Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 324 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:18 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 15 de diciembre de 2015

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Claudia Edith Anaya Mota y Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez

Por los que solicitan el retiro de proposiciones.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De las universidades Autónomas de Tamaulipas y de Tlaxcala

Con los que remiten los informes de resultados de la auditoría externa, informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula y el Formato de Informe de Matricula correspondientes al segundo semestre de 2015.

Del Instituto Nacional Electoral

En relación con el resultado de las elecciones extraordinarias del día 6 de diciembre de 2015 en el Distrito Federal Electoral I del estado de Aguascalientes.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se establece la metodología para el análisis de iniciativas y minutas en materia de salario mínimo.

Por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados los cambios en la integración de comisiones, durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Elección de Integrantes de la Comisión Permanente

Posicionamiento de los grupos parlamentarios con motivo de la conclusión del periodo ordinario de sesiones

Iniciativas

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 156 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrito por los diputados Alejandra Gutiérrez Campos y Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código de Comercio, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado César Flores Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 134 Constitucional en Materia de Imagen Institucional, a cargo del diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 4-Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y el 15 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Fidel Kuri Grajales y Pablo Gamboa Miner, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 79 de la Ley General de Salud y 6o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 158, 159 y 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 42 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 10 de la Ley de la Policía Federal, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 213-Bis y un segundo párrafo al artículo 215 de la Ley Federal del Derechos de Autor, a cargo de la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley para la Inclusión Digital Universal, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Fomento Económico y de la Innovación, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 168 y 184 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 74 del Código Fiscal de la Federación y 264 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 220 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 22 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41 y 98 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De Decreto, por el que se declara el 22 de Septiembre de cada año como Día Nacional sin Automóvil, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María Del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o., 5o. y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 50 y 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Lilia Arminda García Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 5o. y 10 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 325-Bis del Código Penal Federal y 14 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los articulos 4o., 98 y 99 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5-A de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 280 y 283 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 123 de la Ley General de Víctimas y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 25 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. .

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 7o., 9o. y 10 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 213, 223 y 224 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes y suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 8o. y 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 15-A y 75 de la Ley del Seguro Social, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Pedro Alberto Salazar Muciño y Manuel Vallejo Barragán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 17-Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 232 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Manuel de Jesús Espino, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, y de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3o. y 133 de Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Jorge Álvarez Máynez y Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 147 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Efrain Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, del Código Penal Federal y la Ley de Propiedad Industrial, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri, Cristina Ismene Gaytán Hernández y Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés y Vidal LLerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley General de Adopción, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 107 Bis a la Ley de Migración, a cargo del diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, a cargo de la diputada Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Salas Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 7o., 8o., 13 y 20 de la Ley del Servicio Exterior, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 81 de la Ley General de Salud y 250 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, por el que se declara el 9 de diciembre como “Día Nacional Contra la Corrupción”, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 53 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Población, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley de Ascensos de la Armada de México, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 93 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Garza Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De Decreto, para declarar al 2016 como “Año de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Teodoro Barraza López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 169 a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Claudia Sánchez Juárez y Román Francisco Cortés Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 77 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas Arlette Ivette Muñoz Cervantes y Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 114 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por los diputados Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y Hugo Alejo Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, y a todas las secretarías de estado que operan los programas sociales y productivos, sujetos a Reglas de Operación, y que para acceder a los apoyos, el beneficiario que a partir del Ejercicio Fiscal 2016, acredite la posesión de la propiedad de las tierras, los ejidatarios y comuneros puedan presentar las actas de posesión emitidas por el Comisariado de bienes comunales o ejidales.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a intensificar las acciones de difusión, sensibilización y capacitación de los servidores públicos, sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades Federativas y el DF, a considerar la asignación de recursos para establecer planes, programas y políticas que garanticen los derechos de los indígenas en materia de acceso a la justicia.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo para que se tomen las previsiones para el cumplimiento al Decreto que reforma el artículo 4o. del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos para Personas con Discapacidad Auditiva.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol y al Inapam a efectuar las sanciones administrativas pertinentes en los casos de maltrato o violencia por parte de autoridades de las Instituciones Públicas y Privadas de atención a Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a fin de intensificar los esfuerzos de conservación de las tortugas marinas en territorio nacional y reforzar las actividades de inspección y vigilancia en el Golfo de Ulloa en Comondú, Baja California Sur, para evitar la mortandad de la tortuga caguama.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat y de la Profepa, y conforme a sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para su revisión y en su caso revocar cualquier autorización relacionada con el proyecto “Don Diego”, respecto a la explotación de arenas fosfáticas ubicado en el Golfo de Ulloa, en la costa occidental del estado de Baja California Sur.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades Ambientales y de Salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que implementen campañas de información y concientización respecto de las afectaciones a la salud humana y en general, al medio ambiente provocadas por uso irracional de automóviles.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Semarnat, para que realicen estudios sobre los efectos y consecuencias derivadas del uso de artefactos de manipulación del clima en todo el país.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y al Conanp, para que inscriban al humedal de Tláhuac, en la lista de sitios protegidos por la convención relativa a los humedales de importancia internacional.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de realizar una investigación del impacto ambiental en municipios de los estados de Puebla y Oaxaca, para afrontar los efectos de la actividad de la empresa cementera Cycna de Oriente S.A. de C.V., en el estado de Puebla.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Conafor, para que en coordinación con las autoridades municipales diseñe y ejecute programas de prevención, protección, conservación y restauración de los recursos y suelos afectados por los incendios forestales en Zapopán, Jalisco.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y Semarnat para que emprendan una campaña nacional de difusión que informe e incentive a la población a entregar sus televisores analógicos en los centros de acopio establecidos para que se desechen adecuadamente.

De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población; a realizar el estudio y análisis correspondiente a fin de verificar, bajo los criterios del propio Grupo, sí los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Camargo y Jiménez, pertenecientes al Estado de Chihuahua, son susceptibles de integrar una nueva zona metropolitana.

De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo federal, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Gobernador del Estado de México y al Gobernador del Estado de Hidalgo a instalar y poner en funcionamiento la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana del Valle de México.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, en materia de bebederos escolares.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública y al Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a solucionar el conflicto en el canal 22 de televisión.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito a verificar la distribución oportuna de los libros de texto gratuitos en el Sistema Braille de todo el país.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para apoyar a la Universidad Autónoma de Guerrero por su grave crisis.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de las Mujeres se Difundan los Avances conseguidos por el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Sagarpa y de los gobiernos de Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Guerrero y Michoacán para que fortalezcan las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales del país y de sus demarcaciones territoriales.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo federal y a la Titular de la Procuraduría General de la República para que, coordinen y homologuen con sus respectivos similares de las Entidades Federativas, la implementación de un Protocolo Único de Acción para temas de Violencia de Género en contra de las Mujeres.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Legislaturas Locales a armonizar sus respectivas normatividades con la Ley General de Transparencia.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para que difunda el estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la plataforma nacional de Transparencia.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a incrementar la vigilancia para que los concesionarios ferroviarios de transporte de carga, especialmente a aquellos que mueven sustancias químicas peligrosas, cumplan las normas, reglamentos y protocolos de seguridad y de protección civil.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y SCT a considerar la asignación de fondos necesarios para la continuación del Proyecto de Infraestructura Ferroviario “Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey” en Nuevo León.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coanade a realizar las acciones necesarias, para apoyar a los seleccionados nacionales de basquetbol y deportistas que participan en el proceso para clasificar para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

De la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las legislaturas locales y a la ALDF, a realizar la armonización legislativa de conformidad con lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conade, para que en coordinación con las Entidades Federativas y los Municipios, refuercen las acciones de promoción de deporte a través del mejoramiento de la infraestructura y estímulos deportivos.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conade, al Gobierno del Estado de Morelos y al Municipio de Jiutepec a instrumentar acciones orientadas a atender, desarrollar y fortalecer la práctica deportiva en esa entidad.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conade para que en coordinación con el gobierno estatal y municipal realicen las acciones necesarias para resolver la problemática del Centro Nacional Paralímpico ubicado en Irapuato, Guanajuato.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, así como a las secretarías de salud de las entidades federativas, a fin de incrementar la promoción de la donación de órganos.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que realice campañas regionales para contener el brote de la enfermedad chikungunya y evitar su expansión a otras entidades.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Gobierno del Estado de Morelos a continuar y ejecutar nuevas acciones tendentes a prevenir y combatir el dengue y el dengue hemorrágico transmitido por vector en dicha entidad.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretarías de Salud y de Educación Pública, ejecuten acciones y campañas para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos a realizar las gestiones necesarias para dotar al estado de un hospital de especialidad en rehabilitación.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, para que realice a nivel nacional una campaña de concientización, sobre los riesgos de realizarse un tatuajes, micro-pigmentación o perforaciones en lugares no establecidos.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a dar continuidad a las acciones y medidas que ayuden a reducir la mortalidad materna, perinatal y neonatal y se garantice el acceso a las mujeres a la realización de ultrasonidos obstétricos que permitan detectar oportunamente las mal formaciones congénitas en el producto.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de difusión sobre la importancia de ingerir ácido fólico durante la vida reproductiva de las mujeres.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Jalisco, para que revisen las condiciones de infraestructura, acondicionamiento, equipo y operación de los centros de salud correspondientes a la Región Sanitaria XIII de dicha entidad.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobernador del estado de Guerrero a investigar la muerte de niños en el Hospital del Niño y la Madre Indígena.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar la promoción de acciones de los sectores público, social y privado en las áreas de prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y tratamiento, en materia de enfermedades cardiovasculares para mujeres.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaria de Salud, para que ejecute una campaña nacional contra la desnutrición infantil con pacientes de bajo peso.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modificar la denominación jurídica del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, a efecto de convertirlo en un hospital regional de alta especialidad.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaria de Salud ejecute políticas públicas en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a que lleve a cabo las acciones necesarias para implementar el Tamiz Neonatal Ampliado en toda la red de salud del país.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo relativo a la inclusión de enfermedades en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que se atienda la necesidad de construir una torre hospitalaria y de especialidades médicas en el Hospital General Doctor Ernesto Meana San Román, Municipio de Jojutla, Morelos, y a atender las necesidades de otros nosocomios de la entidad.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que emita una Norma Oficial Mexicana que regule las unidades médicas móviles para la prevenir y atender el cáncer de mama.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la Secretaria de Salud, a proponer opciones en coordinación con el Gobernador de Oaxaca para resolver las precarias condiciones de la atención médica en el “Hospital Doctor Aurelio Valdivieso”.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas instancias para que se implementen políticas públicas que hagan accesible el diagnóstico y tratamiento de la “hipertensión arterial pulmonar”, a través del fondo de protección contra gastos catastróficos.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobernador del estado de Guerrero, designar con el nombre del “Doctor José Garibo Hernández” al Hospital General de Acapulco, como un homenaje a tan destacado humanista en el ámbito de la medicina pediátrica.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que considere la posibilidad de ampliar el personal para el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud que implante medidas para prevenir, atender y reducir la mortalidad materna y el embarazo de adolescentes.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de atender las inmunodeficiencias primarias en todo el país.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implemente a Nivel Nacional, en las zonas marginadas, las acciones necesarias de acceso a los programas de detección oportuna del Cáncer de Mama y en su caso su posterior tratamiento.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al ISSSTE a fin de garantizar el abasto de medicamentos en los hospitales.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se tomen las medidas precautorias necesarias para evitar la entrada del salmón transgénico a nuestro país.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de instruir a la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia de Baja California atienda la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, con el objeto de que tomen las medidas cautelares necesarias para la protección inmediata de los menores internados en la Casa Hogar “Puerta de Fe, Orfanatorio de México, A.C.”, de la ciudad de Ensenada, BC.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al DIF a fin de realizar inspecciones y visitas continúas en los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la PGR para que incremente los recursos destinados a la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a fin de que ejecuten de manera permanente campañas de información a niñas, niños y adolescentes para la prevención del “Cortejo o Grooming” por Internet.

De la Comisión de Juventud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, al Instituto Mexicano de la Juventud y a los integrantes del Comité de seguimiento del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, a fin de revisar la pertinencia de los indicadores de Resultados del Projuventud.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob, para que difunda el avance de la base de datos de la que hace referencia el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que realice las gestiones necesarias que hagan posible a la brevedad, la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) al estado de Quintana Roo, en atención a la declaratoria de emergencia emitida el pasado 18 de octubre 2015.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados expresa su condena a los comentarios vertidos por el ciudadano Donald John Trump en contra de nuestro país y de los mexicanos avecindados en los Estados Unidos de América.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que realice la invitación oficial al Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, El Papa Francisco, para que, en su visita a México, emita un mensaje ante el H. Congreso de la Unión en Sesión Solemne.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, por conducto de la Dirección General de Protección de los Mexicanos en el exterior, procure una vigilancia más estrecha de la protección, promoción y respeto de los Derechos Humanos de las y los migrantes mexicanos en los Estados Unidos.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que continúe con el apoyo y orientación consultar a favor de nuestros connacionales y, asimismo, que a través de los canales diplomáticos correspondientes, solicite la información sobre los connacionales recluidos en prisiones de la Unión Americana y que pueden ser beneficiados por el Programa de Liberación Temprana.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que se reconoce al Gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por haber alcanzado la firma de un acuerdo mediante el que se crea una jurisdicción especial para la paz.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a atender la necesidad de construir un hospital regional en Huatusco, Veracruz.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar y ejecutar instrumentos de toma de conciencia sobre la importancia de las acciones preventivas para detectar a tiempo el cáncer de mama en hombres.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Gobernador y distintas autoridades de Michoacán a respetar los lineamientos del acuerdo para la formalización laboral de los trabajadores de salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a los Copresidentes de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y la Secretaría de Salud a fortalecer planes y programas educativos a fin de procurar perfiles idóneos de profesionales del área para zonas rurales y de difícil acceso del país.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, para promover y establecer en las Universidades Públicas del país las especialidades de Geriatría, Gerontología y Tanatología.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se aplique la NOM-043SSA2-2012, promoviendo que los establecimientos mercantiles donde se venda comida para consumo inmediato ofrezcan como primera opción de hidratación agua natural y purificada.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a destinar mayores recursos para la detección oportuna y el óptimo tratamiento de la artritis reumatoide.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las campañas de salud sexual y reproductiva, y de prevención del embarazo en adolescentes.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, relativo al abasto oportuno de medicamentos en zonas apartadas y de muy alta marginación.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar por las autoridades correspondientes un diagnóstico de las causas por las que México no ha alcanzado las metas del plan Supre de la OMS y tomar medidas para lograr los objetivos de reducir el número de víctimas de suicidio en el país.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la STPS a construir una mesa de diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon cosmetics, SA de CV; y el IMSS para atender la problemática sobre el reconocimiento de las trabajadoras que laboran como representantes de la segunda.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Gobierno Federal a difundir por la STyPS los gastos y resultados del programa de apoyo al empleo.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo, relativa a la ratificación por la Secretaría de del Trabajo y Previsión Social y la H. Cámara de Senadores del convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo, relativa a las condiciones laborales de los jornaleros de diversas comunidades en el norte del país.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y de Desarrollo Social investiguen sobre las condiciones laborales delos jornaleros en el Estado de Coahuila.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal y la Conasami a establecer un salario mínimo diario de 95 pesos en todo el país.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que, en coordinación con el Gobierno del Estado de Chihuahua, efectúen visitas de inspección en Ciudad Juárez, Chihuahua, a todas las empresas y establecimientos laborales, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como Organismo Público Descentralizado.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir el Convenio 183 de la OIT y remitirlo al Senado de la República para ratificación.

Dictamen a discusión negativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de junio de cada año, “El día del cuidado y atención infantil”.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos transitorios Segundo y Cuarto, Primer Párrafo y se adiciona un Octavo Transitorio al Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 44, se reforma la fracción VI del inciso a del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Defensa Nacional, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

De la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 51, 56 65 y 106 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con proyecto de decreto por los que se reforman los artículos 2, 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales.

De la Comisión de Juventud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero y cuarto del artículo 67, y el artículo 71, así como se adiciona una fracción VII al artículo 68 y un segundo párrafo al artículo 70 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 y se adiciona un artículo 52 bis a la Ley de Aviación Civil.

Himno nacional.

Clausura.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura..

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes catorce de diciembre de dos mil quince, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos noventa y siete diputadas y diputados, a las once horas con cincuenta y dos minutos del martes catorce de diciembre de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Blanca Margarita Cuata Domínguez, Araceli Damián González, y Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, todos de Morena. El Presidente hace aclaraciones.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. De conformidad con el artículo ciento ochenta numeral dos, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates, y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

b) De los diputados:

• Laura Beatriz Esquivel Valdés, de Morena, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Cultura y Cinematografía, la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a retirar su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como otras disposiciones, para crear la Secretaría de Cultura, presentada el ocho de septiembre de dos mil quince.

• Armando Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Derechos Humanos, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a fin de incluir en su legislación civil y familiar altos estándares en materia de derechos humanos, señalados en los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentada el seis de octubre de dos mil quince.

• Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Derechos de la Niñez, la proposición con punto de acuerdo relativa a la vigilancia y control de estancias infantiles del estado de Chiapas, presentada el doce de noviembre de dos mil quince.

• David Mercado Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Salud, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las instituciones del sector salud del gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas se exhorten a los concesionarios del transporte público para pasajeros se otorgue el beneficio de una tarifa preferencial a todos los enfermos oncológicos, de cincuenta por ciento de descuento de la tarifa regular en los servicios de transporte público y comercial que utilicen, en las modalidades de colectivo urbano, conurbado o metropolitano, suburbano, mixto o foráneo (Interurbano, Intermunicipal o Nacional), presentada el primero de diciembre de dos mil quince.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Defensa Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Guerrero, a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, y a la Comisión Nacional de Seguridad a implantar medidas para que en los hospitales militares y navales de la entidad se admita a heridos por arma de fuego, presentada el primero de diciembre de dos mil quince.

• Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos treinta y cuatro, y treinta y cinco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada el quince de octubre de dos mil quince.

• Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Salud, la proposición con punto de acuerdo por la que la Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Oaxaca para que a la brevedad se apliquen los veintinueve millones de pesos, etiquetados en el Anexo Tercero del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio de dos mil catorce y se concluya con la construcción del hospital regional de especialidades de Tlaxiaco, presentada el tres de diciembre de dos mil quince.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los desastres ocurridos en el municipio de Escuinapa, Sinaloa provocado por los remanentes del huracán Patricia. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Salud del estado de Durango, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para difundir la estrategia para la atención de la emergencia obstétrica. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para que las entidades federativas integren en el POA dos mil dieciséis la perspectiva de género. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

f) De las Universidades de Colima, Veracruzana, Autónomas de los estados de Hidalgo, de México, y de Querétaro, con las que remiten los Informes de resultados de la auditoría externa y resumen de la matrícula del segundo informe semestral dos mil quince; la Tabla resumen sobre la ampliación de matrícula, la variación e informe de la misma. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

g) Del Banco de México, con la que remite Informe Anual sobre el ejercicio de las atribuciones que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros confiere al Banco de México. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

h) De la Cámara de Senadores:

a) Con la que remite acuerdo por el que hace un llamado a los Legisladores Federales, y a los Congresos Locales, a realizar las reformas necesarias en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como las leyes necesarias para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su atención.

b) Con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que explique los criterios empleados que permitieron la aprobación de un Presupuesto de Egresos para el Año dos mil dieciséis ajeno a la demanda ciudadana de recortar al menos el cincuenta por ciento del Presupuesto para el Instituto Nacional Electoral, Partidos Políticos, y Congreso de la Unión, presentada por los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, y Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

c) Con la que devuelve los expedientes de las minutas con proyecto de decreto:

– Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre, para los efectos de la Fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Por el que se reforman los artículos: segundo y veintisiete de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para los efectos de la Fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Por el que adicionan los artículos: veintiocho Bis, y doscientos veintiséis de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos homeopáticos, para los efectos de la Fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

d) Con lo que remite las minutas con proyecto de decreto:

– Por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo veintinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Derechos Humanos, para dictamen.

– Por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo treinta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Derechos Humanos, para dictamen.

– Por el que se reforma el artículo ciento uno de la Ley del Seguro Social y el artículo veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

e) Con la remite la iniciativa con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley de Fomento al Primer Empleo de Jóvenes y reforma la denominación del Capítulo Segundo del Título Séptimo y el artículo ciento ochenta y seis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que presenta el senador José María Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se adiciona un numeral segundo al artículo doscientos sesenta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, para instituir la Medalla de Honor “Gilberto Rincón Gallardo” de la Honorable Cámara de Diputados.

b) Derechos de la Niñez, con Proyecto de Decreto por el que se declara el diecinueve noviembre de cada año, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Economía, por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo noveno de la Ley General de Bienes Nacionales. Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Enrique Dávila Flores, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza; Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano; Vidal Llerenas Morales, de Morena; Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México; Lluvia Flores Sonduk, del Partido de la Revolución Democrática;

A las doce horas con cincuenta y seis minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y dos diputadas y diputados.

Miguel Ángel Salim Alle, del Partido Acción Nacional; y Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen los diputados: en contra Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano; en pro Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México; y Mariana Benítez Tiburcio, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: primero, décimo, doce, y treinta y tres, de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. En votación nominal por trescientos sesenta y seis votos a favor; uno en contra; y cincuenta y cuatro abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a los siguientes diputados:

• Juan Romero Tenorio, de Morena, al artículo primero, párrafo segundo, de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que en votación económica se admite a discusión, y no habiendo oradores registrados en votación económica se acepta, y se reserva para su votación nominal en conjunto, con la modificación aceptada por la Asamblea.

• Fernando Galván Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos: primero y doce, de la misma Ley, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, de Morena, al artículo décimo, adición de una fracción décima cuarta, de la misma Ley, que en votación económica se admite a discusión, y no habiendo oradores registrados en votación económica se acepta, y se reserva para su votación nominal en conjunto, con la modificación aceptada por la Asamblea.

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, al artículo treinta y tres, fracción décima tercera, de la misma ley, que en votación económica se admite a discusión, y no habiendo oradores registrados en votación económica se acepta, y se reserva para su votación nominal en conjunto, con la modificación aceptada por la Asamblea.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos votos, se aprueba en lo particular el artículo doce en términos del dictamen; y los artículos: primero, décimo, y treinta y tres con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo noveno de la Ley General de Bienes Nacionales. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento, de ilustración y comentarios, respectivamente, los diputados: Victoriano Wences Real, Francisco Martínez Neri, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y Jorge Ramos Hernández, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que se adiciona la fracción vigésima primera al artículo treinta y uno de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se concede el uso de la palabra al diputado Rogerio Castro Vázquez, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión.

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social; Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Guadalupe Hernández Correa, de Morena; Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México; Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática; María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional; y Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Partido Revolucionario Institucional. Se concede el uso de la palabra para presentar propuesta de modificación a la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Partido de la Revolución Democrática, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha. En votación nominal por cuatrocientos nueve votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción vigésima primera al artículo treinta y uno de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes.

La Presidencia informa a la Asamblea que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, ha remitido dos dictámenes con proyecto de decreto para su correcto procesamiento, mismos que están publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de las curules, a saber:

a) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De conformidad con el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con la declaratoria de publicidad de ambos dictámenes, en votación económica se autoriza que se sometan a discusión y votación de inmediato.

En consecuencia, el siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

a) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena para fundamentar ambos dictámenes, en nombre de la Comisión.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios respecto a ambos dictámenes intervienen los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social; Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza; Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; Juan Romero Tenorio, de Morena; Diego Valente Valera Fuentes, del Partido Verde Ecologista de México; Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional; y Braulio Mario Guerra Urbiola, del Partido Revolucionario Institucional.

a) Se somete a discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes. Interviene en pro el diputado Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde Ecologista de México. Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta, numeral dos, y que en votación económica no se admite a discusión, y se desecha. Sin más oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos doce votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, en sus términos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) En cuanto al segundo dictamen, en votación nominal por trescientos noventa y siete votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de candidaturas independientes. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dos dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

a) Por el que se reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de la Comisión Ordinaria de las Familias, la No Violencia y la No Discriminación.

b) Por el que se reforma el artículo cuarenta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación del Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión

Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar ambos dictámenes en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios para ambos dictámenes intervienen los diputados: Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social; Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza; Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde Ecologista de México; Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; María García Pérez, del Partido Acción Nacional; y Yolanda de la Torre Valdez, del Partido Revolucionario Institucional.

Desde sus respectivas curules y en diversas ocasiones realizan moción de ilustración, rectificación de hechos, y moción de procedimiento los diputados: Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional; Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática; Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; Vidal Llerenas Morales y Araceli Damián González, ambos de Morena. La Presidencia hace aclaraciones.

a) Se somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de la Comisión Ordinaria de las Familias, la No Violencia y la No Discriminación. Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene la diputada Araceli Damián González, de Morena. La Presidencia informa a la Asamblea que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias ha presentado propuestas de modificación al proyecto de decreto e instruye a la Secretaría a dar lectura a las mismas, en sendas votaciones económicas se admiten a discusión y se aceptan, se integran al dictamen. Se somete a discusión en lo particular e intervienen en pro los diputados: Miguel Alva y Alva, de Morena; y María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos setenta y seis votos a favor; treinta y cuatro en contra; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de la Comisión Ordinaria de las Familias, la No Violencia y la No Discriminación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) Se somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarenta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación del Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión. Interviene el diputado Rogerio Castro Vázquez para presentar propuesta de modificación al artículo Cuarto Transitorio del dictamen, que en votación económica se admite a discusión, y no habiendo oradores registrados para su discusión, en votación económica se acepta y se integra al dictamen. Sin más oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos siete votos a favor; y una abstención se aprueba en lo general y en lo particular en un solo acto, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarenta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación del Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En virtud de que se ha cumplido con la declaratoria de publicidad del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se adiciona un numeral segundo al artículo doscientos sesenta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, para instituir la Medalla de Honor “Gilberto Rincón Gallardo” de la Honorable Cámara de Diputados, en votación económica se autoriza se someta a discusión y votación de inmediato. En consecuencia, el siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen mencionado. Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión: Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social; Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano; Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática; y Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta y nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral segundo al artículo doscientos sesenta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, para instituir la Medalla de Honor “Gilberto Rincón Gallardo” de la Honorable Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

En virtud de que se ha cumplido con la declaratoria de publicidad del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Derechos de la Niñez, por el que se declara el diecinueve noviembre de cada año, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, en votación económica se autoriza se someta a discusión y votación de inmediato. En consecuencia, el siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen mencionado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Mariana Arambula Meléndez, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza; Paloma Canales Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano; Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática; y Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y cinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se declara el diecinueve noviembre de cada año, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con oficio del diputado Francisco Martínez Neri, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que comunica que el diputado Antonino Morales Toledo manifiesta su deseo de pertenecer al Grupo Parlamentario. De enterado. Comuníquese.

De conformidad con el artículo ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo doscientos treinta y tres Bis, a la Ley General de Salud, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, registrada en el Orden del Día de esta sesión, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes quince de diciembre de dos mil quince, a las diez horas, y a las doce horas a la Sesión Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de mil novecientos trece” al ciudadano Rodolfo Neri Vela, y levanta la sesión a las dieciocho horas con cincuenta y un minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continúe con el capítulo de comunicaciones oficiales, por favor.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Claudia Edith Anaya Mota, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 77, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicita atentamente que se sirva instruir a quien corresponda a fin sea retirada la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo a implantar por la Segob un grupo de trabajo interinstitucional para establecer medidas que contribuyan a disminuir accidentes en las zonas urbanas por donde cruzan vías férreas, presentada el 1 de diciembre por quien suscribe, y que fue turnada a la Comisión de Protección Civil para el proceso parlamentario correspondiente.

Sin más, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2015.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto me permito comentar respetuosamente que el 1 de diciembre del año en curso presenté la proposición por la que se exhorta a los tres Poderes de la Unión a otorgar seguridad social a los trabajadores del régimen de confianza y honorarios asimilados a salarios.

Asimismo, considerando el inminente término del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, he tomado la decisión de presentarla e inscribirla al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones de esta soberanía.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar el retiro y la cesación del trámite en que se encuentre la proposición mencionada en el primer párrafo del presente documento.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención que estoy seguro presentará al asunto en comento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2015.— Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-3-2519, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número CNPC/1595/2015, suscrito por el ciudadano Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a informar sobre las empresas que violenten el procedimiento para la evaluación de la conformidad general para llevar a cabo la verificación de seguimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de gas LP, sujetas a la observancia por permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Por este conducto me dirijo a usted en atención de su oficio número SELAP/ 300/ 993/ 15, mediante el cual informa del punto de acuerdo presentado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con referencia a las empresas que violenten el procedimiento para la evaluación de conformidad general para llevar a cabo la verificación y el seguimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de gas LP.

Me permito hacer de su conocimiento que la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, cuenta con el Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres a través del cual normaliza en materia de protección civil y prevención de desastres y en la actualidad realiza únicamente el procedimiento de evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, “Señales y avisos para protección civil, colores, formas y símbolos por utilizar”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2015.— Luis Felipe Puente Espinosa (rúbrica), coordinador nacional.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-332, signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CNPC/1590/2015 suscrito por el ciudadano Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a fortalecer la implementación de programas de difusión de información de medidas preventivas y de atención ante los desastres naturales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles ‘la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 11 de diciembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Estimado subsecretario.

Por este conducto me dirijo a usted en atención al oficio SELAP/300/2762/15, mediante el cual informa sobre los puntos de acuerdo aprobados en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, mismos que se transcriben para su pronta referencia:

“Primero. la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, para que por conducto de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y el Consejo Nacional de Educación Ambiental, para la Sustentabilidad, considere el diseño e implementación de programas de difusión de información relativa al fenómeno de cambio climático, a fin de que se involucre y concientice a la población sobre los efectos de este fenómeno y cuente con información en materia de prevención y atención en materia de desastres naturales, lo anterior con base a la Estrategia Nacional de Cambio Climático visión 10-20-40, respecto de instrumentar y fortalecer políticas públicas de educación a la población sobre el manejo de riesgos de desastres.

”Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que por conducto del Sistema Nacional de Protección Civil, se continúe y fortalezca la implementación de programas de difusión de información de medidas preventivas y de atención ante los desastres.”

Al respecto y en referencia al segundo punto, hago de su conocimiento que esta Coordinación Nacional de Protección Civil tiene como objetivo promover que los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y delegaciones del Distrito Federal, según corresponda, elaboren y mantengan actualizados sus respectivos programas de protección civil, por lo que a través de diversas acciones y programas de contingencia para fenómenos perturbadores, la Dirección General de Protección Civil (DGPC) solicita mediante él envió de una serie de oficios a las entidades federativas la actualización de los programas de contingencia, así como la base de refugios temporales de igual manera se exhorta a los gobiernos que reflejen en su normatividad las sanciones a autoridades que permitan la construcción en zonas de alto riesgo, así como evitar construir el riesgo.

De igual manera a través de la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR), tiene la facultad para facilitar el procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo al Instrumento Financiero de Gestión de Riesgos denominado Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), que tiene como objetivo la promoción y fomento a la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos, y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo originado por fenómenos naturales perturbadores.

En ese sentido y aun cuando en términos de la normativa vigente al Fopreden -a saber el “Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales” (DOF-23-XII-2010) –en lo sucesivo las Rofopreden– se pueden autorizar recursos para la realización de “acciones para fortalecer las capacidades preventivas y de autoprotección de la población ante situaciones de riesgo”, tales como “Campañas de comunicación social y difusión que fomenten la toma de conciencia, sensibilización y educación sobre el riesgo y medidas para su reducción”.

En el mismo sentido la Ley General de Protección Civil señala lo siguiente:

“Artículo 14. El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios. Instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los poderes Legislativo. Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las entidades federativas de los municipios y las delegaciones, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil.”

“Artículo 16. El Sistema Nacional se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y. social, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.”

Se han elaborado los Lineamientos para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgo, en cumplimiento al artículo tercero transitorio del Reglamento a la Ley General de Protección Civil. En dichos Lineamientos se establecen los aspectos dirigidos a la identificación y evaluación del riesgo asociado a los fenómenos perturbadores establecidos en la Ley General de Protección Civil.

En este sentido, se supervisa, asesora técnicamente, revisa y se publica información sobre peligro, riesgo y vulnerabilidad a través de la plataforma en línea www.anr.gob.mx y elabora y actualiza el Atlas Nacional de Riesgos.

Cabe destacar que de acuerdo con la LGPC, los municipios en el ámbito de sus atribuciones, y conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les compete establecer los planes de desarrollo urbano y son ellos los encargados de otorgar permisos de construcción. El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal, delegacional, Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas

Por otro lado, esta coordinación a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres ha publicado una serie de infografías para atención de emergencias redoblando las capacidades de Protección Civil para mantener informada a la población. Esta información está disponible públicamente en la página de Internet http://www.cenapred. gob.mx/es

En el marco de la Convención Nacional de Protección Civil se instruyó sobre la metodología de prevención, atención, evaluación de riesgos mediante las conferencias magistrales, cursos y talleres promoviendo una cultura de protección civil.

En virtud de lo anterior, esta Coordinación Nacional se encuentra promoviendo ante las entidades federativas la homologación de las leves estatales respecto a la Ley General de Protección Civil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2015.— Luis Felipe Puente Espinosa (rúbrica), coordinador nacional de Protección Civil.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo.— Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente­.

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 1 y la fracción III del artículo 40 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2015, y con objeto de participar en el fondo para elevar la calidad de la educación superior de las universidades públicas estatales (UPE), especificados en los lineamientos de 2015 emitidos por la SEP, por este conducto envió a usted:

• Informe de resultados de la auditoria a la matricula del segundo informe semestral de 2015 de nuestra universidad.

• Informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula del segundo semestre 2015.

• Formato de informe de matrícula emitido por la DGESU/SES/SEP del segundo semestre 2015. (1)

Sin otro particular le reitero mis atentas consideraciones.

Atentamente

Verdad, Belleza, Probidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 7 de diciembre de 2015.— CPC Enrique C. Etienne Pérez del Río (rúbrica), rector.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remiten a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 40, fracción III, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, en lo referente a la matrícula de las universidades públicas e informes sobre la misma, adjunto al presente el Informe de resultados de la auditoría externa a la matrícula del segundo semestre, practicada a nuestra Institución por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC.

Asimismo anexo al presente Informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula de esta casa de estudios.(2)

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

“Por la Cultura a la Justicia Social”

Tlaxcala, Tlaxcala, diciembre 9 de 2015.— Maestro Rubén Reyes Córdoba (rúbrica), RRector.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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ELECCIONES EXTRAORDINARIAS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se recibió del Instituto Nacional Electoral el Informe del resultado de las elecciones extraordinarias celebradas en el distrito I de Aguascalientes el domingo 6 de diciembre de 2015. Asimismo, se da cuenta con la constancia de mayoría y validez como diputados federales electos de la fórmula integrada por el ciudadano Gerardo Federico Salas Díaz como propietario, y el ciudadano José de Jesús, tocayo mío, Valdés Gómez como suplente. Y toda vez que no se presentó recurso de consideración alguno queda firme la fórmula ubicada en el lugar décimo de la lista plurinominal correspondiente a la tercera circunscripción como diputados federales electos la C. Sara Latife Ruiz Chávez como propietaria y la ciudadana Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero como suplente.

TOMA DE PROTESTA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, llámese a los ciudadanos Sara Latife Ruiz Chávez y Gerardo Federico Salas Díaz para rendir la protesta de ley. Y con esta resolución queda integrado en su totalidad el pleno de esta Cámara de Diputados.

Y debo informar que se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Gerardo Federico Salas Díaz, diputado federal electo en el I distrito electoral del estado de Aguascalientes, y se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: a la diputada Delia Guerrero Coronado, al diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, al diputado Jorge López Martín, diputada Patricia García García, diputada María Elida Castelán Mondragón, diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, diputada Mariana Trejo Flores, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado José Alfredo Ferreira Velasco y diputada María Eugenia Ocampo Bedolla.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a todas y todos los presentes ponerse de pie, por favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ciudadano Gerardo Federico Salas Díaz, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?

El ciudadano Gerardo Federico Salas Díaz: Sí, protesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Felicidades.

Se informa también que se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Ricardo Del Rivero Martínez, diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal, y se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir protesta de ley a la diputada Delia Guerrero Coronado, el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, el diputado Federico Döring Casar, diputada Rocío Matesanz Santamaría, diputado José Hernán Cortés Berumen, diputada María Elida Castelar Mondragón, diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, diputada Mariana Trejo Flores, diputado Ernesto Ralis Cumplido, diputada María Eugenia Ocampo Bedolla y diputado José Alfredo Ferreiro Velazco.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie por favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ciudadano Ricardo Del Rivero Martínez, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Ricardo Del Rivero Martínez: Sí, protesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Felicidades.

Saludamos la presencia y nos da mucho gusto que esté el día de hoy acompañándonos como invitados el senador Martín Sandoval, de Illinois, con su esposa Marina de Sandoval y su hijo Martín Sandoval. El senador Martín Sandoval ha sido galardonado hace unos minutos como reconocimiento al migrante solidario. Felicidades y bienvenido, senador. Welcome to México. Continuamos, continuamos, es un gesto solidario también de nuestra parte.

Continúe la Secretaría con el capítulo de la proposición de acuerdo de los órganos de gobierno.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que establece la metodología para el análisis de iniciativas y minutas en materia de salario mínimo.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

1. Que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo un trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, y que éste deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, así como para proveer la educación obligatoria de los hijos;

2. Que no obstante los esfuerzos, el salario mínimo en México no ha podido cumplir cabalmente su objetivo, orillando, lamentablemente, a miles de familias a estar en condición de pobreza;

3. Que esta situación se recrudece en períodos de altas tasas de inflación, donde los precios al consumidor aumentan por encima de los salarios. Concretamente, en las décadas de los ochenta y noventa se observó la brecha más amplia;

4. Que a pesar de las acciones puestas en marcha para contrarrestar dicho fenómeno, la tendencia es a la disminución de los salarios mínimos con respecto a la inflación;

5. Que a nivel internacional, utilizando como referencia a los países miembros de la OCDE, el nuestro es uno de los países con el salario mínimo más bajo (como porcentaje del salario mediano a tiempo completo);

6. Que estudios arrojan que en México, tanto las contribuciones sociales como los impuestos al empleo pagados por los patrones a cada uno de los trabajadores de salario mínimo, son relativamente altas, lo que genera perjuicios al trabajador y fomenta la informalidad;

7. Que resulta indispensable explorar alternativas y adaptar experiencias internacionales exitosas, con el propósito de mejorar los niveles salariales de los trabajadores, sin efectos nocivos para su economía;

8. Que el 19 de noviembre de 2015, se aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en cuyos transitorios se establece la obligación del Congreso de la Unión para realizar las adecuaciones que correspondan, a fin de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia; así como para emitir la legislación reglamentaria que determine el valor de la Unidad de Medida y Actualización;

9. Que lo anterior obliga a esta representación a analizar y proponer los mecanismos necesarios para incrementar el salario mínimo, a efecto de que cumpla su objetivo original y garantice el acceso a una canasta básica de bienes y a la cobertura de las necesidades elementales de las familias mexicanas; y

10. Que resulta indispensable avanzar hacia una mejora gradual y sostenida del ingreso de los mexicanos, en especial, de quienes perciben el salario mínimo, como lo sugirió la Comisión Consultiva creada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Con el propósito de llevar a cabo una profunda revisión del salario mínimo se instruye a las siguientes comisiones ordinarias para que, de manera conjunta, coordinen e identifiquen las iniciativas y minutas que se hayan presentado sobre el tema:

a) Comisión de Hacienda y Crédito Público;

b) Comisión de Trabajo y Previsión Social;

c) Comisión de Competitividad; y

d) Comisión de Seguridad Social.

Segundo. Las comisiones antes mencionadas deberán analizar y, en su caso, modificar alrededor de 140 ordenamientos jurídicos que mencionan al salario mínimo como unidad de referencia, entre los que se encuentran la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Desarrollo Social.

Para realizar un análisis integral de los ordenamientos jurídicos mencionados en el párrafo anterior, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnará las iniciativas que sean presentadas en materia de salarios mínimos a las comisiones antes referidas. Asimismo, instruirá la rectificación del turno otorgado a aquellas iniciativas presentadas hasta antes de la aprobación del presente acuerdo.

Lo anterior, sin demérito de que la Presidencia de la Mesa Directiva, en ejercicio de sus atribuciones y considerando el objeto de alguna iniciativa en particular, decida turnarla para opinión a alguna otra comisión.

Tercero. Se crea el Consejo Técnico, instancia encargada de regular y dirigir la fase previa a la dictaminación de las iniciativas relacionadas con el salario mínimo. En esta fase se identificarán los ejes rectores que servirán como una plataforma nacional de discusión y colaboración, que tendrá como finalidad generar un debate amplio, incluyente e informado.

El Consejo Técnico estará integrado por los diputados presidentes de las comisiones dictaminadoras, y por un representante de los siguientes organismos y entidades públicas y privadas:

1. Senado de la República;

2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

3. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

4. Secretaría de Economía;

5. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);

6. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE);

7. Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami);

8. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval);

9. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP);

10. Centro de la OCDE en México para América Latina;

11. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM;

12. Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM;

13. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE);

14. Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex);

15. Consejo Coordinador Empresarial (CCE);

16. Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin);

17. Un representante por cada organización sindical que acuerden los presidentes de las comisiones dictaminadoras;

18. Cinco académicos con prestigio nacional, mismos que serán nombrados por el Pleno del Cámara de Diputados, a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Las instituciones y los integrantes del Consejo Técnico aportarán la información con la que cuenten, con el objeto de ilustrar la discusión sobre las alternativas de regulación del salario mínimo.

El Consejo Técnico será coordinado por la Junta de Coordinación Política y contará con un Secretariado Técnico, propuesto por su presidente y aprobado por la misma.

Cuarto.Las comisiones dictaminadoras, en coadyuvancia con el Secretariado Técnico del Consejo, convocarán a audiencias públicas para analizar los siguientes temas:

a) ¿Cómo satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos?

b) ¿Es suficiente la desindexación del salario mínimo para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores y proteger a la familia?

c) ¿Qué modificaciones a la legislación secundaria son necesarias para dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo?

d) ¿Cuál sería el esquema de seguridad social más favorable para quienes reciben el salario mínimo?

Las audiencias se realizarán dentro del Recinto Legislativo y serán coordinadas por el Secretariado Técnico del Consejo, conforme al programa y calendario que para tal efecto elaboren los presidentes de las comisiones dictaminadoras y apruebe el Consejo Técnico.

Toda institución, organización de la sociedad civil o experto interesado en participar en las audiencias públicas, deberá presentar, ante el Secretariado Técnico, un escrito mediante el que precise el tema, haciendo una breve exposición de su perfil y experiencia. El Consejo Técnico será el encargado de analizar dichas solicitudes y proponer a los presidentes de las comisiones dictaminadoras el listado final.

Las audiencias serán públicas, abiertas a cualquier persona que desee asistir a ellas, y se transmitirán por el Canal del Congreso.

Quinto. El Consejo Técnico será el encargado de procesar las propuestas que resulten de las audiencias públicas. En caso de considerar insuficientes los estudios existentes, podrá solicitar a la Junta de Coordinación Política autorice la realización de investigaciones técnicas, especificando el objeto, plazo y alcance de las mismas.

Sexto. Las comisiones dictaminadoras habilitarán un micrositio, administrado por el Consejo Técnico, dentro de la página web de la Cámara de Diputados; en él deberán estar disponibles todos los materiales que arrojen dichas audiencias, incluyendo las grabaciones y los insumos que proporcionen los ponentes.

Séptimo. El Consejo Técnico preparará un informe final en el que exponga, sistemáticamente, las ponencias y opiniones vertidas durante las audiencias públicas, así como los estudios que se hayan realizado.

Dicho informe será distribuido a todos los diputados, a fin de que cuenten con la información necesaria, y estará disponible en el micrositio para su consulta pública.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos impulsará la dictaminación de aquellas propuestas que hayan resultado viables, conforme al informe que presente el Consejo Técnico.

Octavo. Los recursos técnicos y financieros necesarios para el funcionamiento del Consejo Técnico serán aprobados por el Comité de Administración.

Noveno.Lo no previsto por el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política.

Décimo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y para participar en este punto, se han inscrito diversas compañeras y compañeros diputados, y en consecuencia tiene la palabra el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Se ha pedido que sea de tres minutos la participación de cada quien. Ya habrá tiempo de que celebren a los recién llegados; hay que darle curso a la sesión.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Debemos felicitarnos en esta soberanía porque el debate sobre los salarios mínimos está abierto, y no tenemos que tener ninguna duda en que desde esta tribuna tendremos que seguir hablando sobre el tema porque no todo terminó con la desindexación de los salarios. Ha llegado el momento de buscar de manera conjunta, un verdadero salario digno para todos los mexicanos.

Qué bueno que por cierto desde esta tribuna Encuentro Social denunció lo absurdo de la supervivencia de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Desde esta misma tribuna en Encuentro Social, hemos comentado y seguimos sosteniendo en la necesidad de desaparecer esa comisión.

Con agrado vemos este acuerdo que ha tomado la Junta de Coordinación Política, nos parece muy correcto, nos parece adecuado. Qué bueno que vamos a nombrar un comité técnico donde va a estar involucrada la Cámara de Diputados, pero sobre todo, qué bueno que estamos pensando, los representantes de nuestra nación, en la necesidad de redistribuir mejor los ingresos de los mexicanos a través de los salarios.

Quiero, para terminar esta brevísima intervención, felicitar a todos los coordinadores parlamentarios, y desde luego a todos los diputados que estamos poniendo el dedo sobre la llaga, no podemos seguir viviendo con estos salarios de hambre, y ha llegado el momento que la Cámara de Diputados tome una acción principalísima para encabezar este gran movimiento que habrá de traer dignidad a millones de mexicanos. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Flores. Tiene ahora la palabra la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, uno de los mayores problemas que enfrentan las familias mexicanas es ver que su salario no es suficiente para cubrir las necesidades básicas, que cada día les alcanza menos para comprar la despensa, situación que ahonda la brecha de desigualdad que tanto daña el tejido social.

Actualmente el salario mínimo no alcanza ni siquiera para adquirir los alimentos básicos. En Nueva Alianza, somos sensibles a los problemas de nuestra sociedad y comprometidos con la misma, consideramos que es necesario hacer ajustes al salario mínimo.

Por ello estamos a favor de la creación de un consejo técnico que analice y proponga los mecanismos para desindexar al salario mínimo, y que consecuentemente propicie la recuperación de los ingresos.

La reforma constitucional en materia del salario mínimo constituye un paso trascendente para que la política de salario mínimo pueda transitar hacia una recuperación gradual y sostenida de su poder adquisitivo, ya que en la pérdida adquisitiva ha impacto severamente la economía nacional, generando bajos niveles de consumo y ahorro de las familias, un débil mercado interno y una agudizada y severa pobreza, pobreza que nos lastima a todos.

En Nueva Alianza estamos convencidos de la necesidad de revertir esta brecha de desigualdad, propiciando una equidad y una justicia laboral, y una justicia social. Sabemos que nuestra obligación es realizar las adecuaciones que correspondan, a fin de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia, y emitir una legislación reglamentaria que determine el valor de la unidad de medida y actualización.

De ahí lo apremiante de la necesidad de conformar este Comité Técnico, que de los pasos necesarios se permita una efectiva recuperación del salario mínimo y una recuperación de la vida digna de las familias de México. Aun cuando es una de sus atribuciones no estamos de acuerdo con que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se haya adelantado a fijar el aumento de 4.2 por ciento al salario, es decir 2.94 pesos.

Nuestro desacuerdo estriba en que consideramos que esa comisión debió esperar a que se concluyera el proceso legislativo del salario mínimo y se conforme a ello determinar su aumento.

La realidad nos demuestra que este aumento no es suficiente ni es significativo para las familias, no es funcional y no sirve para propiciar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Han perdido desde hace 25 años, esto nos lastima a todos. No es posible que 73.4 pesos alcance a una familia para cubrir las necesidades básicas en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria a sus hijos.

En Nueva Alianza sabemos la importancia de lograr un salario mínimo digno, que garantice el acceso a una canasta básica de bienes y a una cobertura de necesidades elementales en las familias mexicanas. Por ello votaremos a favor del presente acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Por su atención, compañeras y compañeros, gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo. Tiene ahora la palabra la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy celebro, hoy por primera vez celebro, ser parte de esta bancada. Hoy, porque cada uno de ustedes y nosotros estamos en un mismo canal, conscientes de que el salario mínimo en nuestro país es una burla. Es restregar el dedo en la llaga de los que menos tienen, es la gran oportunidad de seguir generando un abismo grandísimo entre los que hacemos el gobierno de nuestro país y los que tiene que vivir de los hechos de ese gobierno.

Hoy tenemos un gran reto, ya dimos el primer paso con la desindexación, pero tenemos que trabajar en esa comisión para logra restituirle al pueblo de México esa tan ansiada justicia laboral. Es inadmisible revisando la realidad de los sueldos de cada uno de los poderes de este país, como significan un abismo entre la tierra y el infinito, en razón de lo que gana cada uno de los trabajadores que día a día forman la economía de este país.

Nosotros somos beneficiados, casi ganamos un millón y medio de pesos al año, mientras que aquel que vive de su salario mínimo cuando mucho gana 25 mil, 26 mil pesos al año. ¿Por qué se tiene que dar esa condición en este país, donde hablamos de igualdades, donde hablamos de realidades, donde hablamos de justicia?

Hoy nos toca a todos nosotros hacer un gran trabajo y acortar ese abismo de marginación donde se encuentra el pueblo de México. Es inadmisible que los ministros de la Suprema Corte ganen cifras estratosféricas, mientras nosotros aquí lo seguimos permitiendo.

Vamos pugnando porque todos esos trabajadores que sustentan el camino de este país, que nos pagan a nosotros nuestros salarios, tengan un salario suficiente y digno. Nosotros en la bancada de Movimiento Ciudadano, estamos conscientes de que no podemos seguir lastimando al pueblo de México, por eso les invito compañeros, a que hoy todos ustedes digan no a las subvenciones, no es justo lastimar al pueblo de México, no es justo tomar un solo peso de lo que no nos corresponde, somos suficientemente bien pagados.

No es posible que sigamos en esta condición, vamos a trabajar en el sentido de ser equitativos, de recibir lo que justamente nos corresponde, porque eso es justicia social.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano celebra la formalización de una agenda de trabajo para sacar adelante las reformas necesarias para la recuperación del salario de los mexicanos. Muchísimas gracias, compañeros, tenemos una gran tarea, hemos dado el primer paso.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramírez. Tiene ahora la palabra la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Araceli Damián González: Señor presidente, diputadas y diputados, pues de las pocas acciones que realmente me congratulo en estos últimos cuatro meses que estamos aquí en la Cámara, es de la firma de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece este consejo técnico que revisará los salarios mínimos.

En Morena no lo decimos como una retórica, en Morena estamos convencidos que los salarios en México son salarios de hambre.

Es muy importante considerar que la posibilidad de que el salario mínimo se recupere, no depende únicamente de que establezcamos un nivel por arriba, por debajo de una línea de pobreza, sino que también es necesario que las políticas económicas se modifiquen.

Se abren muchas dudas, ¿cómo es que se fijará el nivel de aumento del salario? No puede quedarse como estaba anteriormente, fijado de acuerdo a la inflación esperada, casi siempre el salario quedaba rezagado.

La recuperación del salario mínimo abre también la puerta de que en el sistema completo salarial tenga un mejoramiento, no nada más tenemos un problema en la parte más baja de los salarios de los trabajadores, sino también la tenemos en un sector que va más allá de un salario mínimo.

Por otro lado, tendríamos que discutir cuál será ese umbral del nuevo salario mínimo. El Coneval habla, por ejemplo, de 83 pesos de su canasta alimentaria. Sin embargo, su canasta ampliada; es decir, aquello que va más allá de los alimentos, está ubicada en 171 pesos, podemos decir que esta canasta ampliada es aún una línea, un umbral de pobreza aún bajo, se requiere al menos de unos 200 pesos por día por persona.

México tiene que mejorar sus salarios, porque eso permitirá al país mejorar en términos de su competitividad. Una fuerza de trabajo bien alimentada, con un nivel de ingreso adecuado, tendrá mayores capacidades de hacer frente a los retos que tiene todo el país en su conjunto.

Me congratulo que sea este Consejo Técnico, un consejo que también admita la posibilidad de que los sindicatos participen en la discusión, otros organismos no gubernamentales también. Académicos, empresarios, diputados, senadores, tenemos un gran reto aquí, que se establezca el nuevo salario mínimo para México. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Damián. Tiene ahora la palabra el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Buenos días, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Primero que nada quiero, igual que el presidente y me lo ha autorizado, darle la bienvenida al senador de Illinois, Welcome to México. Presidente, usando sus palabras.

Dos. Dar la bienvenida a los compañeros diputados del PAN que hoy tomaron protesta, en una elección que fue controvertida, se hizo de nuevo, en las elecciones no hay vencedores ni vencidos, lo que vence es la democracia y hoy lo recibimos con mucho gusto.

Lo que peleamos siempre en las campañas, lo que escuchamos, lo que nos reclaman todos los días, es que la gente necesita empleo, la gente necesita trabajo, es la petición número uno, y va para los presentes y mucho para los que escuchan.

Espero que quienes escuchen no sólo sean ellos, sino también su conciencia. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene que ser bien remunerado y en eso coincidimos todos. Todas las fracciones de este Congreso coincidimos, los del Bronx y las Burbujas, todos y cada uno de nosotros queremos que la gente gane mejor, que la gente tenga un salario digno, por eso tenemos que estar a favor de preparar un Consejo Técnico que se encargue de que la desindexación se lleve a términos reales. A que el salario se vuelva mejor y no que quede solo en una propuesta de palabras. En eso coincido con todos mis compañeros.

¿Por qué tenemos que hacerlo? Por lo que platicaba hace rato con algunos compañeros. La brecha social es demasiado grande. Si no logramos trabajar y encerrarla vamos a tener problemas sociales graves. Nos urge hacerlo.

¿Cuál es el llamado? Señor presidente, para todos y cada uno. El llamado es a que quienes integren el Consejo Técnico lo hagan con conciencia social. Lo hagan con el concepto de justicia que deben tener y lo hagan, sobre todo, pensando que aquí vivimos un estado de excepción que debiera ser para todos. Ganando muy bien, haciéndolo con responsabilidad y haciendo un mejor México. Es cuanto, señores, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Salazar. Tiene ahora la palabra el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Julio Saldaña Morán: Con su permiso, diputado presidente. Con la venia del Grupo Parlamentario y de todos los partidos. Quiero pedir un minuto de su atención y decirles y expresarles que en el Grupo Parlamentario del PRD estamos a favor, estamos de acuerdo de los lineamientos acordados por la Junta de Coordinación Política porque se establece la metodología para el análisis de la iniciativa y minutas en materia de salario mínimo.

No sin antes resaltar lo que el PRD ha trabajado de siempre. El salario mínimo de los trabajadores mexicanos es de los más bajos en América Latina. Así lo establece el mismo Banco de México y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

Hace unos días la Comisión Nacional de Salarios Mínimos anunció que el aumento del salario para el próximo año será de 3 pesos, que pasará de 70 a 73. Qué 3 pesos, 2 pesos con 90 míseros centavos. Esto no puede seguir así, amigos diputados.

Considero que la decisión se tomó sin analizar a profundidad la protesta, la propuesta de Coneval y del mismo Distrito Federal, que ha sido el pionero en mejorar el salario mínimo, que aseguran que el salario debe rondar entre los 150 pesos para el trabajador.

Realmente es una falta de sensibilidad por la parte de la Comisión Nacional del Salario Mínimo y del mismo presidente que no se apega a la realidad y da cuenta que una familia no puede subsistir con estos ingresos.

Hago un llamado a que el presidente de la Comisión Nacional del Salario Mínimo comparezca ante este pleno y nos explique en qué se basó para anunciar tan pobre aumento, cómo lo justifica, cómo le puede dar la cara a los millones de trabajadores con este próximo incremento.

En el PRD siempre apostamos por recuperar el valor adquisitivo del salario, por ello avalamos la desvinculación de éste. Por ello estamos a favor del acuerdo que emite la Junta de Coordinación Política, pues debemos de analizar a fondo los mecanismos necesarios para el aumento real del salario mínimo.

También les pido, compañeros diputados, que avalemos la comparecencia y no les demos la espalda a los trabajadores, de lo contrario no servirá de nada los esfuerzos que hicimos desde este recinto para aumentar el salario mínimo. No dejemos que los trabajadores sigan sintiendo que no tienen el respaldo de sus diputados. Hagamos votos para que los trabajadores se vean representados con mejores salarios, con mejoras para sus familias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Saldaña. Saludamos la presencia de jóvenes de secundaria del Colegio Rex, del estado de Durango, Durango. Invitados por el diputado Otniel García Navarro. Bienvenidas, bienvenidos, amigos, amigas. Tiene ahora la palabra, el diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor: Buenos días, compañeras y compañeros. Con su permiso, señor presidente, quisiera antes de iniciar con el tema que nos tiene. Quiero felicitar a los dos equipos que jugaron el domingo en la final, tanto Los Pumas, como Los Tigres, ambos nos dieron muestra de pasión, entrega, ímpetu y dejaron la verdad todo en la cancha. Ahí estuvimos apoyando a nuestro equipo. Felicito, por supuesto al nuestro, a Los Tigres, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que gracias al gran esfuerzo que tuvieron los dos, el que pudo superarlo fueron Los Tigres. Tigres campeón. Lo logramos señores. Muchísimas gracias.

Entrando al tema y el acuerdo que estamos discutiendo, en esta oportunidad atiende la problemática de la precariedad del salario mínimo en nuestro país. Para Acción Nacional el salario mínimo se ha constituido en una de sus principales prioridades, así lo constata nuestra plataforma política vigente y las últimas agendas legislativas que hemos propuesto en el Congreso de la Unión.

Partimos de la realidad innegable. El salario mínimo en México es insuficiente y su objetivo original, que era evitar que las familias quedaran en situaciones de pobreza, ha quedado totalmente rebasado, así lo constata la Coneval.

La pobreza en México ha crecido en los últimos dos años, y sabemos que los salarios en México tienden a precarizar las condiciones de vida de la sociedad cuando estamos ante escenarios de crisis económica como la actual, o a las acostumbradas en las últimas décadas del siglo pasado.

Antes el fenómeno de la caída de los salarios reales se asociaba a altos niveles inflacionarios y otros factores como el costo de la deuda, devaluaciones del peso y déficit públicos elevados, lo que desembocaba en la caída de los salarios del poder adquisitivo real, lo que marcaba la pauperización de la calidad de vida de la sociedad mexicana.

Hoy en día los factores que afectan el poder adquisitivo no tienen la presión que representa tener escenarios de alta inflación, pero persisten las amenazas de incremento en la deuda pública, devaluaciones del peso respecto al dólar, y un déficit público que no está en equilibrio entre otros países.

Lamentablemente en el referente internacional la situación tampoco es alentadora, toda vez que México es el país con el salario mínimo más bajo de todos los países miembros de la OCDE, si acaso solo por encima de la República Checa.

Asimismo, identificamos a nuestro país que no invierte en el fomento al empleo lo que origina problemas en el ambiente laboral como son principalmente la inseguridad laboral y la calidad de los ingresos de los trabajadores mexicanos.

Por eso vemos con agrado el presente acuerdo que instruye a las Comisiones de Hacienda, de Trabajo y de Competitividad a coordinar esfuerzos que fortalezcan el salario mínimo nacional.

Consideramos que el establecimiento del consejo técnico propuesto dará la oportunidad histórica para incidir en el mejoramiento paulatino pero firme de los niveles del salario en México, ya que involucra la participación de todos los actores que tienen una injerencia directa en este tema.

Estamos de acuerdo con las facultades que se le otorgan al consejo técnico, ya que este se encargará de coordinar y procesar las iniciativas, minutas, que se tengan en materia. Además el consejo técnico se encargará de coordinar las audiencias públicas que se deriven de este acuerdo, de las cuales estamos completamente seguros que serán derivados de propuestas que enriquecerán, sin duda, la estrategia para fomentar el incremento gradual pero sostenido, del salario mínimo en México.

Por las razones expuestas y a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, manifiesto nuestra posición del presente acuerdo y nuestro compromiso firme y permanente para incrementar de una manera efectiva el salario mínimo de los mexicanos, es, Partido Acción Nacional, vamos con la propuesta, vamos con el acuerdo, vamos por el bie-nestar de todo México. Compañeras y compañeros, muchísimas gracias; excelente día. Gracias, presidente, es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora la palabra la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero: Con su venia, diputado presidente. El precedente más inmediato sobre los mecanismos para determinar el aumento del salario mínimo, lo encontramos en la década de los 80s cuando el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron una iniciativa del Ejecutivo que reformó sustancialmente el paradigma que establecía inercialmente los aumentos. A partir de dicha reforma es que los salarios mínimos serían fijados por una comisión nacional con representantes de gobierno, empresa y trabajadores, dando paso al esquema que actualmente ha permitido en mayor o menor medida, dar respuesta a la demanda de los trabajadores.

Después de décadas de estancamiento, pero décadas completas de estancamiento, de inamovilidad, es que ha sido nuevamente una iniciativa del Ejecutivo federal, encabezada por el licenciado Enrique Peña Nieto, que se han podido hacer diversas modificaciones para romper las inercias respecto al tema que hoy nos ocupa.

Para muestra de ello basta hacer mención de las acciones que hoy en día podemos dar como resultados tangibles y que principalmente consiste en una sola zona económica en todo el país para la determinación del salario mínimo. Asimismo, la aprobación de las modificaciones constitucionales para llevar a cabo el proceso de desindexación del salario con la cual se pudo llevar a cabo la desvinculación del mismo, como unidad de referencia de otros fines diferentes al objetivo original.

En el presente mes, la Conasami acordó por unanimidad otorgar un aumento del 4.2 al salario mínimo para el 2016, superando los dos puntos a la inflación que este año fija en un menor del 2 por ciento.

La recuperación del poder adquisitivo en estos últimos tres años, ha sido del 6 por ciento, consecuencia de una tendencia positiva luego de un estancamiento de años. Resultados como éstos no son aislados, sino son el producto de esfuerzos y la clara muestra de que a través del diálogo constructivo y la implementación de reformas sustantivas, se puede mover al país y encauzarlo hacia la vía del crecimiento.

Por eso es necesario que el Congreso asuma un papel protagónico en el estudio de las definiciones sobre salario mínimo. Para eso estamos abriendo un nuevo espacio para su estudio y su debate.

Ahora bien, el acuerdo que este día se somete a consideración de esta asamblea, confirma el compromiso de que esta soberanía mantiene con la recuperación del salario mínimo, el cual se encuentra inmerso en un proceso de resarcimiento, pero seamos claros y responsables, el aumento al salario mínimo no se va a dar únicamente porque tangamos la convicción de que eso suceda, para ello se necesita considerar diversos actores económicos y el aumento a la productividad que no se resolverá en la inmediatez que todos deseamos.

Proponer aumentos espontáneos sin reparar en el costo inherente, no sólo es irresponsable, sino que en la realidad económica nacional e internacional, resulta imposible.

El aumento debe ir acorde a esa realidad. Es por ello que para el PRI al aprobar este acuerdo, estamos en pro de la sistematización del arduo trabajo que todos los grupos parlamentarios aquí representados hacemos para garantizar que el salario digno tenga el mejor de los valores para el firme propósito de resarcir a los y las trabajadoras de México.

Pero sobre todo para que no sea sujeto de vaivenes políticos o de una estrategia coyuntural ante eventos electorales, una tarea primordial del grupo que estamos conformando es asegurar una seria discusión con resultados que aporten no a elecciones, sino a decisiones que beneficien a todos y con el futuro seguro.

El acuerdo que nos ocupa es un instrumento de sumo valor, encaminado a continuar en el mejoramiento y adecuación de la legislación secundaria derivada de la reforma política. En el PRI estamos a favor de Congreso, pero sobre todo estamos a favor de la clase trabajadora. Votemos a favor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Zapata. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo propuesto.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Despierten ya, mexicanos y mexicanas.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

RECESO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 12:04 horas): En virtud de la convocatoria para la sesión solemne, en la que se hará entrega de la medalla al mérito cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, se abre un receso. Y se solicita a las diputadas y a los diputados permanecer en el salón de sesiones. Y se les informa de una vez que, una vez concluida la sesión solemne, se reanudará la sesión ordinaria.

(Receso)

(A las 13:42 horas) Se reanuda la sesión ordinaria.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por tres minutos, el diputado Fidel Kuri Grajales, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita también por los diputados Rafael Yerena Zambrano y Pablo Gamboa Miner, Mier, aquí mal escrito, del Grupo Parlamentario... Está mal escrito, no es culpa mía, corregí porque me acordé que no era ese, decía, el diputado Pablo Gamboa Mier, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, por favor.

El diputado Fidel Kuri Grajales: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. A continuación expongo los motivos de la iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, no sin antes agradecer a los diputados Rafael Yerena Zambrano y a Pablo Gamboa Miner, por permitir ser parte de esta iniciativa.

El deporte, como uno de los pilares de una sociedad sana. Proporciona un espacio en el que se pueden compartir pasiones. Como factor de convivencia social contribuye al sano desarrollo de las relaciones sociales y sus beneficios tienen alcances variados como la cooperación, la solidaridad, la cohesión familiar, entre muchos otros.

Igualmente hace despertar en los individuos el espíritu competitivo y moral por el respeto a las reglas, a la disciplina, a la perseverancia y a la honestidad que contribuyen a que las personas desarrollen estos valores no sólo en sus prácticas deportivas, sino en su vida cotidiana.

Las contiendas deportivas, y más en el ámbito profesional, suscitan en muchas ocasiones el desbordamiento de las pasiones que conllevan a actos violentos y a la confrontación entre grupos aficionados, identificados con clubes deportivos, supuestamente opuestos.

Atinadamente, la pasada legislatura aprobó un decreto que reformó y adicionó la Ley General de Cultura Física y Deporte para combatir la violencia en los Espectáculos deportivos con el fin de proteger a las personas que asisten a verlos.

Como factor necesario para promover los buenos hábitos, el respeto y la tolerancia, así como la formación de una identidad, consideramos necesaria la promoción de una cultura de paz en el deporte, en todos los niveles, desde el profesional hasta el amateur.

Esta iniciativa toma como principal referencia la reforma hecha a la fracción VI de la Ley General de Educación, la cual incluyó como uno de los fines de la educación que imparta el Estado la promoción de valores y proporcionar la cultura de paz.

Para atender estas resoluciones en octubre de 1999, la Asamblea General de la ONU aprobó la declaración y programa de acción donde define una cultura de paz como un conjunto de valores, actividades, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida. El fin de violencia y la promoción a la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación.

Otro motivo que impulsa la presentación de esta iniciativa es el eje de acción del Plan Nacional de Desarrollo, un México de paz.

Ahora bien, nuestra propuesta, encaminada a establecer como principio en el ejercicio del deporte el fomento a las actitudes solidarias y a propiciar la cultura de paz, a fin de que todos los actores involucrados en el deporte acaten como imperativo categórico el respeto a todas las actividades, a los comportamientos que generen la convivencia pacífica y armónica.

También la reforma plantea dotar a la Conade de la facultad de definir los lineamientos para la cultura de paz en el deporte, la cual complementará sus acciones tendientes a prevenir la violencia en todo el ámbito deportivo.

Ya por último, se propone incluir el fomento de la cultura de paz dentro de las atribuciones de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, en razón que es el organismo especializado para prevenir la violencia dentro del mismo.

Por todo lo anterior, es que consideramos relevante que en la política del deporte de todos los niveles, se comience a promover la cultura de paz entre los competidores y sus aficionados, con el fin de propiciar un ambiente amoroso, de respeto y conciliador, por lo que se propone a esta asamblea, aprobar nuestro proyecto de decreto.

Por último, quiero desearles a ustedes, compañeros, y a todos los mexicanos, que esta navidad nos sirva para asumir y comprometernos a vivir los valores que son el patrimonio de nuestro país: la honestidad, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo, la sencillez y el orgullo de ser mexicano.

Celebremos esta navidad viviendo una auténtica transformación en nuestra mente y corazón, así sentar las bases de un año nuevo fabuloso. Les deseo una feliz navidad y un próspero año 2016 a todos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Fidel Kuri Grajales y Pablo Gamboa Miner, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Rafael Yerena Zambrano, Pablo Gamboa Miner y Fidel Kuri Grajales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno iniciativa, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El deporte es uno de los pilares de una sociedad sana, que confía en sí misma, unida y diversa a la vez, basada en los derechos humanos y la igual dignidad de todos. Proporciona un espacio en el que se pueden compartir pasiones, en el que las comunidades pueden reunirse y los desfavorecidos adquirir algún poder.

Los juegos deportivos como factor de convivencia social contribuyen al sano desarrollo las relaciones sociales, y sus beneficios tienen alcances variados como la cooperación, la solidaridad, la cohesión familiar entre muchos otros. Igualmente hace despertar en los individuos el espíritu competitivo y moral por el respeto a las reglas, la disciplina, la perseverancia, y la honestidad que contribuyen a que las personas desarrollen estos valores no solo en sus prácticas deportivas, sino en su vida cotidiana.

Las competencias deportivas, tanto individuales como de grupo, no sólo involucran a los contendientes, sino a todas las personas que tienen responsabilidad directa o indirecta en el desempeño de los deportistas, así como a las que sin tener dicha responsabilidad sienten una inclinación o preferencia por el deportista o el equipo que contiende en el juego o competencia.

El deporte, a su vez, es una actividad individual o de conjunto que, sujeta a reglas establecidas, implica una competencia en igualdad de circunstancias, en la que el triunfo debe ser fruto exclusivo de la preparación, la disciplina, la capacidad, la habilidad y el esfuerzo personal o colectivo. El deporte sublima la inclinación natural del ser humano a buscar la victoria, mediante el empleo máximo de sus capacidades, la realización de su mayor esfuerzo y el respeto al espíritu del juego limpio.

Como mencionamos, el deporte acarrea pasión, manifestándose en la afición de las personas que acuden a los recintos y lugares donde se llevan a cabo las competencias, suscitando en muchas ocasiones el desbordamiento de las pasiones que conllevan a actos violentos, tanto a nivel de cancha como extra cancha, con lo cual se desvirtúa la esencia armónica del deporte.

La violencia y la confrontación en el ámbito deportivo se han presentado en todos los niveles de competencia, desde el juego llanero hasta las más importantes competencias a escala mundial, lo cual hace evidente que las competiciones deportivas presentan múltiples aristas, ya que los estados de emoción violenta suelen ser susceptibles tanto en jugadores, competidores, entrenadores, auxiliares, directivos, directivos e incluso miembros de la prensa.

En este orden, vemos cómo las contiendas deportivas, y más en el ámbito profesional, han sido verdaderos caldos de cultivo para la aparición de la violencia, contrario a lo que debiera ser, como factor necesario para promover los buenos hábitos, el respeto y la tolerancia así como la formación de una identidad.

Desgraciadamente, en la actualidad ha acontecido tanto en nuestro país como en otros, un incremento de la violencia provenida desde las rivalidades entre grupos de aficionados identificados con clubes deportivos “supuestamente” opuestos, hasta las riñas dadas en juegos callejeros o llaneros, ocasionando agresiones hacia las personas.

Atinadamente, la pasada legislatura tomó cartas en el asunto al proponer, discutir y aprobar un decreto que reformó y adicionó la Ley General de Cultura Física y Deporte para combatir la violencia en los espectáculos deportivos con el fin de proteger a las personas que asisten a presenciarlos.

Sin embargo, últimamente hemos visto que la violencia que se presenta en el deporte, no sólo acontece en las gradas con los aficionados, sino que ha ocurrido en otros espacios y con otros actores, como las canchas y los miembros de los equipos.

Ante estas situaciones, consideramos necesario la promoción de una cultura de paz en el deporte desde todos los niveles, desde el profesional hasta el amateur en todas las competencias.

Esta iniciativa toma como principal referencia la reforma hecha a la fracción VI de la Ley General de Educación, la cual incluyó como uno de los fines de la educación que imparta el Estado, la promoción de valores y propiciar la cultura de paz.

Es oportuno citar parte de los argumentos del dictamen que presentó la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la LX Legislatura referente a lo resuelto por la Asamblea General de la ONU sobre cultura de paz:

La proclamación en 1998 del Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo 2001-2012, establece que:

• se causan enormes daños y padecimientos a los niños mediante diversas formas de violencia en todos los planos de la sociedad en el mundo entero y que una cultura de paz y no violencia promueve el respeto a la vida y a la dignidad de todo ser humano, sin prejuicios ni discriminaciones de ninguna índole...

• la educación debe desempeñar la función de... forjar una cultura de paz y no violencia, en particular mediante la enseñanza de la paz y la no violencia a los niños...

• que la promoción de una cultura de paz y no violencia para aprender a vivir juntos en paz y armonía... debería emanar de los adultos e inculcarse a los niños;

Para atender estas resoluciones, en octubre de 1999, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz.

El artículo 1o. de esta declaración establece que una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación...

En el artículo 2o. se define: El progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra por medio de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios para el fomento de la paz entre las personas, los grupos y las naciones.

El deporte es una herramienta para la reconciliación social y humanitaria y, además de ser un elemento potencial para procesar y alcanzar una cultura de paz, funge como un factor importante para contribuir a un cambio social.

Otro motivo que impulsa la presentación de esta iniciativa, el eje de acción del Plan Nacional de Desarrollo, “Un México en Paz” donde alude a que “México ha enfrentado en los últimos años una problemática sin precedentes en términos de seguridad pública... Para que un país logre la paz debe comenzar por prevenir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y lograr el goce efectivo de sus derechos”.

En el Foro Internacional para el Desarrollo y la Paz, llevado a cabo en Ginebra el 10 y 11 de mayo de 2011, organizado por la ONU, se afirmó que por medio de modelos de conducta, el deporte puede promover el liderazgo y lograr alcanzar a los jóvenes, añadiendo un mensaje educativo al deporte o eventos deportivos puede elevar la conciencia en asuntos sociales de diversa índole. Y la respuesta ha sido formidable, ya que hemos visto que el deporte profesional se ha involucrado en las acciones loables como las campañas de prevención de cáncer por citar un ejemplo.

Ahora bien, nuestra propuesta va encaminada a establecer como principio en el ejercicio del deporte, el fomento a las actitudes solidarias y a propiciar la cultura de paz a fin de que todos los actores involucrados en el deporte acaten como imperativo categórico el respeto todas las actitudes y los comportamientos que generen la convivencia pacífica y armónica.

También, la reforma plantea dotar a la Conade de la facultad de definir los lineamientos para la cultura de paz en el deporte, la cual complementará sus acciones tendentes a prevenir la violencia en el deporte.

Ya por último, se propone incluir el fomento de la cultura de paz dentro de las atribuciones de la comisión especial contra la violencia en el deporte, en razón de que es el organismo especializado para prevenir la violencia en el deporte, siendo la cultura de paz una herramienta idónea para lograr la erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones.

Por último, los suscritos estamos a acuerdo que si bien la paz es responsabilidad de todos, la paz la hacemos todos, pero también, la cultura de paz es una responsabilidad de Estado, pues es la organización social por antonomasia que se erige como el garante de la paz.

Por todo lo anterior se propone a esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona la fracción XIII al artículo 2; se reforma la fracción XXIII del artículo 30; y se reforman las fracciones I y II del artículo 140 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 3....

XIII. Fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de paz, de la legalidad y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones.

Artículo 30. La Conade tiene las siguientes atribuciones:

XXIII. Definir los lineamientos para la lucha contra el dopaje en el deporte, la prevención de la violencia y el fomento de la cultura de paz en el deporte;

Artículo 140. Las atribuciones de dicha comisión especial, además de las que se establezcan en el reglamento respectivo, serán

I. Promover e impulsar acciones de prevención contra la violencia y la cultura de paz en el deporte;

II. Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización en contra de la violencia, así como de propiciar la cultura de paz con el fin de conseguir que el deporte sea un referente de integración y convivencia social;

III. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Mensaje de la señora Irina Bokova, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, 6 de abril de 2015.

2 Programa de Educación Física y Deporte 1995-2000, 23 de agosto de 1996, consultado en: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/nrm/1/333/ 2.htm?s=iste

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2015.— Diputados: Fidel Kuri Grajales, Pablo Gamboa Miner, Rafael Yerena Zambrano (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Kuri. Ya el ánimo navideño instalado hasta en los discursos. Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.

EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 134 Constitucional en Materia de Imagen Institucional.

El diputado José Everardo López Córdova: Con su permiso, presidente. Señoras y señores diputados, por décadas el uso de la propaganda gubernamental en México ha estado sujeta a interpretaciones jurídicas y más propiamente judiciales sobre la promoción debida e indebida de la imagen pública.

Por ello consideramos de suma importancia regular dicha actividad, a efecto de que los recursos públicos no se utilicen para realizar propaganda electoral encubierta por propaganda gubernamental propia de todo estado democrático y cuya principal función es la de informar a las sociedades situaciones de interés regional o nacional tales como avisos en materia de salud, protección civil, seguridad nacional u otra.

En mucha ocasiones Acción Nacional ha denunciado estas prácticas que consideramos antidemocráticas que no garantizan un piso parejo en las contiendas electorales. En la reforma electoral del 2007 propuesta por el PAN y aprobada en este Congreso, entre otros propósitos se planteó elevar a rango constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental y su texto se centraba en que los servidores públicos en general deben de aplicar con imparcialidad los recursos públicos.

Con este antecedente y en concordancia con la reforma político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 en donde se establece en su tercero transitorio un mandamiento para que el Congreso de la Unión expida la Ley que Regule la Propaganda Gubernamental.

Es por lo que se hace necesario poner a consideración de esta asamblea la presente iniciativa por la cual se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de propaganda gubernamental. Se prohíbe incluir las características personales o logros de las actividades de los servidores públicos, incluir mensajes, símbolos o colores con idénticas frases, tonalidades, tipografía o cualquier elemento que identifique promocionalmente a un partido político o coalición; incluir mensajes, símbolos o colores que generen confusión con los utilizados por partidos políticos o coaliciones.

Compañeras y compañeros diputados, nuestra democracia exige que todos y cada uno de los contendientes en las campañas electorales cuenten con la garantía de participar en procesos equilibrados y con piso parejo. La apertura democrática en México se dio bajo estas condiciones.

Hoy hay quienes se quieren aprovechar de las lagunas en la ley para posicionar su imagen a través de la propaganda política en franco detrimento de la calidad democrática de las elecciones. Es momento de poner un freno a esto y hacer que los principios democráticos sean los que priven en las actitudes y en las acciones de cada uno de los actores.

No podemos permitir que se sigan utilizando recursos públicos para favorecer a personas o a partidos y que esto sin duda venga a privar la libertad democrática en este país. Por eso desde esta tribuna y haciendo uso de mi tiempo, en el PAN estamos a favor de una ley reglamentaria del artículo 134 que está en nuestra plataforma política y que lo estaremos discutiendo en el próximo periodo de este Congreso de la Unión. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Iniciatiova que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 134 Constitucional en materia de Imagen Institucional, a cargo del diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Everardo López Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, que expide la Ley Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Propaganda Gubernamental, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Por décadas el uso de la propaganda gubernamental en México ha estado sujeto a interpretaciones jurídicas y más propiamente judiciales sobre el uso debido o indebido de la imagen pública y la promoción de la misma a través de la propaganda gubernamental. Por mucho tiempo funcionarios y servidores públicos haciendo uso de recursos del erario han utilizado la propaganda gubernamental para su beneficio o la de sus partidos o correligionarios. Es importante regular dicha actividad a efecto de que los recursos públicos no se utilicen para realizar propaganda electoral encubierta por la propaganda gubernamental propia de todo estado democrático, y cuya principal función es informar a la sociedad de situaciones de interés regional o nacional, tales como avisos en materia de salud, protección civil, seguridad nacional u otras.

Es importante reconocer que legisladores federales de diversas fracciones parlamentarias, así como los Senadores Santiago Creel Miranda y Ricardo Francisco García Cervantes y los diputados Diódoro Carrasco Altamirano y Héctor Larios Córdova, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el treinta y uno de agosto de dos mil siete, misma que entre otros propósitos planteaba elevar a rango constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental.

Esta reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, y en donde finalmente estableció que los servidores públicos en general debían de aplicar con imparcialidad los recursos públicos sin influir con éstos, a través de la propaganda gubernamental, en las decisiones de las personas o el electorado en tiempos de elecciones. Dicha modificación al texto constitucional quedó de la siguiente manera:

“Art. 134.- ...

...

...

...

...

...

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

...”

En este orden de ideas, y en concordancia con la Reforma Político Electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en donde se establece en su tercer transitorio el mandamiento para que el Congreso de la Unión expida la ley que regule la propaganda gubernamental, es por lo que se hace necesario poner a consideración de esta asamblea la presente iniciativa.

TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

En este sentido la presente iniciativa, compuesta por treinta artículos distribuida en dos títulos y cinco capítulos, establece el ámbito de aplicación de la ley, señalando para ello los criterios de interpretación y los principios que regularán la aplicación de la ley. Además, se establecen los sujetos obligados de la misma y para efectos de una mejor lectura se incorpora un catálogo de definiciones para precisar el contenido y alcance de la ley.

Por otra parte, se señalan como entes facultadas para aplicar las disposiciones contenidas en la Ley a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando los sujetos obligados sean del orden federal, y cuando los sujetos obligados sean del orden local o municipal, lo serán las respectivas instancias técnicas de evaluación que resulten competentes.

Además, es de señalar que se establece la obligación para que los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como los entes autónomos, creen los órganos, criterios y procedimientos para hacer efectivas las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento en sus respectivos ámbitos de competencia, a efecto de tener aplicabilidad acorde a sus funciones y atribuciones como poderes de la unión.

Para efecto de establecer la regulación de los sujetos obligados, se establece la prohibición de incluir la imagen, nombre, cargo, voz o símbolo de los servidores públicos, salvo los casos de la presentación de informes anuales de gestión de los servidores públicos de elección popular y los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, siempre que dicha propaganda se realice una vez al año, siete días antes y cinco días posteriores a la realización material del informe, exclusivamente en la cobertura territorial que corresponda al cargo de elección popular de que se trate y nunca fuera del mismo. Dicha propaganda tampoco podrá contener alusiones electorales ni podrá realizarse dentro de los periodos electorales.

Asimismo, se prohíbe a los sujetos obligados incluir las características personales o logros de las actividades de los servidores públicos; incluir mensajes, símbolos o colores con idénticas frases, tonalidades, tipografía o cualquier elemento que identifique al promocional con un partido político o coalición; incluir mensajes, símbolos o colores que generen confusión con los utilizados por partidos políticos o coaliciones y otros sujetos obligados; incluir mensajes que pretendan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.

De igual forma, en aras de preservar la paz pública y salvaguardar la integridad de las instituciones y los ciudadanos, se prohíbe incluir mensajes que generen invitación a la violencia, a la vulneración a los derechos humanos y/o a la discriminación.

Entre otras consideraciones, el Partido Acción Nacional pone a consideración de la asamblea una serie de medidas que pretenden tener el efecto deseado propuesto por los legisladores que dieron sentido y orientación a las reformas constitucionales del 13 de noviembre de 2007 y del 10 de febrero de 2014, con lo que permitirá una mejor regulación en materia de propaganda gubernamental y así evitar conflictos de intereses derivados de la falta de disposición normativa que regule la materia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto:

Único.Se expide la Ley Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Propaganda Gubernamental, para quedar como sigue:

Ley Reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propaganda gubernamental

Título PrimeroDe la Propaganda Gubernamental

Capítulo PrimeroDisposiciones Generales

Artículo 1. Esta ley es de orden público, interés social y observancia general, y tiene por objeto reglamentar el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de propaganda gubernamental.

En materia electoral se aplicarán, además, las disposiciones establecidas al efecto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables.

Artículo 2.La interpretación de esta ley se hará atendiendo a los criterios pro hombre previstos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvaguardando en todo momento la libertad de expresión e información, conforme a los principios generales de derecho y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia.

Artículo 3. Son sujetos obligados para efectos de la presente Ley los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, así como los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los mismos.

En el caso de los poderes legislativos, también son sujetos obligados los grupos parlamentarios.

Artículo 4.Para efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Agencia de publicidad: la persona, física o moral, que presta servicios de producción de propaganda;

II. Comunicación social: Los servicios de radio y televisión y los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto por las leyes respectivas, así como la prensa escrita y, en general, cualquier forma de difusión de información que se realice por señal abierta o restringida, así como en forma impresa, mediante textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualquiera que sea el soporte o instrumento utilizado;

III. Consejo: El Consejo Ciudadano Fiscalizador de la Propaganda Gubernamental;

IV. Gasto en propaganda: Las erogaciones que realizan los sujetos obligados para el ejercicio de las actividades reguladas por esta Ley;

V. Imagen institucional: cualquier tipo de señal, tipografía, reproducción, fotografía, símbolo, identificador visual, rótulos, insignias, voz, nombre o biografía, incluidos en cualquier tipo de promocionales difundidos por radio, televisión, internet, de manera impresa o visual, o por cualquier otro medio, que desarrollen los sujetos obligados a fin de dar a conocer sus actividades a la ciudadanía, así como las comunicaciones oficiales y todo tipo de propaganda que utilicen como vía de comunicación con los ciudadanos;

VI. Medio de comunicación: la persona, física o moral, que presta servicios de radiodifusión; servicios de televisión o audio restringidos; internet; o que de manera impresa difunde masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole; o que en general, presta servicios de comunicación social;

VII. Padrón: Padrón Nacional de Prestadores de Servicios relacionados con los Medios de Comunicación;

VIII. Propaganda gubernamental encubierta: cualquier expresión en los medios de comunicación que, pretendiendo ser una noticia, por la descontextualización, la repetición innecesaria, o por su falta de objetividad se convierta en un mecanismo de difusión de un servidor público;

IX. Tiempos de Estado: Las transmisiones que la radio y la televisión deben proveer para que el Estado difunda sus políticas públicas en términos de la Constitución y la Ley Federal de Radio y Televisión;

X. Tiempos fiscales: los tiempos que derivan de las autorizaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los concesionarios y permisionarios paguen sus impuestos al Estado mexicano; y,

XI. Tiempos oficiales: Los tiempos del Estado y los tiempos fiscales.

Artículo 5.A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria, en lo conducente, las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el Código Fiscal de la Federación; y, la ley general que regule los procedimientos electorales.

Artículo 6.Corresponde la aplicación de esta Ley a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando los sujetos obligados sean del orden federal, y cuando los sujetos obligados sean del orden local o municipal, lo serán las respectivas instancias técnicas de evaluación y las dependencias que resulten competentes.

Los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como los entes autónomos, deberán crear los órganos, criterios y procedimientos para hacer efectivas las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 7.Las disposiciones contenidas en la presente Ley no son aplicables a las campañas de carácter comercial que realizan las entidades paraestatales en cumplimiento de su objeto, excepto que se trate de propaganda institucional sin propósitos de promoción directamente comercial.

También quedarán excluidas de la aplicación de esta Ley las publicaciones de carácter administrativo o judicial, relacionadas con edictos, resoluciones, adquisiciones, obras públicas y toda publicación o difusión de información sobre las actuaciones públicas que deban realizarse por mandato legal.

Capítulo SegundoPrincipios y Criterios de la Propaganda Gubernamental

Artículo 8.Los sujetos obligados, en relación con la propaganda gubernamental que difundan por cualquier modelo de comunicación social, se abstendrán de:

a) Incluir la imagen, nombre, cargo, voz o símbolo de los servidores públicos, salvo los casos de la presentación de informes anuales de gestión de los servidores públicos de elección popular y los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, siempre que dicha propaganda se realice una vez al año, siete días antes y cinco días posteriores a la realización material del informe, exclusivamente en la cobertura territorial que corresponda al cargo de elección popular de que se trate y nunca fuera del mismo. Dicha propaganda tampoco podrá contener alusiones electorales ni podrá realizarse dentro de los periodos electorales. Esta propaganda excepcional personalizada, en materia de inversiones y obras públicas, así como de programas sociales de cualquier naturaleza incluidos educación y salud, deberá contener una alusión clara de que las mismas se han costeado con recursos públicos aportados por la ciudadanía.

b) Incluir las características personales o logros de las actividades de los servidores públicos;

c) Incluir mensajes, símbolos o colores con idénticas frases, tonalidades, tipografía o cualquier elemento que identifique al promocional con un partido político o coalición;

d) Incluir mensajes, símbolos o colores que generen confusión con los utilizados por partidos políticos o coaliciones y otros sujetos obligados;

e) Incluir mensajes que generen invitación a la violencia, a la vulneración a los derechos humanos y/o a la discriminación;

f) Incluir mensajes que pretendan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos;

g) Publicitar los productos o servicios del sector privado o utilizar imágenes, colores, logotipos, sonidos u otros símbolos asociados a éstos, incluyendo la promoción de donaciones sin fines de lucro.

h) Dejar de incluir con claridad el sujeto obligado que emite el promocional.

Artículo 9. La difusión de la propaganda gubernamental se regirá por los principios siguientes:

I. Contendrá, exclusivamente, la información que resulte necesaria u oportuna para el público objetivo;

II. Tendrá carácter institucional, por lo que no promoverá personas, sea en los ámbitos de sus acciones civiles o en el ejercicio de una función pública, como tampoco intereses particulares ni actividades distintas a las realizadas dentro del ámbito de competencia del sujeto obligado que la genere o difunda;

III. Cumplirá con fines informativos, educativos o de orientación social;

IV. Salvaguardará y fomentará el derecho a la información, por lo que observará los criterios de veracidad, precisión, objetividad, suficiencia y accesibilidad de los contenidos;

V. Garantizará la inclusión de grupos vulnerables mediante medidas como el uso de signos y señales para discapacitados;

VI. Promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que no contendrá expresiones que exalten el estereotipo de género y también será ajena a toda inducción a la defenestración o burla por motivos de preferencia u orientación sexual;

VII. Salvaguardará y fomentará el ejercicio de las libertades de expresión y opinión, por lo que su difusión se asignará mediante criterios de equidad y respeto a la pluralidad, proscribiendo cualquier acción de los sujetos obligados que implique la censura indirecta de algún medio de comunicación social o su beneficio fundado en motivos políticos, personales o ideológicos;

VIII. Sustentará la programación y el ejercicio del gasto sobre criterios de eficiencia, eficacia y racionalidad, a efecto de disminuir los costos publicitarios, mejorar la planificación y el sistema de toma de decisiones para alcanzar los objetivos estratégicos;

IX. Preservará la lealtad entre instituciones del Estado, por lo que no denigra u obstruye las funciones de otros entes públicos;

X. Fortalecerá el vínculo de comunicación entre instituciones del Estado y ciudadanía, por lo que no denigrará a particulares, sean personas físicas o morales; y,

XI. Garantizará la equidad en la competencia entre los partidos políticos.

Artículo 10.La propaganda susceptible de difusión por los sujetos obligados abarca:

I. La información relativa a la ejecución de obras de infraestructura, la prestación de servicios públicos, el desarrollo de programas económicos y sociales, aspectos relevantes de las políticas públicas, el funcionamiento de las instituciones y las condiciones de acceso y uso de los espacios y bienes de dominio público;

II. La información relativa al contenido de las leyes, el ejercicio de los derechos y al cumplimento de las obligaciones de los ciudadanos, así como la promoción de conductas de relevancia social y de participación ciudadana en la vida pública;

III. La promoción de campañas en materia de derechos humanos, salud, educación, medio ambiente, turismo y seguridad pública;

IV. La información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias;

V. La información de prevención y protección civil frente a siniestros u otras contingencias y situaciones de emergencia;

VI. La información relativa a la aplicación del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VII. La información relativa a la ejecución del Plan y los programas de desarrollo; y,

VIII. Las demás situaciones análogas y similares

Artículo 11.La propaganda gubernamental empleará signos e imágenes que facilitan su comprensión para garantizar el pleno acceso a la información a la mayor cantidad de personas, incluyendo a quienes viven con alguna discapacidad.

Cuando sea pertinente, atendiendo al ámbito territorial de difusión, la propaganda gubernamental se transmitirá también en la o las lenguas indígenas predominantes en el área de cobertura que corresponda, de conformidad con la distribución que arroje el censo lingüístico a que se refiere el artículo 14, inciso h, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Artículo 12.Sólo los sujetos obligados pueden realizar actividades de propaganda gubernamental. Se reservan para su uso exclusivo los símbolos, colores, lemas, gráficos y contenidos, así como los derechos que sobre éstos se generan, respecto de la propaganda que difunden o cuando aquellos forman parte de su identidad institucional.

Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, ninguna autoridad distinta a las señaladas en el párrafo anterior podrá utilizar los elementos reservados conforme al mismo, o bien, realizar propaganda que induzca a la confusión con éstos.

Artículo 13. Sólo en los casos de coordinación institucional de la Federación con las entidades federativas, los municipios o las delegaciones del Distrito Federal en el desarrollo de infraestructura, prestación de servicios o ejecución de programas, los entes locales pueden utilizar los elementos reservados conforme al primer párrafo del artículo anterior en la propaganda que emitan, previo acuerdo con el sujeto obligado participante en la coordinación y siempre que ello no signifique la invasión de competencias de otro sujeto obligado.

Artículo 14.Ningún particular puede utilizar elementos de la propaganda que emiten los sujetos obligados o que forman parte de la imagen institucional de éstos, o bien, realizar propaganda que induzca a la confusión con tales elementos.

Capítulo TerceroLealtad Institucional

Artículo 15. Los sujetos obligados ejercerán sus atribuciones en materia de propaganda gubernamental de conformidad con el principio de lealtad institucional, bajo las siguientes pautas:

I. Respetarán en todo momento el ejercicio legítimo de las atribuciones por parte de otros sujetos obligados;

II. En el ejercicio de las atribuciones que les son propias considerarán la totalidad de los intereses públicos implicados, incluyendo aquellos cuya gestión se encuentra en el ámbito competencial de los otros sujetos obligados;

III. Facilitarán a los otros sujetos obligados el acceso a la información que poseen en función de sus propias atribuciones, cuando la requieren aquéllos por estar vinculada con la actividad que desarrollan en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 16.Cuando la propaganda gubernamental que difunda un sujeto obligado de la Administración Pública Federal vulnere el principio de lealtad institucional, la Secretaría de Gobernación iniciará, de oficio o a petición de uno de los involucrados, una gestión de mediación para procurar la resolución del diferendo y restaurar a plenitud la relación de colaboración que priva entre órganos del Estado mexicano.

Título SegundoDe la Programación, Presupuesto y Asignación del Gasto para la Propaganda Gubernamental

Capítulo PrimeroProgramación y Presupuesto de la Propaganda Gubernamental

Artículo 17. Cada uno de los sujetos obligados elaborará un programa anual de trabajo respecto a la propaganda gubernamental que realizarán durante el ejercicio fiscal correspondiente, el cual deberá estar publicado, a más tardar, el 15 de diciembre del año anterior.

Artículo 18.El programa anual de trabajo de propaganda gubernamental se regirá de conformidad con las propias normas de los sujetos obligados que les resulten aplicables y contendrá, por lo menos, objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, con base en indicadores de desempeño y en una estrategia general de comunicación social.

Artículo 19.La Auditoría Superior de la Federación o la instancia técnica de evaluación local, según corresponda, tendrá competencia para auditar tanto el ejercicio programático presupuestal, como financiero, de legalidad y de desempeño, del ejercicio de los programas de trabajo de propaganda gubernamental, informando de manera pública en forma anual los sujetos y servidores públicos que hayan vulnerado los principios rectores de esta materia.

Artículo 20.El gasto total en la propaganda gubernamental que se realice conforme a lo dispuesto en esta ley, tendrá los límites y las condiciones de ejercicio que establezca anualmente el presupuesto de egresos aplicable al sujeto obligado correspondiente.

Artículo 21.El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, deberá supervisar la administración y distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión. Dicha distribución se realizará en las proporciones siguientes:

a) 35 por ciento para el Poder Ejecutivo Federal;

b) 15 por ciento para el Poder Legislativo Federal, la cual se distribuirá en partes iguales a la Cámara de Diputados y al Senado de la República;

c) 10 por ciento para el Poder Judicial de la Federación;

d) 10 por ciento para los entes autónomos federales;

e) 30 por ciento para las entidades federativas, la cual se distribuirá en partes proporcionales a la población de cada una de ellas, las cuales tendrán la cobertura regional que corresponda aproximadamente con el territorio de las mismas.

Artículo 22.El Instituto Federal de Telecomunicaciones dará seguimiento a la utilización de los tiempos oficiales en radio y televisión. Así mismo, estará facultada para reprogramar cuando un sujeto obligado no haga uso de los tiempos oficiales que le correspondan, mismos que no serán acumulables.

Artículo 23. Los sujetos obligados que adquieran los servicios de empresas privadas de publicidad o de medios de comunicación social, con objeto de evitar todo acto de censura indirecta, discriminación o privilegio de personas determinadas, garantizarán que la adquisición se ajuste a las disposiciones siguientes:

a) No se contratará con una sola empresa, grupo o medio de comunicación adquisiciones cuyo costo total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado para cada tipo de servicio de comunicación social;

b) No se concentrará en un solo servicio de comunicación social más del 50 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda gubernamental;

c) No se establecerán criterios de contratación directa o indirectamente relacionados con la línea editorial o, en general, la opinión de los medios de comunicación;

d) Las organizaciones no gubernamentales, personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos a través de la propaganda gubernamental o cualquier programa relacionado, deberán ser auditadas por la Auditoría Superior de Fiscalización o la instancia técnica de evaluación local competente;

e) No podrán difundir propaganda personalizada de servidores públicos, salvo en los casos de informes de gobierno en términos de la legislación electoral aplicable;

f) Quedará estrictamente prohibida la contratación, a título oneroso o gratuito, de publicidad con cualquier medio de comunicación social que sea presentada de forma encubierta como noticia por parte del emisor de última instancia, así como el pago directo o indirecto por entrevistas de servidores públicos o por cobertura informativa de eventos oficiales de cualquier clase; y,

g) Aún y cuando la difusión se haga de forma gratuita, deberán distribuir equitativamente entre todos los medios de comunicación social relevantes los boletines e informaciones de los poderes públicos.

Capítulo SegundoDe las instancias y mecanismos de cumplimiento de la Ley

Artículo 24. Para efectos de supervisar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda gubernamental, con excepción de las que incidan en los procesos electorales que serán competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral, se establece el Consejo Ciudadano de Propaganda Gubernamental.

Artículo 25.El Consejo Ciudadano de Propaganda Gubernamental será un órgano autónomo con patrimonio y presupuesto propios, responsable del seguimiento, supervisión y evaluación de las políticas de propaganda gubernamental, sus procesos de contratación y difusión, así como sus contenidos, para efecto de vigilar que se apeguen a los principios, criterios y disposiciones establecidos por este ordenamiento, a fin de garantizar la vigencia de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto en el numeral 134 constitucional.

Artículo 26. El Consejo Ciudadano de Propaganda Gubernamental se integrará por cinco consejeros ciudadanos designados por el Senado de la República a propuesta de sus fracciones parlamentarias.

Los consejeros durarán en el cargo cinco años y podrán ser reelectos por una sola vez. Su renovación se realizará anualmente en forma escalonada.

Artículo 27.Para ser Consejero del Consejo Ciudadano de Propaganda Gubernamental se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano;

b) No haber sido condenado por la comisión de delito doloso;

c) Tener treinta y cinco años de edad, el día de su designación;

d) Haberse destacado en el desempeño de actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley; y,

e) Durante el año previo a su nombramiento, no haber desempeñado cargo, empleo o comisión, dentro de los dos primeros niveles jerárquicos superiores, en alguno de los sujetos obligados, ni haber sido dirigente de un partido o asociación políticos.

Artículo 28. El Consejo Ciudadano de Propaganda Gubernamental tendrá las facultades siguientes:

a) Supervisar y evaluar a los sujetos obligados para el correcto ejercicio de las disposiciones de este ordenamiento, conforme a los criterios que emita;

b) Asesorar a los sujetos obligados y a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, así como la normatividad relacionada con la propaganda gubernamental;

c) Recibir, tramitar y resolver las denuncias que presenten los ciudadanos con motivo del incumplimiento de esta ley;

d) Emitir las observaciones y recomendaciones correspondientes ante la identificación de irregularidades o faltas conforme a lo dispuesto en este ordenamiento;

e) Presentar denuncia ante la Auditoria Superior de la Federación o ante la instancia técnica de evaluación local competente cuando se detecten irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a propaganda gubernamental;

f) Presentar denuncias penales cuando se conozca de la probable comisión de delitos relacionados con la propaganda gubernamental;

g) Presentar ante el Instituto Nacional Electoral las denuncias que corresponda por la presunta incidencia en el ámbito electoral;

h) Realizar estudios y sondeos con respecto a la cobertura, penetración y alcance de los medios de comunicación y del impacto que generan las campañas de propaganda gubernamental, y ponerlos a disposición de la ciudadanía, los sujetos obligados y del Congreso de la Unión; y,

i) Emitir los reglamentos, lineamientos y normatividad relativa al ejercicio de sus facultades.

Artículo 29.El Consejo Ciudadano de Propaganda Gubernamental rendirá anualmente un informe público al Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la política de propaganda gubernamental en los Estados Unidos Mexicanos que contenga cuando menos: la evaluación respecto del cumplimiento de los objetivos trazados en los programas de trabajo de propaganda gubernamental de los sujetos obligados; la evaluación respecto del cumplimiento de las disposiciones de este ordenamiento por los sujetos obligados; la evaluación respecto del impacto que los actos relacionados con la propaganda gubernamental han generado respecto del respeto a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la equidad e imparcialidad en el uso de los recursos públicos; y, la evaluación sobre la observancia a la disposición constitucional que prohíbe la promoción personalizada de cualquier servidor público.

Artículo 30.El Padrón Nacional de Prestadores de Servicio de Publicidad y Comunicación será un sistema informativo de carácter público que contendrá el registro de medios de comunicación y agencias de publicidad, con residencia en el territorio nacional o en el extranjero, que prestan servicios de producción y difusión de propaganda gubernamental.

Los medios de comunicación que no estén debidamente registrados no podrán ser considerados para contratar la realización de propaganda gubernamental federal o local.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará el Padrón Nacional.

Transitorios

Primero.La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efecto de lo establecido en el artículo 26, segundo párrafo, in fine, de este ordenamiento, la designación de los primeros cinco Consejeros será un período de uno, dos, tres, cuatro y cinco años, respectivamente, en el orden que vayan siendo designados, quienes al término de su designación podrán ser reelectos en los términos del propio artículo 26.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de Unión. Recinto Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2015.— Diputados: Everardo López Córdova,Alejandra Gutiérrez Campos, Brenda Velázquez Valdez, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Nadia Haydee Vega Olivas (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado López. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por tres minutos el diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, y de la Ley General de Desarrollo Social. Adelante, diputado García.

El diputado Héctor Javier García Chávez: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa que ahora me permito comentarles, está suscrita y elaborada por el diputado Javier Nava y su servidor Javier García.

La familia es un elemento central en nuestras vidas, una idea compartida socialmente gracias a la experiencia de cuidados que recibimos durante nuestro desarrollo. La familia es el núcleo donde las personas desarrollan sus primeros aprendizajes, adquieren hábitos, costumbres y adquieren identidad.

La importancia de la familia es tal que dentro del derecho positivo se establecen las medidas para su protección. Sin embargo pese a la importancia que tiene en nuestra formación como personas, en el ámbito económico no se le otorga la misma importancia, por el contrario, en el sentido económico se considera al individuo como el pilar de las relaciones económicas, sea que actúe en su propio interés o bien actúe colectivamente en defensa de sus derechos económicos.

Pocas veces se reconoce el papel de la familia como agente económico. Aun cuando nuestro conocimiento sobre el papel de la familia como sujeto económico data de hace varias décadas, en las instituciones se siguen impulsando proyectos económicos sin reconocer que la familia constituye uno de los ámbitos más importantes dentro de la formación productiva de sectores estratégicos de la economía.

La familia en el medio rural forma la unidad doméstica que permite el control de los medios, recursos y modos de producción dentro del territorio, aprovechando la fuerza de trabajo de todos sus miembros, lo que representa el 8.45 por ciento del total de ocupación en el sector de actividades agropecuarias que se desarrollan en el sector social de la economía, según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. La familia en el medio urbano constituye uno de los soportes más importantes para la ocupación productiva de los hijos en condiciones de desempleo.

Favorece al desarrollo de experiencias y habilidades para el trabajo, permitiendo la inserción laboral como lo identificó en 2003 el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta Cámara, en su estudio sobre economía informal.

Ambos aspectos los reconocen también organismos como la FAO y la OIT. A partir de estos datos de la citada Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, es posible identificar que una de cada tres personas ocupadas dentro del sector social de la economía, desarrolló una actividad productiva en un negocio familiar.

De esta misma encuesta se desprende que las familias que emprenden una actividad productiva tienden a ocupar sus hijos desocupados, aun cuando los ingresos sean bajos, se estima que el 34.43 por ciento de los trabajadores dentro del sector informal, corresponde a este esquema de ocupación.

Como la cifra lo demuestran, y los estudios lo declaran, las familias son un componente que da cimiento a la organización social de la producción, al conferir una serie de valoraciones y perspectivas centradas en el valor del trabajo y las personas antes que el capital.

Si bien, las actividades económicas se centran en la obtención de ganancias, la familia privilegia el bienestar de sus miembros antes que la generación de ganancias. Pero no es limitativa; conforme las condiciones mejoran, se establecen mecanismos distributivos que permiten aprovechar mejor los ingresos.

La familia forma un núcleo de protección cuando el entorno económico es desfavorable. En el medio social, cuando las condiciones de crisis económica imponen privaciones a las personas, es posible recurrir a la familia, a ese núcleo donde las personas encuentran la posibilidad de sobreponerse.

La familia en este sentido es una organización estratégica para la superación de la pobreza, pero también es una forma organizativa para el impulso económico. La implementación de programas de financiamiento encontraría en la familia un ámbito estratégico para el logro de los objetivos sociales en el combate a la pobreza y el desarrollo económico.

Se ha demostrado en diversos estudios su importante papel dentro del sistema económico, pero cuando se revisa el fomento de la actividad productiva que el Estado mexicano impulsa en el país encontramos que no las reconocemos como sujetos para su fortalecimiento.

Ante esta ausencia y en el marco del redireccionamiento de las políticas de fomento al sector social de la economía del Estado mexicano, se considera oportuno y estratégico para el combate a la pobreza y el desarrollo económico incluir el concepto de familia dentro del marco institucional como unidades familiares de producción.

Las unidades familiares de producción se constituyen en un concepto innovador en el diseño de políticas públicas de desarrollo social. No se trata solo de una mayor inclusión de los sujetos de apoyo, sino de una visión cada vez más integral de la formación del sector social de la economía, lo que permitiría un mayor impulso de las actividades económicas.

Así, una política de desarrollo que incorpore el concepto de unidades familiares de producción estará generando un modelo de desarrollo económico local basado en un esquema solidario, pues se incluiría dentro del análisis y operación de los programas de carácter familiar, las formas de solidaridad y cooperación familiar, la inclusión del trabajo de las mujeres de forma productiva, la organización familiar que aproveche productivamente los medios disponibles, las formas democráticas de toma de decisiones y las formas equitativas de distribución del ingreso, la familia cumple con una función social y económica importante. Con esta iniciativa establecemos las bases para una política integral de desarrollo que permita la superación de la pobreza. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable; de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía; y General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Durante el segundo trimestre de 2015 se encontraban ocupadas en actividades económicas 50 millones 734 mil 656 personas (31 millones 457 mil 961 hombres y 19 millones 276 mil 695 mujeres). De ellas, 11 millones 414 mil 213 se ocupaban en el sector social de la economía, lo cual representa 22.50 por ciento de las ocupadas en actividades económicas.

El sector social de la economía muestra una diversidad que constituye un entramado complejo de relaciones económicas y que responde a diversos objetivos sociales, contextos locales y regionales, así como a formas de inserción particulares a los mercados de trabajo y productos como se observa en la gráfica 1.

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2015. Inegi. Segundo trimestre de 2015.

Los matices que adquiere el sector social de la economía es resultado de como las personas y sus familias se insertan al mercado capitalista. Sin embargo, la mayor parte de esta composición obedece a objetivos no capitalistas (en ocasiones contrario a la generación de renta o ganancias), en su mayor parte obedece al establecimiento de estrategias de supervivencia como señala Ochoa:

“La mayoría de los más pobres son autoempleados o trabajadores en unidades muy pequeñas –del tamaño de una familia– a menudo en empleos inestables y en establecimientos no registrados”. Sin embargo, dado su permanencia en la pobreza, la economía informal es más una opción de sobrevivencia que de superación de la pobreza.

Las dinámicas familiares que sostienen estos objetivos no sólo forman parte en el segmento informal del sector social de la economía, sino que se ha identificado su importancia dentro de las actividades agrícolas como un componente importante, en palabras de Pearson representan

una “forma de vida” y una “cuestión cultural” que tiene como principal objetivo la “reproducción social de las familias en condiciones dignas”, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones realizadas es hecha por individuos con lazos de familia, o cercanos, la mayor parte del trabajo es aportado por sus miembros, la propiedad de los medios de producción pertenece a la familia (no siempre la tierra) y es en su interior que se realiza la trasmisión de valores, prácticas y experiencias.

El comportamiento basado en la ayuda mutua se observa en los indicadores que muestran la ocupación de ayudantes dentro del sector social de la economía. Es significativo que, cuando los ingresos son escasos, las personas son más proclives a favorecer a otros miembros familiares, brindándoles una ocupación y distribuyendo más el precario ingreso, como se muestra en la gráfica 2.

Como se observa, las personas tienden a ocupar a otras personas conforme las condiciones del entorno económico se vuelven más precarias, esto señala la importancia que tiene para las personas, valores o motivos no ligados a la búsqueda de la ganancia, los lazos familiares forman uno de los componentes más importantes en la conformación de redes de apoyo, pero sobre todo, marcan la pauta en la construcción del sector social de la economía.

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2015. Inegi. Cifras al primer semestre de 2015.

Estos indicadores muestran la importancia que las familias tienen como unidad económica. Sin embargo, la percepción general dentro de las instituciones que promueven el desarrollo social, enfocan a las familias como un núcleo de reproducción biosociocultural. Incluso en las evaluaciones sobre la política social del Coneval, de acuerdo con la Descripción de la base de datos del MCS-ENIGH 2014, configura sus mediciones con base en la vivienda y en los individuos que la habitan, lo que limita las posibilidades de formular una política integral hacia el sector social de la economía, pues no considera que tanto esos individuos como los objetos que posee, forman una unidad productiva, persistiendo la visión tradicional que enfoca a los sujetos de atención en otras figuras asociativas como las cooperativas y las sociedades mutualistas.

Como las cifras muestran y los estudios declaran, las familias es un componente que da cimiento a la organización social de la producción, al conferir una serie de valoraciones y perspectivas centradas en el valor del trabajo y las personas antes que el capital.

Así, el problema se centra en la ausencia de una definición de las familias como unidad de producción dentro del sector social de la economía y no sólo, como agente pasivo para la reproducción biológica o cultural. Ausencia que limita una mejor integración del sector y favorece la segmentación de los mercados de trabajo.

Por ello, se propone incorporar las unidades familiares de producción como un concepto innovador en el diseño de políticas públicas de desarrollo social. No se trata sólo de una mayor inclusión de los sujetos de apoyo, sino de una visión cada vez más integral de la formación del sector social de la economía, lo que permitirá un mayor impulso de la actividad económica.

Argumento

El sector social de la economía tiene su origen en la configuración misma del capitalismo como lo señala Pérez de Mendiguer, al decir:

El concepto de economía social es ciertamente el de mayor antigüedad de las que se analizan en este estudio. La primera aparición de dicho concepto en estudios económicos se remonta al siglo XIX. Autores de renombre, como John Stuart Mill y Leon Walras, apodaron con tal término las innovadoras organizaciones que se iban creando como respuesta a los nuevos problemas sociales que la incipiente sociedad capitalista generaba. Pero más allá de ser un instrumento para la denominación, Walras consideraba la economía social como parte sustancial de la ciencia económica, como disciplina económica para la cual la justicia social era un objetivo ineludible de la actividad económica.

Sector social de la economía surge de manera contingente a las formas de acumulación capitalista, como una alternativa que organiza la producción para el aseguramiento de objetivos sociales como señalan Serrano y Motuberría:

Prácticas basadas en la posesión colectiva de los medios de producción, autogestión y gestión democrática y distribución de ingresos y excedentes según criterios acordados.

En este sentido, la diversidad y complejidad del sector social de la economía, radica en la construcción de objetivos económicos distintos a la finalidad de acumulación capitalista, en algunos casos, asegurando el acceso a servicios por la población o la conservación ambiental, como cita Caraggio:

La nueva economía consolida el principio del monopolio público sobre los recursos estratégicos, pero a su vez establece una dinámica de uso y aprovechamiento de esos recursos desde una óptica sustentable, con la necesidad de disponer de mecanismos de regulación y control en la prestación de los servicios públicos desde la sociedad. Igualmente habrá que considerar las diversas formas de hacer economía: estatal, pública, privada, mixta, familiar, comunitaria, asociativa, cooperativa (...)

En América Latina, esta complejidad esta sostenida por una diversidad de formas asociativas que incluyen múltiples identidades, historias y procesos de inclusión que se relacionan con la propia construcción social de las sociedades como menciona Chamorro, 2007:

Incluye cooperativas y asociaciones (pobladores, productores, trabajadores) de todo tipo, organizados para obtener un mayor acceso a la salud, o para la auto-construcción; empresas dirigidas por sus socios, organizaciones comunitarias de desarrollo local, comunidades indígenas, colectivos de producción y servicios, asociaciones de comerciantes de los mercados, organizaciones de trabajadores agrupados en sindicatos, federaciones o mutuas gremiales, redes de comercialización comunitaria y el desarrollo del cuentapropismo urbano organizado.

Estas formas asociativas incluyen las organizaciones familiares constituidas en unidades de producción, las aproximaciones mejor documentadas son las unidades familiares de producción en el sector agrícola como lo identifican Bahena-Delgado y Tornero-Campante, 2009:

Actualmente, los productores que trabajan la tierra en las unidades de producción familiar son personas de edad avanzada y poseen bajos niveles educativos, si bien es cierto que hay un avance en su desarrollo, todavía hay limitaciones de índoles económica y educativa que se deben superar para tener mayores posibilidades de éxito. Estas unidades de producción familiar se caracterizan porque tienen pocos miembros y sólo el jefe de la unidad se dedica a las actividades del campo, el cual, debido a que se obtienen bajos ingresos por las ventas de sus cosechas, debe dedicarse a actividades complementarias para sostener a su familia.

Se encuentran ampliamente reportadas en las actividades pecuarias, donde incluso se ha estudiado su inserción al mercado de producción de alimentos cárnicos y derivados como en el estudio de Espinosa, 2004:

Las unidades familiares de producción de leche en México estudiadas en este trabajo, se localizan en los sistemas de producción familiar, con dos variantes, la producción en pastoreo y la producción en traspatio, con dos niveles tecnológicos cada uno; y en los de doble propósito, también se presentan dos variantes, producción ejidal y pequeñas unidades de pequeña propiedad y dos niveles tecnológicos.

Dado el importante papel que cumplen las familias como unidad de producción dentro del sector social de la economía en las actividades agropecuarias, la FAO ha recomendado su incorporación dentro del diseño de políticas para el desarrollo social y la alimentación, como señalan Guzmán y Salcedo, 2014:

Una política que incorpore el reconocimiento a la diversidad existente al interior de la agricultura familiar permite lograr mayores impactos sobre los diversos segmentos y sus distintas necesidades. A modo de ejemplo, los estratos más pobres requieren apoyo para acceder a trabajo en el sector rural, mejorar el autoconsumo y contribuir a la seguridad alimentaria de la familia, mientras que los segmentos con mayor grado de inserción a los mercados demandan apoyos para acceder a financiamiento, a tecnologías y mejorar el acceso a mercados, entre otros factores.

Este reconocimiento guarda empatía con el reconocimiento académico de las familias como unidad de gestión económica, concepto que ya venía citándose en la literatura especializada como definen Amat y León, 1986:

La familia es por tanto una unidad de gestión económica para adquirir, producir y distribuir los bienes y servicios que son usados y consumidos colectiva o individualmente, a fin de satisfacer las necesidades del grupo y de cada uno de sus miembros.

En este sentido, reconocer que las familias al constituirse como unidad de producción forma una parte importante del sector social de la economía, es el paso necesario, no sólo para un estudio integral e incluyente de dicho sector, sino para el diseño de políticas y programas centrados en el fomento económico, la superación de la pobreza y la justicia social.

Así, una política de desarrollo social que incorpore el concepto de unidad familiar de producción estará generando un modelo de desarrollo económico local basado en un esquema solidario, pues incluirá dentro del análisis y operación de los programar el carácter familiar de

Las formas de solidaridad y cooperación familiar.

La inclusión del trabajo de las mujeres de forma productiva.

La organización familiar que aproveche productivamente los medios disponibles.

Las formas democráticas de toma de decisiones.

Las formas equitativas de distribución del ingreso familiar.

Sobre este argumento se presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable; de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía; y General de Desarrollo Social, para incorporar las unidades familiares de producción como sujetos de apoyo en el marco de los programas de fomento del sector social de la economía.

Fundamento legal

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción I del artículo 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado Héctor Javier García Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable; de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía; y General de Desarrollo Social, para incorporar las unidades familiares de producción como sujetos de apoyo en el marco de los programas de fomento del sector social de la economía

Primero. Se reforma el artículo 2o. y se adiciona la fracción XII Bis del artículo 15, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Son sujetos de esta ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual, familiar o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural.

Artículo 15. El programa especial concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias:

I. a XII. (...)

XII Bis. Impulso de la capacidad productiva de las familias del medio rural, favoreciendo el aprovechamiento de los medios de producción disponibles, saberes compartidos, formas de organización y prácticas productivas que les permitan la generación o incremento de sus ingresos.

XIII. (...)

Segundo. Se adiciona la fracción V Bis del artículo 4o. de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El sector social de la economía estará integrado por las siguientes formas de organización social:

I. a V. (...)

V Bis. Unidades familiares de producción; y

VI. (...)

Tercero. Se adiciona la fracción VIII del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público

I. a VII. (...)

VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, las unidades familiares de producción; y

IX. (...)

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se emitirán los adendum necesarios a las reglas de operación de los programas y a los lineamientos para la operación de los fondos dirigidos al fomento del sector social de la economía por la Secretaría de Desarrollo Social.

Notas:

1 Banco Mundial. “La pobreza en México, resumen y mensajes principales”, página xxix, citado en Ochoa León, Sara, 2003. Economía informal: evolución reciente y perspectivas. CESOP, Cámara de Diputados.

2 Pearson, Marcos, 2014. Agricultura familiar y economía social y solidaria. Agenda Universitaria Unicen.

3 Pérez de Mendiguren, Juan Carlos; Enekoitz Etxezarreta Etxarri y Luis Guridi Aldanondo, 2008. “¿De qué hablamos cuando hablamos de economía social y solidaria? Concepto y nociones afines”, en undécimas Jornadas de economía crítica, marzo de 2008, Bilbao, página 1.

4 Alfredo Serrano Mancilla, Alfredo; y Valeria Mutuberría Lazarini, 2010. “Hacia otra economía en América Latina: el papel de la economía social”, en Congreso internacional 1810-2010: 200 años de Latinoamérica, página 2966.

5 Caraggio, José Luis. 2011. Economía social y solidaria: el trabajo antes que el capital. Flacso-Aby Yala. Ecuador, página 27.

6 Chamorro, Amalia, 2007. Diagnóstico del sector social de la economía en Nicaragua. Alianza Cooperativa Internacional, página 8.

7 Bahena-Delgado, Gregorio; y Mario Alberto Tornero-Campante, 2009. “Diagnóstico de las unidades de producción familiar en pequeña irrigación en la subcuenca del río Yautepec, Morelos”, citado en Economía, Sociedad y Territorio, volumen IX (29): 165-184, página 180.

8 Espinosa García, José Antonio; Wiggins, Steve; González Orozco, Arturo Tomás; y Aguilar Barradas, Ubaldo, 2004. “Sustentabilidad económica a nivel de empresa: aplicación a unidades familiares de producción de leche en México”, citado en Técnica Pecuaria en México, volumen 42 (1): 55-70, INIFAP, página 62

9 Salcedo Salomón y Lya Guzmán, 2014. Agricultura familiar en América Latina y el Caribe: recomendaciones de política. FAO Argentina, página 412.

10 Amat y León, 1986. La familia como unidad de trabajo. Lima, Universidad del Pacífico, página 13.

Palacio Legislativo, a 8 de diciembre de 2015.— Diputado Héctor Javier García Chávez(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su dictamen.

Saludamos la presencia de amigos de la Sociedad de Autores y Compositores de México, del maestro Martín Urieta, del maestro José Alfredo Jiménez, del licenciado Hugo Enrique Pérez Negrón y del maestro José Manuel Contreras Marroquín. Bienvenidos, amigos compositores.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por tres minutos el diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Francisco Escobedo Villegas: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros. Es de reconocer que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se crea la estrategia transversal gobierno cercano y moderno. Que tiene como propósito promover un gobierno con políticas y programas enmarcados en una administración pública orientada a buenos resultados. Que sea eficiente y tenga mecanismos de evaluación que mejore su desempeño, que rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía y que utilice las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

Según el inventario Coneval, que tiene como objetivo constituirse en una herramienta de consulta y análisis de información de los programas y las acciones de gobierno, actualmente existen 5 mil 904 programas entre federales, estatales y municipales. Por lo que es indudable la importancia que tienen los padrones en la planeación y la evaluación de las acciones sociales.

Por el número de personas que reciben algún beneficio, lo que además dimensiona el esfuerzo del gobierno en aliviar en la manera de lo posible desventajas de distintos grupos con mayor vulnerabilidad.

La iniciativa que hoy presento, amigas y amigos, agrega un párrafo al artículo 17Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para que las secretarías de estado, todas, remitan a la Secretaría de la Función Pública toda la información relativa a sus padrones y esta emita los lineamientos para la constitución, actualización, autenticidad, confiabilidad, seguridad y difusión de la información contenida en el padrón único de beneficiarios.

Diputadas y diputados, al aprobar esta iniciativa este honorable Congreso estará, primero, cumpliendo con nuestras representación al simplificar las reglas de operación para la consecución de proyectos productivos que harán que más ciudadanos se incorporen a actividades de producción que elevarán su calidad de vida incrementado su economía.

Segundo. Las diferentes instituciones de gobierno contarán con una herramienta segura, confiable y de fácil consulta. Por otra parte, se evitarán duplicidades y corrupciones en los usuarios individuales y organizaciones sociales.

Tercero. Dotarán a la Función Pública de un instrumento que arroje datos que le permitan supervisar los recursos empleados en este rubro, sin desviaciones ni despilfarros, poniendo énfasis en la optimización de los recursos públicos.

Como ustedes verán, amigas y amigos, se trata de garantizar orden, transparencia, eficiencia, justicia y buen destino en todos los programas gubernamentales de cualquier orden de gobierno.

En virtud de que estamos terminando y cerrando este periodo ordinario de sesiones, quiero desearles, amigas y amigos, a todos, felices fiestas decembrinas y que el próximo año sea pleno de éxitos y realizaciones, pero sobre todo que prive siempre el interés superior de México. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Francisco Escobedo Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma adiciona un último párrafo al artículo 17 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Los programas y las acciones de desarrollo social del gobierno federal tienen como objetivo contribuir al bienestar económico y a solucionar los problemas que se presentan en la población y que impiden el goce y disfrute de sus derechos sociales y que son: El acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la discriminación, derechos otorgados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Desarrollo Social.

Según el inventario del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que tiene como objetivo constituirse en una herramienta de consulta y análisis de información de los programas y las acciones del gobierno federal, y que contribuye a la transparencia y a la rendición de cuentas, indica que a partir de 2008 existen en promedio 262 programas presupuestarios en el ámbito federal. Actualmente son 233 programas federales, 3 mil 788 estatales y mil 883 municipales, dando un total de 5 mil 904 programas y acciones a nivel nacional.

Sin duda son bastantes programas y todos ellos de una u otra forma se encuentran articulados entre sí, en especial los federales, recordemos que se han venido haciendo esfuerzos para que exista información clara y precisa sobre los beneficiarios, por ello, en las diferentes secretarías de estado existen padrones, mandatados desde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sus propias leyes y reglamentos.

Es indudable la importancia que tienen los padrones de beneficiarios de los programas, no solamente en términos de transparencia en la aplicación de los recursos y en la planeación y evaluación de las acciones sociales, sino también por el número de personas que reciben algún beneficio de ellas, lo que además dimensiona el esfuerzo del gobierno en aliviar un poco las desventajas de distintos grupos vulnerables.

Para tener una verdadera política pública social, se deben, realizar estudios concretos sobre los programas, a manera de ejemplo, es requisito indispensable saber: a quien van dirigidos, cuál es la población objetivo, los resultados, pero sobre todo es necesario llevar un estricto control de todos y cada uno de los programas, ello, se debe de dar a través de la intercomunicación que exista entre las dependencias, para facilitar de manera coordinada los beneficios a las personas que lo requieren y también de evitar que existan duplicidad de beneficiarios en un mismo programa.

Recordemos que se han hecho esfuerzos por lograr ese objetivo, es decir, por crear una base de datos más eficiente respecto de los programas y sus beneficiarios, en fecha 12 de enero del año 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), como una herramienta de análisis de cobertura nacional que integra de forma estructurada y sistematizada, información objetiva y fehaciente respecto de los objetivos, metas, indicadores, unidades responsables, prioridades y beneficiarios de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a través de los cuales se entregan o canalizan subsidios o apoyos a las personas físicas o morales, públicas o privadas, que cumplan con los criterios de elegibilidad y con los requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables, a fin de realizar un cruce de padrones o listados de beneficiarios de esos programas y estar en condiciones de evaluar las posibles duplicidades de atención a dichos beneficiarios.

De igual manera y derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se crea, la estrategia transversal “Gobierno cercano y moderno”, que tiene como propósito promover un gobierno con políticas y programas enmarcados en una administración pública orientada a resultados, que sea eficiente y tenga mecanismos de evaluación que mejoren su desempeño, que optimice el uso de los recursos públicos, que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, que rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, y que utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Pero debemos mencionarlo, pese a la existencia del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, SIIPP-G, y del Programa para un gobierno cercano y moderno, aún persiste una brecha entre la calidad de la información que las dependencias reportan directamente al sistema, y aquella que se espera sea integrada. Por ejemplo, el número de beneficiarios que las dependencias y entidades suben a sus páginas web o en algún documento oficial, no siempre es coincidente con el SIIPP-G. Adicionalmente, aún existen instituciones que no notifican el monto o cantidad del apoyo que entregan a cada uno de sus beneficiarios, información relevante en los procesos de planeación de los propios programas. Lo anterior, limita el análisis que es posible realizar, para la toma de decisiones, la solidez de las conclusiones, además de la transparencia de la información.

Por otra parte, el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, SIIPP-G, actualmente depende de la Dirección General Adjunta de Coordinación e Integración de Resultados de la Evaluación, que a su vez depende de la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública.

Por lo que, para dar mayor certidumbre y dado la importancia que representa tener padrones confiables, y sobre todo un padrón único donde exista toda la información suficiente para llevar un eficaz control de los programas, es necesario elevar el mandato a Ley, por ello, la presente iniciativa pretende agregar un párrafo al artículo 17 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que las secretarías de estado, remitan a la Secretaría de la Función Pública toda la información relativa a sus padrones de beneficiarios y ésta emita los lineamientos para la constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del padrón de beneficiarios y quién será la responsable de crear el padrón.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya determina en su artículo 17 Bis, fracción III, que:

Las dependencias o entidades responsables de la ejecución de programas sujetos a reglas de operación que requieran de la participación de una o más delegaciones ubicadas en una o varias entidades federativas para entregar un beneficio social directamente a la población, deberán sujetarse a lo siguiente:

a) Ejecutar el programa con estricto apego a las reglas de operación;

b) Dar a conocer, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información siguiente:

i) Las variaciones en su padrón activo, así como los resultados de su evaluación;

ii) La relación de localidades en las que opera el programa;

iii) El número de beneficiarios en cada una de ellas por entidad federativa, municipio y localidad;

iv) El calendario de entrega de apoyos por entidad federativa, municipio y localidad, posterior a la entrega de los mismos;

v) El ajuste semestral de los apoyos monetarios, de ser el caso;

c) Incluir en toda la documentación y en la difusión del programa, la leyenda siguiente: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, y

d) Realizar acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para garantizar la transparencia y evitar cualquier manipulación política del programa.”

Por ello, con la adición de un último párrafo a este artículo y más que la Secretaría de la Función Pública ya tiene a su cargo el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), es loable que ésta secretaría continúe con ese trabajo.

No omito mencionar que actualmente cada secretaría bajo sus propios reglamentos internos, realizan sus padrones, pero no los comparten entre sí.

A manera de ejemplo, podemos mencionar que la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 27 determina, que con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el gobierno federal, por conducto de la secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el padrón.

De igual forma en el reglamento de la mencionada ley en el capítulo I, Sección II establece un apartado especial para el padrón de beneficiarios y comprende del artículo 16 al 21, en el cual se dice la forma de cómo se integran los padrones de beneficiarios.

De la misma forma a manera de ejemplo, podemos mencionar que los programas y padrones que maneja la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, tales como: Agroproducción Integral, Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (Procura), Tecnificación del Riego, Agroincentivos, Bioenergía y Sustentabilidad, IDETEC Maquinaria, Minería Social, Procafe, Proagro Productivo, Programa de Fomento a la Agricultura/Programa de incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), Reconversión y Productividad, Recursos Genéticos Agrícolas, no se encuentran vinculados en información con otras secretarias.

Es por ello, que el objetivo de la presente reforma es para simplificar trámites a los beneficiarios de programas federales y llevar a cabo un padrón único de beneficiarios, donde los titulares de las diferentes secretarías tengan la información de a quien se está beneficiando y el Ejecutivo federal pueda tener certeza para la toma de decisiones e implementar una política social que cubra la demanda de la población.

La reforma que propongo quedaría de la siguiente manera:

Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos y observen lo siguiente:

I. Los titulares de las delegaciones serán designados por el titular de la respectiva dependencia o entidad y tendrán las atribuciones que señalen sus reglamentos interiores o los ordenamientos legales de creación de las entidades paraestatales. Asimismo, deberán reunir por lo menos los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b) Contar con estudios académicos en materias afines a las atribuciones que correspondan a la delegación respectiva;

c) Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, y

d) No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

II. Los servidores públicos adscritos a las delegaciones se sujetarán a lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos de su ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades; evaluación del desempeño; separación y a las demás disposiciones previstas en dicha ley, y

III.Las dependencias o entidades responsables de la ejecución de programas sujetos a reglas de operación que requieran de la participación de una o más delegaciones ubicadas en una o varias entidades federativas para entregar un beneficio social directamente a la población, deberán sujetarse a lo siguiente:

a) Ejecutar el programa con estricto apego a las reglas de operación;

b) Dar a conocer, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información siguiente:

i) Las variaciones en su padrón activo, así como los resultados de su evaluación;

ii) La relación de localidades en las que opera el programa;

iii) El número de beneficiarios en cada una de ellas por entidad federativa, municipio y localidad;

iv) El calendario de entrega de apoyos por entidad federativa, municipio y localidad, posterior a la entrega de los mismos;

v) El ajuste semestral de los apoyos monetarios, de ser el caso;

c) Incluir en toda la documentación y en la difusión del programa, la leyenda siguiente: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, y

d) Realizar acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para garantizar la transparencia y evitar cualquier manipulación política del programa.

La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos para la simplificación, constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del Padrón de Beneficiarios y será ésta la responsable de crear el padrón único de beneficiarios de todos los programas sociales.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 17 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 17 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos y observen lo siguiente:

I. Los titulares de las delegaciones serán designados por el Titular de la respectiva dependencia o entidad y tendrán las atribuciones que señalen sus reglamentos interiores o los ordenamientos legales de creación de las entidades paraestatales. Asimismo, deberán reunir por lo menos los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b) Contar con estudios académicos en materias afines a las atribuciones que correspondan a la delegación respectiva;

c) Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, y

d) No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

II. Los servidores públicos adscritos a las delegaciones se sujetarán a lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos de su ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades; evaluación del desempeño; separación y a las demás disposiciones previstas en dicha ley, y

III. Las dependencias o entidades responsables de la ejecución de programas sujetos a reglas de operación que requieran de la participación de una o más delegaciones ubicadas en una o varias entidades federativas para entregar un beneficio social directamente a la población, deberán sujetarse a lo siguiente:

a) Ejecutar el programa con estricto apego a las reglas de operación;

b) Dar a conocer, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información siguiente:

i) Las variaciones en su padrón activo, así como los resultados de su evaluación;

ii) La relación de localidades en las que opera el programa;

iii) El número de beneficiarios en cada una de ellas por entidad federativa, municipio y localidad;

iv) El calendario de entrega de apoyos por entidad federativa, municipio y localidad, posterior a la entrega de los mismos;

v) El ajuste semestral de los apoyos monetarios, de ser el caso;

c) Incluir en toda la documentación y en la difusión del programa, la leyenda siguiente: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, y

d) Realizar acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para garantizar la transparencia y evitar cualquier manipulación política del programa.

La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos para la simplificación, constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del padrón de beneficiarios y será ésta la responsable de crear el padrón único de beneficiarios de todos los programas sociales.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.— Diputados: Francisco Escobedo Villegas,Erick Lagos Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Escobedo. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY DE MIGRACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 107 Bis a la Ley de Migración.

El diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma: Con su permiso, señor presidente. Antes de iniciar, deseo felicitar al doctor Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano y segundo latinoamericano, por su Medalla al Mérito Cívico, entregado por esta honorable legislatura.

También hacer un reconocimiento al senador Martín Sandoval, del estado de Illinois, que el día de hoy fue reconocido con el Galardón al Migrante Solidario por esta legislatura y la Comisión de Asuntos Migratorios a la que pertenezco.

Señoras y señores legisladores, el fenómeno de la migración se inscribe como la manifestación de la voluntad del ser humano, con la finalidad de tener una vida mejor.

No obstante, la comunidad migrante sufre de problemáticas que se traducen en graves crisis humanitarias, mismas que se agudizan por la ausencia de marcos jurídicos sólidos o por lagunas normativas que dejan en la total indefensión a este grupo social, bien sea de origen nacional o extranjero.

Por tanto, la salvaguarda de los derechos humanos de la comunidad migrante se inscribe como una de las obligaciones y elementos de congruencia fundamentales de la efectividad del Estado de derecho.

Cabe mencionar que los esfuerzos de la comunidad migrante para el fortalecimiento de una patria garante del bien común, ponen de manifiesto la importancia de consolidar un marco normativo libre de discriminación y que atienda de manera puntual los hechos que dan lugar a elementos que vulneran el libre desarrollo psicosocial e integral de este grupo social.

Asimismo, cabe mencionar que esta comunidad sufre de altos grados de vulnerabilidad, por parte no sólo de grupos delincuenciales, sino de autoridades abusivas, de autoridades corruptas que valiéndose de una concepción torcida de las disposiciones normativas del marco jurídico en la materia, han sido denunciadas por diversas organizaciones por llevar a cabo actos que van en detrimento de la dignidad inherente del ser humano.

Por lo tanto, diputadas y diputados, debemos sumar esfuerzos que nos permitan consolidar nuestro marco normativo a favor de la defensa de nuestros connacionales y de los migrantes en tránsito en nuestro país, en donde la garantía del principio pro persona y el principio de la dignidad de la persona humana sea respaldado como el eje rector que no dé cabida a espacios o elementos discriminatorios o de cualquier otra índole que sirvan como pretexto o justificación para llevar a cabo actos, sinónimos de criminalización del fenómeno de la migración.

Señoras y señores legisladores, el proteger a nuestros connacionales que vuelven a territorio nacional, proteger también a los migrantes en tránsito en nuestro país de otros países, representan una de las prioridades que marcan la efectividad de nuestra política migratoria en aras de actuar en congruencia a favor del respeto a la dignidad humana y del principio pro persona.

Por lo anteriormente expuesto, la diputada Alejandra Reynoso, de Guanajuato, que está aquí de secretaria. Y un servidor, Leonel Cordero, de Zacatecas, que son entidades que están recibiendo a nuestros connacionales deportados o que regresan a nuestro país por diferentes razones, y el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 107 Bis de la Ley de Migración, a efecto de garantizar siempre, y en todo momento, la salvaguarda del bienestar físico y psicológico de los migrantes mexicanos en su regreso a nuestro país, sea ésta por causas de repatriación, deportación o de forma voluntaria.

Y también facilitar la vigilancia por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del cumplimiento de esta disposición.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento de manera irrestricta a nuestro marco jurídico, para que nuestros connacionales que regresen a casa lo hagan al amparo de una legislación que vele y asegure el cuidado de su integridad y dignidad inherente como seres humanos, como eje rector de nuestro marco jurídico en materia de política migratoria.

Quisiera también hacer un reconocimiento para todos los diputados y las diputadas que participan y que hacen posible realizar el programa diputada amiga, diputado amigo, en apoyo al migrante en que nosotros como legisladores participamos de primera mano al supervisar y vigilar la atención que se le da a nuestros connacionales. Precisamente en referencia con esta iniciativa que presentamos el día de hoy.

Aquellos connacionales que regresan por motivos de vacaciones, de visitar a sus familias en estas fechas decembrinas sean recibidos como se merecen, respetando sus derechos humanos y que no sean sujetos a la violación o extorsión de autoridades mexicanas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 107 Bis a la Ley de Migración, a cargo del diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Leonel Cordero Lerma, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 77, numeral 1, y 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 107 Bis de la Ley de Migración, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

La migración se inscribe como la manifestación de la voluntad del ser humano con la finalidad de tener una vida mejor; no obstante, esta comunidad sufre de un alto grado de vulnerabilidad ya que sus derechos son constantemente violentados por parte no sólo de la propia delincuencia organizada, sino por parte de autoridades corruptas que al amparo de la total impunidad, ejercen y llevan a cabo conductas violatorias en perjuicio de la dignidad humana.

Esta problemática se traduce en el fomento de una grave crisis humanitaria que se agudiza por la ausencia de marcos jurídicos sólidos o por lagunas normativas que dejan en la total indefensión a esta comunidad, bien sea de origen nacional o extranjero.

Es en este sentido que el Estado mexicano debe de redoblar esfuerzos más allá de colores partidistas, con la finalidad de contar con instituciones sólidas, fuertes y transparentes, en cuyo ejercicio no haya lugar a corruptelas, ineficiencia e incongruencias por parte de los encargados de la procuración de justicia, ya que esta situación se traduce como uno de los principales obstáculos a efecto de garantizar el establecimiento del bien común.

Argumentos que la sustentan

La salvaguarda de los derechos humanos de la comunidad migrante se inscribe como una de las obligaciones y elementos de congruencia fundamentales de la efectividad del estado de derecho, cuya acción debe ser siempre y en todo momento a favor de la defensa de la dignidad inherente del ser humano; de tal suerte que la acción de las instituciones en apego al principio de la legalidad, representa el elemento que establece la eficiencia de disposiciones normativas de la política migratoria de nuestro estado.

El velar por la integridad física y psicológica de todo individuo, representa un punto medular que asegura la efectividad de todo marco jurídico y disposiciones legislativas mediante la defensa del desarrollo psicosocial de la persona, en donde la comunidad migrante se ve seriamente afectada por los altos grados de violencia de los que son víctimas, por mencionar un ejemplo, son las principales víctimas de grupos delincuenciales en materia de trata de personas.

Asimismo existen prácticas que erosionan completamente el hecho de que la migración no está considerada como un acto criminal dentro de la legislación mexicana, ya que dentro de las propias estaciones migratorias, se llevan a cabo prácticas por parte de autoridades corruptas en sentido contrario al ideal de nación que nos hemos comprometido a llevar a cabo en el concierto internacional, en donde el respeto irrestricto de los derechos humanos, es considerado como la guía dentro de todo nuestro marco normativo.

Fundamento jurídico

La Ley de Migración en su artículo 2o., establece como uno de los principios de la política migratoria, el “Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras”.

Asimismo, afirma la “Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros”.

Por tanto, se pone de manifiesto la necesidad de actualizar este marco jurídico a efecto de que nuestros connacionales que regresan a territorio mexicano, bien sea por deportación, repatriación o de manera voluntaria, gocen de una disposición legislativa que obligue de manera puntual a que las dependencias federales que tengan competencia en materia de migración, actúen siempre y en todo momento a favor de bienestar psicológico y físico de esta comunidad.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 107 Bis de la Ley de Migración

Para quedar como sigue:

Ordenamientos a modificar:

Texto normativo propuesto

Artículo 107 Bis. Todas aquellas dependencias del gobierno federal que versen en la materia, deberán atender de manera digna, a favor del bienestar físico y psicológico a los migrantes mexicanos en su regreso a nuestro país, bien sea voluntario o repatriación.

El Instituto facilitará la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el cumplimiento de esta disposición.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.— Diputados: Leonel Gerardo Cordero Lerma,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cordero. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

El diputado José Alberto Couttolenc Buentello: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, amigos todos. El día de hoy vengo a hablarles sobre uno de los problemas más críticos que está afectando a nuestro planeta, un problema que en especial a nuestro país afecta y quienes lo sufrimos somos nosotros, nuestro planeta ya no es el mismo, ha ido cambiando mucho desde las últimas décadas a consecuencia de la actividad humana, consecuencia de nuestros actos.

El planeta y la humanidad están en grave peligro de extinción, los bosques están en peligro, los ríos, los océanos están en peligro, la tierra está en peligro.

La causa de esta crisis climática está relacionada directamente con el consumo masivo, excesivo y dispendioso, con la creencia de que tener más es vivir mejor. La producción contaminante y de bienes desechables, para enriquecer capitales, acrecentando día con día la huella ecológica, el aprovechamiento productivo extractivo, excesivo e insostenible de recursos naturales renovables y no renovables con altos costos ambientales, una civilización despilfarradora, consumista, excluyente, codiciosa. Esto, amigas y amigos, es lo que está generando la contaminación y la crisis climática.

Con el paso de los años nuestro país ha experimentado una transformación drástica del paisaje, lo que ha afectado y mucho a nuestras ciudades, a pesar de los esfuerzos que se han implementado para lograr el equilibrio entre las variables de población, recursos económicos y medio ambiente. El aumento de la población en las ciudades ha impactado y de manera negativa en el cambio del uso de suelo.

Ante esta situación, la población ha manifestado especial preocupación por la protección y preservación del medio ambiente en el lugar en donde vive, exaltando como principales problemas el ruido, la basura en las calles y la falta de áreas verdes, y de ahí la preservación que las áreas verdes de las ciudades se tiene que convertir en una preocupación de todos y cada uno de nosotros.

Para esto se deben impulsar acciones que permitan cubrir dichas necesidades, pero siempre con estricto respeto a nuestro medio ambiente y procurando aplicar prácticas verdes, logrando con ello un equilibrio entre el crecimiento poblacional y la protección ambiental.

Debemos transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente que procure una vivienda digna para todos los mexicanos. Este nuevo modelo de desarrollo urbano fomentará una consolidación de las ciudades competitivas, densas, prósperas, justas, seguras, pero sobre todo sustentables.

Para esto, integraremos una definición de desarrollo urbano sustentable, la cual garantizará que todas aquellas acciones que se desarrollen en el marco del crecimiento poblacional y asentamientos humanos, se ejecuten con estricta observancia al cuidado de nuestro medio ambiente.

Es por esto que el Grupo Parlamentario del Partido Verde propone a su consideración la presente iniciativa con la finalidad de ser más explícitos en la actual definición de desarrollo urbano, complementándolo e integrando características de sustentabilidad al mismo.

Estamos comprometidos a impulsar a las acciones necesarias que garanticen un mejor futuro para todos los que habitamos en este país. La manera ideal para lograr el equilibrio ecológico es encaminar las labores que garanticen nuestro desarrollo personal siempre y cuando sea de manera respetuosa con el medio ambiente. Es tiempo que comencemos a hacer algo no solo para nosotros mismos sino por nuestro planeta, nuestro hogar, el lugar en donde habitamos.

Compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración la presente iniciativa con la intención de obtener su aprobación, ya que de esta partirán acciones que fijen bases sólidas para seguir creciendo como una sociedad más consciente, pero sobre todo más responsable para cuidar nuestro medio ambiente. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, José Alberto Couttolenc Buentello, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con el paso de los años nuestro país ha experimentado una transformación drástica del paisaje, afectando considerablemente a los sistemas ambientales de nuestras ciudades.

Según el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, como parte del Reporte Global en Asentamientos Humanos de ONU-Hábitat, el ritmo de crecimiento, concentración y distribución de la población son elementos fundamentales en la consolidación de las dinámicas y estructuras urbanas, por lo que para el análisis del estado de la movilidad de las ciudades en México es necesario revisar sus tendencias.

En nuestro país, más de 81 millones de personas –que representan 72 por ciento del total– residen en sólo 384 ciudades mayores a 15 mil habitantes, las cuales conforman el sistema urbano nacional, SUN; esto muestra una desvinculación entre las cifras del crecimiento demográfico que se duplicaron y la expansión de las manchas urbanas que se multiplicaron.

Todo esto producto de las altas tasas de crecimiento natural de la población y de los intensos flujos migratorios hacia las ciudades. Para ONU-Hábitat, “La ciudad es el hogar de la prosperidad. Es donde los seres humanos satisfacen sus necesidades básicas y tienen acceso a bienes públicos esenciales; también es el lugar donde las ambiciones, aspiraciones y otros aspectos materiales e inmateriales de la vida se realizan”.

Según el reporte del Inegi para 2011, el proceso de urbanización se da en primer lugar, en las 59 zonas metropolitanas en donde viven 65 millones de habitantes (57 por ciento de la población del país), siendo en éstas donde se genera 74 por ciento del producto interno bruto, PIB; asimismo, se estima que hacia el año 2030 su población alcanzará los 78 millones de personas, lo que demandará sistemas eficientes para movilizarse.

Así también, señala que en 1950, poco menos del 43 por ciento de la población en México vivía en localidades urbanas, para 1990 era de 71 por ciento y para 2010, dicha cifra aumentó a casi el 78 por ciento.

Este acelerado crecimiento de las ciudades se debe principalmente a la búsqueda de estabilidad laboral, seguridad alimentaria, educación o simplemente mejores condiciones de vida.

A pesar de los esfuerzos que se han implementado para lograr el equilibrio entre las variables de población, recursos económicos y medio ambiente, el aumento de la población en las ciudades ha impactado de manera negativa en el cambio del uso de suelo, provocando importantes efectos ambientales, sociales e incluso económicos.

El precio desorbitado de la vivienda, el aumento en los niveles de la contaminación, el estrés, el tiempo invertido en el transporte y los trastornos psicológicos, ocasionados por un mundo que corre cada vez más de prisa son algunos de los problemas con los que los ciudadanos tienen que vivir diariamente.

Resultado de estos efectos es el declive en la vitalidad de los espacios urbanos así como en los estándares de calidad de vida del ciudadano; si preguntamos a la gente qué entiende por ciudad, con seguridad sus respuestas serían: autos, edificios, tiendas, gente, contaminación, ruido y estrés, haciendo casi imposible se dé la relación entre “ciudad” y “calidad de vida”.

Ante esta situación, la población ha manifestado especial preocupación por la protección y preservación de medio ambiente en el lugar donde vive, exaltando como principales problemas el ruido, la basura en las calles y la falta de áreas verdes.

Hoy en día, la importancia de las áreas verdes en las ciudades es de vital importancia para el desarrollo de una conciencia ambiental cada vez más participativa en el conocimiento y la conservación del entorno natural.

De ahí que la preservación de las áreas verdes en las ciudades se convierta en una preocupación de carácter institucional, ya que con frecuencia nos enfrentamos obras de construcción principalmente para fines habitacionales, comerciales y de entretenimiento, lo que coloca en verdadero peligro de extinción a las zonas de conservación ambiental a lo largo de nuestra ciudad.

Asimismo, cabe destacar que el daño causado no solo impacta a los recursos naturales, sino a la salud y bienestar de las personas, pues dichas áreas aportan servicios ambientales que no podrán ser sustituidos con ningún mecanismo por demás eficiente que parezca.

Estamos conscientes que la demanda de servicios de vivienda debido al acelerado crecimiento de población, principalmente en las ciudades, debe ser satisfecha, sin embargo, se debe ponderar la conservación de los ya casi nulos recursos naturales existentes en las mismas.

Para ello, se deben impulsar acciones que permitan cubrir dichas necesidades, pero siempre con estricto respeto a nuestro medio ambiente, procurando siempre aplicar prácticas sustentables y logrando con ello un equilibrio entre el crecimiento poblacional y la protección ambiental.

Lo anterior, no es más que dar cumplimiento a lo señalado en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, que dentro de sus objetivos generales se encuentra la consolidación de un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental, lo cual se logrará a través del impulso de una política de movilidad sustentableque garantice la calidad, disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos.

Asimismo, se plantea “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna”, a través de una estrategia que permita “Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos”. Este nuevo modelo de desarrollo urbano fomentará la consolidación de ciudades competitivas, densas, prósperas, justas, seguras y sustentables.

En general, se busca fomentar un crecimiento ordenado de las ciudades para hacer de ellas sitios en los que las distancias no representen una barrera para los ciudadanos. Ciudades productivas, en las que los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de la urbanización y se genere un crecimiento compatible con la sustentabilidad ambiental y social.

Para que ello sea así, resulta necesario armonizar la legislación existente, integrando en ésta los conceptos que permitan conocer con exactitud, las acciones que serán permisibles; en el caso que nos ocupa, integrar una definición de desarrollo urbano sustentable, nos garantizaría que todas aquellas acciones que se desarrollen en el marco del crecimiento poblacional y asentamientos humanos, se ejecuten con estricta observancia al cuidado de nuestro medio ambiente.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propone modificar la Ley General de Asentamientos Humanos, con la finalidad de ser más explícitos en la actual definición de desarrollo urbano, complementándolo e integrando características de sustentabilidad a éste.

En atención a lo expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de Asentamiento Humanos

Artículo Único. Se modifica la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a VII. ...

VIII. Desarrollo Urbano Sustentable: el proceso de planeación y regulación que permitan satisfacer las necesidades básicas de los centros de población: alimentación, salud, educación, trabajo, cultura y vivienda en un ambiente armónico, en el que se respeten los derechos humanos de las personas con estricta observancia a la preservación del medio natural que los rodea;

IX. a XXI. ...

Cuadro comparativo:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de diciembre de 2015.— Diputado José Alberto Couttolenc Buentello(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Couttolenc. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos –va a presentar dos iniciativas– el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, así como también iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita esta última también por la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, ambos del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, solicitando un minuto más en virtud de que son dos iniciativas. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Así lo consideraremos.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, qué amable. La primera iniciativa que presentamos responde –ambas de hecho, pero esta también– al interés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que las legislaciones, tanto federales como de los estados sean modificadas para asegurar el matrimonio igualitario. Es decir que no haya ninguna distinción en cuanto al género de las personas al momento de contraer matrimonio. En ese sentido nos permitimos modificar distintos artículos del Código Civil Federal para que en ningún momento se diferencie entre hombre y mujer a la hora de contraer matrimonio.

Hay distintas disposiciones en el Reglamento que diferencian en ese sentido. Y además establecer en el artículo 2o., una cláusula en la que se diga que: “a ninguna persona por razón de edad, sexo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión de rol de género, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo, profesión, carácter físico, discapacidad o estado de salud, se le podrá negar un servicio o prestación a que tenga derecho, ni restringir ni menoscabar el ejercer sus derechos cualquiera que sea la naturaleza de los mismos”. Es decir, establecer matrimonio igualitario pero también una cláusula clara en el Código Civil Federal para que no pueda haber ningún tipo de discriminación cuando se presta un servicio porque tenga que ver con la identidad sexual de una persona.

Es el momento de que esta Cámara de Diputados asegure que la posibilidad del matrimonio igualitario a todos los mexicanos, más allá solamente de los avatares en las redes sociales con bandera de arco iris y pasemos en esta Cámara a asegurar que todas las personas, independientemente de su preferencia, independientemente de su identidad genérica, puedan contraer matrimonio y esto lo aseguremos en el Código Civil Federal. Ojalá que haya congruencia ya con muchas expresiones de distintos partidos políticos en términos de asegurar este derecho.

Y segundo, también por razón de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado inconstitucional la Ley General de Salud con respecto a la cannabis, en el sentido de que hay una desproporción muy importante entre la pena que establece la Ley General de Salud, de prisión por varios años para el uso, la producción y el autoconsumo de cannabis, pues haya la posibilidad, como un grupo de mexicanos solicitaron a la Corte y fue así concedido, de que haya la posibilidad de que hubiera clubs para la autoproducción y el autoconsumo entre los miembros del club del mismo.

Habría que decir que autoconsumo y autoproducción de cannabis ha sido un camino para descriminalizar y despenalizar a los consumidores del mismo en varios países del mundo, incluso en la América Latina.

Es un buen inicio para comenzar a quitar la criminalización al asunto de las drogas para seguir enviando a prisión a consumidores. Nosotros hemos utilizado distintas fuentes para saber que en seis años, en un sexenio, más de 500 mil personas van a la cárcel, o cuando menos van a un Ministerio Público, solamente por posesión de cannabis. Es un número impresionante, es un desperdicio a nombre de recursos, es una violación constante a los derechos humanos de las personas.

Y a esto, precisamente, pues corresponde tanto la resolución de la Corte como el llamado de la Suprema Corte, precisamente para legislar en este sentido. Por lo tanto proponemos que con respecto a la cannabis, se podrán agruparse en clubes sociales para realizar las actividades ligadas al consumo personal y regular con fines recreativos exclusivamente, con relación a la marihuana.

Dichos clubes servirán únicamente para el autoabastecimiento de la sustancia entre sus propios miembros, siempre que sean usuarios habituales de la sustancia en cantidades que sean consistentes, con el uso personal y la no distribución entre terceras personas.

Los clubes podrán cobrar una cuota a sus miembros para el mantenimiento del mismo, pero no podrán llevar a cabo actos de comercio, tales como el suministro, la distribución a título oneroso, enajenación y transferencia de la sustancias a terceros.

Es el momento ya de que pasemos del análisis, de la mera discusión, a establecer propuesta concretas, a ponerlas sobre la mesa, a también aprovechar el interés que hay en el tema de la marihuana para retar los paradigmas de la política de drogas, el paradigma prohibicionista que solamente ha llevado a más violencia, que solamente ha llevado a más riesgos a la persona, y que no permite tener una política de drogas inteligente e integral.

Hay que tomarnos en serio el llamado de la Corte para discutir las políticas de drogas en México y, sobre todo, la enorme diferencia que hay entre el posible daño y la enorme penalidad que hoy tiene a cientos de miles de personas en la cárcel, simplemente por posesión y por consumo. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Vidal Llerenas Morales, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica distintas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de matrimonio igualitario, bajo la siguiente

Exposición de motivos

El debate por la inclusión del matrimonio igualitario en el ordenamiento jurídico mexicano se ha dado en distintos frentes. No sólo ha tenido lugar en el ámbito legislativo, a través de la modificación de leyes locales, sino también en el ámbito jurisdiccional mediante el debate constitucional y convencional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El camino legislativo lo abrió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) desde noviembre de 2006, cuando aprobó la creación de la Ley de Sociedades de Convivencia, misma que reconocía derechos similares a distintos tipos de familias. En diciembre de 2009, la Asamblea fue más allá y modificó el Código Civil de la entidad para modificar la definición de matrimonio de tal manera que esta figura no contemplara únicamente el constituido por hombre y mujer. De acuerdo el artículo 146 del Código, modificado con la reforma que entró en vigor en marzo del 2010, el matrimonio es “es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente Código”.

Esta reforma fue impugnada por el Poder Ejecutivo a través de la Pocuraduría General de la República, mediante la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010. Al resolver, la SCJN resolvió que la Asamblea Legislativa tenía competencia para legislar sobre el matrimonio y consideró constitucionales los artículos 146 y 391 del Código Civil de la entidad, validando la constitucionalidad de las uniones entre personas del mismo sexo son constitucionales y de su derecho a adoptar menores de edad. , tienen validez en todo el territorio nacional. De acuerdo con el máximo tribunal, “(la reforma constituye) un acto normativo que amplía o extiende un derecho civil a fin de alcanzar la plena equiparación de la protección jurídica entre las parejas homosexuales y lesbianas con las heterosexuales, amparado en el respeto al principio de igualdad y la prohibición de no discriminación, concretamente en su vertiente de orientación sexual, el cual, como ha sostenido esta Corte representa un principio que debe normar la labor legislativa, al tener un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas”.

Esta resolución motivó el inicio de una serie de amparos interpuestos en todo el país. En diciembre de 2012, la SCJN resolvió la primera serie de amparos, presentados en contra de las disposiciones del Código Civil de Oaxaca Ahí la Corte otorgó el amparo a los quejosos y declaró inconstitucional el artículo 143 del Código estatal, que impedía la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo, basado en que éste debería ser sólo entre un hombre y una mujer a efectos de perpetuar la especie. Además, afirmó que la exclusión de las parejas no heterosexuales de la figura del matrimonio era discriminatoria.

Al respecto, el máximo tribunal se ha pronunciado respecto a que el marco internacional de derechos no reconoce un solo tipo de familia, y que en tal virtud deben protegerse todos los modelos de familia, entre ellos, las familias nucleares compuestas por padres e hijos, biológicos o adoptivos, las familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; las familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones y desde luego las familias homoparentales, conformadas por personas del mismo sexo con hijos biológicos o adoptivos o en su caso sin estos.

A partir de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezó a conocer de los primeros amparos en revisión relativos a las legislaciones de Baja California, Sinaloa y el Estado de México la figura del matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer, por ser violatorio de los derechos fundamentales. Recientemente, en junio de 2015, la Corte dio la razón a todos los promoventes, y derivado de ello, la Primera Sala de la SCJN publicó las tesis jurisprudenciales 46/2015 y 43/2015.

En la primera de ellas, la SCJN reconoció que no existe razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo y que las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Así, para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión de la figura del matrimonio en la ley. En la segunda tesis, la SCJN establece que cualquier ley de una entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.

De ahí que la adecuación y armonización de nuestras legislaciones con tales estándares, resulta no sólo idónea sino también necesaria a efecto de seguir protegiendo los derechos fundamentales de todas las personas. La armonización de las leyes locales, contribuirá en específico al reconocimiento de los derechos humanos de la población Lésbica, Gay, Bisexual, y Trans en todo el territorio nacional, con lo que se dará cumplimiento a los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

El carácter progresista de los derechos humanos ha logrado incluso el reconocimiento expreso de derechos para grupos poblacionales que enfrentan una serie de dificultades que los colocan en situación de vulnerabilidad frente al resto de la población, de ahí el reconocimiento a derechos para niños, jóvenes, mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y personas adultos mayores entre otros. Este marco de protección universal reconoce hoy también Derechos Humanos de igualdad a las poblaciones de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT) a partir del reconocimiento de la orientación sexual e identidad de género como elementos esenciales de la condición humana que permiten el desarrollo pleno de las personas, por los efectos que tienen en sus vidas así como los que se producen cuando deciden construir y desarrollar un proyecto de vida formando una familia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronunciado al establecer que la salud no es sólo la ausencia de enfermedad, afirmando que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Además, reconoce a la orientación sexual e identidad en los siguientes términos. Por un lado, la orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera que se manifiesta de una persona a otra, interactúa con el sexo, género, vínculos afectivos, erotismo, reproductividad e identidad de género en la construcción de la identidad sexual de las personas. La orientación sexual existe a lo largo del continuo que va desde la heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. Por lo que hace a la identidad de género, la OMS, considera que es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Ambos conceptos, la orientación sexual e identidad de género, fueron recogidos en los principios de Yogyakarta, un documento redactado en noviembre de 2006 en la ciudad Indonesia de Yogyakarta por un grupo de expertos en derechos humanos y derecho internacional de varios países. Dicho documento contiene una serie de principios legales cuyo fin es su aplicación en el marco internacional de los derechos humanos en relación a la orientación sexual e identidad de género de las personas y señala con claridad las acciones necesarias para garantizar derechos humanos a la población LGBT.

Estas personas enfrentan una situación de vulnerabilidad, en las que se les ha colocado históricamente en virtud de la discriminación de la que son víctimas. Este estigma se extiende hacia familias homoparentales, integradas por parejas del mismo sexo con o sin hijos. Frente a esta problemática organismos internacionales como la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo se han pronunciado por condenar los actos de violencia y las violaciones de Derechos Humanos relacionadas y perpetrados contra las personas en virtud de su orientación sexual e identidad de género. Además es preciso tomar en cuenta la declaración del 19 de diciembre del 2008 sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, que señala “Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los Derechos Humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual e identidad de género”. Esto, para revertir la exclusión social que produce la discriminación por orientación sexual conocida como homofobia y la transfobia, generada por el rechazo a la identidad de género, a fin de auspiciar ambientes más tolerantes y respetuosos para que las personas LGBT asuman con plenitud su identidad sexual para ponerle fin a esta situación y permitir que se incorporen al progreso social, económico, cultural y político en beneficio de ellas, sus familias y de las naciones a las que pertenecen.

En México, encuestas como Conapred Enadis-2010, Copred Ediscdmx-2013, indican que las personas LGBT se encuentran entre los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. El Distrito Federal es la entidad en la que se ha alcanzado el mayor avance en la materia. Es aquí en donde después de tipificar la discriminación por orientación sexual e identidad de género, reconocer el derecho a la identidad de género y establecer protocolos de actuación policial y de atención a crímenes de odio entre otras medidas, se reconoció por primera vez el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo al modificar el Código Civil del Distrito Federal en diciembre del 2009.

Hoy es tiempo de hacer realidad la plena vigencia de los derechos humanos de las personas LGBT en México, porque a partir de este propósito se busca terminar con el trato diferenciado entre parejas de hombre y mujer respecto de las parejas homosexuales con la posibilidad de hacer realidad el matrimonio para todas las personas sin distinción.

El avance diferenciado que existe en el reconocimiento y protección de los derechos LGBT entre una entidad como el Distrito Federal en donde existen derechos cuasi plenos y el resto del país, es una muestra clara de que hace falta el impulso del poder Legislativo Federal para conminar a los congresos estatales de todas las entidades federativas a fin de que armonicen sus marcos legales en favor del pleno reconocimiento de los derechos de igualdad para las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Esta obligación adquiere importancia en el marco de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, según la cual, todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado forme parte.

Si bien es cierto que los pronunciamientos de la SCJN en las acciones de inconstitucionalidad y amparos resueltos, y en concreto, así como en las jurisprudencias anteriormente citadas, permitirían a las parejas del mismo sexo de cualquier entidad, ser protegidas por la justicia y obtener un amparo para poder contraer matrimonio, también lo es que es obligación del Poder Legislativo auspiciar que el marco constitucional de libertad, igualdad, seguridad jurídica y no discriminación sea una realidad para todas las personas. Además, de esta manera se garantiza que las personas que se encuentren en esta situación no tengan que acudir a juicio para poder acceder a sus derechos.

Esta soberanía no desconoce que la materia es competencia de las entidades federativas, por lo cual esta iniciativa busca impulsar a las entidades federativas a terminar con la exclusión social que han padecido las personas que pertenecen a la población LGBT al momento de pretender contraer matrimonio y formar una familia homoparental sentando las bases desde la legislación internacional de los Derechos Humanos, pasando por el marco constitucional y el reconocimiento de estos derechos a nivel federal, buscando que el derecho al matrimonio se convierta en una realidad al alcance de todos. De esta manera, se podrán extender a personas LGBT y a las familias que forman los beneficios del matrimonio, entre ellos; fiscales, acceder a una sucesión legítima, de asistencia médica, de seguridad jurídica sobre el patrimonio constituido en común y para poder acceder a la naturalización por la vía del matrimonio.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica distintas disposiciones del Código Civil Federal

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, 146, 147, 148,149, 1150, 151, 152, 158, 168, 172, 173, 177, 216, 217, 218, 290, 291; se adiciona un capitulo XI al Título Quinto a través del artículo 291 Bis, y se reforma el artículo 723 bis; para quedar como sigue:

Artículo 2. La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. A ninguna persona por razón de edad, sexo, estado civil, raza, idioma, religión ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión de rol de género, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, carácter físico discapacidad o estado de salud, se le podrá negar un servicio o prestación a la que tenga derecho, ni restringir o menoscabar el ejercicio de sus derechos cualquiera que sea la naturaleza de los mismos.

Titulo QuintoDel Matrimonio

Capítulo IIDe los Requisitos para contraer Matrimonio

Artículo 146. Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige.

Artículo 147. Serán nulos los matrimonios que hagan los contrayentes, en contravención a lo señalado por el artículo anterior.

Artículo 148. Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes hayan cumplido la mayoría de edad.

Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años. Para tal efecto se requerirá el consentimiento del padre o la madre o en su defecto el tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de éstos, el Juez de lo familiar suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado entendiendo a las circunstancias especiales del caso.

En caso de que la contrayente se encuentre en estado de gravidez, y así lo acredite a través del certificado médico respectivo, el Juez del Registro Civil, a petición del padre o la madre podrá dispensar el requisito a que se refiere el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser otorgada dicha dispensa a menores de catorce años.

Artículo 149. Se deroga

Artículo 150. Se deroga

Artículo 151. Se deroga

Artículo 152. Se deroga

Artículo 158. Se deroga

Artículo 168. Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente.

Artículo 172. Los cónyuges, mayores de edad, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el consentimiento o autorización del otro, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.

Artículo 173. Los cónyuges, menores de edad, tendrán la administración de sus bienes, en los términos del artículo que precede, pero necesitarán autorización judicial para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus negocios judiciales.

Artículo 177. Los cónyuges, durante el matrimonio, podrán ejercitar los derechos y acciones que tengan el uno en contra del otro; pero la prescripción entre ellos no corre mientras dure el matrimonio.

Artículo 216. Los cónyuges no podrán cobrarse retribución u honorario alguno por los servicios personales que se presten; pero si uno de los contrayentes por ausencia o impedimento del otro, se encarga temporalmente de la administración de los bienes del ausente o impedido, tendrá derechos a que se le retribuya por este servicio en proporción a su importante y el resultado que produjere.

Artículo 217. Los cónyuges que ejerzan la patria potestad se dividirán entre sí, por partes iguales, la mitad del usufructo que la ley les concede.

Artículo 218. Los cónyuges responderán de manera recíproca, de los daños y perjuicios que se causen entre sí, por dolo, culpa o negligencia.

Capitulo XIDel Concubinato

Artículo 291 Bis. Los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocas, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años que procedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo.

I. No es necesario el transcurso del periodo antes mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, tengan o registren un hijo en común.

II. Si con una persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se acreditara el concubinato. Quienes hayan actuado de buena fe podrán demandar del otro, una indemnización por daño moral.

III. Regirán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia, en lo que le fueren aplicables.

IV. El concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios y sucesorios, independientemente de los demás derechos y obligaciones reconocidos por este código.

V. Al cesar la convivencia, el concubino o concubina que carezca de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tendrá derecho a una pensión alimentaria, por un periodo igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio. Este derecho podrá ejercerse solo durante solo durante el año siguiente a la cesación del concubinato.

Artículo 294.El parentesco de afinidad es el que se adquiere por el matrimonio o concubinato, entre los parientes de los cónyuges o concubinos, y sus respectivos parientes consanguíneos.

Artículo 723 Bis. Puede constituir el patrimonio familiar la madre, el padre o ambos, cualquiera de los cónyuges o ambos, cualquiera de los concubinos o ambos, la madre soltera o el padre soltero, las abuelas, los abuelos, las hijas y los hijos o cualquier persona integrante de la familia que quiera constituirlo, para proteger jurídica y económicamente a la familia.

Transitorios

Artículo Primero: El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo:Los congresos de las entidades federativas en ejercicio de su soberanía, podrán adecuar y armonizar sus legislaciones comunes en materia civil y familiar para regular la Institución del Matrimonio con base en los principios constitucionales de libertad, igualdad, seguridad jurídica y no discriminación, atendiendo el marco normativo de los Derechos Humanos y garantías individuales previstas en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y este Código Civil Federal.

Notas:

1 AI 02/2010

2 581/2012, 457/2012 y 567/2012

3 Amparo en revisión 152/2013 (Oaxaca), resuelto el veintitrés de abril de dos mil catorce; amparo en revisión 615/2014 (Colima), resuelto el cuatro de junio de dos mil catorce; amparo en revisión 704/2014 (Colima), resuelto el dieciocho de marzo de dos mil quince; amparo en revisión 735/2014 (Colima), resuelto el dieciocho de marzo de dos mil quince.

4 Matrimonio entre personas del mismo sexo. No existe razón de índole constitucional para no reconocerlo. Tesis de jurisprudencia 46/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de tres de junio de dos mil quince.

5 Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. Tesis de jurisprudencia 43/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de tres de junio de dos mil quince.

6 Official Records of the World Health Organization, Nº 2, WHO, Nueva York, 19 de junio al 22 de julio de 1946, p. 100. Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados, y entró en vigor el 7 de abril de 1948.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.— Diputados: Vidal Llerenas Morales, Armando Luna Canales, Flor Estela Rentería Medina (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El diputado Vidal Llerenas Morales: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Laura Beatriz Esquivel Valdés y Vidal Llerenas Morales, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica distintas disposiciones de la Ley General de Salud, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Durante la segunda mitad del siglo XX, el enfoque prohibicionista en materia de drogas ha imperado como paradigma predominante en prácticamente todo el mundo. Tres convenciones signadas por un buen número de países han sido el marco legal internacional de referencia para dicho control: la Convención única sobre Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

Las consecuencias negativas del prohibicionismo a lo largo del mundo han sido ampliamente documentados. Entre estos costos se encuentran afectaciones al desarrollo y la seguridad; perjuicios en materia de salud pública; discriminación hacia los consumidores; aumento de la violencia vinculada al crimen organizado, al combate al mismo y al comercio en pequeña escala; así como serios costos económicos. Además, por supuesto, de las numerosas violaciones a los derechos humanos de las personas, como la criminalización y el encarcelamiento masivo de usuarios de drogas, la detención arbitraria y tortura de los mismos, entre otros.

Nuestro país no ha escapado a este enfoque, y durante muchos años ha sancionado de distintas maneras el consumo de las drogas cuyo uso se considera ilícito. El prohibicionismo, tomó su versión más violenta el sexenio pasado, cuando el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, que más bien se convirtió en una guerra contra las drogas y, particularmente, contra los usuarios de las mismas. Para dar un ejemplo, entre 2009 y 2013 fueron detenidas a nivel federal, más de 140 mil personas por consumo de sustancias ilícitas. Incluso, aún cuando el consumo no está considerado delito, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), entre 2009 y 2012, hubo más de 4 mil detenidos por dicha conducta.

Los costos del prohibicionismo han ocasionado que en diversas partes del mundo se hayan emprendido cambios legislativos o nuevas políticas para adoptar distintos enfoques regulatorios en materia de drogas. Son ya numerosas las experiencias internacionales que se pueden citar, tales como el caso de Portugal, Países Bajos, y la República Checa; en nuestro propio continente, está la reciente experiencia de Uruguay y de varios estados de Estados Unidos de América, como Colorado y Washington.

En nuestro país, la legislación aplicable en la materia no penaliza en sentido estricto el consumo de drogas, sin embargo, en los hechos sí se criminaliza a los consumidores y se les aplica el rigor de la ley penal. Este fenómeno se debe a que las bajas cantidades consideradas como permisibles para consumo personal y a que todas las actividades correlativas al uso las mismas.

El pasado 4 de noviembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo 237/2014, relativo al permiso solicitado por un grupo de ciudadanos a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para llevar a cabo todas las actividades necesarias para el consumo personas y recreativo de la mariguana. Al respecto, por cuatro votos a uno, la Suprema Corte otorgó el amparo a los quejosos y declaró la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley General de Salud (LGS) que prohíben actividades indispensables para el consumo personal con fines recreativos de mariguana, como la siembra, el cultivo, la cosecha, la preparación, el acondicionamiento, posesión y transporte.

En la sentencia, la SCJN señaló que el consumo, y todas sus actividades correlativas, son conductas que corresponden al estricto ámbito personal y que constituyen parte del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que protege la autonomía personal de los individuos. Así lo señaló la Corte:

“En claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege el “sistema de prohibiciones administrativas” sobre el consumo de marihuana regulado en la Ley General de Salud, se ubica la intensaafectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida legislativa. Como se señaló al analizar los alcances de los artículos impugnados, éstos imponen un obstáculo jurídico que impide a los quejosos consumir marihuana y llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades correlativas al autoconsumo (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera).

(...) la medida analizada constituye una intervención en el libre desarrollo de la personalidad porque conlleva una interferencia en la autonomía personal protegida por este derecho. Como se explicó anteriormente, la forma en la que un individuo desea recrearse pertenece a su esfera más íntima y privada, ya que sólo él puede decidir de qué manera quiere vivir su vida. En este orden de ideas, la medida analizada supone una afectación muy importante al derecho al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que impide a los quejosos decidir qué actividades recreativas o lúdicas desean realizar”.

Además, sostuvo que la medida establecida por el legislador para prohibir dichas actividades, resulta no resulta idónea, sino que es innecesaria y desproporcionada para el fin que dice proteger, por lo cual consideró que “el sistema de prohibiciones administrativas”, conformado por los artículos de la Ley General de Salud impugnados por los quejosos, ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha media. A pesar de que esta Suprema Corte reconoce que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos que protege nuestra Constitución, en el caso de la restricción al libre desarrollo de la personalidad que comporta la medida impugnada, esta Primera Sala no encuentra que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta a su consumo”.

Así, por medio de esta sentencia, la SCJN declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la LGS, únicamente en lo que se refiere a la cannabis y el psicotrópico THC, excluyéndose los actos de comercio, suministro, enajenación y/o distribución. Además de la declaratoria de inconstitucionalidad, el amparo fue concedido a efecto de que la Cofepris otorgue a los quejosos la autorización a la que se refieren dichos artículos 235 y 247 de la LGS.

Pese a que la sentencia únicamente otorga efectos a los quejosos, la SCJN reconoció la existencia de distintos tipos de regulación como medidas alternativas a la prohibición absoluta del consumo, en particular, de marihuana. Al respecto, en su voto particular, el ministro Cossío difiere de la metodología adoptada por el proyecto votado y explica que la sentencia debió haber ido más allá y establecer obligaciones para el Estado mexicano en materia de política de drogas. Señala el ministro Cossío:

“Francamente, me parece que la sentencia se quedó corta asumiendo únicamente los efectos tradicionales del juicio de amparo. No debió pasarse por alto que la resolución introduce una modificación sustancial en la política estatal en materia de drogas. En razón de lo anterior, y a fin de prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos, como tribunal constitucional teníamos la obligación de identificar y después exhortar a todas las autoridades del estado, a adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole, que fueran necesarias para hacer efectivo el ejercicio pleno de los derechos humanos de todos los gobernados.

En mérito de lo expuesto, considero que la resolución debió atender a dos dimensiones de los efectos y medidas propios de la concesión del amparo. La primera correspondía al caso concreto que efectivamente se traduce en el otorgamiento de una autorización administrativa específica para los quejosos. La segunda dimensión era mucho más relevante, pues a través de ella debimos emitir una sentencia exhortativa de carácter estructural que posibilitara la creación de una política pública integral en materia de drogas”.

