los Debates su intervención.

Finalizamos dándole el uso de la palabra, desde su curul, a la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Gracias, señor presidente. La verdad, para quienes no han visto esta fotografía, es indignante lo que sucedió. Me parece que la violencia política contra las mujeres debe eliminarse, debe sancionarse y debe atenderse, aquí está la candidata con un teléfono celular llorando frente a su casa quemada.

Me parece que es un evento que no puede pasar desapercibido por ninguna y por ninguno de los diputados y que, sobre todo saber y sumarnos, compañeras, compañeros, al llamado que hicimos la semana pasada.

Hemos inscrito un exhorto a las autoridades para evitar este tipo de atropellos, de discriminaciones y de faltas y violaciones a nuestra dignidad. Las mujeres tenemos derecho a tener derechos. Tenemos derecho a ser oposición. No tenemos derecho a ser discriminadas cuando nos oponemos a los gobiernos y menos ser tratadas de esta manera.

Es indignante lo que ha vivido Liliana Romero, de Morena, y nos sumamos por supuesto a su tristeza, pero nos indignamos con todas las mujeres y hombres que defendemos las libertades en este país. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se condenan los hechos y por supuesto compartimos la preocupación. Esta Presidencia estará pendiente y de antemano, de igual forma queda registrado su intervención en el Diario de los Debates.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Permítame, diputado. ¿Para qué efectos, diputada? Diputada Nelly, por favor. Sonido a la curul.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (desde la curul): Muchas gracias. Quiero hacer una denuncia y una irresponsabilidad total de la empresa Petróleos Mexicanos. El día de anoche y las fotos que vemos, que me están enviando hoy en la mañana, del derrame doloroso y oprobioso que Pemex está provocando en el Río de la Sierra.

De nueva cuenta la irresponsabilidad de Pemex provoca que más de un millón de habitantes del municipio de Centro se quede sin agua durante estos días, causando un grave daño ecológico por el derrame del hidrocarburo en el oleoducto de ocho pulgadas en el Agave, entronque Sitio Grande. Esto obliga a cerrar una de las plantas potabilizadoras, Pueblo Nuevo, más grande que tenemos en el municipio del Centro y que deja fuera de servicio y del desplazamiento y del servicio a miles de habitantes del municipio del Centro, sobre todo de la zona de Parrilla, Gaviotas y la capital en Villahermosa, Tabasco.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputada, concluya por favor.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (desde la curul): Desde aquí hago un llamado urgente a Petróleos Mexicanos para que opere de inmediato en este gran ecocidio que acaba de provocar el día de ayer en el Río de la Sierra en Tabasco. Muchas gracias.

DICTAMENES A DISCUSION DE LEYES Y DECRETOS

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Iniciativa y del trabajo previo para la resolución de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo referido al “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “ Consideraciones”, se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

I. Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre de 2014, el diputado José Martin López Cisneros, integrante del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa por la que se reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión dictó trámite: “túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”.

II. Contenido de la iniciativa

El diputado iniciante menciona que las carreteras son importantes vías de comunicación que permiten el crecimiento y progreso de las poblaciones. La creación de caminos y puentes estimulan a la industria de la construcción y sus efectos multiplicadores dinamizan a otros sectores, debido a que fomentan el empleo, el gasto, la inversión y el desarrollo.

Las carreteras están diseñadas para la circulación de diferentes configuraciones vehiculares, pero por el volumen, peso bruto y extensión que llegan a poseer las unidades, no se considera viable que circulen por cualquier camino, ya que su tránsito puede generar distorsiones a la infraestructura, ocasionar accidentes o poner en riesgo a la población aledaña.

En el Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, establece que los caminos se clasifican de la siguiente forma:

Carretera tipo ET

Son aquellas que forman parte de los ejes de transporte que establezca la secretaría, cuyas características geométricas y estructurales permiten la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso, así como de otros que por interés general autorice la Secretaría, y que su tránsito se confine a este tipo de caminos.

Carretera tipo A

Son aquellas que por sus características geométricas y estructurales permiten la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso, excepto aquellos vehículos que por sus dimensiones y peso sólo se permitan en las carreteras tipo ET.

Carretera tipo B

Son aquellas que conforman la red primaria y que atendiendo a sus características geométricas y estructurales prestan un servicio de comunicación interestatal, además de vincular el tránsito.

Carretera tipo C

Red secundaria; son carreteras que atendiendo a sus características prestan servicio dentro del ámbito estatal con longitudes medias, estableciendo conexiones con la red primaria.

Carretera tipo D

Red alimentadora, son carreteras que atendiendo a sus características geométricas y estructurales principalmente prestan servicio dentro del ámbito municipal con longitudes relativamente cortas, estableciendo conexiones con la red secundaria.

En dicho reglamento se establecen las características de las configuraciones vehiculares que pueden circular de acuerdo a la clasificación de las carreteras, sin embargo, los caminos no se encuentran actualizados, por lo que pierde vigencia dicho ordenamiento, debido a que adolece de claridad y muestra confusión en su interpretación, muchas de las carreteras que se mencionan fueron modernizadas en sus diferentes tramos, lo que hace que ya puedan circular vehículos que anteriormente no lo podían hacer.

Es prioritario que exista por parte de la SCT, un documento que actualice y publique cada año en el Diario Oficial de la Federación la clasificación de los caminos y puentes, que establezca el nombre de las carreteras que fueron construidas, y modernizadas periódicamente, y especificar las configuraciones vehiculares que pueden transitar en ellas.

Otro ordenamiento que señala la clasificación de las carreteras, es la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, que se refiere al peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte, que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. Sin embargo, este ordenamiento adolece de actualización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) situación que confunde a los usuarios que poseen diferentes unidades vehiculares, ya que no proporciona certeza en su contenido, cabe destacar que algunas de las carreteras que se han construido y modernizado se encuentran omisas en el Reglamento o en la NOM-012-SCT-2-2008 o requieren una revisión de categoría para la circulación de las configuraciones vehiculares, siendo el caso de: la carretera Arco Norte, la Durango-Mazatlán, o categorizar la autopista Chalco-Cuautla, así como la Pachuca-Tampico que se amplió a cuatro carriles, entre otras más.

Esta propuesta recoge distintas demandas como la del sector del autotransporte, en el sentido de que solicitan que la dependencia emita información actualizada de las condiciones que presentan las carreteras, ya que año con año se aprueban en el Presupuesto de Egresos de la Federación importantes recursos públicos para su construcción y modernización.

Por todo lo anterior propone el siguiente Proyecto de Decreto:

Único:Decreto por el que se reforma el inciso V del artículo 5o. de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo 5o. ...

...

I. al IV....

V. Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes; así como actualizar y publicar anualmente la clasificación en el DOF.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene 90 días a partir de su publicación, para informar en el DOF la clasificación de caminos y puentes en el país.

III. Consideraciones

Estacomisión dictaminadora coincide con el autor de la iniciativa en la necesidad de contar con la información actualizada de los caminos y puentes federales, así como las características de los vehículos que pueden transitar por ellos.

Es importante destacar que tanto los reglamentos en la materia como las NOM establecen estas disposiciones, y la propuesta exclusivamente tiene la finalidad de que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes le dé la difusión necesaria.

La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura ha mantenido una estrecha vinculación con el sector de transportistas para ver sus necesidades y adecuar dichas necesidades a las legislaciones vigentes.

Esta reforma es un ejemplo de lo antes citado ya que diversos representantes de los transportistas han pedido el apoyo al respecto.

Sin embargo esta comisión dictaminadora considera necesario modificar la propuesta original, ya que se plantea que esta publicación debe de ser cada año, sin embardo después de hacer el estudio correspondiente se considera que la publicación sea cada vez que sea necesario, es decir si no ha habido modificaciones en este padrón pues no se requiere de la publicación o si existen cambios cada 6 meses pues se requerirá de dicha publicación para que la ciudadanía esté enterada y actualizada.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5o. de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo Único.Se reforma la fracción V del artículo 5o. de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

...

I. a IV. ...

V. Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes; así como actualizar y publicar cuando se requiera la clasificación carretera en el Diario Oficial de la Federación.

VI. a IX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene 90 días a partir de su publicación, para informar en el Diario Oficial de la Federación la clasificación de caminos y puentes en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 26 de febrero de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Norma González Vera (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Jorge Rosiñol Abreu, Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), Petra Barrera Barrera, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores, J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Humberto Armando Prieto Herrera, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez, Ignacio Ramírez Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Gracias, diputada. Disculpe, diputado orador, tiene usted el uso de la palabra. Adelante.

El diputado Humberto Armando Prieto Herrera:Gracias, presidente, con su permiso. La Comisión de Transportes de esta LXII Legislatura ha trabajado arduamente en apoyo a las problemáticas de los transportistas, así como en los usuarios.

Se ha tenido acercamiento con varias asociaciones de transportistas que a lo largo de esta Legislatura han expresado la realidad que se vive en este ramo tan importante para la economía mexicana. Es por eso que cuando se presentó la iniciativa objeto del dictamen en comento, coincidimos plenamente con la intención del diputado proponente José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN.

Es indiscutible que las carreteras son la conexión de las urbes, las provincias, las regiones y los países. La Cámara de Diputados aprueba cada año importantes recursos para construir, modernizar, rehabilitar y conservar la infraestructura carretera del país. Tan solo en el sexenio de 2007-2012 se destinaron 336 mil millones de pesos que sirvieron para impulsar el desarrollo carretero.

Es importante señalar que la red se siga extendiendo, modernizando y conservando cada año, por lo que requiere de la aplicación de más recursos para que su estado físico se encuentre en buenas condiciones y los sistemas de transporte terrestre puedan circular de forma eficiente y segura.

Las carreteras están diseñadas para la circulación de diferentes configuraciones vehiculares pero por el volumen, preso bruto y extensión que llegan a poseer las unidades no se considera viable que circulen por cualquier camino, ya que su tránsito puede generar daños a la infraestructura y accidentes o poner en riesgo a la población aledaña.

En el reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, se clasifican los tipos de carreteras y de acuerdo al tipo de carretera será el tipo de autotransporte que podrá transitar por ellas.

Otro ordenamiento que señala la clasificación de las carreteras es la norma oficial mexicana número 12 que se refiere al peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. Sin embargo no se actualiza la información como se van creando o modificando dichas carreteras ni se da publicidad necesaria, situación que confunde a los usuarios que poseen diferentes unidades vehiculares, ya que no proporciona certeza en su contenido.

Cabe destacar que algunas de las carreteras que se han construido y modernizado se encuentran omisas en el reglamento o en la norma antes mencionada, o requieren una revisión de categoría para la circulación de las configuraciones vehiculares.

La Comisión de Transportes hace énfasis en que la propuesta planteada por el diputado Martín López no busca establecer una nueva clasificación de carreteras, sino exclusivamente se busca que cada que existe una nueva carretera o que en una ya existente tenga mejoras y que cambien su clasificación, sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

En ese mismo sentido la comisión dictaminadora modificó la redacción original cambiando la obligatoriedad de que cada año sea publicado en el Diario Oficial para establecer que cada que se requiera sea publicado. Es decir, cada vez que se construya una nueva carretera o se modernicen las ya existentes, se tienen que publicar en el Diario Oficial de la Federación.

Por último, es importante hacer mención que este dictamen está avalado por todos los grupos parlamentarios que integran la comisión, ya que fue votado en su aprobación por unanimidad. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.

Para fijar postura esta Presidencia le concede el uso de la tribuna –hasta por cinco minutos– a la diputada Loretta Ortiz Ahlf, de agrupación Morena. Adelante, diputada.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado Montano, ¿Para qué efectos? Solamente dígame para qué efectos, diputado.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán (desde la curul): Para ampliar la información y los comentarios que hicieron anteriormente mis compañeros diputados.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado, si me permite, en un momento más, terminando la fijación de posturas le puedo nuevamente dar el uso de la palabra. Gracias. Proceda la oradora.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Sí, gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la presente Legislatura se ha caracterizado por dos aspectos principales. El primero, por su cerrazón a escuchar la opinión de los mexicanos en los temas trascendentales, y el segundo por ser la que ha aprobado más modificaciones contrarias a los intereses del pueblo.

Dentro de esta segunda descripción podemos incluir la sumisión al gobierno federal y a los intereses extranjeros por encima de las opiniones y exigencias de sus electores.

Un tercer elemento que ha marcado nuestro desempeño y que no es mencionado en los medios de comunicación ni en los análisis numéricos que hablan sobre la productividad de las y los diputados integrantes de la LXII Legislatura, es el impacto del 95 por ciento de las modificaciones aprobadas en este pleno.

El día de hoy toca la discusión y eventual aprobación de una reforma encaminada en la actualización de los permisos de transporte terrestre. Una reforma más, de esas que poco influyen a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos cuando ésa debiera ser su principal labor.

Quisiéramos decir que esta modificación tiene un alto grado de irrelevancia; sin embargo, consideramos que la propuesta hecha por el diputado Martín López Cisneros podría estar encaminada en permitir el tránsito pesado por caminos y carreteras que hasta el día de hoy los prohíben.

En los últimos meses han ocurrido incontables accidentes carreteros, de los cuales los más trágicos han involucrado camiones de pasajeros y de carga, basta con recordar a las 36 víctimas calcinadas en una carretera de Veracruz, en abril de 2014, donde un camión de pasajeros se impactó contra un tractocamión que se encontraba mal estacionado a la orilla de la carretera, o más recientemente, el accidente ocurrido en una carretera sonorense, donde nuevamente un camión de pasajeros se estampó contra un camión de carga, dejando un saldo de 15 muertos y 24 heridos.

Los anteriores son sólo ejemplos de los riesgos que representa el transporte pesado en las carreteras de nuestro país. En Morena, estamos convencidos que en lugar de preocuparnos por permitir el paso de dichos vehículos, deberíamos de estar apelando porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantice de forma efectiva la seguridad de los usuarios en las carreteras y autopistas de nuestro país.

Seguro que no tarda en subir a esta tribuna aquél que resalte esta modificación como uno de los grandes logros de esta legislatura, no se dan cuenta que la mayoría de los aquí presentes se enfrascan en pequeñas modificaciones dejando de lado las verdaderas urgencias y necesidades de las y los mexicanos.

Es decir, en su sometimiento al Poder Ejecutivo prefieren conformarse con las migajas de pequeñas modificaciones a impulsar la transformación en bienestar de los ciudadanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, al diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, diputado.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.

El diputado José Angelino Caamal Mena: En esta Legislatura una de las grandes tareas encomienda de la ciudadanía es la de revisar el tema de los dobles semirremolques o fulles, debido a que en todo el territorio nacional esta modalidad de autotransporte generan numerosos accidentes, que lamentablemente en muchas ocasiones son causa de pérdidas económicas y pérdida de vidas humanas, causan además gran contaminación al medio ambiente y deterioro en la infraestructura carretera.

Mucho se ha discutido sobre el tema, sobre la Norma Oficial Mexicana 012, que establece el peso y dimensiones permitidos en los caminos y puentes federales, incluso los resultados del panel de expertos que analizó dicha norma ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones transportistas.

Lamentablemente estas iniciativas no han prosperado debido a que no se lograron los consensos necesarios, debido tal vez a los intereses que afectan, ni siquiera cuando se buscó que estos tráilers sólo pudieran transitar en carreteras de alto nivel con múltiples carriles, tipo ET, A Y B; o cuando se transportara materiales peligrosos.

Hoy la iniciativa que tenemos a discusión plantea la obligación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de publicar la clasificación de las carreteras del país de manera periódica. Esta modificación representa un primer paso, un paso importante, para identificar los caminos en los que los autotransportes pueden circular, ya que la clasificación y actualización de las carreteras al día de hoy no es clara y se presta a confusiones.

Asimismo, esta reforma resulta importante para los derechos de los automovilistas en las carreteras federales concesionadas. Es decir, con la publicación de la clasificación de las carreteras los usuarios podremos decidir las rutas para circular de manera más segura.