Por ello, el ministro Cossío considera que la sentencia debió incluir medidas exhortativas de carácter estructural para todas las autoridades el Estado mexicano involucradas en la política pública en materia de drogas “a revisar el modelo prohibicionista a fin de replantear el marco normativo para evitar la violación de los derechos humanos de los gobernados y enfocar el problema desde el punto de vista de la salud pública integral, así como para ajustar todo el esquema de la prohibición sancionada penalmente al de la legalización regulada bajo los parámetros generales de la salud pública y la protección de los derechos humanos de los consumidores y no consumidores”.

Así, sugiere que en el ámbito de sus atribuciones, el Poder Legislativo debió ser exhortado para que realice una revisión de todos los ordenamientos legales relacionados con la política de droga y no sólo los tachados de inconstitucionales. Por su parte, el Poder Ejecutivo federal debió haber sido exhortado por la sentencia para que elabore un programa nacional de una política integral de drogas, que involucre a las autoridades sanitarias, educativas, hacendarias, de política exterior, procuración e impartición de justicia.

En este entendido y como parte de las obligaciones que tenemos como legisladores, presentamos esta iniciativa para asumir nuestra responsabilidad con la modificación de un marco regulatorio que ha mostrado no funcionar y que ha resultado perjudicial. De esta manera, se propone la adecuación del marco normativo que la SCJN declaró inconstitucional con respecto al uso de la cannabis, de tal manera que todas las personas puedan realizar todas las actividades correlativas al consumo de dicha sustancia, siempre sin fines de comercio.

Además se propone la creación de clubes sociales de cannabis, como un nuevo mecanismo para que las personas puedan llevar a cabo estas actividades que la SCJN considera parte del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Los clubes canábicos funcionan desde hace tiempo en otras partes del mundo, como algunas ciudades de España, como un modelo que permite a los usuarios tener un acceso seguro al consumo de dicha sustancia.

Este modelo consiste en la creación de grupos cerrados de personas –todas mayores de edad y en pleno uso de sus derechos–, que establecen un domicilio particular para la siembra, cultivo, producción y demás actividades para satisfacer el autoconsumo de los miembros del club. En el caso español, “El llamado ‘modelo español Cannabis Social Club’ ha generado un gran interés en los círculos de la política de drogas. El modelo consiste en una asociación sin fines de lucro, democráticamente operada por sus miebros, registrada oficialmente como una entidad legal, que recoge y distribuye cannabis a sus miembros, en las instalaciones privadas con licencia a la que únicamente tienen acceso sus miembros. Varias asociaciones cultivan cannabis en beneficio de sus miembros. Para ser miembro de una asociación de cannabis, una persona debe ser mayor de edad, ser usuario habitual de cannabis, y amigo de un miembro del club. Los miembros ponen dinero en la asociación y por lo tanto, tiene derecho, además de la utilización de sus instalaciones, a una parte proporcional de sus productos, incluido el cannabis. La protección jurídica a estas asociaciones por parte de la Constitución y la legislación nacional, significa que sólo pueden ser disueltas por una orden judicial. La concesión de licencias de locales privados para el uso de la asociación (clubes sociales) implica la adecuada satisfacción de las diversas ordenanzas municipales y leyes autonónomas se ocupan de cuestiones tales como la salud y la seguridad, y la reducción del ruido y las emisiones nocivas”.

El modelo funciona en España desde 1991, ha sido ampliamente analizado y reconocido por funcionar correctamente y ofrecer grandes ventajas para los usuarios. En el caso mexicano el modelo es viable, especialmente dado, el reconocimiento por parte de la SCJN de que las actividades que ahí se realizan están protegidas por tratarse del ejericicio de un derecho. Investigadores mexicanos han hecho hincapié en las ventajas que el modelo ofrecería en México, entre ellas, “que le garantiza seguridad jurídica en ejercicio de sus derechos, lo aleja de las redes del comercio ilegal y del mundo del delito, al eliminar la necesidad de acudir a los traficantes ilegales; le garantiza estándares de calidad que no obtiene en el mercado negro y puede acercarse, a través de la propia asociación, a servicios informativos de reducción de riesgos y daños para el cuidado de su salud. Beneficia también al cultivador y/o productor de la planta, que encuentra en este espacio una actividad más de sustento como actividad agraria y económica. De este modo, el productor tiene contacto directo con el usuario y se elimina entre ellos al intermediario, quien cumple en la actualidad con el papel ilegal del proceso”

En la presente iniciativa se establece que dichos clubes servirán únicamente para el auto abastecimiento de la sustancia entre sus propios miembros, siempre que sean usuarios habituales de la sustancia, en cantidades que sean consistentes con el uso personal y la no distribución entre terceras personas. En este marco, los clubes podrán cobrar una cuota a sus miembros, para el mantenimiento del mismo, pero no podrán llevar a cabo actos de comercio, tales como el suministro, la distribución a título oneroso, enajenación y transferencia de la sustancia a terceros.

Además, la Secretaría de Salud, a través de la instancia corrrespondiente, creará un registro de clubes y será la encargada de expedir los permisos y verificaciones para los mismos siempre y cuando cumplan con determinadas condiciones, entre ellas, que los miembros deberán ser mayores de 18 años y sólo podrán estar inscritos en un club a la vez. Siguiendo el principio de separación de mercados, las conductas se podrán desarrollar únicamente en relación con la cannabis. También se busca incorporar el prinicipio de reducción de riesgos y daños, pues los clubes deberán informar a sus miembros de este tipo de medidas de manera específica.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica distintas disposiciones de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman los artículos 235, 237, 247, 248, 375 y se adiciona un artículo 375 Bis, para quedar como sigue:

Artículo 235. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a:

I. Las disposiciones de esta ley y sus reglamentos;

II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;

IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

V. (Se deroga).

VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud, con excepción de lo dispuesto por los artículos 380 y 380 Bis en relación con la cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas).

Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, con excepción de lo dispuesto por los artículos 380 y 380 Bis en relación con la cannabis sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas.

Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el artículo 234 de esta ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia.

Artículo 247. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a:

I. Las disposiciones de esta ley y sus reglamentos;

II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General;

IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;

V. (Se deroga)

VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos, y requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud, con excepción de lo dispuesto por los artículos 380 y 380 Bis en relación con el Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas.

Artículo 248. Queda prohibido todo acto de los mencionados en el artículo 247 de esta ley, con relación a las substancias incluidas en la fracción I del artículo 245, con excepción de lo dispuesto por los artículos 380 y 380 Bis en relación con el THC (Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas)

Título Décimo SextoAutorizaciones y certificados

Capítulo IAutorizaciones

Artículo 375. Requieren de permiso:

I. (Se deroga).

II. Los responsables de la operación y funcionamiento de fuentes de radiación de uso médico, sus auxiliares técnicos y los asesores especializados en seguridad radiológica, sin perjuicio de los requisitos que exijan otras autoridades competentes;

III. La posesión, comercio, importación, distribución, transporte y utilización de fuentes de radiación y materiales radiactivos, de uso módico, así como la eliminación, desmantelamiento de los mismos y la disposición de sus desechos;

IV. Los libros de control de estupefacientes o substancias psicotrópicas, así como los actos a que se refiere el artículo 241 de esta ley;

V. La internación de cadáveres de seres humanos en el territorio nacional y su traslado al extranjero, y el embalsamamiento;

VI. La internación en el territorio nacional o la salida de él, de tejidos de seres humanos, incluyendo la sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas y hemoderivados;

VII. La publicidad relativa a los productos y servicios comprendidos en esta ley;

VIII. La importación de los productos y materias primas comprendidos en el Título Décimo Segundo de esta ley, en los casos que se establezcan en la misma y otras disposiciones aplicables y en los que determine la Secretaría de Salud;

IX. La importación y exportación de estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos o preparados que las contengan, y

X. Las modificaciones a las instalaciones de establecimientos que manejan substancias tóxicas o peligrosas determinadas como de alto riesgo para la salud, cuando impliquen nuevos sistemas de seguridad.

Los permisos a que se refiere este artículo sólo podrán ser expedidos por la Secretaría de Salud, con excepción de los casos previstos en las fracciones II y V en lo relativo al embalsamamiento.

Las autorizaciones a que se refieren los artículos 235 y 247 se otorgarán exclusivamente en relación con la “cannabis” (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y el psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como “marihuana”, respecto a todas las conductas necesarias para llevar a cabo el consumo personal de la misma, como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y, en general, todo acto relacionado con el consumo recreativo de la marihuana. El permiso excluye la posibilidad de llevar a cabo actos de comercios relacionados con dicha sustancia, mismos que serán sancionados conforme a la normatividad penal.

Artículo 375 Bis. En relación con el artículo anterior, los consumidores de “cannabis” (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y el psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como “marihuana”, podrán agruparse en clubes sociales para realizar las actividades ligadas al consumo personal y regular, con fines recreativos, exclusivamente con relación a la marihuana. Dichos clubes servirán únicamente para el auto abastecimiento de la sustancia entre sus propios miembros, siempre que sean usuarios habituales de la sustancia, en cantidades que sean consistentes con el uso personal y la no distribución entre terceras personas. Los clubes podrán cobrar una cuota a sus miembros, para el mantenimiento del mismo, pero no podrán llevar a cabo actos de comercio, tales como el suministro, la distribución a título oneroso, enajenación y transferencia de la sustancia a terceros.

La secretaría creará un registro de clubes y expedirá los permisos para los mismos siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

1. Los miembros deberán ser mayores de 18 años y sólo podrán estar inscritos en un club a la vez.

2. Los clubes deberán informar a sus miembros acerca de las medidas de reducción de riesgos y daños.

3. Los clubes se instalarán en un domicilio designado para tal efecto.

4. Las conductas descritas serán únicamente en relación con la cannabis.

5. La sustancia no se podrá suministrar a otras personas que no formen parte del club y en ningún caso se podrá vender, comercializar en el lugar ni en las inmediaciones del lugar en que tenga lugar la conducta.

6. Una vez obtenido el permiso, los clubes podrán admitir a más miembros.

Notas:

1 Ver: http://www.countthecosts.org/es y The Drug Problem in the Americas, OEA, 2013.

2 Consumir sin delinquir, Catalina Pérez Correa, Nexos, 2015.

3 Amparo en Revisión 237/2015, p. 76.

4 Amparo en Revisión 237/2015 p. 78.

5 Amparo en Revisión 237/2015 p. 69.

6 Voto concurrente que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz en el Amparo en Revisión 237/2014

7 Voto concurrente que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz en el Amparo en Revisión 237/2014, p. 17.

8 The Legal Landscape for Cannabis Social Clubs in Spain, Amber Marks, 2015. “The so-called ‘Spanish Cannabis Social Club model’ has generated a great deal of interest in drug policy circles. The model consists of a not- for profit association, democratically operated by its members, oficially registered as a legal entity, which collects and distributes cannabis to its members, on private premises licensed for the sole access of members. Several associations cultivate cannabis on behalf of their members. In order to be a member of a cannabis association a person must be an adult, a habitual user of cannabis, and the friend of a signed-up member. Members put money into the association and are thereby entitled, in addition to use of its facilities, to a proportionate share of its products, including cannabis. The legal protection afforded to registered associations by the Constitution and national legislation means that they can only be dissolved by a court order. The licensing of private premises for the use of the association (social clubs) entails the adequate satisfaction of various municipal regulations and autonomous community laws concerned with matters such as health and safety, and the abatement of noise and noxious emissions.

9 Mariguana DF y Clubes Sociales de Cannabis: Cuaderno 5 de CuPIHD, Carlos Zamudio Ángeles y Jorge Hernández Tinajero, 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.— Diputados: Laura Beatriz Esquivel Valdés,Vidal Llerenas Morales (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel de Jesús Espino, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 232 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Manuel de Jesús Espino: Con su permiso, diputado presidente. Estimadas compañeras diputadas y estimados compañeros diputados, en reiteradas ocasiones desde aquí a la que llamamos máxima tribuna de la nación hemos reconocido que urge dignificar la política y de prestigiar al Congreso mexicano.

Las instituciones del Estado y nuestra democracia enfrentan una crisis de credibilidad, a ello se debe que millones de mexicanos se inhabiliten como ciudadanos, renunciando a participar activamente en los procesos electorales o expresen su inconformidad a través del voto nulo.

El desprestigio de la política en general y de los partidos políticos en particular no es simple retórica, es una realidad que se proyecta de una elección a otra. Esta situación descrédito se refleja en las siguientes cifras:

Según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, un 62 por ciento de los mexicanos respaldaría una candidatura independiente. Además, el 44 por ciento considera que las candidaturas independientes son una alternativa que compensa el desencanto hacia los partidos tradicionales. Y un 65 por ciento afirma que dichas candidaturas garantizan una mayor participación en los procesos democráticos.

Los mexicanos cada vez creen menos en la democracia, ya solo el 37 por ciento considera que es preferible está a cualquier otra forma de gobierno. En América Latina ese promedio es de 56 por ciento, de 18 países latinoamericanos México reporta el segundo porcentaje más alto de retroceso en la consolidación de su democracia.

Según en Latino-barómetro, 45 por ciento de los encuestados afirmó que la democracia puede funcionar sin partidos políticos, en tanto que 38 por ciento asegura que la democracia puede funcionar sin un Congreso mexicano.

Estos datos deben sacudir a esta representación popular, responsable de adecuar el marco legal a las necesidades y demandas de los ciudadanos, pero que a juicio de la sociedad se ha convertido en un instrumento de la partidocracia, entendida como el abuso de los partidos en la toma de decisiones públicas.

La partidocracia es tan repudiada que el informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, del Instituto Nacional Electoral, refiere que el 71 por ciento de los encuestados está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la idea de que los políticos se preocupan por las personas. Y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, revela que el 91 por ciento considera a los partidos entre las instituciones más corruptas.

Esta mala reputación se ha concentrado principalmente en los parlamentarios de representación proporcional. La ciudadanía no percibe que estos se justifican para que todos los sufragios cuenten y garantizar que no haya partidos sobrerrepresentados en este Poder Legislativo.

La gente ve a los plurinominales como beneficiarios de cuotas de poder intrapartidista, de compadrazgos, privilegios familiares, coto de los dirigentes de los partidos o refugio para políticos de expediente negro. Por ello, se ha llegado al extremo de proponer su desaparición.

En esta iniciativa, estimados compañeros, queremos destacar la oportunidad que estos datos representan para nuestra Cámara de Diputados, por eso pretendemos establecer el principio de primera minoría para que 100 diputados federales lo sean por esa vía, se trata de un acto de congruencia constitucional, toda vez que no es coherente que en nuestro sistema bicameral el Senado de la República tenga esta vía de acceso y no así la Cámara de Diputados.

Proponemos disminuir a 100 los diputados electos por la vía de representación proporcional, y establecer en la ley el deber de los partidos para que al menos al 80 por ciento de los candidatos de representación proporcional en ambas Cámaras sean asignadas a ciudadanos sin afiliación partidista.

En resumen, con estas propuestas y argumentos se busca fortalecer nuestra democracia, contribuir a mejorar el desempeño del Congreso Federal y robustecer al Estado mexicano. Hoy un ciudadano ejemplar, el doctor Rodolfo Neri Vela, nos ha venido a decir que los mexicanos cada vez creen menos en quienes los representan. Sus palabras son eco popular, ojala y las tomemos en cuenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 232 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Manuel de Jesús Espino, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 232 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Las instituciones del Estado mexicano y nuestra aún no consolidada democracia, enfrentan una severa crisis de credibilidad. A ello se debe que millones de mexicanos se inhabiliten como ciudadanos renunciando a participar activamente en los procesos electorales o expresen su inconformidad a través del voto nulo.

El desprestigio de la política en general y de los partidos en particular –que la gente percibe lejanos y ajenos– no es simple retórica. Es una realidad que se proyecta de una elección a otra. Se trata de un riesgo que amenaza nuestro sistema de partidos y que podría abrir la puerta a opciones populistas, demagógicas y autoritarias.

Esta situación de descrédito y de riesgo se refleja en las siguientes cifras:

Según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, un 62 por ciento de los mexicanos respaldaría una candidatura independiente.

Además, 44 por ciento considera que las candidaturas independientes son una alternativa que compensa “el desencanto hacia los partidos tradicionales” y 65 por ciento afirma que dichas candidaturas “garantizan una mayor participación ciudadana en los procesos democráticos”.

Adicionalmente, debe preocuparnos que los mexicanos cada vez creen menos en la democracia que no hemos consolidado y que se ha ido deteriorando. Ya sólo 37 por ciento de los mexicanos creen que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno. En América Latina ese promedio es de 56 por ciento. De 18 países latinoamericanos, México reporta el segundo porcentaje más alto de retroceso en la consolidación de su democracia.

Asimismo, según el Latinobarómetro, 45 por ciento de los encuestados afirmó que la democracia puede funcionar sin partidos políticos, en tanto que 38 por ciento asegura que la democracia puede funcionar sin un congreso nacional.

Para una significativa cantidad de mexicanos el Congreso de la Unión se ha convertido en un ícono del descrédito, debido a un problema de percepción que hace pesar mucho más los escándalos individuales que el nutrido trabajo de los legisladores en conjunto.

Estos datos deben sacudir a esta representación popular, responsable de adecuar el marco legal a las necesidades y demandas de los ciudadanos, pero que a juicio de la sociedad se ha convertido en un instrumento de la partidocracia, entendida como el abuso de los partidos en la toma de decisiones públicas.

La partidocracia es tan repudiada que el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, del Instituto Nacional Electoral, refiere que el 71 por ciento de los encuestados está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la idea de que los políticos se preocupan por las personas. Y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información revela que el 91 por ciento considera a los partidos entre las instituciones más corruptas.

Esta mala reputación se ha concentrado principalmente en los parlamentarios de representación proporcional. La ciudadanía no percibe que éstos se justifican para que todos los sufragios cuenten y para garantizar que no haya partidos sobrerrepresentados en el Poder Legislativo.

La gente ve a los “plurinominales” como beneficiarios de cuotas de poder intrapartidista, de compadrazgos y privilegios familiares; como coto de los dirigentes de los partidos o refugio para políticos de expediente negro. Por ello se ha llegado al extremo de reclamar su desaparición.

Esta situación se nos presenta como oportunidad para que con inteligencia y voluntad, con responsabilidad y altura de miras, dignifiquemos la representación popular y consolidemos desde la ley un cambio de mayor impacto que los escándalos que han deshonrado a la clase política. Un cambio que demuestre que senadores y diputados podemos cobijar distintas visiones ideológicas y provenir de diversos partidos, pero que en el Poder Legislativo cimentamos nuestro actuar en valores democráticos comunes y el interés preeminente de la nación.

Las circunstancias, los tiempos y la sociedad claman por una reforma que dote al Congreso de una visión más ciudadana y menos partidista. Una reforma en la que todos salgamos ganando, para que las palabras “diputado” y “senador” vuelvan a ser sinónimos de honor y servicio a la nación.

Bajo estas consideraciones, esta propuesta pretende:

• Establecer el principio de primera minoría para que 100 diputados federales lo sean por esa vía. Se trata de un acto de congruencia constitucional, toda vez que no es coherente que en nuestro sistema bicameral el Senado de la República tenga esta vía de acceso y no así la Cámara de Diputados.

• Disminuir a 100 los diputados electos por la vía de la representación proporcional.

• Establecer en la ley el deber de los partidos para que la postulación de al menos el ochenta por ciento de sus candidatos por la vía plurinominal, tanto a diputados como a senadores, recaiga en ciudadanos sin afiliación partidista y mediante el método de insaculación.

• Así como fue necesario establecer una “cuota de género” que garantizara el acceso de las mujeres al Congreso, proponemos fijar una “cuota ciudadana” de legisladores en ambas cámaras. Con ello se pretende dar mayor vigencia al derecho constitucional de los mexicanos a ser votados, así como aumentar la cantidad de legisladores con una visión auténticamente social.

En resumen, con estas propuestas y argumentos se busca fortalecer nuestra democracia, contribuir a despartidizar el desempeño del Congreso de la Unión y robustecer al Estado dotándolo de una representación popular más ciudadana.

Por lo expuesto, de conformidad con los dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1 fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 232 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Primero.Se reforma y adiciona diversas disposiciones al artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales, 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales, y 100 diputados electos por el sistema de primera minoría, mismos que serán los 20 candidatos de votación mayoritaria relativa que en sufragios recibidos resulten los mejores perdedores.

Segundo.Se reforma en numeral 3 del artículo 232 y el numeral 1 del artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 232.

1 a 2 [...]

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán tanto la paridad entre los géneros como la participación de ciudadanos sin afiliación partidista, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

4 a 5 [...]

Artículo 234.

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, de las cuales al menos el ochenta por ciento serán de ciudadanos sin afiliación partidista durante los últimos dos años al día de la elección, postulados mediante el sistema de insaculación que determine el Instituto Nacional Electoral, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.— Diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputado, Espino. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Gobernación, para opinión.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos el diputado Efraín Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Efraín Arellano Núñez: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, las políticas públicas en materia de pesca y acuacultura han sido inconsistentes e irregulares en el curso del tiempo, tanto en la infraestructura orgánica de la administración pública federal, como en el fomento de la actividad industrial y comercial, desde su creación como Secretaría en 1917, hasta la confirmación de la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es decir, Sagarpa.

En el rubro pesquero ha sido relegado y poco considerado dentro de la continua e irremediable transformación de las instituciones gubernamentales. Nuestro país cuenta con 11 mil 592 kilómetros de litoral, mientras que la producción pesquera alcanzó en 2014, 1 millón 751 mil 952 toneladas de producción acuícola y pesquera, lo que representa 24 millones de pesos. Lo anterior hace evidente el potencial del sector pesquero y especialmente acuícola de México.

Dicho potencial se acentúa si consideramos que existen 6 mil 500 kilómetros cuadrados de cuerpos de agua e interiores, tales como lagos, lagunas, represas y ríos, que han sido desaprovechados y que pueden mejorar mediante especies de desarrollo, a pesar de que la legislación mexicana reconozca al pescado como un producto básico y estratégico, que constituye una fuente esencial de alimentos nutritivos y proteínas animales.

La producción acuícola ha sido prioritaria en el desarrollo del sector primario. La acuacultura y la pesca son proveedores de ingresos de manera directa e indirecta. A nivel mundial la acuacultura es un sector económico de rápido crecimiento.

En México han faltado políticas y medidas que impulsen este sector. En este sentido es que es necesario fortalecer la actual institución para que implemente políticas públicas que fomenten, que regeneren y conserven la población de especies y que articulen la cadena productiva en beneficio de los pescadores acuicultores, mejorando la producción y comercialización de dichos productos.

Por lo antes expuesto, propongo sea modificada la fracción I, II, III y XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, modificar el nombre y las funciones de la actual Sagarpa, para transformarse en Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Acuacultura y Alimentación.

Lo anterior, a fin de que la acuacultura sea reconocida y desarrollar un mejor crecimiento en el tema de acuacultura. Por eso, compañeras y compañeros, habremos de seguir trabajando e impulsando para que la acuacultura se aproveche y sigamos teniendo mejores productos de consumo.

Amigas y amigos, aprovecho la ocasión para desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, pórtense bien, si se portan mal me invitan. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Efraín Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Efraín Arellano Núñez, diputado federal a la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 1, 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor siguiente

Exposición de Motivos

Las políticas públicas en materia de pesca y acuacultura han sido inconsistentes e irregulares en el curso del tiempo, tanto en la estructura orgánica de la administración pública federal como en el fomento de actividad industrial y comercial. Desde el establecimiento de la otrora Secretaria de Fomento y Reasignación en 1917 hasta la conformación de la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el rubro pesquero ha sido relegado y poco considerado dentro de la continua e irremediable transformación de las instituciones gubernamentales.

Cabe señalar que durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, 2000-2006, se realizó una reasignación de funciones entre las distintas instituciones gubernamentales ya existentes; en la cual, la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca concedió parte de sus atribuciones, referentes a la Pesca, a la Sagarpa, al tiempo que se estableció una entidad pública considerada en la Ley Orgánica a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que se encargara de la función de “formular y conducir la política nacional en materia de la actividad pesquera”, artículo 32 Bis, fracción II.

La legislación mexicana reconoce al pescado como un producto básico y estratégico, que constituye una fuente esencial de alimentos nutritivos y proteínas animales, una porción de 150 gramos de pescado puede proporcionar entre 50 y 60 por ciento de las necesidades proteínicas diarias para un adulto. Por otro lado, la acuacultura y la pesca son proveedores de ingresos de manera directa e indirecta.

A la luz de lo anterior se solicita modificar el nombre y las funciones de la actual Sagarpa para transformarse en Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Acuacultura y Alimentación.

Lo anterior, a fin de que la acuacultura sea reconocida y desarrollada con mejor eficiencia mediante su regulación, fomento y administración, originando el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; sin olvidar que la reforma presente pretende establecer y definir los principios de aprovechamiento sustentable como establece la ley.

Incluso con la renovación del artículo se pretende que la Secretaría busque mejoras en los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales, logrando el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los programas que se instauren para el sector pesquero y acuícola.

Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Único.Se modifican las fracciones I a III y XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Acuacultura y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular, conducir y evaluar la política general del desarrollo rural, pesca y acuacultura a fin de elevar el nivel de vida de las familias y trabajadores de los sectores, a través de la coordinación con las dependencias competentes;

II. Promover el empleo en el medio rural, pesquero y acuacultor así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas establecidas para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Acuacultura y Alimentación;

III. Para el desarrollo rural debe integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural; coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de productores rurales a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;

IV. a XX. ...

XXI. Respecto al rubro pesquero y acuacultor debe fomentar la actividad pesquera y de acuaculturaa través de una entidad pública que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

a) Coordinar con la Secretaría de Educación Pública las actividades de las escuelas técnicas de pesca didáctica e, igualmente, de acuacultura didáctica en los lugares que proceda;

b) Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector pesquero y de acuacultura, mediante la ejecución de la política nacional para crear, apoyar y vigilar a las empresas que asocien a grupos de productores de pesca y de acuacultura a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines;

c) Organizar la pesca de fomento por medio de la realización de investigación, exploración, experimentación, conservación, evaluación de los recursos acuáticos, creación, mantenimiento y reposición de colecciones científicas y desarrollo de nuevas tecnologías, además de la acuacultura de fomento la que tiene como propósito el estudio, la investigación científica y la experimentación en cuerpos de agua de jurisdicción federal, orientada al desarrollo de biotecnologías o a la incorporación de algún tipo de innovación tecnológica, así como la adopción o transferencia de tecnología, en alguna etapa del cultivo de especies de la flora y fauna, cuyo medio de vida total o parcial sea el agua;

d) Estudiar, proyectar, autorizar, y construir la infraestructura pesquera y de acuacultura, es decir, viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas, las mismas que cuenten con la el equipamiento tecnológico y herramientas necesarias que requieran para el desarrollo de cada sector, derivada dicha acción de la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares; buscando como fin la conservación para labores prolongados;

e) Procesar y difundir la información estadística y geográfica referente a la oferta y la demanda de productos relacionados con actividades de pesca y acuacultura;

f) Conforme a la ley, promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos para la pesca comercial y para la acuacultura comercial e industrial, en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;

g) Proponer al Ejecutivo normas que correspondan al sector pesquero y acuacultor;

h) Regular la formación y organización de pesca, así como las artes de pesca, proponiendo al efecto las normas oficiales mexicanas que correspondan; e

i) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.— Diputado Efraín Arellano Núñez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Arellano. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DESEGURIDAD PÚBLICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Para que el engranaje del nuevo sistema de justicia penal funcione, la profesionalización y probidad de los cuerpos policiacos es indispensable.

Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Lo anterior, con la intención de incorporar conceptos que contribuyan a mejorar el texto vigente y de este modo garantizar que el combate a la delincuencia se emprenda de manera integral, coordinada, armónica y congruente con el respeto a los derechos humanos.

Uno de los clamores más sentidos de la sociedad es, sin lugar a dudas, la inseguridad que afecta en distinta medida todo el territorio nacional, impidiendo el desarrollo de las comunidades del país.

En este sentido, en Nueva Alianza nos comprometemos a plantear las reformas necesarias para el fortalecimiento del Estado de derecho y que conduzcan a la implementación de un modelo de seguridad pública eficaz en el combate a los delitos.

La reforma constitucional establece que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio tiene como plazo para su pleno funcionamiento el 18 de junio de 2016. ¿Están nuestros cuerpos policiacos preparados para ello? Nos hemos concentrado en capacitar a jueces, a magistrados, postulantes, en fin, a todo el Poder Judicial que está comprometido en esta tarea. De eso no queda duda, reconocemos y agradecemos ese esfuerzo.

Sin embargo, para su funcionamiento el sistema requiere y depende en gran medida de la labor de la policía. Su papel resulta de la mayor trascendencia, ya que le corresponde el resguardo de todos aquellos elementos que involucren a los implicados en un hecho delictivo y en la cadena de custodia. Es tan importante este aspecto que del correcto desempeño en la cadena de custodia depende la cadena de un hecho delictivo.

Según los datos arrojados por la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2015, se estimó que existen 22.8 millones de víctimas del delito, lo anterior sin contar los delitos como narcotráfico, delincuencia organizada o trata de personas.

El dato más alarmante de la encuesta tiene qué ver con la cifra negra. Es decir, el nivel de los delitos no denunciados o que no derivaron de una averiguación previa alcanza increíblemente el 92.8 por ciento de cifra negra en el país. Las víctimas del delito no denuncian por circunstancias completamente atribuibles a la autoridad. Es urgente cambiar esta situación.

En Nueva Alianza consideramos que ese cambio es posible, por eso proponemos reformas sustantivas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como incorporar el concepto de la prevención social del delito y de la violencia, ya que para que se recupere la seguridad en las comunidades es imperativo reconstruir el tejido social, tenemos que dignificar la profesión policial en este aspecto. En Nueva Alianza consideramos que la educación siempre es el mejor camino.

En suma, se pretende que la ley contenga los instrumentos legales necesarios para que la actuación de las fuerzas del orden esté completamente apegada al derecho y de este modo contribuir a que el nuevo sistema consiga sus objetivos. Podemos recuperar la confianza ciudadana y abatir esa cifra negra con resultados. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Carmen Victoria Campa Amaral, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La seguridad pública es uno de los problemas que demandan una solución pronta y efectiva. El Estado mexicano tiene la obligación constitucional de brindar protección, orden y paz públicos a los ciudadanos, pero la reacción contra el delito debe sustentarse en tácticas y estrategias que no contemplen actos represivos ni violación a los derechos humanos.

Las autoridades sostienen que el fenómeno delictivo muestra una tendencia a la baja en los últimos años; sin embargo, las cifras que muestran otras investigaciones no concuerdan con las manejadas por el argumento gubernamental.

Por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públicaanunció que solo se presentaron 47 mil 988 denuncias de homicidios dolosos, entre víctimas y averiguaciones previas, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015; mientras tanto, el Semanario Zeta documentó 57 mil 410 homicidios intencionales, lo que arroja una diferencia de 9 mil 422 decesos.

Otro dato que obliga a pensar que el escenario criminológico manejado por la autoridad no corresponde a la realidad, es el análisis proporcionado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, al indicar que en 2014 se registraron 19 mil 669 muertes; en tanto la SEGOB, a través del Secretario Ejecutivo, pronunció que en el mismo año se suscitaron 17 mil 324 víctimas de ese delito, escenario donde también se puede apreciar un resultado distinto del orden de 2 mil 345 asesinatos dolosos.

En el contexto social mencionado y que se presenta en el país, aledaño a las debilidades de la economía, el desempleo y el raquítico ingreso de las familias, los temas de violencia, inseguridad y corrupción en el ejercicio del poder público, encabezan la agenda nacional y son la primera preocupación que viven cotidianamente los ciudadanos, vinculada con la pérdida de confianza en las instituciones.

Los muy bajos niveles de eficiencia de las instituciones de policía y de la procuración y administración de la justicia cuestionan el ejercicio del monopolio legítimo del uso de la fuerza por parte del estado. Por ejemplo, en 2009 en Baja California, fueron arrestadas 33 mil personas y 24 mil fueron liberadas; mientras que en Sinaloa, se arrestó a 9,700 personas y se liberó a 560. La impunidad para todos los delitos a nivel nacional en 2009 fue de 98.7%, lo que en términos comparativos convierte a México en uno de los países con mayor impunidad en el mundo.

De acuerdo con un enfoque basado en la cohesión comunitaria, la seguridad tiene mucho más que ver con la construcción de lazos sociales fuertes y con el restablecimiento de la confianza entre el gobierno y los ciudadanos. No hay arsenal más valioso para el Estado que la confianza de los ciudadanos. Esta confianza se gana en la medida en que el Estado se somete a las normas y se aparta de los abusos y del uso discrecional del poder.

En este contexto resulta necesario avanzar en el tema de seguridad pública, con mecanismos que permitan apuntalar la tarea estatal, a través de la consolidación del Servicio Civil de Carrera, que permita contar con elementos policiales más preparados, mejor equipados, con instrumentos de defensa y protección que respondan a los riesgos enfrentados, con vocación de servicio y responsabilidades apegadas a la honestidad y legalidad, con la actuación bajo el principio de lealtad institucional, todo lo anterior debe gestionarse de manera integral desde el ingreso, estancia y retiro del servicio.

Se debe encontrar respuesta y atención en los tres órdenes de gobierno, pues recordemos que es una responsabilidad compartida: no basta con implementar los mecanismos enunciados en el apartado precedente, sino que también es fundamental aplicar un elenco de insumos, prestaciones, prerrogativas, retribuciones, compensaciones, gratificaciones y reconocimientos en donde participen todos los integrantes de la corporación policial. Esto imprime en ellos un sentido de identidad y de pertenencia a la dependencia y los fortalece frente a las tentaciones de caer en actos de corrupción, mediante la solicitud o aceptación de dádivas, corrompiendo todo el esfuerzo emprendido.

La presente iniciativa tiene por objetivo establecer en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una serie de regulaciones que coadyuven a afianzar la operatividad policial, misma que debe ser de observancia en los tres órdenes de gobierno, todo con el ánimo de fortalecer y dar certeza jurídica y laboral a las policías de cada uno de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su actuación.

En Nueva Alianza sostenemos que la vigorización de las entidades gubernamentales es el camino para transitar al debilitamiento y desmantelamiento de las organizaciones delictivas, y con ello abatir el índice delictivo y de violencia que padecemos los mexicanos.

Recordemos que la seguridad pública implica que las autoridades de este servicio estén obligadas a salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, aplicando los principios de prevención y combate al delito.

Argumentación

Atento a los argumentos esgrimidos en el apartado precedente, se puede advertir que el índice delictivo y la violencia han mantenido un comportamiento ligeramente a la alza.

Los estados más violentos del país son: Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México.

No hay duda que el problema es complejo de resolver. Se requiere de voluntad de los actores políticos, la participación ciudadana, estrategias y protocolos de actuación, medidas de prevención (la educación, la generación de empleos etc.), la contribución de los impartidores de justicia, la intervención de las familias, los jóvenes, cada uno en su propio espacio puede aportar elementos para abatir este flagelo social.

En el panorama nacional atentos al marco de la reforma constitucional de julio de 2008, se impulsó la transformación del Sistema de Seguridad Pública para hacer más eficaz la coordinación entre las instituciones, con el objetivo de enfrentar de manera conjunta y contundente la delincuencia, problema que parece no tener límites en su radio de actuación, manifestándose como un claro y abierto desafío a las instituciones gubernamentales.

La optimización de las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana ha requerido de diversas modificaciones al marco legal del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ejemplo, la reforma al Artículo 21 constitucional que otorga a las corporaciones policiales facultades para integrar las averiguaciones previas o las carpetas de investigación en el seguimiento de los delitos, siempre bajo la conducción del Ministerio Público.

Dicha reforma fortalece el servicio civil de carrera policial, los esquemas de profesionalización y el régimen disciplinario de los policías en los tres niveles de gobierno; de igual forma establece la distribución de competencias; y una efectiva y eficaz coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. Así también, busca garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Contenido de la iniciativa

Atento a los argumentos anteriores, se sostiene que es necesario realizar reformas y adiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en virtud de que dicho ordenamiento jurídico establece un conjunto de competencias, facultades, atribuciones y obligaciones cuyos destinatarios son los tres órdenes de gobierno; por lo tanto, al tener esas condiciones, se tienen que complementar las disposiciones necesarias en aras de lograr que el combate a la delincuencia se emprenda de manera integral, coordinada, armónica y congruente.

La prevención social del delito y de la violencia es una política pública que tiene su origen en la Administración Pública Federal. En Nueva Alianza advertimos con toda oportunidad que esa es la senda por la que se tiene que transitar para lograr la paz pública que tanto anhela la sociedad.

Es de vital importancia construir los puentes necesarios entre los distintos órdenes de gobierno, para la cooperación e implementación del intercambio de información y experiencias que conlleven acciones articuladas y eficaces para la prevención social del delito y de la violencia.

Además se plantea que la implementación vía legislación general, establezca la obligación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus competencias, para que cumplan plenamente, con el compromiso de impulsar el servicio civil de carrera. Lo anterior es imprescindible, dado que se debe garantizar por el Estado mexicano en su conjunto, a los integrantes de las fuerzas del orden, la permanencia, capacitación, salarios bien remunerados que propicien una vida digna y la posibilidad, como incentivo, de desarrollo laboral mediante los ascensos y movimientos escalafonarios que impliquen mayores responsabilidades que deben verse reflejados en sus percepciones.

Los regímenes democráticos deben apostar por la transparencia y la rendición de cuentas, la iniciativa debe surgir desde el seno de los gobiernos y no por medio de hallazgos que descubra la sociedad. Para ello, se formula la adición para establecer mecanismos tendientes a identificar factores de riesgo de los integrantes de los cuerpos policiales que tengan proclividad a comportamientos que se aparten de la vocación de servicio o de colusión con la delincuencia. Es cierto, el examen de control de confianza da pauta para detectar anomalías en el servicio, pero el complemento se da a través de investigaciones científicas mediante tácticas que muestren el proceder de los malos servidores públicos, fuera del espacio laboral.

La reforma constitucional que establece la implementación de los juicios orales, en nuestro país consigna que el nuevo sistema de justicia penal deberá funcionar plenamente en todo el territorio nacional a partir del 18 de junio de 2016. En el nuevo paradigma, la policía juega un papel trascendental pues le corresponde la custodia de todos aquellos indicios que inculpen a los implicados en el evento delictivo, en la denominada “Cadena de Custodia”. De tal forma que, si ésta no es procesada bajo los parámetros jurídicos, el juez de control o el juzgador del juicio oral ponga en libertad o absuelva a los infractores del orden jurídico, al notar la deficiencia en el proceso. Por ello, la adición que se plantea tiene por objetivo ofrecer los instrumentos legales para que la actuación de la fuerzas del orden sea apegada a derecho.

La actualización de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública busca ponerla en congruencia con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que ambas legislaciones son los instrumentos que permitirán que los juicios penales cumplan con toda cabalidad en la impartición de justicia, mismo que debe cumplir con los principios del debido proceso, inmediación, publicidad, concentración, continuidad, contradicción e igualdad, procurando proteger al inocente y que el culpable no quede impune.

El artículo 18 constitucional establece que el Sistema Penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los Derechos Humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, el deporte y la salud, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Por ello, para armonizar la fracción IV, del Artículo 31 de la Ley multicitada, se propone la adición que se promueve, y con ello dar pleno cumplimiento al mandato constitucional.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputada (o) Federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Único. Se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de seguridad Pública, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 25. Son funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

I a XI...

XII. Implementar, junto con la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, mecanismos de coordinación en materia de prevención social de la violencia e investigación de delitos a nivel federal, estatal y municipal;

XIII a XXIV.

Artículo 29.Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:

I-XVI...

XVII.Proponer mecanismos de coordinación, en materia e investigación de delitos, a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

XVIII-XIX...

Artículo 31...

I-III...

IV.Proponer mecanismos para implementar el respeto a los derechos humanos, la educación, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte como medios de reinserción social, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V-IX...

Artículo 39...

A...

I-II...

a)En materia de Carrera Policial, proponer al Consejo Nacional:

1.Las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del servicio de los Integrantes de las Instituciones policiales, de acuerdo al Modelo Policial, conforme a la normatividad aplicable; así como aquellas que favorezcan y promuevan el cumplimiento por parte de las autoridades competentes a nivel federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, de sus obligaciones en materia de Carrera Policial.

2...

b)...

1...

2...

3...

4...

c)...

III-IV...

B...

I-VIII...

VIII Bis.- Establecer mecanismos tendientes a identificar factores de riesgo de los integrantes de los cuerpos policiales que tengan proclividad a comportamientos que se aparten de la vocación de servicio.

IX-XV...

...

...

Artículo 40...

I-II.

III.Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho así como con pleno respeto a los derechos humanos; procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria, y en general adoptar, en el ámbito de su competencia, las medidas tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física, sus bienes y patrimonio;

IV-VII.

VIII.Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, haciendo saber a la persona detenida los derechos que la Constitución le otorga.

IX-XVIII...

XIX.Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables, e informar por cualquier medio, sobre la misma, sin dilación alguna al ministerio público;

XX-XXVII ...

XXVII. BIS. En general desarrollar todas las obligaciones previstas en el artículo 132, fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XV del Código Nacional de Procedimientos Penales, siempre y cuando sean los primeros en llegar al lugar donde se ejecutaron los hechos delictuosos, y de inmediato proceder a dar la intervención al Ministerio Público, atento a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XXVIII...

Artículo 48...

I-II...

II Bis. Los criterios mínimos para examinar a los integrantes de las Instituciones Policiales que se sujeten a los programas y estudios superiores policiales que imparten las Academias e Institutos, deberán consistir, al menos, en:

a) examen de conocimientos generales;

b) tácticas, técnicas y protocolos de actuación;

c) conocimientos jurídicos que versarán sobre la responsabilidad a desempeñar;

d) elementos de respeto a los derechos humanos y a la legalidad;

e) conceptos de civismo;

f) código de ética policial.

III- VI...

VII. El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales, que contendrán entre otros objetivos, promover el compromiso, la vocación de servicio, la honestidad, diligencia, responsabilidad, seriedad y eficiencia y demás elementos que garanticen la lealtad en el desempeño de sus funciones policiales.

VIII-IX...

Artículo 72...

Además de lo anterior, tendrá por objeto garantizar para los integrantes de los cuerpos policiales, calidad, estabilidad y permanencia en el empleo, atendiendo a las capacidades, aptitudes y responsabilidades asumidas y desarrolladas, para establecer en esa proporción, un conjunto de prestaciones y gratificaciones justas y equitativas por el desempeño.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 El Sistema Nacional de Seguridad Pública establece las estrategias de colaboración entre las instituciones de seguridad pública para fortalecer la coordinación y la cooperación institucional entre los tres órdenes de gobierno para el combate a la delincuencia en apego al Plan Nacional de Desarrollo 2007-20012, y la estrategia 5.1 del eje 1 Estado de Derecho y Seguridad.

2 Agencia de Noticias Sinembargo. Ciudad de México, 13 de septiembre 2015.

3 Ibídem.

4 La ENVIPE estima a nivel nacional que el 58% de la población de 18 años y más considera la Inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día en su entidad federativa, seguido del Desempleo con 44.1% y el Aumento de Precios con 33.2 por ciento. Boletín 30 de septiembre de 2015.

5 El mismo reporte estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo con 32.2% y la desconfianza en la autoridad con 16.8 por ciento.

6 González Aréchiga, Bernardo, Elena Azaola Garrido, Juan Salgado Ibarra, and David Pérez Esparza. “El reto de la seguridad”. Construyendo el futuro de México. Propuestas de políticas públicas. EGAP, 2012.

7 La ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) estima 22.8 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 28,200 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2014. Boletín de prensa número 395/15 30 de septiembre de 2015.

8 En 2015 el Estado de Guerrero se ubica en el primer lugar.

9 Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2014, el Estado de México, se posicionó como la entidad más peligrosa pues en ese territorio se cometieron mil 131 homicidios, entre enero y julio de ese año, le siguen Guerrero con 780 muertes violentas, Chihuahua y Michoacán con 669 y 668 ejecuciones, Tamaulipas con 591, Sinaloa 567 homicidios dolosos y Jalisco con 514.

10 Dentro de esas políticas públicas se encuentra precisamente el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), producto de la actual administración pública, y que es financiado desde la federación, pero ejecutado por las entidades federativas y los municipios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre 2015.— Diputada Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Campa. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

VOLUMEN II

EXPIDE LA LEY GENERAL DE ADOPCIÓN

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que Expide la Ley general de Adopción, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, diputado presidente, honorable Mesa Directiva, compañeros legisladores. El ser humano es un ser trascendente que aspira de igual forma a metas materiales como la vida, la salud, el alimento, la educación, la vivienda, el agua, etcétera, pero también a ideales inmateriales y abstractos como el afecto, la aceptación, la afirmación, sentirse amado y querido, saberse integrado a una familia, el amor es alimento para el espíritu.

Imaginemos todos que los centros de asistencia social de nuestro país, los albergues y casas cuna contaran con el mejor ambiente, la mejor educación, la mejor alimentación. Aun cuando esto fuera realidad, ello no sería suficiente para llenar los reclamos de ese pequeño ser humano, los materiales y los espirituales.

En justicia entendida como la entendían los romanos, dar a cada quien lo que le corresponde, estaríamos siendo una sociedad tremendamente injusta con todo y esos plus cuan perfectos albergues que hemos imaginado.

El niño necesita profundamente y tiene derecho a una familia, a una mamá y a un papá, solo en la familia tiene sentido saberse querido y amado, pues solo en la familia por nacimiento o por adopción el amor sublima la obligación. En un albergue aun cuando con generosidad grandes actores sociales luchan por el bien de éstos, nuestros amados miembros de la sociedad, con todo permanecerá como muralla granítica en la asique de esos pequeños, como un fantasma en su autoestima y en las fibras más profundas de su autoafirmación. La consciencia de estar ahí, porque no hubo una familia capaz de amarlos a ellos. Brinda más fuerza saberse amado que creer ser fuerte. El tema no puede esperar. Es de máxima trascendencia y nos interpela a todos.

Jorge Mario Bergoglio lo dijo en una ocasión. Quisiera pedir a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social; a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos custodios de la creación.

El tema de la adopción, luego de que al inicio de este primer periodo ordinario de sesiones el Partido Encuentro Social lo declaró públicamente como un compromiso prioritario de nuestra agenda parlamentaria, se ha convertido con mucho dolor para nosotros en un manipulado tema de farándula con el que actores y partidos han querido lucrar políticamente, salvo honrosas excepciones que realmente están comprometidas con el fondo.

Es un tema con muchos mitos, con verdades a medias. Nuestros niños no pueden ni deberán ser palestra de ideologías. La adopción es la restitución de lo que es justo para el niño y se le ha arrebatado; es el restablecimiento del vínculo jurídico del niño con un padre u una madre a los que él tiene derecho y no viceversa. Es el gran honor que la familia como institución superior hace al Estado de participar en la afiliación de un ser humano.

La adopción, más que la vigilancia de albergues, más que su masificación, requiere de desmitificación y énfasis en el tema de la patria potestad. Requiere de especialización de acuerdo al origen del niño para brindarle una atención clara y proporcional en cada caso.

Es un tema también de generosidad, pues aunque el derecho debe ser restituido es un acto de elección libre, un acto de voluntad de amar. El que lleva a las personas, sin estar obligadas a ello, a suplir a quien debió haber protegido dicho derecho. Es un acto de generosidad de amor.

Para Encuentro Social entonces regular la adopción como ley general, implica el estudio cuidadoso durante meses por más de 20 juristas y expertos en el tema de las mejores soluciones para el interés superior del niño.

Para nosotros esta ley implicó seis foros regionales y un foro nacional, todos ellos con los principales actores involucrados con organismos de la sociedad civil, de los tres poderes, de los albergues, de personas que han pasado por el proceso de adopción de manera exitosa. Implicó esperar, no legislar al vapor una maraña de errores que terminarían dañando a nuestros niños, de aprobarse.

Hemos descubierto que el muro más pesado y complejo del proceso de adopción tenía que ver con la pérdida de la patria potestad. El problema no es que el proceso administrativo judicial sea lento, no siempre lo es. El problema es que el 85 por ciento de los niños en albergues y calle, no tienen resuelta su situación jurídica en la mayoría de los casos.

No es que no podamos llevarlos a una familia porque el DIF sea lento, el problema es que sólo el 15 por ciento de los niños pueden ser adoptados. Esfuerzos anteriores buscan acelerar el proceso de ese 15 por ciento cuando el problema y la solución que ofrecemos en esta iniciativa, es liberar más rápido a más niños de entre ese 85 por ciento que ni siquiera es viable para el montón de familias en fila de espera para adoptar.

Como legisladores no sólo somos responsables de lo que hacemos, también lo somos de lo que no hacemos, de lo que no defendemos y de lo que callamos. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que expide la Ley General de Adopción, a cargo del Grupo Parlamentario del PES

Los que suscribimos, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que expide la Ley General de Adopción, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, por ello, entre los compromisos asumidos que determinaron nuestra agenda legislativa tenemos como principal línea de acción crear una agenda para el desarrollo integral de la familia, con la finalidad de reconstruir el tejido social a través de un enfoque que privilegie las políticas públicas que fortalezcan a dicha institución.

Es así, que bajo estos compromisos se consideró legislar sobre ordenamientos jurídicos que contemplen mecanismos de atención y fortalecimiento de la familia, de apoyo y responsabilidad de los padres y tutores. Es la familia el núcleo perfecto donde la infancia puede encontrar su sano desarrollo, en que por medio de la dedicación, amor y comprensión de los padres se forman seres humanos con valores.

Sin embargo, existen niños que por diversas circunstancias no tienen la oportunidad de pertenecer a un núcleo tan importante que los ame de manera incondicional, quedando en cambio bajo la guarda y custodia del Estado.

Por ello, la adopción es una medida de protección que busca evitar la institucionalización de los infantes privados de su familia de origen. Se considera que, la adopción es “el acto jurídico que crea entre adoptante y adoptado un vínculo de parentesco civil del que se derivan relaciones análogas a las que resultan de la paternidad y filiación legitimas.” Es una institución derivada de y perteneciente al derecho del niño a pertenecer a una familia.

De acuerdo al documento “La adopción en México. Situación actual y perspectivas” de la autora Elva Leonor Cárdenas Miranda, la adopción fue configurada en sus orígenes en los pueblos antiguos, hebreos y griegos. En aquellos tiempos la adopción beneficiaba principalmente, a aquellas personas a las que la falta de descendencia, no les impedía continuar su estirpe y por ende heredar sus bienes, es decir, el enfoque de la adopción partía de las personas que deseaban o necesitaban perpetuar su dinastía y patrimonio.

Señala que fueron los romanos quienes sistematizaron la institución de la adopción, regulándose en dos formas clásicas, la adoptio y la adrogatio. Conforme a la primera de ellas, se incorporaba a la familia a un sujeto alieni iuris, siendo en un primer momento el sujeto desligado de la potestad del pater al que estaba sujeto, incorporándose al nuevo pater de la familia a la cual pasaba a formar parte.

En el segundo modo llamado adrogatio, el incorporado a la nueva familia era un sujeto sui iuris, el cual, nos comenta la autora, a su vez dependía de una familia, y esta última completa ingresaba al nuevo grupo familiar.

Señala que es hasta el periodo Justiniano que surgen dos tipos diferentes de adopción, la plena y la adopción menos plena, la cual no desvinculaba al adoptado de su familia de origen ni variaba la patria potestad, lo cual implicaba un objetivo meramente patrimonial, que incluía el derecho de recibir herencia, lo que nos indica que estaban estas prácticas lejos de ayudar a un menor de edad.

Si bien, a través de los siglos se ha modificado el fin último de la adopción, una de las prácticas más comunes es mantenerlos en orfanatorios, hospicios e instituciones que prestan estos servicios tanto públicos como privados.

Respecto a nuestro país, la misma autora hace un resumen importante, puntualizando que es hasta la colonia, cuando desde España, se aplican los distintos textos legales en materia de adopción y de menores abandonados, llamado prohijamiento, que se podía hacer de dos maneras: una, la más formal, ante el otorgamiento del rey o del virrey de la región, la cual no se modificó en mucho hasta el siglo XIX, tanto en el Código Civil de Veracruz de 1868, como el de Oaxaca de 1871, este último regulando por primera vez la adopción.

Para el siglo XX se marca una nueva etapa con la llamada Ley de Relaciones Familiares, en la cual se establecen requisitos mínimos entre el adoptante y el adoptado, estableciéndose que el menor de edad tendrá los mismos derechos y las mismas obligaciones como si se tratara de un hijo natural.

A nivel internacional se establecieron diversos tratados en la materia. Tenemos que el derecho convencional en materia de adopción se contiene en los siguientes instrumentos internacionales:

1.“Convención sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional”, la cual fue adoptada el 29 de mayo de 1993, en La Haya, Países Bajos, con el objetivo de organizar la cooperación entre los Estados parte en materia de adopción internacional, partiendo del derecho de las personas a ser adoptadas, motivado este instrumento para prevenir la venta y el tráfico de los infantes, mediante diversos controles y medidas en distintas etapas del procedimiento.

2. La Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, aprobada en La Paz, Bolivia en mayo de 1984 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de febrero de 1987. Su principal contribución es que la aplicación de la adopción de menores de edad bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines, esté legalmente establecida; que equiparen al adoptado a la condición de hijo, cuando el adoptante tenga su domicilio en un Estado Parte y el adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte.

3. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América el 20 de noviembre de 1989 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.

Con este instrumento los Estados Parte se comprometen a velar por el Interés superior del niño, que sea considerado primordial en materia de adopción, determinándolo con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables, sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna.

En su el artículo 3.1 señala que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán tener en consideración de manera primordial el Interés superior del niño.

4. Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, es un instrumento que tiene como finalidad asegurar la pronta restitución de menores de edad que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado parte, o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente.

5. Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con particular referencia a la adopción en hogares de guarda de 1986, señala, que el bienestar del niño depende del bienestar de la familia y que, como primera prioridad, el niño ha de ser cuidado por sus propios padres, siempre y cuando no sea en perjuicio del menor de edad.

En lo que respecta a nuestro país, en el año 2000, el capítulo relativo a la adopción, contempla nuevamente reformas y adiciones en virtud de Decreto publicado en la Gaceta del Distrito Federal de fecha 25 de mayo de 2000. De acuerdo con estas reformas se derogan las disposiciones aplicables a la adopción simple. El 29 de mayo de 2000 se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ley reglamentaria del artículo 4° Constitucional, que en sus artículos 25 y 26 establece disposiciones aplicables a la adopción.

La ley anterior fue abrogada en noviembre de 2014 por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, con algunos cambios, establece las disposiciones relativas a la adopción.

Como se señaló con antelación, el marco jurídico de la adopción nacional en México ha sufrido diferentes reformas y adiciones desde la época del Virreinato hasta nuestros días pero no de gran impacto, y que se ha observado que en cada entidad federativa se ha legislado de manera diversa más con retrocesos que avances en algunos casos, habida cuenta de que la materia familiar ha sido solo de competencia local, por tanto se cuenta con diversos Códigos Civiles.

Bajo esta premisa, durante 2007, el DIF Nacional convocó a mesas regionales de trabajo sobre agilización de los procesos de adopción, realizándose 4 foros regionales, de los que se derivaron diferentes propuestas que inciden en el marco jurídico federal y estatal, en la integración familiar y procedimientos administrativos, suscribiéndose el Convenio Nacional para la Agilización del Proceso de Adopciones; sin embargo, esto no ha sucedido y los resultados de dichas mesas regionales no fueron aplicados e incluso fueron retirados de su consulta pública.

Es así que el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, como un compromiso de agenda de máxima prioridad, se encuentra promoviendo un sistema armónico que permita la agilización y sistematización de las adopciones en nuestro país. Por ello presenté ante el pleno la reforma al artículo 4o. y 73 XXIX-P constitucional, la cual establece elevar a rango constitucional poder legislar de manera general sobre la adopción, únicamente para efectos de mayor claridad y explicitación del tema, el mismo artículo 73 fracción XXIX-P de nuestra Carta Magna, en su actual redacción, autoriza al Congreso de la Unión a legislar en materia de concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes; es decir, a legislar conforme a una ley general en materia de adopción, ya que dicha institución forma parte y se inserta en el derecho de las niñas, niños y adolescentes, a pertenecer a una familia. Por tanto, legitimada la presente iniciativa al amparo de dicho artículo constitucional, se entiende la facultad de emisión de la presente ley general, siendo el objetivo primordial el de distribuir competencias entre los tres órdenes de gobierno para establecer los procedimientos de adopción en términos de la Ley que deba expedir el Congreso de la Unión, es decir, facultando al Congreso para expedir leyes generales en materia de adopción.

Con ello se lograrán alcanzar los siguientes objetivos específicos:

a) Simplificar y facilitar los procedimientos de adopción, de manera que todos los niños mexicanos tengan derecho a formar parte de una familia;

b) Crear un piso mínimo de temas que deberán ser regulados y desarrollados por las legislaturas de las entidades federativas en materia de adopción;

c) Cumplir con los compromisos generales adquiridos por el Estado mexicano en esta materia armonizando la legislación con el contenido de los instrumentos internacionales de aplicación obligatoria; y,

d) Fortalecer en todo el territorio nacional el andamiaje jurídico que protege a la familia, por medio de una mejor regulación que redundará en mayores y mejores oportunidades para quienes en el futuro serán adoptados.

Asimismo, con el fin de escuchar a los expertos en la materia y de reunir y desarrollar las mejores propuestas y soluciones, desde una reflexión profunda e intersectorial para este tema, es que se llevaron a cabo Foros Regionales de Adopción en diversos estados de la República, y uno a nivel nacional en esta Cámara de Diputados, en los cuales se coincidió en muchos aspectos que beneficiarían a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en posibilidad de ser adoptados.

Se llevaron a cabo en:

Baja California

Puebla

Hidalgo

Aguascalientes

Tamaulipas, y

Veracruz

De las conclusiones que se vertieron en los diversos foros, tenemos que la mayor problemática es la agilización (burocratización) de la adopción. Como aspectos generales se vertieron las siguientes consideraciones:

• Procesos largos sobre perdida de patria potestad;

• No existen tiempos regulados para las autoridades en todo el proceso de adopción;

• Falta de un Registro Nacional de menores de edad en situación de desamparo. Los niños terminan en los albergues sin expediente, que no permite saber su situación jurídica,

• Falta de seguimiento y supervisión de las casas hogar;

• Existe un fuerte abandono institucional hacia los Centros de Asistencia Social,

• Falta de capacitación en derechos humanos en todo el proceso de adopción,

• No existe en todos los estados capacitación para padres adoptivos, a través de Escuelas para padres;

• Se pide la creación de una instancia reguladora como un filtro institucional y de vigilancia;

• Señalan la falta de seguimiento después de la adopción;

• Falta de regulación y restricciones que protejan a los niños, cuando se dan devoluciones de niños adoptados;

• No siempre hay sanciones para los servidores públicos que incumplan la Ley;

• Manifiestan dificultades para cumplir con un estándar de nivel económico;

• Se requieren jueces especializados;

• No hay revisión de los expedientes de los niños para ver todas las posibilidades jurídicas y de este modo agilizar los trámites,

• No hay profesionales certificados en la materia,

• No se incentiva la cultura de adopción, entre otros.

Es por lo anterior que la presente iniciativa propone la creación de la Ley General de Adopción, con el objetivo de garantizar la homologación en el territorio nacional sobre la adopción y establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en la materia, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

El presente ordenamiento se compone de 136 artículos, los cuales conjuntan los mínimos que se deberán considerar a nivel nacional y de forma concurrente a nivel estatal, dividido en diez títulos y ocho transitorios. El proyecto retoma diversas disposiciones del Código Civil Federal y diversos artículos de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. De igual manera se analizaron y retomaron aspectos relevantes de diversas Leyes en la materia tanto a nivel nacional como local, como la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las adopciones en el estado de México, la Ley de Adopciones para el estado de Veracruz, el Código Civil de Nuevo León, quienes han legislado en temas de avanzada, y que han servido para ampliar el presente ordenamiento por ser casos de éxito y que han permitido agilizar y simplificar de manera importante la adopción.

A nivel internacional se consideró la Ley de la Infancia y la Adolescencia de España, la cual fue aprobada en agosto de este año y de igual manera legislaciones como la de Argentina y Guatemala, entre otras.

De esta manera es que se establecen las facultades de manera coordinada entre la autoridad a nivel nacional y local, ya que bien sabemos México no tiene un único derecho de familia, ni un único sistema de adopción, esto es, carecemos de un sistema armónico unificado de tratamiento de adopciones.

Asimismo, entre los principios específicos se establece la supletoriedad, para que a falta de exposición expresa en esta ley, se aplicarán las leyes en la materia, siempre y cuando no contravengan las reglas, principios y procedimientos generales, previstos en este ordenamiento, atendiendo en todo momento el Interés superior del niño, y en caso de contradicción entre normas, siempre se aplicara la que resulte más benéfica para el menor de edad.

Aunado a lo anterior, se define el concepto de adopción, los tipos de adopción y conceptos generales que se encuentran establecidos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad que contar con una sola ley en la materia, de esta manera evitar conceptos diferentes y a su vez, eliminar a nivel local la aún existente adopción simple, presente aún en algunos estados.

Entre los principios rectores para la actuación de las autoridades, se determina en la presente ley que será en todo momento su actuación atendiendo el Interés Superior de Niño, el respeto a su identidad, el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada, salvo que no sea conveniente para su interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección familiares y estables, priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al institucional, el derecho a conocer sobre su origen, siempre y cuando no sea en perjuicio del menor de edad, además la adopción no se podrá llevar a cabo sin que se haya emitido sentencia de pérdida de patria potestad, y la corresponsabilidad y concurrencia de las autoridades competentes en la materia, familia y la sociedad en general.

De igual manera se establecen los derechos de los adoptados para que en cuanto sean integrados a su familia, cuenten con los apellidos del adoptante o adoptantes, a conocer su origen siempre y cuando no sea en perjuicio del mismo, teniendo en consideración su petición y grado de madurez; asimismo, se considera el derecho de confidencialidad y respeto a su vida privada, a un ambiente libre de violencia y a ser respetado en todos sus derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, firmados y ratificados por México.

Atendiendo la armonización legislativa se establece de acuerdo a la Ley General del Trabajo el disfrutar de un permiso de maternidad y paternidad respectivamente.

Sobre los requisitos de la adopción se consideran dos aspectos mínimos para el Certificado de idoneidad, no siendo limitativos: uno de ellos es gozar de buena salud mental y física y el segundo, contar con solvencia moral necesaria –sin ser este el tema decisorio en el proceso de adopción- y de manera importante, no limitar el número de adopciones para una sola familia, siempre y cuando se demuestre en forma fehaciente su desempeño como padres adoptantes.

Se establecen en este ordenamiento los impedimentos para adoptar, además de que la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, y las Procuradurías estatales de acuerdo al ámbito de su competencia, deberán velar en todo momento por la integridad del posible adoptado, por lo que se deberán realizar las investigaciones correspondientes de los posibles adoptantes, como lo es no haber sido condenado por delitos de violencia familiar o delitos sexuales, delitos dolosos sin derecho a fianza, por delitos en agravio de un menor de edad o incapaz, por abandono de las obligaciones alimentarias derivadas de sus relaciones familiares de parentesco, entre otras, lo cual permitirá evitar en todo momento la trata de personas, abusos y violencia. Esto con la concurrencia de un seguimiento oportuno, gradual y periódico.

Respecto al título cuarto sobre derechos y obligaciones de los menores de edad acogidos y los que surgen como derechos y obligaciones de los acogedores, se reconoce su derecho de informarle del derecho de asistencia jurídica gratuita cuando se encuentre en situación de desamparo, a relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas, relación y comunicación, establecido por la Procuraduría Federal o Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también a recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico, para superar trastornos psicosociales de origen, y para el caso de los acogedores se establece como una obligación la preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado, para la tarea que van a desarrollar durante todo el proceso.

Además, se establece en esta ley apoyos económicos por parte del Estado para los casos de niños con discapacidad y que sean acogidos en una familia. De manera responsable se instituye a los acogedores que tengan a su cargo menores de edad con discapacidad, derechos y obligaciones tanto del acogido como del acogedor y disposiciones donde se establece que la familia de acogida tendrá los mismos derechos que la familia de origen, con la finalidad de que el tiempo que se encuentre en esta proceso sea tratado como un hijo consanguíneo.

Se establecen además los requisitos para las familias de acogida; se determina que el SNDIF y los Sistemas estatales en el ámbito de sus respectivas competencias, orienten, asistan y aprueben a las personas que deseen asumir la calidad de familia de acogida, de conformidad con los Tratados Internacionales, las leyes generales y demás disposiciones jurídicas aplicables. También se dispone que la Procuraduría Federal y las Procuradurías estatales en el ámbito de su competencia, determinen la incorporación de un menor de edad a una familia de acogida en los casos siguientes: cuando quienes ejerzan la patria potestad consientan expresamente mediante convenio celebrado con la Procuraduría que deberá presentarse al Juez competente, y en casos urgentes, dando aviso inmediato al Juez competente, entre otros requisitos no menos importantes.

Como una de las principales preocupaciones derivadas de los foros se encuentra la de las obligaciones y apoyos a los Centros de Asistencia Social y la participación de la Sociedad Civil Organizada. Además, la ley determina la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, estableciendo, conforme estaba en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la obligación de formar parte del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, teniendo en un lugar visible la constancia de incorporación, llevando de manera interna un registro con la situación jurídica, con la obligatoriedad de remitirlo semestralmente a la autoridad correspondiente, y de manera corresponsable que las autoridades incentiven la adopción en los Centros conforme a la ley. Además se puntualiza, lo ya referido en la LGDNNA de contar con personal capacitado, estableciendo programas de formación y certificación y como algo novedoso se solicita que existan dentro de los Centros de Asistencia Social programas integrales de educación para el trabajo con la finalidad de que los menores de edad que son adolescentes cuenten con las herramientas necesarias para su futuro.

Del Título sexto, relativo a los procedimientos de la adopción de la federación y las entidades federativas, se establece que el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades en el ámbito de sus competencias, deberán otorgar medidas especiales de protección de aquellos menores de edad que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial, las cuales se encontraban establecidas en la LGDNNA.

Por lo tanto, en el ámbito de sus competencias deberán registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, o sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento residencial brindado por Centros de Asistencia Social el menor tiempo posible. En este mismo sentido, y como una de las preocupaciones y motivos principales del legislador, se encuentra el fortalecimiento de las familias receptoras de los niños. Ofrecer herramientas a estas familias, robustecer su preparación y brindarles recursos formativos, hará posible cumplir con la obligación del Estado y de todos como sociedad, de brindar a estos niños, muchos de ellos provenientes del sufrimiento del desamparo, el ingreso a familias que llenarán con creces la deuda social de restitución que se les debe a estos menores de edad. No sólo se merecen una familia, sino una familia mejor preparada, una familia capaz de resarcir más profesionalmente los daños que injustamente han recibido los niños.

Se establece en este ordenamiento que las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología o carreras afines de las instituciones públicas y privadas que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes psicosociales en materia de adopción, de igual manera se deberá acreditar experiencia laboral mínima de dos años, en trabajo social o psicología, o en la atención de menores de edad sujetos de asistencia social o solicitantes de adopción. El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, expedirán la Certificación correspondientes y llevarán un registro de las mismas; con ello, se obligará a contar con personal altamente calificado que permita valoraciones y procedimientos profesionales con relación a la materia, lo cual se consideró en la LGDNNA.

El Título séptimo de la competencia jurídica, respecto de la responsabilidad de las autoridades judiciales y administrativas, las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia del menor de edad, se busca brindar certeza jurídica a menores de edad, con lo cual se pretende acortar los procedimientos jurídicos a nivel nacional y estatal.

Se establece que toda persona que encuentre a un expósito deberá presentarlo de forma inmediata ante el Ministerio Público o, en su defecto, ante cualquier autoridad de seguridad pública, para que sea entregado a la autoridad correspondiente para su guarda y custodia, tramitando un reporte de manera inmediata bajo el programa Alerta Amber.

La familia que encuentre un expósito podrá solicitar la adopción del mismo, cumpliendo los requisitos que la ley establece, como una adopción ordinaria, descartando riesgos para el adoptando.

En el tema del Certificado de Idoneidad la autoridad administrativa extenderá dicha solicitud, análisis y examen en no más 30 días hábiles. Si la autoridad requiere mayores informes, podrá ampliar el plazo hasta por 15 días hábiles más.

Una vez atendidas las consideraciones de los artículos anteriores, la autoridad judicial deberá resolver en un plazo no mayor a 15 días después de recibido el certificado, concediendo o de ser el caso fundado denegando la autorización para la adopción. Atendiendo la sentencia positiva de adopción, el juez correspondiente remitirá las diligencias al Registro Civil en un plazo no mayor a 8 días para levantar el acta correspondiente. Por otro lado, a fin de valorar la adaptación del menor de edad a la nueva familia y al entorno, así como conocer la evolución de su desarrollo en todos los aspectos, se dará seguimiento post-adoptivo cada seis meses por lo menos por tres años.

Es así que en el mismo Título, y con el fin de proteger en todo momento al menor de edad, se establece que los padres adoptantes que regresen a un menor de edad, una vez que les fue otorgado en adopción, quedarán boletinados en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF y no podrán solicitar de manera definitiva el trámite de adopción, debiendo recibir atención profesional inmediata el menor de edad afectado, con la finalidad de no ser doblemente victimizado.

Además es importante mencionar que la presente ley prevé que el Juez de manera responsable velará para que las actuaciones judiciales en todo momento sean continuas, evitando bajo su más estricta responsabilidad la inactividad procesal, pues en ocasiones se da el rechazo a llevar casos de pérdida de patria potestad y se les deja de dar seguimiento oportuno.

Bajo el Título octavo, del Instituto Nacional de la Adopción, se establece como un organismo orientador de las políticas públicas, con el objeto general de promover y fomentar las condiciones que reduzcan el número de niños despojados de su derecho a pertenecer a una familia y posibiliten las adopciones para aquellos a quienes deba restituirse tal derecho, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como incentivar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.

De igual forma se establece en el Titulo noveno, las disposiciones sobre las actas de adopción. Para agilizar el trámite, se especifica que cuando sea dictada la resolución judicial definitiva que autorice la adopción, el Juez, dentro del término de ocho días, remitirá copia certificada de las diligencias al Juez del Registro Civil que corresponda, a fin de que, con la comparecencia del adoptante, se levante el acta correspondiente, situación remitida a la Ley desde el Código Civil Federal.

Por último, con el fin de crear una ley que no solamente siente las bases mínimas para agilizar y simplificar las adopciones, se establecen las sanciones correspondientes para que los servidores públicos responsables en los procesos de adopción sean sancionados cuando de forma consciente o por omisión no realicen en tiempo y forma sus atribuciones y obligaciones de acuerdo a esta ley. Se contemplan desde sanciones económicas, multa, destitución, inhabilitación, suspensión y clausura, elementos que fueron considerados de la ley establecida en el estado de México.

Respecto a los artículos transitorios, se establece la derogación de todas aquellas disposiciones del ámbito federal que se opongan a la presente ley, considerando que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Asimismo, en caso de que no realicen las adecuaciones en el plazo previsto, dejarán de tener vigencia las disposiciones locales en materia de adopción y se aplicará la presente ley, hasta que las mismas realicen las adecuaciones correspondientes, lo anterior a fin de que no quede la presente ley solo como un ordenamiento más y realicemos de forma prioritaria la agilización y simplificación de la adopción en todo el país.

De igual manera se establece que los Centros de Asistencia Social que se encuentren operando con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto contarán con un plazo de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por la ley.

Por otra parte, la Cámara de Diputados deberá expedir la Ley que crea el Instituto Nacional de la Adopción, así como las adecuaciones normativas correspondientes.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los Sistemas estatales, realizarán las acciones necesarias para que la implementación de las presentes modificaciones se lleven a cabo con los recursos aprobados en su presupuesto, por lo que no requerirán recursos adicionales para tales efectos y no incrementarán su presupuesto para el presente ejercicio fiscal.

Por último, es importante requerir que el Poder Judicial de las Entidades Federativas, establezca juzgados especializados en materia de adopción, convirtiendo para ello al menos un juzgado familiar en juzgado especializado en adopción, sin incrementar el presupuesto de los juzgados, sino operando con el mismo presupuesto, personal y recursos, con que ya operaba como juzgado de materia familiar. Con ello se lograría una agilización en los trámites de adopción, además de no requerir mayor presupuesto para los mismos.

No cabe duda que los avances en materia de adopción han sido mínimos en muchas legislaciones, pero también es de reconocer que a nivel local existen legislaciones de avanzada que nos han permitido considerar para la presente ley, permitiéndonos tener una visión más completa sobre las problemáticas que se encuentran al momento de considerar adoptar a un menor de edad. Esta iniciativa presenta la posibilidad de armonizar de manera integral lo mejor de las mejores legislaciones nacionales e internacionales en la materia, así como innovaciones y propuestas de todos los sectores de la sociedad, como universidades, organismos de la sociedad civil, jurisconsultos, doctrinistas y en el ámbito gubernamental las propuestas de jueces, magistrados, asesores y directivos de los sistemas DIF estatales y nacional, etcétera.

Es así que mi Grupo Parlamentario Encuentro Social, se encuentra cumpliendo no solo con una agenda legislativa, sino con un reclamo de la sociedad, de los menores de edad y de la familia, quienes ven en la adopción un acto de amor y cariño para miles de niños que hoy en día se encuentran sin una familia que los ame incondicionalmente.

Por lo expuesto, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que expide la Ley General de Adopción

Artículo Primero. Se expide la Ley General de Adopción para quedar como sigue:

Ley General sobre Adopción

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capitulo ÚnicoDel ámbito y objeto de la ley

Artículo 1. La presente ley es Reglamentaria de los Artículos 1o., 4o. párrafos octavo, noveno y décimo y 73, fracción XXIX-P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos de los niños. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto garantizar su homologación en el territorio nacional sobre la adopción y establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de adopción, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Artículo 2. La presente ley se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas que protejan derechos humanos en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, favoreciendo en todo momento a los niños la protección más amplia a sus derechos, particularmente la protección a su derecho a pertenecer a una familia y la protección de la misma.

Artículo 3. A falta de disposición expresa por esta Ley, se aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil Federal y de Procedimiento Civil Federal, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Asistencia Social, siempre y cuando no contravengan esta Ley, siendo el criterio rector el Interés superior del niño.

Artículo 4. La Federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las disposiciones legales en la materia, atendiendo principios, reglas y procedimientos establecidos en la presente ley.

Artículo 5. Los municipios contarán en su estructura administrativa y marco legal con elementos y estructuras de protección y restitución del derecho del niño a pertenecer a una familia, así como de protección a la misma, en el ámbito de su autonomía conforme al artículo 115 de la Constitución.

Artículo 6. Corresponderá a los tres órdenes de gobierno, la obligación de proteger y tutelar a los niños en proceso de adopción para garantizar el pleno goce de sus derechos y especialmente para evitar su sustracción, venta y tráfico, así como cualquier otra forma de explotación o abuso.

Artículo 7. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Adopción. Institución jurídica de orden público por la cual se confiere el parentesco civil, adquiriéndose la calidad de filiación equiparable a la consanguínea, con todos los derechos y obligaciones que se derivan de ella. Constituye un derecho de naturaleza restitutiva que proporciona una opción de vivir, crecer y desarrollarse en familia;

II. Adopción por extranjeros. La adopción por extranjeros es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia permanente en el territorio nacional;

III. Adopción internacional. La adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional; y tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menor de edad que no puede encontrar una familia en su propio país de origen, en términos de lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia;

IV. Acogimiento residencial: Aquél brindado por centros de asistencia social como una medida especial de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar;

V. Carta de viabilidad: Documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, en virtud del cual se determina que los solicitantes de adopción son aptos para ello, aun cuando no se cuente aún con el menor de edad sugerido para ello;

VI. Centro de asistencia social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y sociales;

VII. Certificado de idoneidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, o por la autoridad central del país de origen de los adoptantes en los casos de adopciones internacionales, en virtud del cual se determina que los solicitantes de adopción son aptos para ello y que el menor de edad que pretenden adoptar es apto para ello;

VIII. Certificado de inviabilidad de reintegración: Documento expedido por las Procuradurías de Protección, por iniciativa propia o a petición del Ministerio Público, cuando se ha detectado que no es conveniente que el menor de edad retorne a su familia, ya sea de origen o extensa, por no haber en ella las condiciones adecuadas para su integración y desarrollo.

IX. Expósito: niña, niño o adolescente abandonado o confiado a un establecimiento benéfico, cuando se desconozca su origen;

X. Familia de origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado;

XI. Familia extensa o ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado;

XII. Familia de acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva;

XIII. Familia de acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez;

XIV. Formato único de adopción: Formato homologado que deberán entregar las Procuradurías de Protección y los Centros de Asistencia Social a los solicitantes, para su llenado, al iniciar el trámite de adopción, acompañándolo a la solicitud de la misma.

XV. Informe de adoptabilidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución personal y familiar, y situación jurídica que determina la adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes;

XVI. Instituto: Instituto Nacional de Adopción;

XVII. Menor de edad: Toda persona de hasta 18 años de edad incumplidos;

XVIII. Procuradurías de protección: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa;

XIX. Sistemas DIF de las entidades: Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada entidad federativa y del Distrito Federal;

XX. Sistema local de protección: El Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa;

XXI. Sistemas municipales: Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia;

XXII. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y

XXIII. Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Título SegundoDe la Adopción

Capítulo PrimeroDe los principios rectores de la adopción

Artículo 8. La adopción se regirá por los siguientes principios:

I. El interés superior del niño;

II. El respeto por el derecho a la identidad;

III. El agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen, salvo que no sea conveniente para su interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección previstas en la presente ley, priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al institucional;

IV. Priorizar la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas;

V. El derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad, grado de madurez y evolución de sus facultades;

VI. El derecho del niño a no ser discriminado y a no ser usado como medio reivindicatorio o valor supletorio por persona o grupo social alguno;

VII. El derecho a conocer sobre su origen, siempre y cuando no sea en perjuicio del menor de edad;

VIII. La promoción de la participación prioritaria de las organizaciones de la sociedad civil;

IX. La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación de las autoridades responsables del proceso, garantizando el carácter colegiado e interdisciplinario en la adopción de medidas que les afecten;

X. La protección contra toda forma de violencia en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo, incluido el maltrato físico o psicológico, los castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, la realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, incluyendo el acoso escolar, así como la trata y el tráfico de seres humanos, y cualquier otra forma de abuso;

XI. La adopción en ningún caso dará lugar a beneficios económicos para los padres adoptantes o los funcionarios que participen en ella;

XII. La adopción no se podrá llevar a cabo sin que se haya emitido sentencia de pérdida o terminación de patria potestad; y

XIII. La corresponsabilidad y concurrencia de las autoridades competentes en la materia, así como la familia y la sociedad en general.

Capítulo SegundoDe los derechos del adoptado

Artículo 9. Las niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica permita que sean susceptibles de adopción, atendiendo su edad y madurez, tienen los siguientes derechos:

I. Contar con los apellidos del adoptante o adoptantes;

II. Ser respetado en su persona y bienes, contando con los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos consanguíneos;

III. El niño tiene derecho, si expresa la necesidad y en función de su edad, grado de madurez y evolución de sus facultades, a conocer su origen;

IV. El niño, los padres biológicos y la familia adoptiva tienen derecho a la confidencialidad y al respeto de su vida privada;

V. El acceso a la salud, alimentación y educación que propicien su desarrollo integral;

VI. Un ambiente familiar de respeto, aceptación y afecto, libres de cualquier tipo de violencia; y

VII. Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales.

Artículo 10. La madre y el padre podrán disfrutar de un permiso de maternidad y paternidad respectivamente, no menor al otorgado para la maternidad consanguínea, de acuerdo a las Leyes correspondientes en la materia.

Capítulo TerceroDe los requisitos de la adopción

Artículo 11. Los cónyuges y concubinos, en pleno ejercicio de sus derechos, pueden adoptar uno o más menores o a un incapaz, aun cuando éste sea mayor de edad.

Artículo 12. Salvo en el caso del adoptado incapaz legalmente mayor de edad, en los demás casos, ambos adoptantes deberán tener por lo menos diecisiete años más que el adoptado.

Artículo 13. El hombre y la mujer deberán tener al menos cinco años de matrimonio civil, salvo que uno o ambos cónyuges sean infértiles, caso en el cual no se exige una duración mínima del matrimonio. De igual manera, en el caso de los concubinos deberán comprobar al menos cinco años de residencia común, a partir de haber adquirido tal carácter, conforme al código civil de la entidad. Ambos, cónyuges y concubinos, tendrán que acreditar además:

I. Que tiene medios al menos básicamente suficientes para proveer a la subsistencia, la salud, la alimentación, la educación y el cuidado de la persona que trata de adoptarse, como hijo propio, según las circunstancias de la persona que trata de adoptar;

II. Que el ambiente familiar en el que los cónyuges recibirán al niño es capaz de aportarle el afecto, estimulación, respeto, aceptación y afecto que requiere para su desarrollo y trascendencia;

III. Que la adopción está fundada únicamente en el derecho del niño a ser restituido en su derecho a desarrollarse en Familia y que además es benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al interés superior de la misma;

IV. Que sea persona apta para adoptar, contando con el Certificado de Idoneidad correspondiente, el cual deberá contener los estudios que acrediten los aspectos mínimos siguientes:

a) Que goza de buena salud mental y física;

b) Que cuente con medios suficientes para el desarrollo del adoptado;

c) Que no obra en su contra a la fecha ningún impedimento, conforme al presente ordenamiento.

Artículo 14. Los cónyuges o concubinos podrán adoptar uno a varios hijos, cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de los cónyuges o concubinos cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de diecisiete años cuando menos. Se deberán acreditar además los requisitos previstos en las fracciones del artículo anterior.

Artículo 15. La adopción extingue la filiación preexistente entre el adoptado y sus progenitores y el parentesco con las familias de éstos, salvo para los impedimentos de matrimonio. En el supuesto de que el adoptante esté casado con alguno de los progenitores del adoptado no se extinguirán los derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resultan de la filiación consanguínea.

Artículo 16. El tutor no puede adoptar al pupilo, sino hasta después de que hayan sido definitivamente aprobadas las cuentas de tutela.

Artículo 17. El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado, los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. El adoptante dará nombre y sus apellidos al adoptado.

Artículo 18. El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo consanguíneo.

Artículo 19. Todas las actuaciones dentro del procedimiento de adopción gozarán de la garantía de discreción y reserva considerándose información confidencial conforme a la Ley Federal de la materia. Esta garantía se extiende al adoptado, adoptante y padres biológicos en la parte que a cada uno involucre.

Artículo 20. Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentir en ella, en sus respectivos casos:

I. El que ejerce la patria potestad sobre el menor de edad que se trata de adoptar, o bien, el tutor del que se va a adoptar;

II. La Procuraduría de Protección del Estado;

III. El agente de la Procuraduría Social;

IV. En el caso de los expósitos, la Procuraduría de Protección del lugar del domicilio del menor que se pretende adoptar;

V. Si la persona que se va a adoptar tiene más de doce años, así como las personas incapaces, se escuchará y tomará en cuenta su opinión, siempre y cuando fuese posible la expresión indubitable de la misma; y

VI. El Centro de Asistencia Social en el que el menor haya sido acogido.

Artículo 21. El juez valorará la legitimidad, validez y procedencia del consentimiento de las personas a las que se refiere el artículo anterior.

Artículo 22. Si el tutor, la Procuraduría de Protección o el Centro de Asistencia Social no consienten en la adopción, deberán expresar la causa en que se funden, la que el juez calificará tomando en cuenta los intereses del menor de edad o incapaz.

Artículo 23. El juez que apruebe la adopción remitirá copia de las diligencias respectivas al Juez del Registro Civil del lugar en que se levantó el acta original para hacer la cancelación respectiva y la nueva acta de nacimiento podrá ser levantada en esa misma Oficialía del registro civil o en la que decidan los adoptantes, por medio de los exhortos correspondientes.

Capítulo CuartoDe los impedimentos para adoptar

Artículo 24. Son impedimentos para adoptar:

I. Haber sido condenado por delitos de violencia familiar o delitos sexuales;

II. Haber sido condenado por delito doloso sin derecho a fianza;

III. Haber sido condenado por delito cometido en agravio de un menor de edad o incapaz;

IV. Que quienes ejercen la patria potestad otorguen el consentimiento para la adopción antes del nacimiento del niño o que tal consentimiento sea otorgado antes de las tres semanas de nacido, con excepción de los niños abandonados al nacer;

V.Que los adoptantes padezcan enfermedades físicas, trastornos mentales, de la personalidad y de adicciones que representen un riesgo a la salud, vida, integridad y pleno desarrollo del menor de edad;

VI. Por abandono de las obligaciones alimentarias derivadas de sus relaciones familiares de parentesco; y

Título TerceroDe los Tipos de Adopción

Capítulo PrimeroDe la adopción ordinaria

Artículo 25. El adoptado bajo la forma de adopción ordinaria se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales, incluyendo los impedimentos de matrimonio. El adoptado tiene en la familia de los adoptantes los mismos derechos, deberes y obligaciones del hijo consanguíneo y debe llevar los apellidos del adoptante o adoptantes.

Artículo 26. Para que la adopción ordinaria pueda tener efectos, deberá preceder a la adopción la sentencia judicial de pérdida o terminación de la patria potestad.

Artículo 27. Tratándose de la adopción ordinaria, el Registro Civil se abstendrá de proporcionar información sobre los antecedentes de la familia de origen del adoptado, excepto en los casos siguientes y contando con autorización judicial:

I. Para efectos de impedimento para contraer matrimonio, y

II. Cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares, siempre y cuando sea mayor de edad.

Artículo 28. En el caso de los niños retirados de su familia de origen por situaciones de violencia, abuso, incumplimiento de obligaciones alimentarias y trata, las Procuradurías de Protección velarán por el bien superior del niño, llevando a cabo una investigación de los miembros de la familia extensa que deseen recuperar al menor de edad y adoptarlo, procurando la ausencia total de riesgos previsibles para el menor, a fin de resolver en un plazo máximo de 60 días naturales a partir de que el niño fue retirado de su familia de origen. Todo lo anterior sin detrimento de las medidas de protección especial y urgentes que determine la Procuraduría, y dando prioridad al esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades a que haya lugar, previo al procedimiento de adopción o cualquier otro procedimiento.

En todos los casos a que hace referencia el presente artículo, los miembros de la familia extensa deberán someterse a los estudios, requisitos y procedimiento de adopción de forma ordinaria.

Capítulo SegundoDe la adopción internacional

Artículo 29. La adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional o mexicanos que residen en el extranjero; y tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menor de edad que no puede encontrar una familia en el territorio nacional. Esta adopción se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y, en lo conducente, por las disposiciones de este.

Artículo 30. El Sistema Nacional DIF promoverá en sus programas y políticas públicas en la materia, la adopción internacional como un instrumento jurídico adecuado y conveniente a fin de restituir en su derecho a pertenecer a una familia a aquellos menores de edad o personas incapaces de cualquier edad que por diversas circunstancias no han podido acceder a dicho derecho.

Capítulo TerceroDe la adopción por extranjeros

Artículo 31. La adopción por extranjeros es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia permanente en el territorio nacional. Esta adopción se regirá por lo dispuesto en el capítulo primero del presente Título, sin detrimento de lo establecido en el presente artículo.

Artículo 32. En el caso de la adopción por extranjeros residentes en el territorio nacional, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas estatales incluirán, como requisito del Certificado de idoneidad, la comprobación de la estancia en el territorio nacional de hasta tres años atrás respecto a la fecha de la solicitud.

Artículo 33. En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a mexicanos sobre extranjeros.

Título Cuarto De los Derechos de los Menores de Edad Acogidos así como de los Derechos y Obligaciones de los Acogedores Familiares

Capítulo PrimeroDe los derechos de los menores de edad acogidos

Artículo 34. El menor de edad acogido, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tendrá derecho a:

I. Ser escuchado en los términos de lo establecido en esta ley en función de su edad, madurez y evolución de sus facultades. Para ello tiene derecho a ser informado y notificado de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento;

II. Ser reconocido beneficiario e informarle del derecho de asistencia jurídica gratuita en todo momento, por parte de la Procuraduría de Protección de su localidad;

III. Ser informado de cualquier hecho trascendente relativo al acogimiento;

IV. Relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas, relación y comunicación establecido por la Procuraduría de Protección federal o estatal;

V. Recibir con la suficiente anticipación la información, los servicios y los apoyos generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de los menores de edad con discapacidad;

VI. Poner en conocimiento de las Procuradurías de Protección y del Ministerio Público las reclamaciones o quejas que considere, sobre las circunstancias de su acogimiento, sin ser objeto de violencia, acoso o amenazas por ello;

VII. Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico por parte de la Procuraduría federal y estatal, para superar trastornos psicosociales de origen, medida aplicable tanto en acogimiento residencial, como en acogimiento familiar;

VIII. Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes biológicos, una vez alcanzada la mayoría de edad; y

IX. Todos los demás derechos contenidos en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables.

Capítulo SegundoDe los derechos y obligaciones de los acogedores

Artículo 35. Los acogedores familiares tendrán derecho a:

I. Recibir formación y capacitación acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como inducción, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término del mismo.

II. En el caso de menores de edad con discapacidad o incapacidad, los acogedores tendrán derecho a orientación, acompañamiento, apoyos adaptados y económicos por parte del Sistema DIF de la Entidad federativa correspondiente. Los Estados, en su presupuesto anual, asignarán el monto necesario para dar viabilidad a esta disposición.

III. Ser escuchados y tomados en cuenta antes de que el Juez especializado en la materia o el Sistema DIF adopte cualquier resolución que afecte al menor de edad, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el régimen de visitas o de relación o comunicación con la familia de origen;

IV. Ser informados del plan individual de protección, así como de las medidas de protección relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al menor de edad acogido, de las revisiones periódicas y a obtener información del expediente de protección del menor de edad que les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, a excepción de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y a la protección de datos de carácter personal;

V. Cooperar con la Procuraduría Federal o estatal según sea el caso en los planes de actuación y seguimiento establecidos para el acogimiento y la protección del menor de edad;

VI. Disponer de la documentación identificativa, sanitaria y educativa del menor de edad que acogen, así como de información sobre las valoraciones psicológicas, si estas se hubieren dado;

VII. Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda y cuidado del menor de edad, con excepción de sus asuntos patrimoniales;

VIII. Ser respetados por el menor de edad acogido;

IX. Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con la legislación vigente;

X. Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Procuraduría Federal o estatal de Protección que deberán ser tramitadas en un plazo inferior a los 10 días hábiles y, en caso de solicitar audiencia, ser escuchado con anterioridad ha dicho plazo;

Capítulo TerceroDe los requisitos de la familia de acogida

Artículo 36. El Sistema Nacional DIF y los Sistemas estatales en el ámbito de sus respectivas competencias, orientarán, asistirán y aprobarán a las personas que deseen asumir la calidad de familia de acogida, de conformidad con el procedimiento, requisitos y demás disposiciones del Reglamento de la presente ley. Para ello emitirán un certificado distinto al Certificado de Idoneidad, e integrarán la información derivada del acogimiento familiar en los registros estatales y nacionales correspondientes.

Artículo 37. La Procuraduría Federal y las Procuradurías estatales en el ámbito de su competencia, podrán determinar la incorporación de un menor de edad a una familia de acogida, en los casos siguientes:

I. Cuando quienes ejerzan la patria potestad den por terminada o pierdan la misma, mediando para ello sentencia judicial;

II. En casos urgentes, situaciones que pongan en riesgo la integridad del niño, o como medida de protección especial conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dando aviso inmediato al Ministerio Público del lugar y al juez competente; o

III. Cuando conforme al dictamen de la Procuraduría de Protección local, la incorporación a una familia de acogida resulta benéfico para el niño, atendiendo al interés superior del mismo y para evitar la institucionalización prolongada, requiriendo de inmediato el trámite del asunto al Juez competente.

En todos estos casos el juez emitirá la resolución correspondiente para la integración del menor de edad a una familia de acogida, así como las demás resoluciones que afecten o modifiquen la situación de acogimiento del niño, con base en el interés superior del mismo, así como de su situación, en caso de presentarse alguna de las causas de revocación o terminación que se contemplan este capítulo.

Artículo 38. El juez competente aprobará la incorporación de la niña, el niño o adolescente a una familia de acogida, a solicitud de la Procuraduría en vía de jurisdicción voluntaria o como medida cautelar a petición del Ministerio Público, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia, previo el cumplimiento de los requisitos siguientes:

I. El juez, deberá escuchar al niño de acuerdo a su edad, madurez y evolución de sus facultades, previa evaluación psicológica en la que se determine su desarrollo evolutivo, cognoscitivo; y

II. Contar con la opinión de la Procuraduría de Protección del estado o demarcación del Distrito Federal que corresponda en relación al origen, la comunidad y las condiciones culturales donde se ha desarrollado el menor, así como el certificado que pruebe la idoneidad de la familia cuya declaración de acogida se pretenda.

Artículo 39. La responsabilidad de los que integran la familia de acogida es personalísima e intransferible. Los deberes derivados de la tutela que se configura en la familia de acogida recaerán en el padre y la madre de la familia de acogida, o bien en alguno de ellos, en caso de tratarse de una familia monoparental.

Artículo 40. Las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los tutores, se aplicarán a la familia de acogida, quedando las decisiones financieras y patrimoniales del menor a cargo de un curador nombrado por la Procuraduría de Protección para tal efecto.

Artículo 41. En los casos en que se autorice la incorporación del menor de edad a una familia de acogida y durante todo el tiempo que ésta dure siendo el menor posible, la Procuraduría deberá dar seguimiento al acogimiento, realizando una visita mensual durante los primeros seis meses.

Artículo 42. Cuando la Procuraduría de Protección Federal o estatal en el ámbito de sus respectivas competencias, determine que existe causa grave que ponga en peligro los intereses fundamentales del niño, podrá suspender en forma provisional los efectos de la familia de acogida, determinando el ingreso de mismo a otra familia de acogida o a la institución de asistencia pública o privada autorizada, atendiendo al interés superior del niño, debiendo dar aviso al Ministerio Público a fin de que ejercite la acción correspondiente así como al Juez que autorizó la incorporación a la familia de acogida.

Artículo 43. Serán causas de terminación de Familia de acogida:

I. La reintegración familiar, cuando en opinión de la Procuraduría Federal o la Procuraduría Estatal en el ámbito de sus respectivas competencias, la familia de origen o extensa ha adquirido o posee las habilidades parentales necesarias, siempre mediante resolución judicial;

II. La adopción del menor de edad acogido; y

III. La muerte de quien o quienes ejercen los deberes derivados de la tutela de la familia de acogida, o bien del menor de edad objeto del acogimiento. En todos los supuestos establecidos se deberá dar aviso al Juez que haya resuelto el acogimiento.

Artículo 44. El juez que autorizó la medida podrá decretar la revocación de la Familia de acogida, a solicitud de la Procuraduría federal o la Procuraduría estatal o por el Ministerio Público, cuando se den alguna de las siguientes causas:

I. A petición de la familia de acogida, debiendo dar aviso la misma por lo menos 30 días naturales previo a la entrega del menor de edad, o

II. Cuando existan circunstancias, actos o hechos que afecten el interés superior del niño de forma grave, conforme al Reglamento de la presente Ley. En cualquiera de los supuestos anteriores, el Juez especializado en la materia, a solicitud de la Procuraduría Federal o la Procuraduría estatal en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá girar una orden para egresar al menor de edad de la familia de acogida, encomendándolo preferentemente a otra familia de acogida y de no ser posible esto a un Centro de Asistencia Social para su atención, debiendo dar de manera inmediata aviso al Juez que conoció de las diligencias, para iniciar el trámite de revocación de la familia de acogida.

Artículo 45. El juez previa audiencia de los interesados incluyendo al menor de edad y el Ministerio Público, con el correspondiente ofrecimiento y desahogo de pruebas, resolverá lo que fuere más conveniente al bienestar de menor de edad en atención al interés superior del niño.

Capítulo CuartoDe los deberes de familia de acogida y de la familia pre-adoptiva

Artículo 46. Las familias de acogida y de acogida pre-adoptiva tendrán los siguientes deberes:

I. Velar por el bienestar y el interés superior del niño; tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral y estimulación en un entorno afectivo. En el caso de menor de edad con discapacidad, deberá continuar prestando los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus necesidades;

II. Escuchar al menor de edad siempre antes de tomar decisiones que le afecten, conforme a su edad, madurez y evolución de sus facultades y, en todo caso, sin exclusión alguna por discapacidad;

III. Asegurar la plena participación del menor de edad en la vida de familia;

IV. Informar a la Procuraduría Federal o estatal según sea el caso, sobre cualquier hecho de trascendencia en relación con el niño acogido;

V. Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del menor, en la medida de las posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del régimen de visitas establecido a favor de aquella y de la reintegración familiar, conforme a lo establecido por la Procuraduría de Protección;

VI. Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y familiares del menor de edad;

VII. Comunicar a la Procuraduría Federal o estatal, cualquier cambio en la situación familiar relativo a los datos y circunstancias que se tomaron en consideración como base para el acogimiento;

VIII. Garantizar el derecho a la intimidad y a la identidad de los menores de edad acogidos y el respeto a su propia imagen, así como velar por el cumplimiento de sus derechos fundamentales;

IX. Participar en las acciones formativas que se propongan;

X. Colaborar en el tránsito de la medida de protección del menor de edad a la reintegración a su entorno de origen, la adopción, u otra modalidad de acogimiento, o al entorno que se establezca tras la adopción de una medida de protección y restitución más estable;

XI. Los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto del menor acogido que aquellos que la ley establece para los tutores; y

XII. Cualquiera que sea el tipo de acogimiento del menor edad, esta cesará solo por resolución judicial.

Capítulo QuintoDe los derechos del menor de edad en la familia de acogida y en el acogimiento residencial

Artículo 47. En el caso del acogimiento familiar, los menores de edad tendrán derecho a participar plenamente en la vida familiar del acogedor, durante el tiempo que permanezca bajo tal figura.

Artículo 48. En el caso de acogimiento residencial, los menores gozarán de los siguientes derechos:

I. Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre que no sean inadecuadas para el contexto formativo;

II. Participar en la elaboración de la programación de actividades del centro y en el desarrollo de las mismas;

III. Ser escuchado en caso de queja, ser representado legalmente y ser informado de todos los sistemas de atención y reclamación que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Procuraduría Federal y estatal.

IV. Todos los demás derechos contenidos en la constitución y los tratados.

Títutlo QuintoDe los centros de asistencia social

Capítulo ÚnicoDe los derechos y las obligaciones de los centros de asistencia social

Artículo 49. El Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, además de la información a que hace referencia la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, deberá contener el tiempo que cada menor de edad tiene albergado, la institución en donde se encuentra, su perfil médico, psicológico y social, su situación jurídica y su condición de adoptabilidad.

Artículo 50. Las autoridades de las entidades federativas, en términos de lo dispuesto por las leyes de la materia, establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los Centros de Asistencia Social, bajo los siguientes criterios:

I. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Ley y demás disposiciones aplicables para formar parte del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF;

II. La institución pública o privada de asistencia social que reciba a un menor deberá, en forma inmediata en un plazo máximo de 8 días naturales, iniciar los trámites a efectos de resolver su situación jurídica, y en todo caso presentar por escrito solicitud ante Juez especializado en la materia, haciendo de su conocimiento esta circunstancia con la finalidad de ratificar o dar por terminada la patria potestad, así como también rendir un informe dentro del mismo plazo, a la Procuraduría de Protección Estatal, acerca del cumplimiento de esta responsabilidad.

III. Llevar un registro de menores de edad bajo su custodia con la información de la situación jurídica en la que se encuentren, y remitirlo semestralmente a la Procuraduría de Protección Federal y de la entidad federativa según corresponda;

IV. Registrar el Centro de Asistencia Social en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y asegurar que las instalaciones tengan en lugar visible, la constancia de dicho Registro, procurando el cumplimiento del envío completo de información semestral;

V. Garantizar que los Centros de Asistencia Social cuenten con un Reglamento Interno, aprobado por el Sistema Nacional DIF y los sistemas estatales según sea el caso;

VI. Las autoridades correspondientes incentivarán por diversos instrumentos de coparticipación, coordinación y coinversión, entre otros, que los Centros de Asistencia Social privados, fomenten conforme a la Ley, la adopción de los menores de edad;

VII. Contar con personal altamente capacitado y establecer programas de formación, actualización y capacitación para el personal que labore en los centros;

VIII. Procurar en los presupuestos estatales que existan apoyos económicos considerables para los Centros de Asistencia Social que acojan bajo su cuidado a personas incapaces, a fin de proveer adecuadamente de lo necesario para su bienestar, accesibilidad, estimulación, educación, alimentación, salud y desarrollo.

IX. Realizar acciones específicas para fortalecer la profesionalización del personal y los procesos y protocolos de los centros de asistencia social;

X. Proporcionar, en el interior de los Centros de Asistencia Social, educación para el trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación y los lineamientos aplicables en la materia, estableciendo incluso para ello convenios con organizaciones de la sociedad civil; y

XI. Garantizar de manera integral a los menores de edad todos sus derechos; y

XII. Llevar a cabo, a través de los Centros de Asistencia Social, cursos de formación en temas de paternidad y adopción, respetando en todo momento, las políticas internas que favorezcan el fortalecimiento del proceso, tanto para familias de acogimiento pre-adoptivo y adoptivo, como para familias de acogida.

Artículo 51. Quienes lleven a cabo el procedimiento de adopción a través de un Centro de Asistencia Social privado, deberán tomar en dicho centro el curso de induccción, así como los especializados conforme al tipo de adopción que lleven a cabo, tales como adopción de mayores incapaces, adolescentes, niños víctimas de violencia, niños con VIH, etc.

Artículo 52. Los Centros de Asistencia Social que lleven a cabo estos cursos deberán contar con autorización para este fin emitida por el Sistema DIF de la Entidad Federativa.

Artículo 53. El gobierno federal, las entidades federativas, las demarcaciones del Distrito Federal y los Municipios, tendrán la obligación de promover y garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los Centros de Asistencia Social, emitiendo programas y políticas públicas que incentiven dicha participación, así como la coordinación y participación en la ejecución de todas las políticas públicas en la materia.

Artículo 54. Si un menor de edad ingresado por sus padres a un Centro de Asistencia Social, y no ha sido visitado ni ha sido provisto en relación a su desarrollo emocional, psicológico, social o afectivo, ni en relación a su manutención por un tiempo ininterrumpido de 3 meses, el Centro de Asistencia Social notificará al domicilio de los familiares más cercanos cuyas referencias solicite al momento de recibir al menor de edad, invitándolos a acercarse al Centro de Asistencia Social a iniciar el procedimiento para restituirle al menor su derecho, equiparando a los familiares como solicitantes. Si transcurridos 3 meses de la notificación y al no haber respuesta alguna, se entenderá el estado de abandono del menor, promoviendo el Centro de Asistencia Social ante la Procuraduría la solicitud para que esta inicie el juicio de pérdida de patria potestad ante el juez.

Artículo 55. Para efectos de la anterior solicitud, la Procuraduría de Protección presentará ante el juez el escrito que contenga los motivos por los cuales se propone la pérdida de la patria potestad, especificando el tiempo que lleva el niño en la institución, el tiempo que han dejado de visitarlo sus padres, así como la forma y los tiempos en que se notificó a los familiares. El juez deberá de aceptar como prueba plena la presentada por la Procuraduría de protección quien podrá apoyarse para hacer la búsqueda y notificación del ministerio público y deberá de resolver en un tiempo no mayor a 10 días hábiles si se concede la pérdida de patria potestad.

Artículo 56. En caso de que los familiares acudieran a la notificación hecha por el Centro de Asistencia Social, tendrán un plazo máximo de un año para solicitar el cuidado o guarda del niño, o bien, su adopción.

Artículo 57. En caso de resolverse la pérdida de la patria potestad de un menor que se encuentra bajo acogimiento residencial, se procurará en primer lugar la colocación del mismo entre los solicitantes del mismo Centro de Asistencia Social donde se encuentra, siempre que dichos solicitantes cuenten con Carta de viabilidad concedida. En caso de no contar dicho Centro de Asistencia Social con solicitantes viables, se procederá al cambio de status del menor de edad en su expendiente dentro del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, anotando su calidad de liberación de pérdida de patria potestad.

Artículo 58. En caso de que el Centro de Asistencia Social cuente con solicitantes con Carta de viabilidad concedida, y después de verificar la posibilidad de adaptación entre el menor liberado de la patria potestad y los solicitantes viables, el Centro de Asistencia Social notificará a ambas partes, a fin de que se conozcan, se evalúe la convivencia y se vea la posibilidad de adaptación entre ambas partes. Tras lo anterior, en caso de estar seguros los solicitantes, realizarán la solicitud por escrito ante la Procuraduría de Protección a fin de iniciar el procedimiento para el certificado de idoneidad y la resolución judicial, conforme a la presente ley.

Artículo 59. En todo lo concerniente a los servicios, operación, costos e ingresos de los Centros de Asistencia Social, se estará a lo establecido en el artículo 32 de la Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción Internacional.

Título SextoDe los Procedimientos de la Adopción en la Federación y las Entidades Federativas

Capítulo PrimeroDel procedimiento

Artículo 60. El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades Federativas, deberán otorgar medidas especiales de protección de menores de edad que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial.

Artículo 61. Las autoridades competentes garantizarán que los niños reciban todos los cuidados que se requieran por su situación de vulnerabilidad. En estos casos, de conformidad con la legislación civil aplicable, el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, según sea el caso, se asegurarán que los menores de edad:

I. Sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior, conforme al artículo 24 de la presente Ley;

II. Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter temporal, en los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa pudieran hacerse cargo;

III. Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro del procedimiento de adopción, que supone la vinculación de menores de edad, respecto de los cuales ya se ha declarado la condición de adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la familia para convertirse en familia adoptiva, en aquellos casos en que el juez, a recomendación de la Procuraduría de Protección, lo considere necesario;

IV. En el Sistema Nacional DIF, así como los Sistemas de las entidades federativas y Sistemas municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas;

V. Garantizar que el acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social sea el menor tiempo posible, dadas las características específicas de cada caso. Esta medida especial de protección tendrá carácter subsidiario, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar;

VI. La autoridad competente deberá tener en consideración el interés superior de la niñez para determinar la opción que sea más adecuada y, de ser el caso, restituirle su derecho a vivir en familia;

VII. El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades Federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, en todo momento serán responsables del seguimiento de la situación en la que se encuentren los menores de edad una vez que haya concluido el acogimiento.

Artículo 62. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de las entidades y los Sistemas municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias y además de las atribuciones ya establecidas en las leyes de la materia, las contenidas en el artículo 29 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Capítulo SegundoDisposiciones mínimas para la federación y las entidades federativas

Artículo 63. En materia de adopciones, las leyes federales y de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias deberán contener las disposiciones mínimas que refiere el artículo 30 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, velando porque en los proceso de adopción se respeten las normas que los rijan.

Artículo 64. Tratándose de adopción internacional, la legislación aplicable deberá disponer lo necesario para asegurar que los derechos de los menores de edad que sean adoptados sean garantizados en todo momento y se ajusten el interés superior de la niñez, así como garantizar que esta adopción no sea realizada para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, las peores formas de trabajo infantil o cualquier ilícito en contra de los mismos. A este fin, de manera concurrente, las dependencias responsables de la aplicación de la presente ley procurarán la participación y coordinación con organismos de la sociedad civil, con las dependencias de la administración pública federal y los ministerios públicos, a fin de establecer medidas que garanticen el contenido del presente artículo.

Artículo 65. En los procedimientos judiciales de adopción internacional deberá requerirse el informe de adoptabilidad por parte del Sistema Nacional DIF o de los Sistemas de las entidades en el ámbito de sus respectivas competencias. Una vez que el órgano jurisdiccional competente otorgue la adopción, previa solicitud de los adoptantes, la Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá la certificación correspondiente, de conformidad con los tratados internacionales.

Artículo 66. El Estado dará seguimiento a la convivencia y proceso de adaptación conforme a su nueva situación, mediante la coordinación con las dependencias públicas del país destino del menor de edad adoptado, con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar.

Artículo 67. Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología de las instituciones públicas y privadas que intervengan en procedimientos de adopción internacional, en términos de lo dispuesto en los tratados internacionales, deberán contar con la autorización y registro del Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las entidades en el ámbito de su competencia.

Artículo 68. La adopción internacional de un niño de nacionalidad mexicana procederá cuando se haya constatado por las autoridades correspondientes, que ésta responde al interés superior de la niñez, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de asignación del mismo para adopción nacional.

Capítulo TerceroDe los requisitos de los profesionales en el proceso de adopción

Artículo 69. Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología o carreras afines de las instituciones públicas y privadas, que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes psicosociales en materia de adopción, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en trabajo social, psicología o carreras afines;

II. Acreditar experiencia en temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia, familia, pareja o adopción;

III. Acreditar experiencia laboral mínima de dos años, en trabajo social o psicología, o en la atención de niñas, niños o adolescentes sujetos de asistencia social o solicitantes de adopción;

IV.Presentar carta compromiso por parte de la institución de asistencia privada que proponga al profesional de que se trate ante el Sistema Nacional DIF, y los Sistemas de las Entidades en el ámbito de sus respectivas competencias;

V. No haber sido condenado por delitos dolosos;

VI. Presentar constancia de la institución de asistencia privada en la que indique que las personas profesionales en trabajo social o psicología o carreras afines, son personas empleadas asalariadas con remuneración mensual fija, y

VII. El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades expedirán las certificaciones correspondientes y llevarán un registro de las mismas.

Artículo 70. Cuando las personas que laboren en las instituciones públicas y privadas contravengan los derechos de la niñez o incurran en actos contrarios al interés superior de la misma, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades Federativas revocarán la certificación y registrarán su cancelación definitiva.

Artículo 71. Las personas profesionales a quienes sea revocada la autorización serán inhabilitadas de forma definitiva para ejercer su profesión en cargos públicos relacionados con menores de edad, mediante procedimiento que la Procuraduría de Protección de la entidad federativa inicie ante la autoridad correspondiente y serán boletinadas por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las entidades, a fin de evitar adopciones contrarias al interés superior de la niñez. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables.

Para la revocación de las autorizaciones e inhabilitación a que se refiere este artículo, se seguirán las disposiciones en materia de procedimiento administrativo aplicables en el ámbito federal o de las entidades federativas, según corresponda.

Artículo 72. Cualquier persona podrá presentar una queja ante el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades en el ámbito de sus respectivas competencias, si considera que se actualizan los supuestos previstos en el presente capítulo.

Artículo 73. Las leyes federales y de las entidades federativas garantizarán el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente capítulo.

Artículo 74. Las autoridades competentes en materia de desarrollo integral de la familia e instituciones públicas y privadas ofrecerán orientación, cursos y asesorías gratuitas, así como servicios terapéuticos en materia de pareja, de maternidad y paternidad, estableciendo Escuelas para Padres Adoptivos, dándole prioridad al fortalecimiento de la familia, como prevención del problema; así también, promoverán mediante diversos programas y políticas públicas en coordinación con organismos de la sociedad civil y las autoridades competentes, la cultura de adopción. Para ello, las autoridades involucradas en la elaboración de la presente ley tomarán muy en cuenta la coordinación y cooperación entre instituciones gubernamentales y la sociedad civil organizada.

Artículo 75. Los organismos o instituciones debidamente acreditadas y autorizadas por el Sistema Nacional DIF acatarán la presente ley.

Capítulo CuartoDel Sistema DIF Nacional y los Sistemas estatales

Artículo 76. Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones aplicables, corresponde a la federación, a los estados, a los municipios y las delegaciones territoriales del Distrito Federal, a través del Sistema Nacional DIF y los sistemas estatales:

I. Proteger los derechos de la niñez, cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados, en términos de esta Ley y las demás disposiciones aplicables. La institucionalización procederá como último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar;

II. Realizar el proceso de orientación consistente en un proceso de información y asesoría profesional e individual, dirigida por el equipo multidisciplinario de los sistemas con el objeto de informar sobre los principios, derechos y consecuencias de la adopción el cual deberá constar en el expediente;

III. Fomentar y promover la estabilidad de la familia, teniendo como prioridad la unidad familiar y el fortalecimiento de los lazos entre el padre, la madre y los hijos, para evitar la separación de los niños, de quienes ejerzan la patria protestad, tutela o guarda y custodia, o de sus familiares biológicos, siempre y cuando sea en beneficio del infante;

IV. Proporcionar, de forma gratuita, los servicios de asistencia jurídica y orientación a los menores de edad, así como representación jurídica, en todo momento, conforme el menor de edad lo solicite;

V.Coadyuvar en la resolución de la situación jurídica de los niños, así como en la agilización y simplificación del trámite de adopción en su conjunto;

VI. Coadyuvar con las autoridades correspondientes para la eficaz resolución de los procedimientos;

VII. Ofrecer orientación a los padres biológicos del niño o quienes ejercen la patria potestad, que voluntariamente deseen dar en adopción a su hija o hijo, a fin de que puedan continuar con el procedimiento, en términos de respeto, confidencialidad y el mayor bien del menor de edad nacido; y

VIII. Todas las demás que resulten aplicables conforme a las leyes y reglamentos de la materia.

Artículo 77. En el caso de que los padres biológicos o uno de ellos en el caso de las madres o padres solteros, o bien quienes ejercen la patria potestad, deseen voluntariamente dar en adopción a su hija o hijo, deberán presentarse ante la institución pública o privada de su elección, manifestar los motivos por los cuales quieren entregarle, a fin de recibir de la institución la asesoría necesaria para que entiendan el alcance legal y emocional del hecho. Los Sistemas Estatales procurarán apoyar a los Centros de Asistencia Social para que, en estos casos, puedan ofrecer a los referidos en el presente párrafo los apoyos que sean necesarios y que sean reales, procurando de ser posible, una vez resueltos estos apoyos, que el menor se quede con sus padres.

Artículo 78. En caso de no desear el apoyo, y continuar en su decisión de entregar al menor de edad en adopción, se realizará el proceso de entrega ante el juez, para lo que se deberá de presentar el acta de nacimiento del menor, la identificación de quienes ejercen la patria potestad y el escrito con los motivos por los cuales desean realizar la entrega. La institución pública o privada que reciba a dicho menor lo protegerá desde el primer momento, informará del ingreso y de las condiciones de éste a la Procuraduría de Protección estatal y se encargará de tramitar el proceso de conclusión de patria potestad, conforme a la presente ley.

Artículo 79. El juez, al recibir la solicitud, contará con un término no mayor a 3 días hábiles para recibir a quienes están realizando la entrega, a la Procuraduría de Protección y al Centro de Asistencia Social que acogerá al menor. Ratificarán el escrito de solicitud ante la presencia del Juez y el Ministerio Público y la Procuraduría de Protección manifestará su conformidad para ejercer la tutela, así como el Centro de Asistencia Social la guarda y cuidado.

Artículo 80. El juez advertirá a los solicitantes que cuentan con un plazo de 15 días hábiles en los cuales podrán desistirse de realizar la entrega para lo que deberán de presentar escrito solicitando que se les reincorpore al menor por triplicado al Juez, a la Centro de Asistencia Social y a la Procuraduría dentro de los 15 días hábiles siguientes a esa fecha.

Artículo 81. Si después de los días mencionados en el párrafo anterior, no se recibe en ninguno de los tres lugares dicho escrito, la Procuraduría y el Centro de Asistencia Social solicitarán se dicte sentencia y ésta deberá de dictarse en un plazo no mayor a tres días hábiles, quedando firme en los términos que señala la ley, donde deberán de comparecer los apoderados de la Procuraduría de Protección a protestar su cargo.

Artículo 82. La institución pública o privada que acoge al menor, vigilará que sea entregado en adopción a los solicitantes que se encuentren en la lista de espera primeramente de su institución en caso de que existieren, posteriormente de Centros de Asistencia Social de su estado a través del apoyo de la Procuraduría de Protección, después se agotarán los solicitantes nacionales y finalmente se procederá a su colocación en adopción internacional.

Título SéptimoDe la Competencia Jurídica

Capítulo ÚnicoDe las autoridades judiciales y administrativas

Artículo 83. Cualquier asunto relativo a la adopción deberá resolverse por la autoridad judicial, ante el juez especializado, con auxilio de las autoridades administrativas en la materia.

Para efectos de lo anterior, cada entidad federativa adaptará al menos un juzgado especializado en materia de adopción, mismo que operará con el mismo personal, presupuesto y recursos con que operaba anteriormente como juzgado de lo familiar, a fin de atender exclusiva y expeditamente todo lo relativo a la presente ley, incluyendo resoluciones de pérdida de patria potestad. Lo anterior no será aplicable en aquellos estados que cuenten con menos de tres juzgados familiares.

Artículo 84. Las personas interesadas en adoptar, conforme al artículo 11 de la presente ley, podrán presentar ante las Procuradurías de Protección de su Entidad Federativa o ante los Centros de Asistencia Social la solicitud correspondiente, así como llenar el formato único de adopción, a fin de que iniciar el trámite de la Carta de viabilidad. A partir de la entrega completa de la documentación solicitada por la presente ley, incluyendo el formato lleno, para el trámite de adopción, la Procuraduría tendrá un máximo de 30 días hábiles para la realización de los estudios mencionados en este ordenamiento. Una vez cumplimentado lo anterior, la Procuraduría resolverá sobre el otorgamiento de la Carta de viabilidad a los solicitantes.

Artículo 85. Si el procedimiento se inició ante un Centro de Asistencia Social, este llevará a cabo la recepción de documentos y formato, así como la elaboración de los estudios correspondientes conforme a esta ley y a sus políticas internas, siempre en fortalecimiento del proceso y una vez cumplimentado lo anterior, deberá emitir una resolución de viabilidad o no viabilidad, misma que remitirá a la Procuraduría, con sus respectivas valoraciones, a fin de que la Procuraduría de Protección pueda emitir la Carta de viabilidad. En este caso la Procuraduría de Protección contará con 10 días hábiles para ello.

Artículo 86. En los casos de los artículos 84 y 85 de la presente Ley, se inscribirá la Carta de viabilidad en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social e informar al Centro de Asistencia Social que remitió el procedimiento.

Artículo 87. Las Procuradurías de Protección inscribirán en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, las solicitudes y procedimientos de adopción desde su inicio, asentando sus nombres completos, entidad federativa, fechas de nacimiento y fecha de inicio del proceso, institución donde realizaron el proceso, perfil de niño recomendado para favorecer su máximo desarrollo y otros datos relevantes que consideren la Procuraduría de Protección y el Centro de Asistencia Social correspondiente. Los Centros de Asistencia Social que reciban solicitudes de Adopción deberán informar de sus procedimientos, desde su inicio, a las Procuradurías de Protección, a fin de incluir dicha información conforme a lo anterior, en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.

Artículo 88. Las Procuradurías de Protección, en la emisión de los Certificados de Idoneidad, tomarán en cuenta el orden de los solicitantes, considerando para ello la entidad federativa correspondiente y la fecha de emisión de la carta de viabilidad.

Artículo 89. Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las valoraciones psicológica, económica, de trabajo social y todas aquéllas que sean necesarias para determinar la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos de lo dispuesto por las leyes aplicables. Una vez determinada la idoneidad, otorgará a los solicitantes la carta de viabilidad respectiva, aun cuando no se tenga aún el certificado de idoneidad y/o no se encuentre aún al menor que será otorgado en adopción a dichos solicitantes.

Artículo 90. La asignación de niñas, niños y adolescentes sólo podrá otorgarse por resolución judicial, mediando previamente el certificado de idoneidad. Para tal efecto, se observará lo siguiente:

I. Los menores de edad, siempre que sea posible de acuerdo con su edad, desarrollo cognoscitivo y grado de madurez, serán escuchados y su opinión será fundamental para la determinación que adopte el órgano jurisdiccional competente;

II. Se tomará en cuenta que las condiciones en la familia de acogimiento pre-adoptiva o adoptiva sean adecuadas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez;

III. Se tomará en consideración el grado de parentesco; la relación de afinidad y de afectividad; el origen, la comunidad y las condiciones culturales en que se desarrollen niñas, niños y adolescentes, y

IV. Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero si hubiere necesidad de ello, se requerirá resolución judicial correspondiente y se establecerán medidas para que mantengan vínculos de convivencia, contacto y comunicación permanente.

Artículo 91. Las Procuradurías de Protección podrán, en aquellos casos que por las características del menor y buscando su mayor interés lo ameriten, sugerir al juez la entrega del niño en adopción bajo la figura de familia de acogida pre-adoptiva. En caso de considerarlo procedente, el juez determinará, como un paso del procedimiento de adopción, a su juicio, conforme a los elementos de estudio del caso, un período pertinente de tiempo en el que la Procuraduría deberá dar especial seguimiento a la convivencia entre adoptantes y adoptado y al proceso de adaptación conforme a su nueva situación, con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar. Para tal efecto la resolución judicial que transfiere la patria potestad, contendrá la resolución suspensiva correspondiente a dicho período preadoptivo, que en ningún caso deberá ser superior a 3 meses.

Artículo 92. En los casos que las Procuradurías de Protección constaten que no se consolidaron las condiciones de adaptación del menor de edad con la familia de acogida pre-adoptiva, procederán a reincorporarlo al sistema que corresponda y se realizará, en su caso, una nueva asignación. La adopción y por tanto el otorgamiento de la patria potestad, no se configuran hasta finalizado el tiempo de acogimiento pre-adoptivo determinado por el juez.

Artículo 93. En caso de que se dieren las condiciones suficientes para la permanencia del menor de edad en la familia de los solicitantes, al término del plazo preadoptivo establecido por la resolución judicial, obrará de forma automática el término de la condición suspensiva y se entenderá cumplida la resolución judicial que otorga la patria potestad.

Artículo 94. Cuando se verifique cualquier tipo de violación a los derechos de los menores de edad asignados, durante el período de vigencia de la familia de acogimiento pre-adoptivo, el sistema competente revocará la asignación y ejercerá las facultades que le otorgan la presente ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 95. Para efectos del último párrafo del artículo anterior, la autoridad judicial resolverá sobre la situación jurídica de dicho menor de edad en un término no mayor a 30 días naturales, a fin de brindarle certeza jurídica.

Artículo 96. Cuando se trate de menores de edad abandonados o de menores de edad retirados de sus padres por el Sistema Nacional DIF o por los Sistemas estatales o liberados de la patria potestad por resolución judicial, se notificará a los miembros de la familia extensa, concediéndoles 15 días naturales para reclamar a los niños y recuperarlos conforme al artículo 28 de la presente ley, equiparándose dichos familiares a solicitantes.

En caso de no reclamar, transcurridos 15 días naturales, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas estatales deberán iniciar el trámite de la pérdida de la patria potestad ante el juez de la materia en un máximo de 8 días naturales.

Artículo 97. Toda persona que encuentre a un expósito deberá presentarlo de forma inmediata ante el Ministerio Público o, en su defecto, con cualquier autoridad de seguridad pública, para que sea entregado a la autoridad correspondiente para su guarda y custodia.

Artículo 98. En el caso de los expósitos se realizará de forma inmediata el reporte bajo el programa vigente de localización de personas desaparecidas, y tras 2 meses transcurridos, sin que haya reclamo alguno, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas estatales, iniciarán el trámite de pérdida de la patria potestad en un plazo no mayor a 8 días naturales ante el juez, conforme a la presente ley, a fin de que se inicie de manera pronta el procedimiento de adopción. La institución encargada del programa vigente de localización de personas desaparecidas, tras los 2 meses mencionados en el presente artículo, emitirá una resolución pública manifestando que dicho menor de edad no fue reportado robado ni desaparecido y que nadie se presentó a reclamarlo. La Procuraduría, junto con el acta de nacimiento que se levante, presentará dicha resolución ante el juez que resuelva la conclusión o pérdida de la patria potestad, a fin de liberarlo para su adopción.

Artículo 99. La autoridad administrativa extenderá el Certificado de Idoneidad, tras la realización de la solicitud, los análisis, entrevistas y resolución conforme a la legislación local y al reglamento de la presente ley. Dicho proceso, desde la solicitud ante el Sistema estatal o nacional, hasta la emisión de la Carta de viabilidad, no deberá exceder de 30 días hábiles. En caso de que la autoridad, en casos excepcionales y debidamente justificados ante el Instituto, requiera mayores informes, podrá ampliar el plazo hasta por 15 días hábiles más.

Artículo 100. Los solicitantes entregarán toda la documentación en dos tantos, a fin de que las autoridades administrativas puedan llevar a cabo la digitalización y archivo del expediente, a la vez que remitir el segundo tanto original al juzgado especializado, junto con el certificado de idoneidad, en caso de ser procedente, a fin de eliminar la doble requisición de documentos, absteniéndose el juez en todo caso de volver a requerir a los solicitantes de la documentación del expediente que conforme al Reglamento de la presente ley les fue solicitado a los solicitantes.

Artículo 101. La autoridad administrativa remitirá todo el expediente y el certificado, conforme a la presente ley en un plazo no mayor a diez días hábiles y sólo podrá ampliar el plazo por única ocasión, por 5 días hábiles adicionales.

Artículo 102. Una vez atendidas las consideraciones de los artículos anteriores, la autoridad judicial deberá resolver en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de recibido, concediendo o, de ser el caso fundado, denegando la autorización para la adopción.

Artículo 103. El juez podrá omitir la solicitud de los exámenes médicos, económicos y psicológicos así como cualquier otro documento ya considerado previamente durante el procedimiento administrativo de obtención del certificado de idoneidad.

Artículo 104. Tratándose de juicios que resuelvan sobre la patria potestad de un menor, la Procuraduría de Protección remitirá al juez correspondiente, bajo la más estricta diligencia y celeridad, en un plazo de 10 días hábiles a partir del otorgamiento de la resolución judicial, el certificado de idoneidad del menor, incluyendo en él, la propuesta de solicitantes que cuenten ya con la Carta de viabilidad otorgada. En caso de no ser adoptable, la Procuraduría de Protección deberá presentar, ante el Sistema de Protección, en el mismo plazo mencionado, las razones y fundamentación de su dictamen de no adoptabilidad.

Artículo 105. Atendiendo la sentencia positiva de adopción, el juez correspondiente remitirá las diligencias al Registro Civil en un plazo no mayor a 10 días hábiles para levantar el acta correspondiente.

Artículo 106. A fin de valorar la adaptación del menor de edad a la nueva familia y al entorno, así como conocer la evolución de su desarrollo en todos los aspectos, se dará seguimiento post adoptivo cada seis meses por lo menos durante tres años, conforme al procedimiento especificado en el reglamento de la presente ley.

Artículo 107. Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad, tendrán derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos, previa notificación a las personas afectadas. Las Procuradurías de Protección prestarán a través de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que precisen para hacer efectivo este derecho.

Artículo 108. Las autoridades judiciales y las autoridades administrativas asegurarán la conservación de la información de que dispongan relativa a los orígenes del menor de edad, en particular la información respecto a la identidad de sus progenitores, así como la historia médica del menor de edad y los datos referentes a su familia adoptiva.

Artículo 109. Para efectos de lo anterior, el juez de la materia podrá requerir a cualquier entidad privada o pública, los informes y antecedentes necesarios sobre el menor de edad y su familia de origen.

Artículo 110. Los padres adoptantes que regresen a un menor de edad, una vez que les fue otorgado en adopción, quedarán boletinados en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF y no podrán solicitar de nuevo el trámite de adopción en el territorio nacional ni recibir certificado de idoneidad para efectos de adopción internacional de un menor de edad extranjero.

Los menores de edad en estos casos, deberán recibir atención profesional inmediata, con la finalidad de prevenir y tratar posibles afectaciones.

Artículo 111.El juez velará para que las actuaciones judiciales en todo momento sean continuas, evitando bajo su más estricta responsabilidad la inactividad procesal, incluyendo el juicio de pérdida de patria potestad. Para ello, tendrá un plazo de hasta 60 días hábiles, a partir de la recepción de la solicitud o demanda de juicio, para resolver acerca de la situación jurídica y patria potestad de un menor de edad, pudiendo prorrogar por una ocasión, hasta por 60 días hábiles, dicho plazo. El Poder Judicial de cada Entidad Federativa establecerá mecanismos efectivos de seguimiento de esta disposición y sancionará conforme a las leyes respectivas, a aquellos miembros o funcionarios del poder judicial que retrasen, omitan o entorpezcan el cumplimiento y celeridad de los juicios que resuelvan sobre la patria potestad de los menores de edad.

Artículo 112. Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia estarán facultados para iniciar el proceso, mediante las solicitudes que para ese efecto reciban, hasta la cumplimentación del expediente, una vez realizados los estudios correspondientes conforme al Reglamento de la presente ley. Dicho expediente será remitido por los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia al Sistema estatal con el fin de requerir la emisión del Certificado de idoneidad.

Artículo 113. Para la integración del expediente, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia contará con un plazo de 15 días hábiles, más 5 días hábiles para su envío a la sede del Sistema Estatal correspondiente. Una vez recibido el mismo, el Sistema Estatal contará con 10 días hábiles para la emisión del Certificado de Idoneidad correspondiente.

Título OctavoDel Instituto Nacional de Adopción

Capítulo Único Del Instituto Nacional de Adopción

Artículo 114. El Instituto Nacional de Adopción es un órgano público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Artículo 115. El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten las adopciones, mediante la coordinación institucional e interinstitucional y el diseño de programas y políticas públicas en materia de adopción, para su aplicación por las autoridades a las que se refiere la presente ley, así como incentivar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.

Artículo 116. La integración del Instituto, así como sus procedimientos de convocatoria y reunión, y todo lo referente a su funcionamiento, obrará conforme a su respectivo reglamento.

Artículo 117. El instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover, proteger y difundir los derechos de los niños consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México, en esta Ley, así como en las leyes de la materia;

II. Impulsar el fortalecimiento de la familia, como medida de protección preventiva y fundamental del derecho del niño a pertenecer a la misma, con el objeto de reducir el número de menores de edad en situación de necesidad de restitución de este derecho;

III. Promover e impulsar, en el ámbito de su competencia, la cultura de la adopción, incentivando el aumento de familias adoptivas y su comprensión adecuada de dicha institución y del interés superior del niño;

IV. Coadyuvar e impulsar la agilización y simplificación de las adopciones;

V. Apoyar la formulación de las políticas públicas gubernamentales en materia de adopción;

VI. El diseño y propuesta de la política de coordinación permanente entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que se encargan de las adopciones, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado en la misma materia;

VII. Vigilar continuamente que los procedimientos en el marco de esta ley fluyan de forma ágil y simple, y que las autoridades y los Centros de Asistencia Social cumplan con sus obligaciones y plazos en relación al proceso de adopción. Para lo anterior, el Instituto contará con acceso completo al Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, y podrá solicitar información sobre los procedimientos a las autoridades administrativas de los tres órdenes de gobierno, así como a los Centros de Asistencia Social, emitiendo las recomendaciones que considere pertinentes, conforme a su reglamento;

VIII. Establecer vínculos de colaboración con las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, con los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impulsar acciones legislativas en la materia;

IX. Llevar a cabo recomendaciones, investigaciones y cabildeo de presupuesto para los fines de la presente ley y la promoción del interés superior del niño en torno a la adopción;

X. Establecer relaciones permanentes con las Procuraduría de Protección federal y, entidades federativas y municipios, para proponer medidas de prevención contra cualquier forma de violación de los derechos de los niños;

XI. Propiciar y en su caso, participar en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la firma y cumplimiento de los instrumentos acordados en el ámbito internacional y regional, relacionados con la adopción internacional;

XII. Participar y organizar foros y eventos para el intercambio de experiencias e información tanto de carácter nacional como internacional sobre los temas de niñas, niños y adolescentes;

XIII. Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta Ley; y

XIV. Cualquier otra función que se considere pertinente para el efectivo cumplimiento de sus atribuciones y el cumplimiento de la presente ley.

Título NovenoDe las actas de adopción

Capítulo ÚnicoDe las actas de adopción

Artículo 118. Dictada la resolución judicial definitiva que autorice la adopción, el Juez, dentro del término de diez días hábiles, remitirá copia certificada de las diligencias al Juez del Registro Civil que corresponda, a fin de que, con la comparecencia del adoptante, se levante el acta correspondiente.

Artículo 119. La falta de registro de la adopción no quita a ésta sus efectos legales; lo anterior sin detrimento de las penas establecidas al responsable en el Código Civil de la Federación.

Artículo 120. El acta para los efectos del presente capítulo contendrá los elementos y características propias del acta de nacimiento, en los mismos términos que la que se expide para los hijos consanguíneos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 121. En la adopción a partir del levantamiento del acta a que se refiere el artículo anterior se harán las anotaciones en el acta de nacimiento originaria, la cual quedará reservada. No se publicará ni se expedirá constancia alguna que revele el origen del adoptado ni su condición de tal, salvo providencia dictada en juicio.

Títuto DécimoInfracciones y Sanciones

Capítulo ÚnicoDe las infracciones y sanciones

Artículo 122. Son sanciones administrativas en términos de la presente ley:

I. Multa;

II. Destitución;

III. Inhabilitación;

IV. Suspensión; y

V. Clausura.

Artículo 123. Los servidores públicos que por acción u omisión transgredan los derechos de los menores de edad contenidos en la presente ley, serán sujetos de las sanciones administrativas previstas en esta Ley, sin menoscabo de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos de los estados y las leyes orgánicas del Poder Judicial, federal y local.

Artículo 124. Las leyes de las entidades federativas establecerán las infracciones y las sanciones que resulten aplicables en el ámbito de sus respectivas competencias y los procedimientos para su imposición e impugnación, así como las autoridades competentes para ello.

Artículo 125. La sanción económica procederá contra el servidor público que sin causa justificada, incumpla las obligaciones o los plazos establecidos por la presente ley. Dicha sanción será de cincuenta a trescientas veces el salario mínimo general vigente o bien la unidad de valor que establezca la ley en la materia.

En caso de reincidencia, además de la sanción económica procederá la destitución.

Artículo 126. La destitución del empleo, cargo o comisión procederá contra el servidor público cuando incumpla las obligaciones previstas por esta ley, como consecuencia de un acto u omisión, obtenga lucro o cause daños y perjuicios a la administración pública o a los sujetos protegidos por la presente Ley. Además, se impondrá sanción económica equivalente al doble del monto obtenido indebidamente.

Artículo 127. La inhabilitación procederá contra el servidor público cuando incumpla las obligaciones previstas por esta ley, como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro al servidor público o cause daños y perjuicios a la administración pública o a los sujetos protegidos por la presente Ley, cuando el monto de aquellos sea mayor a cien veces y menor de trescientas veces el salario mínimo general vigente o el que se establezca en la ley en la materia será de uno a cinco años y de cinco a diez años si excede de dicho límite.

Artículo 128. Las infracciones cometidas por los Centros de Asistencia Social de las instituciones acreditadas que funcionen sin autorización del Sistema Nacional DIF o por los Sistemas estatales en el ámbito de sus respectivas competencias, serán sancionadas con multa equivalente de dos mil a cinco mil veces el salario vigente o el que establezca en su equivalente la ley correspondiente al momento de cometer la infracción y clausura.

Artículo 129. Las infracciones cometidas por los Centros de Asistencia Social de las instituciones acreditadas que funcionen con autorización del Sistema Nacional DIF o los Sistemas estatales, serán sancionadas por la autoridad competente en los términos siguientes:

I. Con multa equivalente de cincuenta a dos mil veces el salario mínimo general vigente o el equivalente en la unidad que corresponda conforme a las disposiciones legales correspondientes, por incumplir las obligaciones contenidas en la presente ley.

II. Con multa equivalente de cincuenta a quinientas veces el salario mínimo general vigente al momento de cometer la infracción, por incumplir las funciones que el Sistema Nacional DIF o de los Sistemas estatales según sea el caso, le haya delegado en materia de adopciones. Con multa equivalente de quinientas a dos mil veces el salario mínimo general vigente, por desempeñar funciones que no hayan sido delegadas en materia de adopciones. Ambas sanciones conforme a la unidad de valoración de la sanción vigente al momento de la infracción.

Además de las multas previstas en el presente artículo se podrá imponer la suspensión, y en caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa y se aplicará conjuntamente con cualquiera de las sanciones contempladas, incluyendo la clausura. Se entiende por reincidencia que el infractor cometa la misma violación a las disposiciones de esta Ley, dos o más veces dentro del período de cinco años contado a partir de la fecha en que se le hubiere notificado la sanción inmediata anterior.

Las multas serán aplicadas de acuerdo al salario mínimo vigente o de acuerdo a la unidad fijada por la ley de la materia.

Artículo 130. Cuando las personas que laboren en los Centros de Asistencia Social de las instituciones acreditadas contravengan los derechos de los menores de edad e incurran en actos contrarios al interés superior del niño, además de las sanciones descritas anteriormente, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas estatales, revocará la autorización otorgada a esa persona y será boletinada en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.

Cualquier persona podrá presentar una queja ante la Procuraduría Federal o estatal de Protección según sea el caso, si considera que se actualizan los supuestos previstos en este artículo.

Artículo 131. Al interesado en reintegrar ilegalmente a su núcleo familiar a un menor de edad albergado o al solicitante que infrinja las disposiciones establecidas en esta Ley, falsee información o intencionalmente oculte otra que se debiera conocer o se advierta que por negligencia obstaculice algún procedimiento, se le cancelará el trámite; el Sistema Nacional DIF y los Sistemas estatales, o cualquier persona que tenga conocimiento del hecho, lo hará del conocimiento del Ministerio Público para los efectos legales que procedan.

Artículo 132. Los jueces que conozcan del procedimiento de adopción y que contravengan lo dispuesto por la presente ley serán sancionados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en La Ley Orgánica los Poderes Judiciales de los Estados, según sea el caso.

Artículo 133.El juez que se negase a llevar a cabo el juicio de pérdida de la patria potestad, sin fundada razón para ello, conforme a la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta a cien días de salario mínimo general o su equivalente en la unidad que fije la ley en la materia.

Artículo 134. La misma sanción del párrafo anterior será aplicada al Oficial del Registro Civil que no registre el acta de adopción correspondiente.

Artículo 135. Al Oficial del Registro Civil que expida constancia mediante la cual se revele el origen del adoptado, sin que medie resolución judicial, será acreedor a la suspensión, en tanto dure el procedimiento administrativo disciplinario y, en su caso, procederá la destitución del empleo, cargo o comisión, así como la sanción económica de cincuenta a cien días de salario mínimo general vigente o lo que aplique su equivalente la ley en la materia, además de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas de uno a diez años.

Artículo 136. Al solicitante que posterior a la entrega del Certificado de Idoneidad y del acta definitiva de guarda y cuidado, manifieste la negativa de continuar con el trámite de adopción, se cancelará la solicitud y se boletinará en la Procuraduría federal o estatal según corresponda.

Al solicitante que habiendo obtenido el Certificado de Idoneidad y el acta definitiva de guarda y cuidado, no realice la entrega de la documentación correspondiente, para el inicio del juicio de adopción en un plazo no mayor de quince días hábiles, se cancelará su solicitud. Durante dicho periodo, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas estatales según corresponda, tomarán las medidas preventivas necesarias para garantizar el interés superior del niño, protegiendo su integridad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 120 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones del ámbito federal y en el ámbito local que se opongan a la presente ley.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, para su armonización dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

En caso de que no realicen las adecuaciones en el plazo previsto, dejarán de tener vigencia las disposiciones locales en materia de adopción y se aplicará la presente ley, hasta que las mismas realicen las adecuaciones correspondientes.

Cuarto. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el Ejecutivo federal en un plazo no mayor a los 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Quinto. Los Centros de Asistencia Social que se encuentren operando con antelación a la entrada en vigor del presente decreto contarán con un plazo de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por la Ley.

Sexto. El Ejecutivo contará con un plazo de 120 días naturales contados a partir de la publicación del presente decreto para expedir el Reglamento del Instituto Nacional de la Adopción.

Séptimo. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los Sistemas estatales, realizarán las acciones necesarias para que la implementación de las presentes modificaciones se lleve a cabo con los recursos aprobados en su presupuesto, por lo que no requerirán recursos adicionales para tales efectos y no incrementarán su presupuesto para el presente ejercicio fiscal.

Octavo. Los Poderes Judiciales estatales establecerán por lo menos un juzgado especializado en materia de adopción en cada estado, convirtiendo para ello uno de los juzgados familiares ya existentes.

Nota:

1 Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, serie Reformas Legislativas con perspectiva de Género, Volumen 2, breve panorama de la adopción en México, página 17

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.— Diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, Abdies Pineda Morín, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alejandro González Murillo, Ana Guadalupe Perea Santos, Gonzalo Guízar Valladares, Hugo Éric Flores Cervantes, Jose Alfredo Ferreiro Velazco, Melissa Torres Sandoval (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Martínez. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Derechos de la Niñez, para opinión.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por tres minutos la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud.

La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez: Con su venia, señor presidente. Estimadas compañeras y compañeros diputados, el ejercicio de profesiones en nuestro país se encuentra en una dinámica cada vez más difícil. Se vive en un campo laboral poco remunerado y bastante complicado.

Aún con estas problemáticas, encontramos que muchas profesiones son ejercidas por charlatanes que ofrecen sus servicios sin tener una preparación o instrucción adecuada. Me refiero particularmente a los servicios médicos sobre cirugía estética y reconstructiva. Un tema que ha sido discutido en diferentes campos de la sociedad mexicana, pero poco apoyado a la hora de legislar.

La certificación profesional es un medio que asegura que el ejercicio sea eficaz, oportuno, seguro y de calidad. El artículo 38, fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que: “corresponde a la Secretaría de Educación Pública vigilar con auxilio de las asociaciones de profesionistas el correcto ejercicio de las profesiones”.

Las asociaciones y los colegios de profesionistas han desempeñado un papel destacado en la difusión de normas éticas y en el ejercicio honrado y digno de la actividad profesional.

Sin embargo, en los últimos años, han proliferado en México los técnicos y auxiliares que hacen las veces de médicos y que se ostentan con diplomas falsos o expedidos por instituciones sin registro oficial ante la Secretaría de Educación Pública y que brindan servicios de salud en consultorios clandestinos, donde realizan cirugías –en el mayor de los casos– a pacientes con escasos recursos, que por ahorrar dinero, se someten a prácticas quirúrgicas que ponen en riesgo su vida.

Analizando estos problemas sanitarios, resulta ser que la cirugía estética es la que presenta un mayor número de casos de personas afectadas por malas prácticas. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el segundo trimestre del 2014, en México había poco más de 343 mil 700 personas que estudiaron medicina.

De los profesionistas médicos que son activos económicamente, la población ocupada asciende a 277 mil 177 personas que equivale al 98.6 por ciento. Según la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, en el país existen más de 20 mil médicos cirujanos plásticos falsos o mejor conocidos como charlatanes.

La Asociación informó que por cada cirujano médico reconstructor especializado, existen 15 personas que se dicen especialistas sin serlo, y que aplican en cuerpos humanos productos como aceite de cocina, aceite de coche, así como parafina y silicón industrial, que pueden provocar enfermedad por modelantes hasta amputación o la muerte.

México ocupa el tercer lugar dentro del ranking internacional de procedimientos de cirugía estética, sólo superado por Estados Unidos de América y Brasil. Según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, esto se traduce en una gran cantidad de personas que se someten a este tipo de cirugía y la situación es alarmante. Si existen este tipo de casos, es porque cada vez es más común que personas se ostenten como profesionales de la medicina con diplomas sin ninguna validez, o se respaldan con cursos, muchos de ellos realizados a través de internet, que no acreditan que los conocimientos sean suficientes para llevar a la práctica cirugías de todo tipo.

En atención a lo que se ha planteado, es urgente que se regule la actividad de quienes ejercen funciones médicas sin las actitudes correspondientes. Es pertinente reformar el artículo 79 de la Ley General de Salud para que se incluya a la cirugía estética y reconstructiva, dentro de las actividades que requieren que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, de igual forma cuando se realicen como una cautividad técnica y auxiliar para que de esta forma haya una mayor claridad en el ordenamiento legal respectivo.

Con anterioridad hemos legislado contra las clínicas clandestinas, pero es hora de reformar los lineamientos de las profesiones para poder intervenir quirúrgicamente. Es necesario, debido a la gran cantidad de cirugías que se realizan en nuestro país a diario. Es un tema no solo de salud pública...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.

La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez: Sino de dotar de certidumbre profesional en el ejercicio de la medicina. Y ante ustedes propongo la siguiente iniciativa de reforma, esperando ser apoyado por la mayoría de este órgano colegiado. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Elvia Graciela Palomares Ramírez, diputada federal en la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el segundo trimestre de 2014, en México había poco más de 343 mil 700 personas que estudiaron medicina. De los profesionistas médicos que son activos económicamente, la población ocupada asciende a 277 mil 177 personas (98.6 por ciento).

En México, se calcula que aproximadamente hay 1.9 médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en el país y que algunas entidades federativas están por arriba del promedio nacional, destacando el Distrito Federal, Baja California Sur y Nuevo León con alrededor de 3 médicos por cada mil habitantes, en contraste, Guerrero y Zacatecas registran 1 médico por cada mil habitantes.

En nuestro país, cada año se gradúa una cantidad considerable de médicos que, cumpliendo con los requisitos de internado médico de pregrado, así como con las prácticas suficientes, logran su certificación profesional y posteriormente su incorporación a la asociación médica donde se hayan especializado.

La certificación profesional es un medio que asegura que el ejercicio profesional sea eficaz, oportuno, seguro y de calidad, respecto a la vigilancia del ejercicio profesional en general. El artículo 38, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que corresponde a la Secretaría de Educación Pública “vigilar, con auxilio de las asociaciones de profesionistas, el correcto ejercicio de las profesiones”, asimismo, el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional dispone que “dependiente de la Secretaría de Educación Pública se establecerá una dirección que se denominará: Dirección General de Profesiones, que se encargará de la vigilancia del ejercicio profesional y será el órgano de conexión entre el Estado y los colegios de profesionistas” por tal motivo, es una facultad de la Dirección General de Profesiones promover la regulación de los procesos de certificación de profesionales.

De acuerdo a la Dirección General de Profesiones, la certificación profesional representa un medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes son los profesionistas que han alcanzado la actualización de sus conocimientos y una mayor experiencia en el desempeño de su profesión o especialidad, con el propósito de mejorar su desarrollo profesional, obtener mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profesionalización.

Las asociaciones y colegios de profesionistas han desempeñado un papel destacado en la difusión de normas éticas y en el ejercicio honrado y digno de la actividad profesional. Algunos consejos han desarrollado esquemas de evaluación y procedimientos para la certificación de los conocimientos y la experiencia de quienes ejercen una profesión con responsabilidad. Con estos procesos se han certificado profesionistas con diversos niveles de especialización.

Planteamiento del Problema

En los últimos años, han proliferado en México los “técnicos” y “auxiliares” que hacen las veces de médicos y que se ostentan con diplomas falsos o expedidos por instituciones sin registro oficial ante la Secretaria de Educación Pública y que brindan servicios de salud en consultorios clandestinos donde realizan cirugías, en el mayor de los casos, a pacientes de escasos recursos, que por ahorrar dinero, se someten a prácticas quirúrgicas que ponen en riesgo su vida.

Analizando estos problemas sanitarios resulta ser que la cirugía estética es la que presenta un mayor número de casos de personas afectadas por malas prácticas. Según datos de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (AMCPER), en el país existen más de 20 mil médicos cirujanos plásticos falsos o mejor conocidos como “charlatanes”.

La Asociación informó que por cada cirujano médico reconstructor especializado, existen 15 personas que se dicen especialistas sin serlo y que aplican en cuerpos humanos productos como aceite de cocina, de coche o para bebé, así como parafina y silicón industrial, que pueden provocar enfermedad por modelantes hasta la amputación o la muerte.

México ocupa el tercer lugar dentro del ranking internacional en procedimientos de cirugía estética, solo superado por Estados Unidos de América y Brasil, según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés). Esto se traduce en una gran cantidad de personas que se someten a este tipo de cirugías, y tomando en cuenta las cifras de la AMCPER, la situación es alarmante.

Y si existen este tipo de casos, es porque cada vez es más común que personas se ostenten como profesionales de la medicina con diplomas sin ninguna validez oficial o se respaldan con cursos, muchos de ellos a través de la Internet, que no acreditan que los conocimientos sean suficientes para llevar a la práctica cirugías de todo tipo.

Contenido de la iniciativa

En atención a los que se ha planteado, es urgente que se regule la actividad de quienes ejercen funciones médicas sin las aptitudes correspondientes. Es pertinente reformar el artículo 79 de la Ley General de Salud para que se incluya a la “cirugía estética y reconstructiva” dentro de las actividades que requieren que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, de igual forma cuando se realicen como una actividad técnica y auxiliar, para que de esta forma haya una mayor claridad en el ordenamiento legal respectivo.

Igualmente, se contempla una sanción administrativa que podrá ser la clausura temporal o definitiva, parcial o total según la gravedad de la infracción y las características de la actividad o establecimiento, a quienes en sus anuncios, en los documentos, papelería o en la publicidad, indiquen la leyenda de “registró en trámite” o cualquier otra similar. Esto con la finalidad de evitar que personas ejerzan sin tener los respaldos correspondientes para el ejercicio de la medicina, sea de cualquier especialidad, sin limitarse a una sola.

Para una mayor claridad en el contenido de la presente iniciativa, los cambios propuestos quedarían de la siguiente manera:

Es preciso hacer los cambios a la Ley General de Salud frente a los retos actuales que el ejercicio indebido de la medicina nos presenta. El principal objetivo de esta iniciativa, es asegurar que los profesionales de la medicina, sobre todo aquellos que realizan procedimientos quirúrgicos, cuenten con entrenamiento, habilidades, destrezas y pericia que exige su ejercicio.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud

Primero.Se reforman los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología, cirugía estética y reconstructiva y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento, cirugía estética y reconstructiva y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Artículo 83.- ...

Quienes en su anuncio, en los documentos, papelería o en la publicidad a que se refiere el párrafo anterior, indiquen la leyenda de “registro en trámite” o cualquier otra similar, estará a lo dispuesto en la fracción IX del artículo 425 de esta Ley.

Artículo 425.- Procederá la clausura temporal o definitiva, parcial o total según la gravedad de la infracción y las características de la actividad o establecimiento, en los siguientes casos:

I. a VIII. ...

IX. Cuando en los anuncios, en los documentos, papelería o en la publicidad a que se refiere el primer párrafo del artículo 83 de esta ley, se indique la leyenda de “registro en trámite” o cualquier otra similar.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015. — Diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez(rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Palomares. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Lilia Arminda García Escobar, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La diputada Lilia Arminda García Escobar: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como ya lo dijo el científico Rodolfo Neri Vela, el conocimiento científico y tecnológico y la capacidad para innovar son elementos que contribuyen a incrementar la productividad de las naciones y sus niveles de bienestar.

La experiencia internacional muestra que el desarrollo de los países se basa cada día más en su capacidad para generar, asimilar y transferir conocimiento, pues de esa manera se crean bienes y servicios de valor agregado que enriquecen sus posibilidades de desarrollo interno y elevan su posición en un entorno global cada día más interconectado y competitivo.

Aunque, en nuestro país el indicador de gasto en investigación científica y desarrollo experimental ha pasado de 0.43 por ciento respecto al producto interno bruto en 2012 a un 0.54 por ciento en 2014, y se espera que en 2015 este alcance y pueda ser superior a 0.56 por ciento.

Aún se está lejos de la meta que se ha fijado la actual administración de poder llegar a una inversión pública y privada del 1 por ciento con respecto al producto interno bruto. Esto último en concordancia con el artículo 25 de la Ley General de Educación y el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Lo anterior se agrava cuando se conoce que aún para el año 2015, el incremento del gasto público federal para la función ciencia y tecnología e innovación, fue de 32.7 por ciento, el 78.30 por ciento del mismo se destina para gasto corriente, dejando únicamente el 21.70 por ciento, equivalente a poco más de 17 millones para gasto de inversión, que es tan necesario para la modernización y ampliación de las actividades que conforman el rubro. Una cifra que se aleja mucho de un nivel de compromiso alto.

Ante este panorama, Acción Nacional considera que es urgente realizar acciones para consolidar la inversión en ciencia y tecnología e innovación, sí, a nivel nacional, pero, sobre todo, a nivel estatal, dadas las diferencias en desarrollo y las carencias que existen entre las entidades federativas en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Por lo anteriormente dicho, la iniciativa que hoy presentamos tiene como fin impulsar e incentivar la inversión pública de los estados en materia de infraestructura para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Porque sin duda, este es un elemento clave para consolidar las fortalezas de un país con desarrollo y competitividad.

Por ello, hoy a nombre de mi grupo parlamentario, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, afín de que uno de los destinos en que se aplican los recursos pertenecientes al 54 por ciento del fondo de aportaciones múltiples, actualmente destinados a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria, según las necesidades de cada nivel, sea la construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, dando prioridad al financiamiento de los proyectos pertenecientes a los fondos mixtos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que se ocupan de la materia.

Compañeras y compañeros, en Acción Nacional sabemos que la inversión en ciencia y tecnología e innovación por parte del gobierno, así como los programas de apoyo o incentivo a la inversión privada, demandan una inversión pública que requiere contar con una recaudación fiscal capaz de sustentarla.

Sin embargo, los efectos de una inversión como la proponemos, podrían más que compensar el esfuerzo fiscal realizado al incrementar significativamente el Producto Interno Bruto y la recaudación futura asociada al mismo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Lilia Arminda García Escobar, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Lilia Arminda García Escobar, diputada federal integrante de la LXIII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal en materia de apoyo a la infraestructura científica y tecnológica nacional, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El conocimiento científico y tecnológico y la capacidad para innovar son elementos que contribuyen a incrementar la productividad de las naciones y sus niveles de bienestar. La experiencia internacional muestra que el desarrollo de los países se basa cada día más en su capacidad para generar, asimilar y transferir conocimiento, pues de esa manera se crean bienes y servicios de mayor valor agregado que enriquecen sus posibilidades de desarrollo interno y elevan su posición en un entorno global cada día más interconectado y competitivo.

No obstante ello, de acuerdo con la OCDE, en 2012, el gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) en México fue de 0.5 por ciento del PIB, mientras que el promedio en países de la OCDE fue de 2.4 por ciento del PIB en 2012. A su vez, la contribución del sector empresarial al GIDE de 2012 fue de apenas 36 por ciento, mientras que el sector público contribuyó con 60 por ciento.

Además, aunque el indicador de gasto en investigación científica y desarrollo experimental ha pasado de 0.43 por ciento con respecto al PIB en 2012 a un 0.54 por ciento en 2014, y se espera que en 2015 éste alcance y pueda ser superior a 0.56 por ciento, aún se está lejos de la meta que se ha fijado la actual administración de poder llegar a una inversión pública y privada del 1 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto. Esto último en concordancia con el artículo 25 de la Ley General de Educación y el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Lo anterior se agrava cuando se conoce que aun cuando para el año 2015 el incremento del gasto público federal para la “Función Ciencia, Tecnología e Innovación” fue de 32.7 por ciento, el 78.30 por ciento del mismo se destina para gasto corriente, es decir, para cubrir los rubros de servicios personales como sueldos y prestaciones de seguridad social, para gastos de operación a fin de que las organizaciones operen adecuadamente, y para subsidios como ayudas de carácter social.

Dejando únicamente el 21.70 por ciento, equivalentes a poco más de 17 millones, para gasto de inversión, que es tan necesario para la modernización y ampliación de las actividades que conforman el rubro. Una cifra que se aleja mucho de un nivel de compromiso alto.

Po otro lado, el esfuerzo realizado por las entidades federativas para impulsar las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) también ha sido muy reducido y desigual.

En promedio, las entidades federativas invierten en CTI aproximadamente 0.12 por ciento del presupuesto estatal, con una alta dispersión. Las entidades con mayor PIB per cápita invierten proporcionalmente más, destacándose Nuevo León y el Distrito Federal. En algunas entidades la inversión estatal es prácticamente nula.

Según un mapa de capacidades científicas y tecnológicas elaborado por el Conacyt, al observar la distribución de recursos en términos del tamaño de la población de las entidades federativas, se pueden apreciar altos niveles de desigualdad; pues mientras que en 2012, en promedio, el Distrito Federal logró captar 1,034.2 pesos por habitante de los recursos del Conacyt, Guerrero pudo captar únicamente 18.3 pesos.

Se encuentra una diferencia similar entre entidades federativas cuando se consideran los niveles de inversión en IDE del sector empresarial. Al analizar la parte privada de este indicador es posible apreciar que mientras que en el Distrito Federal, Querétaro, Chihuahua, Baja California Sur, Nuevo León y Puebla, se invierte entre 0.2 por ciento y 0.5 por ciento como proporción del PIB estatal; en Yucatán, Durango, Nayarit, Sinaloa y Oaxaca, sólo se destina entre el 0.01 por ciento y 0.02 por ciento de su PIB. Los estados en los que se invierte un porcentaje menor a 0.01 por ciento son Tabasco, Colima, Zacatecas, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y Campeche.

Ante ello, es evidente lo importante que resulta el fortalecer mecanismos de apoyo al desarrollo regional. De ahí que sea esencial considerar que uno de los principales instrumentos para fortalecer los sistemas locales de CTI e impulsar la colaboración e integración regional son los Fondos Mixtos (Fomix), pues constituyen un programa basado en CTI de alta relevancia para impulsar el desarrollo integral de los estados y municipios.

En 2012 la aportación de las entidades federativas a través de los Fomix fue de 526.0 millones de pesos, monto muy superior a los 177.0 millones de pesos de 2006. De las entidades federativas, las que más aportaron entre 2006 y 2012 fueron Nuevo León, Jalisco, Yucatán, Guanajuato y Estado de México, por el contrario, los estados de Oaxaca y Guerrero solo pudieron realizar inversiones en 2008 y 2009 por montos que no superaron los seis millones de pesos cada uno.

Ante este panorama, Acción Nacional considera que es urgente realizar acciones para consolidar la inversión en ciencia y tecnología e innovación, sí a nivel nacional, pero sobre todo, a nivel estatal, dadas las diferencias en desarrollo y las carencias que existen entre las entidades federativas en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Conscientes de ello, ya desde nuestra Agenda Legislativa, donde se plasman los trabajos que como grupo parlamentario decidimos impulsar prioritariamente durante el Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, en el Eje 5. Conocimiento y formación para la prosperidad, acordamos reformar la Ley de Coordinación Fiscal a fin de instituir, a través de los fondos del Ramo 33, el apoyo a la infraestructura tecnológica cuyo propósito sea el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas locales y el acceso equitativo de las poblaciones desfavorecidas a las redes, medios y tecnologías de la sociedad de la información y conocimiento.

Para lograr lo anterior, fue importante definir el campo de acción donde, a nuestro juicio, el Estado debe financiar los gastos en Investigación y Desarrollo. Al respecto, consideramos que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen características de un bien público, por ello, el gobierno debe asumir ciertos gastos para inducir una mayor acumulación de capital humano y tecnología que contrarresten la subinversión del sector privado.

Esto no quiere decir que el gobierno deba asumir las responsabilidades generales correspondientes a los diferentes actores nacionales sociales y privados en materia de inversión en ciencia y tecnología, sino que, el gobierno, debería asignar gastos para investigación y desarrollo en donde se alcancen metas de mayor contenido social, y no en actividades que desplacen la iniciativa privada, ello, porque, reiteramos, tiene las cualidades de bien público, pudiéndose presentar fallas de mercado si la financiación la asume únicamente el sector privado.

Por lo anteriormente dicho, la iniciativa que hoy presentamos tiene como fin impulsar e incentivar la inversión pública de los Estados en materia de infraestructura para el desarrollo de actividades científica, tecnológicas y de innovación, porque sin duda, este es un elemento clave para consolidar las fortalezas de un país con su desarrollo y competitividad.

Además, proponemos que en las asignaciones que se hagan para este rubro, se priorice el financiamiento a proyectos pertenecientes a los Fondos Mixtos Conacyt, que tengan que ver con infraestructura en ciencia, tecnología e innovación.

Lo planteamos así porque, de acuerdo con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, la evidencia empírica muestra que el impulso a la construcción de infraestructura moderna dedicada a ciencia, tecnología e innovación, es uno de los elementos determinantes para impulsar el desarrollo de un sistema nacional de CTI equilibrado y con alto potencial para construir una economía del conocimiento.

Por ello hoy, a nombre de mi grupo parlamentario, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la Ley de Coordinación Fiscal a fin de que uno de los destinos en los que se apliquen los recursos pertenecientes al 54 por ciento del Fondo de Aportaciones Múltiples actualmente destinados a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel; sea la construcción, mejoramiento, y equipamiento de infraestructura para el desarrollo de actividades científica, tecnológicas y de innovación, dando prioridad al financiamiento de los proyectos pertenecientes a los Fondos Mixtos Conacyt que se ocupen de la materia.

Asimismo, se instituye que, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de a conocer, a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate en el Diario Oficial de la Federación, el monto correspondiente a cada entidad y la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, así como las variables utilizadas y la fuente de la información de las mismas.

Respecto de lo anterior, se establece como un artículo transitorio, que en la fórmula y las variables para distribuir los recursos dirigidos a infraestructura para el desarrollo de actividades científica, tecnológicas y de innovación, en los términos de este decreto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deberá asegurar estrategias diferenciadas de desarrollo regional en las que tomará en cuenta las capacidades, recursos y vocación de los distintos estados a fin de mejorar su bienestar y a reducir las desigualdades regionales.

En Acción nacional sabemos que la inversión en CTI por parte del Gobierno, así como los programas de apoyo o incentivo a la inversión privada, demandan una inversión pública, que requiere contar con una recaudación fiscal capaz de sustentarla.

Sin embargo, los efectos de una inversión como la que proponemos, podrían más que compensar el esfuerzo fiscal realizado al incrementar significativamente el PIB y la recaudación futura asociada al mismo. Por ello, los invitamos a todas y todos a apoyar esta iniciativa.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de

Decreto

Único.Se reforman el artículo 40 y el artículo 41, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 40. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán en un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social. Asimismo, se destinará el 54% restante a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel y a la construcción, mejoramiento, y equipamiento de la infraestructura para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, dando prioridad en las asignaciones que se hagan para este fin, al financiamiento de los proyectos pertenecientes a los Fondos Mixtos Conacyt en materia de infraestructura.

...

Artículo 41. ...

La Secretaría de Salud , la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologíadarán a conocer, a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate en el Diario Oficial de la Federación, el monto correspondiente a cada entidad por cada uno de los componentes del Fondo y la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, así como las variables utilizadas y la fuente de la información de las mismas, para cada uno de los componentes del Fondo.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En la fórmula y en las variables para distribuir los recursos dirigidos a la construcción, mejoramiento, y equipamiento de infraestructura para el desarrollo de actividades científica, tecnológicas y de innovación, en los términos de este decreto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deberá asegurar estrategias diferenciadas de desarrollo regional en las que tomará en cuenta las capacidades, recursos y vocación de los distintos estados a fin de mejorar su bienestar y de reducir las desigualdades regionales.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 3 de diciembre de 2015.— Diputada Lilia Arminda García Escobar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada García. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul del diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente, la asamblea está haciendo un impresionante esfuerzo por abrirle el espacio a las iniciativas. Creo que corresponde a la Mesa Directiva hacer un esfuerzo para verificar que efectivamente se ajusten a los tres minutos que fueron pactados, todos los oradores, sin excepción de grupo parlamentario.

A ellos obviamente les pedimos la consideración necesaria, porque el objetivo es que pasen los más posibles. Pero abusando del tiempo de la asamblea eso no será posible. Le suplico, señor presidente, en términos del Reglamento, llame usted al orden a los siguientes oradores, para que se ajusten a los tres minutos.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Como ya se refirió el diputado Ramírez Marín, efectivamente hacemos un llamado a todos los diputados para que se ciñan al acuerdo de respetar los tres minutos.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o., 98, 99 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El diputado Rafael Hernández Soriano: Como es malo el diputado Marín, hubiera permitido que pasara antes yo. Con el permiso de la Mesa, voy a referirme a la propuesta que estamos iniciando de modificación a los artículos 4o., 98, 99 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Tiene que ver con las más de 330 niñas y niños que hoy, el día de hoy solamente están atravesando nuestro país desde Centroamérica, mayoritariamente de Honduras y en menor medida, pero también de El Salvador y Guatemala hacia Estados Unidos.

De esos, que son alrededor de 65 mil por semestre, el 30 por ciento de ellos son niñas y niños mexicanos que ven vulnerados sus derechos y están expuestos a varios riesgos y peligros en esta travesía.

La propuesta que estamos haciendo tiene que ver con armonizar esa realidad con lo que aprobó el Poder Legislativo en la legislatura anterior respecto a la ley. En esta no se considera un mecanismo, un protocolo mínimo de coordinación entre las diferentes instancias que tienen que ver con el tema, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar por sus siglas, el DIF, el Instituto Nacional de Migración y la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda.

La propuesta de modificación que estamos haciendo a los artículos 98 y 99, tienen que ver con establecer un protocolo mínimo, sencillo, para que de verdad hagamos efectiva la protección a los derechos de la niñez.

El artículo 4o. tiene que ver también con una omisión que nos parece elemental, pero es importante corregir. En el sistema nacional de protección de la niñez no se define exactamente la parte que corresponde al nivel bajo, al nivel municipal. Se define el sistema de planeación y de protección nacional, el estatal y falta el municipal. La modificación del artículo 4o. tiene que ver con ello.

Con estas modificaciones, creo que estaríamos dando cumplimiento al precepto constitucional que tiene que ver con proteger el interés mayor de la niñez. Tenemos que irlos adecuando, porque para sorpresa de nosotros todavía existe en una gran parte de la sociedad y lamentablemente también en integrantes de este órgano legislativo, que aún no entendemos o no entienden qué significa proteger el interés mayor de la niñez, como el diputado federal del Verde Ecologista, Rafael Guirao Aguilar, que en medios nacionales leemos hoy cómo está presumiendo la utilización de la niñez para trabajo laboral, cuando eso significa una violación severa a restricciones de trabajo de menores, al convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, firmado por el Estado mexicano en 1999, y significa también incumplir lo que establece nuestra Constitución y la Ley General de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes.

Esperamos que el diputado, las y los legisladores y la sociedad, en su conjunto, entendamos y actuemos en consecuencia, pero sobre todo quienes elaboramos las leyes. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 4o., 98 y 99 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 4 de diciembre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, DOF, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la cual pretende enfrentar gran parte de los problemas que enfrenta la infancia y adolescencia de nuestro país. Sin embargo, aún a la fecha no han sido resueltos pese a que impactan fuertemente los derechos de este grupo social mexicano.

La importancia de esta ley es que con ella se garantizan los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de vital importancia, para destacar las normas básicas e indispensables para que estas personas puedan sobrevivir y desarrollarse de forma digna.

Como es sabido, los derechos de la infancia y adolescencia se encuentran en diversas normas nacionales e internacionales, entre ellas: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., a la letra dice: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Asimismo, la reforma constitucional realizada el 10 de junio de 2011, relativa a los derechos humanos, establece en el artículo 1o. el principio de convencionalidad, señalando que:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Adicionalmente, se expresa el principio pro-persona y la obligación de las autoridades en los tres órdenes de gobierno de respetar los derechos humanos, a saber en el segundo y tercer párrafo, lo siguiente:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

En cuanto a los tratados internacionales de los que México forma parte, con carácter vinculante, se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1989, fue suscrita y ratificada por el Estado mexicano el veintiuno de septiembre de 1990.

Entre los aspectos más destacados de la Convención sobre los Derechos del Niño, se encuentra: la garantía de sus derechos, así como los principios como el del interés superior del niño; el reconocimiento como sujetos plenos de derechos; el derecho a ser escuchados y a participar activamente en los procesos que pueden afectarlos; el derecho a su intimidad; el derecho a su privacidad; el derecho a que les sean reparadas las violaciones a esos derechos; el derecho a no ser revictimizados, entre otros derechos.

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, destaca en su contenido relevantes puntos sobre el tema, entre los que se encuentran:

• Reconoce a niñas, niños y adolescentes como como sujetos plenos de derechos.

• Genera mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y obliga a las autoridades a incorporar en sus proyectos de presupuesto, la asignación de recursos públicos suficientes para asegurar a las niñas, niños y adolescentes, el goce pleno de sus derechos.

• Contiene un catálogo de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

• Crea el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y se establece que los responsables de autorizar, registrar, certificar y supervisar a estos centros, que serán las Procuradurías de Protección en sus ámbitos de competencia.

• Crea a nivel federal y local las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes –adscritas a los sistemas DIF– con el objeto de realizar un efectivo resguardo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

• Dispone la creación y regulación de la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidido por el titular del Poder Ejecutivo federal.

• Contempla un Programa Nacional, así como programas estatales que contendrán las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral.

• Determina la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral que recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva.

Esta ley general encuadra los principales derechos humanos y las normas que cualquier autoridad del país deberán tener en cuenta al momento de desahogar un asunto que involucre a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, debemos mencionar que el legislador permanente, al momento de aprobar la Ley en comento, presenta un par de omisiones respecto a dos temas fundamentales. En el primer caso, dentro del texto de la Ley General, el Sistema Municipal de Protección se encuentra inmerso en la sección segunda del Capítulo Cuarto, en el título Quinto, -artículo 138 y 139- el cual, de acuerdo con el esquema de la Ley, no está contemplado en el artículo 4º, como parte de las definiciones de la presente Ley General.

Por ello, se propone la siguiente redacción:

Dice:

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XXVI...

No hay correlativo

XXVII. a XIX. ...

Debe decir:

Artículo 4. ...

I. a XXVI. ...

XXVII. Sistema Municipal de Protección: el Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes de cada municipio.

XXVIII. a XXX. ...

En el segundo caso, es importante que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Esto es de suma importancia, porque la problemática que enfrenta la niñez migrante nacional y centroamericana es grave, más aun cuando la cifra de menores de edad no acompañados que cruzan la frontera sur y se encuentran en tránsito para llegar a Estados Unido, es imprecisa.

En las estadísticas migratorias mensuales de la Secretaría de Gobernación, se registra que de enero a mayo de 2014, el Instituto Nacional de Migración, INM, ha detectado a 8 mil 7 menores de entre 0 y 17 años, de los cuales 4 mil 230 viajan sin compañía. En este marco, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que esta cifra de menores migrantes no acompañados detectados por el INM, ya había llegado a 7 mil 600 en julio de 2014.

Por su parte, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha reportado en el primer semestre del año, la detención de 57 mil 525 menores no acompañados en su frontera sur, de los cuales 43 mil 933 son hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, 12 mil 614 son mexicanos y 978 son de otras nacionalidades. Estos datos muestran que, entre enero y junio, han ingresado por la frontera sur, al menos 52 mil menores de edad no acompañados.

De los menores de edad migrantes detenidos, el 98 por ciento provenía de Centroamérica: 7 mil 872. El país con la cifra más alta fue Honduras, con 4 mil 241, seguido de Guatemala, con 2 mil 123, y de El Salvador, con mil 450. Muy por debajo se ubicaron Nicaragua, con 57, y Belice, con uno.

Mientras que el 80 por ciento de los menores de edad migrantes detenidos –es decir, 6 mil 462– fue ubicado en sólo cinco estados de México. La entidad donde se detuvo a la mayor cantidad fue Chiapas, con 2 mil 922, a la que le siguieron Veracruz, con mil 318; Tabasco, con mil 65; Oaxaca, con 629, y Tamaulipas, con 528.

Por otra parte, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de la Segob, comunicó que durante el primer bimestre de 2015, se alojaron a mil 52 menores de edad acompañados en estaciones migratorias del sureste mexicano, lo que representa el 55 por ciento del total nacional (mil 910) y a mil 316 menores de edad no acompañados, que son el 57 por ciento del total nacional (2 mil 286). También señala que el Instituto Nacional de Migración, INM, cuenta con 11 puntos de cruces formales de control terrestre, pero que existen alrededor de 704 cruces informales.

Asimismo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) es la encargada de otorgar la asistencia institucional a refugiados, mediante el establecimiento de relaciones de colaboración, conforme a lo establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, sin embargo para el desarrollo de sus funciones, esta Comisión cuenta con un Órgano Administrativo Desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación, denominado Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Esta coordinación es responsable de adoptar medidas de protección especial para niñas, niños y adolescentes que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, y es a quien los Sistemas DIF deberán comunicar tal situación de los menores de edad.

Esta atribución consta expresamente en el Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, en el artículo 35, que a la letra señala:

Artículo 35. Cualquier niña, niño o adolescente no acompañado o separado de su familia tiene derecho a presentar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. La Coordinación ajustará el procedimiento a la edad y madurez del niño, niña o adolescente, quien será entrevistado por servidores públicos capacitados quienes deberán determinar su interés superior.

En consecuencia con lo anterior, la presente iniciativa pretende subsanar las omisiones del legislador permanente que podrían obstaculizar el cumplimiento total de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es velar por el cumplimiento y garantía de los derechos de las y los menores de edad, determinando los principios rectores que orientan las normas de protección en términos de su prevención como protección especial, así como señalar las competencias y los procedimientos para garantizar el ejercicio pleno sus derechos.

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, Numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se reforman la fracción XXVII del artículo 4, recorriéndose las subsecuentes y los artículos 98 y 99, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. a XXVI. ...

XXVII. Sistema Municipal de Protección: el Sistema de Protección de niñas, niños y adolescentes de cada municipio.

XXVIII. a XXX. ...

Artículo 98. En caso de que los Sistemas DIF identifiquen, mediante una evaluación inicial, a niñas, niños o adolescentes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, lo comunicarán a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a fin de adoptar medidas de protección especial.

Artículo 99. ...

...

El Instituto Nacional de Migración y en su caso, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados deberá proporcionar la información y colaborar con el Sistema Nacional DIF para los efectos de este artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Mariscal, Ángeles: El “invisible” tráfico de miles de niños migrantes en la frontera sur, lunes, 21 de julio de 2014, CNN México.

2 Ibídem

3 Hernández, Flor; Plan Frontera Sur sube las deportaciones y cambia la ruta de los migrantes, lunes, 10 de agosto de 2015, CNN México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de diciembre de 2015.— Diputado Rafael Hernández Soriano(rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Hernández. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar los siguientes proyectos de decreto. Primero, proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 169 a la Ley Federal del Trabajo. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 77 Bis a la Ley General de Salud. Proyecto de decreto que reforma el artículo 114 de la Ley General de Salud. Adelante, diputada.

La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, vengo a presentar a esta soberanía tres iniciativas, dos de ellas relativas a la Ley General de Salud y una que versa sobre la Ley Federal del Trabajo.

La primera de las reformas a la Ley General de Salud adiciona un párrafo tercero al artículo 114, con la finalidad de que la Secretaría de Salud federal y los gobiernos de las entidades federativas, como parte de sus programas de nutrición otorguen suplementos alimenticios a la población infantil de escasos recursos que lo requieran, a fin de generar una mayor equidad y acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo, así como de vida digna que merece todo ser humano.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, una de cada tres personas en el mundo está desnutrida. Casi la mitad de todos los países se enfrentan a múltiples cargas de desnutrición, como lo son el poco crecimiento de la niñez, la deficiencia de micronutrientes, así como personas con sobrepeso y obesidad.

En ese sentido, afortunadamente en nuestro país la alimentación nutritiva es un derecho fundamental protegido y resguardado por el artículo 4, párrafo tercero. Por lo cual, con mi propuesta considero que se refuerza este importante derecho porque propongo que se adicione un precepto a la Ley General de Salud que será muy preciso en cuanto a que deberán otorgarse suplementos alimenticios para mejorar el estado nutricional de la niñez.

Así, al consignar en la ley de la materia el derecho de los menores a recibir suplementos alimenticios cuando se trate de personas que lo requieran por tener algún grado de desnutrición o pertenecer a un grupo social o económicamente vulnerable, lucharemos contra la inequidad y se logrará una mejor cobertura del derecho a la salud.