Para cualquier persona que haya manejado en una carretera con dos carriles, es decir, uno de ida y uno de regreso, resulta evidente que los camiones con doble remolque que no pueden circular a más de 60 kilómetros por hora representan un gran riesgo debido al peso que transportan, por lo que no deberían transitar en este tipo de carreteras por los riesgos, porque además es un gran problema rebasarlos por la dimensión de los 30 metros que tienen, además del desgaste a la infraestructura y por las afectaciones al tránsito que estos ocasionan.

Con esta reforma al artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal daremos un avance en el orden y clasificación de nuestras carreteras que son de importancia estratégica para la industria y la economía del país. Por estos motivos Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen.

Al mismo tiempo, es importante exhortar a las diferentes fuerzas políticas representadas en esta legislatura a coincidir en la búsqueda de soluciones en el tema de pesos y dimensiones en las carreteras del país. En la agenda legislativa el tema de carreteras, peso y dimensiones tiene que seguir vigente hasta que se resuelva de manera definitiva y poder superar la frecuencia con que se presentan los siniestros que dan lugar a pérdidas económicas y de vidas humanas.

Si queremos lograr que nuestro país alcance el desarrollo y la competitividad el sector transporte resulta estratégico, por lo tanto es nuestra obligación como legisladores darle toda la atención necesaria. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, por parte del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Transportes de esta soberanía ha hecho llegar al pleno de esta Cámara de Diputados un dictamen con proyecto de decreto mediante el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, relativo a la actualización de la norma relativa a las clasificaciones carreteras publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Nuestro compañero promovente hace mención del papel tan importante que juegan las vías de comunicación en la vida cotidiana de la nación y su impacto en la economía general del país, y personal de los mexicanos. Hizo referencia a las carreteras que cruzan por todo el territorio nacional, aludiendo que están diseñadas para la circulación de diversas configuraciones vehiculares, respecto a peso, volumen, dimensiones de las unidades de transporte, poniendo el acento en que esas características no distorsionen la infraestructura construida por las implicaciones que ello conlleva respecto a la seguridad de los ciudadanos que por ella transitan, principalmente.

Debemos plantear que este tema es prioridad contenida en diversos ordenamientos legales. Uno es el que se refiere a este dictamen. Es decir, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Otro está plasmado en el Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte, que transitan por las vías de jurisdicción federal, que es donde se clasifican cinco tipos de carreteras. El tercero es el relativo a la norma oficial mexicana NOM012SCT2, relativa al peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos del autotransporte.

En base a lo expuesto, el promovente planteó que el artículo 5o. de la ley en comento, en su fracción V, fuera adicionada como sigue, dice: Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes.

El promovente propuso adicionar la frase: así como actualizar y publicar anualmente la clasificación en dos.

Al respecto, la Comisión de Transportes atinadamente consideró que esa actualización no debe efectuarse cada año, sino cada vez que se requiera para evitar dobles señalamientos.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estima adecuado hacer la rectificación comentada, de tal manera que la adición a la fracción V del artículo 5o. de la ley en comento diga lo siguiente: Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes, así como actualizar y publicar cuando se requiera la clasificación en el Diario Oficial de la Federación.

En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen presentado por la Comisión de Transportes de esta soberanía. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, diputado. Le concedemos el uso de la palabra a la diputada Adriana Soto Martínez, por parte del Partido Movimiento Ciudadano.

La diputada Adriana Soto Martínez:Con su permiso, señora presidenta.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Adelante, diputada.

La diputada Adriana Soto Martínez: Compañeras y compañeros legisladores, México se fortalece con el comercio y la industria gracias al conjunto de comunicaciones y transportes, que son primordiales motores económicos de nuestro país.

Nuestro país tiene 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie territorial y una población de 122.3 millones de habitantes, de los cuales la mayor parte se desplazan por medio del transporte carretero, siendo éste el principal medio de comunicación para los mexicanos.

Lo anterior, exige que en el Estado mexicano logre una modernización y actualización permanente de las vías carreteras, en razón que es un factor fundamental para ofrecer movilidad en el transporte de bienes y servicios, y es clave para potencializar el desarrollo económico de un país en donde el principal medio de transporte es el terrestre.

Nuestro país tiene una red de carreteras y caminos con una longitud de 374 mil 262 kilómetros, por la que circulan anualmente más de 485 millones 502 mil toneladas de carga y 3 mil 264 millones de pasajeros.

En efecto, el diseño de la red de carreteras del país tiene sustento en una normatividad configurada para determinar el volumen, peso bruto y extensión de los vehículos que circulan por las diferentes carreteras.

De hecho, es así a fin de evitar que las características de los vehículos distorsionen la infraestructura y posteriormente ocasionen accidentes o pongan en riesgo a la población que vive limítrofe a las vías de comunicación.

Por ello, es meritorio el dictamen que se pone a consideración de esta soberanía, a efecto de establecer en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal la obligación de la autoridad competente de publicar anualmente en el Diario Oficial de la Federación la actualización y las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes del país, dado que actualmente la información disponible en las carreteras no está autorizada y adolece de claridad, por lo que se presta a confusión en su interpretación, circunstancia que retrasa la competitividad y el desarrollo económico del país.

Por tanto, es necesario un buen sistema de transporte carretero y con permanente actualización de las especificaciones técnicas y características de los caminos y puentes.

Además, se requieren vías de comunicación reguladas cuidadosamente y en buenas condiciones, capaces de llegar a todos los lugares del país, con el objeto de impulsar a México a un desarrollo económico constante que otorgue a todos los mexicanos una mejor calidad de vida.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen en cuestión, relativo a la reforma del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que se refiere a la publicación anual en el Diario Oficial de la Federación, de las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Gracias, señora diputada. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada María del Rosario Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señalan que México cuenta con 374 mil kilómetros de carreteras y caminos, de los cuales 49 mil kilómetros forman parte de la red carretera distribuidos en 8 mil 400 kilómetros de cuota y 40 mil 600 kilómetros de carreteras libres.

Dicha red carretera se ha desarrollado a lo largo de varias décadas, con la finalidad primordial de comunicar a casi todas las regiones y comunidades del país.

Sin duda el transporte carretero es una vía de comunicación indispensable para el desplazamiento de los pobladores de las diferentes localidades de nuestro país, beneficiando con ello el desarrollo económico e incluso cultural de nuestra sociedad.

Lo anterior precisamente por sus dimensiones que podrían generar distorsiones a la infraestructura elevando la posibilidad de accidentes que pongan en riesgo la vida de los conductores e incluso de la población aledaña. Para ello fue necesaria la creación e implementación de un reglamento sobre peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, el cual establece que los caminos se clasifican como carreteras tipo ET, tipo A, B, C y D, así como las características de las configuraciones vehiculares que pueden circular de acuerdo a la clasificación de las carreteras.

En virtud de ello coincidimos en la necesidad de que se genere un documento emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el que se actualice periódicamente la clasificación de los caminos y puentes, así como los nombres de las carreteras, tanto de nueva creación, como aquellas que hayan sido modernizadas, sin omitir las especificaciones de las configuraciones vehiculares que pueden transitar en ellas.

Apoyamos la propuesta de que dicho documento sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues con ello se garantiza la publicidad a todos los usuarios de la red carretera, además de brindar certeza, pues tampoco omitimos mencionar las vaguedades de la norma oficial mexicana, la NOM-012-SCT-2-2008 que se refiere al peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal.

Inicialmente dicha norma oficial también adolece de actualización, por lo que se presentan los mismos supuestos confusos, respecto de las características de los vehículos, además de que han omitido integrar a las carreteras de nueva creación o modernización como lo son la carretera Arco-Norte, la Durango-Mazatlán o categorizar la autopista Chalco-Cuautla, así como la Pachuca-Tampico.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos pronunciamos a favor del presente dictamen por el cual se reforma la fracción V del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, cuya finalidad sea determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes, así como actualizar y publicar –cuando se requiera– la clasificación carretera en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, como claro ejemplo de atención a las necesidades de los usuarios de esta red carretera, así como un ejercicio de transparencia respecto de los recursos que cada año se aprueban en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su construcción y modernización. Es cuanto.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Rodrigo Rosas Esparza, por parte del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Rodrigo Rosas Esparza:Con el permiso de la Mesa.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Adelante, diputado.

El diputado Rodrigo Rosas Esparza: Señores diputados. Las carreteras forman parte de la infraestructura de las vías de comunicación que contribuyen al crecimiento y progreso de las poblaciones de las ciudades y de los países, en la medida en que estimulan a la industria de la construcción y su derrama económica propaga efectos multiplicadores a otros sectores generando empleos, gasto e incrementando la inversión y el desarrollo.

Actualmente existe una diversidad de tipos y modalidades de carreteras que están diseñadas para la circulación de diferente tipo y peso vehiculares, de manera tal que la regulación del tránsito vehicular se concentra en delimitar el volumen, el peso bruto y la extensión que llegan a poseer las unidades. Ello da origen a restringir en cuanto no se considera viable que circulen por cualquier camino, puesto que su tránsito puede afectar la infraestructura, provocar accidentes y poner en riesgo a la población.

La dinámica de la actividad económica del país requiere de la continua construcción y modernización de las carreteras o tramos de ellas. Por lo mismo es imperativo que la autoridad –en este caso la Secretaria de Comunicaciones y Transportes– actualice el estado real que guarda la amplia gama de modalidades y tipos de carreteras, como son: la red primaria, redes secundarias, las conexiones a redes primarias y secundarias, entre otras.

Lo anterior no siempre ocurre o más bien se omite; así lo corrobora –por ejemplo– la omisión de la ampliación, modernización de la carretera Arco-Norte, la de Durango-Mazatlán o la nueva categorización de la autopista Chalco-Cuautla, así como la Pachuca-Tampico que se amplió a cuatro carriles.

En la actualidad no existe documento alguno por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que actualice la circulación vehicular por dichas carreteras, lo que provoca que pierda vigencia, así como adolece de claridad y muestra confusión en su interpretación.

Es útil y conveniente que exista por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes un documento que actualice y publique cada año en el Diario Oficial de la Federación, la clasificación de los caminos y puentes, que establezca el nombre de las carreteras que fueron construidas y modernizadas periódicamente, y especificar las configuraciones vehiculares que puedan transitar en ellas.

Las y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática acompañaremos favorablemente este dictamen pues las modificaciones propuestas buscan informar y comunicar el estado que guardan las carreteras, caminos y puentes federales que existen en el territorio nacional.

Asimismo el PRD comparte y coincide en que estas medidas contribuyen a atajar la confusión de los usuarios que poseen diferentes unidades vehiculares en la medida que con estas reformas se busca proporcionar certeza y oportunidad en la información para los usuarios. Es cuanto, presidenta, gracias.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado José Martín López Cisneros, por parte del Partido Acción Nacional.

El diputado José Martín López Cisneros:Con su permiso, presidenta. Señoras y señores legisladores, el dictamen que se encuentra a discusión pretende que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publique en el Diario Oficial de la Federación las características y especificaciones técnicas de los caminos que integran la red de carreteras nacionales.

Dicha clasificación de carreteras debe estar actualizada y publicada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de mantener informado en todo momento al autotransporte de carga ya que le da seguridad vial y el cuidado de la infraestructura carretera son una prioridad.

Hoy contamos con ordenamientos jurídicos que establecen una tipología precisa de los caminos, siendo el caso concreto los reglamentos sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, así como la norma oficial mexicana que se refiere al peso y dimensiones máximas con las que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal.

Ambos ordenamientos señalan una tipología precisa de las configuraciones vehiculares que están autorizadas para transitar por la red de carretera nacional y de los caminos que por sus características geométricas y estructuras permiten el recorrido de vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidades y peso.

En el caso del reglamento, éste integra un listado de las carreteras que cuentan con una clasificación emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; sin embargo, dicho ordenamiento carece de actualización, confunde a los usuarios y no proporciona certeza al autotransporte debido a que algunas carreteras se han construido recientemente, otras se han modernizado y han ampliado sus diferentes tramos carreteros, situación que no se ve reflejada en el ordenamiento, siendo el caso de las carreteras Arco Norte, la de Durango-Mazatlán o categorizar la autopista de Chalco-Cuautla, así como la de Pachuca-Tampico que se amplió a cuatro carriles, entre otras más.

Cada año se aprueban importantes recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la construcción, ampliación y modernización de carreteras; sin embargo, se carece de un ordenamiento actualizado de parte de la secretaría que informe de forma fehaciente sobre la categorización que tienen las carreteras.

Con este medida se favorece a los más de 729 mil vehículos que transitan por la red de carretera nacional, de los cuales, el 85.5 por ciento lo representa el autotransporte de carga federal y el resto, el autotransporte de carga especializada.

No olvidemos que el autotransporte federal mueve el 81 por ciento de la carga terrestre y el 56 por ciento de la carga nacional. En ese sentido es preciso contar con un ordenamiento actualizado, que especifique la categorización que tienen los caminos.

Con lo anteriormente mencionado, en Acción Nacional recogemos las voces y demandas de los ciudadanos de autotransporte y, en se sentido, presentamos la iniciativa para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emita un ordenamiento actualizado y permanente sobre la clasificación de carreteras, que proporcione certeza jurídica a los usuarios que participan en el sector, que privilegie la seguridad evitando la circulación de configuraciones vehiculares por caminos restringidos a sus especificaciones técnicas y, al mismo tiempo, se proteja la infraestructura carretera. Es cuanto, presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna la diputada Norma González Vera, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Norma González Vera:Buenas tardes, compañeros legisladores. Tanto en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como en diversas Normas Oficiales Mexicanas, se prevén medidas y protocolos de seguridad, tendientes a disminuir y evitar los accidentes carreteros. Sin embargo, continúa siendo una realidad que los vehículos de autotransporte en el ámbito federal, ya sean de pasajeros, de turismo o de carga, son parte de accidentes en el país a causa del exceso de velocidad, la distracción, la sobrecarga permitida y en ocasiones por la infraestructura carretera.

En el PRI compartimos el sentido del dictamen, en virtud de que contempla la atención a un fenómeno que trasciende diversos ámbitos, como son: la salud e inclusive la vida de quienes transitan por caminos y puentes federales.

Ante esta realidad consideramos que la seguridad carretera no es cuestión de buena o mala suerte, por el contrario, en la mayoría de las ocasiones es consecuencia de errores humanos, imprudencias, faltas de respeto a los Reglamentos de Tránsito, carencia de información o mala planeación pública en el orden preventivo.

La seguridad carretera es un fenómeno que incide en el bienestar de los habitantes, al grado de ser los accidentes en caminos una de las principales causas de defunciones a nivel nacional e internacional, sobre todo en los más jóvenes de la población. De ahí la relevancia de reforzar los mecanismos tendientes a la oportuna atención de la seguridad de puentes y caminos y de prevención de accidentes desde todas las dimensiones, haciendo énfasis en el cumplimiento de las múltiples disposiciones relacionadas a autotransportes de pasajeros, turismo y carga que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal establecidas en normas oficiales.

Es menester recordar que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le compete planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares, así como la conservación de los caminos y puentes.

En virtud de lo referido reconocemos la importancia debido a la importancia de los bienes jurídicos que se busca proteger, como la integridad física de los usuarios y el derecho a la libertad de tránsito, además del derecho a la información para que al momento de que los caminos y puentes cuenten con las condiciones idóneas para que vehículos especializados puedan transitar en ellos y se detone la actividad económica y la competitividad.

No tenemos duda de que es prioritario que exista por parte de la SCT un documento que actualice y publique cada año en el Diario Oficial de la Federación la clasificación de los caminos y puentes que establezcan el nombre de las carreteras que fueron construidas y modernizadas periódicamente. Asimismo, especificar las configuraciones vehiculares que pueden transitar en ellas, además de que se abona a la transparencia y rendición de cuentas, toda vez que año con año se aprueban en el Presupuesto de Egresos de la Federación importantes recursos públicos para la construcción y modernización de las vías de comunicación federal.

Por las razones expuestas, votaremos a favor del dictamen. Asimismo, invitando a los diversos grupos parlamentarios a sumarse a esta aprobación. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, diputada.

No habiendo más oradores registrados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

La diputada Brisa Esmeralda Céspedes Ramos (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro González Hinojosa (desde la curul): A favor.

La diputada María Merced León Andablo (desde la curul): A favor.

La diputada Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez (desde la curul): A favor.

La diputada María del Rocío García Olmedo (desde la curul): A favor.

La diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo (desde la curul): A favor.

La diputada Hermelinda Martínez Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Reyes Montemayor (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se emitieron 396 votos a favor, 3 abstenciones y 0 en contra.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Gracias, secretaria. Aprobada, en lo general y en lo particular, por 396 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

SOLICITUD DE LICENCIA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción II, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar, por su conducto, al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputado federal a partir del 17 de abril de 2015.

Agradeciendo de antemano su consideración, quedo de usted.

Palacio Legislativo, a 14 de abril de 2015.— Diputado Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Aprobada. Comuníquese.

ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa de la Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas cause baja como integrante de la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada María Estela Moreno Alvarado cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada Leticia Mejía García cause baja como integrante de la Comisión de Protección Civil.

• Que la diputada María Estela Moreno Alvarado cause alta como integrante en la Comisión de Protección Civil.

• Que la diputada María Estela Moreno Alvarado cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Oscar Bautista Villegas cause baja como integrante de la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego.

• Que el diputado José Luis Martínez Meléndez cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado Oscar Bautista Villegas cause baja como integrante de la Comisión de la Reforma Agraria.

• Que el diputado José Luis Martínez Meléndez cause alta como integrante en la Comisión de la Reforma Agraria.

• Que el diputado José Luis Martínez Meléndez cause alta como integrante en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Rafael González Reséndiz cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que el diputado Gildardo Sánchez González cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que el diputado Rafael González Reséndiz cause baja como integrante de la Comisión del Deporte.

• Que el diputado Gildardo Sánchez González cause alta como integrante en la Comisión del Deporte.

• Que el diputado Gildardo Sánchez González cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que la diputada María Leticia Mendoza Curiel cause baja como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que la diputada Lucía Reynoso Castellanos cause alta como integrante en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que la diputada María Leticia Mendoza Curiel cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Social.

• Que la diputada Lucía Reynoso Castellanos cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Social.

• Que la diputada Leticia Mejía García cause baja como integrante de la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Lucía Reynoso Castellanos cause alta como integrante en la Comisión de Igualdad de Género.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa de la Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada María del Rocío Corona Nakamura cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que la diputada Carmen Julieta Torres Lizárraga cause alta como integrante en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que la diputada María Rebeca Terán Guevara cause baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Carmen Julieta Torres Lizárraga cause alta como integrante en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Carmen Julieta Torres Lizárraga cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.

• Que el diputado José Luis Márquez Martínez cause baja como secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Manuel Añorve Baños cause alta como secretario en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que la diputada María del Rocío Corona Nakamura cause baja como secretaria de la Comisión de Justicia.

• Que el diputado José Luis Márquez Martínez cause alta como secretario en la Comisión de Justicia.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa de la Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Álvaro Martínez García cause baja como secretario de la Comisión de la Defensa Nacional.

• Que el diputado Manuel Añorve Baños cause alta como secretario en la Comisión de la Defensa Nacional.

• Que el diputado Álvaro Martínez García cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa de la Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos a petición del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Ricardo Villarreal García cause baja como integrante de la Comisión de Energía.

• Que la diputada Brisa Esmeralda Céspedes Ramos cause alta como integrante en la Comisión de Energía.

• Que el diputado Ricardo Villarreal García cause baja como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que la diputada Brisa Esmeralda Céspedes Ramos cause alta como secretaria en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Ricardo Villarreal García cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Brisa Esmeralda Céspedes Ramos cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Juan Pablo Adame Alemán cause alta como integrante en la Comisión de la Defensa Nacional.

• Que el diputado Ricardo Villarreal García cause baja como integrante de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Educación Superior y la Capacitación para Impulsar el Desarrollo y la Competitividad.

• Que la diputada Brisa Esmeralda Céspedes Ramos cause alta como integrante en la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Educación Superior y la Capacitación para Impulsar el Desarrollo y la Competitividad.

• Que el diputado Ricardo Villarreal García cause baja como secretario del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

• Que la diputada Brisa Esmeralda Céspedes Ramos cause alta como secretaria en el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa de la Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Urano y Ordenamiento Territorial.

• Que el diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que el diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez cause alta como integrante en la Comisión del Distrito Federal.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa de la Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Eslovaquia.

• Que el diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Suecia.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa de la Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta cause alta como integrante en el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa de la Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, le solicito se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

• Que el diputado José Soto Martínez cause baja como secretario de la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego.

• Que la diputada Adriana Soto Martínez cause alta como secretaria en la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Aprobadas. Comuníquense.

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1 fracción II, 81, numeral 2, 81 numeral 1, 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de la siguiente

Metodología

I. En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite e inicio del proceso legislativo para elaborar el dictamen de la Iniciativa que nos ocupa.

II. En la parte correspondiente al contenido de la iniciativa se plasman de manera resumida el objeto, el alcance y la propuesta de la iniciativa en estudio.

III. En “Consideraciones”, la comisión realiza los argumentos de valoración lógico-jurídicos, así como los razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen.

I. Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 22 de diciembre de 2014 por la Comisión Permanente, José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Segundo. El 12 de enero de 2015, la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura recibió de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la iniciativa de referencia, para su estudio y dictamen, mediante el oficio número DGPL 62-II-3-2085II.

II. Contenido de la iniciativa

El diputado José Angelino Caamal Mena señala que de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México es una nación de composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas.

Menciona que “de acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay 15.7 millones de indígenas, de los que 6.9 millones hablan alguna lengua indígena y 9.1 millones se reconocen como indígenas aunque no hablan alguna lengua indígena. Esta población en su conjunto forma un mosaico compuesto por 68 pueblos indígenas, cada uno con su propia historia, territorio y cultura. Su diversidad se expresa de manera especial en las lenguas que se hablan en cada región. Hoy hay en México 68 lenguas indígenas, de 11 familias lingüísticas, con un total de 364 variantes, según el catálogo que publica el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali)”.

Señala que la aprobación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el 15 de diciembre de 2002, dio paso a la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como un organismo descentralizado, encargado de promover, fortalecer, preservar y desarrollar las lenguas indígenas que se hablan en el país.

Refiere que a 10 años de su vigencia y con el ánimo de avanzar en el cumplimiento del marco jurídico nacional e internacional es necesario hacer reformas que faciliten el ejercicio pleno de los derechos indígenas, se establezcan con mayor claridad las competencias y se fortalezca la labor del Inali.

El diputado José Angelino Caamal Mena desglosa la propuesta como sigue:

Reforma del artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, considera que se debe reformar, en virtud de que la disposición vigente limita la validez del goce de los derechos lingüísticos al territorio, deja fuera a millones de indígenas que viven en las ciudades del país que tienen que dejar sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida, topándose con la discriminación, como es el caso del tema judicial, cuando se enfrentan en un proceso judicial, surge la limitante del desconocimiento de su lengua por parte de las autoridades.

El legislador federal aduce que este artículo es contradictorio en sí mismo, pues reconoce las lenguas indígenas como nacionales, pero enseguida acota el respeto a las lenguas sólo en su territorio especifico, restringiendo el reconocimiento de un derecho humano, en cuanto a que la lengua materna es un derecho inalienable de toda persona que se basa en principios de interdependencia, es decir, el respeto, garantía, protección y promoción de este derecho tendrá impacto en los otros o viceversa.

En cuanto a la reforma del artículo 6 de la ley que nos ocupa, el diputado federal menciona que este precepto “no establece qué institución será la encargada de coordinar e instrumentar las acciones de difusión en los medios masivos de comunicación y que en términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación es la entidad de gobierno federal facultada para poner en práctica el espíritu de este artículo. Por tanto, es necesario especificar la atribución a la Secretaría de Gobernación para que sea la encargada de dar cumplimiento a este artículo”.

El siguiente artículo que propone reformar es el 10, “para garantizar el acceso a la justicia en las propias lenguas indígenas. Este es un derecho humano y, por lo tanto esencial, tal y como se establece en el artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Indígenas, en el numeral 2, así como el artículo 40 de la citada declaración que refiere que los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, sin embrago la equidad sólo se logrará con su propia lengua”.

Por último, propone reformar el artículo 16 para actualizar la nomenclatura del Instituto Nacional Indigenista (INI) por el de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, creada por decreto de ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2003, y que sustituyó al INI. En el mismo artículo plantea que se incorpore un miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al consejo nacional, argumentando que ha hecho un trabajo permanente de investigación, preservación y difusión de las lenguas indígenas, a través de la Dirección de Lingüística.

III. Consideraciones

Primera. Que la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, presentada por José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo señalado en los artículos 39, numeral 1, 2, fracción V, y 3, así como 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. Los integrantes de la comisión coincidimos con el diputado proponente en que si bien México es un país con vasta población indígena y tiene aproximadamente 62 grupos etnolingüísticos, que representan más de la décima parte de la población y que de acuerdo con el reciente censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2010, 15.7 millones de personas se consideran indígenas, de ellas 6.9 por ciento habla alguna lengua indígena, los indígenas siguen siendo discriminados al momento de acceder a la jurisdicción del Estado.

Asimismo, comulgamos con el sentir del legislador en cuanto a la importancia del derecho a la lengua y la revisión a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a fin de acceder de manera clara y precisa al pleno ejercicio de este derecho fundamental.

Al analizar la propuesta de reforma del artículo 4 de la ley que nos ocupa, discurrimos que es oportuno considerar su artículo 7, que a la letra dice:

Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública.

Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente: a) En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que hablen lenguas indígenas, los gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas. b) En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias. La federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.

Por ello, de conformidad con este precepto, al español y las lenguas indígenas se da la misma validez en todo el territorio nacional y ante cualquier instancia del Estado (en sus tres órdenes de gobierno), mientras que en el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, establece una limitante en cuanto a la validez de las lenguas indígenas restringiéndolas solamente al territorio, localización y contexto en que se hablen, mostrando así una incongruencia explícita entre ambos preceptos.

A fin de que estas medidas normativas sean coherentes, la comisión dictaminadora considera pertinente aprobar la propuesta de reforma del artículo 4 de la ley en estudio, enfatizando en la redacción que las lenguas indígenas “tendrán” la misma validez en todo el territorio nacional, quedando de la siguiente manera:

Texto vigente

Artículo 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen.

Propuesta de reforma

Artículo 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez.

Propuesta de dictamen

Artículo 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez.

Tercera. Respecto a la reforma del artículo 6 de la ley en estudio, es de precisar que el diputado José Angelino Caamal Mena propone lo siguiente:

Artículo 6. El Estado a través de la Secretaría de Gobernación adoptará, instrumentará y coordinará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva públicos y concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de cápsulas yprogramas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.

En estos términos y considerando que de aprobarse la reforma de este precepto en el sentido de que la Secretaría de Gobernación instaure y coordine las acciones de difusión de la realidad y diversidad lingüística, así como, cultural de la nación mexicana en los medios de comunicación masiva públicos y concesionados, implicaría la centralización de facultades, haciendo a un lado las obligaciones de los estados y municipios en la materia, asimismo, se estaría vulnerando el principio de división de poderes y el pacto federal, consagrados en los artículos 40 y 41 de la Carta Magna.

En este sentido, resulta improcedente la reforma del artículo 6 de Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Cuarta. Con relación a la propuesta de reforma del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que a la letra dice:

Artículo 10. ...

Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo a las agrarias, laborales, así como toda autoridad que tenga atribuciones para sustanciar procedimientos de índole penal o administrativaproveerán lo necesario a efecto de que los juicios y procedimientosque realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.

...

La procuración de justicia se refiere a la investigación, persecución y combate de los delitos, a través de la institución del Ministerio Público, con el auxilio de los Servicios Periciales y de la Policía Ministerial, esto es eminentemente materia penal.

En cuanto a la responsabilidad de administrar la justicia, esta se deposita en el Poder Judicial, en los tribunales y juzgados mediante juicios o procedimientos de diversas materias como la civil, familiar, penal, administrativa, agraria, fiscal y hasta electoral.

Por otra parte, el artículo 20, Apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirve de fundamento jurídico para que exista la defensa pública en materia penal federal y de justicia federal para adolescentes, que comprende desde la averiguación previa o investigación, hasta la ejecución de las penas o medidas, así como, la asistencia legal que consiste en la asesoría jurídica que se otorga en asuntos de orden no penal, tales como civil, administrativo y fiscal, de conformidad con la Ley Federal de Defensoría Pública.

Tomando en consideración lo señalado y haciendo un análisis al artículo que se pretende reformar, la comisión dictaminadora concluye que la responsabilidad de las autoridades federales para sustanciar procedimientos de índole penal o administrativa, ya se encuentra establecida en el marco Jurídico Nacional y en el propio precepto legal que se pretende modificar, por lo que la propuesta de reforma del artículo 10 de la ley que nos ocupa es innecesaria ycarente de sustento.

Quinta. La comisión dictaminadora, una vez que realizó el estudio y análisis de la propuesta de reforma del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, considera positivas la participación y las numerosas aportaciones que ha realizado el Instituto Nacional de Antropología e Historia en favor de los pueblos y comunidades indígenas, como menciona el diputado proponente en la exposición de motivos, sin embargo, es de señalar que de acuerdo con la consulta que se realizó al sitio electrónico del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el apartado de composición del consejo nacional, se observa que el Instituto Nacional de Antropología e Historia está representando a las escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas en este órgano de gobierno, siendo así miembro con voz y voto en el Consejo Nacional del Inali.

En consecuencia, la Comisión de Asuntos Indígenas considera innecesaria la reforma del artículo 16, numeral 8, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Respecto a la reforma del numeral 6 del artículo 16 de la ley en estudio, la comisión dictaminadora considera pertinente y necesaria reformar la nomenclatura del Instituto Nacional Indigenista por la de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dependencia federal que sustituyó al INI, mediante decreto de ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2003.

En consecuencia, resulta procedente reformar el numeral 6 y se desecha la reforma del numeral 8 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar de la siguiente manera:

Texto vigente

Artículo 16. El Consejo Nacional se integrará con siete representantes de la administración pública federal, tres representantes de escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas, y tres representantes de instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas.

Los representantes de la administración pública federal son los siguientes:

1.El secretario de Educación Pública, quien lo presidirá en su carácter de titular de la coordinadora de sector, con fundamento en lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

2.Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el nivel de subsecretario.

3.Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.

4.Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

5.Un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

6.Un representante del Instituto Nacional Indigenista.

7.Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

...

Propuesta de reforma

Artículo 16. El Consejo se integrará con ochorepresentantes de la administración pública federal, tres representantes de las escuelas, instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas.

...

1. a 5. ...

6. Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

7. ...

...

8. Un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

...

...

Propuesta de dictamen

Artículo 16. ...

...

...

1. a 5. ...

6. Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

7. ...

...

Sexta. Para robustecer jurídicamente el sentido del presente dictamen, esta dictaminadora, de conformidad con el artículo 158, numeral 1, fracción VIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, recibió por la Secretaría de Gobernación los siguientes comentarios:

Análisis jurídico

El documento que se opina contraviene una o más disposiciones del orden jurídico nacional.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:Artículo 40.

- Leyes generales o federales:Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, artículo. 5.

Las razonesque se considera contravienenlos artículos señalados son éstas:

La presente iniciativa prevé reformar el artículo 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, otorgando a la Secretaría de Gobernación (Segob) las atribuciones de adoptar, instrumentar y coordinar la difusión en medios de comunicación masiva la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana. Al respecto se considera que otorgar dichas atribuciones a la Segob, contraviene lo dispuesto en el artículo 5 de la ley, toda vez que prevé que será el Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, (federación, entidades federativas y municipios), en los ámbitos de sus respectivas competencias, quién reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. Derivado de lo anterior, es necesario observar que la Segob no puede ejercer las atribuciones que se pretenden, ya que ello implicaría una invasión a las esferas de competencia de los otros órdenes de gobierno lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que dispone que los estados serán libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y a los municipios.

El documento que se opina duplica una o más disposiciones del orden jurídico nacional

- Leyes generales o federales:Ley Federal de Defensoría Pública, artículo 20 Bis; y Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, artículo 2, fracción VIII.