La segunda de las reformas que planteo a la Ley General de Salud es para adicionar un artículo 77 Bis, a fin de que sea creado un observatorio de la salud mental, porque en este tema es trascendental la participación y coordinación responsable y comprometida del sector social, mediante una fuerte interacción entre gobierno y ciudadanía.

El observatorio de la salud mental se propone como un órgano de carácter consultivo e interinstitucional, que será un espacio de interlocución y seguimiento de las políticas y acciones de atención a la salud mental.

Este órgano tendrá como finalidad obtener, clasificar y analizar la información en la materia, así como aprovechar las nuevas tecnologías necesarias para la implementación gradual de los servicios de salud mental y sobre todo vigilar los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la Red Nacional de Salud, tanto públicas como privadas.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor.

La diputada Rosalina Mazari Espín: Finalmente, la tercera de las reformas es a la Ley Federal del Trabajo, para establecer como derecho de todas las madres trabajadoras, la licencia para cuidados maternos. Esta licencia consistirá en la posibilidad de las madres...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.

La diputada Rosalina Mazari Espín: ... para distribuir un goce de sueldo de hasta 10 días al año, ya sean continuos o discontinuos, siempre que se trate de menores que hasta 12 años de edad, a fin de que cuando se enfermen y no tenga con quien dejarlos a cargo...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada, su tiempo se agotó.

La diputada Rosalina Mazari Espín: ...–sí, voy diputado presidente– a cargo puedan ellas mismas atenderlos. La licencia para cuidados maternos se basa en la sensibilidad que debemos mostrar ante las necesidades de las madres trabajadoras, quienes no tienen con quién dejar a sus niños enfermos, por lo que se plantea esta propuesta de reforma. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal del cuarto distrito electoral por Morelos, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

En términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella misma, y en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte, así como de las garantías para su protección, e impone a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, determina la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

A su vez, el artículo 4 de la propia Constitución Federal reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que faculta la fracción XVI del artículo 73 de la citada Constitución.

Ahora bien, en ese contexto constitucional esta iniciativa abordará el tema de la atención de las mujeres durante el embarazo, parto, post-parto y puerperio, por conducto del personal de las instituciones de salud, a fin de evitar la violencia obstétrica.

En el marco Internacional cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado como prácticas durante la atención del parto:

• No hacer intervenciones médicas innecesarias, es decir, no hacer episiotomías que son los cortes que se realizan en la zona perianal para agrandar la apertura de la vagina.

• Evitar la maniobra de Kristeller, que es cuando se empuja al bebé dentro del vientre para agilizar su tratamiento.

• No tomar los rasurados, monitoreos fetales y enemas como prácticas de rutina.

• Evitar la maniobra Hamilton, mediante la cual el médico desprende del cuello del útero las membranas que rodean al bebé, a través de las manos u otro instrumento, con el objeto de posibilitar el desprendimiento que lo mantiene unido al útero.

• Restringir el uso de oxitocina, analgesia y anestesia.

• No obligar a parir acostadas en posición horizontal o inmovilizadas.

• No alterar, sin el libre consentimiento, el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas que aceleren el nacimiento.

• Mantener la tasa de cesáreas entre 10 y 15% de los nacimientos, por lo que sin el libre consentimiento no se debe practicar la cesárea cuando existan condiciones para el parto natural.

E inclusive, en la Declaración de Fortaleza de 1985, la OMS ha dispuesto como Recomendaciones Generales para los Estados miembros, entre otras:

• Que los ministerios de sanidad deben establecer normas específicas sobre la tecnología apropiada para el parto en los sectores público y privado.

• Que toda la comunidad debe ser informada de los distintos métodos de atención al parto, de modo que cada mujer pueda elegir el tipo de parto que prefiera.

• Que se debe animar a las madres y a sus familias a practicar el autocuidado en el periodo perinatal, y a reconocer cuándo necesitan ayuda y de qué tipo para mejorar las condiciones del embarazo, parto y puerperio.

• Que la información sobre las prácticas obstétricas en los diferentes hospitales, como la tasa de cesáreas, debe estar al alcance del público.

• Que debe investigarse a nivel regional, nacional e internacional sobre la estructura y composición del equipo de atención al parto, con el objetivo de lograr el máximo acceso a la atención primaria adecuada y la mayor proporción posible de partos normales, mejorando la salud perinatal, según criterios de costo-efectividad y las necesidades y deseos de la comunidad.

En otra tesitura, al analizar la situación prevaleciente en México tenemos que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, señala que ocupamos el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de la práctica de la cesárea sin indicación médica, además revela que ha habido un incremento de 50.3% en la práctica de cesáreas en los últimos doce años; refiriendo que desde el año 2000 todas las Entidades Federativas (a excepción de Chiapas y Oaxaca) rebasan el límite máximo recomendado de esa práctica clínica.

Como ejemplo de lo anterior, la misma Encuesta reflejó que -en Morelos- los partos de las mujeres de 20 a 49 años que tuvieron un hijo nacido vivo en los últimos cinco años, el 99.6% fue atendido por personal de salud, cifra similar a la reportada en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (99.4%) y a la de la Encuesta Nacional de Salud del año 2000 (96.2%); pero, al comparar el total de cesáreas efectuadas en Morelos en 2012 (53.4%) con la Encuesta Nacional de Salud del año 2000 (30.7%) y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006 (38.8%), se observa un incremento del 73.9% en 12 años; e incluso cabe destacar el alto porcentaje de cesáreas por urgencia (31.7%) respecto de las programadas (21.7%) en esta misma Entidad Federativa; dato que puede estar relacionado con una baja atención prenatal y un seguimiento deficiente del embarazo, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, denotando la falta de cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con este rubro.

En efecto, esta Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, señala que es necesario reducir los riesgos que pudieran asociarse a las intervenciones de salud; sin embargo, de cada 100 partos a nivel nacional, 46 son cesáreas y 54 partos normales, seis de cada 10 partos en las localidades de menos de 15 mil habitantes son partos naturales y, las cesáreas programadas tienen mayor presencia en las localidades de 15 mil y más habitantes, de manera que las que actualmente se realizan exceden, con mucho, el porcentaje del 10 al 15 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Por otro lado, el tema de la violencia obstétrica ha sido abordado desde la perspectiva de equidad de género, y así, de una revisión a los instrumentos internacionales que ha suscrito nuestro país y que tienen relación con el tema de la presente Iniciativa, se encuentra que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 1999, en su artículo 9 señala:

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

Resulta entonces importante -para efectos de realizar un planteamiento adecuado de la propuesta- partir de la definición que la normativa sobre equidad nos brinda de violencia obstétrica, entendiéndola como toda acción u omisión que se realice de manera intencional por parte del personal técnico y profesional de los servicios de salud, cuando dañe, lastime o denigre a la mujer, durante la atención del embarazo o el parto; así como la negligencia en su atención médica por abuso de medicalización o patologización de los procesos naturales, o cuando se limite sin causa legalmente justificada la capacidad de decidir libre, informada y voluntariamente sobre su proceso de parto, los métodos anticonceptivos o de esterilización, y en general cuando no se le informen todas las opciones posibles durante el transcurso de una práctica obstétrica.

En ese orden de ideas, resulta útil que se sumen a este fin los esfuerzos y la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Entidades Federativas y Municipios que, desde su ámbito de competencia, permitan hacer efectiva la eliminación de la violencia de género, coincidiendo en este sentido el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que asumió el compromiso de impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, como parte de su estrategia para que México alcance su máximo potencial, ya que sólo así el país podrá aspirar a ser democrático y participativo, para cuya finalidad prevé como líneas de acción en la estrategia “Perspectiva de Género”, incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres, entre otras.

Por su parte, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 señala que a pesar del avance en la legislación que tutela los derechos de las mujeres, las mismas no pueden ejercerlos plenamente por la situación en la que se encuentran inmersas; y en ese sentido, propone avanzar en la trasversalidad de las políticas públicas en esta materia, ya que con ella se genera valor agregado para alcanzar los objetivos con oportunidad y pertinencia, creando sinergias para responder con flexibilidad a los problemas. Y los retos de esa trasversalidad de género serán lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, eliminar la violencia contra las mujeres y hacer un cambio cultural para que las personas se conciban y respeten como pares, haciendo prevalecer una cultura del respeto a los derechos humanos y la construcción de una sociedad inclusiva.

En ese tenor, es imprescindible que en la Ley se den las normas para evitar casos de violencia obstétrica y así no sólo concebir la garantía desde el aspecto de la equidad de género; sino hacer esta tutela trasversal y resguardarla como parte del derecho a la salud materno-infantil, la cual es un servicio básico de atención.

En consecuencia, es prioritario que, además de contemplar una definición de violencia obstétrica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; también se acompañe tal figura con una serie de acciones y regulaciones encaminadas a evitar procesos y situaciones que permitan generar condiciones propicias para la manifestación de la violencia dentro de la Ley General de Salud.

Así, con esta Iniciativa se busca emprender acciones legislativas para que ambos ordenamientos se complementen, con el fin de hacer efectiva la eliminación de la violencia obstétrica, considerando el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto de la concepción, toda vez que -en muchas ocasiones- se obtiene el consentimiento de la mujer para ciertas prácticas médicas cuando está a punto de alumbrar, pero este tipo de consentimiento debe limitarse lo más que se pueda, porque se trata de un momento en que la mujer se encuentra vulnerable por los dolores y sensible por el hecho que está atravesando.

Por ello, se propone prever en la Ley General de Salud medidas consistentes en precisar la obligación de proporcionar información oportuna y adecuada de los distintos métodos de atención al parto, así como de los métodos anticonceptivos o de esterilización; la orientación profesional para conocer signos de alarma que le permita reconocer cuándo necesita ayuda y de qué tipo para mejorar las condiciones del embarazo, parto y puerperio; así mismo, promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud, fomentando el trato digno y respetuoso de los derechos humanos de los usuarios.

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Artículo Primero.Se reforma la fracción I del artículo 61; la fracción I del artículo 64, y la fracción I del artículo 90 todos de la Ley General de Salud, para quedar como en seguida se indica.

Artículo Segundo. Se adiciona un tercer párrafo en el artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 51 Bis 1. ...

...

En el caso de la mujer embarazada adicionalmente tendrá derecho a ser informada de las prácticas obstétricas y distintos métodos de atención al parto, así como de los métodos de esterilización y anticonceptivos post parto de modo que pueda decidir libre e informada la opción que prefiera, a fin de evitar que sufra de violencia obstétrica.

Artículo 61. ...

...

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluidala atención psicológica que requiera, así como la orientación profesional para conocer signos de alarma, cuándo necesita ayuda y de qué tipo para mejorar sus condiciones en sus diferentes periodos y evitar que se configure la violencia obstétrica, la cual será motivo de responsabilidad y dará lugar a sanción;

I Bis. a la V. ...

Artículo 64. ...

I.Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios, así como el auto cuidado perinatal;

II. a la V. ...

Artículo 90....

I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud, fomentando el trato digno y respetuoso de los derechos humanos de los usuarios.

II. a la IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, resultado por Entidad Federativa, Morelos. Instituto Nacional de Salud Pública. 1ª Edición electrónica 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro; a 3 de diciembre de 2015.— Diputados: Rosalina Mazari Espín,Erick Alejandro Lagos Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Mazari. Rogamos nuevamente a todos los diputados, que se ciñan al acuerdo de los tres minutos. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La diputada Rosalina Mazari Espín: «Iniciativa que adiciona el artículo 169 a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal del Cuarto Distrito Electoral por Morelos, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

De conformidad con el artículo 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.

En esa tesitura, particularmente sobre estos rubros, el Convenio 102 sobre Normas Mínimas de Seguridad Social, de la Organización Internacional del Trabajo, mismo que fue ratificado por nuestro país el 12 octubre de 1961, en cuanto a la parte VIII –entre otras- misma que versa sobre las “Prestaciones de Maternidad”, dispone en el artículo 47 que se deberá cubrir la contingencia que comprende el embarazo, el parto y sus consecuencias.

Por su parte, del marco constitucional de nuestro país destaca el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé que la Ley debe proteger la organización y el desarrollo de la familia, además de que consigna el compromiso del Estado por velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez.

Así también, sirve de referencia para los fines pretendidos en esta Iniciativa, partir del hecho de que el artículo 123 de la misma Constitución establece un catálogo de derechos y prestaciones laborales y de seguridad social, a favor de las y los trabajadores, pero que sin lugar a duda son sólo un referente, es decir son enunciativos y no limitativos.

En ese sentido, la presente propuesta tiene que ver precisamente con un derecho de la madre trabajadora, consistente en reformar la Ley Federal del Trabajo para consignar en la misma el derecho a gozar de una licencia para cuidados maternos.

Esta propuesta se debe a que –actualmente- la situación económica imperante obliga a que la mayoría de las mujeres trabaje para aportar un ingreso al sostenimiento del hogar, e incluso en muchos casos son ellas el sostén único de las familias.

Al respecto, según el Informe denominado “Protección de la Maternidad en el Trabajo” de la OIT “en muchos países los ingresos de las mujeres son fundamentales para la supervivencia de las familias. En efecto, su trabajo es la principal fuente de ingresos para un 30 por ciento de los hogares de todo el mundo...

En algo más de 10 años, 80 por ciento de todas las mujeres de los países industrializados y 70 por ciento de las mujeres de todo el mundo estarán trabajando fuera del hogar durante su período de procreación y de educación de los hijos.”

E incluso la misma OIT, a través de su Consejo de Administración, en la 312 reunión de noviembre de 2011, ha señalado que “el interés que suscita actualmente, desde el punto de vista de las políticas, la conciliación del trabajo y la vida familiar, guarda relación con los nuevos desafíos que plantean fenómenos como la expansión del empleo femenino remunerado y de los empleos atípicos, la intensificación del trabajo, el envejecimiento de la población y los cambios en los modelos familiares, en particular el crecimiento de los hogares monoparentales, la actual crisis económica, las medidas de austeridad que la acompañan han exacerbado aún más esas presiones concurrentes del trabajo remunerado y las responsabilidades familiares.”

De lo cual se desprende que –si bien- no es una situación privativa de nuestro país, las condiciones imperantes provocan la necesidad de rediseñar las políticas en la materia, lo cual conlleva primeramente a realizar las modificaciones legales que le den soporte a tales medidas, situación que precisamente se busca con la reforma aquí desarrollada.

Al respecto, debemos considerar que el Instituto Panamericano de Alta Dirección, a través de su Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección, señala que en 2011 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha indicado que “Muchas mujeres mexicanas se enfrentan a importantes obstáculos que les impiden participar plenamente en el mercado laboral. Estos incluyen: la carga del trabajo no remunerado (las mexicanas dedican 4 horas diarias más al trabajo no remunerado que los hombres); los tradicionales roles de género, y la carencia de políticas de conciliación entre trabajo y vida familiar, especialmente la insuficiente oferta de servicios de cuidado infantil y de prácticas laborales flexibles.”

Y según un documento de análisis del personal técnico del Fondo Monetario Internacional, al observar la participación femenina en la fuerza laboral se ha encontrado que “a menores niveles de ingresos per cápita, una participación alta refleja la necesidad de trabajar si no existen programas de protección social. Cuando el ingreso familiar es más alto y la protección social es mayor, las mujeres pueden abandonar el mercado y dedicarse a tareas domésticas y el cuidado de los niños...”, argumento que corrobora lo antes expuesto, en el sentido de que la situación económica incide directamente con la decisión de la mujer sobre su ingreso al mercado laboral, además de que ello se encuentra también estrechamente vinculado con el nivel de protección social que el Estado le garantice en su conjunto.

Así, en los anteriores datos se refleja claramente la situación prevaleciente en la actualidad, en la que el papel de madre se ha trasformado, razón que conlleva a reconfigurar la organización familiar a fin de buscar equilibrios entre la dedicación que se requiere para atender las necesidades de los menores y el tiempo que la mujer debe disponer para cubrir su jornada laboral, porque la necesidad económica de nuestros tiempos exige esa conciliación y ajuste entre el desarrollo personal y el profesional.

En ese sentido, el papel de madre y el de trabajadora son dos elementos indisolubles del desarrollo de muchas mujeres, ya sea por la necesidad de aportar o cubrir los gastos familiares, o bien por la mera satisfacción de sentirse productivas, y en este caso será necesario que para atender el principio de interés superior de la niñez,así como una adecuada protección a la mujer que es madre, se generen mecanismos que faciliten el desempeño de este doble rol.

Son muchos los supuestos en que las madres trabajadoras tienen que encomendar a sus hijos al cuidado de otras personas en las guarderías infantiles a las que tienen derecho como beneficiarias de alguna institución de seguridad social y -en estos casos- cuando por los estrictos controles sanitarios para la admisión de los menores, no se les acepta su entrada porque se encuentran enfermos, se genera la necesidad e incertidumbre para la madre trabajadora de no tener con quién dejar a su hijo, es decir, que requiere ella misma hacerse cargo del cuidado de su menor, siendo justamente este supuesto el que se pretende regular con esta propuesta, a fin de que la madre goce de hasta 10 días al año por concepto de licencia para cuidados maternos, cuando tenga un menor de hasta 12 años de edad.

Cabe señalar que en la Ley Federal de Trabajo se contienen en el Título Quinto, denominado “Trabajo de las Mujeres” los derechos de las madres trabajadoras, pero hasta la fecha nada se contiene sobre la licencia de cuidados maternos que aquí se plantea.

En este caso, aun cuando con motivo de las condiciones generales de trabajo algunas mujeres pudieran ya gozar de derechos semejantes a la propuesta, debe señalarse que a fin de no generar prácticas discriminatorias para aquellas mujeres que aun no se benefician por este tipo de buenas prácticas (que bien pudieran derivarse del concepto de trabajo decente) o de las referidas condiciones generales de trabajo, se plantea que desde el rango legal, se otorgue a todas las madres trabajadoras -sin distinción alguna- este derecho.

Para evidenciar la magnitud de las personas que se beneficiarían con la medida propuesta, es importante señalar algunos datos estadísticos emanados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que nos permitan ubicar la relevancia del trabajo de la mujer, porque de los 52.1 millones que constituyen la fuerza laboral activa del país, 32.4 millones son hombres y 19.7 mujeres, las cuales se ubican esencialmente en los siguientes sectores:

• “En 2013, laboraban en el sector construcción cerca de 76 mil mujeres de un total de personal ocupado de 689,243 personas.

• Del total del personal ocupado en las industrias manufactureras en el año 2013, las mujeres participaron con el 34.3 por ciento.

• En 2013, 1’850,868 mujeres tomaron parte en los servicios privados no financieros, tales como restaurantes, hoteles, contabilidad y auditoría, escuelas del sector privado, servicios legales y médicos, entre otros. Esto representa casi la mitad del total del personal ocupado.

• En ese mismo año (2013), las mujeres participaron con quince de cada cien empleos en el sector transportes, correos y almacenamiento.

• En 2013, el sector comercio al por menor es el que concentra la mayor parte de la fuerza laboral y en particular la femenina; esta última aporta el 45 por ciento del personal ocupado total. En el comercio al por mayor la participación de la mujer es de una por cada cuatro personas empleadas.

• El valor del trabajo no remunerado en las labores domésticas y de cuidados fue el equivalente a 20.5 por ciento del producto interno bruto nacional en el año 2013. La aportación de las mujeres es de 15.5 por ciento, correspondiendo a los hombres el restante 5.0 por ciento.

• El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realiza cada mujer de 12 años o más de manera cotidiana para garantizar bienestar y desarrollo a su familia equivale a 42,500 pesos al año.”

En otro orden de ideas, la presente propuesta se enmarca dentro de las líneas de acción previstas en el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, que en la Estrategia 3.4 prevé la importancia de ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce de derechos de personas y grupos discriminados, y en la línea 3.4.3 contempla el desarrollo de políticas activas de compatibilidad entre la vida personal y laboral y provisión efectiva de servicios públicos de cuidado.

En esa virtud, como una manera precisamente de compatibilizar la vida personal con la laboral, es sumamente importante instrumentar esquemas y mecanismos que permitan ampliar el sistema de medidas complementarias de seguridad social, como lo es otorgar a todas las madres trabajadoras de nuestro país la posibilidad de gozar de una licencia para cuidados maternos, la cual -desde luego- habrá de ser con goce de sueldo, y que no es sino una medida de solidaridad con las madres trabajadoras que no tienen quién les apoye en el cuidado de sus hijos y que efectivamente requieren disfrutar de este permiso para poder atender al menor enfermo.

Con esta medida se resuelve la problemática a la que se enfrentan las madres trabajadoras, ya que tienen que presentarse a laborar y no tienen con quién dejar a su hijo enfermo, por ello, con el propósito de brindar los cuidados maternos que requieren los menores en casos de enfermedad, las madres trabajadoras gozarán del permiso con goce de sueldo respectivo, debiendo -desde luego- presentar en el centro de trabajo correspondiente la acreditación de la enfermedad del menor, misma que deberá ser expedida por la institución de seguridad social a la cual se encuentra afiliada la trabajadora.

Finalmente, si nos preocupara el impacto económico que pudiera tener entre los empleadores el concederle a sus trabajadoras este derecho de índole social, cabe tener presente que ha sido ampliamente demostrado que aquellos trabajadores que se sienten felices por gozar de un equilibrio entre su vida familiar y la profesional resultan más productivos, porque acuden a desempeñar su jornada con mayor energía y dinamismo y así serán más eficientes en sus labores.

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 169 a la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único.Se adiciona el artículo 169 a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 169. Las madres trabajadoras tendrán derecho a una licencia para cuidados maternos de sus hijos de hasta 12 años de edad, con goce de sueldo y hasta por diez días al año, continuos o discontinuos.

Para disfrutar de ese permiso la solicitante acreditará la enfermedad respectiva mediante constancia expedida por la institución de seguridad social a la cual se encuentra afiliada la trabajadora.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La protección de la maternidad en el trabajo. Revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm.103) y de la Recomendación, 1952 (núm.95). Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1997. ISBN 92-2-310336-3.

2 Estadísticas sobre Mujeres y Empresarias en México. Consultado 07/12/2015 en: http://www.ipade.mx/Documents/cimad/Estad% C3%ADsticas%20sobre%20mujeres%20y%20empresarias%20en%20M%C3%A9xico.pdf

3 Las Mujeres, el Trabajo y la Economía: Beneficios Macroeconómicos de la Equidad de Género. FMI, Septiembre de 2013. Consultado 07/12/2015 en: https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/sdn/ 2013/sdn1310s.pdf

4 Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer. Consultado 07/12/2015, en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/mujer0.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.— Diputados: Rosalina Mazari Espín,Erick Alejandro Lagos Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La diputada Rosalina Mazari Espín: «Iniciativa que adiciona el artículo 77 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI

Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 76, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La actualidad geopolítica global se encuentra inmersa en un proceso de desarrollo económico que demanda cada vez más el esfuerzo constante y el compromiso personal y profesional en aras del progreso social, que redunde también en bienestar individual.

Siendo un compromiso tan loable, resultaría por demás obvio que los medios o recursos empleados y requeridos para tales fines, necesariamente deberían ser utilizados para la consecución del bien común, pues denota un compromiso en pro de la construcción de una mejor sociedad, integrada por individuos que persiguen el mismo objetivo.

Sin embargo, los sucesos que acontecen en nuestro entorno reflejan una sintomatología de caos y crisis en la seguridad, dando cuenta que la inercia en la construcción de la sociedad, ha sido interrumpida.

Ahora bien, la construcción de una sociedad moderna, además de atender los índices de seguridad en el mercado, requiere considerar la atención de las variables que reflejen el respeto de los derechos humanos, reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como bien sabemos, en términos del artículo 4 constitucional, se reconoce el derecho a la protección de la salud, misma que en correlación a la definición otorgada por la Organización Mundial de Salud, corresponde al bienestar no sólo físico, sino también mental de la persona.

Sobre este tema específico, la buena salud mental permite que las personas materialicen su potencial, incidiendo de manera positiva en sus relaciones sociales, en su producción laboral e incluso en su aportación a la comunidad.

En la actualidad, en nuestra sociedad se generan innumerables factores que se reflejan en la salud mental, por lo cual es muy común escuchar con regularidad que el estrés, neurosis, insomnio, depresión, anorexia, bulimia, entre otros, sean problemas comunes de salud que aquejan a la sociedad moderna, y que en ciertas ocasiones pasan desapercibidos, pero que al no recibir una atención –en su justa dimensión– se pueden convertir en enfermedades graves como las depresiones severas u otras enfermedades crónicas que afectan la salud mental.

De acuerdo con las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, número A/RES/48/96 del 4 de marzo de 1994; con la palabra “discapacidad” se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio.

La Asociación Psiquiátrica Americana, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, proporciona una definición de trastorno mental, misma que también es compartida por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente; refiriéndola como un síndrome o un patrón comportamental o psicológico de significación clínica, que aparece asociado a un malestar (por ejemplo, dolor), a una discapacidad (por ejemplo, deterioro en una o más áreas de funcionamiento) o a un riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, los trastornos mentales se manifiestan en dos niveles, como una conducta y como elemento de la vida mental del sujeto –un pensamiento obsesivo– además de que cuenta con un carácter particular, bifacético, toda vez que por un lado, este es un problema en sí mismo, que produce sufrimiento y motiva la búsqueda de atención especializada, con manifestaciones clínicas particulares y, por otro lado, también se orienta hacia un dominio particular de determinantes –como el uso, abuso o dependencia hacia las drogas– además que afectan determinados procesos y enfermedades –como los accidentes, el homicidio, el suicidio, la cirrosis hepática, entre otras.

Ahora bien, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (ENEP), del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, los trastornos mentales más frecuentes en nuestro país fueron, la ansiedad 14.3 por ciento alguna vez en la vida, seguidos por los trastornos de uso de sustancias 9.2 por ciento y los trastornos afectivos 9.1 por ciento.

Los hombres presentan prevalencias más altas de cualquier trastorno en comparación con las mujeres, 30.4 y 27.1 por ciento alguna vez en la vida, respectivamente.

Los tres principales trastornos en las mujeres fueron las fobias específicas y sociales, seguidas del episodio depresivo mayor; para los hombres, la dependencia al alcohol, los trastornos de conducta y el abuso del alcohol, sin dependencia.

50 por ciento de los trastornos mentales inician antes de los 21 años de edad.

Asimismo resulta relevante la distribución geográfica de los trastornos, pues en la región centro-oeste del país presenta prevalencia más elevada de trastornos en la vida (36.7 por ciento) explicada por el elevado índice de trastornos por uso de sustancias, esta región también muestra prevalencia más elevada de trastornos afectivos, la región conformada por las tres áreas metropolitanas muestra la prevalencia más elevada de trastornos de ansiedad (3.4 por ciento) y la región norte presenta mayores trastornos por uso de sustancias (1.7 por ciento).

Por su parte, el Informe sobre Sistema de Salud Mental en México de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud, 2011; en su resumen ejecutivo advierte que México es uno de los países donde un porcentaje mayor de pacientes son tratados en servicios especializados, independientemente de la gravedad del trastorno, lo que aumenta los costos de tratamiento y amplía la brecha de atención.

Asimismo reflejó la falta de una efectiva función rectora y coordinadora de las acciones a favor de la promoción y atención de la salud mental, además que tratándose de los procesos de recolección de datos de los sistemas de salud mental, la mayoría de los establecimientos recopilan de manera continua indicadores, es decir, datos oficiales de servicios prestados, recursos disponibles e infraestructura como número de camas, admisiones, admisiones involuntarias, duración de la estadía y diagnósticos de los pacientes; sin embargo, las definiciones de los indicadores no son uniformes en las diferentes entidades federativas de la República, lo que impide tener una información homogénea sobre la morbilidad mental en el país.

Otro de los datos que resultan relevantes, es que la supervisión de los establecimientos de salud mental y emisión de las recomendaciones está encomendada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, arrojando que 67 por ciento de los hospitales psiquiátricos del país recibieron por lo menos una revisión/inspección sobre derechos humanos; esto se observó solamente en 14 por ciento de las unidades psiquiátricas en hospitales generales y establecimientos residenciales comunitarios.

En el ámbito Internacional, la resolución aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, relativa a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente, en su artículo 25 dispone que los estados parte reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los estados parte adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud.

Ante este panorama, es trascendental impulsar la estrategia de promover la cultura de la prevención y detección oportuna de enfermedades mentales, impulsando programas dirigidos en especial a los mexicanos con mayor vulnerabilidad.

Además, para contribuir a la implementación estratégica y gradual de los servicios de salud mental, se estima necesaria la participación de la sociedad civil, de modo que se incremente la capacidad y calidad de respuesta de las instituciones ante los retos de la salud en esta materia.

En ese sentido, es menester que se cuente con la disponibilidad de dicho servicio en los establecimientos de la Red del Sistema Nacional de Salud, haciendo partícipes al sector social especializado en la materia tanto en la integración como en la generación de la información que permita la prevención y detección oportuna de enfermedades mentales.

Para la consecución de los fines antes referidos, se propone la participación y coordinación responsable y comprometida de todos los sujetos que integran el tejido social, mediante un esfuerzo decidido, un compromiso sólido y una fuerte interacción entre gobierno y ciudadanía, a través de la creación de un Observatorio de Salud Mental, que será un órgano de carácter consultivo e interinstitucional ideado como un espacio de interlocución y seguimiento, enfocado a obtener, clasificar y analizar la información, así como aprovechar las nuevas tecnologías necesarias para la implementación gradual de los servicios de salud mental, así como la vigilancia de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red nacional de salud, tanto pública como privada.

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 77 Bis a la Ley General de Salud

Artículo Único.Se adiciona el artículo 77 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis.La Secretaría de Salud conformará un Observatorio de la Salud Mental, que será un órgano consultivo de carácter interinstitucional, conformado por expertos e investigadores en salud mental, provenientes de instituciones educativas, científicas y médicas, así como por organizaciones no gubernamentales expertas en la materia.

El objeto de ese Observatorio será obtener, clasificar y analizar la información, así como aprovechar las nuevas tecnologías necesarias que permitan la implementación gradual de los servicios de salud mental; la vigilancia de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red nacional de salud, tanto pública como privada, así como promover programas de educación en salud mental.

Las disposiciones reglamentarias establecerán la integración, organización y facultades del Observatorio, de acuerdo con los fines señalados en el presente artículo.

Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro; a 9 de diciembre de 2015.— Diputados: Rosalina Mazari Espín,Erick Alejandro Lagos Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La diputada Rosalina Mazari Espín: «Iniciativa que reforma el artículo 114 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal del cuarto distrito electoral por Morelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Salud y nutrición son dos elementos intrínsecamente relacionados, pues con una buena nutrición, suficiente y equilibrada, se logrará un buen estado de salud. En tanto, una mala nutrición reducirá la inmunidad y hará más vulnerable a la persona ante las enfermedades.

Sobre el tema, la quincuagésima séptima Asamblea mundial de la salud, en mayo de 2004, adoptó la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, que versa sobre dos de los principales factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles: el régimen alimentario y la actividad física. Por ello formula una serie de recomendaciones relacionadas con el deporte, la desnutrición, las carencias de micronutrientes y la alimentación del lactante y del niño pequeño.

Y entre los datos probatorios para fundamentar sus actividades señala en el numeral 13:

Tanto en los informes preparados por expertos internacionales y nacionales, como en los exámenes de las pruebas científicas actualmente disponibles, se recomiendan metas en materia de ingesta de nutrientesy actividad física para prevenir las principales enfermedades no transmisibles. Al elaborar las políticas y directrices nacionales en materia de alimentación es preciso examinar estas recomendaciones teniendo en cuenta la situación local.

Y en los principios para la acción de la estrategia citada se considera en el numeral 29:

Las estrategias encaminadas a reducir las enfermedades no transmisibles deben considerarse como parte de los esfuerzos de salud pública más amplios, integrales y coordinados. Todos los asociados, especialmente los gobiernos, deben abordar simultáneamente diversas cuestiones relacionadas. En lo que se refiere a la dieta, esto abarca todos los aspectos de la nutrición (por ejemplo, tanto la alimentación excesiva como la desnutrición, la carencia de micronutrientes y el consumo excesivo de determinados nutrientes)...

De acuerdo con lo anterior, en toda política pública en materia de nutrición debe preverse la existencia de metas directamente relacionadas con la ingesta de nutrientes, por lo cual no bastará entonces elaborar o implantar programas de apoyo a la alimentación, sino que deberá analizarse su calidad y aporte nutritivo.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud emitió en 2014 con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la Declaración de Roma sobre Nutrición, en la cual se señala que los desafíos que representa la malnutrición para el desarrollo inclusivo y sostenible y para la salud, se generan por factores multidimensionales, como son

a) La pobreza, el subdesarrollo y un nivel socioeconómico bajo;

b) La falta de acceso en todo momento a alimentos suficientes, en cantidad y de calidad adecuadas, que se ajusten a las creencias, cultura, hábitos alimentarios y las preferencias de las personas;

c) La malnutrición se agrava a menudo por prácticas deficientes de alimentación y cuidado de los lactantes y los niños pequeños, deficiencias en sanidad e higiene;

d) La falta de acceso a la educación, a sistemas sanitarios de calidad y a agua potable; y

e) Las infecciones trasmitidas por los alimentos e infecciones parasitarias, así como la ingesta de cantidades dañinas de contaminantes provenientes de alimentos nocivos.

Y en la propia declaración se reflexiona que la malnutrición en todas sus formas, incluida la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad, no sólo afectan a la salud de las personas al repercutir negativamente en su desarrollo físico y cognitivo, comprometer el sistema inmunológico, aumentar la susceptibilidad a enfermedades y limitar la productividad; sino que también suponen una pesada carga social y económica para las personas, las familias y los Estados.

E incluso la misma FAO señala en el Informe mundial de nutrición 2015que una buena nutrición es pieza clave del desarrollo sostenible y la lucha contra la desnutrición es esencial para cumplir varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Y si bien en este Informe se reconocen algunos avances, también se hace hincapié en que el progreso global ha sido lento.

Actualmente, según este documento una de cada tres personas en el mundo sigue estando desnutrida. Casi la mitad de todos los países se enfrentan a múltiples cargas de desnutrición, como lo son el poco crecimiento de la niñez, la deficiencia de micronutrientes, así como personas con sobrepeso y obesidad. Además, se señala la utilidad económica de que un país invierta en nutrición, pues se manifiesta que con 1 dólar de inversión se generan 16 dólares en beneficios.

Adicionalmente, cabe señalar que en el Informe mundial de nutrición 2014, particularmente sobre el tema que interesa a la presente propuesta, se mencionaba que uno de los mecanismos de orientar las inversiones sectoriales hacia la nutrición –en el ámbito de protección social– era justamente intervenir mediante los complementos o suplementos alimentarios, los cuales pueden ser concebidos como suplementos nutricionales (proteína y energía), ya sea como polvos con micronutrientes, o bien, alimentos fortificados.

En cuanto a nuestro país, el tema de la nutrición se trata de un derecho fundamental protegido y resguardado por el artículo 4, párrafo tercero, que señala que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

Y justamente sobre este derecho versa la presente Iniciativa, con la que se busca reformar la Ley General de Salud, a fin de dotar de eficacia al mismo, previendo que haya una norma de rango legal que desarrolle de manera progresiva el derecho fundamental señalado.

En ese sentido, la propuesta plantea que el Estado brinde suplementos alimenticios a la población infantil de escasos recursos que los requieran, a fin de generar una mayor equidad y acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo, y de vida digna que merece todo ser humano.

Por complemento o suplemento alimenticio habremos de entender los productos con fuentes concentradas de nutrientes, que tienen la finalidad de complementar su ingesta en la dieta normal, y su utilidad obedece precisamente a que no siempre alcanzamos esa adecuada nutrición porque nuestra dieta no es equilibrada. En ese sentido, ante la dificultad de alcanzar ese estado ideal de nutrición, es que se recurre a los suplementos, para que nos ayuden a obtener todos los nutrientes necesarios para el normal desarrollo y mantener nuestro organismo saludable.

Cabe señalar que en la doctrina se habla tanto de complementos como de suplementos alimenticios; sin embargo, en esta propuesta se tomará el concepto de suplemento porque la Ley General de Salud así lo adopta en el artículo 215, fracción V, donde los define como

Productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes.

La importancia de estos suplementos alimenticios radica en que ayudan a conservar, mejorar y optimizar las funciones fisiológicas del organismo.

Aun cuando en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012 se señala que la desnutrición en el país ha tenido retrocesos importantes, según aquélla, persisten cifras alarmantes, pues 302 mil 279 menores de 5 años de edad presentan bajo peso (2.8 por ciento), 1 millón 467 mil 757 menores tienen baja talla (13.6) y 171 mil 982 menores (1.6) presentan emaciación (bajo peso respecto a la altura).

Si bien hemos avanzado, debemos redoblar los esfuerzos para mejorar la nutrición de la niñez mexicana, por lo cual estimo conveniente adoptar medidas legislativas en este tema, motivo por el que someto a la consideración de esta Asamblea la presente propuesta.

El Instituto Nacional de Salud Pública ha manifestado en el documento Aceptabilidad de los suplementos alimenticios del programa Oportunidadesque el éxito de los suplementos en la mejora del estado nutricional de la población se encuentra directamente vinculado con el grado de aceptación y nivel de consumo, según el ámbito sociocultural del que se trate. También se recomienda llevar a cabo campañas informativas para concientizar sobre los principales beneficios del consumo de suplementos, tanto por la niñez como por las mujeres embarazadas. Y adicionalmente considera de particular utilidad elaborar manuales y capacitación para el personal de salud, a fin de que conozcan los riesgos y problemática asociada con el consumo de suplementos.

Al respecto, no omito mencionar que si bien dentro de dicho Programa ya se prevé la entrega de suplementos alimenticios, eso no trastoca la procedencia de la reforma planteada en la presente iniciativa; porque lo que se busca es que el derecho tenga carácter universal y no únicamente sea para los beneficiarios de este programa, así como también se pretende darle la permanencia que le aseguraría el estar consagrado este derecho en la Ley y no simplemente consignarse dentro de un programa social, que pudiera con el trascurso del tiempo modificarse o dejar de existir.

Ahora bien, actualmente Ley General de Salud establece en el artículo 6, fracción XI, que el sistema nacional de salud tiene, entre otros, el objetivo de diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.

Adicionalmente, al prever los aspectos que comprende la atención materno infantil, el artículo 64, fracción II, de la misma Ley General determina que quedan incluidas las acciones de ayuda alimentaria directa, tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno-infantil.

Finalmente, en el artículo 114 de tal ordenamiento se consigna que para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del gobierno federal. E incluso, la Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado.

Y en atención de tales mandatos legales para fomentar la nutrición, el gobierno de la república al emitir el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 mostró su preocupación sobre el tema y en la estrategia 4.1., “Asegurar un enfoque integral para reducir morbilidad y mortalidad infantil en menores de cinco años, especialmente en comunidades marginadas”, previó como una de las líneas de acción la 4.1.5. la consistente en coadyuvar en la provisión de alimentos y suplementos alimenticios para una nutrición adecuada.

Como se observa, la propuesta reforzaría el derecho a la nutrición ya resguardado por los dispositivos constitucionales y legales citados, pero sobre todo es muy importante continuar y redoblar los esfuerzos para mejorar el estado nutricional de la población, particularmente de la niñez, y con ello avanzar en los estándares internacionales que debemos alcanzar.

La presente iniciativa plantea ser solidarios y consignar en la ley de la materia el derecho de los menores a recibir suplementos alimenticios, cuando se trate de personas que lo requieran por tener algún grado de desnutrición o pertenecer a un grupo socialmente vulnerable, y de esa manera se busca paliar las inequidades, no hacer distinciones sobre su inclusión o no en un programa social, y con ello lograr una mejor cobertura en el derecho a la salud.

Por los argumentos expuestos someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley General de Salud

Único.Se adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 114....

...

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas como parte de los programas de nutrición a que hace referencia el párrafo anterior, otorgarán suplementos alimenticios a los menores que lo requieran por su condición de desnutrición o grado de vulnerabilidad social o económica que tengan.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.— Diputados: Rosalina Mazari Espín,Erick Alejandro Lagos Hernández, (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El PAN ha cambiado su iniciativa, por tal razón tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tres minutos.

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. En esta ocasión hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el Partido Acción Nacional estamos convencidos de que el interés superior de la niñez debe ser debidamente garantizado y salvaguardado por la Constitución, por las leyes y tratados vigentes, así como por todas las autoridades en el ejercicio de sus facultades.

En México hay casi dos mil niños invisibles, llamados así debido al abandono institucional y social que padecen. Hijos e hijas de internas que nacen y pasan sus primeros años de vida en reclusorios. Sin formar parte de la población censada de dichos centros no son reconocidos hasta el momento por ninguna ley, y lo anterior impide hacer exigible a dichos reclusorios la protección y garantía de los derechos de estas niñas y niños.

El ambiente en el que se desenvuelven estos niños no fomenta su sano desarrollo y deja atrás el interés superior de la niñez, así como la tutela de sus derechos. Lo anterior es inadmisible y por lo tanto es nuestro deber velar por ellos para que al igual que otros niños de México encuentren las mejores oportunidades para su desarrollo integral y sean verdaderos titulares de derecho.

En el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República mexicana de 2015, se han detectado las siguientes situaciones.

En 10 centros penitenciarios no se permita la estancia de menores con sus madres. No existe una edad determinada en los centros para la estancia de los niños. Hay casos en que los menores viven en dichos centros hasta los 12 años.

En 53 centros no existe el acceso para los menores a los servicios de guardería y/o educación básica. En la mayoría de los centros no existe atención médica especializada ni servicios pediátricos para los menores.

En casi todos los casos las internas duermen junto con los niños en la misma cama debido al hacinamiento. Los menores no cuentan con áreas de esparcimiento y recreación. Y si los niños no cuentan con familiares fuera del penal, es común que estén imposibilitados para salir del mismo.

Es nuestra obligación como legisladores promover la creación de leyes que generen las condiciones adecuadas y las políticas públicas necesarias para garantizar que todos nuestros niños y niñas sean cuna de una patria grande, justa y generosa.

Por lo ya expuesto, Acción Nacional propone que se amplíe el espectro de protección y salvaguarda del principio de interés superior de la niñez a través de la creación, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de una visitaduría especial encargada de velar permanentemente por los derechos de las niñas y niños que viven en centros penitenciarios. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa quee reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez della Vecchia, del Grupo Parlamentario del PAN

Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, en mi carácter de proponente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de, Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se modifica y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

De especial relevancia para el Estado es el asegurar el bienestar de las generaciones venideras, pues de aquí parte la viabilidad de la Nación Mexicana.

Un tema fundamental para lograr el pleno desarrollo de las potencialidades de México es promover que los menores de edad se desarrollen en un ambiente armonioso, en el que se garantice el pleno respeto y acceso al ejercicio de sus derechos.

Para estos objetivos, cobró especial relevancia la tesis de jurisprudencia Clave: 1a./J., Núm.: 25/2012 (9a.), que consigna lo siguiente:

Interés superior del menor. Su concepto. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: “la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

Esta jurisprudencia clarificó las controversias relativas a la preminencia de derechos respecto a la patria potestad o la custodia del menor en juicios familiares, definiendo que los tribunales deben tomar en consideración en sus resoluciones la preminencia especial del interés superior del menos sobre cualquier otro criterio jurídico.

Este criterio jurisprudencial se apoyó en la premisa del párrafo octavo del artículo 4º Constitucional, que consigna lo siguiente: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Aunque el principio de interés superior del menor está consignado en nuestra Carta Magna y existen los precedentes jurisdiccionales que tutelan este derecho, en la realidad los números y las estadísticas demuestran que estamos muy distantes de alcanzar los objetivos deseados en materia de desarrollo de los menores. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay datos relevantes que nos muestran que los niños todavía son un sector ampliamente vulnerable:

• En 2014 en nuestro país, el monto de población infantil de 0 a 17 años, ascendió a 40.2 millones de personas: 19.7 millones de niñas y 20.5 millones de niños.

• En México, la discapacidad en la población infantil tiende a incrementar su presencia conforme aumenta la edad, aunque es a los 10 años cuando se concentra el mayor porcentaje (16.6 %) de población infantil con discapacidad. En los primeros cuatro años de vida, las niñas representan la mayor proporción de personas con discapacidad. Pero en la población infantil con discapacidad, uno de cada diez infantes son niños de 10 años.

• De acuerdo con la información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012, tres de cada 10 niñas y niños habitan en hogares donde existe algún tipo de restricción moderada o severa para acceder a la alimentación requerida para llevar una vida sana y activa; en contraste, entre la población general esta carencia afecta al 23.3 por ciento.

• Uno de cada cinco niños habitaba en viviendas con condiciones inadecuadas por el material de su construcción, el nivel de hacinamiento o el acceso a servicios básicos (agua, electricidad y drenaje).

• De acuerdo con los resultados del Módulo de Trabajo Infantil 2013 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 8.6% de las niñas de 5 a 17 años realizan una actividad económica, es decir, forman parte de la población ocupada: 36.0% de estas personas no asiste a la escuela y la proporción restante, 64.0%, combina trabajo y estudio; 2.4% no tienen escolaridad; 38.7 y 48.1 por ciento cuentan con algún grado de primaria o secundaria, respectivamente.

Estos son datos que muestran que tenemos un rezago para garantizar una vida digna para los menores de edad y siguen siendo uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. Si estos datos no fueran suficientes; vemos otros casos en que los niños no cuentan con acceso a casi ningún satisfactor básico, como son los niños que viven en la calle o los que por las circunstancias de sus madres nacieron en un reclusorio.

De manera especial, nos ocupa este último caso, en el que los menores que nacen en los penales viven en condiciones deplorables y que no se les puede apoyar de manera eficaz por no ser reconocidos en ninguna ley y por lo tanto, no son sujetos de derechos en su estancia en los penales del país.

La situación en que viven estos niños es una vergüenza para nuestra sociedad y es imperativo que el Estado salvaguarde los derechos de estos menores y que por ninguna circunstancia alguno de estos menores sufra afectaciones físicas y psicológicas por el hacinamiento y la falta de servicios básicos como son la educación, salud, sano esparcimiento y alimentación sana.

El “informe especial de la CNDH sobre las mujeres internas en los centros de reclusión en la República Mexicana del años 2015” ha detectado las siguientes situaciones que son violaciones flagrantes a los derechos de los menores que viven en estos centros:

- En 10 centros penitenciarios no se permite la estancia de menores con sus madres internas, vulnerando el derecho de los menores para convivir con sus madres.

- No existe una edad determinada en los reclusorios para la estancia de los niños en los centros. Se pueden encontrar casos en los que a los menores se les permite vivir de los seis meses hasta los doce años.

- En 53 establecimientos no existe el acceso a los menores para los servicios de guardería y educación básica.

- En la mayoría de los centros no existe atención médica especializada y no existe servicios pediátricos para los hijos de las internas.

- En casi todos los casos las internas duermen junto con los niños en la misma cama, debido a las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los centros.

- Los infantes no cuentan con áreas para esparcimiento y si los niños no tienen familiares fuera del penal, es común que estén imposibilitados para salir de los penales.

- Los niños no cuentan con una alimentación suficiente y de calidad.

- Las autoridades no proporcionan información sobre salud a las mujeres embarazadas o lactantes.

- Los infantes no disponen de acceso a actividades deportivas y culturales.

- Lo niños se encuentran expuestos a fauna nociva como lo son chinches, ratas, moscas y cucarachas.

Aunado a lo anterior, los menores están expuestos a ser testigos e inclusive víctimas de malos tratos, extorsiones, violencia, uso de enervantes, abuso sexual, tortura, prostitución y acoso sexual y otras situaciones que pueden dejar marcados de por vida a los niños.

Dentro de este marco, es necesario que el Congreso perfeccione los instrumentos legales y constitucionales para garantizar que los niños, que son el futuro de México gocen de instituciones eficientes que salvaguarden sus derechos y garanticen la protección de los derechos específicos de ciertos sectores que son vulnerables, a veces en extremo como son los infantes.

Es imperdonable que el Gobierno Mexicano no pueda garantizar que todos los niños puedan tener igualdad de oportunidades de desarrollo, sin importar el contexto social, económico o geográfico. Todos y cada uno de nuestros niños debe tener acceso a una vida libre de violencia.

Es por esto que Acción Nacional propone que se amplíe el espectro de protección y salvaguarda del principio del interés superior del menor para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos encauce las políticas públicas relacionadas con los infantes y que en casos específicos, como los niños que viven en los centros penitenciarios, tengan una autoridad especializada que este velando permanentemente para que sus derechos no sean menoscabados en centros penitenciarios.

Se propone adicionar un párrafo noveno al artículo 4º Constitucional que determina que la Comisión de Derechos Humanos es la Institución que dará un seguimiento especial a las políticas públicas del Estado enfocadas en el desarrollo de la niñez y que deberá velar para que siempre prevalezca el principio del interés superior del menor en cada una de sus actuaciones.

Con esta reforma también se pretende clarificar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la autoridad que tendrá la interpretación uniforme del principio del interés superior del menor y que la aplicación de las políticas públicas estará apoyada en lineamientos específicos, emitidos por la institución especializada en derechos humanos.

Se propone la adición de un artículo segundo transitorio, que tiene como finalidad la instauración dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta reforma, de una Visitaduría Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que permanentemente velará para que se respeten los derechos de los niños que viven en los penales.

Lo anterior sin menoscabo de lo que al respecto y por mandato de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes realicen los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada Entidad Federativa y sus Municipios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa don proyecto de

Decreto

Único: Se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o. de la Constitución y recorriéndose los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

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En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos velar por que el Estado, en el establecimiento de sus políticas públicas, así como en los actos que realice; salvaguarde y promueva la correcta aplicación y cumplimiento del principio del interés superior de la niñez, así como observar que se respeten y garanticen los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

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Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Comisión de Derechos Humanos deberá crear una Visitaduría Especial que vigile que en los Centros de Reclusión de toda la República se garanticen los derechos fundamentales de todos los niños que ahí viven, y se adecue su infraestructura para contribuir con el correcto desarrollo de los niños como titulares de derechos.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 9 de diciembre de 2015.— Diputados: Mónica Rodríguez Della Vecchia,Alejandra Gutiérrez Campos, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Nadia Haydee Vega Olivas (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por tres minutos, el diputado Hugo Alejo Domínguez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o., de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Hugo Alejo Domínguez: Con su permiso, señor presidente, señoras y señores legisladores, el día de hoy nos ocupa un tema que pone de manifiesto la adecuación de nuestro marco jurídico en términos de la consolidación plena de los valores y principios democráticos que marcan nuestro ideal como nación, más allá de los colores partidistas.

Como ustedes saben, la corrupción y la falta de transparencia representan dos de los principales impedimentos para la consolidación efectiva de la democracia en nuestro país, lo que sin lugar a dudas vulnera de forma significativa el respeto y apego irrestricto de la dignidad humana en detrimento del Estado de derecho.

La comunidad migrante representa uno de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad que sufre de manera alarmante las consecuencias de este detestable fenómeno que los orilla a ser víctimas de grupos delincuenciales y de autoridades que actúan en contradicción completa del principio de la legalidad. Por tanto representa una obligación por parte del Estado mexicano el fortalecer aquellos marcos normativos que permitan asegurar que los recursos destinados para garantizar su protección, lleguen a donde deben de aplicarse.

Cabe mencionar que los migrantes mexicanos contribuyen a favor de la consolidación de una democracia incluyente y participativa en cuyos valores y principios el combate a la corrupción se inscribe como un punto medular de eficacia y de eficiencia, de tal suerte que el garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de aquellos recursos destinados para su protección, representan una manifestación en términos de efectividad de nuestra política migratoria y exterior, así como del apego a nuestro marco constitucional en materia de derechos humanos.

Por otro lado resulta necesario el tomar en consideración siempre y en todo momento, el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentra la comunidad migrante, por lo que una asignación de recursos al amparo del principio de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, debe inscribirse como uno de los mecanismos prioritarios que enmarquen la congruencia a favor de la salvaguarda del desarrollo psicosocial de estos grupos que tanto han dado en favor de nuestra nación.

Señoras y señores legisladores, por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XI del artículo 2o de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con la finalidad de que los recursos destinados para los efectos que mencionan las disposiciones normativas en materia del retorno de los connacionales mexicanos, deberán garantizar protección en términos físicos y psicológicos, sin discriminación alguna por causas de repatriación, deportación o de manera voluntaria.

Esta medida representa una sumatoria de esfuerzos a favor de productos legislativos que atiendan de manera puntual las necesidades de este grupo social. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado Hugo Alejo Domínguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Hugo Alejo Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o., numeral 1, 77, numeral 1, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XI del artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

La corrupción y la falta de transparencia, representan dos de los principales impedimentos para la consolidación efectiva de la democracia en nuestro país, lo que sin lugar a dudas, vulnera de forma significativa el respeto y apego irrestricto de la dignidad humana, en detrimento del Estado de Derecho.

Las disposiciones normativas tienen como prioridad el asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, de acuerdo con el compromiso adquirido con la comunidad internacional a raíz de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para lo cual, la rendición de cuentas y mediante el apego al principio de la legalidad a favor del ser humano, debe ser llevado a cabo de una forma inmaculada a favor del desarrollo eficiente de la justicia en nuestro país.

Argumentos que la sustenten

La comunidad migrante, representa uno de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad, ya que no sufren una doble victimización por parte de grupos delincuenciales y de autoridades corruptas, que, al amparo de una total impunidad, llevan a cabo acciones en perjuicio de su desarrollo psicosocial, vulnerando en muchas ocasiones su integridad física y psicológica.

Por tanto, representa una obligación por parte del Estado mexicano, el asegurar marcos normativos que permitan asegurar que los recursos destinados para garantizar su protección, no sufran de lagunas jurídicas que impidan su ejercicio de manera eficiente y eficaz.

Fundamento jurídico

La fracción XI del artículo 2o. de la ley del Servicio Exterior establece, entre sus disposiciones, la atención de los recursos puntualmente a favor del Programa de Repatriación de Personas Vulnerables; por lo que resulta oportuna la adición de un párrafo que complemente dicha fracción a efecto de garantizar que las autoridades y las dependencias federales en materia de migración garantizarán siempre y en todo momento y sin importar si se trata de un hecho de repatriación, deportación o de forma voluntaria la protección de nuestros connacionales a territorio nacional.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

Ordenamientos a modificar

Texto normativo propuesto

Artículo 2o. Corresponde al Servicio Exterior.

XI. ...

Los recursos destinados para tales efectos en materia de retorno de los connacionales mexicanos, deberán garantizar protección en términos físicos y psicológicos, sin discriminación alguna de dicho retorno por causas de repatriación, deportación o de manera voluntaria.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.— Diputados: Hugo Alejo Domínguez,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Brenda Velázquez Valdez, Nadia Haydee Vega Olivas, Alejandra Gutiérrez Campos (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Alejo. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Guillermo Santiago Rodríguez, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta Soberanía, iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 23 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley Federal para rrevenir y eliminar la Discriminación determina prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo primero de la Constitución Política, así como promover la igualdad de oportunidades y trato.

Asimismo, prohíbe las acciones discriminatorias “que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades”. La finalidad es prevenir y erradicar la discriminación, el derecho de igualdad, la protección y no discriminación de los ciudadanos que en prejuicio de sus derechos se realice.

En materia de género, la legislación considera como conducta discriminatoria, entre otras, que se niegue o limite información sobre derechos reproductivos o se impida el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas; así como la igualdad de oportunidades para las mujeres.

La legislación no considerará como conducta discriminatoria a “las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que sin afectar derechos de terceros, establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades”.

La ley crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el cual tendrá como objetivo llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación.

Lo define como organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, encargado de su aplicación y observancia, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión.

Para su administración, la Ley faculta a dos entidades: la Junta de Gobierno y la Presidencia del Consejo.

En relación a su Junta de Gobierno, la Ley señala que ésta tendrá, además de aquellas que establece el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones:

• Establecer las políticas generales para la conducción del consejo en apego a este ordenamiento, al estatuto orgánico, al programa nacional para prevenir y eliminar la discriminación y a los demás instrumentos administrativos que regulen su funcionamiento;

• Aprobar el proyecto de presupuesto que someta a su consideración la presidencia del consejo y conocer los informes sobre el ejercicio del mismo;

• Aprobar el informe anual de actividades que remitirá la presidencia del consejo a los poderes de la unión;

• Nombrar y remover, a propuesta de la presidencia del consejo, a los servidores públicos de este que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquel;

• Acordar con base en los lineamientos y prioridades que establezca el ejecutivo federal, la realización de todas las operaciones inherentes al objeto del organismo con sujeción a las disposiciones aplicables y delegar discrecionalmente en el Presidente del Consejo sus facultades, salvo las que sean indelegables de acuerdo con la legislación aplicable, conforme a lo establecido en este artículo;

• Aprobar el tabulador de salarios del consejo;

• Expedir y publicar un informe anual de la junta.

Asimismo, señala que su Junta de Gobierno se integra por cinco representantes del Poder Ejecutivo Federal, y cinco integrantes designados por la Asamblea Consultiva.

Los representantes del Poder Ejecutivo federal son los siguientes:

i. Uno de la Secretaría de Gobernación;

ii. Uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

iii. Uno de la Secretaría de Salud;

iv. Uno de la Secretaría de Educación Pública, y

v. Uno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los representantes del Ejecutivo federal deberán tener nivel de subsecretario y sus respectivos suplentes el nivel inferior jerárquico inmediato.

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto Nacional Indigenista, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

El Presidente del Consejo, quien preside la Junta de Gobierno, es designado por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Como podemos observar, en su integración no se encuentran representantes del Poder Legislativo, consideramos adecuado que un legislador de la Cámara de Diputados, debe ser incluido en dicha Junta de Gobierno; es decir, lo anterior obedeciendo al principio de representatividad de la sociedad.

Es importante que el Poder Legislativo tenga presencia en la Junta de Gobierno del organismo, con la finalidad de coadyuvar al impulso de acciones de información, sensibilización, capacitación y divulgación encaminadas a favorecer la convivencia en la diversidad, el respeto a la diferencia y la igualdad como valores fundamentales de la vida democrática.

De igual manera, para fomentar la participación ciudadana en la construcción de una cultura de la no discriminación, en la denuncia de acciones discriminatorias, así como en la formulación y seguimiento de los programas gubernamentales; con acciones positivas y compensatorias en las leyes, reglamentos, acuerdos, programas y presupuestos públicos, encaminadas a favorecer la inclusión social plena de las personas y grupos vulnerados o en desventaja.

De aprobarse la presente iniciativa de decreto la Junta de Gobierno se conformaría por trece. No dudamos que con la inclusión, se fortalecería este importante organismo de beneficio social.

Debemos avanzar en la constitución de instituciones fuertes, democráticas, imparciales y que beneficien de manera tangible a los mexicanos. El Poder Legislativo debe ser uno de los principales promotores en la construcción de las mismas.

El planteamiento de esta iniciativa es que el Poder Legislativo designe a un representante que forme parte de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. De esta forma contribuiremos a romper con el vicio de que el Poder Ejecutivo sea el que designe a los representantes.

Para conseguir lo anterior, es preciso realizar las modificaciones legales necesarias para abrir la representación legislativa en los órganos de gobierno de las instituciones gubernamentales. Plasmar en la realidad esta idea en el órgano encargado de proteger los derechos de los ciudadanos se vuelve un asunto de la mayor importancia.

Estamos convencidos de que la lucha contra la discriminación es una tarea que requiere de la acción enérgica y decidida de todos los integrantes de la sociedad y que por lo tanto ninguna institución, organización o persona debe mantenerse ajena a ella.

El reconocimiento de la no discriminación como derecho fundamental requiere de la participación del legislativo en esta Junta de Gobierno para asegurar a todos y a los más vulnerados en derechos, medidas que garanticen su efectivo ejercicio.

Por lo anterior, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación:

Artículo Único. Se adiciona al artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para quedar como sigue:

Artículo 23. La Junta de Gobierno estará integrada por cinco representantes del Poder Ejecutivo Federal, y cinco integrantes designados por la Asamblea Consultiva.

Los representantes del Poder Ejecutivo Federal son los siguientes:

i Uno de la Secretaría de Gobernación;

ii Uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

iii Uno de la Secretaría de Salud;

iv Uno de la Secretaría de Educación Pública, y

v Uno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los representantes del Ejecutivo Federal deberán tener nivel de subsecretario y sus respectivos suplentes el nivel inferior jerárquico inmediato.

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto Nacional Indigenista, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; asimismo, un integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de diciembre de 2015.— Diputado Guillermo Santiago Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 4O. DE LA LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

El diputado Adán Pérez Utrera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en la doctrina el sistema de ordenamiento jurídico escalonado establecido por Hans Kelsen, en su Teoría General del Derecho del Estado, señala que en un sistema jurídico las leyes de mayor jerarquía, dan sustento a las secundarias.

En México, la Constitución es norma de normas, de modo que priva sobre cualesquiera otras y en caso de contradicción, su mandato debe prevalecer. Esta condición es clara, no admite dudas ni interpretaciones diferentes. No obstante, en la realidad hay disposiciones vigentes que se oponen absurdamente a la letra y al espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contradicciones que obviamente deben eliminarse. Basta un botón de muestra, la autonomía del Banco de México.

Mientras el sexto párrafo del artículo 28 de la Constitución señala que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, la fracción séptima del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 4o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales señalan todo lo contrario al decir que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al banco central.

Así, la Secretaría de Hacienda tiene injerencia en el funcionamiento del Banco de México, contrariando con ello la autonomía del banco central y vulnerando su autonomía institucional y funcional.

Por tanto, se plantea la reforma al artículo citado con el objetivo de sacar al Banco de México de la esfera de control e influencia de la Secretaría de Hacienda. Por su parte, el artículo 4o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, entre otras cosas, establece que el Banco de México, así como las entidades paraestatales, que formen parte del sistema financiero, quedan sujetas por cuanto a su constitución, organización y funcionamiento, control, evaluación y regulación a su legislación específica, y les será aplicable dicha ley.

Al igual que el caso anterior la redacción de esta disposición es contradictoria de la norma fundamental al incluir al Banco de México como una entidad paraestatal, lo cual no es consecuente con su naturaleza de organismo autónomo.

Compañeras y compañeros, la motivación de esta propuesta deriva de la necesidad de eliminar estos preceptos anticonstitucionales y fortalecer el papel que juega el Banco de México. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Adán Pérez Utrera, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 4o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la doctrina jurídica, el sistema de ordenamiento escalonado, establecido por Hans Kelsen, en Teoría general del derecho y del Estado,se señala que en un sistema jurídico cada una de las capas que lo conforman depende de la anterior, por lo que las de mayor jerarquía sostienen a las inferiores.

En México, la Constitución es norma de normas. El artículo 133 indica que es la ley suprema, de modo que priva sobre cualesquiera otras; y, en caso de contradicción, su mandato debe prevalecer.

En consecuencia, todo el orden normativo, sea federal o local, debe estar acorde con la Constitución.

Esta condición es clara: no admite dudas, ni interpretaciones diferentes. No obstante, en la realidad hay disposiciones legales vigentes que se oponen absurdamente a la letra y al espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contradicciones que deben eliminarse. Basta un botón de muestra. Voy a referirme al atentado a la autonomía del Banco de México.

Mientras que el sexto párrafo del artículo 28 de la Constitución Federal señala: “El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración”, la fracción VII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 4o. de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, señalan todo lo contrario.

La fracción VII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala:

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VI. ...

VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, que comprende el banco central, la banca nacional de desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito;

VIII. a XXXIV. ...

Así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene injerencia en el funcionamiento del Banco de México, contrariando con ello el principio constitucional de autonomía del banco central consagrado en el sexto párrafo del referido artículo 28, y vulnerando su autonomía institucional y funcional, ya que impone la tutela administrativa en la actividad del Banco de México y no posibilita la libertad de elección plena de los instrumentos de política monetaria y su modo de aplicación. Por tanto, se plantea la reforma de la fracción VII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con objeto de sacar el Banco de México de la esfera de control e influencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y eliminar, consecuentemente, el conflicto de leyes.

El artículo 4o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales señala:

Artículo 4o. El Banco de México, las sociedades nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas, los fondos y fideicomisos públicos de fomento así como las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero, quedan sujetas por cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación a su legislación específica. Les será aplicable esta ley en las materias y asuntos que sus leyes específicas no regulen.

Igual que en el caso anterior, la redacción de esta disposición legal es contradictoria de la norma fundamental, toda vez que considera al Banco de México como una entidad paraestatal, lo cual no es consecuente con su naturaleza de organismo autónomo como lo refiere la Carta Magna. Por tanto, es necesario reformar esta disposición legal para que esté acorde con el texto constitucional.

Debe quedar claro que la motivación de esta propuesta deriva de la necesidad de eliminar esa anticonstitucionalidad, y del papel que juega el Banco de México, no sólo en su obligación de proveer de moneda y de instrumentar la política monetaria del país, sino porque su autonomía es un mandato constitucional ineludible que en ninguna circunstancia debe estar únicamente en el papel y mucho menos supeditada en la práctica a leyes secundarias.

Por lo anterior someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman la fracción VII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 4o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Primero.Se reforma la fracción VII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VI. ...

VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito;

VIII. a XXXIV. ...

Segundo. Se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:

Artículo 4o. Las sociedades nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas, los fondos y fideicomisos públicos de fomento así como las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero, quedan sujetas por cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación a su legislación específica. Les será aplicable esta ley en las materias y asuntos que sus leyes específicas no regulen.

Transitorios

Primero. Para conocimiento general se publicará el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.— Diputado Adán Pérez Utrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Pérez. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Solicitamos la libertad a los 52 normalistas michoacanos presos en dos cárceles, en Morelos y en Sonora. Saludo y felicito a los habitantes de la Ciudad de México por el existo obtenido en la consulta ciudadana del domingo 5 de diciembre pasado.

Con su venia, presidente. Diputadas y diputados, para el Grupo Parlamentario de Morena, la legalidad y profesionalismo son características obligadas que debe cumplir cualquier persona a la que se le haya conferido una responsabilidad que éste vinculada con la aplicación en recursos destinados a la operación de programas sociales encaminados a abatir los altos indícese de desigualdad en diferentes sectores de nuestro país.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que presento ante esta soberanía, tiene la intención de propiciar la profesionalización de los delegados de las dependencias del gobierno federal para el ejercicio de sus funciones. Desafortunadamente, en la normatividad correspondiente, el perfil del puesto para los titulares de las delegaciones de dependencias federales carece de requisitos precisos que deben de cumplirse para evitar sesgos partidistas y de posible desvió del erario, o bien, para evitar en lo posible que dichos titulares tengan favoritismos hacia determinados sectores de beneficiarios de los programas sociales.

Además, en la mayor parte de los casos ha resultado que precisamente la designación de delegados se trata de personas íntimamente ligadas a la operación electoral de algún partido político, cuya experiencia en los sectores ligados a las políticas públicas que se han implementado para mejorar la educación, salud, desarrollo, social, agricultura, autoempleo, por mencionar algunos, es nula o con muy bajos índices en el conocimiento del perfil de la dependencia. Y al contrario, su desarrollo profesional y experiencia laboral se centra en actividades netamente político-electorales.

Es de importancia toral, que el actuar de los servidores públicos relacionados con la política social no se desvincule por ninguna razón del combate a la corrupción, de la obligación de rendir cuentas y transparentar ante las instituciones y la sociedad los procesos y resultados de las actividades que involucran las funciones del puesto de trabajo que tienen dichos servidores.

La redacción actual de la ley correspondiente es imprecisa en cuanto a los requisitos profesionales...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:... ambigua respecto de la experiencia administrativa en el sector público y omiso en cuanto al distanciamiento de los cargos partidistas y los puestos de elección popular.

Por lo anterior, de aprobarse la presente iniciativa estaremos induciendo la legalidad e imparcialidad en el manejo de recursos distribuidos a la población por medio de subsidios vía programas sociales, así como otorgarle al marco legal en esta materia la fortaleza de ser clara y precisa...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Su tiempo se ha agotado, diputada.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:... que permita la adecuada selección y designación de funcionarios relacionados con la correcta y legal operación de programas sociales. Además estaremos coadyuvando a la disminución de un alto porcentaje...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Su tiempo ha concluido, diputada.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:... de actos de intermediarismo clientelar, corrupción y abonando al principio de transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de recursos a la gente. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 17-Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La legalidad es una obligación que debe cumplir cualquier persona a la que se le haya conferido una responsabilidad que esté vinculada con la aplicación de recursos públicos, máxime si se tratan de recursos públicos destinados a la operación de programas sociales encaminados a abatir los altos índices de desigualdad en diferentes frentes y sectores de nuestro país.

Las actividades que los funcionarios públicos llevan a cabo, constituyen el conjunto de actos y tareas que se deben realizar para la consecución de los fines del estado. Estas atribuciones concedidas por la ley deben procurar salvaguardar los valores o principios básicos de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

En nuestro país, la importancia de una correcta administración pública se asocia al esfuerzo que debe realizar el Gobierno mexicano para alcanzar mayores índices de eficiencia, eficacia y honestidad en el ejercicio de las funciones públicas. Dicho esfuerzo debe verse reflejado en toda la organización administrativa a nivel federal prioritariamente realizando importantes ajustes en las funciones de algunos puestos de servidores públicos de las dependencias del ejecutivo federal que tienen programas sociales a su cargo.

De tal manera, que el manejo de los recursos públicos con sesgos partidarios o con fines de favoritismo hacia particulares, es contrario a los principios de probidad que deben tener en su actuar cotidiano todos los servidores públicos sin importar el nivel del puesto, ni dependencia en la que laboren, ni la entidad federativa ni tampoco al orden de gobierno al cual están sirviendo en algún puesto de trabajo, solo importa el bien de la sociedad, sin robo, sin preferencias y sin desvío de recursos.

Desafortunadamente en la normatividad, el perfil de puesto para los titulares de las delegaciones carece de requisitos más precisos y sobre todo los requisitos que deben de cumplirse para evitar el sesgo partidista y de posible desvío de recursos públicos o bien que dichos titulares tengan favoritismos hacia determinados sectores de beneficiarios de los programas sociales.

Así mismo, por si fuera poco nos encontramos en muchos casos con la falta de la experiencia necesaria en las áreas encomendadas de dichos servidores públicos, mermando así la capacidad para ofrecer los programas públicos con la legalidad que se merecen y así lograr atender los derechos fundamentales de los ciudadanos que más lo necesitan.

En los últimos años, diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y actores políticos, han denunciado públicamente la transgresión de las normas y la comisión de diversos ilícitos por parte de funcionarios públicos adscritos a las diversas dependencias, que tienen que ver no sólo con el uso electoral de los recursos de programas sociales destinados al combate de la pobreza, sino con el manejo inadecuado de los programas sociales y la manipulación de la población que se encuentra en los padrones de dichos programas con miras al beneficio particular o partidista.

Además, en la mayor parte de los casos, ha resultado que precisamente se trata de personas íntimamente ligadas a la operación electoral de algún partido político, cuya experiencia en los sectores ligados a las políticas públicas que se han implementado para mejorar la educación, salud, desarrollo social, agricultura, autoempleo, por mencionar algunos, es nula o con muy bajos índices en el conocimiento del perfil de la dependencia y al contrario, su desarrollo profesional y experiencia laboral se centra en actividades netamente político electorales.

Es de importancia toral, que el actuar de los servidores públicos relacionados con la política social no se desvincule por ninguna razón del combate a la corrupción, de la obligación de rendir cuentas y transparentar ante las instituciones y la sociedad, los procesos y resultados de las actividades que involucran las funciones del puesto de trabajo que tienen dichos servidores públicos.

Es necesario terminar con el favoritismo y las acciones clientelares que representan ilícitos que deben ser castigados y poner fin a la manipulación y mal uso de los programas sociales que hace que se deforme y en muchos casos, se pierdan los verdaderos objetivos de los mismos, propiciando que no se cumpla con las metas planteadas por las políticas públicas que les dieron origen, por lo que se hace imperativo y necesario precisar en el marco legal correspondiente, los perfiles mínimos que deben cumplir las personas que pretendan ser titulares de las delegaciones federales de las dependencias que operan programas sociales y por lo tanto administrarán recursos públicos para garantizar que la población objetivo que busca obtener los beneficios de los programas distribuidos por el estado, sea efectivamente aquella población que más lo necesita.

Como una acción que se complemente con otras de tipo operativa como lo es el blindaje electoral que el ejecutivo Federal instruye y lleva a cabo en tiempos electorales, es imperante fortalecer el marco jurídico que sirva de base y deje a un lado las ambigüedades o vacíos normativos que a la fecha han sido aprovechados por malos funcionarios públicos y han servido de huecos que han permitido el incumplimiento de la obligación de llevar procesos de selección y asignación de subsidios de forma legal, eficiente, eficaz y transparente.

Alcanzar estos fines con altos estándares, tiene un impacto directo en la calidad de vida de millones de mujeres y hombres, niñas y niños de nuestra sociedad que merecen que sean atendidas sus necesidades más apremiantes y eso, no debe verse comprometido con actos de corrupción que pongan en riesgo dichos valores.

La redacción actual de la Ley correspondiente, es imprecisa en cuanto a los requisitos profesionales, ambigua respecto de la experiencia administrativa en el sector público y omisa, en cuanto al distanciamiento de los cargos partidarios y los puestos de elección popular.

De esta manera, el reto es pasar de un esquema de nombramientos discrecionales a uno acotado por la Ley, precisando de manera lógica los requisitos tanto para elevar el nivel de profesionalización y especialización, como para tomar distancia de los intereses políticos en general.

Por lo anterior, de aprobarse la presente iniciativa, estaremos induciendo a la legalidad e imparcialidad en el manejo de recursos públicos distribuidos a la población por medio de subsidios vía programas sociales, así como otorgarle al marco legal en esta materia, la fortaleza de ser clara y precisa que permita la adecuada selección y designación de funcionarios relacionados con la correcta y legal operación de programas sociales. Y de paso estaremos coadyuvando a la disminución de un porcentaje alto de actos de intermediarismo clientelar, corrupción, y abonando al principio de transparencia en la aplicación de recursos públicos.

Por lo anteriormente motivado y fundado, sometemos a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo único.- se reforma el inciso b) y se adicionan los incisos e), f) y g) del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. ...

I. ...

a) ...

b) Contar con estudios de nivel licenciatura como mínimo con una antigüedad de al menos tres años al día de su designación, en materias vinculadas o afines a las atribuciones que correspondan a la delegación respectiva.

c) ...

d) ...

e) No desempeñar ni haber desempeñado ningún cargo en algún partido político en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento.

f) No haber sido electo o designado como dirigente de un partido político Federal o Estatal al menos tres años previos al día de la designación del nombramiento.

g) No haber sido candidato a puesto de elección popular, al menos tres años previos al día de la designación del nombramiento.

...

...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.— Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Cuata. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Rogamos nuevamente a los diputados que no se excedan del tiempo de tres minutos.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar en una sola intervención las siguientes iniciativas: Proyecto de decreto que reforma los artículos 4 Bis 3 de la Ley para la Transparencia y los Ordenamientos de los Servicios Financieros y el 15 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; proyecto de decreto que reforma los artículos 280, 283 de la Ley Federal del Trabajo; proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial. Adelante, diputado.

El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez: Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados, hace poco más de 100 años, la Revolución Mexicana buscó la justicia social para los trabajadores del campo. Nos costó años y sangre pacificar el país, pero como resultado hoy tenemos las instituciones de un Estado social que comparten el propósito fundamental de garantizar el bienestar de los mexicanos.

Los representantes populares tenemos la obligación de promoverlos a través de las leyes e instituciones que regulan la vida económica y social de la nación. La presente iniciativa busca saldar una deuda que tenemos pendiente con los jornaleros de nuestro país, con nuestros jornaleros agrícolas, quienes son trabajadores temporales que se dedican a la siembra, a la cosecha, a la recolección y preparación de productos del campo.

De acuerdo con el Inegi, en México viven 3.3 millones de jornaleros agrícolas, de los cuales 1.2 con migrantes, personas que se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen para ir a trabajar a otras zonas de sus estados o del país.

Sobra decir, que su labor es fundamental para producir alimentos de calidad y generar productos importados a todas partes del mundo. Pese al rol que desempeñan para la economía nacional, laboran y viven en condiciones deplorables que no podemos tolerar ni como legisladores ni como país.

En mi estado San Luis Potosí he escuchado de viva voz los testimonios de nuestros paisanos, relatos que reflejan una sistemática violación de sus derechos fundamentales. Viven en condiciones de hacinamiento, insalubres que atentan contra la dignidad humana. Se les somete a jornadas prolongadas de trabajo que acceden al tiempo máximo establecido en la ley. Se les pagan salarios de miseria, de los cuales le resulta imposible costearse una vida digna.

No hay vacaciones ni de reparto de utilidades ni pago de horas extras ni jubilaciones y pocos son los que perciben proporcionalmente aguinaldo y prima vacacional. Se estima que el 97 por ciento de los jornaleros no tienen acceso a seguridad social. Las mujeres reciben mínima atención médica durante su embarazo y casi la mitad de ellas carece por completo de ellas.

En el caso de los jornaleros migrantes en muchas ocasiones no se les paga lo que se acordó inicialmente, se regresan con sus propios recursos, de ride y pero aún, con los pies desechos y las ilusiones muertas. Todo esto sucede a pesar de la Ley Federal del Trabajo que contempla un sólido marco de protección.

Esta iniciativa busca asegurar el cumplimiento de éstas y otras disposiciones, fortaleciendo las facultades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que pueda llevar un registro de los contratos a nivel nacional de los jornaleros agrícolas.

Este registro está pensado para facilitarle a la Secretaría la realización de inspecciones de trabajo para supervisar las condiciones laborales y sociales de estos trabajadores y que encuentren correspondencia de acuerdo a la norma.

No podemos permitir que los jornaleros agrícolas y sus familias sigan siendo la cara más cruda de la pobreza y la marginación. Tampoco podemos seguir tolerando la violación de sus derechos laborales, que solo van en detrimento de la dignidad humana de la tradición política de México.

Estoy convencido que juntos podamos transformar la realidad de los trabajadores estacionales del campo. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 4-Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y 15 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b), fracción II del artículo 4o. Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y se adiciona un párrafo al artículo 15 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Exposición de Motivos

Antecedentes

Hoy en día, las tarjetas de crédito y débito expedidas por el sistema bancario mexicano se han consolidado como un usual medio de pago para millones de personas. En México, se calcula que existen más de 30 millones de tarjetahabientes, entre los que se encuentran ahorradores, nomina-habientes y titulares de una tarjeta de crédito, derivado de la celebración de un contrato de apertura de crédito con una institución bancaria.

La penetración que han tenido estos instrumentos no solo ha facilitado y hecho más seguras las transacciones comerciales sino que también refleja la solidez alcanzada por el sistema financiero mexicano. Tan sólo durante 2013, se realizaron más de mil 676 millones de pagos con tarjetas bancarias en comercios, por un monto de 811 mil millones de pesos. El valor de dichas transacciones representó el 5.8 por ciento de producto interno bruto, PIB, y el 8.5 por ciento del monto del consumo privado.

Detrás todas y cada una de estas operaciones se encuentra el complejo sistema de las redes de pago, el cual implica procesos con costos para los consumidores, pero fundamentalmente para los comercios y los bancos.

Los bancos aplican varias comisiones al establecimiento comercial por el uso de una terminal en punto de venta, TPV. Una de ellas es la cuota por la instalación y apertura del contrato respectivo, que es en promedio de 300 pesos. Posteriormente, la realización de los pagos con tarjetas bancarias puede derivar en dos tipos de procesos, dependiendo básicamente de la coincidencia entre el banco emisor del plástico y la TPV del establecimiento.

A la operación que involucra a una tarjeta y a una TPV diferentes se le conoce como “transacción interbancaria”, mientras que una “transacción mismo banco”, como su nombre lo indica, es aquélla en la que el banco que emitió la tarjeta y la TPV es el mismo. En nuestro país, de acuerdo con el Banco de México, aproximadamente el 73 por ciento de las transacciones son interbancarias y el 27 por ciento son del mismo banco.

Tal y como se mencionó arriba, existen costos para cada proceso, siendo las más comunes las conocidas como cuotas de intercambio y las tasas de descuento.

La tasa de descuento es la comisión que cobran los bancos a los comercios por el uso de la infraestructura financiera requerida para los pagos con tarjeta, servicios que incluyen la instalación de la TPV y el acceso a la red de pagos. Esta comisión cubre diversos costos de operación del banco, se cobra por cada transacción y varía de acuerdo con el giro del comercio y el tipo de tarjeta. Esta comisión es determinada por cada institución bancaria en una negociación directa con cada comercio.

La cuota de intercambio, por su parte, es aquella que se efectúa entre bancos cuando en el establecimiento comercial se compra con una tarjeta de diferente banco al que emitió la TPV. Al igual que la anterior, esta comisión también sirve para cubrir costos de operación del sistema financiero, tales como el riesgo de no pago en el caso de tarjetas de crédito, el costo del financiamiento y el manejo de la cuenta.

El Banco de México informa al público sobre los porcentajes máximos aplicables tanto para las tasas de descuento como para las cuotas de intercambio, por medio de tablas como las siguientes:

Cuota de Intercambio para tarjetas de crédito(Junio, 2013)

Fuente: Banxico, 2015.

De acuerdo con el artículo 4o. Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, corresponde al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitir disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que se presten servicios relacionados con las redes de medios de disposición, así como las cuotas de intercambio y comisiones que se cobren directa o indirectamente. El inciso b), fracción II de este mismo artículo señala lo siguiente:

El monto y concepto de los cobros y pagos relacionados con la red de medios de disposición o las operaciones derivadas o relacionadas con la misma, incluyendo sin limitar, los cobros que se realicen a terceros miembros de la red de medios de disposición diferentes a comercios y clientes, que comprenden las cuotas de intercambio, las cuotas, que abarcan descuentos a comercios y las comisiones que puedan cobrarse a los clientes o usuarios finales.

Así, esta disposición deja abierta la posibilidad de que los comercios incurran en cobros que no tienen justificación en la ley y que repercuten en los precios que pagan los consumidores.

En los últimos años, el Banco de México ha adoptado diversas medidas para ordenar el pago de este tipo de comisiones, entre ellas solicitar a los bancos que revisen las tasas de descuento y las cuotas de Intercambio, en el entendido de que estas comisiones, cuando son elevadas, pueden inhibir la aceptación de dichos medios de pago e incrementar el precio final que paga el consumidor.

Planteamiento del problema

La mayoría de los establecimientos comerciales incluyen el cobro de estas comisiones en el precio del bien o servicio que ofrecen. No obstante, una minoría de comercios transfiere arbitrariamente el cobro en porcentajes variados y excesivos, una práctica que impacta en el bolsillo de los consumidores.

Las comisiones o recargos pueden ir desde el 3 hasta 5 por ciento por el valor de la compra. Para darnos una idea, si tomamos en cuenta que durante 2013 se realizaron pagos con tarjeta por más de 811 mil millones de pesos, es decir, aproximadamente 2 mil 200 millones de pesos cada día, y si supusiéramos que se cobrara una comisión de, por ejemplo, 2 por ciento por estas compras, hablaríamos de que diariamente se estarían cobrando poco más de 44 millones de pesos a los usuarios de tarjetas sin justificación alguna.

Afortunadamente, sólo una pequeña parte de los establecimientos recurren a estas prácticas ilegítimas, que ocasionan el encarecimiento de bienes y servicios que consume la población.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, se ha pronunciado clara y enfáticamente en contra de estos cobros indebidos, señalando que los pagos con tarjeta no deben ser más caros que los pagos en efectivo. Asimismo, explica que esta práctica incumple con las disposiciones contenidas en los contratos formalizados entre los bancos y los comercios, que estipulan que el uso de la TPV no debe incidir en el precio de los bienes y servicios.

Adicionalmente, se considera que estos cobros obstaculizan a la inclusión financiera enviando mensajes negativos a la población respecto al uso de las tarjetas.

Por lo demás, la institución encargada que tiene a su cargo la defensa de los usuarios de los servicios financieros recuerda que, a pesar de que el uso de TPV ciertamente implica un costo para los comercios, también representa beneficios, por ejemplo, el aumento de sus ventas. De acuerdo con el Grupo Financiero Santander, la aceptación de tarjetas puede incrementar hasta un 30 por ciento las ventas en los comercios.

Otro tipo de beneficios asociados con el uso de tarjetas en comercios son la disminución de los costos por el traslado de dinero y la seguridad que trae consigo el manejo de menos efectivo en el establecimiento, desincentivando los robos y los asaltos.

En virtud de lo anterior, la Condusef recomienda que si un usuario es víctima de este tipo de prácticas, debe comunicarlo al banco y a la propia Condusef, a efecto que las Instituciones puedan tomar las medidas necesarias, como podría ser el retiro de las terminales punto de venta, puesto que están violando las condiciones de contratación.

Queda claro entonces que estas prácticas de cobro son indebidas, sin embargo, el problema es que no pueden ser consideradas como ilegales sino, cuando mucho, violatorias de los términos pactados entre los bancos y los comercios. Hasta el momento, lo única sanción procedente es el retiro de la TPV al comercio por parte del banco que la proporcionó. De esta manera, se deja como un asunto entre particulares algo que merecería la intervención de las autoridades.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objetivos fortalecer la rectoría del Estado en el sistema financiero, defender los derechos de los consumidores, así como generar mejores condiciones para el desarrollo del mercado interno y la inclusión en el sistema financiero del país.

La propuesta consiste en enmendar el vacío normativo que existe, precisando que los comercios que utilicen Terminales Punto de Venta, no podrán cobrar comisiones a los usuarios de tarjetas de crédito y débito por el pago realizado con ellas.

De esta forma, el cobro de estas comisiones dejará de ser solamente indebido y comenzaría a ser considerado como ilegal, con lo cual se pretende inhibir este tipo de cobros. Además, se propone precisar la facultad de la Profeco para sancionar a los comercios que incumplan con esta disposición, en los términos de la ley correspondiente.

Para lo anterior, se propone reformar el inciso b) fracción II, del artículo 4º bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y adicionar un párrafo al artículo 15 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en los términos del siguiente cuadro:

Con base en lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma el inciso b), fracción II del artículo 4 Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 4 Bis 3. Para los fines previstos en el artículo 1 de esta ley, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, de manera conjunta, deberán emitir disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que se presten servicios relacionados con las redes de medios de disposición, así como las cuotas de intercambio y comisiones que se cobren directa o indirectamente, excepto por los servicios provistos por el Banco de México y aquellos a que se refiere la Ley de Sistemas de Pagos. Lo anterior, debiéndose, al efecto, seguir los siguientes principios:

I. ...

II. Libre Acceso. Las redes de medios de disposición deberán permitir el acceso a su infraestructura, en condiciones equitativas y transparentes, a los participantes en redes incluidos los prestadores de servicios complementarios de redes de medios de disposición, entidades, procesadores, entidades emisoras de medios de disposición, adquirentes y propietarios de infraestructura, siempre y cuando cuenten con la autorización o aprobación que, en su caso corresponda, para realizar su respectiva actividad y cumplan con los parámetros, acuerdos y protocolos de la red de medios de disposición que se ajusten a las disposiciones a que se refiere este artículo. En particular y de forma meramente enunciativa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, de manera conjunta, tendrán la facultad de regular los términos y condiciones de las redes de medios de disposición para impedir el establecimiento de cualesquier barreras de entrada, formales, regulatorias, económicas o prácticas, y en particular, podrán regular:

a)...

b) El monto y concepto de los cobros y pagos relacionados con la red de medios de disposición o las operaciones derivadas o relacionadas con la misma, incluyendo sin limitar, los cobros que se realicen a terceros miembros de la red de medios de disposición diferentes a comercios y clientes, que comprenden las cuotas de intercambio, las cuotas, que abarcan descuentos a comercios y las comisiones que, por ningún motivo, podrán cobrarse a los clientes o usuarios finales por las compras realizadas con tarjeta de crédito o débito en establecimientos comerciales. La Procuraduría Federal del Consumidor vigilará permanentemente el cumplimiento de esta disposición.

Segundo. Se adiciona un párrafo al artículo 15 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 15. Cuando el cobro se haga mediante cargo directo a una cuenta de crédito, débito o similar del consumidor, el cargo no podrá efectuarse sino hasta la entrega del bien, o la prestación del servicio, excepto cuando exista consentimiento expreso del consumidor para que éstas se realicen posteriormente.

Queda prohibido que los establecimientos comerciales cobren cualquier tipo de comisión a los consumidores por las compras realizadas con tarjeta de crédito o débito.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Banco de México, Descripción de las Tasas de Descuento y Cuotas de Intercambio en el pago de tarjetas bancarias en México, disponible en: http://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/material-educativo/ intermedio/%7BBBF9D063-4B57-B0A7-8D40-D9EE45CACD43% 7D.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ver, Comunicado Condusef, “Pagar con tarjeta no es más caro”, disponible en http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2012/810-pagar-con-tarj eta-no-es-mas-caro

5 Grupo Financiero Santander. http://www.santander.com.mx/pymes/t pvTradicional.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, el 18 de noviembre de 2015.— Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez: «Iniciativa que reforma los artículos 280 y 283 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 6º, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente: iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 280 y 283 fracciónI de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales que se dedican a la siembra, cosecha, recolección y preparación de productos del campo. Su labor es fundamental para producir alimentos de calidad y generar materias primas que importamos a todas partes del mundo.

Hay dos tipos de jornaleros agrícolas: los locales y los migrantes. Los jornaleros locales son los que trabajan temporalmente en su región de origen, mientras que los migrantes son aquellos que se desplazan de sus hogares a otras zonas de su estado o del país para laborar y obtener un ingreso.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, existen 6.5 millones de personas que trabajan en el sector primario de la economía. Aproximadamente 3.3 millones son jornaleros agrícolas de los cuales 1.2 millones son migrantes.

Así, los jornaleros agrícolas y sus familias conforman un universo de aproximadamente 10 millones de personas ante los cuales estamos obligados a generar instrumentos legales y de política pública para atender a sus amplias necesidades.

Bajo este tenor y pese al rol estratégico que desempeñan en la economía, los jornaleros agrícolas lamentablemente se encuentran en condiciones que propician una violación sistemática de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Particularmente, los jornaleros agrícolas migrantes representan el sector más explotado del campo mexicano con condiciones que configurarían una nueva forma de esclavitud en pleno siglo XXI.

La precariedad es una constante que caracteriza las condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros agrícolas y de sus familias. Se estima que el 29% de los jornaleros mayores de 15 años es analfabeta, derivado del hecho de que más del 60% de los niños y jóvenes entre los 4 y 14 años de edad de estas familias no asisten a la escuela. Cerca del 12% no cuenta con acta de nacimiento. Las mujeres jornaleras reciben mínima atención médica durante su embarazo y casi la mitad de ellas carece por completo de ésta.

Si bien la Constitución federal mexicana y la Ley Federal del Trabajo son instrumentos jurídicos que históricamente han reivindicado derechos laborales y sociales, lo cierto es que sus principios siguen siendo una realidad ajena, utópica y lejana para la inmensa mayoría de los trabajadores agrícolas temporales. En palabras de Ortiz:

La Ley Federal del trabajo prácticamente es letra muerta, debido a que reciben salarios bajos, el trabajo es eventual, no hay vacaciones, ni reparto de utilidades, ni pago de horas extras, ni jubilaciones, y pocos son los que reciben proporcionalmente aguinaldo y prima vacacional. Los empresarios violan las garantías mínimas a través de la carencia de contratos colectivos de trabajo, el empleo de menores, las condiciones de hacinamiento, la exposición a agroquímicos y la existencia de guardias blancas.

Algunas de las expresiones más crudas de la pobreza y otras carencias sociales se manifiestan en este sector económico que demanda la atención urgente del Estado mexicano. Duele reconocerlo, pero el campo sigue siendo sinónimo de pobreza y más cuando se habla de jornaleros agrícolas.

En el ámbito de la seguridad social, la situación de los jornaleros es igualmente preocupante. Se estima que más del 97% carece de acceso a estos servicios, con lo cual se compromete el derecho a la salud no solo de los trabajadores, sino de sus familias.

En el ámbito laboral, si bien existe un sólido marco jurídico de protección diseñado para garantizar los derechos laborales de las y los jornaleros, la verdad es que no se aplica.

La Ley Federal del Trabajo reconoce la figura de los trabajadores estacionales o jornaleros, entendidos como las personas físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta.

Asimismo, precisa que la contratación puede efectuarse por uno o más patrones durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón.

De acuerdo con el artículo 283 de la ley citada en el párrafo anterior, los patrones de los jornaleros agrícolas tienen las siguientes obligaciones:

I. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el trabajador sus servicios y en períodos de tiempo que no excedan de una semana.

II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, proporcionales al número de familiares o dependientes económicos que los acompañen y, en su caso, un predio individual o colectivo, para la cría de animales de corral.

III. Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones necesarias y convenientes.

IV. Proporcionar a los trabajadores agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo.

V. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación, así como los antídotos necesarios, a fin de proporcionar primeros auxilios a los trabajadores, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen, así como adiestrar personal que los preste.

VI. Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares que los acompañen asistencia médica o trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. También tendrán las obligaciones a que se refiere el artículo 504, fracción II.

VII. Proporcionar gratuitamente al trabajador, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región y pagar a los trabajadores que resulten incapacitados, el setenta y cinco por ciento de los salarios hasta por noventa días. Los trabajadores estacionales disfrutarán de esta prestación por el tiempo que dure la relación laboral. Los trabajadores estacionales también deberán contar con un seguro de vida para sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno.

VIII. Permitir a los trabajadores dentro del predio: a) Tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten para sus usos domésticos y sus animales de corral. b) La caza y la pesca; c) El libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre que no sea en perjuicio de los sembrados y cultivos. d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales.

IX. Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores.

X. Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares.

El Estado garantizará en todo momento, el acceso a la educación básica de los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jornaleros. La Secretaría de Educación Pública, reconocerá los estudios que en un mismo ciclo escolar, realicen los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jornaleros tanto en sus lugares de origen como en sus centros de trabajo.

XI. Proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa. El patrón podrá emplear sus propios medios o pagar el servicio para que el trabajador haga uso de un trasporte público adecuado.

XII. Utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen español; y XIII. Brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores.

Desafortunadamente, es poco común ver que estas disposiciones se traduzcan en una realidad tangible para los jornaleros.

Una numerosa cantidad de estudios académicos y especializados reflejan entre otros problemas: falta de estabilidad laboral, jornadas que exceden el límite legal establecido sin días de descanso ni pago de tiempos extra; así como la carencia de condiciones seguras y de ambientes saludables, ya que los jornaleros están expuestos a los efectos de agroquímicos, fertilizantes y plaguicidas.

Otra forma de abuso muy común ocurre cuando los jornaleros migrantes, al no soportar las difíciles condiciones laborales, regresan a sus hogares sin recibir remuneración alguna por el tiempo trabajado, sin que existan mecanismos ágiles para reclamar esta injusticia. Esto sucede a pesar de que la fracción I del artículo 283 de la ley laboral, obliga expresamente a los patrones a pagar los salarios en el lugar donde preste el trabajador sus servicios y en períodos de tiempo que no excedan de una semana.

Pese a que actualmente el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, contribuye al desarrollo de las y los jornaleros agrícolas y los integrantes de su hogar mediante apoyos en alimentación, educación, promoción de los derechos humanos, infraestructura y servicios básicos, es claro que no resulta suficiente para corregir las fallas y los abusos a los que se enfrentan los jornaleros, fallas que se relacionan estrechamente con el ámbito laboral y que tienen repercusiones sociales negativas.

Por lo anterior, es preciso complementar las acciones de carácter asistencial, con una vigilancia permanente de la autoridad para hacer valer los derechos laborales reconocidos en la ley.

El caso San Quintín, una llamada de atención

El 9 de mayo del año en curso, en el Valle de San Quintín, Baja California, una manifestación de un grupo de jornaleros agrícolas derivó en un enfrentamiento con un saldo de varios detenidos, setenta heridos, siete de ellos de gravedad.

Los jornaleros solo pedían mejores condiciones laborales y sociales, entre las que se encontraban un incremento salarial, su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social y libertad sindical.

Para dar respuesta a los jornaleros de San Quintín, el Gobierno Federal instaló una mesa de negociación que concluyó con la firma de siete acuerdos, entre ellos, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizara las visitas de inspección para garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral.

En ese sentido, el que suscribe esta iniciativa considera que no debemos esperar a que surjan las inconformidades para hacer valer lo que la ley ya ordena.

La experiencia en San Quintín nos debe servir como experiencia para emprender acciones legislativas de reivindicación de los derechos de los jornaleros agrícolas y el mejoramiento de la calidad de vida de ellos y de sus familias.

Contenido de la iniciativa

Partiendo de que el marco jurídico actual ya reconoce derechos laborales y un conjunto de obligaciones patronales para con los jornaleros agrícolas, la presente iniciativa tiene por objeto precisar diversas atribuciones para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que esta pueda llevar un registro de los contratos a nivel nacional de los jornaleros agrícolas, el cual le facilitaría la realización de inspecciones de trabajo de forma permanente para supervisar que las condiciones laborales y sociales de estos trabajadores, se apeguen a lo que dicta la Ley Federal del Trabajo.

Actualmente, el artículo 280 de la ley establece que el patrón llevará un registro especial de los trabajadores eventuales y estacionales que contrate cada año y exhibirlo ante las autoridades del trabajo cuando sea requerido para ello.

En ese sentido, se propone reformar el segundo párrafo de este artículo para indicar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevará y mantendrá actualizado un registro nacional de contratos de trabajadores estacionales del campo o jornaleros, el cual serviría para la realización de inspecciones que supervisen y hagan valer el cumplimiento de la normatividad laboral.

Con esta disposición se facilitaría la instrumentación del amplio marco de protección jurídica en materia de derechos laborales de los jornaleros agrícolas, sin que esto conlleve una carga presupuestal, pues únicamente se estaría facultando a la autoridad laboral a armar una base de datos nacional con los registros que ya están obligados a llevar los patrones, en términos de la ley actual.

Adicionalmente, para garantizar que a los jornaleros migrantes se les pague en tiempo y forma, es decir, de manera semanal, tal y como lo dicta la ley, se propone establecer que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo brindará una asistencia especializada y permanente, con el objeto de agilizar el cumplimiento de las obligaciones salariales por parte de los patrones.

Los diputados del PRI seguiremos emprendiendo las reformas necesarias para incrementar el nivel de vida de los jornaleros agrícolas, aunque también estamos conscientes de que no solo se trata de crear más leyes o disposiciones normativas, sino de hacer cumplir las que ya existen.

Con base lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien proponer a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se reforman los artículos 280 y 283 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 280. El trabajador estacional o eventual del campo que labore en forma continua por un periodo mayor a veintisiete semanas para un patrón, tiene a su favor la presunción de ser trabajador permanente.

El patrón llevará un registro especial de los trabajadores eventuales y estacionales que contrate cada año y exhibirlo ante las autoridades del trabajo cuando sea requerido para ello. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevará y mantendrá actualizado un registro nacional de contratos de trabajadores estacionales del campo o jornaleros previo al inicio de las actividades, a efecto de realizar, de manera continua y permanente, las inspecciones del trabajo correspondientes que garanticen el cumplimiento de la normatividad laboral, así como la aplicación de las sanciones a los patrones que incumplan con las obligaciones establecidas en el artículo 283 de esta ley.

Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el trabajador sus servicios y en períodos de tiempo que no excedan de una semana. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo brindará una asistencia permanente y especializada a los jornaleros para garantizar el cumplimiento de esta disposición de forma, sencilla y expedita.

Artículo Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

i UNICEF México, Jornaleros agrícolas.

http://www.unicef.org/mexico/spanish/17044_17516.htm

ii Teresa de J. Rojas Rangel, Violación a los derechos y programas laborales para los jornaleros agrícolas migrantes, Universidad Pedagógica Nacional, 21 de enero de 2014

iii C. Ortiz. Las organizaciones de jornaleros agrícolas indígenas en Sinaloa. México, Ediciones Tlatemoa. 2007, pp. 208-209.

iv Salinas, S., 2012, “Jornaleros agrícolas: invisibilización deliberada”, en La Jornada del Campo, 54. México15 de julio de 2013.

v Tercer informe sobre el seguimiento a la situación de los derechos humanos y laborales de las y los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, Baja California. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-06-10-1/assets/documentos/Tercer Informe_SQuintin_ 10jun2015.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, el 1o. de diciembre de 2015.— Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Previsión Social, para dictamen.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez:«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIII al artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Exposición de Motivos

En México habitan 15 millones de personas indígenas agrupadas en 62 pueblos distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Cada uno de estos pueblos cuenta con una lengua, sociedad, cultura y tradiciones distintas de otro pueblo, pero comparten una misma característica: todos y cada uno de ellos son reconocidos como pueblos originarios dentro de nuestra Carta Magna, que en su artículo 2o. establece lo siguiente:

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La Constitución federal, las leyes mexicanas y los tratados internacionales ratificados por nuestro país, buscan garantizar el desarrollo de estos pueblos para preservar su cultura, sus tradiciones y, en general, sus derechos fundamentales.

Estos pueblos son prueba viviente de que tenemos un pasado ancestral, costumbres, tradiciones y conocimientos que nos ubican como una de las naciones con mayor diversidad cultural en el mundo.

Con base en sus ricas prácticas culturales, las comunidades y pueblos indígenas del país han realizado descubrimientos importantes que deben de ser impulsados y protegidos desde la ley.

Aunque existen herramientas y disposiciones legales que reconocen diversos derechos los pueblos indígenas, se carece de un marco de protección especializado para los derechos de autor y propiedad intelectual sobre las invenciones que se desarrollan en el seno de éstas.

Esto da paso a que terceras personas se aprovechen de este vacío legal, explotando las cualidades y conocimientos de los integrantes de los pueblos originarios, que por falta de información y de protección por parte de autoridades en los tres niveles de gobierno, se enfrentan a una situación de vulnerabilidad en el que sus invenciones pudieran ser explotadas por empresas particulares, en beneficio de unos cuantos.

En México se registran anualmente entre 15 mil y 15 mil 500 patentes, situando a nuestro país en el sitio 14 de 148 en cuanto a número de solicitudes de patentes a escala mundial, según datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI.

Pese a que esta cifra que nos coloca en una posición competitiva a nivel internacional, aún estamos lejos de alcanzar los primeros lugares. Estados Unidos, el primer lugar de la lista, por ejemplo, tiene 600 mil solicitudes de registro anualmente. Esto nos obliga a redoblar los esfuerzos en materia de innovación, particularmente acercando los instrumentos legales y administrativos a nuestras mentes creativas para que puedan sacar provecho de sus inventos y habilidades.

Cabe destacar que la mayor concentración de registros de patentes proviene de la industria farmacéutica y, en segundo lugar, del sector automotriz, lo cual refleja un acceso restringido a las patentes, situación que debemos revertir cuanto antes.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Oaxaca es la única entidad de la República que contempla jurídicamente a nivel local la protección del patrimonio cultural e intelectual de los indígenas, al señalar en el artículo 22 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas que:

Los pueblos y comunidades indígenas, tienen derecho al respeto pleno de la propiedad, control y protección de su patrimonio cultural e intelectual. El Estado, por medio de sus instituciones competentes y en consenso con los pueblos y comunidades indígenas, dictará las medidas idóneas para la eficaz protección de sus ciencias, tecnologías y manifestaciones culturales, comprendidos los recursos humanos y biológicos, así como el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, minerales, tradiciones orales, literaturas, diseños y artes visuales dramáticas.

Debemos retomar el ejemplo de Oaxaca en aras de ampliar el sistema de protección de derechos humanos de nuestros pueblos originarios, a través de nuevas disposiciones orientadas a la salvaguarda del potencial de innovación que poseen.

La Ley de la Propiedad Industrial establece las bases por las que se debe proteger, promover e impulsar la actividad inventiva nacional (artículo 2o.), así como las condiciones que debe cumplir cualquier individuo o entidad comercial y/o intelectual para la solicitud de una patente que garantice su protección para usos comerciales, industriales, o de investigación a nivel internacional.

El Estado mexicano cuenta con el apoyo del IMPI y del Instituto Nacional del Derecho de Autor, organismos descentralizados con personalidad jurídica cuyo propósito es garantizar la protección de la capacidad inventiva de nuestra nación, así como maximizar la utilidad que se obtenga por las patentes mexicanas registradas.

Sin embargo, hoy en día, los integrantes de las comunidades indígenas se enfrentan a procedimientos administrativos complejos para la solicitud de registro de una patente.

Actualmente, la ley no contempla facilidades o incentivos para impulsar la capacidad inventiva de las comunidades indígenas, las cuales a pesar de sus limitaciones han logrado sobresalir con talento, esfuerzo y dedicación.

Tenemos múltiples casos de éxito que demuestran el potencial de las comunidades indígenas para la innovación y el desarrollo, entre los que destacan los siguientes:

• Jesús León Santos: Campesino indígena mexicano que ha trabajado en proyectos de reforestación en la mixteca en Oaxaca, donde gracias a su intervención por medio de técnicas agrícolas precolombinas se pudo convertir tierras áridas en zonas de cultivo y arboladas, además de utilizar una herramienta indígena olvidada: el tequio, el cual es el trabajo comunitario no remunerado.

Este trabajo le valió el “Premio Ambiental Goldman” que es entregado a defensores del medioambiente de 72 países, considerado por los especialistas como el Premio Nobel de ecología.

• Luis Bernardo López Sosa: Director y fundador del Centro Juvenil para el Desarrollo de Ecotécnias, lugar donde se realiza capacitaciones a jóvenes de comunidades rurales e indígenas de técnicas ecológicas actuales que beneficien la forma de vida local, el medio ambiente y su economía.

Este centro ha llevado técnicas ecológicas como cocinas solares, bici licuadoras, filtros de purificación de agua, biodigestores, captadores de agua de lluvia, baños secos y deshidratadores, las cuales, han representado un beneficio que no solo impacta en las economías familiares, sino que también incide de manera positiva en la salud de las personas indígenas, al eliminar el uso de diversos materiales que por su propia naturaleza dañaban paulatinamente la condición física de éstos.

Casos como los expuestos ponen de manifiesto que México cuenta con mentes maestras que no se limitan por su condición social, económica o geográfica y que, a pesar de las adversidades, han desarrollado propuestas y proyectos que han beneficiado a nuestro país.

Sin embargo, no todos los casos terminan siendo historias de éxito. Algunas empresas que ven el potencial inventivo de las comunidades, identifican los inventos y los registran, obteniendo ganancias que podrían servir para las propias comunidades indígenas que tanto los necesitan.

Como se mencionó anteriormente, solo el estado de Oaxaca dentro de su marco regulatorio, contempla la protección a las obras e invenciones de las comunidades indígenas.

Si bien algunos ordenamientos contienen diversas disposiciones para proteger los derechos de los indígenas, carecen de mecanismos orientados a proteger y fomentar la capacidad inventiva de estas personas.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su preocupación para atender esta condición que afecta los intereses de las comunidades más vulnerables, por medio de propuestas contundentes que favorezcan el desarrollo de nuestros pueblos originarios.

Contenido de la iniciativa

Esta iniciativa tiene por objeto, proteger y fomentar la capacidad inventiva de los pueblos indígenas, que en el transcurso de los últimos años han tenido grandes avances en participación e involucramiento en la elaboración de proyectos productivos, sociales y culturales.

Básicamente se busca facilitar los procesos para la obtención de títulos de derechos de autor y patentes cuando sean solicitadas por personas pertenecientes a alguna comunidad indígena. Para ello, se busca revestir de una nueva atribución al Instituto Mexicano de la Propiedad de la Propiedad Industria, con el objeto de que pueda

La modificación propuesta se presenta en el siguiente cuadro:

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIII al artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 6o. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

I. a XXII. ...

...

XXIII. Diseñar e implementar programas y servicios para proteger la capacidad inventiva de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, brindando las facilidades necesarias para la solicitud de registro de patentes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 “México destaca en registro de patentes”, periódico Excélsior, 5 de diciembre de 2014.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 1 de diciembre de 2015.— Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 213 Bis, y un segundo párrafo al artículo 215 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Y mientras más se ciñan al tiempo acordado más rápido terminamos y menos acribillan a la Presidencia.

La diputada Araceli Guerrero Esquivel: Con permiso, señor diputado presidente. Señoras diputadas y señores diputados, haré una síntesis, misma que pido que sea publicada íntegra en el Diario de los Debates, de esta iniciativa.

La expresión de derechos de autor es la figura jurídica que se utiliza para describir la defensa de los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se presentan a la protección por el derecho de autor van desde libros, música, pintura entre otras.

Tan solo en el ámbito de la producción musical, por dar un ejemplo, el no cumplimiento de los derechos de autor y su violación producen sangrías económicas por la vía de la práctica de la piratería superiores a 2 mil 700 millones de pesos anuales, según datos de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

En nuestro país tiene un índice la piratería del 56 por ciento, en tanto a nivel mundial del 37 por ciento. Lo anterior quiere decir que de cien obras musicales que se colocan en el mercado, 56 son producto de piratería.

En México estamos obligados a adoptar las medidas necesarias que ayuden a evitar que se cometan infracciones a los derechos patrimoniales y morales de todos los creadores. La imposición de medidas precautorias en materia de derecho de autor, fue considerada en su momento en el artículo 146 de la Ley Federal de Derechos de Autor en 1956, así como de la reforma adiciona por el decreto el 4 de noviembre de 1963. Sin embargo, estas medidas precautorias no fueron contempladas en la ley publicada en diciembre de 1996.

Por lo anterior dicho se hace necesario agregar al artículo 213 Bis, que tiene por objeto brindar mayores y mejores herramientas jurídicas en materia de derechos de autor. En el mismo sentido se plantea en esta iniciativa la reforma al artículo 215 de la misma ley en vigor.

Por último, con esta iniciativa se busca en primera instancia, dar cumplimiento a los compromisos incluidos en los tratados internacionales en materia de derecho de autor y con ello, en segunda instancia, proporcionar a los titulares de derecho de autor, así como las sociedades de gestión colectiva que los representen mayores y mejores herramientas procesales para hacer valer con ello sus derechos. Es cuanto, señor presidente. Felices fiestas a todos.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 123-Bis y reforma el 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada integrante de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 213 Bis y se modifica el artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura, las películas, hasta los programas informáticos, las bases de datos, los mapas, lo dibujos técnicos, entre otros.

Los titulares de derechos de autor han sostenido una lucha permanente, a fin de lograr un fortalecimiento de la cultura de la legalidad y cobrar una justa retribución por la explotación de sus obras, el fruto de su trabajo; sin embargo, para que un autor pueda cobrar esa retribución es que se agrupa con otros autores y es así que nace la gestión colectiva, que es el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos y en defensa de los intereses de éstos últimos.

Desde hace varios años, las nuevas tecnologías y los métodos de transmisión de obras a través de redes digitales mundiales, tales como internet, dejan sentir su influencia en el ámbito de la protección del derecho de autor y, en particular, en la observancia de tal protección. La función de la gestión colectiva de los derechos cuya esencia misma ha sido puesta a prueba, entre otras cosas, por las presiones de esas tecnologías, se ha visto ahora fortalecida, quedando claramente confirmada la necesidad de su existencia. Los distintos tipos de sistemas nacionales o regionales de protección, adaptados a las diferentes categorías de obras protegidas y diseñados para responder a las exigencias de los titulares de derechos sobre tales obras permiten que éstos perciban las regalías correspondientes al uso de sus creaciones.

El creador de una obra tiene derecho a autorizar o a prohibir el uso de sus obras. Un dramaturgo puede autorizar que su obra se ponga en escena sobre la base de una serie de condiciones previamente establecidas. Un escritor puede negociar un contrato con una editorial para la publicación y distribución de su libro. Y un músico puede autorizar la grabación de su obra o interpretación en disco compacto. Esos ejemplos ilustran la manera en que los titulares de derechos pueden ejercerlos de manera individual.

Pero en el caso de determinados tipos de uso, la gestión individual de los derechos es prácticamente imposible y los autores no pueden ponerse en contacto con todas y cada uno de sus usuarios. Por otro lado, tampoco es factible que los organismos de radiodifusión soliciten permisos específicos de cada autor a la hora de utilizar una obra protegida por derecho de autor. La imposibilidad material de gestionar esas actividades de forma individual, tanto para el titular de los derechos como para el usuario, hace necesario crear organizaciones de gestión colectiva, las cuales velan porque los creadores reciban la remuneración que les corresponde por el uso de sus obras.

Hoy día, la legislación vigente en materia de derechos de autor se encuentra carente de medidas suficientes para inhibir de manera fehaciente la violación a los derechos de autor, mediante la suspensión de una obra o la ejecución de un acto tendiente a la generación de un daño irreparable a la destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas que permitan acreditar la existencia de la violación del derecho, motivo por el cual se necesita dotar de mayores y mejores recursos judiciales especializados en materia de derechos de autor, a efecto de que la explotación de las obras sea debidamente protegida y vigilada.

La presente iniciativa tiene por objeto dotar de mayor certeza jurídica a los titulares de derechos para poder ejercer acciones que eviten la violación de sus derechos o garanticen el pago de los mismos de manera más eficiente. Es importante resaltar que los titulares de derechos, a través de las sociedades de gestión colectiva necesitan proteger sus derechos como autores y titulares, ya sean nacionales o extranjeros, así como recaudar las cantidades que por concepto de derechos de autor o derechos conexos se generen a su favor, por ser éstas el sustento de los creadores o titulares se debe prever que es necesario dotar de herramientas judiciales eficaces y eficientes que permitan cumplir con su objeto a las sociedades de gestión colectiva y garanticen el respeto de los derechos de autor y, en su caso, una retribución justa y digna para los creadores y titulares de derechos.

Señalemos que al incluir de manera expresa las medidas especializadas en materia de derechos de autor que se platean en esta iniciativa, se pretende en principio evitar la violación de los derechos de autor, mediante la suspensión de una obra o la ejecución de un acto tendiente a la generación de un daño irreparable a la destrucción podrán ser aplicadas una vez que se haya acreditado la titularidad de un derecho ante la eminente violación del mismo, evitando la discrecionalidad en la aplicación de criterios o normas jurisdiccionales locales o federales, lo que dará como resultado una interpretación homogénea de la Ley Federal del Derecho de Autor en los procedimientos judiciales en que invoque la aplicación de tales medidas, velando por los intereses de los autores o creadores.

Es así que con fundamento en lo establecido por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

“ Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Así como lo expresado en la exposición de motivos de la Cámara de Diputados de 1996 (EMCD) en la que se señala que “la participación de las personas en la vida cultural es un derecho humano, y el estado está obligado a protegerlo y garantizarlo adecuadamente a través de los llamados derechos morales y patrimoniales” en otras palabras, el derecho de autor es elevado a la categoría de “derecho humano”.

Y con lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México es parte, de los que destacan:

A. El Acta de París en sus artículos 11 y 11 Bis:

“ Artículo 11

1) Los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales gozarán del derecho exclusivo de autorizar: 1o., la representación y ejecución pública de sus obras, comprendidas la representación y la ejecución pública por todos los medios o procedimientos; 2o., la transmisión pública, por cualquier medio, de la representación y de la ejecución de sus obras.

2) Los mismos derechos se conceden a los autores de obras dramáticas o dramático-musicales durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que se refiere a la traducción de sus obras,

Artículo 11 Bis

1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar; 1o., la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes; 2o., toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen; 3o., la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonido o de imágenes de la obra radiodifundida.

2) Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1) anterior, pero estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor, ni al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.

3) Salvo estipulación en contrario, una autorización concedida de conformidad con el párrafo 1) del presente artículo no comprenderá la autorización para grabar, por medio de instrumentos que sirvan para la fijación de sonidos o de imágenes, la obra radiodifundida. Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión establecer el régimen de las grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones. Estas legislaciones podrán autorizar la conservación de esas grabaciones en archivos oficiales en razón de su excepcional carácter de documentación.”

B. Declaración Universal de los Derechos Humanos artículos 8, 10 y 27 numeral segundo.

“ Artículo 8.

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 27

...

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”

C. Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el artículo 1716

“Medidas precautorias

1. Cada una de las partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces:

a) para evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales en su jurisdicción, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal; y

b) para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Cada una de las partes preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para exigir a cualquier solicitante de medidas precautorias que presente ante ellas cualquier prueba a la que razonablemente tenga acceso y que esas autoridades consideren necesaria para determinar con un grado suficiente de certidumbre si:

a) el solicitante es el titular del derecho;

b) el derecho del solicitante está siendo infringido, o que dicha infracción es inminente; y

c) cualquier demora en la expedición de esas medidas probablemente podría causar un daño irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.

Cada una de las partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para exigir al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos.

...”

Las normas internacionales especializadas en materia de derechos de autor, establecen preceptos para la salvaguarda y protección de los derechos humanos considerando a los derechos de autor parte de los mismos, en consecuencia México está obligado a adoptar las medidas necesarias que permitan evitar se cometa alguna infracción a los derechos patrimoniales y morales de todos los creadores, por lo que se hace necesario emitir una legislación especial en esta materia que evite la violación constante e inminente de los derechos tutelados en la Ley Federal del Derecho de Autor que impida ejecutar, transmitir, comunicar públicamente obras sin la autorización de los titulares de los derechos.

La imposición de medidas precautorias en materia de derechos de autor fue considerada en su momento en el artículo 146 de la Ley Federal de Derechos de Autor de 1956, así como de la reformada y adicionada por decreto el 4 de noviembre de 1963, que señalaba:

“ Artículo 146. Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme lo establecido en esta ley y en sus reglamentos, siendo supletoria la legislación común, cuando la federación no sea parte. Los titulares del derecho de autor, sus representantes o las sociedades de autores, intérpretes o ejecutantes, en su caso, legalmente constituidas, podrán solicitar de las autoridades judiciales federales o locales, en su caso, cuando no se hayan cubierto los derechos a que se refiere el artículo 79, las precautorias siguientes:

I. Embargo de las entradas o ingresos obtenidos de la representación, antes de celebrarse, durante ella o después;

II. Embargo de aparatos electromecánicos, y

III. Intervención de negociaciones mercantiles.”

Estas providencias serán acordadas por la autoridad judicial, sin que sea menester acreditar la necesidad de la medida, pero deberá otorgarse, en todo caso, la suficiente garantía correspondiente.

Sin embargo, estas medidas precautorias no fueron consideradas en la ley publicada en diciembre de 1996.

Por lo que en la presente iniciativa se plantea, ya que no obstante que en la Ley Federal del Derecho de Autor vigente se contempla que podrá ser aplicada de manera supletoria a la misma la legislación mercantil, el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, así como el Código Federal de Procedimientos Civiles cuando las acciones se ejerzan ante tribunales federales o la legislación común cuando las mismas se tramiten ante tribunales del orden local, tales preceptos dejan en desventaja a los particulares que deseen iniciar controversias ante el fuero local, en virtud de que en algunas legislaciones locales no se prevén medidas precautorias que permitan evitar la generación de la violación de sus derechos, como es el caso del Distrito Federal, dando como resultado que exista un trato desigual, dependiendo de la jurisdicción por la que se desee iniciar el procedimiento.

La ambigüedad respecto de la supletoriedad de la ley de la materia según se desprende de lo señalado anteriormente, se desprende la necesidad de materializar una medida particular y especial en materia de derechos de autor que permita dar el mismo trato a todos los creadores sin importar el tribunal o jurisdicción ante la que se acuda, dado la fuerza vinculatoria que tiene la Ley Federal del Derecho de Autor y a través de la cual se plantea que las medidas descritas en esta iniciativa, podrán ser adoptadas de igual manera por los tribunales federales o del fuero común, garantizando así que el juzgador deberá adoptar las medidas planteadas en la presente iniciativa de manera expedita en virtud de la inminente necesidad de los creadores para evitar la violación a sus derechos.

Por lo descrito, se hace necesario agregar un artículo 213 Bis, que tiene por objeto brindar mayores y mejores herramientas judiciales especiales en materia de derechos de autor, que permitan la generación de medidas precautorias o preventivas en beneficio de los titulares de dichos derechos, para evitar la generación de la violación de los mismos y que podrán aplicarse a solicitud de los creadores, autores, compositores y titulares de derechos patrimoniales o de las sociedades de gestión colectiva que los representen.

De igual forma se hace necesaria la integración en el artículo 215, a través del cual se facultará a los órganos jurisdiccionales que serán responsables de establecer las medidas precautorias y bajo qué supuestos deberán aplicarse a fin de evitar la violación a los derechos de autor.

Considerando que la Ley Federal del Derecho de Autor es un lineamiento normativo de orden público e interés social y observancia general; a través de estas características se justifica plenamente la adición de las medidas precautorias antes descritas, necesarias para actualizar dicho ordenamiento a la realidad que vive hoy nuestro país, lo anterior bajo el principio de garantizar y agilizar tanto el respeto de los derechos de autor, como el pago oportuno de regalías que se generan en favor de los titulares por el uso o explotación por cualquier medio de obras o derechos protegidos en la misma legislación.

Consecuentemente, considerando que las regalías son la única remuneración económica que perciben los creadores por la explotación lucrativa de sus obras que realizan terceras personas, similares al salario que reciben los trabajadores por sus servicios, deben ser protegidos sus derechos por la ley de la materia, al igual que por la Ley Federal del Trabajo cuyas disposiciones también son de orden público y de interés social. Considerando el interés público se proponen nuevas reglas procesales para que en todos los juicios en que se reclamen el pago de regalías, para que éstas sean debidamente garantizadas por quienes deban pagarlas, ya que debemos considerar que éstas servirán para la satisfacción inaplazable de las necesidades más elementales de los creadores y titulares de derechos.

Por lo expuesto resulta evidente que los tratados internacionales de los cuales México es parte y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, brindan el marco jurídico necesario para la implementación de medidas tendientes a frenar la constante violación a los derechos de autor por la ejecución, comunicación, de las obras sin la autorización de los titulares de derechos patrimoniales o creadores, situación por la cual se somete a esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 213 Bis de medidas precautorias para prevenir, impedir o evitar la violación de derechos patrimoniales de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la siguiente manera:

Artículo 213 Bis. Los titulares de los derechos reconocidos por esta ley, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva que los representen podrán solicitar a los tribunales federales o tribunales de los estados o del Distrito Federal, el otorgamiento y ejecución de las siguientes medidas precautorias para prevenir, impedir o evitar la violación a los derechos patrimoniales a los que se refiere el artículo 27 de esta ley; tales como:

I) La suspensión de la representación, comunicación o ejecución.

II) El embargo de las entradas o ingresos que se obtengan ya sea antes o durante la representación, comunicación o ejecución;

III) El aseguramiento cautelar de los instrumentos, materiales, equipos o insumos utilizados en la representación, comunicación o ejecución.

IV) Embargo de la negociación mercantil.

En los supuestos previstos en las fracciones anteriores, se deberá exhibir garantía suficiente para responder por los posibles daños y perjuicios de conformidad con lo establecido en el reglamento de la ley.

Artículo Segundo. Se agrega segundo párrafo al artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la siguiente manera

Artículo 215. ...

Los titulares del derecho, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva a las que hayan confiado la administración de sus derechos, podrán solicitar a la autoridad judicial competente, el otorgamiento de las medidas precautorias previstas en esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Objeto: Con esta iniciativa se busca en primera instancia dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de derechos de autor; y, con ello en segunda instancia proporcionar a los titulares de derechos de autor, así como a las sociedades de gestión colectiva que los representen, mayores y mejores herramientas procesales para hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes, permitiendo la aplicación de medidas provisionales que permitan prevenir o limitar la violación a los derechos de autor o en su defecto, garantizar la reparación de los daños que a los mismos se causen cuando se transgreden dichos derechos.

Palado Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.— Diputada Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Guerrero. Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Patricia García García: Gracias, con su permiso. Señoras y señores diputados. La celebración de elecciones libres, auténticas, periódicas para elegir a nuestros representantes populares, es ya no un anhelo ciudadano sino una realidad.

Tal es el caso de las constantes violaciones tanto a la Constitución Política como a la Ley Electoral cometidas por el Partido Verde Ecologista de México durante el proceso electoral 2014-2015, que incluso fueron sancionadas por el Instituto Nacional Electoral y tuvieron como consecuencia que diversos ciudadanos solicitaran a esta autoridad electoral el pasado 29 de abril de 2015 la pérdida y cancelación de su registro como partido político nacional, por el incumplimiento grave y generalizado de la normatividad electoral.

Las diversas violaciones a la Carta Magna y a la legislación secundaria en materia electoral se consideran como graves por la autoridad electoral por atentar contra los principios democráticos. De igual forma la reiteración de las conductas violatorias de la ley ameritaba la cancelación de su registro como partido nacional. Sin embargo el Instituto Nacional Electoral resolvió declarar infundada la petición realizada por diversos ciudadanos.

En el PAN consideramos que los argumentos esgrimidos por el INE solo motivan al partido político señalado a continuar violando la ley. Por tal motivo señalamos la necesidad de adecuar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la finalidad de que el partido político que incurra en violaciones graves y reiteradas a la Constitución y a la ley, sea sancionado con la cancelación de su registro.

Con ello, compañeras y compañeros diputados, también pretendemos otorgar mayor certeza a los ciudadanos que decidan participar en algún proceso electoral para ocupar algún cargo de elección popular a través de la figura de candidatura independiente, debido a que, en nuestra visión, dicha figura es un gran avance para el fortalecimiento de nuestra democracia y reconoce que el eje de la vía pública es el ciudadano.

Nuestra democracia no puede permitirse que la legalidad sea letra muerta, que la equidad en las contiendas se vea vulnerada por quienes no han querido asumir las reglas de la democracia, y que pretenden regresar con prácticas fraudulentas que por lo visto no hemos podido lograr desterrar. Por lo menos desterremos de la contienda política a quien viole las leyes electorales. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Patricia García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete por conducto del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas para elegir a nuestros representantes populares, sin duda alguna es parte importante de nuestro sistema democrático que además ha sido fortalecido a través de diversas reformas en materia electoral promovidas por el Partido Acción Nacional con el claro objetivo de establecer los mecanismos que garanticen una contienda electoral equitativa entre partidos políticos, y actualmente entre éstos y las candidaturas independientes, así como los procedimientos para sancionar las conductas que atentan contra los principios democráticos.

No obstante lo anterior, se debe reconocer que tanto las recientes reformas en materia electoral como los mecanismos y procedimientos establecidos a través de las mismas han sido insuficientes y se siguen presentado actos constitutivos de violaciones a la ley electoral antes y durante los procesos electorales con la firme intención de incidir en los resultados electorales.

Tal es el caso de las constantes violaciones tanto a la Constitución Política como la ley electoral cometidas por el Partido Verde Ecologista de México durante el proceso electoral 2014-2015, que incluso fueron sancionadas por el Instituto Nacional Electoral y tuvieron como consecuencia que diversos ciudadanos solicitaran a esa autoridad electoral el pasado veintinueve de abril de dos mil quince la pérdida y/o cancelación de su registro como partido político nacional por el incumplimiento grave y generalizado de la normatividad electoral.

Sin embargo, a pesar de que las diversas violaciones a la carta magna y a la legislación secundaria, en materia electoral, cometidas por ese partido político debieron ser consideradas como graves por la autoridad electoral por atentar contra los principios democráticos y de que la reiteración de esas conductas violatorias de la ley ameritaban la cancelación de su registro como partido político nacional, el Instituto Nacional Electoral resolvió declarar infundada la petición realizada por diversos ciudadanos alegando que “las conductas no quedaron impunes ni ausentes de reproche jurídico” y que sancionarlos con la cancelación de su registro atentaba contra el principio non bis in ídem.

Asimismo, esa autoridad electoral señaló que las diversas conductas sancionadas “no pusieron en riesgo la supervivencia de nuestra democracia; no obstaculizaron ni impidieron que la ciudadanía participara en la vida democrática, a través del voto (activo y pasivo); que los órganos de representación política se integren, ni que se acceda a los poderes públicos”.

Al respecto, el Partido Acción Nacional en pleno respeto de las instituciones y con la convicción de que sean respetados los principios democráticos tanto por la autoridad electoral como por aquellos que participan en algún proceso electoral, no comparte los argumentos expresados por el Instituto Nacional Electoral en su resolución y considera que únicamente motivan al partido político señalado a continuar violando la ley.

Por tal motivo, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura señalamos la necesidad de adecuar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la finalidad de que el partido político que incurra en violación grave o reiterada de la constitución y o de la ley sea sancionado con la cancelación de su registro, consideramos oportuno establecer que dicha sanción será adicional a otras sanciones impuestas, independientemente de que las mismas hayan sido determinadas en procedimientos sancionadores diversos, puesto que la redacción actual conlleva a la interpretación que hizo el Instituto Nacional Electoral, lo cual implica un incentivo perverso que hay que desarticular.

Esto es, con la modificación planteada será procedente la cancelación del registro como partido político cuando éste incumpla de forma grave o reiterada la normatividad electoral con independencia de haber sido sancionado anteriormente por la autoridad electoral, es decir, no podrá alegarse la violación al artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual prohíbe juzgar dos veces por la misma conducta (principio non bis in ídem).

Cabe señalar que ésta propuesta de modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mantiene el criterio actual de la ley en el sentido de que en los procedimientos sancionatorios se valore la imposición de la sanción de cancelación de registro como partido político como consecuencia de violaciones graves o reiteradas a las obligaciones de los partidos políticos en materia de origen y destino de recursos, pero se adiciona que también se valore la imposición de dicha sanción como consecuencia de violaciones graves o reiteradas en materia de propaganda electoral, debido a que consideramos que el incumplimiento de la normatividad en esa materia incide directamente en los resultados electorales y, en consecuencia, atenta en contra de la equidad en la contienda electoral.

Con ello, también pretendemos otorgar mayor certeza a los ciudadanos que decidan participar en algún proceso electoral para ocupar un cargo de elección popular a través de la figura de la candidatura independiente, debido a que el Partido Acción Nacional sostiene que dicha figura es un gran avance para el fortalecimiento de nuestra democracia y reconoce que el eje de la vía pública es el ciudadano.

Esta iniciativa acompaña a la presentada el pasado seis se octubre del presente año por Senadores y Diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura y con la que se pretende modificar los artículos 35, 41, 73 y 116 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las candidaturas independientes, que se encuentran reconocidas por tratados internacionales de los que nuestro país es parte, puedan ser ejercidas a plenitud constitucional en un marco jurídico que las garantice y las haga efectivas, e impedir que legislación secundaria federal o local establezcan restricciones que imposibiliten el ejercicio de ese derecho.

Para ello, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados propone adecuar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mediante los cambios que se enuncian en el siguiente cuadro comparativo:

* Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Único: Se reformala fracción V, inciso a), numeral 1, del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue

Artículo 456.

1. ...

a) ...

I. a IV. ...

V. Además de las sanciones señaladas en las fracciones anteriores, con la cancelación de su registro como partido político cuando comentan conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en las materias de origen y destino de sus recursos y de propaganda electoral, ya sea de manera reiterada o cuya gravedad afecte la equidad de la competencia electoral, independientemente de las sanciones que hayan sido impuestas mediante diverso procedimiento administrativo sancionador.

b) a i) ...

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Acuerdo del Instituto Nacional Electoral INE/CG640/2015.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión. Recinto legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.— Diputada Patricia García García (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra ahora por tres minutos, la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Con su venia, señor presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados, la falta de atención en la señalización de las carreteras, así como de precaución y mejores medidas de seguridad por parte de los conductores, propician accidentes que dejan daños y lesiones graves a integrantes o familias enteras que usan las carreteras del país y en el peor de los casos, pérdidas humanas además de materiales.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes define un accidente en carretera como “todo suceso resultado de la utilización de un vehículo en el curso del cual, según el caso, una persona o varias sufren lesiones graves o mueren como consecuencia de estar a bordo de un vehículo o por entrar en contacto con otro vehículo o su contenido”.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, en el 2014 se registraron 17 mil 939 accidentes, y en los primeros meses de este 2015, se registraron 7 mil 15 accidentes con daños materiales, y alrededor de 4 mil 385 millones de pesos. Cinco entidades del país concentran más del 70 por ciento del índice de mortalidad por accidentes en la red carretera federal.

En estos lamentables sucesos en las carreteras federales se ven involucrados en mucho de los casos, camiones pesados considerados por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, como autotransporte de carga.

La presente iniciativa está encaminada a fortalecer las medidas de seguridad y precaución para que los usuarios que generalmente viajan en familia por las carreteras federales del país en vehículos propios, camiones de turismo, o bien de pasajeros, lo hagan bajo condiciones propicias durante todo su trayecto, desde su punto de origen hasta su destino, en estas fechas en donde se aumenta el turismo hacia diversos puntos del país.

Es por ello que se propone atribuir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, establezca para los períodos vacacionales y días de descanso obligatorio como los fines de semana largos, horarios especiales de circulación para los permisionarios de autotransporte de carga.

Además, se propone que se pueda revocar el permiso que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los permisionarios de autotransporte de carga, cuando incumplan con dicha disposición.

Finalmente, se propone prohibir el uso de cualquier aparato tecnológico a los conductores en los caminos y puentes federales del país, como es el celular, dispositivos de manos libres, reproductores o monitores de televisión que los distraigan durante del trayecto de su manejo.

Por las características de estos vehículos pesados y que contribuyen a la economía de país, no se trata de imponerles una reforma que los limite en el tránsito libre terrestre de materias primas o de otro tipo de bienes por el territorio nacional, sólo se trata de evitar accidentes.

Lamentablemente a diario conocemos, a través de los medios de comunicación, acontecimientos en los que los integrantes o familias enteras pierden la vida en las carreteras del país a consecuencia de la falta de precaución de los conductores, los cuales en algunos casos viajan en estado de cansancio, de ebriedad, bajo el influjo de efectos o drogas que rebasan los máximos de velocidad.

El Grupo Parlamentario del PRI lamenta estos sucesos que ocurren a diario en carreteras federales. Nos pronunciamos para seguir fortaleciendo el marco legal que les permita a las familias mexicanas transitar por los caminos de México en condiciones propicias.

Aprovecho este momento también para felicitar a todos los integrantes de esta LXIII Legislatura, por la productividad y la eficiencia en este primer período ordinario de sesiones, deseándoles a todos una feliz navidad, un año lleno de bendiciones y un trabajo arduo en favor de todos los mexicanos. Felicidades para todos.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, el numeral 1 del artículo 77 y el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La red carretera federal del país al cierre de 2014 superó 50 mil kilómetros de longitud, por la que circularon 1 millón 142 mil 513 vehículos diarios en promedio anual, entre automóviles particulares, autobuses y camiones de carga.

Desde 2013, el gobierno federal ha promovido el desarrollo de la infraestructura carretera construyendo y modernizando más de 17 mil kilómetros, lo que constituye llegar a zonas distantes y cada vez en menor tiempo.

Sin embargo, la falta de atención en la señalización de las carreteras, así como de precaución y mejores medidas de seguridad por parte de los conductores, se propician accidentes que dejan daños y lesiones graves a integrantes o familias enteras que usan las carreteras del país y en el peor de los casos, pérdidas humanas, además de materiales.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes define un accidente en carretera como todo suceso resultado de la utilización de un vehículo en el curso del cual, según el caso, una persona o varias, sufren lesiones graves o mueren como consecuencia de estar a bordo del vehículo o por entrar en contacto con otro vehículo o su contenido.

En el Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales 2013, que elaboró el Instituto Mexicano del Transporte, establece que en dicho año se registraron 22 mil 36 accidentes, los cuales provocaron la muerte de 3 mil 899 personas y 20 mil 979 lesionados.

Desde 2002, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reporta que en promedio, de cada 10 accidentes que ocurren en las carreteras federales, 93 por ciento es atribuible al conductor.

Para 2013, las estadísticas revelan que 62 por ciento de los accidentes fue provocado por el exceso de velocidad y en general ocurren los fines de semana, los periodos vacacionales y los fines de semana largos, ante todo durante marzo-abril, julio y noviembre-diciembre.

Cinco entidades del país concentran más de 70 por ciento del índice de mortalidad por accidentes en la red carretera federal.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en 2014 se registraron 17 mil 939 accidentes y en la primera mitad de los primeros meses de 2015 hubo 7 mil 15 accidentes, con daños materiales de alrededor de 4 mil 385 millones de pesos.

La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer las medidas de seguridad y precaución para que los usuarios que generalmente viajan en familia por las carreteras federales del país, lo hagan bajo condiciones propicias durante todo su trayecto, desde su punto de origen hasta su destino.

Por ello se propone atribuir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca para los periodos vacacionales y días de descanso obligatorio como los fines de semana largos, horarios especiales de circulación para los permisionarios de autotransporte de carga.

El parque vehicular del autotransporte de carga es 763 mil 480 vehículos, de los cuales 51.8 por ciento son camiones de 2 y 3 ejes, así como de tractocamiones de dos y tres ejes. El 48.1 por ciento está compuesto por semirremolques y remolques, y el .1 por ciento corresponde a grúas industriales.

Por las características de estos vehículos pesados y que contribuyen a la economía del país, no se trata de imponerles una reforma que los limite en el tránsito libre terrestre de materias primas o mercancías por el territorio nacional, sólo se propone que como medidas de seguridad, haya horarios determinados para que durante las temporadas vacacionales o fines de semana largos, fechas en las que aumenta el turismo hacia diversos puntos de país, se eviten accidentes que suelen ser ocasionados por conductores en estado de cansancio, de ebriedad, bajo los efectos de drogas o que rebasan los máximos de velocidad, pese a que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal señala que deberán abstenerse de hacerlo en dichas circunstancias.

Además, se propone que en caso de que los permisionarios de autotransporte de carga incumplan con los horarios de circulación que a efecto establezca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante dichos periodos, se les podrá revocar el permiso que les haya otorgado dicha dependencia federal.

Finalmente, se propone que los conductores de autotransporte federal de pasajeros, turismo y de carga, se abstengan de utilizar algún aparato tecnológico como el celular, dispositivos de manos libres, reproductores o monitores de televisión que los distraiga durante su trayecto de manejo.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Único. Se reforman el quinto párrafo del artículo 36, el primer párrafo del artículo 50, la fracción IX del artículo 5 y la fracción XV del artículo 17, para quedar como sigue:

Artículo 5. ..

...

I. a VIII. ...

IX. Establecer para los periodos vacacionales y días de descanso obligatorio, horarios especiales de circulación para los permisionarios de autotransporte de carga; y

X. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 17. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. a XIV. ...

XV. Incumplir los horarios de circulación que establezca la Secretaría para los periodos vacacionales y días de descanso obligatorio, a los permisionarios de autotransporte de carga; y

XVI. Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo.

Artículo 36. ...

...

...

...

Los conductores de vehículos que transitan en los caminos y puentes, deberán portar la licencia vigente que exijan las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, se abstendrán de conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas de abuso, usar aparatos tecnológicos o rebasar los máximos de velocidad, establecidos por la secretaría.

...

Artículo 50.El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal , sujetándose a los horarios que establezca la secretaría para los periodos vacacionales y días de descanso obligatorio.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Anuarios/Anua rio-2013.pdf

2 Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales 2013. http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt61.pdf

3 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Cámara de Diputados. Los accidentes viales en las carreteras, octubre de 2014.

4 Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales 2013.http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt61.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.— Diputados: María Bárbara Botello Santibáñez, Erick Alejandro Lagos Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Botello. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La diputada Marisol Vargas Bárcena: Con la venia de la Presidencia. Hoy me trae a esta tribuna un tema muy sensible para nuestro país; y son nuestras niñas, niños y adolescentes, quienes ocupan la tercera parte de la población en México. Lamentablemente es uno de los sectores más vulnerables, y hoy podemos revertir su condición desde esta Cámara.

Se han hecho un sin número de esfuerzos en pro del interés de la niñez y hoy no debe escapar nuestra responsabilidad de velar también por la calidad de los contenidos transmitidos por televisión, dirigidos a los niños y adolescentes, ya sean de corte educativo, didáctico, cultural o recreativo, con la finalidad de garantizar el sano esparcimiento al que tienen derecho. Este dato es importante: los niños entre 4 y 12 años dedican un promedio de cuatro horas y media a ver televisión todos los días, de acuerdo a las cifras publicadas en el Ifetel.

Uno de los grandes pendientes en materia de protección a la niñez es el relacionado con la adecuada regulación de contenidos audiovisuales y el respeto de los derechos de las audiencias infantiles, a fin de ajustarlos dentro del nuevo parámetro establecidos en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

El pasado 4 de noviembre la Secretaría de Gobernación publicó los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales, en esta disposición se establecen nuevas franjas horarias, sin embargo no explica en sus consideraciones la metodología utilizada o los criterios de clasificación de contenidos para la efectiva protección de las audiencias infantiles.

Asimismo, el documento en cuestión carece de debida motivación jurídica, pues en él se señala que la Ley Federal de Telecomunicaciones otorga a la Secretaría de Gobernación la atribución exclusiva de emitir los lineamientos del sistema de clasificación de contenidos audiovisuales. Ello sin que la ley contenga artículo alguno que otorgue dicha facultad.

Estas omisiones tendrán como resultado la reducción de la protección de los menores de 12 años, toda vez que se estaría permitiendo la transmisión de programas para adolescentes y adultos a las 4:00 de la tarde, siendo que al día de hoy son a partir de las 8:00 de la noche.

Por esta grave situación desde esta tribuna exhortamos a la Secretaría de Comunicación a que revoque los lineamientos publicados, de no ser así lamentablemente entrarán en vigor a partir del 17 de diciembre. Por ello, ante esta alta preocupación, con la presente iniciativa proponemos facultar de forma expresa al Ifetel considerando su capacidad técnica para esta tarea.

Amigas y amigos diputados, nuestros niños merecen el máximo respecto de los adultos, en cada niño nace la humanidad misma, y hoy es impostergable procurarles toda la protección que esté a nuestro alcance con altura de miras. Gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Marisol Vargas Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones”.

La reforma tuvo como objetivo principal crear un nuevo diseño institucional para la aplicación de un marco jurídico de regulación y de competencia en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. En el nuevo marco jurídico se establecieron principios para generar una mayor certeza jurídica a los agentes económicos participantes en el sector; principios como el de efectividad, certidumbre jurídica, promoción de la competencia, regulación eficiente, inclusión social digital, independencia, transparencia y rendición de cuentas, pasaron a formar parte del nuevo sistema normativo de telecomunicaciones.

Asimismo, en la reforma se establecieron los derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones; así, se determinó que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, se estableció el derecho de las audiencias y la previsión para que en la legislación secundaria se definiera un catálogo de derechos de las audiencias y los correspondientes mecanismos para su defensa.

Por otra parte, se consideraron las legítimas demandas de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, como fue fijar normas que permitieran generar las condiciones para la reducción de costos de los servicios de telecomunicaciones, la generación de una mayor oferta, y sobre todo, se definieron los derechos de los usuarios.

En fecha 14 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión, a efecto de regular el uso, aprovechamiento y explotación del espacio radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, así como su convergencia. En cuanto a los derechos de los usuarios y de las audiencias se estableció un apartado específico los derechos de los usuarios, así como otro dedicado a las audiencias, se incluyó otro apartado específico para los usuarios con discapacidad y se determinó prohibir todo tipo de discriminación en la prestación de servicios de telecomunicaciones.

El 4 de noviembre del presente año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos, emitido por el Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaria de Gobernación. En este documento normativo se fijaron las reglas en materia de contenidos y los criterios de clasificación que deben observar los concesionarios que presten los servicios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos, así como para los programadores prestadores de servicio. En sus artículos transitorios se señala que los Lineamientos entrarán en vigor 30 días hábiles posteriores a su publicación en el diario oficial de la federación.

En los citados lineamientos se establecen franjas horarias para la transmisión de contenidos y criterios específicos de clasificación de contenidos, sin que se explique en sus consideraciones la metodología utilizada, o bien, la aplicación del procedimiento correspondiente para determinar las características de los lineamientos en cuanto hace a la determinación de las franjas horarias o los criterios que en ellos se enumeran.

Asimismo, el documento en cuestión carece de una debida motivación, pues se argumenta que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que la Secretaría de Gobernación tiene la “atribución exclusiva” de emitir los lineamientos del sistema de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y de televisión y audio restringidos; sin que en el cuerpo normativo citado se establezca dispositivo alguno en el que se le otorgue la singular atribución a la secretaría.

Por otra parte, en cuanto hace a los contenidos expresados en los Lineamientos, estos resultan violatorios del sistema de derechos humanos establecido en la Constitución, entre los que están considerados los derechos de las audiencias, tutelados a partir de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, y más grave aún, son violatorios de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Los criterios emitidos por la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, reduce la protección de los menores de 12 años, toda vez que permiten la transmisión de programas para adolescentes y adultos a partir de las 16:00 horas, siendo que al día de hoy sólo pueden ser transmitidos a partir de las 20:00 horas.

Con lo anterior, se incumple con la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, se incumple y se omite velar con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, entre los que se encuentra la satisfacción de sus necesidades de sano esparcimiento para su desarrollo integral. Principio referente para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Lo anterior da cuenta de un acto administrativo de la administración pública federal violatorio de los derechos de las audiencias reconocidos dentro del sistema de derechos humanos establecido en la Constitución, así como los derechos de las niñas, niños y adolescentes, considerado en el artículo 4o. constitucional.

De igual forma, queda de manifiesto que la dependencia de la Secretaría de Gobernación facultada para la emisión de los lineamientos carece de capacidad técnica para la elaboración de un instrumento normativo respetuoso del marco de los derechos de las audiencias y en general del sistema de derechos humanos.

Por lo anterior, resulta necesario generar el marco normativo que de paso al diseño institucional que permita la elaboración y emisión de los instrumentos normativos adecuados que cumplan con los objetivos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones con total respeto de los derechos humanos y de los derechos de las audiencias.

Por otra parte, el que sea la Secretaría de Gobernación la autoridad encargada determinar cuáles son los criterios para la restricción de contenidos, tampoco responde a los requerimientos y necesidades del nuevo marco de regulación de las telecomunicaciones, considerando la creación de una institución de naturaleza autónoma como es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y que además tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones.

El objetivo principal de esta propuesta es generar el marco jurídico propicio para el fortalecimiento de los derechos fundamentales y consecuentemente el apuntalamiento del marco institucional; por lo que se faculta de forma expresa a la Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que a través de un proceso de consulta y participación ciudadana, con pleno respeto a los derechos humanos, emita los Lineamientos para la clasificación de contenidos audiovisuales.

Para este objetivo proponemos adicionar una facción LX al artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y recorrer las cuatro facciones subsecuentes.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Único. Se adiciona la fracción LX, al artículo 15, recorriéndose las fracciones subsecuentes, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue:

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:

...

LX. Expedir los lineamientos para la regulación y clasificación de los contenidos de las transmisiones de radio y televisión, los cuales serán puestos a consideración del Consejo Consultivo del Instituto y del Consejo Ciudadano del Instituto para que emitan una opinión, y los cuales podrán recibir comentarios, opiniones y aportaciones de cualquier interesado;

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá expedir los lineamientos a que hace referencia el artículo 15, fracción LX, de esta ley y dentro de los siguientes 180 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.— Diputados: Marisol Vargas Bárcena, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Brenda Velázquez Valdez, Alejandra Gutiérrez Campos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Vargas. Muy bien, cumplió su tiempo. Turnese a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder a la elección de diputadas y diputados que formarán parte en calidad de titulares y sustitutos de la Comisión Permanente. Se pide a la Secretaría dar lectura a la lista de diputadas y diputados propuestos para formar parte de la Comisión Permanente.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se nombran los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 34, 116, 117 y 118, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

1. Que de conformidad con los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente integrada por 37 legisladores, de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas cámaras, previo a la clausura de los periodos de sesiones ordinarias;

2. Que dichos ordenamientos también establecen que por cada titular se elegirá, de entre los miembros en ejercicio de cada Cámara, un sustituto; y

3. Que en virtud de que está por concluir el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, se actualiza el supuesto previsto por el artículo 78 constitucional y, en consecuencia, resulta procedente designar a los diputados que habrán de integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se nombran los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, conforme a lo siguiente:

Segundo. La elección de quienes habrán de integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se llevará a cabo mediante el sistema electrónico de votación.

Tercero.Comuníquese a las instancias correspondientes y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, se va a proceder a la elección de las diputadas y diputados que formarán parte de la Comisión Permanente. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para recoger la votación nominal.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la elección de las diputadas y diputados que formarán parte de la Comisión Permanente.

(Votación)

¿Falta algún compañero diputado o diputada por emitir su voto? ¿Falta alguna compañera o compañero diputado por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 385 votos a favor, 0 abstenciones, 4 votos en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada la propuesta por 385 votos. En consecuencia, se declara que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funcionará durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, los siguientes diputados, de los que pido a la Secretaría dé cuenta a la asamblea.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se recibió oficio de la Cámara de Senadores...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, dé cuenta de cómo quedó integrada la Permanente, en lo que se refiere a esta Cámara de Diputados, por favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:César Camacho Quiroz, sustituto Jorge Carlos Ramírez Marín.

Yolanda De la Torre Valdez, sustituta Georgina Trujillo Zentella.

Yerico Abramo Masso, sustituto José Luis Toledo Medina.

Ma. Marcela González Salas y Petricioli, sustituto, José Hugo Cabrera Ruiz.

Edgar Romo García, sustituta, Erika Araceli Rodríguez Hernández.

Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, sustituta, Elvia Graciela Palomares Ramírez.

Erick Alejandro Lagos Hernández, sustituto Ricardo David García Portilla.

Alejandro González Murillo, sustituto Edgardo Melhem Salinas.

Federico Döring Casar, sustituto Marko Antonio Cortés Mendoza.

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, sustituto Juan Pablo Piña Kurczyn.

Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, sustituta, Gretel Culin Jaime.

María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, sustituta, María Eloísa Talavera Hernández.

José de Jesús Zambrano Grijalva, sustituto Felipe Reyes Álvarez.

Araceli Saucedo Reyes, sustituta, María Cristina Teresa García.

Javier Octavio Herrera Borunda, sustituto Jesús Sesma Suárez.

Jorgina Gaxiola Lezama, sustituta, Sharon María Teresa Cuenca Ayala.

Norma Rocío Nahle García, sustituta, Norma Xóchitl Hernández Colín.

Macedonio Salomón Tamez Guajardo, sustituto Víctor Manuel Sánchez Orozco.

Luis Alfredo Valles Mendoza, sustituta, Soralla Bañuelos de la Torre. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Comuníquese.

Continúe la Secretaría con comunicaciones.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión pública ordinaria celebrada en esta fecha, se eligieron por parte de la Cámara de Senadores, los integrantes de la Comisión Permanente que funcionará en el primer receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en la siguiente forma:

Atentamente

México, DF, 14 de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra un grupo de trabajo para dar seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

1. Que el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas, a fin de alcanzar los acuerdos necesarios para que el Pleno adopte las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

2. Que el artículo 34, numeral 1, inciso b) del citado ordenamiento jurídico, señala que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de puntos acuerdo;

3. Que el 29 de abril de 2014, durante la LXII Legislatura, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó la creación de un grupo de trabajo con el propósito de atender al caso de la guardería ABC de Sonora; y

4. Que en función de lo anterior, este órgano de gobierno ha considerado pertinente integrar un grupo plural de trabajo que dé seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009, en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se integra un grupo plural de trabajo para dar seguimiento a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, así como a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Segundo.El grupo de trabajo estará integrado por ocho diputados, uno por cada grupo parlamentario con representación en la Cámara, y tomará sus decisiones por consenso; en caso de no lograrse éste, las adoptará mediante el sistema de voto ponderado.

La presidencia del grupo de trabajo recaerá en un diputado perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La conformación de dicho grupo será definida por los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Tercero.El grupo de trabajo tendrá los siguientes objetivos:

a) Dar seguimiento a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, respecto a probables hechos constitutivos de delito y de violaciones a derechos humanos, en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

b) Verificar que se esté otorgando la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación a los menores considerados lesionados y expuestos, en especial a estos últimos, ya que por la naturaleza de la conflagración presentan cuadros médicos internos no visibles.

c) Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones en materia de protección civil y debido cuidado, a fin de evitar que, tanto en las guarderías subrogadas del IMSS, como en las dependientes de Sedesol y en las particulares, se repitan hechos tan lamentables como los ocurridos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Cuarto.Para el cumplimiento de su objetivo, dicho grupo podrá allegarse de la información que considere pertinente; asimismo, podrá reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, así como con instituciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Igualmente, el grupo de trabajo podrá solicitar los archivos de legislaturas anteriores que se relacionen con la materia.

Quinto. El grupo plural de trabajo no dispondrá de recursos técnicos, administrativos o financieros para el desarrollo de sus actividades.

Sexto.De conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el grupo de trabajo podrá establecer sus propias reglas de funcionamiento.

Séptimo. La duración del grupo de trabajo será la de la presente Legislatura, debiendo presentar, de manera periódica, un informe de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados los cambios en la integración de comisiones, durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

1. Que conforme al artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno la integración de las comisiones;

2. Que el artículo 44, numeral 2, de la misma Ley Orgánica, señala que los coordinadores de los grupos parlamentarios podrán solicitar la sustitución temporal o definitiva de los integrantes de las comisiones;

3. Que de acuerdo al artículo 36, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General, el Presidente de la Junta de Coordinación Política deberá velar por el cumplimiento de las decisiones que este órgano de gobierno adopte y, por tanto, es responsable de vigilar la ejecución de las solicitudes de modificación en la integración de las comisiones;

4. Que las comisiones continúan desempeñando sus funciones durante los recesos de la Cámara de Diputados, por lo que resulta indispensable dar curso a las solicitudes de sustitución;

5. Que de conformidad con el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva está facultado para determinar los trámites que deban recaer a las solicitudes de modificación en la integración de comisiones; y

6. Que en términos del artículo 239, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Gaceta Parlamentaria es el instrumento idóneo para informar al Pleno de las solicitudes de cambios de integrantes en las comisiones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política adopta el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se autoriza al Presidente de la Junta de Coordinación Política para que, durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, solicite al Presidente de la Mesa Directiva la publicación en la Gaceta Parlamentaria de los cambios en la integración de comisiones, remitidos por los grupos parlamentarios.

Segundo.Las sustituciones surtirán efectos formales a partir del día de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se estipulan las tareas para la elaboración de la legislación en materia de Derechos Culturales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4o., párrafo duodécimo, y 73, fracción XXIX-Ñ, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

1. Que la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados es competente para conocer y resolver respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Cultura, así como de las reformas a diversos artículos de diecinueve leyes más, de ellas: a siete leyes generales y a 12 leyes federales, que propone el autor de la iniciativa presidencial;

2. Que la iniciativa busca crear la Secretaría de Cultura que profundizará en la redefinición del papel del Estado en la vida cultural del país, reflejada en una nueva relación entre el Estado, los creadores, intelectuales y artistas; la conciencia que el apoyo a la cultura es responsabilidad y a la vez derecho de todos; y nuevas vías de colaboración entre la Federación, las entidades federativas y municipios que reconocen la pluralidad de voces de la nación;

3. Que será una institución mejor preparada para responder al precepto constitucional que en 2009 incorporó el derecho universal de acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales como derechos humanos fundamentales;

4. Que es imperativo fortalecer nuestra capacidad creadora, para que México crezca con esa energía, esa alma, que llamamos cultura y que nos hace comprendernos, mirarnos, construir una imagen de nosotros mismos, en el curso de las generaciones. En ese espejo, en la cultura, habita el imaginario que los mexicanos de hoy debemos crear y proyectar, la nueva narrativa, individual y social, que nos dé un nuevo rostro, ante el mundo y nosotros mismos;

5. Que con esta visión, se privilegia la creación y ejecución de planes de manejo de zonas arqueológicas y museos a nivel nacional; la construcción y modernización de la estructura operativa de las zonas ya existentes; el programa de adquisición de obra artística; la actualización de la infraestructura con la remodelación de museos, teatros, foros y escuelas de Bellas Artes. La puesta en marcha del Programa Nacional de Animación Cultural con el propósito de revitalizar la infraestructura, para darle un uso pleno y sumar espacios públicos y privados;

6. Que se fortalecerá la nueva política de fomento de la industria editorial mediante coediciones a través de convocatoria pública; nuevas estrategias para la promoción del libro mexicano en el extranjero; el impulso a la edición y distribución digitales del libro; y la creación de centros de coordinación de fomento a la lectura en los estados;

7. Que por ello, hoy más que nunca, debemos reconocer y proyectar con acciones concretas la naturaleza multidimensional de la cultura, y sus intersecciones con prácticamente todas las esferas del desarrollo porque es en la cultura donde está nuestra fuerza, identidad y referencias, no podemos dejar de reconocer en ella una fuente inagotable de esperanza, fortaleza y trabajo, para dar horizonte a nuestra ininterrumpida continuidad cultural milenaria;

8. Que la tarea cultural debe ser vista con grandeza, con generosidad. No es una actividad más de una nación, sino el sedimento donde se asienta lo que podemos ser. Es una tarea esencial del Estado, es fundamento, es la síntesis de territorio, gobierno y sociedad. La cultura es de todos porque todos la hacemos. No hay otra tarea que tenga esa dimensión y profundidad. Cuando todo pasa, lo único que queda es la cultura. A ella han contribuido generosa y constantemente muchas voces a través de la historia;

9. A la Secretaría de Cultura le corresponderá conducir la elaboración, expedición y evaluación del Programa Nacional de Cultura, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; promoviendo los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones;

10. Resulta loable el propósito contenido en la iniciativa que se dictaminó por la Comisión de Cultura y Cinematografía, ya que se trata de dotar de un orden jurídico preciso a la cultura, a través de una estructura orgánica sólida, que sume esfuerzos y recursos dentro del ámbito de la Administración Pública Federal, con atribuciones en la materia, para garantizar que el ejercicio de éstas, incorporando elementos normativos que le den certeza, permitan su adecuado desarrollo y crecimiento conforme a las dimensiones y proyecciones generadas por la normatividad constitucional aplicable;

11. Para esta Junta de Coordinación Política, es relevante destacar que la propuesta de creación de una Secretaría de Cultura a partir del diseño de un orden jurídico para dotarla de competencias, trasladando varias de ellas, que ejerce actualmente la Secretaría de Educación Pública, también amerita un análisis para ubicar las razones de esa transferencia.

Por todo ello, es que la Comisión de Cultura y Cinematografía, en su carácter de instancia dictaminadora, compartió con el Ejecutivo federal que es procedente una estructura de Secretaría, ubicada en un plano de igualdad de rango con la Secretaría de Educación Pública, definiendo con precisión en la legislación orgánica aplicable las funciones que en materia de cultura corresponderán a la nueva Secretaría;

12. Las legisladoras y legisladores de la Cámara de Diputados hemos impulsado en los ámbitos local, nacional e internacional, que se resguarde, conserve, difunda y comparta el patrimonio cultural de la nación y se promuevan los productos culturales. Asimismo, hemos reconocido dentro de la pluralidad legislativa, que la diversidad cultural es signo de nuestra identidad.

Como parte de las acciones que realiza la UNESCO en el mundo, en el año 1982 se realizó en México la “Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales” en la que la comunidad internacional contribuyó de manera efectiva con la siguiente declaración: “...la cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social, abarcando además de las artes y las letras, modos de vida, maneras de vivir juntos, sistemas de valores, tradiciones y creencias, factores que contribuyen a la identidad, cohesión social y desarrollo económico, educativo y social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”;

13. Que los trabajadores de las instituciones culturales, entre los que podemos enlistar enunciativa, más no limitativamente, a los arqueólogos, historiadores, antropólogos, arquitectos, restauradores, profesionistas en gestión del patrimonio cultural, pintores, escultores, músicos, bailarines, escritores, poetas, comunicólogos, museólogos, pedagogos, asesores educativos, promotores culturales, custodios, interventores, registradores, bibliotecólogos y docentes, conforman un gremio invaluable, que los convierte en uno de los mayores activos con los que cuenta el sector, por lo que la Comisión de Cultura y Cinematografía consideró indispensable escuchar sus voces y su sentir respecto a la multicitada iniciativa.

Derivado de esta mesa de diálogo y trabajo entre legisladores y representantes de los colectivos laborales dentro del sector cultural, se recogieron las adecuaciones necesarias y se hicieron las modificaciones correspondientes al dictamen:

a) Se establece en las modificaciones a la fracción II del artículo 38 y VI del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la relación y coordinación entre las secretarías de Educación Pública y de Cultura en materia de Educación Artística, para que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares.

b) Se modificó el artículo tercero transitorio de la iniciativa presidencial con una parte final, para establecer: “Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la Secretaría de Educación Pública, en los órganos administrativos descentralizados, desconcentrados y en las entidades paraestatales que, con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, queden coordinados o adscritos a la Secretaría de Cultura, respectivamente, serán respetados en todo momento, y de conformidad con lo dispuesto en las leyes y demás disposiciones aplicables”.

c) Se suprime en el dictamen el artículo quinto transitorio de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para crear la Secretaría de Cultura.

d) Se reafirma el compromiso de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados de acompañar las mesas de trabajo comprometidas por el Ejecutivo federal con los trabajadores a fin de dar garantías de total respeto a los derechos laborales, lo que incluye las condiciones de trabajo, derechos adquiridos, salarios y prestaciones de los trabajadores de los órganos administrativos descentralizados, desconcentrados y en las entidades paraestatales que, con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, queden coordinados o adscritos a la Secretaría de Cultura.

14. Que el día 4 de diciembre de 2015, se llevó a cabo la segunda mesa en conferencia entre la Comisión de Cultura y Cinematografía de ésta Honorable Cámara de Diputados y la Comisión de Cultura del Senado de la República, en la cual el Presidente de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el licenciado Rafael Tovar y de Teresa, y el Secretario de Educación Pública, el maestro Aurelio Nuño Mayer, expresaron entre otras cosas que la administración actual de la educación y la cultura, constituye una “trampa burocrática”, la cual podría superarse con la creación de una Secretaría de Cultura que fortalecería y empoderara al hasta ese momento subsector cultural de México;

15. Que con fecha 7 de diciembre de 2015, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados tuvo a bien celebrar la tercera mesa de trabajo en conferencia con la Comisión de Cultura del Senado de la República, a la cual fueron convocados creadores, especialistas, conocedores, difusores y promotores del sector cultural, con la finalidad de expresar sus puntos de vista, análisis y propuestas respecto a la iniciativa del Ejecutivo federal para crear la Secretaría de Cultura, debido a la posibilidad que tienen de brindar una opinión privilegiada con base en su trabajo y experiencia dentro del sector, manifestando, entre otras cosas, que la legislación vigente propicia la existencia de limitantes para el pleno ejercicio de los derechos culturales, a la vez que no favorece el desarrollo pleno de las industrias culturales. Por lo que proponen la creación de un Consejo Nacional de Cultura que incluya a los artistas, creadores, gestores y promotores culturales, impulsores de industrias culturales y a las instituciones de educación superior que impulsan grandes proyectos culturales, así como a las organizaciones de la sociedad civil; y

16. Que con base en lo anteriormente expuesto; y después de un análisis exhaustivo en un trabajo conjunto con el Senado de la República, el Ejecutivo federal, los trabajadores, artistas, creadores y demás voces representantes del sector cultural de México, la Comisión de Cultura y Cinematografía reconoció que es congruente y procedente la creación de la Secretaría de Cultura, con los esfuerzos, compromisos y acciones de las y los legisladores, de apoyar en el ámbito de sus competencias el fortalecimiento del patrimonio cultural mexicano y de participar de manera decidida y comprometida en la aprobación de los instrumentos normativos, tanto nacionales como internacionales, que transformen y robustezcan la tarea cultural.

Asimismo, coincidió e hizo suyos los propósitos que expresa el Ejecutivo en su iniciativa: que la institución de cultura de la nación debe estar a la altura a la que nos obligan la herencia y la tradición, nuestros creadores y el liderazgo cultural de México en el contexto internacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta LXIII Legislatura, en sesión extraordinaria realizada el 9 de diciembre de 2015, aprobó con 24 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura.

Segundo. La Junta de Coordinación Política, con el propósito de crear los instrumentos jurídicos, técnicos y administrativos necesarios, acuerda crear un Consejo Técnico integrado por los diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Cultura y Cinematografía, y por un representante de los siguientes organismos:

1. Senado de la República.

2. Secretaría de Gobernación.

3. Secretaría de Cultura.

4. Secretaría de Relaciones Exteriores.

5. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

6. Secretaría de Economía.

7. Secretaría de Educación Pública.

8. Secretaría de Desarrollo Social.

9. Secretaría de Turismo.

10. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

11. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

12. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

13. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

14. Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República.

15. Universidad Nacional Autónoma de México.

16. Universidad Autónoma Metropolitana.

17. Universidad de Guadalajara.

18. Universidad Autónoma de Guerrero.

19. Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo.

20. Universidad Autónoma de Nuevo León.

21. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

22. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

23. Universidad Veracruzana.

24. Universidad Autónoma de Yucatán.

25. Colegio de la Frontera Norte.

26. Instituto Politécnico Nacional.

Cuarto. El Consejo Técnico será el encargado de sistematizar las propuestas que resulten de las audiencias públicas.

En caso de considerar que las propuestas existentes son insuficientes, podrá solicitar a la Mesa Directiva, a través de la comisión dictaminadora, la realización de investigaciones técnicas, especificando el objeto, plazo y alcance de la misma.

Quinto.Cualquier persona podrá remitir por escrito al Consejo Técnico cualquier información que considere relevante para la conformación de la ley en cuestión.

Sexto. La comisión dictaminadora deberá habilitar un micrositio dentro de la página web de la Cámara de Diputados, en el que deberán estar disponibles todas las grabaciones de las audiencias públicas y los insumos que proporcionen los distintos ponentes. Asimismo, todos los escritos que sean remitidos en términos del acuerdo inmediato anterior, deberán incluirse en un apartado específico de dicho micrositio.

Séptimo.El Consejo Técnico deberá preparar un informe final que ordene por temas todas las ponencias y opiniones vertidas durante las audiencias públicas, así como los estudios que se hayan realizado, y acompañará a la comisión dictaminadora en su proceso legislativo de deliberación como órgano técnico.

Este informe final deberá ser remitido a todos los diputados, a fin de que tengan la información técnica, imparcial y necesaria para formar su juicio respecto del tema en cuestión.

Asimismo, el informe estará disponible en el micrositio al que hace referencia el presente acuerdo para su consulta pública.

El reporte final deberá ser presentado por el Consejo Técnico en un evento público, durante el primer trimestre del 2016.

Octavo. En términos del considerando décimo sexto del presente acuerdo, y atendiendo las necesidades de la comunidad cultural en diversos sectores de expresión, se deberá conformar un Consejo Nacional de Cultura que incluya artistas, creadores, gestores y promotores culturales, impulsores de industrias culturales y a las instituciones de educación superior que impulsan grandes proyectos culturales, así como organizaciones de la sociedad civil.

Noveno.Lo no previsto por este acuerdo será resuelto por la Mesa Directiva.

Décimo. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados. Comuníquense. Continúe.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de la comisión que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Gerardo Federico Salas Díaz cause alta como secretario en la Comisión de Ganadería.

• Que el diputado Gerardo Federico Salas Díaz cause alta como secretario en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado Gerardo Federico Salas Díaz cause alta como secretario en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, 15 de diciembre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras cause baja como secretario de la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras cause baja como integrante de la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Alfredo Miguel Herrera Deras cause baja como integrante de la Comisión de Economía.

• Que el diputado Ricardo del Rivero Martínez cause alta como secretario en la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Ricardo del Rivero Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Ricardo del Rivero Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Economía.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, 15 de diciembre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que el diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Araceli Madrigal Sánchez cause baja como integrante de la Comisión de Protección Civil.

• Que la diputada Araceli Madrigal Sánchez cause alta como secretaria en la Comisión de Protección Civil.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, 15 de diciembre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), vicepresidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados. Comuníquense.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO

ACCEDER A LOS APOYOS, EL BENEFICIARIO QUE A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL 2016

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y las secretarías de Estado ejecutoras de los programas sociales y productivos sujetos a reglas de operación a incluir en éstas para obtener los apoyos respectivos, a partir del ejercicio fiscal de 2016 y como parte de los documentos que acreditan la legal propiedad de las tierras, las actas de posesión emitidas por el comisariado de bienes comunales o ejidales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura le fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en las reglas de operación de los programas a su cargo, incluya como parte de los documentos que acreditan la legal propiedad de las tierras, las actas de posesión emitidas por el comisariado de bienes comunales o ejidales, presentada por el Diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena, en el pleno de la Cámara de Diputados en las sesiones del pasado 8 y 29 de octubre del año 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80, numeral 1, fracción VI, 84, 176, 180, numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; le corresponde dictaminar la presente proposición a partir de los siguientes

Antecedentes

El 8 de octubre de 2015, el diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en las Reglas de Operación de los programas a su cargo, incluya como parte de los documentos que acreditan la legal propiedad de las tierras, las actas de posesión emitidas por el comisariado de bienes comunales o ejidales.

El 8 de octubre de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXIII Legislatura, con número de oficio: DGPL 63-II-3-74 y número de expediente 473 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

El 29 de octubre de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXIII Legislatura, con número de oficio DGPL 63-II-4-135 y número de expediente 742 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

El pasado 15 y 30 de octubre, la comisión recibió para atender las proposiciones.

Consideraciones

Que de los artículos 23, fracción VIII, 31 y 197 de la Ley Agraria, se establece que corresponde a la asamblea general de ejidatarios o comuneros la regularización de la tenencia de los posesionarios y que de toda asamblea se levantará un acta; lo que permitía concluir que el consentimiento para la posesión de un bien comunal necesariamente exige sea a través del consentimiento expreso.

Para que el Comisariado de Bienes Comunales, en principio, pueda válidamente expedir constancias de posesión, debe acreditar que cuenta con el acta de la asamblea en la que se determina el reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios, o en su caso, la asignación de las tierras en favor de determinado miembro de la comunidad, y que está ejecutando dicha determinación como representante que es del núcleo de población comunal.

Por lo antes descrito, se solicita que todas las secretarías de Estado que operan los Programas Sociales y Productivos, sujetos a Reglas de Operación, que a partir del ejercicio fiscal de 2016, que para acreditar la legal propiedad de las tierras, los ejidatarios y comuneros puedan presentar las actas de posesión emitidas por el comisariado de bienes comunales o ejidales.

Por lo antes expuesto, esta comisión dictaminadora somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, para que todas las secretarías de Estado que operan los programas sociales y productivos, sujetos a Reglas de Operación, y que para acceder a los apoyos, el beneficiario que a partir del ejercicio fiscal 2016, acredite la posesión de la propiedad de las tierras, los ejidatarios y comuneros puedan presentar las actas de posesión emitidas por el comisariado de bienes comunales o ejidales.

Palacio Legislativo, a 25 de noviembre de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados:German Escobar Manjarrez (rúbrica), presidente; Iveth Bernal Casique (rúbrica), José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica), Jorge Alejandro Carvallo Delfín (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Exaltación González Ceceña (rúbrica), Miguel Alva y Alva (rúbrica), Adán Pérez Utrera (rúbrica), Felipe Reyes Álvarez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), secretarios; Felipe Cervera Hernández, Eloisa Chavarrías Barajas, Adriana Elizarraraz Sandoval, Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), Óscar García Barrón (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Alex Le Baron González, Edgardo Melhem Salinas, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Evelio Plata Inzunza (rúbrica), Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Francisco Javier Santillán Oceguera, Rafael Valenzuela Armas, Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá.»

INTENSIFICAR LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a intensificar las acciones de difusión, sensibilización y capacitación de los servidores públicos sobre los derechos de tales grupos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracción V; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de la siguiente

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del trámite e inicio del proceso legislativo para elaborar el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa.

II. En la parte correspondiente a “Contenido de la proposición” se plasma de manera resumida, el objeto, alcance y propuesta de la proposición con punto de acuerdo en estudio.

III. En las “Consideraciones”, esta comisión realiza los argumentos de valoración lógico-jurídicos, así como los razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen.

Antecedentes

Primero. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 27 de octubre de 2015, el diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a reforzar las acciones de difusión, sensibilización, y capacitación de los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Segundo. El 28 de octubre de 2015, se recibió en esta Comisión, oficio número D.G.P.L. 62-II-4-2183 de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el cual turna el expediente 697 conteniendo la proposición con punto de acuerdo de referencia para su estudio y dictamen.

Tercero. El día 18 de noviembre se recibió en esta comisión dictaminadora la opinión del diputado Luis de León Martínez Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expresando su acuerdo con el diputado proponente.

Contenido de la proposición

El diputado proponente, en su exposición de motivos, menciona que el Gobierno de la Republica diseña y promueve la política pública para la atención de la población indígenas a través de la Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, que fue creada en 2003 con las funciones de consulta, evaluación de programa y acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, para mejorar la atención da la población indígenas, utiliza los programas y su presupuesto para construir una acción articulada para contribuir al desarrollo integral y hacer efectiva la promoción y vigencia de los derechos indígenas.

Por otra parte, realiza un análisis sobre los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y afirma, en cuanto a la población indígena la existencia de 15.7 millones de indígenas, de los cuales 8.7 millones son pobres de acuerdo a la última medición de la Pobreza realizada en 2014 por el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El proponente enfatiza que según datos de Coneval en 2012 existían 8.2 millones indígenas pobres y para 2014 más de medio millón de indígenas pasó a serlo.

El proponente señala que las dependencias, entidades del Poder Ejecutivo Federal, Estatal, Gobierno del Distrito Federal; así como los gobiernos municipales, congresos locales y cabildos municipales deben actuar de forma coordinada para resolver la problemática de pobreza, discriminación y exclusión social que enfrentan las comunidades indígenas. Señala además que el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal para que los pueblos y comunidades indígenas vivan en condiciones económicas y sociales dignas dentro de un marco de igualdad e interculturalidad, determina que la CDI tenga la responsabilidad de orientar eficazmente, las políticas, los programas y proyectos hacia una promoción del desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas

Finalmente, hace la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: solicita que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a reforzar las acciones de difusión, sensibilización, y capacitación de los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Esta comisión recibió opinión del diputado Luis de León Martínez Sánchez, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, a favor de la proposición en comento, donde expresa su recomendación para reforzar las acciones de difusión, sensibilización y capacitación de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en la carta magna, las leyes mexicanas y los tratados internacionales.

Por su parte, el diputado Vitálico Cándido Coheto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, planteó la conveniencia de sustituir el término “reforzar” con el término “intensificar” “las acciones de difusión, sensibilización y capacitación de servidores públicos...” en la parte correspondiente del resolutivo. Esto, con el fin de establecer mayor precisión al objetivo del exhorto.

De igual forma, el diputado Coheto Martínez planteó que dicho exhorto, por el que la CDI intensificaría las acciones de “difusión, sensibilización y capacitación a servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno...” tendría mayores alcances si se suprime la expresión “de los diferentes niveles de gobierno”; el objeto es que esas acciones que se exhorta realice la CDI se dirijan a “los servidores públicos”, en general, sin limitar el exhorto a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, permitiendo así que en un momento dado los servidores públicos de órganos autónomos, por ejemplo La Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Instituto Nacional Electoral, puedan ser objeto del referido exhorto.

Bajo estos supuestos, esta comisión dictaminadora expone las siguientes:

Consideraciones

Primera. De conformidad con lo señalado por el artículo 39, fracción XII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segunda. Que en cuanto al resolutivo único del punto de acuerdo, referente a exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a reforzar las acciones de difusión, sensibilización, y capacitación de los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y en virtud de que el diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, sustenta su proposición en el apartado B del artículo 2o. Constitucional, se procedió al análisis del citado apartado.

Efectivamente, la Constitución, en su artículo 2o., consigna la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de establecer instituciones y determinar políticas públicas para promover la igualdad de oportunidades de los pueblos indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, con la finalidad de garantizar la vigencia de sus derechos y su desarrollo integral. Dichas políticas públicas deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos, y se establece la obligación para dichas instituciones para impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades.