Las razonesque se considera duplicanlos artículos señalados son las siguientes:

La presente iniciativa prevé reformar el artículo 10 de la Ley, incluyendo en la redacción del mismo a las autoridades con atribuciones para sustanciar juicios y procedimientos en materia penal o administrativa, a efecto de que éstas provean lo necesario para que los indígenas sean asistidos de manera gratuita durante todo el juicio o procedimiento. Al respecto se considera que la Iniciativa duplica lo dispuesto por el artículo 20 Bis de la Ley Federal de Defensoría Pública y el artículo 2 fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, lo anterior es así toda vez que en ambas disposiciones se garantiza el derecho a la defensa y a la asesoría jurídica, de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, así como a ser asistidos en asuntos ante autoridades federales, a través de la actuación coordinada de traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan.

Es innecesaria su aprobación, ya que existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, que atienden la situación que se pretende resolver; o bien de acuerdo con su criterio hay otra razón que permita afirmar lo innecesario de la propuesta.

Los argumentoscorrespondientes son éstos:

La presente iniciativa tiene por objeto 1. Reformar el artículo 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, confiriendo a la Segob las atribuciones de adoptar, instrumentar y coordinar la difusión en medios de comunicación masiva la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. 2. Incluir en el cuerpo del artículo 10 de la Ley a las autoridades con atribuciones para sustanciar procedimientos de índole penal o administrativa a efecto de que estas prevean lo necesario para que en los juicios y procedimientos en los que estén involucrados indígenas, estos sean asistidos gratuitamente por intérpretes traductores con conocimientos de su cultura y lengua; 3. Añadir a un representante del INAH como integrante del Consejo Nacional del Inali. Conforme a lo anterior, y después de haber analizado la normativa de la materia, se tienen las siguientes consideraciones:

La CPEUM, en el artículo 2o., Apartado A, fracción VIII, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, para lo cual se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, teniendo en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, a fin de garantizar que en todos los juicios y procedimientos su debida defensa. El artículo 5 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas prevé que el Estado a través de sus tres órdenes de gobiernos proteja, promueva, reconozca, preserve el desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales, para ello instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva realicen la emisión de cápsulas y programas culturales entre otros en los que se promueva. La Ley Federal de Defensoría Pública, y la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en sus artículos 20 Bis y 2, fracción VIII respectivamente, garantizan el derecho de los indígenas a recibir asesoría jurídica así como a ser asistidos en asuntos ante autoridades por traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la cultura. Para tales efectos, el Instituto Federal de Defensoría Publica actuará en coordinación con especialistas en el tema. Por otra parte, la iniciativa prevé reformar el artículo 16 de la Ley, integrando como representante de la administración pública federal a un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia al Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, lo cual se considera innecesario ya que ambas partes cuentan con atribuciones suficientes para celebrar convenios de colaboración para cubrir las necesidades que requiera el Consejo. Derivado de lo anterior y toda vez que el marco normativo vigente reconoce y garantiza el derecho de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, así como prevé la obligación del Estado a través de sus tres órdenes de gobierno de reconocer, proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas, se considera innecesaria la reforma planteada.

En conclusión, la Comisión de Asuntos Indígenas coincide plenamente con la opinión remitida por la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Asuntos Indígenas considera que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, presentada el 22 de diciembre de 2014 por José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, se aprueba parcialmente. En consecuencia, se desechan las reformas de los artículos 6 y 10 y el numeral 8 del artículo 16; y resultan procedentes las reformas de los artículos 4 y 16, numeral 6, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados someten a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Único. Se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez.

Artículo 16. ...

...

1. a 5. ...

6. Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

7. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 24 de febrero de 2015.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías, Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Fernando Zamora Morales, Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Roberto López Rosado, Emilse Miranda Munive (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro, María Rebeca Terán Guevara, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Francisca Rosario Arana Lugo (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica).»

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Para fundamentar el dictamen por parte de la comisión, se le da el uso de la palabra, a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza:Con el permiso de la Mesa Directiva.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Adelante, diputada.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Gracias, presidenta. Todos sabemos que la lengua es un elemento fundamental de la cultura y de la identidad de cada individuo y de la nación entera, pero no podemos olvidar que la lengua es también un instrumento de la política y del poder.

Por ello resulta altamente significativo hacer uso de la palabra, a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas para exponer los fundamentos del dictamen de la comisión, sobre la iniciativa presentada por el diputado José Angelino Caamal Mena, para modificar el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Agradezco a cada uno de los que integran la comisión que presido. Precisamente el reconocimiento del carácter pluricultural de la nación que acoge a los 68 pueblos de todos los rincones de nuestra geografía nacional, constituye el marco general para generar nuevos campos de reflexión y articulación de acciones institucionales, así como adecuar las políticas públicas que permitan la inclusión de los pueblos indígenas en todos los ámbitos de la vida nacional.

El dictamen recupera el espíritu de la propuesta original para reformar el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y lo robustece, pues considera que la disposición vigente limita la validez del goce de los derechos lingüísticos al territorio dejando fuera a millones de indígenas que viven en las ciudades de nuestro país que tienen que dejar sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida, topándose con la discriminación.

Además, esta comisión dictaminadora aduce que este artículo debe de reconocer a las lenguas indígenas como lenguas nacionales sin restringir su uso a una forma de reconocimiento cultural, territorial limitado, sino como un derecho humano indispensable de toda persona que se basa en sus principios de interdependencia.

Éste es un derecho esencial, tal como lo establece la declaración de Naciones Unidas, por lo tanto los que integramos la Comisión de Asuntos Indígenas exhortamos a todos los que integran esta Legislatura a que nos den su voto a favor. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Gracias, diputada. Antes de iniciar la fijación de posturas acerca de este dictamen, quiero sumarme aquí al saludo de nuestros compañeros habitantes de las comunidades de San Francisco Acatepec y Zapata de San Andrés, Cholula, Puebla, invitados por el diputado Julio Lorenzini del Partido Acción Nacional. Sean ustedes muy bienvenidos a esta su casa.

Para fijar la posición de la Agrupación Morena, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su venia, presidente.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Adelante, diputado.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeros y compañeras. Las reformas que presenta este dictamen no es más que una parte de la estética y dejan de lado la realidad cotidiana a la que tienen que enfrentarse millones y millones de la población indígena que conforman nuestro país como es la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la injusticia.

Así ese ha sido el patrón de las políticas públicas, mientras aquí discutimos cambios semánticos; poco se hace para buscar esquemas de integración y justicia que reivindiquen las luchas de los grupos étnicos del país.

No cabe duda que para fincar las bases de nuevas acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de este importante sector, es indispensable un marco normativo, armónico, estructurado y consistente, sin embargo será una ley muerta como muchas otras que se han cocinado en este pleno, y no se tiene la finalidad de coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los grupos originarios.

Se ha referido que el Coneval viene informando sobre la situación de estos grupos que existen en el país; sin duda alguna son los más afectados en todos los temas que implican desarrollo y crecimiento humano.

Para muestra tenemos cifras que en el año 2013 se destinaron únicamente 6 mil 757 millones de pesos para programas federales destinados a la atención de este grupo vulnerable.

Según el censo del 2010 –del INEGI– en promedio el Estado mexicano gastó únicamente 897 pesos por persona, que forman parte de este sector. Es totalmente denigrante y discriminatorio para nuestros pueblos que sean tratados de esta manera.

Por ello y porque consideramos que estos cambios que pretenden convalidarse en este pleno, pueden resultar válidos, tampoco es suficiente para modificar las condiciones de vida de millones de mexicanos.

Sin embargo vamos a dar nuestro voto a favor de este dictamen con la esperanza de que este sector tan importante del país, sea atendido con dignidad. Es cuanto, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna al diputado José angelino Caamal Mena, por parte del Partido Nueva Alianza.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con el permiso de la Presidencia. Quiero destacar ante esta soberanía, que soy descendiente de los pueblos mayas que en su mayoría son quienes habitan el estado de Campeche.

Igualmente estoy orgulloso de formar parte de los pueblos indígenas que están integrados por más de 15 millones de habitantes en el país. Esto constituye una fuerte razón para impulsar y defender temas como la defensa y el respeto a nuestras culturas de origen, a nuestras lenguas indígenas y a los derechos de nuestros hermanos y hermanas indígenas, así como el fortalecimiento de instituciones que respaldan su derecho.

El tema que hoy nos ocupa, es el caso del dictamen que deriva de una iniciativa que a nombre del grupo parlamentario Nueva Alianza presenté, y gracias, quiero expresar nuestra gratitud a los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, puesto que fue aprobada.

Y para entrar al tema, según lo reporta el Instituto Nacional de Geografía e Informática, en el Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en 2010, 6.9 millones de mexicanos emplean al menos una lengua indígena para comunicarse.

Como diputado promovente de la iniciativa quiero resaltar que la aprobación de la misma significa un acto de justicia, de reclamos de los pueblos indígenas, así como garantizar el ejercicio de su derecho a expresarse; es decir, a pensar, hablar, crear y heredar su lengua a sus descendientes.

Es de suma importancia la discusión de dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Indígenas para reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el cual, esperamos pueda aprobarse con el voto de todas y todos los legisladores que se encuentran presentes en el recinto.

El dictamen aborda la problemática actual de garantizar la misma validez efectiva de las lenguas indígenas en todo el territorio nacional, y ante cualquier instancia del estado en sus tres órdenes de gobierno, toda vez que actualmente la redacción del artículo de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece una limitante restringiendo éstas solamente al territorio, localización y contexto en que se hablen como lenguas nacionales y al mismo tiempo circunscribir su reconocimiento a un territorio específico.

Para revertir esta situación, la Comisión de Asuntos Indígenas consideró pertinente aprobar la propuesta de reformar el artículo 4o enfatizando en la redacción que las lenguas indígenas tendrán la misma validez en todo el territorio nacional.

Además de la reforma anterior, el dictamen propone reformar el artículo 16 para actualizar la nomenclatura, específicamente para cambiar el inciso 6 del texto vigente que aún menciona al Instituto Nacional Indigenista, dependencia que dejó de existir con la reforma del 2002, misma que creó al actual Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es actualmente la institución encargada de dar cumplimiento y coordinar las políticas públicas para asegurar los derechos y atender a nuestros hermanos indígenas.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza impulsamos la construcción de un Estado de derecho, el cual se fortalece con el trabajo cotidiano de sus representantes, reformando leyes que se ajusten a las necesidades y realidades de nuestro país.

Por ello nuevamente expreso nuestro agradecimiento a los integrantes de la comisión, quienes tuvieron a bien aprobar en sentido positivo la iniciativa con proyecto de decreto, que fue presentado en diciembre del año pasado, sin embargo solicito a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza el apoyo, la sensibilidad de cada uno de los diputados y de cada una de las diputadas que integran los distintos grupos parlamentarios de esta Legislatura para reflexionar y enriquecer el presente dictamen acerca de su relación de las lenguas indígenas y el tema de acceso a la justicia, los derechos humanos y la no discriminación.

Por ello, al concluir mi intervención, estaré entregando a la Mesa Directiva una propuesta de modificación que quiere establecer la posibilidad de seguir construyendo un marco jurídico que permita a los pueblos indígenas el pleno goce de sus derechos y que esto se refleje en su vida cotidiana.

La propuesta consiste en que la redacción del artículo 4o. de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas quede en los siguientes términos.

Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tendrán la misma validez garantizando en todo momento los derechos humanos, a la no discriminación, acceso a la justicia, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte. Es cuanto, y gracias por su atención.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura— Cámara de Diputados.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente en funciones de la Mesa Directiva.— Presente.

El suscrito, diputado federal, con fundamento en los artículos 109 y 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito tenga a bien someter a la consideración del Pleno, la siguiente reserva correspondiente al dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de la Comisión de Asuntos Indígenas, la cual se propone para su discusión y votación en lo particular con el propósito de que sea incorporada en el dictamen de mérito la reserva mediante la cual se proponen las siguientes modificaciones:

Dice:

Artículo 4o.Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tendrán la misma validez.

Debe decir:

Artículo 4o. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tendrán la misma validez garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte.

Sin otro particular, le manifiesto las seguridades de mi consideración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a marzo de 2015.— Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica).»

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Por economía procesal, proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta de modificación.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Propuesta de modificación.

Debe decir. Artículo 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español, son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Consulte la Secretaría en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación planteada por el diputado.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Aprobada la modificación.En consecuencia está a discusión y continúa la fundamentación de los partidos. Se le cede el uso de la tribuna al diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, por parte del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Partido del Trabajo se congratula que esta soberanía hoy esté discutiendo temas tan importantes y modificaciones a las leyes que se refieren a los pueblos originarios del país. También nosotros provenimos de un estado con una gran presencia indígena, como es el estado de Chiapas.

Sin embargo, hay una deuda histórica de la Federación con los pueblos indígenas, pero bueno, este es un granito de arena para hacer algunas modificaciones en bien de los pueblos originarios del país.

El dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Indígenas, a partir de la iniciativa presentada por nuestro compañero Caamal Mena, donde hace un recuento de los elementos que componen en la parte conducente cuestiones para dar dimensión y perspectivas adecuadas para la interpretación de la norma en discusión, refiere la validez del artículo 4o. en comento y, por tanto, propone su adecuación.

En el caso del artículo 16 del propio ordenamiento, en cuanto se hace referencia a los representantes de la administración pública federal que deben integrar el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, nuestro compañero estima idóneo se incorpore al representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas, que a la fecha no aparece en el listado respectivo.

A efecto de armonizar el texto de la ley en comento, relativo al artículo 4o., el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estima válido y viable aclarar su contenido, con la finalidad de evitar posibles interpretaciones erróneas. Dice el texto actual.

Artículo 4o. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen.

Y aquí también estamos de acuerdo en las modificaciones que se han propuesto al texto. El proponente opina que es pertinente eliminar la frase de: y tiene la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen. Para sustituirla por otra que diga: y tendrá la misma validez.

Como se observa a simple vista, las frases son similares, nada más que la propuesta por el legislador precisa para arribar a los términos deseados. Alguien dirá que se trata de un asunto de semántica, pero en el caso es procedente precisar la intención del legislador.

En cuanto a la adición del representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, nuestro grupo parlamentario considera oportuna la inclusión para constituir en el consejo a las autoridades que deban actuar en el tema.

En mérito de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del decreto en comento. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, por parte de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señora presidenta.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Adelante, diputada.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Nuestro país es reconocido como una nación pluricultural, originada principalmente por nuestros pueblos indígenas. También es conocido como una nación multibilingüe, ya que aparte del español cuenta con 68 lenguas indígenas nacionales, las cuales se dividen además en múltiples variantes, que convierten a México en uno de los países con mayor diversidad y riqueza lingüística en el mundo.

De acuerdo con las estadísticas que arroja el Inegi, en este país somos 15.7 millones de indígenas, de los cuales 6.9 millones aún hablamos una lengua indígena. Queda claro entonces, la gran importancia que tienen los pueblos indígenas, significando un gran número de habitantes que siguen conservando las lenguas más arraigadas de nuestro país.

Lamentablemente este sector tan vulnerable se encuentra en una total desigualdad, derivado de la gran discriminación que sufren día con día respecto a su apariencia, sus lenguas indígenas, sus costumbres, etcétera.

El dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto del artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece lo siguiente.

El artículo 4 reconocía las lenguas indígenas como una lengua nacional por su origen histórico. Sin embargo, esta validez nacional la reducían únicamente al territorio donde se hablaba, oponiéndose así al reconocimiento de la lengua indígena como lengua nacional.

Por lo que en esta reforma se propone eliminar de la ley la parte que establece la validez de la lengua indígena únicamente en su territorio. Ahora sí va a ser reconocido a nivel nacional, y esto lo festejamos porque todo aquel, por poner un ejemplo, indígena oaxaqueño de la lengua zapoteca, que fuera procesado en Tijuana, tiene ahora el derecho a tener un traductor.

Cuántos de nosotros que no hablamos otra lengua y tenemos un problema en otro país, no podríamos defendernos si no entendemos lo que la justicia de ese país está dictando. Entonces, por eso esta modificación la celebramos, y por supuesto que vamos a votar a favor.