Tercera. Que en relación al argumento “El Gobierno de la Republica, Diseña y promueve la política pública para la atención de la población indígena y la vigencia de sus derechos y evalúa programas y acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno”, expresado por el proponente, del análisis realizado por esta Comisión Dictaminadora se desprende:

1. En la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se establece:

• Que en la fracción I del artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas está establecido como una de sus funciones ser instancia de consulta para la formulación, ejecución de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal desarrollen en la materia”.

• Que en la fracción IX del mismo artículo, se establece la función de la CDI de “Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema de consulta y participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y metodológicos para promover la participación de las autoridades, representantes y comunidades de los pueblos indígenas en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo”.

• Que la fracción III consigna la función de “ Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales deberán consultar a la Comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado”.

• Que la Fracción X del mismo artículo 2° de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas establece la función de “Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten”.

• Que la Fracción XIII del artículo 2° de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (LCNDPI). Establece la función para la Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas de “ Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas.”

2. En el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 publicado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el numeral I “Marco Normativo”, se establece:

• Que se puede leer textualmente “El Gobierno de la República diseña y promueve la política pública para la atención de la población indígena y la vigencia de sus derechos, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que es un organismo descentralizado de la APF, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa.”,dicho programa cita que la CDI formula el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, en términos de los artículos 2º y 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, 22, 26 y 29 de la Ley de Planeación, así como 2o., fracción I de la LCNDPI.

• Que, en el Anexo 2 del propio Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. “Resultados de la Consulta sobre las Prioridades de las Comunidades Indígenas” se observa que se generaron 12,630 propuestas en los diversos foros consultivos realizados por dicha institución. Dichos resultados enuncian que se obtuvieron 1,548 propuestas en cuanto al tema de derechos y 127 propuestas sobre sensibilización y capacitación a funcionarios en cuanto a Reglas de operación.

3. En las conclusiones del documento de fecha 10 de abril de 2013 denominado “ Respuesta de México en cumplimiento de la resolución 21/24 “Derechos Humanos y Pueblos Indígenas” con énfasis en el tema de acceso a la justicia en La promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas” enviado por la Misión Permanente de México ante las Oficinal de las Naciones unidas a las oficinas del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se establece lo siguiente:

“ México dará puntual seguimiento al tema de acceso de los pueblos indígenas a la justicia en la nueva administración del gobierno federal, encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto, quien ha estimado como una de sus políticas públicas, el fortalecimiento de las comunidades indígenas a través de un reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público y el acceso equitativo a la justicia y a la educación, garantizando que la población indígena tenga acceso a defensores de oficio de calidad y a traductores bilingües para sus procesos de defensa así mismo tendrán una educación bilingüe”

4. En el “Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas DOF 26/07/2010 se encontró:

• Que en su artículo 21 fracción I. señala que “ compete a la Unidad de Coordinación y Concertación, establecer, promover y proponer los mecanismos de colaboración y concertación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y municipales, así como con organizaciones de los sectores social y privado; diseñar y promover actividades de inducción y sensibilización a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública sobre comunidades y pueblos indígenas, así como instrumentar la capacitación que se imparta para apoyar las acciones federales, estatales y municipales”.

• Que el artículo 25 establece competencias a las delegaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas. Entre ellas, en su fracción I establece “ Promover y fortalecer acciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales en la entidad, para la gestión y atención de los asuntos relacionados con el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas”-; así como su fracción VI, establece “Coadyuvar con las Unidades Administrativas en acciones de capacitación, inducción y sensibilización, conforme a la normatividad vigente”.

Cuarta. Que esta Comisión Dictaminadora tiene noticias respecto a que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha impartido capacitación y acciones de difusión y sensibilización a comunidades indígenas y a servidores públicos como son los casos siguientes:

En comunidades indígenas

• Programa de Blindaje Electoral, el cual se realiza en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que consiste en el desarrollo de acciones encaminadas a la prevención de delitos electorales, impulsa acciones de capacitación a comunidades indígenas con el objetivo de generar una cultura de la prevención de los delitos electorales y generar una ciudadanía informada sobre sus derechos y obligaciones. Dentro de este programa se han realizado acciones de difusión y sensibilización como fue la transmisión del spot “Denuncia”, así como la difusión de mensajes en lenguas Ch’ol, Tzeltal y Tzotzil.

Capacitación externa denominada “Evaluación y Mejora de Plan de Negocios y Contabilidad Básica”, cuyo objetivo fue proporcionar las herramientas básicas a los miembros de los consejos directivos pertenecientes al Programa de Fondos Regionales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el buen desempeño de sus funciones en la administración de los recursos federales en las actividades que realizan diariamente en el financiamiento de proyectos productivos en el área de influencia.

• Seis talleres de “Capacitación para la Mejora Económica Cooperativa de la Población Indígena” realizados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Jalisco, mediante los cuales fueron capacitados 29 promotores indígenas de Jalisco y Nayarit en coordinación con el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC (Inca Rural) de la Sagarpa.

Es de señalar que en el Informe sobre el ejercicio de los subsidios mediante programas y proyectos” al cuarto trimestre de 2014, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reporta lo siguiente:

• Que en el Programa de Derechos Indígenas para 2014 se aprobaron 477 proyectos de los cuales 475 suscribieron convenio, proporcionando beneficio de 16,2344 personas, cada proyecto contempla un apoyo máximo de 75,000 pesos por proyecto. La misma cantidad se contempla en la “Convocatoria para la Implementación de Proyectos para el Ejercicio de Derechos de Acceso a la Justicia para 2015”dirigida a los núcleos agrarios y organizaciones sociales con personalidad jurídica propia, esta convocatoria se emitió para apoyar proyectos orientados a desarrollar actividades para el ejercicio de los derechos de acceso a la justicia, mediante acciones de difusión, capacitación, asesoría y/o gestión.

Respecto a este tema, en relación al ejercicio fiscal 2015, se procedió a revisar el portal electrónico de la CDI, encontrándose que se puede consultar la liga a los indicadores de programas presupuestarios del Programa de Derechos Indígenas Clave U-011, en donde se puede apreciar lo siguiente:

“Con fecha 8 de enero de 2015 se emitió la convocatoria para el proceso de formación de jóvenes indígenas para la protección de su patrimonio cultural y se recibieron las solicitudes. Se llevó a cabo la dictaminación de las solicitudes de apoyo presentadas por jóvenes indígenas en el marco de la convocatoria. En este proceso se seleccionó a 108 beneficiarios. Se suscribió el convenio de colaboración con el CREFAL para el desarrollo del proceso de formación el cual tiene una duración de 7 meses. Inició en Abril y concluirá en octubre. A la fecha se lleva un avance adecuado en formación presencial y a distancia. El 2° taller de capacitación presencial se realizó el 3 de junio por cuestiones de logística y organización y se alinearon las acciones seguimiento a este cambio en calendario.”

• Que en el programa de la producción y productividad indígena, en la modalidad de apoyos complementarios para el desarrollo indígena. Entre las metas alcanzadas se menciona que se realizaron 257 acciones de capacitación estratégica, en beneficio de 24,422 personas.

En cuanto a la capacitación a servidores públicos:

Capacitación de programas y proyectos que la delegación estatal de la CDI ejecuta en San Luis Potosí, para presidentes y autoridades municipales, con el fin de coadyuvar con ellos, en las diversas necesidades que presentan los pueblos y comunidades de los 23 municipios, con presencia indígena.

Impartido por la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena.

• Taller de capacitación a servidores públicos sobre contraloría socialsobre el programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena

• Talleres de capacitación para servidores públicos adscritos a la Delegación de la CDI en el estado de Chiapas y al personal de las Radiodifusoras “La Voz de los Vientos y “La Voz de la Frontera Sur” del SRCI.

Es de señalar que no fue posible encontrar un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre las acciones de difusión, sensibilización y capacitación a servidores públicos.

Bajo estos términos, es que ésta dictaminadora concluye que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, facultan a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos para realizar las acciones de difusión, sensibilización y capacitación que señala el proponente.

Con base a los informes consultados, se encontró que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realiza actividades de capacitación sensibilización y difusión así como acuerdos interinstitucionales para llevar a cabo los diferentes programas y sus componentes, mismos que están dirigidos a los integrantes de las comunidades indígenas; pero no se encontró gran información respecto a la capacitación de servidores públicos, de ahí se concluye que es necesario reforzar las acciones de difusión, sensibilización y capacitación de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Quinta.Que el actual Gobierno de la República ha estimado como una de sus políticas públicas prioritarias, el fortalecimiento de las comunidades indígenas a través de un reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público y el acceso equitativo a la justicia y a la educación.

Sexta. Se consideran viables los planteamientos de los diputados Luis de León Martínez Sánchez y Vitálico Cándido Coheto Martínez, expuestos en el apartado de Antecedentes del presente dictamen, razón por la cual se incorporan en el resolutivo correspondiente.

Séptima. Durante la discusión del dictamen en la primera reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, realizada el 24 de noviembre de 2015, el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal propuso la siguiente modificación al resolutivo (en negritas y subrayado):

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en coordinación con las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, a intensificar las acciones de difusión, sensibilización, y capacitación de los servidores públicos, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México es parte.

Octava. En la referida Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, el diputado Joaquín Jesús Díaz Mena propuso la siguiente modificación al resolutivo (en negritas y subrayado):

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a intensificar las acciones de difusión, sensibilización, y capacitación de los servidores públicos, y funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, así como de magistrados, jueces, secretarios y personal administrativo del Poder Judicial de la Federación, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México es parte.

Novena. Las diputadas y diputados presentes en la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, aprobaron por unanimidad que se incorporen al resolutivo de la Proposición con Punto de Acuerdo las modificaciones propuestas por los diputados Miguel Ángel Sulub Caamal y diputado Joaquín Jesús Díaz Mena referidos en las Consideraciones Séptima y Octava del presente dictamen.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora concluye que existen elementos suficientes para aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto de este dictamen, con la incorporación de las modificaciones descritas en las consideraciones séptima y octava.

En consecuencia, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en coordinación con las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal, a intensificar las acciones de difusión, sensibilización y capacitación de los servidores públicos y funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, así como de magistrados, jueces, secretarios y personal administrativo del Poder Judicial de la Federación, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México es parte.

Notas:

1 Documento consultado en http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ IPeoples/EMRIP/StudyAccessToJustice/Mexico.pdf

2 Documento consultado en http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content &view=article&id=1273&Itemid=77

3 Recibido en la Comisión de Asuntos Indígenas en la LXII legislatura

4 Se puede consultar en http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content &view=article&id=3681%3Aconvocatoria-2015-implementacion-de-proyectos- para-el-ejercicio-de-derechos-de-acceso-a-la-justicia &catid=103%3Aconvocatorias-2015&device=xhtml

5 https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/ datosProgramaLlave.do?id=06U011

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Vitálico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), presidente; Dora Elena Real Salinas (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Edith Villa Trujillo (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Hugo Alejo Domínguez (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica), Victoriano Wences Real (rúbrica), Modesta Fuentes Alonso, Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), secretarios; Jorge Álvarez López (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), J. Guadalupe Hernández Alcalá, Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), María Elena Orantes López, Janette Ovando Reazola, Álvaro Rafael Rubio (rúbrica), Heidi Salazar Espinosa (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica).»

CONSIDERAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ESTABLECER PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS QUE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas y el DF a considerar la asignación de recursos para establecer planes, programas y políticas que garanticen los derechos de los indígenas en materia de acceso a la justicia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción V; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de la siguiente

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del trámite e inicio del proceso legislativo para elaborar el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa.

II. En la parte correspondiente a “Contenido de la Proposición” se plasma de manera resumida, el objeto, alcance y propuesta de la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio.

III. En las “Consideraciones”, esta Comisión realiza los argumentos de valoración lógico-jurídicos, así como los razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen.

Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 26 de noviembre de 2015, los diputados César Octavio Camacho Quiroz y Miguel Ángel Sulub Caamal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas y del DF, para que consideren la asignación de recursos para el establecimiento de planes, programas y políticas que garanticen los derechos de los indígenas, en materia de acceso a la justicia.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva acordó el siguiente turno: “Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas”, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 14 de octubre de 2015, a través del Expediente Num. 1071, la Comisión de Asuntos Indígenas recibió formalmente dicha Proposición con Punto de Acuerdo.

Contenido de la proposición

Los diputados proponentes expresan su preocupación porqué, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, se estima que existen más de 10 mil indígenas en cárceles del país, de los cuales sólo 10 por ciento tuvo acceso a un intérprete para comunicarles cuál era su situación legal.

Mencionan que en nuestro país actualmente existen 15.7 millones de personas que se identifican como indígenas, distribuidos en 68 pueblos indígenas, con 11 familias lingüísticas y 364 variantes de éstas.

Esta población, indican los diputados, padece una situación de franca vulnerabilidad y constantes violaciones a sus derechos, llegando incluso a la privación de su libertad por el simple hecho de que no tienen una defensa adecuada, al no contar con un traductor o intérprete que les pueda transmitir la información legal de manera correcta.

En este sentido, los proponentes destacan el espíritu del artículo 2o. constitucional, en su Apartado B, en el cual se establecen responsabilidades dirigidas a las instituciones del Estado para diseñar y poner en marcha una política integral y transversal de atención a la población indígena para garantizar la vigencia de sus derechos. En refuerzo de lo anterior, citan la fracción VIII del Apartado A de dicho Artículo, que establece: “Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.

Citan, además, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo suscrito por nuestro país, como marco jurídico internacional que protege el derecho al debido acceso a la justicia de la población indígena y garantiza la existencia de intérpretes u otros medios eficaces para que puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales que sean parte.

Los diputados proponentes enfatizan que el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado corresponde a una perspectiva integral de los derechos indígenas, y se relaciona con su derecho individual y colectivo a expresarse en su lengua, porque es la garantía de una colectividad de preservar su identidad a través del uso de su idioma.

En función de lo anterior y con el objeto de garantizar que en la realidad existan condiciones para que los indígenas ejerzan plenamente el derecho de acceso efectivo a la justicia, los Diputados proponentes presentaron los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las honorables Legislaturas de las 31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en sus respectivos Presupuestos de Egresos próximos a analizar y aprobar, prevean la asignación de recursos para el establecimiento de planes, programas y políticas, que garanticen el debido ejercicio de los derechos de los indígenas en materia de acceso a la justicia, en lo que se refiere a contar con intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los 31 titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que por su conducto instruyan a las instancias locales de administración, procuración e impartición de justicia, a garantizar el acceso a la justicia de la población indígena, mediante la existencia de intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados; considerando que para la identificación y capacitación del personal que preste dichos servicios pueden coordinarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Bajo tales supuestos, esta comisión dictaminadora procedió al análisis del contenido de la proposición con punto de acuerdo, lo cual nos permitió generar las siguientes

Consideraciones

Primera. De conformidad con lo señalado por el artículo 39, fracción XII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo presentado por los diputados César Octavio Camacho Quiroz y Miguel Ángel Sulub Caamal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segunda. Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con los diputados proponentes, en su visión de que el derecho de acceso a la justicia es uno de los problemas cruciales de los pueblos indígenas de México.

Tercera. En este orden de ideas, resulta pertinente el exhorto que plantean los diputados proponentes para que las 31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que prevean la asignación de recursos para el establecimiento de planes, programas y políticas, que garanticen el debido ejercicio de los derechos de los indígenas en materia de acceso a la justicia, en lo que se refiere a contar con intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados.

Cuarta. Esta Comisión Dictaminadora considera que la Proposición con Punto de Acuerdo se fundamenta adecuadamente, al traer a colación el mandato en el artículo 2o. de la Constitución, que dice: “La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades... la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas”.

Quinta. Es totalmente acertado el exhorto del segundo resolutivo del Punto de Acuerdo, para que los 31 titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y del Distrito Federal, promuevan que las instancias locales de administración, procuración e impartición de justicia, garanticen el acceso a la justicia de la población indígena, mediante la existencia de intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados. De este modo, los Diputados proponentes plantean una acción integral del Estado para asignar recursos suficientes y, a la vez, garantizar que se cuente con los recursos humanos, técnicos y metodológicos para asegurar que la población indígena acceda a la justicia sin ningún tipo de desventaja.

Sexta. Es de la mayor relevancia que los diputados proponentes hagan referencia al Padrón Nacional de Abogados Indígenas Bilingües, resaltando que solamente cuenta con 198 abogados bilingües, cantidad que resulta insuficiente frente a la necesidad de garantizar el pleno acceso de los pueblos indígenas a la justicia. En ese sentido, es pertinente el señalamiento de los diputados proponentes de que solamente existen 650 intérpretes y traductores indígenas, insuficientes para que la población indígena tenga una justicia más accesible, imparcial y transparente, mediante la asistencia y apoyo adecuados.

Séptima. Es pertinente referir lo afirmado por la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Cdi, en el marco de la firma del convenio referido en la octava consideración de este dictamen, en el sentido de que desde el año 2013 el Programa de Derechos Indígenas de la CDI, con el apoyo de los abogados bilingües que integran el Padrón Nacional antes mencionado, han sacado de prisión a más de tres mil 600 personas, que estaban presas por no pagar una fianza de 2,500 pesos o por hablar el español y no contar con un intérprete.

Octava. Para esta comisión dictaminadora, es de la mayor relevancia que los diputados proponentes incluyan en su argumentación la histórica firma del Convenio Marco para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con Visión Intercultural y Multilingüe, impulsado por el gobierno de la República y suscrito el pasado 29 de octubre de 2015, por los titulares del Poder Judicial de la Federación, la Secretarías de Gobernación, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que deberá funcionar a plenitud en julio de 2016, tiene como uno de sus componentes centrales la utilización de los juicios orales para agilizar y optimizar la procuración e impartición de justicia. Por razones obvias, este nuevo modelo de justicia entraña la necesidad de garantizar a la población indígena el derecho al uso de sus lenguas y culturas en los procesos legales a los que esté vinculada, para lo cual es indispensable contar con los suficientes traductores e intérpretes, así como la mayor cantidad de abogados bilingües, jueces y magistrados que hagan posible el efectivo acceso de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado.

Novena. Los exhortos materia del presente Dictamen, deberán contribuir a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal reconozca e integre los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas para que, en el marco de su derecho a la libre determinación y autonomía, acudan a sus autoridades tradicionales para la resolución de conflictos no graves a través de un juicio justo. Al respecto, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente referir que el pasado 27 de octubre se firmó el Convenio de Colaboración entre el Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que tiene por objeto generar las condiciones para que la población indígenas acceda a la justicia sin desventajas en el marco del Nuevos Sistema de Justicia Penal.

En conclusión, esta comisión dictaminadora tiene pleno convencimiento de que la proposición con punto de acuerdo planteada por los diputados proponentes, contiene exhortos que, al cumplirse, contribuirán a la construcción de condiciones propicias para que la población indígena acceda de forma efectiva, expedita y sin discriminaciones a la jurisdicción del Estado, razón por la cual es de aprobarse en sus términos.

En mérito de lo expuesto y fundado, la Comisión de Asuntos Indígenas, se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las honorables Legislaturas de las 31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en sus respectivos Presupuestos de Egresos próximos a analizar y aprobar, prevean la asignación de recursos para el establecimiento de planes, programas y políticas, que garanticen el debido ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en materia de acceso a la justicia, en lo que se refiere a contar con intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los 31 titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, para que por su conducto instruyan a las instancias locales de administración, procuración e impartición de justicia, a garantizar el acceso a la justicia de la población indígena, mediante la existencia de intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados; considerando que para la identificación y capacitación del personal que preste dichos servicios pueden coordinarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Vitálico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), presidente; Dora Elena Real Salinas (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Edith Villa Trujillo (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Hugo Alejo Domínguez (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena, Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica), Victoriano Wences Real, Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), Jorge Álvarez López (rúbrica), secretarios; Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), J. Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), María Elena Orantes López, Janette Ovando Reazola, Álvaro Rafael Rubio, Heidi Salazar Espinosa, Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica).»

PREVISIONES PARA EL CUMPLIMIENTO AL DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4O. DEL REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo a fin de que se tomen previsiones para cumplir el decreto que reforma el artículo 4o. del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de las personas con discapacidad auditiva

Honorable asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y; 80 numeral 1, fracción VI, 180 y 182 numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I.En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en fecha 24 de septiembre de 2015, la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular del Canal de Televisión del Congreso, se tomen las previsiones para el cumplimiento del Decreto de reformas al Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas con discapacidad auditiva.

II.En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen.

III.La Presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables procedió al análisis del asunto y la elaboración del presente dictamen, que fue aprobado en sus términos por el pleno de la comisión.

Contenido de la proposición:

La Diputada proponente expone que el pasado 18 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Esta modificación reglamentaria instruye al Canal del Congreso que la información que se difunda a través de este medio deberá traducirse simultáneamente a lengua de señas mexicanas, o subtitularse con palabras en español, o ambas.

Igualmente expone que el artículo segundo transitorio instruye a las Mesas Directivas de ambas Cámaras, a que en ejercicio de facultades concedidas por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hagan las previsiones presupuestales para asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del decreto.

Consideraciones

1. Que en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 5 del artículo 141 es establece que “la organización y funcionamiento del Canal se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral”.

2. Que la modificación al artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, empero al día de hoy no se realizan las traducciones simultáneas de las transmisiones en vivo de las sesiones a la lengua de señas mexicana, o el subtitulado con palabras al español.

3. Que el transitorio segundo del decreto que reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el impacto presupuestario deberá ser previsto por las Mesas Directivas de ambas cámaras, a fin de dar cumplimiento a la reforma que ya entró en vigor.

4. Que en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 34 inciso e) establece que la Junta de Coordinación Política deberá aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara de Diputados; el artículo 66 inciso h), indica que el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara deberá ser presentado ante el pleno por la Mesa Directiva.

5. Que en el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8 inciso a) prevé que “las aportaciones que anualmente realice el Congreso a través de cada Cámara por partes iguales, de acuerdo con el presupuesto que les haya sido asignado al efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con la normativa establecida en cada una de las Cámaras; en el artículo 14 inciso e) se le atribuye a la comisión bicameral la potestad de “evaluar supervisar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Canal y el programa de trabajo correspondiente, a más tardar el 30 de junio de cada año; en el artículo 14 inciso f) se dicta que “una vez aprobado, turnar el proyecto de presupuesto anual del canal a los órganos de gobierno y a los funcionarios responsables de la administración de ambas Cámaras, a más tardar durante los primeros cinco días del mes de julio de cada año, para los efectos correspondientes”.

6. Que en el Reglamento de Cámara de Diputados, el artículo 79 numeral 1, fracción I, se define “acuerdos parlamentarios, que son resoluciones económicas en materia de régimen interior de la Cámara, previstas en la fracción I del artículo 77 Constitucional”; en la fracción II se define “Puntos de Acuerdo, que representan la posición de la Cámara en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la Federación, organismos públicos; Entidades Federativas y Municipios”.

7. Que para la interpretación conjunta de los puntos anteriores, se debe contemplar lo siguiente:

a. La responsabilidad del Canal de TV del Congreso es una responsabilidad de ambas Cámaras, que se administra a través de la comisión bicameral, responsable de aprobar el proyecto de presupuesto y plan de trabajo, pero que depende presupuestalmente de las Juntas de Coordinación Política y de las Mesas Directivas de ambas Cámaras, que deben presupuestar, aprobar y aportar en partes iguales los recursos para su operación;

b. El reglamento interno de Cámara de Diputados señala que deberán ser acuerdos parlamentarios las cuestiones internas de este tipo, empero por la independencia que posee cada una de ellas, la Cámara de Diputados únicamente puede emitir acuerdos para sí y exhortos a la colegisladora;

c. Que para dar cabal cumplimiento a la reforma al artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deberá la Comisión Bicameral del Canal del Congreso incluir en su propuesta de trabajo la traducción simultánea a lenguaje de señas o subtitulado, y en el presupuesto de ambas cámaras las previsiones económicas que permitan su realización.

Por lo tanto, se concluye que la honorable Cámara de Diputados debe emitir un acuerdo parlamentario que instruya: 1) A los miembros Diputados de la Comisión Bicameral del Canal de Congreso, para que sea incluido en su plan de trabajo lo relativo a la reforma al artículo 4 del reglamento del canal del congreso y en su presupuesto las previsiones económicas para su operación, y; 2) A la Junta de Coordinación Política y a la Mersa Directiva para que sea incluido y aprobado en el presupuesto general de Cámara de Diputados.

Igualmente, la honorable Cámara de Diputados debe emitir un punto de acuerdo por el que exhorte respetuosamente a la H. Cámara de Senadores para que, a través de su Junta de Coordinación Política y su Mesa Directiva, incluyan en su presupuesto los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a lo relativo a la reforma al artículo 4 del reglamento del canal del congreso.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXIII Legislatura, someten a la consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de un acuerdo parlamentario, instruye: 1) a los diputados miembros de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, incluir en el Plan de Trabajo y en el Presupuesto del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lo relativo a la reforma publicada el 18 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, al artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos para personas con discapacidad auditiva, y; 2) a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva para que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Cámara de Diputados los recursos necesarios para dar cumplimiento a la reforma publicada el 18 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, al artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos para personas con discapacidad auditiva.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Senadores para que a través de su Junta de Coordinación Política y su Mesa Directiva, incluyan en su Presupuesto de Egresos los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a la reforma publicada el 18 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, al artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos para personas con discapacidad auditiva.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Yarith Tannos Cruz (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón, Kathia María Bolio Pinelo, Eloísa Chavarrías Barajas, Erika Irazema Briones Pérez, Sara Paola Gálico Félix Díaz, Irma Rebeca López López, Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), secretarios; Evelyng Soraya Flores Carranza, Lilia Arminda García Escobar, Fabiola Guerrero Aguilar, Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda, María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica), María Guadalupe Oyervides Valdez, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María Monserrath Sobreyra Santos, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).»

SANCIONES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES EN LOS CASOS DE MALTRATO O VIOLENCIA POR PARTE DE AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol y el Inapam a efectuar las sanciones administrativas pertinentes en los casos de maltrato o violencia por autoridades de las instituciones públicas y privadas de atención a personas adultas mayores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80 numeral 1, fracción VI, 84, 85, 167, numeral 4, 180, numeral 2, fracción I, y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, en sentido positivo con modificaciones, de conformidad con la siguiente

Metodología

1. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia de la presentación y turno de la proposición con punto de acuerdo para su dictamen.

2. En el capítulo “Contenido de la proposición” se sintetiza la propuesta.

3. En el capítulo “Consideraciones” se expresa la argumentación que funda y motiva la determinación de los integrantes de esta comisión y enseguida, la emisión del dictamen a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 27 de octubre de 2015 por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se dio cuenta con la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a efectuar las sanciones administrativas pertinentes en los casos de maltrato o violencia por autoridades de las instituciones públicas y privadas de atención a personas adultas mayores, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Dicha proposición con punto de acuerdo fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

4. Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXIII Legislatura procedió al análisis, la discusión y la elaboración del presente dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponente manifiesta que el abuso y maltrato por los servidores públicos que se encuentran al frente de instituciones públicas y privadas, que brindan atención a personas de edad avanzada es reconocido como un problema social cada vez más frecuente, por ello cabe resaltar que se debe prevenir y erradicar estas prácticas.

La violencia que impera en la sociedad actual, es producto de la crisis que afecta a amplios sectores sociales e incluye las dimensiones: política, económica y social; por lo que las personas adultas mayores en este contexto constituyen un sector vulnerable que es objeto de exclusión y sufriendo, lo que se denomina violencia social en sus múltiples facetas.

Este grupo de la población sufre múltiples dificultades, razón por la cual se debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos que las leyes han otorgado a las personas adultas mayores; entre otros, el derecho a una vida con calidad, libre de violencia, a la no discriminación, a ser respetado en su persona, a ser protegido contra toda forma de explotación y recibir un trato digno y apropiado.

El desamparo y la violencia contra las personas adultas mayores constituyen una grave violación a sus derechos; en tal sentido, existen diversos instrumentos internacionales, entre los que destaca la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como las resoluciones de Naciones Unidas, que sobre el caso específico en adultos mayores obligan a los estados a actuar en un marco de total respeto a sus derechos y que han sido debidamente ratificados en nuestro país.

Por tanto, es necesario atender de manera integral a las personas adultas mayores, para contribuir a elevar su calidad de vida, disminuir las desigualdades, erradicar la violencia y mejorar sus condiciones de salud.

En tal virtud, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos propone que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que cuando exista maltrato o violencia de parte de los titulares de las diferentes instituciones públicas y privadas de atención a personas adultas mayores se les aplique de manera enérgica las sanciones pertinentes que enmarca la Ley Federal del Procedimiento Administrativo con el objetivo de otorgar una vida digna y garantizar la protección a sus derechos humanos.

Consideraciones

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera procedente la proposición con punto de acuerdo objeto del presente estudio; sin embargo, se le realizan algunas modificaciones para que sea real y prácticamente viable.

En primer lugar, la Secretaría de Desarrollo Social, como dependencia federal, posee facultades para intervenir en los casos de maltrato o violencia que sean cometidos por los titulares de las diferentes instituciones públicas o privadas de atención a personas adultas mayores, dando vista a las autoridades competentes, para el efecto de aplicar las sanciones pertinentes, de conformidad a lo dispuesto por la fracción IX del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que determina que dicha dependencia tiene la facultad de impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas de inclusión y atención de los adultos mayores y sus derechos.

Asimismo, tiene competencia dicha dependencia federal en la materia, de conformidad con la i primera del artículo 2o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que establece que la aplicación y el seguimiento de la ley corresponden al “Ejecutivo federal, a través de las secretarías de Estado y demás dependencias que integran la administración pública, así como las entidades federativas, los municipios, los órganos desconcentrados, y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción”.

Es importante hacer destacar que los titulares de las instituciones públicas, deben ser denominados en este caso, como servidores públicos, ya que esa constituye su naturaleza jurídica.

Respecto a los titulares de las instituciones privadas, éstos deben ser denominados prestadores de servicios, porque su naturaleza jurídica no corresponde a la de una institución de carácter público o gubernamental, por tanto, no son servidores públicos.

Por tanto, hay la necesidad de modificar en este aspecto y en dichos términos, el presente punto de acuerdo para darle viabilidad jurídica y operativa. En el mismo sentido, es preciso darle dicha viabilidad, para que cuando la Secretaría de Desarrollo Social al conocer de actos de maltrato, violencia u omisión, en su caso, de vista de los hechos a la autoridad o autoridades competentes.

En segundo lugar, y en los términos descritos, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, también posee facultades para intervenir en los casos de maltrato o violencia cometidos por los servidores públicos de las instituciones públicas y de los prestadores de servicio de las instituciones privadas de atención a personas adultas mayores, dando vista a las autoridades competentes, para el efecto de aplicar las sanciones pertinentes, toda vez que de conformidad con la fracción IV del artículo 2o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la aplicación y el seguimiento de dicho ordenamiento corresponden al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Por ende, y de acuerdo a dicha facultad legal del instituto, a éste corresponde observar el cumplimiento de la ley en cita, la cual tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores diversos derechos, entre los que se encuentran los siguientes, como dispone el artículo 5o. de dicho ordenamiento:

I. De la integridad, dignidad y preferencia:

a) A una vida con calidad.

b) Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que ésta y otras consagran.

c) A una vida sin violencia.

d) Al respeto de su integridad física, psicoemocional y sexual.

e) A la protección contra toda forma de explotación.

f) A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales.

II. De la certeza jurídica:

b) A recibir apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.

De conformidad con el artículo 28 de la citada ley, el Instituto Nacional de las Personas Mayores también tiene las facultades relativas a proteger, asesorar, atender y orientar a las personas adultas mayores y presentar denuncias ante la autoridad competente; promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral; realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida, y hacer del conocimiento de las autoridades competentes, de las anomalías que se detecten durante las visitas realizadas a los lugares antes mencionados, pudiendo también hacer del conocimiento público dichas anomalías.

Es preciso, como se ha observado, ampliar la conducta en que pueden incurrir los servidores públicos y prestadores de servicio respectivamente, en contra de las personas adultas mayores, y no solamente concretarla al maltrato y violencia, sino es necesario ampliarla a la omisión, la cual implica la abstención de una actuación que constituye un deber legal, y que, por ende, produce o puede constituir una falta o un delito.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables propone a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para que cuando exista maltrato, violencia u omisión por parte de los servidores públicos de las diferentes instituciones públicas y de los prestadores de servicio de las diferentes instituciones privadas de atención a personas adultas mayores, den vista a las autoridades competentes, con el objetivo de otorgar una vida digna y garantizar la protección de sus derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2015.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Yarith Tannos Cruz (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez, Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), secretarios; Evelyng Soraya Flores Carranza, Lilia Arminda García Escobar, Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda, María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica), María Guadalupe Oyervides Valdez, Angélica Reyes Ávila, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María Monserrath Sobreyra Santos (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).»

INTENSIFICAR LOS ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS EN TERRITORIO NACIONAL

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a intensificar tanto los esfuerzos de conservación de las tortugas marinas en territorio nacional como las actividades de inspección y vigilancia en el golfo de Ulloa, en Comondú, Baja California Sur, para evitar la mortandad de la tortuga caguama

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 15 de septiembre de 2015, la diputada Sofía González Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo, a fin de intensificar los esfuerzos de la conservación de las tortugas marinas en territorio nacional.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

Tercero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 6 de octubre de 2015, el diputado Wenceslao Martínez Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para evitar la mortandad de la tortuga caguama ( Caretta caretta), en el Golfo de Ulloa, en Comondú, Baja California Sur.

Cuarto. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

Una vez recibido el duplicado del expediente correspondiente, la Comisión instruyó su registro y el análisis para formular el dictamen.

II. Contenido de la proposición

A continuación se exponen el contenido y texto de la proposición en cuestión:

La diputada Sofía González Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y el diputado Wenceslao Martínez Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, muestran una preocupación por la alta mortandad que presentan las tortugas marinas.

Los legisladores consideran de suma importancia llevar a cabo acciones efectivas que frenen de una vez por todas el crecimiento de este índice de mortandad, con normas y regularización en las prácticas de pesca, así como intensificar los esfuerzos en su conservación, ya que las tortugas marinas son una especie de alto valor ecológico y cultural para el país.

Señalan además que los planes y programas empleados han tenido un gran índice de efectividad para la conservación de las tortugas marinas, sin embargo es necesario intensificar los operativos y las medidas de conservación que encabeza el Estado mexicano.

De igual manera, los legisladores llaman a contar con una mejor difusión sobre la implementación y alcance de los operativos, a fin de que la población esté consciente de la importancia y los retos inmediatos que plantea la conservación.

Los legisladores proponentes concluyen con el siguiente proyecto de

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a sus órganos desconcentrados, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a intensificar los esfuerzos de conservación de las seis especies de tortugas marinas en territorio nacional, fortalecer las acciones para evitar el saqueo de nidos durante la presente temporada de arribo, reforzar la participación de las comunidades rurales e indígenas, y de la ciudadanía en general, en la vigilancia y protección de las seis especies de tortugas que arriban a playas de México con fines reproductivos, así como difundir los resultados de su involucramiento dentro de la estrategia general de conservación.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina a reforzar los operativos de vigilancia en las playas de anidación con la presencia de efectivos que apoyen las acciones de conservación y vigilancia que llevan a cabo los órganos desconcentrados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar convenios de cooperación para atender la protección de las seis especies de tortuga marina durante sus temporadas de reproducción en las diferentes playas de anidación.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar las actividades de inspección y vigilancia en el golfo de Ulloa, municipio de Comondú, Baja California Sur, con el objeto de evitar la mortandad de la tortuga caguama( Caretta caretta).

Un vez analizada las proposiciones con puntos de acuerdo referidas con antelación, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por encontrarse convergente la petición y planteamiento respecto a intensificar los esfuerzos de conservación de las tortugas marinas en territorio nacional, estimamos pertinente conjugar ambas proposiciones en un solo dictamen, en el ánimo de favorecer la economía del procedimiento parlamentario, lo que hacemos a partir de las siguientes:

Consideraciones

Para los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es de suma importancia velar por la seguridad de la vida silvestre en este caso por las tortugas marianas, ya que reconocemos que las tortugas marinas forman parte de la biodiversidad mundial, son un grupo primitivo y singular con características anatómicas únicas que no han cambiado substancialmente desde que aparecieron en la tierra.

Hasta el siglo XIX, las tortugas marinas fueron muy abundantes en sus áreas de distribución en los océanos templados y tropicales, estando sus poblaciones formadas por millones de individuos.

En la actualidad las poblaciones de las diferentes especies de tortugas marinas se encuentran reducidas. Esta merma en el ámbito de su distribución mundial es resultado de la interacción de diversas causas como son: la pesca excesiva, el comercio ilícito, el saqueo de nidos, la captura y sacrificio de hembras, la modificación y degradación de hábitat y la captura incidental.

En los últimos años, el hombre ha diezmado drásticamente la capacidad de estas especies para mantener su viabilidad, por lo que la mayoría de sus poblaciones se encuentran en declinación, frecuentemente a niveles críticos.

Ante esta problemática el Estado mexicano ha tomado medidas necesarias para poder garantizar la supervivencia de la especie, estableciendo diversas acciones de índole técnico, jurídico y administrativo encaminadas a la protección, conservación e investigación de las tortugas marinas, las cuales ha contribuido para contrarrestar el deterioro en las poblaciones de tortugas marinas.

Las acciones instrumentadas a lo largo de los últimos 30 años proveen herramientas básicas para la protección de las seis especies de tortugas marinas que arriban a territorio mexicano, que desde tiempos ancestrales anidan y se alimentan en nuestras costas, razón por la cual se considera a México como una región de especial importancia en la conservación de tortugas marinas y una zona estratégica para la aplicación de programas de protección, conservación, investigación y manejo de estos quelonios.

Las tortugas marinas son importantes biológicamente hablando por tratarse de seres vivos que han permanecido a lo largo de millones de años de evolución en el planeta, desde el punto de vista ecológico. Las tortugas marinas pueden ser herbívoras como la tortuga blanca y la negra en algunos de sus estadios; el resto de las otras especies son, por lo general consumidores de invertebrados. Forman parte de complejas cadenas alimenticias tanto en las playas de anidación como en los ambientes costeros y oceánicos.

En México se han impulsado, desde hace más de tres décadas, las actividades dirigidas a la conservación, protección e investigación de tortugas marinas, con el fin de entender su biología, movimientos migratorios, conocer las densidades poblacionales en los sitios de anidación y la caracterización genética de las poblaciones, esto con el fin de delimitar unidades de manejo bajo las cuales será necesario aplicar las estrategias para su recuperación.

Muchos de estos programas no han sido efectivos por diferentes factores como el saqueo para consumo, el tránsito de vehículos automotores en las áreas de anidación, el desarrollo costero, ya sea para efectos de infraestructura turística o de vivienda generando con ello iluminación artificial, la contaminación de las zonas costeras por diversos factores así como la depredación por fauna nociva. Otros son los factores naturales como por ejemplo: el impacto meteorológico y la destrucción por la marea.

Actualmente, las actividades de protección y conservación de tortugas marinas en México son realizadas por una gran diversidad de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. A la fecha se tiene conocimiento de la operación de 127 campamentos tortugueros; Esta gran diversidad de instituciones, ya sea públicas o privadas asumen distintos conceptos y criterios para el manejo de estas especies, lo que refleja la poca homogeneidad de los datos generados por dichos campamentos.

Sin embargo estas acciones se ven francamente diluidas o disminuidas, producto de problemas en la educación y concientización de las comunidades costeñas con referencia a la preservación y conservación de las tortugas marinas, la falta de opciones de desarrollo socioeconómico, así como el desconocimiento del marco legal vigente para la protección de la vida silvestre, la insuficiente vigilancia en las zonas costeras de arribazón, provocan la comercialización de individuos y sus derivados como huevos, carne y piel.

Hasta ahora, la naturaleza y la humanidad no ha sufrido la pérdida de ninguna de las siete especies de tortugas marinas conocidas en el mundo, sin embargo muchas de sus poblaciones se han reducido al mínimo poniendo en riesgo a las propias especies, siendo la principal causa de la reducción de sus poblaciones, las de origen antropogénico.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a sus órganos desconcentrados, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a intensificar los esfuerzos de conservación de las seis especies de tortugas marinas en territorio nacional, fortalecer las acciones para evitar el saqueo de nidos durante la presente temporada de arribo, reforzar la participación de las comunidades rurales e indígenas, y de la ciudadanía en general, en la vigilancia y protección de las seis especies de tortugas que arriban a playas de México con fines reproductivos, así como difundir los resultados de su involucramiento dentro de la estrategia general de conservación.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina a reforzar los operativos de vigilancia en las playas de anidación con la presencia de efectivos que apoyen las acciones de conservación y vigilancia que llevan a cabo los órganos desconcentrados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar convenios de cooperación con autoridades estatales y municipales, para atender la protección de las seis especies de tortuga marina durante sus temporadas de reproducción en las diferentes playas de anidación.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar las actividades de inspección y vigilancia en el golfo de Ulloa, municipio de Comondú, Baja California Sur, con el objeto de evitar la mortandad de la tortuga caguama ( Caretta caretta).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Angie Dennisse Hauffen Torres, Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López (rúbrica), Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulus Ríos (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado, José Ignacio Pichardo Lechuga, Silvia Rivera Carbajal, Juan Carlos Ruíz García (rúbrica).»

REVOCAR CUALQUIER AUTORIZACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO “DON DIEGO”, RESPECTO A LA EXPLOTACIÓN DE ARENAS FOSFÁTICAS UBICADO EN EL GOLFO DE ULLOA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo por la Semarnat y la Profepa, conforme a las respectivas facultades, acciones para revisar y –en su caso– revocar cualquier autorización relacionada con el proyecto Don Diego, respecto a la explotación de arenas fosfáticas en el golfo de Ulloa, en la costa occidental de Baja California Sur

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, 80, numeral 1, fracción VI, 85 y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados celebrada el 13 de octubre de 2015, el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita exhortar al titular del Ejecutivo para que por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita resolutivo en sentido negativo y proceda a cancelar el proyecto minero Don Diego, en el golfo de Ulloa, en la costa occidental de Baja California Sur.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

Tercero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de septiembre de 2015, la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a denegar cualquier autorización al proyecto Don Diego, de la empresa Exploraciones Oceánicas, en el golfo de Ulloa, en la costa occidental de Baja California Sur.

Cuarto. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

El legislador proponente, diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, informa que la explotación de la minería en el fondo marino es una práctica reciente, que si bien los estudios en ingeniería consideran viable y de “bajo impacto”, en realidad aún se desconocen sus implicaciones, sobre todo porque la práctica minera de este tipo depende de las condiciones económicas, sociales, y sobre todo, ambientales donde se practique.

El diputado proponente puntualiza la información siguiente: respecto de las afectaciones ambientales, no se encuentra consensado debido al desconocimiento real sobre los costos e impacto ambiental en el mediano y largo plazo, contraviniendo de este modo, al desarrollo sustentable de cualquier región donde se practique la minería marina.

A pesar de las limitaciones científicas que permitan conocer la situación sobre el impacto al medio ambiente de la minería marina, en México, se propuso un primer intento en 2014 para explorar en este tipo de minería e instaurar el proyecto Don Diego (Don Diego I), que fue retirado por el promovente ante la evidente presión de la población; quienes con apoyo de científicos y organizaciones no gubernamentales, presentaron pruebas suficientes de la inviabilidad del proyecto.

Indica el legislador que durante los años corrientes se realizó una segunda propuesta del proyecto bajo el nombre de “Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego” (Don Diego II) con modificaciones inherentes a las observaciones negativas sobre el primer proyecto y una nueva manifestación de impacto ambiental (MIA).

El proyecto Don Diego es una propuesta para impulsar la minería marina para la extracción de arenas fosfáticas a través de un proceso de dragado del fondo marino, en la zona económica exclusiva de México de la bahía de Ulloa, en Baja California Sur (figura 1), por un periodo de 50 años, divido en etapas.

Figura 1. Fuente: MIA modalidad regional para el proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego”.

El diputado proponente apunta que el objetivo del proyecto es extraer 7 millones de toneladas anuales de arenas fosfáticas y obtener fósforo; un total de 350 millones de toneladas durante los 50 años de vida útil del proyecto, con opción de postergarse otros 50 años. La finalidad del dragado es producir 3.5 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas como producto final de preparado para su transporte. El dragado se realizará a una profundidad de entre 60 y 90 metros.

La superficie total del proyecto es de 91 mil 269 hectáreas, divido en 5 etapas, una cada 10 años y con 5 áreas de trabajo (figura 2), determinadas por polígonos en los que se llevarán los trabajos anualmente, con la posibilidad de modificar el área de trabajo con base a muestreos para delimitar el contorno exacto del dragado.

Figura 2. Fuente: MIA modalidad regional para el proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego”.

El proyecto estaría a cargo de Odyssey Marine Exploration (USA), vía su subsidiaria Exploraciones Oceánicas, con la participación de Altos Hornos de México (AHMSA).

La justificación principal del proyecto es que la extracción y el procesamiento de arenas fosfáticas resultan un elemento central para la producción de fertilizantes; esenciales en la producción de alimentos y con ello se estaría asegurando la sustentabilidad alimentaria del país.

Consideraciones sobre el proyecto Don Diego:

Primero, con la cancelación por parte del promovente de Don Diego I y la propuesta posterior de Don Diego II, se evitó el proyecto generará un antecedente jurídico en caso de que éste fuese evaluado de forma negativa y, por tanto, el resolutivo impidiera su realización.

Otro aspecto “significativo” a la luz de la nueva MIA para la aprobación de Don Diego II, se encuentra en el apartado “reducción voluntaria del título minero original” se señala, se hizo una reducción del área concesionada para el proyecto que equivale a 70.15 por ciento; esto es, se pasó de 268 mil 238.1 hectáreas, de la concesión original a 80 050. 45 hectáreas, con la concesión actual, sin embargo, en el apartado “dimensiones para el proyecto”, refiere que el espacio requerido para el mismo es de 91 mil 267 hectáreas.

En suma, no se explica cómo es posible el proyecto pueda ejecutarse con dimensiones menores que las requeridas por el mismo, al respecto, se presenta un déficit de 11 mil 217 hectáreas, equivalentes a 13 por ciento del espacio requerido. En este sentido, el área a dragar conlleva a pensar es la misma y sólo se trata de un juego de números, ya que el promovente no comprueba la “cesión” de las hectáreas antes mencionadas como señala la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cedma).

Por otra parte, la bahía de Ulloa “ha sido caracterizada como de alta productividad y biodiversidad, con especies de interés pesquero y de conservación que incluyen tiburones, rayas, almejas, langostas, camarones, y aves, mamíferos y tortugas marinas”. Así lo señala la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en el estudio sobre la caracterización socioeconómica y pesquera del área del golfo de Ulloa, BCS, 2010.

A su vez, la zona donde se ubica el proyecto es de gran importancia para el “tránsito, alimentación y refugio de especies como la ballena azul (Balaenoptera musculus), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae)y la tortuga caguama (Careta careta); esta última especie se encuentra actualmente en peligro de extinción como lo declara la Procuraduría Federal de Protección Ambiental.

Además, señala la AIDA, 20 por ciento de la zona donde se establecería el proyecto está ubicada en Bahía Magdalena. Las afectaciones más graves incurren en el impacto ecológico y económico a la zona al tratarse de un sitio de manglar con relevancia ecológica y la necesidad de rehabilitación ecológica. Al mismo tiempo, esta zona “posee una riqueza pesquera por la abundancia de los manglares, en esencia estos son sitios de crianza y de alimentación para especies comerciales cuyo valor promedio anual de las pesquerías se estima en 37 mil 500 dólares estadounidenses por hectárea de manglar”.

Respecto al proceso de dragado por succión en marcha se considera es la forma “menos perjudicial para la seguridad y el medio ambiente”, reconociendo de esta forma existe un riesgo e incertidumbre sobre la utilización del dragado, sin embargo, el argumento es que, resulta ser el más factible de entre los diversos tipos de dragado, se asume todos proclives a dificultades para resolver los problemas que pudieran presentarse, pese a eso, se manifiesta la ciencia del dragado está en evolución, esto sugiere, ir ajustando respuestas y soluciones con base a los avances científicos.

Por su parte, el dragado marino consiste en la utilización de barcos para dragar/escarbar el lecho marino con el fin de extraer grandes cantidades de arena, y a consecuencia de esto, se extraen también organismos del área, lo cuales, son regresados al mar por medio del proceso de “rebosamiento” una vez separadas las arenas fosfóricas en las embarcaciones.

Contrario sensu, la minería de fosfato es una de las principales fuentes de contaminación radionuclear, este tipo de minería libera fuentes potencialmente contaminantes como lo son el Uranio (238 U) y el Torio (232Th). Por tanto, la separación de las arenas fosfóricas libera elementos tóxicos, al regresar el remanente por el proceso de “rebosamiento” se regresan estas sustancias, contaminando no sólo el agua sino a su vez creando la posibilidad de ser consumidas por las especies marinas y ya sea éstas mueran o sean pescadas con altos niveles de intoxicación. Más aún, la acumulación de sustancias toxicas durante los 50 años de vida útil del proyecto no está considerada en la MIA.

Por último, si se considera que los proyectos de dragado marino para extraer fósforo son nuevos en la región e incluso a nivel internacional con el estudio de caso de Namibia comentado, se está ante una inminente miopes sobre los efectos reales en el ambiente que puede generar este tipo de minería.

Resulta por tanto un imperativo que se deniegue el permiso para practicar minería marina en la bahía de Ulloa, en Baja California, cuando menos hasta dar certeza científica de que la actividad minera no generará costos ambientales comprometiendo los recursos de las futuras generaciones, ya que este tipo de proyectos no han sido estudiados con la seriedad suficiente y ponen en claro riesgo los sistemas marinos, la actividad pesquera de la zona, el turismo y compromete la salud de los pobladores.

Lo anterior contravine el artículo 5o. de la Ley General de la Vida Silvestre, la cual dice a la letra en la fracción II:

[...] En ningún caso la falta de certeza científica se podrá argumentar como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces para la conservación y manejo integral de la vida silvestre y su hábitat

En conclusión, la propuesta del dragado en la bahía de Ulloa, Baja California Sur, transgrede la ley General de la Vida Silvestre al respaldar su proyecto bajo suposiciones, siendo carente en varios sentidos de certeza científica.

Así, resulta necesario aplicar el principio precautorio contenido en el artículo 5o. de la Ley General de Vida Silvestre anteriormente citado y cuyo fundamento se encuentra en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el principio número 15 ratificado por México en sus compromisos con Naciones Unidas para la protección del ambiente.

Por su parte, en el mismo sentido, la legisladora proponente del asunto mencionado en el antecedente tercero, diputada Jisela Paes Martínez, confirma que en los estados del noroeste de México se concentra más de 70 por ciento de la producción pesquera nacional; Baja California Sur es el tercer productor en el país, en términos de la captura total y por el valor de su producción. La pesca, en el ámbito estatal y nacional, como actividad primaria, tiene una importancia fundamental debido a su valor económico y social; es parte de una cadena productiva donde se generan empleos directos e indirectos, valor agregado, divisas, materia prima para otras industrias y sobre todo constituye un factor clave en la seguridad alimentaria.

Confirma la diputada proponente la información siguiente: En nuestro estado, la costa occidental es la de mayor productividad ya que en esa zona se encuentran las pesquerías de alto valor, no solamente estatal sino nacional, como son la langosta, el abulón y camarón, que generan empleos e ingresos producto de las ventas internacionales.

Las comunidades en esa región se encuentran dispersas en toda la costa, en campos pesqueros que han tenido que enfrentarse al aislamiento geográfico, usando sus propios recursos para desalinizar agua y, hasta hace poco tiempo, generar la electricidad para sus actividades productivas, ya que por tratarse de asentamientos humanos con pocos habitantes el gobierno federal no había destinado recursos para la instalación de torres de transmisión eléctrica.

Asimismo, la costa occidental de la península de Baja California es una de las regiones más productivas del país debido a que en esta zona se mezcla el agua de la corriente de California, rica en nutrientes, con masas de agua más cálidas provenientes del sur.

Se presenta, entonces, un ciclo virtuoso que favorece el enriquecimiento del agua, las surgencias, donde un elemento fundamental es el fósforo. Las aguas frías de los fondos marinos son más ricas en fósforo que las calientes de la superficie, cuando las primeras ascienden arrastran cierta cantidad de nutrientes que atraen a numerosos organismos que aportan más fósforo.

El fósforo es un nutriente esencial que incrementa la formación del fitoplancton, que al ser la base de la cadena alimenticia marina, multiplica la vida de organismos superiores como los peces. Tanto el fitoplancton como los peces al morir se depositan en el fondo de la plataforma, sufriendo sus partes orgánicas una degradación que supone la acumulación de sus esqueletos. El continuo reflujo de fósforo por las elevaciones de corrientes frías produce una continua transformación de estos esqueletos.

Justamente la riqueza pesquera de la región en comento se sustenta en el fósforo que se ha depositado en cientos de años y que ahora la empresa Odyssey Marine Exploration pretende obtener del fondo marino.

Exploraciones Oceánicas, S de RL de CV, es una filial de la estadounidense Odyssey Marine Exploration, que cuenta con 61.9 por ciento de la empresa y cotiza en la bolsa de Nueva York desde 2003, identificándose con el símbolo Omex, del Nasdaq.

La empresa presentó a evaluación de impacto ambiental (EIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un proyecto de minería submarina. “El objetivo para el proyecto de dragado es la extracción de 7 millones de toneladas de arena fosfática por año, durante 50 años de vida del proyecto, para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas como producto final preparado para su transporte.

El dragado y bombeo de material a la barcaza se pronostica que será un proceso continuo de 24 horas, siete días a la semana durante 52 semanas al año” El número de empleados que calculó para operar la embarcación, será de 80 personas entre la barcaza y la draga, dividido en 2 turnos de 40 personas.

El método de extracción de la fosforita en el lecho marino se plantea sea por dragado y posterior procesamiento, para separación mecánica (no química) del sustrato con fosfato (concentrado) del material de dragado, y vertido del materia y sustancias sobrantes al lecho marino, en todos los casos desde embarcaciones, para su posterior embarque por vía marítima.

Marine Exploration, se dedica a la explotación de restos de hundimientos de barcos antiguos, con el fin de vender los hallazgos o comercializar con reportajes sobre las operaciones de recuperación de dichos restos. Greg Stemm es su cofundador y Tom Dettweiler gerente de proyectos, éste último, en entrevista para el medio de comunicación The New York Times, corroboró las intenciones de iniciar exploraciones mineras.

“Hay mucho en juego”, dijo Dettweiler en dicha publicación. “Si los precios del metal suben, un depósito de mil millones de dólares se puede convertir en uno de cien mil millones de dólares”.

De acuerdo con información oficial el proyecto Don Diego, promovido por Odyssey Marine Explorations (Odyssey) y de valuaciones independientes, el yacimiento tiene un potencial caracterizado de fosforita de 92 millones de toneladas, en concentraciones de 19 por ciento, en un área de 23 kilómetros cuadrados.

El yacimiento por explotar se ubica a una distancia de entre 20 a 40 kilómetros de la línea de costa, a una profundidad de 70 a 90 metros; con un espesor de hasta seis metros debajo del lecho marino, sin embargo de acuerdo a la batimetría del golfo de Ulloa, existe la posibilidad de que el área de extracción sea más cercana a la línea de costa, que la señalada de 40 kilómetros.

A la fecha se desconoce cuáles serían los impactos ambientales de un proyecto de tal magnitud, sin embargo la remoción del fondo marino podría afectar la biodiversidad y directamente a las pesquerías de la zona por la extracción constante de partículas que posteriormente se depositarían en áreas aledañas al sitio de operación cubriendo el hábitat de especies como el abulón, la langosta y moluscos bivalvos que se distribuyen en la zona, llevando a una grave crisis socioeconómica a los pescadores de la región y, por ende, afectando la economía del estado.

Es preciso señalar que el golfo de Ulloa está caracterizado como región marina prioritaria para la conservación, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y ha sido reconocida por su alta productividad biológica y, por esta razón, sitio de gran importancia para la pesca de la región.

También se reconoce como zona crítica para la población de tortugas marinas y zona de tránsito de ballenas, ambos grupos de especies bajo alguna categoría de protección. La misma Semarnat ha considerado en su propuesta de Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Pacífico Norte que no hay compatibilidad entre la minería y la pesca, debido a los atributos ambientales para el golfo de Ulloa.

También refiere la diputada proponente que 42 por ciento de la actividad pesquera en Baja California Sur, se ubica en esta zona. El Instituto Nacional de la Pesca ha dicho que los polígonos del proyecto minero se traslapan con las concesiones pesqueras de las sociedades cooperativas de producción pesquera, Puerto Chale y La Poza.

Cabe señalar que en esa zona se encuentra la única pesca certificada internacionalmente como sustentable y si este proyecto es aprobado, los logros de sustentabilidad serían afectados.

Aunque el proyecto minero sustenta su viabilidad en los beneficios para la agricultura, ya que el principal insumo para la producción de fertilizantes se obtendría en México. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Economía existen otros yacimientos en tierra que podrían resultar menos impactantes que el propuesto y las cantidades a obtener serían suficientes para proveer a los agricultores del país.

De autorizarse éste, el gobierno de México sería el primero en el mundo en aprobar un proyecto de estas características, con la probable violación de tratados internacionales. En países como Nueva Zelanda y Namibia, los gobiernos negaron los permisos o decretaron una moratoria a este tipo de actividad hasta que se demuestre que no generará efectos graves.

Por ello, la legisladora estima que antes de tomar una decisión, el gobierno federal deberá evaluar los posibles riesgos por daños ambientales que una actividad minera de tal magnitud tendría sobre los recursos naturales; es el ejemplo más claro de que el principio precautorio debe imperar.

Este proyecto fue presentado desde septiembre de 2014 y después del proceso de consulta pública, se esperaba la decisión de la Semarnat de no aprobar este proyecto de minería submarina.

Durante la reunión pública informativa realizada a finales de 2014, los gobiernos estatal y municipal, las organizaciones de la sociedad civil, y los más de 350 asistentes de diferentes comunidades pesqueras de la región, rechazaron ese proyecto. Las dos observaciones principales de los asistentes hacia la Semarnat fueron 1. Lenguaje muy técnico y poco claro por parte de los representantes del proyecto; 2. Éstos fallaron en explicar concretamente.

Sin embargo, a unos días de la decisión, los promoventes retiraron el proyecto Don Diego, para volverlo a tramitar a los dos días de cancelado, ahora con participación de Minera del Norte, SA de CV, subsidiaria de Altos Hornos de México.

Se estima que este cambio se realizó con la finalidad de no generar antecedentes legales, es decir que al someter a evaluación de nueva cuenta el proyecto, no se considera el resolutivo adverso del primer trámite.

A pesar de que se le cambió el nombre de Don Diego a Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego, es el mismo proyecto, sólo se agregó la información adicional que la Semarnat requirió en el proceso de evaluación de impacto ambiental anterior y con las mismas inconsistencias.

Los promoventes explican en un comunicado de prensa del 22 de junio de 2015, que “vuelven a someter su manifestación de impacto ambiental, para informar al gobernador, congresistas, alcaldes y líderes de la comunidad de Baja California Sur, que fueron elegidos el 7 de junio, para que puedan comprender a fondo los detalles del proyecto y los efectos positivos que tendrá en su estado y las comunidades”.

La nueva manifestación de impacto ambiental para dicha mina, ingresó en oficinas centrales de la Semarnat el 26 de junio de 2015, a pocos días de haberse retirado la primera, publicando el 2 de julio de 2015, en un diario estatal que su procedimiento fue ingresado, aunque en la Gaceta Ecológica, donde se debió dar a conocer oficialmente el ingreso de la solicitud, no se haya publicado nada en dicho momento, toda vez que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), con la participación de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, suspendieron sus actividades durante el mes de julio, justificando cambio de domicilio.

El Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable de Baja California Sur, se manifestó en contra de este proyecto y denunció los grandes riesgos que representa y la manera irregular en la que se busca su aprobación, y se pronunció porque se lleve a cabo una revisión a fondo del mismo y una consulta pública, refiriéndose al daño al humano por la ingesta de alimentos del mar sacados de esa zona y que no se ha medido el impacto sobre los mamíferos marinos, como delfines, ballena gris, azul, y jorobada.

Sabemos que la Semarnat ha abierto un nuevo proceso de consulta pública y que, a petición de grupos de los pescadores de la región, en su momento deberá llevar a cabo una reunión pública de información, a fin de transparentar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y para que la sociedad esté debidamente informada de sus impactos potenciales.

La oposición al proyecto minero Don Diego, en Baja California Sur, es de toda la sociedad civil: cooperativas pesqueras, grupos ambientalistas, organizaciones ecoturísticas, la comunidad científica del estado, el congreso del estado, autoridades estatales y municipales, ya que representa un riesgo ambiental y económico para miles de pescadores y sus familias que dependen exclusivamente de esa actividad.

Derivado de la gran preocupación de la sociedad sudcaliforniana por el avance del proyecto y por sus impactos negativos hacia la pesca, y en general al ecosistema marino, estimamos pertinente la correspondiente demanda, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales revise y, en su caso proceda, a denegar cualquier autorización y concesión para el desarrollo de actividades mineras marinas en el golfo de Ulloa, en Baja California Sur.

Una vez analizadas las proposiciones con punto de acuerdo referidas, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por encontrarse convergentes la petición y el planteamiento respecto al proyecto de explotación de arenas fosfáticas Don Diego, a la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, su filial en México Exploraciones Oceánicas, S de RL de CV, Minera del Norte, SA de CV, subsidiaria de Altos Hornos de México, SAB de CV, o cualquier empresa que refiera al proyecto Don Diego, y que desarrolle la explotación de arenas fosfáticas del lecho marino del golfo de Ulloa, en la costa occidental de Baja California Sur, estimamos pertinente conjugar ambas proposiciones en un solo dictamen, en el ánimo de favorecer la economía del procedimiento parlamentario, lo que hacemos a partir de las siguientes

III. Consideraciones

Las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora reconocemos loable el planteamiento de la diputada y el diputado proponentes y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades Federales competentes, para que atiendan el procedimiento y evidencias que se presentan para otorgar diversas concesiones a las empresas, Odyssey Marine Exploration, y su filial en México Exploraciones Oceánicas, S de RL de CV; Minera del Norte, SA de CV, subsidiaria de Altos Hornos de México, SAB de CV, o cualquier empresa que refiera al proyecto Don Diego, para el proyecto de la explotación de arenas fosfáticas que se encuentran sedimentadas en el lecho marino del golfo de Ulloa, en la costa occidental de Baja California Sur; a efecto de certificar su viabilidad o las posibles afectaciones ambientales, que representa esta actividad minera marina y proceder en su caso.

Estimamos importante, señalar que México ocupa un lugar destacado en el ámbito internacional, por estar reconocido como un país continente de una megadiversidad de recursos que se reflejan en una gran variedad de ecosistemas, el territorio mexicano representa poco más de 1 por ciento de la superficie terrestre y cuenta con el privilegio de albergar en sus territorio y litorales a más de 10 por ciento de la diversidad biológica del mundo, adicionalmente a esto es importante destacar que buena parte de esa biodiversidad es exclusiva del país, entre otros 60 por ciento de especies conocidas de plantas, más de 42 por ciento de las especies registradas en el mundo de peces, anfibios 48 por ciento y reptiles 45. Por esta megadiversidad México tiene una gran responsabilidad y enfrenta retos de gran trascendencia para que el manejo sustentable de sus recursos naturales represente una certera oportunidad de desarrollo de bienestar y equidad para su sociedad y para el mundo.

Entre otros aspectos fundamentales y en la materia que nos ocupa, de acuerdo con la información publicada por la Conabio en el quinto Informe nacional de México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, se establece que los factores de presión y deterioro de los ecosistemas costeros resaltan el cambio de uso de suelo y la alteración dinámica costera por el desarrollo de actividades humanas, el incremento de los asentamientos e infraestructura tanto en las partes altas y medianas de las cuencas hidrográficas, como en la zona costera. En un periodo de 24 años (1976-2000), se estimó una pérdida de 31 mil 656 kilómetros cuadrados de vegetación natural costera en el país, lo que equivale a 9.3 por ciento de la vegetación natural en los municipios costeros, tomando como referencia una franja costera de 2 kilómetros de ancho.

De manera específica, para el caso de los manglares, en 2010 había una extensión estimada de 764 mil 486 hectáreas, lo que coloca a México en el cuarto país a nivel mundial con mayor extensión de estos ecosistemas; sin embargo no se ha podido frenar su deterioro, la destrucción del hábitat, la contaminación y la sobre explotación de los recursos con las actividades humanas, son las que más impactan a los ecosistemas de manglar, la evaluación de los factores de presión y amenaza a la biodiversidad también tiene desafíos importantes, entre ellos destaca que las instituciones generan información sobre procesos de deterioro ambiental, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los costos por agotamiento y degradación ambiental representaron 6.3 por ciento del PIB a precios de mercado en 2012.

Ahora bien, la explotación de los fosfatos se orienta a la obtención de fosforita, que se clasifican en dos grupos, la apatita y fosforita, según su estructura y origen, la apatita son sustancias de origen rocoso de estructura cristalina y dura; mientras que la fosforita son en cambio sustancias de origen sedimentario, amorfas de poca dureza y de aspecto térreo, y contiene altas cantidades de minerales fosfatados; este material se ubica en yacimientos en el fondo marino de la zona del golfo de Ulloa en Baja California Sur, en forma de sedimentos que están constituidos por lodos y limos gradando en arenas de medias a gruesas.

Estas arenas fosfáticas contienen una gran cantidad de fosforo y tiene aplicaciones en distintas industrias, como la agrícola, ganadera y química; se estima que el 85% de la producción de fosfatos se utiliza en la industria de los fertilizantes, esto en virtud de que el fosforo es uno de los tres macro nutrientes principales junto con el nitrógeno y el potasio, elemento fundamental en el proceso de conversión de energía solar en alimento de las plantas, ya que desempeña una función importante en la fotosíntesis, concretamente en el metabolismo de azucares, en la transferencia de energía, en la división celular, en el alargamiento de células y en la transferencia de información genética.

Por las importantes cualidades citadas y por el valor que representa en la industria alimenticia; la empresa estadounidense Odyssey Marine Explotations, Inc., a través de su filial Exploraciones Oceánicas, S de RL de CV, presentó a evaluación de impacto ambiental ante la Semarnat, el proyecto de minería submarina denominado “Don Diego”, mediante el cual pretende dragar 91,000 hectáreas de fondo marino para extraer 7 millones de toneladas de arena fosfática por año en el golfo de Ulloa en Baja California Sur; por un periodo de 50 años, lo que representaría una totalidad de explotación de 350 millones de toneladas de arena fosfática; sin embargo por diversos aspectos técnicos adverso, ahora con la participación de Minera del Norte, SA de CV, subsidiaria de Altos Hornos de México, SAB de CV, procedió a presentar el mismo proyecto minero marino, con el nombre “Dragado de Arenas Fosfáticas Negras del Yacimiento Don Diego”.

Este proyecto minero, Don Diego, único y primero en su tipo en el país, pretende extraer fosforita por el sistema de dragado de sedimento de arenas fosfáticas marinas, mediante la utilización de grandes barcos que dragan el lecho marino, a efecto de extraer la arena y los propios organismos marinos que se encuentren en el área, el material dragado es transportado a una embarcación en dónde es separado para obtener solamente el material de valor, que es la arena fosfática, el resto del material que se considera que no es de utilidad, se regresara al mar, esto de acuerdo con la MIA, capítulo II.

De lo anterior se infiere la preocupación de diversos sectores de la sociedad, ya que en el área en donde se propone el multicitado proyecto representa una zona de importancia para tránsito, alimentación y refugio de especies como la ballena azul (Balaenoptera musculus), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y la tortuga caguama (Careta careta).

Precisamente con la finalidad de proteger el hábitat crítico de alimentación y desarrollo de la tortuga Camagua, el Estado mexicano está impulsando la creación de un área de refugio en la bahía de Ulloa.

En las consideraciones que define la Semarnat para el Diagnóstico Ambiental que Justifican el Área de Refugio del golfo de Ulloa se indica lo siguiente: Se localiza en la costa occidental de Baja California Sur, aproximadamente entre los 25° y los 27° de latitud Norte y entre los 112° y 114° de latitud Oeste, desde el sur de Punta Abreojos hasta Cabo San Lázaro; de junio a noviembre las condiciones de temperatura marina generan condiciones ambientales que conectan otros centros de actividad biológica (CAB) al norte y al sur. Por tales circunstancias, presenta la productividad primaria más alta del Pacífico norte, así como las concentraciones más altas de especies de importancia comercial y biológica de toda la región.

El golfo de Ulloa, en Baja California Sur, como macrosistema, es zona que ha sido definida por la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), como la eco región del Pacifico Sudcaliforniano donde confluyen aguas de las corrientes del norte y del sur, dicha eco región se extiende desde el norte de Punta Concepción en California, hasta Los Cabos, en Baja California Sur.

En el Pacífico se presentan intensos eventos de surgencias costeras en primavera y verano, lo que favorece el reclutamiento (incorporación individuos juveniles) en poblaciones ictiológicas de importancia comercial como sucede en el golfo de Ulloa.

En esta región del Pacífico se incluyen siete áreas marinas prioritarias de conservación (APC), dentro de las cuales se encuentra la bahía Magdalena y el golfo de Ulloa.

El golfo de Ulloa, en Baja California Sur, como microsistema, dadas sus características estacionales se estima que es un área importante para poblaciones de peces y la alta productividad primaria, mantiene una importante concentración de consumidores tanto de especies comerciales como de especies bajo protección legal, se han identificado seis zonas de pesca dentro del este Golfo, que son, San Ignacio, San Jacinto, Esteros Norte, Centro y Sur y Puerto Adolfo López Mateos. La alta productividad de esta zona, favorece la presencia de recursos pesqueros como camarón, almeja, escama y pelágicos menores en cantidades tales que han mantenido la industria pesquera más importante de la entidad, además de aportar aproximadamente 25 por ciento de toda la pesca artesanal del estado.

Esta alta productividad y surgencias marinas han permitido una alta concentración de langostilla (Pleuroncodes planipes), la fuente principal de alimento de la tortuga caguama en esta región. Estos procesos naturales han generado que dichas especies sean atraídas formando áreas de agregación.

Por lo anterior, y de acuerdo con la información de referencia se observan diversas situaciones adversas generadas por las actividades humanas que pudieran crear un impacto ambiental en el golfo de Ulloa, ubicado en la costa occidental de Baja California Sur, en particular derivado de la explotación minera marina y la posible afectación en los fondos marinos arenosos y rocosos así como la diversidad de organismos que habitan en el fondo marino de esta zona, y su consecuente de conservación de la riqueza biológica que compone el ecosistema que compone la región, adicionalmente esta comisión dictaminadora estima trascendente manifestar que esta actividad de “minería oceánica” para la extracción de fosfato en el lecho marino, es relativamente nueva en el mundo, lo que podrá representar una limitada experiencia, condición que hace imposible conocer con exactitud la magnitud de los daños ambientales que generaría dicha actividad de explotación.

Consideramos importante señalar que la biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas, debido a las distintas actividades humanas que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de las especies, mares, agua y de la biodiversidad, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que es preponderante sumar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo una minuciosa revisión y la consecuente revocación de cualquier autorización para proceder a la explotación de arenas fosfáticas del lecho marino del golfo de Ulloa, en la costa occidental del estado de Baja California Sur, a las empresas Odyssey Marine Exploration y su filial Exploraciones Oceánicas, S de RL de CV, así como a Minera del Norte, SA de CV, subsidiaria de Altos Hornos de México, SAB de CV, o a otra empresa relacionada con el proyecto denominado “Don Diego” o “Dragado de Arenas Fosfáticas Negras del Yacimiento Don Diego” (Don Diego II), o cualquier otro que pretenda el mismo objetivo.

Notas:

1 De acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y Fundación Nuestro Mar, la primera incursión en minería marina de fósforo se propuso en Namibia en 2013, sin embargo, dado el desconocimiento de las implicaciones ambientales de un proyecto de estas dimensiones se postergó. Asimismo, el “Gobierno de Namibia pidió asesoramiento práctico a investigadores noruegos fue así como solicitó a la Consejería de Medio Ambiente de Noruega proporcionar asistencia a través de “la Fundación para la Investigación Científica e Industrial del Instituto Noruego de Tecnología” (SINTEF, por su siglas en Noruego) y el Instituto de Investigaciones Marinas (IMR), para obtener datos empíricos de la investigación sobre la minería de fosfatos en el fondo marino. Con todo, a los científicos les preocupa la posible liberación de sustancias peligrosas, incluso de materiales radiactivos, que pueden dañar y matar la vida marina directa o indirectamente y con ello ahogar o retrasar la comercialización de muchas poblaciones de peces debido a la mala calidad”. Véase Nuestro Mar. “El gobierno podría cambiar su postura sobreexplotación minera (Namibia)”, en Web de la Fundación Nuestro Mar del 07 abril de 2014 y Scoop Independet News World. Marine Phosphate Mining Cannot be Sustained by Namibia del 9 de julio de 2013.

2 Manifestación de impacto ambiental modalidad regional para el proyecto dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego.

3 Ibídem.

4 Véase CEDMA. Seminario Virtual (Webinar). “Minería marina y evaluación de impacto ambiental: el proyecto Don Diego en México”. 25 de septiembre de 2015 y AIDA. Comentarios de derecho internacional a la manifestación de impacto ambiental del Proyecto Don Diego (Baja California Sur, México), modalidad regional con clave 03BS2014M0007, sobre dragado marino para la extracción de arenas fosfáticas. Distrito Federal, México, San José, Costa Rica, 18 de marzo de 2015.

5 Aida. Comentarios de derecho internacional a la manifestación de impacto ambiental del Proyecto Don Diego (Baja California Sur, México), modalidad regional con clave 03BS2014M0007, sobre dragado marino para la extracción de arenas fosfáticas. Distrito Federal, México, San José, Costa Rica, 18 de marzo de 2015.

6 Ibídem.

7 Profepa. Especies Marinas Protegidas. “Existen 90 especies protegidas por la Ley bajo alguna categoría de riesgo enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010”. Consultado en http://www.profepa.gob.mx/ innovaportal/v/429/1/mx/especies_marinas_prot egidas.html el 4 de octubre de 2015.

8 Aida. Obra citada.

9 Instituto Nacional de Ecología-Semarnat (2006). “Las ballenas del golfo de California”. Disponible en

<http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/487.pdf> [Última visita: 15 de marzo de 2015]

10 INE-Semarnat. Cuadro sobre diversidad de tortugas marinas en México. Disponible en

<http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/ libros/187/03.html> [Última visita: 13 de marzo de 2015]

11 El acuerdo por el que se establece el área de refugio de la tortuga amarilla (Caretta caretta) en el golfo de Ulloa, en Baja California Sur, está en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para obtener un dictamen de aprobatorio, 9 de diciembre de 2014. Disponible en

<http://www.cofemermir.gob.mx/mir/ crLecAnte.asp?submitid=33808>

12 Comisión de Cooperación Ambiental, 2008 Eco regiones marinas de América del Norte.

13 Chávez-López, S. y Schmitter-Soto, J. J. 1995. Marco geológico y ambiental del área de estudio, capítulo 1: 1-9. En La langostilla: biología, ecología y aprovechamiento, editores Aurioles-Gamboa, D. y Balart, E.F. Pub. Esp. Cibnor, 233 página.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Arturo Álvarez Angli, presidente; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Oliver (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Angi Dennisse Hauffen Torres, Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica), secretarios; María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López (rúbrica), Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal Juan Carlos Ruiz García (rúbrica).»

IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN RESPECTO DE LAS AFECTACIONES A LA SALUD HUMANA Y EN GENERAL AL MEDIO AMBIENTE PROVOCADAS POR USO IRRACIONAL DE AUTOMÓVILES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades ambientales y de salud de los tres niveles de gobierno a implantar campañas de información y toma de conciencia respecto a las afectaciones de la salud humana y, en general, del ambiente provocadas por uso irracional de automóviles

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno camaral, el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero.En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 22 de septiembre de 2015, el diputado Jesús Sesma Suarez, integrante del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, presento Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que implementen campañas de información y concientización respecto de las afectaciones a la salud humana y en general al medio ambiente provocadas por el uso irracional de automóviles.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

A continuación se exponen el contenido y texto de la proposición en cuestión:

El diputado Jesús Sesma Suarez preocupado por el uso irracional de automóviles y los efectos negativos que estos tienen en el ambiente y en la salud humana impulsa este punto de acuerdo donde menciona que, los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que en el año 2014, a nivel nacional existían 17, 081,833 automóviles registrados en circulación, estos destinados en su mayor parte al trasporte de personas.

Si bien estos datos no representan un peligro significativo, la suma de indicadores a nivel mundial, refleja una realidad verdaderamente preocupante; inicialmente en la movilidad de la ciudad donde cada día se torna más difícil y con ello un problema ambiental de grandes dimensiones.

El proponente no deja de fuera las afectaciones a la salud humana, esto debidamente a las emisiones de contaminantes que se encuentran en el aire y que hoy en día afectan gravemente a la sociedad, especialmente a aquellos sectores vulnerables, los cuales son los principales afectados.

También reconoce que en la actualidad se han buscado implementar políticas públicas para desincentivar el uso desmedido de automóviles, ya que las afectaciones por este uso irracional, estimulan afecciones respiratorias que en ocasiones ponen en riesgo a los sectores vulnerables.

El proponente hace énfasis en que existen personas que usan el automóvil para desplazarse un acorta distancia, el ejemplo más claro son los padres que dejan a sus hijos en la escuela que está a 5 calles o bien para adquirir productos o servicios en tiendas cercanas.

El legislador proponente concluye con el siguiente proyecto de

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que implementen campañas de información y concientización respecto de las afectaciones a la salud humana y en general al medio ambiente provocadas por el uso irracional de automóviles; desincentivando el uso de automotores e impulsando la movilidad y activación física de la sociedad.

III. Consideraciones

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales, reconocemos que el loa últimos años se ha incrementado el parque vehicular automotriz en México y se estima que este crecimiento incrementara. Esto nos implica que tendremos tasas de motorización similares a los países industrializados, pero a diferencia de ellos no contamos con las medidas que controlen las externalidades negativas por el uso de automóviles.

Numerosas investigaciones en el tema señalan que la utilización desmedida del automóvil genera amplios efectos negativos sobre el medio ambiente y propicia la generación de enfermedades, muertes prematuras y por accidentes esto dejando a miles de personas incapacitadas y discapacitadas.

Además que la dependencia del automóvil crea una fuerte fragilidad externa en México y una independencia energética, ya que la gasolina se ha convertido en uno de los principales productos importados, esta situación es preocupante desde el punto de vista económico. A esto le sumamos que el uso del automóvil acaba con las ventajas económicas de vivir en la ciudad ya que genera pérdidas millonarias anualmente.

Esta dependencia fragmenta el espacio urbano y favorece a una menor convivencia social, esto nos da resultados de segregación social, una menor tolerancia, estos factores afectan a la construcción de un proyecto de nación estable.

Esta situación es desalentadora cuando se observan que las políticas públicas favorecen el uso del automóvil, mediante la construcción de nuevas vías de comunicación, los subsidios a la gasolina, así como la eliminación del impuesto a la tenencia.

Estas políticas públicas crean una mayor desigualdad social, ya que en México se estima que entre el 46.3% y el 51.3 de la población está dentro de una de las categorías de pobreza.

Ante este escenario es urgente implementar políticas que tengan por objeto reducir los kilómetros recorridos por los automóviles en áreas urbanas y que funjan como una opción viable, posible y deseable para el país.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que implementen campañas de información y concientización respecto de las afectaciones a la salud humana y en general al medio ambiente provocadas por el uso irracional de automóviles; desincentivando el uso de automotores e impulsando la movilidad y activación física de la sociedad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), presidente; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt, María del Carmen Pinete Vargas, Sergio Emilio Gómez Oliver, René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lucia Arzaluz Alonso (rúbrica), Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica), secretarios; María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado, José Ignacio Pichardo (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal (rúbrica).»

REALICEN ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL USO DE ARTEFACTOS DE MANIPULACIÓN DEL CLIMA EN TODO EL PAÍS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y la Semarnat a realizar estudios sobre los efectos del uso de artefactos de manipulación del clima en el país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero.En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 29 de septiembre de 2015, el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, presento proposición con punto de acurdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realicen estudios sobre los efectos y las consecuencias derivadas del uso de artefactos de manipulación del clima en todo el país.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

A continuación se exponen el contenido y texto de la proposición en cuestión:

El diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional señala que las actividades económicas como la agricultura y la ganadería; son fuente de nuestros alimentos y base de la subsistencia humana; pero esta situación se ha convertido en un situación crítica y perturbadora en nuestro país y en todo el mundo.

Esto es gracias al impacto del cambio climático sobre estas dos actividades económicas imprescindibles, el cual ha sido devastador por las lluvias intensas, las sequias y varios fenómenos meteorológicos atípicos.

Ante esta situación, se han liberado apoyos gubernamentales los cuales fluyen de una manera insuficiente, las modificaciones y adecuaciones en las técnicas de cultivo y de riego parecen ineficientes para mitigar los efectos negativos. Como resultado tenemos problemas de abastecimiento nacional del maíz. Frijol, sorgo, trigo, caña de azúcar entre otros por productos que son básicos en la alimentación de los mexicanos.

El diputado proponte menciona que a raíz de estos problemas y ante el panorama que enfrenta el país; en los últimos años ha cobrado una gran interés el uso de artefactos de manipulación del clima, en especial los llamados “cañones antigranizo” o bien “sistemas antigranizo”. Los cuales como ya sabemos este fenómeno meteorológico causa daños a los cultivos.

El proponente explica cuál es el funcionamiento del cañón antigranizo, el cual genera ondas con iones positivos, estas ondas desestabilizan el proceso de congelamiento de la lluvia y con ello evitar la precipitación en forma de granizo.

Sin embargo el uso de estos artefactos de manipulación, ha consolidado un criterio entre los agricultores y ganaderos de que los causantes de los largos periodos de sequía por su uso indiscriminado. Al respecto, algunas instituciones educativas declaran que estos sistemas únicamente tienen la capacidad de modificar el proceso de transformación de la lluvia de líquido a sólido, pero que no hay sustentos científicos que revelen que incrementan o disminuyen la cantidad de la precipitación.

En contraparte, hay declaraciones de agrónomos que refutan lo anterior y afirman que el uso cotidiano e indiscriminado de los llamados cañones antigranizo, si tienen la capacidad de incidir de manera negativa en la formación de lluvias de toda una región.

El diputado proponte recalca que esta situación es inadmisible; ya que nuestro país cuenta con instituciones del más alto nivel y de excelencia científica, capaces de realizar de manera profesional e imparcial un estudio detallado sobre el tema, que clarifique las opiniones, de certidumbre a todos los interesados y permita a las autoridades correspondientes asumir decisiones de manera informada.

El legislador proponente concluye con el siguiente proyecto de

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que:

1. Conjuntamente y en atención de sus facultades, realicen estudios pertinentes e investigaciones, sobre los efectos y las consecuencias tanto meteorológicas, de medio ambiente, en la agricultura y la ganadería; derivadas del uso de artefactos de manipulación del clima en todo el país, específicamente de los llamados “cañones antigranizo”.

2. Con base en los resultados, emitan los lineamientos y la reglamentación específica; para regular en su caso, su uso adecuado en todo el territorio nacional.

III. Consideraciones

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconocemos la preocupación de la población en relación al uso de artefactos de manipulación climática en especial aquellos denominados cañones antigranizo, los cuales, han sido motivo de controversia y agitación en el medio rural en los años recientes.

Los principales usuarios de los cañones antigranizo son los productores de hortalizas y frutales, esto con el objetivo de proteger sus cultivos de daños por el granizo. Esto ha generado inquietud y protestas de quienes se dicen afectados, por que se quejan de que los cañones antigranizo alejan a las tormentas que les dejan agua para sus cultivos de temporal

Existen varios municipios de la República Mexicana, donde está la grande efervescencia sobre el impacto de los cañones entre sus promotores y sus detractores.

Esta situación amerita una postura definida de las autoridades, tanto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), porque existe una preocupación de los productores que se dicen agraviados por el uso de los cañones.

Hasta el momento no existe un posicionamiento claro por parte de las autoridades agropecuarias, como para que los productores tengan la certidumbre sobre la utilización de los cañones.

Ya que no se conocen con exactitud la efectividad real de los métodos artificiales de modificación del clima en este caso los cañones antigranizo y tampoco, sus efectos sobre otros ambientes. La situación se hace más difícil al ser mayores los indicios del cambio climático pueden incidir en el volumen de precipitación en toda la región así como su distribución, además que las actividades antropogénicas modifican las condiciones meteorológicas locales y a veces regionales.

Debido a que los estudios sobre los efectos ambientales de la modificación del clima resultan largos y costosos, no se realizan de manera detallada. Sim embargo son necesarios para comprobar que los cañones anti granizos o cualquier artefacto de manipulación climatológica afecta al ciclo de agua.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que:

1. Conjuntamente y en atención de sus facultades, realicen estudios pertinentes e investigaciones, sobre los efectos y las consecuencias tanto meteorológicas, de medio ambiente, en la agricultura y la ganadería; derivadas del uso de artefactos de manipulación del clima en todo el país, específicamente de los llamados “cañones antigranizo”.

2. Con base en los resultados, emitan los lineamientos y la reglamentación específica; para regular en su caso, su uso adecuado en todo el territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), presidente; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt, María del Carmen Pinete Vargas, Sergio Emilio Gómez Oliver, René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica), secretarios; María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado, José Ignacio Pichardo (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal (rúbrica).»

INSCRIBAN AL HUMEDAL DE TLÁHUAC, EN LA LISTA DE SITIOS PROTEGIDOS POR LA CONVENCIÓN RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y la Conanp a inscribir el de Tláhuac en la lista de sitios protegidos por la convención relativa a los humedales de importancia internacional

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno camaral, el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero.En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 8 de octubre de 2015, la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presento Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que inscriban al humedal de Tláhuac, en la lista de sitios protegidos por la convención relativa a los humedales de importancia internacional.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

A continuación se exponen el contenido y texto de la proposición en cuestión:

La diputada proponente señala que el humedal de Tláhuac forma parte del antiguo sistema de lagos de la cuenca de México y más específicamente, el remanente del lago de Chalco, su extensión varía de acuerdo a las condiciones climatológicas entre 400 y 800 hectáreas, donde las cuales son un refugio para más de 25 especies vertebradas.

El humedal de Tláhuac tiene un gran importancia desde el enfoque ecosistemico, ya que presenta una gran variedad de fauna y flora, adema que funciona como un regulador hidrogeológico de las avenida pluviales de la periferia y una zona de desarrollo para varias especies de aves, por lo cual la Conabio lo nombra como uno de los últimos ambientes que pueden dar alimento y refugio a una gran variedad de aves.

Pese a que la Conabio incluye al humedal de Tláhuac dentro de su programa de áreas de importancia para la conservación de aves (AICAS) con el nombre de Ciénega de Tláhuac y que la UNESCO lo declaro Patrimonio Mundial Cultural y Natural, ya que cumple como un hito en el planta.

La Proponente reconoce la preocupación de los ejidatarios de Tláhuac y solicita a la Conanp, designe al humedal de Tláhuac o Ciénega de Tláhuac, como sitio Ramsar.

La legisladora proponente concluye con el siguiente proyecto de

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que desde el ámbito de las facultades y atribuciones conferidos a las instituciones a su cargo por las normas jurídicas aplicables, realicen las gestiones necesarias a fin de que la ciénaga de Tláhuac sea incluida en la lista de sitios protegidos por la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas.

III. Consideraciones

Esta comisión coincide con la preocupación de la proponte respecto a la inclusión del humedal de Tláhuac dentro de los sitios Ramsar ya que como sistema lacustre tiene una gran importancia ecológica.

Este humedal funciona como un sitio de invernada y de paso migratorio para una gran variedad de aves acuáticas y terrestres del neártico, que usualmente llegan a este sitio. Adicionalmente, son utilizados como sitios de reproducción por especies residentes.

Otra de las funciones importantes que tiene este humedal, por sus características es la de regular el ciclo hidrológico de la zona.

Reconocemos que una de las principales amenazas para este humedal es la urbanización ya que por su proximidad al poblado de Xico y Tláhuac es un sitio idóneo para la edificación, a esto hay que sumarle los asentamientos humanos irregulares y todos los efectos negativos que generan las diferentes actividades antropogénicas que se realizan en esta zona.

Cabe recordar que el humedal de Tláhuac tiene un estatus de “Suelo de Conservación”, el cual está regulado por el gobierno del Distrito Federal, además que es considerado como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves.

Sin embargo estas categorías no garantizan la protección del humedal de Tláhuac, ya que en los últimos años ha aumentado su fragilidad ecológica, por estos motivos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que desde el ámbito de las facultades y atribuciones conferidos a las instituciones a su cargo por las normas jurídicas aplicables, realicen las gestiones necesarias a fin de que la Ciénega de Tláhuac sea incluida en la lista de sitios protegidos por la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), presidente; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Sergio Emilio Gómez Oliver, René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica), secretarios; María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado, José Ignacio Pichardo (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal (rúbrica).»

VOLUMEN III

INVESTIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y OAXACA, PARA AFRONTAR LOS EFECTOS DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA CEMENTERA CYCNA DE ORIENTE SA DE CV

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a investigar los daños ambientales en municipios de Puebla y Oaxaca para afrontar los efectos en la primera de las actividades de la cementera Cycna de Oriente, SA de CV

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 5 de noviembre de 2015, el diputado Rodrigo Abdala Dartigues, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que solicita lleven a cabo las acciones necesarias para su revisión en el cumplimiento de la normatividad ambiental y el cumplimiento de los acuerdos del funcionamiento sustentable de la planta cementera CYCNA de Oriente, SA de CV, ubicada en el municipio de Palmar de Bravo, estado de Puebla.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere el diputado proponente, que en lo referente al derecho humano de un medio ambiente sano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., párrafo quinto establece que: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el estado garantizará el respeto a este derecho, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Comenta el legislador que en el estado de Puebla el cumplimiento de este precepto constitucional está en duda. En 2005 las empresas Cruz Azul y Polysius –filial de la transnacional alemana ThyssenKrupp– comenzaron la construcción de una planta productora de cemento en 575 hectáreas de la región de Palmar de Bravo, de las cuales poco menos de la mitad se encuentran en la reserva de la biosfera Tehuacán–Cuicatlán.

Informa el proponente que desde que iniciaron los trabajos de construcción de la planta los ejidatarios de San José Tuzuapan, Palmarito Tochapan, de la colonia Adolfo López Mateos, La Noria y Manjarrez denunciaron ante los medios de comunicación que las obras les provocaron pérdidas en más de 78 hectáreas de cultivos de lechuga, coles, betabel, cebollín y zanahoria, debido a polvaredas causada por las obras, por lo que pidieron a la empresa el pago de un millón 500 mil pesos por los daños causados a sus cosechas.

Confirma el diputado proponente que el 9 de enero de 2007 la empresa CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul firmó un acuerdo de concertación con el gobierno del estado de Puebla así como con la organización no gubernamental TPQ Pro de la Reserva, Mantos Acuíferos y Calidad Ambiental AC, misma que representa a las comunidades de Adolfo López Mateos, San José Tuzuapan, Palmarito Tochapan, Froylan C. Manjarrez, San Miguel Xaltepec, Jesús Nazareno, Guadalupe Enríquez y San Simón Yehualtepec; para efecto de promover el funcionamiento sustentable de la planta cementera CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul, ubicada en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla, y garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de agua y protección al ambiente.

En dicho acuerdo se estipuló lo siguiente:

• La empresa CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul, se comprometió a no usar el agua del pozo instalado en el poblado de Froylán C. Manjarrez, municipio de Quecholac, Puebla, así como a no llevar a cabo perforación del mismo ni ningún otro pozo, no sustraer agua de los mantos freáticos, o del acuífero de la región, concluyendo en utilizar agua de pipas para su actividad industrial.

• El gobierno del estado de Puebla y CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul se comprometieron a llevar a cabo la construcción de dos microplantas de tratamiento de agua en un plazo no mayor a doce meses contados a partir de la firma del mencionado acuerdo, en lugares designados por los agricultores de las comunidades representadas por la TPQ AC. Dichas microplantas reciclarían el agua de los drenajes residuales, destinándose el beneficio del agua tratada, para los programas de reconversión de agua a favor de las comunidades y en un consumo no mayor a 4 mil 500 metros cúbicos mensuales.

• El gobierno del estado de Puebla, a través de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Rural y de Salud, en coordinación con la TPQ AC, asistidos por algún órgano descentralizado como puede ser una universidad, instituto académico, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) o la Academia Nacional de Ciencia, ejecutarían acciones permanentes de monitoreo, inspección y vigilancia de la operación de la planta cementera denominada CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul, acciones que permitirían formular reportes mensuales sobre los niveles de contaminación ambiental; aprovechamiento sustentable de los recursos acuíferos; las vibraciones originadas por la extracción de materia prima, con el fin de evitar brotes de enfermedades; daños a los cultivos; desvío de los mantos acuíferos de la región de Palmar de Bravo, Quecholac, Tecamachalco y Yehualtepec, que sean consecuencia de la contaminación ocasionada por la operación de la planta cementera o de vibraciones por la extracción de materia prima.

• La empresa CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul se comprometió a utilizar la más alta tecnología y aplicar todas las medidas de seguridad necesarias durante sus operaciones garantizando con ello la no generación de ningún daño en la zona. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Rural, a través del Consejo Estatal de Desarrollo Rural, se encargaría de evaluar los reportes del monitoreo antes mencionado, en coordinación con la TPQ AC y, en su caso, dictaría las medidas necesarias, para prevenir o evitar la generación de los daños a cultivos.

• La empresa CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul llevó a cabo en coordinación con la TPQ AC, un monitoreo de la calidad existente en ese momento del medio ambiente a través de las instituciones convenidas entre las partes consistente en la medición del volumen de agua de los manantiales que proveen de agua a la comunidad de San Simón Yehualtepec y las condiciones generales de salud en la región, para tener un marco de referencia. Concluyendo que la empresa CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul, sería la única responsable de reparar los daños y perjuicios que puedan causarse a los cultivos o productos agrícolas de la región, así como los que se generen a los manantiales que proveen de agua a la comunidad de San Simón Yehualtepec, y que sean atribuibles a su actividad, durante la existencia y operación de la planta cementera ubicada en el municipio de Palmar de Bravo.

• El gobierno del estado se comprometió a realizar acciones necesarias para garantizar el desarrollo armónico de las actividades económicas, agrícolas e industriales en la región y exigir la responsabilidad que corresponde a CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul, en beneficio de los agricultores que resulten afectados.

• El gobierno del estado procuraría coordinarse con dependencias y organismos federales competentes en materia de agua y medio ambiente con el fin de dar cabal cumplimiento al acuerdo firmado y no afectar la agricultura e incluir el desarrollo sustentable de la región.

• La empresa CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul impulsaría el desarrollo de un centro de monitoreo ambiental, una clínica para monitorear y atender las enfermedades de la región, así como un complejo para el aprovechamiento ecoturístico de las hectáreas que legalmente sean parte de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, ubicada en Palmar de Bravo para beneficio de las comunidades y la preservación del medio ambiente.

Informa el legislador que la cementera ubicada en el municipio de Palmar de Bravo, comenzó operaciones el 23 de marzo de 2007, siendo la cuarta planta del consorcio en el país, según el portal de la Cooperativa Cruz Azul en internet. Desde que comenzó a operar la empresa CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul, los municipios de Quecholac, Tecamachalco, Palmar de Bravo y Yehualtepec pertenecientes al estado de Puebla, han resentido los daños causados por la actividad de la empresa cementera CYCNA de Oriente SA de CV y/o Cruz Azul.

Afirma el diputado proponente que los daños más severos son principalmente la disminución del manto freático del acuífero de Tecamachalco, y la falta de compromiso por parte de la empresa para respetar la reserva, así como a los campos de cultivo y a reparar y mitigar los daños causados por la generación de polvos que la planta cementera despide, especialmente por las noches, porque esta región se caracteriza por ser semidesértica y por su escasa precipitación media pluvial.

Adicionalmente, comenta el diputado proponente, que otra de las promesas incumplidas, fue la rehabilitación de la clínica de salud, con equipo nuevo e idóneo para atender a quienes padecieran males respiratorios y de piel, relacionados con la explotación de los cerros para la producción de cemento.

Esta rehabilitación, con la que la empresa cementera pretendió dar cumplimiento a la cláusula del acuerdo consistió en ampliar en una habitación, baño y cocineta para un médico; un consultorio dental, un área de control y farmacia, la clínica de salud San José Tuzuapan, lo cual dista mucho de lo comprometido por la empresa, máxime cuando se han presentado casos de mujeres con cáncer que no se atienden por falta de equipo, en los últimos tres años la contaminación generó la muerte de cinco personas por cáncer de enfisema pulmonar, debido la inhalación del polvo por las detonaciones que se hacen diariamente para extraer el material pétreo en la cementera.

Señala el proponente que los problemas que aquejan a las poblaciones cercanas a la cementera y que pueden atribuirse a la misma son muchos, entre estos se encuentran:

• Se tiene sobreexplotación de los pozos de agua que abastecían a la población, a nivel de que estos se han secado y ahora los habitantes tienen que conseguir el agua mediante pipas que la transportan desde varios kilómetros de distancia.

• El polvo emanado de la explotación de los materiales pétreos y de las actividades de la planta perjudica los sembradíos.

• El agua que se utiliza para regar la cosecha proviene de la planta tratadora de la cementera, pero, al no ser el tratamiento adecuado, ésta contamina los cultivos de hortalizas, con las consecuentes pérdidas para los campesinos.

Una vez analizada la proposición con punto de acuerdo referida las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hacemos las siguientes

III. Consideraciones

Las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, reconocemos loable el planteamiento del diputado proponente y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades federales y estatales competentes en materia ambiental a efecto de realizar una minuciosa investigación en el impacto ambiental, por las posibles afectaciones derivadas de la operación de la empresa cementera CYCNA de Oriente, SA de CV, ubicada en el municipio de Palmar de Bravo, estado de Puebla, dentro de la Reserva de la Biosfera Tehucán-Cuicatlán.

Consideramos de suma trascendencia mencionar que México ocupa un lugar destacado ya que tiene el privilegio de albergar una gran diversidad biológica, y buena parte de esta diversidad biológica es exclusiva del país.

Ahora bien, de acuerdo con datos publicados por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), respecto de la gestión de la biodiversidad se refiere al desarrollo de acciones encaminadas a la conservación, manejo y uso sustentable de recursos biológicos, genéticos y de los ecosistemas, de acuerdo con las comunidades dueñas o poseedoras de los territorios que la sustentan, por lo que en México existen instrumentos de política ambiental que fomentan la conservación de la biodiversidad y el uso y manejo sustentable de los recursos naturales.

La mayor riqueza de la biodiversidad se encuentra en territorios habitados por diversas comunidades rurales que paradójicamente viven en condiciones de marginación y pobreza; su conservación depende de la capacidad de diferentes sectores sociales, económicos y políticos para el establecimiento de desarrollo que les permita aprovechar de manera sustentable los recursos biológicos existentes y con ello contribuir a incrementar la calidad de vida y el bienestar principalmente en aquellas comunidades que se encuentran directamente involucradas en el cuidado, conservación y uso de los ecosistemas.

La fórmula adecuada se encamina a la integración de políticas fuera de los sectores tradicionales, a partir de objetivos integrales y comunes; se reconoce que las Áreas Naturales Protegidas, representan actualmente la mejor herramienta del país para la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales, este conjunto de áreas protegidas no podrá conservarse por sí mismo, por lo que es necesario complementar esta política con otras que favorezcan el manejo integral sustentable de los territorios conexos no protegidos.

Es por ello que el mejor instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad son las áreas protegidas, éstas son representadas por porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de diversos ecosistemas en donde el ambiente original no ha sido esencialmente modificado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados, estas zonas son creadas mediante decreto presidencial o a través de la certificación de un área cuyos propietarios deciden destinar a la conservación y a las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas.

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas actualmente se tiene registrado 177 Áreas Naturales Protegidas de carácter federal que representan más de 25’628,239 hectáreas, de las cuales la mayoría de la superficie se encuentra en la categoría de Reservas de la Biosfera, con 41 Zonas Protegidas que representan 12’751,149 hectáreas.

Ahora bien, respecto de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, es una Zona Natural Protegida, se localiza en la región sureste de los estados de Puebla con 20 municipios y al noroeste del estado de Oaxaca con 31 municipios, en la zona de confluencia de la región Neártica y Neotropical, se ubica en las provincias fisiográficas Selvas Secas del Balsas, Xerófila del Valle de Tehuacán y en menor proporción en la provincia de los bosques templados de las Sierras Meridionales, con una extensión de 490,186, hectáreas; se ubica entre los paralelos 17°32’24.00 y 18°52’55.20 de latitud norte y los meridianos 96°59’24.00 y 97°48’43.20 de longitud oeste.

Es importante destacar que de acuerdo con la publicación de Comisión Nacional del Agua (Conagua), en su Estadísticas del Agua en México 2012, con la finalidad de conservar el estado óptimo de las áreas naturales protegidas, además de asegurar que sigan funcionando como áreas de recarga de acuíferos, se establecen los decretos necesarios para la protección de los ecosistemas terrestres, de los humedales y de las áreas de recarga, en particular a escala nacional como mundial.

Es importante señalar que la biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas, debido a las distintas actividades humanas que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de las especies y de la biodiversidad, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que debemos conjugar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.

Por lo anterior expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que desde el ámbito de sus atribuciones y facultades, se realicen las acciones necesarias para la revisión y el cumplimiento de la normatividad ambiental, en las operaciones de la planta cementera CYNCA de Oriente, SA de CV, a efecto de garantizar un medio ambiente sano, de los habitantes que se encuentran en su área de influencia en los municipios de los estados de Puebla y Oaxaca, región en donde se encuentra la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través del titular de la Comisión Nacional del Agua, desde el ámbito de sus atribuciones y facultades, se realicen las acciones necesarias para la revisión y el cumplimiento de la normatividad en materia de recursos hídricos, derivado de la operación de la empresa cementera CYNCA de Oriente, SA de CV.

Tercero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado de Puebla, para que a través del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Estado de Puebla, en el ámbito de su competencia proceda a la revisión, cumplimiento y vigilancia de los acuerdos establecidos para promover el funcionamiento sustentable de la planta cementera CYNCA de Oriente, SA de CV, y fomente en colaboración con las autoridades federales competentes, para el fortalecimiento y creación, en su caso, de programas que preserven el ambiente y los recursos naturales en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, y favorezcan también el manejo integral sustentable de los territorios conexos no protegidos.

Nota

1 TPQ: Las siglas de la organización vienen de; Tecamachalco, Palmar de Bravo, y Quecholac, todos municipios del estado de Puebla, cercanos a la planta cementera CYCNA de Oriente SA de CV. En dichos municipios los agricultores han señalado a dicha cementera como causante de daño al ambiente y los recursos hídricos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), presidente; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Sergio Emilio Gómez Olivier, René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica), secretarios; María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López (rúbrica), Juan Carlos Ruíz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdez (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal (rúbrica).»

DISEÑE Y EJECUTE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS Y SUELOS AFECTADOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES EN ZAPOPÁN, JALISCO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Conafor que diseñe y ejecute con las autoridades municipales programas de prevención, protección, conservación y restauración de los recursos y suelos afectados por los incendios forestales en Zapopan, Jalisco

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal para que en coordinación con las autoridades municipales, diseñe y ejecute programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos afectado por los incendios forestales en Zapopan, Jalisco.

Esta comisión dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el martes 10 de noviembre de 2015, la diputada Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal para que en coordinación con las autoridades municipales, diseñe y ejecute programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos afectados por los incendios forestales en Zapopan, Jalisco; la cual fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. Contenido de la proposición

El punto de acuerdo en estudio propone exhortar a la Comisión Nacional Forestal, para que en coordinación con las autoridades municipales, diseñe y ejecute programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos afectados por los incendios forestales en Zapopan, Jalisco.

La proposición en estudio refiere que el fuego es un elemento natural que necesita nuestro ecosistema para la regeneración de bosques y montes, pues aporta estrategias rebrotadoras y de germinación tras su paso. Sin embargo, ha dejado de ser una perturbación natural que modela el paisaje para convertirse en una terrible amenaza que en su mayoría son ocasionados por el ser humano.

Asimismo, señala que se calcula que las actividades humanas ocasionan 99 por ciento de éstos incendios y sólo el resto tiene como causa fenómenos naturales como descargas eléctricas y la erupción de volcanes.

Considera que la falta de prevención es un problema fundamental; por lo que este factor, junto con el abandono rural y otras dificultades estructurales, ha generado un aumento de incendios forestales altamente peligroso, no solo para la biodiversidad, sino también para la seguridad de la población. Además, la mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor y el aumento de las temperaturas contribuye a una mayor frecuencia e intensidad de incendios forestales.

Refiere que el impacto ecológico es muy superior a lo que se ve a simple vista y sobrepasa incluso las áreas afectadas. La destrucción de biodiversidad, el aumento de la desertificación o la disminución de la calidad de las aguas y la atmósfera son algunas de las consecuencias negativas posteriores a un incendio. La recuperación de los bosques afectados, si es que se consigue, puede llevar décadas.

Señala que el municipio de Zapopan tiene una superficie territorial de 89 mil 315 hectáreas, de las cuales 43 mil 269 son utilizadas con fines agrícolas, 23 mil 730 en la actividad pecuaria, 11 mil 400 son de uso forestal, 3,910 son suelo urbano y 7 mil 006 hectáreas tienen otro uso. En lo que a la propiedad se refiere, una extensión de 49 mil 031 hectáreas es privada y otra de 32 mil 938 es ejidal; 7 mil 346 hectáreas son propiedad comunal.

Debido a la gran extensión de territorio forestal, cada año se hace necesario realizar acciones para disminuir el riesgo de incendios forestales; en este sentido, en el 2015, de acuerdo al tercer Informe de Gobierno del expresidente municipal, se han llevado a cabo trabajos de prevención, tales como la elaboración de 263,866 metros lineales de guardarrayas, 484,191.50 metros cuadrados de chaponeo y 1’491,044.36 metros cuadrados de líneas negras, de igual forma se contrató un avión cisterna (Air Tractor), mismo que operó en el combate de 29 incendios.

A pesar de las medidas para disminuir incendios, y con base en el documento antes referido, en lo que va del año 2015 se han registrado y atendido 158 incendios, que produjeron la quema de 1,980.54 hectáreas, quedando afectadas 214 hectáreas.

En virtud de lo manifestado, la proponente hizo referencia a diversas consideraciones, señalando que de conformidad con el artículo 4o. constitucional, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Así también, señaló que el 4 de abril de 2001, se crea por decreto presidencial la Comisión Nacional Forestal, que es un organismo público descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

Qué la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con fundamento en el artículo 22, fracciones XX, XXII y XXIII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, está facultada para constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la administración pública federal y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas de prevención y combate de incendios forestales así como participar en la implementación y promoción de programas productivos, de restauración, de conservación y de aprovechamiento sustentable de suelos y sus ecosistemas.

Que de acuerdo al reporte semanal y acumulado 2015 de la Conafor, las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: México, Distrito Federal, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Guerrero, que representan 76.42 por ciento del total nacional.

Bajo este esquema, resulta de imperiosa necesidad que la Comisión Nacional Forestal en coordinación con las autoridades competentes del municipio de Zapopan, Jalisco, diseñe y ejecute los programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos forestales, en dicha zona geográfica.

En virtud de lo anterior, la proposición con punto de acuerdo en estudio pretende exhortar a la Comisión Nacional Forestal para que en coordinación con las autoridades municipales, diseñe y ejecute programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos afectados por los incendios forestales en Zapopan, Jalisco.

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora estima pertinente aprobar, en sus términos, la propuesta de proposición con punto de acuerdo, ya que es necesario dar una respuesta efectiva y contundente a un tema tan relevante como lo es la protección y conservación de los recursos naturales, específicamente los bosques, por ser éstos, elementos indispensables para garantizar el equilibrio ecológico en nuestro país.

Y por los argumentos previamente referidos, esta comisión dictaminadora considera procedente exhortar respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal para que en coordinación con las autoridades municipales, diseñe y ejecute programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos afectados por los incendios forestales en Zapopan, Jalisco; lo anterior, atendiendo a la importancia del ecosistema de que se trata.

De acuerdo a cifras publicadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la superficie forestal en México es de 138 millones de hectáreas, lo que equivale a 70 por ciento de la superficie total de nuestro país (197 millones de hectáreas). De dicho porcentaje de superficie forestal, 65 millones son bosques y selvas, y 73 millones corresponden a zonas áridas, semiáridas u otros tipos de vegetación.

Según la,de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); las formas en que los bosques contribuyen al bienestar humano son variadas y de amplio alcance. Ellos desempeñan una función fundamental en la lucha contra la pobreza rural, en el logro de la seguridad alimentaria y en el aseguramiento de medios de subsistencia decentes. Los bosques ofrecen asimismo oportunidades para el crecimiento verde a mediano plazo, y proveen servicios ambientales de primordial importancia como el aire limpio y el agua limpia, la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático.

Dichos recursos ambientales se ven severamente amenazados por diversos factores, dentro de los principales se encuentran los incendios forestales, los cuales preponderantemente son ocasionados por actividades humanas, causando 99 por ciento de estos incendios y sólo el resto tiene como causa fenómenos naturales como descargas eléctricas y la erupción de volcanes.

De acuerdo a los datos aportados por la Comisión Nacional Forestal en su Guía Práctica para Comunicadores sobre Incendios Forestales, en los últimos años, casi la mitad de estos incendios se producen por actividades agropecuarias y de urbanización, junto con las acciones intencionadas y los descuidos de personas que no apagan bien sus cigarros o fogatas.

Los incendios forestales implican un cambio severo en los factores ecológicos y ambientales que rigen el funcionamiento de los ecosistemas, debido a la participación dentro de los ciclos ambientales, no obstante, la propia Comisión Nacional Forestal, señala que el fuego desempeña un rol importante dentro del ciclo vital de los ecosistemas forestales que, al igual que otros fenómenos naturales, frecuentemente se convierte en problema a partir de la intervención humana.

El aumento acelerado de los incendios forestales en nuestro país ha obligado a las autoridades ambientales a implementar acciones emergentes que permitan poner un alto y minimizar los efectos dichas afectaciones a los bosques, las cifras son alarmantes, sin embargo, se debe reconocer que los programas aplicados han sido de gran beneficio.

Para ejemplificar lo anterior, la Comisión Nacional Forestal a través de su Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, informó en el marco de su Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, la variación de dichos acontecimientos en el lapso de 18 años, tal y como se muestra en la gráfica siguiente:

*Fuente: Conafor

Asimismo, ejemplificó en el mismo periodo de evaluación, la superficie afectada por los incendios forestales, como se muestra en la siguiente gráfica:

*Fuente: Conafor

Lo anterior, es muestra clara de que existe una disminución anual considerable en incendios forestales y por ende, de superficie afectada, no obstante, la finalidad es erradicarlos y con ello poner a salvo uno de los recursos ambientales más importantes para el medio ambiente.

La situación no es exclusiva de alguna zona específica, sin embargo existen estados que son más susceptibles a padecer este tipo de emergencias, ya sean ocasionadas por la negligencia humana o por fenómenos naturales, tal y como se muestra a continuación:

Ante dichas evidencias, es innegable reconocer las bondades de la estrategia general de prevención y control de incendios forestales, sistematizada a través del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, y en cuya aplicación participan instituciones de los tres órdenes de gobierno, organismos civiles y voluntarios.

Desde 2002 la instancia responsable de la operación y coordinación general del Programa de Incendios es la Comisión Nacional Forestal, misma que fue creada en fecha 4 de abril de 2001, como un organismo público descentralizado, cuyo objeto es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

Asimismo, el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal señala que para cumplir con su objeto tiene como misión impulsar, con la participación de la sociedad, los cambios necesarios para la creación de una nueva política de desarrollo forestal sustentable del país, con el propósito de elevar el nivel de productividad y de competitividad de la cadena forestal, impulsando así un crecimiento con calidad en las zonas urbanas y rurales.

Como parte de sus atribuciones la Comisión Nacional Forestal podrá, entre otras, coordinarse con las dependencias o entidades de la federación, estados, Distrito Federal y municipios, a fin de que el desarrollo forestal sustentable obedezca a políticas y criterios integradores, para lo cual podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean necesarios; en el marco de la implementación de diversos programas, tales como de prevención, detección y combate de incendios forestales en las entidades, tal y como lo establecen los artículos 22 y 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

En atención a todo lo referido, queda manifiesta la facultad de la Comisión Nacional Forestal para conocer y atender los incendios forestales, así como para diseñar e implementar programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos afectado por dichos incendios, ya sea a nivel nacional o en aquellas entidades donde su prevalencia lo requiera.

Por lo expuesto, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales someten a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la aprobación de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal para que en coordinación con las autoridades municipales, diseñe y ejecute programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos afectados por los incendios forestales en Zapopan, Jalisco.

Lo anterior, por tratarse de la tercera entidad con mayor número de incendios forestales anuales, siendo 361 casos hasta el 19 de noviembre de 2015, los acontecidos en el estado de Jalisco.

Atendiendo los argumentos aquí vertidos sometemos a su consideración la siguiente proposición con:

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal para que en coordinación con las autoridades municipales, diseñe y ejecute programa de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos afectado por los incendios forestales en Zapopan, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), presidente; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Sergio Emilio Gómez Olivier, René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica), secretarios; María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López (rúbrica), Juan Carlos Ruíz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdez (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal (rúbrica).»

CAMPAÑA NACIONAL DE DIFUSIÓN QUE INFORME E INCENTIVE A LA POBLACIÓN A ENTREGAR SUS TELEVISORES ANALÓGICOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y la Semarnat a emprender una campaña nacional de difusión que informe y motive a la población a entregar los televisores analógicos en los centros de acopio establecidos para desecharlos adecuadamente

Honorable Asamblea

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados presentamos a la consideración del pleno de esta representación, el dictamen en sentido positivo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que se emprenda una campaña nacional que informe e incentive a la población a entregar sus televisores analógicos a los centros de acopio establecidos a fin de que se desechen adecuadamente, de acuerdo con la siguiente

Metodología

Esta Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado Antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y del recibo de turno de esta Comisión para emitir el dictamen correspondiente.

II. En el apartado Contenido de la proposición se resume el objetivo del punto de acuerdo que nos ocupa.

III. En el apartado Consideraciones, los integrantes de esta comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes

Primero. El 3 de diciembre de 2015, la diputada Sharon María Teresa Cenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhorta respetuosamente al gobierno federal para que se emprenda una campaña nacional que informe e incentive a la población a entregar sus televisores analógicos a los centros de acopio establecidos a fin de que se desechen adecuadamente.

Segundo. El 3 de diciembre de 2015, la proposición con punto de acuerdo fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

II. Contenido de la proposición

La diputada proponente menciona: con el objetivo de potenciar y asegurar la implantación de la Televisión Digital Abierta, el gobierno federal ha marcado una fecha a partir de la cual todas las emisiones analógicas deberán haber sido sustituidas por emisiones digitales.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) estableció el 31 de diciembre de 2015 como la fecha límite para terminar las transmisiones analógicas de la televisión abierta en México (apagón analógico). Este proceso se está llevando a cabo de manera escalonada y por ciudades.

México inicia su transición a la televisión digital; los mexicanos deberán reemplazar sus televisores analógicos por modelos más nuevos.

Y con esta nueva disposición, muchos aparatos ya no podrán funcionar, lo que generará un desecho masivo de los mismos, las repercusiones ecológicas no se harán esperar.

De acuerdo con datos del Inegi más del 94 por ciento los hogares cuentan con una televisión y el porcentaje de reemplazo de televisores en el país, tiene un crecimiento del 5 a 6 por ciento anual.

Cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) han confirmado el universo de desechos de televisores analógicos y estima que pudiera rondar sobre los 40 millones de aparatos únicamente en los hogares, convirtiéndose en RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

Menciona que por esta circunstancia puede existir riesgos ambientales y a la salud, ya que los televisores analógicos están constituidos por tecnología de tubo de rayos catódicos (TRC), que si bien puede ser considerada una tecnología antigua, sigue siendo utilizada o almacenada en los hogares.

El dispositivo de TRC típico se compone de entre 7 y 40 kilogramos de vidrio, que protege a los usuarios de la radiación producida por la pistola y el haz de electrones. Este vidrio de protección se puede encontrar en cuatro componentes diferentes:

• Panel de vidrio. Representa las 2/3 partes de peso del TRC y puede contener óxido de plomo y óxido de bario.

• Embudo. Es donde la mayor parte del plomo se encuentra en un TRC.

• Cuello de vidrio. Rodea al cañón de electrones y contiene plomo.

• Sellos de soldadura de vidrio de la TRC. Están compuestos por 85 por ciento de plomo y retardantes de fuego bromados.

Continua mencionando que como se puede apreciar, los televisores tienen dentro de sus componentes materiales como plomo, mercurio y cadmio, entre otros, los cuales pueden contaminar el medio ambiente y afectar la salud de las personas, si no son manejados y confinados apropiadamente.

El problema se presenta cuando son dispuestos inadecuadamente en la calle, en tiraderos a cielo abierto, barrancas, terrenos baldíos o cauces de ríos, ya que sus componentes altamente tóxicos podrían ser liberados y convertirse en potencial fuente de contaminación.

Entre los riesgos a la salud tenemos:

• Silicosis

• Inhalación y contacto directo con plomo y cadmio.

• Cortes con vidrio en caso de explosión.

En los riesgos ambientales se encuentran:

• Contaminación de suelo y aguas por metales pesados (plomo y bario).

• Emisión de fósforo tóxico por quema de materias.

Por lo anterior, es importante y necesario para cuidar el medio ambiente y la salud, tener centros especiales para desecho, reciclaje o reúso de televisiones analógicas, pues se trata de evitar que lleguen a los tiraderos de basura en donde sus componentes pueden contaminar el ambiente y provocar daños a la salud.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) han tomado acciones para proteger al medio ambiente de los impactos que pudiera ocasionar el manejo y destino final inadecuado de dichos televisores como producto de la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Publicaron el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre.

El Programa es coordinado por la Semarnat. Bajo el esquema de responsabilidad compartida, corresponderá a los Municipios instalar centros de acopio de televisores analógicos, a las autoridades de los Estados la instalación de centros de almacenaje temporal, y a la Semarnat celebrar los contratos con empresas recicladoras autorizadas para el transporte y reciclaje de los televisores analógicos acopiados.

La SCT llevará a cabo la instalación de centros de acopio y de almacenaje temporal, en los lugares de distribución de los televisores digitales, conforme al Programa TDT. Asimismo, y en coordinación con la Semarnat y dentro de los plazos del Programa TDT, celebrará contratos con empresas recicladoras autorizadas.

Para lo anterior, se requiere la participación activa de la sociedad para que lleve a los centros de acopio sus televisores que dejarán de utilizar, evitando dañarlos o romperlos, a efecto de evitar y prevenir que sus componentes peligrosos sean expuestos al medio ambiente, con su consecuente impacto contaminante y daños a la salud.

El objetivo central del Programa referido es proteger la salud de la población y evitar la contaminación ambiental, mediante un esquema de responsabilidad compartida, entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, para el manejo integral de los televisores analógicos, a fin de evitar su inadecuado desecho incrementado por la transición a la TDT.

En dicho Programa se invita a las organizaciones de la sociedad civil, a tiendas de autoservicio, cámaras y asociaciones empresariales, a participar de manera voluntaria en las campañas de difusión, así como en la operación de centros de acopio y de almacenaje temporal.

Este Programa es una muestra de que el gobierno federal se ha preocupado por darles a los televisores un destino final adecuado, ya que pueden generar contaminantes a la atmósfera y contaminantes al suelo. Sin embargo, el próximo 31 de diciembre se concreta el apagón analógico y se estima insuficiente, ya que se requiere la divulgación y propaganda para que la población conozca de dicho programa y la ubicación de los centros de acopio.

III. Consideraciones

Esta Comisión Dictaminadora es competente para conocer de este asunto de acuerdo a lo que establecen los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 158 numeral IV y 159 del Reglamento para la Cámara de Diputados en relación con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales coincide con los argumentos esgrimidos por la proponente, con la siguiente precisión: con base en la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones publicada el 11 de junio de 2011, la Comisión Federal de Telecomunicaciones se transforma en el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en México, además de ejercer de forma exclusiva las facultades en materia de competencia económica en dichos sectores, conforme a lo establecido en la Constitución.

A su vez esta dictaminadora reconoce que la transición a la televisión digital terrestre trae consigo desechar todos los aparatos de televisión analógicos. De esta manera el universo de desechos de televisores con estas características se estima que pudiera rondar sobre los 40 millones de aparatos únicamente en los hogares.

Este desechamiento de televisiones analógicas si no son manejados, acopiados y confinados adecuadamente pueden contaminar el medio ambiente y en consecuencia dañar la salud de las mexicanas y los mexicanos, ya que los componentes de estos aparatos contienen materiales tóxicos como plomo, mercurio y cadmio, retardantes de fuego bromados y policloruro de vinilo.

Al respecto esta Dictaminadora cree necesario describir los siguientes contenidos normativos en materia de protección al medio ambiente.

Artículo 4o. constitucional en su párrafo 5:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar;

II. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;

III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;

IV...

V...

VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;

VII. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;

VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución;

IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y

X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.

...

Misma ley en su artículo 3o., fracciones XXXII y XXXIII menciona:

...

XXXII. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó; Fracción recorrida;

XXXIII. Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente;

...

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos:

Artículo 19. Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes:

...

VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico;

...

Artículo 31. Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente:

...

VII. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo;

...

Esta dictaminadora reconoce la política pública de prevención que implementó el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicación y Transporte en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales denominado Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre que señala el correcto manejo de televisores analógicos al final de su vida útil ya que es de suma importancia conocer los procesos de desensamble parcial o total y su reciclaje.

La dictaminadora coincide con la proponente en que es necesario evitar el procesamiento y disposición final inadecuado de los televisores analógicos ya que esto traería contaminación al medio ambiente y daños a la salud.

Por tal motivo se reconoce la necesidad de realizar una campaña de difusión por los medios de comunicación para que la población en general tome conciencia y conozca el procesamiento adecuado para dar una gestión integral a los desechos de los televisores analógicos dispuestos en el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, este trabajo deberá ser un esfuerzo coordinado entre las Secretarías de Comunicación y Transportes y Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo de la sociedad civil, considerando los siguientes elementos:

Acopio;

Transporte;

Almacenaje;

Reciclaje; y

Disposición final.

Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Comunicación y Transportes y Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal para que en el ámbito de sus atribuciones emprendan una campaña nacional de difusión que informe e incentive a la población en general a entregar sus televisores analógicos a los centros de acopio con base en lo establecido en el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre.

Notas:

1 http://www.ift.org.mx/conocenos/acerca-del-instituto/historia/se-crea-el-ift#st hash.DEKAZSvk.dpuf

2 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/TDT/Programa_TV_TDT.pdf. Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital.

3 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Arturo Álvarez Angli (rúbrica), presidente; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platte (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Sergio Emilio Gómez Oliver, René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lucia Arzaluz Alonso (rúbrica), Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica), secretarios; María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado, José Ignacio Pichardo (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal (rúbrica).»

REALIZAR EL ESTUDIO Y ANÁLISIS CORRESPONDIENTE A FIN DE VERIFICAR, BAJO LOS CRITERIOS DEL PROPIO GRUPO, SÍ LOS MUNICIPIOS DE HIDALGO DEL PARRAL, DELICIAS, CUAUHTÉMOC, CAMARGO Y JIMÉNEZ, PERTENECIENTES AL ESTADO DE CHIHUAHUA, SON SUSCEPTIBLES DE INTEGRAR UNA NUEVA ZONA METROPOLITANA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, con punto de acuerdo por el que se exhorta al grupo interinstitucional formado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población a realizar el estudio correspondiente para verificar con los criterios del propio grupo si Hidalgo del Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Camargo y Jiménez, Chihuahua, son susceptibles de integrar una nueva zona metropolitana

El pasado 29 de septiembre de 2015, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-4-66, fue turnada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para su análisis y dictamen la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaria de Desarrollo Social, del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a replantear las delimitaciones de las zonas metropolitanas y considerar la inclusión de los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias y Cuauhtémoc, así como sus zonas conurbadas o periferias contiguas, como nuevas zonas metropolitanas, todos pertenecientes al estado de Chihuahua, suscrita por el diputado Juan Antonio Meléndez Ortega, y otros integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional.

La Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XVII, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. Mediante oficio D.G.P.L. 63-II-7-63, fue turnada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para su análisis y dictamen la Propuesta con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Desarrollo Social, del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a replantear las delimitaciones de las zonas metropolitanas y considerar la inclusión de los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias y Cuauhtémoc, así como sus zonas conurbadas o periferias contiguas, como nuevas zonas metropolitanas, todos pertenecientes al estado de Chihuahua, suscrita por el diputado Juan Antonio Meléndez Ortega, y otros integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional.

2. Con oficio HCD/LXIII/CDM/0011/15 fue remitido a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano el Punto de Acuerdo citado en el antecedente número uno, para su análisis y posterior discusión en sesión ordinaria de la Comisión.

3.Para dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y, 158 numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, se reunieron el día 25 de noviembre de 2015, en sesión ordinaria con la finalidad de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al Pleno de esta H. Cámara.

II. Descripción de la propuesta

Primero. La propuesta con punto de acuerdo que se analiza, plantea entre otros lo siguiente:

Que Ciudad Delicias cuenta con una población de 137,935 habitantes, se ha consolidado como la cuarta ciudad en importancia en el contexto estatal, tanto en el aspecto demográfico como en términos económicos, asimismo, destaca por contar con infraestructura industrial, comercial, comercial y de servicios de primer nivel.

Delicias ha comenzado a figurar como uno de los municipios con mayor calidad de vida en la entidad, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por la Organización de las Naciones Unidas; ocupa el lugar número 61 entre los 2,418 municipios del país desde 2005.

El IDH se compone de tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Con base a este índice puede observarse que tiene un grado de desarrollo humano similar al de importantes capitales estatales como Puebla, Guadalajara, Morelia, Saltillo y Ciudad Victoria, o bien de municipios importantes como Los Cabos, Baja California Sur o Apodaca, en Nuevo León. La calidad de vida ofrecida por Delicias es similar a las de esas ciudades.

En este contexto, Delicias tiene un grado de desarrollo similar a municipios importantes como Saltillo, Coahuila, municipios relevantes en su contexto estatal como Aguaprieta, Sonora; Ocotlán, Jalisco; y Playa del Carmen, en Quintana Roo. El desarrollo del municipio de Delicias, es también equiparable a municipios incorporados a grandes zonas metropolitanas: Santa Catarina, que forma parte del área metropolitana de Monterrey, Cuautlacingo, que pertenece a la zona metropolitana de Puebla y Jiutepec al área metropolitana de Cuernavaca.

En el ámbito estatal, tanto el Índice de Desarrollo Humano (IDH), como en el Índice de Desarrollo Municipal (IDM), Delicias ocupa la tercera posición en la entidad solo detrás de los municipios de Chihuahua y Juárez, junto a Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral. El IDM, se descompone en cuatro componentes: ambiental, económico, social e institucional El componente ambiental se evalúa la disponibilidad servicios públicos en las viviendas, principalmente disponibilidad del agua potable y drenaje. En este componente, Delicias sobresale en la cobertura de agua potable, ya que es la más alta a nivel estatal.

En el componente económico, Delicias se ubica en la tercera posición en la productividad por habitante, solo detrás de Juárez y Chihuahua.

En el aspecto institucional, el municipio de Delicias destaca por tener una elevada cantidad de ingresos propios (38 por ciento del total), lo que refleja el esfuerzo hecho por la administración municipal. En el aspecto social, registra la tasa de mortalidad infantil más baja de todo el estado, esto gracias a la infraestructura hospitalaria existente en la ciudad que cuenta con 3 hospitales públicos (IMSS, ISSSTE y Hospital Regional) y un hospital privado (Clínica Delicias).

Delicias ha experimentado un importante auge en el sector comercial y de entretenimiento, gracias a la llegada de franquicias nacionales e internacionales; posee todas las comodidades e infraestructura de una ciudad media: tres parques industriales; una central de abastos; un centro de exposiciones; un complejo cultural (Teatro de la Ciudad, Museo de Paleontología y Biblioteca); un club de golf privado, excelentes hoteles; centros comerciales; restaurantes; cines; así, como instalaciones deportivas de primer nivel entre las que se encuentran un nuevo estadio de béisbol, tres gimnasios de basquetbol y el Parque de Fundadores; parque central de la ciudad que cuenta con una ciclo pista, canchas de tenis, frontón y basquetbol, así como una área para deportes extremos.

En suma, se observa que Delicias es una ciudad competitiva en el plano nacional. La calidad de vida ofrecida por Delicias, es similar a la de algunas capitales estatales, es una ciudad media que ofrece todas las comodidades de una ciudad más grande. Los municipios aledaños constituyen la zona agroindustrial más importante del Estado.

Esto debido a que las regiones que cuentan con mayor nivel de infraestructura, ofrecen mejores prestación de servicios y, sobre todo, cuentan con una mayor diversificación de sus actividades productivas, han sorteado mejor la recesión económica induciendo grandes inmigraciones de población, tal es el caso de Cuauhtémoc, Chihuahua y Delicias.

Ciudad Cuauhtémoc, tiene una semejanza muy marcada y guardada a las debidas proporciones a una ciudad fronteriza, el comentario anterior, se desprende de la constante movilización migratoria de personas que llegan de otras regiones, como municipios cercanos y más pequeños, comunidades de la sierra tarahumara, personas provenientes del sur del país y el crecimiento natural demográfico de sus mismos habitantes, provocando con esto un rápido crecimiento en su población y en consecuencia, en las necesidades de sobrevivencia que tienen sus pobladores al demandar, alguna actividad económica, empleo, servicios, seguridad, educación, cultura, recreación, e infraestructura.

Cada vez es mayor la cantidad de migrantes temporales que deciden establecer su residencia en el Municipio Cuauhtémoc, ocasionando con esto el nacimiento de nuevas colonias y crecimiento irregular de las ya existentes, con la consabida falta de infraestructura en vivienda y servicios básicos como agua, luz, drenaje, seguridad, educación, servicios médicos y servicios sociales.

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 2010, residen en las 180 localidades del Municipio 154,639 personas, de los cuales el 49.1 por ciento son hombres y el 50.9 por ciento son mujeres. La población del municipio representa el 4.54 por ciento del total estatal y la densidad de población es de 42.86 habitantes/km2.

El municipio cuenta con 43,673 viviendas habitadas de las cuales el 98.1 por ciento dispone de excusado o sanitario el 96.67 por ciento dispone de drenaje, el 99. 3 por ciento cuenta con agua entubada de la red pública, mientras que el 99.4 por ciento cuenta con energía eléctrica. El 94.9 por ciento de las viviendas habitadas, es decir 40,163 cuenta con los tres servicios: agua, drenaje, y energía eléctrica.

La población económicamente activa del municipio se compone de 61 mil 586 personas, de las cuales el 68.5 por ciento son hombres y el 31.5 por ciento mujeres. El producto Interno Bruto por habitante, en pesos corrientes de 2005, es de $102,226 pesos.

De la población entre 3 y 17 años (45,631 personas), el 74.7 por ciento asiste a la escuela. Existe en el municipio 172 planteles públicos para la educación, los cuales atienden a 32,462 alumnos de los niveles de pre-escolar, primaria, secundaria, bachillerato y profesional técnico, y 42 escuelas privadas en los que están inscritos 3,979 alumnos para los mismos niveles.

Del total de la población, el 69.7 por ciento es derechohabiente de algún sistema de salud, público o privado.

Por otra parte, Ciudad Hidalgo del Parral es el centro de desarrollo regional más importante del sur del Estado de Chihuahua, su zona de influencia abarca los municipios de Allende, Balleza, Coronado, El Tule, Huejoitán, Matamoros, Santa Bárbara, San Francisco del Oro y Valle de Zaragoza.

Cuenta con una población de más de 107,061 habitantes, en 112 comunidades, concentrada principalmente en la cabecera municipal.

De los recursos hidráulicos, el municipio cuenta con tres acuíferos, los cuales se encuentran en equilibrio en su relación consumo, recarga.

En materia de desarrollo económico, el municipio cuenta con 6,312 unidades económicas del sector industrial y de servicios, propiciando la generación de más de 21 mil empleos formales.

De esto, se deriva la participación de la región y del municipio en el Producto Interno Bruto estatal, generando el 3.23 por ciento de éste.

En infraestructura educativa, el municipio cuenta con 153 planteles, cubriendo la demanda de oferta educativa.

En cuanto a vivienda y servicios públicos, se tienen registradas 26,827 viviendas, de las cuales más del 95 por ciento cuenta con servicios de agua potable, drenaje y electricidad.

La integración de las acciones, programadas y proyectos que se realicen dentro del municipio, cuentan con el respaldo de objetivos y estrategias producto de la participación del Ayuntamiento y la sociedad parralense en su conjunto, por ello, la validación de la sociedad y el compromiso del Gobierno Municipal darán frutos medibles y cuantificables.

Hidalgo del Parral, es una ciudad principal, no solo un municipio, sino que ha consolidado como el principal polo de desarrollo de la región, en infraestructura, servicios, de desarrollo económico, por las condiciones actuales en la entidad y en el extranjero. Las tendencias de retorno de la población que emigró a otras ciudades del Estado y el extranjero tiene la expectativa de encontrar oportunidades en el municipio.

El desarrollo urbano ha rebasado la capacidad de contar con un crecimiento ordenado, provocando así la asfixia vial y los consecuentes accidentes.

En el municipio, se cuenta con diferentes instituciones que dan servicio a sus derechohabientes, como son el IMSS, ISSSTE, pensiones civiles del Estado, así como instituciones particulares.

En el sector industrial en el municipio se encuentra incipiente, cuenta con un potencial de crecimiento en las áreas metalmecánica, automotriz, lo cual, puede detonar el empleo y el desarrollo de empresas de servicios industriales. Como áreas de oportunidad, se encuentran la infraestructura, servicios y capacitación para el trabajo.

El comercio y los servicios se encuentran concentrados en la cabecera municipal, proveen de bienes a toda la región, conformando así un eje de desarrollo económico para el municipio, sustento de cientos de familias parrelenses.

El turismo puede desarrollarse y convertirse en otro eje del desarrollo económico de la región, cuenta con lugares que tiene el potencial, para convertirse en productos turísticos de impacto regional, las Jornadas Villistas cuentan ya con el reconocimiento Estatal he internacional, atrayendo cada vez a más participantes y visitantes en el municipio.

Se observa un equilibrio económico en las actividades productivas del municipio, en comento, en el área comercial, agropecuaria, agroindustria, industria y turismo, este factor permite llevar un desarrollo económico estable durante todas les épocas del año.

Con el objetivo de continuar apoyando, un desarrollo equilibrado, se han contemplado dentro el Plan Estatal de Desarrollo, la realización de Infraestructura Básica, que le da sustento al resto de la infraestructura, mediante la realización de importantes obras, que en su mayoría, ya se encuentran iniciadas y que demandan recursos para su continuación y conclusión. Estas obras incluyen, la construcción de carreteras; alimentadoras; la ampliación y modernización de carreteras existentes, la construcción de carreteras pavimentadas a cabeceras municipales, que aún no contaban con una Carretera Pavimentada; Construcción de Libramientos, para facilitar el paso y la conexión en los Centros Urbanos, así como La Construcción de Infraestructura Aeroportuaria con la Construcción de Aeropuertos Regionales y de Infraestructura Hidroagricola con la Construcción de Presas. Así mismo, en conjunto con los Municipios de esta región, se han construido Caminos Rurales Pavimentados que comunican los Centros Poblacionales de la región, dándoles acceso por una vía Pavimentada a las Carreras Alimentadoras y Troncales del Estado, ahorrándoles tiempo y costos en los traslados.

Es importante señalar que Delicias, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, destacan dentro de las regiones económicas más importantes del Estado de Chihuahua, dentro de los sectores Agropecuario, Minería, Industria Manufacturera, Comercio y Servicios para empresas. De ahí que cuenten con un gran potencial de desarrollo, siendo polo de desarrollo regional, potencializando las expectativas de convertirse en una metrópoli con zona conurbada intermunicipal, toda vez que su economía ha evolucionado, convirtiendo a cada Municipio en el centro de confluencia económica, industrial, comercial y de servicios.

Aunque el desarrollo industrial se concentra principalmente en Ciudad Juárez, seguido de Chihuahua Capital, se conserva un crecimiento de la industria manufacturera en las ciudades de: Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral. La Secretaria De Economía define a siete clusters como básicos para la promoción de la actividad económica: agroindustrial y alimentos; textil y confección; industria forestal; materiales para construcción; industria automotriz; electrónica y telecomunicaciones; y la industria aeronáutica.

Por lo expuesto ante esta soberanía se propone el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población, y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; todas las anteriores del Ámbito Federal; replantear las delimitaciones de las Zonas Metropolitanas y considerar la inclusión como Zonas Metropolitanas, para las Ciudades de Delicias, conformada por las Zonas Conurbadas ó Municipios de: Rosales, Julimes, Meoqui y Saucillo, Hidalgo del Parral y sus Zonas Conurbadas o Municipios: Valle de Zaragoza, Valle de Allende, San Francisco del Oro, Santa Bárbara Villa Matamoros y Huejoitlan; y Cuauhtémoc y sus Zonas Conurbadas o Municipios: Carichi, Namiquipa, Riva Palacio, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Bachíniva y Guerrero, todas del Estado de Chihuahua.

La Comisión de Desarrollo Metropolitano previo estudio y análisis de la citada propuesta, basan su dictamen en los siguientes

III. Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer de la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Desarrollo Social, del Consejo Nacional de Población y del instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a replantear las delimitaciones de las zonas metropolitanas y considerar la inclusión de los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias y Cuauhtémoc, así como sus zonas conurbadas o periferias contiguas, como nuevas zonas metropolitanas, todos pertenecientes al estado de chihuahua; suscrita por el diputado Juan Antonio Meléndez Ortega, y otros integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional; de conformidad con lo dispuesto por los artículos los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XVII, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segundo.Que esta comisión comparte y hace propio el planteamiento de los diputados proponentes al verificar los datos de crecimiento económico, poblacional y de infraestructura relativos a los municipios de Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral.

Tercero. Que los municipios aludidos comparten una zona geográfica y de desarrollo que hace necesario realizar los estudios por parte de las autoridades referidas en el punto de acuerdo, para analizar la viabilidad de crear una o más zonas metropolitanas en el estado de Chihuahua, que además contemple a los municipios de Camargo y Jiménez, al compartir vías de comunicación, zonas industriales, agrícolas, ganaderas y comerciales.

Cuarto. Que en materia económica el estado de Chihuahua al segundo trimestre de 2015, presenta en el Producto Interno Bruto una variación mensual de .50, mientras que el indicador global de la actividad económica para agosto de 2015, representa una variación mensual del 0.47 y en la actividad industrial a septiembre de 2015 tiene un 0.38, esto es por encima de la media nacional programada para el Ejercicio Fiscal 2015, lo que permite saber que de acuerdo a las estimaciones del propio Inegi, Chihuahua como estado, ha tenido un crecimiento económico y poblacional de manera exponencial situación que obliga a revisar las zonas metropolitanas y su distribución económica, siempre con la intención de fomentar y beneficiar el bienestar de los habitantes de cada zona en proporción a su crecimiento y comportamiento.

Quinto. Que en base a la información publicada por el propio Inegi los municipios de mayor crecimiento poblacional en el estado de Chihuahua son los que ocupan el contenido de la propuesta con punto de acuerdo y se enlistan a continuación:

Cuauhtémoc 2.13

Delicias 1.65

Hidalgo del Parral .58

Camargo .59

Jiménez .72

Sexto.Que el artículo 41 en sus fracciones I, X, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece entre otros que:

A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen: a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;

X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado;

XVII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo convengan; X

XXI. Aportar diagnósticos y estudios al Consejo Nacional de Población en materia de crecimiento demográfico y su impacto en el ámbito territorial;

Séptimo.Que de acuerdo a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano una Zona Metropolitana se define como el conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; y

Octavo. Que tanto la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; en base a sus atribuciones y a los datos expuestos en el cuerpo de los presentes considerandos deben de profundizar los estudios con tendencia a un desarrollo metropolitano con la finalidad de determinar si cumplen con los requisitos financieros y sociales para consolidar a los municipios referidos como una nueva Zona Metropolitana en su conjunto y no así por separado como lo señala el promovente, toda vez que su ubicación geográfica permite crear una sola Zona Metropolitana y no así tres Zonas Metropolitanas, y que dichas autoridades conforman el Grupo Interinstitucional a cargo de emitir la delimitación de las Zonas Metropolitanas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en términos de los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XVII, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados; la Comisión de Desarrollo Metropolitano emite el siguiente:

IV. Resolutivo

Es de aprobarse con modificaciones la propuesta con punto de acuerdo por el que La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población, y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; todas las anteriores del Ámbito Federal; replantear las delimitaciones de las Zonas Metropolitanas y considerar la inclusión como Zonas Metropolitanas, para las Ciudades de Delicias, conformada por las Zonas Conurbadas o Municipios de: Rosales, Julimes, Meoqui y Saucillo; Hidalgo del Parral y sus Zonas Conurbadas o Municipios: Valle de Zaragoza, Valle de Allende, San Francisco del Oro, Santa Bárbara Villa Matamoros y Huejoitlan; y Cuauhtémoc y sus Zonas Conurbadas o Municipios: Carichi, Namiquipa, Riva Palacio, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Bachíniva y Guerrero, todas del Estado de Chihuahua, al tenor del siguiente resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al grupo insterisntitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población a realizar el estudio y análisis correspondiente a fin de verificar, bajo los criterios del propio grupo, sí los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Camargo y Jiménez, pertenecientes al estado de Chihuahua, son susceptibles de integrar una nueva zona metropolitana.

Firman los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la honorable Cámara de Diputados, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.

La Comisión de Desarrollo Metropolitano, diputados: Salvador Zamora Zamora (rúbrica), presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Pablo Basáñez García (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo (rúbrica), Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), secretarios; María Ávila Serna (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), José Máximo García López, Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica), Luis Gilberto Marrón Agustín, Rosalina Mazari Espín, Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), María de la Paz Quiñonez Cornejo (rúbrica), María del Rocío Rebollo Mendoza (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Jesús Salvador Valencia Guzmán.»

PONER EN FUNCIONAMIENTO LA COMISIÓN EJECUTIVA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al jefe del gobierno del Distrito Federal, y a los gobernadores del estado de México y de Hidalgo a instalar y poner en funcionamiento la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana del Valle de México

Honorable Cámara de Diputados

El 29 de septiembre de 2015, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-7-63, fue turnada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal; al jefe de Gobierno del Distrito Federal; y, al gobernador del estado de México, a fin de integrar y poner en funcionamiento la Comisión Metropolitana del Valle de México, presentada por el diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVII, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen.

I. Antecedentes.

1.Mediante oficio D.G.P.L. 63-II-7-63, fue turnada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo por, el que se exhorta al Ejecutivo federal; al jefe de Gobierno del Distrito Federal; y, al gobernador del estado de México, a fin de integrar y poner en funcionamiento la Comisión Metropolitana del Valle de México; presentada por el diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. Con Oficio HCD/LXIII/CDM/0011/15, fue remitido a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal; al jefe de Gobierno del Distrito Federal; y, al gobernador del estado de México, a fin de integrar y poner en funcionamiento la Comisión Metropolitana del Valle de México, presentada por el diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para su análisis y posterior discusión en sesión ordinaria de la comisión.

3.Para dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, se reunieron el día 25 de noviembre de 2015, en sesión ordinaria con la finalidad de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al Pleno de esta H. Cámara.

II. Descripción de la propuesta

Primero. La propuesta con punto de acuerdo que se analiza, plantea entre otros lo siguiente:

El federalismo es una forma de distribuir el poder entre distintos órdenes de gobierno, para el ejercicio territorial y competencial de la autoridad, así como para la realización de los fines del Estado de regular las relaciones sociales y garantizar los derechos humanos de sus habitantes.

Es una distribución funcional de competencias entre distintos órdenes de gobierno, que tiene fundamento en diversos artículos de la llamada arte orgánica de nuestra Constitución, de atribuir diferentes grados de autonomía a cada uno de los órganos territoriales del Estado mexicano, si bien de manera coordinada, como la Federación, los Estados y sus municipios, así como el Distrito Federal con sus delegaciones.

De esta forma, el fundamento del federalismo y sus principales partes integrantes nos lleva a considerar que la Constitución en su artículo 40, dispone que: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Republica representativa, democrática laica federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

En su artículo 40, ubicado en el Capítulo I de su Título Segundo, “De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno”, dispone que, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

En su artículo 115, referente a “Los Estados de la Federación y al Distrito Federal”, proclama que, los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, y dispone las bases para que los distintos órganos federados actúen en conjunción armónica de esfuerzos para atender, bajo una planificación y regulación comunes, los fenómenos o problemas que comparten de manera frecuente, como sucede cuando, sin perder formalmente autonomía, dos o más órdenes de gobierno concurren al desarrollo de ciudades conurbadas o de áreas metropolitanas.

Es decir, cuando entre dos o más ciudades situadas en distintos municipios existe o tiende a existir continuidad geográfica, pero particularmente en los casos de poblaciones vecinas que se ubican en municipios de dos o más entidades federativas.

El fenómeno de conurbación, ocurre debido al crecimiento exponencial de las ciudades, y tal continuidad alcanza su mayor diversidad y complejidad en el caso de las megalópolis, donde, la necesidad de planeación y regulación conjunta de las zonas urbanas en conexión geográfica es innegable, por cuanto la interacción de sus habitantes expresada de sus relaciones de convivencia y necesidades colectivas son intensas y cambiantes dada la movilidad y los flujos migratorios del campo, y, de las poblaciones menores hacia los centros urbanos más grandes y que ofrecen mayores oportunidades.

En tales condiciones, el federalismo paradójicamente obliga al ejercicio conjunto de las autonomías, mediante el ejercicio armonizado de atribuciones de cada orden de gobierno y de cada poder o autoridad, esto cuando de la planeación y el desarrollo de las zonas conurbadas y metropolitanas se trata.

Cuestiones relativas a la regulación de los servicios públicos (sobre todo en materia de agua potable y desechos sólidos); el equilibrio ecológico; el transporte; la sustentabilidad; la seguridad pública; el empleo, las comunicaciones y la construcción de obra pública de beneficio común; implican un esfuerzo coordinado permanente entre las áreas conurbanas y las metrópolis. Es decir, que estas actividades, precisamente por su naturaleza, realidad y vinculación, no pueden atenderse en forma simplemente separada.

Por ello, en razón de que los poderes públicos deben cumplir normas relativas a los derechos humanos de sus habitantes, al establecer un diseño ordenado del crecimiento de las ciudades, es que, desde 1976, el Constituyente Permanente estableció, en el artículo 115 fracción VI a mayor abundamiento que:

“VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad geográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia”.

Sobre el mismo tema, el apartado G del artículo 122 constitucional, dispone que:

“Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción VI de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes.

Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones.

A través de las comisiones se establecerán:

a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones en las materias indicadas en el primer párrafo de este apartado;

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones, las funciones específicas en las materias referidas, así como para la aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación; y

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones”.

De lo anteriormente expuesto, por una parte se concluye que, en el marco del federalismo establecido en las normas constitucionales, al Distrito Federal le aplica, al igual que a los estados, el mandato supremo de coordinar acciones con sus pares, mediante la planeación y regulación conjunta del desarrollo de dichos centros urbanos, así como de las zonas metropolitanas.

De tal forma tenemos que:

...la zona metropolitana del valle de México o por sus siglas ZMVM, es el área metropolitana formada por el Distrito Federal y 60 municipios aglomerados uno de ellos en el estado de Hidalgo, los restantes del estado de México.

Y según los resultados del censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2010 esta zona contaba con una población de alrededor de 20 millones de habitantes (tan solo en el Distrito Federal son 8 millones 851 mil 80 habitantes). Según datos de la ONU en 2012, era la tercera aglomeración humana más poblada del mundo.

Lo que implica que, además de la necesaria actualización del mapa demográfico y geográfico atendible, tales centros urbanos requieren de la integración de una coordinación metropolitana o comisión de conurbación, misma que, según algunos funcionarios del gobierno federal, no opera actualmente, a pesar de que el artículo 20 de la Ley General de Asentamientos Humanos, señala su pertinencia.

En efecto, el mencionado precepto de la ley general referida, situado en el Capítulo Cuarto “De las Conurbaciones”, en congruencia con lo establecido en la vigente fracción VI del numeral 115 constitucional, dispone que:

“Cuando dos o más centros de población situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad física y demográfica, la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el fenómeno de conurbación de referencia, con apego a lo dispuesto en esta ley”

De lo expresado con antelación, se concluye que resulta obvio que en el caso de los municipios conurbados del valle de México, es jurídicamente obligatoria que se integre o reestructure en su caso (en todo caso que funcione) una Coordinación Metropolitana del valle de México, a fin de dar cumplimiento al mandato previsto en los artículos 115, fracción VI, y 122 Apartado G de la Constitución, así como a lo establecido al efecto en la Ley General de Asentamientos Humanos, en forma conjunta y coordinada entre los distintos órdenes y órganos de gobierno.

Resulta urgente aprobar por esta Cámara la constitución o reestructuración de la citada Coordinación Metropolitana.

Para ello, entre otras cosas, se tiene en cuenta que, en septiembre de 2014, con motivo de su segundo informe de gobierno, el Presidente de la República anunció la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, programado para iniciar en 2015, en terrenos del ex lago de Texcoco; esto ante la saturación de vuelos que presenta el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

De acuerdo a declaraciones a través de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, el proyecto contempla tres etapas: De 2015 a 2020. Inicia con obras hidráulicas, infraestructura aeroportuaria y la licitación del proyecto. La segunda etapa deberá iniciar en 2020, fase durante la cual se construirán otras 3 pistas con operaciones triples simultaneas. La tercera etapa no se ha detallado, aunque el Presidente anunció que en los terrenos del actual aeropuerto se construirá una zona habitacional con servicios de salud, áreas comerciales, culturales y deportivas y un centro de convenciones para los trabajadores del aeropuerto. De tal forma que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México llegará a su máxima capacidad en 2065.

En ese contexto, un proyecto de tal magnitud conlleva la existencia o inminencia de múltiples impactos; tales como: los ambientales urbanos, las inundaciones, la carencia o insuficiencia de agua potable de uso doméstico, la expansión y el crecimiento desordenado de áreas aledañas al actual y al nuevo aeropuerto que se proyecta, aunado a otros severos efectos que se producirán por la ubicación geográfica de la nueva terminal aérea, incluyendo cierta fragmentación y desarticulación de localidades de esa región, problemas de movilidad, vialidades y transporte, así como como los que atañen a los empleos directos e indirectos asociados actualmente al funcionamiento del aeropuerto internacional Benito Juárez, muchos de los cuales desaparecerán.

En ese orden de consideraciones, incluso, son de citar parte de las conclusiones del foro denominado “Las decisiones económicas de la Ciudad de México”, llevado a cabo en el Museo Nacional de Antropología, el 5 y el 6 de noviembre de 2013:

“Los factores que han alterado la sustentabilidad en la Ciudad de México son: el crecimiento poblacional desordenado y el cambio en los patrones de consumo y producción”.

Además, se tiene registrado que existen 22 millones de viajes diarios entre el Estado de México y la Ciudad de México, lo que repercute en un alto consumo de combustible, daños en la calidad del aire y desechos dejados sobre la infraestructura de la ciudad.

“...avanzar hacia la Ciudad sustentable, requiere tomar decisiones importantes en dos materias: agua y desechos sólidos, e implementar una serie de acciones coordinadas que logren objetivos de gran alcance como los que la Ciudad ya pudo resolver”.

Por lo tanto, es claro que, si, ya en 2013, el número de viajes diarios entre la Ciudad de México y el estado de México fue de 22 millones, es fácil imaginar cómo aumentará de manera exponencial, el número de traslados de una entidad federativa a otra tras la construcción y puesta en operación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con todos los problemas de sustentabilidad que ello implica entre ambas entidades federativas.

Más aún, si los trabajos de la nueva terminal aérea prácticamente ya se han iniciado, e irán creciendo en intensidad en los años siguientes.

Ahora bien, aunado a los problemas de transporte y movilidad urbana descrita, así como los relativos al agua y los desechos sólidos, muy comunes en la zona metropolitana del Valle de México, existen fenómenos sociales de urgente coordinación regional; tales como el aumento a la delincuencia y la contaminación, cuya planeación y regulación conjunta por los poderes y autoridades competentes, es menester consolidar y plantear las estrategias de solución.

Incluso, más allá del marco nacional sobre el tema, es importante considerar que existen documentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, que es un instrumento programático elaborado por organizaciones de la sociedad civil internacional, en el marco del Foro Universal de las Culturas de Barcelona 2004 y Monterrey 2007, a fin de cristalizar los derechos humanos para este milenio, en cuyo artículo 7, sobre el derecho a la democracia participativa, señala que:

“Todos los seres humanos y comunidades y los pueblos en que se integran tienen derecho a participar activamente en los asuntos públicos y a disfrutar de una administración democrática en todos los niveles de gobierno.

Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos:

1. El derecho a la ciudad, que asegura que todo ser humano y toda comunidad encuentren en la ciudad las condiciones para su plena realización política, económica, social, cultural y ecológica.

2. El derecho a la movilidad universal, que reconoce el derecho de toda persona a migrar y establecer su residencia en el lugar de su elección.

3. El derecho universal al sufragio activo y pasivo, que ampara el derecho de toda persona mayor de edad, con independencia de su nacionalidad, al sufragio activo y pasivo en todos los procesos electorales y consultas populares que se celebren en su lugar de residencia habitual.

4. El derecho a ser consultado, que garantiza que el derecho de todos los seres humanos a ser consultados colectivamente en las decisiones que les afecten.

5. El derecho a la vivienda y a la residencia, que garantiza a todo ser humano el derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos significantes, o a tener otro de su libre elección.

6. El derecho al espacio público, a la monumentalidad y a la belleza urbanística, que supone el derecho a un entorno urbano articulado por un sistema de espacios públicos y dotados de elementos de monumentalidad que les den visibilidad e identidad, incorporando una dimensión estética y un urbanismo armonioso y sostenible.

7. El derecho a la movilidad local y a la accesibilidad, pues toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas.

8. El derecho a la conversión de la ciudad marginal en ciudad de ciudadanía, que implica el derecho de toda persona a habitar en zonas urbanas de calidad, con carácter de centralidad.

9. El derecho al gobierno metropolitano o plurimunicipal, que garantiza el derecho de toda persona, por razones de participación y de eficacia de la gestión pública, a un gobierno local de proximidad que, en las regiones más urbanizadas, puede tener una dimensión plurimunicipal o metropolitana”.

Finalmente, en razón de que el artículo 26, Apartado A, de la Constitución mexicana, reconoce el derecho fundamental de los habitantes del país, a la planeación democrática y deliberativa del desarrollo, planeación que, mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo, se propone exhortar al Ejecutivo federal para que establezca procedimientos específicos de participación y consulta popular, así como los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo metropolitano del Valle de México.

Por lo expuesto ante esta soberanía se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Gobernador del Estado de México, a integrar y poner en funcionamiento la Comisión Metropolitana del Valle de México, a fin de coordinarse entre sí y con los ayuntamientos de los municipios y delegaciones del Distrito Federal que conforman dicha zona metropolitana, para efectos de planeación y regulación conjunta del desarrollo urbano, en el ámbito de sus competencias.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en coordinación con las demás autoridades competentes, establezca los mecanismos específicos de participación y consulta popular, por medio de los cuales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo metropolitano del Valle de México, así como, los criterios para su formulación, instrumentación, control y evaluación.

La Comisión de Desarrollo Metropolitano previo estudio y análisis de la citada propuesta, basan su dictamen en los siguientes:

III. Considerandos

Primero. Que esta Comisión es competente para conocer de la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y al gobernador del estado de México, a fin de integrar y poner en funcionamiento la Comisión Metropolitana del Valle de México; presentada por el diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; de conformidad con lo dispuesto por los artículos los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVII, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segundo.Que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es la zona conurbada más poblada del país, al habitar en ella más de 20 millones de mexicanos, concentrando tan solo en el Distrito Federal 8 millones y en ella confluyen los gobiernos del estado de México, del estado de Hidalgo, y del Distrito Federal y en ella concurren 60 municipios y 16 delegaciones, por lo que resulta indispensable la coordinación de autoridades de los tres órdenes de gobierno para la planeación y ordenación del territorio y su desarrollo.

Tercero.Que de conformidad a los artículos 115, fracción VI, y 122, apartado G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la obligatoriedad de constituir una coordinación Metropolitana en el Valle de México y:

Cuarto.Que la Zona Metropolitana del Valle de México está integrada por el estado de Hidalgo (con 1 municipio), por el estado de México (con 59 municipios) y el Distrito Federal (con 16 demarcaciones territoriales) para la conformación de la Zona Metropolitana en comento, por lo que está Comisión recomienda se incluya la participación del gobierno del estado de Hidalgo y el ayuntamiento del municipio correspondiente en la integración de la Comisión Metropolitana del Valle de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en términos de los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVII, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Metropolitano emite el siguiente

IV. Resolutivo

Es de aprobarsecon modificaciones la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al gobernador del estado de México y al gobernador del estado de Hidalgo a fin de instalar y poner en funcionamiento la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana del Valle de Méxicoal tenor del siguiente resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, al gobernador del estado de México y al gobernador del estado de Hidalgo a instalar y poner en funcionamiento la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana del Valle de México, a fin de coordinarse entre sí, con los ayuntamientos de los municipios y delegaciones del Distrito Federal que conforman dicha zona metropolitana, para efectos de planeación y regulación conjunta del desarrollo metropolitano, en el ámbito de sus competencias.

Firman los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Honorable Cámara de Diputados, a los venticinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.

La Comisión de Desarrollo Metropolitano, diputados:Salvador Zamora Zamora (rúbrica), presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Pablo Basáñez García, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo (rúbrica), Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica), Olga Catalán Padilla, Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), secretarios: María Ávila Serna (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), José Máximo García López, Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica), Luis Gilberto Marrón Agustín, Rosalina Mazari Espín, Tomás Roberto Montoya Díaz, María de la Paz Quiñonez Cornejo (rúbrica), María del Rocío Rebollo Mendoza, Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Jesús Salvador Valencia Guzmán.»

BEBEDEROS ESCOLARES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP en materia de bebederos escolares

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fueron turnadas, para su estudio y dictamen, las proposiciones con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, presentadas por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Matías Nazario Morales, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; y el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. A la comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud a difundir la información sobre el avance de la instalación de bebederos de agua potable en los planteles educativos, presentada por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 22 de septiembre de 2015.

2. A la Comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos le fue turnada para su estudio y Dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a agilizar la instalación de bebederos en las escuelas públicas y privadas del país, presentada por el diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 29 de septiembre de 2015.

3. A la Comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa para que informe detalladamente a la opinión pública sobre la instalación de bebederos en las escuelas públicas y privadas de las Entidades Federativas, presentada por el diputado Edmundo Javier Sánchez Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, el 6 de octubre de 2015.

4. A la comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud que publiquen los lineamientos establecidos en la reforma de la Ley General de Infraestructura Física Educativa para garantizar la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada centro escolar, presentada por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 15 de octubre de 2015.

5. En esas fechas, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó las proposiciones en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

6. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.

II. Descripción de la proposición

A. Proposición con punto de acuerdo de la diputada Claudia Sofía Corichi García

En la proposición presentada por la diputada Claudia Corichi, manifiesta la preocupación por conocer los avances que han realizado la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud en razón a la instalación de bebederos en los planteles escolares del país.

La diputada menciona que en México el índice de sobrepeso y obesidad, representan un problema de salud pública. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, el 34.4% de los niños en edad de 5 a 11 años tienen sobrepeso y obesidad, mientras que en los adultos esta condición se presenta en el 73% de la mujeres y en el 69.4% de los hombres.

La promovente señala que la causa central de esta problemática es el consumo de refrescos, ya que en el país se llega a consumir un promedio de 163 litros de refresco por persona al año, es decir, un 40% mayor al de Estados Unidos de América (118 litros).

Una de las medidas que destaca la diputada para disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados es “que los gobiernos, la comunidad científica y las organizaciones de la sociedad civil apoyen e implementen políticas para proteger y promover la elección de alimentos saludables”, acciones que están consideradas en el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en Niños y Adolescentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con lo anterior, se llevó a cabo la reforma a los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares. En dicha modificación se estableció la garantía de contar con los bebederos suficientes y el suministro de agua potable en cada inmueble de uso escolar.

Cabe señalar que “la meta sexenal para la instalación de bebederos era de “40 mil en escuelas públicas y sólo se registra el 6.68% de avance, según dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP), es decir, sólo se han instalado dos mil 675 bebederos, mil 174 durante 2014 y en lo que va del año, mil 500”.

Por tanto, la diputada solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, hagan pública la información sobre el avance de instalación de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar, parte de la Estrategia Nacional para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y al diabetes.

B. Proposición con punto de acuerdo del diputado Matías Nazario Morales

En la proposición presentada por el diputado Matías Nazario, manifiesta la importancia de agilizar la instalación de bebederos en las escuelas del país con el fin de contribuir en la salud de la niñez y disminuir los índices de sobrepeso y obesidad.

El promovente señala que de acuerdo con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. Asimismo, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición muestra que 4.1 millones de escolares presentan sobrepeso y obesidad. Lo anterior, por causa de los malos hábitos alimenticios.

En ese sentido, se llevaron a cabo “reformas a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para que sean instalados bebederos de agua potable en cada escuela del país, tanto públicas como particulares”.

Por tanto, el diputado solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a agilizar la instalación de bebederos en las escuelas públicas y privadas del país.

C. Proposición con punto de acuerdo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

En la proposición presentada por el diputado Edmundo Bolaños, manifiesta la importancia de que se cumpla la reforma a la Ley General de Infraestructura Física Educativa en materia de instalación de bebederos en cada una de las escuelas del país.

El promovente enfatiza que la “reforma tiene un gran mérito ya que la ausencia de bebederos en las escuelas de nuestro país es un factor que influye en el consumo de bebidas azucaradas”.

El diputado alude que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que México ocupa los primeros lugares de obesidad a nivel mundial.

En lo que respecta al suministro de agua potable en las escuelas del país, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición señala que solamente “el 55% de las primarias y el 60% de las secundarias cuentan con agua para beber de manera gratuita”.

La Secretaría de Educación Pública publicó que la meta sexenal para la instalación de bebederos en las escuelas públicas es de 40 mil; sin embargo, “se registra un 6.68 por ciento de avance, es decir, sólo se han instalado 2 mil 675 bebederos, mil 174 durante 2014, y en lo que va del año solo mil 500”.

Cabe señalar que en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay un total de 207 mil 682 planteles de educación básica, por lo que el diputado manifiesta que existe un rezago norme en esta materia.

Por tanto, el diputado solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa para que informe detalladamente a la opinión pública, en el marco del Programa de la Reforma Educativa, el grado de avance en la instalación de bebederos en las escuelas públicas y privadas en cada entidad federativa (cuántos bebederos se han instalado, cuántos necesitan mantenimiento, cuántos se requieren instalar) y asimismo informe cuál es el presupuesto requerido para que se contemplen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2016 con el propósito de proveer bebederos de agua potable en todos los planteles escolares públicos del país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa a que en el ámbito de su competencia, tome las medidas conducentes a fin de cumplir con los plazos establecidos en los artículos Tercero y Sexto Transitorios del decreto publicado el 7 de mayo del 2014 en el DOF que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

D. Proposición con punto de acuerdo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido

En la proposición presentada por el diputado Germán Ralis, manifiesta la preocupación por la instalación de los bebederos en las escuelas del país, y señala que la reforma a la Ley General de Infraestructura Física Educativa “se encuentra sin resolución, lo cual dificulta la real instalación de éstos”.

En cuanto a la exposición de sus motivos, alude que la UNICEF indica que México ocupa el primer lugar en el índice de obesidad infantil. Además, la “Secretaría de Salud informó que México, registró de enero a noviembre pasado 35 mil 157 nuevos casos de obesidad entre niños de 1 a 14 años y 15 mil 626 nuevos casos entre jóvenes de 15 a 19 años”.

La obesidad es un problema en salud pública el cual no sólo la inadecuada alimentación incide en ella, sino también la falta de ejercicio y un orden en el estilo de vida; ya que en la actualidad, la vida sedentaria y la falta de tiempo para comer hace que se generen malos hábitos.

El promovente subraya que únicamente el 55.9% de las primarias y el 60.6% de las secundarias cuentan con agua para beber en las instalaciones, pero sólo el 15% tiene bebederos funcionales. Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud en Escolares, 2008.

En lo que respecta a la reforma de los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, se estableció la garantía de instalar bebederos suficientes y con suministro de agua potable, “pero no ha ocurrido así, y uno de los principales obstáculos para esto es la falta de publicación de los lineamientos mencionados en el Diario Oficial de la Federación”.

Por tanto, el diputado solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se solicita a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública que publiquen en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos establecidos dentro del decreto publicado en mayo de 2014, que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, con el objetivo de garantizar “la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar”.

Segundo. Que la publicación de los lineamientos antes mencionados, sea en un plazo no mayor a 30 días naturales, en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa deberá, al momento de iniciar con el proceso de instalación de los bebederos en las escuelas, proveer un sistema de purificación de agua confiable que contribuya a la salud de los niños y a la economía familiar, además de contribuir a la creación de instalaciones dignas para la niñez. Se asegurará también del correcto mantenimiento, higiene y limpieza de los bebederos, para garantizar la inocuidad y salud de los mismos.

III. Consideraciones de la comisión

1. En opinión de esta comisión dictaminadora, es garantía de las niñas y niños “la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral” (artículo 4o. constitucional). Además, “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” (ídem).

2. La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que en 2013 la cifra de niños lactantes y pequeños de 0 a 5 años que padecen sobrepeso u obesidad fue de 42 millones, 10 millones más que en 1990. En los países con ingresos bajos y medios “la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en edad preescolar supera el 30%”. Se calcula que “en 2010 hay 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países en desarrollo”.

3. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut 2012), muestra que la población en edad escolar (5 a 11 años) con sobrepeso y obesidad fue de 34.4%, es decir, representa alrededor de 5 millones 664 mil 870 niños en México. Las niñas presentan un 20.2% en sobrepeso y 11.8% en obesidad, mientras que los niños fue de 19.5% y 17.4% por ciento, respectivamente.

4. En este sentido, el 7 de mayo de 2014 se decreta la reforma a los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de Bebederos Escolares. Dicha reforma garantiza la “existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública”.

5. En lo que respecta a los lineamientos generales en materia de bebederos escolares y calidad de agua, se cuenta con un anteproyecto del acuerdo referente a los lineamientos generales para la instalación y mantenimiento de bebederos en las escuelas del Sistema Educativo Nacional (SEN). Por ende, no se tiene los lineamientos de manera oficial publicados en el Diario Oficial de la Federación.

6. El Sistema Educativo Nacional debe contar con la infraestructura de bebederos de agua potable, en un plazo máximo de 3 años. El total de escuelas en el Sistema Educativo es de 260 mil 297, de las cuales 216 mil 556 son públicas y 43 mil 741 son privadas. En el Tercer Informe de Gobierno 2014-2015, se menciona que al 31 de diciembre de 2014, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) “instaló bebederos de agua potable en 1,175 centros escolares de nivel básico con una inversión de 58.8 millones de pesos, y al concluir agosto de 2015 se instalaron 497 bebederos más, beneficiando a un total de 185,745 alumnos”. Por tanto, actualmente se han instalado bebederos en 1 mil 672 escuelas, lo que representa un 0.64% del total.

7. En resumen, la comisión dictaminadora considera que la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa debe dar seguimiento puntual de la instalación de los bebederos con suministro de agua potable conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fin de que informe a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el grado de avance en materia de instalación de bebederos escolares y haga pública su respuesta a la brevedad.

Notas:

1 OMS (2015) Datos y cifras sobre obesidad infantil. Recuperado el 18 de noviembre 2015, desde: http://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/es/

2 OMS (2015) Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Sobrepeso y obesidad infantiles. Recuperado el 18 de noviembre 2015, desde: http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/

3 Instituto Nacional de Salud Pública (2013) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales. Segunda edición. Recuperado el 18 de noviembre de 2015, desde: http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales2Ed.pdf

4 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014) Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Artículo 11. Recuperado el 18 de noviembre de 2015, desde: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

5 SEP, SSA e INIFED (2015) Anteproyecto de los lineamientos para la instalación y mantenimiento de los bebederos escolares. Recuperado el 18 de noviembre de 2015, desde: http://www.promocion.salud.gob. mx/dgps/descargas1/programas/acuerdos_bebederos/ACUERDO_Lineamientos_Bebederos_ Sistema_Educativo_Nacional.pdf

6 SEP (2015) Principales cifras del Sistema Educativo Nacional, 2014-2015. Recuperado el 18 de noviembre de 2015, desde: http://planeacion.sep.gob.mx/assets/images/principales_cifras/2014_2015_PRINCIP ALES_CIFRAS_BOLSILLO.pdf

7 Presidencia de la República (2015) Tercer Informe de Gobierno 2014-2015. Página 261 y 262. Recuperado el 18 de noviembre de 2015, desde: http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de diciembre de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), Matías Nazario Morales (rúbrica), Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Jorge Álvarez Máynez (rúbrica), Manuel Alexander Zetina Aguiluz (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica), Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Manuel Jesús Cloutier Carrillo (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamira Córdova Morán (rúbrica), Juana Aurora Cavazos (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez, Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), Ariana Montiel Reyes (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María del Carmen Pinete Vargas, Yulma Aguilar Rocha (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García, Francisco Alberto Torres Rivas, Luis Maldonado Venegas, Francisco Martínez Neri, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica).»

SOLUCIONAR EL CONFLICTO EN EL CANAL 22 DE TELEVISIÓN

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a solucionar el conflicto en el Canal 22 de televisión

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Educación Pública y al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, presentada por los diputados Jesús Emiliano Álvarez López y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIII Legislatura.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

A la Comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos les fue turnado para su estudio y Dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo en la que se exhorta al Secretario de Educación Pública y al Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, presentada por los diputados Jesús Emiliano Álvarez López y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, el 8 de septiembre de 2015.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.

II. Descripción de la proposición

En la proposición presentada por los diputados Jesús Emiliano Álvarez López y Virgilio Dante Caballero Pedraza, los cuales manifiestan su preocupación por la situación que está pasando en el canal 22 de televisión. Los promoventes manifiestan que los trabajadores del equipo editorial emitieron un comunicado en el que expresaban su indignación por la atmosfera de censura y acoso hacia ellos. Dicho comunicado fue publicado en el aniversario del canal en el que manifestaban que tenían muy poco que celebrar ya que existe una “práctica censora sistemática de revisión, mutilación y no emisión de programas, enfáticamente referidos a violencia criminal, social y de Estado, seguridad y violación de derechos humanos”.

Los diputados refieren que la situación está desde hace tres meses, en la que se han cancelado programas de periodismo de investigación, se realizan cambios a la barra informativa nocturna y se atrasan los pagos de honorarios, todo por “presiones directas de la Dirección General”. Por lo cual los trabajadores hacen responsable a Raúl Cremoux López, quien asumió el cargo de Director General del canal 22 desde diciembre de 2012.

Las denuncias realizadas por los trabajadores tuvieron como consecuencia varios despidos.

Por tanto, el Diputado solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y al Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, a solucionar el conflicto en el canal 22 de televisión; asimismo, a realizar las acciones necesarias para preservar este importante medio público.

III. Consideraciones de la comisión

1 Los miembros de esta Comisión Dictaminadora reconocen la importancia de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, ya que son públicos y de interés general. El Estado será el encargado de salvaguardar la eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios públicos.

“En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” (artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión).

2. A la Secretaría de Educación Pública (SEP) le corresponde promover el uso de las tecnologías de la información y de la educación en el sector educativo, fomentando programas de interés cultural, cívico, educativo y recreativo para la población y en especial para los niños y niñas del país. Además de suscitar el respeto a los derechos humanos, así como la perspectiva de género. Por tanto,

“el derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables” (artículo 222 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión).

3 En lo que respecta al canal 22, su misión es “divulgar las mejores expresiones artísticas y culturales de México y el mundo, producir televisión de la más alta calidad, colaborar en la creación de lectores y de públicos para las artes y fomentar una visión crítica de la realidad, con honestidad y eficiencia, en estrecha vinculación con los ciudadanos”. Sin embargo, en estos últimos meses ha pasado por una situación de crisis, en el que se han reducido tiempos o cancelado programas, censura, acoso y despido de trabajadores. Una de las causas por las cuales se justifica el despido de los trabajadores es por el recorte presupuestal; no obstante, los trabajadores han demandado a través de tres comunicados, la situación que actualmente se vive en el canal televisivo. Uno de los comunicados, fue publicado el 22 de junio en la página del trabajador Marco Lara Klahr, en el que describe una atmósfera de censura y acoso y cancelación del periodismo de investigación. Otro de los comunicados, es una carta que fue publicada en la página de www.change.org, una plataforma mundial para realizar peticiones y que las personas puedan firmar a favor de la causa y hacerla extensiva entre sus contactos de las redes sociales. En esa ocasión los trabajadores Fabrizio Mejía y Marco Lara Klahr, son los que exigen “la intervención del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Educación Pública, el Congreso de la Unión, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Federal de Telecomunicación para fiscalizar la gestión de Cremoux y asumir sus facultades legales asegurándose de que el Canal 22 retome su función de interés público”.

4. Otra carta publicada el 28 de junio del presente año en la página del trabajador Marco Lara Klahr, exigen al Director General del Canal 22, Raúl Cremoux López, el derecho de réplica y un debate público. Por considerar “por considerar que desde el inicio de su mandato ha establecido una Dirección basada en acoso laboral, censura y abuso de autoridad, en nuestro perjuicio y el del público televidente, dicho servidor público ha emprendido contra nosotros una campaña sistemática de denostación en medios de comunicación”.

5 Cabe señalar, que el 04 de octubre del presente año, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, emitió un comunicado en el que se nombra como Director General del Canal 22 a Ernesto Velázquez Briseño. Con lo anterior, se espera que el nuevo director solucione los problemas que se han generado en la comunidad del canal y garantizar que el canal 22 siga ofreciendo “una visión amplia de la cultura que propicie el desarrollo democrático de la nación y sea un medio de expresión de la pluralidad del país”.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, a solucionar el conflicto en el canal 22 de televisión; asimismo, a realizar las acciones necesarias para preservar este importante medio público.

Notas

1 Canal 22 (2009) Manual de Organización del canal 22, Televisión Metropolitana S.A. de C.V. Recuperado el 25 de noviembre de 2015, desde: https://www.canal22.org.mx/transparencia/manualorg.pdf

2 Comunicado sobre el canal 22 el 22 de junio de 2015, desde: http://marcolaraklahr.mx/en-atmosfera-generalizada-de-censura-y-acoso-el-canal- 22-cancela-periodismo-de-investigacion/

3 Carta publicada el 23 de junio de 2015, desde: https://www.change.org/p/al-instituto-federal-de-telecomunicaciones-a-la-secret ar%C3%ADa-de-educaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-al-consejo-nacional-en-defensa-del-can al-22

4 Carta publicada el 28 de junio de 2015, desde: http://marcolaraklahr.mx/wp-content/uploads/2015/06/CARTA2_CANAL22_JUN25_2015_O K-2.pdf

5 SEP (2015) Comunicado 292. Presenta el secretario de Educación Pública su equipo de trabajo, desde: http://www.comunicacion. sep.gob.mx/index.php/comunicados/octubre-2015/1260-comunicado-292-presenta-el-s ecretario-de-educacion-publica-su-equipo-de-trabajo

6 Canal 22 (2009) Manual de Organización del canal 22, Televisión Metropolitana S.A. de C.V. Recuperado el 25 de noviembre de 2015, desde: https://www.canal22.org.mx/transparencia/manualorg.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de diciembre de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), Matías Nazario Morales (rúbrica), Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Jorge Álvarez Máynez (rúbrica), Manuel Alexander Zetina Aguiluz (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica), Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Manuel Jesús Cloutier Carrillo (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamira Córdova Morán (rúbrica), Juana Aurora Cavazos (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez, Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), Ariana Montiel Reyes (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María del Carmen Pinete Vargas, Yulma Aguilar Rocha (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García, Francisco Alberto Torres Rivas, Luis Maldonado Venegas, Francisco Martínez Neri, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica).»

VERIFICAR LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS EN EL SISTEMA BRAILLE DE TODO EL PAÍS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos a verificar la distribución oportuna de los ejemplares en el sistema braille de todo el país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, presentada por el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, de la LXIII Legislatura.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

A la Comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos les fue turnado para su estudio y Dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo en la que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, presentada por el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 10 de noviembre de 2015.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.

II. Descripción de la proposición

En la proposición presentada por el diputado Francisco Javier Pinto Torres, quien manifiesta la importancia de la entrega oportuna de los libros de texto gratuito en braille a los alumnos con discapacidad visual, para que éstos tengan un punto de partida común al de la educación regular.

El promovente menciona que “la inclusión educativa va más allá de la simple inscripción y asistencia de niñas y niños con discapacidad en los planteles regulares”. La inclusión es la integración de los alumnos con alguna discapacidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje regular.

El proceso de inclusión educativa “busca asegurar el acceso, permanencia, tránsito, participación y aprendizaje de todas y todos los alumnos, poniendo especial atención en quienes enfrentan o están en peligro de enfrentar exclusión y marginación”. Para ello, es importante que en la escuela se realicen las adaptaciones necesarias para garantizar el máximo logro de los alumnos, a través de los apoyos y materiales idóneos, los métodos y la infraestructura educativa.

En lo que respecta a la discapacidad visual, el diputado destaca que “de cada 100 personas con dificultades para ver en edad escolar, 53 asisten a la escuela”, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y para que estas niñas y niños con discapacidad visual asistan y se integren al Sistema Educativo Nacional, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) está comprometida a producir y distribuir libros de texto en braille, como un derecho social que permite la equidad en la escuela.

No obstante, “en el estado de Colima, las maestras y maestros de diversas escuelas han manifestado que no han recibido los libros en Braille y en Macrotipo que les permitan brindar la atención educativa necesaria a los alumnas y alumnos con discapacidad visual inscritos en las escuelas regulares”.

Por tanto, el diputado solicita al pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que verifique la distribución oportuna de los libros de texto gratuitos en Braille dentro del territorio nacional e implemente las acciones necesarias para supervisar dicha distribución.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos a verificar que los libros de texto gratuitos en Braille hayan sido entregados en todo el país y, en su caso, entregar sin dilación alguna el material educativo faltante.

III. Consideraciones de la comisión

1. Los miembros de la Comisión Dictaminadora reconocen que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad “tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la presente Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables. (...) Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes” (artículo 53 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes [LGDNNA]). Asimismo, “niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible” (artículo 54 de la LGDNNA).

2. Los libros de texto gratuito fungen un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de educación básica. Con los libros de texto gratuito se da garantía del derecho a la educación a través de tres postulados: laicidad, gratuidad y obligatoriedad.

3. La educación, forma parte fundamental en el desarrollo integral del ser humano, en todos los momentos de su vida, ya sea en el seno familiar, en la escuela, en la comunidad o en actividades sociales. La educación, es un “medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad” (artículo 2 de la Ley General de Educación). Por tanto, los libros, materiales didácticos y contenidos educativos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) deben ser conforme a lo establecido en el artículo tercero constitucional y a los artículos 7 y 8 de la Ley General de Educación.

4. En cuanto a la inclusión educativa, su importancia radica en la integración de todo ser humano al proceso de enseñanza-aprendizaje, con todo lo que implica, métodos, usos del conocimiento, herramientas y recursos. En el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se establece que la Secretaría de Educación Pública (SEP) “promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional”. Para ello, se deben realizar algunas acciones, entre ellas, incorporar a la enseñanza el Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana, “fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad” (fracción VII de la LGIPD).

5. De acuerdo con el Inegi, en el 2010, había 4 millones de personas discapacitadas, de las cuales 1 millón presentan discapacidad visual. Cabe señalar, que sólo el 20% en edad escolar tiene problemas visuales; pero a pesar de ser una minoría considerable, los niños y las niñas tienen el derecho a integrarse a la educación formal.

6. En lo que respecta al tema de la distribución de los materiales educativos en braille, en 2013, el Conaliteg concluyó la entrega de más de 32 mil materiales educativos en el mes de diciembre; y en 2014, se finalizó la entrega de más de 66 mil libros en formato macrotipo y braille hasta el 31 de diciembre. Quedando pendientes únicamente 3 mil 33 ejemplares Braille de secundaria que fueron entregados a más tardar el 6 de marzo del 2015. Con lo anterior, se observa que existe un retraso por parte de Conaliteg para la entrega oportuna de los libros de texto en braille, tanto de primaria como de secundaria.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que verifique la distribución oportuna de los libros de texto gratuitos en Braille dentro del territorio nacional e implemente las acciones necesarias para supervisar dicha distribución.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos a verificar que los libros de texto gratuitos en Braille hayan sido entregados en todo el país y, en su caso, entregar sin dilación alguna el material educativo faltante.

Notas:

1 AMFECCO (2010) Estadísticas de problemas visuales en México. Recuperado el 25 de noviembre de 2015, desde: http://www.amfecco.org/article_estadisticas.php

2 Conaliteg (2013) Producción y distribución de libros en macrotipo y código braille. Recuperado el 25 de noviembre de 2015, desde: http://www.conaliteg.gob.mx/index.php?view=article&id=224

3 Conaliteg (2014) Programa Institucional de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 2014-2018. Logros 2014. Recuperado el 25 de noviembre de 2015, desde: http://www.hacienda.gob.mx/ LASHCP/pnd/11pi_conaliteg.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de diciembre de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), Matías Nazario Morales (rúbrica), Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Jorge Álvarez Máynez (rúbrica), Manuel Alexander Zetina Aguiluz (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica), Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Manuel Jesús Cloutier Carrillo (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamira Córdova Morán (rúbrica), Juana Aurora Cavazos (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez, Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), Ariana Montiel Reyes (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María del Carmen Pinete Vargas, Yulma Aguilar Rocha (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García, Francisco Alberto Torres Rivas, Luis Maldonado Venegas, Francisco Martínez Neri, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica).»

APOYAR A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO POR SU GRAVE CRISIS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a apoyar a la Universidad Autónoma de Guerrero por su grave crisis

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados le fue turnada, para su análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para apoyar a la Universidad Autónoma de Guerrero por su grave crisis, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 66, 67, 68, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente

Metodología

Esta comisión, responsable del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado denominado “ Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y del recibo de turno de esta Comisión para emitir el dictamen correspondiente.

II. En el apartado titulado “ Contenido de la proposición” se resume el objetivo del punto de acuerdo que nos ocupa.

III. En el apartado “ Consideraciones”, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes

Primero: Con fecha 27 de octubre de 2015, las y los diputados María Verónica Muñoz Parra, Beatriz Vélez Núñez, Silvia Rivera Carbajal, Ricardo Taja Ramírez, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, Julieta Fernández Márquez, Marbella Toledo Ibarra, Victoriano Wences Real, Lluvia Flores Sonduk, Roberto Guzmán Jacobo, Arturo Álvarez Angli, David Jiménez Rumbo y Salomón Majul González, de diversos grupos parlamentarios, presentaron ante el pleno de esta H. Cámara, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para apoyar a la Universidad Autónoma de Guerrero por su grave crisis.

Segundo: En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Las y los diputados proponentes señalan que, fundada el 22 de junio de 1960, fue promulgada la creación de la Universidad de Guerrero, para dar atención a las necesidades educativas de las y los jóvenes del estado. No obstante las dificultades que se han sufrido en la entidad, la Universidad Autónoma de Guerrero “es una institución pública”, que cuenta con campus en siete ciudades de la entidad y que imparte treinta y cuatro carreras a nivel licenciatura y veintinueve post grados, en las diversas áreas del conocimiento.

Indican los proponentes que, a pesar de las condiciones adversas, la Uagro se ha preocupado por superar su nivel educativo, “profesionalizando a su plantilla docente, mejorando las instalaciones físicas educativas y participando en múltiples eventos académicos, deportivos y culturales”, por lo cual ahora se sitúa por encima de la media nacional en calidad educativa, recibiendo con ello diversos reconocimientos como el otorgado por el Consorcio de Universidades Mexicanas.

Asimismo, las y los proponentes especifican que la matrícula total de la Uagro es de 82 mil 770 alumnos y que “el costo promedio por alumno del ciclo escolar 2014-2015 es de los más bajos... [situándola] en el penúltimo lugar del total de las universidades públicas estatales, con un importe de 44 mil 5 pesos...”

Sin embargo, el gobierno estatal adeudaba, al 30 de septiembre pasado, un subsidio ordinario de “520 millones 114 mil 997 pesos” y el gobierno federal, la cantidad de “162 millones 835 mil 971 pesos, como aportación estatal de fondos extraordinarios federales”.

Adicionalmente, señalan las y los proponentes que la Universidad tiene un déficit en su nómina superior a los 266 millones de pesos, mismos que generarán graves dificultades tomando en consideración los compromisos que, con sus trabajadores, tiene la propia institución en este fin de año. De la misma manera, señalan las y los proponentes que el pasivo laboral agrava esta situación, dado que 1,173 trabajadores que han debido pasar a retiro, no lo han hecho para lo cual se ha propuesto la creación de un programa de retiro voluntario, estableciendo una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de cubrir, paulatinamente, los 1,971 millones 367 mil 162 pesos que se requieren.

Por todo lo anterior, las y los proponentes sometieron a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal a apoyar a la Universidad Autónoma de Guerrero debido a la grave crisis que enfrenta.

III. Consideraciones

Primera. Tras el análisis detallado de la propuesta y coincidir, en términos generales, con los argumentos expuestos en la proposición con punto de acuerdo referida en el presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora estima procedente la proposición con punto de acuerdo, toda vez que la formación profesional que provee la Universidad Autónoma de Guerrero y todas las instituciones públicas de educación superior del país, resultan de particular importancia para las y los jóvenes.

Al respecto, consideramos conveniente mencionar que, en cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo Federal debe velar por garantizar el derecho al acceso a la educación para todas las personas que así lo deseen.

Es por ello que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica en sus fracciones VII y VII, que:

“VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

“VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan...”

Con base en el anterior artículo constitucional, se establecen las libertades que la autonomía otorga a las universidades y demás instituciones de educación superior así como la obligación del Congreso de la Unión para fijar las aportaciones económicas que la federación, los estados y los municipios deberán destinar a cumplir con la función social educativa, incluyendo la que se refiere a la educación superior.

Segunda. Como se sabe, a partir del primero de enero de 2015, entró en vigor el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobado por esta honorable Cámara de Diputados y en el cual se contempla la erogación de 2,146,515,387 pesos, destinados para el programa U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES, dentro del gasto del Ramo 11 Secretaría de Educación Pública.

En el mismo sentido, el propio Presupuesto contuvo la cantidad de 59,095,294,815 pesos para el programa de SubsidiosFederales para Organismos Descentralizados Estatales.

Asimismo, la estrategia programática del propio Presupuesto de Egresos, indica:

“Conforme al compromiso establecido en el PND 2013-2018 de incrementar la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80 por ciento y 40 por ciento respectivamente, así como elevar la calidad de los servicios educativos para mejorar la formación de las capacidades y los valores de los jóvenes, a fin de ofrecer alternativas de desarrollo educativo congruentes con el entorno económico, político, social, cultural y tecnológico de la nación, la SEP será la encargada del establecimiento de normas y políticas para la planeación y organización de la Educación Media Superior y Superior en sus diferentes tipos y modalidades, orientada bajo los principios de equidad y calidad, en los ámbitos Federal y Estatal, a fin de ofrecer alternativas de desarrollo educativo congruentes con el entorno económico, político, social, cultural y tecnológico de la nación.

...

...

“Asimismo, cabe destacar el Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, en el que se consolidan los recursos que están destinados a contribuir con la prestación del servicio educativo que proporcionan los Organismos Descentralizados Estatales que actualmente existen en las entidades federativas, como son las Universidades Públicas Estatales, las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, los Institutos Tecnológicos Descentralizados y las Instituciones de educación media superior descentralizadas.

“En complemento a lo anterior, se continuará apoyando a estas instituciones a través de los Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, y de los Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES.”

En este sentido, la situación que presenta la Universidad Autónoma de Guerrero así como las demás instituciones de educación superior, debido a sus características y con base en la información proporcionada por las y los proponentes, esta dictaminadora considera pertinente que, con base en lo establecido en la Estrategia Programática, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, el gobierno federal avance en la resolución de la problemática que aqueja a la las instituciones públicas de educación superior.

Tercera.Tomando en cuenta lo anterior, la dictaminadora coincide con las y los proponentes en el sentido de la importancia de atender la problemática que se presenta en algunas universidades e instituciones de educación superior a lo largo del territorio nacional, razón por la cual la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos logro un incremento de 5,126,788,249 millones de pesos adicionales al proyecto recibido del Ejecutivo Federal al Ramo 11 de Educación Educativa, por lo que el gran esfuerzo realizado por esta Soberanía para garantizar recursos destinados a este fin, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, consistentes en asignar la cantidad de 119,429,023 pesos para el Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES (Anexo 29.1) para la Universidad Autónoma de Guerrero así como la ampliación de 500 millones de pesos para el programa U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES, respecto del proyecto enviado por el Ejecutivo que contemplaba la cantidad de 2,213,057,364 pesos, mismos que son concursables y a los cuales tienen acceso las 34 universidades públicas del país.

Finalmente, esta Comisión Dictaminadora considera procedente el Acuerdo propuesto por las y los diputados que suscribieron este punto, con la finalidad de coadyuvar con las instituciones de educación superior para el cumplimiento de su objeto social.

Cuarta.No obstante lo anterior, esta Dictaminadora considera indispensable realizar algunas modificaciones a la proposición con la finalidad de dirigir el exhorto correspondiente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través del Secretario de Educación Pública y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, sea atendida la problemática estructural de la instituciones de educación superior derivada de las dificultades para cubrir con los compromisos presupuestales establecidos, principalmente en materia laboral, derivados de los derechos adquiridos de las y los trabajadores de esas instituciones.

Adicionalmente, esta Comisión Dictaminadora considera que debe asumir su papel de coadyuvante en el presente asunto, para lo cual es indispensable dar el seguimiento correspondiente a través de la información que reciba de las dependencias involucradas, para lo cual se propone modificar el resolutivo propuesto por los promoventes.

Por lo todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, de manera respetuosa, al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través del secretario de Hacienda y Crédito Público y del secretario de Educación Pública sea remitida a esta soberanía información relativa a las dificultades estructurales que sufren las instituciones de educación superior, principalmente la Universidad Autónoma de Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de diciembre de 2015.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica en contra), Martha Hilda González Calderón, Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica en contra), Matías Nazario Morales, Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica en contra), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Jorge Álvarez Máynez (rúbrica en contra), Manuel Alexander Zetina Aguiluz (rúbrica en contra), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica en contra), Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica en contra), Manuel Jesús Cloutier Carrillo (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamira Córdova Morán (rúbrica), Juana Aurora Cavazos (rúbrica en contra), Delfina Gómez Álvarez, Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), Ariana Montiel Reyes (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María del Carmen Pinete Vargas, Yulma Aguilar Rocha (rúbrica en contra), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García, Francisco Alberto Torres Rivas, Luis Maldonado Venegas, Francisco Martínez Neri, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica en contra), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica).»

DIFUNDAN LOS AVANCES CONSEGUIDOS POR EL GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a difundir por el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de las Mujeres los avances conseguidos por el grupo interinstitucional para prevenir el embarazo en adolescentes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos, así como el artículo 80, 82, numeral 1; 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 176 del Reglamento de Cámara de Diputados y demás relativos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrollo los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe.

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en el que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones” los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 8 de octubre de 2015, la diputada Angélica Reyes Ávila, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, sometió a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Gobernación, para que a través del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de las Mujeres se difundan los avances conseguidos por el grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes.

2. En misma fecha, 8 de octubre de 2015, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaria de gobernación, para que a través del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de las Mujeres difunda los avances conseguidos por el grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes, para establecer los parámetros y mediciones estadísticas necesarias para dimensionar esta problemática a nivel nacional.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo primero:

“ Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

Por lo que es una materia de derechos humanos regulada en nuestra Ley Suprema y como tal debe dársele el análisis requerido, en virtud de salvaguardar los derechos de las y los mexicanos a la vida, la libertad, integridad y seguridad.

Segunda.De igual manera el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres e implícitamente los derechos reproductivos de todas las y los mexicanos:

“ Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, como un derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad.

Es así que el derecho a la igualdad es uno de carácter social y universal, elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases tendientes eliminar la situación desigualdad que existe de facto entre hombres y mujeres.

Tercera. La proposición señala “...de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos.

Asimismo, refiere que cada año, unos 3 millones de adolescentes de los 15 a los 19 años se someten a abortos peligrosos.

El problema del embarazo en adolescentes es también una preocupación a nivel nacional.”

La comisión reconoce que el embarazo no intencionado, ya sea por falta de planificación o no deseado, en adolescentes es una cuestión de salud pública común en el mundo. Los embarazos en estos grupos de adolescentes ocurren con frecuencia y están relacionados en mayor medida con riesgos de resultados adversos para las madres adolescentes y sus bebés.

Asimismo la proposición destaca “Datos de la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid 2014), señalan que la edad media para el inicio de la vida sexual de las mujeres es a los 18 años, lo que representa un año menos en comparación con la Enadid 2009.”

El problema más evidente en esta situación es la de los riesgos asociados a un embarazo juvenil, toda vez que este presenta varias consecuencias no solo físicas y psicológicas para la madre sino de índole social como el aislamiento, abandono de estudios, depresión, etc.

Por lo que la proposición destaca: “Dichas tendencias se reflejan en el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes, mismo que se ha incrementado de 15.6 por ciento en 2003 a 18.7 por ciento en 2012.

De acuerdo con la Enadid de 2014, de las adolescentes de 15 a 19 años que declararon haber tenido relaciones sexuales, 44.9 por ciento dijo no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual.”

Por lo anterior, la presente Comisión considera prioritario la implementación de políticas públicas eficaces que fomenten el uso de anticonceptivos que protejan a las y los adolescentes mexicanos de consecuencias como un embarazo no deseado o del contagio de ETS que puedan poner en peligro no solo su vida sino la de su pareja.

Cuarta. La Comisión dictaminadora expresa su interés en la obtención de información estadística que permita conocer el impacto de las políticas públicas vigentes, para poder evaluar el desempeño de cada una y cuantificar los avances obtenidos.

Quinta.Esta Comisión esta consiente que la creación de la “Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes” (Enapea) supone un gran avance en la materia, ya que propone la creación de programas interinstitucionales y transversales que fomentan una cultura sexual segura e integral.

Sexta. La Comisión coincide en que desde la creación de la Enapea, no se han publicado datos suficientes para poder contabilizar el trabajo realizado por las diferentes entidades que la integran, por lo que considera importante la publicación de datos que permitan observar los indicadores de desempeño y la consecución de objetivos por parte de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación, para que a través del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de las Mujeres difunda los avances conseguidos por el grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados:Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), Angélica Reyes Ávila, secretarias; Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica), Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica).»

FORTALEZCAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES QUE HABITAN EN ZONAS RURALES DEL PAÍS Y DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, la Sagarpa y los gobiernos de Veracruz, Oaxaca, estado de México, Guerrero y Michoacán a fortalecer las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las habitantes de zonas rurales del país y sus demarcaciones territoriales

Honorable Asamblea

La Comisión de Igualdad de Género de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género encargada del análisis y dictamen de los puntos de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de las proposiciones con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de las proposiciones en el que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 27 de octubre de 2015, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y del Gobierno del Estado de Oaxaca, a fin de fortalecer las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales en dicha entidad.

2. En fecha 28 de octubre de 2015, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dichas proposiciones con punto de acuerdo fueran turnadas a la Comisión de Igualdad de Género, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo, en su conjunto tiene por objeto, exhortar a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y del Gobierno del Estado de Oaxaca, a fin de fortalecer las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales en dicha entidad, en pleno reconocimiento del rol e importancia de las mujeres rurales como colaboradoras fundamentales de la economía del mundo, incrementando la productividad agrícola y rural; así como velando por la seguridad alimentaria que contribuya a reducir los niveles de pobreza en sus familias y comunidades.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo primero la tutela de los derechos humanos reconocidos en ella y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Es decir; el marco constitucional define la protección de los derechos de todas las personas, para gozar de los derechos humanos que establece la carta magna, así como los tratados internacionales, constituyéndose con ello el principio de igualdad en su más amplio sentido universal.

Asimismo, en el artículo 4o. de la Ley suprema en referencia, establece el principio de igualdad en los siguientes términos:

“El varón y la mujer son iguales ante la ley...”

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, como un derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad.

El derecho a la igualdad, es un derecho social y universal, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre hombres y mujeres.

Segunda.Ahora bien, en lo referente al exhorto que nos ocupa, cabe hacer las siguientes apreciaciones:

En cumplimiento a los tratados de los que nuestro país es parte, tales como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la cual en materia de Pobreza y Desarrollo Rural establece las siguientes recomendaciones:

“21. El Comité insta al Estado Parte a aplicar una estrategia eficaz para incorporar las perspectivas de género en todos los planes nacionales y a estrechar los vínculos entre los planes nacionales para el desarrollo y la erradicación de la pobreza y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación contra la Mujer, a fin de asegurar la aplicación efectiva de todas las disposiciones de la Convención. El Comité pide al Estado Parte que, en su próximo informe periódico, incluya información sobre los efectos de las políticas macroeconómicas, incluidos los acuerdos comerciales regionales, sobre las mujeres, en particular las que viven en zonas rurales y trabajan en el sector agrícola”.

Por su parte la Plataforma de Acción de Beijín 1995, establece dentro de sus objetivos específicos:

“A.3. Dar a la mujer acceso a mecanismos e instituciones de ahorro y crédito. A.4. Formular metodologías basadas en el género y realizar investigaciones para abordar el problema de la terminación de la pobreza”

Las nuevas acciones de Beijin+5 establecen:

“71.b) Adaptar políticas y mecanismos ambientales y agrícolas, cuando corresponda, a fin de incorporar una perspectiva de género y, en cooperación con la sociedad civil, apoyar a los agricultores, en particular las agricultoras y las personas que viven en esas zonas rurales, con programas de educación y capacitación. 73.c) Aumentar, cuando proceda, y utilizar eficazmente las inversiones financieras y otros recursos en el sector social, especialmente en la educación y la salud, a fin de lograr la igualdad entre los géneros y la potenciación del papel de la mujer como estrategia central de las actividades de desarrollo y erradicación de la pobreza. 73.d) Procurar reducir la cantidad desproporcionada de mujeres que viven en la pobreza, especialmente en las zonas rurales, mediante la puesta en marcha de programas nacionales de erradicación de la pobreza que tengan en cuenta la perspectiva de género y la potenciación del papel de la mujer, e incluyan el logro de objetivos a corto y a largo plazo.”

Todo ello tendiente a lograr consolidar el empoderamiento de las mujeres rurales y garantizar con ello condiciones de igualdad en el acceso a las oportunidades en las mismas condiciones que los hombres.

Tercera.Que en el derecho interno mexicano rige la Ley General de Igualdad entre Mujeres y hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, y que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.

Cuarta.En tal sentido y con la finalidad de ilustrar la situación que prevalece en el medio rural, se cita el siguiente análisis: “las mujeres en el medio rural. En nuestro país, la población rural se integra por 24.2 millones de habitantes ubicados en 196 mil localidades menores de 2,500 habitantes a lo largo del territorio nacional, se caracteriza por vivir en condiciones de pobreza inferiores a la población urbana, el grado de marginación de estas localidades no es homogénea, varía entre entidad federativa y grupos sociales; obviamente es mayor en localidades que no se han beneficiado por el desarrollo económico y social. Tipo de pobreza Urbana Rural Nacional Alimentación 7.5 24.5 13.8 Capacidades 13.6 32.7 20.7 Patrimonio 35.6 54.7 42.6 Cuadro 1 Porcentaje de personas en condición de pobreza, 2006 Fuente: Centro Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo. Coneval 1992-2006. Los mayores porcentajes de pobreza están en el sector rural, esta situación se traduce en un alto grado de marginación y falta de oportunidades para el desarrollo de la población de zonas rurales que padece pobreza alimentaria, población que cuenta con un ingreso per cápita insuficiente para adquirir una alimentación mínima aceptable; pero también pobreza de capacidades, que si bien la población puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, su ingreso es insuficiente para realizar inversiones mínimas aceptables en la educación y salud de cada uno de los miembros del hogar, y la pobreza de patrimonio, que si bien la población puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, educación y salud, su ingreso es insuficiente para adquirir mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada uno de los miembros del hogar”. Datos que nos reflejan la necesidad que sufren las mujeres en las zonas rurales, que históricamente han alargado la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en las diferentes entidades federativas sobresaliendo según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán; “En 2010 y 2012 Chiapas fue la entidad federativa con mayor porcentaje de personas con rezago educativo (35 y 33.5 por ciento, respectivamente). Asimismo, en este último año Oaxaca, Guerrero y Michoacán presentaron el mayor rezago educativo (27.7, 26.8 y 26.1 por ciento, respectivamente). • En 2012, 64.5% de la población de Chiapas con regazo educativo era rural y 35.5% urbana. Asimismo, 13.9% tenía menos de 18 años de edad”.

Quinta.Si hablamos de empoderamiento de las mujeres, se deben plantear las mejores estrategias para que los entes de gobierno encargados de estas, tengan las herramientas necesarias, para lo cual a continuación el extracto de un artículo publicado en el Periódico “El Financiero”, respecto de la opinión de la periodista Isabel Cruz, donde destaca aspectos relevantes derivados de un Estudio realizado a tres casos en zonas rurales del país: “Los tres casos estudiados –Centro Comunitario Centéotl, Red Nacional de Mujeres Rurales y Visión Indígena-, muestran buenas prácticas que denotan un entendimiento amplio del empoderamiento. Parte de la sistematización de este estudio, mostró que cada una de estas organizaciones sociales –con orígenes distintos, métodos de trabajo y condiciones de financiamiento variadas- coinciden mayoritariamente en la búsqueda para empoderar a la mujer rural a través del acceso a servicios financieros, principalmente ahorro y crédito. Otro de los elementos comunes ha sido el aprovechamiento de espacios de reunión de las mujeres para capacitarlas y sensibilizarlas sobre derechos y equidad de los géneros –y en algunos casos se ha hecho extensivo a los hombres-, asimismo, coinciden los esfuerzos por generar vínculos de la mujer rural hacia actividades productivas para generar ingresos propios o incrementar el ingreso familiar”.Todo se resume a la capacidad para dotar a las mujeres a créditos y accesos financieros para hacerlas autosustentables, con una injerencia importante en el mercado global que repercute en beneficios directos que ayudan al crecimiento y desarrollo de la nación. Datos duros que nos obligan como legisladoras y legisladores, a ser la voz de quienes nos eligieron, para coadyuvar desde nuestra esfera de competencia, no solo legislando, sino exhortando de manera respetuosa a las Autoridades a quienes compete la implementación y ejecución de políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en las zonas vulnerables como lo son las zonas rurales.

Sexta. En dicho tenor, si bien es cierto, que con fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de 04 de junio de 2015, la LXII Legislatura modificó los artículos 36 y 46 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual establece, en sus artículos 36 fracción VIII, la incorporación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y en el artículo 46 Ter; estipula las facultades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de las que se desprende entre otras:

• Coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia agraria;

• Delinear, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, incluyendo a las de origen étnico;

• Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres que habitan en zonas rurales, incluyendo a las de origen étnico;

• Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los ejidos y comunidades agrarias;

• Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley;

• Constituir un padrón sobre las unidades destinadas para las mujeres a las que se refieren los artículos 63 y 71 de la Ley Agraria, con base en la información contenida en el Registro Agrario Nacional;

• Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa.

Contenido del que se desprende las acciones vinculantes de las Secretarías en comento; sin embargo, esta comisión considera viable el exhorto, dado que la legisladora proponente lo solicita de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como del Gobierno del estado de Oaxaca con el fin de fortalecer las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales en el Estado de Oaxaca, bajo el siguiente argumento:

Séptima. Dentro de la exposición de motivos, la promovente hace mención:

Que no obstante de que el papel de la mujer rural es de suma importancia, tan es así que este año Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, en su mensaje, relacionado con el día internacional de la mujer rural, hizo énfasis en el papel de las mujeres rurales al constituir “una porción significativa, vital y considerable de la humanidad. Son agricultoras y trabajadoras rurales, especialistas en horticultura y vendedoras en mercados, empresarias, y líderes comunitarias... su labor es crucial no solo para el progreso de los hogares rurales y las economías locales, sino también para las economías nacionales, a las que contribuyen participando en cadenas de valor agrícolas”.

De igual manera y en virtud de que a nivel nacional, la población rural femenina se concentra en un número reducido de entidades federativas: en 2014, una de cada tres mujeres rurales reside en Veracruz, Oaxaca o el Estado de México. No obstante, al interior de estas entidades, la de mayor proporción de mujeres rurales se presenta en Oaxaca, donde 52% de las mujeres viven en localidades de menos de 2,500 habitantes, las y los diputados integrantes consideramos que el exhorto base del presente dictamen no solo debe concentrarse al estado de Oaxaca, sino además incluir a las entidades federativas en las que se cristalice la necesidad de fortalecer las políticas públicas tendentes a mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales de manera enunciativa más no limitativa, los estados de Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Con respecto a la participación de las mujeres rurales en las actividades económicas, la información del segundo trimestre de 2015 muestra que el 66.21% de las mujeres residentes en zonas rurales se encuentran ocupadas en actividades poco calificadas, relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca y de estas, 7 de cada 10 son trabajadoras remuneradas con menos de dos salarios mínimos mensuales, además de no tener acceso a las prestaciones de ley.

Esta proporción es diametralmente contrastante con el dato de derechohabientes de género femenino en asentamientos urbanos donde el indicador señala que el 66.9 % de las mujeres urbanas es derechohabiente de por lo menos una institución de salud, y donde el 75.3 % de las mujeres que laboran en asentamientos urbanos reciben entre 1 a 5 salarios mínimos mensuales por su trabajo.

Si bien en todo el territorio nacional contamos con una importante participación de mujeres rurales, en Oaxaca esta proporción es mayor a la media nacional, además de presentar características que las hacen particularmente vulnerables, aspecto que demanda de acciones específicas, que las pueden empoderar en el aspecto económico y social, para mejorar su calidad de vida, pues esta entidad federativa tienen una mayor proporción de mujeres rurales, al menos el 52.3% (970 mil), viven en localidades de 2,500 habitantes.

Entre otras situaciones que denotan las condiciones en que viven las mujeres rurales con oportunidades prácticamente nulas, de ahí la importancia por reivindicar el papel que juegan al frente de las explotaciones agrarias y la comercialización de los productos que de ahí se derivan.

Octava. La Comisión dictaminadora ve con optimismo y comparte la propuesta de la legisladora, para exhortar de manera respetuosa a las entidades que se refieren, en el cuerpo del presente dictamen, así como al Gobierno estado de Oaxaca; en virtud de que debemos abonar para el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres, máxime tratándose de nuestras hermanas que viven en las zonas rurales de todas las entidades federativas, en el caso que nos ocupa en el presente dictamen del estado de Oaxaca, lo anterior tomando en consideración que según datos del INEGI, que refiere: “Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reporta que en los países de América Latina se observan diferencias entre las mujeres que viven en el medio rural y las que viven en zonas urbanas, con una mayor dedicación de horas per cápita de las mujeres de las zonas rurales hacia este tipo de labores; lo anterior tiene relación con los índices de fecundidad más altos, con los ingresos más bajos y con la falta de acceso de las personas que habitan en áreas rurales a los servicios sociales básicos, que abran la posibilidad de un uso del tiempo en tareas distintas del trabajo no remunerado que se realiza en el hogar. En México, las mujeres que habitan en las áreas rurales destinan semanalmente 7.8 horas más a realizar las labores domésticas y de cuidados que las que viven en las zonas urbanas, realizando 42.5 horas a la semana, equivalentes a contribuir con 49,700 pesos al año para cubrir las necesidades de su hogar.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, pone a consideración el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Economía y de la Secretaría deAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como a los titulares de los Gobiernos de Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Guerrero y Michoacán para que, de manera coordinada, fortalezcan las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales del país, y de sus demarcaciones territoriales respectivamente.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/ cedaw/cedaw/ca_08.pdf

3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ text/sconvention.htm

4 http://www.pa.gob.mx/publica/rev_36/Nicol%C3%A1s%20Edmundo%20Venosa%20Pe%C3%B1a .pdf “El Empoderamiento de las Mujeres Rurales: Retos y Perspectivas, Nicolás Edmundo Venosa Peña, Laura Gabriela Cortes Ruiz.

5 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Consideraciones_presupuestales/Co nsideraciones_presupuestales_2015.pdf

6 Opinión de Isabel Cruz, del Diario El Financiero.

Publicado en http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/que-tanto-sabemos-del-enfoque-de-genero- y-el-empoderamiento-de-mujeres-rurales.html

7 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/mujer0.pdf

Palacio Legislativo, a los 26 días del mes de noviembre del 2015.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila, secretarias; Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica), Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica).»

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO ÚNICO DE ACCIÓN PARA TEMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTRA DE LAS MUJERES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal y de la Procuraduría General de la República a coordinar y homologar con sus similares de las entidades federativas la implantación de un protocolo único de acción para temas de violencia de género contra las mujeres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos, así como 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 176 del Reglamento de Cámara de Diputados y demás relativos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrollo los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe.

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en el que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 10 de noviembre de 2015, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometió a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las procuradurías generales de justicia del país, para que realicen e instauren un protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género, que se aplique a todas las mujeres víctimas de violencia de género.

2. En la misma fecha, 10 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnadas a la Comisión de Igualdad de Género, para el estudio y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a las Procuradurías Generales de Justicia del país, para que realicen e instrumenten un protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género, que se aplique a todas las mujeres víctimas de violencia de género, como una forma de salvaguardar la integridad psicológica y emocional de la mujer que es afectada por ello y que además se instruya a los servidores públicos encargados de atenderla.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en el artículo 1o.:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por ello es materia de derechos humanos regulada en la ley suprema y, como tal, debe dársele el análisis requerido, en virtud de salvaguardar los derechos de las mexicanas a la vida, la libertad, integridad y seguridad.

Segunda.De igual manera el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su primer párrafo el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley...

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, como un derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad.

Así, el derecho a la igualdad reviste carácter social y universal, elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases tendientes eliminar la situación desigualdad que existe de facto entre hombres y mujeres, como se consagra en los cuerpos normativos con que cuenta el Estado mexicano, los cuales buscan salvaguardar los derechos de la mujer no solo en el ámbito social, laboral, económico y de salud.

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres;

• Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres;

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

• Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres;

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

• Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos; y

• Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Por ello, esta comisión realizó un análisis minucioso de la proposición con punto de acuerdo, buscando los elementos necesarios para emitir el sentido de este dictamen de forma completa y veraz.

Tercera.La proposición comenta primeramente: “En el país, los niveles de violencia se han recrudecido; sin embargo cuando la violencia es perpetrada en contra de mujeres y niñas existe un patrón de impunidad sistemática en el proceso judicial, ya que existe un alto porcentaje de casos que carecen de una investigación, sanción y reparación efectiva del daño. La impunidad de los delitos en contra de las mujeres perpetúa la aceptación social del fenómeno de la violencia contra ellas, así como el sentimiento y la sensación de inseguridad, no en vano persiste la desconfianza de éstas en el sistema de administración de la justicia”.

La comisión considera real y preocupante la problemática que experimentan las mujeres mexicanas que se han vistos afectadas por delitos en cuestión de género, la cual en muchos deviene en la intervención de un servidor público que no siempre se encuentra capacitado de manera idónea para realizar su labor de forma óptima, con la sensibilidad y empatía necesaria hacia la víctima. Esto tiene como resultado que gran parte de los delitos cometidos en contra de las mujeres no sean denunciados ante las autoridades, ya que el miedo, la desinformación o la apreciación de los entes públicos puede ser la menos propicia para que una mujer denuncie.

Consecuente con las dificultades que enfrenta la mujer día a día el desempeño de sus labores, come jefa de casa, profesionista, empresaria etcétera datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres actualizado al 17 de noviembre de 2015, señalan que el tipo más común de violencia perpetrada en contra de la mujer es la de índole psicológica y de igual manera señala que en estos casos el principal agresor suele ser un familiar.

Más adelante, la proposición continúa: “Este clima de violencia no sólo ha generado señalamientos por parte de organismos internacionales, sino que casos particulares han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de este modo, el Tribunal Interamericano ha sentenciado en seis ocasiones al Estado mexicano. La mitad de estas sentencias se refieren a violaciones de los derechos humanos de las mujeres”.

Se desprende de esto que la formación de los servidores públicos relacionados a la atención de este tipo de incidentes es insuficiente, ya que muchas veces por cuestiones sociales y culturales no prodigan el trato a que la víctima tiene derecho.

La proposición continúa: “Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado que los familiares de las víctimas de violencia contra las mujeres reciben de las autoridades judiciales y estatales un trato inadecuado cuando procuran obtener información sobre la investigación de sus expedientes o cuando intentan colaborar en estos procesos; con ello ven vulnerado su derecho de acceso a la justicia; violándose los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley de las Naciones Unidas, que establecen que en el desempeño de sus deberes los funcionarios respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”.

La comisión expresa su acuerdo al señalar la falta de capacitación que debe instrumentarse como obligatoria a los diferentes servidores públicos, desde el elemento de policía que conoce de la situación hasta el Ministerio Publico encargado de integrar la averiguación previa, pasando por el médico legista, la trabajadora social y así continua toda la cadena de servidores con los cuales habrá de interactuar la mujer víctima de violencia.

Sigue exponiendo la proposición: “Asimismo, en el caso de Ciudad Juárez, ese organismo internacional observó parcialidades y sesgos de género presentes en las actuaciones de los fiscales e investigadores ante casos de violencia contra las mujeres, los cuales descalificaban a las víctimas durante el proceso de investigación...”

Para la comisión, este hecho es por demás conocido, entra la población en general las actuaciones de los Ministerios Públicos en la mayoría de los casos tienden a desestimar las circunstancias que experimentan las mujeres víctimas y no sólo ellas, varias personas consideran la atención de los Ministerios Públicos y agentes de policía como deficiente o poco informativa.

Asimismo la proposición señala diferentes casos, mediáticamente relevantes o que se han encontrado discutidos dentro dela agenda pública nacional y con los cuales busca ejemplificar de manera notable las situaciones en las que incurren las diversas corporaciones policiacas a momento de realizar las labores de investigación de un hecho delictivo. De igual manera, señala en los puntos 6 y 7 las ausencias en los protocolos de actuación e investigación ministerial que busquen de manera eficiente allegarse de todos los medios posibles para una correcta determinación del ejercicio de la acción penal en contra de quienes resulten responsables.

La comisión está al tanto de las mejoras que se han ido introduciendo para profesionalizar a los diferentes cuerpos ministeriales, policiales y periciales, en aras de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía en general que contemple una correcta actuación con perspectiva de género con el objetivo de realizar sus labores con estricto arreglo a la ley y respeto a los derechos humanos de las mexicanas.

En el punto 8, la proposición señala: “Además, los sistemas de justicia no protegen de manera suficiente la dignidad y la privacidad de las víctimas dentro del proceso de investigación. Las víctimas llegan a ser revictimizadas por una falta de sensibilidad ante su situación de víctimas, su sexo y la gravedad de los hechos alegados. Las oficinas gubernamentales donde las víctimas realizan sus denuncias no siempre garantizan su privacidad y éstas tienen que esperar largos períodos de tiempo para recibir atención”.

En este punto, la comisión señala que la privacidad en delitos cometidos por cuestión de género deben mantener una esencia eminentemente privada, toda vez que exponer de manera pública a la mujer víctima podría acarrear consecuencias de índole social que violenten de manera continua sus derechos, esto porque vuelve a la mujer proclive a ser señalada y como culturalmente se expuso al principio del presente dictamen, ser señalada e incluso culpada del delito cometido en su contra.

De igual forma, en el punto 9 la proposición señala: “No obstante lo anterior, ha habido tímidos avances para la atención de la violencia en contra de las mujeres, aunque han sido lentos e inconcusos; por ejemplo tenemos que el 30 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018”.

La comisión reconoce el interés del Poder Ejecutivo federal para prevenir en todas sus formas la discriminación y la violencia que son cometidas en agravio de la mujer, toda vez que es de primordial atención los puntos relativos a la inclusión de la perspectiva de género en los diferentes actuares de los servidores públicos, esto da como resultados el ejercicio de los derechos dela mujer mexicana en igualdad de condiciones, como señala el artículo 4o. de la Carta Magna.

En el punto 10, la proposición reconoce la publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y lo señala como “el cual busca fortalecer el acceso de las mujeres de a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos, estableciendo también diversos objetivos y estrategias encaminadas a lograr la protección de los derechos de las mujeres en México”.

Asimismo, en el punto 11 denota el Protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género para la violencia sexual, el cual establece dentro de su introducción las causas de su creación y que no son otras que la adopción e implantación que la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos señalo al Estado mexicano como susceptibles de violaciones de derechos humanos de niñas y mujeres mexicanas. Este protocolo contempla e implementa principios científicos y metodológicos básicos para la atención e investigación de los delitos de carácter sexual así como ofrecer una atención integral orientada a proteger a la víctima y hacerla sentir segura.

Un punto importante que destaca la comisión es lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de 2016, en el cual se considera en el anexo 13 que las aportaciones que serán destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Aquí se puede apreciar en el numeral 17 los recursos designados a la Procuraduría General de la Republica, en concreto, los que serán ejercidos para la “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional”, estos bienes están señalados para capacitar al personal de la institución en temas destinados a incentivar y respetar el derecho a la igualdad.

Como se desprende del texto de la proposición, la violencia hacia la mujer es una realidad que las corporaciones ministeriales y policiacas aún deben atender de forma idónea, su profesionalización y sensibilización en el tema debe ser la adecuada para dar la atención integral que la víctima requiere, de igual manera ser otorgada con estricto apego a la ley y en total respeto de los derechos humanos de las mujeres que sufren estas atroces situaciones.

Por ello esta comisión, consciente de la realidad que se presenta día con día, conviene en buscar la perfección en los servidores públicos que conozcan de estos casos, en su capacitación diaria para mejorar su desempeño y labor.

Sin embargo, la comisión considera innecesario instaurar 32 protocolos ministeriales, uno por entidad federativa, por lo que considera de mayor eficiencia la instrumentación de un único protocolo de actuación ministerial con perspectiva de género, que deberá ser realizado por la Procuraduría General de la Republica con auxilio del Instituto Nacional de las Mujeres y en coordinación con cada una de las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades.

Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a la titular de la Procuraduría General de la República para que coordinen y homologuen con sus respectivos similares de las entidades federativas la implementación de un protocolo único de acción para temas de violencia de género en contra de las mujeres, así como para capacitar al personal relacionado con temas de perspectiva de género.

Notas:

1 http://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informac ion_Publica.aspx

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418 &fecha=30/08/2013

3 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/nov/20151112-B.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila, Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica), Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Érika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica).»

EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES A ARMONIZAR SUS RESPECTIVAS NORMATIVIDADES CON LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las legislaturas locales a armonizar sus respectivas normativas con la Ley General de Transparencia.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados le fue turnada, para su análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a armonizar sus respectivas normatividades con la Ley General de Transparencia, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 66, 67, 68, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente

Metodología

Esta comisión, responsable del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, desarrolló los trabajos correspondientes conforme .al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y del recibo de turno de esta Comisión para emitir el dictamen correspondiente.

II. En el apartado titulado “Contenido de la proposición” se resume el objetivo del punto de acuerdo que nos ocupa.

III. En el apartado “Consideraciones”, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I Antecedentes

Primero: Con fecha de 22 de septiembre de 2015, el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario dl Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a armonizar sus respectivas normatividades con la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.

Segundo: Con fecha 14 de octubre de 2015, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

El diputado proponente señala que, derivado de la publicación de la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, y tras la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 4 de mayo del presente año; las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones transitorias, deberán ajustar sus marcos normativos tanto al marco constitucional como legal.

Precisa que la armonización de las entidades federativas resulta primordial para continuar con el propio funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, ya que este sistema conformado mayoritariamente por los órganos garantes en las entidades federativas, requieren que sus lineamientos, políticas y los propios criterios, sean equiparables con la propia Ley General.

Señala que es menester de esta soberanía poder impulsar que dichas reformas sean realizadas de manera consensuada y analizada, no sólo por los Congresos locales, en quienes recae la facultad, sino con la participación activa de la Sociedad Civil Organizada en temas de transparencia quienes indudablemente podrán aportar a la armonización incluyendo puntos en los cuales estén interesados.

Por lo expuesto y haciendo un primer llamado para que las Legislaturas estatales diseñen el esquema legislativo que les permita lograr la armonización de su ley a la luz pública y con un serio trabajo de intercambio de opiniones elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Legislaturas locales a armonizar sus respectivas leyes con la Ley General de Transparencia, invitando en todo momento a dicha discusión a la sociedad civil organizada para aportar a dicha armonización y que informen a la opinión pública sobre la fase en la que dichos trabajos se encuentran.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para que solicite a los órganos garantes de las entidades federativas, le remitan informe al propio INAI sobre los avances que presenta esta armonización y el trabajo que se ha realizado con los Congresos locales y a su vez el instituto pueda determinar la pertinencia y prioridad de las visitas de la “Gira por la Transparencia”.

III Consideraciones

Primera. Tras el análisis detallado de la propuesta y coincidir en términos generales con los argumentos expuestos en la proposición con punto de acuerdo referido en el presente proyecto de dictamen, esta comisión dictaminadora estima procedente la proposición con punto de acuerdo, toda vez que la nueva Ley es necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones que impone a los estados y al Distrito Federal, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015.

Al respecto, consideramos conveniente mencionar que, en cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales de los que México es parte, el Poder Legislativo federal ha reformado y creado diversos ordenamientos legales que obligan a hacer pública toda información producida por quien ejerza recursos públicos.

Así se encuentran las reformas a las fracciones I, IV y V del apartado A del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen:

A. ...

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. a III. ...

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

En este sentido, desde la promulgaci6n de la reforma constitucional de febrero de 2014, se abrió la puerta para que el honorable Congreso de la Unión expidiera una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para sentar las bases de concurrencia y colaboración entre los diferente órdenes de gobierno, para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Así tenemos que, entre los tratados internacionales de los que es parte México, se encuentra la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual establece en el inciso a) del artículo 10, lo siguiente:

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas:

a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público;

b) y c)...

Segunda. A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, se determinó en el transitorio segundo la obligación del Congreso de la Unión de expedir la Ley General del Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

De ahí que el 4 de mayo del presente año la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, estipula en su artículo quinto transitorio que, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta ley.

Esta comisión dictaminadora hace referencia que dentro de los objetivos primordiales de la Ley General en comento, se establece la Distribución de competencias entre los organismos garantes de acceso a la información de la Federación y de las entidades federativas.

Amplía los sujetos obligados donde se establece la obligación de los Poderes Judicial y Legislativo, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y cualquier organismo que reciba recursos públicos a transparentarlos, cómo los utilizan y no se podrá reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y corrupción.

Además, obliga a transparentar a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Determina que las diputadas y los diputados federales, así como senadores de la República deberán dar detalles del dinero público que reciben por concepto de bono, ingresos prestaciones, primas y gratificaciones.

Incorpora los mecanismos de transparencia en materia energética, las autoridades y empresas productivas del Estado estarán sujetos a la disposición de la máxima transparencia.

Crea el Sistema Nacional de Transparencia que estará integrado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y la homologación de los marcos legales estatales para que las disposiciones de ley general tengan aplicación en todo el país.

Establece en el artículo quinto transitorio el plazo de un año para que las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa y el Congreso de la Unión armonicen la legislación en el ámbito de su competencia.

Como es sabido, son muchos más los avances que presenta esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, más allá de entrar a detallar cada una de las bondades de la presente ley, es importante que los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal avancen en garantizar a la ciudadanía, a la que representamos, una mayor transparencia en el ejercicio de las funciones que desempeñamos.

Tercera. Con base en lo anterior, es necesario tomar en cuenta que la ley antes mencionada fue impulsada con el propósito de rendir cuentas, fortalecer y flexibilizar los mecanismos de acceso a la información pública para que la sociedad en general esté informada de los recursos públicos, la transparencia de información y del desempeño de sus servidores públicos, al tiempo que permite un mayor combate a la corrupción y empodera a la sociedad en la vigilancia de la gestión pública.

Por ello, a pesar de que han transcurrido seis meses de la entrada en vigor de la legislación en comento, son diversas entidades federativas las que no han homologado sus legislaciones locales a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que sólo lo han hecho los congresos de Chihuahua, Coahuila, Querétaro y Jalisco; por lo que es sumamente importante exhortar respetuosamente a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que a la brevedad armonicen o expidan la legislación en la materia, según sea el caso, conforme a lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

Por lo tanto, esta Comisión de Transparencia y anticorrupción se pronuncia a favor de exhortar respetuosamente a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa, a efecto de que realicen las acciones necesarias para armonizar su marco jurídico con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Asimismo, se pronuncia a exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a efecto de que solicite a los órganos garantes de las entidades federativas, le remitan los avances de la armonización legislativa y el trabajo que se ha realizado con los Congresos locales.

Finalmente, esta comisión considera necesario hacer modificaciones a la propuesta, en el ánimo de que la redacción quede más clara.

Por ello las y los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados considera viable el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de forma respetuosa a órganos legislativos de las entidades federativas a armonizar su legislación con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del plazo legal establecido e involucrando .en la deliberación parlamentaria a la sociedad civil organizada conforme a las mejores prácticas vigentes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a solicitar a los órganos garantes de las entidades federativas que le remitan los avances de armonización legislativa y el trabajo que se ha realizado con los órganos legislativos de las entidades federativas para que el Instituto pueda determinar la pertinencia y prioridad de las visitas de la “Gira por la Transparencia por la Armonización de la Ley General de Transparencia”,

Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de noviembre de 2015.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), presidente; Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Emma Margarita Alemán Olvera (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Bernardino Antelo Esper (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco, Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica), Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Susana Osorno Belmont (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella (rúbrica), Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica).»

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PARA QUE DIFUNDA EL ESTADO QUE GUARDA LA INCORPORACIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a difundir el estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la plataforma nacional de transparencia

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados le fue turnada, para su análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que difunda el estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 66, 67, 68, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente

Metodología

Esta comisión, responsable del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y del recibo de turno de esta comisión para emitir el dictamen correspondiente.

II. En el apartado titulado “Contenido de la proposición” se resume el objetivo del punto de acuerdo que nos ocupa.

III. En el apartado “Consideraciones”, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes

Primero: Con fecha de 15 de septiembre de 2015, la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que difunda el estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Segundo: Con fecha 14 de octubre de 2015, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII legislatura de la honorable Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

La diputada proponente señala que, resulta importante conocer plenamente del estado que guarda el ejercicio de los recursos públicos por todos los sujetos obligados.

Precisa que, se ha expresado la convicción de la actual administración de elevar los niveles de transparencia y, al mismo tiempo, responder al derecho de los ciudadanos a la información pública bajo el principio de la máxima publicidad.

Señala que esta soberanía tendrá que estar consciente de que la sociedad mexicana reclama su derecho a estar plenamente informado de las acciones de sus gobernantes. Las legisladoras y los legisladores tenemos que ser factor para que la ciudadanía recobre la confianza en sus instituciones presentando ante su vista la información que se genera en el gobierno.

Menciona que, la materia de transparencia se encuentra reglamentada, fundamentalmente por dos normas: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal; y la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ya fue señalado, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Determina que, la presente proposición pretende, como establecen los artículos transitorios octavo y décimo de la ley General, que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que obsequie a la Cámara de Diputados un informe pormenorizado del estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia; así como el cumplimiento de los municipios con menos de 70 mil habitantes con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Indica que, también, la propuesta pretende que la Auditoría Superior de la Federación entregue a la Junta de Coordinación Política un informe detallado de sus actividades como miembro del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Debido a que, de acuerdo con el artículo 30 la ley General citada, la Auditoría Superior de la Federación pertenece, junto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, los organismos garantes de las entidades federativas, el Archivo General de la Nación, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Finalmente, destaca que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se instaló el 23 de junio de 2015. Con la instalación del Consejo Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se pretende transparentar la función de gobierno, auditar los recursos públicos, escudriñar el gasto de los partidos y sindicatos, e incluso de las fundaciones y agrupaciones civiles que reciben fondos federales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que dé a conocer a la opinión pública el estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia; así como el cumplimiento de los municipios con menos de 70 mil habitantes como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a sus órganos de gobierno a implementar a la brevedad posible, las medidas que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015; asimismo, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a entregar a la Junta de Coordinación Política un informe detallado de sus actividades como miembro del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

III. Consideraciones

Tras un minucioso análisis de la propuesta, esta Comisión dictaminadora concuerda .en términos generales con la proposición con punto de acuerdo referida en el presente proyecto de dictamen, emitiendo las siguientes consideraciones.

Primera. En cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo federal ha reformado y creado diversos ordenamientos legales que obligan a hacer pública toda información producida por quien ejerza recursos públicos.

De este modo, la reforma constitucional en materia de transparencia tiene mayores alcances e influencia sobre el derecho de acceso a la información pública en México e incluso sobre el derecho a la protección de datos personales que los que tiene en materia de transparencia.

Así se encuentran las reformas a las fracciones I, IV y V del apartado A del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen:

A. ...

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, morolo sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. a III...

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

Como se puede apreciar, con la reforma constitucional publicada el pasado 7 de febrero del año 2014 en el Diario Oficial de la Federación, se incorporaron a nuestra norma fundamental nuevos elementos que fortalecerán el Sistema Nacional de Transparencia, en principio, porque amplía los derechos ciudadanos para accesar a la información pública, en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como para la protección de datos personales.

Por otro lado, porque se establece un catálogo enunciativo más no limitativo de sujetos obligados a transparentar la información que de manera general establecen a todas las autoridades tanto de los fueros locales como federales, por lo que ahora, son sujetos obligados, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.

Con lo anterior, podemos advertir que se fortalece el principio de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas por parte de todo aquel que reciba o ejerza recursos públicos, lo que eventualmente se traduce no sólo en la posibilidad de que cualquier ciudadano interesado pueda ejercer su derecho de acceso a la información pública vía solicitud de información, sino también a la difusión de información de oficio a través de los medios electrónicos dispuestos para ello.

Segunda. Con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2014, se estableció la obligatoriedad del honorable Congreso de la Unión de expedir una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que siente las bases de concurrencia y colaboración entre los diferente órdenes de gobierno, para garantizar el derecho de acceso a la información.

De ahí que, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del presente año, ampliara los sujetos obligados mediante la cual se establece la obligación de los Poderes Judicial y Legislativo, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y cualquier organismo que reciba recursos públicos a transparentarlos, cómo los utilizan y no se podrá reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y corrupción.

Como podemos advertir, la Ley General obliga a transparentar a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Sobre el particular, el artículo 1o. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estipula lo siguiente:

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Lo anterior está relacionado con los artículos 23, 24, 25 y 26 del Capítulo III de la Ley General en comento, que a la letra establecen:

Capítulo IIIDe los Sujetos Obligados

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna;

II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;

III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia;

IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable;

V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles;

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

VII. Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen;

VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional;

IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos;

X. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes;

XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia;

XII. Difundir proactivamente información de interés público;

XIII. Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y

XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable.

Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, en los términos que las mismas determinen.

Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el artículo anterior por sí mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación.

Tercera. En concreto, la Ley antes mencionada, permite que la sociedad mexicana esté informada del desempeño de las acciones de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, como sujetos obligados.

Por eso, es pertinente que las y los legisladores de esta comisión dictaminadora hagamos referencia a ello y que sea la actual administración de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, la que haga transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder, a fin de responder al derecho de los ciudadanos a la información pública bajo el principio de la máxima publicidad.

A lo anterior habría que agregar que, con la instalación del Consejo Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública -23 de junio de 2015-, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, busca transparentar más la función de gobierno, auditarlos recursos públicos, escudriñar el gasto de los partidos y sindicatos, e incluso de las fundaciones y agrupaciones civiles que reciben fondos federales.

Por ello, es tan importante y tan necesaria, que los sujetos obligados a través del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, den a conocer a la Cámara de Diputados un informe pormenorizado del estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia; así como el cumplimiento de los municipios con menos de 70 mil habitantes, de conformidad con los artículos transitorios octavo y décimo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a letra dicen:

Octavo. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos que establezcan los lineamientos referidos en la fracción VI del artículo 31 de la presente Ley.

En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, los sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de Internet la Información conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes.

El Presidente del Consejo Nacional, en un periodo que no podrá exceder de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual el Sistema Nacional aprueba los lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, a que se refieren los Capítulos del I al V del Título Quinto de la presente Ley.

Las nuevas obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la presente Ley no contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes, serán aplicables solo respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Décimo.Sin perjuicio de que la información que generen y posean es considerada pública, de conformidad con lo señalado en la presente Ley General y que le son aplicables los procedimientos, principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, mecanismos y criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con población menor a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus posibilidades presupuestarias.

Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de información a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que emanan de ésta, en los plazos, “términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones referidas.

Dichos municipios podrán solicitar al Organismo garante de la Entidad Federativa correspondiente, que, de manera subsidiaria, divulgue vía Internet las obligaciones de transparencia correspondientes.

No es ajeno también a que, la Auditoría Superior de la Federación entregue a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados un informe detallado de sus acciones como miembro del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en consonancia con el artículo 30 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por ello las y los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados considera viable el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que dé a conocer a la opinión pública el estado que guardan la emisión de los lineamientos para el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia y los esfuerzos con otros sujetos obligados para concluir con este procedimiento.

Segundo. De igual forma, se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que dé a conocer a la opinión pública el estado que guarda el cumplimiento del artículo décimo del régimen transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigido a municipios con población menor a 70, 000 habitantes.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a sus órganos de gobierno a implementar a la brevedad posible, las medidas que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Último. Finalmente, se exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación a entregar a la Cámara de Diputados un informe detallado de sus actividades como integrante del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), presidente; Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Emma Margarita Alemán Olvera (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Bernardino Antelo Esper (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco, Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica), Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Susana Osorno Belmont (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella (rúbrica), Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica).»

INCREMENTAR LA VIGILANCIA PARA QUE LOS CONCESIONARIOS FERROVIARIOS DE TRANSPORTE DE CARGA QUE MUEVEN SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, CUMPLAN LAS NORMAS, REGLAMENTOS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN CIVIL

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la SCT a incrementar la vigilancia para que los concesionarios ferroviarios de transporte de carga, especialmente los de sustancias químicas peligrosas, cumplan las normas, los reglamentos y los protocolos de seguridad y de protección civil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le fue turnada, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT y a las empresas ferroviarias a tomar medidas preventivas para reducir accidentes que pongan en riesgo a la población, a cargo de la diputada, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 22 de septiembre de 2015, la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta el titular de la SCT y a las empresas ferroviarias a tomar medidas preventivas para reducir accidentes que pongan en riesgo a la población.

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La diputada proponente expone que el pasado 9 de septiembre en el municipio de José Azueta, ubicado al sur de Veracruz, en la cuenca del Papaloapan ocurrió el descarrilamiento de cuatro furgones de un ferrocarril de la empresa Ferromex.

Uno de los furgones explotó y los otros derramaron las sustancias químicas que transportaban tales como: óxido de etileno, bióxido de carbono, amoniaco y otras, derivadas de hidrocarburos.

Este siniestro se dio en una zona despoblada, a tres kilómetros de la estación más próxima.

En este suceso hubo daños patrimoniales y ambientales, porque se trata de una importante zona agropecuaria y por la contaminación de suelo, aire y agua, provocada por líquidos y vapores altamente tóxicos.

Este tipo de accidentes, por eso mismo, resultan ser catastróficos al propiciar un riesgo excesivo para la seguridad de la población y su integridad.

La respuesta inmediata la otorgó el gobernador de Veracruz a través del Comité Estatal de Emergencias y hasta la fecha se han realizado recorridos en el lugar del accidente por parte de funcionarios Federales, Estatales y Municipales para atender los daños por la explosión y el derrame, con base en protocolos muy precisos: Asistir, evacuar y acordonar la zona de impacto: 10 familias y 11 trabajadores fueron trasladados a lugares seguros.

Asimismo, se realizaron recorridos en campo para una primera inspección y evaluación de daños agrícolas y ambientales y se determinaron acciones a seguir para reparar los daños de inmediato.

De igual manera con directivos de Ferromex, funcionarios estatales, municipales y el diputado federal de la zona Erick Lagos Hernández para acordar acciones de restitución de daños y prevenir futuros accidentes.

Al lugar acudieron bomberos de Cosamaloapan, Tierra Blanca y de la Zona Conurbada Veracruz Boca del Rio; y equipos contraincendios del Comité Local de Ayuda Mutua de la zona industrial de Coatzacoalcos.

Es importante resaltar, que de la empresa Ferrosur no hubo respuesta inmediata para atacar el incendio o detener el derrame.

De hecho, no fue sino hasta dos días después, cuando una empresa contratada por Ferrosur se presentó al sitio del accidente en la comunidad de Dobladero del municipio de José Azueta Veracruz.

Tan sólo en Veracruz en los últimos meses, con éste han ocurrido tres accidentes ferroviarios, que también provocaron riesgos por contaminación, daños patrimoniales y personales, aunque sin pérdida de vidas humanas.

Uno de ellos el 18 de mayo de 2014, en el que hubo un derrame del orden de los 11,500 litros de combustible.

El otro, fue el pasado 5 de septiembre, cuando colisionaron dos máquinas por falta de comunicación de ambos operadores, dejando a una de ellas totalmente destruida.

Pensemos que, de acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la red ferroviaria es de 26 mil 727 kilómetros de vía.

Ferrocarril Mexicano, SA de CV, conocida como Ferromex, opera una de las redes ferroviarias más grandes del país con casi 10,000 kilómetros de vía, cubriendo las principales zonas industriales, de consumo y de servicios con 631 locomotoras, conectándose a 8 puertos y 4 cruces fronterizos. De estos ocho, dos están en Veracruz.

Ferrocarril del Sureste por sus siglas Ferrosur, filial de Ferromex, cubre el corredor del Golfo de México, operando principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz y cuenta con 147 locomotoras, que cruzan zonas urbanas, altamente pobladas.

En el territorio veracruzano contamos con 1806.4 kilómetros de vías Troncales, ramales y vías secundarias.

Esas empresas, por su propia responsabilidad, están obligadas a contar con Planes de Emergencia internos y externos; y, además de cumplir las disposiciones de seguridad de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, deben también observar la Ley General de Protección Civil y las Leyes estatales en la materia.

Por todo lo anterior, presento a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

1. Solicitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigile en las empresas de transporte de carga, especialmente aquellas que mueven sustancias químicas peligrosas, el cumplimiento de las normas, reglamentos y protocolos de seguridad y de protección civil, con énfasis a su paso en las zonas urbanas y rurales más pobladas.

2. Exhortar a las autoridades y a las empresas ferroviarias para que:

a. Entreguen a los Gobiernos de los Estados información del recorrido de ferrocarriles por su territorio; e informes detallados de los materiales peligrosos que transportan.

b. Acaten las disposiciones en materia de seguridad de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, así como las relativas al transporte de materiales peligrosos.

c. Cumplan con lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil y en las leyes estatales respectivas; y que,

d. En todos los casos, aplique seguros contra daños a quienes resulten afectados en su salud, bienes, posesiones y entorno ambiental.

e. Que no se permita el traslado, si no cuentan con el seguro ambiental, para resarcir afectaciones a los suelos y garantizar el pago a los agricultores afectados.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Esta comisión coincide con la diputada proponente en la necesidad de tomar medidas preventivas para prever accidentes que pongan en riesgo a la población.

Sabemos que los accidentes no los podemos evitar del todo pero si podemos tomar medidas para preverlos y en caso de que se produzcan remediar la situación en la medida de lo posible.

Esta comisión dictaminadora considera importante mencionar los siguientes fundamentos de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Artículo 39.El equipo ferroviario deberá cumplir las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones; con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas, y obtener la constancia de aprobación correspondiente.

Artículo 42.La concesión para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga autoriza a sus titulares para realizar el transporte de cualquier tipo de bienes.

La Secretaría regulará el transporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen en las vías férreas, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal.

Artículo 53.Es obligación de los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros o de carga, en los términos que determine la Secretaría, conforme al Reglamento de esta Ley:

I. Realizar las aportaciones al Fondo previsto en el artículo 31 Bis de esta Ley;

II.Garantizar el pago de los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y sus bienes, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el equipo o por la carga.

Tratándose de materiales, sustancias, residuos, remanentes y desechos tóxicos o peligrosos, deberá contratarse un seguro en los términos que establezca el reglamento respectivo, el que será por cuenta del usuario, salvo pacto en contrario.

Artículo 57.La Secretaría verificará el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Para tal efecto, los concesionarios y permisionarios estarán obligados a permitir el acceso a los verificadores de la Secretaría a sus instalaciones; a transportarlos en sus equipos para que realicen la verificación en términos de la presente Ley, y en general, a otorgarles todas las facilidades para estos fines.

La Secretaría, por sí o a través de los verificadores, podrá requerir a los concesionarios y permisionarios, informes con los datos que permitan a la Secretaría conocer la operación y explotación del servicio ferroviario.

Artículo 58.Las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por la Secretaría en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

La Secretaría podrá autorizar directamente a las empresas concesionarias o permisionarias de servicios ferroviarios que puedan contar con los elementos técnicos necesarios y el personal capacitado, para que realicen por sí la verificación físico-mecánica de su equipo ferroviario.

Artículo 59.Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por la Agencia de acuerdo con lo siguiente:

I.Prestar servicio público de transporte ferroviario sin la concesión respectiva, con multa de diez mil a veinticinco mil salarios mínimos;

II.Prestar servicio público de transporte ferroviario con equipo cuyas condiciones no cumplan con los reglamentos correspondientes y demás disposiciones aplicables, con multa de mil a veinte mil salarios mínimos;

III.No mantener las vías férreas en buen estado operativo, con multa de mil a veinte mil salarios mínimos;

IV.Aplicar tarifas de flete y de servicios diversos superiores a los registrados ante la Agencia o si éstas no se aplican en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables, con multa de mil a veinte mil salarios mínimos;

V.Tripular en estado de ebriedad o bajo los efectos de enervantes, con multa de doscientos a mil salarios mínimos y suspensión de la licencia por un año; por la segunda infracción, cancelación de la licencia.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de quinientos a dos mil salarios mínimos;

VI.Rebasar los máximos de velocidad establecidos o no respetar las señales, con multa al o los responsables de doscientos a mil salarios mínimos; suspensión de la licencia por seis meses por la segunda infracción, y cancelación de la misma por la tercera infracción.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de quinientos a dos mil salarios mínimos;

VII.Conducir vehículos de transporte ferroviario sin la licencia que exige la ley, con multa de doscientos a mil salarios mínimos.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de quinientos a dos mil salarios mínimos;

VIII.Destruir, inutilizar, desactivar, remover o cambiar una señal establecida para la seguridad de las vías férreas o del equipo ferroviario, con multa de cien a tres mil salarios mínimos;

IX.Ejecutar obras que invadan o perjudiquen una vía general de comunicación ferroviaria, con multa de cien a tres mil salarios mínimos, además de que será aplicable lo señalado en el artículo siguiente;

X.Incumplir con los lineamientos en materia de emisiones de ruido y otros contaminantes atribuibles al tránsito ferroviario que se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, con multa de mil quinientos a dos mil salarios mínimos, y

XI.Cualquier otra infracción a lo previsto en esta Ley, con multa de cien a cinco mil salarios mínimos.

En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas.

Para los efectos del presente capítulo, se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

En el mismo sentido presentamos los siguientes artículos del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

Artículo 5o. Para transportar substancias, materiales y residuos peligrosos por las vías generales de comunicación es necesario que la Secretaría así lo establezca en el permiso que se otorgue al autotransportista, en términos del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares y demás disposiciones jurídicas aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones que deban otorgar otras dependencias del Ejecutivo Federal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Las condiciones de operación se sujetarán a las disposiciones establecidas en este Reglamento.

Artículo 5o. Bis. Para transportar substancias, materiales y residuos peligrosos a través del sistema ferroviario nacional es necesario que la Secretaría así lo establezca en el permiso que se otorgue a las empresas ferroviarias, en términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones que deban otorgar otras dependencias del Ejecutivo Federal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Las empresas ferroviarias que soliciten el permiso, deberán presentar un escrito de solicitud en el que debe señalar:

I. El nombre o denominación social de quien o quienes promueven;

II. El domicilio y nombre de las personas autorizadas para recibir notificaciones;

III. El número de teléfono, fax y correo electrónico opcional;

IV. La petición que se formula, los hechos y las razones que dieron motivo a la misma;

V. La Unidad Administrativa de la Secretaría, a quien se dirige; VI. El lugar y fecha de suscripción, y

VII. La firma del solicitante o representante legal. En caso de que la solicitud no contenga los datos o no cumpla con los requisitos aplicables, la Secretaría, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente, deberá prevenir al interesado para que dentro del término de diez días naturales subsane la omisión.

La resolución será emitida dentro de los treinta días naturales, contados a partir de que se presente la solicitud debidamente integrada.

Las condiciones de operación se sujetarán a las disposiciones establecidas en este Reglamento.

La vigencia del permiso que, en su caso, otorgue la Secretaría, estará vinculada con el tiempo que dure la concesión correspondiente.

Artículo 52. En el traslado de substancias, materiales o residuos peligrosos será obligatorio que en la unidad de transporte se cuente con los siguientes documentos, mismos que deberán colocarse en un lugar visible y accesible de la cabina de la unidad, de preferencia en una carpeta-portafolios:

I. Documento de embarque de las substancias, materiales o residuos peligrosos;

II. Información de emergencia en transportación, que indique las acciones a seguir en caso de suscitarse un accidente, de acuerdo a la substancia, material o residuo peligroso de que se trate, la cual deberá apegarse a la norma que expida la Secretaría;

III. Póliza de seguro individual o en conjunto del transportista y del expedidor de la substancia, material o residuo peligroso;

IV. Licencia federal de conductor vigente específica para el transporte de materiales y residuos peligrosos o licencia federal ferroviaria vigente; según corresponda;

V. Documento que avale la inspección técnica de la unidad;

VI. Manifiesto de entrega, transporte y recepción, para el caso de transporte de residuos peligrosos, de acuerdo al formato que determine la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VII. Autorización respectiva, para el caso de importación y exportación de materiales peligrosos;

VIII. Manifiesto para casos de Derrames de Residuos Peligrosos por Accidente, y

IX. Los demás que se establezcan en las normas. Será obligatorio además de lo anterior, que en la unidad de autotransporte se cuente con los siguientes documentos:

I. Bitácora de horas de servicio del conductor;

II. Bitácora del operador relativa a la inspección ocular diaria de la unidad, y

III. Documento que acredite la limpieza y control de remanentes de la unidad, cuando ésta se realice. La limpieza será obligatoria por razones de incompatibilidad de los productos a transportar de conformidad con la norma respectiva.

Artículo 109. Los transportistas, expedidores o generadores de los materiales o residuos peligrosos, deberán contratar, un seguro que ampare los daños que puedan ocasionarse a terceros en sus bienes y personas, ambiente, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por la carga en caso de accidente de conformidad con la normatividad respectiva.

Artículo 111. La cobertura mínima de los seguros para cada riesgo del material y residuo peligroso de que se trate, se determinarán conjuntamente por las autoridades involucradas, en función del tipo de material que se transporta, cantidad o volumen de la carga y alcance de los daños que pudieran provocar los materiales.

Artículo 114. Para el transporte de materiales y residuos peligrosos el expedidor tendrá como obligaciones:

I. Cerciorarse que los envases y embalajes que contengan las materias o residuos peligrosos cumplan con las especificaciones de fabricación estipuladas en las normas correspondientes;

II. Identificar los materiales y residuos con las etiquetas y carteles correspondientes en los envases, embalajes y unidades de transporte de acuerdo a las normas respectivas;

III. Proporcionar la “Información de emergencia en transportación”, así como el documento correspondiente al embarque de la substancia, material o residuo peligroso a transportarse conforme a lo que estipula este Reglamento, la cual deberá apegarse a la norma que expida la Secretaría;

IV. Indicar al transportista sobre el equipo de seguridad necesario de acuerdo al material o residuo de que se trate;

V. Proporcionar al transportista los carteles o rótulos que deberán instalar en las unidades, de acuerdo al tipo de substancia, material o residuo peligroso de que se trate; conforme a la norma correspondiente;

VI. No efectuar el envío de materiales o residuos peligrosos en unidades que no cumplan con las especificaciones indicadas en el presente Reglamento o en las normas correspondientes;

VII. Contar con las autorizaciones necesarias y la documentación complementaria requerida para evitar que se retrase el traslado de la carga;

VIII. Proporcionar al destinatario todos los datos relativos al embarque de materiales y residuos peligrosos, con objeto de que éste pueda, en cualquier momento, realizar el seguimiento de los materiales o residuos transportados, indicándole además fecha y hora prevista para su llegada al punto de destino;

IX. Verificar que las maniobras de carga se realicen exclusivamente por personal capacitado, que cuente con equipo de protección adecuado, y

X. Contar con seguro vigente que ampare los daños que puedan ocasionarse al ambiente, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por la carga en caso de accidente.

Artículo 134. Las infracciones al presente Reglamento, salvo en materia de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos en unidades de autotransporte federal y transporte privado en la zona terrestre de las vías generales de comunicación a que se refiere el artículo 134 Bis, serán sancionadas en la forma siguiente:

IV. Se aplicará multa hasta por el equivalente de quinientos a mil días de salario mínimo; así como suspensión de la licencia por seis meses por la segunda infracción, y cancelación de la misma por la tercera infracción, al o los responsables de rebasar los límites máximos de velocidad establecidos en los artículos aplicables de este Reglamento y en los ordenamientos de la materia. En estos supuestos, al concesionario del servicio de transporte también se le impondrá una multa de quinientos a dos mil salarios mínimos.

De los artículos anteriores podemos ver que tanto la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario como el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos establecen normas para evitar en la medida de las posibilidades los accidentes, sin embargo se siguen presentando accidentes ferroviarios de manera reiterada es por eso que esta comisión considera necesario establecer mecanismos para vigilar el cabal cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad.

Por otro lado la Comisión de Transportes no considera que la Cámara de Diputados pueda exhortar particulares ya que los exhortos se realizan a nivel gubernamental, el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades del Congreso de la Unión, dicho artículo no faculta a intervenir en la actividad de los particulares, solamente lo puede hacer regulando sus actividades en las normas aplicables.

Por todo lo anterior sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incremente la vigilancia para que los concesionarios ferroviarios de transporte de carga, especialmente aquellos que mueven sustancias químicas peligrosas, cumplan las normas, reglamentos y protocolos de seguridad y de protección civil.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 8 diciembre de 2015.

La Comisión de Transportes, diputados:Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), presidente; José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Jorge López Martín (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica), Jonadab Martínez García, secretarios; María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz, Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez, María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla, María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Pedro Garza Treviño (rúbrica), Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica), Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica).»

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIO “LÍNEA 3 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO MONTERREY” EN NUEVO LEÓN

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y la SCT a considerar la asignación de fondos para continuar el proyecto de infraestructura ferroviario Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey, en León

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le fue turnada, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdopor el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que consideren la asignación de fondos necesarios para la continuación del proyecto de infraestructura ferroviario “Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey” en el estado de Nuevo León, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios, del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Verde Ecologista de México.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 3 de diciembre de 2015, los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios, del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Verde Ecologista de México, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que consideren la asignación de fondos necesarios para la continuación del proyecto de infraestructura ferroviario “Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey” en el estado de Nuevo León

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los diputados proponentes exponen que la zona metropolitana de Monterrey es la tercera más poblada del país, sólo por debajo de la zona del Valle de México y la de Guadalajara. Según el último censo de población y vivienda del INEGI, Monterrey tiene una población de 1,135,550 habitantes y junto con otros 11 Municipios forman la zona Metropolitana con una población de 4,057,631 habitantes.

Actualmente la población que utiliza las unidades urbanas de pasajeros, gasta alrededor del 30 por ciento de sus ingresos para trasladarse dentro de la metrópoli, y esto depende en gran medida por el crecimiento constante de la población que convive en la zona metropolitana.

La longitud promedio de una ruta radial es de 40.44 kilómetros. Mientras que la longitud promedio de una ruta periférica era de 54.15 kilómetros. La existencia de rutas largas es debido en parte por el descontrolado crecimiento de la zona urbana en la región, donde las viviendas de las personas de bajos ingresos, quienes son los que utilizan mayormente el transporte público, están muy alejadas a los centros de trabajo, de educación, de salud y de espacios de convivencia. De lo anterior se estima que el promedio de los traslados per cápita es de más de 50 minutos.

El gobierno federal tomó la decisión de la construcción de 7.5 kilómetros de viaducto de metro para tren ligero con ocho estaciones y 50 paradas a nivel para los autobuses, en los tres corredores alimentadores; siendo su inversión de 8,039 millones de pesos.

La terminación de la construcción de la Línea 3 del metro de Monterrey, beneficiará a gran parte de la población que vive, estudia y trabaja en los municipios que integran la zona metropolitana de la capital, por lo que su impacto es de alto nivel para mejorar las condiciones de vida de los neoloneses.

El propósito del presente punto de acuerdo es el de exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que consideren la asignación de fondos necesarios para la continuación del Proyecto de Infraestructura Ferroviario “Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey”, a fin de generar infraestructura para una movilidad de pasajeros moderna, integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, cumpliendo con los estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Por todo lo anterior, presentaron a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que consideren la asignación de fondos necesarios para la continuación del Proyecto de Infraestructura Ferroviario “Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey” en el estado de Nuevo León.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

En el Programa de Inversión en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013- 2018 el Ejecutivo Federal en el compromiso CG-033 establece la construcción junto con el gobierno estatal de la línea 3 y la elaboración del proyecto de la línea 4 del metro, así como el apoyo a los proyectos de Eco vías en el Estado de Nuevo León.

En una nota del periódico El Financiero de enero de 2015 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio de un comunicado dio a conocer que el proyecto se compone de un viaducto subterráneo, con un avance de 83 por ciento, del total de600 metros; así como de un viaducto elevado, que a la fecha tiene un avance de 46 por ciento y una longitud de 7 kilómetros.

“El costo total estimado es de 5 mil 700 millones de pesos, de los cuales el 32 por ciento corresponde a inversión estatal y 35 por ciento a privada; el monto restante corresponde a inversión federal.

“Atendiendo una demanda estimada de 116 mil pasajeros diarios y beneficiará a más de dos millones de habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, cuya obra se estima concluir en marzo de 2016”.

La construcción del transporte colectivo inició en octubre de 2013. Se trata de un tren ligero que consta de ocho estaciones de metro con 50 paradas a nivel, en tres corredores alimentadores.

Esta comisión coincide con los diputados de los distintos grupos parlamentarios en la necesidad de concluir esta importante obra que generara un desarrollo importante al estado de Nuevo León.

Por todo lo anterior sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a los Titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que consideren la asignación de fondos necesarios para la continuación del Proyecto de Infraestructura Ferroviario “Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey” en el estado de Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Transportes, diputados: Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), presidente; José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Jorge López Martín (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica), Jonadab Martínez García, secretarios; María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz, Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez, María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Pedro Garza Treviño (rúbrica), Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica), Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica).»

APOYAR A LOS SELECCIONADOS NACIONALES DE BASQUETBOL Y DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO PARA CLASIFICAR PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO DE JANEIRO 2016

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Conade a realizar acciones para apoyar a los seleccionados nacionales de basquetbol y deportistas que participan en el proceso para clasificar para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016

Honorable Asamblea:

La Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 29 de septiembre de 2015, el diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la honorable asamblea, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a realizar las acciones necesarias, para que los seleccionados nacionales de basquetbol y todos los deportistas que participan en el proceso para obtener su clasificación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cuenten con el apoyo necesario para lograrlo.

2. El 13 de octubre de 2015, la Mesa Directiva turnó dicha proposición a la Comisión del Deporte para su análisis y dictamen, mediante el número de expediente 357, a través del oficio número DGPL 63-II-7-62, de fecha 29 de septiembre del presente año.

II. Contenido de la proposición

1. El diputado promovente manifiesta en su proposición, que el Campeonato FIBA Américas de 2015, también conocido como el Preolímpico Ciudad de México 2015, fue la decimoséptima edición del campeonato de baloncesto del continente americano. Entre los países que se postularon para albergar tan importante evento, tenemos a Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, y por supuesto México. El 6 de agosto del presente, la Federación Internacional de Baloncesto, confirmó a México para albergar el torneo; si bien en un principio, el torneo se pretendía realizar en la Arena Monterrey, en Nuevo León, posteriormente se decidió que la sede fuera en la Ciudad de México, lo cual representa un orgullo y gran satisfacción para todos los mexicanos.

Dicho campeonato se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, entre el 31 de agosto y el 12 de septiembre de 2015; el torneo sirvió como eliminatorio para clasificar dos equipos a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

2. Asimismo establece, que en la fase preliminar, las diez selecciones participantes (Brasil, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Argentina, Canadá, Cuba, Puerto Rico y Venezuela) se dividieron en dos grupos de cinco (A y B) determinados mediante sorteo. Los equipos juegan dentro del grupo en un sistema de todos contra todos y una vez concluidas las cinco jornadas de partidos, los cuatro primeros equipos de cada grupo avanzan a la siguiente fase, mientras que los últimos quedan eliminados.

3. En la segunda fase, los equipos que han avanzado se juntan en un solo grupo y se enfrentan a los cuatro equipos que formaron parte del otro grupo en la ronda preliminar. Cada selección mantiene todos los puntos obtenidos en la primera fase, a excepción de aquellos obtenidos ante el equipo de su grupo que quedó eliminado. Los mejores cuatro equipos de este grupo avanzan a semifinales. Los dos finalistas se clasifican a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

En la primera ronda, nuestra selección quedó en primer lugar del Grupo A con un total de 8 puntos, obteniendo de esta manera su pase automático en la segunda fase; en ésta fase, México quedó en cuarto lugar del Grupo B con un total de 13 puntos, por lo que obtuvo su pase a la semifinal compitiendo contra Argentina el 11 de septiembre y posteriormente disputándose la ronda final contra Canadá el 12 de septiembre, obteniendo el cuarto lugar de la competencia, tan solo después de Venezuela, Argentina y Canadá –en ese orden.

4. Asimismo argumenta, que tras 40 años de ausencia en unos Juegos Olímpicos, la Selección Mexicana de Baloncesto logró su boleto de entrada a éste torneo con un titánico regreso y dio un avance considerable ante un rival complicado como lo es Canadá; en este sentido, es de notar los frutos en cuanto a niveles de competitividad, dando claras muestras de seguir madurando como equipo, como colectivo y sobretodo en busca de la identidad que los ha caracterizado.

5. El diputado Gama Basarte asegura también, que a la fecha, México suma 15 triunfos y 5 derrotas en los dos pasados torneos de la FIBA Américas. Y es por su excelente desempeño, que resulta preponderante e indispensable congratularse ante el resultado obtenido por nuestra selección en aras de apoyar a nuestros connacionales, a los bien llamados “12 guerreros” y sobretodo fomentar la cultura del deporte en nuestro país.

6. En este orden de ideas, el promovente establece que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade, es la Institución encargada de atender a los atletas que participan activamente en competencias internacionales representando a México o que están en etapa de formación, fomentando el deporte y procurando la activación de la cultura física.

Sin embargo, recientemente se ha revelado que de acuerdo con información obtenida mediante notas periodísticas*, la selección mexicana de basquetbol tuvo serias complicaciones durante el proceso de preparación para el Campeonato FIBA Américas de 2015, toda vez que no contaban con uniformes ni balones oficiales, sino hasta unos días antes de la competencia; en este mismo orden de ideas, resulta lamentable que ante el Torneo de Cuatro Naciones, en el que participaron cuatro de los más importantes equipos de la FIBA Américas (Argentina, Brasil, México y Venezuela) los atletas mexicanos reportaron la falta de uniformes, y siete de sus seleccionados denunciaron la falta de pago inclusive hasta por siete meses.

7. Derivado de lo anterior, afirma que es preocupante la falta de apoyo que existe hacia los deportistas mexicanos, pues son ellos quienes representan a nuestro país en las competencias internacionales, y no solamente por la selección de basquetbol, sino por las constantes denuncias que distintos deportistas han hecho evidentes hacia el Comité Olímpico Mexicano y la Conade por la falta de apoyo o bien, apoyo limitado para con ellos.

8. En esta tesitura, el diputado Marco Antonio Gama Basarte, presenta el punto de acuerdo exhorta a la Conade a garantizar apoyos integrales a los deportistas mexicanos en cuanto a material y vestuario deportivo, a proporcionar oportunamente y en el ámbito de su competencia, becas económicas y académicas, apoyos económicos, apoyo a entrenadores, entre otros, para efecto de garantizar la tranquilidad, estabilidad de nuestros deportistas, y sobre todo, asegurar su concentración total en el deporte y/o competencia a realizar, para poder contar con varios clasificados mexicanos a las próximas Olimpiadas 2016.

El promovente presenta su proposición en los siguientes términos:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Conade a realizar las acciones necesarias en el ámbito de su competencia, para que los seleccionados nacionales de basquetbol y todos los deportistas que participan en el proceso para obtener su clasificación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cuenten con todo el apoyo necesario para lograrlo.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados, felicita formalmente a la Selección Mexicana de Basquetbol, por su desempeño realizado en el campeonato FIBA Américas 2015.

III. Análisis, discusión y valoración de la proposición

Las y los integrantes de la Comisión de Deporte analizaron y discutieron las consideraciones que sostienen la proposición objeto del presente dictamen, en la reunión ordinaria realizada para tal finalidad, la cual presenta congruencia y armoniza con el marco jurídico vigente.

En este tenor, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte coinciden con el diputado promovente sobre la importancia de prever apoyos dirigidos a las y los deportistas mexicanos, en razón del esfuerzo, los años de preparación, la complejidad y la disciplina que representa cumplir con el alto honor de competir representando a México en los diversos eventos deportivos internacionales.

Es un hecho reconocido la existencia de los conflictos que las federaciones deportivas presentan actualmente con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, situación que está influyendo directamente en el desempeño de las y los deportistas mexicanos en su actividad.

Las y los integrantes de la Comisión de Deporte, consideramos que las situaciones de conflicto entre federaciones deportivas y la Conade, deben ser estimadas por el gobierno mexicano de forma independiente a las estrategias que se emprendan para apoyar el desempeño de las y los deportistas mexicanos y los apoyos con los que deben contar para asegurar su participación en las competencias que participen.

La práctica del deporte es un elemento esencial para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos; no sólo representa un elemento esencial para el sano desarrollo los individuos, también influye en la construcción de una sociedad en la que los valores de autocuidado, protección a la salud, respeto, honestidad, no discriminación, protección de los derechos humanos y preservación del Estado de Derecho, entre otros; son fundamentales para el bienestar social.

Particularmente la visión de los Juegos Olímpicos, constituye una filosofía de vida, que exalta y combina, en un todo balanceado, las calidades del cuerpo, de la voluntad y de la mente. Al mezclar el deporte con la cultura y la educación, el Olimpismo busca crear un estilo de vida basado en el gozo del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales.

En tal sentido, las y los jóvenes deportistas mexicanos, siempre han destacado por su compromiso y disciplina en competencias tanto de carácter nacional, como internacional; lo cual posiciona a México como un país que trabaja unido y en torno a metas concretas en materia de deporte, esto permite obtener buenos resultados y atraer a más jóvenes que encuentran en el deporte una filosofía de vida basada en hábitos y valores que les representa un elevado nivel de desarrollo humano.

IV. Modificaciones de la comisión dictaminadora

En lo que respecta al primer petitorio que compone esta proposición, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte, consideramos pertinente dejar claro el sentido del apoyo que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte debe otorgar a las y los deportistas mexicanos.

Al respecto es preciso retomar que el promovente en sus consideraciones, se refirió a este apoyo consistente en el otorgamiento de materiales, vestuario deportivo, becas económicas y académicas, apoyos económicos, apoyo a entrenadores, entre otros, para efecto de garantizar la tranquilidad, estabilidad de nuestros deportistas, y sobre todo, asegurar su concentración total en el deporte y/o competencia a realizar, para contar con varios clasificados mexicanos a las próximas Olimpiadas 2016.

En ese tenor, se modificó la parte final del primer petitorio a efecto de dejar claro que las y los deportistas deberán contar con los apoyos necesarios que garanticen su participación en las competencias de este evento deportivo.

Por las consideraciones antes expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Conade a realizar las acciones necesarias en el ámbito de su competencia, para que los seleccionados nacionales de basquetbol y todos los deportistas que participan en el proceso para obtener su clasificación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cuenten con los apoyos necesarios que garanticen su participación en las competencias de este evento deportivo.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados, felicita formalmente a la Selección Mexicana de Basquetbol, por su desempeño realizado en el campeonato FIBA Américas 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Deporte, diputados:Pablo Gamboa Miner (rúbrica), presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett, Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), secretarios; Olga Catalán Padilla (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), José Adrián González Navarro, Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Míriam Dennis Ibarra Rangel, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel, Ximena Tamariz García (rúbrica), Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas, Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez, José Santiago López (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta.»

REALIZAR LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las legislaturas locales y a la ALDF a realizar la armonización legislativa de conformidad con lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 6 de octubre de 2015, la diputada Jaqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar sus marcos normativos a fin de armonizarlos con la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. El 13 de octubre de 2015, la Mesa Directiva turnó a la Comisión del Deporte para efectos de análisis y dictamen el asunto mencionado en el numeral anterior, mediante el número de expediente 420, a través del oficio número DGPL 63-II-3-65, de fecha 6 de octubre del año en curso.

II. Contenido de la proposición

a) La diputada promovente establece en el apartado de consideraciones del documento motivo del presente dictamen, que el 7 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, acorde a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente, el último párrafo del artículo 4o. que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.”, y estableciéndose una ley de orden público e interés social, así como de observancia general en toda la República, por tanto, corresponde su aplicación bajo el principio de concurrencia previsto en la fracción XXIX-J del artículo 73 Constitucional (reformada el 12 de octubre de 2011); y en consecuencia, implica establecer las bases generales para la distribución de competencias, coordinación y colaboración entre el Ejecutivo federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), las autoridades estatales, del Distrito Federal y las municipales, así como los sectores social y privado.

b) Asimismo, manifiesta que las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, tienen entre sus facultades expedir e iniciar leyes o decretos que establezcan las bases de coordinación con la federación, entidades y sus municipios; leyes eficientes que garanticen, en el ámbito de su aplicación, un correcto desempeño, con homologación de criterios, que armonicen y estén acorde al entramado del orden jurídico nacional en la concurrencia entre los tres niveles de gobierno referida anteriormente, que precisen y distribuyan con claridad las responsabilidades, competencias y mecanismos para una coordinación eficaz con pleno respeto a las atribuciones que a cada quien corresponda; y en consecuencia, ello implica la obligación primordial de los diputados para velar por el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos, así como la efectiva aplicación de la ley.

c) En este tenor, declara también que la “Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte” adoptada el 21 de noviembre de 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su vigésima reunión en París, determina como finalidad la de “poner el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.”; y en sus 10 artículos determina claramente: “La práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos...”; “La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación...”; “Los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales...”; “La enseñanza, el encuadramiento y la administración de la educación física y el deporte deben confiarse a un personal calificado...”; “Para la educación física y el deporte son indispensables instalaciones y materiales adecuados...”; “La investigación y la evaluación son elementos indispensables del desarrollo de la educación física y el deporte...”; “La información y la documentación contribuyen a promover la educación física y el deporte...”; “Los medios de comunicación de masas deberían ejercer una influencia positiva en la educación física y el deporte...”; “Las instituciones nacionales desempeñan un papel primordial en la educación física y el deporte...”; y “La cooperación internacional es una de las condiciones previas del desarrollo universal y equilibrado de la educación física y el deporte...”

d) La diputada promovente señala que la Carta de las Naciones Unidas proclama la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y por tanto, afirma su resolución de promover el progreso social y elevar el nivel de vida para las personas, con el énfasis en que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte; aunado a que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran la calidad de la vida en los planos nacional e internacional, por ende la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos subrayando, por consiguiente, que la educación física y el deporte han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y las personas, así como la emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la comprensión mutuos, y el reconocimiento de la integridad y de la dignidad humanas, y más aún, integrar la educación física y el deporte en el medio natural equivale a su enriquecimiento, inspira el respeto hacia los recursos del planeta y despierta el deseo de conservarlos y utilizarlos para el mayor provecho de la humanidad entera.

e) Aunado a lo anterior, el informe final de la quinta Conferencia internacional de ministros y altos funcionarios encargados de la educación física y el deporte, celebrada en Berlín, Alemania el 29 y 30 de mayo de 2013, en la que se manifiestan Llamamientos a todas las Partes Interesadas, determina Compromisos y Recomendaciones para los Estados, y señalando en concreto: “El acceso al deporte como derecho fundamental para todos”; “La promoción de la inversión en programas de deporte y educación física”; y “La preservación de la integridad del deporte”. Por tanto, las partes interesadas, habrían de realizar las adecuaciones necesarias en sus Marcos Normativos, así como de emprender las acciones pertinentes en sus estructuras de Gobierno, además de lo referente al ámbito social y privado.

Por consiguiente, la Ley General de Cultura Física y Deporte ha estado avanzando en su configuración acorde con los compromisos internacionales signados y ratificados; sin embargo, aún no basta de perfil, existen aún sensibles pendientes que hay que reforzar e incentivar, y que son primordiales de observancia general para encontrar los mecanismos de aplicación de manera eficaz dirigidos a las personas sin importar su edad o condición social o económica, y en la medida correspondiente, a aquellos que deciden dedicar su vida a actividades deportivas.

f) La diputada establece que en particular, el artículo 36 de la propia Ley General de Cultura Física y Deporte determina:

En el ejercicio de sus atribuciones, los estados, el Distrito Federal y los municipios, observarán las disposiciones de esta ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables en la materia, nacional e internacionales.

Los congresos de los estados, con apego a sus respectivas Constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedirán los ordenamientos que sean necesarios para regular las materias de su competencia previstas en esta ley, contemplando lo relacionado a estímulos fiscales y deducciones de impuestos.

Los ayuntamientos, por su parte, dictarán las disposiciones administrativas que correspondan, con apego a lo establecido por la presente ley.

g) Asimismo, la promovente considera que desde la entrada en vigor de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte (que abrogó la anterior, del 24 de febrero de 2003), ha sido reformada y adicionada recientemente en diversas disposiciones, las cuales se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2014, y en los términos de los artículos transitorios del decreto, establece los plazos para las adecuaciones a las disposiciones legales y administrativas que implican a las autoridades tanto federales como de las entidades federativas, y además, incluye en su artículo segundo transitorio a las legislaturas de los estados y la del Distrito Federal; sin embargo, y a pesar de los plazos señalados, diversas legislaturas y titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, así como las autoridades correspondientes del Distrito Federal, aún no han actualizado ni adecuado sus marcos normativos acorde con las últimas reformas de la Ley General de Cultura Física y Deporte; por otro lado, también hay reformas ejemplares en algunas legislaturas locales, en las que se han realizado las reformas pertinentes, así como las gestiones señaladas para los titulares del Ejecutivo estatal, y lo concerniente a las autoridades municipales; pero no basta de esfuerzos, lo que hace imperativo, loable y oportuno considerar seriamente, que esta soberanía emita un exhorto al respecto.

El punto de acuerdo objeto del presente dictamen contiene los siguientes petitorios:

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados y del Distrito Federal a revisar sus marcos normativos con el propósito de realizar las reformas pertinentes en sus legislaciones para actualizarlas y armonizarlas con la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo.Se exhorta a los titulares del Ejecutivo estatal de las entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal a incorporar con la mayor brevedad las actualizaciones reglamentarias necesarias derivadas de la armonización que las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realicen a sus disposiciones acorde al contenido de los términos de la Ley General en la materia.

Tercero.Se exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo estatal de las entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal, así como a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se implementen las previsiones presupuestales y administrativas necesarias con el propósito de reforzar la ejecución de los términos de la normatividad relativa al deporte mexicano.

III. Análisis, discusión y valoración de la proposición

Los integrantes de la Comisión de Deporte analizaron y discutieron las consideraciones que sostienen la proposición objeto del presente dictamen, en la reunión ordinaria realizada para tal finalidad.

En este tenor, la proposición objeto del presente dictamen es congruente con el marco normativo vigente y es de vital importancia resaltar, que el desarrollo de las sociedades en un contexto de globalización como en el que actualmente vivimos, origina nuevas reglas de convivencia, que apuntan hacia la eliminación de barreras y dan paso a la transparencia, a la rendición de cuentas y al perfeccionamiento del sistema jurídico, a fin de impulsar el estado de derecho y el bienestar de la población, en un clima de apertura y legalidad.

Basándose en la idea anterior, con la finalidad de contribuir a la construcción del estado de derecho y asimismo procurar la protección y garantía del ejercicio de los derechos constitucionales de las y los mexicanos, es preciso dar cumplimiento a los instrumentos internacionales signados y ratificados por nuestro país y de igual forma, es preciso impulsar la armonización de las normas jurídicas en todos los órdenes de gobierno.

Debido a la complejidad en la que hoy se desarrollan las relaciones humanas, las sociedades actuales construyen sistemas jurídicos que presentan gran diversidad en cuanto a su ámbito de aplicación, los cuales van desde la Constitución Política, hasta reglamentos de carácter municipal o incluso de regulación interna de las instituciones, estos instrumentos normativos, son claramente el reflejo de cómo se comporta la sociedad ante determinado asunto y cómo debe ser visto desde el campo del derecho.

Lo anterior no es ajeno al ámbito del deporte, el derecho a la cultura física y la práctica del mismo, son también objeto de un profundo proceso de transformación para incluir la garantía del ejercicio de este derecho constitucional en el entramado jurídico, lo cual requiere de la revisión de las leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos, con la finalidad de que la protección y acceso al ejercicio de este derecho se encuentre previsto en cada norma jurídica vigente, independientemente de su ámbito de aplicación.

En tal sentido, las normas de mayor jerarquía deben ser en todo momento motivo de adecuación y armonización con la finalidad de establecer las herramientas jurídicas necesarias para garantizar el reconocimiento, la protección y el ejercicio de los derechos constitucionales y éste sea también objeto de los ordenamientos que norman los procedimientos internos y administrativos de las instituciones.

La relevancia de armonizar las normas jurídicas, más allá de si el Poder Legislativo elabora las leyes, el Poder ejecutivo reglamenta y el Poder Judicial realiza jurisprudencia, consiste en que todos los poderes forman parte de una maquinaria que preserva el orden jurídico del estado, cualquier acto u omisión tiene consecuencias en el funcionamiento de la administración pública, que además de mantener un buen gobierno, debe preservar la solidez de las instituciones públicas y salvaguardar un orden jurídico eficiente, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica para el desarrollo de la vida cotidiana del país.

Siendo la Ley General de Cultura Física y Deporte, un instrumento jurídico de carácter general, que tiene como principal objetivo la distribución de competencias y la concurrencia en todos los niveles de la Administración Pública en torno a un derecho reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta fundamental atender la necesidad de que los contenidos de la Ley General de Cultura Física y Deporte se armonicen y encuentren eco en los ordenamientos de carácter estatal, lo anterior; representa la columna vertebral para que este nuevo cuerpo legal se adapte de manera congruente, sutil, eficaz, a las conductas de la sociedad que va a regir sus gestiones a través de ella, a las autoridades que van a aplicarla y a las que sancionarán su incumplimiento.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados y del Distrito Federal a revisar sus marcos normativos con el propósito de realizar las reformas pertinentes en sus legislaciones para actualizarlas y armonizarlas con la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo.Se exhorta a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal a incorporar con la mayor brevedad las actualizaciones reglamentarias necesarias derivadas de la armonización que las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realicen a sus disposiciones acorde al contenido de los términos de la Ley General en la materia.

Tercero.Se exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal, así como a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se implementen las previsiones presupuestales y administrativas necesarias con el propósito de reforzar la ejecución de los términos de la normatividad relativa al deporte mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Deporte, diputados:Pablo Gamboa Miner (rúbrica), presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett, Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), secretarios; Olga Catalán Padilla (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), José Adrián González Navarro, Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Míriam Dennis Ibarra Rangel, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel, Ximena Tamariz García (rúbrica), Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas, Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez, José Santiago López (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta.»

REFUERCEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DEPORTE A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESTÍMULOS DEPORTIVOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conade a reforzar con las entidades federativas y los municipios las acciones de promoción deportiva mediante el mejoramiento de la infraestructura y los estímulos deportivos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. El 6 de octubre de 2015, el diputado Pablo Gamboa Miner, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de esta H. Asamblea, una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que en coordinación con el gobierno del Estado de Yucatán y los municipios, refuerce las acciones de promoción del deporte a través del mejoramiento de la infraestructura y estímulos deportivos.

2. Con fecha 13 de octubre del presente año, la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión del Deporte para su análisis y dictamen, mediante el número de expediente 431, a través del oficio número D.G.P.L. 63-II-7-73, de fecha 6 de octubre de 2015.

II. Contenido de la proposición

a) El diputado Pablo Gamboa Miner manifiesta en su proposición, que los jóvenes son actores fundamentales del cambio social y político, poseedores de un gran potencial creativo y capacidad de imaginación.

En nuestro país existen 31.2 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años, mientras que en su estado, Yucatán, según datos del Inegi, al 2010, habitaban poco más de 644 mil personas de entre 12 y 29 años.

b) Asimismo establece, que el Consejo Nacional de Población calcula que el país deberá atender las demandas de un promedio de 30 millones de jóvenes anualmente durante las próximas cuatro décadas.

Hablamos de personas con sueños, anhelos y esperanzas, que se erigen como el sector más importante para el devenir de la sociedad, pero que al mismo tiempo juega un papel crucial en el presente.

Sin duda alguna, las y los jóvenes de este país constituyen un valioso recurso cuyo aprovechamiento depende en gran medida del apoyo que se les brinde desde las instituciones públicas.

En ese sentido, los jóvenes conforman un sector poblacional ante el cual estamos obligados a generar oportunidades y garantías para el ejercicio irrestricto de sus derechos fundamentales.

En el plano laboral, los jóvenes desean que las autoridades faciliten su inserción en el mercado laboral y se les apoye como emprendedores para la creación empresas, para ser investigadores, acceder a las nuevas tecnologías e incursionar al arte y la cultura.

c) Sin embargo, el diputado promovente afirma que el panorama para los jóvenes aún enfrenta rezagos que es preciso resarcir.

De la población juvenil que participa en actividades productivas, el 38.9 por ciento se ubica en puestos formales y el 61.1 por ciento en actividades informales.

d) Asimismo señala, que de acuerdo con cifras del INEGI, del total de los egresados a nivel nacional, únicamente el 30 por ciento encuentra empleo en el primer año y de estos, solo la tercera parte labora en una actividad relacionada con los estudios que cursaron.

e) Según el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la desocupación en México afecta principalmente a los jóvenes, pues el 53 por ciento de los desocupados tienen entre 15 y 29 años.

Estas cifras nos ayudan a comprender por qué 7 de cada 10 mexicanos inmigrantes que se van del país son jóvenes a los que se les negaron oportunidades de progreso.

En materia social, la situación de los jóvenes enfrenta también importantes áreas de oportunidad.

La pobreza afecta hoy en día a 8.2 millones de jóvenes; 27 por ciento no tiene acceso a servicios de salud y 69.1 por ciento de ellos no cuentan con seguridad social.

Sólo 3 de cada 10 jóvenes en edad de acudir a la universidad tienen la oportunidad de hacerlo, lo que implica una exclusión inaceptable del 70 por ciento de nuestros jóvenes.

En resumen, México está en deuda con su juventud porque todavía se enfrentan a contextos de incomprensión, exclusión, discriminación y ausencia de oportunidades de progreso y vida digna.

Por ello resulta urgente repensar al país desde la visión de la juventud.

f) El diputado promovente manifiesta su compromiso de campaña con los jóvenes de Yucatán y de México a representarlos de forma permanente, defendiendo sus intereses y dándoles voz a sus demandas en esta soberanía.

g) Con la presente proposición el diputado promovente busca ensanchar las oportunidades de desarrollo para los jóvenes en Yucatán, a través de la promoción del deporte en el estado, en el entendido de que esta actividad, representa una de las estrategias más importantes del Estado para fomentar la salud, el desarrollo y la inclusión social, particularmente de las y los jóvenes, quienes representan el futuro de nuestro país.

h) Asimismo expresa que el marco jurídico e institucional reconoce la importancia del deporte. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra a la práctica del deporte como uno de los derechos fundamentales que el Estado se encuentra obligado a garantizar.

i) El promovente menciona que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por su parte, retoma este principio constitucional, estableciendo como uno de sus objetivos el “promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de la salud”.

Para lograr este importante objetivo, dicho documento de planeación traza como estrategia la creación de un programa de infraestructura deportiva, así como las siguientes líneas de acción:

• Contar con información confiable, suficiente y validada, de las instalaciones existentes a nivel municipal, estatal y federal, para conocer el estado físico y operativo de las mismas.

• Definir con certeza las necesidades de adecuación, remodelación y óptima operación de las instalaciones deportivas, incluyendo las escolares.

• Recuperar espacios existentes y brindar la adecuada respuesta a las necesidades futuras que requieren los programas deportivos.

• Promover que todas las acciones de los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte se fundamenten en la planeación de largo plazo.

• Poner en operación el sistema de evaluación en materia deportiva que garantice la eficiencia de los recursos financieros invertidos en el deporte nacional.

j) El Programa Nacional de Cultura Física y el Deporte que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo, contempla acciones dirigidas a convertir al deporte en un instrumento de desarrollo para formar mexicanos más sanos y competentes, además de procurar que los niños y jóvenes deportistas con cualidades y talentos específicos cuenten con entrenamiento y servicios especializados, con estímulos adecuados en instalaciones propicias y un sistema de competencia estructurado.

k) Asimismo señala que en estos primeros tres años del sexenio, el gobierno de la República ha demostrado su compromiso con el deporte nacional, desplegando un conjunto de políticas públicas y programas que buscan consolidar a nuestro país como una auténtica potencia deportiva a nivel mundial.

Durante la presente administración se han apoyado 858 acciones de obra para los programas de infraestructura municipal y estatal, de las cuales 367 fueron obras nuevas, 379 rehabilitaciones, 98 ampliaciones y 14 equipamientos, mismas que beneficiaron a las 32 entidades federativas, a 598 municipios y a las 16 delegaciones del Distrito Federal.

Asimismo, es de destacarse que desde el inicio de la administración, hasta agosto de 2015, los atletas mexicanos que participaron en diferentes competencias internacionales obtuvieron 3 mil 813 medallas, de las cuales, mil 355 fueron de oro

El gobierno federal también lleva a cabo acciones para fomentar el deporte en las esferas más próximas a la ciudadanía. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por medio de los Centros del Deporte Escolar y Municipal, fomenta en la población mexicana la práctica regular y sistemática del deporte, aprovechando la infraestructura y recursos existentes para promover la iniciación deportiva en niños y jóvenes.

l) El diputado Gamboa declara que en Yucatán se ha puesto en marcha un esfuerzo importante para mejorar la infraestructura deportiva.

A través del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa, durante los últimos meses se ha apoyado a más de 40 municipios del estado, entre ellos Tixcacalcupul, Chankom, Tahdzi, Temozón, Espita, Kaua, Chichimilá, Tizimín, Izamal, Teabo, Chocholá, Progreso, Tekantó y Suma de Hidalgo.

Como parte de estas obras, se modernizó la Unidad Deportiva Kukulcán en Mérida, para convertirla en el Complejo Deportivo Yucatán, con capacidad para ser sede de competencias nacionales e internacionales, inaugurada en enero de 2015, en beneficio de aproximadamente 271 mil deportistas.

En cuanto a la labor institucional a nivel local, el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, apoya permanentemente a los atletas y deportistas yucatecos.

m) El promovente afirma que es preciso reconocer que los esfuerzos gubernamentales emprendidos hasta el momento están dando muy buenos resultados. Muestra de ello, es que en la Olimpiada Nacional 2015, Yucatán se situó en el quinto lugar del medallero, obteniendo 80 preseas de oro, 82 de plata y 117 de oro, superando a entidades como el Distrito Federal y a instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México.

No obstante los avances logrados, no podemos bajar la guardia en el impulso al deporte en Yucatán.

En este tenor, desde esta Asamblea hace un llamado a las autoridades para que refuercen las estrategias y acciones que actualmente están realizando para promover el deporte en Yucatán, específicamente en materia de infraestructura y estímulos para los deportistas y atletas yucatecos.

El compromiso con los jóvenes se debe traducir en propuestas concretas para favorecer a su sano desarrollo.

La proposición se presentó en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que, en coordinación con el gobierno del estado de Yucatán y los municipios, refuerce las acciones de promoción del deporte en dicha entidad, a través del mejoramiento de la infraestructura deportiva y estímulos a los deportistas y atletas yucatecos.

III. Análisis, discusión y valoración de la proposición

La proposición motivo del presente dictamen, es congruente y concordante con el marco normativo vigente, en tal sentido, las y los diputados integrantes de la Comisión dictaminadora, presentan con relación a la proposición motivo del presente dictamen, las siguientes reflexiones:

La práctica del deporte es un catalizador de relaciones que sustituye en los adolescentes, el marco que prestaban los juegos en la niñez. Los jóvenes se decantan por practicar deporte simplemente porque en él encuentran relaciones de amistad que les potencia su integración en un grupo.

Otros, en cambio, eligen la práctica de un deporte individual buscando reafirmarse personalmente en la conciencia de superación. En cualquier caso, el deporte favorece en adolescentes y jóvenes la experiencia de gestionar personalmente un ámbito diferenciado de las relaciones familiares.

Practicar deporte especialmente en los jóvenes, constituye un beneficio para la mente, ya que fomenta valores de relación, de superación, de responsabilidad, de organización, entre muchos otros; que se derivan de tener que gestionar personalmente el proceso de esa actividad, tanto más cuando se desarrolla en equipo, donde se aprende a ponderar el propio interés con el común.

En este orden de ideas, es de vital importancia la organización de programas deportivos y estrategias enfocadas a facilitar el acceso a la cultura física y el deporte especialmente en este importante sector de la población, ya que un programa deportivo bien organizado, asesorado por gente experta en las disciplinas deportivas, además de lograr un trabajo corporal óptimo, influirá en la población de adolescentes y jóvenes en la prevención de problemas de salud futuros, en la prevención de las adicciones y el delito y con grandes beneficios para el desarrollo individual de la personalidad, fomentando la estabilidad emocional, las relaciones personales sanas y contribuyendo a un bienestar general.

En este tenor, el gobierno desde sus diferentes ámbitos de acción, debe asumir a la cultura física y el deporte, que además son derechos reconocidos constitucionalmente, como herramientas cuyo destino es la generación de más y mejores posibilidades que influyen en el desarrollo humano integral, que promueven el mejoramiento de la calidad de vida, que estimulan la adopción de hábitos saludables, promueve mejores hábitos educativos e impulsa la organización y la participación social en las comunidades. En otras palabras, por mandato constitucional, establecido en el artículo 4° el gobierno en todas sus esferas de actuación, debe asumir la obligación de ser garante de tal derecho para toda la población y especialmente contemplar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes; a través de acciones de política pública que estén articuladas y sean transversales en todos los ámbitos de la administración.

Atendiendo a lo anterior, en esta última década se han realizado grandes esfuerzos para posicionar la cultura física y el deporte como generadores de cohesión social y como un ámbito dentro del cual la población en su conjunto deje de ser mera observadora del deporte como espectáculo para ocupar el lugar de activa participante y como tal, protagonista de sus propios procesos de desarrollo.

Específicamente en el caso de Yucatán, la entidad se ha convertido en semillero de atletas de alto rendimiento con destacadas participaciones en competencias de carácter internacional y asimismo en los Juegos Olímpicos, con una visión de gobierno en materia de deporte consistente en lograr ser una entidad en la cual el deporte y la cultura física estén al alcance de toda la comunidad y sea parte integral de su forma de vida, contribuyendo a elevar la calidad de la salud, la educación y el bienestar de la sociedad, resulta prioritario dotar al Estado, de los elementos necesarios en materia de infraestructura, de acciones para la promoción y el fomento deportivo, a través de los programas adecuados y de igual forma de los recursos económicos destinados para el cumplimiento de tales fines.

En razón de estas reflexiones, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte consideran la proposición necesaria, viable y de importante influencia para el beneficio de los municipios en el Estado de Yucatán.

IV. Modificaciones de la comisión dictaminadora

En la sesión celebrada el 8 de diciembre del año en curso la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia solicitó que el exhorto que se dirigirá a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, incluya la coordinación con todas las entidades federativas.

De igual forma, el diputado Timoteo Villa Ramírez, propuso que a través de esta coordinación con la Conade y las entidades federativas se refuercen las acciones de promoción del deporte, para contribuir al mejoramiento de la salud y la prevención del delito.

En ese tenor, el petitorio original se modifica para incluir las propuestas ya mencionadas.

Por las consideraciones antes expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que, en coordinación con los gobiernos estatales y los municipios, refuerce las acciones de promoción del deporte, para contribuir a la promoción de la salud y la prevención del delito, a través del mejoramiento de la infraestructura deportiva y estímulos a los deportistas y atletas mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Deporte, diputados:Pablo Gamboa Miner (rúbrica), presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett, Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), secretarios; Álvarez Piñones Rosa Alicia (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), José Adrián González Navarro, Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel, Ximena Tamariz García (rúbrica), Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas, Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Erika Irazema Briones Pérez, José Santiago López (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta.»

INSTRUMENTAR ACCIONES ORIENTADAS A ATENDER, DESARROLLAR Y FORTALECER LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN ESA ENTIDAD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conade y los gobiernos de Morelos y de Jiutepec a instaurar acciones orientadas a atender, desarrollar y fortalecer la práctica deportiva en la entidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes.

1. El diputado Ángel García Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó con fecha 13 de octubre de 2015, ante el pleno de esta honorable asamblea, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares del gobierno de Morelos, del municipio de Jiutepec y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a fin de instrumentar acciones orientadas a atender, desarrollar y fortalecer la práctica deportiva en esa entidad.

2. El 15 de octubre del presente año, la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión del Deporte para su análisis y dictamen, mediante el número de expediente 512, a través del oficio número D.G.P.L. 63-II-5-123, de fecha 13 de octubre de 2015.

II. Contenido de la proposición

A) El diputado proponente establece que el deporte tiene una gran influencia en la sociedad; destaca de manera notable su importancia en la cultura y en la construcción de la identidad nacional, además de que su práctica tiene efectos tangibles y predominantemente positivos en las esferas de la educación, la economía y la salud pública.

B) En el terreno educativo sostiene que el deporte juega un papel de transmisión de valores a niños, adolescentes e incluso adultos. En conjunción con la actividad física se inculcan valores como el respeto, la responsabilidad, el compromiso y la dedicación, entre otros, sirviendo a un proceso de socialización y de involucración con las mejoras de las estructuras y actitudes sociales.

Así, el deporte contribuye a establecer relaciones sociales entre personas y culturas y contribuye a inculcar la noción de respeto hacia los otros, enseñando cómo competir constructivamente, sin hacer del antagonismo un fin en sí.

Otro valor social importante en el deporte es el aprendizaje de cómo ganar y cómo saber reconocer la derrota, sin sacrificar las metas y objetivos.

C) Asimismo, el diputado manifiesta en sus consideraciones, que como contribuyente para el desarrollo económico, la influencia del deporte es indudable, en función de la cantidad insumos y accesorios de las personas que lo practican, así como de aquellas que lo disfrutan como espectáculos de masas, fomentando e incentivando con ello a la misma economía, mediante la participación de reconocidas marcas y, en el caso, productores que financian a deportistas, la generación de agentes y promotores, presencia y especialización de medios de comunicación, el incentivo al turismo deportivo y, también debe decirse, indirectamente a otros sectores de la economía.

D) La práctica del deporte eleva el bienestar y la calidad de vida de la sociedad por los efectos beneficiosos de la actividad física, tanto para la salud corporal como la emocional; las personas que practican deporte y otras actividades no sedentarias, con regularidad suelen sentirse más satisfechos y experimentan, subjetivamente, un mayor bienestar.

E) El promovente sostiene que cada vez cobra más fuerza la concepción de que la educación física, la recreación y el deporte son de los más propicios campos de intervención para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades y como medios para disminuir la violencia y delincuencia en la sociedad.

F) Asimismo revela, que si bien, las razones antes expuestas son inobjetables, éstas en décadas no han generado un eco propicio en Morelos, tomando en las últimas fechas al deporte como un medio reactivo, cuando debería de priorizarse su carácter preventivo para disminuir la grave problemática delincuencial que se vive en una entidad de más de 1.8 millones de habitantes y que sólo cuenta con 8 unidades deportivas en todo su territorio, la mayoría de ellas dentro de un solo municipio:

• Caeza: Complejo Acuático Emiliano Zapata, ubicado en Tezoyuca, dentro del municipio de Emiliano Zapata;

• Unidad deportiva Centenario: en Cuernavaca;

• Margarita Maza de Juárez: en la colonia Margarita Maza de Juárez, en Cuernavaca;

• Miguel Alemán: ubicado en la colonia Carolina, en Cuernavaca;

• Miraval: también en Cuernavaca;

• Los Pinos: dentro de la colonia Satélite, en Cuernavaca;

• Revolución: localizable en el centro de Cuernavaca; y

• Ticumán: ubicado en la colonia Ticumán, en el municipio de Tlaltizapán.

G) En contraste, en el municipio de Jiutepec, ubicado al este de la ciudad de Cuernavaca, siendo su cabecera la segunda ciudad más grande en tamaño del estado, que genera 50 por ciento del producto interno bruto, PIB, estatal y en donde reside 13 por ciento de la población del estado, no cuenta con una sola unidad deportiva.

La importancia económica del municipio para el desarrollo económico estatal es innegable, cuenta con la zona industrial más grande de la entidad, llamada Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, Civac, con 250 plantas; tiene más de 2 mil 500 establecimientos comerciales, se cultivan 500 hectáreas, viveros y cultivos a base de riego y es el principal productor nacional de la flor de nochebuena.

El municipio de Jiutepec es una zona de alto desarrollo, integrada por una alta población flotante, gracias a la cercanía con el Distrito Federal y Cuernavaca, pero a pesar de su desarrollo y potencial, ese municipio no cuenta con un espacio deportivo digno para el desarrollo y esparcimiento de sus ciudadanos, a diferencia de municipios más pequeños en el estado, los cuales sí cuentan con instalaciones o unidades deportivas en forma.

H) Asimismo sostiene, que aunado a esta lamentable carencia de infraestructura deportiva municipal, Jiutepec ha sido escenario de graves actos vinculados con la inseguridad, uno de los cuales impactó de manera directa a jóvenes talentos deportivos del municipio y del estado, cuando celebraban precisamente un notable triunfo en una competencia nacional.

No obstante el ánimo de zozobra que la inseguridad pueda generar, la sociedad jiutepense no claudica en mejorar y fortalecer su convivencia cotidiana.

Con base en ello, en la colonia Progreso, localizada en una de las principales vías de comunicación del municipio y de la zona metropolitana de Cuernavaca, las autoridades ejidales y comunales donaron al municipio un predio de 4 mil metros cuadrados, bajo la condicionante de que el inmueble solamente puede ser utilizado para el esparcimiento y fomento del deporte.

En dicho predio, gracias a la participación del Colegio de Arquitectos de Cuernavaca, se tiene proyectada la construcción de la unidad deportiva municipal, con una inversión calculada en 7 millones 350 mil 834.86 pesos, contemplando la creación de una cancha de futbol reglamentaria, cancha de usos múltiples y explanada para actividades físicas.

Con la construcción de esta unidad deportiva, se busca crear una alternativa para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como la ciudadanía en general, practiquen y fomenten la actividad física y, en su caso, el deporte de su agrado.

I) Hace mención de que en Nueva Alianza tienen la creencia de que no debe desalentarse el esfuerzo ciudadano y municipal logrado hasta el momento; si bien los recursos presupuestales requeridos son una imperiosa necesidad, en tanto no se programen y cumplan las autoridades responsables con la normatividad en la materia, las autoridades estatales, municipales y las responsables de la activación física y el deporte en el país deben aprovechar la inercia social generada, a efecto de beneficiar con acciones específicas y coordinadas a una comunidad claramente necesitada de recomponer y fortalecer su cohesión y tejido social.

Con base en las anteriores consideraciones, la proposición se presenta en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, al alcalde del municipio de Jiutepec, así como al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que, de manera coordinada, se instrumenten las acciones interinstitucionales orientadas a atender la imperiosa necesidad de desarrollar y fortalecer la práctica deportiva, el fomento al sano esparcimiento y la promoción de la activación física en ese municipio del estado de Morelos.

III. Análisis, discusión y valoración de la proposición

En tanto que la proposición motivo del presente dictamen, guarda congruencia y armonía con el marco normativo vigente, las y los integrantes de la Comisión de Deporte analizaron y discutieron las consideraciones vertidas en la proposición objeto de estudio.

Al respecto la Comisión de Deporte considera que el deporte es considerado un elemento esencial que contribuye a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la población. Por ello surge la importancia de dar impulso a los programas dirigidos al fortalecimiento de la infraestructura deportiva y a reforzar una cultura de deporte y activación física para todas las y los mexicanos.

En este contexto, el gobierno en todos sus niveles de administración, de conformidad con el artículo 4o. constitucional en su último párrafo, otorga atribuciones al Estado, para la promoción, fomento y estímulo de la cultura física y la práctica del deporte, de conformidad con las leyes en la materia, hecho que convierte a la Administración Pública en todos sus niveles, en la entidad encargada de la difusión, promoción, fomento, investigación, práctica y supervisión de la cultura física y el deporte, así como de la vigilancia y validación en coordinación con las dependencias y entidades competentes para el cumplimiento de los lineamientos en materia de infraestructura de cultura física y deporte, a través de la promoción de la creación, mantenimiento y conservación de instalaciones y áreas óptimas para su práctica en los diferentes sectores de la población.

Los logros obtenidos en materia de impulso a la cultura física y deporte son innegables, hoy hacen posible reconocer al deporte como un factor de gran relevancia del impacto social y económico y de la inversión empleada para su estímulo y promoción, sin embargo, es aún imprescindible contar con estrategias que promuevan la creación y mejoramiento de la infraestructura deportiva y el impulso de programas que permitan a la sociedad el fácil acceso a la práctica deportiva, a efecto de hacer válido el derecho constitucional antes mencionado.

El actual Plan Nacional de Desarrollo establece que una sociedad con cultura deportiva desarrolla capacidades de liderazgo, competencia y habilidades sociales que mejoran el bienestar y el nivel de plenitud del individuo. Es por ello que entre sus líneas de acción en materia de deporte se determinó como factor de suma importancia el desarrollo del talento deportivo en la juventud para promover una cultura de salud, la cual actualmente presenta un deterioro importante ante la escasa actividad física que realizan las y los ciudadanos.

La inversión en actividad física supone un ahorro en la inversión en salud pública, y según recomendaciones de las Naciones Unidas, cada peso que se invierta en actividades físicas, se traduce en un ahorro de ahorro de 3.20 pesos de gasto médico en el futuro.

Atendiendo a lo anterior, es preciso aumentar la capacidad de la infraestructura deportiva, para fomentar que toda persona tenga acceso a la cultura física y al deporte.

En este orden de ideas, la Comisión de Deporte considera que la proposición objeto del presente dictamen indudablemente expone un panorama del Estado de Morelos que requiere de especial atención a efecto de reducir conductas y fenómenos sociales que afectan de manera importante el óptimo desarrollo de la población de esa entidad federativa y que a través de una correcta estrategia de impulso, promoción y fomento de la cultura física y el deporte, será posible contribuir de forma significativa en el bienestar de la población del Estado de Morelos.

IV. Modificaciones de la comisión dictaminadora

Con la finalidad de que la proposición con punto de acuerdo presente congruencia con la jerarquía institucional de competencias de la Administración Pública, las y los integrantes de la Comisión de Deporte modificaron el orden bajo el cual se redactó el petitorio original, a efecto de que la coordinación interinstitucional que pondera el exhorto, se de en un principio desde el ámbito federal, hacia el estatal y municipal, en razón de sus respectivas competencias y jurisdicción. Por ello, en la redacción del petitorio quedaría en primer lugar la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, continuando con el Titular del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y finalmente el Presidente Municipal del Municipio de Jiutepec.

Por las consideraciones expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que conjuntamente con el titular del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y el presidente municipal de Jiutepec, se instrumenten de manera coordinada acciones interinstitucionales orientadas a desarrollar y fortalecer la práctica deportiva, el fomento al sano esparcimiento y la promoción de la activación física en ese municipio del estado de Morelos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Deporte, diputados:Pablo Gamboa Miner (rúbrica), presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett, Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), secretarios; Olga Catalán Padilla (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), José Adrián González Navarro, Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Míriam Dennis Ibarra Rangel, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel, Ximena Tamariz García (rúbrica), Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas, Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez, José Santiago López (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta.»

RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL CENTRO NACIONAL PARALÍMPICO UBICADO EN IRAPUATO, GUANAJUATO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conade a realizar con los gobiernos estatal y municipal de Irapuato, Guanajuato, acciones para resolver la problemática del Centro Nacional Paralímpico

Honorable Asamblea:

La Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. El 1° de diciembre de 2015, la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de esta honorable asamblea, una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de cultura Física y Deporte a realizar las acciones necesarias, para recibir el Centro Nacional Paralímpico, ubicado en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

2. Con fecha 2 de diciembre de 2015, la Mesa Directiva turnó para análisis y dictamen, dicha proposición a la Comisión del Deporte, mediante el número de expediente 1109, oficio No. D.G.P.L. 63-II-1-0214, de fecha 1° de diciembre del presente año.

II. Contenido de la proposición

1. La diputada promovente comenta en su proposición, que el “Centro Paralímpico Nacional” es un proyecto federal ejecutado bajo la tutela de la Comisión Nacional del Deporte construido en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, que surge de la necesidad a nivel nacional y regional, de contar con instalaciones que permitieran la preparación y entrenamiento de deportistas de alto rendimiento.

2. Asimismo afirma, que en 2010 se visualizó la construcción del Centro Paralímpico Nacional en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y, para llevar a cabo dicho proyecto, la Universidad de Guanajuato donó al gobierno federal 30 hectáreas.

3. De igual forma hace mención, que en septiembre de 2010, el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Deporte y el municipio de Irapuato, administrado por el Ayuntamiento 2009-2012, celebraron un convenio de colaboración.

Según sus cláusulas, dicho convenio tuvo como objeto la entrega de la posesión, por parte de la Comisión Nacional del Deporte, en su calidad de destinatario al municipio de Irapuato, de un predio con superficie de 300,000 metros cuadrados, en el que se realizaría la construcción del Centro Paralímpico Nacional.

4. La diputada promovente declara que dicho convenio no generó derechos reales al municipio sobre el inmueble y las instalaciones, únicamente se otorgó el uso y goce temporal del mismo durante la vigencia del convenio, esto es del 5 de septiembre de 2010 al 9 de octubre de 2012, según se desprende la cláusula quinta, fecha en que la administración municipal concluiría su periodo.

5. Según los términos de la proposición, en el multicitado convenio, el municipio de Irapuato asumió las siguientes obligaciones:

a) Durante el tiempo en que el mencionado inmueble permanezca en su posesión, se obliga a cuidar de su mantenimiento y conservación y a responder de todo deterioro que este sufriera por su culpa, así como dar aviso a “LA Conade” de cualquier novedad que pudiere ser dañosa o perjudicial para los bienes objeto de este convenio;

b) Llevar a cabo todos los trámites y procedimientos que sean necesarios para que se lleve a cabo la construcción del “Centro Paralímpico Nacional”

c) No podrá destinar los bienes entregados por este convenio a un uso diverso que el de la construcción del Centro en comento.

6. Según lo establecido proposición, en la segunda cláusula del convenio, la Conade autorizó al municipio únicamente para llevar a cabo la construcción del “Centro Paralímpico Nacional”, habiendo concluido con dicha encomienda.

7. De igual forma la diputada promovente asegura que en 2011 se firmó un convenio de coordinación entre la Conade, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el municipio de Irapuato, con el objeto de establecer las bases para la entrega de los Subsidios federales señalados en el decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2011.

8. En la proposición se establece que en marzo de 2012 se inauguró la primera etapa, con una inversión de 246.75 millones de pesos, etapa que se compone de la pista de atletismo, canchas de tenis, futbol y de usos múltiples, todo con las especificaciones determinadas por su naturaleza, solo por mencionar algo; ese mismo día se anunció el arranque de la segunda etapa para ese mismo año.

9. Se hace mención que en noviembre de 2013 se concluyó la segunda etapa, con una inversión de 124.8 millones de pesos, misma que consistió en la construcción del centro acuático con albercas olímpica techada, semiolímpica, de relajación y de control y nado contra corriente, así como la obra exterior.

Sin embargo, las instalaciones deportivas del Centro Paralímpico Nacional de vanguardia y adaptadas para los deportistas con alguna discapacidad, no han podido ser destinadas a su objetivo.

10. Asimismo se alude a que en enero de 2014, la Conade, derivado de una visita de revisión al Centro, presentó un estimado del costo de operación y mantenimiento del Centro, cantidad que asciende a 1 millón 174 mil 800 pesos mensuales.

11. Se menciona también, que la construcción de la primera etapa estaba concluida, la vigencia del contrato celebrado con la Conade se había terminado, el municipio de Irapuato no tenía derechos reales sobre el inmueble ni las instalaciones, sino únicamente el uso y goce temporal del mismo durante la vigencia del convenio.

12. Frente a lo anterior, el nuevo Ayuntamiento 2012- 2015 inició las gestiones ante la Conade para realizar la entrega de la obras concluidas, cosa que a la fecha no ha sucedido.

13. Se declara también en la proposición, que se dieron diversas comunicaciones atendiendo a las formalidades que el caso ameritaba, cuya evidencia documental cuenta desde el acta de la sesión de Ayuntamiento donde se tomaron acuerdos para dar cauce a la búsqueda de soluciones, hasta la minuta levantada con motivo de la reunión celebrada con el entonces Director General de Conade, Jesús Mena Campos.

En dicha visita a las instalaciones en la Conade, los integrantes del Ayuntamiento, conforme al acuerdo tomado por el ayuntamiento, urgieron a dicha dependencia federal a recibir el inmueble con las obras terminadas a fin de que diera el cuidado, vigilancia, mantenimiento y operación de tales instalaciones, sugiriendo la promoción de eventos deportivos para los que fueron construidas, y así evitar su deterioro.

14. Al respecto la promovente afirma que han pasado más de 3 años desde que se concluyó la primera etapa y dos años de la segunda etapa, sin que haya habido acción o solución alguna por parte del organismo federal encargado del proyecto, a pesar de las diversas comunicaciones, solicitudes, e incluso, acuerdos tomados en conjunto.

De dichas gestiones no se ha recibido una respuesta, por parte de la Conade, que de cauce, por lo menos, al proceso de entrega recepción de las obras terminadas correspondientes a la primera y segunda etapas del “Centro Paralímpico”.

Ante la magnitud de la inversión destinada para la construcción del “Centro Paralímpico Nacional”, el Ayuntamiento 2012-2015 realizó diversas gestiones ante la Comisión Nacional del Deporte con el objeto de buscar un nuevo acuerdo para convenir y actualizar las obligaciones tanto de la Conade como del municipio de Irapuato, pero especialmente para que la Conade reciba las etapas terminadas.

Incluso, luego del nombramiento del nuevo Director General de Conade, Alfredo Castillo Cervantes, en abril pasado, el municipio de Irapuato, envió una comunicación al nuevo Director, para informar de la situación que guarda el inmueble en cuestión, y a pesar de la voluntad de buscar solución conjuntamente con el estado y el municipio, a la fecha no se tiene una solución.

15. Señala la promovente, que dentro de las atribuciones de la Conade se establecen las de promover la construcción, conservación, uso y mejoramiento de las instalaciones destinadas a la cultura física y el deporte; así como coordinarse entre otros, con los municipios para promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte, tal como se desprende la Ley General de Cultura Física y Deporte, atribuciones que solicitamos respetuosamente, se ejerzan de manera completa en beneficio de los mexicanos.

Todo lo anteriormente expresado, ha traído como consecuencia el deterioro natural y provocado que en cinco ocasiones, se hayan dado robos a dichas instalaciones; esto en virtud de que el municipio de Irapuato no cuenta con las facultades legales, ni capacidad administrativa y financiera, para hacerse cargo del Centro, resultando absurdo pretender que así lo hiciera.

La situación actual sobre las instalaciones del “Centro Paralímpico Nacional” es de incertidumbre. No se ha dado un aprovechamiento de las instalaciones, creando un elefante blanco. Se ha vuelto un reclamo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno urgiendo a la solución de ese asunto.

16. También establece la promovente, que con el nuevo Director de la Conade a principios de este año se notó un cambio de actitud y la voluntad de resolver el tema, y el estado de Guanajuato por conducto del director de la Comisión del Deporte hasta este año aceptó la posibilidad de administrar el inmueble siempre y cuando se le asigne el recurso; de igual manera, con el cambio de administración municipal el nuevo alcalde de Irapuato, ha planteado a la ciudadanía su voluntad de resolver el tema.

Punto a considerar, es que la ciudadanía demanda que se utilice el “Centro Paralímpico Nacional”, es necesario que de inmediato se dé cauce real a los objetivos iniciales del centro o los que de acuerdo a la realidad actual acuerde la Conade.

En virtud de lo anterior, resulta imperante que las instalaciones deportivas de vanguardia y adaptadas para los deportistas con discapacidad, no sigan en el estado de abandono y deterioro en el que se encuentran, considerando, además, que se trata de una inversión de más de trecientos millones de pesos de los mexicanos.

La proposición se presenta de la siguiente forma:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte a realizar las acciones que resulten necesarias para que la Conade, en el ámbito de sus atribuciones legales reciba de inmediato el Centro Nacional Paralímpico ubicado en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte a resolver de manera definitiva sobre el cuidado, administración y operación del Centro Nacional Paralímpico, en el entendido de que para hacer rentables dichas acciones, se pueda ampliar el uso de las instalaciones que alberga dicho centro, y no sea limitativo al deporte adaptado.

III. Análisis, discusión y valoración de la proposición

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte analizaron y discutieron las consideraciones que sostienen la proposición objeto del presente dictamen, al respecto coincidieron que la misma es congruente con el marco normativo vigente.

La práctica del deporte adaptado en México proviene directamente de la labor que la sociedad civil constantemente realiza en aras de impulsar la difusión y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, así como la garantía para su ejercicio.

No obstante lo anterior, aún son indispensables acciones que conduzcan a la promoción, educación, financiación y capacitación en materia de deporte adaptado, y de igual forma la coordinación de gobierno y sociedad para que las personas con discapacidad, gocen de los beneficios que implica la cultura física y la práctica del deporte, que además de ser una actividad que trae múltiples beneficios al desarrollo de la sociedad, es ya un derecho constitucional que debe ser garantizado por el gobierno.

El deporte es considerado como parte de los valores esenciales comúnmente aceptados por la sociedad, ya que influye directamente en el desarrollo integral de las personas, tanto en el aspecto físico como en el psíquico o social, lo cual hace posible lograr equilibrio en la personalidad del ser humano. Específicamente en el caso de las personas que viven algún tipo de discapacidad, los efectos del deporte son aún mucho más claros y benéficos, ya que es un elemento indispensable para la readaptación física y psicológica y fortalece la integración social.

México tiene una historia de inclusión de las personas con discapacidad en la práctica del deporte, que datan de 1957, año en el que se llevaron a cabo los primeros torneos interescolares, los cuales han sido inspiración para concebir al deporte adaptado de forma profesional y federada y un paso definitivo hacia su inclusión en el marco normativo mexicano, tanto a nivel federal, como estatal. Es a través de las leyes vigentes, que el deporte es comprendido como un medio esencial para el desarrollo de las personas con discapacidad.

Ante este panorama, es preciso que el gobierno en coordinación con la sociedad civil, emprenda una serie de acciones, medios y directrices para el fomento del deporte y la garantía de fácil acceso a la población en su conjunto y muy en especial, dirigir estos esfuerzos a las personas con discapacidad.

En tal sentido, la construcción y el mejoramiento de la infraestructura deportiva juega un papel indispensable en el impulso de la práctica del deporte en la población, el Estado debe ser un agente garante de que la misma cuente con los elementos necesarios de accesibilidad y equipamiento adecuado para hacer de la práctica deportiva un factor de impulso al desarrollo de la sociedad en condiciones de inclusión y equidad.

En el caso específico del Centro Nacional Paralímpico, cuya inversión asciende a más de 370 millones de pesos, es un proyecto de suma relevancia para el impulso de la actividad deportiva de alto rendimiento en materia de discapacidad, sus instalaciones y equipamiento deben ser resguardados y administrados por el gobierno, con la finalidad de dar acceso a la población que requiera de los servicios.

Ante tal situación de abandono en el que se encuentra este importante proyecto, es menester que se implementen acciones de coordinación entre los distintos niveles de la administración pública, a efecto de llevar a cabo las acciones pertinentes que conlleven a su recuperación y cumpla con la finalidad para la cual fue construido. En tal sentido, es prioritario que el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, establezca de forma inmediata las gestiones necesarias para que este centro sea funcional y se convierta en un beneficio para las personas con discapacidad.

IV. Modificaciones de la comisión dictaminadora

En lo que respecta al primer petitorio que compone esta proposición, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte, consideramos pertinente que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, debe estudiar todas las posibles soluciones que hagan funcional el Centro Nacional Paralímpico, aspecto que se convierte en la principal finalidad, independientemente de la esfera gubernamental que tenga a cargo su administración.

Asimismo, es preciso dejar claro que sus instalaciones y equipamiento fueron en un principio pensados para impulsar las diversas disciplinas deportivas que conforman el deporte adaptado, ante la escasez de lugares destinados exclusivamente a la práctica del deporte de las personas con discapacidad, por lo que es preciso que el inmueble cumpla con su misión para la que inicialmente fue pensado.

En tal sentido, la Comisión de Deporte ha coincidido en que la proposición motivo del presente dictamen, sólo se componga de un único petitorio, el cual consista en dirigir el exhorto a la Conade, para que en coordinación con el gobierno del estado de Guanajuato, estudie las diversas alternativas que den operatividad al Centro Nacional Paralímpico en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

Por las consideraciones antes expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte a que en el ámbito de sus atribuciones legales y en coordinación con el gobierno estatal y municipal, estudien las alternativas pertinentes que resuelvan de forma definitiva la problemática que presenta el Centro Nacional Paralímpico, ubicado en el municipio de Irapuato, Guanajuato y sus instalaciones sean operativas y funcionales para la práctica del deporte adaptado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Deporte, diputados: Pablo Gamboa Miner (rúbrica), presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett, Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), secretarios; Álvarez Piñones Rosa Alicia (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), José Adrián González Navarro, Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel, Ximena Tamariz García (rúbrica), Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas, Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Erika Irazema Briones Pérez, José Santiago López (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta.»

INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa y sus homólogas estatales a incrementar la promoción de la donación de órganos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80, numeral 1, fracción VI, 84, 85, 176, 180, numeral 2, fracciones I y II; 182, numeral 3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de lo siguiente:

I. Antecedentes

1. El 3 de septiembre de 2015, la diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y locales a incrementar la promoción de la donación de órganos.

2 En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 37/LXIIIpara su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición

La legisladora señala que en nuestro país casi 20 mil personas, que requieren de un trasplante de órgano, que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Trasplantes.

Subraya que la demanda es mayúscula y la disposición de órganos no es suficiente. Más de 12 mil personas enfermas están a la espera de un trasplante de riñón. Sin embargo, hasta el 3 de julio del presente año sólo se pudieron realizar 633 trasplantes renales de donante vivo y fallecido.

La proponente menciona, además, que el segundo órgano más requerido para trasplante en el país es la córnea. Actualmente hay más de 7 mil pacientes que están a la espera de un trasplante para recuperar la vista.

La diputada reconoce que nuestro país ha avanzado en su legislación en cuanto al tema de la donación de órganos, sin embargo, la mayoría de la población aún desconoce las particularidades de la misma, y por esto se manifiesta renuente a registrarse como donador.

Menciona que la legislación del país prevé la donación tácita, siempre que ésta cumpla con las modalidades y requisitos señalados en el capítulo III del título décimo cuarto de la Ley General de Salud.

La legisladora señala que el Centro Nacional de Trasplantes creó la tarjeta Donador Voluntario, que constituye una forma de manifestar el deseo de ser donador de órganos y/o tejidos con fines de trasplante. Según lo indicado, el objetivo de esta tarjeta es que la misma sea entregada a un familiar para que en el momento de la pérdida de la vida, sea él quien sustente la determinación del donante.

Otra posibilidad de donación que menciona la legisladora en su exposición se refiere a un “documento oficial de la donación”, en el que se manifiesta el consentimiento expreso de todas aquellas personas que deseen donar sus órganos y/o tejidos, después de su muerte, para que sean utilizados con fines terapéuticos. Este documento debe ser expedido por una autoridad federal facultada para tal efecto, es decir el Centro Nacional de Trasplantes, a solicitud expresa del ciudadano debiendo acudir de manera personal con identificación oficial a dicho órgano desconcentrado a recibir el documento solicitado.

La proponente estima que ante la enorme demanda de órganos y tejidos es conveniente incrementar la promoción de las acciones que pone a disposición de la población el Centro Nacional de Trasplantes, a fin de incentivar a los ciudadanos a realizar cualquiera de las formas de donación expresa con que se cuenta en el país.

Derivado de lo anterior, para la legisladora es menester que las Secretarías de Salud de las entidades federativas no sólo incrementen la promoción de la cultura de la donación, sino que se involucren de manera decidida en este tema, ya que no se cuenta con los recursos humanos suficientes para dar la atención a las personas que requieren un trasplante.

Finalmente, formula el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, así como a las Secretarías de Salud de las entidades federativas, a incrementar la promoción de la donación de órganos y tejidos, haciendo especial énfasis en la importancia de la donación expresa ante el Centro Nacional de Trasplantes.

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

1.Conforme al Artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los ciudadanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma. Es decir, los mexicanos gozan del derecho a la libertad, a la autodeterminación, la garantía y respeto de su integridad física.

2. Por lo anterior, cada persona es libre de decidir si, a su muerte, desea que sus órganos sean puestos a disposición de una institución de salud para que ésta a su vez, los entregue a quien tenga necesidad de ellos.

3. Es posible que a mayor información sobre la donación de órganos, un mayor número de personas decida libremente que, tras su muerte, se disponga de los sus órganos para ayudar a otras personas que los necesiten.

4. La fracción V del artículo 313 de la Ley General de Salud, señala la obligación de la Secretaría de Salud de elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del sistema nacional de salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, por lo que esta Comisión considera viable la aprobación del punto de acuerdo propuesto por la Diputada.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente

V. Resolutivo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Salud federal y locales para que, conforme a sus facultades, refuercen las acciones tendientes a incrementar la promoción de la donación de órganos, haciendo especial énfasis en la importancia de la manifestación expresa de la voluntad de donar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

REALICE CAMPAÑAS REGIONALES PARA CONTENER EL BROTE DE LA ENFERMEDAD CHIKUNGUNYA Y EVITAR SU EXPANSIÓN A OTRAS ENTIDADES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas regionales para contener el brote de la enfermedad chikungunya y evitar su expansión a otras entidades

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Las proposiciones con punto de acuerdo, motivo de este dictamen se presentaron ante esta Comisión y fueron turnadas por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el siguiente orden:

• Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas regionales para contener el brote de la enfermedad de chikungunya y evitar su expansión a otras entidades, a cargo de la diputada Verónica Muñoz Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 3 de septiembre de 2015, con número de expediente 038.

• Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Salud Federal y al gobierno de Morelos a continuar e implantar acciones que contribuyan a prevenir y combatir la enfermedad del chikungunya en la entidad, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional, de fecha 29 de septiembre de 2015, con número de expediente 341.

• Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, el Consejo de Salubridad General y los Gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán a implantar acciones contra la fiebre del chikungunya, a cargo del diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, de fecha 29 de octubre de 2015, con número de expediente 736.

2. Las proposiciones antes descritas fueron turnadas a la Comisión de Salud, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. La Comisión de Salud, en su Segunda Reunión Ordinaria, celebrada el 9 día de diciembre de 2015, resolvió aprobar los dictámenes antes descritos con base a las siguientes:

II. Consideraciones

1. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las Proposiciones, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.??

Las Proposiciones con Punto de Acuerdo que se dictaminan, se sustentan en lo siguiente:

• La diputada, Verónica Muñoz Parra, señaló que “Últimamente hemos sido vapuleados por diferentes enfermedades, muchas de ellas aún sin cura. Recientemente en México nos hemos visto afectados por el virus de la chikungunya, el cual tuvo su origen a la mitad del siglo XX en África, desde entonces se ha venido propagando por todo el mundo”.

”Como todo virus es complicado su estudio y erradicación, por lo cual no hay un antídoto o cura disponible, solamente se contiene a través de analgésicos como el paracetamol y la ingesta de vitaminas; esto conlleva a un gasto extraordinario en las finanzas de las familias y las más afectadas son las que viven al día, porque no cuentan con ahorro que permita la compra de medicamentos”.

“El sector salud es rebasado por la demanda de medicamentos que controlan las fiebres. Actualmente, es en los estados del Sur donde se han detectado miles de casos registrados oficialmente, el primer lugar lo ocupa Guerrero, seguido de Oaxaca y en tercer lugar Chiapas”.

• Por su parte la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, señala: “La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos. Se describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952. Chikungunya es una palabra que en el idioma makonde significa “doblarse” (debido a que los enfermos se doblan o encorvan por dolor en las articulaciones). Es una enfermedad nueva en el continente americano, transmitida por el mismo tipo de mosquito que propaga el dengue, por lo que en algunos casos se pueden contraer ambas infecciones”.

“La principal característica de esta enfermedad es que los síntomas aparecen súbitamente que pueden durar por días, meses y en algunos casos registrados por la Organización Mundial de la Salud por años. Quienes deben de tener más cuidado ante esta enfermedad por las consecuencias que genera, son las personas de edad avanzada pues existen casos de mortalidad en este sector de la población”.

“Es de suma importancia destacar que hasta este momento no existe una vacuna para el control chikungunya, ni tampoco medicamentos para evitar la infección, en todo caso y a diferencia del dengue, que también es transmitida por vector, la chikungunya genera dolores musculares y articulares más fuertes, afecta manos, pies, rodillas, espalda y puede incapacitar a las personas para caminar o hasta para abrir una botella de agua. En el Dengue pueden presentarse hemorragias y puede complicarse por la fiebre”.

La promovente precisa que ”La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general , conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

De lo anterior se desprende que el Estado como autoridad, debe garantizar las modalidades de protección de salud para todos sus habitantes y que el mismo artículo 73 fracción XVI obliga al Estado a tomar medidas preventivas; necesarias para el caso de epidemias o que pongan en riesgo la integridad de las personas”.

En ese orden de ideas exhorta a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno federal y al Gobierno del estado de Morelos, a efecto de que continúen con la implementación de nuevas acciones que coadyuven en la prevención y combate de la enfermedad.

• Por su parte, el diputado Jorge Tello López, señala “Que desde hace un año aproximadamente en la región sureste del país, se están presentando casos de fiebre debido a un virus transmitidos por un vector, el cual genera la enfermedad denominada “fiebre del chikungunya” ; esta enfermedad es transmitida al ser humano por mosquitos (Aeedes aegypti), portadores o vectores del virus”.Añade que “actualmente están siendo afectados siete estados de la República Mexicana, de los cuales destacan Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán”

2. La comisión dictaminadora toma en cuenta que:

La presencia de este vector, cuyos síntomas principales son dolores articulares, ha despertado el lado creativo de los gobiernos. A demás de los avisos epidemiológicos que ha realizado la Secretaria de Salud, las autoridades siguen informando y alertando a la población. Incluso para llamar la atención de la población, la dependencia, por medio de canciones, influye en la gente sobre la importancia de prevenir la transmisión del virus del chikungunya.

En México, El Salvador, República Dominicana, Venezuela y Colombia se han creado diversas canciones relacionadas al chikungunya.

Esta campaña inició en Sinaloa y Yucatán, y de acuerdo con las autoridades de salud, al ser diferente a las llevadas a cabo hasta el momento, se tomó la decisión de proyectarla a nivel nacional. Se prevé que finalice en el mes de diciembre.

En el video de una duración de más de dos minutos se describen, a través de la letra de la canción, los síntomas y algunos consejos de prevención para evitar enfermarse del mismo, mientras que jóvenes, amas de casa, restauranteros, médicos y pacientes bailan. En él video también se pide a la gente que espante al mosco, que no le pique; que use mosquiteros y también repelentes.

La fiebre chikungunya es una enfermedad viral que se transmite por la picadura del mosquito portador del dengue. Entre los síntomas que se presentan se encuentran fiebre mayor a 39 grados, dolores en articulaciones, erupciones en la piel y enrojecimiento de los ojos.

La enfermedad, parecida al dengue, presenta reportes en 18 estados del país, teniendo su foco rojo en Guerrero, con mil 383 casos, y en Oaxaca, con 947 casos; mientras que Michoacán registra 794 casos y desplazó al cuarto lugar a Chiapas, que tiene 517.

Hasta el 22 de agosto, de acuerdo con el boletín epidemiológico, se contabilizan 5 mil 315 casos del virus del chikungunya. En abril pasado sólo dos estados reportaban la enfermedad. Actualmente se registran casos en 18 entidades, es decir, más de la mitad del país.

De acuerdo con la Secretaría de Salud el 63% de los casos corresponde a mujeres y el resto a hombres. Del total, 49.8% se trata de personas que se encuentran en el grupo de edad económicamente activo, es decir, entre los 20 y los 49 años de edad. En conjunto presentaron fiebre y 67% de los casos fueron atendidos en unidades médicas de la SSA; 22% en el IMSS, 6% en el ISSSTE y 5% en otras instituciones de salud.

Las autoridades en el rubro esperan que el virus se disperse hacia el norte del país, por la temporada de lluvias y los flujos migratorios. La Federación ha invertido este año 719.4 millones de pesos: 319.4 para el control del vector y 400 millones para Promoción de la Salud y Atención Médica. Al mes de junio, se fumigaron 376 mil hectáreas en todo el país.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Salud somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, así como al Consejo de Salubridad General, y las instituciones de salud, IMSS e ISSSTE, para que continúen con las campañas de prevención y atención del virus chincungunya, así como la instrumentación y formulación de planes de contingencia y el monitoreo coordinado con las autoridades de salud local, respecto de los brotes del virus, a fin de contener su propagación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

ACCIONES TENDENTES A PREVENIR Y COMBATIR EL DENGUE Y EL DENGUE HEMORRÁGICO TRANSMITIDO POR VECTOR EN DICHA ENTIDAD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa y al gobierno de Morelos a continuar y ejecutar nuevas acciones tendentes a prevenir y combatir el dengue y el dengue hemorrágico transmitido por vector en la entidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 8 de septiembre de 2015, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal y al Gobierno del estado de Morelos a ejecutar nuevas acciones para combatir el dengue y dengue hemorrágico en dicha entidad.

2. Con fecha 15 de octubre de 2015,la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 60/LXIIIpara su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición

La diputada plantea en su exposición que la proyección a futuro de la enfermedad de dengue y su expansión geográfica no son prometedoras, ya que es muy probable que se sigan introduciendo nuevas cepas y serotipos del virus en muchas áreas en donde la densidad demográfica alcanza niveles alto; aunado a lo anterior, la falta de nueva tecnología para controlar el mosquito dificulta el combate de esta enfermedad.

En los últimos años, las autoridades de salud han hecho énfasis en la prevención de la enfermedad y el control del mosquito a través de esfuerzos comunitarios para reducir las áreas de reproducción de las larvas. Sin embargo, es poco probable que tenga un efecto en la transmisión de la enfermedad.

La legisladora proponente considera que se deben diseñar mejores sistemas de vigilancia, basados en laboratorios, que puedan advertir a tiempo sobre una inminente epidemia de dengue; asimismo, continuar con las campañas de eliminación o erradicación de los lugares en los cuales se almacenan las larvas del mosquito: También considera que es importante tomar medidas para diagnosticar y tratar los casos de dengue y dengue hemorrágico de manera adecuada.

El objeto de la proposición es que se haga un llamado respetuoso al Gobierno de la República y al Gobierno del Estado de Morelos para que continúen y ejecuten nuevas acciones de combate al dengue en esa Entidad.

El resolutivo planteado en la proposición es el siguiente:

Único: Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno federal y al Gobierno del estado de Morelos, para que continúen y ejecuten nuevas acciones para la prevención y combate del dengue y del dengue hemorrágico trasmitido por vector, en dicha entidad federativa.

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

1. Se señala que el dengue es una enfermedad de tipo viral que afecta a toda la población. En nuestro país el dengue aparece entre los años de 1966 y 1967, y el primer caso reportado de dengue hemorrágico en México, ocurrió en el Estado de Yucatán en el año de 1984, en donde se dieron seis casos, de los cuales cuatro fallecieron.

2. En el estado de Morelos actualmente se implementan campañas en las que participan brigadistas que realizan actividades de saneamiento básico, con el objeto de eliminar los criaderos de larvas del mosquito; sin embargo, no ha resultado suficiente ya que en esa Entidad Federativa se tiene una población de 1,777,227 habitantes.

3. La Comisión de Salud coincide con la proponente en que es imprescindible se implementen nuevos mecanismos que permitan la prevención y erradicación de enfermedades infectocontagiosas transmitidas por vectores, como lo es el dengue.

Si bien la eliminación de criaderos constituye una acción prioritaria en la prevención y control del dengue, no ha resultado suficiente para enfrentarlo de manera eficaz en el estado de Morelos.

4. Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, toda vez que tanto la Ley General de Salud como la Ley de Salud del estado de Morelos, en sus artículos 134, fracción VI y 127, fracción VI respectivamente, señalan que la Secretaría de Salud a nivel federal y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de la enfermedad transmisible del dengue.

Además, la citada ley local en su artículo 132 Bis fracciones I, II y IV dispone que:

Artículo 132 Bis.Las autoridades sanitarias, en sus respectivos ámbitos de competencia, implementarán una estrategia integral de prevención y control del dengue que incluya:

I. Desarrollar una campaña sistemática y permanente para la eliminación de criaderos del vector;

II. Disponer de personal idóneo para la integración del equipo de trabajo de la campaña a que se refiere la fracción inmediata anterior, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas en la materia;

III. ...

IV. Efectuar la vigilancia epidemiológica, que podrá incluir el uso de un sistema informático que permita ponderar los estudios de ser o prevalencia en la población, monitoreando de manera periódica la presencia del vector, a efecto de implementar técnicas y el procedimiento de análisis de la magnitud de las patologías bajo emergencia, determinando los factores de influencia;

V. a IX. ...

También sustenta la viabilidad de este punto la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de Enfermedades transmitidas por Vector, misma que dispone en su numeral 6.1 los procedimientos de vigilancia epidemiológica rutinaria y especial, que se deben realizar conforme a lo establecido en la NOM- 017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica.

En el caso de dengue, aplica además el manual de lineamientos para la vigilancia epidemiológica específico. Por lo que además de las que ya existen, los tres niveles de gobierno deben utilizar todas las estrategias para facilitar y aplicar las actividades de vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente

V. Resolutivo

Único: Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al gobierno del estado de Morelos, a efecto de que continúen y ejecuten nuevas acciones para la prevención y combate del dengue y dengue hemorrágico trasmitido por vector, en dicha entidad federativa.

Notas:

1 Secretaría de Salud, 1995

2 Según censo poblacional 2010 levantado por el Inegi.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

EJECUTEN ACCIONES Y CAMPAÑAS PARA FORTALECER LAS ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa y la SEP a ejecutar acciones y campañas para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

Con fecha 15 de septiembre de 2015, los diputados Sofía González Torres y Manuel Alexander Zetina Aguiluz, de los Grupos Parlamentarios Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, respectivamente, presentaron proposiciones con punto de acuerdo para exhortar a la Secretarias de Salud y Educación Pública, para que a la brevedad posible se impulse y realice una campaña de Prevención del Suicidio.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta Comisión, con números de expediente 100/LXIII y 114/LXIII respectivamente, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las Proposiciones en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

Los diputados proponentes, manifiestan que las muertes autoinfligidas o suicidios se han convertido en un problema de salud pública para México, como lo muestran las estadísticas realizadas en 2013 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y que refieren que en el país se presenta una tasa de cerca de cinco suicidios por cada 100 mil habitantes.

También refieren que la presencia de factores sociales, económicos, culturales y psicológicos vulneran principalmente a los adolescentes, al ser una etapa en la que comienzan a experimentar situaciones que pueden poner en riesgo la salud, el bienestar y la vida de cada persona.

Manifiestan que en nuestro país el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública, personas de todos los niveles socioeconómicos se suicidan y otros se encuentran en peligro porque presentan alguno de los factores de riesgo y no reciben la atención oportuna y de calidad que requieren para hacer frente a las tensiones de la vida, tales como los problemas financieros, las rupturas sentimentales o el padecimiento de enfermedades crónicas.

El objeto de las proposiciones es exhortar a las diversas autoridades en materia de salud y educación de todo el país, para que de manera conjuntan revisen, diseñen y propongan esquemas que contribuyan a inhibir las muertes por suicidio.

Los resolutivos propuestos en las proposiciones son los siguientes:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar acciones para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio en el marco de un enfoque multisectorial de la salud pública, a fin de avanzar en el cumplimiento del compromiso de nuestro país con la Organización Mundial de la Salud de reducir la tasa nacional de suicidios en 10 por ciento para el año 2020, según lo establecido por el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020. (Diputada Sofía González Torres).

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, ejecuten una Campaña Nacional de Prevención en materia de suicidio. (Diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz).

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

1. La OMS ha referido que el suicidio es un problema de salud pública, ya que más de 800 mil personas mueren cada año, además, es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad.

Hay indicios de que por cada adulto que se suicida se generan alrededor de 20 intentos de suicidio.

2. Las estadísticas del Inegi en 2013 reportaron un total de 5,909 muertes autoinfligidas, mientras que en 2003 la estadística total era de 4,104, lo que demuestra un incremento considerable.

3. En la República Mexicana se presenta un mayor número de muertes autoinfligidas en hombres. En 2013 la tasa de mortalidad por esta causa fue de 8.1 por cada 100 mil hombres y de 1.7 suicidios por cada 100 mil mujeres, así lo reportó el Inegi.

4. En mayo de 2013 se llevó a cabo la Asamblea Mundial de la Salud número 66, que adoptó el primer plan de acción sobre salud mental en la historia de la Organización Mundial de la Salud, integrando a la prevención como parte del plan para reducir en 10 % el índice de muertes autoinfligidas para 2020.

5. Las conductas que generan las muertes autoinfligidas son totalmente prevenibles, por lo que se requiere la creación de una campaña nacional de concientización y prevención del suicidio, que involucre a la Secretaría de Salud para la promoción de la salud mental y la atención primaria de ésta.

6. En su argumentación los promoventes señalan que: “como representantes y voz de nuestros ciudadanos”, hemos de velar por el derecho de la salud mental, para que el individuo cuente con los instrumentos que lo ayuden a salir de las circunstancias adversas como es la depresión y diversos factores que inciden en el suicidio, es por eso que atendiendo a esta premisa y como representantes de los ciudadanos, debemos impulsar las acciones tendientes a prevenir el suicidio, por lo que consideramos que es viable la aprobación de los puntos de acuerdo.

7. Realizar programas de prevención, debe ser un trabajo conjunto de las Secretarías de Salud y Educación, ya que como se demuestra en el cuerpo del presente dictamen, el suicidio es un problema que puede atacar a todas los seres humanos, no importando condición social ni edad.

8. Estamos de acuerdo con las propuestas realizadas por los diputados promoventes, dada la importancia de generar mejores programas y campañas de prevención en todas las entidades federativas, principalmente en las que mayor tasa de suicidios presentan.

9. También consideramos que las conductas que generan las muertes autoinfligidas son totalmente prevenibles, por lo que se requiere de la creación de una campaña nacional de concientización y prevención del suicidio, que involucre por un lado a la Secretaría de Salud para para que promueva la salud mental y la atención primaria de la misma, y por la otra la Secretaría de Educación Pública que integre a esta campaña los valores, el bien común, la autoestima y la integridad.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea los siguientes

V. Resolutivos

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y Educación Pública del gobierno federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias ejecuten acciones y campañas para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DOTAR AL ESTADO DE UN HOSPITAL DE ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Morelos a realizar gestiones para dotar al estado de un hospital de especialidad en rehabilitación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 4 de noviembre de 2015, el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del estado de Morelos a realizar las gestiones necesarias para dotar al estado de un hospital de especialidad en rehabilitación, de acuerdo con las metas del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, a fin de atender las necesidades de la población que padece alguna discapacidad e incrementar la infraestructura de la entidad.

2. Para efectos legales y reglamentarios, la proposición fue publicada en la gaceta parlamentaria número 4369-III, el jueves 24 de septiembre de 2015, misma fecha en la que se dictó turno para estudio y dictamen a la Comisión de Salud, con número de expediente 258.

Planteamiento del problema y contenido del asunto

El diputado proponente comenta que según cifras del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, el porcentaje de personas que carecen del acceso a los servicios de salud del estado de Morelos es de 22.3 por ciento; y el número de camas por cada mil habitantes es de los más bajos en el país.

El objeto de la proposición es erradicar la falta de infraestructura hospitalaria en el Estado de Morelos, por ello es preciso aumentar la capacidad instalada del estado.

El resolutivo propuesto es el siguiente:

Único: La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del estado de Morelos a realizar las gestiones necesarias para dotar al estado de un hospital de especialidad en rehabilitación, de acuerdo con las metas del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, a fin de atender las necesidades de la población que padece alguna discapacidad e incrementar la infraestructura instalada de la entidad.

III. Proceso de análisis

1. La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

a) En cuanto a los argumentos del autor

1. Según cifras del Censo de Población y Vivienda del Inegi de 2010, en Morelos había 100 mil 449 personas que padecían alguna limitación física o mental para realizar las actividades de su vida diaria. Lo anterior equivale a que 5 de cada 100 habitantes de la entidad tienen alguna discapacidad.

2. De acuerdo a los grupos de edad, aquellos que pertenecen al de edad avanzada presentan más riesgos de discapacidad. Eso se refleja en las cifras que indican que el 79 por ciento de quienes padecen algún tipo de discapacidad, mental o física, se encuentra en los grupos mayores de 60 años.

3. Ahora bien, en cuanto a los tipos de discapacidad, el 60 por ciento tiene limitación para caminar o moverse, es decir que ésta es la discapacidad más común.

4. El mismo Inegi refiere como primera causa de discapacidad a las enfermedades, con un 41.5 por ciento; llama la atención que la segunda causa es precisamente la edad avanzada, con un 24 por ciento, lo que hace a este grupo de la población doblemente vulnerable.

También se encuentran como causas de discapacidad las limitaciones asociadas al nacimiento un 14.6 por ciento y a los accidentes con un 14.9 por ciento.

6. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en 2011, nuestro país contaba con 1.7 camas por cada mil habitantes, mientras que el promedio para los países miembros de dicho organismo es de 4.8; El 24 por ciento de esas camas pertenecen al sector privado, lo que significa que el sector público en el país contaba con 1.3 camas por cada mil habitantes.

7. Según cifras del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, el porcentaje de personas que carecen de acceso a los servicios de salud del estado de Morelos es de 22.3 %; y el número de camas por cada mil habitantes es de los más bajos del país, lo que hace evidente la falta de infraestructura hospitalaria, por eso es preciso aumentar la capacidad instalada del estado.

8. Las necesidades de la población con discapacidad se deben ver reflejadas en los programas de infraestructura en salud, por ello consideramos prioritario dotar al estado de un Hospital de especialidad en rehabilitación. Lo anterior, garantizando no sólo la construcción, sino también su operación, actualización y mantenimiento del mismo así como contar con los recursos humanos necesarios para garantizar una atención oportuna y con calidad para los pacientes. Sabemos que existe una normatividad que se debe cumplir para que se incluya la construcción de una obra nueva dentro del Plan maestro de infraestructura en salud.

9. La planeación de proyectos de salud con recursos de los Fondos de Aportación de Infraestructura Social Estatal, requiere que los gobiernos estatales cumplan con los lineamientos que para ello establece la Secretaría.

b) En cuanto a los resolutivos propuestos:

Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece puntualmente que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general...” En este entendido, se considera una prioridad la atención de las personas con discapacidad, más aún cuando corresponden a un grupo poblacional vulnerable como es el de los ancianos.

Esta dictaminadora comparte la preocupación del diputado proponente, en los términos y fundamentaciones que presenta en su trabajo parlamentario, pues es una realidad el que la falta de infraestructura impide la correcta atención de la población usuaria tal y como lo describe el proponente.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del estado de Morelos a realizar las gestiones necesarias para dotar al estado de un hospital de especialidad en rehabilitación, de acuerdo con las metas del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, a fin de atender las necesidades de la población que padece alguna discapacidad e incrementar la infraestructura instalada de la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

RIESGOS DE REALIZARSE UN TATUAJE, MICRO-PIGMENTACIÓN O PERFORACIONES EN LUGARES NO ESTABLECIDOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a realizar una campaña nacional de toma de conciencia sobre los riesgos de realizarse en lugares no establecidos tatuajes, micropigmentaciones o perforaciones

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

El 24 de septiembre de 2015, el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a efectuar una campaña sobre los riesgos para la salud por la aplicación de tatuajes, micro pigmentaciones o perforaciones en lugares no establecidos.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 265/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición

En todo el mundo y a lo largo de la historia los tatuajes y las perforaciones en algunas partes o áreas del cuerpo, han estado presentes tanto como representaciones de tradiciones, cultura o bien religión, entre otras.

Manifiesta que estas expresiones son representaciones del carácter de la persona y la erudición alcanzada tanto como individuo y como integrante de una comunidad; es decir, son testimonios en carne viva, que ostentan una historia detrás y dentro de ellas.

El legislador expresa que desafortunadamente, el tatuaje y las perforaciones se han desvalorizado socialmente; y que, además, se han dado numerosos problemas de salud pública hacerlos sin las medidas sanitarias mínimas.

El proponente indica que aun cuando no hay estadísticas oficiales al respecto, los expertos estiman que en nuestro país, al menos tres de cada diez mexicanos tienen o se hicieron alguna vez un tatuaje, destacando su realización a temprana edad y en la mayoría de los casos, en lugares improvisados o bien ambulantes, sin las condiciones de sanidad necesarias para garantizar la integridad y la salud de los adolescentes.

El diputado subraya que tanto en las ciudades como en las zonas rurales, existe una mayor prevalencia de lugares improvisados, ambulantes o semifijos que ofrecen los servicios de tatuajes y perforaciones.

Ahora bien, el legislador considera como obligación el garantizar la información adecuada a quien decida realizarse un tatuaje o una perforación.

Finalmente formula el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que realice a nivel nacional una campaña de concientización, sobre los riesgos de realizarse un tatuaje, una micro-pigmentación o una perforación en establecimientos clandestinos y sin las medidas de salubridad necesarias.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Asimismo, el artículo 1º de la Carta Magna, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Por lo anterior, la Secretaria de Salud, está obligada a realizar todas las acciones tendientes para que los mexicanos puedan gozar del derecho a la salud.

Como ha quedado establecido la aplicación de tatuajes y la realización de perforaciones en el cuerpo, se ha vuelto una cuestión de salud alarmante ya que la mayoría de los establecimientos que los practican, no cumplen con los requisitos de salubridad necesarios. Esto deriva en una serie de riesgos de contraer enfermedades y desarrollar malformaciones en el cuerpo.

Conscientes de estos riesgos, las autoridades administrativas y legislativas han establecido medidas para aminorarlos. Tal es el caso del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, cuyo Título Vigésimo Quinto Bis se refiere exclusivamente a los Tatuajes, Micropigmentaciones y Perforaciones, en la que se fijan los requisitos que deben cumplir las personas que realizan estos procedimientos y los establecimientos en los que éstos se deben llevar a cabo.

Considerando que la Secretaría de Salud tiene facultades para realizar campañas en materia de salud y para ello cuenta con una Dirección General de Comunicación Social, sería de gran utilidad realizar una campaña que tenga mayor alcance en la población, para concientizar sobre los riesgos que implica la realización de tatuajes, micro pigmentaciones y perforaciones en establecimientos que no cumplen con los requisitos del reglamento antes citado.

Es importante considerar que queda a criterio de la Secretaria de Salud y a su Dirección General de Comunicación Social, determinar el presupuesto y el capital humano que se invertirá en la campaña conforme a la partida presupuestal que ya tiene asignada dentro del paquete económico del próximo año.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus facultades realice una campaña de concientización, a nivel nacional, sobre los riesgos de realizarse un tatuaje, una micro-pigmentación o una perforación en establecimientos clandestinos y sin las medidas de salubridad necesarias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

REALIZACIÓN DE ULTRASONIDOS OBSTÉTRICOS QUE PERMITAN DETECTAR OPORTUNAMENTE LAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN EL PRODUCTO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a dar continuidad a las acciones a fin de reducir la mortalidad materna, perinatal y neonatal, y garantizar el acceso de las mujeres a la realización de ultrasonidos obstétricos para detectar oportunamente malformaciones congénitas en el producto

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI, en?la sesión?del 29?de septiembre de?2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha, con número de expediente 337.

2. La proposición fue turnada a la Comisión de Salud para efectos de análisis y elaboración del dictamen, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. La Comisión de Salud, en su Segunda Reunión Ordinaria, celebrada el 9 día de diciembre de 2015, resolvió aprobar el dictamen antes descrito con base en las siguientes:

II. Consideraciones

1. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

La Proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se sustentan en lo siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4º que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En este tenor, es un deber ineludible del Estado hacer efectivo este derecho a través de la prestación del servicio público, así como de la regulación de diversos servicios privados para lo cual debe definir las bases y modalidades para el acceso a aquéllos y establecer la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad, de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción XVI, de nuestro máximo ordenamiento constitucional.

El derecho a la protección de la salud pertenece a los derechos de contenido económico, social y cultural, que permiten consolidar un estado social y democrático de derecho, que a su vez posibilita el constitucionalismo social que demanda el reconocimiento y vigencia efectiva de esa gama de derechos, a fin de que sean realmente accesibles y disfrutables. Por ello, el Estado debe realizar acciones, programas y estrategias a fin de que las personas, sin ninguna distinción, los gocen de manera efectiva.

Asimismo, al ser el derecho a la protección de la salud un derecho humano implica que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tengan la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este orden de ideas, la salud de las mujeres y los niños ha sido reconocida como un derecho humano fundamental en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos también adoptó una resolución sobre la mortalidad materna en la que se emiten orientaciones técnicas concisas sobre la aplicación de un enfoque, basado en los derechos humanos, a la ejecución de las políticas y los programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad.

Por otra parte, la existencia de la Estrategia Mundial de la Salud de las Mujeres y los Niños es un paso importante hacia la consecución de una mejor salud para las mujeres y los niños del mundo. A tal efecto, debe traducirse rápidamente en medidas concretas y resultados cuantificables, en donde todas las partes interesadas tendrán que asumir compromisos concretos para mejorar la financiación, fortalecer las políticas y mejorar la prestación de servicios.

La estrategia mundial parte de compromisos asumidos por los países y los asociados en distintas oportunidades: el programa de acción acordado en ocasión de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo; la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer; el Examen Ministerial del Consejo Económico y Social sobre la Salud Mundial; la reunión celebrada al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema Mujeres y niños sanos: una inversión en nuestro futuro ; y el 54º periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Se apoya, asimismo, en compromisos e iniciativas regionales como el Plan de Acción de Maputo, la Campaña de la Unión Africana para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en África (CARMMA), y la Declaración de la Cumbre de la Unión Africana de 2010 sobre las medidas en pro de la salud de la madre, el recién nacido y el niño.

A fin de dar cumplimiento a lo planteado en sus objetivos, la Estrategia Mundial de la Salud de las Mujeres y los Niños ha establecido áreas fundamentales en donde se requiere de medidas urgentes para mejorar la financiación, fortalecer las políticas y mejorar la prestación de servicios, destinando las siguientes:

• Apoyo a los planes de salud dirigidos por los países y apoyados mediante una inversión mayor, predecible y sostenible.

• Integración de los servicios sanitarios y las intervenciones que salvan vidas para dar acceso a las mujeres y a sus hijos a la prevención, el tratamiento y la asistencia cuándo y dónde los necesiten.

• Fortalecimiento de los sistemas de salud para que cuenten con suficiente personal sanitario bien preparado.

• Introducción de planteamientos innovadores en la financiación, el desarrollo de sus productos y la prestación eficiente de servicios de la salud.

• Mejora del monitoreo y la evaluación para lograr la responsabilización de todas las partes interesadas.

Es menester señalar que la Estrategia Mundial de la Salud de las Mujeres y los Niños se trazó como objetivo salvar 16 millones de vidas para el año 2015, dado que año tras año, unos 8 millones de niños mueren por causas evitables, y más de 350 mil mujeres mueren por complicaciones evitables relacionadas con el embarazo y el parto.

La mortalidad materna se define como la muerte de la mujer durante el embarazo, el parto o los 42 dos días posteriores al parto, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio, o su manejo, pero no por causas accidentales.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) todos los días mueren 800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. La mayor parte de estas muertes es prevenibles y un porcentaje muy grande corresponde a mujeres en situación de vulnerabilidad: rurales, indígenas, afro descendientes y pobres. La mayoría de éstas se encuentran relacionadas con la falta de acceso a servicios de calidad, que se asocian con costos elevados de la atención médica, deficiencias en los insumos y equipos, y la falta de personal capacitado.

En México, la mortalidad materna en 2008 fue de 57.2; en 2009 de 62.2; en 2010 de 51.5; y en 2011 de 50.7 por cada 100 mil nacimientos, en números absolutos de 1990 a 2011 fallecieron 28 mil 42 mujeres por complicaciones durante el embarazo, aborto, parto o puerperio. Asimismo, los índices de mortalidad en mujeres registrados en 2013 fue de un total de 861 defunciones con un porcentaje de 38.2 por la razón de mortalidad materna.

Las anomalías congénitas se denominan defectos de nacimiento, trastornos congénitos o malformaciones congénitas. Se trata de anomalías estructurales o funcionales, como los trastornos metabólicos, que ocurren durante la vida intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento posterior de la vida.

En la actualidad, aún no ha sido posible asignar una causa específica a cerca de un 50 % de las anomalías congénitas. No obstante, se han identificado algunas de sus causas o factores de riesgo, como son socioeconómicos y demográficos, genéticos, de infecciones, de estado nutricional de la madre y ambientales.