Sin embargo, también en el mismo dictamen se desecha la reforma al artículo 6 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que proponía que la Secretaría de Gobernación adoptara, instrumentara y coordinara las medidas necesarias que asegurarían que los medios de comunicación masiva difundieran la realidad, la diversidad lingüística y cultural de la nación, con el argumento de que de aprobarse la reforma en ese sentido, implicaría la centralización de facultades, haciendo a un lado las obligaciones de los estados y de los municipios.

Y aquí nace entonces también mi inconformidad. Por qué para estos temas que vulneran los derechos de los pueblos indígenas sí se preocupan. Por qué cuando se trata de la recaudación, por ejemplo, lo del catastro, ahí sí le quitan facultades a los municipios y a los estados.

Entonces, hay una contradicción, según el pacto federal, pues entonces nosotros ahí hacemos la observación y la crítica. Pero cabe, en este espacio, también hacer una denuncia, yo quiero hacer una denuncia en esta tribuna, de lo que está sucediendo en el estado de Oaxaca. Hoy estamos discutiendo que ahora sí el reconocimiento de la lengua indígena y que la gente debe saber qué se les está diciendo.

Bueno, en Oaxaca ocurre que la cámara local, la legislatura local ha desacatado vilmente las órdenes que dan los tribunales en materia electoral. En Oaxaca tenemos 22 municipios que hoy por hoy están gobernados por administradores municipales que son cuota de los partidos políticos en la cámara local.

Esto está provocando, entonces, en nuestros 22 municipios que se rigen bajo los sistemas normativos internos, que están gobernados por gente que no los entiende. Las comunidades que están en conflicto hoy, no es que estén en conflicto las comunidades, simplemente los partidos políticos cuando no alcanzaron ahí una comisión en la cámara local, se dicen entre ellos, no te preocupes, hay un municipio que va a necesitar un administrador.

Se ha vuelto un negociazo porque el recurso federal, el Ramo 28, el Ramo 33 están siendo también gastados a su libre albedrío. Esto significa que hay un saqueo de las arcas municipales, no hay servicios, la recolección de basura, el servicio del alumbrado público, la seguridad pública, la atención a las comunidades no se está dando.

Y es un tema que, sí desde aquí hago un llamado a las diputadas y a los diputados locales de Oaxaca, a que ya atiendan, que se dejen de andar repartiéndose como si fueran espacios dentro de sus comisiones o dentro de sus partidos, a los municipios de Oaxaca, porque están definitivamente cometiendo un acto inconstitucional, violando los derechos humanos de nuestras mujeres y nuestros hombres de Oaxaca. Argumentan que no hay condiciones para llamar a elección y son los administradores municipales quienes están cometiendo todo acto ilícito en estas comunidades.

Por eso es que aprovecho este espacio como diputada oaxaqueña, porque ya estoy cansada de los abusos de los de la comisión política de la Cámara local de Oaxaca. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Gracias, diputada. Antes de continuar con la fijación de posturas, esta Cámara de Diputados saluda al grupo de personas del municipio de Celaya. Invitados del diputado Jesús Oviedo Herrera.

Asimismo, a los alumnos de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Invitados por la diputada Martha Leticia Sosa Govea. De igual forma a los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. Invitados del diputado Fernando Belaunzarán Méndez. Sean ustedes muy bienvenidos.

Continúa la fijación de posturas, con el diputado Amilcar Villafuerte Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo:Con la autorización de la asamblea. Me refiero en este mismo acto a la postura que el instituto político al cual pertenezco, tiene respecto a dos dictámenes que sin duda están entrelazados.

Me refiero a los que implican cambios a los artículos 4 y el numeral 6 del artículo 16 y al 1, 3 y 11, así como a la fracción I del artículo 13, todos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En ambos casos se trata de enmarcar una realidad que implique igualdad ante el lenguaje, las lenguas y actos del habla.

En este sentido votaremos a favor de ambas propuestas porque todas las personas son iguales y tomar en consideración la dignidad de cada uno de los seres humanos –en este caso refiriéndonos al sector indígena–, la dignidad identifica no a los hombres y a las mujeres entre ellas ni tampoco a los ciudadanos entre sí, sino a todo ser humano.

Es aquella referencia mental que identifica mis cualidades, mis deseos, necesidades y en fin, todo aquello que me cataloga como humano con otro de mi misma especie, independientemente del género masculino o femenino, edad, capacidad racional o no.

Uno de estos pensamientos de identificación tiene que ver con el lenguaje el cual genera identidad, pues me hace formar parte de grupos y me posibilita a vincularme con otros. Además proporciona relaciones, ya que por el contenido de las ideas que doy en cada conversación mi relación será más enriquecida o menos en la medida que mi lenguaje seduzca o vincule.

De igual manera, genera relaciones pues éstas se solidifican en alta calidad o baja a través de las conversaciones. En este mismo sentido, el lenguaje permite celebrar compromisos y gracias a éstos podemos trabajar sabiendo que hay fines que no puedo concretar en mi individualidad pero sí a través de la ayuda de otros.

El lenguaje permite realizar posibilidades, es decir poder trazar un futuro. En fin, todo el mundo está impregnado del poder del lenguaje. No en vano éste ha sido objeto de estudios de quienes han dejado huellas profundas en el contexto universal de la ciencia.

En relación a todo lo precedente, los dictámenes sometidos en este instante a la consideración de los diputados de esta LXII Legislatura, tienen como valor realzar la igualdad entre las personas por la dignidad reconociendo a la nación mexicana como pluricultural. En México existen varias naciones además de la mexicana, que es la englobadora de las demás. Asimismo darle un carácter de identidad e igualdad bajo todo contexto a las lenguas de México y que hablan varios de nuestra población.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México aprecia de modo positivo promover las lenguas indígenas en un uso cotidiano, respetar los derechos lingüísticos a favor de éstas, reconocer la diversidad de las mismas, respetarlas y reconocerlas.

Por ende emitiremos el voto positivo a esta digna y justa transformación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, convencidos de que la igualdad entre seres, es uno de los pilares torales para el crecimiento del país y el respeto de los derechos fundamentales. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Gracias, diputado. Por el Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra el diputado José Higuera Fuentes.

El diputado José Higuera Fuentes:Con su venia, señora presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, de igual manera que el diputado que me antecedió en la palabra, vengo a esta tribuna a nombre de mi grupo parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática, a presentar la postura sobre dos dictámenes que están en discusión.

El primero, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o., y el numeral seis del artículo 16, y el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 3 y 11, así como la fracción I del artículo 13, ambos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Estas reformas que hoy estamos discutiendo tienen implicaciones de fondo, principalmente para el sistema de procuración de justicia mexicano, para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Inali y para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y para cada una de las instituciones de la Administración Pública Federal.

Quiero aprovechar este momento para resaltar la relevancia –a manera de ejemplo– que se tendrá para las dos instituciones en mención, que deberán salvaguardar y garantizar que la nación conozca que las lenguas indígenas son lenguas nacionales igual que el español.

Eso significa que las lenguas de México, tanto el español como el mixteco o náhuatl, tienen la misma validez jurídica sin importar que estén los habitantes de alguna lengua dentro o fuera de sus comunidades.

Ya es tiempo que el Inali se ponga a trabajar y diseñe verdaderas políticas públicas que sean eficientes y den resultados. Que le quede claro al titular del Inali, que no es cuestión de recursos económicos, sino de hacer respetar y de que se respete lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Basta de hacer conmemoraciones ostentosas y folklóricas en el Día Internacional de la Lengua Materna que se celebra cada año el día 21 de febrero.

Los pueblos indígenas requieren de políticas públicas que salvaguarden sus derechos lingüísticos y no de acciones que financien reuniones para los amigos del titular del Inali o del secretario de Educación Pública.

Por citar un ejemplo, tenemos la lamentable situación en que viven los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, que no sólo se trata de una explotación laboral de violencia, de acoso sexual hacia las mujeres por parte de los patrones o encargados de los ranchos, del trabajo infantil, de analfabetismo, etcétera.

Se trata del fondo de un problema estructural en el que son corresponsables las instituciones encargadas de hacer efectivos los derechos indígenas, tal como el acceso a intérpretes y traductores que les permita a nuestros hermanos indígenas demandar por sus derechos, defender lo que les corresponde, alzar la voz y ser escuchados.

Pero este vacío de las instituciones nos demuestra una vez más que no existe acceso a la justicia en esa región, que los derechos humanos básicos, como es el derecho a la comunicación, se encuentran socavados.

En el caso del Inali, no sabemos qué ha hecho todos estos años para evitar el analfabetismo de los pueblos indígenas o, ¿Acaso la política de esta institución es impedir el desarrollo propio de las lenguas indígenas, pues la omisión ante un deber es una responsabilidad igualmente grave?

El Inali es el responsable directo de la pérdida de los idiomas indígenas, las estadísticas lo dicen: en lugar de que haya más hablantes indígenas, los censos de población reportan una disminución.

En el censo de 1990, el porcentaje de la población que habla una lengua indígena respecto a la población total fue de 7.5 por ciento., mientras que en el censo de 2010 se redujo al 6.6 por ciento. Sin lugar a dudas el Inali tiene que cambiar su política pública y, en su caso, cambiar la cabeza de la institución por este genocidio estadístico.

Coincidimos con los dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas, ya que con estas reformas se reconocerá que el español y las lenguas indígenas tendrán la misma validez en todo el territorio nacional y ante cualquier instancia del Estado, situación que dignifica el valor de la lengua misma más allá del territorio donde ésta se aplique, pues de lo contrario sería tanto como coartar el derecho de expresión a una delimitación geográfica, siendo que es un derecho humanos inherente a la persona donde quiera que ésta se ubique.

Asimismo, esta reforma salvaguarda y armoniza lo establecido en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de nuestra Carta Magna, donde se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, para lo cual se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, teniendo en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura, a fin de garantizar que en todos los juicios y procedimientos su debida defensa.

Por otro lado, debemos hacer consciencia de que el reconocimiento de la lengua indígena no es sólo injerencia de las comunidades y pueblos indígenas, sino de todos los mexicanos en tanto forma parte de nuestra cultura.

De ahí que de igual manera quiero aprovechar este momento para hacer un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones en esta materia, sobre todo a sus comisionados y al presidente del instituto, para que –de acuerdo a sus atribuciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión– las lenguas indígenas como lenguas nacionales, igual que el español, sean parte de los contenidos ofrecidos por los concesionarios como un uso obligatorio, a fin de salvaguardar –entre otros– el derecho...

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Concluya, diputado, por favor.

El diputado José Higuera Fuentes: De las audiencias, consagrados en la fracción I del artículo 256 de dicha ley, que establece que son derechos de audiencia recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural y lingüístico de la nación, derechos que conforme al artículo deben garantizarse en los códigos de ética que emitan los concesionarios de radio difusión o de televisión o audio restringidos, en apego a los lineamientos que emita el Instituto, los cuales deberán asegurar el cumplimiento de los derechos de información de...

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Diputado, ya concluyó su tiempo. Le pido por favor que termine.

El diputado José Higuera Fuentes: ... en término de los artículos 6 y 7 de la Constitución. En este sentido, diputadas y diputados, los invito a votar a favor de los dictámenes en discusión a fin de salvaguardar las lenguas nacionales de los pueblos indígenas y con ello los derechos lingüísticos, la diversidad, el plurilingüismo de nuestros pueblos. Muchas gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Francisca Rosario Arana Lugo, del Partido Acción Nacional.

La diputada Francisca Rosario Arana Lugo:Con su permiso, señora presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Para Acción Nacional la práctica democrática como forma de vida debe atribuir prioridad doctrinal y lo aplica a los grupos que más necesitan comprobar sus resultados positivos.

Por ello, para nuestro Grupo Parlamentario el derecho no es una norma rectora destinada exclusivamente a quienes han tenido oportunidades de desarrollo, sino una urgencia imperiosa de ofrecer a los pueblos y comunidades indígenas oportunidades para adquirir conciencia de nacionalidad y ejercitar sus prerrogativas por encima de cualquier barrera étnica y cultural.

Así como parte de los derechos que cualquier individuo debe gozar, está el de escuchar su lengua, ser atendido en ella, recibir educación y ser reconocido como hablante de cualquier lengua.

No obstante lo anterior, debido a la poca difusión y valoración de la diversidad lingüística y cultural como patrimonio de la humanidad que debe preservarse. Hoy en día en nuestro país se sufre un proceso de pérdida de la lengua indígena y de la escasa garantía de igualdad en su uso y ejercicio. En la información censal para 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se señala que en algunas lenguas indígenas el peso porcentual de los niños hablantes es bajo. Por lo que corremos el riesgo de que las nuevas generaciones no aprendan la lengua indígena y paulatinamente esta tienda a desaparecer. Lo cual es muy importante para nuestra nación poderla conservar.

Tal es el caso de los hablantes de lengua maya y otomí, en los que se observa que sólo uno de cada 10 niños, de 3 a 14 años son los que la practican.

Compañeros, asimismo se informa de otras situaciones, en las que el monto de población hablante de lenguas indígenas es tan pequeñito, que corren el riesgo de desaparecer.

Al respecto, en información del 2010 hay registro de 37 lenguas, las cuales se practican por un escaso número en la población. De tal manera que la proporción que tenemos para que hablen es muy poca. Tal es el caso que de estas 37 lenguas 19 son utilizadas por menos de 100 personas; 7 de estas lenguas las manejan entre 100 y 200 personas, mientras que el resto, que son 11, su práctica oscila entre 200 y mil personas. Es por ello la imperiosa necesidad de trabajar para que se practique más estas lenguas indígenas.

Por ello, en el reconocimiento que la injusticia y la violencia a los derechos humanos se da por poca o por nula validez que se le da a las lenguas indígenas, que son ubicadas en la población de desventajas frente al español.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional dará su voto a favor del dictamen que hoy se discute. Lo haremos así, por los generosos objetivos que persigue al reformar, por una parte, el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a fin de establecer que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez.

Y por otra, el artículo 16, para actualizar la nomenclatura del Instituto Nacional Indígena por el de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, creada por derecho de la ley, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2003 y que sustituyó al Instituto Nacional Indigenista. Les digo de nuevo, diputados y diputadas, Acción Nacional considera que el Estado de derecho debe utilizar la ley como instrumento de elevación humana y no como pretexto de abandono y de discriminación, como es el caso.

Por ello, reconociendo que este dictamen transmite el sentimiento de que las lenguas forman parte de la herencia de la humanidad, estamos seguros que el mismo contribuirá no sólo para privilegiar el rescate de las lenguas indígenas, sino también a consolidar las políticas en la materia, que son las de promover y consolidar el uso de las lenguas indígenas.

Por último, con el fin de que las reformas por aprobarse no queden sólo en el tintero, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hace un llamado a los tres Poderes, para realizar acciones que conduzcan a la población originaria a conquistar más y mejores espacios, en los que refiere al ejercicio de sus derechos lingüísticos. Pero también a que se consoliden las políticas lingüísticas mexicanas, explorando espacios que garanticen su igualdad, uso y ejercicio. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Gracias, diputada. Por último, tiene el uso de la palabra la diputada Shantall Zepeda Escobar, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Shantall Zepeda Escobar:Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.

“En la ciudad casi no lo hablo, porque siento la discriminación. La gente me voltea a ver cuando lo hablo y no me gusta. Hablo mi lengua solo con mi familia y algunos amigos, pero preferimos hablarlo en casa”. Es el testimonio de Carmen Patricio, mujer indígena mije. Relatado por el periodista César González al hablar de autocensura, exilio y la discriminación que obliga al confinamiento de las lenguas indígenas en los hogares.

El fomento de las lenguas indígenas es parte medular en las labores de la preservación, de la diversidad cultural propia de toda nación y el patrimonio inmaterial de la humanidad. Las lenguas maternas, como ha señalado la Conferencia General de la Unesco, constituyen el primer vector de identidad cultural y favorecen el desarrollo de la creatividad, la capacidad de comunicación y la elaboración de conceptos.

La lengua, siendo la forma básica de organización del pensamiento es el primer elemento para la formación de una visión del mundo y el sustrato básico de la cultura particular de sus hablantes.

La forma en que una sociedad enfrenta y resuelve sus problemas deriva en formas particulares de concebir la política, la economía, la filosofía, y en general, el entorno adyacente que se expresan principalmente en su lenguaje.