Los factores relacionados con las infecciones maternas, como la sífilis o la rubéola, son una causa importante de anomalías congénitas en los países de ingresos bajos y medios. Asimismo, otro factor es el estado nutricional de la madre del cual podemos advertir que las carencias de yodo y folato, el sobrepeso y enfermedades como la diabetes mellitus están relacionadas con algunas anomalías congénitas.

Por último, en cuanto a los factores ambientales se señala que la exposición materna a determinados plaguicidas y otros productos químicos, así como a ciertos medicamentos, al alcohol, el tabaco, los medicamentos psicoactivos y la radiación durante el embarazo, pueden aumentar el riesgo de que el feto o el neonato sufra anomalías congénitas.

Por ello, durante el embarazo es necesario practicar un ultrasonido obstétrico para conocer el estado de salud del producto, estudio fundamental y confiable en el análisis de anomalías fetales.

Con los últimos equipos de ultrasonido, hoy en día las malformaciones como el labio y paladar hendido y anormalidades congénitas del corazón, se pueden diagnosticar en una edad gestacional más temprana. Durante el primer trimestre se pueden detectar anormalidades cromosómicas como el Síndrome de Down. Además, por medio del ultrasonido el médico puede detectar la ausencia de huesos nasales y una medida anormal en la “translucencia nucal” la cual, en casos de alteraciones cromosómicas, aumenta el espesor de la piel de la nuca del feto (pliegue nucal), debido al engrosamiento de los vasos linfáticos y venosos. Este estudio se realiza entre la undécima y decimotercera semana de gestación. Los estudios realizados sugieren que los exámenes por ultrasonido de rutina detectan del 16 al 85 por ciento de todos los defectos.

Por todo lo expuesto, proponemos este punto de acuerdo con la finalidad de promover en todo el país un conjunto de acciones tendientes a fortalecer las existentes, que contribuyan a reducir la mortalidad materna, y de establecer prestaciones garantizadas para que todas aquéllas mujeres mexicanas que durante su embarazo, por diversas condiciones y circunstancias, no tengan acceso a los servicios sanitarios de manera periódica, puedan ser atendidas en establecimientos adecuados que brinden el servicio de ultrasonido obstétrico.

2. La Comisión Dictaminadora toma en cuenta que:

Las acciones y medidas propuestas por la proponente ayudarán a reducir significativamente la mortalidad materna, la mortalidad perinatal y neonatal con inclusión de la prevención y la detección oportuna de los defectos congénitos.

La Secretaria de Salud ha implementado el Programa de Acción Específico para la Salud Materna y Perinatal 2013-2018, en el que señala:

“Para todo ser humano el tener un hijo sano involucra emociones humanas superiores que se potencializan y nos lleva a reflexionar sobre lo que hacemos hoy para transformar el mañana.

Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son beneficios para la salud y bienestar de los diversos grupos de la población particularmente las mujeres, niñas y niños mexicanos. México trabaja fuertemente para avanzar en mejorar la salud materna y perinatal, con absoluta decisión de lograr metas congruentes con una realidad de país, apoyando a los grupos en situación de vulnerabilidad, como la población indígena, adolescentes y población urbanomarginada.

Cuidar la salud de la mujer y del niño constituye un gran privilegio para todo el personal de salud y el Sistema Nacional de Salud, porque con ello cuida el futuro de la patria y la integración de las familias, núcleo esencial para el tejido social y el equilibrio de las naciones. Para ello se alinean el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Salud y el Programa de Acción Específica de Salud Materna y Perinatal.

En México, estamos trabajando con absoluta decisión para alcanzar los ODM contamos con políticas y programas orientados al cumplimiento de cada uno de ellos. Es por ello que la morbimortalidad materna y perinatal hoy por hoy, es una de las prioridades a nivel mundial, debido a que es el indicador más sensible de las condiciones de desigualdad prevalecientes.

En la agenda “más allá del 2014” México retoma el compromiso establecido en el Plan de Acción para acelerar la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materna propuesto por la OMS, fortaleciendo la educación en salud sexual y reproductiva, particularmente en nuestras adolescentes, para prevenir del embarazo no planeado y sus complicaciones, mejorar la disponibilidad y acceso a los servicios de maternidad segura y su calidad, con atención respetuosa con enfoque intercultural, con generación de información para la toma de decisiones y rendición de cuentas, dentro de un sistema de salud integral y equitativo. Consideramos que con la participación de todos los actores podremos cumplir honrosamente y acercarnos hacia el 2018 a las metas propuestas”.

La mortalidad materna y la mortalidad neonatal constituyen dos graves problemas de salud pública en México de origen multifactorial. Aun siendo una prioridad como política de Estado, no se ha podido reducir la razón de muerte materna y neonatal a la velocidad que nos permitiera pensar que las estrategias y acciones han tenido el impacto esperado. Por ello que ante un nuevo Plan Nacional de Desarrollo y un nuevo Programa Sectorial de Salud, se hace evidente la responsabilidad de impulsar el trabajo en el área de la prevención y de promoción de la salud ante una atención integrada de prevención en los diferentes niveles de las unidades médicas.

El Programa de Acción Especifico de Salud Materna y Perinatal se vincula estrechamente con la finalidad de acelerar la obtención de resultados de impacto en la salud materna y perinatal para ello se alinean los siguientes objetivos estrategias y líneas de acción del programa.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Salud somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con??

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a dar continuidad a las acciones y medidas que ayuden a reducir significativamente la mortalidad materna, la mortalidad perinatal y neonatal con inclusión de la prevención y la detección oportuna de los defectos congénitos. Particularmente, a establecer acciones encaminadas a garantizar el acceso de las mujeres a la realización de ultrasonidos obstétricos que permitan reducir la mortalidad perinatal y/o neonatal, así como la detección de manera oportuna de malformaciones congénitas en el producto. Y a contemplar la existencia y funcionamiento de establecimientos adecuados que brinden el servicio de ultrasonido obstétrico, se capacite y sensibilice a los prestadores de este servicio de salud con la finalidad de que se brinde con calidad y estricto apego a la ética y al profesionalismo para proteger, en todo momento, el derecho a la salud de las mujeres y niños de nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE INGERIR ÁCIDO FÓLICO DURANTE LA VIDA REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Ssa a implementar una campaña de difusión sobre la importancia de ingerir ácido fólico durante la vida reproductiva de las mujeres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 29 de septiembre de 2015, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal a ejecutar una campaña de difusión para que las mujeres tomen ácido fólico durante su vida reproductiva.

2. Con fecha 15 de octubre de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 339/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición

El diputado proponente señala que de la información obtenida del documento expedido por el gobierno federal intitulado Prevención, diagnóstico y tratamiento de la espina bífida en niños, la espina bífida forma parte de los trastornos conocidos como defectos del tubo neural (DTN) o encefalomielodisrafias, que se producen por el cierre defectuoso de dicho tubo durante la gestación, como consecuencia de la interacción de factores genéticos, ambientales y nutricionales.

Señala el legislador que los DTN son comúnmente relacionados con la falta de ingesta de ácido fólico en las mujeres antes y durante la gestación por lo que, para su prevención, propone se difunda ampliamente la importancia del ácido fólico durante toda la vida reproductiva de la mujer, a efecto de disminuir los DTN y todas las implicaciones que esta malformación conlleva a quienes la padecen.

El objeto de la proposición es que se ejecute una campaña de difusión sobre la importancia de que las mujeres ingieran ácido fólico durante su vida reproductiva.

Los resolutivos planteados en la proposición son los siguientes:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que ejecute campañas que informen a la población en general, sobre la importancia de la ingesta de ácido fólico durante la edad reproductiva de las mujeres, a fin de prevenir los defectos del tubo neural.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las asociaciones sin fines de lucro que brindan apoyo a las personas con defectos del tubo neural y sus familias, las atiendan en el ámbito de sus respectivas competencias y de sus previsiones presupuestales.

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. La Comisión de Salud coincide con el proponente, ya que es imprescindible efectuar una campaña para fomentar el consumo de ácido fólico durante el embarazo, y cumplir con lo estipulado en la directriz “Administración diaria de suplementos de hierro y ácido fólico en el embarazo” de la Organización Mundial de la Salud, que emite recomendaciones de ámbito mundial, sobre la administración diaria de suplementos de hierro y ácido fólico con la finalidad de mejorar los resultados del embarazo y reducir la anemia materna durante la gestación.

2. Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, debido a que la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño en 1989, en la que se responsabiliza a los gobiernos para reconocer y proteger los derechos humanos de todas las niñas y los niños, debiendo tenerlos en cuenta en cada una las decisiones legislativas y en la elaboración y concreción de las políticas públicas.

Ahora bien, la situación en México de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es la siguiente:

De las defunciones acontecidas en los menores de 15 años, 13.9 por ciento corresponde a niños de 1 a 4 años, 1 de cada 7 (15.6 por ciento) fallece por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; le siguen los accidentes de transporte (7.8 por ciento) y la neumonía (6.8 por ciento), que en conjunto representan 30.2 por ciento de las defunciones ocurridas en este grupo de edad.

En ese sentido, y toda vez que en términos del artículo 27, fracción IV, de la Ley General de Salud, es un servicio básico, el referente a la atención materno-infantil, se estima viable la propuesta para asegurar la salud no sólo del infante, sino también de la madre, debido a que ambos se benefician con el consumo de ácido fólico.

Adicionalmente, la comisión ha considerado importante complementar el primer resolutivo a fin de adicionar un principio de no discriminación para que la campaña se haga sin distinción de raza, idioma, color o religión a la que se pertenece, así como dejar claro que la finalidad es que la persona pueda gozar de una vida plena y saludable.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que realice campañas periódicas que informen a la población en general, sin importar raza, idioma, color y religión a la que pertenecen, sobre la importancia de la ingesta de ácido fólico durante la edad reproductiva de las mujeres, a fin de prevenir los Defectos del Tubo Neural y que la persona pueda tener una vida plena y saludable en la sociedad, sin necesidad de tener que llevar un tratamiento de por vida para seguir viviendo.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las asociaciones sin fines de lucro que brindan apoyo a las personas con defectos del tubo neural y sus familias, las atiendan en el ámbito de sus respectivas competencias y de sus previsiones presupuestales.

Notas:

1 Documento disponible en:

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/ CatalogoMaestro/IMSS_269_13_Espina_bifida/269GER.pdf [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2015]

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del Día del Niño”, datos nacionales, 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

ACONDICIONAMIENTO, EQUIPO Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA REGIÓN SANITARIA XIII DE DICHA ENTIDAD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de Jalisco a revisar las condiciones de infraestructura, acondicionamiento, equipo y operación de los centros de salud correspondientes a la región sanitaria XIII de la entidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), numeral 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 29 de septiembre de 2015, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Salud y al director de la Región Sanitaria XIII, ambos del estado de Jalisco, así como al presidente municipal, al director de Programas de Desarrollo Social y al director general de Planeación del Ayuntamiento de Guadalajara, para que a la brevedad posible revisen las condiciones de infraestructura, acondicionamiento, equipo y operación de los centros de salud correspondientes a la Región Sanitaria XIII del estado de Jalisco.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 350/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

La diputada promovente cuenta con información de que las instalaciones donde se encontraba el centro de salud ubicado en avenida Patria número 2257 entre David G. Bernaga y Samuel Navarro, colonia López Portillo, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, se encuentran en completo abandono y en gran parte destruidas, ya que desde 2010 se cerró con el objetivo de ser reconstruido, lo cual a la fecha no se ha realizado.

Lo anterior repercute en los habitantes de las colonias circunvecinas, ya que no cuentan con un centro de salud apropiado para recibir atención médica, y sólo tienen la opción de acudir a un lugar improvisado con unos tráileres adaptados para consulta, ubicado en la colonia Villa Guerrero, entre las calles Jesús Reyes Heroles, Isla Hébridas e Isla Tory, en el municipio antes citado.

La promovente propone exhortar a diversas autoridades del estado de Jalisco para que conjuntamente revisen las condiciones en las que se encuentran los centros de salud de la Región Sanitaria XIII en la entidad antes mencionada.

Finalmente, formula el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud y al director de la Región Sanitaria XIII, ambos del estado de Jalisco, así como al presidente municipal, al director de Programas de Desarrollo Social y al director general de Planeación del Ayuntamiento de Guadalajara, para que a la brevedad posible revisen las condiciones de infraestructura, acondicionamiento, equipo y operación de los centros de salud correspondientes a la Región Sanitaria XIII del estado de Jalisco.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, así también se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, numeral 1, establece que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”.

2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., párrafo cuarto señala que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... La ley establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

3. La Ley General de Desarrollo Social en su artículo 36, menciona que uno de los nueve lineamientos y criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la medición de la pobreza es el acceso a los servicios de salud.

4. Todos los preceptos legales que se mencionan en los puntos anteriores engloban un derecho social que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

5. El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios; además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad en la sociedad mexicana.

6. Esta comisión considera que el punto de acuerdo en estudio es viable toda vez que se considera de suma importancia que la sociedad cuente con servicios de salud que cubran sus necesidades.

7. Finalmente, los integrantes de la comisión, con base en las consideraciones vertidas, consideramos que la redacción del resolutivo del punto de acuerdo debe quedar de la siguiente manera: “La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Guadalajara para que revisen las condiciones de infraestructura, acondicionamiento, equipo y operación de los centros de salud correspondientes a la Región Sanitaria XIII de la entidad federativa de Jalisco”, toda vez que los encargados de la revisión y regulación del sistema hospitalario en el estado de Jalisco son el ayuntamiento del municipio de Guadalajara en coordinación con la Secretaría de Salud del estado.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente:

V. Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Jalisco y al Ayuntamiento de Guadalajara para que revisen las condiciones de infraestructura, acondicionamiento, equipo y operación de los centros de salud correspondientes a la Región Sanitaria XIII de la entidad federativa de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

INVESTIGAR LA MUERTE DE NIÑOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MADRE INDÍGENA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobernador de Guerrero a investigar la muerte de infantes en el Hospital del Niño y la Madre Indígena

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 4 de noviembre de 2015, los diputados Victoriano Wences Real y Lluvia Flores Sonduck, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Guerrero a investigar la muerte de menores en el Hospital del Niño y la Madre Indígena en Tlapa.

2. Para efectos legales y reglamentarios, la proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4377-III, el martes 6 de octubre de 2015, fecha en que se dictó turno para estudio y dictamen a la Comisión de Salud, con número de expediente 417.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. Los diputados proponentes argumentan en la exposición de motivos, que en días pasados diversos medios locales de Guerrero dieron a conocer, que desde abril se tenía conocimiento de la muerte de niños recién nacidos en el interior del Hospital del Niño y la Madre Indígena de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

2. El objeto de la proposición es que se investigue, revise, evalúe integral, exhaustiva y transparentemente el desempeño y la responsabilidad en que incurrieron la dirección y el personal del hospital, así como a las autoridades sanitarias del estado sobre la muerte de niños en el Hospital del Niño y la Madre Indígena con sede en Tlapa de Comonfort, y evitar en el futuro la omisión temeraria en que pudo haber incurrido la Secretaría de Salud.

3. El resolutivo propuesto es el siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, investigue, revise, evalúe integral, exhaustiva y transparentemente sobre el desempeño y la responsabilidad en que incurrieron la dirección y el personal del hospital, así como a las autoridades sanitarias del estado sobre la muerte de niños en el Hospital del Niño y la Madre Indígena con sede en Tlapa de Comonfort y evitar en el futuro la omisión temeraria en que pudo haber incurrido la Secretaría de Salud.

Al mismo tiempo se le exhorta para dar una atención a niños y mujeres indígenas en contexto de salud culturalmente pertinente y evitar la violación de sus derechos humanos.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar al personal sanitario responsable de la posible comisión de actos de responsabilidad sanitaria, administrativa y penal a los servidores públicos por la desatención de salud en perjuicio de las víctimas y sus familias; asegurarnos si cumplieron con su responsabilidad de acuerdo con los protocolos sanitarios y en su momento hacer las recomendaciones conducentes para asegurar la protección y el derecho humano a la salud de las personas más vulnerables como lo son los niños y madres indígenas, y los resultados de la investigación coadyuven al resarcimiento de los daños físicos, psíquicos y de dignidad humana cometidos contra los niños y sus familias.

III. Proceso de análisis

1. La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

a) En cuanto a los argumentos del autor

1. El Hospital del Niño y la Madre Indígena tiene apenas capacidad para recibir a diez madres por partos prematuros. En él se atiende a embarazadas de alto riesgo que reportan constantes problemas obstétricos y hemorragias, su misión fundamental es dar cobertura a los recién nacidos prematuros y complicados para evitar que mueran.

2. Familiares de las víctimas han denunciado que en los últimos tres meses, en lo que va del año, han muerto veinte niños de manera extraña en el nosocomio debido a que el hospital está infectado, por falta de limpieza adecuada y, particularmente, por no seguir los protocolos de salubridad correspondientes en estos lugares que, presumiblemente, están al cuidado de las madres y niños de 18 municipios de La Montaña cuya población es mayoritariamente indígena y con muy bajos ingresos económicos.

3. Este hecho es grave porque extraoficialmente se habla de la muerte de 20 neonatos, mientras que el Secretario de Salud confirmó el deceso de ocho de ellos y prefirió no dar a conocer las causas de los decesos.

4. Un hecho de esta naturaleza en el que se pone en grave riesgo la salud de las madres y los niños, se debe actuar con prontitud y profesionalismo para deslindar responsabilidades.

5. La muerte de los niños representa una tragedia, no sólo por el sufrimiento de sus familias sino por el potencial humano perdido. Las autoridades están obligadas a dar una atención sanitaria integral y eficaz del niño hasta los 5 años por lo menos, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud.

6. Para lograr estos objetivos básicos se requiere de inversión en los sistemas de salud de forma urgente y decisiva, porque las comunidades indígenas también tienen derecho a un servicio integrado y de gran calidad que, sin duda, dependen de los recursos y las capacidades que se tienen a la mano, de forma previsible y sostenible con personal calificado y motivado.

7. Quienes están al frente de la salud deben asumir este desafío de manera frontal mediante esfuerzos concertados y concentrarse en los grupos y personas más vulnerables como son las mujeres indígenas y los niños quienes viven alejados de los servicios de salud. Necesitamos progresos reales y perdurables.

8. Se requiere urgentemente ampliar la infraestructura del Hospital para evitar el hacinamiento y, al mismo tiempo, respetar los protocolos sanitarios con personal calificado y motivado.

b) En cuanto a los resolutivos propuestos:

1. Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, toda vez que en el artículo 2o. constitucional, Apartado B, fracción III, se garantiza el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, y apoyando la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

2. Asimismo, en el artículo 4o. constitucional se prevé que toda persona tiene derecho a la salud y que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

3. Esta comisión considera que los resolutivos deben adecuarse, para que el exhorto vaya dirigido al titular del Ejecutivo federal, debido a que este hospital es responsabilidad del gobierno de la república; por otra parte, es necesario adecuarlo a la limitación de la competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud sometemos a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal y a las autoridades sanitaria y ministerial del estado de Guerrero, para que investiguen, revisen, evalúen integral, exhaustiva y transparentemente el desempeño y la posible responsabilidad sanitaria, administrativa y penal en que pudieron haber incurrido el director y el personal del hospital, respecto de la muerte de niños durante los meses de julio y agosto de 2015, en el Hospital del Niño y la Madre Indígena, con sede en la ciudad de Tlapa de Comonfort.

Al mismo tiempo se les exhorta para dar atención en materia de salud a niños y mujeres indígenas, en un contexto culturalmente pertinente, tendiente a evitar la violación de sus derechos humanos.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a investigar al director y el personal del hospital responsables de la posible comisión de actos violatorios de derechos humanos, por la desatención de la salud en perjuicio de las víctimas y sus familias, respecto de la muerte de niños durante los meses julio y agosto de 2015, en el Hospital del Niño y la Madre Indígena, con sede en la ciudad de Tlapa de Comonfort; y, en su momento, emitir las recomendaciones a que hubiera lugar, con el fin de asegurar la protección y el derecho humano a la salud de las personas más vulnerables como son los niños y madres indígenas y que los resultados de la investigación coadyuven al resarcimiento de los daños físicos, psíquicos y a la dignidad humana, cometidos contra los niños y sus familias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO, EN MATERIA DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PARA MUJERES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Ssa a impulsar la promoción de acciones de los sectores público, social y privado en las áreas de prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y tratamiento, en materia de enfermedades cardiovasculares para mujeres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión del 5 de octubre de 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha, con número de expediente 459.

2. La proposición fue turnada a la Comisión de Salud, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. La Comisión de Salud, en la segunda reunión ordinaria, celebrada el 9 de diciembre de 2015, resolvió aprobar los dictámenes descritos, con base en las siguientes

II. Consideraciones

1. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se sustenta en lo siguiente:

El Día Mundial del Corazón, que se celebra cada 29 de septiembre, es una gran oportunidad para reflexionar sobre lo que se puede hacer desde las políticas públicas ya que los problemas cardiacos a menudo ocurren en forma súbita y antes de que se tenga atención médica disponible por lo que las intervenciones son inaplicables o paliativas.

Las enfermedades cardiovasculares afectan el corazón al estrechar las arterias y reducir la cantidad de sangre que recibe lo que hace que dicho órgano trabaje con mayor esfuerzo.

Cada año mueren cientos de miles de personas por esta enfermedad, y se estima que en 2030, aproximadamente 23 millones de personas perderán la vida por esta causa.

Entre las causas de las enfermedades cardiovasculares se encuentran el tabaquismo, dieta no saludable, sedentarismo, obesidad abdominal, diabetes, trastornos del metabolismo y dislipidemia.

Para prevenir los problemas de corazón se debe mantener el peso adecuado, realizar ejercicio físico de forma regular, consumir fibra vegetal, evitar alimentos con muchas calorías, reducir las grasas saturadas, moderar la sal en los guisos, no consumir tabaco, combatir el estrés, moderar o evitar el consumo de alcohol y reducir los azúcares rápidos.

Es de resaltar de forma muy especial la problemática que afecta a las mujeres en este rubro, pues las enfermedades cardiovasculares son consideradas como la primera causa de mortalidad entre las mujeres; cada año mueren más de 100 mil mujeres por enfermedades cardiovasculares, es decir, 274 cada día, u 11 mujeres fallecen cada hora por esta causa.

Estos males representan 37 por ciento de los decesos en la población femenina, pero desgraciadamente no se les presta atención como sucede con el cáncer de mama, que si bien es otro grave problema de salud pública, los fallecimientos por esta causa representan 2 por ciento.

También están los factores de riesgo que sólo se presentan en mujeres, entre otros, anemia, el síndrome de ovario poliquístico, el uso de anticonceptivos orales, la preeclampsia en el embarazo, diabetes gestacional, depresión y ansiedad. Cada uno de ellos aumenta las probabilidades de que en el futuro se presente un evento cardiovascular.

Hay otros datos alarmantes: la obesidad aumenta de cuatro a 10 veces la posibilidad de sufrir una grave enfermedad cardiovascular, la preeclampsia triplica el riesgo y es seis veces más probable que la mujer se vuelva hipertensa. La diabetes gestacional aumenta siete veces la expectativa de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.

Las mujeres van a sus citas con el ginecólogo, se realizan estudios regulares como son la prueba de papanicolau para la detección del cáncer cervicouterino y cada vez más se practican la mastografía que identifica el cáncer de mama, esto gracias a que se ha tomado consciencia del grave riesgo de estas afecciones, pero casi nunca se les revisa su condición cardiovascular y como resultado se presenta la elevada cifra de muertes por esta causa y a esto se suma que los males cardiacos y vasculares se presentan en el sector femenino con características distintas a las de los hombres.

En primer lugar, la mujer no sufre el típico dolor en el pecho cuando hay un infarto al miocardio. Se queja de opresión, respiración limitada o cortada, sudoración fría, fatiga, mareos, náuseas, así como dolor en el cuello, espalda y mandíbula. El problema es que varios de estos síntomas coinciden con los de la etapa de menopausia y de ahí que en los servicios médicos no se les preste la atención que requieren.

Estas condiciones dificultan el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares. Otros elementos son la falta de información del personal médico respecto de que las alteraciones en las mujeres son a nivel microvascular (vasos sanguíneos pequeños) y en los hombres las afectaciones se presentan en arterias, donde se localiza más fácilmente la obstrucción de la circulación sanguínea.

2. La comisión dictaminadora toma en cuenta que

El Día Mundial del Corazón, nos recuerda y obliga a la mejor atención de los padecimientos cardiacos como la principal causa de muerte de la población, con una tasa anual de fallecimientos de un cuarto de millón de personas.

Efectivamente se trata de una fecha propia para que la población conozca mejor los métodos para prevenir las enfermedades cardiacas, así como conocer los factores que las desencadenan.

La mayoría de los decesos ocurren por cardiopatías isquémicas, el padecimiento que considerada la más letal, ya que afecta comúnmente a personas mayores de 40 años y con más frecuencia en los hombres, en 65 por ciento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, 68.5 por ciento de los mexicanos tiene problemas de obesidad y sobre peso, 58 por ciento padece de diabetes, un 21 de dislipidemia y otro 43.2 hipertensión arterial, padecimientos que en los últimos 13 años ha crecido en 22 por ciento.

Cada hora, 10 mexicanos mueren por infartos al miocardio, situación que coloca a las enfermedades del corazón como la principal causa de decesos en el país, derivados principalmente del tabaquismo, obesidad, diabetes y alcoholismo.

De acuerdo con el jefe de la división de cardiocirugía del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Enrique Gómez Álvarez, los cambios en la alimentación y el ritmo de vida acelerados han permitido que las enfermedades del corazón en personas menores de 40 años se incrementen.

El tabaquismo es el factor de riesgo modificable más común, situación que se ha observado entre 65 y 90 por ciento de los pacientes que logran una mejoría significativa en su calidad de vida.

Las zonas con mayor grado de marginación son las que registran más decesos debido a que no cuentan con el personal calificado ni la infraestructura para brindar los cuidados necesarios a pacientes que presentan síntomas.

De las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares, 80 por ciento podría evitarse con prevenciones primarias, como eliminar el consumo de tabaco y con una dieta sana.

La Organización Mundial de la Salud se ha fijado como meta que para 2025 las afecciones cardiacas se reduzcan en 25 por ciento en todo el mundo, y para ello se implantarán acciones de carácter educativo y preventivo en médicos de primer contacto, jóvenes y niños de todo el mundo.

La mayoría de los pacientes que mueren por afecciones cardiacas desconocían su enfermedad por no realizarse chequeos periódicos de presión, glucosa y triglicéridos, además de no llevar una alimentación sana, fumar y beber en exceso.

Los cardiólogos coinciden en que realizar ejercicio al menos 30 minutos cinco veces a la semana, llevar una dieta balanceada y baja en grasas, dejar de fumar y reducir significativamente el consumo de alcohol, sal y azúcar, permiten una mejor calidad de vida.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Salud somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus facultades, intensifique en todos los establecimientos de atención médica del sistema nacional de salud las acciones de prevención de las enfermedades cardiovasculares en mujeres; con especial atención, en aquellas que epidemiológicamente se encuentren en mayor riesgo de padecer alguna de ellas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus facultades, realice con la mayor brevedad la evaluación de los programas y acciones que en materia de prevención de enfermedades cardiovasculares en mujeres, a fin de instrumentar las modificaciones necesarias para obtener mejores resultados. Asimismo, para que realice las acciones pertinentes para el desarrollo de modelos innovadores en la atención de dichas enfermedades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL CON PACIENTES DE BAJO PESO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Ssa a ejecutar una campaña nacional contra la desnutrición infantil con pacientes de bajo peso

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 8 de octubre de 2015, la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal a ejecutar una campaña nacional contra la desnutrición infantil.

2. Con fecha 15 de octubre de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 466/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

El problema que plantea la proposición es que ciertos sectores de la sociedad no tienen acceso a los alimentos básicos y muchas veces les es imposible obtener dichos productos, ya que se encuentran en las localidades marginadas y de difícil acceso.

El objeto de la proposición es que se realice una campaña nacional contra la desnutrición infantil.

El resolutivo planteado en la proposición es el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de su competencia, ejecute una Campaña Nacional contra la Desnutrición Infantil en los pacientes con bajo peso.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1.En cuanto a lo manifestado por el autor resulta relevante señalar que la desnutrición presenta una mayor incidencia en la región sur del país, la UNICEF indica que a pesar de los avances en materia de desnutrición infantil que se han experimentado en los últimos años las cifras siguen siendo alarmantes en algunos sectores de la población.

2.La Comisión de Salud coincide con la proponente, ya que es imprescindible efectuar una campaña nacional contra la desnutrición infantil, toda vez que conforme a lo que establece la Ley General de Salud en su artículo 64, fracción II, parte de las acciones de atención materno infantil, consisten en mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil:

Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;”

3.Además, en el artículo 6o., fracciones X y XI, de la ley secundaria, dispone que el Sistema Nacional de Salud, tiene como objetivos diseñar y ejecutar políticas públicas, que proporcionen orientación a la población y que contrarresten eficientemente la desnutrición:

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. a IX. ...

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y su relación con los beneficios a la salud; y

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de su competencia, ejecute una campaña nacional contra la desnutrición infantil en los pacientes con bajo peso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

MODIFICAR LA DENOMINACIÓN JURÍDICA DEL HOSPITAL CENTRAL DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO, A EFECTO DE CONVERTIRLO EN UN HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a modificar la denominación jurídica del hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto y volverlo regional de alta especialidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

Con fecha 15 de septiembre de 2015, presentó punto de acuerdo la diputada Delia Guerrero Coronado, integrante de la LXIII Legislatura Federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se exhorte a la Secretaría de Salud a modificar la denominación jurídica del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, a efecto de convertirlo en un Hospital Regional de Alta Especialidad y, como consecuencia, en un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y Dictamen correspondiente, con número de expediente 470.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto el exhortar al Gobierno Federal a modificar la denominación jurídica del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, a efecto de convertirlo en un Hospital Regional de Alta Especialidad con base en los logros, alcances, certificaciones obtenidas, especialidades brindadas a la población y formación de personal de salud en materia de profesionalización que el Hospital tiene en la actualidad.

El resolutivo propuesto es el siguiente:

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, a modificar la denominación jurídica del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, a efecto de convertirlo en un Hospital Regional de Alta Especialidad y, como consecuencia, en un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, además de la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

a) En cuanto a los argumentos del autor.

1. Desde hace 65 años el hospital central “Doctor Ignacio Morones Prieto” brinda importantes servicios de salud que permiten garantizar este derecho fundamental a los habitantes de San Luis Potosí y de la región.

2. Durante este periodo, aunque de manera más acelerada en los últimos años, este hospital ha ampliado sus servicios para atender no sólo a la población del estado, sino incluso a la de estados circunvecinos y, cada vez más, a pacientes subrogados de alta complejidad de algún régimen de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE que son a él referenciados, ante la insuficiencia o la saturación de instalaciones hospitalarias de estos últimos organismos.

3. De esta manera, en los hechos, el Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto” se ha convertido en una institución de alta especialidad que no sólo tiene bajo su responsabilidad la atención de la población de San Luis Potosí, de alrededor de 1.8 millones de habitantes –a la que se aboca un 90 por ciento de su capacidad– sino también la atención de pacientes de Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León, a quienes destina el 10 por ciento restante de sus recursos.

4. Ello le convierte, en la práctica, en un hospital de alta especialidad con alcance regional, sin que en la letra haya alcanzado ese estatus jurídico y, desde luego, sin los correspondientes recursos presupuestales, ni la personalidad jurídica como organismo descentralizado del Gobierno Federal, lo que le permitiría, a través de la autonomía de gestión en los aspectos técnicos y administrativos- atender la creciente demanda que tiene.

5. Si bien esa demanda se ha venido incrementando exponencialmente, no sería ésta la única razón para justificar el cambio de estatus de este centro hospitalario, para que pasara de ser una institución estatal, a una regional de alta especialidad del Sector Salud del Gobierno Federal. Ello es sin duda importante, también lo son en la misma medida otros factores que se han sumado a sus actuales coberturas. Algunos de ellos son los siguientes:

b) En cuanto a los resolutivos propuestos:

1. Cuenta con certificación y recertificación expedidas en 2000 y 2005 respectivamente como hospital de especialidades; al tiempo que ha sido acreditado para atención del Seguro Popular; y como centro de referencia estatal y regional de gasto catastrófico;

2. Se ha constituido en centro importante para la formación de recursos humanos para la salud a nivel regional, habiendo conformado alianzas estratégicas y convenios con diversas instituciones de educación superior con especialidades médicas, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus San Luis, Universidad del Valle de México Campus San Luis, Universidad Tangamanga, y universidades de Tamaulipas, Querétaro, Tabasco, Baja California y Autónoma de Guadalajara;

3. Cuenta para el pregrado con un campo clínico para cinco carreras universitarias, con 76 médicos internos y 500 alumnos; siendo adicionalmente sede para posgrado de 19 especialidades y sub-especialidades médicas, con 192 médicos residentes; en tanto que coordina por otro lado para el efecto de residencias médicas, un amplio programa de especialidades médico-quirúrgicas: medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia, anestesiología, radiología e imagen, anatomía patológica, dermatología, cirugía maxilofacial, ortopedia y traumatología, oftalmología y medicina integrada;

4. En el Centro de Investigación Nacional e Internacional a él adscrito, existen en curso más de 100 proyectos de investigación clínica en las especialidades de cardiología, dermatología, nefrología, neonatología, neurología, infectología, reumatología, geriatría y endocrinología.

5. El hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto cumple con las Normas Oficiales Mexicanas que lo califican para ser un Hospital Regional de Alta Especialidad.

6. “Los hospitales regionales de alta especialidad (HRAE), en unión a los Institutos Nacionales de Salud (Insalud), los hospitales federales de referencia (HFR) y otros hospitales vinculados con universidades, conforman la Red de Servicios de Salud de Alta Especialidad (REDSAES), ampliando a nivel nacional la oferta de servicios especializados que ya se ofrecen y contribuyen a la equidad en el acceso mediante descentralización.

7. Con base en el esquema de organización de los servicios, el HRAE conforma una columna vertebral para la oferta de atención médica, que contempla: Atención centrada en los pacientes y familiares. Consulta externa altamente resolutiva. Disminución sustancial de la estancia hospitalaria. Tendencia a la realización de cirugía mayor ambulatoria. Protocolos de atención y guías clínicas. Equipos multidisciplinarios. Visión integral del paciente. Continuidad en la atención. Atención basada en la mejor evidencia. Centro de investigación y enseñanza. Soluciones gerenciales integrales, tanto clínica como de costos. Contratación de asociaciones de profesionales de la salud externos. Introducción de nuevas figuras profesionales que giran en torno al paciente.

8. Así, el HRAE nace con el propósito fundamental de constituirse como una unidad médica modelo, cuya cultura organizacional y gestión se vean reflejadas en los sobresalientes resultados de sus procesos de atención médica y en los elevados niveles de cumplimiento con las expectativas de sus pacientes y sus familias, todo ello en un marco de satisfacción de su personal con las tareas cumplidas.

9. Actualmente se han construido y están en operación seis unidades de este tipo: HRAE del Bajío, HRAE de Oaxaca, HRAE de la península de Yucatán, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas que incluye al hospital de especialidades pediátricas en Tuxtla Gutiérrez y al HRAE Ciudad Salud en Tapachula; y recientemente el HRAE de Ciudad Victoria Tamaulipas. (Salud, 2015).

10. Finalmente, esta comisión considera que con base en el artículo 77 bis 30 de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud debe considerar la viabilidad de la propuesta, mediante el estudio técnico y las características que dicho artículo señala, para determinar si se convierte en un Hospital de Alta Especialidad.

Artículo 77 Bis 30. Con el objetivo de fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y su acceso o disponibilidad regional, la Secretaría de Salud, mediante un estudio técnico, determinará aquellas unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que por sus características y ubicación puedan convertirse en centros regionales de alta especialidad o la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura con el mismo propósito, que provean sus servicios en las zonas que determine la propia dependencia.

Para la determinación a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Salud tomará en cuenta los patrones observados de referencia y contrarreferencia, así como la información que sobre las necesidades de atención de alta especialidad le reporten de manera anual los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud o a través de los sistemas de información básica que otorguen los servicios estatales de salud.

Los centros regionales recibirán recursos del fondo a que se refiere este Capítulo de conformidad con los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud, en las que se incluirán pautas para operar un sistema de compensación y los elementos necesarios que permitan precisar la forma de sufragar las intervenciones que provean los centros regionales. Con la finalidad de racionalizar la inversión en infraestructura de instalaciones médicas de alta especialidad y garantizar la disponibilidad de recursos para la operación sustentable de los servicios, la Secretaría de Salud emitirá un plan maestro al cual se sujetarán los servicios estatales de salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

No se considerarán elegibles para la participación en los recursos del fondo que se establezca en los términos del presente Capítulo las instalaciones médicas de alta especialidad que no cuenten con el certificado que para el efecto expida la Secretaría de Salud, en congruencia con el plan maestro a que se refiere el párrafo anterior.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, a modificar la denominación jurídica del hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto, a efecto de convertirlo en un hospital regional de alta especialidad y, como consecuencia, en un organismo público descentralizado de la administración pública federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD REPRODUCTIVA DE LAS Y LOS ADOLESCENTES INDÍGENAS DEL PAÍS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ejecutar por la Ssa políticas públicas en materia de prevención y promoción de la salud reproductiva de los adolescentes indígenas del país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

Con fecha 8 de octubre de 2015, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar por medio de la Secretaria de Salud, políticas públicas en materia de prevención y promoción de la salud reproductiva de los adolescentes indígenas.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión dicho punto de acuerdo, con número de expediente 472/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

Los diputados mencionan que los gobiernos deben crear un programa de prevención familiar relativo a la reproducción en las zonas indígenas, asimismo deben procurar que todas las personas vivan lo más saludablemente posible, incluyendo la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.

El objeto de la proposición es que se haga un llamado respetuoso a las autoridades, para brindar programas de planificación familiar a toda persona en edad reproductiva, procurando a las y los adolescentes indígenas del país, para prevenir ante todo un embarazo no planeado, ya que a causa de este se genera una serie de consecuencias económicas, sociales y psicológicas, que muchas veces por vivir en zonas desprotegidas, no pueden tener, ni ofrecer al producto del embarazo una vida digna en todos los aspectos.

Finalmente, formula el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Salud ejecute políticas públicas en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país y puedan acceder a esa información en su lengua de origen.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. La prestación de los servicios de planificación familiar debe ofrecerse a toda persona en edad reproductiva que acuda a los servicios de salud, independientemente de la causa que motive la consulta y demanda de servicios.

2. El Consejo Nacional de Población estima que actualmente existen en el país 22.4 millones de adolescentes entre los 10 y 19 años de edad.

3.Las entidades con mayor porcentaje de adolescentes que son hablantes de lengua indígena son Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero, que tienen un porcentaje del 15 por ciento mayor al promedio nacional (6.7 por ciento).

4.La mejor herramienta que debemos proporcionar a nuestros adolescentes indígenas, a efecto de evitarles, embarazos no planeados es la planificación familiar, siendo el responsable de aplicar las políticas públicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el poder Ejecutivo, y en materia de salud lo hará por conducto de la Secretaría de Salud.

5.Esta comisión coincide con los promoventes, y ve con buenos ojos que como parte del programa de planificación familiar, se establezcan un plan de trabajo en el que se integre el tema de la salud reproductiva indígena.

6.El gobierno federal en coordinación con la Secretaría de Salud y en los diversos ámbitos de sus competencias, deben de instruir a la brevedad posible la promoción de campañas que ayuden a disminuir los embarazados no planeados por parte de la población indígena.

7.La salud sexual y reproductiva es un derecho que se encuentra consagrado en la Ley General de Salud, aunado a ello, en el artículo 67 párrafo cuarto del mismo ordenamiento, se encuentra regulado que exista una orientación e información para las comunidades indígenas en materia de planificación familiar y en la lengua que se hable en la región donde se encuentren, por lo que se considera viable que la propuesta de los diputados se apruebe en sus términos:

Artículo 67. ...

...

En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta H. Asamblea los siguientes:

V. Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud ejecute políticas públicas en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país y puedan acceder a esa información en su lengua de origen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

IMPLEMENTAR EL TAMIZ NEONATAL AMPLIADO EN TODA LA RED DE SALUD DEL PAÍS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a llevar a cabo acciones para implantar el tamiz neonatal ampliado en toda la red de salud del país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. A la Comisión que suscribe le fue turnado para estudio y dictamen el expediente 511 que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que lleve a cabo las acciones necesarias para implementar el Tamiz Neonatal Ampliado en toda la red de salud del país, propuesto por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

2. Para efectos legales y reglamentarios, la proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4377-III, martes 6 de octubre de 2015, misma fecha en la que se dictó turno para estudio y dictamen a la Comisión de Salud.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. La diputada proponente comenta que el Tamiz Neonatal Ampliado es hasta el momento el estudio de laboratorio más completo para el recién nacido, mediante el cual se puede detectar más de 60 enfermedades a partir de unas cuantas gotas de sangre. El mejor momento para realizar el diagnóstico es antes de la aparición de síntomas y complicaciones y esto puede lograrse a partir del tercer día después del nacimiento.

2. El objeto de la proposición es que a todos los bebés en nuestro país se les realice el estudio del Tamiz Neonatal Ampliado, a fin de detectar y prevenir oportunamente enfermedades graves, irreversibles y en ocasiones mortales.

3. El resolutivo propuesto en el siguiente:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que lleve a cabo las acciones necesarias para implementar el Tamiz Neonatal Ampliado en toda la red de salud del país.

III. Proceso de análisis

1. Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

a) En cuanto a los argumentos del autor

1. El artículo 61, fracción II, de la Ley General de Salud, mandata que se deberá incluir la aplicación de la prueba del tamiz ampliado a los niños mexicanos.

2. Cuando un bebé nace es revisado cuidadosamente por el médico pediatra en busca de signos que le orienten en la identificación de enfermedades que puedan afectar su vida futura. Sin embargo, existen diversas enfermedades y desórdenes hereditarios, mejor conocidos como “errores innatos del metabolismo”, que no se manifiestan al nacer sino hasta días, semanas o meses después, por lo que no pueden ser detectadas a tiempo, a menos que se le realice el Tamiz Neonatal Ampliado.

3. Estas enfermedades se caracterizan por la ausencia o deficiencia de alguna enzima para el metabolismo y procesamiento de los alimentos, alguna alteración hormonal o la presencia de hemoglobinas anormales, que si no son detectadas a tiempo, éstas pueden causar serias complicaciones en el bebé, como trastornos en el desarrollo, anemia severa, retraso mental, convulsiones e incluso la muerte.

4. Si bien todas las enfermedades diagnosticadas a través del Tamiz Neonatal Ampliado son congénitas (hereditarias) y por lo tanto no tienen actualmente una curación definitiva, muchas de ellas tienen opción a un tratamiento que permite evitar las complicaciones catastróficas, la discapacidad, tanto física como mental e inclusive la muerte, todo ello derivado de una falta de diagnóstico y de un tratamiento temprano.

5. El tamiz neonatal ampliado realizado mediante la obtención de una gota de sangre del talón del bebé permite identificar estas enfermedades raras pero muy serias en el recién nacido, antes de que se manifiesten sus síntomas. La mayoría de los bebés tamizados no tendrán ninguna de estas enfermedades, sin embargo, para un pequeño número de recién nacidos que sí las tienen, los beneficios del tamizaje son enormes.

6. El tratamiento temprano y oportuno, antes de que aparezcan los síntomas, es capaz de prevenir: retraso mental, crisis agudas en las primeras semanas o meses de vida, enfermedades hepáticas, cataratas, inmunodeficiencias, trastornos de la diferenciación sexual o síndrome de pérdida de sal, problemas pulmonares y digestivos, trastornos neuromusculares y cardiacos, muerte súbita.

7. Según datos de la propia Secretaría de Salud reporta que 89 por ciento de los nacimientos en dicha institución y que más de 60 por ciento de los recién nacidos en otras instituciones son tamizados. Es necesario avanzar en ese sentido para lograr que la cobertura de la población tamizada supere 95 por ciento. Por lo que podemos decir que en los países donde se ha implantado el tamizaje ampliado se ha mostrado el beneficio costo-eficiencia. El costo es muy inferior a los beneficios de prevenir retraso mental y muerte de los niños.

b) En cuanto a los resolutivos propuestos:

1. Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, toda vez que el artículo 4o. constitucional establece que toda persona tiene derecho a la salud y que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

2. Esta comisión considera que de acuerdo con el mandato de la Ley General de Salud, en su artículo 61, fracción II, se debe incluir la aplicación de la prueba del tamiz ampliado a los niños mexicanos.

3. Aun cuando se reconocen los esfuerzos de la Secretaría de Salud por tener una cobertura universal de la implementación del Tamiz Neonatal Ampliado, no es suficiente, toda vez que se requiere llegar a toda la red de salud.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Salud a que lleve a cabo las acciones necesarias para implementar el Tamiz Neonatal Ampliado en toda la red de salud del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

INCLUSIÓN DE ENFERMEDADES EN EL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS DEL SEGURO POPULAR

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo relativos a la inclusión de enfermedades en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. El 13 de octubre de 2015, el diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la inclusión de enfermedades en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión con número de expediente 522/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición

El legislador señala que el cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo; en 2012 hubo 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de muertes, de acuerdo con el Informe Mundial sobre el Cáncer 2014-IARC. Además, se prevé que el número de nuevos casos aumente en aproximadamente 70 por ciento en los próximos 20 años, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud.

El suscrito informa que el Seguro Popular no cubre los tratamientos contra los tumores malignos y cánceres que más afectan a las y los mexicanos, como el de pulmón, estómago, hígado y las leucemias en mayores de 18 años de edad.

El proponente señala que el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos contenido en el artículo 77 Bis 29, de la Ley General de Salud, contiene los tratamientos y medicamentos que implican un alto costo en virtud de su grado de complejidad, o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren. Y, según lo establecido por el legislador, los tipos de cáncer antes mencionados, tienen una alta incidencia y representan un costo demasiado elevado para las familias más vulnerables.

El diputado manifiesta que no hay registros confiables que permitan conocer la magnitud, nivel de mortalidad, las etapas en que se encuentran los pacientes ni su número. Por lo que es necesario tener una dimensión precisa del problema para que el gobierno tenga una intervención efectiva, por lo que se vuelve necesario crear un registro nacional del cáncer.

Finalmente, formula el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se evalúen las condiciones para que incluyan la atención del cáncer de pulmón, cáncer hepático, cáncer de estómago, cáncer de ovario epitelial, y leucemias en mayores de 18 años en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y su correlativo en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud, como enfermedad que genera gastos catastróficos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los diferentes órdenes de gobierno para que se elabore un registro nacional de enfermos de cáncer, que permita agilizar la atención de este padecimiento.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

1. Esta comisión, con fundamento en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce a la salud como uno de los derechos fundamentales y al Estado como creador de condiciones que garanticen a todos los ciudadanos el goce de éste.

2. Asimismo, esta Comisión es consciente de que millones de mexicanos se ven afectados por el cáncer y que el tratamiento de esta enfermedad implica gastos insostenibles para ellos.

3. La Secretaría de Salud es también consciente de lo anterior y es por esto, que ya ha considerado en Gastos Catastróficos, los siguientes tipos de cáncer en mayores de 18 años:

a. Cáncer Cervico-Uterino

b. Cáncer de mama

c. Cáncer Testicular

d. Linfoma no hodgkin

e. Cáncer de próstata

f. Tumor maligno de ovario (germinal)

g. Tumor maligno de colon y recto

4. A juicio de esta Comisión, la Secretaría de Salud ha hecho un buen trabajo en incluir los canceres antes citados dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Sin embargo, es necesario incluir también el cáncer de pulmón, el hepático, el de estómago, el de ovario epitelial y la leucemia, ya que estos, afectan a un mayor número de mexicanos.

Además, de que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud para que sean considerados dentro del rubro de Gastos Catastróficos, en este sentido, se considera viable el exhorto materia del presente dictamen.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustentan, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se evalúen las condiciones para que incluya la atención del cáncer de pulmón, cáncer hepático, cáncer de estómago, cáncer de ovario epitelial, y leucemias en mayores de 18 años en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y su correlativo en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud, como enfermedades que generan gastos catastróficos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los diferentes órdenes de gobierno a efecto de que se elabore un registro nacional de enfermos de cáncer, que permita agilizar la atención de este padecimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

CONSTRUIR UNA TORRE HOSPITALARIA Y DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DOCTOR ERNESTO MEANA SAN ROMÁN, MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Ssa a construir una torre hospitalaria y de especialidades médicas en el hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, en Jojutla, Morelos, y atender las necesidades de otros nosocomios de la entidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, enla sesióndel 21 de octubre de 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha, con número de expediente 676.

2. La proposición fue turnada a la Comisión de Salud, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. La Comisión de Salud, en su segunda reunión ordinaria, celebrada el 9 día de diciembre de 2015, resolvió aprobar el dictamen antes descrito con base a las siguientes

II. Consideraciones

1. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La Proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se sustentan en lo siguiente:

La salud es una condición indispensable para todo tipo de desarrollo o grado de bienestar, por ello se le ha protegido jurídicamente y actualmente es uno de los derechos más importantes para todas las personas; razón por la cual está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que en el numeral 1 de su artículo 25 dispone que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Por su parte, desde 1946 la Constitución de la Organización Mundial de la Salud determina que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual México se adhirió el 23 de marzo de 1981, establece en su artículo 12 que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, para lo cual crearán las condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad; además, en el primer párrafo del artículo 2, prevé la obligación de los Estados de adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos, por lo que se colige que se trata de un instrumento internacional cuyos estándares refuerzan la viabilidad de la presente proposición.

En ese tenor, este importante derecho está reconocido y resguardado por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 4, párrafo cuarto, señala que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.”

Es prioridad que un enfermo tenga los servicios hospitalarios y de especialidades médicas lo más asequible posible, la gravedad de un padecimiento, la pobreza de las familias que viven en la región sur y sur poniente de Morelos.

El hospital general Doctor Rodolfo Becerril de la Paz, municipio de Tetecala, Morelos, atiende a la sociedad de los municipios de Coatlán del Río, Mazatepec, Miacatlán y Tetecala donde se ubica, comprendiendo una población bajo su responsabilidad de 46,464 y para atender a estas personas existen 12 consultorios atendidos por 54 médicos, de los cuales 16 son generales, 7 anestesiólogos, 7 cirujanos, 7 gineco-obstetras, 4 internistas, 1 odontólogo especialista, 1 ortopedista, 1 pediatra, 1 traumatólogo y un urgenciólogo; quienes se auxilian por 119 enfermeras en contacto con el paciente, y entre el personal técnico existen 13 parteras, 11 de laboratorio, 6 de radiología y 8 de trabajo social.

En Puente de Ixtla existe el hospital comunitario Doctor Fernando R., el cual tiene un área de cobertura que alcanza a una población de 65 mil 731 personas bajo su responsabilidad. En 2014 se otorgó el servicio para 20 mil 55 urgencias, siendo las causas principales las infecciones respiratorias agudas, los traumatismos, las enfermedades infecciosas intestinales y las causas obstétricas.

Aun cuando la atención ha tenido demandas importantes el personal con que cuenta este hospital es escaso, existiendo 12 consultorios, con una plantilla de 56 miembros de enfermería y 28 médicos, de los cuales 20 son generales, 1 anestesiólogo, 1 cirujano, 1 gineco-obstetra, 1 odontólogo, 1 pediatra y 1 psiquiatra, así como 56 enfermeras en contacto con el paciente.

Cabe señalar que todos los datos estadísticos expuestos emanan de los Servicios de Salud de Morelos y evidencian -sin duda- las carencias, necesidades y fuerte carga de trabajo a que se encuentran sometidos los hospitales cuya propuesta de fortalecimiento es materia de la presente proposición con punto de acuerdo.

2. La comisión dictaminadora toma en cuenta que:

El sector salud debe contar con la infraestructura necesaria y en este caso en particular, se justifica ampliamente la necesidad de construir una torre hospitalaria y de especialidades médicas en el Hospital General Doctor Ernesto Meana San Román, municipio de Jojutla, Morelos; así mismo, que se amplíe y modernice el hospital general Doctor Rodolfo Becerril de la Paz, municipio de Tetecala, Morelos, además de que se equipe y logre la certificación del hospital comunitario Doctor Fernando R. Vizcarra, municipio de Puente de Ixtla, Morelos, debido a la alta demanda de la población.

En efecto, la salud es una condición indispensable para todo tipo de desarrollo o grado de bienestar, y por ello se le ha protegido jurídicamente y actualmente se ha consagrado como un Derecho Humano.

Si bien es cierto la Cámara de Diputados es responsables de determinar los alcances de las partidas y la forma de ejercer el gasto público, también lo es que se debe realizar el análisis correspondiente respecto a las necesidades que como ésta, siguen pendientes de resolver.

Por ello la Secretaria de Salud debe eficientar los recursos que recibe, así como su aplicación. En términos de trasparencia se debe contar con la información necesaria sobre los cientos de millones de pesos que, cada año, la SHCP y este Congreso le destinan.

Por otro lado dichos recursos deben ser aprovechados para garantizar la atención de calidad, lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Actualmente el gasto público en salud equivale a 6.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, el primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud expone que la información sobre la distribución de los recursos es deficiente.

Hasta ahora no ha habido la capacidad estratégica para el uso adecuado de esos recursos. No se han atendido dos demandas principales de los ciudadanos, que son: la mejora de los servicios con los recursos que tenemos y la ampliación de la infraestructura.

Los servicios no se ajustan geográficamente a las necesidades de la población, lo que se traduce en una falta de correspondencia entre las necesidades y demandas de los distintos grupos sociales.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Salud somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno federal para que realice todas las gestiones necesarias para construir y operar una torre hospitalaria y de especialidades médicas en el Hospital General Doctor Ernesto Meana San Román, municipio de Jojutla, Morelos; así como que se amplíe y modernice el hospital general Doctor Rodolfo Becerril de la Paz, municipio de Tetecala, Morelos, además de que se equipe y logre la certificación del hospital comunitario Doctor Fernando R. Vizcarra, municipio de Puente de Ixtla, Morelos, debido a la alta demanda de la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

EMITA UNA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE REGULE LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES PARA PREVENIR Y ATENDER EL CÁNCER DE MAMA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a emitir una norma oficial mexicana sobre las unidades médicas móviles para prevenir y atender el cáncer de mama

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 27 de octubre de 2015, la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal a emitir una norma oficial mexicana que regule las unidades médicas móviles para prevenir y atender el cáncer de mama.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 684/LXIIIpara su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

La diputada proponente señala que el Instituto Nacional de Cancerología ha señalado que en el país, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia de las neoplasias malignas en las mujeres, representa 11.34 por ciento de los casos de cáncer, y existe un incremento global de aproximadamente 1.5 anual.

Todos los días, 15 mujeres pierden la vida a consecuencia del cáncer de mama y las cifras continúan en aumento.

La proponente manifiesta que es claro que el cáncer mamario se ha convertido en un problema creciente de salud pública. Tanto la mortalidad como el número de casos nuevos que se presentan cada año, ha llevado a impulsar diversas acciones por las autoridades sanitarias y de la sociedad civil.

La legisladora señala que una de estas acciones, es el aumento de “unidades móviles” tanto en comunidades lejanas como en centros urbanos, las cuales ofrecen servicios preventivos, brindando información a las usuarias sobre la manera correcta de realizar la autoexploración, así como de diagnóstico e incluso tratamiento.

Uno de los servicios más importantes que ofrecen estas unidades es la mastografía (una radiografía de la glándula mamaria que permite detectar lesiones no palpables y diagnosticar oportunamente la enfermedad). Este estudio detecta lesiones en la mama de menos de un centímetro cuando todavía no se palpan y de esta forma reduce el riesgo de morir por este padecimiento.

Estas “unidades móviles” se encuentran presentes prácticamente en todo el territorio nacional, sin embargo este esfuerzo loable y solidario, carece de una regulación adecuada.

La falta de regulación referida, ha derivado en diagnósticos erróneos que han evitado la detección y, por tanto, la atención oportuna de muchas mujeres.

El objeto que se pretende con este punto de acuerdo es que se formule una norma oficial mexicana que regule a todo tipo de unidades médicas móviles que prestan servicios de prevención, diagnóstico y atención del cáncer de mama.

3. El resolutivo planteado en la proposición es el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que emita una Norma Oficial Mexicana en materia de Unidades Médicas Móviles para la Prevención, Diagnóstico y Atención del Cáncer de Mama, en la cual se establezcan los procedimientos mediante los cuales se regulará, autorizará, certificará y vigilará a las citadas Unidades Móviles, salvaguardando en todo momento los derechos de las mujeres.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. De acuerdo con información oficial, desde el año 2007 se puso en marcha el Programa Caravanas de la Salud (hoy Unidades Médicas Móviles), con el propósito de atender a poblaciones dispersas que residen en zonas geográficas de difícil acceso y que no tienen la capacidad de acceder a la red de servicios de salud debido a esta ubicación geográfica.

Programa que con los años se ha expandido a gran parte del territorio nacional, contando con una cartera de 154 servicios de salud. Dentro de este catálogo se contempla en el lugar 95 únicamente al diagnóstico y tratamiento de trastornos benignos de mama (acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa unidades médicas móviles, Diario Oficial de la Federación, versión en línea, http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/Documentos/ReglasOperacion/2015.pdf , consultado el 13 de octubre de 2015), los cuales sólo pueden ser considerados como potenciales precursores del cáncer de mama, sin que muchas veces éstos se hallen asociados a dicho mal.

2. Conforme al artículo 45 de la Ley General de Salud, “Corresponde a la Secretaría de Salud vigilar y controlar la creación y funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud, así como fijar las normas oficiales mexicanas a que deberán sujetarse”.

3. La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2011, tiene como objetivo “establecer los lineamientos para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama”; sin embargo, del análisis de dicha norma se desprende que existe un vacío evidente en la materia, toda vez que la norma está diseñada para reglamentar a unidades médicas establecidas (fijas) de diferentes niveles. En una interpretación forzada podríamos incluir a las unidades médicas móviles, sin embargo, dadas las especificidades, ameritan ser objeto de disposiciones normativas específicas para su óptimo funcionamiento, para beneficio de la población.

En este orden de ideas, se considera que es viable el exhorto para expedir una norma oficial en materia de unidades médicas móviles para la prevención, diagnóstico y atención del cáncer de mama, que complemente a la norma principal referida.

4.Se coincide en lo general con el sentido del texto propuesto, debido a que con esto se garantiza que los diagnósticos y atención a cargo de estas unidades médicas móviles, se formulen bajo los más estrictos estándares de calidad, y de esta forma se lleve a cabo la detección temprana y se disminuyan riesgos fatales por este padecimiento.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los integrantes de la Comisión de Salud someten a esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a emitir una norma oficial mexicana en materia de unidades médicas móviles para prevención, diagnóstico y atención del cáncer de mama, en la cual se establezcan los procedimientos mediante los cuales se regularán, autorizarán, certificarán y vigilarán las citadas unidades móviles, salvaguardando en todo momento los derechos de las mujeres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

RESOLVER LAS PRECARIAS CONDICIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL “HOSPITAL DOCTOR AURELIO VALDIVIESO”

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y la Ssa a proponer opciones con el gobernador de Oaxaca para resolver las precarias condiciones de la atención médica en el hospital Doctor Aurelio Valdivieso

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

Con fecha 20 de septiembre de 2015, la diputada Eva Florinda Cruz Molina, integrante de la LXIII Legislatura Federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Salud, ambos del Gobierno federal, para que en coordinación con el Gobernador del estado de Oaxaca, se propongan alternativas para resolver con urgencia las condiciones precarias de la atención médica del hospital “Doctor Aurelio Valdivieso”, en beneficio de los oaxaqueños.

El 27 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente, con número de expediente 685.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

Esta proposición tiene por objeto exhortar al Gobierno Federal, para resolver con urgencia las condiciones precarias de la atención médica del hospital “Doctor Aurelio Valdivieso”.

El resolutivo propuesto es el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Salud, ambos del Gobierno federal, para que en coordinación con el Gobernador del Estado de Oaxaca, se propongan alternativas para resolver con urgencia las condiciones precarias de la atención médica del hospital “Doctor Aurelio Valdivieso”, en beneficio de los oaxaqueños.

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, además de la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

a) En cuanto a los argumentos del autor.

1. La misión del Seguro Popular es ampliar la afiliación, misma que se ha logrado con éxito; no obstante, no se han incrementado simultáneamente los recursos físicos, humanos y financieros necesarios para garantizar el acceso a la salud y servicios de calidad para los mexicanos; situación que se recrudece en estados del sureste de México.

2. Oaxaca ocupa el 3er lugar nacional en pobreza extrema y rezago social, concentra los 58 municipios más pobres del país, 80 por ciento de la población carece de servicios médicos de seguridad social, esto significa que de los 3 millones 506 mil 821 habitantes existentes, sólo 983 mil 487 son derechohabientes de alguna institución pública de salud, lo que representa una grave carga para muchos hospitales del Sector Salud, como el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”.

3. El hospital civil Doctor Aurelio Valdivieso atiende 24 nacimientos al día, y sólo cuentan con 6 camas en sala de labor y 6 más en la de recuperación; existe un gran déficit de enfermeras en toco-cirugía, cada enfermera hace el trabajo que le corresponde a tres. Actualmente cuenta con 240 camas que son insuficientes y cada día hay más pacientes en camillas, en sillas, en los pasillos y otros en sala de espera.

4. El hospital no está cumpliendo con las evaluaciones de protección civil dada su sobresaturación. La diálisis y la hemodiálisis requerida para pacientes críticos, ya no se hace; el costo es asumido por los pacientes. En el 2014 se atendieron en urgencias 43 mil 800 consultas, siendo el hospital que mayor parte de emergencias médicas atiende en el estado.

5. Es necesario tener instalaciones adecuadas. Falta personal médico, de enfermería, sábanas, sillas, camillas, medicamento, material de curación y los materiales básicos de primera necesidad. El hospital Estas circunstancias imposibilitan la atención de la gran cantidad de pacientes que día a día desfilan por los pasillos en condiciones infrahumanas.

b) En cuanto a los resolutivos propuestos:

1. El hospital “Aurelio Valdivieso” es el segundo hospital en importancia en Oaxaca, siendo el primero en atención médica. La construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca se generó como respuesta a los daños a la salud cada vez más complejos de los oaxaqueños, secundarios a la transición poblacional y epidemiológica.

2. El hospital regional ha sido rebasado en su capacidad. La aportación de recursos económicos es insuficiente para implementar acciones de fortalecimiento de infraestructura y mejora en la calidad de atención.

3. Por ello, esta comisión es coincidente con la diputada proponente, toda vez que es importante considerar que queda a criterio de la Secretaria de Salud y a la SHCP en coordinación con el gobierno del estado de Oaxaca, determinar el presupuesto necesario conforme a la partida presupuestal que ya tiene asignada dentro del paquete económico del próximo año, a fin de promover alternativas para resolver las condiciones precarias de la atención médica del hospital Doctor Aurelio Valdivieso.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Salud, del gobierno federal, para que en coordinación con el gobernador del estado de Oaxaca, se propongan alternativas para resolver con urgencia las condiciones precarias de la atención médica del hospital “Doctor Aurelio Valdivieso”, para beneficio de los oaxaqueños.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

ACCESIBLE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA “HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR”, A TRAVÉS DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas instancias a implantar políticas públicas para hacer asequibles el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), numeral 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 27 de octubre de 2015, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a la Comisión para definir Tratamientos y Medicamentos Asociacios a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastroficos y al Consejo de Salubridad General, para que elaboren políticas publicas que proporcionen el acceso a los ciudadanos al diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, a través del fondo de protección contra gastos catastroficos.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión dicho punto de acuerdo, con número de expediente 699/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

La diputada promovente cita que en el 2003, se modificó la Ley General de Salud con el fin de poner en marcha el Sistema de Protección Social en Salud, enfocado a la protección financiera de la población no derechohabiente de las instituciones de seguridad social, y se contempló la constitución de un fondo denominado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, FPGC, destinado a “apoyar el financiamiento de la atención de enfermedades de alto costo” y que, en consecuencia, provocan gastos catastróficos.

La legisladora establece que dicho fondo opera como una reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud, que apoya principalmente el financiamiento de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufren enfermedades de alto costo y que no pueden cubrir, y el manejo de los recursos y su correspondiente transferencia es realizada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Actualmente, los recursos del Fondo se destinan para atender las siguientes categorías:

A) Diagnóstico y tratamiento del Cáncer, problemas cardiovasculares, enfermedades cerebro-vasculares, lesiones graves, rehabilitación de largo plazo, VIH/sida y enfermedades metabólicas,

B) Cuidados intensivos neonatales; trasplantes.

La proponente refiere que la “hipertensión arterial pulmonar” es una enfermedad rara, huérfana, catastrófica, grave, progresiva, rápidamente deteriorante, incapacitante y potencialmente letal, reconocida como problema de salud de gran importancia, que afecta en gran medida calidad de vida de quien la padece, desafortunadamente sus síntomas (dificultad para respirar, fatiga, mareos y desmayos, varían de un paciente a otro) ocurren hasta que ha progresado y generalmente se confunde con otras enfermedades como el asma, lo cual dificulta su diagnóstico y el tratamiento.

Las opciones de diagnóstico y tratamiento, aunque especializadas y factibles de implementar, no están a disposición de los pacientes por limitaciones de cobertura geográfica o cobertura económica en los sistemas de salud.

La mayoría de los que padecen esta enfermedad no cuentan con un diagnóstico oportuno ni tienen acceso a los tratamientos específicos y aprobados para erradicarla, lo cual, con el paso del tiempo y avance de la enfermedad, incrementa los costos de la asistencia médica debido a la necesidad de hospitalización, pruebas de diagnóstico, otros tratamientos para las complicaciones y efectos adversos por uso de medicamentos no específicos.

El objeto de la proposición es exhortar a diversas autoridades del sector salud a nivel federal, para que realicen políticas públicas para que cualquier ciudadano tenga acceso al diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar mediante la utilización del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Finalmente, formula el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a la Comisión para definir Tratamientos y Medicamentos Asociacios a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos y al Consejo de Salubridad General, para que elaboren y ejecuten políticas públicas que proporcionen el acceso de los ciudadanos al diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar, a través del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 numeral 1 establece que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudes, vejez u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circuntancias independentes de su voluntad.

2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o., párrafo cuarto, señala que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud....La ley establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

3. Los integrantes de la comisión coincidimos con la promovente, en que es obligación del Estado proporcionar una mejor calidad de vida de las personas que se encuentran en situaciones de extrema pobreza y particularmente cuando tienen un problema especificio, como es el caso de los pacientes que sufren de hipertensión.

4. De acuerdo con el artículo 1o., la Ley General de Salud establece “las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios; además es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad en la sociedad mexicana”, por lo que los integrantes de esta Comisión estamos de acuerdo en que se deben cubrir todas las necesidades en materia de salud de la sociedad y, más aún, las de los grupos vulnerables.

5. Consideramos que en un marco de fomento, protección y garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos es una obligación del Estado promover acciones incluyentes dirigidas a garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía, a través de una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria, como es el caso de los pacientes que sufren de “Hipertensión Arterial Pulmonar”, puesto que no sólo es una enfermedad que afecta la calidad de vida, sino que genera discapacidad, costos sanitarios y muerte en personas de todas las edades.

6. Esta comisión considera que el punto de acuerdo en estudio es viable y que incluir esta nueva enfermedad en el Centro de Integración Especializada, ayudaría a las personas que padecen esta enfermedad a recibir atención médica adecuada y a bajo costo ya que, como se menciono en líneas anteriores, muchos de los que la padecen, no cuentan con los recursos necesarios para tener un tratamiento adecuado y que les dé una mejor calidad de vida.

Finalmente, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura consideramos que la redacción del punto de acuerdo debe quedar de la siguiente manera: “La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a la Comisión para definir Tratamientos y Medicamentos Asociacios a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos y al Consejo de Salubridad General para que, dentro de la suficiencia presupuestal con la que cuenten, elaboren y ejecuten políticas públicas que proporcionen el acceso de los ciudadanos al diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar, a través del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos”.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta H. Asamblea los siguientes:

V. Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a la Comisión para definir Tratamientos y Medicamentos Asociacios a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos y al Consejo de Salubridad General para que, dentro de la suficiencia presupuestal con la que cuenten, elaboren y ejecuten políticas públicas que proporcionen el acceso de los ciudadanos al diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar, a través del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

DESIGNAR CON EL NOMBRE DEL “DOCTOR JOSÉ GARIBO HERNÁNDEZ” AL HOSPITAL GENERAL DE ACAPULCO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador de Guerrero que se asigne el nombre de Doctor José Garibo Hernández al hospital general de Acapulco, como homenaje a tan destacado humanista en el ámbito de la medicina pediátrica

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. A la Comisión que suscribe, le fue turnado para estudio y dictamen el expediente 706 que contiene la proposición con Punto de Acuerdo para solicitar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, designar con el nombre del “Doctor José Garibo Hernández” al Hospital General de Acapulco, como un homenaje a tan destacado humanista en el ámbito de la medicina pediátrica; por la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

2. Para efectos legales y reglamentarios, la proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4393-V, martes 27 de octubre de 2015, misma fecha en la que se dictó turno para estudio y dictamen a la Comisión de Salud.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. La diputada proponente comenta que el doctor Garibo entregó su vida a la medicina, y a sus pacientes con el mayor respeto y dedicación, su textura humana no tuvo comparación, poniendo en el servicio no sólo ciencia sino también amor.

2. El objeto de la proposición es solicitar al gobernador de Guerrero, designar con el nombre del “Doctor José Garibo Hernández” al hospital general de Acapulco, como un homenaje a tan destacado humanista en el ámbito de la medicina pediátrica.

3. El resolutivo propuesto en el siguiente:

Único. Se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, designar con el nombre del “Doctor José Garibo Hernández” al Hospital General de Acapulco, como un homenaje a tan destacado humanista en el ámbito de la medicina pediátrica.

III. Proceso de análisis

1. Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

a) En cuanto a los argumentos del autor.

1. El surgimiento del hospital general de Acapulco está relacionado con la necesidad de establecer un hospital que atendiera en particular a los pobres. En 1938 empezó a funcionar un establecimiento asistencial, pequeño, modesto, fundado con ayuda privada y gubernamental, que formaba parte de una red de servicios médicos que se construía en el país. El hospital fue remodelado en varias ocasiones y hacia 1960 tenía poco más de 90 camas, era gobernado por un patronato, con subsidios de la federación, estado y municipio, a pesar de lo cual su presupuesto era limitado, prestando servicio sólo 50 de las 100 camas de la institución.

2. Fue inaugurado por el doctor Jorge Jiménez Cantú, secretario de Salubridad y Asistencia, en representación del presidente de la República, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, el 22 de marzo de 1972 sin que, desde esa fecha, se le asignara nombre que le distinguiera y le diera identidad.

3. Hoy es un hospital de segundo nivel de atención médica, dependiendo administrativamente del gobierno del estado, sin embargo recibe recursos financieros de la federación para su funcionamiento, el pago de salarios y prestaciones entre otros conceptos, tal como lo establece la Ley General de Salud en su artículo 77 Bis 5, fracción IV; referente a la competencia entre la federación y las entidades federativas en la ejecución de acciones de protección social en salud mediante la transferencia de recursos que le corresponde operar a cada uno de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

4. El hospital general de Acapulco, en este marco de referencia, ha contribuido de manera notable y altamente humanista a la atención de las necesidades y el bienestar social de la comunidad guerrerense. En este sentido, podemos hablar de un sin número de seres humanos dedicados en cuerpo y alma a ejercer la medicina, dignificando de esta manera la atención de los servicios de salud en su entorno social.

5. Entre estos seres humanos extraordinarios se hace presente la figura del médico pediatra José Garibo Hernández, quien fue en gran benefactor de la niñez guerrerense. Nació el 8 de mayo de 1942, en Zintapala, municipio de Atoyac, en la sierra de Guerrero. En la Universidad Nacional Autónoma de México se graduó de médico cirujano y partero, posteriormente en el hospital infantil realizó la especialidad en pediatría.

6. Fue médico pediatra del hospital general de Acapulco desde el 24 de octubre de 1974, dos años después jefe del servicio de pediatría hasta la fecha de su muerte el 11 de abril de 2011, lo que quiere decir que durante 34 años desempeñó esta encomienda de manera excepcional. Destaca además, su faceta como maestro formador de médicos especialistas en pediatría desde 1976 hasta 2008.

7. El doctor Garibo entregó su vida a la medicina, a sus pacientes, con el mayor respeto y dedicación, su textura humana no tuvo comparación, poniendo en el servicio no sólo ciencia sino también amor.

8. Fue una de las personalidades de más amplio y rico contenido humanístico de la sociedad médica de Guerrero. Sus privilegios humanos fueron de altura máxima. Pocas vidas han reunido en su seno tantos méritos para la admiración. Sin embargo fue una persona sencilla. Fue un hombre honesto, trabajador, con sólidos principios y valores, un médico humanista, un hombre bueno comprometido en demasía con la niñez guerrerense.

b) En cuanto a los resolutivos propuestos:

1. Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, toda vez que los nombres de los hospitales deben ser honrados con el nombre de un personaje que haya tenido una buena reputación y que haya realizado algo brillante en su vida y sea ejemplo de servicio para la gente.

2. El hospital en comento inició sus labores desde el 22 de marzo de 1972, sin que a la fecha se le asigne nombre que le distinga y le dé identidad.

3. El doctor José Garibo Hernández, fue una de las personalidades de más amplio y rico contenido humanístico de la sociedad médica de Guerrero, persona sencilla, honesta, trabajadora, con sólidos principios y valores, un médico humanista comprometido con la niñez.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al gobernador del estado de Guerrero, designar con el nombre del “Doctor José Garibo Hernández” al hospital general de Acapulco, como un homenaje a tan destacado humanista en el ámbito de la medicina pediátrica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

AMPLIAR EL PERSONAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA “ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES”

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a considerar la posibilidad de ampliar el personal del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. El 27 de octubre de 2015, la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a ampliar el personal para el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión con número de expediente 714/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición

La proponente considera importante que las mujeres embarazadas se realicen pruebas bioquímicas e inmunológicas muy sencillas, para detectar el nacimiento prematuro. Cuando se califica un embarazo como de riesgo, se debe enviar a la paciente a un hospital que cuente con el equipo y personal especializado en la materia. El Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” ha sido uno de los lugares más adecuados para atender dichos caso, ya que cuenta con el equipo necesario y el personal capacitado.

Como una institución de calidad, el Instituto se ha caracterizado porque la atención médica que se brinda es oportuna y de calidad, sobre todo a los recién nacidos que tienen alguna enfermedad que pone en riesgo su vida y a aquellas personas que sin recursos suficientes obtienen la única opción para poder procrear.

Esta función debe ser fortalecida con recursos que promuevan la investigación y la implementación de las políticas públicas de salud contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con recursos suficientes para la ampliación del personal médico a su servicio.

Finalmente, formula el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que considere la posibilidad de ampliar el personal para el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

1.Esta comisión reconoce la invaluable labor que se realiza en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, que con su equipo especializado ha garantizado la protección de la salud de un sinnúmero de mexicanos.

2.Reconocemos que para atender los padecimientos de la sociedad en materia de infertilidad, es necesario contar con más personal capacitado dentro del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.

3.Los integrantes de esta comisión en reconocemos las necesidades crecientes y los esfuerzos de mayor productividad del personal en funciones y, por tratarse del derecho a la protección de la salud establecido en el artículo 4o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud se solidariza con la propuesta de exhorto para que la Secretaría de Salud considere la posibilidad de atender la solicitud de la diputada promovente.

Por las consideraciones que anteceden, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente

V. Resolutivo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que considere la posibilidad de ampliar el personal para el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

IMPLANTE MEDIDAS PARA PREVENIR, ATENDER Y REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y EL EMBARAZO DE ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a implantar medidas para prevenir, atender y reducir la mortalidad materna y el embarazo de adolescentes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. A la Comisión que suscribe le fue turnado para estudio y dictamen el expediente 722, que contiene la proposición con punto de acuerdo, que exhorta respetuosamente al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Salud, a implementar medidas urgentes para la prevención, atención y reducción de la mortalidad materna y del embarazo adolescente con un enfoque de pleno respeto y promoción de los derecho humanos, priorizando además la información con campañas de difusión y el acceso a los servicios de salud de calidad, presentado por la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario PRD.

2. Para efectos legales y reglamentarios, la proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4393-V, martes 27 de octubre de 2015, misma fecha en la que se dictó turno para estudio y dictamen a la Comisión de Salud.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. La diputada proponente comenta que la cifra de muertes maternas en México sigue siendo alarmante, sobre todo en los embarazos de las adolescentes.

2. El objeto de la proposición es solicitar a la Secretaría de Salud que implemente medidas urgentes para la prevención, atención y reducción de la mortalidad materna y del embarazo adolescente.

El resolutivo propuesto en el siguiente:

Único.La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Salud, para que implemente medidas urgentes para la prevención, atención y reducción de la mortalidad materna y del embarazo adolescente con un enfoque de pleno respeto y promoción de los derecho humanos, priorizando además la información con campañas de difusión y el acceso a los servicios de salud de calidad.

III. Proceso de análisis

1. Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con su discusión en reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

a) En cuanto a los argumentos del autor.

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta que cada año aproximadamente 536 mil mujeres mueren en el mundo por complicaciones en el embarazo y en el parto, a pesar de que éstas son generalmente prevenibles y a costos relativamente bajos. Sobre este punto, el Banco Mundial calcula que si todas las mujeres tuvieran acceso a intervenciones para atender las complicaciones del embarazo y parto, en especial a cuidados obstétricos de emergencia, 74 % de las muertes maternas podrían evitarse.

2. En México la cifra de muertes maternas es de 38.2 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, fracasando en la meta que se estableció en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para esta fecha que era de 22 decesos por 100 mil nacidos vivos.

3. En 25 años se han presentado varios cambios epidemiológicos y demográficos en México, por ejemplo, se han registrado cambios importantes, pasando de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus y las enfermedades isquémicas del corazón como las principales causas de muerte.

4. Los datos anteriores nos llevan a reflexionar que la mortalidad materna es un reflejo del desarrollo de un país, de la calidad de vida de sus habitantes, del acceso a los servicios de salud, además de ser una señal indiscutible de la situación que guarda el avance de la igualdad de género en una sociedad, por lo que no debemos escatimar recursos ni regatear derechos para mejorar la salud y la vida de las mujeres.

5. En materia de embarazo adolescente la problemática no es menor, pues la falta de orientación sobre servicios de salud sexual y reproductiva, el estigma y la falta de prevención colocan a nuestro país en cifras alarmantes, por ejemplo, el Fondo de Naciones Unidad para la Infancia (Unicef) registró tan sólo en 2005 casi medio millón de mexicanas menores de 20 años que dieron a luz en el año 2005, de las cuales, 144 mil 670 con un hijo o un primer embarazo entre los 12 y 18 años no concluyeron su educación de tipo básico.

6. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, ha señalado que el embarazo adolescente se incrementó de 69.2 a 77 partos por cada 100 mil nacidos vivos entre 2009 y 2014 y ha urgido al gobierno mexicano a destinar recursos para la aplicación efectiva de dicha estrategia.

b) En cuanto a los resolutivos propuestos:

1. Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4o, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

2. Es de gran preocupación que en México, la cifra de muertes maternas es de 38.2 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, fracasando en la meta que se estableció en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para esta fecha que era de 22 decesos por 100 mil nacidos vivos.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Salud, a que implemente medidas urgentes para la prevención, atención y reducción de la mortalidad materna y del embarazo adolescente con un enfoque de pleno respeto y promoción de los derecho humanos, priorizando además la información con campañas de difusión y el acceso a los servicios de salud de calidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

ATENDER LAS INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS EN TODO EL PAÍS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Ssa a atender las inmunodeficiencias primarias en todo el país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 27 de octubre de 2015, el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal a atender las inmunodeficiencias primarias.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a esta comisión, con número de expediente 723/LXIIIpara su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

El proponente manifiesta que las inmunodeficiencias primarias (IDP), son enfermedades genéticas graves, más frecuentes que el cáncer infantil y los linfomas, pero muy poco conocidas; por ello plantea que el Sector Salud, de acuerdo con sus atribuciones, les haga frente.

El legislador señala que en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cada año nacen alrededor de 2 millones 700 mil niñas y niños, de los cuales 5 mil 500 tendrán algún tipo de IDP y 350 tendrán una enfermedad letal, siendo el grupo más frecuente el de defectos predominantes de anticuerpos, en los que el principal problema consiste en una producción nula, reducida o alterada de anticuerpos.

El objeto de la proposición es que se atiendan oportunamente las inmunodeficiencias primarias y sean consideradas en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para llevar a cabo las regulaciones técnicas, ejecución de programas y acciones pertinentes para la atención de las inmunodeficiencias primarias en todo el país.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que, conforme a sus atribuciones respectivas, consideren la incorporación de las inmunodeficiencias primarias en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. Alrededor de 350 niñas y niños al año sufren una forma grave de inmunodeficiencia primaria y de ellos el 50 % requieren tratamiento con inmunoglobulina (IgG) durante toda su vida.

2. El Seguro Popular cubre el tratamiento señalado en el párrafo anterior únicamente hasta los 10 años de edad, dejando desprotegida a esta población, con las graves consecuencias vitales que la suspensión de su tratamiento puede ocasionar.

3. En los casos en que las niñas y los niños no cuentan con seguridad social, no reciben ni siquiera este tratamiento, salvo en centros altamente especializados que, por la demanda que tienen, se encuentran saturados.

4. La Comisión de Salud coincide con el proponente en que las inmunodeficiencias primarias (IDP) son poco conocidas por la población. Su desconocimiento genera que la demanda de atención sea poco frecuente, por lo que es necesario dar a conocer este tipo de enfermedades dentro de la sociedad para poder contar con un diagnóstico oportuno que le otorgue calidad de vida a las personas que las padecen.

5. Ahora bien, al incrementar la difusión de la inmunodeficiencias primarias se incrementaran los costos de atención por parte del Sistema Nacional de Salud porque no habrá gastos innecesarios generados por el abuso de medicamentos que sólo se destinan a tratar síntomas, pero que no atienden de raíz el problema, situación que se agrava con las altas tasas de hospitalización, por lo que se considera viable que se considere ingresar dichas inmunodeficiencias en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Primero.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para llevar a cabo las regulaciones técnicas, ejecución de programas y acciones pertinentes para la atención de las inmunodeficiencias primarias en todo el país.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que, conforme a sus atribuciones respectivas, consideren la incorporación de las inmunodeficiencias primarias en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Notas

1 Inegi. Estadísticas 2013.

2 J. M. Boyle & R. H. Buckley, Population Prevalence of Diagnosed Primary Immunodeficiency Diseases in the United States, J ClinImmunol (2007) 27:497-502.

3 Bustamante J, Hernández V, Gutiérrez J. Gammaglobulina subcutánea en inmunodeficiencias primarias: experiencia del Instituto Nacional de Pediatría y revisión de la bibliografía. Acta Pediátrica, México 2013; 34:332-340.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

ACCIONES NECESARIAS DE ACCESO A LOS PROGRAMAS DE DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA Y EN SU CASO SU POSTERIOR TRATAMIENTO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a implantar en las zonas marginadas del país acciones de acceso a los programas de detección oportuna del cáncer de mama y, en su caso, posterior tratamiento

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

Con fecha 29 de octubre de 2015, la Diputada Carmen Salinas Lozano, integrante de la LXIII Legislatura Federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud a que a nivel nacional, en las zonas marginadas, implemente las acciones necesarias para el acceso a los programas de detección oportuna del cáncer de mama y, en su caso, su posterior tratamiento.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente, con número de expediente 733.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

Esta proposición tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Salud a implementar en las zonas marginadas de nuestro país, programas de detección oportuna del cáncer de mama y su tratamiento.

El resolutivo propuesto es el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Salud para que implemente a nivel nacional, en las zonas marginadas, las acciones necesarias de acceso a los programas de detección oportuna de cáncer de mama y en su caso, posterior tratamiento.

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, además de la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

a) En cuanto a los argumentos del autor.

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4º: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.... la Ley “establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

2. El cáncer de mama es la primera causa de muerte en México en la población femenina de más de 20 años. La diputada proponente menciona que en el 2013, el cáncer de mama ocupó la cuarta causa de mortalidad, siendo Coahuila el estado que ocupó el primer lugar con la tasa más alta en mortalidad. La mayoría de los casos se presentan después de los 40 años, pero actualmente se presenta en mujeres que lo desarrollan a edades tempranas.

3. De acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en nuestro país el 90 por ciento de los casos de cáncer de mama en etapa III y IV, causan la muerte de una mujer mexicana cada dos horas.

4. Según cifras del Inegi, hasta el 2012, se registró una existencia en México aproximada de 583 unidades con mastógrafo para la detección del cáncer de mama para la atención de más de 20 millones de mujeres, un mastógrafo por cada 34 mil 300 mujeres.

5. Se contabilizaron en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 1,318,330 mastografías realizadas en mujeres de 50 a 69 años, esta cifra no incluye las realizadas fuera de este grupo como lo son las del DIF Nacional, Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros.En el periodo 2007-2012 se triplicó la cobertura de detección con mastografía en mujeres. Desde el 2007, se garantizó el acceso a tratamiento gratuito a mujeres y hombres diagnosticados en instituciones de seguridad social y a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud.

b) En cuanto a los resolutivos propuestos:

1. Esta Comisión coincide con la necesidad de que se amplíe la cobertura de las campañas y unidades móviles que llevan a cabo los estudios de mastografía para que lleguen a pueblos, rancherías y zonas marginadas.

2. La desinformación, la dispersión de la población, así como las mismas carencias técnicas, son factores que impiden que las mujeres puedan realizarse con prontitud los exámenes requeridos, es por ello que existe la necesidad de conjuntar esfuerzos e implementar programas para llegar a estos grupos poblacionales.

3. Es necesario que todas las mujeres tengan conocimiento del autocuidado, poniendo énfasis especial en las que viven en zonas rurales y/o marginadas en donde el acceso a la atención médica resulta aún más escaso.

4. Se considera importante promover estilos de vida saludables, acercar la infraestructura para lograr una detección a tiempo y garantizar un tratamiento adecuado como asunto apremiante en la lucha contra el cáncer de mama.

5. Resulta importante aumentar en zonas rurales y marginadas unidades móviles para la detección oportuna del cáncer de mama, así como de otros padecimientos, en las mujeres que viven en zonas alejadas y que no tienen acceso a los estudios necesarios para su pronta detección.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente a nivel nacional, en las zonas marginadas, las acciones necesarias para el acceso a los programas de detección oportuna de cáncer de mama y, en su caso, posterior tratamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

GARANTIZAR EL ABASTO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al ISSSTE a garantizar el abasto de medicamentos en los hospitales

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 4 de noviembre de 2015, la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE a garantizar el abasto de medicamentos en los hospitales.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a esta comisión, con número de expediente 792/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición

La diputada proponente cuenta con información relativa a que en los hospitales del ISSSTE, donde si bien se han alcanzado avances significativos, todavía no se garantiza el abasto suficiente de medicamentos para los derechohabientes; especialmente para pacientes con enfermedades crónicas. Incluso, en días recientes, médicos del ISSSTE expusieron en una carta dirigida al director general del Instituto, José Reyes Baeza, algunas de las deficiencias que se enfrentan en dicha entidad, entre las que destaca el desabasto de medicamentos.

El objeto de la proposición es que se haga un llamado respetuoso al ISSSTE para que refuercen las acciones dirigidas al abasto de medicamentos en todo el país, a efecto de garantizar el derecho a la salud de los trabajadores del Estado y sus familias.

Finalmente, formula lo siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a garantizar el abasto de medicamentos en los hospitales, especialmente de los medicamentos genéricos para el tratamiento de hipertensión, cáncer, asma y artritis que perdieron su patente en marzo de 2015.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a ampliar la cobertura del programa Receta Resurtible, a efecto de garantizar el derecho a la salud de un mayor número de derechohabientes.

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

1. La disponibilidad de medicamentos es considerada como uno de los servicios básicos de salud, en términos del artículo 2o. de la Ley General de Salud. El artículo 29 de este ordenamiento establece que la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

2. Esta comisión reconoce que los diferentes órganos de gobierno han demostrado su compromiso con la salud de los mexicanos. Sin embargo, tratándose de la salud, siempre hay pendientes que nos obligan a reforzar las acciones emprendidas.

3. Este es el caso de los hospitales del ISSSTE, en donde si bien se han alcanzado avances significativos, todavía no se garantiza el abasto suficiente de medicamentos para los derechohabientes, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas.

4. Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, dado que para alcanzar la meta estipulada en el artículo 4º Constitucional en materia de salud, es necesario cubrir las necesidades de la sociedad, en específico, los medicamentos que muchas veces los derechohabientes no pueden adquirir por sus propios medios.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta H. Asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a garantizar el abasto de medicamentos en los hospitales, especialmente de los medicamentos genéricos para el tratamiento de hipertensión, cáncer, asma y artritis que perdieron su patente en marzo de 2015.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a ampliar la cobertura del programa Receta Resurtible, a efecto de garantizar el derecho a la salud de un mayor número de derechohabientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

TOMEN LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS NECESARIAS PARA EVITAR LA ENTRADA DEL SALMÓN TRANSGÉNICO A NUESTRO PAÍS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación medidas precautorias para evitar la entrada de salmón transgénico en el país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-6-0192, el expediente número 1063, que contiene la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se tomen las medidas precautorias necesarias para evitar la entrada del salmón transgénico a nuestro país, presentada por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

En virtud del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo que se Dictamina, esta comisión Ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos, 39 numerales 1 y 2 fracción XXXVI, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria efectuada el día 26 de noviembre de 2015, la diputada Claudia Sofía Corichi García presentó la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que por medio de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se tomen las medidas precautorias necesarias para evitar la entrada del salmón transgénico a nuestro país.

2. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca, recibiéndose en la Comisión el 27 de noviembre del 2015.

Contenido

Como la diputada proponente expone, el 19 de noviembre del presente año las autoridades sanitarias de Estados Unidos de América (EU) aprobaron un tipo de salmón genéticamente modificado para consumo humano, el primer animal transgénico que se servirá a los consumidores de aquel país.

Y que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) considera que el producto “cumple con los requisitos reglamentarios” y es apto para consumo humano, esto tras un análisis exhaustivo de los elementos presentados por la evidencia científica que entregó AquAdvantage Salmón, sin embargo el desarrollo corresponde a la empresa de biotecnología AquaBounty Technologies con sede en el estado de Massachusetts.

La decisión prosigue a un año de controversia sobre el pez desarrollado a partir de la especie del Atlántico a la cual se le inyectó un gen del salmón Chinook del Pacífico para incentivar un crecimiento más rápido, lo cual significa que alcanza su madurez entre los 16 y 18 meses, frente a los 30 que requiere el del Atlántico.

Explica que de acuerdo con la FDA, la nueva especie de salmón es “tan seguro y nutritivo” como cualquier otro salmón que no se haya modificado genéticamente, además no hay diferencias biológicas relevantes en el perfil nutritivo, pero éste deberá criarse únicamente en estanques de dos instalaciones específicas en Canadá y Panamá, ello a consecuencia de la aprobación que impide su crianza en EU.

La diputada proponente adicionalmente informa que los organismos genéticamente modificados u por sus iniciales, son aquellos que surgen a partir de la inserción de genes de una especie a otra para brindarle una característica en especial. En el área de la agricultura esto puede hacerse para otorgarle a una planta características deseables ya sea una mayor resistencia a enfermedades, plagas y virus, una mayor eficiencia en la absorción de los compuestos del suelo o para que produzcan algún nutriente o compuesto en específico entre muchas otras mejoras.

Que en la acuicultura la modificación genética de especies acuáticas puede incrementar la cantidad y la calidad de los productos de la acuicultura. Se han identificado varios genes de interés que pueden transferirse a distintas especies.

Y algunos estudios experimentales sobre organismos transgénicos demostraron que pueden mejorarse las tasas de crecimiento y otras características comercialmente importantes, como la resistencia a enfermedades y la tolerancia a condiciones ambientales adversas.

Expone también que Organismos en defensa de consumidores estiman que este tipo de salmón podría ser peligroso para la salud humana y representar riesgos para otros peces de ser liberado en la naturaleza, sin embargo, la FDA afirma que es estéril y si alguno de estos llegase a escaparse, no podría reproducirse o establecer poblaciones en estado salvaje.

Y que algunas asociaciones piden el etiquetado del producto, ya que, aunque la legislación estadounidense indica su necesidad cuando existe una diferencia sustancial entre el transgénico y el natural, solo se emitieron recomendaciones para quienes deseen etiquetar de manera voluntaria el nuevo salmón.

Su preocupación surge debido a que en el salmón normal, el gen que controla la producción de hormona de crecimiento se activa con la luz, de modo que el pez crece sólo durante los meses soleados del verano. Pero al agregarle a este gen una “secuencia promotora” de otra especie (Macrozoarces americanus, un pez típico del Atlántico norte), el salmón produce la hormona de crecimiento durante todo el año. Este salmón genéticamente modificado no es diferente, ni en apariencia ni en sabor, al convencional, pero puede ser muy diferente para los productores, ya que la compañía estima que los productores podrían disminuir los costos 35 por ciento por pescado, duplicando la producción. Por otro lado, la FDA le exigió a la compañía que respondiera con una enorme cantidad de información sobre el salmón transgénico: la descripción del transgén, en qué lugar del genoma del salmón está insertado, si no afecta la expresión de otros genes y si se transmite en forma estable de generación en generación. La FDA debe garantizar la bioseguridad de este pescado para los consumidores. Un desafío para la compañía fue la de alejar el temor de que si este salmón se escapa al océano podría aparearse con sus pares silvestres, afectando la población mundial de salmones silvestres. Para evitar este problema, la compañía decidió solicitar la aprobación sólo para salmones estériles o para los que sólo se crían en cautiverio. De todos modos hay estudios, como el realizado por la Universidad de Purdue, que indican que para que un pez transgénico desplace a su par no transgénico el macho debe ser más grande, para tener alguna ventaja durante la época de apareamiento. Pero estos salmones transgénicos no son más grandes que los silvestres, sino que crecen más rápido, y además son hembras”

Y al ser los Estados Unidos el primer socio comercial de México y nuestro país es el segundo socio de la Unión Americana, en el marco conformado por dos tratados, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)., le preocupa que pronto pueda introducirse al país.

Considerandos

Primero.En México el debate sobre organismos transgénicos inició en 1988, cuando se presentó la primera solicitud para la experimentación con el jitomate genéticamente modificado. Para resolver la pertinencia de liberar este tipo de cultivos, el gobierno convocó a un grupo de expertos y conformó el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA) como un grupo consultivo coordinado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

En los años noventa, el comité evaluó y aprobó algunos experimentos con maíz transgénico bajo confinamiento. Sin embargo, al aumentar las solicitudes de maíz transgénico y ante las diversas incógnitas, el comité organizó diversos foros de análisis sobre el maíz transgénico y las implicaciones que para México tendría. En el informe elaborado por académicos de diversas instituciones públicas se sugirió al gobierno de México que se detuvieran los experimentos con maíz transgénico, ante las implicaciones que tendría esta tecnología para la biodiversidad de maíces existentes en el territorio nacional. El 3 de septiembre de 1999, la titular del comité, la química Amada Vélez, anunció que no recibirán más solicitudes, estableciendo una moratoria de facto.

Segundo. México cuenta con el marco jurídico necesario ya que el Poder Legislativo creó una ley de bioseguridad, en aras de regular a los organismos transgénicos y evaluar los riesgos e incertidumbres asociadas. El proceso legislativo inició en 1999 con la presentación de la primera iniciativa, finalmente la iniciativa de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que se discutió fue promovida por las empresas y era francamente promotora de la siembra y comercialización sin restricciones de los transgénicos. En el debate los legisladores comprendieron que el tema toral era la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados producto de la biotecnología moderna en relación con la salud –humana y animal– y el ambiente.

De acuerdo a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la responsabilidad del Ejecutivo es negar cualquier permiso que involucre cualquier transgén, ya que en su artículo 34 señala:

La Secretaría correspondiente en su resolución podrá...

II. Negar el permiso en los siguientes casos:

C) Cuando la secretaría correspondiente concluya que los riesgos que pudieran presentar los organismos genéticamente modificados (OGM) de que se trate afectarán negativamente a la salud humana o a la diversidad biológica, o a la sanidad animal, vegetal o acuícola, pudiéndoles causar daños graves o irreversibles.”

Por lo anterior es que propone, para poder tener siempre un nivel de seguridad y salud óptimas, prever desde ahora, la importación de un producto que puede o no ser beneficioso para el consumo de los mexicanos.

Y sobre el consumo de este espécimen y las posibles consecuencias para la salud, algunos científicos alertan de la ligereza con la que suele actuar la FDA en sus estudios, pues parte del principio de la equivalencia sustancial, esto es, que la modificación genética no supone ninguna diferencia para el alimento que se obtiene. Este organismo norteamericano debería tener en cuenta que, con la aprobación del consumo del salmón transgénico, vamos a ingerir proteínas nuevas y no sabemos, por ejemplo, si éstas nos van a producir algún tipo de alergias.

Tercero. Aunque el pescado, apodado por sus detractores como “Frankenfish” por el monstruo Frankenstein y “fish” (pez, en inglés), recibió luz verde de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) que, en un comunicado, consideró ese salmón nutritivo y seguro para el consumo humano, se estima que estará en el mercado de aquel país dentro de dos años, de acuerdo con lo que informó AquaBounty y a que varias cadenas se han anticipado y rechazaron contar con este producto en sus anaqueles, estamos a buen tiempo de tomar las previsiones necesarias en este sentido.

Resolutivo

Con base en las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos y ordenamientos antes citados en el proemio del presente dictamen, las y los Diputados de la Comisión de Pesca, quienes suscribimos el presente dictamen emitimos los siguientes:

Acuerdos

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus competencias, tomen las medidas precautorias necesarias para evitar la entrada de salmón transgénico a nuestro país.

Segundo. Asimismo se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a reforzar las revisiones en las autorizaciones para la importación de salmón destinados a la alimentación y proceder en consecuencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Pesca, diputados:Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), presidente; Efraín Arellano Núñez (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), José Luis Toledo Medina (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado, Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica), secretarios; Fidel Calderón Torreblanca, David Aguilar Robles (rúbrica), Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo (rúbrica), Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (rúbrica), Moisés Guerra Mota (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), Jisela Paes Martínez, Esdras Romero Vega (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica).»

TOMEN LAS MEDIDAS CAUTELARES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN INMEDIATA DE LOS MENORES INTERNADOS EN LA CASA HOGAR “PUERTA DE FE, ORFANATORIO DE MÉXICO, AC”, DE LA CIUDAD DE ENSENADA, BC

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a instruir a la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia de Baja California a fin de que atienda la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y tomar medidas cautelares sobre la protección inmediata de los internados en la casa hogar Puerta de Fe, Orfanatorio de México, AC, de Ensenada

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California a atender por la procuraduría de la defensa del menor y la familia la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a las medidas cautelares necesarias para proteger a los menores internados en la casa hogar Puerta de Fe, Orfanatorio de México, A.C., presentada por la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo del Grupo Parlamentario del PRI, el 3 de diciembre del 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, numeral 6 inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos de la Niñez, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes citado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, en la Sesión del 3 del mes de diciembre del 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La Proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Contenido de la proposición

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina tiene su fundamento en que el pasado 19 de noviembre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California emitió una recomendación para que se tomen medidas cautelares para proteger y garantizar la integridad y seguridad personal a niñas, niños y adolescentes que se encuentran internados en la casa hogar “Puerta de Fe, Orfanatorio de México, AC”, expediente de queja 380/15, en virtud de encontrar serias violaciones a sus derechos humanos.

Hace mención que este grave hecho no es nada nuevo, la prensa local recoge múltiples testimonios de las denuncias presentadas por los propios menores e inclusive existe un punto de acuerdo aprobado por la actual Legislatura del Congreso del estado de Baja California en la que se solicita al Gobernador de la entidad para que intervenga con carácter de urgente en Puerta de Fe.

Pero la realidad al día de hoy es que esta Casa Hogar aún continúa funcionando y señalándosele como una institución que lesiona física y emocionalmente a los menores bajo su custodia.

Por ello, la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California debe ser atendida puntualmente para rescatar a los menores en riesgo.

Hace mención que es necesario señalar la gravedad de la situación que existe en torno a las niñas, niños y adolescentes que por diversas circunstancias han sido puestos a disposición de DIF y ante la imposibilidad de atenderlos y protegerlos de manera directa, se les ubica en Casas Hogar de particulares.

Puntualiza que no se trata de venir a aprovechar este tipo de señalamientos, para denostar una institución tan noble como lo es el DIF, ni tampoco a generalizar al señalar las malas acciones de algunas casas hogar.

Resalta que ciertamente los sistemas DIF, sin lugar a dudas contribuyen en gran medida a mejorar la calidad de vida y salvar de situaciones adversas a muchos menores que lamentablemente han sido expuestos no solo por personas ajenas sino inclusive por sus propios familiares. El Sistema DIF es una institución que en la medida de sus posibilidades busca mejorar el entorno y la calidad de vida de las familias.

De igual forma, podríamos señalar a una gran mayoría de Instituciones de carácter privado que diariamente atienden, cuidan y educan a miles de niños en estado de indefensión, otorgándoles no solo un techo donde vivir y un alimento para mitigar su hambre, sino que dan amor y un sentido de pertenencia a un hogar, a una familia, aunque esta no sea la “tradicional” por mencionarla de alguna forma.

Tal y como la proponente hace mención la responsabilidad que emana de nuestras leyes para cuidar, proteger y otorgar justicia plena a los menores que se encuentran bajo custodia del sistema DIF a través de sus Procuradurías especializadas, no puede ni debe transferirse prácticamente en su totalidad a organizaciones de la Sociedad Civil, exponiendo a estos menores a una especie de ruleta rusa en donde con suerte pudieran llegar a una casa hogar que verdaderamente les otorgue apoyo físico y emocional que les permita superar el trauma que les genera la propia circunstancia por la cual están siendo ingresados en ese lugar.

Asevera que la casa hogar, Puerta de Fe, ya no es posible seguir tolerando la omisión en la que ha incurrido la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia de Baja California, para actuar con mayor firmeza y proteger de manera definitiva la integridad física y emocional de las niñas, niños y adolescentes que aún se encuentran en ese lugar. Máxime que, a la recomendación presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se le aúna el propio Punto de Acuerdo aprobado por la actual Legislatura de Baja California en la sesión de pleno celebrada el 26 de junio de 2014 y las propias denuncias públicas realizadas por menores y adultos que vivieron por algún tiempo en esa Casa Hogar.

Debemos tomar también esta recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, para hacer conciencia y trabajar en nuestro ámbito de competencia afín de encontrar los mecanismos que permita asegurar de manera definitiva que miles y miles de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad en todo México, sigan siendo víctimas de algunas casas hogar en las cuales en teoría debería de ser un buen hogar sustituto, agradable y apropiado, en el cual puedan desarrollarse dignamente y no ponerlos a disposición probablemente de manera involuntaria, a un segundo infierno para ellos.

Por último añade que debemos fortalecer los mecanismos de apoyo para esas organizaciones verdaderamente heroicas que diariamente salen a buscar el sustento para los menores que en su mayoría fueron entregados por el DIF para su cuidado y atención, teniendo además que cumplir con las obligaciones propias de los padres, como cuidado de su salud e higiene, tareas escolares y actividades recreativas.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador del Estado de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, para que instruya a la Procuraduría Para la Defensa del Menor y la Familia de Baja California con el fin de atender de manera inmediata la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, a efecto de que se tomen las medidas cautelares necesarias para la protección inmediata de los menores internados en la casa hogar “Puerta de Fe, Orfanatorio de México, AC”, de la ciudad de Ensenada, BC.

Consideraciones

Primera. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen ,coincide con la preocupación de la proponente respecto a que es necesario salvaguardar los derechos fundamentales de los menores que se encuentran internados en la casa hogar “Puerta de Fe, Orfanatorio de México, AC”, ya que debido a varias denuncias que se han interpuesto la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dio inicio el expediente de queja 380/15 en el que se señalan violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que viven en dicha casa hogar, hay que recordar que es necesario que los niños crezcan en un ambiente de armonía, sin embargo no podemos dejar a un lado el hecho de que muchos pequeños son obligados a vivir en un entorno ajeno su núcleo familiar sin ese amor que la familia biológica les puede proporcionar, siendo entregados a instituciones de la sociedad civil para su custodia temporal o permanente.

Segunda.Es importante destacar lo que nos establece la “Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, en su Capítulo Octavo, de los Acuerdos y Recomendaciones”

Artículo 48. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:

I. La Comisión solicitará a la autoridad o servidor público de que se trate que funde, motive y haga pública su negativa, dentro de un plazo de diez días naturales.

II. La Comisión determinará, previa consulta con su Consejo, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos de la siguiente fracción.

III. Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, informarán dentro de los diez días naturales siguientes a la notificación del escrito referido en la fracción que antecede, si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.

IV. En caso de persistir el incumplimiento a lo previsto en la fracción III, la Comisión podrá solicitar al Congreso del Estado de manera fundada y motivada, que haga comparecer a la autoridad o servidor público responsable ante dicho órgano legislativo, para que explique los motivos de no aceptar o no cumplir con las recomendaciones emitidas.

V. En caso de persistir la negativa y desahogados los procedimientos previstos en las fracciones III y IV, la Comisión podrá denunciar ante el Ministerio Público o a la H. Congreso del Estado de Baja California Secretaría de Servicios Parlamentarios Coordinación de Editorial y Registro Parlamentario Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Página 16 autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.

La comisión deberá notificar a los quejosos los resultados de la investigación y resolución adoptada, con relación a los hechos motivo de la queja.

Tercera.Dada la importancia, relevancia y el impacto que tiene este asunto, hay que tomar en cuenta este articulado, ya que es menester del Estado implementar acciones para salvaguardar el interés superior del menor, claramente vulnerado en la casa hogar “Puerta de Fe, Orfanatorio de México, A.C.”, por tal motivo esta Comisión dictaminadora considera urgente se atienda de manera inmediata la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, a efecto de que se implementen los medios necesarios para la salvaguarda la integridad de los menores.

Por ello, es necesario que la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, como órgano especializado del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, encargado de prestar en forma gratuita, orientación, protección, defensa y asesoría jurídica a todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, atienda el caso de manera inmediata.

Derivado de lo anterior, esta Comisión comparte la inquietud de la proponente en cuanto a exhortar a la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia de Baja California, la cual forma parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Por anteriormente descrito, la Comisión Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia de Baja California para que efectúe a la brevedad posible la implementación de las medidas cautelares necesarias para la protección inmediata de los menores internados en la Casa Hogar “Puerta de Fe, Orfanatorio de México, A. C.” de la Ciudad de Ensenada Baja California, así como de todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentran internos en este tipo de instituciones, sean públicas o privadas, las cuales deben de ser supervisadas, vigiladas y reguladas por el Estado y con notificación al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2015.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presidente; Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Alicia Guadalupe Gamboa (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán, Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Jorge Álvarez Maynez, Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello, Ana María Boone Godoy, Paloma Canales Suarez (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Virginia Nalleli Gutiérrez Ramírez, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Irma Rebeca López López (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Jaqueline Nava Mouett, Ximena Tamaris García, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez, Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

INSPECCIONES Y VISITAS CONTINÚAS EN LOSALBERGUES E INSTITUCIONES PÚBLICO Y PRIVADAS DEDICADAS AL ALOJAMIENTO Y CUIDADO ALTERNATIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al DIF a realizar inspecciones y visitas continuas en los albergues y las instituciones públicas y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niños y de adolescentes

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al DIF a realizar inspecciones continuas en los albergues y las instituciones dedicados al alojamiento de niñas y de niños, presentada por la diputadas Rosa Alba Ramírez Nachis y María Victoria Mercado Sánchez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentada el 10 de noviembre del 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, numeral 6 inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos de la Niñez, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes citado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Contenido de la Proposición

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina sustenta, que la niñez en nuestro país atraviesa un panorama realmente complicado: la pobreza, la violencia intrafamiliar y el abandono hacen que miles de niños y niñas se encuentren luchando por sobrevivir día a día en las calles.

Destaca que, la primera infancia que va de los cero a los cinco años de edad, es una etapa importante para los niños, ya que, en esta se presenta el desarrollo de las condiciones esenciales para la vida, es decir, las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño. Por ello, si un niño crece en situación de calle no podrá desarrollarse a su máxima potencia. A esto hay que añadir que en ocasiones se presentan en este entorno problemas de adicciones, falta de acceso a la salud y a la educación, entre otras carencias y vulnerabilidades.

Toma en consideración que nuestro país no existe una cifra real de cuántos niños viven en situación de calle, sin embargo, según el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), México tiene 1.6 millones de casos de abandono de niños, posicionándose en el segundo lugar en América Latina, sólo por debajo de Brasil.

Precisa que, a pesar de la implementación de programas sociales y la existencia de un gran número de Instituciones de Asistencia Privada y Organizaciones de la Sociedad Civil que coadyuvan con el rescate de las niñas y niños que viven en situación de calle, no hay apoyo suficiente que contrarreste tales efectos, debido a la magnitud y complejidad del problema.

Por consiguiente la información proporcionada del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional, refleja que en 2013 había 25 mil 700 niños y adolescentes en 922 albergues registrados, de los cuales 805 eran privados y 117 públicos.

Se destaca que, los niños en situación de calle son el resultado de una sociedad con graves fallas estructurales, comenzando por la ciudadanía misma que abandona, margina y maltrata a los infantes, además de la omisión del gobierno en el cumplimiento de su deber al proteger a la niñez frente a un panorama de crimen, maltratos y abusos al no tener una regulación y supervisión adecuada en los albergues a los que acuden miles de menores para su cuidado y atención.

Argumenta la proponente que la inexistente regulación uniforme y la falta de datos específicos en torno a los albergues e instituciones dedicadas al cuidado de los niños, ha propiciado que éstos se conviertan en los peores centros de abuso en contra de los menores. Tal es el caso del albergue “La Gran Familia” ubicado en Zamora, Michoacán, en donde después de más de 50 denuncias presentadas por familiares de los internos, la PGR descubrió después de un cateo realizado el pasado 15 de julio de 2014, que 596 personas que habitaban en esa casa hogar vivían entre plagas de cucarachas, chinches y ratas, comían alimentos en descomposición y sufrían abuso sexual.3 Otras anomalías fueron detectadas en el albergue “Casitas del Sur”, administrado por la asociación civil “Reintegración Social, AC,” que, al no ser supervisada por ninguna autoridad, utilizaban a los menores como mercancía. Un ejemplo más reciente es lo sucedido en el del refugio “Los hijos de la Luna”, en donde maltrataban y abusaban sexualmente de los niños y niñas, además de tener el lugar en pésimas condiciones y a los niños padeciendo de piojos y desnutrición.

Cabe destacar, que no podemos permitir que en estas instituciones que son creadas con el fin de apoyar a la niñez, se lucre con la inocencia y vulnerabilidad de los infantes, se requiere de la supervisión e intervención constante por parte de las autoridades, para que con base en sus atribuciones tomen medidas para lograr la mejor calidad de vida posible para estos niños y niñas.

Para alcanzar una solución integral, se requiere la participación de los ciudadanos, combatiendo la apatía y la discriminación en sus formas clasistas y racistas, es decir, necesitamos de una sociedad que promueva la solidaridad, la equidad y la justicia para los sectores más vulnerables de la población como son los niños de México.

Es de mencionar que el DIF Nacional y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), anunciaron que entre el 1 y 30 de septiembre del año 2015 se realizó un Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), con el que se busca conocer las características de los distintos centros de asistencia social instalados en el país.

Teniendo en consideración los resultados es que se hace una petición al DIF Nacional, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Desarrollo Social, conforme a las atribuciones cumpla con sus objetivos claramente delimitados en la Ley.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia para que conforme a sus atribuciones y con apoyo de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social, realicen inspecciones continuas en todos los albergues e instituciones dedicados al alojamiento de niños y niñas, y con base en ello se tomen medidas necesarias para la regulación y supervisión de los servicios que ofrecen.

Consideraciones

Primero. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen ,coincide con la preocupación de las proponentes respecto a que uno de los retos de mayor importancia que enfrenta un Gobierno consiste en atender las necesidades en materia social de su población. En ese sentido, ponemos especial atención a los grupos más vulnerables de la sociedad como los son las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, esta política social debe brindar un énfasis particular a estos sectores de la población que, por sus características, requieren una atención focalizada para facilitar que accedan a las oportunidades que generan movilidad social y desarrollo humano.

Segundo. Cabe resaltar que la niñez es una etapa en la que se desarrollan habilidades y capacidades, que requieren del máximo apoyo de la sociedad. Por ello, es necesario poner especial atención de este grupo como una responsabilidad fundamental. Fuera de los ámbitos de la educación y la salud, las niñas, niños y adolescentes pueden enfrentarse a situaciones de alto riesgo como lo son la situación de calle, la orfandad y abusos de cualquier otra índole. El apoyo a los niños y jóvenes en situación de calle es una línea de acción básica para los tres niveles de gobierno, pues con ello podría interrumpirse el ciclo abusos en el que se encuentran algunos niños y jóvenes, otro aspecto importante que se tiene que tomar en consideración es que habrá que buscar mecanismos más eficaces para erradicar de fondo todas las irregularidades que se puedan dar en los albergues o instituciones dedicadas al cuidado infantil, para no repetir casos como los ocurridos en “La Gran Familia” en Michoacán, “Casitas del Sur” en el DF entre otros.

Tercero.Tomando en consideración lo que se menciona en diferentes legislaciones encontramos aspectos muy importantes los cuales son:

En la “Ley de Asistencia Social”, en su capítulo de Sujetos de la Asistencia Social destaca el:

Artículo 4o. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

c) Maltrato o abuso;

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos;

e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación;

f) Vivir en la calle;

Artículo 5o. La rectoría de la asistencia social pública y privada corresponde al Estado, el cual, en forma prioritaria, proporcionará servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida como la célula de la sociedad que provee a sus miembros de los elementos que requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo, y también a apoyar, en su formación y subsistencia, a individuos con carencias familiares esenciales no superables en forma autónoma.

Siguiendo con el orden de ideas encontramos lo que nos menciona la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, que habla sobre la Asistencia social, prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, en donde como tema medular tenemos que esta norma tiene por objeto establecer las características y los requisitos mínimos que deben observarse en los Establecimientos o Espacios de los sectores público, social y privado que presten servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Claramente la legislación que se presentó nos menciona las obligaciones que tiene el estado con los individuos sujetos de derechos, no olvidando que siempre existe la necesidad de redoblar esfuerzos para que la legislación aplicable cumpla con los objetivos planteados.

Cuarto.Hay que tomar en consideración lo que nos menciona el artículo 113 de la Ley General de los Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes:

“Sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables establezcan a otras autoridades, corresponderá a las Procuradurías de Protección, la supervisión de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercitarán las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas serán coadyuvantes de la Procuraduría de Protección Federal en la supervisión que se realice a las instalaciones de los centros de asistencia social, en términos de lo previsto en la Ley de Asistencia Social”.

Adicionalmente, el artículo 58 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2015, establece respecto de las autoridades que se encargarán de supervisar los centros de asistencia social, que:

“La Procuraduría Federal emitirá los protocolos y procedimientos de actuación para su participación en las Visitas de Supervisión previstas en los artículos 112 y 113 de Ley”.

Con base en lo anterior, es evidente que la responsabilidad y facultad para supervisar los centros de asistencia social recae en la Procuraduría de Protección Federal y en las de las entidades federativas.

En tal virtud, ésta Comisión considera pertinente realizar el exhorto atendiendo lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como también basándose en el Reglamento de la propia Ley, sin menoscabo de poder realizar acciones conjuntas con las Secretarías que mencionan las proponentes.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados, respetuosamente, exhorta, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de las entidades federativas para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa y, cuando sea necesario, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social, realicen las inspecciones y visitas de supervisión periódicas que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes y ejerciten las acciones legales que correspondan para la regulación de los servicios que prestan los establecimientos de asistencia social que así lo requieran.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2015.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presidente; Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán, Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Jorge Álvarez Maynez, Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Érika Lorena Arroyo Bello, Ana María Boone Godoy, Paloma Canales Suárez (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Virginia Nayely Gutiérrez Ramírez, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Irma Rebeca López López (rubrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), María Victoria Muñoz Parra, Jaqueline Nava Moquet, Ximena Tamariz García, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez, Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS DELITOS ASOCIADOS CON LA EMISIÓN, GENERACIÓN, ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y DEMÁS RELACIONADOS CON LA PORNOGRAFÍA INFANTIL

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la PGR a incrementar los recursos destinados a la investigación y sanción de los delitos relativos a la emisión, la generación, el acopio, el almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la Procuraduría General de la República para que, por medio de la Fiscalía Especial Para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, redoble los recursos destinados a la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía Infantil, de la que México es uno de sus mayores productores y distribuidores en el Mundo, presentada por la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza , presentada el 15 de septiembre del 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, numeral 6 inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos de la Niñez, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes citado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

1. La Proposición con Punto de Acuerdo motivo de este Dictamen fue presentada por la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, en la Sesión del 15 del mes de septiembre del 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Contenido de la proposición

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se sustenta en que en octubre de 2011 se impulsó una ambiciosa reforma al marco tutelar de los derechos humanos, al mandatar, en el artículo 4° Constitucional, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del Interés Superior de la Niñez. Principio que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos, dicho mandato Constitucional motiva y orienta a todos los miembros del Estado en velar y resguardar no solo los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, también a demandar y exigir que las autoridades cumplan con sus responsabilidades ante hechos que vulneran su exigibilidad.

Argumenta la proponente que hoy en día, el uso cada vez más generalizado del internet y de dispositivos como computadoras portátiles, tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes pone en situación de mayor riesgo a las niñas, niños y adolescentes, para que sean víctimas de delitos como la pornografía infantil, la corrupción de menores y la trata de personas.

Destaca que, lo que en su momento se definió como una red de acceso y divulgación de información se ha convertido paulatinamente en un espacio para la generación de delitos que vulneran principalmente la integridad de los menores, entre ellos encontramos el: grooming, sexting, sextorsión y sexovengaza los cuales acechan a 18 millones de menores de edad que cuentan con acceso a internet; además, de acuerdo con datos de este estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2014,1 realizado por la Asociación Mexicana de Internet y del Centro sin Violencia en Internet, uno de cada siete adolescentes, de entre 12 y 17 años, más de un millón y medio de nuestro prometedor futuro, recibe ofertas sexuales mientras navega en la red.

Se destaca que, si lo anterior es preocupante y debe generar la acción de nuestras autoridades, es más preocupante aún que en México, hasta el 2013 y en el lapso de cinco años, se detectaron más de 4 mil páginas de pornografía infantil en internet.

Precisan que, estadísticas de la Procuraduría General de la República dan cuenta de que hasta el año pasado, en nuestro país se detectaron más de 12 mil cuentas personales de internet y se calcula que actualmente está disponible en línea más de un millón de imágenes de menores de edad sometidos a abusos sexuales y explotación sexual.

Es de mencionar, que tal situación de vulnerabilidad de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes ha impulsado la creación de la Alianza Global Contra el Abuso Sexual Infantil en Línea, establecida por Estados Unidos de América y la Unión Europea el 5 de diciembre de 2012, la cual contempla unir a las y los responsables de la toma de decisiones en el tema de infancia de todo el mundo para identificar con mayor oportunidad y rapidez a los probables delincuentes, perseguirles e implementar sanciones, así como ayudar a las víctimas de estos actos.

Añaden que, el pasado mayo de 2014, nuestro país se convirtió en el 53° Estado en participar en la Alianza y en el único país latinoamericano en formar parte de este mecanismo, siendo la instancia encargada de dar seguimiento a la implementación de dicha iniciativa la Procuraduría General de la República, la cual trabajará en fortalecer los mecanismos de procuración de justicia para investigar y castigar a los delincuentes, incrementar la conciencia pública sobre este delito y disminuir la disponibilidad de pornografía infantil en línea.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República para que, por medio de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, redoble los recursos destinados a la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil, de la que México es uno de sus mayores productores y distribuidores en el mundo.

Consideraciones

Primera. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen ,coincide con la preocupación de la proponente respecto a que hay que buscar redoblar esfuerzos en materia de investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás asociados con la pornografía infantil.

Segunda.Cabe resaltar, que en los últimos años la delincuencia organizada ha hecho uso de estas tecnologías para coordinar y cometer delitos de alto impacto, como pornografía infantil, secuestro, extorsión y trata de personas. De la misma manera, se han utilizado estos medios para realizar fraudes, usurpación de identidad, acceder ilícitamente a sistemas y equipos de informática y cometer delitos contra los derechos de autor.

Una de las características del delito informático es que no tiene fronteras, dada la característica inherente de interconexión del Internet, situación que se vuelve aún más compleja dado que los delincuentes cibernéticos comenten actividades que afectan tanto a ciudadanos como a las infraestructuras estratégicas de distintos países.

Por tal motivo es necesario incrementar el uso de herramientas tecnológicas para atender con mayor efectividad el fenómeno emergente y creciente de los delitos cibernéticos.

Tercera. Hay que tomar en consideración lo que establece la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en el que en su artículo 7° establece:

Artículo 7o. Para dar cumplimiento a esta Ley, en materia de investigación, procesamiento y sanción, se deberá observar y atender lo siguiente:

V.Las policías, el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales adoptarán medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley. A esos efectos, respetarán los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos, entre otros la edad, el género y la salud, y tendrán en cuenta la naturaleza de los delitos, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

Esta legislación contempla poner énfasis en este tipo de delitos, pero es urgente tomar acciones pertinentes para que en medida de lo posible se refuercen los sistemas de investigación que se realizan por parte del Ministerio Público tal y como lo consagra el artículo 53° que a la letra dice:

Artículo 53. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento por cualquier medio de la comisión de alguno de los delitos en materia de trata de personas asumirá la función de la dirección de investigacióna que se refiere el artículo 21° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarta.Finalmente, esta Comisión dictaminadora comparte las inquietudes y solicitudes de la proponente solo considera necesario hacer modificaciones a la propuesta del exhorto, por cuanto hace al término de redoblar los recursosdestinados a la investigación y sanción de delitos, para quedar de la siguiente forma: implemente las medidas necesarias para que se redoblen los esfuerzosen la investigación y sanción de los delitos, a fin de que la redacción quede más clara.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, solicita respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), para que a través de su Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, implemente las medidas necesarias para que se redoblen los esfuerzos en la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre del 2015.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presidente; Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Alicia Guadalupe Gamboa (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán, Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Jorge Álvarez Maynez, Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello, Ana María Boone Godoy, Paloma Canales Suarez (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Virginia Nalleli Gutiérrez Ramírez, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Irma Rebeca López López (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Jaqueline Nava Mouett, Ximena Tamaris García, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez, Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

EJECUTEN DE MANERA PERMANENTE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL “CORTEJO O GROOMING” POR INTERNET

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a ejecutar campañas permanentes de información a niños y a adolescentes para prevenir el cortejo, o grooming, por internet

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativo a la prevención del “cortejo o grooming” por Internet, presentada por la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz del Grupo Parlamentario del PVEM, presentada el 24 de septiembre del 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, numeral 6 inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos de la Niñez, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes citado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, en la Sesión del 24 del mes de septiembre del 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Contenido de la proposición

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se sustenta en que, la trata de personas es una nueva forma de esclavitud que vulnera en su totalidad los derechos humanos de la persona víctima que es traficada y explotada como mercancía para fines de comercio sexual, pornografía y servidumbre forzada, en donde una vez más las principales víctimas son mujeres, niñas y niños.

A nivel internacional, existen Convenios, Protocolos, Tratados, que México ha firmado, para la prevención, erradicación y sanción en el tema de Trata y Tráfico de Personas, entre los que se encuentran:

• La Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN).

• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW en Ingles).

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención Belém do Pará (1994).

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional • Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CPDTM).

• Protocolo contra el tráfico ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire.

• Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José

• ILO 105. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso

• ILO 182. Convenio sobre las peores formas de Trabajo infantil.

• Declaración y plataforma de Acción de Pekín (Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), adoptada por 189 gobiernos.

Destaca que, de acuerdo al Informe Mundial sobre la Trata de Personas realizado por la Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del año 2009, se estableció que la explotación sexual es con gran diferencia, la forma de trata de personas detectada con más frecuencia 79%, seguida del trabajo forzado 18%, lo que podría obedecer a un sesgo estadístico; y que en 2014, en el marco del Día Internacional de la Prevención del Abuso Infantil, UNICEF advirtió que 150 millones de niñas y 73 millones de niños en el mundo han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad.

Señala que México, no sólo se ha convertido en un destacado destino para el turismo sexual, sino que además ocupa el segundo lugar a nivel mundial de producción de pornografía infantil, adolescente y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, sólo atrás de Tailandia; y el quinto en trata de personas en sus diversas modalidades, lo que representó a nivel mundial en el 2012, una ganancia de 32 mil millones de dólares.

Añade que según datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, arrojaron en promedio que a diario se denuncian dos casos de abuso sexual contra infantes -muchos de ellos cometidos por familiares o amigos-, siendo tan sólo en el año 2010 recibidas por esa Institución 18 mil 12 denuncias de maltrato infantil, de las cuales: alrededor del 5% correspondieron a denuncias referentes al abuso sexual infantil - equivalente a 900 denuncias en ese año.

Señala de igual forma, el diagnóstico de Human Trafficking Assesment Tool, realizado por la American Bar Association (ABA), señala que en México se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas con fines sexuales y laboral, y se ha documentado que las entidades con mayor riesgo de que se cometa este ilícito son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo, entre otras.

En cuanto al diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, dado a conocer el año 2014, se estableció que en nuestro país cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales:

a) 79 por ciento son para explotación sexual,

b) 3 por ciento son para extracción de órganos y,

c) 18 por ciento son para explotación laboral.

Refiere que de este modo, Internet ha pasado a formar parte del proceso de la trata por lo que se insiste, sobre todo a padres de familia y a adolescentes ser cautelosos ya sea con la supervisión para los primeros y el manejo de información y contactos con los segundos.

Asevera que con estos datos no podemos pasar por alto el uso de nuevas tecnologías y una mayor cantidad de tiempo del uso de la red sin supervisión de al menos un adulto, entre los menores, se ha convertido en una ventana de posibilidades para los delincuentes que están al acecho de víctimas para la comisión de diversos delitos.

Señala que una de estas nuevas formas de cometer delitos por medio de la tecnología, es el llamado “Cortejo” o “Groomin”, el cual consiste en el proceso sistemático de acercamiento entre un acosador o depredador en línea hacia un menor de edad; el perseguidor prepara el encuentro físico entre ambos y tiene por objeto eliminar la resistencia del menor hacia los extraños y hacia contenidos inapropiados para él, este proceso de los podemos resumir en siete etapas:

1. Encuentro. Sitios populares entre los menores de edad en donde son ubicados por el acosador.

2. Compartir intereses. Desarrollan la nueva “amistad” haciendo ver al menor cuantas cosas tienen en común.

3. Ganar confianza. Se gana su confianza con un apoyo constante a sus ideas.

4. Obtener secretos. Desarrolla intimidad con el menor, lo convence de que son los mejores amigos, nada debe interponerse.

5. Romper barreras de resistencia. Como esta relación es diferente a todas las demás, se establecen nuevos parámetros y fronteras.

6. Amenazas. Lo adentra en la posibilidad de exponer todo lo que han hablado como amigos, se supone que son cosas privadas, o peor aún, lastimar a su familia, y

7. Encuentro físico. El menor siempre es la víctima, y en este momento el acosador, también lo obligará a llevar al encuentro el equipo que usó en sus conversaciones, para deshacerse de la evidencia de los contactos sostenidos, frecuentemente porque sus intenciones sí son criminales.

Destaca que este proceso puede llevarse en promedio hasta seis meses, lo que nos deja ver que si bien no existe un estereotipo del acosador en Internet, algo que siempre los caracteriza es que son pacientes, aunque no siempre tolerantes.

Por último, añade que aunque en la “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, y en la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos”, tipifiquen el delito de trata de personas o sus derivados, o se implementen medidas para investigar sancionar y erradicar el incremento de dicho delito, es necesario que dichos programas tengan la difusión adecuada.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de esta honorable Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de que ejecuten de manera permanente campañas de información a niñas, niños y adolescentes, así como a personas adultas sobre el llamado “Cortejo” o “Grooming”; explicando detalladamente en que consiste este acercamiento por parte de los delincuentes, como identificarlo, como se puede denunciar, e invitar a los padres de familia a involucrarse en las actividades de sus hijos a fin de evitar la comisión de un posible ilícito.

Consideraciones

Primera. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen ,coincide con la preocupación de la proponente respecto a que actualmente, el incremento en el uso de las tecnologías por parte de niñas, niños y adolescentes es un gran paso para garantizar su derecho al acceso a la información, educación y expresión, no obstante, en los últimos años, el internet ha sido utilizado para la producción y distribución de materiales que representan violencia sexual contra la niñez. Los “Ciberacosadores o Groommers” han encontrado en las redes sociales, en los emails, los chats, los juegos electrónicos o en los celulares una nueva ruta, más fácil, rápida y de bajo riesgo para contactar, manipular y engañar a niñas, niños y adolescentes.

Utilizando todos sus artilugios y habilidades es que a través de estos medios los acosadores pueden ocultar su identidad, enganchando a los niños, niñas y adolescentes gradualmente sin levantar ninguna sospecha. La comunicación por esta vía puede terminar en encuentros físicos con el riesgo de que las potenciales víctimas sufran abusos sexuales o que sean víctimas de trata o pornografía infantil.

Segundo.Otro aspecto que tomamos en consideración es que, se calcula que el número de internautas en el país es de casi 52 millones de personas, de ellas, 12 millones de niños y adolescentes son las principales víctimas que sufren este delitos, partiendo de esas cifras es que en tan sólo en 2013 se detectaron más de 12 mil cuentas personales falsas a través de internet, las cuales exhibían imágenes de explotación sexual infantil. Sin embargo, en lo que va de este 2015 este delito se ha ido a la alza, por ello es que existe la imperiosa necesidad de que se dupliquen los trabajos de los tres niveles de gobierno para que se dé más difusión y así prevenir tan deplorable delito, esto traerá consigo poder implementar mecanismos más objetivos para investigar, sancionar y erradicar un problemas que atañe a nuestros niños y que claramente estamos frente a una situación que vulnera sus más elementales derechos humanos que gozan por el simple hecho de ser niñas, niños y adolescentes.

Tercero.Por otra parte, hay que tomar en cuenta lo que menciona la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, en sus artículos 84 y 88 el cual destaca:

El Gobierno Federal, conforme al Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecerá una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que tendrá como uno de sus objetivos principales el desarrollar campañas de prevención y educación, así como programas de desarrollo local que permitan prevenir los delitos en materia de trata de personas.

Siguiendo con el mismo orden de ideas la propia Ley contempla que se implementaran políticas y programas de prevención tal y como nos los mencionan los artículos:

Artículo 98. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias y de las facultades y obligaciones establecidas en esta Ley, establecerán y ejecutarán políticas, programas, acciones y otras medidas, con la finalidad de contribuir a erradicar los delitos objeto de la presente Ley.

Artículo 99. La Secretaría y sus instancias equivalentes en las entidades federativas aplicarán medidas tales como actividades de investigación y campañas de información y difusión, así como coordinar el diseño y puesta en marcha de iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir los delitos previstos en la presente Ley.

Concluimos en que existe la necesidad de que los tres niveles de gobierno redoblen esfuerzos y ejecuten sin escatimar esfuerzos, para que existan campañas de información adecuada, y así evitar que se sigan dando el delito denominado “Grooming”, en contra de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La honorable Cámara de Diputados, respetuosamente, exhorta a las autoridades correspondientes de los tres órdenes de Gobierno a fin de que ejecuten de manera permanente campañas de información a niñas, niños y adolescentes, así como a personas adultas sobre el llamado “cortejo” o “grooming”; dando a conocer de manera detallada en qué consiste este acercamiento por parte de los delincuentes, cómo identificarlo, cómo se puede denunciar, e invitar a los padres de familia a involucrarse en las actividades de sus hijas e hijos a fin de evitar la comisión de un posible hecho ilícito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2015.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presidente; Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Alicia Guadalupe Gamboa (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán, Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Jorge Álvarez Maynez, Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello, Ana María Boone Godoy, Paloma Canales Suarez (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Virginia Nalleli Gutiérrez Ramírez, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Irma Rebeca López López (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Jaqueline Nava Mouett, Ximena Tamaris García, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez, Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

VOLUMEN IV

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DEJUVENTUD 2014-2018, A FIN DE REVISAR LA PERTINENCIA DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROJUVENTUD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Juventud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, al Instituto Mexicano de la Juventud y al Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Juventud 2014-2018 a revisar la pertinencia de los indicadores de resultados del Projuventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, párrafos 1 y 2 fracción XXXIII, 45 párrafo 6 incisos e) y f) y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 88 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Juventud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

Antecedentes

1. Con fecha 27 de octubre de 2015, el diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Instituto Mexicano de la Juventud y a los integrantes del Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, a fin de revisar la pertinencia de los Indicadores de Resultados de Projuventud.

2. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Juventud, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, al Instituto Mexicano de la Juventud y a los integrantes del Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Juventud 2014-2018.

Consideraciones

Primera. De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 indica que el monto de la población joven de 15 a 29 años es de 29.9 millones, y aunque se observa un aumento respecto a 1990 (23.9 millones), su proporción con respecto al total disminuyó de 29.4 por ciento en 1990 a 24.9 por ciento en 2014; lo anterior se explica por un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de la población de mayor edad y en una menor participación porcentual de niños y jóvenes.

En cuanto a su estructura por edad, del total de jóvenes, 36.8 por ciento son adolescentes de 15 a 19 años, uno de cada tres (34.1 por ciento) son jóvenes de 20 a 24 años y tres de cada 10 (29.1 por ciento) tienen de 25 a 29 años de edad. En los adolescentes y en los jóvenes de 20 a 24 años la población masculina es mayor a la femenina, con 106.8 y 102.8 hombres por cada cien mujeres, respectivamente; en el grupo de 25 a 29 esta relación se invierte (92.9) debido a la sobremortalidad masculina y a la migración internacional que es predominantemente masculina y que empieza a ser notoria a partir de este grupo de edad.

Segunda. El gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional de Juventud (Projuventud) 2014-2018, mismo que determina ejes transversales de trabajo para atender a las y los jóvenes y mejorar sus condiciones de vida mediante acciones institucionales que garanticen sus derechos humanos y sociales.

Tercera. El propio Projuventud establece que “La evaluación no es un objetivo en sí mismo, sino que adquiere sentido y dimensión en la medida en que actúa y apoya el desarrollo adecuado de los programas”. Sin embargo, a fin de que la información que se genera a partir de la evaluación, respecto al registro y análisis de los resultados obtenidos por la operación de los programas, sea eficazmente empleada, es necesario asegurar su pertinencia y oportunidad.

Sólo el seguimiento puntual y preciso permite que el proceso de evaluación sea útil para complementar y reorientar las políticas públicas y generar mejores oportunidades para el desarrollo de las y los jóvenes. Siendo tales las implicaciones de una evaluación oportuna es que resulta necesario analizar la viabilidad y efectividad de los indicadores hasta el momento empleados en el seguimiento y monitoreo del Projuventud.

Con este marco y con base en el numeral 32 del acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del PND 2013-2018, el Imjuve elaboró el Informe de Logros 2014 del Programa Nacional de Juventud 2014-2018. En dicho informe destacan los siguientes resultados: existen en la administración pública federal, dependencias que no poseen información desagregada por grupos de edad; fueron detectados muchos programas y acciones a cargo de las dependencias gubernamentales que no poseen una perspectiva de juventud; y el puntual seguimiento del presupuesto asignado a la atención de este sector poblacional requiere la aplicación de una metodología que permita conocer los montos exactos de la inversión en la juventud.

Cuarta.Cabe resaltarse que del seguimiento a los indicadores mencionados en líneas precedentes, se desprende que:

• Respecto Objetivo 1. “Incrementar las oportunidades de las y los jóvenes para acceder a los sistemas escolares, productivos y de obtención de vivienda”; sólo se reportó el alcance en uno de ellos. Lo anterior en virtud que los otros dos indicadores (Índice de Desarrollo Juvenil Proporción de jóvenes jefes del hogar que cuentan con vivienda propia) tienen una periodicidad quinquenal y bienal respectivamente para su medición y por lo tanto no existe información disponible en el periodo que se reporta.

• Sobre el Objetivo 2. “Promover condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno digno a través de esquemas de salud, convivencia y seguridad” de dos de los indicadores propuestos, sólo se reporta el alcance en uno. Dicha situación se explica en virtud de que el indicador Porcentaje de la población juvenil con carencias por acceso a los servicios de salud, tiene una periodicidad de medición bienal y por lo tanto no existe información disponible.

• Relativo al Objetivo 3. “Fortalecer la participación juvenil en los espacios de decisión públicos, sociales y comunitarios” es de mencionarse que sólo cuenta con un indicador de resultados (Proporción de efectividad en la progresividad de los derechos de las y los jóvenes) éste no reporta alcance alguno en virtud de que su medición es anual y hasta el momento de presentación del informe no existía información disponible.

• Respecto al Objetivo 4. “Fortalecer la plena inclusión y no discriminación de las y los jóvenes en los procesos de desarrollo social y económico” de los dos indicadores de resultados establecidos, no se reporta alcance en ninguno. Ello se explica debido a la periodicidad establecida por su medición que en el caso del Porcentaje de jóvenes que cuentan con un ingreso inferior a la línea de bienestar es bienal y en el caso del índice de satisfacción con respecto a su situación económica, trabajo y estudios es anual, sin que hasta el momento de presentación del informe exista información disponible.

Tales resultados permiten advertir que los indicadores seleccionados no han arrojado la información suficiente que siente las bases para evaluar los resultados e incluso proponer la reformulación o reorientación de los programas y acciones gubernamentales en favor de las y los jóvenes.

Quinta. Esta comisión dictaminadora considera importante reflexionar sobre la información desagregada de los rangos de edad de los jóvenes en las dependencias de la administración pública federal que aún no cuentan con los datos que precisen el número de jóvenes a los que atienden.

A su vez y en aras de la transparencia, rendición de cuentas y derecho a la información plasmada en el artículo sexto constitucional, resulta más que pertinente contar con el seguimiento preciso y puntual de los recursos públicos. Además es conveniente disponer con indicadores que brinden certeza con relación a los dineros que se destinan a los programas de Imjuve.

En este sentido, en relación con el punto de acuerdo presentado por el diputado Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, esta comisión exhorta de manera respetuosa a las autoridades citadas, con el objetivo de analizar los argumentos anteriormente expuestos con el fin de considerar el puntual seguimiento en la ejecución de los recursos presupuestales y desagregar la información por grupos de edad. Por otro lado realizar lo propio con el Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, para que revisen la pertinencia de los Indicadores de Resultados del Projuventud con base en la periodicidad en que éstos reportan la información de sus respectivas mediciones.

Sexta. Es por ello que los integrantes de esta comisión consideramos viable que se exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal, al Instituto Mexicano de la Juventud y a los integrantes del Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Juventud 2014-2018.

Como resultado del estudio del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión de Juventud, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en las entidades y dependencias de la administración pública federal establezca mecanismos y sistemas que permitan desagregar información por grupos de edad y dar seguimiento preciso al presupuesto destinado a la atención de la juventud.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y a los integrantes del Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, para que revisen la pertinencia de los Indicadores de Resultados del Projuventud con base en la periodicidad en que éstos reportan la información de sus respectivas mediciones.

Palacio Legislativo, a los 2 días del mes de diciembre de 2015.

La Comisión de Juventud, diputados: Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica), presidenta; Jazmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos (rúbrica), Ariel Enrique Corona Rodríguez (rúbrica), Karen Hurtado Arana (rúbrica), Elvia Graciela Palomares Ramírez (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Jonadab Martínez García (rúbrica), secretarios; Antonio Tarek Abdala Saad, Héctor Javier Álvarez Ortiz, Alfredo Anaya Orozco, Román Francisco Cortés Lugo, Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Alejandro Juraidini Villaseñor, Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Mariano Lara Salazar (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett, Laura Nereida Plasencia Pacheco (rúbrica), Mónica Rodríguez della Vecchia, Yarith Tannos Cruz (rúbrica).»

REFERENCIA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob a difundir el avance de la base de datos referida en el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que difunda el avance de la base de datos de la que hace referencia el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, habiendo analizado el contenido de la proposición de Punto de Acuerdo somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el 29 de septiembre de 2015, la diputada Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Gobernación para que difunda el avance de la base de datos de la que hace referencia el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la mencionada proposición a esta Comisión, la cual fue recibida en las oficinas de la Comisión de Gobernación el pasado 8 de octubre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la proposición

La proponente, solicita a la Secretaría de Gobernación, difunda el avance de la base de datos de la que hace referencia el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.

Consideraciones

La proponente señala que uno de los principales problemas de México es la inseguridad, siendo el delito de trata de personas uno de los redituables para el hampa, dejando ingresos de hasta 32 mil millones de dólares anuales según cifras de Naciones Unidas.

Para la delincuencia organizada en México, la trata de personas es el segundo delito más lucrativo, sólo después del narcotráfico; de igual forma es el segundo país con mayor número de víctimas de trata (después de Tailandia) que provee a los Estados Unidos.

Se habla de 12 millones de víctimas, de las cuales 79 por ciento son utilizadas en explotación sexual, 3 por ciento en extracción de órganos y 18 por ciento en explotación.

En ese orden de ideas, la proponente refiere que de acuerdo al informe emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2012, en el caso de México, los grupos más vulnerables de ser víctimas de trata de personas, son las mujeres, los niños, los indígenas, las personas con discapacidades físicas y mentales y los migrantes indocumentados.

Los principales medios de comunicación en este negocio se realizan a través del uso del navegador TOR (The Onion Router), un navegador que permite acceder a internet de forma anónima, haciendo compleja la localización de personas que se conectan a internet de esta forma.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, la trata de personas es el segundo delito más lucrativo en México, los costos para su atención son de hasta 215 millones de pesos anuales, lo que equivale al 1.34 por ciento del producto interno bruto.

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por el capítulo IV, artículo 63, del Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que a la letra señala:

La comisión contará con una página web en la cual se implementará una base de datos única que permita registrar y dar seguimiento al Programa Nacional. En dicha base se describirán las actividades realizadas a nivel federal, y en su caso, aquellas ejecutadas en las entidades federativas y municipios, para la prevención de los delitos relacionados con la trata de personas.

La Secretaría Técnica de la comisión, operará y actualizará la base de datos a que se refiere el párrafo anterior a través de una página web de la secretaría, para dar seguimiento a las acciones, actividades e informes que den las autoridades e instituciones al Programa Nacional y las acciones establecidas en la ley.

Asimismo con la información contenida en la base de datos a que se refiere este artículo, la Secretaría Técnica de la comisión realizará indicadores que permitan evaluar el logro de los objetivos del presente Reglamento.

En ese orden de ideas, y tomando en consideración los anteriormente vertido, esta comisión dictaminadora considera que la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, es procedente.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a fin de que haga público el avance de la base de datos a la que hace referencia el capítulo IV del Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Palacio Legislativo, a 1o. de diciembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez, Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Armando Luna Canales.»

ENTREGA DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (FONDEN) AL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EMITIDA EL PASADO 18 DE OCTUBRE DE 2015

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Segob a realizar gestiones que posibiliten la entrega inmediata de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias a Quintana Roo, en atención de la declaratoria de emergencia emitida el 18 de octubre de 2015

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, agilice la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden, a Quintana Roo, en atención a la declaratoria de emergencia emitida el pasado 18 de octubre de 2015, por la presencia de lluvias severas ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2015.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, habiendo analizado el contenido de la proposición de Punto de Acuerdo somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el 27 de octubre de 2015, diversos diputados integrantes de grupos parlamentarios, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, agilice la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias a Quintana Roo, en atención a la declaratoria de emergencia emitida el pasado 18 de octubre de 2015, por la presencia de lluvias severas ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2015.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la mencionada proposición a esta Comisión, la cual fue recibida en las oficinas de la Comisión de Gobernación el pasado 28 de octubre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la proposición

Los proponentes, solicitan se exhorte a la Secretaría de Gobernación, agilice la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias a Quintana Roo, en atención a la declaratoria de emergencia emitida el pasado 18 de octubre de 2015, para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, por la presencia de lluvias severas ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2015.

Consideraciones

Los proponentes señalan que desde días pasados se han registrado severas lluvias en Quintana Roo que han afectado diversos municipios de la entidad, siendo los más afectados, Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco.

Ahora bien, de acuerdo al comunicado emitido por el Gobierno de Quintana Roo, la onda tropical número 44, continuará ocasionando lluvias en la mayor parte del estado, por lo que resulta imperante que dichos recursos sean entregados a fin de atender las necesidades prioritarias e inmediatas de la población, salvaguardando con ello su vida y su salud.

En ese orden de ideas, y ante los hechos ocurridos, a solicitud del gobierno de Quintana Roo, el pasado domingo 18 de octubre, la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional del Protección Civil, informó que emitió la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco por la presencia de lluvia severa.

Posteriormente, el 20 de octubre de 2015, se declaró como zona de desastre a los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco y Solidaridad de Quintana Roo, por la ocurrencia de lluvia severa del 16 al 18 de octubre del 2015, para efectos de poder acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil, y las Reglas Generales.

Tomando en consideración lo anteriormente vertido, esta comisión dictaminadora considera que la proposición con punto de acuerdo presentada por los diputados José Luis Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputados Remberto Estrada Barba y Paloma Canales Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Manuel Alexander Zetinia Aguiluz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y diputada Patricia Carrillo Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es procedente.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta en el ámbito de sus competencias a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que realice las gestiones necesarias que hagan posible a la brevedad, la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden, al estado de Quintana Roo, ello en atención a la declaratoria de Emergencia emitida el pasado 18 de octubre de 2015, así como la posterior Declaración de Desastre emitida en fecha 20 de octubre del año que transcurre, para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, por la presencia de lluvias severas ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2015.

Palacio Legislativo, 18 de noviembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica).»

CONDENA A LOS COMENTARIOS VERTIDOS POR EL CIUDADANO DONALD JOHN TRUMP EN CONTRA DE NUESTRO PAÍS Y DE LOS MEXICANOS AVECINDADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados condena los comentarios vertidos por el ciudadano Donald John Trump contra nuestro país y los mexicanos avecindados en Estados Unidos de América

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo mediante la que se expresa la condena a los comentarios vertidos por el ciudadano estadounidense Donald Trump en contra de nuestro país y de nuestros conciudadanos avecindados en los Estados Unidos de América.

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, 82 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente dictamen en sentido positivo, de acuerdo a los siguientes apartados:

I. Antecedentes.

II. Contenido de la Proposición.

III. Punto de Acuerdo propuesto.

IV. Consideraciones.

V. Punto de Acuerdo

Antecedentes

I. Con fecha 3 de septiembre de 2015, el diputado José Lorenzo Rivera Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con el artículo 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó a la consideración de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo que expresa la condena a los comentarios vertidos por Donald Trump en contra de nuestro país y de nuestros connacionales en los Estados Unidos de América.

II. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su estudio y dictamen.

Contenido de la proposición

El legislador proponente señala expresamente en las consideraciones lo siguiente:

“Los Estados Unidos Mexicanos, fieles a los principios que rigen su Política Exterior, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han mantenido una permanente conducta de respeto a los procesos democráticos que se llevan a cabo en otras naciones del mundo, cuando se trata de países con los que se tienen estrechas relaciones diplomáticas, comerciales y culturales, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica.

Para nadie son un secreto los lazos de amistad y respeto que unen a México con su vecino del norte: los Estado Unidos son el principal socio comercial de nuestro país, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte; nuestra frontera ubicada entre Tijuana y San Diego es la más transitada del mundo y es nuestro territorio el principal lugar de residencia de ciudadanos norteamericanos fuera de su país.

Basta leer el libro de la periodista Dolia Estévez para conocer de voz de los propios ex embajadores norteamericanos en México, que la relación más importante para los Estados Unidos es con nuestra nación.

La historia es sabia y nos da muestras sobradas de la trascendencia que han tenido los valores de nuestros pueblos en el desarrollo democrático de la región: fueron los Padres Fundadores de las Trece Colonias quienes influenciaron los sueños libertarios de Miguel Hidalgo; el apoyo de Abraham Lincoln a la causa republica resultó decisivo para el triunfo de Benito Juárez frente a los franceses; juntos, México y los Estados Unidos unieron sus fuerzas en el Pacífico para combatir a las fuerzas del Eje; César Chávez, un humilde jornalero de origen mexicano es hoy un ejemplo de los valores igualitarios que distinguen a la sociedad norteamericana.

Es por esto que nos sentimos sorprendidos y lastimados por el tono utilizado a lo largo de su campaña por el Señor Donald John Trump en contra de los migrantes mexicanos y de nuestro gobierno. Dichos que afortunadamente no representan el sentir del pueblo de los Estados Unidos y que no reflejan el aprecio que la sociedad de ese país tiene por la diversidad, elemento que, lejos de constituir una amenaza, es una virtud digna de ser imitada.

Trump, en su intento por alcanzar la presidencia de su país, ha tildado a nuestros connacionales de delincuentes y los ha caracterizado como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, llegando incluso a proferir amenazas en contra de México.

Cierto es que a Trump le asiste el derecho a expresar libremente lo que ha su derecho convenga, pues tal prerrogativa le es reconocida por la Primera Enmienda de la Constitución de su país, pero el uso de tal libertad debe ser ejercido de forma responsable y sensata, sobre todo cuando se aspira a ejercer una responsabilidad tan grave como lo es la presidencia del país más poderoso del mundo.

El derecho de libre manifestación de las ideas no pasa por la criminalización de una comunidad que en mucho ha contribuido al desarrollo y la prosperidad de un gran país, como los son los Estados Unidos de América, nación a la que no le escatimamos respeto y amistad, tal y como también lo hicieron otros gigantes de su historia: Franklin Delano Roosevelt y John F. Kennedy.

Por lo anterior expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión expresa su condena a los comentarios vertidos por el ciudadano Donald Trump en contra de nuestro país y de los mexicanos avecindados en los Estados Unidos de América.”

Consideraciones

Los diputados y diputadas, integrantes de esta Comisión, en la Primera Reunión Ordinaria, celebrada el 28 de octubre de 2015, analizamos, discutimos y determinamos el sentido en el que se dictaminaría la proposición con punto de acuerdo sometida por el Dip. José Lorenzo Rivera Sosa.

Los legisladores que integramos la Comisión de Relaciones Exteriores coincidimos con la proposición de mérito. Es de conocimiento público que el pasado 16 de junio, el empresario estadounidense Donald Trump emitió comentarios ofensivos referentes a los inmigrantes mexicanos residentes en Estados Unidos, durante el lanzamiento de su campaña por la candidatura del Partido Republicano para la presidencia de dicho país. Dichas afirmaciones han generado indignación, tanto entre la comunidad hispana residente en Estados Unidos, como entre la comunidad internacional.

Compartimos el contenido y la preocupación que expresa el proponente, por lo que nos sumamos a las respuestas por parte del Senado de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaria de Gobernación, y condenamos los comentarios denigrantes y ofensivos expresados por Donald Trump hacia México y los mexicanos.

La relación bilateral de México y Estados Unidos está basada en la responsabilidad compartida y el respeto mutuo y coincide en la importancia de aprovechar plenamente los vínculos entre las sociedades, las complementariedades de las economías y las coincidencias mutuas de los gobiernos. Por ello, desde la Comisión de Relaciones Exteriores deseamos que nuestra histórica relación se continúe estrechando, como hasta ahora, en el marco de una vecindad cordial, de amistad, colaboración y respeto mutuo.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión expresa su condena a los comentarios vertidos por el ciudadano estadounidense Donald Trump en contra de nuestro país y de los mexicanos avecindados en los Estados Unidos de América.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica), presidente; María Marcela González Salas y Petricoli (rúbrica), María Guadalupe Alcántara Rojas, Maricela Emilse Etcheverry (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Martha Cristina Jiménez Márquez, Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Sasil Dora Luz de León, Héctor Javier García Chávez, secretarios; Lilian Zepahua García (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco, Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), Salomón Majul González, Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Patricia García García, Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica).»

EL PAPA FRANCISCO, PARA QUE, EN SU VISITA A MÉXICO, EMITA UN MENSAJE ANTE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EN SESIÓN SOLEMNE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que formule la invitación oficial al jefe del Estado Vaticano, papa Francisco, a emitir en su visita a México un mensaje ante el Congreso de la Unión en sesión solemne

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita al Ejecutivo Federal que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, extienda la invitación al Cardenal Francisco Bergoglio, para que en su calidad de Jefe del Estado Vaticano brinde un mensaje en Sesión Solemne ante el Congreso de la Unión, durante la visita que realizará nuestro país el año próximo.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, 82 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, en sentido positivo, de conformidad con lo siguiente y el cual se integra por los siguientes lineamientos:

I. Antecedentes.

II. Contenido de la Proposición.

III. Punto de Acuerdo propuesto.

IV. Consideraciones.

V. Punto de Acuerdo.

Antecedentes

I. Con fecha 6 de noviembre de 2015, los diputado integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, haciendo uso de la facultad de conformidad al artículo 6, fracción I y el artículo 38, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentaron a la consideración de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga una invitación Oficial al Jefe del Estado Vaticano, Cardenal Francisco Bergoglio, para que en su próxima visita a los Estados Unidos Mexicanos emita un mensaje en Sesión Solemne en el Congreso de la Unión.

En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad en lo siguiente:

Contenido de la proposición

1. Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“Recientemente el vocero del Gobierno Federal Eduardo Sánchez, informó que se han iniciado acercamientos entre el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y el Vaticano, para preparar una Visita Oficial a los Estados Unidos Mexicanos por parte del Papa Francisco, sin precisar aún fecha.

2. Hoy día existen condiciones para las relaciones diplomáticas normales entre ambos Estados, en el marco del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta visita tendrá una relevancia histórica, porque además de que se trata del primer jerarca americano en la historia del Estado Vaticano, se trata también de un líder muy influyente a nivel mundial que ha mostrado una clara sensibilidad sobre la problemática del continente, como lo ha demostrado, sobre todo, en sus recientes visitas a Cuba y los Estados Unidos, donde ha tenido participaciones relevantes y propositivas en comparecencias con sus parlamentos, así como en la Asamblea General de la ONU.

3. En estas comparecencias ha abordado materias muy importantes que son agenda común, y preocupación no solo de todos los países del hemisferio, sino también de Europa, Asia y África, como son la defensa de los Derechos Humanos y el tema Migratorio.

5. Sobre todo en su reciente visita a los Estados Unidos, en su comparecencia en sesión conjunta de la Cámara de Congreso, emitió pronunciamientos claros y contundentes, que han marcado un cambio en las visiones y percepciones posiciones de los gobiernos federales y estatales de ese país en los muy complejos problemas migratorios que enfrentamos de manera conjunta con ellos y los países de Centro y Sudamérica, así como de los gobiernos europeos respecto a las crisis humanitarias provocadas por las olas migratorias en los últimos tiempos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, proponemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores realice las gestiones necesarias para efecto de invitar al Jefe del Estado Vaticano, Cardenal Francisco Bergoglio, para que en su próxima visita a México sea recibido en Sesión Solemne del H. Congreso de la Unión, y emita un mensaje en que aborde, entre otros, temas migratorios y de Derechos Humanos.”

Consideraciones

I. Las relaciones diplomáticas entre México y el Estado Vaticano se hicieron oficiales el 21 de septiembre de 1992. A partir de ese momento, ha habido un estrechamiento en las relaciones, particularmente con la presencia del Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, en la ceremonia de inicio del pontificado del Papa Francisco, en 2013, así como la Visita Oficial que realizó en 2014.

II. Los vínculos de México con la Santa Sede son especiales y distintos a los que mantiene nuestro país con la mayoría de los Estados u organizaciones internacionales, ya que además de contribuir al entendimiento bilateral y a los principios que rigen el sistema internacional, también constituye un eje fundamental en la cultura de la sociedad mexicana.

III. La visita será de gran relevancia, porque además de que el Papa Francisco es el primer jerarca católico latinoamericano en la historia del Estado Vaticano, ha mostrado tener una clara sensibilidad sobre la problemática internacional como ha quedado patente en sus diversos discursos sobre el cambio climático, la violación a los derechos humanos y la migración, además de que se ha pronunciado a favor de la tolerancia y la unión como medios para la resolución pacífica de conflictos.

IV. Actualmente, la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 172 países y tiene misiones especiales ante la Federación Rusa, la Autoridad Nacional Palestina y la Unión Europea, además de contar con el estatus de Observador Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas y ser miembro de otros organismos internacionales como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y el Consejo de Europa. Por lo tanto, que es de gran importancia que nuestro país robustezca sus las relaciones con el Estado Vaticano.

V. Esta Comisión dictaminadora considera oportuno el realizar una invitación oficial al Jefe del Estado Vaticano, el Papa Francisco, para que en su próxima visita a nuestro país se presente en Sesión Solemne ante el Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que realice la Invitación Oficial al Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco, para que, en su visita a México, emita un mensaje ante el H. Congreso de la Unión en Sesión Solemne.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica), presidente; María Marcela González Salas y Petricoli (rúbrica), María Guadalupe Alcántara Rojas, Maricela Emilse Etcheverry (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Martha Cristina Jiménez Márquez, Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Sasil Dora Luz de León, Héctor Javier García Chávez, secretarios; Lilian Zepahua García (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco, Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), Salomón Majul González, Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Patricia García García, Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica).»

PROCURE UNA VIGILANCIA MÁS ESTRECHA DE LA PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS MIGRANTES MEXICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE a procurar por la Dirección General de Protección de los Mexicanos en el Exterior una vigilancia más estrecha de la protección, promoción y respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta a los integrantes de esta LXIII Legislatura, a dar seguimiento a la situación que prevalece en los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, 82 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes apartados:

I. Antecedentes.

II. Contenido de la Proposición.

III. Consideraciones.

IV. Punto de Acuerdo.

Antecedentes

1. Con fecha 8 de septiembre de 2015, la diputada Minerva Hernández Ramos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó a consideración de esta Honorable Asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las y los integrantes de esta Soberanía a dar puntual seguimiento a la situación que prevalece en los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América.

2. Con fecha 15 de septiembre de 2015, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen.

Contenido de la proposición

El legislador proponente señala expresamente en sus consideraciones:

“Actualmente existe en el mundo un fenómeno que cada día está siendo de mayor preocupación para las organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y la comunidad internacional en general. Se trata de la migración de personas. Hay quienes afirman que estamos ante la mayor migración global de personas después de la Segunda Guerra Mundial.

En diferentes puntos del Orbe, hombres y mujeres se trasladan de un país a otro o de una región a otra por razones políticas, religiosas, económicas o sociales. Millones de personas cruzan las fronteras legal o ilegalmente en busca de mejores condiciones de vida económica, de refugio o asilo político, en el lugar donde consideran que pueden vivir mejor. En el peor de los casos, las personas son expulsadas de su lugar de origen en contra su voluntad por pensar o creer diferente.

Mujeres, hombres, niñas y niños huyen del hambre, la guerra, la persecución política o religiosa; van de África y Asia con rumbo a los países europeos o se trasladan de América Latina hacia Estados Unidos, solo por mencionar dos de los flujos migratorios más abundantes en la actualidad.

En ese transitar, las y los migrantes dejan atrás una historia personal y familiar, dejan sus hogares, sus pertenecías, deciden abandonar a seres queridos con tal de cesar una vida de padecimientos de diversa índole, muchas veces para sufrir penurias, humillaciones, abusos de traficantes y persecución en el camino hacia la anhelada mejor vida. No es extraño que una vez en el lugar de destino, si es que se llega, el panorama no sea satisfactorio. La vida buena no llega, la tranquilidad deseada no está presente. Por el contrario, la circunstancia del extraño, del extranjero, del ajeno en un lugar distinto, las y los vulnerables.

Ésta es la situación actual de las personas desplazadas en Siria, Yemen, Macedonia y Grecia, en Europa del Este y al interior del propio continente Europeo. Ésa es la circunstancia que viven las y los africanos que van hacia diversas partes del mundo, de quienes quieren pasar de Francia al Reino Unido por el Eurotunel y también lo es de las y los migrantes latinos que van rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica no en busca del “sueño americano”, sino de una vida real con mejores condiciones económicas y sociales.

Son a estas últimas personas a las que el aspirante a la candidatura presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, quiere expulsar y evitar su entrada a un país que fue formado por migrantes provenientes de Europa. Estas declaraciones, hechas en el marco de un proceso político, representan un riesgo potencial de violación a los derechos humanos de millones de personas.

De acuerdo con el Centro de Estudios de Inmigración, organismo estadounidense especializado en el tema de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, al segundo trimestre de 2015, reportó que 42.1 millones de inmigrantes viven en ese país, ya sean inmigrantes naturalizados, residentes legales e inmigrantes indocumentados.

Ese mismo centro, informa que el número de migrantes mexicanos, tanto en situación regular como irregular, se incrementó a 12.1 millones a junio de este año, es decir, 740 mil personas más que en 2014. Además, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Interna, las y los mexicanos suman más de la mitad de la población migrante en situación irregular en Estados Unidos. Actualmente más de uno de cada cuatro migrantes radicados en ese país del norte es de origen mexicano, y más de la mitad son latinoamericanos.

Las propuestas Trump han sido la eliminación del principio constitucional que otorga la ciudadanía a cualquier persona que nace en suelo estadounidense, la deportación de cualquier extranjero que haya cumplido condenas de cárcel, multas y penas a todos aquellos que, aunque ingresaron con visas, se quedaron en el país luego de que vencieron y la construcción de un muro en la frontera de México con Estados Unidos.

Imaginen ustedes que el personaje mencionado obtuviera la candidatura por el Partido Republicano eventualmente llegase a la Presidencia del que, por sí mismo, sigue siendo el país más poderoso en términos políticos, económicos y militares. ¿Qué pasaría si Donald Trump cumpliera su promesa de cerrar la frontera y sacar del país a quienes viven de manera irregular en los Estados Unidos? ¿De verdad aceptaríamos pagar la construcción de un muro para evitar el paso hacia ese país? Sin duda, estaríamos frente a una catástrofe humanitaria que ya ha tenido antecedentes en la historia del mundo, en la que posiciones conservadoras obtienen el poder para dirigir los destinos de un país, provocando expulsiones de hombres y mujeres, con tal de “salvar a su nación de los invasores”.

Esta Cámara de Diputados no solo no puede ser ajena a esos alardes de intolerancia, sino que debe actuar como parte del Estado Mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos de las personas. No es necesario esperar a que ese individuo llegue a la Presidencia de aquel país para emprender la defensa de las y los migrantes mexicanos, pues desde ahora ya viven una situación de riesgo y de violación a sus derechos fundamentales.

México es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, sólo por mencionar algunos instrumentos internacionales a los que por virtud del Artículo Primero Constitucional, las autoridades del Estado mexicano estamos obligados a atender a cabalidad.

En esos dispositivos de derechos humanos, se encuentran una serie de prerrogativas que están siendo violadas a las personas que viven como migrantes en Estados Unidos y que les serían vulneradas en caso de que fueran expulsadas o se impidieran su ingreso.

Sin duda alguna, la situación lesiva de derechos humanos de los migrantes no sólo es responsabilidad de los países que los reciben sino también de los países que expulsan. Es imprescindible resolver las situaciones de desigualdad social, de intolerancia religiosa y política para evitar la migración forzosa. Sin embargo, estas iniciativas pueden tardar en tanto que la situación negativa de las y los migrantes sigue sucediendo. Por ello es imperativo que impulsemos medidas inmediatas que coadyuven a resolver las circunstancias adversas de las personas migrantes.

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo a las y los integrantes de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que se cree una comisión que dé seguimiento al tema de la situación de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Segundo.- Que dicha comisión tenga las atribuciones necesarias para poder prevenir y alertar sobre la violación a los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, entre las que se encuentre la posibilidad de visitar territorio norteamericano para conocer de primera mano las circunstancias y demandas de las y los migrantes, a través de entrevistas con ellos ya sea en lo individual o bien a través de las organizaciones de migrantes.

Tercero.- Que se destine un presupuesto específico para el funcionamiento de dicha comisión, a fin de que pueda cumplir cabalmente con sus atribuciones de defensa de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos.”

Consideraciones

1. Los Diputados y Diputadas, integrantes de esta Comisión, en la Primera Reunión Ordinaria de la misma, celebrada el 28 de octubre de 2015, discutimos y determinamos el sentido en el que se dictaminaría la proposición con Punto de Acuerdo sometida por la Dip. Minerva Hernández Ramos.

Compartimos la preocupación expresada dentro de las consideraciones de la proposición en comento y estamos conscientes de los retos que implican los fenómenos migratorios en la actualidad, tanto en México como en el resto del mundo.

2. Sin embargo, y respecto a la propuesta de crear una comisión especial para dar seguimiento al respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, los Diputados de esta comisión consideramos que la creación de comisiones no está dentro de nuestras facultades, amén de que la Cámara de Diputados en su LXIII Legislatura, cuenta con una Comisión de Asuntos Migratorios, encargada de dar seguimiento a asuntos de esta naturaleza, así como con una Comisión de Asuntos Frontera Norte, dedicada a las relaciones bilaterales con Estados Unidos y Canadá.

3. No obstante lo anterior, y debido a que uno de los objetivos de la propuesta es que se dé seguimiento al tema del respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, consideramos dictaminar la misma en sentido positivo, por lo que hace a la necesidad de un vigilancia más estrecha de la protección, promoción y respeto de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

4. Por lo expuesto previamente, los legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, someten a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, por conducto de la Dirección General de Protección de los Mexicanos en el Exterior, procure una vigilancia más estrecha de la protección, promoción y respeto de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica), presidente; María Marcela González Salas y Petricoli (rúbrica), María Guadalupe Alcántara Rojas, Maricela Emilse Etcheverry (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Martha Cristina Jiménez Márquez, Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Sasil Dora Luz de León, Héctor Javier García Chávez, secretarios; Lilian Zepahua García (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco, Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), Salomón Majul González, Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Patricia García García, Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica).»

SOLICITE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS CONNACIONALES RECLUIDOS EN PRISIONES DE LA UNIÓN AMERICANA Y QUE PUEDEN SER BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA DE LIBERACIÓN TEMPRANA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la SRE a continuar el apoyo y la orientación consulares de los connacionales y solicitar por los canales diplomáticos correspondientes la información sobre los connacionales recluidos en prisiones estadounidenses y que pueden ser beneficiados por el programa de liberación temprana

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones necesarias a fin de prestar el apoyo y orientación consular a los ciudadanos mexicanos reclusos en los Estados Unidos de América y que próximamente podrían ser beneficiados con el Programa de Liberación Temprana.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 80, 82, 84, 85, 149, numeral 2, fracción XI, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, de conformidad con lo siguiente:

I. Antecedentes.

II. Contenido de la Proposición.

III. Punto de Acuerdo.

IV. Consideraciones.

V. Resolutivo

Antecedentes

Con fecha 10 de noviembre de 2015, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes y el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad al artículo 6, fracción I y el artículo 38, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentaron a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tome las acciones correspondientes para atender a los ciudadanos mexicanos reclusos en los Estados Unidos de América y que próximamente serían puestos en libertad a través del Programa de Liberación Temprana.

En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su estudio y dictamen, por lo que, una vez analizado el mismo, en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

Contenido de la proposición

Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus consideraciones:

1. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ha dado inicio a un programa para dar libertad temprana a miles de reclusos que recibieron severas sentencias por ofensas relacionadas con drogas en las últimas tres décadas. El programa busca dar clemencia a ofensores sentenciados por estos crímenes en los que no haya existido violencia o que no tengan nexos con alguna organización criminal.

2. La gran mayoría de los reclusos mexicanos liberados serán puestos en manos de las autoridades migratorias para su deportación.

3. Bajo condiciones normales, las personas que son liberadas de prisión se enfrentan a la falta de empleo, falta de lugares para vivir de un programa que les facilite herramientas para incluirse en la sociedad adecuadamente. Esta situación se agrava si consideramos que nuestros connacionales estarán regresando a un país donde hace muchos años ya no residían.

4. En este sentido es importante reconocer que, a pesar de que estas personas han cometido errores, han cumplido con todos los requisitos y evaluaciones que los acreditan para ser puestos en libertad y han saldado su deuda con la sociedad. Por lo tanto, nuestro gobierno está en la responsabilidad de ofrecer el apoyo necesario para que los mismo puedan incluirse de forma exitosa, contribuyendo al desarrollo de sus familias, comunidades y país,

Por lo anteriormente expuesto, es que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero .- Exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los canales diplomáticos correspondientes, solicite la información de los ciudadanos mexicanos recluidos en Estados Unidos de América, que podrían verse beneficiados por el programa de libertad temprana.

Que se ponga en marcha un plan que en primera instancia brinde asistencia a los ciudadanos mexicanos que sean puestos en libertad, ofreciendo la asesoría necesaria para presentar opciones tanto a los individuos como a las familias que les permita mantener la unidad familiar, adicionalmente gestionando los apoyos institucionales tanto federales como municipales, necesarios para facilitar la inclusión de dichos connacionales.

Consideraciones

I. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora saludan la determinación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América que conlleva el Programa de Liberación Temprana y que beneficiará a muchos connacionales.

II. En la actualidad, México ha hecho avances significativos en el Programa de Reinserción Social para las personas privadas de su libertad, a fin de evitar que delincan nuevamente ante la falta de oportunidades. Seis dependencias participan en la elaboración de este programa para brindar atención en salud, alimentación, capacitación para el trabajo, educación, seguro de desempleo, tratamiento psicológico y la facilidad para tramitar diversa documentación, entre otros. Las dependencias involucradas en estos programas transversales son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

III. El objetivo de estos programas transversales del gobierno federal es el de apoyar la reincorporación a la sociedad, mediante su preparación y acompañamiento, de programas de apoyo social con que cuenta el gobierno para ofrecer a las personas que estuvieron recluidas una vida de calidad en libertad, modificando las condiciones socioeconómicas de su entorno familiar.

IV. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los consulados, se asiste y orienta en sus derechos a los mexicanos que se encuentran internos en instituciones penitenciarias en los Estados Unidos, donde se analiza el caso en particular, previa consulta en las bases de datos de las cortes y tribunales, se da a conocer el estado que guarda el caso y la etapa procesal en la que se encuentra.

V. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores estamos conscientes de la importancia de la implementación adecuada de las políticas públicas que, por medio de programas coordinados, se traduzcan en una eficiente reinserción social de las personas que estuvieron recluidas, lo que debe incluir, necesariamente, a nuestros connacionales en el exterior.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que continúe con el apoyo y orientación consular a favor de nuestros connacionales y, asimismo, que a través de los canales diplomáticos correspondientes, solicite la información sobre los connacionales recluidos en prisiones de la Unión Americana y que pueden ser beneficiados por el Programa de Liberación Temprana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica), presidente; María Marcela González Salas y Petricoli (rúbrica), María Guadalupe Alcántara Rojas, Maricela Emilse Etcheverry (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Martha Cristina Jiménez Márquez, Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Sasil Dora Luz de León, Héctor Javier García Chávez, secretarios; Lilian Zepahua García (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco, Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), Salomón Majul González, Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Patricia García García, Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica).»

ALCANZADO LA FIRMA DE UN ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE CREA UNA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los cuales se reconoce al gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por haber alcanzado la firma de un acuerdo mediante el que se crea una jurisdicción especial para la paz

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se saluda y felicita al Gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por haber logrado la firma de un acuerdo mediante el cual se crea una jurisdicción especial para la paz como paso previo para alcanzar un acuerdo final de paz.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, 82 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, el cual se integra por los siguientes lineamientos:

I. Antecedentes.

II. Contenido de la Proposición.

III. Punto de Acuerdo propuesto.

IV. Consideraciones.

V. Punto de Acuerdo.

Antecedentes

Con fecha 29 de septiembre de 2015, el diputado Héctor Javier García Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó a la consideración de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo que expresa el reconocimiento al Gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por haber alcanzado la firma de un acuerdo mediante el que se crea una jurisdicción especial para la paz.

Con fecha 13 de octubre de 2015, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada a esta Comisión para su estudio y dictamen, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

Contenido de la proposición

El legislador proponente señala expresamente en sus consideraciones:

1. “En Mayo de 1964, un grupo de 60 hombres, liderados por Pedro Antonio Marín, “Tirofijo”, crearon una organización con el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia mundialmente conocidos como las FARC. De forma paralela al surgimiento de los grupos guerrilleros, fueron apareciendo diversos grupos paramilitares contratados por los terratenientes y empresarios colombianos.

2. A lo largo de cincuenta años las cifras que se conocen resultan alarmantes. De Acuerdo al Centro de Memoria Histórica y Registro Único de Víctimas hasta el año de 2012 habían muerto 218 mil 094 personas, de las cuales 40 mil 787 eran combatientes y 177 mil 307 eran personas civiles. Las desapariciones forzadas en ese periodo fue 25 mil 7 personas, las víctimas por violencia sexual fue de 2.754 y las víctimas que sufrieron ilícito fue de 5 mil 159 personas.

3. Ante tal panorama y con Juan Manuel Santos como Presidente de Colombia, el 19 de noviembre de 2012 se iniciaron en La Habana, Cuba, las negociaciones para alcanzar un acuerdo para alcanzar la paz.

4. El 27 de mayo de 2013, tras seis meses de negociaciones, el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC anunciaron un acuerdo en el primer punto de su agenda de negociaciones, el tema agrario. Dicho acuerdo incluye entre sus puntos el acceso y uso de la tierra, formalización de la propiedad, programas de desarrollo con enfoque territorial, desarrollo social, estímulo a la producción agropecuaria y políticas alimentarias y nutricionales. Dicho acuerdo fue llamado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”.

5. El acuerdo firmado en La Habana, Cuba, el 23 de septiembre pasado por el Presidente Juan Manuel Santos y el comandante Timoleón Jiménez o Timochenko por parte de las FARC, contienen los siguiente elementos:

ò Construcción de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

ò Acuerdos en materia de Reparación a las Víctimas.

ò Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

ò A la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado Colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos.

ò No serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.

ò En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz los acuerdos contemplan su competencia, los procedimientos, los tipos de delitos y las penalidades.

6. Finalmente, las partes acordaron que a más tardar en seis meses se deben concluir las negociaciones y el 23 de marzo de 2016 se debe firmar el acuerdo final del proceso de paz.

7. Debe señalarse la importante y valiosa participación como mediador del gobierno de Cuba y, como lo señaló el propio Presidente Santos, el mismo Papa Francisco intervino en las negociaciones durante su reciente visita oficial a la isla.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión saluda y reconoce el histórico acuerdo firmado el pasado 23 de Septiembre entre el Gobierno de Colombia, representado por el Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representadas por el Comandante Timoleón Jiménez, mediante el cual se establece un mecanismo de justicia transicional.”

Consideraciones

I. Los Diputados integrantes de esta Comisión, en la Primera Reunión Ordinaria de la misma, celebrada el 28 de octubre de 2015, discutimos y determinamos el sentido en el que se dictaminaría la proposición con Punto de Acuerdo sometida por el diputado Héctor Javier García Chávez.

II. La Comisión de Relaciones Exteriores coincide con la proposición de mérito, en virtud del acuerdo histórico alcanzado el pasado 23 de septiembre entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el cual servirá de base para generar estabilidad y un entorno de paz en la región.

III. Esta dictaminadora considera de suma relevancia el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, puesto que se prioriza el diálogo y la negociación antes de las acciones punitivas, mismo que contribuirá a establecer un clima de tranquilidad en la región.

IV. La Comisión de Relaciones Exteriores reitera su compromiso con los valores que rigen nuestra política exterior, principalmente los referidos a los conceptos de solución pacífica de controversias, la proposición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional. En esa tesitura, las y los integrantes de la Comisión consideramos pertinente aprobar los resolutivos originales, incorporando, además, el reconocimiento al Gobierno de Cuba y al Estado de la Ciudad del Vaticano, por su mediación en dicho proceso.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de esta Comisión someten a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un amplio reconocimiento al Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tiene por objetivo la construcción de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y una Jurisdicción Especial para la Paz.

Segundo.- Se hace un amplio reconocimiento al Gobierno de Cuba y al Estado de la Ciudad del Vaticano por su participación tan importante y valiosa como mediadores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica), presidente; María Marcela González Salas y Petricoli (rúbrica), María Guadalupe Alcántara Rojas, Maricela Emilse Etcheverry (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Martha Cristina Jiménez Márquez, Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Sasil Dora Luz de León, Héctor Javier García Chávez, secretarios; Lilian Zepahua García (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco, Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), Salomón Majul González, Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Patricia García García, Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica).»

ATENDER LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UN HOSPITAL REGIONAL EN HUATUSCO, VERACRUZ

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a atender la necesidad de construir un hospital regional en Huatusco, Veracruz

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 5 de noviembre de 2015 el diputado Miguel Ángel Sedas Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que se atienda la necesidad de construir un hospital regional, en la ciudad de Huatusco, Veracruz; así como las demás necesidades de la población del distrito XIII, tendientes a combatir el rezago y las carencias en materia de salud.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 832/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

La proposición subraya que es de suma importancia que la Secretaria de Salud federal ponga atención y destine recursos con el fin de llevar a cabo la construcción de un hospital regional de segundo nivel, enclavado en la zona montañosa central del estado de Veracruz, dadas las deficiencias que se tienen en materia de salud.

El objeto de la proposición es que se construya un hospital regional en la ciudad de Huatusco, Veracruz, de nivel 2, para beneficiar a los 19 municipios aledaños (Huatusco, Totutla, Tepatlaxco, Paso del Macho, Soledad de Doblado, Paso de Ovejas, La Antigua, Puente Nacional, Manlio Fabio Altamirano, Carrillo Puerto, Tenampa, Camarón de Tejeda, Tlacotepec de Mejía, Comapa, Atoyac, Sochiapa, Tlaltetela, Zentla e Ixhuatlan), contribuyendo a lo establecido y normado por la Cruzada Nacional Contra el Hambre, para combatir la pobreza extrema, la marginación, la escasez, el rezago, y disminuir los índices de muerte materna.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que se construya un hospital regional, en la ciudad de Huatusco, Veracruz, para atender las necesidades de la población del distrito XIII, y combatir el rezago y las carencias en materia de salud.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1.En México, el derecho a la salud es una garantía constitucional (una obligación del Estado para con los ciudadanos en forma individual o colectiva) declarada en el tercer párrafo del artículo 4º, y debe ser ejercida con base en los principios de igualdad y no discriminación. Fue elevado a rango constitucional en febrero de 1983: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución, la Ley del Seguro Social establece que su finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

2.Existen un total de 156 mil 162 personas que carecen de acceso a los servicios de salud en 19 municipios del estado de Veracruz de la Llave (Huatusco, Totutla, Tepatlaxco, Paso del Macho, Soledad de Doblado, Paso de Ovejas, La Antigua, Puente Nacional, Manlio Fabio Altamirano, Carrillo Puerto, Tenampa, Camarón de Tejeda, Tlacotepec de Mejía, Comapa, Atoyac, Sochiapa, Tlaltetela, Zentla e Ixhuatlan).

3.El crecimiento poblacional en los municipios mencionados en el párrafo anterior ha generado una problemática de salud: existe una fuerte demanda de servicios médicos y hospitalarios por parte de los pobladores que no reciben atención, ya que los actuales espacios son insuficientes para satisfacer la demanda de estos servicios en el municipio, estas acciones de viabilidad en equipamiento e infraestructura en beneficio de la salud de la población mexicana constitucionalmente se encuentran depositadas en la Secretaría de Salud, la que de acuerdo con su normatividad procurará en el ejercicio de su deber cumplir y hacer cumplir la obligación de garantizar el libre acceso y derecho fundamental a la salud.

4. La cobertura de salud en Veracruz ha tenido un comportamiento decreciente, ya que en 2008 era de 43 por ciento, en 2010 de un 35 por ciento y en 2012 de 25.7 por ciento, dejando entrever que la petición de un hospital regional en la ciudad de Huatusco, Veracruz es una necesidad latente, a la que hay que dar una pronta solución.

5. En atención a dicha situación esta Comisión considera viable la proposición del punto de acuerdo presentada por el promovente, toda vez que existen comunidades que se encuentran rezagadas en el tema de salud y que es de vital importancia que se atiendan, de conformidad con lo estipulado por el artículo 4o. de la Carta Magna.

6. La petición de construir un Hospital regional en la población de Huatusco, Veracruz, no es sólo beneficiaría a los habitantes del distrito XIII, sino que ampliará la cobertura de salud a todas las comunidades aledañas; por lo que esta comisión considera que es necesario cambiar la redacción del resolutivo propuesto por el Diputado, al suprimir la parte “población del distrito XIII”, y sustituirla por las poblaciones aledañas, lo anterior para que no sólo las comunidades comprendidas dentro de este distrito se vean beneficiadas, sino para ampliar el beneficio a todas las comunidades de la región que necesita la atención médica.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta H. Asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que realice las gestiones necesarias a fin de construir un hospital regional en la ciudad de Huatusco, Veracruz, para atender las necesidades de la población de la región, a fin de combatir el rezago y las carencias en materia de salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

TOMA DE CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS PARA DETECTAR A TIEMPO EL CÁNCER DE MAMA EN HOMBRES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a diseñar y ejecutar instrumentos de toma de conciencia sobre la importancia de las acciones preventivas para detectar a tiempo el cáncer de mama en hombres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 10 de noviembre de 2015, los diputados Rosalinda Muñoz Sánchez y Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud a diseñar y ejecutar instrumentos de concientización sobre la importancia de las acciones preventivas que permitan detectar, a tiempo, el padecimiento de cáncer de mama en hombres; así como a impulsar una campaña para reconocer al mes de octubre no sólo como el mes rosa, sino como el mes azul y rosa.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta Comisión, con número de expediente 869/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

Los diputados proponentes refieren que el cáncer de mama recidivante reaparece después de no ser detectado durante un tiempo. Puede aparecer en el tejido mamario residual y en otros lugares, como pulmones, hígado, hueso o cerebro; aunque estos tumores se encuentren en un lugar diferente del original, se les sigue denominando cáncer de mama. En la actualidad no es un tema exclusivo para las mujeres, los hombres también son propensos a esta enfermedad y muchos no lo saben.

El objeto de la proposición es unir esfuerzos para crear convicción en las autoridades de salud y en la sociedad en general de la importancia de prevenir esta enfermedad, a través de la difusión de información respecto de la detección temprana del cáncer de mama. Asimismo, aunque dicho padecimiento tiene mayor incidencia en las mujeres, se debe hacer conciencia de que no es exclusivo de género, pues los hombres también pueden padecerlo y causarles hasta la muerte.

Finalmente, formulan el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Secretaría de Salud a diseñar y ejecutar instrumentos de concientización sobre la importancia de las acciones preventivas que permitan detectar a tiempo el padecimiento de cáncer de mama en hombres; así como a impulsar una campaña para reconocer al mes de octubre no sólo como el mes rosa, sino como el mes azul y rosa.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con su discusión en reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1.En todo el mundo se ha trabajado en la atención, apoyo, concientización, detección y tratamientos para el cáncer de mama, enseñando a las mujeres a detectarlo a temprana edad y cambiar su destino; sin embargo, es un tema que no sólo afecta al género femenino, ya se han encontrado evidencias de que también ataca a los hombres.

2. En el país no contamos con una cultura de información y prevención en hombres ya que pintamos el tema de “rosa” al referir únicamente este padecimiento en mujeres.

3.Es notorio que aún nos falta trabajar en este tema e invitar a los hombres a formar parte de la lucha contra el Cáncer de mama. Debemos asumir la realidad de nuestro país debido a la falta de concientización sobre la detección temprana de este padecimiento al que cualquier persona está expuesta.

4.En atención a dicha situación y con la finalidad de unir esfuerzos para crear convicción, en las autoridades de salud y en la sociedad en general, de la importancia de prevenir a través de la difusión de información respecto de la detección temprana del cáncer de mama, se estableció el 19 de octubre de cada año, como el Día Mundial del Cáncer de Mama, pintándolo de rosa; precisamente con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los alcances de esta enfermedad, la necesidad de su oportuna detección y su impacto en la población.

Si bien dicho padecimiento tiene mayor incidencia en las mujeres, no es exclusivo de su género, pues los hombres también pueden padecerlo. Por ello se estima conveniente comenzar una nueva campaña que promueva un mes azul y rosa en el que hombres y mujeres luchen contra este mal que afecta a toda nuestra sociedad.

Es necesario diseñar programas de prevención de dicha enfermedad dirigida también a los hombres.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal expuesto, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta H. Asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Único. Se exhorta respetuosamente a las Secretaría de Salud, para que diseñe y ejecute instrumentos de concientización sobre la importancia de las acciones preventivas que permitan detectar a tiempo el padecimiento de cáncer de mama también en hombres; y para que impulse una campaña para reconocer al mes de octubre no sólo como el mes rosa, sino como el mes azul y rosa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

RESPETAR LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO PARA LA FORMALIZACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE SALUD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobernador y distintas autoridades de Michoacán a respetar los lineamientos del acuerdo para la formalización laboral de los trabajadores de salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 12 de noviembre de 2015, diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador y distintas autoridades de Michoacán a respetar los lineamientos del acuerdo para la formalización laboral de los trabajadores de salud.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 944/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

Los diputados proponentes afirman que diversas autoridades del estado de Michoacán, no han dado cabal cumplimiento a los Lineamientos que se deberán observar en el proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud en las entidades federativas, emitida por la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas el 15 de noviembre de 2013.

El objeto de la proposición es que se haga un llamado respetuoso a las autoridades del estado de Michoacán, para que los lineamientos señalados en el párrafo anterior sean aplicados de manera inmediata, conforme a derecho, con estricto apego al criterio de antigüedad en el servicio público y atendiendo al sentido de justicia laboral.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobernador del estado de Michoacán, Ciudadano Silvano Aureoles Conejo, para que respete los lineamientos del Acuerdo para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas emitido el 15 de noviembre de 2013 por la Secretaría de Salud Federal.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Michoacán para que respete los Lineamientos establecidos por la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud y dé cabal ejercicio al presupuesto autorizado para el proceso de formalización laboral de los trabajadores de salud en el estado de Michoacán.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con su discusión en reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1.La Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas, emitió el 15 de noviembre del 2013 los Lineamientos que se deberán observar en el proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud en las entidades federativas. Derivado de esto, una representación de la Comisión permaneció en el Estado de Michoacán durante la segunda mitad de 2013 con la finalidad de recabar información laboral de los trabajadores y, con base al diagnóstico elaborado, se destinarían los recursos monetarios necesarios para “Regularizar” la situación laboral de aquellos trabajadores contratados bajo el régimen de “honorarios” y que estuviesen en una situación considerada como precaria. Dicha comisión reportó que hasta el 30 de agosto de 2013 en Michoacán se registraba un total de 4 mil 675 expedientes de trabajadores en la situación mencionada, de los cuales 2007 presentaban alguna inconsistencia derivada principalmente de documentación incompleta.

2.En la primera etapa del proceso de formalización laboral efectuada en el año 2014, se presentó una serie de irregularidades y violaciones a los Lineamientos de Formalización Laboral anteriormente señalados; sin embargo, dado a que la autoridad responsable de la elaboración de la lista de beneficiarios ya no representaba a los Servicios de Salud en Michoacán en ese momento, y que los representantes en funciones no eran responsables de lo ocurrido, se les respaldó para que en la primera etapa del Proceso de Formalización Laboral se aplicara el presupuesto sin enmienda alguna.

3.Para la segunda etapa del proceso de formalización laboral en el estado de Michoacán, la Subcomisión para la Formalización Laboral se integró como lo manda el Artículo 6º de los Lineamientos de Formalización, por las siguientes personas: El Director de los Servicios de Salud en Michoacán, Doctor Carlos Esteban Aranza Dóniz; Director del REPSS en Michoacán, Ingeniero Cesar Flores Gutiérrez, y por el Delegado Administrativo de los Servicios de Salud en Michoacán, Licenciado Ramón Edmundo Vega Mendoza; así como por tres representantes del Sindicato Nacional de Salud. El Listado de personal beneficiado en la segunda etapa de Formalización Laboral en el Estado de Michoacán de Ocampo fue entregada el día 6 de agosto del presente en la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Dirección General de Recursos Humanos Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico, y el 10 de agosto del 2015 en la Secretaría de Salud.

4.En septiembre de 2015 fue publicada la lista de personal beneficiario en la segunda etapa de Formalización Laboral en el Estado de Michoacán de Ocampo beneficiando 808 trabajadores con códigos del área médica, paramédica y administrativos; violando los Artículos Tercero.- “El proceso de formalización laboral se llevará a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria que para tal efecto autorice la Cámara de Diputados, en los correspondientes Presupuestos de Egresos de la Federación, priorizando en todos los casos el criterio de antigüedad en el servicio público, bajo un estricto sentido de justicia laboral”; Quinto.- III “ Se considerará al personal cuya fecha de ingreso en la Institución de Salud de la que se trate, sea anterior al 30 de agosto de 2013” y Quinto. V “ Los códigos otorgados bajo este proceso de formalización laboral, deberán ser considerados como pie de rama, salvo aquellas plazas cuyos códigos no sean sujetos de escalafón”.

5.Esta comisión coincide con los promoventes y ve con buenos ojos que como parte del programa de Formalización Laboral de los trabajadores de Salud, se otorguen mejores condiciones laborales a los trabajadores de la salud, con la finalidad de fortalecer el compromiso que se tiene con la población de brindarles una mejor calidad en la atención.

6.El proceso que señalan los Lineamientos que se deberán observar en el proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud en las entidades federativas ha sido claro y transparente, basándose en los años de antigüedad y sobre todo en tener su expediente limpio, sin quejas de parte de los usuarios ni de sus compañeros de trabajo.

7.El gobierno federal en coordinación con los gobiernos de los estados tiene la obligación de proteger, no sólo el derecho a la Salud, sino también el derecho a tener un trabajo digno, con prestaciones de ley y seguridad social, con un salario homologado y mayores prestaciones, lo anterior como una primera fase de tres, que darán mayor certeza laboral a los trabajadores.

8.Sin embargo, consideramos que es viable solicitar en el punto primero al Ejecutivo federal y a la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud para que respeten los lineamientos del Acuerdo para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas emitido el 15 de noviembre de 2013 por la Secretaría de Salud Federal, por lo que se sugiere cambiar la redacción del párrafo para que todos los funcionarios que tienen relación con el tema respeten estos lineamientos.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se alude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta H. Asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Primero. Se exhorta al gobierno federal y a la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud para que respeten los lineamientos del Acuerdo para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas emitido el 15 de noviembre de 2013 por la Secretaría de Salud Federal.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Michoacán para que respete los Lineamientos establecidos en la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud y dé cabal ejercicio al presupuesto autorizado para el proceso de formalización laboral de los trabajadores de salud en el estado de Michoacán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

FORTALECER PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS A FIN DE PROCURAR PERFILES IDÓNEOS DE PROFESIONALES DEL ÁREA PARA ZONAS RURALES Y DE DIFÍCIL ACCESO DEL PAÍS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a los copresidentes de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y la Ssa a fortalecer planes y programas educativos a fin de procurar perfiles idóneos de profesionales del área destinados a zonas rurales y de difícil acceso del país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 18 de noviembre de 2015, el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Copresidentes de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y la Secretaría de Salud a fortalecer planes y programas educativos a fin de procurar perfiles idóneos de profesionales del área para zonas rurales y de difícil acceso, en el país.

2. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a esta comisión, con número de expediente 956/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

El problema que plantea la proposición es el relativo a la insuficiencia de recursos y fallas graves de distribución del personal médico. En las ciudades hay exceso de personal médico y paramédico, lo que provoca desempleo y subempleo; mientras que en las áreas rurales o en comunidades de difícil acceso, hay escasez de profesionales de la salud, situación que dificulta la atención cotidiana de las unidades médicas ubicadas en estas áreas. Esto se complica en gran medida por los ínfimos salarios y estímulos económicos que no alcanzan a impulsan al personal de la salud.

El objeto de la proposición es que se impulsen los programas necesarios a fin de incentivar económicamente al personal médico que trabaja en áreas rurales y de difícil acceso, lo que traerá como consecuencia una notable mejoría en la calidad de los servicios médicos para procurar y garantizar el derecho a la salud conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los Copresidentes de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud SSA-SEP para que, en el ámbito de su competencia, fortalezcan los planes y programas, así como la coordinación entre instituciones educativas y de salud, a fin de procurar perfiles idóneos de profesionales de la salud para áreas rurales y de difícil acceso, en el país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, en su calidad de Presidente del Consejo de Salubridad General, para que en el ámbito de su competencia, realice las medidas adecuadas para promover programas y brindar el apoyo e incentivos económicos a los profesionales de la salud en áreas rurales y de difícil acceso en el país.

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con su discusión en reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1.El 19 de octubre de 1983 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos para la Salud SSA-SEP. Dicha Comisión, de acuerdo con el mencionado decreto, fue creada con el propósito de identificar las áreas de coordinación entre las instituciones educativas y las de salud, en el proceso de formación de recursos humanos que requiera el Sistema Nacional de Salud.

2.Según el Plan Emergente de Salud para el Campo 2003-2006, “los indicadores de salud -de necesidades, recursos y servicios- nos hablan de la existencia de un importante rezago del campo mexicano en esta materia. La población rural, en general, presenta mayores necesidades de salud que la población urbana, y el acceso que tiene a los recursos y servicios que requiere para atenderlas es considerablemente menor. Este desequilibrio puede resumirse en la existencia de tres grandes retos: equidad, calidad y protección financiera.”

3.Para contrarrestar este desequilibrio, los recursos humanos para la salud deben tener especial formación para mejorar las condiciones de salud de la población mexicana, abatir desigualdades, procurar y garantizar el trato adecuado y respetuoso a los usuarios en las unidades rurales. Estos objetivos deben estar respaldados por la protección financiera en materia de salud a la población rural y en el fortalecimiento de la oferta pública de los servicios de salud en el campo.

4.Los integrantes de esta comisión consideramos que los problemas de salud en las comunidades rurales tiene su raíz, en gran medida, en la pobreza; la mejor forma de disminuir estos problemas radica en el incremento efectivo del bienestar de las poblaciones y en reducir los padecimientos que sufren las comunidades pobres y lejanas a los grandes centros urbanos a través de intervenciones efectivas y accesibles desde el punto de vista financiero.

5.Esta comisión coincide con el promovente toda vez que el artículo 4º constitucional, específicamente en su párrafo cuarto, señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Artículo 4o. ...

...

...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

...

Por su parte, la Ley General de Salud, en su artículo 6º fracción IV bis, manifiesta que uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud es impulsar el bienestar y desarrollo de las familias y comunidades indígenas.

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I a IV. ...

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y organización social;

V. a VIII. ...

Lo anterior, se logrará mediante la implementación de los programas necesarios a fin de incentivar económicamente al personal médico que trabaja en áreas rurales y de difícil acceso, lo que conllevará, una notable mejoría en la calidad de los servicios médicos para procurar y garantizar el derecho a la salud conforme lo establece nuestra Carta Magna.

6.En nuestro país la medicina es una carrera con alta demanda, sin embargo las áreas rurales y de difícil acceso enfrentan graves problemas de insuficiencia de profesionales de la salud, dado que en estas zonas se ven obligados a trabajar en condiciones lamentables, sin la debida supervisión y equipos necesarios para el desempeño de sus actividades, lo que en diversas ocasiones deriva en maltrato e irregularidades de los diagnósticos que deberían procurar la salud del enfermo. Por todo lo expuesto, por lo que los integrantes de esta Comisión aprobamos este punto de acuerdo.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los Copresidentes de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud SSA-SEP para que, en el ámbito de su competencia, fortalezcan los planes y programas así como la coordinación entre instituciones educativas y de salud, a fin de procurar perfiles idóneos de profesionales de la salud para áreas rurales y de difícil acceso en el país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, en su calidad de Presidente del Consejo de Salubridad General para que, en el ámbito de su competencia, realice las medidas adecuadas para promover programas y brindar el apoyo e incentivos económicos a los profesionales de la salud en áreas rurales y de difícil acceso en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

ESTABLECER EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAÍS LAS ESPECIALIDADES DE GERIATRÍA, GERONTOLOGÍA Y TANATOLOGÍA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para promover y establecer en las universidades públicas del país las especialidades de geriatría, gerontología y tanatología

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 18 de noviembre de 2015, el diputado Alejandro Armenta Mier, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo, para promover y establecer en las universidades públicas del país las especialidades de geriatría, gerontología y tanatología.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 965/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

El problema que plantea la proposición consiste en que, existen 12.7 millones de personas mayores de 60 años, es decir, 10 de cada 100 mexicanos se encuentran en esta rango, lo que representa 9.7 % de la población según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Cada año esa cifra aumenta, lo que genera que la pirámide poblacional se invierta con el paso del tiempo, ya que según estimaciones de Conapo para 2020 en el país existirán 14 millones de adultos mayores, que representarán 12.1 por ciento de la población, y no se cuentan con especialistas que puedan tratar tanto física como psicológicamente los problemas que enfrenten estas personas.

El objeto de la proposición es establecer la necesidad de garantizar a este grupo tan olvidado una vida digna y autónoma, así como los medios para atender sus enfermedades. Las instituciones educativas y de seguridad social juegan un papel preponderante en la formación de un mayor número de especialistas en la atención de los adultos mayores.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un respetuoso exhorto a las universidades públicas del país, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones educativas y de seguridad social para que promuevan, establezcan y garanticen programas educativos de técnicos profesionales, licenciaturas, especialidades, posgrados e investigaciones científicas que incluyan la geriatría, gerontología y tanatología.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con su discusión en reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1.Los adultos mayores representan uno de los grupos más desprotegidos y vulnerables por las características propias de su edad, como son la perdida de la movilidad, de la visión y de la memoria, esto impacta en los rubros económico, educativo, y de seguridad social.

2.Esta comisión está totalmente de acuerdo con el espíritu del punto de acuerdo, toda vez que en el artículo 10 fracción XVI de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se definen claramente los objetivos de la política pública nacional sobre adultos mayores, y se demanda fomentar que las instituciones educativas y de seguridad social establezcan las disciplinas para la formación en geriatría y gerontología, con el fin de garantizar la cobertura de los servicios de salud requeridos por la población adulta mayor.

Artículo 10. Son objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XV. ...

XVI. Fomentar que las instituciones educativas y de seguridad social establezcan las disciplinas para la formación en geriatría y gerontología, con el fin de garantizar la cobertura de los servicios de salud requeridos por la población adulta mayor;

XVII. a XX. ...

3.Asimismo, la ley señalada en el numeral 2, en su artículo 17 fracción segunda, señala a la Secretaría de Educación Pública como la responsable de garantizar la formulación de programas educativos de licenciatura y posgrado en geriatría y gerontología, en todos los niveles de atención en salud, así como de atención integral a las personas adultas mayores dirigidos a personal técnico profesional. También velará porque las instituciones de educación superior e investigación científica incluyan la geriatría en la currícula de medicina, y la gerontología en las demás carreras pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales, por lo que este artículo fortalece la propuesta del diputado proponente.

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, garantizar a las personas adultas mayores:

I. ...

II. La formulación de programas educativos de licenciatura y posgrado en geriatría y gerontología, en todos los niveles de atención en salud, así como de atención integral a las personas adultas mayores dirigidos a personal técnico profesional. También velará porque las instituciones de educación superior e investigación científica incluyan la geriatría en sus currícula de medicina, y la gerontología en las demás carreras pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales;

III. a VIII. ...

4.Estamos convencidos de la importancia al establecer la necesidad de garantizar a este grupo tan olvidado una vida digna y autónoma, así como los medios para combatir sus enfermedades, en la que juegan un papel preponderante las instituciones educativas y de seguridad social en la formación de un mayor número de especialistas en la atención de adultos mayores.

Por lo que esta comisión considera que es de aprobarse el punto de acuerdo propuesto por el legislador.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Único. Se hace un respetuoso exhorto a las universidades públicas del país, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones educativas y de seguridad social para que promuevan, establezcan y garanticen programas educativos de técnicos profesionales, licenciaturas, especialidades, posgrados e investigaciones científicas que incluyan la geriatría, gerontología y tanatología.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DONDE SE VENDA COMIDA PARA CONSUMO INMEDIATO OFREZCAN COMO PRIMERA OPCIÓN DE HIDRATACIÓN AGUA NATURAL Y PURIFICADA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar la NOM-043SSA2-2012 y promover que los establecimientos mercantiles donde se venda comida para consumo inmediato ofrezcan como primera opción de hidratación agua natural y purificada

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 18 de noviembre de 2015, la diputada Evelyn Parra Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal por medio de la Secretaría de Salud emita los lineamientos a fin de que los establecimientos mercantiles donde se venda comida para consumo inmediato ofrezcan como primera opción de hidratación agua natural y purificada.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta Comisión, con número de expediente 971/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

La diputada menciona que la obesidad y sobrepeso en México representan un problema de enormes dimensiones y retos, ya que nuestro país está situado en el primer lugar en el ranking de Obesidad Mundial, lo que lo convierte en un problema de salud, toda vez que a raíz de la obesidad se desarrollan un sin número de enfermedades que con el paso del tiempo pueden ocasionar la muerte temprana de la persona.

La legisladora tiene como objeto impulsar la emisión de lineamientos tendientes a obligar a toda aquella negociación o establecimiento mercantil que venda alimentos para el consumo inmediato a ofrecer y motivar en primer lugar, el consumo de agua natural purificada y, sólo si el cliente lo desea, como segunda opción obtenga el acceso a bebidas azucaradas.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que por medio de la Secretaría de Salud sean emitidos los lineamientos donde se ordene a los establecimientos mercantiles que vendan comida para su consumo in situ, ofrezcan y fomenten el consumo, en primer lugar, de agua natural y purificada, y en segundo plano aguas y bebidas azucaradas.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con su discusión en reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. Los diputados que conformamos esta comisión tenemos como prioridad trabajar en pro de la salud de los mexicanos, por eso estamos convencidos que el Estado mexicano debe garantizar una vida saludable a las ciudadanos, obligación contenida en el artículo 4º de nuestra Carta Fundamental, por ello es menester impulsar acciones tendientes a cumplir con dicha máxima, para lograr de manera progresiva y armónica, la satisfacción de esta garantía y su más amplia protección.

2. Como representantes de la sociedad nos preocupan los niveles de sobre peso que se están alcanzado entre los ciudadanos. Un estudio realizado en el 2013 por la Organización Mundial de la Salud, demostró que más de 42 millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos.

3. A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son consecuencia de cambios ambientales, sociales y por falta de políticas de apoyo en sectores como el de la salud, agricultura, transporte, planeamiento urbano, medio ambiente, procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y educación.

4. En un estudio aplicado a 600 personas, se concluyó que el 99 por ciento de los mexicanos consume refrescos y sólo el 1 por ciento jamás lo consume. Del universo de quienes consumen refresco, el 26 por ciento lo consume todos los días y el 47 por ciento indica que toma refresco varias veces a la semana. Sólo el 27 por ciento lo consume ocasionalmente.

5. Es por ello que consideramos indispensable impulsar los lineamientos tendientes a que todo establecimiento mercantil que venda alimentos para el consumo inmediato ofrezcan en primer lugar, el consumo de agua natural purificada.

6. La Secretaría de Salud Federal, emitió el 28 de mayo de 2012, la norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación, en la que el objetivo principal es establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la Orientación Alimentaria dirigida a brindar a la población, opciones prácticas con respaldo científico, para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. Así como elementos para brindar información homogénea para coadyuvar a promover el mejoramiento del estado de nutrición de la población y a prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación.

En la norma señalada en el párrafo anterior, se establece en el numeral 4.3.2.7, que se debe promover el consumo de agua simple potable como fuente principal de hidratación, creando con esto las autoridades correspondientes lineamientos que contemplan el espíritu del punto de acuerdo propuesto por la Diputada y cumpliendo con el combate a la obesidad y sobrepeso.

7. Atentos a lo anterior, los legisladores que integramos esta comisión, consideramos que es viable la propuesta de la compañera diputada, sin embargo, es necesario modificar la parte correspondiente a “sean emitidos los lineamientos donde se ordene”, por “se aplique la norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2012” ya que éstos ya existen, sólo falta su adecuada aplicación, para generar beneficios a la sociedad.

Por lo que el resolutivo que se propone es el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que aplique la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, promoviendo que los establecimientos mercantiles que vendan comida para su consumo in situ, ofrezcan en primer lugar, agua natural y purificada, y en segundo plano aguas y bebidas azucaradas.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta asamblea los siguientes:

V. Resolutivos

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que se aplique la norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2012, promoviendo que los establecimientos mercantiles que vendan comida para su consumo in situ, ofrezcan en primer lugar, agua natural y purificada, y en segundo plano aguas y bebidas azucaradas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

DESTINAR MAYORES RECURSOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA Y EL ÓPTIMO TRATAMIENTO DE LA ARTRITIS REUMATOIDE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a destinar mayores recursos para la detección oportuna y el óptimo tratamiento de la artritis reumatoide

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión del 24 de noviembre de2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha, con número de expediente 1026.

2. La proposición fue turnada a la Comisión de Salud para efectos de análisis y elaboración del dictamen, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. La diputada proponente argumenta que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de causas desconocida, que afecta en su mayoría a personas en edad productiva.

2. El objeto de la proposición es exhortar a la Secretaría de Salud a destinar mayores recursos para la prevención, detección oportuna y óptimo tratamiento de la artritis reumatoide.

3. El resolutivo propuesto es el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República a destinar mayores recursos para la prevención, detección oportuna de la artritis reumatoide, así como para su óptimo tratamiento.

III. Consideraciones

1. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se sustenta en lo siguiente:

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica por causas desconocidas que afecta, en su mayoría, a personas en edad productiva. Se ha observado que hasta 70 por ciento de los pacientes con esta enfermedad desarrollan discapacidad laboral a 10 años de su evolución.

Afortunadamente y debido a los avances en el manejo de la enfermedad, muchos pacientes tienen la posibilidad de continuar trabajando, aunque con distintos grados de compromiso o limitación en su productividad laboral. En los pacientes con artritis reumatoide la productividad laboral se ve afectada en mayor medida con actividad severa de la enfermedad.

Expertos coincidieron en que dicha afección es la más destructiva que se estudia en los servicios de reumatología, ya que causa deformidades y afecta de manera importante la calidad de vida de los pacientes. En México, la cifra llega a 1 millón 600 mil pacientes, cuyas edades van de 20 a 50 años, que padecen esta enfermedad. Aunado a las cifras de mexicanos con este padecimiento un tercio de las personas con artritis reumatoide presenta riesgo de tener complicaciones cardiovasculares, como infartos al corazón o insuficiencias cardiacas.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en México, 3 de cada 4 personas con esta enfermedad son mujeres, situación que toma relevancia mayor cuando se considera que, de acuerdo con datos del mismo Inegi, en México hay alrededor de 25 millones de hogares, de los cuales 24 por ciento son encabezados por mujeres, es decir seis millones de hogares.

La magnitud de la repercusión socioeconómica de la artritis reumatoide es difícil de valorar y plantea problemas metodológicos importantes. Deben considerarse tres tipos de costos para quienes padecen esta enfermedad: directos, indirectos e intangibles. Los costos directos se subdividen en dos tipos, los sanitarios, que derivan del consumo de recursos asistenciales (consultas, monitorización de la enfermedad con controles radiológicos y pruebas de laboratorio, gasto farmacéutico, hospitalización, medidas ortésicas y prótesis) y los parasanitarios, como los gastos para realizar adaptaciones en el domicilio, entorno laboral y medios de transporte. Estos costos no son homogéneos a lo largo de la duración de la artritis reumatoide y tienden a ser especialmente elevados durante los primeros dos años que siguen al diagnóstico.

Las artritis reumatoides con mayor actividad y más discapacidad comportan mayor costo directo. Los costos indirectos son aquellos que derivan tanto de la pérdida de la capacidad laboral como de las ayudas domiciliarias. Los costos intangibles son consecuencia del deterioro de la calidad de vida y de su repercusión en el entorno familiar y social. Se designan así por la enorme dificultad que entraña su detección y valoración. Como ejemplo, cabe mencionar el gasto de transporte y las horas de trabajo perdidas por los familiares que acompañan al paciente a las consultas. Adicionalmente, deben considerarse los gastos inducidos por los trastornos, como la enfermedad cardiovascular, las infecciones, algunas neoplasias, las complicaciones de la osteoporosis secundaria o los efectos adversos de la medicación. Todas las investigaciones han demostrado que la enfermedad tiene una gran repercusión económica y provoca un considerable consumo de recursos sanitarios y sociales.

El tratamiento de este mal es indispensable para evitar problemas cardiovasculares y en la actualidad el número de personas que realizan un diagnóstico temprano es cada vez mayor, lo cual ayuda a tratarla desde un punto en el que se puede detener su avance.

2. La comisión dictaminadora considera:

El artículo 4o. constitucional prevé que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución.

La artritis reumatoide es una enfermedad que actualmente afecta a gran porcentaje de la población a nivel mundial. Tan sólo en México se estima más de 1 millón de personas con este padecimiento.

En México, 56 por ciento de los pacientes con artritis reumatoide aseguran saber mucho o moderadamente sobre el control de la enfermedad. El 62 por ciento por ciento dice que si no tiene dolor la artritis reumatoide está bajo control y 58 por ciento no sabía que el daño articular causado por la artritis reumatoide no es reversible.

Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, toda vez que en México la mayoría de las personas que padecen esta enfermedad acuden más de un año después de que iniciaron los síntomas, lo cual dificulta su tratamiento, aunado a que la poca información en la sociedad sobre el padecimiento o inclusive la búsqueda de tratamientos alternativos, previos a un diagnóstico médico, imposibilitan la detección oportuna para el tratamiento adecuado.

Consideramos que mediante estrategias oportunas para detección de la artritis reumatoide, se dará cumplimiento al mandato constitucional de velar por la protección de la salud de estos pacientes cuya mayor parte son adultos mayores.

Esta comisión propone que el resolutivo se adecue para enfatizar que los recursos que se solicita destinar para la prevención de la artritis reumatoide, serán tomados de la partida presupuestal asignada a la Secretaría de Salud en el PEF de 2016.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Salud somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República para que, dentro de la suficiencia presupuestal con la cuenta, destine mayores recursos para la prevención, detección oportuna y óptimo tratamiento de la artritis reumatoide.

Notas:

1 García-Vadillo J A, Castañeda S, Carrasco AL, Jimeno A. “Costes económicos de la artritis reumatoide de corta evolución”, en revista Esp Reumatol2001; 28: 4-11.

2 Van Jaarsveld CHM, Jacobs JWG, Schrijvers AJP.

3 http://mujer.com.mx/bienestar/artritis-reumatoide-cifras-mexico-diagnosticotrat amiento,9d1ab82daeacf310Vgn.html

4 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, Y DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos locales a fortalecer las campañas de salud sexual y reproductiva, y de prevención del embarazo en adolescentes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 24 de noviembre de 2015, los diputados Marco Antonio García Ayala y Rafael Hernández Soriano, de los grupos parlamentarios Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, presentaron proposiciones con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan las campañas en materia de salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo en adolescentes.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a esta comisión, con números de expediente 1028/LXIII, 1042/LXIII y 1064/LXIII, para el estudio, análisis y dictamen correspondientes, las proposiciones en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

Los diputados proponentes manifiestan que en México alrededor de 22 millones de personas tienen entre 10 y 19 años de edad; lo que representa 19.6 por ciento de la población, de este porcentaje, casi la mitad son mujeres, población que se encuentra en edad fértil; por otro lado señalan que de cada 10 adolescentes de 12 a 19 años, dos han iniciado su vida sexual.

También refieren que datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, arrojan que 467 mil mujeres menores de 20 años tuvieron un bebé, esto es, 1 de cada 5 nacimientos. Esta cifra incluye cerca de 11 mil niñas de 10 a 14 años de edad que se convirtieron en madres, tan sólo en 2013.

La Secretaría de Salud estima que las muertes perinatales son 50 por ciento más altas entre los bebés nacidos de madres de menos de 20 años que entre aquellos nacidos de madres de entre 20 y 29 años.

En el grupo adolescente se ha observado que frecuentemente aparecen complicaciones durante el embarazo tales como: preeclampsia, eclampsia, anemia, infecciones de las vías urinarias, infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/Sida, virus del papiloma humano y finalmente el aborto. En cuanto al producto, se presentan antecedentes de prematurez, bajo peso, retardo en el desarrollo cognitivo y retardo en el crecimiento físico.

El legislador Marco Antonio García Ayala manifiesta que las infecciones de transmisión sexual son la principal causa de infertilidad, sobre todo entre las mujeres. Entre 10 y 40 por ciento de las mujeres con clamidiasis acaban presentando enfermedad inflamatoria pélvica sintomática.

Las lesiones tubáricas posteriores a una infección son responsables de 30 a 40 por ciento de los casos de infertilidad femenina. Además, las mujeres que han padecido enfermedad inflamatoria pélvica tienen entre 6 y 10 veces más probabilidades de sufrir un embarazo ectópico (tubárico).

También señala que la transmisión de la madre al niño puede dar lugar a muerte prenatal, muerte neonatal, insuficiencia ponderal al nacer y prematuridad, septicemia, neumonía, conjuntivitis neonatal y deformidades congénitas. Cada año, la sífilis durante el embarazo provoca aproximadamente unas 305 mil muertes fetales y neonatales, y deja a 215 mil lactantes en grave riesgo de defunción por prematuridad, insuficiencia ponderal o enfermedad congénita.

El diputado Rafael Hernández Soriano, afirma que otro de los problemas que se presentan en el embarazo adolescente, es el abandono de los estudios, lo que reduce las oportunidades para lograr mejores empleos y posibilidades de realización personal al no poder cursar carreras. También será difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales.

Asimismo, las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia de la o el hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente a través del matrimonio temprano como una fórmula para “solucionar” esta situación.

Los diputados pretenden con los puntos de acuerdo propuestos, se tomen todas las medidas necesarias para poner fin a estos problemas, mediante la intensificación de los programas que existen por parte del Gobierno federal, con la finalidad de erradicar la problemática de los embarazos en los adolescentes y la transmisión de infecciones sexuales.

Los resolutivos propuestos en las proposiciones son los siguientes:

Diputado Rafael Hernández Soriano

1028/LXIII

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la y los gobernadores de los estados y al jefe del gobierno de la Ciudad de México para que se refuerce lo relativo a las campañas de prevención del embarazo adolescente y la información sobre educación sexual en el ánimo de abatir las crecientes cifras sobre este tema.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador de Chiapas con el propósito de desarrollar una estrategia de prevención que atienda los altos índices de embarazos adolescentes, principalmente entre la población indígena y rural.

Diputado Marco Antonio García Ayala

1042/LXIII

Único.Se exhorta al gobierno de las 32 entidades federativas para que, respectivamente y en el ámbito de sus competencias, implementen campañas de salud sexual, reproductiva, y de prevención del embarazo en adolescentes.

1064/LXIII

Único. Se exhorta al gobierno de las 32 entidades federativas para que respectivamente y en el ámbito de sus competencias, implanten campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual en adolescentes.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de las proposiciones con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con su discusión en reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

La Comisión de Salud considera que el embarazo en adolescentes, es un problema que debe ser atendido de manera inmediata, ya que no es un tema únicamente de salud pública, siendo este el más importante, sino que también tiene implicaciones económicas y sociales.

2. En México, cada año un promedio de 400 mil adolescentes, entre 10 y 19 años, quedan embarazadas, estas cifras no han disminuido desde 2006. La Coordinación de la Clínica del Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), admite que hay una barrera entre médicos y menores de edad. “El adolescente necesita llegar a un centro de salud en donde sepa que va a encontrar gente amigable y no un doctor o una enfermera que lo va a estar cuestionando sobre su sexualidad”, por lo que se requiere que existan canales de comunicación más abiertos entre los adolescentes y el personal de salud que los atiende.

En enero pasado se enmarcó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (Enapea) por el gobierno federal. El objetivo principal es reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad entre menores de 19 años, mediante acciones interinstitucionales coordinadas con políticas y planes nacionales, estatales y municipales.

La implantación de la Enapea estará a cargo de un grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes (Gipea) que tendrá como objetivo establecer mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación que permitan la implantación de la estrategia. El Gipea estará integrado, a invitación del secretario de Gobernación, por una coordinadora, que será la secretaria general del Conapo, una secretaria técnica, que será la presidenta del Inmujeres, así como por vocales, los cuales serán servidores públicos de alto nivel de las siguientes secretarías y dependencias de la administración pública federal: Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la Secretaría General del Conapo, Inmujeres, Sedesol, Ssa, SEP, IMSS, ISSSTE, CNEGSR, Censida, Censia, Imjuve, SNDIF, CDI, INSP e invitados de la sociedad civil, organismos internacionales e integrantes de la academia.

A nivel estatal se constituirá el grupo estatal para la prevención del embarazo en adolescentes (Gepea), tomando como modelo de referencia el Nacional, que podrá adecuarse respetando los arreglos institucionales en los estados. En el ámbito estatal se considera prioritario apoyar a los contextos municipales y locales con procesos de capacitación y el asesoramiento para establecer los mecanismos de articulación con las demás dependencias, así como las gestiones que permitan destrabar obstáculos y mejorar el rendimiento local.

2. Uno de los aspectos importantes de esta estrategia es que el Estado reconoce a los adolescentes como sujetos titulares de derechos humanos, particularmente de derechos sexuales y reproductivos, así como el impacto negativo que tiene un embarazo a temprana edad en el desarrollo físico y psicológico de las jóvenes, así como en su proyecto de vida.

La estrategia tiene acciones específicas enfocadas en garantizar y mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, que incluyan el acceso a consejería, en espacios confidenciales, y a métodos anticonceptivos sin la necesidad de contar con la presencia o autorización de los padres o tutores.

3. Además de la implantación de la Enapea, se están creando acciones por medio del Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018, recientemente emitido por el Centro Nacional de Equidad y Género.

Un punto importante que propone es la elaboración de un programa de educación en salud sexual y su distribución gratuita en las instituciones educativas públicas y privadas del país. Para ello se contempla la capacitación de personal docente en técnicas de pedagogía para trasmitir la información sobre salud sexual a los alumnos.

5. La Secretaría de Salud emitió el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-047-SSA2-2014, para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2014, por medio de la cual se establecen los criterios que deben seguirse para brindar la atención médica integral, la prevención y el control de las enfermedades prevalentes en el Grupo etario y la promoción de la salud, con perspectiva de género, pertinencia cultural y respeto a sus derechos fundamentales.

6. El asesoramiento en adolescentes puede reducir los embarazos en adolescentes y mejorar la capacidad para reconocer los síntomas de las infecciones de transmisión sexual (ITS), con lo que aumentarán las probabilidades de que soliciten atención o alienten a sus parejas sexuales a hacerlo, lamentablemente la falta de sensibilidad del público, la falta de capacitación del personal sanitario y el arraigado estigma generalizado siguen dificultando el acercamiento de este grupo a los programas públicos que ofrece el gobierno.

7.Si bien el Estado mexicano trabaja para erradicar el embarazo en adolescentes, así como para otorgar una mejor educación sexual en este grupo, también consideramos que es necesario que se fortalezcan dichos programas para hacerlos llegar a toda la población adolescente del país, hasta los que se encuentran en zonas marginadas, ya que en la mayoría de los casos los embarazos y enfermedades de transmisión sexual se da en este sector de la población, por el desconocimiento de sus derechos y de los programas que se crean en apoyo a los distintos problemas a los que se enfrentan.

8. Por ello, los integrantes de la comisión estamos de acuerdo con la aprobación de los puntos de acuerdo propuestos por los legisladores, conjuntando las intenciones de los diputados en un resolutivo que considere no sólo a los estados que forman parte del territorio nacional, sino también al Gobierno federal, que es el encargado de coordinar las acciones para salvaguardar la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, de conformidad con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Por lo que se propone la siguiente redacción: “Único. Se exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con las 32 entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezca la información y aplicación de campañas de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual, así como las de educación, salud y reproducción sexual, en adolescentes”.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los integrantes de la Comisión de Salud someten a esta asamblea el siguiente

V. Resolutivo

Único. Se exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con las 32 entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezca la información y aplicación de campañas de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual, así como las de educación, salud y reproducción sexual, en adolescentes.

Notas:

1 Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012.

2 http://www.issste.gob.mx/images/downloads/ home/ENAPEA.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

ABASTO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS EN ZONAS APARTADAS Y DE MUY ALTA MARGINACIÓN

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo al abasto oportuno de medicamentos en zonas apartadas y de muy alta marginación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen correspondiente, bajo el tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 24 de noviembre de 2015, el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presento la Proposición con Punto de acuerdo relativo al abasto oportuno de medicamentos en zonas apartadas y de muy alta marginación del País

2. Con fecha 25 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva turnó la citada Proposición la Comisión con número de expediente 1031/LXIII, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 9 de diciembre de dos mil quince, en la Segunda Reunión Ordinaria los integrantes de la Comisión de Salud, aprobaron el dictamen antes descrito.

Con base en lo anterior, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, procedimos al estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El diputado proponente en el punto de acuerdo objeto del presente dictamen, señala lo siguiente:

1. Que un aspecto fundamental para la procuración de la salud estriba en el abasto de medicamentos para prevenir y curar las enfermedades. El artículo 27 de la Ley General de Salud especifica cuáles son los servicios básicos de salud, entre los que se encuentra la disponibilidad y distribución de medicamentos.

2. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, apartado “México Incluyente”, el objetivo 2.3 plantea: “asegurar el acceso a los servicios de salud”. Del mismo modo, el objetivo 2 del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece: “asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad”, señalando el fortalecimiento e intercambio de información entre las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de conocer la demanda institucional de medicamentos que comprende la selección, planeación, compra, almacenamiento, distribución, prescripción, dispensación, uso y surtido.

3. La tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominada: Salud. El derecho a su protección, que como garantía individual consagra el artículo 4o. constitucional, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Novena Época. Registro: 192160. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI. Marzo de 2000. Página 112.

4. El resolutivo propuesto es el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de su competencia, comunique al Consejo de Salubridad General la necesidad de proveer los medicamentos e insumos médicos necesarios, de manera prioritaria, a las clínicas y centros de salud que atienden a núcleos poblacionales de muy alta marginación en el país, y a aquellos que atienden a los núcleos poblacionales que se encuentran más alejados geográficamente de los mismos, en cada entidad federativa.

Analizado el contenido de la proposición que nos ocupa, las y los integrantes de la Comisión de Salud, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

1. La Organización Mundial de la Salud, a través del estudio titulado: “cómo desarrollar y aplicar una política farmacéutica nacional”; indica el acceso a servicios de salud suficiente, oportuna y de buena calidad distribuidos con equidad y organizados con eficiencia es un requisito indispensable para mantener condiciones de salud adecuadas. El acceso a los medicamentos tiene también un alto impacto sobre los servicios, ya que son un insumo básico del proceso terapéutico. Además, existen evidencias de que es factible manejar exitosamente el abasto de medicinas si se mejora su selección, compra y distribución. El uso racional de medicamentos requiere un abasto suficiente, oportuno y económicamente accesible de medicamentos para toda la población y es un objetivo fundamental de los sistemas nacionales de salud.

2. No obstante, en México aún existen poblaciones que carecen de acceso oportuno y suficiente a las medicinas. El desabasto de medicamentos fue frecuente en México hasta hace pocos años, debido a las crisis económicas, la desorganización y la falta de transparencia del sector. Hace sólo una década, menos del 50 por ciento de los medicamentos esenciales estaban disponibles en las unidades de primer nivel de atención de la Secretaría de Salud. En los últimos años el desabasto de medicamentos ha disminuido, pero sigue siendo un problema en las zonas rurales y en las regiones marginadas.

3. En este mismo sentido, La Ley General de Salud, en el artículo 29, prevé que de acuerdo con el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

4. Asimismo el Programa Sectorial 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 12 de diciembre de 2013, contempla el abasto de medicamentos como una prioridad en la agenda gubernamental.

5. En este tenor, esta comisión dictaminadora coincide con la proposición planteada, en virtud de que al desabasto de medicinas se agregan problemas tan variados como el acceso inequitativo, la automedicación peligrosa y el comercio de medicamentos potencialmente dañinos.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la comisión dictaminadora de la LXIII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de su competencia, comunique al Consejo de Salubridad General la necesidad de proveer los medicamentos e insumos médicos necesarios, de manera prioritaria, a las clínicas y centros de salud que atienden a núcleos poblacionales que se encuentran más alejados geográficamente de los mismos, en cada entidad federativa.

Nota:

1 Cómo desarrollar y aplicar una política farmacéutica nacional - Segunda edición (2002; 102 páginas)

Palacio Legislativo, a los 9 días del mes de diciembre del 2015.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

NO HA ALCANZADO LAS METAS DEL PLAN SUPRE DE LA OMS Y TOMAR MEDIDAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE REDUCIR EL NÚMERO DE VÍCTIMAS DE SUICIDIO EN EL PAÍS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar por las autoridades correspondientes un diagnóstico sobre las causas por las cuales México no ha alcanzado las metas del plan Supre de la OMS y tomar medidas para lograr los objetivos de reducir el número de víctimas de suicidio en el país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del 24 de noviembre de 2015 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha, con número de expediente 1065.

2. La proposición fue turnada a la Comisión de Salud para efectos de análisis y elaboración del dictamen, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. La diputada proponente argumenta que México es participe del plan Supre (Suicide Prevention-Prevención del Suicidio); una iniciativa mundial para la prevención del suicidio, sin embargo las cifras en el país son preocupantes porque los suicidios se han incrementado año con año.

2. El objeto de la proposición es exhortar a la Secretaría de Salud a que elabore un diagnóstico de las causas por las que no se están alcanzando, en México, las metas establecidas en el plan SUPRE, asimismo que tome las medidas pertinentes y necesarias para lograr la reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.

3. El resolutivo propuesto es el siguiente:

Único. Se exhorta al titular del ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables en el tema elaboren un diagnóstico de las causas por la cual no se están alcanzando, en México, las metas establecidas en el plan SUPRE de la Organización Mundial de la Salud y se tomen las medidas pertinentes y necesarias para la reorientación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos trazados, con la consiguiente reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.

III. Consideraciones

1. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se sustentan en lo siguiente:

Las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales constituyen importantes factores de riesgo de suicidio.

Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo muere alrededor de un millón de personas por suicidio, también estima que un intento suicida ocurre aproximadamente cada tres segundos y un suicidio se consuma aproximadamente cada minuto; Esto significa que más personas mueren a causa del suicidio que a causa de conflictos armados, lo que representa una tasa anual mundial de suicidio de 16 por cada 100 mil habitantes siendo la segunda causa principal de muertes entre personas de 15 a 29 años.

Según el Inegi de 1990 a 2012 La tasa de suicidios en México representó una tendencia creciente de 114 por ciento, al pasar de 2.2 a casi 5 suicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2013 esta cifra aumentó ya que se registraron cinco mil 549 casos de los cuales el 80.6 por ciento fueron consumados por hombres y 19.4 por ciento por mujeres. De este registro 2,345 casos fueron en jóvenes de 15 a 29 años. Estos datos nos indica que nadie es inmune y afecta a cualquiera sin distingo de sexo, edad, ni posición social.

La Secretaría de Salud del gobierno federal dio a conocer en enero pasado que en los últimos 30 años el número de suicidios en el país aumentó 300 por ciento constituyendo una de las primeras causas de muerte en el sector salud y un grave problema de salud pública.

En 1999 y en el marco de la sexagésima sexta Asamblea Mundial de la Salud se implementó el primer plan de acción sobre salud mental de la historia, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La prevención del suicidio forma parte de este plan, que se propone reducir 10 por ciento para 2020, la tasa de suicidio en los países de mayor incidencia.

México, es participe de este plan y ha adoptado las acciones y directrices emanadas de dicho Organismo Mundial, sin embargo las cifras en el país son preocupantes porque los suicidios se han incrementado año con año.

Estas cifras también nos indican que las acciones que se están implementando no están dando los resultados esperados ya que no van acorde con las metas establecidas por la Organización Mundial de la Salud.

2. La Comisión dictaminadora considera que:

El artículo 4o. constitucional prevé que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Debido a que es un problema grave de salud pública el suicidio requiere nuestra atención, desafortunadamente su prevención y control no son tarea fácil. Investigaciones recientes indican que la prevención del suicidio, si bien es posible, comprende una serie de actividades que van desde la provisión de las mejores condiciones posibles para la educación de jóvenes y niños y el tratamiento eficaz de trastornos mentales, hasta el control medioambiental de los factores de riesgo. La difusión apropiada de información y una campaña de sensibilización del problema son elementos esenciales para el éxito de los programas de prevención.

En 1999, la OMS lanzó el programa Supre ( suicide prevention-prevención del suicidio); una iniciativa mundial para la prevención del suicidio, mismo que fue signado por México.

Este plan implica que los firmantes se comprometen a adoptar acciones y directrices emanadas de dicho organismo mundial para prevenir y erradicar el suicidio.

Esta comisión está consciente que es un problema complejo y que la tarea para bajar los índices de suicidio en nuestro país no es fácil, pero también sabemos que es posible prevenirlos y disminuirlos y para ello se requieren acciones coordinadas de las instancias responsables en el tema que van, desde la provisión de las mejores condiciones posibles para la educación de nuestros niños y jóvenes a través del tratamiento efectivo de los trastornos mentales hasta el control ambiental de los factores de riesgo, además que la difusión apropiada de la información y una campaña de sensibilización del problema.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Salud somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables en el tema, elaboren un diagnóstico de las causas por las que no se han alcanzado, en México, las metas establecidas en el plan Supre de la Organización Mundial de la Salud y se tomen las medidas pertinentes y necesarias para la reorientación de las acciones que permitan alcanzar los objetivos trazados, a fin de lograr la reducción de las víctimas de suicidio en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

CONSTRUIR UNA MESA DE DIÁLOGO ENTRE LAS INTEGRANTES DE COSMOGAR, AC; AVON COSMETICS, SA DE CV Y EL IMSS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS a establecer una mesa de diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon Cosmetics, SA de CV; y el IMSS para atender la problemática sobre el reconocimiento de las trabajadoras que laboran como representantes de la segunda

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a constituir una mesa de diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon Cosmetics, SA de CV; y el IMSS para atender la problemática sobre el reconocimiento de las trabajadoras que laboran como representantes de la segunda.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XLVIII y 3; 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80; 82 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del asunto de mérito.

En esa tesitura, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En fecha 27 de octubre de 2015, el C. Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentó la Proposición de mérito, objeto del presente dictamen.

2. En fecha 27 de octubre del presente año, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha Proposición a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Posteriormente, con fecha 28 de octubre de 2015, fue recibido el expediente en esta Comisión.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta dictaminadora analizaron los argumentos vertidos por el promovente, mismos que se transcriben íntegros a continuación:

“Consideraciones

Las últimas décadas han sido el escenario de profundas transformaciones en el mundo del trabajo. El peso de esta reestructuración y los efectos de la crisis económica han afectado a las y los trabajadores en general, pero sin duda han tenido un impacto mayor en las mujeres, quienes se han incorporado a la actividad productiva y laboral de manera permanente.

En 1970, sólo 1 mujer por cada 4 hombres desempeñaba una actividad extra doméstica. Para el 2014, 2.2 mujeres por cada 4 hombres están insertas en el mercado laboral (Inegi, ENOE 1er. Trim 2014).

A pesar del aumento en la incorporación de las mujeres en la actividad laboral, esto no se ha traducido en mejoras en sus condiciones laborales ya que los puestos que ocupan son poco calificados, precarios y se ubican fundamentalmente en el sector de los servicios. Ejemplo de esta precariedad es que, a pesar de que la seguridad social es una obligación ineludible para los patrones que puede llevar incluso a una responsabilidad penal, el número de mujeres ocupadas que no cuentan con acceso a la salud asciende a más de 10.8 millones (Inegi 2009).

Entre estas trabajadoras se encuentran las “Representantes de Avon Cosmetics”, empresa que las sujeta a un contrato de comisión mercantil para negarles su calidad de trabajadoras, lo que le ha permitido a la trasnacional evitar el pago de salarios base, vacaciones, aguinaldo, entre otras prestaciones, y omitir la afiliación de estas mujeres trabajadoras ante el IMSS y el Infonavit.

Es lamentable que todas las trabajadoras y trabajadores de Avon hayan sido considerados “agentes de comisión mercantil independiente” regulados por el derecho mercantil y no por el laboral, cuando la Ley Federal del Trabajo establece muy claramente que él o la comisionista se conceptuará como “trabajadora” cuando realiza su labor de manera personal y permanente.

Queda claro que este último concepto se tendría que aplicar a las y los “Representantes de Avon” que trabajan de tiempo completo y permanentemente para dicha empresa, por lo cual quedarían amparadas por las leyes laborales conforme al Capítulo IX, artículos 285 al 291, de la LFT.

La empresa trasnacional “Avon Cosmetics” tiene contratadas a aproximadamente 400,000 trabajadoras y trabajadores mexicanos. Algunos de ellos desarrollan su oficio en la modalidad de subocupadas, mientras que otras laboran de tiempo parcial o de medio tiempo para apoyar de ese modo el gasto familiar. Sin embargo, una parte importante de este grupo de mujeres trabajadoras labora tiempo completo y de manera permanente, y siendo madres solteras, viudas y cabezas de hogar, necesitan un salario suficiente que garantice cubrir las necesidades básicas de la familia.

Para que las representantes de Avon aspiren a ganar un salario digno, tienen que alcanzar las metas de ventas que establece Avon, metas que, además, deben ser cubiertas en las diecinueve campañas anuales. Estos estándares son establecidos unilateralmente por la empresa, y para alcanzar los niveles más altos dentro del escalafón de metas, las vendedoras tienen que trabajar tiempo completo. Al desempeñar su trabajo de manera permanente, las representantes de Avon tendrían que ser consideradas trabajadoras de acuerdo a la LFT.

En 1972, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la empresa Avon celebraron un primer convenio en el que se establecía que las agentes comisionistas que alcanzaran ingresos mínimos de 500.00 pesos por campaña debían ser dadas de alta en el IMSS. Dicho límite se fue ajustando hasta 1996, año en que fue firmado el último convenio. Hasta entonces, el seguro otorgado a las trabajadoras cubría solo la atención médica y jubilación.

En septiembre del 2004, el IMSS notificó a la empresa que el convenio dejaría de tener efectos el 15 de noviembre del 2004 en virtud de que las trabajadoras ya cumplían con los requisitos legales de remuneración, permanencia y subordinación que les daba derecho a ser inscritas en el régimen obligatorio. El IMSS también argumentó que la empresa no pagaba cuotas de acuerdo a las percepciones reales de sus representantes de ventas. Sin embargo, Avon se negó a aceptar sus responsabilidades y notificó a las trabajadoras que a desde el 15 de noviembre del 2004 se cancelaría la afiliación de las 27 mil trabajadoras que ya contaban con seguridad social, del total de 450 mil, argumentando que había sido el propio IMSS y no la empresa la que había dado por terminado el convenio.

Al ver transgredidos sus derechos laborales, las representantes de Avon iniciaron un movimiento para que éstos les fueran reintegrados: marchas, manifestaciones, conferencias de prensa, reuniones con la empresa, cartas a las autoridades laborales, e incluso al Presidente de la República, fueron algunas de las acciones que llevaron a la empresa a darlas de alta nuevamente en el IMSS el 8 de febrero del 2005.

Sin embargo, en octubre del 2006 se celebró sorpresivamente un nuevo convenio entre la empresa y el IMSS, en donde se dictaminó que las trabajadoras debían ser consideradas comisionistas mercantiles. Este convenio no tuvo aplicación retroactiva, por lo que desde esa fecha se mantienen afiliadas al régimen obligatorio las 23 mil trabajadoras en los términos del convenio anterior. Sin embargo, las trabajadoras restantes y las que en un futuro se incorporen como representantes de Avon quedarán fuera del régimen obligatorio del IMSS. Cabe destacar que, en la actualidad, ya sólo quedan seis mil trabajadoras de Avon que siguen afiliadas al régimen obligatorio del IMSS.

A diez años del inicio de su lucha, las representantes de Avon agrupadas en la asociación civil “Cosmogar, A. C.”, siguen reclamando que las mujeres que trabajan de manera personal y permanente sean reconocidas como trabajadoras con derecho a un salario, prestaciones y seguridad social. Es por ello que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la responsabilidad y la obligación de atender estas demandas e integrar a la brevedad posible una mesa de diálogo entre los y las trabajadoras representantes de Avon, la empresa Avon Cosmetics, y el IMSS, a fin de atender esta grave problemática que sigue privando a miles de trabajadores de sus derechos laborales fundamentales. ...”

Derivado de la exposición anterior, el diputado promovente plasmó el siguiente resolutivo:

“Punto de Acuerdo

Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a integrar sin demora una mesa de diálogo entre las trabajadoras que integran “Cosmogar, AC”, la empresa “Avon Cosmetics, SA de CV”, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a fin de atender su problemática sobre el reconocimiento como trabajadoras de las mujeres que laboran tiempo completo como representantes de Avon, y les sea reconocido su derecho de afiliación al régimen obligatorio del IMSS.”

Consideraciones

Primera. Que vistos los argumentos del diputado promovente, esta dictaminadora coincide con el ánimo de proponer soluciones a los conflictos de su competencia, siempre en un marco de colaboración y de respeto a la división de poderes que impera en nuestro régimen de gobierno.

Segunda. Que de la investigación respecto a la problemática planteada por el C. Diputado promovente, esta dictaminadora encontró que existen precedentes respecto al mismo conflicto. El primero de ellos data del 14 de diciembre de 2010, en donde la esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, en el marco de la LXI Legislatura, aprobó un dictamen a una Proposición en el mismo sentido que la que ahora se dictamina, pronunciándose en el siguiente sentido:

“ Primero. (Sic.) Esta soberanía exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a constituir una mesa de diálogo entre las denominadas “representantes” al servicio de Avon Cosmetics, SA de CV, y ésta empresa, a efecto de que les sea reconocida su calidad de trabajadores, con respeto a todos y cada uno de sus derechos laborales, así como a ser afiliadas, sin distingos, al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto en beneficio de estas trabajadoras y sus familias, de las finanzas del IMSS y del fisco. 1”

El segundo precedente se ubicó en el Dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, de fecha 6 de julio de 2011, el cual dio respuesta a una Proposición con Punto de Acuerdo relativa al reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras de la empresa Avon Cosmetics S.A. de C.V., mismo que se resolvió en los siguientes términos:

“ Primero.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que remita a la Tercera Comisión, en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de la notificación del presente, la información que haya sido enviada a la Organización Internacional del Trabajo, a solicitud de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones del Convenio 102 sobre la seguridad social (norma mínima), en su reunión 77 (2006), relativa al impacto de las acciones emprendidas por el IMSS para regularizar la situación de las trabajadoras de la empresa AVON que fueron dadas de baja infundadamente del régimen obligatorio del seguro social, especificando:

Las actividades de inspección realizadas por el IMSS para verificar, de conformidad con el artículo 251, numeral XI, de la Ley del Seguro Social, la desaparición del supuesto de hecho, que dio origen al aseguramiento de las trabajadoras que la empresa AVON dadas de baja;

Las medidas adoptadas, por la Dirección de Incorporación y Recaudación del Seguro Social para verificar, de conformidad con el punto cuarto del acuerdo núm. 278/2004, si las trabajadoras de la empresa AVON que han sido dadas de baja se encuentran dentro de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo;

Las medidas adoptadas, de conformidad con el punto tercero del acuerdo, para establecer un programa de divulgación de los términos del acuerdo y de seguimiento de su instrumentación; y

El número de inspecciones llevadas a cabo, las infracciones constatadas y las sanciones que, en su caso, se hubieren impuesto.

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que remita a la Tercera Comisión, en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de la notificación del presente, la información que ha sido enviada a la Organización Internacional del Trabajo a solicitud de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones del Convenio 102 sobre la seguridad social (norma mínima), en su reunión 78 (2007), en la que se solicita indicar el impacto de todas las acciones emprendidas por el IMSS para regularizar la situación de las trabajadoras de la empresa AVON que fueron dadas de baja del régimen obligatorio del seguro social, especificando:

a) La solución acordada entre el IMSS y la Empresa AVON;

b) Los resultados de la visita domiciliaria mencionada; y

c) El contenido del acta final levantada el 3 de julio de 2007 por el Instituto. 2 ”

Tercera. Que las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social consideramos que, de actualizarse el hecho de que las y los trabajadoras de cualquier empresa sean objeto de la inobservancia de sus derechos laborales, debe actuarse a través del cauce institucional que permita, en estricto apego a derecho, dar la solución que satisfaga y cumpla los extremos legales que le apliquen.

Cuarta. Que, por lo expuesto en el considerando inmediato anterior, y en relación al caso concreto planteado por el diputado promovente, esta dictaminadora considera insostenible la existencia de lo que, según se desprende de los argumentos esgrimidos, representa un estado de excepción en cuanto al goce de los derechos laborales y de seguridad social.

Quinta.Que, de igual manera, resultaría insostenible que el Estado mexicano convalidara este tipo de prácticas, mismas que de ser ciertas, ameritan la intervención inmediata de las instancias facultadas para ello.

Sexta.Que el Artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus fracciones I, II y XVI a la letra prescriben:

A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;

Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones legales relativas;

a XV. ...

Establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la Administración Pública Federal, así como intervenir en los asuntos relacionados con el seguro social en los términos de la Ley;

En virtud de lo anterior, de conformidad con el precepto legal invocado, resulta evidente que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, posee facultades para conocer del asunto materia del presente dictamen.

Séptima.Que, en este sentido, este órgano colegiado considera pertinente la intervención de dicha Secretaría, para que en primer lugar investigue si es que se configura la inobservancia de los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras de la empresa Avon Cosmetics, S.A. de C. V. a pesar de las actuaciones previas realizadas desde este H. Congreso de la Unión en la pasada LXI Legislatura; y resultando:

I.Que previo al establecimiento de una mesa de negociación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe indagar sobre el estatus que guarda el conflicto planteado por el diputado promovente, ya que como se ha expuesto con antelación, es un hecho que data de varios años atrás.

II. Que únicamente de esta manera dicha institución podrá implementar las medidas conducentes, sin que se exponga a incurrir en acciones precipitadas que actúen en perjuicio de la sana resolución de la problemática planteada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión somete al Pleno de la H. Cámara de Diputados, el presente Dictamen en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dentro del marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que dentro del contexto de la igualdad de derechos laborales, promueva el dialogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon Cosmetics, SA de CV; y el IMSS a fin salvaguardar el derecho a la seguridad social de que debe gozar todo trabajador.

Así lo acordaron las y los diputados secretarios e integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su segunda reunión ordinaria de trabajo, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de diciembre del año 2015.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), presidenta; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica en contra), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Juan Corral Mier (rúbrica), Julio Saldaña Morán, Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Soralla Bañuelos de la Torre, secretarios; Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, César Flores Sosa (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica en contra), Pedro Alberto Salazar Muciño, Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), David Aguilar Robles (rúbrica).»

EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A DIFUNDIR POR LA STYPS LOS GASTOS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a difundir por la STPS los gastos y resultados del programa de apoyo al empleo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y Dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a difundir por la STPS los gastos y resultados del Programa de Apoyo al Empleo.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XLVIII y 3; 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80; 82 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Proposición en comento.

En esa tesitura, las y los legisladores integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 27 de octubre de 2015, el C. Diputado Julio Saldaña Morán, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Proposición objeto del presente dictamen.

2. En fecha 27 de octubre del presente año, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha Proposición a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Posteriormente, con fecha 28 de octubre de 2015, fue recibido el expediente en esta Comisión.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora estudiaron los argumentos vertidos por el promovente, mismos que se transcriben íntegros a continuación:

“Considerandos

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) se creó con la finalidad de promover la colocación de personas desempleadas o subempleadas mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie. Sobre todo, en atención a la población en desventaja como jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, victimas u ofendidos de delitos y personas preliberadas.

Dicho programa se creó a partir de un acuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y funciona por medio de reglas de operación establecidas por el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

A su vez es integrado por tres subprogramas que son Bécate, cuyo objetivo es apoyar a buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia.

Fomento al autoempleo: Consiste en la entrega de apoyos en especie como mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta a los buscadores de empleo que cuenta con las competencias y experiencia laboral para desarrollar un negocio propio.

Movilidad laboral y repatriados trabajando: Apoyos económicos a los buscadores de empleo para que se trasladen a localidades distintas a las de su domicilio, en virtud de que no logran colocarse en un puesto de trabajo en su lugar de residencia. Y apoyos a connacionales repatriados mediante la entrega de boletos para transportación a su lugar de origen o residencia y con recursos económicos para auxiliarlo en la búsqueda de empleo.

Para el ejercicio fiscal de 2014-2015 se le destino un fondo de 1,533.62 millones de pesos.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce los criterios con los que son repartidos los recursos de dicho programa y no se sabe si realmente está cumpliendo con su cometido y proporciona empleo a personas vulnerables. Además de que no existe una base de datos de los beneficiados o un control que indique el número de personas (en estado vulnerable) que ya cuenta con un empleo gracias al programa.

A pesar de que las reglas de operación que rigen el programa manifiestan que los recursos que entrega la Secretaria de Trabajo y Previsión Social serán auditados por la Secretaria en coordinación con los órganos estatales de control y la Auditoria Superior de la Federación. Lo cierto es que esos datos son desconocidos para los ciudadanos.

Es preocupante la falta de información al respecto. Sin embargo, no es el único programa con opacidad y falta de información, de acuerdo con el Coneval y la Organización Gestión Social (Gesoc) el 85 por ciento de los programas del gobierno federal no resuelven los problemas que atienden debido a la opacidad y a la dispersión con la que se manejan.

Lamentablemente lo que informa el Coneval es la realidad que hemos estado viviendo desde hace unos años, que los programas sociales son utilizados con fines lucrativos del gobierno en turno, lo cual perjudica las finanzas públicas y no resuelve los problemas como desempleo, salud, pobreza, vivienda y educación.

Por lo anterior hacemos un llamado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que remita a esta Cámara de Diputados información relativa al programa y su respectiva evaluación. Con el propósito de saber si el Programa de Apoyo al Empleo está funcionando y dando resultados, a fin de saber si seguirá siendo considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016.

[...]”

Derivado de la exposición anterior, el diputado promovente plasmó el siguiente resolutivo:

“ Punto de Acuerdo

Se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que haga (Sic.) del conocimiento público el funcionamiento, gastos de ejecución, convocatoria y padrón de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo.”

Consideraciones

Luego de la lectura puntual de los argumentos vertidos por el diputado autor de la Proposición en estudio, esta dictaminadora considera oportuno, en primer lugar, contextualizar el Programa de Apoyo al Empleo, el cual ha sido producto de la evolución de las necesidades sociales y las consecuentes acciones implementadas por el Estado mexicano a través de diversas administraciones, tal como se explica a continuación:

En 1978, se modificaron diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, a fin de garantizar a los trabajadores el derecho de recibir capacitación y adiestramiento; y se estableció la creación del Servicio Nacional del Empleo (SNE), a cargo de un órgano desconcentrado dependiente de la STPS denominado Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, cuyas actividades fueron la promoción del empleo, colocación de trabajadores, capacitación y adiestramiento de los mismos.

En 1983 se reformó la Ley Federal del Trabajo en su artículo 538, con el fin de que el SNE formara parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que implementaran políticas activas de empleo para ampliar la cobertura de la población objetivo. Ese mismo año, se creó el Programa de Empleo de Emergencia, con el fin de promover la generación de empleos temporales para jóvenes que se integraban al mercado de trabajo y en 1984 se constituyó el Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (Probecat); éstos surgieron con carácter de emergentes, de tipo temporal y principalmente experimentales.

Debido a las fallas del mercado laboral, como son las diferencias entre los requerimientos de los empleadores en materia de perfiles laborales respecto de lo que los buscadores de empleo poseen en cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas para cubrir las vacantes disponibles e información insuficiente sobre los empleos existentes, se hizo necesario implementar un mecanismo para reducir esta problemática. En 2002, el Gobierno Federal, mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, puso en operación el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), al cual se incorporaron los programas Regionales de Empleo y el PROBECAT.

Para cumplir con el objetivo del PAE de promover la colocación en un empleo o actividad productiva de buscadores de empleo, mediante el otorgamiento de servicios, apoyos económicos o en especie para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) operó, por medio de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE), cuatro subprogramas:

A. Bécate: otorga becas a buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación o permanencia en un empleo o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia.

B. Fomento al Autoempleo: entrega mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, para la creación o fortalecimiento de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP).

C. Movilidad Laboral: otorga apoyos económicos para el traslado a otra entidad o localidad cuando en el lugar de residencia del solicitante no tenga la oportunidad de emplearse.

D. Repatriados Trabajando: otorga apoyos económicos para el traslado desde el punto de repatriación hacia su lugar de residencia en el país con fines de búsqueda de empleo, a los connacionales repatriados que manifiesten no intentar un nuevo cruce hacia Estados Unidos de América (EUA).

Con lo hasta aquí expuesto, esta dictaminadora considera que queda clara cuál es la intensión de dicho programa, sin embargo, para efectos de mayor claridad, resulta necesario concatenar estos antecedentes con la política de empleo vigente durante la presente administración.

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 instituye la Estrategia 4.3.3 “Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo”, y para ello establece las siguientes líneas de acción: (1) Fortalecer los mecanismos de consejería, vinculación y colocación laboral; (2) Consolidar las políticas activas de capacitación para el trabajo y en el trabajo; (3) Impulsar, de manera focalizada, el autoempleo en la formalidad; (4) Fomentar el incremento de la productividad laboral con beneficios compartidos entre empleadores y empleados, y (4) Promover la pertinencia educativa, la generación de competencias y la empleabilidad.

En relación con lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene entre sus objetivos promover el empleo e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, protección social y productividad de las personas, y para ello, cuenta con instrumentos como es justamente el Programa de Apoyo al Empleo, programa sujeto a Reglas de Operación.

Así mismo, conforme a lo que establece el artículo 40, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento. Dicho servicio tiene entre sus objetivos promover y diseñar mecanismos para el seguimiento a la colocación de los trabajadores, así como diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable.

En esta tesitura, en efecto corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, promover la articulación entre los actores del mercado de trabajo para mejorar las oportunidades de empleo; elaborar informes y formular programas para impulsar la ocupación en el país, así como procurar su ejecución; y, orientar a los buscadores de empleo hacia las vacantes ofertadas por los empleadores con base a su formación y aptitudes.

También es importante señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, instrumenta diversos servicios y programas de intermediación laboral como lo es el Programa de Apoyo al Empleo.

Así las cosas, una vez hechas las precisiones anteriores, esta Comisión se dedicó a indagar el supuesto déficit de información, dentro del periodo señalado (2014-2015), respecto a los rubros concretos consignados en el resolutivo de la Proposición en estudio, relativos a: Funcionamiento, gastos de ejecución, convocatoria y padrón de beneficiarios.

Al respecto, las y los integrantes de esta comisión de Trabajo y Previsión Social analizaron la información disponible en el sitio electrónico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (www.stps.gob.mx/bp/secciones/transparencia/rendicion_cuentas/index_rend_ctas.h tml), así como en el portal de Transparencia Presupuestaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Mexico_prospero#MexicoProsper o).

De esta indagatoria, en relación con la preocupación del Diputado Julio Saldaña Morán respecto a la publicidad del “funcionamiento” y la “convocatoria” del Programa de Apoyo al Empleo, es importante aclarar que dichos términos son ambiguos y ello los somete a interpretación. Sin embargo, esta Comisión considera que tales inquietudes quedan solventadas en virtud de que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, fracción XLV y 77, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, son justamente las Reglas de Operación el instrumento encargado de determinar los “ lineamientos, metodologías, procedimientos, manuelas, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de su naturaleza análoga”.

En ese orden de ideas, esta dictaminadora considera que no procede la solicitud del Diputado respecto a la supuesta falta de información de “funcionamiento” y “convocatoria” del Programa de Apoyo al Empleo, sin embargo, aún restan dos puntos fundamentales derivados del resolutivo propuesto por el promovente en la Proposición de mérito, a saber: la información relativa a los “gastos de ejecución” y al “padrón de beneficiarios”.

Respecto a los “gastos de ejecución”, las y los integrantes de esta Comisión, no encontramos alguna disposición oficial que defina lo que debe entenderse por tal concepto, sin embargo, se sabe que éste es propio del derecho fiscal y se infiere que se trata del costo que genera cumplir una resolución o mandato de ley para quien se encarga de ejecutarlos.

En ese contexto esta dictaminadora, luego de revisar detenidamente los referidos sitios de internet, únicamente encontró información relativa a las acciones realizadas respecto al Programa en cuestión, con presupuesto federal y estatal del año 2014 hasta el mes de octubre de 2015, misma que se plasma a continuación:

Así mismo, se indagó en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información referente al Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2015, concretamente el apartado relativo al Ramo Administrativo 14 “Trabajo y Previsión Social”, en donde en el Análisis Funcional Programático y en los Programas Presupuestarios en Clasificación Económica, no se encontró el monto relativo a los Gastos de operación, rubro que se interpreta como sinónimo de los gastos de ejecución a los que hace referencia el diputados promoverte.

Adicionalmente, se indagó en los respectivos Informes de Labores disponibles para consulta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde no es posible ubicar la información relativa los gastos de operación que ha implicado el multicitado programa.

Por otra parte, respecto a la inquietud del Diputado promovente respecto a la publicidad del “padrón de beneficiarios”, esta dictaminadora encontró en la plataforma de internet denominada “Datos Abiertos del Gobierno de la República” información relativa al programa en cuestión en sus modalidades de Bécate, capacitación para el autoempleo; y Movilidad laboral, sector agrícola, ambos referentes al periodo de enero a marzo de 2015, sin embargo, no existe información completa respecto a la totalidad del periodo 2014-2015.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en ánimo de abonar a la transparencia y rendición de cuentas que debe imperar en el gasto público de un gobierno democrático, y en vista de las consideraciones plasmadas en el cuerpo del presente, esta juzgadora arriba a la conclusión, se somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dentro del marco respetuoso de la colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover y vigilar la transparencia, en especial la información relativa a los gastos de operación y el padrón de beneficiarias y beneficiarios del programa de apoyo al empleo (PAE), correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.

Notas:

1 La información fue recabada del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación en su auditoría de desempeño 12-0-14100-07-1191.

2 Información extraída del Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2014.

3 Información disponible en: www.empleo.gob.mx/es_mx/empleo/ Programa_de_Apoyo_al_Empleo_PAE

4 El documento original plasma datos del periodo comprendido del año 2001 al mes de octubre de 2015, sin embargo, para efectos de atender la temporalidad de interés para el diputado promovente, únicamente se extrajeron los datos referentes a los años 2014 y 2015.

5 www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2015/ html/r14_op1.html

6 http://catalogo.datos.gob.mx/dataset/padron-de-beneficiarios-de-los-programas-s ociales-incluidos-en-la-cruzada-nacional-contra-el-ha/resource/203bf3da-066b-4f 02-a90b-31a1ffa802d5?inner_span=True

Así lo acordaron las y los Diputados Secretarios e Integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su segunda Reunión Ordinaria de Trabajo, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre del año 2015.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), presidenta; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Juan Corral Mier (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Soralla Bañuelos de la Torre, secretarios; Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, César Flores Sosa (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), David Aguilar Robles (rúbrica).»

RATIFICACIÓN POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DEL CONVENIO 156 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE LOS TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo relativo a la ratificación por la STPS y la Cámara de Senadores del convenio 156 de la OIT, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnado, para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo relativo a la ratificación por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la H. Cámara de Senadores, del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XLVIII y 3; 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80; 82 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del asunto de mérito.

En esa tesitura, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En fecha 22 de septiembre de 2015, la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición objeto del presente dictamen.

2. En fecha 20 de octubre del presente año, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha proposición a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Con la misma fecha, 20 de octubre de 2015, fue recibido el expediente en esta Comisión.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta dictaminadora analizaron los argumentos vertidos por la promovente, mismos que se transcriben a continuación, en las partes que interesan:

“Nuestro país firmó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). La CEDAWestablece que nuestro país debe adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres”, por lo que nuestro país debe dar el “apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública” (artículo 1, numeral 2, inciso c) ).

La Organización Internacional del Trabajo reconoce “que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades” (Preámbulo del Convenio 156 de la OIT).

Derivado de lo anterior, es que la Organización Internacional del Trabajo cuenta hoy en día con 189 convenios internacionales -de los cuales nuestro país ha ratificado 79-; y dentro los que destacan la ratificación de nuestro país el Convenio 100 Sobre igualdad de remuneración y el Convenio 111 Sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación).

La Ley Federal del Trabajo, reformado (sic.) por esta soberanía en el 2012, establece en su artículo 2o. la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres trabajadores “se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres” (sic).

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, en su 52º período de sesiones, llevado a cabo del 9 a 27 de julio de 2012, en sus observaciones finales tomó nota con reconocimiento de la adopción en 2009 de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres, instrumento no vinculante que certifica a las organizaciones públicas, sociales y privadas que incluyen una perspectiva de género en sus prácticas de empleo.

Sin embargo, el Comité observó con preocupación la persistencia de las prácticas discriminatorias contra la mujer en el ámbito del empleo dentro de su apartado “Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones”.

Por ello,recomendó para que nuestro país para que se “Ratifique el Convenio número 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares”.

Consideraciones

Una vez analizados los argumentos expuestos con anterioridad, esta dictaminadora se dedicó a consultar diversas fuentes de información a efecto de tener mayor claridad y mayores elementos de fondo para estar en condiciones de ponderar la Proposición de la Diputada promovente.

Al respecto, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social consultó los siguientes documentos:

A. CONVENIO C-156, SOBRE LOS TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES. Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares (Entrada en vigor: 11 agosto 1983).

B. LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979.

C. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CEDAW, adoptado el 6 de octubre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

D. NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2009, que establece los requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres.

E. NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2012, para la igualdad laboral entre mujeres y hombres.

Derivado de su consulta, las y los legisladores integrantes de esta dictaminadora, hacemos las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

El Estado mexicano, en efecto ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por su abreviatura en inglés, el 23 de marzo de 1981, año en el que entró en vigor en nuestro país. Al respecto es menester mencionar, a efecto de dotar de claridad el presente dictamen, que esta Convención hace las veces Carta internacional de los derechos humanos de las mujeres, en la que define, entre otras cosas, el concepto de discriminación contra la mujer y se instituye una agenda de acción con la finalidad de acabar con tal discriminación.

A efecto de revisar los progresos realizados en la aplicación de la multicitada Convención, el Artículo 17 de ésta establece la creación de un Comité integrado por 23 expertas elegidas por los Estados parte, quienes ejercen sus funciones por un período de cuatro años.

Lo anterior cobra relevancia ya que de conformidad con lo estipulado en el párrafo 1 del artículo 21 de la CEDAW, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se encuentra en posibilidad de hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos aportados por los Estados Partes.

Así las cosas, esta dictaminadora corroboró que en el marco del Vigésimo Segundo periodo de sesiones de dicho Comité, se emitieron las denominadas “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”, en las cuales para el caso de México, en el apartado “C” “Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones”, numeral 29, inciso e), a la letra señala:

“29. El Comité reitera su recomendación anterior de que el Estado parte armonice plenamente su legislación laboral con el artículo 11 del Convenio y acelere la adopción de la Ley Federal del Trabajo, pendiente desde hace varios años. Insta al Estado parte a que:

a) a d)...

e)Ratifique el Convenio núm. 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, y el Convenio núm. 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

De lo anterior, se desprende que nuestro país posee un adeudo internacional relativo al citado convenio.

Ahora bien, respecto a la referencia que hace la promovente respecto al reconocimiento de la CEDAW a la Norma Oficial Mexicana que establece los requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres (NMX-R-025-SCFI-2009), es menester de esta Comisión hacer la siguiente precisión que, si bien no influye como un tema de fondo en nuestra determinación, si debe manifestarse en el ánimo de dotar de precisión los razonamientos orientadores de este órgano legislativo.

En fecha 23 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012, para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, misma que cancela a la NMX-R-025-SCFI-2009, citada por la legisladora promovente, la cual versa sobre el mismo objeto, pero posee actualizaciones respecto a la ponderación de los valores empleados como referencia para llevar a cabo la certificación de las empresas en materia de igualdad de género.

Ahora bien, una vez hechas las precisiones anteriores, resulta necesario definir el contenido del Convenio 156 de la Organización Mundial del Trabajo.

El multicitado Convenio se refiere a la igualdad de oportunidades y de trato entre las y los trabajadores, al tiempo que reconoce los problemas, así como las necesidades y particularidades que enfrenta la clase trabajadora en cuanto a lo que se denomina “responsabilidades familiares”, lo que a su vez es entendido, según se desprende de la lectura del Artículo 1 de dicho instrumento, como las responsabilidades de los trabajadores hacia los hijos a su cargo, así como con otros miembros de su familia directa que de manera “evidente” requieran de cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella.

En concatenación con lo anterior, el artículo 3 del mismo instrumento señala que “Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el depermitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.”

En este sentido, para esta Comisión de Trabajo y Previsión Social resulta claro que el objeto de este instrumento es suprimir las limitantes que afrontan las mujeres, en primer lugar, para insertarse en el mercado laboral y, en segundo término, para permanecer en éste.

En este punto cabe reflexionar sobre las funciones que en algunos casos lamentablemente se siguen considerando “inherentes” a la mujer tales como el trabajo doméstico y las responsabilidades familiares, mismas que en última instancia, condicionan y circunscriben sus trayectorias ocupacionales.

Por otra parte resulta trascendente hacer mención que el multicitado Convenio, ha sido ratificado hasta el momento por 44 países, de los cuales en efecto, México no forma parte.

Al respecto, esta dictaminadora se ha dado a la tarea de analizar el marco jurídico general que regula la celebración de compromisos internacionales por parte del Estado mexicano, a saber: el Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley sobre la Celebración de Tratados, de lo cual se desprenden las siguiente:

De acuerdo con la definición que otorga el Artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, un Tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.

Por su parte, el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Presidente de la República la facultad de celebrar Tratados; mientras que su artículo 76, fracción I, concede al Senado de la República la facultad de aprobarlos y, el 133, señala que los tratados son considerados Ley Suprema de toda la Unión siempre que sean compatibles con los principios constitucionales de la República.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal regula la forma en que la Administración Pública Federal puede participar en la celebración de tratados, acuerdos y convenciones internacionales a través de las facultades otorgadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual se establece en su artículo 28, que a continuación se transcribe en las artes que interesan:

“Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte;

II. a XI. [...]

XII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.”

Así mismo, de la revisión del mismo ordenamiento, en lo que respecta a las facultades otorgadas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, consignadas en el Artículo 40, se desprende que esta dependencia carece de facultades expresas para celebrar y/o firmar instrumentos internacionales.

Por su parte, la Ley sobre Celebración de Tratados, establece los lineamientos para la aprobación de los tratados internacionales por parte del Senado de la República de conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 76 Constitucional, en el que se prevé que los tratados que se sometan al Senado, se turnarán a comisión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen que corresponda y cuya resolución se comunicará al Presidente de la República. Asimismo, establece el procedimiento para la celebración de los mismos, el cual correrá a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores 8.

Es por ello que las y los legisladores integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social consideramos que, si bien la proposición de la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, atiende un tema de gran interés para la agenda pública del país, requiere ajustarse a los extremos legales que permitan encausar el espíritu de su propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta dictaminadora somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en estudio en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dentro del marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se impulse y suscriba el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

Notas:

1 El subrayado es nuestro.

2 El subrayado es nuestro.

3 El subrayado es nuestro.

4 Esta norma fue objeto de una “Aclaración”, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 5 de junio de 2013.

5 El subrayado es propio.

6 LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MÉXICO, Estudio de antecedentes, marco jurídico y conceptual, iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas y Derecho Comparado, p. 3 SEDIA, Cámara de Diputados, 2012.

7 Sin embargo artículo 15 Constitucional establece que al Presidente no se le autoriza la celebración de tratados en materia de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

8 LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MÉXICO, Estudio de antecedentes, marco jurídico y conceptual, iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas y Derecho Comparado, pp. 14-15, SEDIA, Cámara de Diputados, 2012.

Así lo acordaron las y los diputados secretarios e integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su segunda reunión ordinaria de trabajo, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de diciembre del año 2015.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), presidenta; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Juan Corral Mier (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Soralla Bañuelos de la Torre, secretarios; Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, César Flores Sosa (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), David Aguilar Robles (rúbrica).»

CONDICIONES LABORALES DE LOS JORNALEROS DE DIVERSAS COMUNIDADES EN EL NORTE DEL PAÍS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo relativo a las condiciones laborales de los jornaleros de diversas comunidades en el norte del país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativa a las condiciones laborales de los jornaleros de diversas comunidades en el norte del país.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XLVIII y 3; 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80; 82 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del asunto de mérito.

En esa tesitura, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En fecha 15 de octubre de 2015, la diputada Blandina Ramos Ramírez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentó la proposición de mérito, objeto del presente Dictamen.

2. En fecha 20 de octubre del presente año, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha proposición a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Con la misma fecha 20 de octubre de 2015, fue recibido el expediente en esta Comisión.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los legisladores integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, analizamos los argumentos vertidos por la diputada promovente, mismos que se transcriben íntegros a continuación:

“Consideraciones

Desde las primeras décadas del siglo diecinueve, en el marco del proceso de la revolución de Independencia, insurgentes de la talla de Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón habían plasmado en el Decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado y en los Sentimientos de la Nación –una de las obras más célebres de la historia del pensamiento político mexicano– la proscripción de la esclavitud.

Esos postulados fueron retomados y consagrados en nuestra Carta Magna vigente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, misma que contiene en el capítulo uno “la prohibición de la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos”. Sin embargo, la práctica de la esclavitud moderna se ha vuelto un común denominador entre los jornaleros mexicanos que son víctimas de capataces y patrones que los reclutan de manera forzada, violando las garantías más elementales.

No sólo el marco jurídico nacional señala la prohibición de la esclavitud, sino también, diversos organismos internacionales han construido dispositivos legales al respecto. Asimismo, han denunciado a las empresas que implementan la esclavitud moderna y a los gobiernos omisos que se convierten en cómplices de este deleznable acto. De acuerdo con la medición que realiza el Índice Global de Esclavitud para el continente americano (The Global Slavery Index) de 2014, México se encuentra en el cuarto lugar de los países donde la esclavitud moderna es más frecuente, sólo por debajo de Haití, Surinam y Guyana.

En México, como bien lo ha denunciado el laboralista Arturo Alcalde Justiniani, el sector más olvidado, golpeado y víctima de abusos es sin duda el campesino. Los jornaleros han sido sujetos históricamente a toda clase de vejaciones: reciben un pingüe salario a cambio de jornadas extenuantes, habitan en lugares insalubres; son innumerables los riesgos de trabajo que enfrentan, derivados de los productos químicos que manipulan y la violación a la integridad de sus familias, especialmente a las mujeres es constante. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo incluye un capítulo especial para ese sector, éste es letra muerta.

Asimismo, tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Organización Mundial del Comercio (OMC) también apuntan que el sector rural, es uno de los sectores más afectados por la globalización y las iniciativas recientes en los tratados de libre comercio. Del mismo modo, en el sector rural se concentra gran parte de la población pobre, del trabajo infantil y del trabajo forzoso y es también donde existen mayores inequidades de género. Por otro lado, también recomiendan que se dé especial atención a la situación de las poblaciones indígenas, sentadas en su mayor parte en zonas rurales.

Si bien, el caso de los jornaleros del valle de San Quintín en Baja California, fue un botón de muestra reciente que ilustra este funesto panorama de los trabajadores del campo mexicano. En los últimos meses, diferentes medios de comunicación han difundido las precarias condiciones en las que se encuentran los jornaleros, quienes sufren la dominación y explotación derivada de la esclavitud moderna ejercida por las empresas tanto nacionales como extranjeras, que no encuentran límites para despojar a las comunidades originarias del norte del país.

[...]”

Derivado de la exposición anterior, la diputada promovente plantea los siguientes puntos resolutivos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y a los delegados federales del Trabajo a que en el ámbito de sus competencias hagan cumplir cabalmente –en primera instancia- el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que explícitamente prohíbe la esclavitud, lo que establece el capítulo VIII de la Ley Federal del Trabajo respecto a los “trabajadores del campo”. Así como respetar el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre “Pueblos Indígenas y Tribales” que ha ratificado el Estado mexicano.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instruir a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para que se refuercen las acciones para detectar y denunciar, conforme al programa y protocolos de inspección correspondientes, a los patrones que violen los derechos laborales de los jornaleros para que sean castigados severamente por la vía penal.”

Consideraciones

Una vez analizados los argumentos expuestos con anterioridad, esta Comisión se dedicó a analizar la viabilidad y procedencia de la petición que propone la Diputada Blandina Ramos Ramírez.

Esta Comisión de Trabajo y Previsión Social concuerda con la intención de proposición en estudio respecto a salvaguardar los derechos humanos de los individuos, así como sus condiciones laborales conforme al marco jurídico que tutela este derecho.

La petición realizada por la legisladora encuentra sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su Título Primero, Capítulo I, establece cuáles son los derechos humanos y sus respectivas garantías para todas las personas que se encuentren en territorio mexicano, siendo una de éstas la prohibición de la esclavitud.

Así mismo, de la revisión de la Ley Federal del Trabajo se encontró, concretamente en el Título Sexto “Trabajos Especiales”, Capítulo VIII “Trabajadores del campo”, que comprende los artículos 279 al 284, que se encuentran reguladas las condiciones de trabajo para los trabajadores del campo o jornaleros, las cuales desde luego se ajustan a lo dispuesto por la Constitución Federal en materia de derechos humanos y sus garantías, así como al derecho al trabajo digno.

Respecto al Convenio 169, “Sobre los pueblos indígenas y tribales”, esta comisión corroboró que fue ratificado por nuestro país en el año de 1989 y que sus disposiciones son compatibles con las disposiciones de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

El Convenio establece, entre otras cosas, que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales (artículo 3) y asegurar que existen instituciones y mecanismos apropiados para ello (artículo 33). Así mismo, como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tribales, el artículo 4 del Convenio establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos.

En este sentido, esta dictaminadora arriba a la conclusión de que los salarios mínimos que deberán ser disfrutados por los trabajadores, deberán instituirse en suficientes de manera que puedan satisfacer el mínimo de vida de la familia en el orden material, social y cultural y para proveer de educación obligatoria a los hijos, y el monto de este se fijara considerando las condiciones de las distintas actividades económicas.

Es por lo anterior que las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos que toda vez que la proposición de la diputada Blandina, pretende asegurar el goce del derecho al trabajo digno y en virtud de que los puntos resolutivos de su proposición no encuentran impedimento legal, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran que es viable someter a consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en estudio en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dentro del marco de la respetuosa colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que promueva y vigile los derechos humanos consagrados en artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de evitar la transgresión de los mismos en perjuicio de la libertad laboral y de las correctas condiciones de trabajo de diversas comunidades campesinas del norte del país.

Segundo. En el mismo marco, se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instruir a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para que se refuercen las acciones para detectar y denunciar, conforme al programa y protocolos de inspección correspondientes, a los patrones que violen los derechos laborales de los jornaleros agrícolas.

Así lo acordaron las y los diputados secretarios e integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su segunda reunión ordinaria de trabajo, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de diciembre del año 2015.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), presidenta; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Juan Corral Mier (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Soralla Bañuelos de la Torre, secretarios; Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, César Flores Sosa (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), David Aguilar Robles (rúbrica).»

CONDICIONES LABORALES DE LOS JORNALEROS EN EL ESTADO DE COAHUILA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se solicita a la STPS y la Sedesol que investiguen sobre las condiciones laborales de los jornaleros en Coahuila

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretarías de Trabajo y Previsión Social, y de Desarrollo Social investiguen sobre las condiciones laborales de los jornaleros en el estado de Coahuila.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XLVIII y 3; 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80; 82 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del asunto de mérito.

En esa tesitura, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En fecha 22 de septiembre de 2015, el diputado Alejandro González Murillo, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó la proposición de mérito, objeto del presente dictamen.

2. En fecha 20 de octubre del presente año, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha proposición a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. En la misma fecha, 20 de octubre del año 2015, fue recibido el expediente en esta Comisión.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta dictaminadora analizaron los argumentos vertidos por el promovente, mismos que se transcriben íntegros a continuación:

“Consideraciones

Se dio a conocer un nuevo caso de jornaleros agrícolas explotados en el estado de Coahuila; luego que 61 campesinos de los estados de Hidalgo y San Luis Potosí, específicamente de las comunidades de Axtla de Terrazas, Xilitla y Tamazunchale en San Luis Potosí, y de Huejutla, Huautla, Atlapexco, Yahualica y Calnali de Hidalgo, denunciaran las condiciones de explotación en las que se encontraban.

Dichos jornaleros relatan que fueron llevados al norte del país, concretamente a Parras Hidalgo, en Coahuila, contratados para el corte de chile poblano; sin embargo, al llegar al rancho las condiciones de trabajo no fueron las especificadas previamente.

En su relato dieron cuenta de las condiciones infrahumanas de trabajo, cercanas a la esclavitud, debido al hacinamiento, jornadas prolongadas y extenuantes sin pago; además de que les tenían limitada la comida, que consistía únicamente en sopas y agua que tomaban de manera directa de una tubería de PVC.

Estos trabajadores del campo lamentaron que aunque esta es la segunda ocasión que un grupo de jornaleros de Hidalgo regresa a la entidad a denunciar la explotación que viven en los campos de Coahuila, y aun cuando se han hecho públicas las condiciones de explotación de las que son objeto los jornaleros, las autoridades son omisas y permiten que continúe la explotación laboral.

Cabe recordar que el pasado 20 de agosto del año en curso se dio a conocer por los medios de comunicación que 63 niños fueron encontrados en Coahuila viviendo en condiciones precarias mientras trabajaban como jornaleros dentro de dos ranchos propiedad de la empresa Prokarne.

El hallazgo se realizó en nueve lugares distintos y se sabe que los menores eran originarios de cuatro estados: San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas; dormían en el suelo y prácticamente los mataban de hambre; y ahora se encuentran en albergues bajo el resguardo del DIF-Coahuila y de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

Los infantes, junto a otras 100 personas, huyeron de un campo agrícola en el ejido El Higo, en Ramos Arizpe, donde eran explotados, según informó el secretario de Gobierno coahuilense.

Que la titular de la Pronnif, detalló que recibían dos raciones de comida al día, tenían una jornada laboral superior a 15 horas diarias, y recibían bajos sueldos; incluso, algunos llevan dos meses trabando sin ningún pago, pues en octubre concluía su contrato.

Así las cosas, resulta urgente que la autoridad revise las condiciones laborales en las que se encuentran los jornaleros agrícolas, en especial en el estado de Coahuila.

[...]”

Derivado de la exposición anterior, el diputado promovente plasmó el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Desarrollo Social, para que, a la brevedad, investigue la presunta explotación laboral de jornaleros agrícolas en el estado de Coahuila y, en su caso, imponga las sanciones que correspondan y dé vista a la autoridad competente de comprobarse la comisión de delitos.

Consideraciones

Una vez analizados los argumentos expuestos con anterioridad, esta dictaminadora se dedicó a investigar los presuntos hechos vertidos por el Diputado promovente, en virtud de que la Proposición de mérito no citaba sus fuentes de información, lo cual resulta fundamental a efecto de tener mayor claridad y poseer mayores elementos para estar en condiciones de ponderar la Proposición de la Diputada promovente.

Así las cosas, de la investigación que se realizó se encontraron en una búsqueda en medios de comunicación electrónicos que en efecto existen algunos reportajes relativos al “rescate” de jornaleros en el estado de Coahuila, sin embargo, no se pudo encontrar alguna referencia concreta al caso que plantea el diputado promovente.

Los principales medios consultados se relacionan en la lista siguiente:

Fecha:19/08/2015

Medio consultado:INFORMADOR.COM

Dirección electrónica:

http://www.informador.com.mx/mexico/2015/ 609826/6/rescatan-a-40-menores-jornaleros-en-coahuila.htm

Fecha:20/08/2015

Medio consultado:EXCELSIOR

Dirección electrónica:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/20/1041251

Fecha:20/08/2015

Medio consultado:SDP NOTICIAS

Dirección electrónica:

http://www.sdpnoticias.com/estados/2015/ 08/20/hallan-a-63-menores-jornaleros-explotados-en-coahuila

Fecha:21/08/2015

Medio consultado:MILENIO

Dirección electrónica:

http://www.milenio.com/region/ Explotacion_laboral_en_Coahuila-jornaleros_explotados_en_Coahuila-SETRA_0_57714 2321.html

Fecha:21/08/2015

Medio consultado:ELUNIVERSAL

Dirección electrónica:

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/08/ 21/rescatan-otros-229-jornaleros-en-coahuila

Fecha:22/08/2015

Medio consultado:NOTICIEROS TELEVISA

Dirección electrónica:

http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/ 1508/suman-307-jornaleros-rescatados-ramos-arizpe-coahuila/

Fecha:22/08/2015

Medio consultado:LA JORNADA

Dirección electrónica:

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/ 22/detienen-a-propietario-de-campos-en-coahuila-donde-eran-explotados-jornalero s-5862.html

Fecha:22/08/2015

Medio consultado:NOTICIEROS TELEVISA

Dirección electrónica:

http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/ 1508/pgj-coahuila-confirma-detencion-oscar-lozano-chavez-expltacion-j/

Fecha:27/08/2015

Medio consultado:EXCELSIOR

Dirección electrónica:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/27/1042532

Fecha:28/08//2015

Medio consultado:EXCELSIOR

Dirección electrónica:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/21/1041284

Fecha:04/09/2015

Medio consultado:INFORMADOR.MX

Dirección electrónica:

http://www.informador.com.mx/mexico/2015/612694/ 6/liberan-a-tres-acusados-de-explotacion-laboral-en-coahuila.htm

Fecha:11/09/2015

Medio consultado:ZOCALO

Dirección electrónica:

http://www.zocalo.com.mx/seccion/ articulo/rescatan-a-jornaleros-que-laboraban-en-condiciones-inhumanas-144197032 2

Fecha:11/09/2015

Medio consultado:AZTECA NOTICIAS

Dirección electrónica:

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/ 230803/rescatan-a-52-jornaleros-en-coahuila

Fecha:14/09/2015

Medio consultado:PULSO

Dirección electrónica:

http://pulsoslp.com.mx/2015/09/ 14/denuncian-nuevo-caso-de-explotacion-a-jornaleros-de-slp-en-coahuila/

En dichas consultas, se pudo corroboran que en efecto existen casos en donde trabajadores jornaleros son objeto de condiciones laborales que no cumplen con los requisitos impuestos por el marco jurídico que tutela el derecho al trabajo digno. Sin embargo, también se encontraron notas periodísticas en donde se da a conocer que el empresario de origen sinaloense Oscar Lozano Chávez, uno de los dueños de los centros de trabajo objeto de esta explotación, fue detenido por agentes de la Subprocuraduría para delitos especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila.

Al respecto, es menester de esta comisión dictaminadora plasmar que coincide plenamente con el ánimo del diputado promovente respecto a emprender acciones para erradicar este tipo de prácticas.

Lo anterior encuentra sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en su Título Primero, Capítulo I, establece cuales son los derechos humanos y sus respectivas garantías para todas las personas que se encuentren en territorio mexicano.

En su artículo 5, párrafo tercero se establece que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

Así mismo, la Ley Federal del Trabajo, en su Título Sexto “Trabajos Especiales”, Capítulo VIII “Trabajadores del campo” (artículos 279 al 284), se refiere a las condiciones de trabajo para los trabajadores del campo o jornaleros, las cuales desde luego se ajustan a lo dispuesto por la Constitución Federal en materia de derechos humanos y sus garantías, así como al derecho al trabajo digno.

Por otra parte, la propuesta de resolutivo plasmado por el promovente también debe ser analizada en virtud de tener certeza si las instancias a las que se pretende exhortar en efecto cuentan con facultades que permitan atender en tema de fondo de la Proposición en estudio. En este sentido se consultó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), de los cual se desprende lo siguiente:

A. El promovente pretende exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de lleven trabajos de investigación sobre la presunta explotación laboral de trabajadores jornaleros en una de las entidades federativas del país.

B. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según se desprende de las facultades prescritas por el artículo 40 de la LOAPF, entre otras tareas, tiene la de vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos.

C. Por su parte la Secretaría de Desarrollo Social, según se desprende de la lectura del artículo 32 de la LOAPF, carece de facultades para intervenir en la forma que propone el autor de la proposición de mérito.

Es por lo anterior que las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos que, si bien la proposición del diputado Alejandro González Murillo, busca atender una problemática que resulta en detrimento de los derechos laborales de un sector de la clase trabajadora mexicana, requiere ajustarse a los extremos legales que permitan encausar el espíritu de su propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en estudio en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dentro del marco de la respetuosa colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, dentro de su esfera de competencia, desarrolle las acciones necesarias a efecto de prevenir y, en su caso, atender a través de los mecanismos que correspondan, las condiciones laborales y las denuncias hechas por jornaleros agrícolas en el estado de Coahuila.

Así lo acordaron las y los Diputados Secretarios e Integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su segunda reunión ordinaria de trabajo, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de diciembre del año 2015.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), presidenta; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Juan Corral Mier (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Soralla Bañuelos de la Torre, secretarios; Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, César Flores Sosa (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), David Aguilar Robles (rúbrica).»

ESTABLECER UN SALARIO MÍNIMO DIARIO DE 95 PESOS EN TODO EL PAÍS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y la Conasami a establecer un salario mínimo diario de 95 pesos en todo el país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) a establecer un salario mínimo diario de 95 pesos en todo el país.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XLVIII y 3; 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80; 82 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del asunto de mérito.

En esa tesitura, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En fecha 15 de octubre de 2015, el diputado Arturo Santana Alfaro, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición de mérito, objeto del presente dictamen.

2. En fecha 20 de octubre del presente año, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha proposición a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Con la misma fecha, 20 de octubre de 2015, fue recibido el expediente en esta Comisión.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta dictaminadora analizaron los argumentos vertidos por el promovente, mismos que se transcriben íntegros a continuación:

“Consideraciones

El salario mínimo de acuerdo con lo estipulado por el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Este deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Así como para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario mínimo es la suma mínima que deberá pagarse al trabajador, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia; teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países.

Por otra parte, en el artículo 123 Apartado A fracción VI de la Carta Magna se establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Con base en el informe emitido en 2014, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el sueldo mínimo en México fue de 146.15 dólares al mes, ubicándose en los últimos lugares de la región según dicho informe. Igualmente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), situó al país como el único con el salario mínimo inferior al umbral de la pobreza, y un 14 por ciento de los trabajadores reciben un ingreso aún inferior a éste.

El pasado 28 de septiembre de 2015, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, en compañía del presidente de la Conasami el licenciado Basilio González Núñez y los representantes oficialistas de la clase trabajadora, así como los representantes del sector patronal, aprobaron el acuerdo del aumento del salario mínimo diario, anunciando con bombo y platillo el incremento a los salarios mínimos en $1.83 pesos diarios de la zona geográfica B, para quedar en $70.10 para todas las zonas de nuestro país.

Asimismo, el secretario del Trabajo, dijo que esta resolución beneficiaría cerca de 751 mil 915 trabajadores que perciben un salario mínimo y laboran en los 2 mil 341 municipios clasificados en el área geográfica B.

Dicha propuesta es francamente ofensiva para la clase trabajadora en nuestro País y sobre todo totalmente alejada de la realidad económica que se está viviendo en México. Ya que dicho salario que opera en la actualidad no alcanza para comprar los productos de la canasta básica, ni para cubrir las necesidades primordiales de una familia.

Algunos agentes económicos como empresarios o el Banco de México, advierten que no se puede dar un incremento, sin que primero haya mayores niveles de productividad en la clase trabajadora.

Por su parte, el secretario del Trabajo mencionó que la homologación del salario mínimo es insuficiente y que un mayor incremento afectaría las micro, pequeñas medianas empresas. Además, se tendría que recortar personal y realizar otros ajustes para soportar los costos. Recalcó que se podría elevar el salario hasta 80 o 90 pesos, pero en el caso de que esto sucediera, sería una absoluta irresponsabilidad, ya que no habría quien pagara el incremento.

Lo anterior, se contrapone con lo señalado por el vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Jonathan Heath, quien asegura que “existe un amplio margen para aumentar el mínimo sin perjuicio a la inflación o al desempleo”.

De igual forma, el investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México (Colmex), Gerardo Esquivel Hernández admitió que hay un riesgo inflacionario de elevar el mínimo, porque los empresarios trasladarían los costos adicionales de su nómina a sus productos, sin embargo, el impacto sería “moderado”. Ya que, si el salario aumentará de manera inicial de 10 a 20 por ciento, el impacto inflacionario sería de 0.5 a 1 punto porcentual sobre la inflación, estimó.

Asimismo, manifiesta que existen 5 argumentos del por qué si se puede subir el salario mínimo, los cuales son los siguientes: 1) No está ligado a la productividad. 2) No se necesita un decreto, sólo se necesita un acuerdo entre empresa, Gobierno y trabajadores. 3) Aumento acotado. 4) Desvincular el salario de multas y créditos. 5) Fortalecer a la economía formal.

Por otro lado, el director del Programa de Maestría en Políticas Públicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), José Gabriel Martínez, consideró que si hubiera un aumento al salario mínimo este no tendría un efecto inflacionario, ya que el grueso de trabajadores que ganan el mínimo no es la mayoría y no habría un impacto “grande” en los precios.

Es claro que sí se puede hacer un aumento considerable en el salario mínimo diario en nuestro país, ya que no existe como lo señalan los diversos expertos una lógica con lo que dice el gobierno federal, que se debe de aumentar la productividad y que en base a eso el salario pueda aumentarse.

De la misma forma, se plantea que el salario mínimo debe ser igual al costo de la canasta alimentaria y cubrir las necesidades básicas de una familia.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó, que la fijación del salario debe de ser un elemento de toda política establecida para eliminar la pobreza y asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores y sus familias. Además, que es necesario que el mismo se vaya ajustando con el tiempo, tomando en consideración los cambios en el costo de la vida.

Es preciso que en cualquier economía sean inevitables las modificaciones a los salarios mínimos diarios, que garanticen una calidad de vida para todas las familias mexicanas. Con esto se estaría consagrando verdaderamente el derecho universal al salario mínimo.

En el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se encuentra plasmado otro principio fundamental que sustenta en qué consiste un salario digno; el cual menciona que: a. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. b. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

La anterior, postura, sostiene que el salario es un derecho humano económico y por lo cual tiene que ser satisfactorio, ya que sirve al trabajador para sobrevivir.

Por lo tanto, es necesario que el gobierno federal trabaje de la mano con los empresarios, la clase trabajadora y el presidente de la Conasami, para llevar a cabo el procedimiento señalado en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente. Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen: I. Por iniciativa del Secretario del Trabajo y Previsión Social quien formulará al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos solicitud por escrito que contenga exposición de los hechos que la motiven; o II. A solicitud de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o de los patrones previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por los sindicatos, federaciones y confederaciones que representen el cincuenta y uno por ciento de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, o por los patrones que tengan a su servicio por lo menos dicho Porcentaje de trabajadores. b) La solicitud contendrá una exposición de los fundamentos que la justifiquen y podrá acompañarse de los estudios y documentos que correspondan. c) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que reciba la solicitud correspondiente y previa certificación de la mayoría a que se refiere el inciso a) de este artículo, la hará llegar al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con los estudios y documentos que la acompañen.

Como diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estoy preocupado por la clase trabajadora de nuestro país, la cual hasta el día de hoy se encuentra en un total estado de indefensión, y que hoy, necesita que todos apoyemos para que puedan tener verdaderamente un salario digno para ellos y sus familias. Y de esta forma ganen lo suficiente para que puedan cubrir las necesidades más elementales para sobrevivir.

No obstante, lo manifestado por el Coneval, en donde se propone un salario mínimo de $82.60 y el cual serían suficiente para cubrir las necesidades primarias de una familia.

Es por ello, que propongo que el salario mínimo diario sea del orden de los $95.00 el cual alcanzaría desde mi perspectiva para los gastos generales diarios para una familia modesta.

En este sentido se estaría hablando de un salario mínimo mensual de 2 mil 850 pesos en comparación del propuesto por el gobierno a través de la Conasami, que sería del orden de 2 mil 133 pesos mensuales.

Estableciendo una diferencia de 717 pesos entre la propuesta por un servidor y lo que propone el gobierno federal a través de la Conasami.

Con el aumento del salario mínimo de referencia se podría combatir de manera eficaz la pobreza que aqueja hoy a en nuestro país.

Con esto lograríamos ponernos a la par con países como Paraguay en donde a la clase trabajadora le alcanza el salario perfectamente para vivir con las necesidades básicas y con esto el esfuerzo de cada uno de los trabajadores es verdaderamente recompensado.

Es momento de escuchar a la clase trabajadora y sin dejar de lado la opinión de la clase patronal para tratar de estabilizar paulatinamente el salario mínimo hasta que este sea tangible para la clase trabajadora.

[...]”

Derivado de la exposición anterior, el diputado promovente plasmó el siguiente resolutivo:

“Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para establecer un salario mínimo diario en todo el país de 95 pesos, como piso y que en lo subsecuente se esté actualizando hasta cumplir con los extremos constitucionales establecidos en el artículo 123 Apartado A.”

Consideraciones

Una vez analizados los argumentos expuestos con anterioridad, las y los diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora encontraron que la fracción VI del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe que los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional, a la vez que señala los atributos que deberá reunir el salario mínimo.

Por su parte, el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo vigente, reglamentaria de este precepto Constitucional, recoge estos señalamientos y en su artículo 570, fracción II, faculta a los Sindicatos, Federaciones y Confederaciones de Trabajadores para solicitar la revisión de los salarios mínimos durante su vigencia.

Por su parte, el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece el objeto de las proposiciones con punto de acuerdo y atribuye a este instrumento la función de fijar la posición de esta soberanía respecto a algún asunto específico de interés nacional, tal como es el caso de la proposición que nos ocupa.

En este sentido, es importante plasmar en el presente dictamen que las y los integrantes de este órgano legislativo, estamos ciertos que el aumento del salario mínimo es un tema primordial para la economía familiar y del país en general.

Aunado a lo anterior, esta dictaminadora es consciente que el aumento de los salarios mínimos, debe hacerse con la altura de miras necesaria, lo cual imperiosamente nos exige actuar con absoluta responsabilidad, ya que las variables de la economía nacional, así como las macroeconómicas deben examinarse con mucho detenimiento a efecto de no proponer soluciones que terminen repercutiendo negativamente en nuestra economía, más aún en un contexto económico internacional adverso como el que desafortunadamente impera desde hace unos años.

En esta tesitura, esta dictaminadora coincide en que el aumento propuesto por el diputado Santana Alfaro, requiere de un análisis profundo e incluyente, que de luz a esta Soberanía sobre los posibles escenarios a los que podría exponerse la economía nacional en caso de un aumento drástico y espontaneo de los salarios mínimos.

En este orden de ideas, resulta fundamental contar con opiniones más precisas, de orden técnico-económico, pero también de la voz de los trabajadores, del sector patronal, empresarial y de las instancias de gobierno facultadas para implementar el tipo de acciones objeto de la proposición en estudio.

Adicionalmente, en abono de los razonamientos vertidos hasta ahora por parte de esta dictaminadora, debe señalarse que actualmente el Salario Mínimo se encuentra inmerso en un proceso de recuperación. Muestra de ello lo dan, en primer lugar, la “Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que revisa los salarios mínimos generales y profesionales vigentes desde el 1 de abril de 2015 y establece los que habrán de regir a partir del 1 de octubre de 2015”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2015, en cuyo resolutivo Primero a la letra dice:

“PRIMERO. Para fines de aplicación del salario mínimo en la República Mexicanahabrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.”

Dicha resolución se destaca como un hecho histórico e inédito, ya que gracias a ella por primera ocasión existirá un solo salario mínimo general para todo el país, lo cual ocurre tras 98 años en que el salario mínimo fue instituido en Constitución de 1917. De esta forma se inicia el resarcimiento de una de las demandas más sentidas del sector de los trabajadores.

En segundo lugar, ha sido justamente el H. Congreso de la Unión, que durante la presente legislatura, el 19 de noviembre de 2015, aprobó las modificaciones constitucionales necesarias para llevar a cabo el proceso de desindexación del salario mínimo, con lo cual se pudo llevar a cabo la desvinculación del salario como unidad de referencia de otros fines diferentes a su objeto original tales como ser monto de referencia para trámites, multas, impuestos, prestaciones, etcétera.

Cabe aclarar que, a la fecha de elaboración del presente dictamen, aún resta culminar el trámite legislativo en los congresos estatales a efecto de que dicha reforma constitucional sea sancionada por el Poder Ejecutivo y así consolidar el establecimiento de una política de recuperación gradual del poder adquisitivo de los salarios mínimos.

En tal virtud, resulta claro que el salario mínimo aún se encuentra en proceso de culminar la segunda etapa de este proceso de recuperación, por ello, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social consideramos que, si bien la proposición del Diputado Arturo Santana Alfaro, busca atender una problemática de interés para un amplio sector de la sociedad mexicana, se requiere aguardar a la conclusión del proceso mencionado párrafos atrás, así como de un análisis más profundo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, toda vez que en efecto el fondo de la proposición en estudio resulta importante y en vista de que una de nuestras responsabilidades como representantes populares radica en velar por los intereses de las y los mexicanos, esta Comisión somete a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo en estudio en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a que actúe en la revisión y actualización del monto de los salarios mínimos para el ejercicio fiscal 2016, dentro del contexto del proceso legislativo para la reforma política en materia de desindexación del salario mínimo, sin dejar de observar lo vertido por el artículo 123, fracción VI del apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nota:

1 El subrayado es nuestro.

Así lo acordaron las y los diputados secretarios e integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su segunda reunión ordinaria, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 09 días del mes de diciembre del año 2015.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), presidenta; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Juan Corral Mier (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Soralla Bañuelos de la Torre, secretarios; Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, César Flores Sosa (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), David Aguilar Robles (rúbrica).»

EFECTÚEN VISITAS DE INSPECCIÓN EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A TODAS LAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS LABORALES, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS a realizar con el gobierno de Chihuahua visitas de inspección a las empresas y los establecimientos laborales de Ciudad Juárez para vigilar y hacer cumplir cabalmente las normas de trabajo, en particular las relativas a la correcta inscripción del personal ante el IMSS como organismo público descentralizado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que, en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua, efectúen visitas de inspección en Ciudad Juárez, Chihuahua, a todas las empresas y establecimientos laborales, a efecto de vigilar y hacer cumplir cabalmente las normas de trabajo, especialmente las relativas a la correcta inscripción de los trabajadores, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como organismo público descentralizado.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XLVIII y 3; 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80; 82 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del asunto de mérito.

En esa tesitura, las y los diputados secretarios y diputados integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En fecha 3 de diciembre de 2015, la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición de mérito, objeto del presente dictamen.

2. En fecha 4 de diciembre del presente año, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-2-209, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha proposición a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Con la misma fecha 4 de diciembre de 2015, fue recibido el expediente de mérito en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora analizaron los argumentos vertidos por la diputada promovente, de los cuales se plasman los más importantes.

La proposición de mérito expone que el pasado día 2 de noviembre, un autobús de transporte de personal se precipitó hacia un barranco, en una zona conocida como “Camino Real”, en las inmediaciones territoriales del municipio de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, prosigue mencionando que ese lamentable suceso resultó en el deceso de dos personas y otras dieciocho heridas.

Abunda aclarando que las víctimas mortales del desafortunado evento, eran trabajadores de una empresa maquiladora, los cuales se dirigían a su domicilio tras haber concluido su jornada laboral en horas de la madrugada.

Al respecto, la diputada promovente manifiesta que un hecho tan lamentable hace necesario exhortar a la Institución de Seguridad Social y a los patrones para que procedan al pago de las indemnizaciones correspondientes a favor de los trabajadores que se hallaban en el autobús siniestrado, como consecuencia de salir de su centro de trabajo, esto en virtud del perfeccionamiento de la figura legal de un accidente de trabajo.

Así mismo, señala que tanto la atención médica como el pago de las indemnizaciones por el accidente de trabajo están siendo objeto de incumplimientos, ya que, de conformidad con diversos testimonios, varios de los trabajadores que se vieron envueltos en el accidente, no se encuentran inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o lo están de forma irregular, pues los patrones declararon ante la autoridad un salario menor al que éstos perciben.

De lo anterior, la autora de la proposición en estudio, manifiesta que de resultar ciertas las irregularidades mencionadas en el párrafo inmediato anterior, se estaría configurando una grave violación de los derechos laborales contenidos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social, por lo que se vuelve imperiosa la intervención de las autoridades estatales y federales a fin de resolver este problema a la brevedad.

Continúa alegando que dicha práctica dista de ser un hecho aislado en Ciudad Juárez, pues lamentablemente muchos patrones suelen incurrir en ella con frecuencia, a fin de disminuir sus costos de operación, lo que consecuentemente deriva en que los trabajadores no accedan a las prestaciones que en dinero y en especie les corresponden, tales como servicios de velatorios, centros vacacionales, guarderías y préstamos, entre otras.

Prosigue argumentando que las empresas que reportan salarios menores a los que en realidad pagan a sus trabajadores. no sólo evaden el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sino que también vulneran la economía de sus empleados, pues los limita para la obtención de créditos para vivienda y el monto de las pensiones que en su caso apliquen, sean por un monto menor al que les corresponde.

Por último, razona que la comisión de esta práctica no solo afecta a los trabajadores, pues en caso de que se presente un accidente de trabajo como el que ahora nos ocupa, el pago de las indemnizaciones debe ser cubierto directamente por el empleador, al no tener el trabajador su cobertura del IMSS, lo que puede significar en casos extremos la desaparición de la empresa por el costo que esto les pueda significar, ello con independencia que, al enterar correctamente las cantidades correspondientes ante el fisco, evita la instauración de procedimientos fiscales que pueden derivar en sanciones administrativas y penales.

Consideraciones

Vistos los argumentos de la diputada proponente, esta dictaminadora coincide plenamente en el ánimo de tomar medidas tendientes a la resolución satisfactoria de los conflictos de orden laboral, siempre en un marco de colaboración y de respeto a la división de poderes que impera en nuestro régimen de gobierno.

En este sentido, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social consideramos que, de actualizarse el hecho de que las y los trabajadores de cualquier empresa sean objeto de la inobservancia de sus derechos laborales, debe actuarse a través del cauce institucional que permita, en estricto apego a derecho, dar la solución que satisfaga y cumpla los extremos legales que le apliquen.

Por lo anterior, para esta juzgadora resulta esencial que este tipo de sucesos sean atendidos por esta soberanía, con la firme convicción de velar en todo momento por los intereses de la clase trabajadora del país y hace manifiesta nuestra voluntad de procurar sus condiciones de trabajo.

Por ello y en relación al caso concreto planteado por la Diputada proponente, esta Comisión considera insostenible la existencia de lo que, según se desprende de los argumentos esgrimidos, representa una grave inobservancia en cuanto al goce de los derechos laborales y de seguridad social.

Ahora bien, de la revisión del marco jurídico relacionado con las competencias de las instancias a las que la Diputada Ana Georgina Zapata Lucero propone exhortar, se desprende que el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus fracciones I y XVI a la letra prescriben:

Artículo 40. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;

II. a XV. [...]

XVI. Establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la Administración Pública Federal, así como intervenir en los asuntos relacionados con el seguro social en los términos de la Ley;

Por su parte, la Ley del Seguro Social en su artículo 251, fracción XVIII, establece:

Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:

I a XVII. [...]

XVIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias con el personal que al efecto se designe y requerir la exhibición de libros y documentos, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley y demás disposiciones aplicables;

XIX a XXXVII. [...]

Por último, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en el artículo 333, fracciones I y II, prescribe:

“ARTÍCULO 33. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Coordinar y conducir la política laboral en el Estado, mediante la promoción y desarrollo de programas y acciones de fortalecimiento a la cultura laboral que impulsen la productividad y la competitividad, así como el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el fomento y la promoción del empleo;

II. Vigilar, mediante visitas, inspecciones y demás acciones inherentes y conexas, que los centros de trabajo cumplan con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y demás disposiciones legales en materia laboral; hacer las recomendaciones que así lo ameriten, así como calificar e imponer sanciones administrativas en los términos de las disposiciones legales aplicables;

III. a XXIII. [...]”

En virtud de lo anterior, de conformidad con los preceptos legales invocados, resulta evidente que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua, poseen facultades para conocer del asunto materia del presente dictamen.

Por tanto, este órgano colegiado considera pertinente la intervención de dichas instancias para que se investigue si es que se configura la inobservancia de los derechos laborales y de seguridad social, no sólo de las lamentables victimas del suceso que da pie a la proposición en estudio, sino de todos los trabajadores en general y permita tomar, en su caso, las medidas que conforme a Derecho procedan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social somete al Pleno de la H. Cámara de Diputados, el presente dictamen a la proposición con punto de acuerdo en estudio en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el marco respetuoso de la colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que, en coordinación con su homóloga en el estado libre y soberano de Chihuahua, efectúen visitas de inspección en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a todas las empresas y establecimientos laborales, a efecto de tutelar los derechos laborales de los trabajadores y, vigilar especialmente los relativos a la correcta inscripción de los mismos, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo público descentralizado.

Segundo. En el mismo marco, se exhorta a que, una vez llevadas a cabo las correspondientes diligencias de visita e inspección, se rindan a esta Soberanía los informes que correspondan.

Así lo acordaron las y los diputados secretarios e integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su segunda reunión ordinaria, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de diciembre del año 2015.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), presidenta; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Juan Corral Mier (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Soralla Bañuelos de la Torre, secretarios; Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, César Flores Sosa (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), David Aguilar Robles (rúbrica).»

SUSCRIBIR EL CONVENIO 183 DE LA OIT Y REMITIRLO AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA RATIFICACIÓN

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir el convenio 183 de la OIT y remitirlo al Senado de la República para ratificación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnado, para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir el Convenio 183 de la Organización Mundial del Trabajo y remitirlo al Senado de la República para ratificación.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XLVIII y 3; 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80; 82 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del asunto de mérito.

En esa tesitura, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En fecha 26 de noviembre de 2015, la diputada Claudia Sofía Corichi García, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó la proposición objeto del presente dictamen.

2. Con fecha 26 de noviembre del presente año, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha proposición a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. A la postre, con fecha 27 de noviembre de 2015, fue recibido en esta Comisión, el expediente de turno, a efecto de llevar a cabo su análisis y dictaminación correspondiente.

Contenido de la proposición

Para elaborar el presente dictamen, las y los diputados secretarios e integrantes de esta Comisión, analizaron los argumentos vertidos por la promovente, de los cuales se destacan:

Afirma la proponente, desde un enfoque de Derechos Humanos, “la negación del trabajo a una mujer por encontrarse embarazada atenta contra su derecho al trabajo y a no ser discriminada, ya que dicha condición forma parte de la identidad femenina y no puede ser motivo de diferenciación en perjuicio de sus derechos laborales”.

En este sentido, la Diputada proponente argumenta que la igualdad de oportunidades consiste en “el derecho de hombres y mujeres a exigir trabajo bajo condiciones equitativas, sin menoscabo de su clase social, edad, estado civil, situación familiar, o cualquier otro motivo y siempre dignificando su calidad de persona”.

Para reforzar su dicho, la proponente invoca el artículo 2, párrafo 2, de la Ley Federal del Trabajo, que señala que el trabajo digno es “aquel en el que (...) no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil”. Abunda en que el mismo artículo señala en los párrafos 4 y 5 que la igualdad sustantiva es un derecho de las y los trabajadores frente al patrón, y que ésta se logra eliminando la discriminación contra las mujeres, que supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.

Por lo que hace al ámbito internacional, la diputada Corichi menciona que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que México suscribió y ratificó, señala en el artículo 11, numeral 1: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular”. Así mismo cita lo dispuesto en el inciso f, numeral 2, del mismo artículo, que indica: “A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para...Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales”.

A mayor abundamiento, la proponente refiere lo que manifiesta el artículo 12, numeral 2 de la citada Convención que señala: “Los Estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto...”

Prosigue refiriéndose al Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la seguridad social, ratificado por México y que establece “la obligación de brindar atención médica-obstétrica a la trabajadora debe cubrir cualquier contingencia, cualquiera que fuere su causa, durante el embarazo”, y que la asistencia médica deberá comprender por lo menos: a) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y b) la hospitalización, cuando fuere necesaria.

En términos cuantitativos, la diputada proponente cita datos del censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2010, los cuales señalan que, en 2010, de las mujeres de 15 años y más, 71.6 por ciento había tenido al menos un hijo nacido vivo. En 2011, de las defunciones por complicaciones de emergencia obstétrica, en mujeres de 15 a 49 años, 31 de cada 100 eran por hemorragias posparto, mientras que de las mujeres de 12 años y más que declararon tener al menos un hijo, 45.9 por ciento se encuentra en situación de pobreza multidimensional y de éstas 20.2 presentan pobreza extrema.

Continúa afirmando que, de las mujeres con hijos pertenecientes a la población económicamente activa, 96.3 participa en la producción de bienes y servicios; 35 trabaja en el sector informal, 33.5 en empresas y 17.4 en instituciones. Cerca de 30 por ciento de las mujeres ocupadas y con hijos trabajan por cuenta propia; mientras que 3 por ciento trabaja como empleadora; 8.1 no recibe remuneración por su trabajo y la mayoría (6 de cada 10) son trabajadoras subordinadas y remuneradas. De éstas, 81.4 no cuenta con acceso a guardería; 18.7 trabaja más de 48 horas a la semana; 45 gana menos de dos salarios mínimos y un porcentaje muy similar no tiene acceso a servicios de salud por su trabajo (44.7) y labora sin tener un contrato escrito (44.9).

Posteriormente, al referirse al Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, menciona que éste establece medidas de avanzada en la protección de las mujeres embarazadas en sus trabajos, por lo que su suscripción y eventual ratificación promoverán cada vez más la igualdad de todas las mujeres trabajadoras, pues de acuerdo con la OIT, el Convenio 183 establece un mínimo de 14 semanas de prestaciones de maternidad· para las mujeres a las que se aplica el instrumento.

Adicionalmente afirma que el Convenio en comento dispone que los Estados parte deberán adoptar medidas para garantizar que no se obligue a las embarazadas o a las madres en periodo de lactancia a realizar un trabajo que haya sido considerado como perjudicial para su salud o la de su hijo, y establece la protección contra la discriminación basada en la maternidad.

Por último, menciona que el multicitado instrumento internacional prohíbe que los empleadores despidan a una mujer durante el embarazo, o durante su ausencia por licencia de maternidad, o después de haberse reintegrado al trabajo, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, con el nacimiento del hijo y con sus consecuencias o la lactancia.

Con ello, se garantiza a la mujer el derecho a reintegrarse en el mismo puesto de trabajo o en un puesto equivalente con la misma remuneración. Asimismo, otorga a la mujer el derecho a una o más interrupciones al día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo.

Consideraciones

Una vez analizados los argumentos expuestos con anterioridad, esta Comisión considera relevante mencionar que desde principios del siglo pasado la Organización Internacional del Trabajo ha abordado la problemática relacionada con las trabajadoras en situación de maternidad. Muestra de ello es que el primer Convenio sobre Protección a la Maternidad, el Número 3 “Sobre la protección de la maternidad”, data del año 1919. No obstante, en el año 1952 la OIT promulgó el Convenio 103, con la misma nomenclatura y objeto; y posteriormente el convenio 183 que actualiza y adecua el instrumento que le precede, fue aprobado el 15 de junio del 2000, en la 88ª. Reunión de la OIT. El multicitado Convenio, ha sido ratificado hasta el momento por 41 países, entre los cuales efectivamente, los Estados Unidos Mexicanos no forma parte.

Respecto al fondo del Convenio 153, esta dictaminadora halló que alberga principios fundamentales de protección a la maternidad y, entre las actualizaciones y adecuaciones referidas en el párrafo inmediato anterior, amplía su campo de aplicación a todas las mujeres empleadas; protege no sólo a las enfermedades que sean consecuencia del embarazo o parto, sino también a las complicaciones que pueden derivarse de éstos.

Adicionalmente, prevé un período de protección al empleo más largo y vincula a que todo país adherido a dicho instrumento, debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo.

A mayor abundamiento, el instrumento en comento tutela distintos rubros relacionados con la maternidad, como la protección de la salud de la madre y del hijo o hija; el otorgamiento de licencia de maternidad, así como en el caso de enfermedad o complicaciones durante el embarazo; prestaciones y protección de empleo y no discriminación.

A manera ilustrativa, esta dictaminadora considera conveniente exponer lo que establece el Convenio objeto de la proposición de mérito, en lo relativo a la “Licencia de Maternidad”, con el objeto de contar con mayor certeza sobre uno de los principales postulados de este instrumento.

Así entonces, en éste se establece un mínimo de 14 semanas de descanso por concepto de licencia de maternidad para las mujeres a las que se aplica el instrumento. Así mismo, considera que toda mujer que esté ausente del trabajo por licencia de maternidad, tendrá derecho a una prestación que garantice su mantenimiento y el de su hijo en condiciones de salud apropiadas y con un nivel de vida adecuado. El monto de esas prestaciones no deberá ser inferior a las dos terceras partes de sus ganancias anteriores o a una cuantía comparable. El Convenio también dispone que los Estados que lo suscriban deberán adoptar medidas para garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o a las madres en período de lactancia a realizar un trabajo que haya sido considerado como perjudicial para su salud o la de su hijo, y establece la protección contra la discriminación basada en la maternidad.

A su vez, este instrumento también prohíbe que los empleadores despidan a una mujer durante el embarazo, o durante su ausencia por licencia de maternidad, o después de haberse reintegrado al trabajo, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, con el nacimiento del hijo y con sus consecuencias o la lactancia.

De esta forman se garantiza a la mujer el derecho a reintegrarse en el mismo puesto de trabajo o en un puesto equivalente con la misma remuneración. Asimismo, otorga a la mujer el derecho a una o más interrupciones al día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo.

Ahora bien, de un análisis de Derecho Internacional comparado, esta juzgadora arribó a la conclusión de que, en los países del hemisferio sur, el periodo temporal de la licencia de maternidad en países como Argentina, Uruguay y Paraguay oscila en un lapso promedio de 12 semanas; mientras que en el caso de Chile se otorga hasta un máximo de 18 semanas y en el de Brasil, este tipo de licencia abarca aproximadamente 17 semanas. Cabe mencionar que estas últimas dos naciones, no sólo respetan el Convenio sino que incluso otorgan más tiempo que el mínimo establecido, mientras que los demás citados otorgan menores plazos.

Una vez analizado el principal contenido del Convenio, esta dictaminadora se ha dado a la tarea de analizar el marco jurídico general que regula la celebración de compromisos internacionales por parte del Estado mexicano, a saber: el Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley sobre la Celebración de Tratados, de lo cual se desprenden lo siguiente:

De acuerdo con la definición que otorga el Artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, un Tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.

Por su parte, el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Presidente de la República la facultad de celebrar Tratados; mientras que su artículo 76, fracción I, concede al Senado de la República la facultad de aprobarlos y, el 133, señala que los tratados son considerados Ley Suprema de toda la Unión siempre que sean compatibles con los principios constitucionales de la República.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal regula la forma en que se organiza en que la Administración Pública Federal, así como la forma en que puede participar en la celebración de tratados, acuerdos y convenciones internacionales.

En esta tesitura, cobra relevancia lo prescrito por los artículos 1 y 2 de dicho ordenamiento, los cuales a la letra prescriben:

“Artículo 1o. La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada.

...

Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada:

I. Secretarías de Estado;

II. Consejería Jurídica, y

III. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución.”

Adicionalmente el artículo 28 de dicho ordenamiento, otorga a la Secretaría de Relaciones Exteriores, las siguientes facultades:

“Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte;

II. a XI. [...]

XII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.”

Por su parte, la Ley sobre Celebración de Tratados, establece los lineamientos para la aprobación de los tratados internacionales por parte del Senado de la República de conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 76 Constitucional, en el que se prevé que los tratados que se sometan al Senado, se turnarán a comisión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen que corresponda y cuya resolución se comunicará al Presidente de la República. Asimismo, establece el procedimiento para la celebración de los mismos, el cual correrá a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Es por ello que las y los legisladores integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social consideramos que, si bien la proposición de la diputada Claudia Corichi, atiende un tema de gran interés para las mujeres trabajadoras del país, requiere ajustarse a los extremos legales que permitan encausar el espíritu de su propuesta y eficienten su atención.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano colegiado, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca las acciones correspondientes para suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.

Segundo. Así mismo, esta Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República, para que una vez suscrito el citado instrumento, sea ratificado.

Notas:

1 Información extraída del sitio electrónico de la Organización Internacional del Trabajo, disponible en: ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/mat ernity-protection/lang—en/index.htm

2 Información extraía de: www.om.df.gob.mx/impulsoeconomia/ciecpilgcdmx/normatividad/CONVENIOS%20OIT%20IG UALDAD%20SUSTANTIVA%20LABORAL.pdf

3 LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MÉXICO, Estudio de antecedentes, marco jurídico y conceptual, iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas y Derecho Comparado, p. 3 SEDIA, Cámara de Diputados, 2012.

4 Sin embargo, artículo 15 Constitucional establece que al Presidente no se le autoriza la celebración de tratados en materia de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

5 LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MÉXICO, Estudio de antecedentes, marco jurídico y conceptual, iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas y Derecho Comparado, pp. 14-15, SEDIA, Cámara de Diputados, 2012.

Así lo acordaron las y los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su segunda reunión ordinaria, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de diciembre del año 2015.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), presidenta; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Juan Corral Mier (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Soralla Bañuelos de la Torre, secretarios; Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, César Flores Sosa (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), David Aguilar Robles (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se consulta a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados. Comuníquense.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes en sentido negativo de iniciativas y minutas.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE NEGATIVOS DE INICIATIVAS

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79 numeral 2, 80, 82, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la Honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollo los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe.

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa de ley.

En el apartado “Contenido de la Iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones” los integrantes de la comisión dictaminadora se expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente de fecha de 15 de julio de 2015, el diputado Ernesto German Sánchez Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometió a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un párrafo segundo al artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2. En misma fecha, 15 de julio de 2015, la Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa con proyecto de decreto fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

La iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto adicionar un párrafo segundo al artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto como una forma de facultar al Congreso para emitir la alerta de violencia de género en caso de que la Secretaría de Gobernación no la emita.

IV. Consideraciones

Primera.Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo primero:

“ Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

...”

Por lo que esta materia es de derechos humanos, regulada en nuestra Ley Suprema y como tal debe dársele el análisis requerido, en virtud de poder salvaguardar los derechos de las y los mexicanos a la vida, la libertad, integridad y seguridad. Se hace hincapié en la obligatoriedad de los Tratados en los cuales México haya sido firmante, dentro de los cuales se encuentra la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)” en vigor desde el 3 de septiembre de 1981.

Segunda.De igual manera el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su primer párrafo el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres:

“ Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.”

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, considerado como un derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad.

Es así que la igualdad como derecho social y universal, es elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases tendientes a eliminar la situación desigualdad que existe de facto entre hombres y mujeres, como se consagra en los cuerpos normativos con que cuenta el Estado mexicano, los cuales buscan salvaguardar los derechos de la mujer no solo en el ámbito social, laboral, económico y de salud.

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

• Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

• Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

• Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Tercera.La iniciativa, en su “Planteamiento del problema”, expone “En el mundo se realizan aún prácticas que vulneran los derechos humanos de las mujeres. Prácticas que van desde los usos y costumbres en las comunidades, los que tienen que ver con la cuestión cultural y religiosa; y las que tiene que ver con la violencia física, psicológica y laboral en las grandes ciudades.”

Esta comisión es consecuente con las prácticas culturales y religiosas de la sociedad mexicana que en muchos casos, estereotipan a la mujer como un foco objeto de discriminación, y en la cual el menosprecio o maltrato se encuentran presentes de manera continua, acorde con esto cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres actualizado al 10 de noviembre de 2015, señalan que el tipo más común de violencia perpetrada en contra de la mujer es la de índole psicológica y de igual manera señala que en estos casos el principal agresor suele ser la familia.

]

Cuarta.La proposición establece como objetivo de la misma “Esta iniciativa pretende contribuir, en la ayuda a que se emita la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, sin tener que esperar a que la Secretaría de Gobernación, crea o no pertinente emitir dicha alerta...”

La Comisión considera que la alerta de género, establecida en el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es un mecanismo eficaz e integral por el cual se busca combatir mediante diversas estrategias y a varios niveles de gobierno todos los actos proclives a convertirse en acciones discriminatorias para la mujer en razón de su género, que puedan poner en peligro el libre ejercicio o respeto de sus derechos. Por ello la Comisión concuerda con otra aseveración que realiza la proposición “Los hechos de violencia contra las mujeres constituyen una violación de los derechos humanos y dan origen a obligaciones específicas de los Estados de acuerdo con el derecho internacional. Los Estados de América Latina y el Caribe han contraído compromisos con la comunidad internacional, estipulados en diversos instrumentos de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los tratados específicos sobre las mujeres. Son en particular relevancia la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, su Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.”

Como señaló la Comisión dictaminadora en su consideración segunda, México tiene un amplio catálogo de cuerpos normativos que promueven los derechos de libertad, igualdad, seguridad para las mujeres mexicanas, de igual manera hay un abanico de Tratados Internaciones en la materia y de los cuales México es parte integrante, por ello se obliga a cumplimentarlos todos con estricto apego a las leyes.

Este catálogo de Tratados Internacionales que obligan a México a establecer diversas posiciones o acciones relativas a la protección de la mujer y el pleno respeto a sus derechos es resultado de la consciencia que a nivel internacional se da sobre la discriminación de la mujer en todos los ámbitos de la vida, en el social, político, económico, laboral, etc. Como ejemplo específico, en México una de las formas más comunes de discriminación laboral es la menor percepción salarial de la mujer aun cuando desempeñe la misma labor y en el mismo horario que su par masculino, como lo señala el Inmujeres en sus “Resultados de la Evaluación Estratégica con Perspectiva de Género de los Programas de Empleo y Proyectos Productivos” señala:

Por lo que la Comisión está en concordancia con otro punto que expresa la proposición y que menciona “a partir de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993 y de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, la violencia en contra de las mujeres ha ido marcando la agenda internacional de los derechos humanos. Desde antes y hasta ese momento se comenzó con un movimiento de mujeres que han, no sólo levantado la voz, sino se han hecho escuchar por todo el mundo, han dado difusión masiva lo que estaba sucediendo y de lo que nadie hablaba abiertamente.”

Es de mérito la lucha social que ha presentado la mujer desde la época de la Revolución Femenina hasta nuestros días, una batalla que ha abarcado un sin número de frentes sociales, políticos, económicos, culturales, religiosos y de cualquier índole como actividad humana en la que mujer desempeñe o pueda desempeñar un papel, es así que ha logrado avances significativos dentro de México y la comunidad internacional, no es de hacer poca cosa la obtención al derecho de votar o ser votada, pilar del poder y clase política. Así pues, esta Comisión respalda el trabajo duro que realizan las mujeres día a día para lograr un espacio en igualdad de oportunidades y derechos que la respete.

Quinta.Una problemática que la iniciativa expresa es “El maltrato hacia la mujer en el país es casi cultural. La mujer ha sido sometida durante décadas: en los hogares, en la sociedad, en el ámbito laboral. Y también muchas mujeres han logrado impulsar e impulsarse ellas mismas y contagiarlo a otras mujeres. Estas mujeres son quienes desde sus puestos logran cambios en cuanto a la violencia y la cultura que existe.”

Como se mencionó anteriormente, esta Comisión reprueba cualquier conducta de cualquier índole que tenga por objeto denigrar o menospreciar a la mujer por su condición de género, a su vez aplaude todas las acciones que buscan respeto integral a los derechos de la mujer mexicana así como las políticas públicas que buscan su inclusión en ámbitos profesionales, de dirección e incluso selección popular. Como lo demuestra la Subsecretaria de Empleo y Ocupación Laboral de la STPS en su informe laboral actualizad a octubre de 2015.

La inclusión de la mujer mexicana en la Población Económicamente Activa, ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, este se vio afectado por la crisis del 2010, sin embargo es de notar que la inclusión de la mujer en este grupo es una tendencia clara y que se debe buscar incentivar para que la mujer pueda desarrollarse en el ámbito profesional.

Un punto remarcable de la iniciativa es “...cuando un hecho delictivo deriva en una denuncia penal, es porque en éste caso en particular, la mujer que ha sido violentada tomó la seguridad necesaria de presentar la denuncia. No es nada nuevo el trato que reciben cuando se acercan al ministerio público. Ni nada nuevo es tampoco el trato que reciben de la sociedad en general: pareciera que una mujer violentada, merece la violencia de la que es presa. Por lo que es imperante que los funcionarios públicos que laboran en las instituciones responsables de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, en perspectiva de género y violencia contra las mujeres; deben aplicar la NOM 046 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de cada entidad.”

La Comisión considera necesario capacitar a los diferentes servidores públicos en temas de género, ya que en la mayoría de los casos es el desconocimiento y una actitud influenciada culturalmente por la sociedad son propensas a empañar el actuar del servidor público quien, al final, termina re victimizando a la mujer por acciones que atentan contra su vida, libertad e integridad y justificando al agresor que cometió la falta contra la misma. Como lo señala el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de la Mujer 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y en el cual se señala en su estrategia 6.7:

Sexta.Más adelante la iniciativa expone “Cuando se habla de crímenes asociados al odio de género, no estamos hablando de un simple homicidio. El feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres. Los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres. Expresan situaciones contra las mujeres y niñas.”

Esta lamentable situación que afecta a las mujeres mexicanas a nivel nacional forma parte de una de las preocupaciones primordiales de la Comisión, ya que esta tiene como objetivo fortalecer los cuerpos normativos existentes o crear nuevos, si así se requiere, para defender mediante la ley los derechos que esta le reconoce.

Continuando con el tema, la proposición denota datos de los feminicidios cometidos en el país “Lo preocupante es que los feminicidios en México siguen a la alza en su forma más cruel y dolorosa. Los ocho estados en que más cifras hay son Chihuahua, Distrito Federal, Baja California, Jalisco, Michoacán, Veracruz y todos ellos son encabezados por el estado de México. Aquí se tiene 20 por ciento de los feminicidios que se cometen en el país, de los que se concentran en tres ayuntamientos: Ecatepec (12.4 por ciento), Nezahualcóyotl (7.6) y Toluca (5.2).”

Según datos de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, los Estados más violentos para la mujer de acuerdo a la taza de feminicidios por cada 100, 000 mujeres son:

En el mismo sentido la iniciativa expresa “De acuerdo con Estadísticas del feminicidio en México, publicación realizada por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, tenemos los siguientes datos:

• Los mayores números de homicidios lo tienen el estado de México (388), Chihuahua (269) y Guerrero (237).

Y el informe presentado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, en el estado de México han sido denunciados 922 homicidios dolosos de mujeres entre 2005 y 2010. Esta cifra coloca al estado de México en una incidencia superior a Ciudad Juárez.”

Esta Comisión, preocupada por el número de casos presentes en el Estado de México, realizó una investigación, que arrojo los siguientes datos:

Tasas por cada 100,000 mujeres (hombres)

Fuente: Inmujeres, INEGI. Estadísticas Vitales. Estadísticas de Mortalidad. Muertes accidentales y violentas. CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2010-2050.

Como es perceptible, la tasa de homicidios del Estado no muestra una variación en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2013, así mismo el número de defunciones de mujeres por homicidio llevados a cabo en la entidad en el año 2013 es de 469, lo que representa tan solo el 14.16% del total homicidios perpetrados en la entidad.

La Comisión recalca el hecho de que el Estado de México es la entidad con mayor número de habitantes a nivel nacional (15, 175, 862 mexiquenses), alberga a más del 13% de la población nacional, doblando en cifras al Distrito Federal y multiplicando la de otros Estados, para dar un margen de comparación la población del Estado de México es 23 veces la del Estado de Colima, por esto la Comisión hace hincapié en que a pesar de que el número de homicidios es elevado, su proporción con respecto al número total de habitantes es mucho menor al de otras Entidades Federativas.

Séptima.Para un análisis más escrupuloso por parte de la Comisión se elaboró el siguiente cuadro comparativo:

Del análisis del texto que propone la iniciativa se destaca la facultad que busca atribuirle al Pleno de la Cámara de Diputados para la emisión de las alertas por violencia de género que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 25, esta propuesta entra en conflicto con lo estipulado en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.”

De esto se desprende que dicho planteamiento resulta inconstitucional y contrario a Nuestra Ley Suprema, por lo que la Comisión reconoce el sentir de la proposición pero destaca que esta deberá realizarse conforme a derecho y a la técnica legislativa.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 15 de julio de 2015.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf

3 http://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informac ion_Publica.aspx

4 http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/ web/pdf/perfiles/perfil%20nacional.pdf

5 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? codigo=5312418&fecha=30/08/2013

6 http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/ GBAV3/GBAV3_Ch3_pp87-120.pdf

7 http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php?pag=2

8 http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defunci oneshom.asp?s=est

9 http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integrac ion/pais/aepef/2012/Aepef2012.pdf

10 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de noviembre de 2015.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados:Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila, secretarias; Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica), Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

TRANSITORIOS SEGUNDO Y CUARTO, PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN OCTAVO TRANSITORIO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE FEBRERO DE 2009

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos transitorios segundo y cuarto, primer párrafo, y adiciona uno octavo transitorio al decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009

Honorable Asamblea:

La Comisión de Comunicaciones, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. En la sesión del 16 de marzo de 2010, de la Cámara de Diputados, se dio cuenta de la iniciativa que reforma el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, suscrita por los Diputados Canek Vázquez Góngora y Mauricio Ochoa Millán del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y en esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la iniciativa a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictamen.

2. En la sesión del 23 de marzo de 2010, de la Cámara de Diputados, se dio cuenta con una iniciativa con Proyecto de decreto que reforma los Artículos Segundo y Cuarto Transitorios, y adiciona el Artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, suscrita por el Diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En esa misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.

3. En la sesión del pleno del 25 de marzo de 2010, de la Cámara de Diputados, fue aprobado el dictamen de la Comisión de Comunicaciones con proyecto de decreto que reforma los Artículos Segundo y Cuarto Transitorio y adiciona un Artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de Febrero de 2009 y se turnó al Senado de la República para los efectos Constitucionales.

4. En la sesión del 6 de abril de 2010, en el Senado de la República se dio cuenta con la recepción de una minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los Transitorios Segundo y Cuarto, primer párrafo y se adiciona un Octavo Transitorio al Decreto por el que se reforman los artículos 52; 64, fracción XV y se adicionan una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para pasar a ser XIV al artículo 7; un inciso D a la fracción I, recorriéndose el actual D para pasar a ser E, al artículo 16; las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 44; una fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para pasar a ser XVII al artículo 64 y una fracción VI al apartado A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, en esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara, turnó la minuta que nos ocupa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

5. El proyecto de decreto fue presentado a discusión el 19 de octubre de 2010 en la Cámara de Senadores. Se aprobó (en sentido negativo) por 84 votos a favor, cero en contra. (LXI Legislatura).

6. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

7. El 28 de octubre de 2010 se recibió la minuta en la Cámara de Diputados.

8. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta en comento a la Comisión de Comunicaciones, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

9. La Comisión de Comunicación dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la minuta

La minuta que se dictamina, tiene su origen en dos iniciativas las cuales se describen a continuación:

La iniciativa suscrita por los diputados Canek Vázquez Góngora y Mauricio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la cual menciona, que el 9 de febrero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, cuyo objeto general fue inhibir el uso de los teléfonos móviles en la comisión de delitos como la extorsión y el secuestro, por lo cual las autoridades debieron exigir la implantación de un control sobre la información de los usuarios del sistema a través de una estrategia mediante la cual, los datos de la personas que adquirieron un chip inteligente, así como equipos telefónicos bajo la modalidad de prepago, pudieron acreditar con documentos oficiales que permitieran en su tiempo su identificación, presentando con ello la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral o la Clave de Registro de Población.

Además, de que dicha iniciativa establecía la obligación de los concesionarios, para que una vez expirado el plazo para la integración del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), se suspendiera el servicio a las personas que no hubieran registrado su línea telefónica.

En este sentido, los proponentes de esta iniciativa, consideraron pertinente modificar el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, con el propósito de que se extendiera un año o el periodo de registro, con la posibilidad de ampliación otro año adicional, con el objeto de lograr el registro de por lo menos el 90% de los usuarios de telefonía móvil.

Por su parte la iniciativa presentada por el diputado Adán Ignacio Rubí Salazar, hizo referencia a que en la fecha de presentación de la misma, no fue emitido por parte del Ejecutivo Federal el Reglamento mediante el cual se debieron establecerse los procedimientos, mecanismos y medidas de seguridad de los concesionarios, que deberían adoptar para identificar al personal facultado para acceder a la información, así con la medidas técnicas y organizativas que impedían su manipulación o uso para los fines distintos a los legalmente utilizados, su destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación o acceso no autorizado; lo cual debió cumplirse en el plazo no mayor de 120 días posteriores al 9 de febrero de 2009.

De igual manera, el proponente destacó que la Comisión Federal de Telecomunicaciones no cumplió con el plazo los 30 días señalados en el Artículo Tercero Transitorio, con las disposiciones administrativas para reglamentar el registro de los usuarios de la telefonía móvil, así como a la actualización de datos personales, entre otros aspectos, como se publicó en el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.

Por lo cual, sostuvo que la necesidad de reformar los Artículos Segundo y Cuarto Transitorios y adicionar el Artículo Octavo Transitorio, del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, a fin de subsanar estas irregularidades.

Este contexto, la Comisión de Comunicaciones de esta Cámara de Diputados analizó y valoró los contenidos de ambas iniciativas y consideró pertinente integrar el propósito, la intención y el espíritu de las mismas, en un solo proyecto de decreto, el cual fue aprobado por el pleno de esta Cámara de Diputados en su sesión del 25 de marzo de 2010y enviada a la Cámara de Senadores para su análisis y dictamen respectivo, quedando de la siguiente manera:

Artículo Único.Se reforma los Transitorios segundo y cuarto, primer párrafo y se adiciona un octavo transitorio al decreto por el que se reforman los artículos 52; 64, fracción XV y se adicionan una fracción XII, recorriéndose la actual XIII para pasar a ser XIV al artículo 7; un inciso D a las fracciones XI, XII, XIII, XIV, y XV al artículo 44, una fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para pasar a ser XVII al artículo 64, y una fracción VI al apartado A del artículo 71 de la Ley federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero. ...

Segundo. La Comisión Federal de Telecomunicaciones alabará el proyecto de reglamento que deberá emitir el Ejecutivo Federal en un Plazo de no mayor de 60 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Dicho reglamento deberá considerar con especial cuidado disposiciones que garanticen la protección de datos personales de los usuarios incorporados al registro de usuarios de telefonía móvil, con el objeto de evitar el uso indebido de los mismos.

Tercero. ...

Cuarto. En el caso del registro de usuarios de telefonía móvil en cualquiera de sus modalidades adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, los concesionarios contaran con un plazo de un año para cumplir con las obligaciones de registro y control a que se refiere el presente Decreto. Si al término del plazo señalado no se cumpliera con el registro del total de los usuarios de telefonía móvil, se prorrogará por única vez el plazo de un año más. Contando a partir del día siguiente ala vencimiento del plazo original.

...

...

Quinto. a Séptimo. ...

Octavo. Transcurrido el plazo adicional señalado en el artículo cuarto transitorio del presente Decreto, se dispondrá de 180 días para realizar la evaluación de los resultados obtenidos de la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

La evaluación de la referencia deberá se organizada y conducida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en la misma deberán participar los representantes de dicha Secretaría, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, del Registro Nacional de la Población y de la empresas concesionarias del servicio de telefonía móvil, relacionados con las integración y operación del Registro Nacional de Usuarios de telefonía Móvil.

Los resultados de la evaluación mencionada deberán ser remitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Poder legislativo en un Plazo de no mayor a 210 días después de concluida la prórroga señalada en el artículo cuarto transitorio del presente Decreto, con el propósito de que se revise, en su caso, se modifique el marco jurídico correspondiente.

Transitorio

Único:El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones de la comisión

Una vez realizado el análisis de la minuta objeto de este dictamen, esta Comisión Dictaminadora, reconoce la preocupación de los legisladores proponentes para coadyuvar a prevenir, investigar y sancionar delitos mediante el uso de la telefonía celular móvil, proponiendo una adecuación al andamiaje jurídico en esta materia.

Sin embargo, esta Comisión también hace suyos los argumentos de la Colegisladora, en el sentido de que de que, en su momento era innecesario ampliar el plazo para que los usuarios de telefonía móvil se inscribieran en el registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, para los fines señalados en las iniciativas de referencia, toda vez que el Anteproyecto del Reglamento de la Ley Federal de Telecomunicaciones contenía disposiciones que garantizaban la protección de datos personales de los usuarios incorporados al Registro de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), además se establecía entre otras cosas, los procedimientos, mecanismos y medidas de seguridad para la elaboración de los Registros de Usuarios y de Comunicaciones, así como para mantener actualizada, conservar y articular el acceso a la información que se inscriba en estos.

Resulta determinante la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de julio de 2014, del Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo objeto es regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios a los citados servicios y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6°, 7°, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el proceso que culminó con dicha reforma, se retomaron y actualizaron las figuras contenidas en la anterior Ley Federal de Telecomunicaciones, orientadas a definir obligaciones a cargo de los concesionarios para colaborar con la justicia, entre las que se destacan la obligación de proporcionar información sobre las comunicaciones, ayudar en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, y la intervención de comunicaciones en los casos de delincuencia organizada y otros delitos, etc.

En la nueva ley, además, se otorgó participación al Instituto Federal de Telecomunicaciones para establecer lineamientos orientados a conciliar los objetivos del el crecimiento y desarrollo de las telecomunicaciones y el combate al crimen y provisión de seguridad a la población.

De esta manera Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión incorporó un Capítulo Único “De las Obligaciones en materia de Seguridad y Justicia”, dentro del Título Octavo “De la Colaboración con la Justicia”, en el que se disponen diversas obligaciones a cargo de los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos para colaborar con las instancias de seguridad y procuración de justicia.

Finalmente, es de tenerse en cuenta que, con la Reforma de Telecomunicaciones, a partir del 13 de agosto de 2014, se abrogó la Ley Federal de Telecomunicaciones, de acurdo al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 julio de 2014 y como lo especifica el Artículo Segundo Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, razón por la cual el objeto de esta minuta queda sin materia.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, Apartado D de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones propone a esta Honorable Asamblea que la presente Minuta con Proyecto de Decreto , por el que se reforman los Transitorios Segundo y Cuarto, primer párrafo y se adiciona un Octavo Transitorio al Decreto por el que se reforman los artículos 52; 64, fracción XV y se adicionan una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para pasar a ser XIV al artículo 7; un inciso D a la fracción I, recorriéndose el actual D para pasar a ser E, al artículo 16; las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 44; una fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para pasar a ser XVII al artículo 64 y una fracción VI al apartado A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en el actual periodo de sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Comunicaciones, somete a la consideración de la honorable asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta, remitida por el Senado de la Republica, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos transitorios segundo y cuarto, primer párrafo, y se adiciona un octavo transitorio al decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.

Segundo. Archívese el asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), secretarios; Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Sofía del Sagrario de León Maza, Julieta Fernández Márquez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (rúbrica), Ricardo Ramírez Nieto (rúbrica), José Luis Toledo Medina, Fernando Uriarte Zazueta, Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández, Francisco Xavier Nava Palacios (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Francisco Alberto Torres Rivas (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 44 y se reforma la fracción VI del inciso a) del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea

La Comisión de Comunicaciones, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 6 de octubre de 2011, la senadora María Teresa Ortuño Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII del artículo 44 y se reforma la fracción VI del inciso a) del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado de la República para su estudio y dictamen.

3. El proyecto de decreto fue presentado a discusión el 19 de abril de 2012 en la Cámara de Senadores, donde se aprobó por unanimidad de 77 votos, remitiéndose a la colegisladora para los efectos del artículo 72, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. La minuta fue recibida en la Cámara de Diputados el 24 de abril de 2012.

5. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta en comento a la Comisión de Comunicaciones, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

6. La Comisión de Comunicaciones dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

Menciona la senadora proponente que nuestro país hasta junio de 2011 tenía un registro de 95,725 usuarios y que de acuerdo con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor, más de la tercera parte de las quejas que reciben son básicamente en contra de compañías de telefonía móvil, en aspectos como cobros indebidos y errores en la facturación.

Por ello, la senadora María Teresa Artuño Gurza consideró que el usuario tiene el derecho de saber los conceptos de las cantidades que se le cobran, sin embargo, cuando el usuario solicita un desglose de su factura, la expedición de ésta le genera un cobro.

Así mismo, afirmó que los contratos de adhesión se han convertido en prácticas dañinas en perjuicio de la economía de los consumidores ya que los concesionarios cargan servicios que los usuarios jamás solicitaron y que no utilizan.

Mencionó además la autora, que la creación de instituciones como Profeco y Cofetel fueron un avance en la protección de los consumidores mexicanos, sin embargo, resultó insuficiente para las necesidades y protección de los consumidores, por lo que urgió la necesidad de legislar en materia de protección a los usuarios de los servicios de telefonía celular ya que en ese momento, el mismo era ineficiente y con tarifas excesivas.

Con base en los anteriores argumentos, propuso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

“ Artículo único. Se adiciona la fracción VII del artículo 44, y se reforma la fracción VI del inciso A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar de la siguiente manera:

“Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a VI....

VII. Prestar los servicios sobre las tarifas y de calidad contratadas con los usuarios;

En ningún caso se cobrarán servicios no solicitados o aceptados expresamente por el usuario. La facturación detallada de todos los servicios de telefonía no generará cobro adicional alguno.

VIII. a XVI. ....

Artículo 71. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se sancionará por la Secretaría de conformidad con lo siguiente:

A. Con multa de 10,000 a 100,000 salarios mínimos por:

I. a V....

VI. No cumplir en el tiempo y forma, con las obligaciones establecidas en las fracciones VII, XI, XII, XIII, XIV, del artículo 44 de esta Ley, en materia de telefonía.

B. y C....

...

...

Artículo transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativas de la Colegisladora, responsables del análisis y elaboración del proyecto de decreto, una vez hecha el análisis y evaluación de la misma, hacen una serie de consideraciones, destacando las siguientes:

“ Sexto. ...se estima que el conocer, en cualquier punto en el tiempo, el perfil de consumo del usuario de servicios de telecomunicaciones es benéfico e incrementa la información disponible y su calidad en el tiempo, por lo que contar con mayor información significa mayor competencia, por lo que tal disponibilidad de información es en beneficio del consumidor. Estas comisiones dictaminadoras sugieren que la información detallada del consumo realizado por usuario de telecomunicaciones, no sólo sea en un punto en el tiempo, típicamente en la facturación periódica, sino que sea una opción siempre disponible y sea libre de cargos.

Séptimo. En mérito de lo anterior, las comisiones dictaminadoras estiman que por lo que hace a la adición que se propone insertar en la fracción VII del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, es procedente recoger la esencia de la iniciativa propuesta por la Senadora Ortuño Gurza y proponen una nueva redacción, que prevea que en ningún caso, se cobrarán servicios no solicitados o no aceptados expresamente por el usuario y que el estado de cuenta electrónico de los servicios de telefonía, no generará cobro adicional alguno y podrá ser solicitado en cualquier momento y por lo que hace a la reforma de la fracción VI del inciso A del artículo 71 de la citada ley, esta se aprueba en sus términos.”

Con base en lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras, consideraron procedente adicionar un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 44 y reformar la fracción VI del inciso A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, aprobado en sentido positivo el 19 de abril de 2012, con 77 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones, quedando como sigue:

Decreto

Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 44 y se reforma la fracción VI del inciso a) del artículo 71 de la Ley Federal de telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a VI. ...

VII.Prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas con los usuarios.

En ningún caso se cobrarán servicios no solicitados o no aceptados expresamente por el usuario. El estado de cuenta electrónico de los servicios de telefonía no generará cobro adicional alguno y podrá ser solicitado en cualquier momento;

VIII. a XVI...

Artículo 71. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se sancionará por la Secretaría de conformidad con lo siguiente:

A. Con multa de 10,000 a 100,000 salarios mínimos por:

I. a V. ...

VI. No cumplir en el tiempo y forma, con las obligaciones establecidas en las fracciones VII, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 44 de esta ley, en materia de telefonía.

B. ...

C. ...

...

...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La secretaría y la comisión en el ámbito de sus respectivas atribuciones, mediante disposiciones administrativas, exigirán en un plazo que no podrá exceder de 120 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y a los proveedores u operadores de servicios de telefonía móvil, que realicen todas y cada una de las acciones que resulten necesarias para al cumplimiento del mismo.

II. Consideraciones de la comisión

Una vez realizado el análisis de la minuta objeto de este dictamen, por parte de esta dictaminadora, se coincide en lo general con las motivaciones que planteó la Senadora María Teresa Ortuño Gurza, en el sentido de que en razón del alto índice de cobros y errores en la facturación de los usuarios de servicios de telefonía móvil, por parte de las compañías telefónicas prestadoras de este servicio, debido diversas a lagunas jurídicas y pese a que fue en su tiempo un gran avance la creación de instituciones la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), era necesario legislar en materia de protección a los usuarios de los consumidores de telefonía celular.

Asimismo está de acuerdo con las consideraciones de la colegisladora para adicionar un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 44, reformar la fracción VI del inciso A del artículo 71 de Ley Federal de Telecomunicaciones, recogiendo algunos de los elementos planteados por la senadora María Teresa Ortuño Gurza.

Sin embargo, se debe tener en cuenta la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de julio de 2014, del decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, cuyo objeto es regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios de los citados servicios y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con la aprobación y promulgación de dichas Leyes y reformas a diversos ordenamientos, se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones a partir del 13 de agosto de 2014, por Decreto publicado en el Diario Oficial del Federación del 14 julio de 2014, y como lo especifica el Artículo Segundo Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo cual el objeto de esta minuta queda sin materia.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, Apartado D de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones propone a esta honorable asamblea sea desechada en su totalidad la minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 44, se reforma la fracción VI del inciso A del artículo 71, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y que este sea devuelto a la Cámara de Senadores, para efecto de que las observaciones expuestas por esta Cámara de Diputados, sean discutidas por el Senado de la Republica en su calidad de Cámara de origen.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción D del artículo 72 constitucional, la Comisión de Comunicaciones, somete a consideración de la honorable asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 44, se reforma la fracción VI del inciso A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, remitida por la Cámara de Senadores el 24 de abril de 2012.

Segundo. Remítase el presente asunto a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72, fracción D.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), secretarios; Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Sofía del Sagrario de León Maza, Julieta Fernández Márquez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (rúbrica), Ricardo Ramírez Nieto (rúbrica), José Luis Toledo Medina, Fernando Uriarte Zazueta, Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández, Francisco Xavier Nava Palacios (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Francisco Alberto Torres Rivas (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, se devuelve al Senado de la República, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 constitucional.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Defensa Nacional, le’ fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 82, 85, 157 numeral 1 Fracción I; 176; 177; 180 numeral 1 y numeral 2 fracción II; 182 numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

I. Antecedentes

a) En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 19 de noviembre de 2015, la diputada Sara Paola Gálico Félix, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto materia del presente dictamen.

b) Con oficio DGPL 63-II-7-192, del 19 de noviembre de 2015y con número de expediente 984, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Defensa Nacional, para su estudio y dictamen.

II. Objeto y descripción de la iniciativa

La promovente comienza por invocar el derecho a la vivienda digna y decorosa, consignado en el artículo 4o. constitucional, y señala que se trata del mecanismo que mediante la posesión de una vivienda familiar, se orienta a fomentar la unidad familiar.

Continúa señalando que el derecho al trabajo, se encuentra prescrito en el artículo 123 constitucional, y que para el personal que desempeña actividades de seguridad pública, la seguridad social se rige, por lo que establece el Apartado B fracción XIII del artículo señalado.

Indica que el personal militar se rige por un marco normativo propio para la seguridad social, por conducto del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicana y su Ley, de donde se desprende que una de sus funciones es establecer y operar un sistema de financiamiento que permita obtener créditos para la adquisición de vivienda a bajo costo.

Este personal es el que frecuentemente tiene mayor contacto con la ciudadanía, y su vida y su integridad física están expuestos a riesgos constantes, derivados de la participación del personal militar en tareas de seguridad pública, en colaboración con las entidades federativas y los municipios.

También comenta que como de la intención de mejorar las condiciones de vida del personal militar, se dio a la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas en 2012, con la que redujo el requisito de 10 a 6 años, para el otorgamiento de crédito hipotecario a personal militar en activo.

En consecuencia, el objeto de la iniciativa es reducir, de 6 a 3 años, el periodo de cotización para que el personal militar acceda a un crédito hipotecario de adquisición de vivienda.

III. Metodología

La Comisión de Defensa Nacional realizó el análisis y valoración de la Iniciativa en comento, mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictamen.

IV. Consideraciones de la comisión

Para mejor comprensión de la iniciativa, se agrega un cuadro comparativo con la propuesta citada y el texto vigente de la ley.

Primera. Esta dictaminadora coincide y comparte la visión que sobre el derecho a la vivienda digna y decorosa tiene la promovente ya que es un componente de los derechos sociales, consignado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. La obligación del Estado para crear el régimen de seguridad social para el personal militar, se encuentra contenida en el cuarto párrafo fracción XIII del Apartado B del artículo 123 constitucional, como se enuncia a continuación:

...El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.

Este precepto es llevado a cabo a través del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ISSFAM.

Tercera. En cuanto al sistema de prestaciones previsto en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se autorizan montos de créditos hipotecarios de vivienda, como sigue:

Cuarta. Como parte de una serie de modificaciones a los haberes y prestaciones del personal de las Fuerzas Armadas, el 3 de abril en 2012 se publicaron las reformas a la Ley, con lo que se redujo de 10 a 6 años la antigüedad en haber depositado al Fondo de Vivienda Militar, para ser sujeto de un crédito hipotecario de vivienda.

Quinta. Los recursos para el otorgamiento de estos créditos, son aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal. Para el Ejercicio Fiscal de 2014 se aprobaron 6 mil 950 millones 939 mil 664 pesos mientras que para el presente Ejercicio se aprobaron 7 mil 419 millones 219 mil 300 pesos, lo que en términos reales significa un aumento del 3.74 por ciento. Para 2016 se aprobaron 7 mil 715 millones 78 mil 896 pesos, lo que implica un aumento de .089 por ciento. Estos datos reflejan una disminución en los recursos asignados por esta soberanía.

Sexta. Además de lo anterior, el flujo de efectivo que ha ejercido el ISSFAM refleja una diferencia significativa entre los ingresos y egresos, lo que impacta de manera negativa las finanzas del Instituto y que se expone en el siguiente cuadro.

De la anterior tabla se desprende que en lo que va de la presente administración (2013 a 2015) hay un déficit de 2 mil 803 millones 457 mil 2 pesos lo que implica un crecimiento porcentual del déficit de 75.8 por ciento.

El déficit acumulado de 2010 a 2015 asciende a 4 mil 378 millones 553 mil 804 pesos lo que representa el 56 por ciento del presupuesto del ISSFAM para 2016, que es de 7 mil 715 millones 78 mil 896 pesos. La propuesta de la diputada Gálico Félix Díaz, requiere de recursos presupuestales adicionales, lo que la hace inviable, a la luz de la situación financiera del ISSFAM.

Séptima. Tratándose de una propuesta de aumento al gasto, la iniciativa de la Diputada Galico Félix Díaz, no viene acompañada de la iniciativa que proponga el origen de los recursos económicos necesarios para asumir los compromisos derivados de su aplicación, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria7, que a la letra dice:

Artículo 18. A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

El Ejecutivo federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.

Como resultado, desconocemos cuál será la fuente de ingresos para cubrir los montos que serán aumentados, con motivo de la implementación de la iniciativa de la diputada Sara Paola Galico Díaz Félix.

Octava. El ingreso y alta del personal militar con el grado de soldado, se produce en las unidades y establecimientos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, cuyos comandantes o jefes de departamento, se encuentran facultados para promover al soldado al grado de Cabo, procedimiento que se encuentra condicionado a la aplicación de exámenes de aptitud para el mando, conocimientos militares y de cultura general.

Además de la exigencia de aprobar los exámenes citados, el soldado deber haberse desempeñado con disciplina, lealtad y obediencia al instituto armado, cualidades observadas por sus superiores en el desempeño de sus faenas.

Novena. La permanencia del personal militar con el grado de soldado en la clase de Arma o Servicio, se encuentra en los contratos a los que son sujetos y que no serán mayores a tres años y para el militar auxiliar no excederá de cinco años.

Pero además, para el caso de los soldados el total de tiempo de servicios de sus contratos de enganche y los de reenganche admitido, se debe ajustar a lo establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos8, como sigue:

Artículo 153. La Secretaría de la Defensa Nacional determinará el tiempo de duración de los contratos de enganche; para el personal que sea aceptado para prestar servicios en el Ejército y Fuerza Aérea en la clase de Arma o Servicio, no podrá exceder de tres años y para el que lo sea en la clase de Auxiliares no excederá de cinco años.

Artículo 154. La Secretaría de la Defensa Nacional podrá reenganchar al personal de cabos y soldados de las clases de arma y servicio, que hayan cumplido su contrato de enganche, si estima utilizables sus servicios. En caso contrario, este personal causará baja en el servicio activo y alta en la reserva correspondiente.

En el caso de los soldados, el total de tiempo de servicios de sus contratos de enganche y los de renganche admitidos, será como máximo de nueve años.

Esto quiere decir que cabe la posibilidad que un soldado no sea reenganchado y que, al otorgársele un crédito hipotecario de vivienda, se le estaría dando un beneficio aun cuando ya no preste sus servicios en las Fuerzas Armadas.

Décima. Aun tomando en cuenta las estadísticas de deserción del personal militar (Cuadro 3), los recursos humanos de nuestras Fuerzas Armadas aumentan año con año (Cuadro 4).

Undécima. Acerca del rezago en la suministración de créditos hipotecarios de vivienda, el Programa Institucional 2013-2018 del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas13 informa lo siguiente:

...que durante el sexenio pasado, se contaba con 19,000 solicitudes pendientes de ser atendidas de los años 2000 al 2009, por lo que en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2010. La H Junta Directiva de este Organismo autorizó 6,773 créditos hipotecarios, para beneficiar al personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, correspondientes a solicitudes presentadas en los de autorizó dos adecuaciones presupuestarias en el mismo año con el objeto de solventar la demanda que se tenía pendiente de atender.