Es de reconocerse que si bien existen mecanismos institucionales y normativos importantes para el reconocimiento y el fomento de los pueblos indígenas, su lengua y su cultura que se han desarrollado principalmente en las dos últimas décadas, los problemas de discriminación y exclusión persisten.

Por lo tanto es necesario perfeccionar los instrumentos para que las políticas y mecanismos de impulso se fortifiquen. En esa tesitura consideramos valiosas las modificaciones normativas que aporta este dictamen, que elimina la limitante que actualmente existe en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, al contener la validez de las lenguas indígenas al territorio, localización y contexto en que se hablen.

Reconocer expresamente que las lenguas indígenas, en tanto lenguas nacionales tienen simple y llanamente la misma validez que el español, amplía el alcance de este dispositivo normativo en el que se reconoce la importancia del derecho a la lengua y a su ejercicio pleno.

Como grupo parlamentario del PRI reconocemos también que son necesarias acciones para avanzar en otros temas específicos, tales como el acceso a la justicia, el fortalecimiento de los mecanismos institucionales y la difusión de la realidad, diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana en los medios de comunicación.

Nos parecen adecuadas las consideraciones que como comisión dictaminadora valoró en el sentido de que algunos de los puntos contenidos en la iniciativa no eran idóneos. Al respecto nos reiteramos en la convicción de que mientras en este país se siga usando llamar a otro indio y se vuelva la cabeza con extrañeza al escuchar la grata, dulce y armoniosa sonoridad de quienes hablan con otros tonos, acentos y cadencias, habrá materia y necesidad de seguir trabajando hacia el pleno reconocimiento y respeto de los pueblos y comunidades indígenas.

Irma Pineda, poeta zapoteca, dice que las lenguas maternas no necesitan súper héroes sino hablantes. Bajo ese convencimiento nos manifestamos a favor en la seguridad de que el trabajo para la preservación de las lenguas indígenas favorece, no solo a éstas sino a toda la cultura mexicana. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, compañeros y compañeras legisladoras.

La Presidenta diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Gracias, diputada.

De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para que se proceda a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con la modificación aceptada por la asamblea.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto y con la modificación aceptada por esta asamblea.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

La diputada Brisa Esmeralda Céspedes Ramos (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro González Hinojosa (desde la curul): A favor.

La diputada María Merced León Andablo (desde la curul): A favor.

La diputada Hermelinda Martínez Martínez (desde la curul): A favor.

La diputada Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez (desde la curul): A favor.

La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: ¿Algún diputado o diputada que falte por emitir su voto? Señor presidente, se emitieron 392 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.

Presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia, queda aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 4o y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

INICIATIVA DE SENADORES Y DIPUTADOS

EXPIDE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR, LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO, CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Se recibió de senadores y diputados integrantes de la LXII Legislatura iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.(*)

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o., 3o., 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 3 y 11, así como la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

Metodología

La Comisión de Asuntos Indígenas encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

II. En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

III. En las “Consideraciones”, esta comisión realiza los argumentos de valoración lógico-jurídicos, así como los razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen.

I. Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el pasado 27 de noviembre de 2014, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa que reforma los artículos 1, 3, 11 y la fracción I, del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. El 28 de noviembre de 2014, la Comisión de Asuntos Indígenas recibió de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dela LXII Legislatura, la iniciativa de referencia para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 62-II-5-2155.

II. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como objeto promover la importancia de preservar y usar la lengua materna indígena nacional, bajo un contexto de respeto y reconocimiento.

Para esto, el diputado Ricardo Mejía Berdeja pretende reformar los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas como se expone en el siguiente cuadro comparativo:

Texto vigente

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional.

La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana.

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

Artículo 13. ...

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas;

II. a XV. ...

Texto propuesto

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas, privilegiando el uso cotidiano y libre de la lengua materna bajo un contexto de respeto.

Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana.

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su lengua; así como el respeto a la práctica y uso de la lengua materna. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

Artículo 13. ...

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las lenguas maternas indígenas nacionalesde las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas;

II. a XV. ...

III. Consideraciones

Primera. Que de acuerdo con la información que publica la UNESCO, respecto a la situación actual de las lenguas indígenas en el mundo, indica que “en México, al menos 14 lenguas menores están en serio peligro o ya moribundas en el país y cuatro o cinco más con un número ‘sustancial’ de hablantes, también corre riesgo de desaparición”, por lo que estos datos, nos llaman la atención y son punto de referencia para impulsar acciones a favor de fomentar y preservar el uso de las Lenguas Indígenas de nuestra Nación.

En este sentido, es que esta comisión dictaminadora considera que la propuesta de iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas es oportuna y relevante para cumplir con el objetivo de inhibir la desaparición de las Lenguas Indígenas y sus variantes.

Segunda. La iniciativa de reforma propone incluir el término de lenguas maternas a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en sus artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13, sin embargo esta comisión dictaminadora considera que es pertinente valorar lo que establece el artículo 2 de la Ley que nos ocupa, que a la letra dice:

Artículo 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación.

Como se observa, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece la definición de lenguas indígenas, sin que en algún otro precepto legal se observe la existencia del concepto o término de lenguas maternas.

Bajo estos términos y considerando que de aprobarse la inclusión del término lenguas maternas en los preceptos antes señalados, se estaría redundando en los términos de lenguas maternas indígenas con lenguas indígenas; en este sentido, resulta innecesaria la inclusión del término lenguas maternas indígenas a los artículos 1, 3, 11 y fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Tercera. Con relación a la reforma al artículo 1 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas es oportuna y apropiada aprobar la propuesta, en virtud de que actualmente las lenguas indígenas son válidas al igual que el español para cualquier asunto o trámite, además, de que es un derecho fundamental el hablar en alguna lengua indígena.

En este sentido, esta comisión dictaminadora considera que es procedente la modificación propuesta, con algunas precisiones de redacción, a fin de dar mayor claridad, por lo que se propone el siguiente texto:

Texto de iniciativa

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas, privilegiando el uso cotidiano y libre de la lengua materna bajo un contexto de respeto.

Texto de dictamen

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos.

Cuarta. Referente a la propuesta de reforma al artículo 3 de la iniciativa en estudio, que pretende sustituir el término pluralidad por diversidad, esta Comisión considera que este cambio es viable, en virtud de que reforzaría la existencia de una diversidad lingüística que existe en México, que se distingue por sus rasgos sonoros, escritos, su organización y su variación de idiomas.

Por lo anterior, esta comisión estima procedente en sus términos, la reforma al artículo 3 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana.

Quinta. Con relación a la reforma al artículo 11 de la Ley General en estudio, esta comisión considera que es viable la propuesta de reforma, con la finalidad de realizar acciones a favor de abatir la discriminación, en este sentido, resulta oportuno incluir el respeto a la práctica y uso de la lengua indígena en el sistema educativo nacional, para que desde la formación básica se inculque el respeto a la diversidad cultural y se fomenten la preservación de nuestro acervo lingüístico.

Bajo estos términos, los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas consideran procedente la modificación al artículo 11 de la ley en comento, con la propuesta de redacción siguiente:

Texto de iniciativa

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su lengua; así como el respeto a la práctica y uso de la lengua materna. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

Texto de dictamen

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

Sexta. Por último, con relación a la propuesta de reforma al artículo 13 fracción I de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que pretende incluir en la elaboración de los planes y programas de los tres órdenes de gobierno, el respeto y reconocimiento de las lenguas indígenas nacionales, se considera que es viable, con la finalidad de que en la planeación del Estado se formulen políticas públicas para el fortalecimiento de las lenguas indígenas.

En virtud de lo anterior, se considera procedente la reforma a la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con la sigue propuesta de redacción:

Texto de iniciativa

Artículo 13. ...

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las lenguas maternas indígenas nacionalesde las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas;

II. a XV. ...

Texto de dictamen

Artículo 13. ...

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo, bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas;

II. a XV. ...

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados sometemos a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos.

Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana.

Artículo 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

Artículo 13. ...

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas;

II. a XV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2015.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías, Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Fernando Zamora Morales, Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Roberto López Rosado, Emilse Miranda Munive (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro, María Rebeca Terán Guevara, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Francisca Rosario Arana Lugo (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica).»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza:Gracias, presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Gracias, presidente. Hoy la Cámara de Diputados ha dado un paso firme hacia la inclusión de las lenguas maternas como palanca para el despegue cultural y la unidad de México. La Comisión de Asuntos Indígenas, que me honro en presidir, ha presentado para su discusión y, en su caso, aprobación ante este pleno una modificación a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para hacer de la lengua una referencia de identidad y orgullo para todos y cada uno de los que habitamos este país.

No queremos que la ley sea letra muerta, al igual que cientos de lenguas indígenas. Sólo así podremos eliminar la discriminación, la exclusión social que aún subsiste con gran fuerza en muchos ámbitos de desarrollo nacional.

No importa la forma en la cual nombremos a la madre tierra o de cuántas maneras distintas pronunciemos los elementos del universo o incluso si nuestra cosmogonía nos sirve para narrar el mito de la creación a partir de la mezcla del barro o el aliento divino de la montaña.

Mis compañeros que integramos la Comisión de Asuntos Indígenas ponemos a consideración de este pleno cinco artículos de modificación a la Ley General de Derechos Lingüísticos.

Entre las reformas aprobadas se propone modificar el artículo 1o. para ser explícito el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas bajo un contexto de respeto a sus derechos.

Asimismo, se reforma el artículo 3o., estableciendo que la diversidad de las lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana.

También se propone modificar el artículo 11 para garantizar la práctica y uso de su lengua indígena, asimismo incluir las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas.

Por eso hoy vengo ante esta soberanía a solicitar su apoyo para aprobar el dictamen como una oportunidad extraordinaria para revalorar nuestra herencia cultural común y para avanzar en el respeto y en el reconocimiento a las identidades de las naciones indígenas, en donde se conjuga la riqueza de nuestras tradiciones ancestrales con la vigencia de los derechos humanos de todos los grupos sociales que ellos conviven, especialmente el de las mujeres. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.

Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos para fijar postura, al diputado Juan Luis Martínez Martínez, de Agrupación Morena. Adelante, diputado.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, el respeto y reconocimiento de las lenguas indígenas no es sólo un deber legislativo, ante todo se trata de un imperativo moral nacional, pues es indudable que su aportación y tradición fueron elementos insustituibles para entender lo que hoy conocemos como nación mexicana.

En el contexto de la globalización y la mundialización, la propuesta que hoy se discute destaca poner a nivel constitucional la protección y promoción del uso de la lengua materna de todos los grupos indígenas de nuestro país.

Si bien es cierto que es un paso trascendente, tampoco es suficiente. Hemos conocido por los diferentes medios de comunicación casos en los que, de manera deplorable, nuestros connacionales son tratados de manera diferenciada como si se tratara de otro estrato social.

Hemos sido testigos del trato inhumano que se les da a nuestros hermanos indígenas de las diversas etnias. El caso más sonado y más reciente como el maltrato que sufrieron nuestros hermanos indígenas en San Quintín, Baja California.

Los datos y cifras que aporta la Coneval no es más que sumas estremecedoras, en donde la población indígena enfrenta más carencias para su pleno desarrollo. No obstante la negativa de las políticas públicas para acceder a los diversos programas sociales.

Uno de ellos el caso de la vivienda. La población nacional con problemas para obtener estos legítimos espacios, es poco mayor al 10 por ciento, en tanto la proporción de la población indígena que enfrenta estas serias dificultades es cercana al 40 por ciento.

En cuanto al rezago educativo, no es un tema menor, este es cercano al 20 por ciento entre la población en general. Por el contrario, entre los indígenas llega casi al 50 por ciento. Es decir, históricamente sigue prevaleciendo esta gran deuda histórica con este importante sector, con este grandísimo mosaico cultural que forma parte de nuestro país y que por siempre han vivido en la exclusión social y la marginación y la discriminación.

Importantes esfuerzos se han hecho para contrarrestar esta tendencia y quizás en el corto plazo no veamos un cambio de manera significativa. Pero tampoco se trata de buenas intenciones, sino que se trata también de darle una atención inmediata, que realmente se requiere para nuestros pueblos originarios, también que se reconozca que la población indígena es parte de la estabilidad de nuestro país.

Por eso decimos que no se trata también de decir una falsa retórica, hablar con mucha demagogia, porque los indígenas lo que requieren es atención inmediata a sus legítimas demandas.

Por eso es que desde esta tribuna decimos ahora que se avecina un proceso electoral, ya no utilizar más a nuestros hermanos indígenas como trampolín político, utilizarlos como carne de cañón, sino que debemos como actores políticos y funcionarios públicos involucrarnos en las políticas públicas, a fin de que nuestros hermanos tengan una vida más digna y también sus herederos accedan a los legítimos programas que las diversas dependencias tienen y que históricamente han sido excluidos en su totalidad. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna al diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, diputado, hasta por cinco minutos.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con el permiso de la Presidencia y de todas y todos los legisladores presentes.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.

El diputado José Angelino Caamal Mena: El pleno respeto y difusión de las lenguas indígenas es una acción de justicia para nuestra propia cultura. Para quienes han constituido a esta gran nación, nuestro país tiene como patrimonio lingüístico 364 variantes pertenecientes a 11 familias lingüísticas que hablan nuestros 68 pueblos indígenas.

Por ello, el dictamen que hoy se somete a consideración del pleno, es importante para tener el uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos y la diversidad.

Asimismo, es importante garantizar que las autoridades educativas federales de las entidades federativas, proporcionen a la población indígena un acceso a la educación obligatoria bilingüe e intercultural, adoptando las medidas necesarias para que el sistema educativo asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como la práctica y uso de su lengua indígena.

Es cierto que ya contamos con algunos instrumentos jurídicos institucionales y presupuestales para dar cumplimiento al artículo 2o. constitucional, pero el verdadero reto es que estos instrumentos se apliquen para dar un efectivo cumplimiento al principio de multiculturalidad que reconoce nuestra Carta Magna.

Este año, la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, en la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero pasado, nos convocó bajo el lema “Inclusión en y a través de la educación, los idiomas cuentan”.

Es tal la diversidad lingüística, que el Censo de Población y Vivienda del año 2005, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, reportó que había aproximadamente 6 millones 100 mil personas hablantes de alguna indígena. Mientras que en el censo de 2010 reporta que casi 7 millones de habitantes de tres años y más hablan alguna lengua indígena. Esto indica un incremento de 900 mil habitantes con respecto al número de hablantes del año 2005.

A pesar de estos datos, es preocupante que 100 de las 364 variantes lingüísticas estén en peligro de desaparecer.

En particular, quiero llamar la atención de los legisladores y las legisladoras de esta LXII Legislatura, sobre la situación que vive la lengua maya en mi estado natal, que es Campeche. Ya que más de 70 mil hablan maya, de un total de más de 822 mil habitantes, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, publicado por el Inegi. Esto significa claramente, que alrededor del 10 por ciento de la población habla maya.

Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza nos pronunciamos a favor de la suma de esfuerzos bajo el lema, inclusión a través de la educación.

Sin duda, la preservación de las lenguas indígenas, cualesquiera que éstas sean, deben estar intrínsecamente ligadas a la política educativa del país, y deben desarrollarse en un contexto de respeto y aprecio a nuestra diversidad. Votaremos a favor del presente dictamen, ya que representa un avance en el acceso efectivo a los derechos culturales de todos los mexicanos, en especial de aquellos cuya lengua está en condiciones de riesgo. Debemos ir más allá del discurso y hacer posible un México con inclusión, desarrollo humano intercultural.

No podemos dejar de un lado la gran tarea pendiente, la gran deuda ancestral que tenemos con nuestros pueblos indígenas. Y solamente para concluir señalo que de los más de 15 millones de mexicanos de pueblos indígenas, nuestras hermanas y hermanos, el 80 por ciento viven en la pobreza y la pobreza extrema. El 30 por ciento no tienen acceso al agua potable. El 30 por ciento no tienen acceso a la educación básica, no por su propia voluntad sino porque el Estado no ha cumplido con esta tarea.

Asimismo, es lamentable que el 60 por ciento en proporción, de los niños de origen indígena, estén propensos a morir antes de cumplir 5 años de edad, en comparación de los que no son de origen indígena. La tarea es grande, la convocatoria nos llama a cerrar filas, a sumar agendas y voluntades para darle a México una política de inclusión donde el respeto al derecho humano esté garantizado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Esta Presidencia saluda a alumnos de contabilidad de la Universidad de Querétaro. Invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Bienvenidos. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, al diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Compañeras y compañeros legisladores. La Comisión de Asuntos Indígenas del cual formo parte, de esta Cámara de Diputados, ha hecho llegar al pleno de esta soberanía un dictamen acerca de un proyecto de decreto mediante el que se reforman los artículos 1, 3 y 11, así como la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, referentes a armonizar y precisar las normas establecidas en el texto de la ley en comento.

La comisión llevó a cabo un acucioso estudio de la iniciativa, presentada por nuestro compañero Mejía Berdeja, realizando en algunos casos precisiones acerca de las armonizaciones que contiene la iniciativa, que llevan a aclarar la idea del legislador para promover la importancia de preservar y usar la lengua materna indígena nacional bajo la perspectiva de respeto y reconocimiento a los pueblos originarios de México.

La cuestión de la importancia de preservar y usar la lengua materna nacional cobra especial preponderancia porque debemos coadyuvar a que se respeten y reconozcan los usos y costumbres de los pueblos originarios. En este sentido la opinión de la Unesco es muy valiosa, al aseverar que respecto a la situación actual de las lenguas indígenas en el mundo en nuestro país al menos 14 lenguas menores están en serio peligro o moribundas en el territorio mexicano y cuatro o cinco más se mantienen con un número apenas sustancial de habitantes que también corren el riesgo de desaparecer.

En ese ejercicio, la iniciativa del promovente y las consideraciones de la comisión se amalgaman para presentar un texto redondeando en ánimo de dar certeza y precisión al contenido de la ley.

Respecto al artículo 1 de la ley, la iniciativa propone adicionar al final del mismo la frase privilegiando el uso cotidiano y libre de la lengua materna bajo un contexto de respeto. La comisión propone, bajo un contexto de respeto a sus derechos, que se estima viable y adecuado a las circunstancias.

En cuanto al artículo 3o. de la ley, la propuesta del compañero diputado consiste en cambiar el término pluralidad por el de diversidad, lo que constituye un reforzamiento a la existencia de una diversidad lingüística que recae en la estimación de que esta propuesta es viable.

En referencia al artículo 11, la iniciativa pretende adicionar en el cuerpo del párrafo que lo constituye al término de la frase que termina en el respeto a la dignidad e identidad de las personas, incorporar lo siguiente: así como el respeto a la práctica y uso de la lengua materna. La comisión propone una modificación de forma para quedar como sigue: Así como a la práctica y uso de su lengua indígena, que también se estima viable.

Por último, respecto a la fracción I del artículo 13, la iniciativa propone al término de la frase protección, preservación, promoción y desarrollo, la correspondiente a: bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las lenguas maternas indígenas nacionales, eliminando la de las diversas lenguas indígenas nacionales. La comisión propone que la pretendida frase el promovente, se modifique para quedar como sigue: bajo un contexto de respeto y reconocimiento, que estimamos es procedente.

Como se aprecia, las modificaciones planteadas por el compañero promovente y los cambios sugeridos por la comisión, son viables y adecuados para precisar los conceptos de la ley en lo conducente.

En mérito de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Héctor Hugo Roblero. Esta Presidencia saluda a maestros y a alumnos que cursan el sexto semestre del nivel medio superior en el Colegio Fray Luis de León, AC, San José Iturbide, Guanajuato, invitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenidos.

Se le concede el uso de la tribuna –hasta por cinco minutos– al diputado Carlos Guzmán Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; adelante, diputado.

El diputado Carlos Bernardo Guzmán Cervantes:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el presente dictamen es relevante porque reconocemos que la esencia de un país, de un pueblo, y de un individuo, se refleja en la práctica y uso de la lengua; que cada lengua nos enseña una visión particular del mundo, posee un conocimiento tradicional a través del cual se reproducen valores, creencias, instituciones, formas particulares de organización social y expresiones simbólicas que dan pie a la expresión de la diversidad cultural.

A través del presente dictamen se pretende reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con el fin de establecer el uso cotidiano de las lenguas indígenas bajo un contexto de respeto a sus derechos, de señalar que la diversidad de las lenguas indígenas es de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana, y de instituir que deberán promoverse dentro de los planes y programas en materia de educación y cultura indígenas, políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales bajo un contexto de respeto.

Acción Nacional reconoce la importancia del dictamen hoy discutido, ante el hecho de que en México existen 364 variantes lingüísticas, provenientes de 68 agrupaciones y derivada de 11 familias lingüísticas reconocidas en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, y ante los datos que reporta el Programa Institucional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ProInali 2014-2018, cuando señala que todas las lenguas indígenas se enfrentan –en distintas magnitudes– con el riesgo de desaparecer; 64 variantes presentan un riesgo extremo; 43 tienen un riesgo alto; 72 un riesgo mediano y 185 un riesgo no inmediato.

Al respecto la UNESCO considera que la lengua de una comunidad está en peligro cuando un 30 por ciento de sus niños no la aprende, y cita entre las razones para que esto ocurra, el desplazamiento forzado de la comunidad, el contacto con una cultura más agresiva o acciones destructivas de los miembros de una cultura dominante.

También estima que el riesgo de pervivencia de un idioma no depende sólo de cuántos habitantes tiene, sino también de los de otras lenguas del entorno culturalmente agresivas.

Por ello, en nuestro país, constituye un enorme reto el brindar la debida atención a las necesidades de los hablantes de lenguas indígenas, y a quienes se autodescriben como indígenas, pues es evidente que entre los factores favorecen la situación de desventaja para los hablantes de alguna lengua indígena, está la reducida de existencia de materiales escritos en sus lenguas y la falta de normas estandarizadas para su escritura, lo que acrecienta a menudo la dificultad de acceder a los servicios y a la educación en las lenguas.

Los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, al igual que la de todo el mundo, tiene el derecho a expresarse en sus respectivas lenguas en todos los actos de su vida pública, y los estados están obligados a reconocer ese derecho dictando las reformas legislativas tendientes a la oficialización de dichas lenguas.

Asimismo es necesario consolidar acciones y políticas que hagan valer los derechos de la población indígena a la educación, así como ahondar en el conocimiento, reconocimiento, valoración y promoción de la riqueza multicultural y multilingüe que nos caracteriza, además de avanzar en la alfabetización, el aumento en la escolaridad de los niños indígenas y la producción de libros de texto en lenguas indígenas.

Compañeras y compañeros legisladores, Acción Nacional votará a favor del presente dictamen porque consideramos que los pueblos y comunidades indígenas merecen garantías para ejercer su derecho a tener voz propia en todos los ámbitos de la vida nacional, derecho a preservar y desarrollar sus lenguas, derecho a una educación que tome en cuenta su acervo étnico, lingüístico y cultural.

Como legisladores, debemos tomar conciencia de que no puede haber igualdad mientras las lenguas y culturas indígenas sigan subordinadas, que no puede haber verdad mientras se siga negando su existencia, que no puede haber razón mientras no comprendamos que la diversidad es riqueza, y que no puede haber respeto mientras la discriminación persista.

Finalmente, no sólo la situación de los pueblos y comunidades indígenas mexicanos clama por un esfuerzo renovado de solidaridad humana, sino que también lo exige la naturaleza del Estado moderno. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Esta Presidencia saluda a alumnos de contabilidad de la Universidad de Querétaro, invitados por los diputados Marcos Aguilar Vega y el diputado Ricardo Anaya Cortés, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sean ustedes bienvenidos. Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos a la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Irina Bokova, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, aseguró que las lenguas locales constituyen la mayor parte de las lenguas que se hablan en nuestro planeta, pero también por desgracia son las más amenazadas a desaparecer.

Excluir las lenguas originarias significa coartar los derechos humanos fundamentales de quienes hablamos alguna lengua indígena. Pretender preservar las lenguas indígenas maternas no debe ser sinónimo de atraso ni motivo de discriminación en ningún ámbito de la sociedad, por el contrario, un Estado que reconoce a sus pueblos originarios es un Estado que enaltece su historia.

México es el país en el que convergen la mayor cantidad de las lenguas indígenas en América y hay alrededor de 21 lenguas que están en riesgo de desaparecer; y cuando éstas mueran morirán con ellas la sabiduría de nuestros ancestros, su historia y su cultura.

No es una cuestión de sentimentalismos el reconocimiento al derecho natural e inherente de quienes nacemos en una cuna indígena, es reconocer a quienes vieron llegar al conquistador y resistieron hasta estos días, aun contracorriente. La historia de nuestros antepasados es quedarse con tan sólo una milésima de las riquezas de las grandes culturas saqueadas desde los conquistadores hasta los burgueses de esta actualidad.

Si la UNESCO ha establecido fomentar la educación multilingüe, entendida por el uso en la educación de al menos tres idiomas, ¿Por qué no considerar la lengua indígena como un conducto de formación o aprendizaje en la educación de este país? De esto no habla la reforma educativa. Por ende, el Estado debe asumir la responsabilidad de preservar las lenguas indígenas.

Aprovecho este espacio también para invitar a quienes, como yo, hablamos alguna lengua, a que no sintamos vergüenza, hablarlo es algo que debe enorgullecernos. Es para nosotros la verdad una gran resistencia todavía estar hablando en nuestras comunidades alguna lengua.

Algunos creen que cuando lo hablan significa también dar a conocer su pobreza y su marginación, y ésa es una realidad pero no significa que porque hablemos una lengua ahora somos menos que otros. Nosotros creemos, los que aún lo hablamos, que este país a pesar de la globalización, a pesar de su modernización, no es un delito, no es un pecado hablar una lengua indígena; por el contrario, yo creo que preservamos gran parte de nuestra historia y hay todavía quienes en el gobierno, donde se deciden, donde se toman las grandes decisiones, quienes todavía nos tratan mal porque nos ven que hablamos una lengua.

Cuando vamos a una unidad médica y el médico no nos entiende, cree que no sentimos dolor. Por eso es que mi Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano va a votar a favor, y cómo no hacerlo también si lo ha propuesto nuestro compañero y amigo Ricardo Mejía.

Nosotros debemos, compañeras y compañeros de esta Cámara, no sólo aprobar este tipo de reformas, también debemos atender de a de veras que la pobreza de las comunidades indígenas hasta estos días se pueda remediar, que hagamos políticas públicas en favor de las mujeres y de los hombres que todavía resistimos en estos pueblos.

Ahora quisiera aprovechar para saludar a la gente que me está viendo seguramente, para decirles lo siguiente: Re t a na dondizne naa to liastana, che ninen, xhingd choncha na na tiolastana. Gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Aída Fabiola. Por último, se le concede el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, a la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.

La diputada Josefina García Hernández:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la reforma al artículo 2o. constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de agosto de 2001, reconoció la diversidad cultural de nuestra nación y los derechos de los pueblos originarios, representando así un nuevo paradigma en la nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas.

Esta reforma consistió en un paso dirigido a saldar los siglos de injusticia en contra de los pueblos indígenas, pero también fue un reconocimiento a la importancia que tiene este sector de la población en nuestro país.

Baste señalar que de acuerdo con el censo de población y vivienda del año 2010, más de 16 millones de personas son consideradas indígenas. Dada esta realidad, se requiere incrementar las prerrogativas de las comunidades y los pueblos indígenas.

El Estado es promotor y garante de la pluriculturalidad del país, por lo que para que la igualdad se logre deben tomarse en cuenta las características culturales de los indígenas en las relaciones jurídicas, sociales y políticas.

El día de hoy estamos discutiendo un dictamen que se inserta en este ámbito, pues lo que busca es fortalecer y preservar el uso de las lenguas indígenas a lo largo del territorio nacional. Se trata de un decreto que tiene como objeto consolidar la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas bajo un contexto de respeto a sus derechos.

Por ello desde esta tribuna adelanto que las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen que reforma los artículos 1, 3, 11 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Compañeros legisladores, el respeto de las diversas lenguas indígenas nacionales es primordial, toda vez que en esto va implícito el reconocimiento de nuestra riqueza cultural y diversidad, la reparación de injusticias históricas y la aceptación de la dignidad y persistencia de las luchas realizadas por los pueblos indígenas.

De lo que se trata es de asumir la importancia de nuestra herencia indígena, la cual es una raíz que no se ha secado, sino que permanece viva y en constante evolución, contribuyendo así a la grandeza de nuestra historia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Josefina García.

Para hablar en pro se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos a la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputada.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Compañeras y compañeros, el lenguaje, la palabra es el ser de un pueblo o una nación, es el poder supremo e infinito para el pensamiento.

Nuestro grupo parlamentario apoyará este dictamen por el que se reforma la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. La lengua es la esencia sobre la que descansa el alma y la cultura de un pueblo, es el eje fundamental de identidad, que determina la pervivencia de una comunidad en su particularidad.

Al lado de la destrucción del entorno natural, existe un proceso acelerado de destrucción del entorno cultural, al que confluyen múltiples factores. Más, el Estado mexicano, con la participación indispensable de la sociedad civil, deben sumar sólidos y claros esfuerzos para evitar que sigan extinguiéndose más lenguas indígenas en el país. Y por el contrario, impulsar su respeto, su uso, su difusión y su desarrollo como elemento de definición y enriquecimiento nacional.

Como bien señala la Unesco, cada lengua refleja una visión única del mundo y una cultura compleja que refleja la forma en la que una comunidad ha resuelto sus problemas en su relación con el mundo y en la que ha formulado su pensamiento, su sistema filosófico y el entendimiento del mundo que le rodea. Por eso, con la muerte y desaparición de una lengua se pierde para siempre una parte insustituible de nuestro conocimiento del pensamiento y de la visión del mundo.

Si bien, insisto, vamos a votar en favor del presente dictamen, manifiesto mi desacuerdo con el hecho de que no se haya introducido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el término de lengua materna, cuyo uso es impulsado por la propia Unesco y lo proponía la iniciativa que le dio origen, ya que este término pone de manifiesto el papel de las mujeres, y concretamente de las madres, en la entrega a las nuevas generaciones de su primer idioma.

Es decir, además de reconocer un hecho histórico y sociológico, el término lengua materna dignifica a las mujeres en el camino de su lucha por sus derechos.

Fuera de esta observación apoyamos que se consagren en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la necesidad de promover el uso cotidiano de las lenguas indígenas. Esto permitirá no solo supervivencia sino su desarrollo como lo que son, lenguas vivas con plena dinámica en su ser.

Lo que va de la mano de otra reforma, la de fortalecer el respeto a las lenguas indígenas en el sentido más amplio y concretamente, en su práctica, en su voz, que debe llenar con mayor presencia los hogares, las calles, las escuelas, los mercados, nuestras ideas.

En este punto debiera valorarse lo que se ha propuesto una y otra vez: que los planes de estudios de todos los niveles, al lado del inglés, establezcan la enseñanza de alguna lengua indígena para todos los alumnos del país, que todo medio de difusión todos los días de entrada en un mayor o menor tiempo al pensamiento –termino, señor presidente– a la poesía, a la música, a las necesidades, a las luchas, a la cultura en lenguas indígenas de nuestras comunidades.

En suma, el asegurar que las lenguas indígenas estén en la cotidianeidad, en el fluir de la realidad social de nuestro país, permitirá no solo supervivencia y desarrollo, sino se les valore en toda su trascendencia histórica y cultural y económica. Más que nunca nuestros pueblos y comunidades indígenas, –también en sus comunidades hay lenguas indígenas e indígenas, no tengan prisa, me faltan tres renglones– hechos que hagan posible su plena libertad, dignificación y desarrollo, lo que empieza por respetar el impulsar el jardín increíble de lenguas que entregan a la identidad y fortaleza de nuestra nación.

El tiempo aprovéchenlo y hagan su voz traerla aquí a estos micrófonos. Gracias por su paciencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Esta Presidencia saluda a jóvenes de Pachuca de Soto, Hidalgo. Invitados por la diputada Mirna Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenidos.

De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

La diputada Brisa Esmeralda Céspedes Ramos (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro González Hinojosa (desde la curul): A favor.

La diputada María Merced León Andablo (desde la curul): A favor.

La diputada Hermelinda Martínez Martínez(desde la curul): A favor.

La diputada Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez (desde la curul): A favor.

La diputada Crystal Tovar Aragón (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A favor.

El Secretario diputado Luis Antonio González Roldán:Se emitieron 371 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia queda aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o., 3o., 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se realiza el cambio de representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

La Junta de Coordinación Política de conformidad en los artículos 33 y 34, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

II. De conformidad con los artículos 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle los cambios de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Por lo anterior, se someten a consideración del Pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se comunican los cambios de representantes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a petición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que el diputado Ricardo Astudillo Suárez, cause baja como consejero suplente.

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega, cause alta como consejero suplente.

Segundo.Comuníquese el presente acuerdo a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica),  Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado, comuníquese.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se realiza el cambio de representante de esta soberanía ante el Comité Técnico del Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 y 34, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

II. De conformidad con el resolutivo primero del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa al representante ante el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos y a petición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se realiza la sustitución en la representación de ésta Cámara ante el mencionado comité.

Por lo anterior, se someten a consideración del Pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Que el diputado Mario César Gaona García, sustituya al diputado Armando Contreras Ceballos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como representante de esta Cámara del Congreso de la Unión ante el Comité Técnico del Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos.

Segundo.Comuníquese a la Mesa Directiva.

Tercero.Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica),  Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado. Comuníquese.

COMUNICACION OFICIAL

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Nacional Electoral.— Secretaría Ejecutiva.

Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del doctor Lorenzo Córdova Vianello, presidente del consejo general de este instituto, y con fundamento en el artículo 51, párrafo 1, inciso w) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, me refiero a su oficio DGPL. 62-II-8-5804, del nueve de abril de este año, mediante el cual solicita se le informe los nombres de los diputados federales propietario y suplente integrantes de la fórmula que sigue en el orden de las listas regionales de la Cuarta y Quinta Circunscripción, registrada por el Partido Revolucionario Institucional para conformación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Lo anterior, en virtud de que, por los motivos expresados en el acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aprobado el nueve de abril del presente año, se consideran vacantes las fórmulas siguientes:

Cuarta Circunscripción:

Propietario: Manuel Añorve Baños Suplente: Gilberto Arturo Sánchez Osorio

Quinta Circunscripción

Propietaria: Erika Yolanda Funes Velázquez Suplente: María Guadalupe Alcántara Rojas

Propietaria: Maricruz Cruz MoralesSuplente: Laura Mitzi Barrientos Cano

Propietario: Brasil Alberto Acosta PeñaSuplente: Francisco García Manilla

Al respecto, con fundamento en el artículo 23, párrafo tercero, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, informo a esa soberanía que las fórmulas del Partido Revolucionario Institucional que siguen en el orden de las listas regionales correspondientes a la Cuarta y Quinta Circunscripción, se encuentran integradas por los ciudadanos siguientes:

Cuarta Circunscripción

Propietaria: Hannah de la Madrid TéllezSuplente: María Fernanda Salazar Mejía

Quinta Circunscripción

Propietario: Juan Carlos Velasco PérezSuplente: Víctor Manuel Casio Uribe

Propietaria: María Ruiz FragaSuplente: Lidia Lorena Gasca Galván

Propietario: David Hernández MadridSuplente: Alfonso Godínez Mendiola.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 10 de abril de 2015.— Licenciado Edmundo Jacobo Molina (rúbrica), Secretario ejecutivo.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia se da por enterada. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, realice las investigaciones correspondientes respecto a los hechos sucedidos en el domicilio de Liliana Castro Muñoz, candidata de Movimiento de Regeneración Nacional, a la diputación federal en el XX distrito de Acayucan, Veracruz.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, por lo que se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, para que realice las investigaciones correspondientes respecto a los hechos sucedidos el día 13 de abril del año en curso, en el domicilio de Liliana Castro Muñoz, candidata de Movimiento de Regeneración Nacional a la diputación federal en el XX distrito de Acayucan, Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado secretario. Para fijar la posición de su grupo parlamentario se han registrado las siguientes diputadas y diputados quienes tendrán el uso de la tribuna hasta por tres minutos. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Agrupación Morena. Adelante, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Aunque es un avance que hoy discutamos este tema, el acuerdo sin duda es un acuerdo limitado.

Veracruz está catalogado peor que África en materia de seguridad a un gremio como los periodistas. Tan sólo el caso de Regina Martínez, el caso de Gregorio Jiménez, recientemente hoy los medios en Veracruz retoman el caso de Moisés, periodista asesinado en Medellín y vinculan al propio gobernador en una mala frase que un dictamen de la comisión de periodistas tiene, de donde él dicen que dijo y qué no lo pueden callar, y obviamente eso abre o debería de abrir un vínculo de la investigación que se está haciendo sobre el tema y digo por qué, porque el caso es que el Ministerio Público y en este caso la Procuraduría de Justicia del estado, sin duda no tiene credibilidad para nosotros.

Veracruz –y lo digo con un análisis conservador– es una entidad asolada por la delincuencia, la inseguridad, la corrupción gubernamental, la pobreza y la marginación. Y pese a ello, el Morena ha hecho un esfuerzo por presentar candidaturas sólidas, de gente proba, honesta. He dicho, queremos rescatar la vía electoral.

Obviamente Liliana, la que sufrió esto, este atentado contra su patrimonio, contra su familia, confronta contra un candidato lleno de mala fama en ese distrito. Su único mérito es ser el alumno más aventajado de la fidelidad, que tanto detestan ahora los veracruzanos y veracruzanas, porque son los que han llevado a Veracruz a este nivel de mediocridad y de desastre que viven los ciudadanos.

Ese clima electoral en Veracruz que prevalece se ve enrarecido, no tan sólo por esto. Recientemente, la semana pasada, se entrometen las autoridades locales y federales, que ahora envían como operador territorial del PRI en Veracruz, a Víctor Rodríguez Gallegos, ex funcionario de la Sedesol que buscará utilizar esa estructura de Secretaría a favor de los candidatos de su partido.

Hay que recordar el clásico no te preocupes, Rosario, de Peña Nieto y Rosario, que se implementó en Veracruz y que fue grabado y denunciado y que evidentemente no pasó nada, pero dejó esa escala y esa escuela de tramposería electoral.

Es por eso que decimos que lo que le sucedió a la casa –por fortuna nada más la casa de la compañera Liliana– fue un atentado, el atentado lo dejó el olor a la gasolina, la línea de fuego que ella todavía observó en la palapa, que fue la única que por fortuna se quemó ahí con este pretendido esfuerzo. Y ella tuvo a bien y a tiempo sacar a su familia y obviamente el hecho que no lleguen las autoridades municipales ni nadie de la protección civil y de seguridad ni nada, hasta cuatro o cinco horas después, obviamente deja una idea de que ahí hay un atentado.

Nosotros hacemos un llamado evidentemente a que estemos alertas contra esto que ocurre. No podemos estar aquí después pidiendo minutos de silencio contra candidatos de la oposición, en este caso en el estado de Veracruz.

Nosotros por eso, desde aquí, hacemos responsable, porque los que mal gobiernan Veracruz, el que se dice gobernador y su antecesor, porque parece que es el antecesor el que todavía sigue gobernando, él no se mueve sólo, no se manda sólo. Se coordinan con la Secretaría de Gobernación, con la Presidencia de la República.

Es por eso que en esta tribuna tenemos que dejar dicho que cualquier cosa que le pase a Liliana, a su familia, a los candidatos opositores, al de la misma voz en el estado de Veracruz, tendrá que investigarse a los que ya he mencionado, a Peña Nieto, Osorio Chong, a Duarte, a Fidel Herrera y a todos estos que están generando –culmino, presidente– esta tristeza en el pueblo de Veracruz.

Es tiempo de rescatar la vía electoral, es tiempo que esta Cámara actúe. Estaremos pendientes a la investigación que va a hacer la Procuraduría, pero ahora sí como ellos nos dijeron: bueno, en tres o cuatro días les decimos y si fue un atentado ya pasa a la PGR.

Bien hubiera hecho esta Cámara no dejarlo tan sólo en una investigación en Veracruz, sino pasarlo ya de una vez a una investigación de carácter federal. Por eso decimos que el acuerdo es todavía limitado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Manuel Huerta. Se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos a la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Gracias, presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Este tema de la participación en este proceso electoral de las mujeres y cuando se está hablando de que haya paridad de manera horizontal y vertical, tiemblan los hombres. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos pisando intereses fuertes, y no es un tema nada más de un partido político, es en todos los partidos políticos.

La violencia política es una realidad, más en este proceso electoral. Es una prueba de fuego para los que hoy van a dirigir las elecciones en nuestro país. Una prueba de fuego, porque se está generalizando la violencia contra las candidatas. Una prueba de fuego porque van a estrenar una reforma electoral. Una prueba de fuego porque van a ser vigilados los candidatos en el manejo del recurso público. Y vamos a ver si de a de veras van a hacer su trabajo.

Me preocupa porque están constituidos por propuestas de los propios partidos. Entonces, es un tema muy largo que tendríamos que discutir.

Pero el caso de Liliana Castro, en Veracruz, lo reprobamos. Por supuesto que reclamamos al gobierno de Veracruz lo que ha pasado.

Tenemos entendido que Liliana Castro está haciendo su campaña como lo hacemos los de la oposición, con propuestas, vamos de casa en casa. Y lo único que llevamos, nosotros no llevamos armas, ni siquiera un cúter tenemos para defendernos. Pero el sistema que conforma el gobierno de Veracruz, seguramente está utilizando los recursos públicos para que sus candidatas y sus candidatos sean los que ganen.

Y aquí sí, hay que hacer un llamado enérgico a Gobernación para que garantice que no importa de qué partido político sean las compañeras y los compañeros que hoy están en la contienda, que los protejan, que los cuiden, porque no es fácil, no es sencillo, y más en comunidades autoritarias y más en municipios y en estados autoritarios como Veracruz, un llamado enérgico para que el gobierno de Veracruz resuelva este tema, y si es posible, el gobierno federal decida ya intervenir en este caso de Liliana Castro.

Por Liliana Castro, muchas de las que estamos aquí debemos sumarnos. Yo estoy segura que ni siquiera van a pasar porque tenemos miedo. Y basta de tener miedo, porque el miedo es el que hoy nos tiene sometidos en este país.

Yo hago un llamado al pueblo de México que despierte. Que haga uso de su poder en la urna. Que el día en que vayan a elegir a sus representantes populares lo hagan en libertad. Y si les dan despensas, láminas como acostumbran, para comprar los votos, agárrenlos, porque es dinero del pueblo, pero a la hora de decidir, decidan con libertad, con conciencia.

México no aguanta más este mal gobierno. México ya no puede aguantar esta desigualdad en la que estamos viviendo.

Este país merece vivir en paz y merece progresar. Por Liliana Castro hacemos, entonces, un llamado enérgico para que se respeten sus derechos políticos, sus derechos electorales, y a quien me grita tiempo, le pido que venga aquí y que posicione lo que está pensando. Y aseguro que no va a subir porque es un cobarde y es un traidor de la democracia de este país. Gracias.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, al diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos, todo el tiempo”. Abraham Lincoln.

Esa frase describe perfectamente a la estrategia de comunicación del gobierno del estado de Veracruz, sobre todo en materia de seguridad, solo que a los voceros de Javier Duarte les está yendo aún peor, hoy ya no engañan a nadie. La situación en materia de seguridad en Veracruz es ya insostenible, la realidad en las calles y comunidades de nuestro estado derrumba una a una las mentiras que diariamente dicen los funcionarios del gabinete de seguridad estatal.

Veracruz ha perdido hace tiempo la tranquilidad que le caracterizaba, las cifras oficiales señalan con toda puntualidad que Veracruz es uno de los estados más inseguros del país, eso ya no lo pueden negar ni los voceros oficiales. Y como si esto fuera poco, el día de hoy el rey Felipe de España ha recomendado en su página electrónica a los ciudadanos españoles que viajen a México, que tengan extrema precaución si visitan Veracruz por el clima de inseguridad que allí se vive. Lo mismo ha hecho la embajada estadounidense con los ciudadanos americanos. En el mundo se sabe que Veracruz es inseguro.

Y a todo esto, como escribiera Loret de Mola en su columna hace algunas semanas. El gobernador Javier Duarte sigue diciendo que en Veracruz no pasa nada. Subo hoy a esta tribuna a nombre de mi grupo parlamentario, pero también de los ciudadanos veracruzanos que están hartos de esta situación, a exigirle al gobierno del estado que se ponga a hacer su trabajo, que gaste menos energía en ruedas de prensa para afirmar que no pasa nada y más vigor en combatir con eficacia a la delincuencia que azota a Veracruz.

Queremos condenar con toda firmeza el atentado sufrido por Liliana Castro Muñoz, candidata de Morena a diputada federal por el distrito de Acayucan a quien incendiaron su casa con su familia adentro. Es increíble que en pleno siglo XXI se sigan dando estas prácticas, que atentan no solo contra la candidata afectada, sino contra todo el sistema democrático de nuestro país.

Exigimos al gobierno del estado, que garantice la seguridad de los ciudadanos de Veracruz y de los candidatos; de todos los candidatos, no solamente de los de su partido. Que el no pasa nada, lo digan los ciudadanos veracruzanos cuando se sientan seguros en sus calles y en sus comunidades y no lo use, como descarada bandera, un gobierno que ha sido incapaz de dotar a su pueblo de seguridad. Es cuanto.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado Gabriel de Jesús. Por último, se le concede el uso de la tribuna hasta por tres minutos al diputado José Alejandro Montaño Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán: En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos sumamos a que todo hecho se atienda y sean investigadas las acciones que se presenten durante campaña, y que sean las instituciones las que con profesionalismo y técnica puedan dar resultados fehacientes sobre los hechos que acontezcan.

El gobierno federal instaló una mesa de atención y evaluación preventiva con los partidos políticos, en donde atenderán y atienden las necesidades y requerimientos de los candidatos a gobernadores. Y, en conjunto y coordinación con los gobiernos de los estados, están haciendo las evaluaciones para atender las necesidades de los candidatos a diputados federales.

En Veracruz, en una actitud responsable del gobernador del estado y, teniendo reuniones similares con los representantes de los partidos políticos, ha llevado a cabo dos reuniones para analizar y ver las necesidades que se pudieran presentar.

En los hechos que aquí se han denunciado, ayer mismo que fue enterado el gobernador de ese acontecimiento, instruyó al fiscal general de Justicia del estado para que se abocara a las investigaciones y que se analizara con todo lo que esté al alcance de técnica para saber si fue un hecho premeditado o fue un hecho de accidente.

Lo real y lo que debemos de ver con responsabilidad aquí en tribuna es que vemos que cuando se acaban los argumentos, cuando se acaban las posibilidades de presentar pruebas, nos vamos directamente a descalificar, nos vamos directamente a ofender y a señalar –inclusive– hasta a los propios compañeros diputados.

Creo que eso no abona y no sirve si estamos llamando desde aquí a la paz y a la tranquilidad para México y los mexicanos

Debemos de buscar con responsabilidad que los hechos se investiguen, pero de ninguna manera busquemos alterar desde aquí una posibilidad de que las elecciones se lleven con tranquilidad, con respeto y que los ciudadanos puedan –desde su ámbito de residencia– ejercer su derecho al voto.

Creo que es muy importante –como aquí se señaló– que se asuman las responsabilidades de todos los gobernadores de todos los estados, y que estemos atentos para que donde acontezca un hecho, inmediatamente se aboquen a atenderlo.

El grupo parlamentario va a estar pendiente de cualquier situación que se denuncie para que cualquier gobierno del estado pueda atender con resultados y –sobre todo– dándole respuesta a cualquier acontecimiento.

Y reitero, no se vale descalificar y ofender cuando no se tienen pruebas, y creo que aquí queda el testimonio claro de dónde sí la están provocando. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado José Alejandro Montano Guzmán. Consulte la Secretaría a la asamblea –en votación económica– si se aprueba.

El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado, comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan,(*) publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera (a las 15:39 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 16 de abril a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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