A partir del 6 de octubre de 2010, se inició, la autorización de créditos hipotecarios para el año 2011, habiéndose aprobado hasta ese momento 18 mil 21 créditos, que correspondían a solicitudes presentadas en los años 2005 a 2011 por lo que a la fecha ya no existen solicitudes pendientes de atender, con fecha 12 de octubre de 2011 se autorizaron créditos para el ejercicio fiscal de 2012.

El Cuadro 2 Flujo de Efectivo del ISSFAM coincide con lo señalado en el Programa Institucional y refleja los montos de déficit en el otorgamiento de créditos. Es vital señalar que las metas de este Programa no podrían cumplirse si se reduce la antigüedad requerida para obtener un crédito de vivienda.

Decimosegunda. Ante la propuesta de reducir a 3 años el tiempo para obtener un crédito de vivienda, el personal que cause alta como soldado sólo debe esperar a que transcurra ese tiempo, aun cuando su permanencia sea incierta con motivo de mala conducta o por haber reprobado reiteradamente varias promociones de ascenso.

En contraste, si para obtener un crédito de vivienda el personal requiere de una antigüedad mínima de 6 años, en el supuesto caso que ingrese desde soldado raso, es posible que al sexto año de antigüedad posea el grado de Cabo y se encuentre en trámite para el ascenso a Sargento Segundo, lo que fortalece el compromiso de abrazar la carrera de las armas.

Decimotercera. Actualmente uno de los objetivos personales de la tropa es cumplir los seis años de servicio para obtener su crédito hipotecario. Durante muchos años el personal tenía que esperar de 6 a 10 años para la aprobación de su solicitud de préstamo hipotecario.

Si se aprobara reducir a 3 años el derecho al préstamo hipotecario, sería una falacia, ya que de acuerdo a las finanzas del ISSFAM se podría caer de nuevo en una espera de varios años para obtener el préstamo, a menos que se aprueben en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos suficientes para estar en condiciones de responder en un tiempo perentorio a la aprobación de los multicitados préstamos.

Por otra parte, en lo que respeta a los soldados rasos se podría dar la deserción una vez obtenido el préstamo, lo que ocasionaría incumplimiento de los pagos mensuales y por lo tanto, un problema para las finanzas del ISSFAM.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional proponen a esta honorable asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 123, Apartado B, fracción XIII, párrafo cuarto. Cámara de Diputados. Legislación federal vigente. Consultado el 19 de noviembre de 2015 y tomado de internet http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ 1_100715.pdf

2 Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Monto crédito. Consultado el 19 de noviembre de 2015 y tomado de internet de http://www.issfam.gob.mx/archivos/traspa_recia/monto_ credito.html

3 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Análisis Funcional Programático Económico. Ramo 07 Defensa Nacional. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Consultado el 19 de noviembre de 2015 y tomado de internet de http://www apartados.hacienda.gob mx/presupuesto/temas/pdf/2014/docs/07/r07_hxa afpefe.pdf

4 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Análisis Funcional Programático Económico. Ramo 07 Defensa Nacional. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fisca12015. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Consultado el 19 de noviembre de 2015 y tomado de internet de http.//www apartados.hacienda.gob.mx/presuouesto/temas/pef/2015/docs/07/r07_hxa_afpefe.pdf

5 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Análisis Funcional Programático Económico. Ramo 07 Defensa Nacional. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Consultado el 19 de noviembre de 2015 y tomado de internet de http://www.diputados.gob.mx/PEF20l6/models/PPEF/2016/docs/07/r07_hxa_afpefe.pdf

6 Elaboración propia con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/PresupuestodeEgresos.aspx

7 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Legislación federal vigente. Cámara de Diputados, LXIII Legislatura. Consultado el 9 de noviembre de 2015 y tomado de internet de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_151115.pdf

8 Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Artículos 153 y 154. Legislación Federal Vigente. Cámara de Diputados. Consultado el 19 de noviembre de 2015 y tomado de internet de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBib1io/pdf/169_061114.pdf

9 Informe de rendición de Cuentas 2006-2012, Etapa 1. Secretará de la Defensa Nacional. Página 5. Consultado el 19 de noviembre de 2015 y tomado de internet de http://www.sedena.gob.mx/images/stories/archivos/transparencia/IRC_SEDENA-1_la etapa/pdf

10 Hoja de respuesta a solicitudes de acceso a información pública. Folio 0000700011913. Unidad de Enlace. Secretaría de la Defensa Nacional. Consultado el 19 de noviembre de 2015 y tomado de internet de http://www.sisi.org.mx/jspsi/documentos/2013/seguimiento/00007/0000700011913

11 Revista electrónica La gran fuerza de México. Página 18. Junio de 2015. Consultado el 19 de noviembre de 2015 y tomado de internet de http://www.sedena.gob.mx/images/stories/archivos/transparencia/IRC_SEDENA-1_la etapa/pdf

12 Presidencia de la República. Tercer Informe de Gobierno. Consultado el 30 de noviembre de 2015 y tomado de internet de http://www. presidencia.gob.mx/tercerinforme/

13 Programa Institucional 2013-2018 del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Diario Oficial de la Federación del miércoles 23 de abril de 2014. Consultado el 19 de noviembre de 2015 y tomado de internet de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle. php?codilgo=5341812&fecha=23/04/2014

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de diciembre de 2015.

La Comisión de Defensa Nacional, diputados: Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), J. Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica), Alfredo Basurto Román, Manuel de Jesús Espino Barrientos, secretarios; Fidel Almanza Monroy, César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Otniel García Navarro (rúbrica), Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica), Jesús Enrique Jackson Ramírez (rúbrica), Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Dora Elena Real Salinas (rúbrica), Armando Alejandro Rivera Castillejos (rúbrica), Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Elva Lidia Valles Olvera, Guadalupe Acosta Naranjo, Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica), Wendolin Toledo Aceves (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 51, 56, 65 y 106 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Deporte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numerales 6, incisos e y f, y 7, y demás artículos relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan ante el pleno de esta soberanía, el siguiente dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51, 56, 65 y 106 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con base en la siguiente:

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se hace constar el proceso legislativo que la minuta ha tenido, desde la presentación de la iniciativa, el dictamen y el proceso de la misma en la Cámara de Senadores.

Por lo que toca al apartado del “Contenido de la minuta”, éste hace una descripción de la temática de la propuesta objeto de dictamen.

Asimismo, en el rubro de “Consideraciones de la Cámara de Senadores”, se alude a los argumentos que las comisiones dictaminadoras tomaron en consideración para devolver el expediente a la Cámara de Diputados, para efectos del inciso D del artículo 72 constitucional.

En el capítulo de “Consideraciones de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados”,se vierten los elementos de valoración de la minuta objeto del presente dictamen.

Finalmente en el apartado de Conclusiones, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, emiten el proyecto de resolución para ser presentado ante el Pleno de la misma.

I. Antecedentes

1. Con fecha 25 de marzo del 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la LXI Legislatura, turnó a la Comisión de Juventud y Deporte, bajo el número de expediente 4360, la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 106 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el Diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. El 13 de mayo de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Juventud y Deporte, bajo el número de expediente 4804, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículo 51, 56 y 65 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

3. La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura, acordó analizar, discutir y aprobar ambas iniciativas en un solo dictamen, toda vez que las mismas estaban dirigidas a reformar el mismo ordenamiento jurídico, dicho instrumento fue aprobado en su sesión ordinaria de fecha 31 de mayo de 2011 y aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, el martes 4 de octubre del mismo año, enviándose a la Cámara de Senadores, la cual turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera.

4. El 25 de marzo de 2015, las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, dictaminaron la minuta en cuestión y concluyeron que debía devolverse a la Cámara de Origen para efectos de dar cumplimiento al inciso D del artículo 72 constitucional, en el mismo sentido fue aprobado dicho instrumento legislativo, ante el Pleno de la Cámara de Senadores, con fecha 28 de abril de 2015 y devuelto a la Cámara de Diputados.

5. Con fecha 13 de octubre de 2015, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, remitió el asunto para su análisis y dictamen, a la Comisión de Deporte, bajo el número de expediente 3.

6. Con fecha 8 de diciembre de 2015, la Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura aprobó el dictamen a la mencionada minuta.

II. Contenido de la minuta

La minuta motivo del presente dictamen, propone incorporar principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, mediante los cuales las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento.

Pretende dar facultades a la Conade, para entregar estímulos y apoyos a las Asociaciones Deportivas Nacionales que cumplan con lo previsto en la ley, éstos beneficios serán accesibles a través de la celebración de convenios de colaboración y concertación, en los que se definirá el objetivo, los montos y los criterios de transparencia y rendición de cuentas en cuanto a la distribución, aplicación y comprobación de resultados en el ejercicio de dichos recursos; asimismo, podrá suspender o cancelar la entrega de los mismos.

Asimismo propone que los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen apoyos económicos y materiales, tendrán la obligación de realizar visitas periódicas a las instituciones educativas del país y organizaciones no lucrativas que fomenten el deporte, para convivir y dar pláticas a los estudiantes, para promover la recreación física, el deporte y los valores sociales.

La iniciativa en cuestión se propone en los siguientes términos:

“Artículo 51.......

Las Asociaciones Deportivas Nacionales, regularán su estructura interna y funcionamiento a través de sus Estatutos Sociales, de acuerdo con los principios de democracia, representatividad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 56.......

La Conade entregará los estímulos y apoyos directamente a las Asociaciones Deportivas Nacionales, que cumplan con lo previsto en el presente artículo, mediante la celebración de convenios de colaboración concertación en los que se definirán los criterios de transparencia y comprobación de resultados en el ejercicio de dichos recursos, además de los requisitos previstos en otros ordenamientos aplicables.

La Conade podrá suspender o cancelar la entrega de los estímulos y apoyos cuando no se cumpla con lo previsto en dichos convenios, sin menoscabo de las disposiciones y responsabilidades aplicables.

Artículo 65. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este Título que reciba recursos del erario público, deberá presentar un informe semestral sobre la aplicación de los mismos y estarán sujetos a las auditorías financieras y evaluaciones que determine la Conade, o las autoridades competentes en la materia.

Artículo 106....

Asimismo, tendrán la obligación de atender a las convocatorias de la Conade para realizar visitas a las instituciones educativas del país y organizaciones no lucrativas que fomente3n el deporte, a fin de convivir y dar pláticas a los estudiantes, para promover la recreación física, el deporte y los valores sociales.”

III. Consideraciones de la Cámara de Senadores

Las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Senadores, pusieron de manifiesto que en el mes de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se hizo el reconocimiento de la Cultura Física y el Deporte como un derecho de las y los ciudadanos.

Con la aprobación de esta reforma, se estableció un plazo en los artículos transitorios para que el Congreso de la Unión, expidiera una nueva Ley Reglamentaria, situación a la que se le dio cumplimiento en fecha 7 de junio de 2013, mediante la publicación de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, misma que abrogó la Ley que en la minuta en cuestión se propone reformar.

En relación con la intención de la iniciativa motivo de la presente minuta, la misma queda cubierta en el texto vigente de la ley, ya que los principios de transparencia, eficiencia, y rendición de cuentas, quedaron establecidos para que las Asociaciones Deportivas Nacionales regulen su estructura interna y funcionamiento.

Considerando que el objeto de la minuta era establecer principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, así como implementar mecanismos para la entrega de estímulos y apoyos a las Asociaciones Deportivas Nacionales que cumplan con lo previsto en la ley, además de establecer la obligatoriedad de los deportistas que gocen de estímulos por parte de la Conade, para atender las convocatorias que ésta considere deberán participar; todas estas inquietudes se encuentran plasmados en los actuales artículos 50, 55, 58, 66 y 117 de la actual ley, los cuales se reproducen a continuación

“Artículo 50. La presente Ley reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de Asociaciones Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en esta Ley para las Asociaciones Deportivas, les será aplicable.

Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus Estatutos Sociales, la presente Ley y su Reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 55. Las Asociaciones Deportivas Nacionales, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso acuerde el Ejecutivo Federal, deberán estar registradas como tales por la Conade, cumplir con lo previsto en la presente Ley, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con las obligaciones que se les imponga como integrantes del SINADE y demás disposiciones aplicables en materia presupuestaria, incluyendo el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente expida la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como las Reglas de Operación correspondientes.

Artículo 58. Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones que como colaboradoras de la Administración Pública Federal les son delegadas a las Asociaciones Deportivas Nacionales en términos de la presente Ley, la Conade, con absoluto y estricto respeto a los principios de auto organización que resultan compatibles con la vigilancia y protección de los intereses públicos, podrá llevar a cabo acciones de fiscalización, supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos públicos.

Artículo 66. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este Título que reciba recursos del erario público, deberá presentar a la Conade un informe semestral sobre la aplicación de los mismos y estarán sujetos a las auditorías financieras y evaluaciones que la misma Conade determine.

De igual forma, deberán rendir a la Conade un informe anual sobre las actividades realizadas y los resultados nacionales e internacionales alcanzados, y acompañar al mismo el programa de trabajo para el siguiente ejercicio.

La Conade presentará a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión un informe semestral de los resultados alcanzados en la materia.

Artículo 117.Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos económicos y materiales a que se refiere el presente Capítulo, deberán participar en los eventos nacionales e internacionales a que convoque la Conade.”

En conclusión, las comisiones dictaminadoras del H. Senado de la República consideraron, previo el análisis realizado de la minuta en comento, que el objetivo planteado por la minuta motivo del presente dictamen, aprobada por la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, era la de reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente en el año de 2003, dicha ley fue abrogada de conformidad con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el día 7 de junio de 2013, de la Nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, se sometió a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se estima sin materia la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51, 55, 65 y 106 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, turnada el 6 de octubre de 2011, durante la LXI Legislatura.

Segundo. Se desecha para efectos de lo establecido en el artículo 72, inciso D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2°, 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Tercero. Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.

IV. Consideraciones de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura, analizaron y discutieron las consideraciones que la colegisladora sostiene en relación a las propuestas de reformas objeto de la presente minuta, al respecto; todas y todos los integrantes de la Comisión, coincidieron con lo siguiente:

La transparencia y la rendición de cuentas, son elementos fundamentales para el desarrollo de una sociedad democrática, informada y comprometida con la promoción y garantía del estado de derecho en todas sus actuaciones.

Lo anterior también debe prevalecer en los casos en los que la sociedad civil ejerza recursos provenientes del erario público por concepto de los apoyos que para realizar sus actividades otorga el gobierno.

La transparencia y la rendición de cuentas son factores que permiten el análisis de la viabilidad de las políticas e instrumentos normativos que orientan el desarrollo de un país, contribuyen a la construcción de una visión de gobierno que permita tomar mejores decisiones que beneficien a la sociedad y establece una mayor confianza en el desempeño de las instituciones y en la población en su conjunto en lo que respecta al ejercicio de recursos públicos.

En este tenor, las Asociaciones Deportivas Nacionales que son apoyadas con recursos públicos, deben realizar sus actividades atendiendo a los principios de transparencia, eficiencia presupuestal, equidad, legalidad, democracia y representatividad, a fin de evitar la opacidad en el uso de los recursos y atendiendo a la naturaleza de estos entes jurídicos, que consiste en el impulso y la promoción del deporte sin fines de lucro.

No obstante lo anterior y con motivo de la reforma constitucional al artículo 4o., en el que se reconoce la cultura física y la práctica del deporte como un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado a todas y todos los mexicanos, el Congreso de la Unión expidió en junio de 2013, la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte que contiene los elementos para reglamentar bajo qué términos el gobierno deberá garantizar el ejercicio de esta garantía constitucional.

La Ley reglamentaria del artículo 4o. constitucional, establece las bases de coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la concertación para la participación de los sectores social y privado en el ámbito de la cultura física y el deporte, esta participación deberá darse atendiendo a los principios de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia presupuestal, legalidad, equidad, democracia y representatividad, con la finalidad de que la población tenga la posibilidad de ejercer su garantía constitucional de acceso a la cultura física y práctica del deporte en apego a estricto derecho.

De igual forma y atendiendo también a este principio de rendición de cuentas, se contempló en la nueva ley, que las y los deportistas que cuenten con apoyos gubernamentales, atiendan las actividades tanto nacionales como internacionales que la Conade determine.

Por lo anteriormente expuesto, es preciso declarar sin materia el dictamen, toda vez que la intención del iniciador, fue establecer elementos en una legislación anterior a la que hoy está vigente, que nace a partir de establecer en nuestra Carta Magna, el derecho a la cultura física y la práctica del deporte de todas y todos los ciudadanos y que contiene en el articulado, la inquietud del diputado iniciante, respecto a regular la actividad de las Asociaciones Deportivas Nacionales, para que se lleve a cabo acorde a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte de esta Cámara de Diputados, someten a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea, los siguientes

Acuerdos

Artículo Primero. Se deshecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51, 56, 65 y 106 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Artículo Segundo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil quince.

La Comisión de Deporte, diputados:Pablo Gamboa Miner (rúbrica), presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett, Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), secretarios; Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), José Adrián González Navarro, Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel, Ximena Tamariz García, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas, Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Erika Irazema Briones Pérez, José Santiago López (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, se devuelve al Senado de la República, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 constitucional

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LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numerales 6, incisos e y f, y 7, y demás artículos relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o., 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con base en la siguiente:

Metodología:

En el apartado de “ Antecedentes” se hace constar el proceso legislativo que la minuta ha tenido, desde la presentación de la iniciativa, el dictamen y el proceso de la misma en la Cámara de Senadores.

Por lo que toca al apartado del “ Contenido de la minuta”, éste hace una descripción de la temática de la propuesta objeto de dictamen.

Asimismo, en el rubro de “ Consideraciones de la Cámara de Senadores”, se alude a los argumentos que las comisiones dictaminadoras tomaron en consideración para devolver el expediente a la Cámara de Diputados, para efectos del inciso D del artículo 72 constitucional.

En el capítulo de “ Consideraciones de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados,se vierten los elementos de valoración de la minuta objeto del presente dictamen.

Finalmente en el apartado de “ Conclusiones”, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, emiten el proyecto de resolución para ser presentado ante el pleno de la misma.

I. Antecedentes

1. Con fecha 12 de octubre de 2010, el Diputado a la LXI Legislatura, Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual fue turnada por la Mesa Directiva para su análisis y dictamen a la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura, con fecha 13 de octubre de 2010, bajo el número de expediente 2896.

2. El 26 de abril de 2011, la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen emitido por la comisión dictaminadora, el cual remitió a la Cámara de Senadores, con fecha 27 de abril de 2011.

3. El 12 de febrero de 2014, la Comisión de Deporte aprobó el dictamen con modificaciones, mismo que se discutió en el pleno, en sesión de fecha 9 de abril de 2014.

4. Con fecha 21 de abril de 2014, la Cámara de Senadores, recibió la Minuta citada, la cual fue turnada para análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera.

5. El 25 de marzo de 2015, las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, emitieron el dictamen a la minuta, aprobándose en el Pleno de la Cámara de Senadores, el 28 de abril del año en curso, desechando la iniciativa y devolviendo a la Cámara de Diputados para dar cumplimiento al inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Con fecha 13 de octubre de 2015, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, remitió el asunto para su análisis y dictamen, a la Comisión de Deporte, bajo el número de expediente 7.

7. Con fecha 8 diciembre del año en curso, la Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura aprobó el dictamen a la mencionada minuta.

II. Contenido de la minuta

La minuta motivo del presente dictamen, propone incorporar en el texto normativo de los artículos 2, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, como un objetivo de la misma, el que la Federación, los estados y los municipios a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte además de fomentar el deporte y la cultura física en todas sus modalidades entre la población, sean el medio para la preservación de la salud, prevención de enfermedades y en el combate a las adicciones.

Asimismo se impulsa en la propuesta de reforma a la fracción I del artículo 12, la ejecución de políticas para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la cultura física y el deporte en el ámbito nacional, como medio para preservar la salud, prevenir las enfermedades, combatir las adicciones y prevenir el delito.

Finalmente contempla en el artículo 29, fracción XXI; Impulsar la práctica de actividades de cultura física deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación y deporte entre la población en general, como medio para preservar la salud, prevenir las enfermedades, combatir las adicciones y prevenir el delito.

III. Consideraciones de la cámara de senadores

Las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Senadores, consideraron conveniente resaltar que en el mes de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se hizo el reconocimiento de la Cultura Física y el Deporte como un derecho de todas las mexicanas y mexicanos.

Dicha reforma constitucional, estableció dentro de los artículos transitorios, el plazo para que el Congreso de la Unión, expidiera una nueva Ley Reglamentaria, situación a la que se le dio cumplimiento en fecha 7 de junio de 2013, mediante la publicación de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, misma que abrogó la Ley que en la minuta en cuestión se propone reformar.

Al respecto, la nueva ley vigente ya contempla a lo largo de su articulado, el fomento, estímulo y promoción de la actividad física y el deporte, como medios importantes en la preservación de la salud.

De igual forma, las dictaminadoras establecieron que es indudable que la actividad física y el deporte transmiten valores propios de la sociedad en la que está inmersa, consideran que el deporte educa, cuando permite desarrollar las aptitudes motrices y psicomotrices relacionadas con lo afectivo, cognitivo y social de la personalidad de quien lo practica, es decir, formaliza una educación por conocimientos (técnica, fundamentos individuales, táctica) y también una educación en aptitudes que configuran el ámbito de la personalidad, basado en una serie de valores propios a la actividad que se realiza, coadyuvando a una formación personal con autonomía y libertad, como medida preventiva ante las adicciones, así como para prevenir el delito.

Asimismo, las dictaminadoras; considerando el objeto de la Minuta, de establecer que la Federación, los estados y municipios a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, además de fomentar el deporte y la cultura física en todas sus modalidades entre la población, sean el medio para la preservación de la salud, prevención de enfermedades y en el combate a las adicciones, dichos preceptos se encuentran regulados en los actuales artículos 2 y 30 de la ley vigente, como a continuación se señala:

“Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales:

I a III.....

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades;

V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la prevención del delito;

VI a XII......

Artículo 30. La Conade tiene las siguientes atribuciones:

I a XXVI......

XXVII. Fomentar la cultura física, la recreación, la rehabilitación y el deporte entre la población en general, como medio para la prevención del delito;

XXVIII a XXX......”

En conclusión las dictaminadoras determinaron en la discusión y análisis de la iniciativa motivo de esta minuta, que el contenido y objetivo planteado originalmente era reformar la ley que estaba vigente en el año de 2003, en tal virtud; el motivo de la iniciativa en cuestión quedó sin materia, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 7 de junio de 2013, con la expedición de la nueva ley reglamentaria del artículo 4° constitucional, que regula el derecho de las y los mexicanos a la cultura física y deporte.

En tal sentido, toda vez que las reformas y adiciones propuestas ya se encuentran previstas a lo largo del ordenamiento vigente en la materia, las comisiones dictaminadoras consideraron que no era de aprobarse la Minuta con proyecto de decreto motivo del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, se sometió a la consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se estima sin materia la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o., 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, turnada el 27 de abril de 2011, durante la LXI Legislatura.

Segundo. Se desecha para efectos de lo establecido en el artículo 72, inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o., 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Tercero. Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.

IV. Consideraciones de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados

En la reunión ordinaria de la Comisión de Deporte de fecha 8 de diciembre de 2015, las y los integrantes analizaron y discutieron las consideraciones que la colegisladora sostiene en relación a las propuestas de reformas objeto de la presente minuta, al respecto; todas y todos los diputados integrantes de la Comisión, coincidieron con lo siguiente:

Es indiscutible que la práctica de actividad física y la promoción del deporte en la población, son actividades que requieren de total atención de la administración pública en todos sus niveles, ya que las mismas son transmisoras de valores en una sociedad, estimulan la formación de individuos con autonomía, libertad, desarrolla aptitudes motrices, psicomotrices y facultades de tipo afectivo, cognitivo y social que benefician en gran medida al desarrollo de nuestro país, al constituir una importante medida preventiva en la prevención de las adicciones, en la prevención del delito y en el mejoramiento de la salud de las y los mexicanos.

No obstante lo anterior, en efecto a raíz de las reformas constitucionales en el párrafo décimo tercero del artículo 4o., en las que se establece la cultura física y la práctica del deporte como un derecho de las y los mexicanos, así como la obligación del Estado para su promoción, fomento y estímulo de conformidad con la legislación en la materia, aprobadas en el año 2011, el Congreso de la Unión, se dio a la tarea de expedir una nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, acorde para reglamentar la garantía y ejercicio de este derecho ciudadano, con la finalidad de dar cumplimiento al plazo otorgado en los artículos transitorios para tales efectos.

En tal virtud, esta nueva Ley reglamentaria del artículo 4° constitucional, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 7 de junio de 2013. La nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, establece las bases de coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la concertación para la participación de los sectores social y privado en el ámbito de la cultura física y el deporte, sino además, proclama y preserva éstos como un derecho;

Esta nueva legislación, tiene entre otras finalidades, fomentar equitativamente el desarrollo de la cultura física y el deporte como medio importante en la preservación de la salud y disminución de enfermedades y prevención del delito; los cuales son preocupaciones del iniciador y consideró en su momento que los mismos quedaran plasmados en dicho ordenamiento; situación que queda subsanada en la nueva Ley.

Por lo anteriormente expuesto, es preciso declarar sin materia el dictamen, toda vez que la intención del iniciador, fue establecer elementos en una legislación anterior a la que hoy está vigente, que nace a partir de establecer en nuestra Carta Magna, el derecho a la cultura física y la práctica del deporte de todas y todos los ciudadanos y que contiene a lo largo de todo el articulado, la inquietud del diputado iniciante, respecto a contemplar la cultura física y la práctica del deporte como elementos preventivos del delito, de las adicciones y promotores de la salud.

En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte de esta Cámara de Diputados, someten a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se deshecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de diciembre de dos mil quince.

La Comisión de Deporte, diputados:Pablo Gamboa Miner (rúbrica), presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett, Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), secretarios; Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), José Adrián González Navarro, Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel, Ximena Tamariz García (rúbrica), Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas, Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Erika Irazema Briones Pérez, José Santiago López (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, se devuelve al Senado de la República, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 constitucional.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por la diputada María San Juana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

En uso de las facultades que le confieren los artículos 39 fracción XXI y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 176, 177, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados; esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa, y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta soberanía, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 30 de junio de 2015, la diputada María San Juana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

2. Con oficio número CP2R3A, del 30 de junio de 2015 y con número de expediente 6915, la Mesa Directiva turnó para dictamen la iniciativa en comento a esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; el expediente fue turnado el 2 de noviembre de 2015 a esta comisión.

II. Objeto y descripción de la iniciativa

El iniciante considera que las ciudades son espacios geográficos con determinados recursos naturales que han sido transformados por el ser humano, al asentarse. Así, el entorno urbano es una mancha de población de devenir que se integra en un determinado territorio.

La interacción que dicha población tiene para acceder y usar los recursos naturales, para interrelacionarse entre sí, las tecnologías e infraestructuras utilizadas para explotar, consumir, producir, intercambiar y vivir, determinan el aspecto físico-geográfico y socio-cultural de la ciudad.

La ciudad es pues la expresión física y social de un centro de población en constante transformación, cuya interacción tiene manifestaciones en el entorno espacial (suelo, recursos naturales y medio ambiente en general) y pautas socioeconómicas entre la población local, pero también en su interacción con otras urbes.

En la actualidad, la urbanización es una pauta mundial. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mundo se ha urbanizado rápidamente desde 1950 y las proyecciones indican que esta tendencia continuará creciendo de forma exponencial.

Según la ONU, en 2014 un poco más de la mitad de la población mundial era urbana y se espera que esta metropolización crezca aún más en los próximos 35 años; por lo que se estima que para el año 2050, la población mundial será un tercio rural y dos tercios urbana; es decir, la ONU proyecta que para el 2050, 6.3 billones de personas vivirán en asentamientos humanos.

Asimismo, señala que existe un creciente número de países que muestran una alta tendencia a la urbanización; es decir, existe una pauta medial de países con una mayoría de su población concentrada en desarrollos urbanos.

Las estimaciones de la ONU indican que en 2014, alrededor de la mitad de todos los países áreas era urbanas en más de 60 por ciento y que el nivel de urbanización excedía 80 por ciento en 25 por ciento de los países o áreas. Asimismo, la ONU proyecta que para 2050, cerca de 70 por ciento de los países o del área mundial tendrán entornos urbanos en más de 60 por ciento y 38 por ciento de los países o áreas serán 80 por ciento urbanas como mínimo. En conclusión, podemos observar que el número de países predominantemente rurales está disminuyendo con el tiempo.

Según el informe Nuestro mundo urbanizado de la ONU, en 2014, América del Norte, Latinoamérica y el Caribe fueron las regiones más urbanizadas del planeta, con 80 por ciento o más de su población viviendo en asentamiento urbanos.

De hecho, con base en el informe de la ONU Un mundo de ciudades, México cuenta con una de las más grandes urbes del mundo: la Ciudad de México. Según datos arrojados por este informe, la Zona Metropolitana del Valle de México se clasifica a nivel mundial, como la cuarta urbe más grande, junto con Mumbai y Sao Paolo, por contar con alrededor de 21 millones de habitantes.

De lo anterior se desprende que las mayores presiones económicas, sociales y culturales que acarrea la urbanización se harán presentes en países como México. En efecto, México no se ha visto exento de la pauta mundial de urbanización, bien al contrario, Tal y como lo señala el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 (PNUD), entre 2000 y 2010 el número de zonas metropolitanas en nuestro país aumentó de 55 a 59 y su población creció 23.8 por ciento, al pasar de 51.5 a 63.8 millones.

Los datos oficiales arrojados por la PNDU 2014-208, para los años 2020 y 2030 se proyecta que la población que habita en zonas metropolitanas llegue a 72.4 y 78 millones, respectivamente. Actualmente en nuestro país existen 59 zonas metropolitanas que abarcan 367 municipios. Según el PNDU, en promedio cada zona metropolitana está integrada por 6.4 municipios, la zona metropolitana que más municipios abarca es la del Valle de México con 76 municipios.

En este sentido, el Centro Mario Molina, junto con las organizaciones civiles CTSEembarq y el IMCO, señalan que el México contemporáneo es un país eminentemente urbano, ya que 78 por ciento de su población vive en un centro urbano de más de 2, 500 habitantes y 63 por ciento en centros urbanos de más de 15 mil habitantes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para 2010: 59 son las zonas metropolitanas con las que cuenta el país, cuando en 1990 era 37; 367 municipios y delegaciones son metropolitanos; 63.8 millones de mexicanos viven en una zona metropolitana y 40 por ciento de los municipios tiene algún tipo de acuerdo de cooperación con el gobierno estatal o con otros municipios en materia urbana.

En conclusión, no podemos obviar que México vive un acelerado crecimiento demográfico y una distribución desequilibrada de la población en el territorio, resultando en una urbanización desordenada.

Efectivamente, nuestro país se caracteriza por un crecimiento desordenado de sus ciudades, lo cual tienen como consecuencia una afectación directa en la calidad de vida de sus habitantes y en el medio ambiente.

La ciudad es, debido a la mayor concentración de capital humano (mano de obra y capital intelectual) que ofrece, el principal espacio de intercambio de productos y servicios; esto la ha convertido en el lugar clave para el flujo de ingresos y recursos que componen la economía de nuestro país.

Así pues, cuando en una ciudad se presenta un crecimiento y desarrollo urbano descontrolado, entonces se manifiestan problemas de desigualdad social, falta de infraestructura básica, inseguridad, congestión y contaminación que afectan la calidad de vida de sus habitantes y la generación de deseconomías y espacios de economía informales, lo cual termina minando el dinamismo productivo y económico del país.

En este contexto, la planeación, coordinación y administración urbana son instrumentos clave para incidir positivamente en el patrón de organización espacial, en el ordenamiento del territorio y en la sustentabilidad del desarrollo, a fin de lograr mayor competitividad económica, elevar la calidad de vida y generar una mejor distribución de costos y beneficios al interior de las zonas metropolitanas.

Ahora bien, para lograr una ocupación óptima y benéfica del suelo, es necesario que la estructura del Estado, en sus tres órdenes de gobierno, lleve a cabo una gestión estratégica y sustentable de las ciudades que resulte altamente productivo, minimice y si es posible elimine la desigualdad social, así como los niveles de contaminación.

Precisamente con el objeto de lograr un funcionamiento integral de los asentamientos humanos en el país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 27, 73, y 115, sienta las bases para que el Estado, en sus diferentes órdenes de gobierno y en sus diferentes poderes, regule la ordenación de los asentamientos humanos.

Con base en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional:

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en términos de la ley reglamentaria , la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad...”

Entonces, nuestro marco legal sí contempla la inserción de la estructura de gobierno, ya se federal, estatal o municipal, en la gestión de asentamientos urbanos y rurales.

Ahora que la tendencia mundial, incluyendo a México, se caracteriza por una creciente urbanización; es importante que el Estado mexicano, como gestor del desarrollo poblacional, se encargue de controlar la distribución poblacional y evitar que las áreas rurales queden completamente abandonadas.

Sin embargo, el aumento y crecimiento de la población urbana, tal y como se demostró en párrafos anteriores, es una realidad que el Estado mexicano debe enfrentar y solucionar eficaz y eficientemente. En efecto, es crucial que el Estado lleve a cabo una administración estratégica y sustentable de las ciudades mexicanas, a través de la mejora de los instrumentos de planeación y gestión, de tal manera que se aproveche óptimamente el suelo y cada una de las ventajas y oportunidades que ofrece el ámbito urbano.

Es decir, resulta imprescindible que el Estado garantice la satisfacción de las necesidades de vivienda, trabajo, recreación, educación, entre otros, de la población mediante una gestión segura, sustentable, responsable y eficiente de los recursos urbanos; de tal modo que pueda ofrecer soluciones adecuadas de vivienda, cobertura de servicios, impulso a las actividades económicas, promoción de la vida comunitaria, alternativas sustentables de movilidad, entre otras, sin poner en riesgo la posibilidad de las generaciones futuras de poder seguir gestionando correctamente los recursos urbanos.

Tal gestión urbana sustentable es lo que plantea y pretende lograr el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. Sin embargo, la corrupción que impera en nuestro país no se encuentra exenta en la gestión del suelo.

El suelo, que es el recurso más valioso y escaso de las ciudades, es objeto de corrupción y ha tenido como consecuencia un desarrollo urbano desorganizado, informal e inseguro.

Tráfico de influencia, actos de corrupción y una laxa vigilancia del cumplimiento de las normas urbanísticas han desembocado en problemas de asentamientos humanos irregulares; vulneración de las zonas de conservación, agrícola o de siembra, de áreas naturales protegidas; cambios irregulares de uso del suelo; transgresión de los candados de densidad poblacional, entre otras inobservancias a la ley federal y local en materia de asentamientos humanos, así como a los planes y programas de desarrollo urbano.

Muestra de la importancia de la corrupción en la agenda nacional es la creciente atención que sirve por parte de los medios: entre 1996 y 2014 el número de notas sobre corrupción en la prensa tuvo un crecimiento de más de cinco mil por cierto. Pasó de 502 a 29,505 notas en 18 años.

Tal y como lo señalaron el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en su publicación conjunta México anatomía de la corrupción. Desde un punto de vista local, ninguna entidad federativa se escapa a la corrupción, en todas las entidades se percibe corrupción en el sector público. En Querétaro, el estado mejor calificado, 65 por ciento de las personas cree que existe corrupción, señala el estudio, y el promedio de las 32 entidades fue de 85 por ciento de percepción.

Por otra parte, este estudio informa que las instituciones que se perciben como más corruptas son, en el siguiente orden: los partidos políticos (91 por ciento); la policía (90 por ciento); los funcionarios públicos (87 por ciento); el Poder Legislativo (83 por ciento); el Poder Judicial (80 por ciento).

Sin embargo, es importante señalar que el mencionado informe destaca que la corrupción no es un mal exclusivo del sector público y recae también en el sector privado y en la ciudadanía en general. En efecto, la corrupción consiste en un problema de oferta y demanda, en donde los actos de corrupción son ofertados por ciudadanos a las autoridades, a cambio de una compensación que son los “pagos extraoficiales” (sobornos) o mediante el tráfico de influencia.

Según el informe del IMCO y el CIDE, 44 por ciento de las empresas en México reconoció haber pagado un soborno, lo cual nos ubica justo por debajo de Rusia. Además, el estudio también indica que los encuestados respondieron que 75 por ciento de los pagos extraoficiales que hacen las empresas mexicanas se utiliza para agilizar trámites y obtener licencias y permisos; y que una tercera parte de estos pagos se entregan a dependencias municipales.

Este contexto de “oferta-demanda” de corrupción es posible gracias a un imperante clima de impunidad que permite que este vicio se fortalezca para perjuicio de la sociedad. Según datos arrojados por el citado informe, en México sólo 2 por ciento de los delitos de corrupción son castigados, siempre los cometidos por mandos inferiores. Además, de las 444 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 1998 hasta 2012, sólo 7 fueron consignadas, es decir, 1.5 por ciento.

El ordenamiento de los asentamientos humanos no es materia de excepción para el lastre de la corrupción que impera en el país. Así por ejemplo, tan sólo en el Distrito Federal, se reporta que existen 867 asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación, los cuales afectan alrededor de 3 mil hectáreas y provocan el cambio de uso de suelo y la pérdida de diversos ecosistemas.

Asimismo, es común leer en las noticias sobre tráfico de influencias y actos de corrupción puestos al descubierto en diversas direcciones de desarrollo urbano municipal del país. Noticias sobre empleados en ventanillas de atención al público que piden el pago de sobornos para darle seguimiento y acelerar trámites, para expedir licencias o permisos contrarios a la legislación urbanística, entre otros.

En conclusión, los problemas de corrupción en el ordenamiento de los asentamientos urbanos deterioran el desarrollo urbano. Por esta razón, es importante que se reforme la Ley General de Asentamientos Humanos con el fin de fincar responsabilidades a los servidores públicos que incumplan con la legislación en la materia y de promover una mayor participación ciudadana en los asuntos de desarrollo urbano, para que la ciudadanía coadyuve a las autoridades en la vigilancia del cumplimiento de la normatividad urbanística.

Argumentación

Como se mencionó en la sección anterior, el ordenamiento de los asentamientos humanos no se ha visto inmune el lastre de la corrupción, el cual se ha manifestado en tráfico de influencias y pago de sobornos para ignorar e incumplir la normatividad urbanística.

La falta de una estricta vigilancia del cumplimiento de la ley en un contexto de impunidad para quienes la transgreden, han sido las condiciones idóneas para una mayor corrupción en la gestión del suelo.

De hecho, a partir de una simple lectura de la Ley General de Asentamientos Humanos puede observarse que este marco legal sólo menciona la participación social un par de veces para dejar su promoción como una facultad de las entidades federativas. Sin embargo, nos parece sumamente importante que desde la ley general se incluyan mecanismos de participación ciudadana específicos que permitan una mayor democratización en la gestión de la ocupación del territorio.

La participación ciudadana en los procesos de gestión de administración pública tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en los siguientes artículos: el Derecho de Acceso a la Información (artículo 6); Derecho de Petición (artículo 8); Derecho de Asociación (artículo 9); y Participación en la planeación del desarrollo (artículo 26); todos consagrados en la Carta Magna.

La participación ciudadana puede darse en diferentes etapas de la gestión pública, desde la planeación, mediante consultas públicas; hasta el monitoreo y vigilancia de los procesos administrativos, mediante la denuncia pública.

En el caso de la presente iniciativa, se busca incluir la participación ciudadana en el segmento referente a la contraloría del desarrollo urbano, la cual es inexistente en la presente Ley General de Asentamientos Humanos.

Los actos de corrupción que impiden un desarrollo urbano sustentable en el país se fortalecen en un contexto dentro del cual la administración pública se ve rebasada y/o relajada respecto a la vigilancia del cumplimiento de la normatividad urbanística.

Por eso consideramos pertinente, justo y necesario que con base en la carta fundamental, específicamente los derechos de petición y participación social, se incluya en la Ley General de Asentamientos Humanos un mecanismo de participación ciudadana para la vigilancia del cumplimiento de los instrumentos, leyes y normas que regulan la ocupación del territorio urbano: la denuncia pública.

La denuncia pública es “la manifestación de la persona mediante la cual hace del conocimiento a la autoridad, actos u omisiones de los servidores públicos que repercuten en la adecuada marcha de la administración pública, pero en este supuesto no le significan afectación directa a sus intereses como gobernado. Es el medio a través del cual, el servidor público cumple la obligación de hacer del conocimiento del órgano de control competente, actos u omisiones realizados por otro servidor público, contrarios a los principios que rigen la administración pública.”

“En la administración pública federal, la atención ciudadana fue entendida por años como sinónimo de atender peticiones y, más específicamente, las quejas y denuncias que presentara la ciudadanía. Al amparo del artículo 8 constitucional, que lo consagró como una garantía individual, los funcionarios y empleados públicos están obligados a respetar el ejercicio del derecho de petición, a condición de que ésta se formule por escribo, de manera pacífica y respetuosa, ya toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la que se hubiera dirigido, la cual tiene que hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término.

Bajo este precepto legal, se reconoce entonces a la ciudadanía el derecho de pedir a la autoridad que atienda sus sugerencias, solicitudes y planteamientos en general, los que engloban desde luego a probables quejas sobre servicios públicos y posible denuncias contra servidores públicos”.

Así pues, la participación ciudadana mediante la denuncia pública de algún acto u omisión contrarios a las leyes relativas al ordenamiento del suelo, es una figura jurídica que debe ser incluida en la ley general de la materia para potenciar una observación y ejecución más estricta de la misma.

De este modo, se asegura el involucramiento de la sociedad como coadyuvante de la administración pública en el control, vigilancia y monitoreo de la gestión del suelo, para que éste sea acorde a la ley.

Por la misma razón y para que la canalización de la denuncia pública en materia de desarrollo urbano, sea mejor canalizada, gestionada, resuelta y, por ende, útil, es necesario que la ley general en la materia obligue a la administración pública, en los tres órdenes de gobierno, a crear y establecer una procuraduría de asentamientos humanos, en caso no contar con una aún.

Del mismo modo, mediante la presente iniciativa se incluye específicamente el derecho de los particulares que se vean afectados directamente en sus intereses, por algún acto, omisión o resolución de la administración pública para interponer un recurso administrativo y/o una demanda contenciosa administrativa para defender sus intereses y no quedar en estado de indefensión.

Estos dos medios de impugnación que pretendemos incluir expresamente en la ley mediante la presente iniciativa, es en aras de fortalecer la justicia cotidiana en nuestro país. Es imprescindible que no quepa duda alguna en la sociedad, respecto a los medios de defensa con los que cuenta para acceder a la justicia.

Establecer expresamente el derecho del ciudadano para defender mediante un recurso administrativo y/o una demanda contenciosa administrativo fortalece el estado de derecho en nuestro país.

Por último, en la presente iniciativa con proyecto de decreto, también se busca establecer expresa y concretamente desde la ley de base que aquellos servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones, transgredan la Ley General de Asentamientos Humanos, la ley local en la materia, así como los planes o programas de desarrollo urbano, serán responsables administrativamente y serán sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos correspondiente, independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que resulten.

Entonces, en conclusión, esta iniciativa con proyecto de decreto busca adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, con el fin de establecer un mecanismo de participación ciudadana en el control y seguimiento del correcto cumplimiento de la normatividad urbanística; esto mediante la denuncia pública.

Con el fin de que esta figura jurídica sea una realidad eficiente eficazmente empleada en beneficio de la sociedad, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza también establece mediante esta iniciativa, la obligación de las autoridades administrativas a nivel federal, estatal y municipal para crear una procuraduría en asentamientos humanos en el ámbito territorial de su competencia.

Estas dos propuestas se inscriben en la preocupación del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza (GPNA) para promover la participación ciudadana en la vigilancia del cumplimiento de los instrumentos, leyes y demás normas que regulan la ocupación del territorio, lo cual brindará una mayor democratización a la gestión pública de los asentamientos humanos.

Por último, el establecimiento expreso de medios de defensa en pro de los particulares y de la responsabilidad de los servidores públicos en materia de desarrollo urbano son dos propuestas mediante las cuales nuestro grupo parlamentario busca combatir la impunidad existente en el desarrollo urbano.

Por ende, esta iniciativa con proyecto de decreto tiene como finalidad democratizar y transparentar la gestión de la administración pública en el ordenamiento de los asentamientos humanos, mediante una mayor participación de la sociedad como ente coadyuvador de la autoridad.

Esto a su vez mejorará el desempeño del gobierno en la gestión del desarrollo urbano y, en consecuencia, garantizará que el país cuente con ciudades sustentables capaces de proveer a todos los habitantes los servicios básicos necesarios y oportunidades de desarrollo; sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para hacer lo mismo.

Una mayor vinculación entre gobierno y sociedad permitirá combatir más eficazmente la corrupción y asegurar el funcionamiento efectivo del marco legal urbanístico. Esto tendrá como efecto el fortalecimiento del estado de derecho y ciudades basadas en un desarrollo urbano sustentable, óptimo e inteligente.

III. Consideraciones de los integrantes de la comisión

Para efecto de valorar la propuesta de reforma presentada por diputada María Sanjuana Cerda Franco del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, adoptará como metodología el estudio sistemático, comparativo y armónico de la propuesta de la iniciante: para tal efecto se analizará la propuesta de reforma a las disposiciones que señala, que constituye la reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos; al efecto se presenta el cuadro comparativo siguiente:

Luego del análisis realizado por esta dictaminadora se considera que la iniciativa en cuestión es de no aprobarse por los razonamientos siguientes:

La propuesta en análisis, establece una concurrencia de atribuciones entre la federación, los estados y municipios; la concurrencia de competencias y atribuciones y la invasión de competencias, impide de forma total la implementación de la iniciativa planteada; ya que en primer lugar, existe legislación específica en la materia que regula tanto el ordenamiento y uso del territorio nacional, relativo a la propiedad inmueble, como la forma de atender las denuncias de los ciudadanos en la materia, existiendo autoridades e instancias creadas de antemano para resolver los conflictos y denuncias, que, en su caso, los ciudadanos puedan o pretendan hacer valer; comenzando por nuestra Carta Magna, artículo 27 constitucional, Código Civil Federal (Título Segundo Capítulo III, artículos 750 al 773, Título Cuarto, artículos 830 al 853) Código Penal Federal (Capítulo V, artículos 395 al 396, Capítulo VI, artículos 397 al 399, Título Veinticinco, Capítulo Segundo artículos 414 al 423), La Ley Agraria (Título Séptimo artículos 134 al 147, Título Décimo, artículos 163 al 200); e inclusive de forma específica la Ley General de Asentamientos Humanos, prescribe de forma literal el tratamiento de las denuncias ciudadanas, tanto por la autoridad federal, como las estatales y municipales y la forma de atenderlas (artículos 6,7 fracción XVI; 8 fracción XIII; 9, fracción XV; Capítulo Noveno artículos 53, 54 y 57).

Asimismo se debe contemplar que la propuesta establece que debería crearse en las secretarías estatales del ramo, alguna unidad administrativa que ejerza estas funciones, lo cual en el mejor de los casos implicaría además un aumento en el ejercicio del gasto; pero como se señala, toda vez que en la legislación actual se contempla la existencia de entidades gubernamentales y autoridades ya encargadas de ello, tanto nivel federal como en su caso las correspondientes federales en los estados y las propias de cada entidad federativa, conforme a sus legislaciones; resulta como se señala, improcedente la propuesta de la iniciante.

Debe también considerarse que en la propuesta no se establecen con claridad las facultades de las mencionadas procuradurías; ni tampoco se establecen formalidades para presentar una denuncia dejando en estado de indefensión al propietario de los inmuebles, además de que la propuesta contiene contradicciones, pero lo más delicado es la invasión de competencias.

En atención a la pretensión general de reformar Ley General de Asentamientos Humanos, es preciso aclarar en primer lugar que la Procuraduría de Asentamientos Humanos promovería una invasión de facultades entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, federal, estados y municipios.

Por ejemplo, los municipios están facultados para expedir, entre otras, normas reglamentarias derivadas de la fracción II, segundo párrafo, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deben aprobarse de acuerdo con las leyes en materia municipal, mismas que a su vez deberán expedir las legislaturas de los estados y que se caracterizan por tener un contenido material propio, así como por su expansión normativa, al permitir a cada municipio adoptar una variedad de formas adecuadas para regular su vida interna.

Sobre esa base, hay que hacer notar que la norma propuesta no contiene divisiones competenciales entre los órdenes de gobierno estatal y municipal y podría obligar a los ayuntamientos a exceder los límites de su competencia reglamentaria al determinar el funcionamiento interno y proceso de la procuraduría a su cargo.

Por esta razón, las demás figuras de Procuraduría actúan con base en un sistema de coordinación regional y de desconcentración, por conducto de unidades administrativas que ejercerán sus funciones en las circunscripciones territoriales que establezcan las disposiciones aplicables. Sin embargo la propuesta no menciona características ni delimitaciones para cada instancia.

Ello, sin incluir el hecho de que le otorga facultades similares previstas para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la secretaría en la materia de la entidad federativa, el municipio correspondiente.

Como se advierte, la propuesta de reforma en comento, no promueve la división funcional de atribuciones y no opera de manera distintamente identificada con los demás órganos en la materia, sino que invade atribuciones y esferas de autoridades ya preestablecidas, lo que puede originar una competencia de fuerzas, en lugar de un régimen de cooperación y coordinación.

En un ámbito más específico y sobre el aspecto facultativo de la nueva procuraduría, hay que mencionar que se le otorga capacidad para emitir medidas de seguridad sin mencionar dentro del decreto cuáles serán o de qué manera asistirán al procurador o a la víctima a resolver un proceso o el cumplimiento de la sentencia.

Por lo tanto, debiera concluirse que dicha función tiene una actuación sin imperio, ya que tanto la recomendación como la declaratoria de medidas cautelares por sí mismas no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta.

Siendo así, extraña que a la instancia se le haya otorgado también la facultad para sancionar la correcta observancia de la ley, tan graves como suspensiones, demoliciones o cualquier otra que considere a su arbitrio el procurador.

Ninguna otra instancia disfruta de esta unión de diversas facultades tan contrarias entre sí, pues incluso la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial que pudiera imponer medidas cautelares, lo hace cuando la autoridad o servidor público haya aceptado la recomendación o sugerencia y sancionará sólo administrativamente.

La mayor preocupación radica en la denuncia y es que la propuesta de norma permite levantarla no sólo en materia de desarrollo urbano, sino en ámbitos muy locales como vivienda, fraccionamientos o condominios y sobre todo a consideración del ciudadano cuando crea que los proyectos o construcciones en su comunidad o fraccionamiento pudieran causar un daño al patrimonio de la zona.

Sin embargo, existe confusión respecto a cuáles denuncias serán procedentes cuando permite que la misma verse sobre violación a las disposiciones de la ley, pero también sobre alguna de la lista específica que incluye el propio artículo.

Dentro de los requisitos de la denuncia se estipula se incluya en el escrito la suspensión del acto denunciado. Claramente la misma no forma parte de los requisitos y además no contiene congruencia de sus procedimientos.

No obstante, sin otros elementos salvo aquellas normas que considere estén siendo violadas o cualquier medio probatorio de que disponga, se podría investigar a administradores de edificios, familias que deseen ampliar su hogar o al colectivo que quisiera iniciar la construcción de un parque público.

Lo que causaría en términos reales ante la falta de especificaciones y procedimientos es la denuncia subjetiva por molestias o venganzas entre vecinos y no así del equilibrio de la justicia y la vigilancia y promoción del desarrollo urbano.

En función del contenido descrito; y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 80, fracción II; 82, numeral 1; 85, numeral 1, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta comisión considera no viable y por tanto se deberá dictaminar en sentido negativo la iniciativa presentada el 30 de junio de 2015, por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en atención a la propia naturaleza de la propuesta, de los derechos que deberá proteger y de las nuevas facultades que está otorgando, ya que éstas invaden la esfera de competencia que otorgan otras leyes a instancias gubernamentales creadas con anterioridad, así como resulta económicamente inviable su implementación, por carecer de sustento económico, como se señala de forma puntual en las consideraciones vertidas en el presente.

Por lo antes expuesto los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la LXIII Legislatura, emiten los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 30 de junio de 2015.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México, Distrito Federal, a los 10 días del mes de diciembre de 2015.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, diputados: Raúl Domínguez Rex (rúbrica), presidente; Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Édgar Romo García (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, Juan Corral Mier (rúbrica), Federico Doring Casar (rúbrica), Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), Juan Romero Tenorio (rúbrica), Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica), secretarios; Emma Margarita Alemán Olvera, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), Víctor Manuel Giorgana Jiménez, José Lorenzo Rivera Sosa, María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica), Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Jonadab Martínez García, Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Ricardo Ángel Barrientos (rúbrica), Ángel II Alanís Pedraza, Luis Maldonado Venegas.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales

Honorable Pleno:

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el 08 de septiembre de 2015, el diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Bienes Nacionales.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a esta comisión, la cual fue recibida en las oficinas de la Comisión de Gobernación el pasado 8 de octubre, iniciándose un proceso de análisis a efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto:

Incentivar el desarrollo de la acuacultura.

A través de:

La desincorporación del dominio público de la Federación de los terrenos ganados al mar.

Por medio de la siguiente modificación legislativa:

Decreto por el que se adicionan dos disposiciones al párrafo segundo del artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales

Artículo Primero:Se adicionan dos disposiciones al párrafo segundo del artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 124:Sólo podrán realizarse obras para ganar artificialmente terrenos al mar, con la previa autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las cuales determinarán la forma y términos para ejecutar dichas obras .

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponderá la posesión, delimitación, control y administración de los terrenos ganados al mar, debiendo destinarlos preferentemente para servicios públicos y de uso acuícola, atendiendo a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. Sin embargo, cuando sea previsible que no se requieran para la prestación de servicios públicos y se trate de la instalación de infraestructura para uso acuícola por particulares, podrán desincorporarse del régimen de dominio público de la Federación para disponer de ellos, conforme a lo señalado en los artículos 84 y 95 de esta Ley.

En las autorizaciones que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgue a particulares para realizar obras tendientes a ganar terrenos al mar se establecerán los requisitos, condiciones técnicas y plazo para su realización, el monto de la inversión que se efectuará, el uso o aprovechamiento que se les dará, así como las condiciones de venta de la superficie total o parcial susceptible de enajenarse, en las que se considerarán, en su caso, las inversiones realizadas por el particular en las obras.

Las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes y de Turismo, en el ámbito de sus atribuciones legales, se coordinarán para fomentar la construcción y operación de infraestructura especializada en los litorales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Motivación del autor de la iniciativa

Refiere el proponente que México, en el ámbito mundial, ocupa el sitio número 20 en cuanto a producción acuícola, de igual forma expone que en el ámbito nacional la acuacultura es una actividad que destaca por el cultivo de especies como el camarón, tilapia, langostino, bagre, trucha, ostión y peces de ornato.

Destaca también que la “acuacultura es también una actividad generadora de divisas y contribuye además al combate de la pobreza en el medio rural por cuanto hace a la generación de empleos”.

Hace referencia al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario de la presente administración pública federal, toda vez que dicho programa precisa que la meta nacional es alcanzar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades, así mismo, señala que la nueva visión de la pesca y la acuacultura es desarrollar un subsector productivo, competitivo y sustentable que contribuya a la seguridad alimentaria.

Por otra parte, el proponente en su exposición de motivos destaca que, “No obstante los esfuerzos oficiales y bondades propias de los programas orientados a incentivar la acuacultura, el sector de los particulares que operan la actividad haciendo uso de superficies ubicadas en la llamada Zona Federal Marítimo Terrestre, siguen estando limitados para acceder a solicitar líneas de financiamiento para construcción y ampliación de infraestructura, debido precisamente a que la Ley correspondiente establece que las superficies en referencia son del dominio público, hecho por el cual no pueden ser objeto de garantía crediticia”.

Asimismo, el legislador recalca que “al hacer eco de inquietudes diversas y legítimas presentadas por el sector acuícola del país y como un paso fundamental para alentar iniciativas de inversión en la acuacultura y generar certidumbre entre las instituciones financieras, se hace necesario procurar una reforma al precepto legal que dispone la desincorporación del dominio público de la Federación de los terrenos ganados al mar”.

Siguiendo en el mismo contexto, el legislador pretende adicionar dos disposiciones al párrafo segundo del artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales, ello con la intención de que “cuando sea previsible que los terrenos ganados al mar no se requieran para la prestación de servicios públicos, éstos puedan desincorporarse del régimen de dominio público de la Federación cuando se trate de la instalación de infraestructura para uso acuícola por particulares”

En virtud de lo anterior, una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:

Consideraciones

El documento que se opina contraviene una o más disposiciones del orden jurídico nacional

En particular en lo relativo a los artículos 58 y 61 al 64 de la Ley General de Bienes Nacionales, que regulan el destino que se le dará a los terrenos ganados al mar.

Al respecto conviene citar a la letra dichos artículos:

“Artículo 58. En los casos de las concesiones, permisos o autorizaciones que competa otorgar a las dependencias, en las que se establezca que a su término pasarán al dominio de la Federación los inmuebles afectos a dichos actos, corresponderá a la Secretaría lo siguiente:

I. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad Federal la concesión, permiso o autorización, así como gestionar ante el Registro Público de la Propiedad que corresponda a la ubicación del inmueble, la inscripción de los mismos y las anotaciones marginales necesarias;

II. Autorizar al titular de la concesión, permiso o autorización, previa opinión favorable de la dependencia otorgante, la enajenación parcial de los inmuebles, cuando ello sea procedente. En este caso, el plazo de vigencia de las concesiones, permisos o autorizaciones respectivas, se deberá reducir en proporción al valor de los inmuebles cuya enajenación parcial se autorice;

III. Autorizar en coordinación con la dependencia competente, la imposición de gravámenes sobre los inmuebles afectos a los fines de la concesión, permiso o autorización. En este caso los interesados deberán otorgar fianza a favor de la Tesorería de la Federación por una cantidad igual a la del gravamen, y

IV. Declarar que la Federación adquiere el dominio de los bienes afectos a las concesiones, permisos o autorizaciones.

En los casos de nulidad, modificación, revocación o caducidad de las concesiones, permisos o autorizaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el derecho de adquirir los inmuebles afectos se ejercerá en la parte proporcional al tiempo transcurrido de la propia concesión, permiso o autorización, excepto cuando la ley de la materia disponga la adquisición de todos los bienes afectos a la misma.

Artículo 61. Los inmuebles federales prioritariamente se destinarán al servicio de las instituciones públicas, mediante acuerdo administrativo, en el que se especificará la institución destinataria y el uso autorizado. Se podrá destinar un mismo inmueble federal para el servicio de distintas instituciones públicas, siempre que con ello se cumplan los requerimientos de dichas instituciones y se permita un uso adecuado del bien por parte de las mismas.

Corresponde a la Secretaría emitir el acuerdo administrativo de destino de inmuebles federales con excepción de las áreas de la zona federal marítimo terrestre y de los terrenos ganados al mar, en cuyo caso la emisión del acuerdo respectivo corresponderá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los usos que se den a los inmuebles federales y de las entidades, deberán ser compatibles con los previstos en las disposiciones en materia de desarrollo urbano de la localidad en que se ubiquen, así como con el valor artístico o histórico que en su caso posean.

Artículo 62. Para resolver sobre el destino de un inmueble federal, la Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán tomar en cuenta por lo menos:

I. Las características del bien;

II. El plano topográfico correspondiente;

III. La constancia de uso de suelo;

IV. El uso para el que se requiere, y

V. El dictamen de la Secretaría de Educación Pública que emita a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, tratándose de inmuebles federales considerados monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente.

La Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitirán los lineamientos correspondientes que establecerán los requisitos, plazos, catálogo de usos, densidad de ocupación y demás especificaciones para el destino de los inmuebles federales que sean de su competencia.

Artículo 63. Las instituciones destinatarias podrán asignar y reasignar entre sus unidades administrativas y órganos desconcentrados, los espacios de los inmuebles que le hubiesen sido destinados, siempre y cuando no se les dé un uso distinto al autorizado en el acuerdo de destino.

Las instituciones destinatarias deberán utilizar los inmuebles en forma óptima y comunicar oportunamente a la Secretaría o a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según sea el caso, las asignaciones y reasignaciones de espacios que realicen.

Las instituciones destinatarias deberán iniciar la utilización de cada inmueble que se destine a su servicio, dentro de un plazo de seis meses contados a partir del momento en que se ponga a su disposición.

Las instituciones destinatarias podrán asignar y reasignar a título gratuito espacios de los inmuebles que tengan destinados, a favor de particulares con los que hayan celebrado contratos de obras públicas o de prestación de servicios, incluyendo aquéllos que impliquen servicios que sus servidores públicos requieran para el cumplimiento de sus funciones, siempre que dichos espacios sean necesarios para la prestación de los servicios o la realización de las obras correspondientes y así se establezca en los contratos respectivos. Igual tratamiento se podrá otorgar a las arrendadoras financieras cuando se convenga la realización de obras en una parte o en la totalidad de los inmuebles federales.

Artículo 64. La Secretaría o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según corresponda, podrán autorizar a las instituciones destinatarias, a solicitud de éstas, a concesionar o arrendar a particulares el uso de espacios en los inmuebles destinados a su servicio, debiendo tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 62 de esta Ley.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales respecto de los inmuebles federales de su competencia, podrá autorizar a las instituciones destinatarias a asignar el uso de espacios a otras instituciones públicas, así como autorizar a las dependencias destinatarias que celebren acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales para que, en el marco de la descentralización de funciones a favor de los gobiernos de los estados, transfieran a éstos el uso de inmuebles federales con fines de promoción del desarrollo estatal o regional. En estos casos, los beneficiarios del uso de los inmuebles federales asumirán los costos inherentes al uso y conservación del bien de que se trate.

La Secretaría de Educación Pública, con la intervención que corresponda al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, podrá asignar o reasignar a título gratuito a favor de particulares, espacios de inmuebles federales considerados monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, que tenga destinados a su servicio, únicamente cuando se trate de cumplir convenios de colaboración institucional relacionados con actividades académicas y de investigación.”

Las razones para considerar que la propuesta contraviene los artículos en cita tienen que ver con distintos factores; entre ellos, se considera que la propuesta de reforma contraviene lo establecido en el artículo 58 de la Ley General de Bienes Nacionales, al proponer que cuando se trate de usos acuícolas, se haga la desincorporación y enajenación sin cumplir con los procedimientos y lineamientos legales; esto pues no hay que perder de vista lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 27 constitucional, el cual establece a la letra lo siguiente:

“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.”

Los integrantes de la comisión consideramos que dicho párrafo ilustra a la perfección el problema operativo que presenta la iniciativa que en el presente se discute, pues el legislador ha sido claro tanto a nivel constitucional como en la Ley General de Bienes Nacionales, en prever que las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la Nación, por lo que de existir un terreno ganado al mar, la propiedad originaria es de la Nación, quien decidirá el uso posterior que habrá de darse a la misma.

Así, el legislador ya contempló aquellos escenarios en los que se gana terreno al mar, previendo para tal circunstancia un procedimiento específico en el que los mismos se enajenan al Estado, por lo que se considera que trastoca tanto la propiedad originaria de la nación como el procedimiento específico que el legislador ya previó para tales efectos.

Por otro lado, la propuesta busca equiparar la actividad de la acuacultura a la de la prestación de servicios públicos, lo cual, no se adecúa al espíritu de la Ley General de Bienes Nacionales que, en términos generales, establece que los bienes propiedad de la nación deberán destinarse preferentemente a la prestación de servicios públicos. Esto es, a solventar las necesidades inmobiliarias de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal.

Estas disposiciones obedecen, sin lugar a dudas, al beneficio público e interés social, derivados de las funciones públicas de los entes de gobierno.

Por lo anterior se considera, que la presente iniciativa va en contra de los artículos 61 al 64 de la Ley General de Bienes Nacionales.

El documento que se opina duplica una o más disposiciones del orden jurídico nacional

El artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales vigente al establecer en su penúltimo párrafo.

Las razones que se consideran duplican el artículo señalado son:

El artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales vigente al establecer en su penúltimo párrafo lo siguiente:

“Cuando un particular cuente con una concesión para la construcción y operación de una marina o de una granja acuícola y solicite a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la Enajenación de los terrenos ganados al mar, antes o durante la construcción u operación de la marina o granja de que se trate, dicha Dependencia podrá desincorporar del régimen de dominio público de la Federación los terrenos respectivos y autorizar la enajenación a título oneroso a favor del solicitante, en los términos que se establezcan en el acuerdo administrativo correspondiente, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.”

De lo que se advierte que la situación que trata de solventar el proponente con su propuesta ya ha sido considerada por el legislador con anterioridad, estableciendo incluso un procedimiento específico para tales efectos.

Asimismo, el proyecto presenta problemática operativa, toda vez que la actividad de acuacultura se efectúa esencialmente en la playa marítima (zona de marismas) y no en terrenos ganados al mar.

Las actividades de acuacultura, si bien permiten la manipulación del flujo marino, ello no significa que su naturaleza jurídica cambie de manera permanente, ya que cuando las compuertas y la infraestructura propia de dicha actividad se retira de la superficie, la misma se vuelve a inundar, es decir, las obras no son de carácter permanente y por lo tanto, no pueden considerarse que dichos terrenos se ganaron al mar.

Como se menciona, las obras que se realizan no son de carácter permanente, porque para llevar a cabo la actividad se requiere de la entrada del agua hacia la estanquería, por lo que no son considerados terrenos ganados al mar y, por lo tanto, las playas (zona de marismas) y la zona federal marítimo terrestre no son susceptibles de enajenarse a ningún particular, la nación siempre conserva sobre ellas el inalienable derecho de propiedad de los bienes de dominio público de la Federación.

Ahora bien, por otra parte se observa que el proponente señala en su primer disposición modificar el término de acuacultura, sin hacer distinción alguna, por ello y de acuerdo a lo mencionado en su exposición de motivos, se concluye que dicha actividad se pretende llevar a cabo con la finalidad de obtener beneficios económicos para los particulares en detrimento de la Nación, pues el esquema actual favorece a los intereses públicos.

Siguiendo en el mismo tenor, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, misma que distingue diferentes tipos de acuacultura; acuacultura comercial, acuacultura de fomento, acuacultura didáctica, acuacultura rural, algunas de las cuales requieren de algún tipo de permiso o autorización para llevar a cabo su aprovechamiento, de conformidad con su Título Sexto, Capítulo Cuarto denominado “De las Concesiones y Permisos”.

Asimismo, el supuesto no coincide con la intención de los artículos de referencia, toda vez que la Ley señala que los terrenos ganados al mar pueden ser destinados preferentemente a servicios públicos, es decir, destinados a satisfacer necesidades del público, por lo que su objeto es beneficiar a la colectividad, en cambio, la propuesta del legislador se enfoca a brindar el beneficio a unos cuantos que hacen de la actividad acuícola su modo de vida.

Por lo que respecta al segundo precepto a modificarse de la Ley General de Bienes Nacionales, se considera que limitaría lo señalado en dicho artículo, toda vez que actualmente solo se establece una condicionante para que los terrenos ganados al mar puedan desincorporarse del régimen del dominio público, es decir, que no se requieran para la prestación de servicios públicos, y con la adición que se pretende incorporar, generaría dos condicionantes; por un lado que los terrenos ganados al mar no se requieran para la prestación de servicios públicos y por el otro, que se trate de la instalación de infraestructura para uso acuícola, lo que traería como consecuencia, menor incidencia de desincorporación de terrenos ganados al mar del régimen del dominio público, al tener que cumplir con las dos condicionantes.

En concordancia con lo anterior, la propia Ley dota de facultades a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de otorgar las autorizaciones para ganar terrenos al mar, ello mediante su Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros encargada de tramitar las solicitudes de desincorporación del dominio público de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, aprobarlas y formular los proyectos de Acuerdo correspondientes con la intervención que corresponda a la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos o, en su caso, resolver sobre la negativa de la desincorporación; e intervenir en representación del Gobierno Federal en la enajenación y afectación de dichos bienes, así como, conocer y resolver las solicitudes de autorización para ganar terrenos al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y de conformidad con el análisis efectuado, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero: Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales, presentada por el diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el pasado 8 de septiembre del año en curso.

Segundo: Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, a 1o. de diciembre de 2015.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez, Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez, Marisol Vargas Bárcenas (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), David Jiménez Rumbo (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Armando Luna Canales.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Juventud, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Juventud, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 11 de noviembre de 2015, el diputado Marco Antonio García Ayala, de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Juventud, para el análisis y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa es un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1, 3 Bis, la fracción XIII del artículo 4, artículo 4 Bis, 15; y se adiciona el segundo párrafo al artículo 2, el artículo 2 Bis, todos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

IV. Consideraciones

Primera.Por técnica legislativa, en el decreto no se debe poner un “artículo primero”, en virtud de que únicamente debe citarse los artículos reformados, las adiciones o derogaciones de los mismos.

Asimismo, en el artículo 1o. el promovente menciona en el decreto una reforma a dicho artículo, pero legislativamente debe ser derogación al segundo párrafo del artículo 1o.

Cabe citarse que en la propuesta de reforma del artículo 3 Bis sólo está modificando el primer párrafo, por lo que es incorrecta la siguiente redacción:

I. y II. ...

III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad.

IV. a VII. ...

En virtud de que lo correcto es

I. a VII. ...

Segunda.La propuesta de adición del artículo 2 Bis respecto a la palabra Secretaría, que se entenderá como Secretaría a la Secretaría de Desarrollo Social, sería ambigua en virtud de que en la fracción XIV del artículo 4 y en el segundo artículo transitorio se menciona a la Secretaría de Educación Pública, por lo que causaría confusión.

Asimismo, en el glosario de términos siglas y acrónimos, del Programa Nacional de la Juventud 2014-2018 se entiende a la Sedesol como Secretaría de Desarrollo Social.

Tercera. Derivado de la necesidad de tener en nuestro marco legal una Ley General de Juventud, se considera inviable la propuesta de adicionar un artículo 2 Bis, a efecto de incorporar el listado de conceptos-definiciones a que se refiere todo el texto legal.

En México, más de 37 millones de jóvenes, quienes son y han sido importantes protagonistas de la historia sociopolítica y cultural del país, necesitamos esta Ley, ya que la población joven ha marcado tendencias y transiciones culturales, económicas y sociales, tanto en nuestra sociedad como en muchas otras latitudes.

Lamentablemente, la situación actual de los jóvenes, en términos de participación en el mercado laboral, educación, participación social, salud, sexualidad, pobreza, bienestar económico, ejercicio de los derechos sociales y victimización no permite que la principal conclusión respecto a la integración de los jóvenes en desarrollo del país se de en condiciones de desventaja, debido a las dificultades que enfrenta este sector de la población.

Por lo expuesto, la comisión dictaminadora presenta los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2015.

La Comisión de Juventud, diputados:Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica), presidenta; Jazmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos (rúbrica), Ariel Enrique Corona Rodríguez (rúbrica), Karen Hurtado Arana (rúbrica), Elvia Graciela Palomares Ramírez (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Jonadab Martínez García (rúbrica), secretarios; Antonio Tarek Abdala Saad, Héctor Javier Álvarez Ortiz, Alfredo Anaya Orozco, Román Francisco Cortés Lugo, Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Alejandro Juraidini Villaseñor, Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Mariano Lara Salazar (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett, Laura Nereida Plasencia Pacheco (rúbrica), Mónica Rodríguez della Vecchia, Yarith Tannos Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue turnada para su análisis y dictamen, la iniciativa que reforma el artículos 2o. y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada por la entonces Diputada de la LXII Legislatura Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Esta Comisión Dictaminadora, en ejercicio de las facultades que le confieren los Artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esa honorable asamblea, el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero.La entonces diputada de la LXII Legislatura Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento iniciativa que reforma el artículos 2o. y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

Una vez analizado el proyecto legislativo propuesto en la Iniciativa objeto del presente dictamen, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos el siguiente

II. Contenido de la iniciativa

La entonces diputada Graciela Saldaña Fraire menciona que los bosques mexicanos son vulnerables a múltiples impactos antropogénicos, principalmente aquellos que tienen que ver con el cambio de uso de suelo forestal o preferentemente forestal a otros usos que no siempre son los adecuados para el tipo y la conformación de suelos, en los cuales se prende llevar la actividad.

La proponente muestra una preocupación ya que en con la reforma energética decretada en el mes de agosto de 2014, un nuevo actor pone en riesgo a suelo forestal mexicano, la industria energética ya que en sus términos será preponderante sobre las otras actividades, esto incrementa la desigualdad de oportunidades entre los productores forestales, pone en riesgo grandes extensiones de ecosistemas forestales que pueden ser destinados, ahora a construir la infraestructura del sector energético a pesar que los propietarios de los predios no estén de acuerdo.

Por estos motivos es necesario establecer en el procedimiento que garantice que la voz de los propietarios de los bosques, sus usuarios y los interesados en su conservación pueda ser escuchada de manera vinculante al momento de definir un cambio de uso de suelo.

La diputada propone que, previa autorización de cambio de uso de suelo forestal, se realice una consulta pública la cual deberá ser libre e informada, y de esta esta forma se puede garantizar que el procedimiento de cambio de uso de suelo contenga la legitimidad social necesaria en la toma de decisiones sobre los usos del territorio.

Derivado del estudio y análisis del contenido de la Iniciativa objeto del presente dictamen, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

Los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, reconocemos la importancia del interés de la iniciadora en adicionar un último párrafo al artículo 2 y reformar el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Sustentable, con el propósito de establecer una consulta popular para los cambios de uso de suelo.

Estimamos pertinente señalar la vigencia del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”; sin embargo, nadie puede negar la observancia de tales disposiciones constitucionales por las autoridades correspondientes, las cuales, en aras de la congruencia legal, deben observar también lo dispuesto, entre otros, en los Artículos 40 y 41 de nuestra Norma Fundamental, que a la letra dicen:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.”.

De tal manera, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de gobierno, mediante la manifestación de sus ideas o la expresión de sus opiniones, no obstante que deben ser atendidas por la autoridad competente de que se trate, no pueden establecerse en legislación federal secundaria alguna, si no existe la disposición constitucional que así lo prevea.

Tal es el caso de la reforma al artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable donde se quiere añadir que los cambios de uso de suelo requieran de una consulta pública previa. Cabe recordar que los cambios de uso de suelo se llevan a cabo mediante un Estudio Técnico Justificativo (ETJ), el cual es un documento científico destinado a demostrar que una obra o actividad que ocasione afectación por la remoción de la vegetación forestal, tiene previsto controlar la afectación en grado admisible y por lo tanto no comprometerá la biodiversidad, ni provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua y la afectación de su capacitación; y que el uso alternativo del suelo que se proponga será más productivo a largo plazo.

El Estudio Técnico Justificativo (ETJ) debe manifestar que las diversas disposiciones que contempla la normatividad federal aplicable en relación a los procesos de cambio de uso del suelo en terrenos forestales han sido revisadas cuidadosamente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Entre los requisitos que debe cumplir el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) se encuentran, demostrar que el proyecto: No compromete la biodiversidad, No provocará la erosión de los suelos, Evita el deterioro en la calidad del agua o la disminución de su captación, Incluye medidas de mitigación y compensación ambiental, Considera el rescate y reubicación de especies bajo régimen de protección legal (flora y fauna).

Se entiende que someter a todas las solicitudes de cambios de uso del uso a consulta pública sobrepasan las capacidades actuales de la Secretaría. Adicional, se tiene el Consejo Estatal Forestal para dar opinión técnica previo a la autorización, como lo marca el primer párrafo del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Para el caso de la reforma del artículo 2o. de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable donde se mencionan los objetivos de la ley se plantea agregar un párrafo mas donde “Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley aquellos recursos forestales maderables y no maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, cuando se trate de especies o poblaciones en riesgo previstas en la Ley General de Vida Silvestre, normas oficiales mexicanas y las que gocen de algún esquema de protección de acuerdo con tratados internacionales.”

Recordemos que los recursos forestales forman parte de los recursos naturales y entre ellos se encuentra la vegetación forestal natural y la vegetación inducida mediante plantaciones forestales, los productos y residuos que de ellas se obtienen, así como los suelos de los terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal.

La anterior definición conlleva que todos los bosques, selvas, vegetación de zonas áridas, vegetación acuática y subacuática se le considere como vegetación forestal aprovechable, por lo que al párrafo que se plantea añadir queda sin materia.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción G del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente dictamen con

Acuerdos

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, desecha en su totalidad la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), presidente; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platte, María del Carmen Pinete Vargas, Sergio Emilio Gómez Oliver, René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lucia Arzaluz Alonso (rúbrica), Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica), secretarios; María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado, José Ignacio Pichardo (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

En virtud del análisis y estudio de la minuta que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos, 39 numerales 1 y 2 fracción XXXVI, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión plenaria celebrada el 6 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por los senadores Francisco Javier Obregón Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. En esa misma fecha dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, quienes después de un cuidadoso proceso de análisis y consulta, emitieron el dictamen correspondiente, aprobándolo con modificaciones el 19 de abril de 2012.

Tercero. Con fecha 24 de abril de 2010 se presentó el dictamen de primera lectura. Se presentó a discusión el 25 de abril de 2012 ante pleno de la Cámara de Senadores, aprobándose por 76 votos. Con esa misma fecha se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La minuta se recibió en la Cámara de Diputados en la sesión del 26 de abril de 2012 y con esa fecha se turnó a la Comisión de Pesca para dictamen. Todo esto durante la LXI Legislatura.

Cuarto. Con fecha 30 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura con motivo de la integración de las comisiones ordinarias hizo del conocimiento de la Comisión de Pesca los asuntos pendientes de dictamen en la misma, entre las que se incluyó la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por los senadores Francisco Javier Obregón Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La fecha para emitir el dictamen correspondiente inició a partir de su recepción el 14 de octubre de 2015.

Contenido de la minuta

La propuesta presentada por los senadores Francisco Javier Obregón Espinoza y Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, va en el sentido de establecer que la pesca de fomento sólo podrá tener como fin la investigación científica, tecnológica o ambas, y estará orientada a obtener y proporcionar las bases científicas que promuevan el desarrollo sustentable de la actividad pesquera y en ningún caso podrá tratarse de operaciones comerciales.

Asimismo plantean la necesidad de incrementar la sanción administrativa a quienes simulen realizar pesca de fomento para lucrar con las capturas. Para ello propusieron reformar diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en la forma siguiente:

Artículo 64. La Secretaría podrá otorgar permisos para realizar pesca de fomento a las personas que acrediten capacidades técnica y científica para tal fin, en los términos de la presente ley, de su reglamento y de las normas oficiales que al efecto se expidan. La pesca de fomento sólo podrá tener como fin el de la investigación científica, tecnológica o ambas, y estará orientada a obtener y proporcionar las bases científicas que promuevan el desarrollo sustentable de la actividad pesquera y en ningún caso podrá tratarse de operaciones comerciales.

La Secretaría podrá permitir la pesca de fomento en el caso de extranjeros, sólo a científicos, técnicos e instituciones de investigación, previa opinión favorable del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y mediante autorización de las Secretarías de Relaciones Exteriores y la de Marina, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.

La Secretaría tendrá libre acceso a toda la información derivada de la investigación científica y técnica y tendrá facultad para designar personal del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) que, con carácter de observadores, presencien las actividades de pesca y verifiquen que éstas se ajusten a las condiciones y límites que se fijen.

Si con base en los informes entregados por el permisionario el Inapesca determina que existe posibilidad de otorgar permisos para la pesca comercial sobre los recursos que motivaron el permiso de pesca de fomento, el permisionario que llevó a cabo los trabajos de pesca de fomento tendrá prelación para la obtención del permiso de pesca comercial.

Las capturas que al amparo de un permiso de pesca de fomento realicen las instituciones científicas o académicas nacionales podrán comercializarse y estas instituciones deberán retener el total de los ingresos obtenidos por la venta de las mismas, siempre y cuando estos ingresos se apliquen exclusivamente al desarrollo de las labores propias de la institución.

Artículo 132. Son infracciones a lo establecido en la presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:

I. a VI.

VII. Simular actos de pesca de consumo doméstico, deportivo-recreativa o didáctica con el propósito de lucrar con los productos obtenidos de las capturas;

VIII. a XXX. ...

XXXI. Simular actos de pesca de fomento con el propósito de lucrar con los productos obtenidos de las capturas; y

XXXII: Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 138. La imposición de multas a que se refiere el artículo 133 se determinará en la forma siguiente:

I. ...

II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones : I, II, V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXXII del artículo 132;

III. ...

IV: Con el equivalente de 10,001 a 30,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las infracciones: III, IV, X, XIII, XVI, XIX, XXIX, XXXI del artículo 132.

Del análisis llevado a cabo en el Senado de la República por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, la iniciativa presentada por los entonces senadores, fue considerada como viable, aunque propusieron algunas modificaciones.

Los legisladores estimaron improcedente la modificación al artículo 64, porque consideraron restringía la definición de la pesca de fomento al considerar únicamente los fines de investigación científica y tecnológica y omitir las actividades de exploración, investigación, conservación, mantenimiento y reposición de colecciones científicas y el desarrollo de nuevas tecnologías; mismas que también se consideran pesca de fomento de conformidad con lo dispuesto por la fracción XII el artículo 4o. de la ley en comento.

Por lo anterior propusieron una nueva redacción para quedar como sigue:

Artículo 64. La Secretaría podrá otorgar permisos para realizar pesca de fomento a las personas que acrediten capacidad técnica y científica para tal fin, en los términos de la presente Ley, de su reglamento y de las normas oficiales que al efecto se expidan. La pesca de fomento preponderantemente podrá tener como fin la investigación científica, el desarrollo de nuevas tecnologías, y estará orientada a obtener y proporcionar las bases científicas y técnicas que promuevan el desarrollo sustentable de la actividad pesquera.

Tampoco consideraron pertinente la reforma al segundo párrafo del artículo 64 de esta ley porque de aprobarse en esos términos violentaría el objeto del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, que no es precisamente la investigación científica y tecnológica sino: “ promover las políticas, programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas, así como a incrementar la competitividad de los sectores productivos”, esto de conformidad con lo que dispone el artículo 22 de la ley. Aunado a lo anterior observaron que el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura sesiona una vez al año, por lo que de aprobarse la adición propuesta se podría propiciar el retraso en el otorgamiento de este tipo de permisos.

Por lo que se refiere a las autorizaciones de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la primera dependencia no es competente para otorgar permisos a extranjeros que pretendan realizar investigación científica sobre los recursos naturales, en este caso pesqueros, sino para: “Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las leyes para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones en la República mexicana; obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de recursos naturales o para invertir o participar en sociedades mexicanas civiles o mercantiles, así como conceder permisos para la constitución de éstas o reformar sus estatutos o adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos”.

Por lo que para el segundo párrafo del artículo 64 sugirieron la redacción siguiente:

Artículo 64. ...

La Secretaría podrá permitir la pesca de fomento, en el caso de extranjeros, sólo a científicos, técnicos e instituciones de investigación científica, para lo cual solicitará opinión previa a las Secretarías de Relaciones Exteriores y Marina de las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales para realizar actividades en las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.

Las comisiones dictaminadoras del Senado de la República, consideraron pertinente la adición de un tercer párrafo al artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, aunque estimaron adecuado precisar la redacción y dividir el párrafo, debido a que si bien la fracción XVII del artículo 29 de la ley, ya prevé como facultad del Inapesca: “la designación de observadores a bordo de embarcaciones o instalaciones pesqueras o acuícolas, para fines de investigaciones” esta nueva referencia en el artículo 64 brindaría mayor certeza.

Consideraron muy oportuna la referencia al libre acceso a los resultados de las investigaciones que se realicen al amparo de un permiso de pesca de fomento ya que, aun cuando en la práctica una copia del material del resultado de la investigación se queda en México, la referencia explícita en el cuerpo de la Ley además de brindar mayor certeza complementa lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley, que reza: “Todos los titulares de concesiones o permisos deberán, en los términos de la presente ley, presentar los informes acerca de los datos estadísticos requeridos por las autoridades en cumplimiento de sus fines y objetivos”.

Por lo que se permitieron sugerir la redacción siguiente:

La secretaría deberá designar observadores del Inapesca a bordo de las embarcaciones quienes verificarán que las actividades se ajusten a las condiciones y límites fijados por los permisos de fomento.

Los permisionarios de pesca de fomento deberán presentar a la secretaría un informe preliminar y otro final de los resultados de las actividades llevadas a cabo al amparo de dicho permiso, el cual, de conformidad con el proyecto que se trate indicará el contenido, los plazos y modalidades de entrega.

La adición de un cuarto párrafo al artículo 64 de la ley en comento no la consideraron oportuna, ya que la legislación no puede discriminar ni particularizar a favor de un grupo o sector. Aunado a ello, de aprobarse en sus términos el párrafo propuesto podría ocasionar un conflicto en la aplicación de la ley, concretamente con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 68 que a la letra dice: “No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la secretaría”. Explicaron que si bien comprendían el espíritu que perseguía la redacción propuesta por los legisladores promoventes, éste ya se encuentra incorporado en la ley. Esto porque los resultados de las actividades realizadas al amparo de los permisos de pesca de fomento son utilizados por la autoridad competente para evaluar en forma precisa el potencial biológico y pesquero de las especies y con base en ello posteriormente pueda darse el aprovechamiento pesquero a escala comercial.

En cuanto hace a la adición de un quinto párrafo al artículo 64 de la ley que nos ocupa, las comisiones dictaminadoras del Senado de la República lo consideraron adecuado pero se permitieron precisarlo proponiendo la redacción siguiente:

Las instituciones académicas, de investigación científica o tecnológica, que obtengan ingresos al amparo de un permiso de fomento deberán destinarlos en su totalidad al desarrollo de actividades propias de la institución.

Por lo que finalmente se aprobó el proyecto de decreto siguiente:

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único. Se reforman el primero y segundo párrafos del artículo 64; la fracción VII del artículo 132; y las fracciones II y IV del artículo 138; y se adicionan tres párrafos al artículo 64; así como una fracción XXXI recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 132, todas ellas de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 64. La secretaría podrá otorgar permisos para realizar pesca de fomento a las personas que acrediten capacidad técnica y científica para tal fin, en los términos de la presente Ley, de su reglamento y de las normas oficiales que al efecto se expidan. La pesca de fomento preponderantemente tendrá como fin la investigación científica, el desarrollo de nuevas tecnologías, y estará orientada a obtener y proporcionar las bases científicas y técnicas que promuevan el desarrollo sustentable de la actividad pesquera.

La secretaría podrá permitir la pesca de fomento, en el caso de extranjeros, sólo a científicos, técnicos e instituciones de investigación científica, para lo cual solicitará opinión previa a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina de las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales para realizar actividades en las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.

La secretaría deberá designar observadores del Inapesca a bordo de las embarcaciones quienes verificarán que las actividades se ajusten a las condiciones y límites fijados por los permisos de fomento.

Los permisionarios de pesca de fomento deberán presentar a la Secretaría un informe preliminar y otro final de los resultados de las actividades llevadas a cabo al amparo de dicho permiso, el cual, de conformidad con el proyecto que se trate, indicará el contenido, los plazos y modalidades de entrega.

Las instituciones académicas, de investigación científica o tecnológica, que obtengan ingresos al amparo de un permiso de fomento deberán destinarlos en su totalidad al desarrollo de actividades propias de la institución.

Artículo 132. Son infracciones a lo establecido en la presente ley, el reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:

I. al VI. ...

VII. Simular actos de pesca de consumo doméstico, deportivo-recreativa o didáctica con el propósito de lucrar con los productos obtenidos de las capturas;

VIII. a XXIX. ...

XXX. Falsificar o alterar los títulos que amparan los derechos de los permisos o concesiones;

XXXI. Simular actos de pesca de fomento con el propósito de lucrar con los productos obtenidos de las capturas, y

XXXII. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 138. La imposición de las multas a que se refiere el artículo 133 se determinará en la forma siguiente:

I. ...

II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: I, II, V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXXII del artículo 132;

III. ...

IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: III, IV, X, XIII, XVI, XIX, XXIX, XXXI del artículo 132.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

Primera. El contexto mundial de la pesca nos plantea nuevos retos y desafíos para el sector, principalmente en materia de producción, comercialización, generación de cadenas de valor, sustentabilidad, entre otras, como resultado de la integración global. En este sentido, la incorporación del Inapesca en el proceso de autorización y supervisión de la pesca de fomento realizada por extranjeros, en coordinación con la Sagarpa, y las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina, permitirán generar un proceso de aprendizaje, a través de compartir las experiencias, conocimientos y tecnología que en materia pesquera tienen en otros países, con el objetivo de generar un impulso en las nuevas metodologías y un mayor crecimiento de la industria pesquera y acuícola.

Y en ese tenor durante la LXII Legislatura, en sesión celebrada el 22 de abril de 2014, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 64 de la Ley General Pesca y Acuacultura Sustentables.

Con esa misma fecha la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Pesca para su estudio y dictamen correspondiente. Se recibió en esta comisión el día 23 de abril de 2014. Con fecha 19 de junio de 2014 se aprobó el dictamen en sentido positivo durante la décimo cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Pesca.

El dictamen fue presentado a discusión en la Cámara de Diputados, el 4 de noviembre de 2014. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 364 votos a favor, cero abstenciones, cero en contra. Y pasó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. En sesión celebrada con fecha 6 de noviembre de 2014, por el pleno de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, su Mesa Directiva recibió oficio de la Cámara de Diputados, mediante el cual se remite la minuta con proyecto de decreto en dictamen.

Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha minuta con proyecto de decreto fuera turnada a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos. El dictamen aprobado con modificaciones por las Comisiones de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, se presentó ante el pleno del Senado de la República para su votación, aprobándose por 92 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción E) del artículo 72 constitucional, el 24 de marzo de 2015.

La minuta devuelta se recibió en la Cámara de Diputados con fecha 26 de marzo de 2015 y con esa misma fecha se turnó a la Comisión de Pesca a efecto de elaborar el dictamen correspondiente.

En el dictamen de dicha minuta se aprobaron las modificaciones propuestas por la colegisladora y fue presentado a discusión en la Cámara de Diputados en sesión del 28 de abril de 2015, en la que se aprobó el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por 354 votos a favor y 1 abstención. Por lo que pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales y se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 4 de junio de 2015.

A partir de ese momento el artículo 64 de la Ley General de Pesca quedó como sigue:

Artículo 64. ...

La Secretaría deberá coordinarse con el Inapesca para que éste emita las opiniones de carácter técnico y científicas para permitir la pesca de fomento, en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros, para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina, las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.

En esta nueva redacción se considera que la incorporación del Instituto Nacional de Pesca, como coadyuvante en el proceso de autorización y supervisión de la pesca de fomento a extranjeros, lo que se considera permitirá generar mecanismos para realizar e impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector pesquero, con una perspectiva de protección y sustentabilidad ambiental, principalmente porque la pesca de fomento permite a los investigadores conocer mejor el recurso, así como valorar las posibilidades de establecer las pesquerías de manera comercial, sobre la base de diversas investigaciones ecológicas, biológicas, pesqueras y de comercialización. Y que todo esto fortalecerá al Inapesca en su compromiso con la pesca responsable, actuando siempre sobre bases científicas sólidas para conservar, ordenar y desarrollar la pesca, cuidando los ecosistemas acuáticos.

Segunda. La minuta objeto del presente dictamen fue remitida a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

El mismo artículo 72 en su apartado D, nos faculta como Cámara revisora a desechar en su totalidad el proyecto de decreto y devolverlo a la Cámara de origen.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura estimamos que la minuta objeto de este dictamen se encuentra ya superada, en virtud de que a partir de su publicación en el Diario Oficial el 4 de junio de 2015, el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, fue modificado, por lo que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, remitida por la Cámara de Senadores el 26 de abril de 2012.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, México, DF, a los 9 días del mes de diciembre de 2015.

La Comisión de Pesca, diputados:Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), presidente; Efraín Arellano Núñez (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), José Luis Toledo Medina (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado, Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica), Fidel Calderón Torreblanca, secretarios; David Aguilar Robles (rúbrica), Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (rúbrica), Moisés Guerra Mota (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), Jisela Paes Martínez, Esdras Romero Vega (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, se devuelve al Senado de la República, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 constitucional.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primero y cuarto párrafos del artículo 67, y el artículo 71, así como se adicionan una fracción VII al artículo 68 y un segundo párrafo al artículo 70 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud para incluir el acceso universal y gratuito a métodos anticonceptivos.

La comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en lo siguiente.

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a “Contenido de la iniciativa” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “Consideraciones” la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 22 de julio de 2015, el diputado Alejandro Rangel Segovia del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman el párrafo primero y cuarto del artículo 67, y el artículo 71, así como se adiciona una fracción VII al artículo 68 y un segundo párrafo al artículo 70 de la Ley General de Salud.

En la misma fecha la mesa directiva de éste órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

En su exposición de motivos el diputado promovente propone fortalecer las campañas de información sexual ya previstas en dicho ordenamiento legal, además de establecer la obligatoriedad para que la Secretaría de Salud ejecute un programa nacional permanente que garantice el acceso universal y gratuito a todos y cada uno de los métodos anticonceptivos de última generación, principalmente entre los grupos poblacionales más vulnerables en la materia, como son la juventud y la adolescencia.

Sin duda, el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. Por lo tanto, la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos, constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual.

En consecuencia, los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones. Sin embargo, éstos deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información.

La propuesta considera que la educación sexual y reproductiva adecuada, el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación, cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva, es el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas adolescentes y jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos; propone, además, garantizar este derecho a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, principalmente a indígenas y discapacitados.

Por estas razones sugiere reformar la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

III. Consideraciones

a)La iniciativa del diputado Alejandro Rangel Segovia, es considerada por esta comisión como una propuesta encaminada a cubrir las necesidades de la población en materia sexual y reproductiva, y los integrantes estamos de acuerdo con su exposición de motivos, sin embargo lo que pretende el legislador ya se encuentra previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Salud, así como en diversos programas establecidos por el Gobierno Federal tomados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

b) Respecto de la reforma del primer párrafo del artículo 67 de la Ley General de Salud, los integrantes de esta comisión no consideramos viable se realice, toda vez que la pretensión del diputado de incluir “...y el acceso universal y gratuito a medicamentos anticonceptivos”, ya se encuentra establecido de manera general en el mismo precepto de la Ley de la materia:

Artículo 67. La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

...

...

...

c) Asimismo, el proyecto de reformar el párrafo cuarto del artículo 67 de la Ley General de Salud, para que los medicamentos anticonceptivos que se otorgan universal y gratuitamente, contengan información sobre su uso en la lengua en uso en la región, no se considera necesario, ya que el mismo párrafo, ya incluye el espíritu de dicha reforma, tomando en consideración que las legislaciones a nivel federal, deben ser generales y abstractas, de conformidad con los principios generales del derecho:

Artículo 67. ...

...

...

En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.

d) Por otra parte, el promovente, dentro de su propuesta pretende adicionar un quinto párrafo al artículo 67 de la Ley General de Salud, sin embargo en nuestra Carta Magna en el artículo 4o., párrafo cuarto, manifiesta que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Artículo 4o. ...

...

...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

...

En el mismo sentido, la Ley General de Salud en los artículos 3, fracción II, 6, fracción III, 77 Bis 1 y 77 Bis 36, ya menciona la protección de la salud en todos los sentidos a todas y cada una de las personas, incluyendo a las que sufren algún tipo de discapacidad, así como la eliminación de cualquier forma de discriminación para dichos individuos, por lo que el aprobar la propuesta del legislador sería redundante y se encontraría sobre regulado dicho tema.

Artículo 3. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. ...;

II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

II Bis. a XXVIII. ...

Artículo 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. y II. ...;

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV.a XI. ...

Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

...

Artículo 77 Bis 36. Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tienen derecho a recibir bajo ningún tipo de discriminación los servicios de salud, los medicamentos y los insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, en las unidades médicas de la administración pública, tanto federal como local, acreditados de su elección de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

e) Respecto de la adición de una fracción VII, al artículo 68 de la Ley de la materia, los integrantes de esta Comisión consideramos que es innecesaria, toda vez que en las fracciones I y V del mismo artículo, se encuentra estipulada la pretensión del diputado, al señalar que los servicios de planificación familiar comprenden tanto la promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, así como la participación en el establecimiento de mecanismos idóneos para la determinación, elaboración, adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de planificación familiar, por lo que de aprobarse dicha adición se estaría sobre regulando en la materia.

Artículo 68. Los servicios de planificación familiar comprenden:

I. La promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, con base en los contenidos y estrategias que establezca el Consejo nacional de Población;

II. a IV. ...

V. La participación en el establecimiento de mecanismos idóneos para la determinación, elaboración, adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de planificación familiar.

VI. ...

f) Ahora bien, en cuanto a adicionar un segundo párrafo al artículo 70 y reformar el artículo 71, para ejecutar un programa nacional permanente que prevea el suministro de información y medicamentos anticonceptivos de última generación, esta Comisión considera innecesarias estas reformas, toda vez que en el Plan Nacional de Desarrollo, especialmente en el Programa Sectorial de Salud y Programa de Desarrollo Social 2013- 2018, ya existen programas en los que se considera la distribución de métodos anticonceptivos entre la sociedad mexicana, la problemática que pretende atacar compete a la aplicación de programas sociales, más no a reformas legales.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Estrategia 2.2.3. Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

Estrategia 2.2.4. Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.

• Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.

Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.

• Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.

• Controlar las enfermedades de transmisión sexual, y promover una salud sexual y reproductiva satisfactoria y responsable.

Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.

• Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de programas y acciones dirigidos a la población.

• Implementar acciones regulatorias que permitan evitar riesgos sanitarios en aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.

• Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población.

• Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros.

Finalmente, el diputado promovente no señala durante su exposición de motivos el impacto presupuestario, que se generaría, incumpliendo con lo estipulado por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala en su párrafo primero que “... a toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberán agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto”, por lo que no se tiene certeza de donde se obtendrán los recursos para sustentar dicha propuesta.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud someten a consideración de la honorable asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero y cuarto del artículo 67, y el artículo 71, así como se adiciona una fracción VII, al artículo 68 y un segundo párrafo al artículo 70 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Alejandro Rangel Segovia del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

LEY DE AVIACIÓN CIVIL

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 y adiciona el artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

I. Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente, celebrada el 19 de agosto de 2015, los entonces diputados Adriana Fuentes Téllez y Javier Filiberto Guevara González, integrantes del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 y se adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen”.

3. El miércoles 7 de octubre se instaló formalmente la Comisión de Transportes de la LXIII, en dicha fecha se envió el expediente para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

Los autores de la iniciativa exponen que en los últimos años la actividad del sector aeronáutico en el mundo ha registrado un fuerte crecimiento, impulsado entre otros factores por la creciente demanda de transporte. De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), los buenos resultados del negocio de pasajeros durante 2012 supusieron una rentabilidad de las aerolíneas mayor que la prevista. Se trató, a decir de esta organización, de un gran logro teniendo en cuenta que las economías desarrolladas mantuvieron su debilidad y que los precios del combustible de las aeronaves alcanzaron nuevos máximos anuales.

La aviación cada vez tiene una mayor accesibilidad al público en general en países que tienen una economía como la nuestra, situación que ha generado en este sector una situación de demanda completamente diferente a la del pasado.

Una consecuencia de este fenómeno se puede observar en el hecho de que, según cifras de la Dirección General de Aviación Civil, el transporte aéreo regular, tanto de empresas nacionales como extranjeras transportó más de 65 millones de pasajeros durante 2014, equivalente a un crecimiento de 8.5 por ciento comparado a los pasajeros transportados durante 2013. Las empresas nacionales lograron un incremento de 9.04 por ciento al pasar de 37.3 a 40.7 millones de pasajeros transportados de 2013 a 2014. Por otra parte, las empresas extranjeras con operaciones hacia/desde el territorio nacional crecieron 7.74 por ciento, ya que en 2014 movilizaron a un total de 24.4 millones de pasajeros, comparado con los 22.68 millones de 2013.

Si bien son cierto los referidos incrementos permiten generar optimismo sobre el futuro de la aviación comercial en nuestro país, ello no obsta para señalar que todavía quedan muchos pendientes por resolver, sobre todo por cuanto hace a la calidad de los servicios que prestan las líneas aéreas a sus clientes.

Los principales motivos de las quejas son la negativa a otorgar el servicio, relacionada con la sobreventa de vuelos; así como el rechazo al cambio o devolución, lo cual tiene que ver con los cargos extra que se hacen cuando se cambian reservaciones o no se pueden cancelar; pérdida de equipaje o incluso actos discriminatorios.

Prácticas como la sobreventa de vuelos no sólo vulneran los derechos de los usuarios de este tipo de servicios, sino que permiten que las aerolíneas continúen llevando a cabo las mismas de forma discriminada, con la finalidad de incrementar sus ingresos sin importar que se vean afectados los usuarios.

Lo anterior resulta aún más grave si consideramos que el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, permite la sobreventa de boletos, aunque sujeto a ciertas condiciones, tal y como se desprende de la lectura de dicho dispositivo, el cual señala a la letra lo siguiente:

Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje;

II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o

III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior a veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

Al ser la aeronáutica una materia delicada por las implicaciones que en ésta operan, es de reconocer la necesidad de ser cautelosos en el tema de seguridad que se tiene que manejar, por ende consideramos acertado que se regule de forma idónea sobre las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros.

Este artículo, si bien es cierto de alguna manera busca proteger los derechos de los usuarios, pues contempla diversas formas de atención para ellos en el caso de que se presente la sobreventa de vuelos, no por ello ha impedido que en ocasiones familias enteras se queden varadas durante horas en un aeropuerto hasta poder abordar una aeronave que las lleve a su destino, lo que genera molestias, incertidumbre y frustración entre los usuarios, pues muchas veces las vacaciones y los negocios proyectados terminan arruinados.

La nobleza de la norma en comento se desprende de la exposición de motivos contenida en la iniciativa presentada ante el Congreso el 20 de abril de 1995, en la cual se establece que “Igualmente importante para el público usuario de los servicios aéreos es la prevención contenida en esta iniciativa, en el sentido de obligar a los prestadores del servicio a responder a los pasajeros en caso de sobreventa de boletos o de cancelación imputable al concesionario o permisionario de que se trate, mediante una fórmula que permita al afectado a elegir entre el reembolso del precio del boleto, o la ocupación en un transporte sustituido en el primer vuelo disponible, o bien la transportación en fecha posterior a un destino igual.”

A veinte años de entrar en vigencia esta disposición, no podemos afirmar que haya cumplido los objetivos para los cuales fue aprobada, razón que se estima suficiente para proponer modificaciones tendientes a mejorarla.

Es por esto que las reformas que se propone a través de la presente iniciativa se encuentran encaminadas a regular y actualizar la Ley de Aviación Civil a las necesidades que la demanda de este servicio ha generado, de tal forma que es indispensable se elimine y se exprese de forma clara en la ley la prohibición de la sobreventa de boletos por parte de las aerolíneas.

Por lo anterior se propone el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma el artículo 52 y se adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil.

Artículo 52. Cuando se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. a III. ...

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior a veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

Artículo 52 Bis. Queda prohibida la expedición de boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones

La Comisión de Transportes realizo el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa objeto de este dictamen, coincidimos en lo noble de la propuesta sin embargo es importante hacer las siguientes observaciones:

Es necesario destacar que las líneas aéreas no sobrevenden sus vuelos como una rutina dolosa o como un vicio de mala fe contractual en perjuicio de sus clientes. Más bien, esta medida comercial tiene su fundamento en los índices registrados de pasajeros reservados que no se presentan a documentar y abordar su vuelo en la fecha consignada en la reservación. Ello origina una seria afectación, en primer lugar, a la prestación del servicio público de manera eficiente, ya que las reservaciones existentes de pasajeros que no se presentan impiden la venta de boletos a otras personas que sí desean efectuar el vuelo y hacer uso del mismo servicio, además del asiento vacío que esto representa.

En todo caso, la aerolínea al incurrir en dicha eventualidad, debe reintegrar al pasajero el precio íntegro del boleto, además de incurrir en otros gastos destinados a apoyarlo para trasladado a su destino y, adicionalmente, pagar una indemnización de 25 por ciento del precio del boleto, lo cual elimina la posibilidad de lucro por parte de la empresa.

Esta es una práctica comercial generalizada en todos los países del mundo, por lo que en caso de efectuarse en nuestro país alguna limitación al respecto, se generaría un conflicto en la comercialización de la mayoría de las empresas extranjeras que operan en los aeropuertos nacionales, ya que sus legislaciones locales sí lo permitirían.

La Ley de Aviación Civil, lejos de pretender inhibir la sobreventa de boletos, reconoce esta práctica internacional y adopta en el artículo 52 una serie de medidas que debe tomar la aerolínea en caso de que eventualmente no exista la posibilidad de que algún pasajero pueda abordar.

En el mismo sentido el numeral VII del artículo 38 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil determina que:

Artículo 38. Todo pasajero de cualquier servicio al público de transporte aéreo tiene los siguientes derechos:

VII. En los casos a que se refiere el artículo 52 de la ley, el concesionario o permisionario al momento de la denegación del embarque debe hacer del conocimiento del pasajero por conducto de su personal, así como a través de folletos, las opciones con que cuenta y debe inmediatamente proporcionársele la que haya elegido. Tratándose de la indemnización, el pasajero debe manifestar si se realiza en dinero o en especie.

De igual manera, el artículo 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya dispone que los consumidores tendrán derecho a la bonificación o compensación del dinero pagado cuando la prestación de un servicio sea deficiente, no se preste o no se proporcione por causas imputables al proveedor.

Esta situación está ampliamente legislada en prácticamente todos los países del mundo, incluyendo Norteamérica, Europa, Sudamérica y Asia por lo que impedir esta práctica representaría una situación nociva para el transporte aéreo y sus usuarios, afectando la eficiencia en la prestación del servicio público, al restarle competitividad frente a los sectores de otros países y al incrementarse consecuentemente los costos de transporte que invariablemente se verían reflejados en los usuarios.

La situación expuesta en la iniciativa en estudio ya ha sido planteada en otras ocasiones por varios diputados en legislaturas anteriores, siendo rechazadas en base a las mismas argumentaciones anteriormente señaladas, sin embargo en la pasada legislatura en la Comisión de Transportes se recibieron varias iniciativas en ese tenor, después de realizar el estudio, análisis y discusión la comisión realizó un dictamen en conjunto de las iniciativas el cual fue presentado y aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados el 4 de abril de 2013, por 403 votos a favor. Quedando el decreto de la siguiente forma:

Proyecto de

Decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil

Artículo Único.Se reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 52. ...

I. a III. ...

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que será delveinticinco cien por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 9 de abril de 2013, se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos.

Esta comisión dictaminadora considera que no es viable hacer la reforma planteada en base a los argumentos antes señalados, por otro lado consideramos que el espíritu de la propuesta que es el proteger a los usuarios ya ha sido tomado en el dictamen anterior aprobado por la cámara de diputados y que se expuso en estas consideraciones.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, emitimos el siguiente Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 y se adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de diciembre de 2015.

La Comisión de Transportes, diputados: Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), presidente; José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Jorge López Martín (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica), Jonadab Martínez García, secretarios; María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz, Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez, María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), Cristina Teresa García Bravo María (rúbrica), Pedro Garza Treviño (rúbrica), Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica), Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

A continuación, tienen la palabra para fijar su posicionamiento con respecto a la conclusión del periodo ordinario de sesiones...

El diputado Daniel Torres Cantú (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Torres Cantú.

El diputado Daniel Torres Cantú (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solo para agradecerle al presidente de la Comisión de Transportes, por el expediente que se acaba de aprobar, del exhorto a la SCT y a Hacienda para dar más recursos para el Metro de Nuevo León, y sobre todo por el apoyo de nuestro coordinador, el doctor César Camacho y de todos los de Nuevo León de todos los partidos políticos. Es cuanto, diputado presidente, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Torres Cantú. Sonido en la curul del diputado Elías Iñiguez, por favor.

El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Es para agradecerle a la comisión y felicitar a la Comisión de Salud, igual que al pleno. Se acaban de votar 49 puntos de acuerdo. La verdad gracias, presidencia de la comisión, gracias a toda la comisión y gracias a todo el pleno. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Quieren seguir con pre posicionamientos? Sonido en la curul de la diputada Eva Cruz, por favor.

La diputada Eva Cruz Molina (desde la curul): Para darle las gracias al punto de acuerdo que también en este momento se votó por el Hospital Aurelio Valdivieso de Oaxaca que van 90 millones para ese hospital. Punto de acuerdo que su servidora subió en salud. Gracias por todo también a mi presidente de salud que aprobamos todos estos acuerdos. Gracias por Oaxaca.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cruz. Sonido a la curul del diputado Miguel Ángel Sulub, por favor.

El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solamente para agradecer a todos los diputados de las diversas fuerzas políticas por el respaldo que han brindado también por el punto de acuerdo que presentáramos el diputado César Camacho y su servidor, para fortalecer el número de traductores e intérpretes a favor de la población indígena que garantice un mejor acceso a la salud de nuestros hermanos y hermanas. Muchísimas gracias.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CON MOTIVO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento de los grupos parlamentarios con motivo de la conclusión del periodo ordinario de sesiones. Ya se han enlistado varias compañeras y compañeros. En realidad una compañera diputada nada más y diputados. Tiene por lo tanto la palabra el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por siete minutos.

El diputado Alejandro González Murillo: Con su permiso, presidente. Honorable asamblea, Encuentro Social tuvo en este año que termina, un debut en la arena político electoral muy venturoso; un nuevo partido político nacional que irrumpió una atractiva propuesta: vocación ciudadana, libre de caudillos y que obtuvo cerca de millón y medio de votos en su primera jornada electoral. Es un caso de éxito se mire por donde se mire.

En consecuencia, esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados es la primera de muchas por venir en el que el Partido Encuentro Social contará con grupo parlamentario.

Ocho personas, mujeres y hombres de diversos orígenes, con trayectoria destacada y con exitosa experiencia en el ámbito federal, estatal y municipal, en deporte de alto rendimiento, en la fiscalización superior, en equidad de género, en los derechos humanos, en la actividad sindical, en la causa por la libertad religiosa, y en el medio empresarial, somos y hacemos una bancada plural, incluyente y diversa.

Me siento por ello muy honrado por la confianza depositada en un servidor para coordinar un grupo parlamentario en el que la disciplina parlamentaria no significa no respetar el voto en conciencia e imposición, sin reflexionar de un consenso aplastante, sino por el contrario, constituye el punto de partida mínimo a partir del cual se privilegia el diálogo, se fomenta la apertura a lo ilimitado para abrazar el disenso y respetar hasta sus últimas consecuencias el pensamiento diferente.

Somos, pues, una oposición propositiva que sabe que decirlo a todo es tan patológico como su opuesto, y una minoría de altísima calidad personal y profesional lo que nos hace tener en muy alta estima a la libertad en democracia y viceversa, vivencia cotidiana en nuestra bancada y sueño imposible en otras.

En Encuentro Social continuamos con el podio abierto y escuchamos a diario las inquietudes de las personas que nos siguen reconociendo como la opción política más refrescante que existe, y no han sido pocas las ocasiones en que votamos haciendo a un lado nuestra posición personal para dar cauce a los intereses e ideales de mayoría que verdaderamente importa y a la que nos debemos: al pueblo de México.

Por todo lo anterior, contamos con la autoridad moral suficiente para venir a esta, la máxima tribuna de la nación, a reiterar nuestro llamado, sí respetuoso, pero también enérgico.

A los grupos parlamentarios mayoritarios en el sentido que no se olviden que las minorías no satelitales ni clientelares, existimos y representamos la voluntad popular de cientos de miles de personas que nos eligieron y que merecen ser tomadas en cuenta, tanto como las que optaron por las opciones políticas tradicionales.

Esto lo sabemos, en democracia los acuerdos se adoptan incluyendo, no mayoriteando. Así en comisiones como en el pleno, todas y todos tenemos mucho que aportar por el bien de México y sus personas.

Nuestro llamado va, pues en el sentido que para 2016 nunca más la aritmética sea más importante que la responsabilidad social. Que no se repitan los escenarios en que los argumentos y la sana crítica sean suplantados por la inercia mayoritaria, que las premuras de tiempo no se vuelvan decisiones unilaterales, y que perdidas las discusiones ya no se aniquila la razón en función de quien puede ganar las votaciones.

Vamos privilegiando la calidad y no la cantidad en el trabajo legislativo y la función parlamentaria. No parece mucho demandar.

No se confunda nadie, nuestra vocación originaria demócrata, tolerante y moderna, una agenda atravesada por un compromiso absoluto con la lucha contra la corrupción y la transparencia, el aprecio a la diversidad y el respeto por la familia, el cuidado al medio ambiente y la vigencia de los derechos humanos no nos vuelve ingenuos.

Sabemos que 2016 es año electoral a lo largo y ancho del país, y aunque no las deseamos, sí esperamos presenciar y padecer tanto en comisiones como en el pleno, las muestras más atroces de mezquindad política y de cerrazón parlamentaria.

En el Grupo Parlamentario Encuentro Social, no resistiremos el mal, sino lo combatiremos. Tenemos claro con quién contamos y con quién no nuestra empresa de alcanzar un nuevo y mejor pacto social, en ambos casos, lo sabremos retribuir.

Para concluir, desde aquí enviamos nuestros mejores deseos para todas y todos, porque 2016 represente la oportunidad para recomenzar y enderezar los caminos, para agradecer y trabajar, para extender la mano y abrir los brazos.

En síntesis, queremos que el año que entra sea la oportunidad idónea para conseguir el mejor de los encuentros posibles, el encuentro social. Muchas felicidades a todos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy 15 de diciembre de 2015 damos por concluido el primer periodo ordinario de esta LXIII Legislatura. Un periodo en el que hemos enfrentado retos importantes y hecho nuestro mejor esfuerzo para atender las demandas del país

No cabe duda que la incertidumbre económica internacional fue un factor decisivo en nuestras decisiones respecto al paquete económico para el año 2016. Los ingresos derivados del petróleo han disminuido de manera importante, por lo que ahora enfrentamos el reto de confeccionar un Presupuesto de Egresos de la Federación en un contexto de restricciones económicas como pocas veces se ha presentado en este Congreso de la Unión.

Conscientes de este panorama actuamos con responsabilidad y prudencia, atendimos los requerimientos del equilibrio fiscal no aumentado los impuestos y proyectando un gasto social más inteligente. Sabemos que los recursos aprobados son insuficientes para afrontar los grandes problemas del país, pero estamos seguros de que el paquete económico aprobado fue elaborado de manera responsable y con la fuerte voluntad política de todas las bancadas.

En Nueva Alianza nos propusimos a aprobar un Presupuesto de Egresos con una visión estratégica y con un profundo sentido social. Mediante una política de austeridad en toda la administración pública se lograron canalizar recursos hacia áreas como educación básica, desarrollo profesional docente y atención médica a personas que no cuentan con ningún tipo de asistencia social.

Sin duda hemos refrendado nuestro compromiso por utilizar mejor los recursos y hacer que el gasto público sea más inteligente y eficaz. Entre las acciones más importantes de este primer periodo resalto la aprobación de la desindexación del salario mínimo para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Y celebro que esta lucha continúe por el bien de los que menos tienen.

En este primer periodo también impulsamos la creación de las zonas económicas especiales, con el firme propósito de cerrar las brechas de desigualdad que existen en nuestro país. De igual forma, como lo establecimos en nuestra agenda legislativa, Nueva Alianza apoyó las propuestas tendientes a fortalecer nuestro marco institucional para mejorar la gestión del gobierno en todos los niveles. En consecuencia, aprobamos la Ley de Disciplina Financiera en las entidades federativas y los municipios, con el objetivo de que su deuda sea regulada y no genere en el futuro problemas en las finanzas públicas de la nación.

En materia de ciencia y tecnología, durante el mes de noviembre aprobamos un importante dictamen que permitirá a los investigadores de centros de investigación y universidades públicas, vincularse a las empresas con el fin de promover la transferencia tecnológica y propiciar la aplicación comercial de las patentes y nuevas tecnologías que se desarrollan en el país.

Asimismo, consideramos de la mayor importancia la modernización de la Tesofe, y que los remanentes operativos del Banco de México sirvan para cubrir parte de la deuda pública de este país.

En Nueva Alianza, hacemos una valoración positiva de este periodo de sesiones que estamos concluyendo, logramos concertar un presupuesto racional y responsable, y aprobamos leyes orientadas a beneficiar la sociedad. No obstante, es preciso señalar que tenemos mucha tarea pendiente, la sociedad nos demanda profundizar en temas importantes como el educativo, la transparencia y el combate a la pobreza, y capitalizar el momento reformista que vive el país para culminar con los cambios ya iniciados.

Por ejemplo, no podemos dar por concluida la reforma educativa sin que se haga una profunda revisión a los modelos educativos. Las materias, los contenidos y se modernice la infraestructura educativa y se incremente la inversión para cumplir con la cobertura y erradicar la deserción escolar.

Si pensamos que los cambios en la forma de contratación de los profesores, su desarrollo a través de la evaluación y su retribución económica son suficientes, estaremos perdiendo la oportunidad histórica de impulsar una de las más grandes transformaciones del sistema educativo que jamás se hayan emprendido en nuestro país.

En lo que respecta a transparencia y rendición de cuentas, una de las primeras acciones que tenemos que realizar durante el próximo periodo, es el análisis y aprobación de la Ley General de Archivos y la Ley General de Protección de Datos Personales para que pueda integrarse el Sistema Nacional de Transparencia.

Sin esta pieza fundamental no se pueden instrumentar todos los cambios normativos emprendidos en la materia, la transparencia y la rendición de cuentas son aspectos inaplazables.

De igual forma, como grupo parlamentario, continuaremos promoviendo en este espacio acciones de transparencia proactiva, así como mejores prácticas para poner al alcance de los ciudadanos información respecto a nuestra labor legislativa y el uso de recursos públicos que nos son asignados.

Pueden tener la certeza de que no descansaremos hasta que esta visión sea adoptada por todos ustedes y que en los portales de cada grupo parlamentario se ponga al alcance de los mexicanos esta información.

Otro aspecto de especial énfasis es la gran deuda pendiente de disminuir la pobreza y la desigualdad social. Sin duda, México ha hecho grandes esfuerzos en la materia, pero también es preciso señalar que son muchos los programas y acciones emprendidas que se han dejado inconclusos y que presentan inconsistencias que reducen su impacto.

Recientemente se ha señalado que 193 programas sociales tienen múltiples aspectos de mejora, como un mayor control y auditorías y corregir errores en la focalización de los apoyos asignados.

Es nuestra responsabilidad, como legisladores, promover políticas de evaluación y monitoreo en todos los programas de gobierno y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, orientándolos hacia donde generan resultados y un verdadero impacto.

Las y los diputados del Partido de Nueva Alianza compartimos la convicción de que a través de la voluntad y participación proactiva y responsable de todos los diputados aquí presentes, continuaremos con este gran periodo reformista que vive el país haciendo válidos los argumentos que apuntan hacia un México próspero y justo, digno de su verdadero potencial. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Tiene ahora la palabra el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, Movimiento Ciudadano llegó a esta Cámara convencido de que se puede poner a México en el camino correcto. En este momento de conclusión del periodo vale la pena reflexionar y evaluar el recorrido que ha hecho esta Cámara y dimensionar el alcance de las acciones, las limitaciones y los retos que tenemos frente a nosotros.

Los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano seguimos dispuestos a abrir las puertas del Poder Legislativo, a dignificar el trabajo parlamentario mediante acciones responsables y a poner a las instituciones al servicio de la gente.

Llegamos a esta legislatura, como muchos de ustedes, conscientes de que México no se mueve en la dirección correcta, pero entendiendo también que desde nuestra posición podemos contribuir para que nuestro país transite hacia una nueva realidad en donde se oxigene la vida democrática y se dignifique la política.

Nuestra agenda legislativa es la agenda de los ciudadanos. Debo resaltar el trabajo hecho por todos los grupos parlamentarios, particularmente el de los diputados ciudadanos para impulsar iniciativas y proposiciones importantes. Sin embargo, todavía tenemos un largo camino que recorrer, para impulsar las transformaciones que exigen los ciudadanos, para modificar un régimen que es esencialmente funcional a los intereses de los partidos políticos.

Durante el primer periodo la Cámara de Diputados transitó por episodios de gran relevancia para la vida pública nacional. Sin duda, destacan los hallazgos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la tragedia en Ayotzinapa, de donde derivó nuestra propuesta para crear una comisión de la verdad, enfocada a la reparación integral de daño, a la búsqueda de los normalistas y a garantizar el acceso a la verdad y la justicia.

Los diputados ciudadanos anticipamos que no dejaremos de alzar la voz en el próximo debate sobre la legislación general en materia de desaparición forzada y tortura. Dos instrumentos que, si el Estado mexicano se lo propone, deberán servir para terminar con la impunidad absoluta y vergonzosa que existen en estos delitos.

Uno más de los momentos importantes de este periodo fue el análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República, en donde hicimos un llamado al gobierno federal para rectificar el rumbo, para ser autocrítico y corregir los errores.

Cuestionamos un modelo de gobierno y una idea de país que no ha dado los resultados esperados, que ha mantenido un régimen de modo de la clase política, que ha sido insensible a la dramática situación por la que atraviesan millones de mexicanos y que también ha sido soberbio ante las críticas y los señalamientos en torno a problemas tan graves, como la corrupción generalizada o las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Con este ánimo, las y los diputados de Movimiento Ciudadano acudimos a las comparecencias de los secretarios de Estado, asumiendo una oposición responsable, crítica, equilibrada y sin estridencias, que cuestionó de manera frontal a los titulares de las dependencias que acudieron a este sano llamado republicano. Desafortunadamente, esta Cámara de Diputados decidió no llamar a comparecer a todos los secretarios de Estado, dejando un vacío importante en el proceso de rendición de cuentas.

A pesar de esto, la bancada de los ciudadanos no renunció a su responsabilidad y realizamos un ejercicio inédito y exitoso, poniendo al servicio de los mexicanos la pregunta parlamentaria. Decidimos que este instrumento constitucional de rendición de cuentas fuera accesible, por primera vez, a todos los ciudadanos y fuera moldeado con sus propias preguntas, sus inquietudes y sus exigencias.

Por ello nos parece una pésima señal para la vida institucional de nuestro país, que hasta este momento el presidente de la República no haya respondido a las preguntas que este Poder Legislativo le envió desde el mes de octubre.

Este desdén por sus obligaciones constitucionales vulnera el principio de rendición de cuentas y el equilibrio entre los poderes. La mayoría de las fuerzas políticas aquí representadas hemos experimentado en diferentes trincheras y momentos ser oposición y ser gobierno. Por lo que todos debemos coincidir en que el desprecio mostrado por el presidente de la República a este ejercicio de rendición de cuentas resulta inaceptable, por decir lo menos.

En este marco quiero hacer dos reflexiones fundamentales que espero guíen un ejercicio de autocrítica en esta Cámara. ¿Para quién está legislando la Cámara de Diputados y qué papel quiere ocupar esta Cámara en la vida pública nacional y en el diálogo entre los poderes públicos?

Reconocemos que ha existido voluntad política y apertura para dialogar, para corregir y para aceptar propuestas de los distintos grupos parlamentarios. Sin embargo, hemos sido testigos de otros episodios de cerrazón que han derivado en posiciones cuestionables por parte de esta Cámara.

Tal es el caso de la reforma al Pensionissste o la discusión de la minuta para posponer el apagón analógico y beneficiar a las grandes difusoras. Este tipo de decisiones deben ponernos a pensar en el papel que estamos jugando desde la máxima representación política del país. La pregunta obligada es, ¿para quién estamos legislando? ¿Para qué intereses estamos tomando decisiones sin darle primacía al interés público y a las demandas ciudadanas?

En efecto, nadie puede negar, como ya se ha dicho, que en términos legislativos éste ha sido un periodo altamente productivo. Hemos aprobado el 92 por ciento de las iniciativas que presentó el Ejecutivo, lo que además significa que el 60 por ciento de todas las iniciativas aprobadas en este periodo fueron propuestas por el presidente de la República.

Mientras tanto, solo han transitado 8 iniciativas presentadas por los diputados de esta Legislatura, lo que le da a los grupos parlamentarios apenas el 1.6 por ciento de efectividad.

Dicho de otro modo, estamos sacrificando la agenda de los grupos parlamentarios y legislando para el Poder Ejecutivo, para el mismo –por cierto– que no es recíproco con esta Cámara en sus obligaciones en materia de rendición de cuentas.

Hay que ser conscientes que si esta Cámara de Diputados se predispone a funcionar como ventanilla de trámites del presidente y como un mero espacio para el proceso del mayoriteo, sin apertura, sin crítica, estaremos pendiendo el rumbo y condenando a la vida republicana a una situación de fragilidad.

Hoy también debemos preguntarnos, independientemente de los colores partidistas, qué agenda legislativa es la que queremos construir, qué tipo de relación queremos tener con el Poder Ejecutivo y si queremos construir una agenda de cooperación y equilibrio o simple y sencillamente una relación de subordinación.

En Movimiento Ciudadano creemos dos cosas: en primer lugar, lo que nuestro país necesita es un Poder Legislativo fuerte, serio y dispuesto a ser un contrapeso que haga valer el diseño institucional del equilibrio de Poderes; y en segundo, creemos que la Cámara de Diputados no debe ser una instancia donde simplemente las mayorías se imponen y donde se acata. Debe ser en lugar de eso, un espacio de reflexión nacional donde se practiquen y enaltezcan los principios democráticos del diálogo, la crítica y el respeto al a diferencia. Legislar no es agregar votos, es deliberar, escuchar y construir en la pluralidad.

Compañeras y compañeros diputados, no quiero construir este balance sin reiterar el compromiso de los diputados ciudadanos con la dignificación de la labor parlamentaria. En este contexto se inscribe nuestra decisión de renunciar a los seguros de gastos médicos mayores y al seguro de vida, lo que demostró que sí se puede dejar de derrochar el dinero de la gente cuando existe voluntad política, solo con esta medida le ahorramos al Poder Legislativo más de 18 millones de pesos.

Esto, compañeras y compañeros diputados, lo acompañamos de la firma de un código de ética que está basado en principios elementales para evitar conflicto de intereses, acabar con la opacidad, rendir cuentas y renunciar a todo tipo de acciones que han desprestigiado y socavado la legitimidad del Poder Legislativo.

Por ello, con esa misma lógica apenas hace unos días, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tomó la decisión de renunciar de manera irrevocable a la subvención extraordinaria de alrededor de 8 millones de pesos que no tiene justificación.

Los diputados ciudadanos estamos claros que mantener un régimen de privilegios es insostenible y no es lo que México se merece.

Concluyo, por ello hacemos de la banca ciudadana, un llamado responsable y respetuoso a los grupos parlamentarios y a los diputados en lo individual para que hagan lo correcto. Además, de la productividad legislativa, de nuestras obligaciones constitucionales, de nuestras sanas diferencias públicas y de los argumentos con los que debatimos en esta tribuna.

Tener vergüenza y estar del lado de los ciudadanos es el mejor legado que esta Legislatura le puede dejar a nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castañeda. Tiene ahora la palabra el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. El Grupo Parlamentario de Morena es una fuerza política emergente que llegó a este recinto con un mandato popular imperativo: Trabajar intensamente en iniciativas para rescatar las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo. Despertar conciencias.

Convertirnos en una oposición real, seria y con principios éticos es nuestro compromiso. En ello empeñamos nuestra capacidad política y buscamos siempre contribuir a que la Cámara de Diputados cumpla sus atribuciones legales y constitucionales. Hemos defendido con determinación nuestros puntos de vista y escuchamos otras opiniones con respeto aun sin compartirlas.

Morena presentó a lo largo del actual periodo ordinario de sesiones 50 iniciativas de ley o decreto referidas a diversos temas que se desprenden de su agenda legislativa. Los asuntos más relevantes están relacionados con nuestra propuesta de austeridad republicana, la revocación del mandato, elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación superior, la reducción del IVA en las fronteras, la disminución del financiamiento a los partidos políticos y el apoyo a la labor periodística de los comunicadores.

Asimismo llevamos a tribuna iniciativas respecto de la transparencia en la aplicación de los programas sociales y en las labores de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados: La desaparición forzada, el contenido nacional de los contratos petroleros y el fomento a la frontera norte.

No menos importante han sido las piezas legislativas sobre la representación de los pueblos indígenas, para que comparezca el titular del Ejecutivo ante el Congreso y para fortalecer las comisiones de investigación, la derogación del arraigo, para quitar los candados que impiden la realización de las consultas populares y para sustituir a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por un instituto independiente que ponga fin al deterioro del ingreso de los trabajadores e inicie su recuperación inmediata.

Nuestras iniciativas aguardan aún su análisis en comisiones, y creemos que es viable su dictaminación positiva, por el bien del país.

Por cuanto a las funciones del control de esta Cámara, formulamos a través de 92 puntos de acuerdo solicitudes relevantes para atender problemas que preocupan a la sociedad, como el esclarecimiento del crimen cometido contra periodistas y defensores de derechos humanos en la colonia Narvarte; el conflicto laboral en el Canal 22; los escándalos de corrupción de OHL; la desaparición de 43 jóvenes normalistas; y sobre la atención a las víctimas de desapariciones forzadas, y particularmente al drama de Ayotzinapa.

Asimismo pedimos que esta Cámara de Diputados se pronunciara contra las agresiones a estudiantes universitarios de la UNAM y de la Universidad Veracruzana; en defensa del derecho de acceso al agua en diversas entidades; la violencia de género; la transparencia en la aplicación de las reglas de operación de los programas sociales; el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de Avón y Sandac; para exigir claridad en el Acuerdo de Asociación Transpacífico; el desvío de recursos públicos en Veracruz; en solidaridad con la República Árabe Saharaui Democrática; contra la persecución de los maestros de la Sección 22 y del SNTE; la conservación por Pemex de 95 campos petroleros entre las más importantes.

Morena es una oposición responsable, ello lo acredita con sus iniciativas, pero también con la manera de encarar los dictámenes que fueron traídos a este pleno. De 40 dictámenes de ley o decreto, votamos por aprobar 21; en contra de 16 y en tres nos abstuvimos. Con estas cifras no se puede decir que somos una oposición irreflexiva, todo lo contrario. Nuestros votos fueron razonados y nuestra oposición esgrimió argumentos de fondo.

No compartimos la política económica propuesta por el Ejecutivo en el paquete presupuestal para 2016, por considerar que mantiene la debilidad financiera del Estado y recorta renglones importantes del gasto en materia social, en salud, en educación. Además de esconder y acrecentar la deuda pública.

Todo ello impedirá que la economía crezca al ritmo que demanda la generación de empleo y el bienestar de los mexicanos. Nos opusimos a iniciativas del Ejecutivo como las reformas a la Ley de Asociaciones Público Privadas por considerar que por esta vía se están transfiriendo a los particulares obligaciones del Estado y recursos públicos que son manejados de manera discrecional y opaca, porque su contenido disminuye la intervención de la Cámara de Diputados en el control de proyectos y asociación que antes tenían que ser aprobados aquí.

Pero quizá la iniciativa que con más firmeza impugnamos, fueron las reformas sobre Pensionissste, que por su alcance y naturaleza, representan una agresión más a los miles de beneficiarios de una de las instituciones de seguridad social más nobles, el ISSSTE.

La reforma privatizadora del Pensionissste no está concluida y ha sido repudiada por sectores importantes de la sociedad. Morena mantendrá su postura de marchar a lado de los trabajadores para impedir que se cercene un derecho social más.

Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, el primer período de sesiones de esta legislatura está por concluir. Se habrán votado varios dictámenes, pero la Cámara de Diputados deja muchos pendientes.

Para Morena, a pesar del esfuerzo realizado, el Poder Legislativo no ha cubierto las expectativas de la sociedad, su contribución a abatir la violencia criminal, a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos del campo y la ciudad, a elevar la oferta de empleo que demandan miles de jóvenes que año con año se incorporan al mundo productivo, a mejorar el salario y a combatir la corrupción que caracterice el actual gobierno, ha sido escasa.

Por ello, refrendamos –termino– nuestra agenda legislativa en la que se concentra la solución de muchos problemas que nos aquejan y frente a la cual no hubo en el actual período, voluntad política por atenderla.

Dominó la agenda del Ejecutivo, los grupos mayoritarios dejaron para después sus prioridades y renunciaron a la primera función de cualquier Parlamento, legislar. Hicieron también muy poco por controlar al Ejecutivo.

Ante todo ello, Morena ratifica su compromiso por hacer realidad una agenda social de transformaciones profundas y por contribuir a un cambio verdadero, a ofrecer esperanza a los mexicanos y un futuro promisorio para las nuevas generaciones. Nos proponemos cambiar el actual estado de cosas y dignificar con ese cambio al Congreso. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Caballero. Tiene ahora la palabra el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario de Movimiento –Del Verde Ecologista, perdón. Del Verde Ecologista. Ya lo andaba cambiando de bancada.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Con la venia de la Presidencia. El día de hoy, cuando estamos cerrando el primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente a esta LXIII Legislatura, es un día de gran relevancia y lo es porque se trata de un ciclo especial, cuando muchas particularidades fundamentalmente, porque es esta la primera oportunidad que tiene este grupo de legisladores para demostrarle a los ciudadanos su capacidad de respuesta frente a los retos que plantea la sociedad y el mundo en nuestro tiempo.

Por otra parte es de resaltar el esfuerzo que ha debido hacerse en el seno de las comisiones, con la finalidad de tener a tiempo los dictámenes considerados como urgentes para cumplir con los compromisos realizados por esta legislatura.

Antes de continuar quiero expresar mi reconocimiento a todas y a todos ustedes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, porque a pesar de las diferencias fuimos capaces de poner nuestra voluntad, nuestro talento y nuestro esfuerzo al servicio de las mexicanas y de los mexicanos.

Esta Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión en general han dado muestras de cómo una institución plural puede, echando mano de las herramientas que ofrece la democracia, transformar el disenso en consenso para que la pluralidad se convierta no es sinónimo de conflicto y de estancamiento, como sucedió en el pasado, sino en el símbolo de diálogo y avance indispensables en el siglo XXI para la construcción de un país mejor.

Muestra de lo anterior, son las intensas sesiones de trabajo que hemos tenido en la recta final de este periodo y que han permitido dar cauce a los temas prioritarios en la agenda de diversos partidos aquí representados. Lo cual, sin duda, constituye un triunfo para la política a través de la cual pudimos alcanzar los acuerdos necesarios para que hoy las fuerzas políticas puedan sentirse satisfechas con lo aprobado en los últimos días.

Quiero recalcar de modo particular, la responsabilidad con la que actuó esta Cámara de Diputados en la aprobación del Presupuesto de Egresos para el próximo 2016. El cual será, y todos sabemos, un año muy complicado en materia financiera, y que por tanto requirió el mayor cuidado y destreza para garantizar la continuidad de las acciones sustantivas del Estado sin comprometer la sostenibilidad económica para los años venideros.

Gastar de modo eficiente y en aquellos rubros que ofrecen la mayor rentabilidad, desde el punto de vista social, ha sido la premisa que inspiro los trabajos de conformación del paquete presupuestal y deberá ser el eje rector que guie el ejercicio del gasto público que habremos de vigilar muy de cerca para comprobar que esto se cumpla. Sus objetivos.

En términos numéricos, el trabajo realizado de manera particular en este periodo se expresa en casi 500 iniciativas formuladas, de las cuales orgullosamente 44 fueron presentadas por el Partido Verde, mismas que fueron turnadas a comisiones en donde algunas ya fueron procesadas y otras se encuentran en proceso de dictaminación.

Asimismo, se discutieron y aprobaron en el pleno más de 30 decretos, de los cuales 4 son nuevas leyes y tres son reformas constitucionales. De lo anterior, me gustaría destacar la expedición de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, la Ley Federal de las Zonas Económicas Especiales, La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y la Ley de Transición Energética.

Respecto a las reformas a nuestra Carta Magna, consideramos de gran trascendencia la tan largamente anhelada reforma política del Distrito Federal; por un lado, que por fin hubo de cristalizarse para dar un nuevo rumbo a la capital de la República y, por otro, no se puede dejar de mencionar la importancia de la desindexación del salario mínimo, con la cual se abre la puerta para que en el futuro podamos encontrar los mecanismos necesarios que permitan hacer verdaderamente lo que en el texto constitucional se establece sobre este.

En cuanto a la agenda particular del Partido Verde, se debe resaltar que finalmente, luego de muchos años de insistir en el tema logramos, con el valioso apoyo de varios grupos parlamentarios, reformar la Constitución Política con la finalidad de darle a este Congreso facultades para legislar en materia de bienestar animal. Lo cual representa, sin duda, un primer gran paso para la elaboración de una ley que permita dar a los animales o seres vivos no humanos el trato que debe darles una sociedad realmente civilizada.

Aquí mi reconocimiento a nuestro coordinador Jesús Sesma.

Igualmente celebramos haber contado con el respaldo de la mayoría de las y los diputados de esta Cámara, para lograr que se garantice que aquellos terrenos con valor ambiental que hayan sido incendiados de modo intencional, no puedan utilizarse durante 20 años para ninguna otra actividad ajena a la restauración del mismo.

Con esta medida se estaría poniendo freno a las ambiciones de los muchos empresarios abusivos, que con tal de obtener beneficios económicos atentan contra el equilibrio ecológico sin reparar en el hecho que actualmente nuestro país pierde cada año miles de hectáreas de bosque aproximadamente equivalente a la superficie del estado de Tlaxcala, lo cual pone en entredicho nuestra subsistencia.

Para finalizar, no obstante los logros alcanzados, aún quedan temas pendientes de gran envergadura por resolver, especialmente los relacionados con la estrategia encabezada por el presidente Peña Nieto para hacer frente a las actuales circunstancias que vivimos en el país y que incluye la revisión del marco normativo en materia de seguridad y justicia, lo cual sin duda alguna deberá ser la más alta prioridad del Poder Legislativo para el próximo periodo de sesiones, sólo así podremos, las y los legisladores, cumplir nuestro compromiso con la ciudadanía y corresponder la confianza depositada en nosotros.

Les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo y ojalá ya no nos peleemos tanto. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bernardino. Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Francisco Martínez Neri: Con su permiso, presidente. El Grupo Parlamentario del PRD refrenda hoy el compromiso político con el que iniciamos los trabajos de esta legislatura, concentrar nuestro esfuerzo para trabajar en beneficio de la mayoría de los mexicanos.

Al concluir este primer periodo de sesiones, las y los diputados del PRD demostramos una conducta y orientación política que se resume en cuatro aspectos.

Primero. Actuamos con responsabilidad, sin apostarle a la parálisis legislativa ni en el pleno ni en las comisiones de esta Cámara. Siempre buscamos el diálogo con las otras fuerzas políticas y la generación de acuerdos y alternativas.

Segundo. Asumimos como orientación económica la defensa de las personas con menores ingresos, en vez de la defensa de los sectores que aún gozan de privilegios.

Tercero. Cuando fue necesario reaccionar ante proyectos riesgosos para la sociedad, los advertimos y denunciamos, exigiendo que se escucharan voces independientes.

Cuarto. Nuestro grupo parlamentario no se enganchó en la negativa sistemática, sino que asumimos una perspectiva crítica de contrapunto en aquello que consideramos que resulta riesgoso para la sociedad.

Para el PRD resultó positivo que el salario mínimo deje de usarse como unidad de medida de un conjunto de cálculos, multas e ingresos públicos. Ese era uno de los argumentos para no incrementarlo y era una de nuestras prioridades, ahora el gobierno ya no tiene esa justificación, pero es evidente que se requiere una voluntad mayor para superar las simulaciones y para que la gente reciba un salario digno, en vez del raquítico incremento que ahora ni siquiera llegó a los tres pesos.

Lo que demandamos es desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y redefinir la política salarial. También fue positivo que la Cámara de Diputados diera impulso a la reforma política del Distrito Federal, para que los derechos de los ciudadanos se consoliden y se amplíen.

Esta Legislatura está cumpliendo ése que era uno de los pendientes más importantes del país y uno de los puntos rezagados en el fortalecimiento de la vida democrática.

Este día el Senado está por aprobar, finalmente, el dictamen correspondiente y aún resta la aprobación en los congresos estatales. Se está avanzando en una lucha que la izquierda inició hace más de 20 años.

En los temas de carácter fiscal el PRD actuó en apoyo de los sectores más necesitados y no acompañamos propuestas que en el fondo solo buscaban el beneficio de las personas físicas y morales con mayores ingresos.

Logramos que se corrigieran estimaciones incorrectas de los ingresos y nos opusimos tajantemente a disminuir el impuesto a las bebidas azucaradas que beneficiaría solo a la industria refresquera y que finalmente quedó invalidado en el Senado.

También actuamos con responsabilidad en temas como la disciplina financiera de las entidades y de los municipios y en la ley que permitirá la atracción de inversiones en zonas económicas con mayor rezago del país.

En esa agenda el PRD ha sido particularmente activo impulsando cambios, concertando mejoras y generando propuestas.

Por eso no es suficiente para darnos por satisfechos. La política económica del gobierno le queda debiendo a la sociedad. Las reformas que presume resultan insuficientes ante la falta de empleos de calidad, el muy débil crecimiento, y sobre todo porque la desigualdad económica no está superándose como requiere el bienestar general.

Aun con los cambios que tanto se presumen, la realidad es que seguimos siendo una de las sociedades más injustas y con mayor diferenciación económica.

También fue positivo que se modificara la propuesta para crear la Secretaría de Cultura, garantizándose los derechos adquiridos por los trabajadores de las dependencias que se integran a la nueva dependencia, así como el acompañamiento de la Junta de Coordinación Política para dar seguimiento plural e incluyente a la reforma.

Sin duda, el tema más polémico en este primer periodo fue el intento del Ejecutivo y de su mayoría para reformar el Pensionissste. Para nuestra fracción parlamentaria desmantelar las entidades públicas para entregarlas al capital privado constituye una afrenta social que debe detenerse, y por ello la rechazamos con nuestro voto en contra, porque ayer fue Pemex, hoy está en la mira Pensionissste.

Señoras y señores legisladores, en el PRD estamos razonablemente satisfechos con el esfuerzo y con las metas alcanzadas en la agenda de este primer periodo, pero a esta Legislatura le corresponde hacer esfuerzos mayores.

La realidad nacional, es que la actual administración y la mayoría que la defiende deben cambiar la ruta y la orientación que sostienen. Este país reclama más energía y sobre todo nuevas propuestas, que cuando menos debemos resumir en las siguientes tres.

1. Combatir la corrupción es impulsar la transparencia. Tenemos que cumplir en 2016 el mandato constitucional para expedir las leyes pendientes en esta materia, cumpliendo no solo un imperativo legal, sino atendiendo la expectativa social que exige superar la simulación.

2. Enfrentar la inseguridad, la impunidad y la violencia que hoy agravian al país sin que los gastos millonarios del Ejecutivo ni su política punitiva haya logrado darle seguridad a los ciudadanos, ni garantizar el ejercicio de las libertades a los mexicanos.

3. Encarar el reto de millones de mexicanos que viven en tales condiciones de pobreza que simplemente no pueden hacer efectivos ni disfrutar sus derechos. Los recortes en el gasto no son la única ni la principal herramienta, en el futuro se tendrá que abatir la discusión de una profunda reforma hacendaria, para que quienes más tienen contribuyan a financiar la inversión y el desarrollo nacional.

Hago votos para que en el siguiente periodo de sesiones trabajemos y tengamos la voluntad para construir acuerdos, para que estemos más cerca del interés de la gente y para que todas las fuerzas políticas asumamos que nuestra prioridad es mejorar las condiciones en que viven la mayoría de los mexicanos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez Neri. Tiene ahora la palabra, el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza:Con su permiso, diputado presidente, amigas y amigos legisladores. Hoy concluimos nuestro primer periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura. No podemos decir que concluimos con gran éxito, pero sí podemos decir que logramos lo posible.

Hoy tenemos ya caminos trazados que nos permitirán ser más eficientes y eficaces en los próximos periodos de sesiones. Entre septiembre y diciembre aquí tomamos protesta, aquí nos conocimos algunos, otros nos reencontramos y finalmente cada partido político y el diputado independiente, marcamos y marcaron sus posiciones.

Durante este primer periodo de sesiones el Grupo Parlamentario del PAN presentó proyectos concretos y defendió las causas ciudadanas que hicimos nuestras. Presentamos 67 iniciativas, de ellas 41 pertenecían a nuestra agenda legislativa comprometida al inicio de nuestro periodo, lo que significa más del 90 por ciento de nuestro compromiso para con los mexicanos. Hemos logrado una buena productividad en los proyectos presentados, ahora falta lograr los consensos para que éstos sean aprobados.

En cuanto a la conformación de comisiones legislativas, logramos la organización de nuestro grupo parlamentario antes de lo pactado. También hay que destacar que de los logros más importantes de este periodo de sesiones, para nosotros destaca la Ley de Disciplina Financiera que busca evitar que se siga elevando el nivel de endeudamiento en los estados, y la Ley de Transición Energética que cuida el bienestar de las futuras generaciones. Ambas leyes, amigas y amigos, llevan el sello de Acción Nacional, y por eso nos sentimos muy satisfechos.

También se logró la desindexación del salario mínimo que es el primer paso para terminar con el rezago del poder adquisitivo de los mexicanos, causa por la cual, incluso como partido, solicitamos e impulsamos una consulta popular, causa que sin duda seguiremos impulsando hasta lograr que en México transitemos del salario mínimo a un salario digno que nos merecemos todos los mexicanos.

Logramos el reconocimiento del Día Nacional Contra la Desaparición Forzada, el Día Contra el Abuso Sexual Infantil que, por cierto, desde aquí exhorto a los senadores para que a la brevedad lo aprueben.

Logramos reconocer e incluir a los mexicanos con capacidades diferentes a través de la ceración de la medalla Gilberto Rincón Gallardo que otorgará esta Cámara de Diputados a quienes destaquen por su aportación a la sociedad en esa materia.

Compañeras y compañeros legisladores, la política debe servir para convencer con las ideas. Nosotros hicimos política de la buena, señalando, proponiendo, debatiendo y en todo lo posible construyendo.

Los diputados del PAN apostamos y estamos sumando esfuerzos para lograr consensos trascendentes en todos aquellos temas que nos permitan coincidir. Y ponemos ejemplos: la reforma del Distrito Federal que ha sido una deuda pendiente a los capitalinos desde 1997, se ha concretado; o por poner otro, la Secretaría de Cultura que aprobamos porque hará más eficiente al Poder Ejecutivo Federal en esa materia y porque además es un reclamo constante de artistas, de creadores, de intelectuales de nuestro país, para darle a la cultura el lugar que merece. Ahora todos esperamos que esta nueva secretaría esté también a la altura de las expectativas de todos los que la hemos aprobado.

Hemos sido partícipes de reformas que alcanzaron consenso en lo general, de otras que alcanzaron consensos parciales, y también hemos sido actores de grandes debates y de grandes disensos.

Dejamos muy claro, por poner un ejemplo, que estamos completamente inconformes en que el PRI gobierno no haya permitido, por ejemplo, que viniera a este pleno el secretario de la Función Pública a comparecer y a dar la cara a todos los mexicanos.

Para Acción Nacional fue y seguirá siendo, además, una prioridad dar marcha atrás a lo que hemos dicho, a la tóxica reforma fiscal. Esa seguirá siendo nuestra batalla, porque ha lacerado a los micros, a los pequeños y a los medianos empresarios, y porque le ha quitado la competitividad a todas las empresas del norte del país.

Es oportuno decir que para el próximo periodo de sesiones tenemos pendientes que tendremos que dictaminar, fundamentales para México, como la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción; como la Ley de Servicios Financieros; el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Sociales; el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, y la reforma en materia de transparencia.

Compañeras y compañeros legisladores, ha sido un gusto y un privilegio trabajar con ustedes estos primeros meses, con enfoques distintos, pero estoy seguro que con las mismas causas. Convencido, y seguro ustedes también, de lo que viene para México en el futuro, tendrá que ser lo mejor.

Los mexicanos y todos ustedes, amigas y amigos, seguirán contando con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que ha demostrado en los hechos, ser una verdadera oposición y una responsable oposición. Ser oposición que señala, ser oposición que critica, ser oposición que propone y ser oposición que construye. Eso es el grupo de Acción Nacional en esta legislatura.

Hemos debatido con fuerza y determinación, defendiendo siempre nuestra posición porque es nuestra convicción, pero siempre argumentando nuestras razones, y nunca cerrados, y además nunca oponiéndonos a la modernización y crecimiento de México. Como grupo parlamentario nos hemos sumado en todo aquello que creemos correcto, y nos opondremos a todo aquello que creemos que es contra de México.

Amigas y amigos; amiga coordinadora, amigos coordinadores; amigas y amigos legisladores, en este período logramos lo posible, Sigamos buscando consensos, esforcémonos para encontrar caminos y soluciones comunes, para hacer política de la buena, para encontrar esas soluciones a los problemas de cada día de los mexicanos.

Amigas y amigos, muchas gracias. Convencido de que México merece más, mucho más de lo que le hemos dado, seguirán contando con nosotros como una oposición seria, responsable y constructiva. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cortés. Tiene por último la palaba, la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Sandra Méndez Hernández:Con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes coordinadores de los distintos grupos parlamentarios. Compañeras diputadas y compañeros diputados, invitados especiales que nos acompañan el día de hoy, estimados ciudadanos que nos observan por el Canal del Congreso, mexicanas y mexicanos.

Nuestro país se está transformando positivamente como hace muchos años no habíamos visto, se va abriendo paso el proyecto de gobierno y de país que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Para el Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara de Diputados la mejor forma de contribuir a ello es continuar trabajando de la mano con el presidente que gobierna para todos los mexicanos, impulsar, defender y consolidar el proyecto de la nación.

No somos una mayoría para imponer, no somos una mayoría para cerrar el paso a nadie, no hemos venido a ganar votaciones. Venimos a construir con todos la manera de ganar el futuro para nuestro país.

Hemos trabajado y convocado a los demás a hacer un poder de trascendencia del pragmatismo sin visión para pensar en los derechos de las generaciones futuras, tomando decisiones que miren al mediano y largo plazo. Seguimos consolidando la plataforma legislativa necesaria para los cambios que la nación requiere, así lo demuestra lo que hemos logrado.

Con sensibilidad y sentido social construimos un presupuesto responsable, capaz de mantener la estabilidad económica y promover el desarrollo sustentable en un entorno financiero complejo. El presupuesto base cero rompe inercias, permite la redistribución óptima del gasto público y evita la duplicidad en el ejercicio de las políticas sociales.

No restamos, le dimos más a las áreas más sensibles. El campo, educación, programas sociales, infraestructura recibieron los mayores recursos porque así lo dispusimos los diputados.

Con la Ley de Disciplina Financiera en estados y municipios sentamos las bases para un mejor y transparente manejo de la deuda de los gobiernos, ganamos un futuro con estados y municipios más ordenados y menos endeudados.

La reforma al Pensionissste lo coloca en el nivel de actualidad y competitividad que las trabajadoras y los trabajadores pensionados merecen. Ganamos un futuro donde los pensionados ganen más y los ahorros de su vida nunca estén en riesgo.

Y, si con la Ley de Transición Energética ganamos un mejor planeta, ganamos un futuro de energías limpias y un medio ambiente sano. Con la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos estamos ganando un futuro en donde nadie se robe una riqueza que es de todos. Al concretar la desindexación del salario mínimo se ha dado un paso firme y en la dirección correcta para renovar el pacto de solidaridad entre el Estado y los factores de la producción.

Para nuestra fracción, el salario mínimo no es un tema electoral o de cálculo político, para nuestra fracción es un tema de justicia y un cálculo económico. No vamos a construirlo pensando en elecciones, haremos siempre lo mejor para México. La Sexagésima Tercera Legislatura ha sido capaz de concretar una reforma histórica, cuya discusión inicio hace más de tres lustres.

Aprobar la refundación político administrativa del Distrito Federal es un legado indiscutible que le damos a México, la capital del país deberá convertirse en una entidad federativa, tener su propia Constitución y gozar de mayor autonomía en la toma de decisiones, pero, sobre todo, la gran virtud de este logro es que sus habitantes ejercerán sus derechos políticos a plenitud.

Particularmente, orgullosos estamos de la unanimidad para la aprobación de la Secretaría de Cultura, del decreto que crea las zonas económicas especiales, iniciativas del Presidente de la República, que por sus objetivos merecieron el apoyo de todos, la decisión de un presidente y el apoyo sin egoísmo del Poder Legislativo permitirán a millones de mexicanos contar con más instancias de apoyo, de cultura y a millones de mexicanos salir de la pobreza y alcanzar una vida digna.

Este notable conjunto de reformas no hubiera sido posible sin la participación responsable de todas las bancadas. Desde el reconocimiento de los diputados independientes, hasta la integración de las comisiones por unanimidad, hemos buscado construir acuerdos basados en principio no en coyunturas.

Defendemos principios y diferimos sobre principios, no sobre caprichos, somos y seremos una mayoría de principios dispuesta a acordar lo mejor para México. Venga de donde venga o diga quien lo diga, bajo esa línea se conduce siempre nuestra bancada, así los priistas le hemos dado autoridad y confianza a quien nos coordina, a Cesar Camacho Quiroz. Muchísimas gracias, coordinador.

Reconocemos particularmente a nuestros aliados, que en cada momento han sido con nosotros los eficientes constructores de acuerdos positivos para México. Para ellos también nuestro reconocimiento por su apoyo total.

Dialogando y construyendo podemos contribuir a dignificar la figura del diputado, porque en cada decisión, en cada posicionamiento, en cada votación, en cada gestión ante las distintas autoridades, hacemos valer las sabias palabras del filósofo griego Platón: El legislador no debe proponerse la felicidad de cierto orden de ciudadanos con exclusión de los demás, sino la felicidad de todos.

En otras palabras, no podemos legislar para facciones, para grupos de interés, para oportunidades de unos en perjuicio de otros, para momentos de popularidad o de lucro político en perjuicio de generaciones enteras.

En el alma de los diputados del PRI está cada mexicana y cada mexicano. Todas nuestras capacidades y talentos, sin reservas, están al servicio de los ciudadanos. Seguiremos empeñados en construir el país que merecemos, seguiremos empeñados en que esta Cámara sea como quería Belisario Domínguez: el punto, el centro desde donde late el corazón de la patria. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Méndez. Continúe la Secretaría con comunicaciones.

VOLUMEN V Y VI

COMUNICACIONES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que el ciudadano Francisco Guzmán Ortiz, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, mediante oficio número O-JOPR-2015-E-22 remite el documento por el que se da respuesta a las preguntas parlamentarias formuladas por diversos grupos parlamentarios de ese órgano Legislativo, con motivo del III Informe de Gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país.

Por lo anterior, con fundamento en lo establecido por los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita en formato impreso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de diciembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP/300/2488/15, de fecha 22 de octubre del año en curso, mediante el cual me comunica el acuerdo de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que integra las preguntas parlamentarias que se formulan al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de su III Informe de Gobierno.

En atención al particular, remito a usted el documento por el que se da respuesta a las preguntas parlamentarias referidas, para los efectos correspondientes.

Aprovecho la ocasión para expresarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 14 de diciembre de 2015.— Francisco Guzmán Ortiz (rúbrica), jefe de la oficina de la Presidencia.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las comisiones correspondientes y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Compañeras y compañeros diputados, hemos llegado al final prácticamente de este periodo ordinario de sesiones, primer periodo del primer año, con un intenso trabajo y una gran productividad.

A manera de numeralia y rapidísimo recuento, les diré que en estos tres meses y medio que se cumplen hoy, esta LXIII Legislatura realizó su trabajo a través de las 37 sesiones que se llevaron a cabo, con casi 178 horas con las que sesionó el pleno, en las que sesionó el pleno.

Se dio trámite a casi 645 iniciativas y a más de 68 minutas provenientes del Senado de la República. Se dio cuenta también de 557 proposiciones con puntos de acuerdo. Se aprobaron cinco nuevas leyes de reformas a las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como aquí se ha ya referido.

Se continuó desarrollando la legislación que da vida a las reformas constitucionales, aprobadas recientemente por el Congreso mexicano: transición energética, deuda de Estados y Municipios y telecomunicaciones, reforma electoral.

Se aprobó en tiempo y forma la Ley de Ingresos y el decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016. Se aprobaron cinco leyes nuevas que aquí se han referido. Se aprobaron 38 reformas, ordenamientos y decretos, entre los cuales se cuentan modificaciones sobre diversos temas, entre los que se encuentran aspectos hacendarios, financieros, asociaciones público privadas, economía social, vivienda, ciencia y tecnología, servicio militar, recursos forestales, pensiones, deporte y cultura.

Se cumplió igualmente la encomienda de revisar puntualmente el informe enviado por el titular del Ejecutivo sobre el estado que guarda la administración pública federal, además de llevar a cabo la comparecencia de responsables de diversas secretarías de Estado ante el pleno y ante comisiones.

En medio pues, de nuestra pluralidad y diversidad, y en ocasiones evidentes desencuentros, construimos acuerdos y consensos mediante el diálogo, quedan pendientes importantes, entre ellos, los referidos a transparencia, al sistema nacional de anticorrupción, la Miscelánea Penal, la trata de personas, la desaparición forzada de personas, y la Ley de la Fiscalía General de la República.

Hago votos porque a partir del 1 de febrero, en el próximo periodo ordinario de sesiones, construyamos nuevos y mejores acuerdos por el bien de México. Felicidades y mis mejores deseos. Muchas gracias.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se pide a los presentes a ponerse de pie.

DECLARATORIA DE CLAUSURA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Hoy, 15 de diciembre de 2015, la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio.

HIMNO NACIONAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se va a proceder a entonar el Himno Nacional.

(Himno Nacional)

Viva. Esta Presidencia informa que se comunicará por escrito la conclusión formal del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura al titular del Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Cámara de Senadores. No se me vayan.

ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya entre los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya entre los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes quince de diciembre de dos mil quince, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos veintiséis diputadas y diputados, a las once horas con dieciocho minutos del martes quince de diciembre de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la diputada y el diputado:

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Protección Civil, la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo a implantar por la Secretaría de Gobernación un grupo de trabajo interinstitucional para establecer medidas que contribuyan a disminuir accidentes en las zonas urbanas por donde cruzan vías férreas, presentada el día primero de diciembre del año en curso.

• Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los tres Poderes de la Unión a otorgar seguridad social a los trabajadores del régimen de confianza y honorarios asimilados a salarios, presentada el primero de diciembre del año en curso.

Se tienen por retiradas actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Para exhortar a la Secretaría de Energía a publicar en el Diario Oficial de la Federación información relativa a la regulación de los precios y las tarifas aplicables a las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas LP. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

• Relativo a fortalecer la implantación de programas de difusión de información de medidas preventivas y de atención ante los desastres naturales. Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.

c) De las Universidades Autónomas de Tamaulipas, y de Tlaxcala, con los que remiten los Informes de resultados de la auditoría externa, informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula y el Formato de Informe de Matrícula correspondientes al segundo semestre de dos mil quince. Se remiten a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió del Instituto Nacional Electoral, el Informe del resultado de las elecciones extraordinarias celebradas el día seis de diciembre de dos mil quince en el Distrito Federal Electoral Uno del estado de Aguascalientes, mismo que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de las curules.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto el ciudadano Gerardo Federico Salas Díaz, diputado federal electo en el Primer Distrito Electoral del estado de Aguascalientes. El Presidente designa una comisión que lo acompañe a su ingreso al salón de sesiones, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Así mismo el Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto el ciudadano Ricardo del Rivero Martínez, diputado federal electo en la Primera Circunscripción Plurinominal. El Presidente designa una comisión que lo acompañe a su ingreso al salón de sesiones, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece la metodología para el análisis de iniciativas y minutas en materia de salario mínimo. Se concede el uso de la palabra para referirse al acuerdo a los diputados: Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social; María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano; Araceli Damián González, de Morena; Emilio Enrique Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México; Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática; Baltazar Martínez Montemayor, del Partido Acción Nacional; y Ana Georgina Zapata Lucero, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

A las doce horas con tres minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta seis diputadas y diputados.

El Presidente informa a la Asamblea que en virtud de la convocatoria para la Sesión Solemne en la que se hará entrega de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de mil novecientos trece, a las doce horas con cuatro minutos se declara un receso.

A las trece horas con cuarenta y dos minutos se reanuda la sesión.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Fidel Kuri Grajales, y suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano y Pablo Gamboa Miner, todos del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• José Everardo López Córdova, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley Reglamentaria del Artículo ciento treinta y cuatro Constitucional en materia de Imagen Institucional. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Héctor Javier García Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, y de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Fomento Cooperativo, y Economía Social, para dictamen.

• Francisco Escobedo Villegas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo diecisiete Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo ciento siete Bis a la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• José Alberto Couttolenc Buentello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo segundo de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, de Morena:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Y suscrita por la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Manuel de Jesús Espino, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos cincuenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y doscientos treinta y dos, y doscientos treinta y cuatro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de Gobernación, para dictamen.

• Efraín Arellano Núñez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y cinco de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que expide la Ley General de Adopción. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Derechos de la Niñez, para opinión.

• Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos setenta y nueve, ochenta y tres, y cuatrocientos veinticinco de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Lilia Arminda García Escobar, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cuarenta, y cuarenta y uno de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cuarto, noventa y ocho, y noventa y nueve de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que adiciona un artículo setenta y siete Bis a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que adiciona un artículo ciento sesenta y nueve a la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento catorce de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Hugo Alejo Domínguez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo segundo de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos treinta y uno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuarto de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, que reforma el artículo diecisiete-Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma los artículos cuarto-Bis Tres de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y el quince de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para dictamen.

– Que reforma los artículos doscientos ochenta, y doscientos ochenta y tres de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

– Que reforma el artículo sexto de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

• Araceli Guerrero Esquivel, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo doscientos trece-Bis y un segundo párrafo al artículo doscientos quince de la Ley Federal del Derechos de Autor. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Patricia García García, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuatrocientos cincuenta y seis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• María Bárbara Botello Santibáñez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Marisol Vargas Bárcena, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo quince de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política propone al Pleno de la Cámara de Diputados a los siguientes diputados y diputadas para formar parte, en calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente para el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura:

a) Del Partido Revolucionario Institucional:

• Titulares: César Octavio Camacho Quiroz, Yolanda de la Torre Valdez, Yerico Abramo Masso, María Marcela González Salas y Petricioli, Edgar Romo García, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Erick Alejandro Lagos Hernández; y Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social.

• Sustitutos: Jorge Carlos Ramírez Marín, Georgina Trujillo Zentella, José Luis Toledo Medina, José Hugo Cabrera Ruiz, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Ricardo David García Portilla, y Edgardo Melhem Salinas.

b) Del Partido Acción Nacional:

• Titulares: Federico Döring Casar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, y María Guadalupe Cecilia Romero Castillo.

• Sustitutos: Marko Antonio Cortés Mendoza, Juan Pablo Piña Kurczyn, Gretel Culin Jaime, y María Eloísa Talavera Hernández.

c) Del Partido de la Revolución Democrática:

• Titulares: José de Jesús Zambrano Grijalva, y Araceli Saucedo Reyes.

• Sustitutos: Felipe Reyes Álvarez, y María Cristina Teresa García Bravo.

d) De Partido Verde Ecologista de México:

• Titulares: Javier Octavio Herrera Borunda, y Jorgina Gaxiola Lezama.

• Sustitutos: Jesús Sesma Suárez, y Sharon María Teresa Cuenca Ayala.

e) De Morena:

• Titular: Norma Rocío Nahle García.

• Sustituto: Norma Xóchitl Hernández Colín.

f) De Movimiento Ciudadano:

• Titular: Macedonio Salomón Tamez Guajardo.

• Sustituto: Víctor Manuel Sánchez Orozco.

g) De Nueva Alianza:

• Titular: Luis Alfredo Valles Mendoza.

• Sustituto: Soralla Bañuelos de la Torre.

Por trescientos ochenta y cinco votos a favor; y cuatro en contra, resultan electos las diputadas y diputados propuestos por la Junta de Coordinación Política. El Presidente formula la declaratoria correspondiente. Comuníquese.

Se recibió oficio de la Cámara de Senadores, por el que comunica la elección de la integración de la Comisión Permanente que funcionará en el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. De enterado, publíquese.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se integra un grupo de trabajo para dar seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionados con el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

• Por el que establece el procedimiento para dar cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de las modificaciones en la integración de comisiones que soliciten los grupos parlamentarios, durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

• Por el que se estipulan las tareas para la elaboración de la legislación en materia de derechos culturales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo cuarto, párrafo duodécimo, y setenta y tres, fracción vigésimo novena-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política, por el que informa cambios de Junta Directiva, y de integrantes de diversas comisiones ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con punto de acuerdo, y en votación económica se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados:

a) De Agricultura y Sistemas de Riego, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, y a todas las secretarías de estado que operan los programas sociales y productivos, sujetos a Reglas de Operación, y que para acceder a los apoyos, el beneficiario que a partir del Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, acredite la posesión de la propiedad de las tierras, los ejidatarios y comuneros puedan presentar las actas de posesión emitidas por el Comisariado de bienes comunales o ejidales.

b) De de Asuntos Indígenas:

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a intensificar las acciones de difusión, sensibilización y capacitación de los servidores públicos, sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

• Por el que se exhorta a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, a considerar la asignación de recursos para establecer planes, programas y políticas que garanticen los derechos de los indígenas en materia de acceso a la justicia.

c) De Atención a Grupos Vulnerables:

• Para que se tomen las previsiones para el cumplimiento al Decreto que reforma el artículo cuarto del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos para Personas con Discapacidad Auditiva.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a efectuar las sanciones administrativas pertinentes en los casos de maltrato o violencia por parte de autoridades de las Instituciones Públicas y Privadas de atención a Personas Adultas Mayores.

d) De de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de intensificar los esfuerzos de conservación de las tortugas marinas en territorio nacional y reforzar las actividades de inspección y vigilancia en el Golfo de Ulloa en Comondú, Baja California Sur, para evitar la mortandad de la tortuga caguama.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y conforme a sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para su revisión y en su caso revocar cualquier autorización relacionada con el proyecto “Don Diego”, respecto a la explotación de arenas fosfáticas ubicado en el Golfo de Ulloa, en la costa occidental del estado de Baja California Sur.

• Por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades Ambientales y de Salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que implementen campañas de información y concientización respecto de las afectaciones a la salud humana y en general, al medio ambiente provocadas por uso irracional de automóviles.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que realicen estudios sobre los efectos y consecuencias derivadas del uso de artefactos de manipulación del clima en todo el país.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que inscriban al humedal de Tláhuac, en la lista de sitios protegidos por la convención relativa a los humedales de importancia internacional.

• Por el que por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de realizar una investigación del impacto ambiental en municipios de los estados de Puebla y Oaxaca, para afrontar los efectos de la actividad de la empresa cementera CYCNA de Oriente S.A. de C.V., en el estado de Puebla.

• Por el que se solicita a la Comisión Nacional Forestal, para que en coordinación con las autoridades municipales diseñe y ejecute programas de prevención, protección, conservación y restauración de los recursos y suelos afectados por los incendios forestales en Zapopán, Jalisco.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que emprendan una campaña nacional de difusión que informe e incentive a la población a entregar sus televisores analógicos en los centros de acopio establecidos para que se desechen adecuadamente.

e) De Desarrollo Metropolitano:

• Por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Consejo Nacional de Población, a realizar el estudio y análisis correspondiente a fin de verificar, bajo los criterios del propio Grupo, si los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Camargo, y Jiménez, pertenecientes al estado de Chihuahua, son susceptibles de integrar una nueva zona metropolitana.

• Por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Gobernador del Estado de México y al Gobernador del estado de Hidalgo a instalar y poner en funcionamiento la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana del Valle de México.

f) De Educación Pública y Servicios Educativos:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fin de que informe a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el grado de avance en materia de instalación de bebederos escolares y haga pública su respuesta a la brevedad.

• Por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública y al Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a solucionar el conflicto en el canal veintidós de televisión.

• Por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito a verificar la distribución oportuna de los libros de texto gratuitos en el Sistema Braille de todo el país.

• Por el que se exhorta al Gobierno Federal para apoyar a la Universidad Autónoma de Guerrero por su grave crisis.

g) De Igualdad de Género:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de las Mujeres se difundan los avances conseguidos por el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

• Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de los gobiernos de Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Guerrero y Michoacán para que fortalezcan las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales del país y de sus demarcaciones territoriales.

• Por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Titular de la Procuraduría General de la República para que coordinen y homologuen con sus respectivos similares de las entidades federativas, la implementación de un Protocolo Único de Acción para temas de Violencia de Género en contra de las Mujeres.

h) De Transparencia y Anticorrupción:

• Por los que se exhorta a las legislaturas locales a armonizar sus respectivas normatividades con la Ley General de Transparencia.

• Por los que se exhorta al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para que difunda el estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia.

i) De Transporte:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a incrementar la vigilancia para que los concesionarios ferroviarios de transporte de carga, especialmente a aquellos que mueven sustancias químicas peligrosas, cumplan las normas, reglamentos y protocolos de seguridad y de protección civil.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar la asignación de fondos necesarios para la continuación del Proyecto de Infraestructura Ferroviario “Línea tres del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey”, en Nuevo León.

j) De Deporte:

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Deporte a realizar las acciones necesarias para apoyar a los seleccionados nacionales de basquetbol y deportistas que participan en el proceso para clasificar para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro dos mil dieciséis.

• Por los que se exhorta a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a realizar la armonización legislativa de conformidad con lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte.

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Deporte, para que en coordinación con las entidades federativas y los municipios, refuercen las acciones de promoción de deporte a través del mejoramiento de la infraestructura y estímulos deportivos.

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Deporte, al Gobierno del estado de Morelos y al municipio de Jiutepec, a instrumentar acciones orientadas a atender, desarrollar y fortalecer la práctica deportiva en esa entidad.

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Deporte para que en coordinación con el gobierno estatal y municipal realicen las acciones necesarias para resolver la problemática del Centro Nacional Paralímpico ubicado en Irapuato, Guanajuato.

k) De Salud:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, así como a las secretarías de salud de las entidades federativas, a fin de incrementar la promoción de la donación de órganos.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que realice campañas regionales para contener el brote de la enfermedad chikungunya y evitar su expansión a otras entidades.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Gobierno del estado de Morelos a continuar y ejecutar nuevas acciones tendentes a prevenir y combatir el dengue y el dengue hemorrágico transmitido por vector en dicha entidad.

• Por el que se exhorta a la Secretarías de Salud y de Educación Pública, ejecuten acciones y campañas para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio.

• Por el que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos a realizar las gestiones necesarias para dotar al estado de un hospital de especialidad en rehabilitación.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que realice a nivel nacional una campaña de concientización, sobre los riesgos de realizarse un tatuaje, micro-pigmentación o perforaciones en lugares no establecidos.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a dar continuidad a las acciones y medidas que ayuden a reducir la mortalidad materna, perinatal y neonatal, y se garantice el acceso a las mujeres a la realización de ultrasonidos obstétricos que permitan detectar oportunamente las mal formaciones congénitas en el producto.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de difusión sobre la importancia de ingerir ácido fólico durante la vida reproductiva de las mujeres.

• Por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Jalisco, para que revisen las condiciones de infraestructura, acondicionamiento, equipo y operación de los centros de salud correspondientes a la Región Sanitaria Décima Tercera de dicha entidad.

• Por los que se exhorta al Gobernador del estado de Guerrero a investigar la muerte de niños en el Hospital del Niño y la Madre Indígena.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar la promoción de acciones de los sectores público, social y privado en las áreas de prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y tratamiento, en materia de enfermedades cardiovasculares para mujeres.

• Por el que se exhorta al titular de la Secretaria de Salud, para que ejecute una campaña nacional contra la desnutrición infantil con pacientes de bajo peso.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modificar la denominación jurídica del Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto”, a efecto de convertirlo en un Hospital Regional de Alta Especialidad.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud ejecute políticas públicas en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a que lleve a cabo las acciones necesarias para implementar el Tamiz Neonatal Ampliado en toda la red de salud del país.

• Relativo a la inclusión de enfermedades en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que se atienda la necesidad de construir una torre hospitalaria y de especialidades médicas en el Hospital General “Doctor Ernesto Meana San Román”, municipio de Jojutla, Morelos, y a atender las necesidades de otros nosocomios de la entidad.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que emita una Norma Oficial Mexicana que regule las unidades médicas móviles para la prevenir y atender el cáncer de mama.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud, a proponer opciones en coordinación con el Gobernador de Oaxaca para resolver las precarias condiciones de la atención médica en el Hospital “Doctor Aurelio Valdivieso”.

• Por el que se exhorta a diversas instancias para que se implementen políticas públicas que hagan accesible el diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar, a través del fondo de protección contra gastos catastróficos.

• Por el que se solicita al Gobernador del estado de Guerrero, designar con el nombre de “Doctor José Garibo Hernández” al Hospital General de Acapulco, como un homenaje a tan destacado humanista en el ámbito de la medicina pediátrica.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que considere la posibilidad de ampliar el personal para el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que implante medidas para prevenir, atender y reducir la mortalidad materna y el embarazo de adolescentes.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de atender las inmunodeficiencias primarias en todo el país.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implemente a nivel nacional, en las zonas marginadas, las acciones necesarias de acceso a los programas de detección oportuna del Cáncer de Mama y en su caso su posterior tratamiento.

• Por los que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fin de garantizar el abasto de medicamentos en los hospitales.

l) De Pesca, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se tomen las medidas precautorias necesarias para evitar la entrada del salmón transgénico a nuestro país.

m) De Derechos de la Niñez:

• Por el que se exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de instruir a la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia de Baja California atienda la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, con el objeto de que tomen las medidas cautelares necesarias para la protección inmediata de los menores internados en la Casa Hogar “Puerta de Fe, Orfanatorio de México, A.C.”, de la ciudad de Ensenada, B.C.

• Por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a fin de realizar inspecciones y visitas continúas en los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes.

• Por el que se exhorta a la Titular de la Procuraduría General de la República para que incremente los recursos destinados a la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil.

• Por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a fin de que ejecuten de manera permanente campañas de información a niñas, niños y adolescentes para la prevención del “Cortejo o Grooming” por Internet.

n) De Juventud, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, al Instituto Mexicano de la Juventud, y a los integrantes del Comité de seguimiento del Programa Nacional de Juventud dos mil catorce-dos mil dieciocho, a fin de revisar la pertinencia de los Indicadores de Resultados del Programa Nacional de Juventud.

o) De Gobernación:

• Por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que difunda el avance de la base de datos de la que hace referencia el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que realice las gestiones necesarias que hagan posible a la brevedad, la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN) al estado de Quintana Roo, en atención a la declaratoria de emergencia emitida el pasado dieciocho de octubre dos mil quince.

p) De Relaciones Exteriores:

• Por el que la Cámara de Diputados expresa su condena a los comentarios vertidos por el ciudadano Donald John Trump en contra de nuestro país y de los mexicanos avecindados en los Estados Unidos de América.

• Por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que realice la invitación oficial al Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco, para que, en su visita a México, emita un mensaje ante el Honorable Congreso de la Unión en Sesión Solemne.

• Por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, por conducto de la Dirección General de Protección de los Mexicanos en el exterior, procure una vigilancia más estrecha de la protección, promoción y respeto de los Derechos Humanos de las y los migrantes mexicanos en los Estados Unidos.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que continúe con el apoyo y orientación consultar a favor de nuestros connacionales y, asimismo, que a través de los canales diplomáticos correspondientes, solicite la información sobre los connacionales recluidos en prisiones de la unión americana y que pueden ser beneficiados por el Programa de Liberación Temprana.

• Por los que se reconoce al Gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por haber alcanzado la firma de un acuerdo mediante el que se crea una jurisdicción especial para la paz.

q) De Salud:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a atender la necesidad de construir un hospital regional en Huatusco, Veracruz.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar y ejecutar instrumentos de toma de conciencia sobre la importancia de las acciones preventivas para detectar a tiempo el cáncer de mama en hombres.

• Por los que se exhorta al Gobernador y distintas autoridades de Michoacán a respetar los lineamientos del acuerdo para la formalización laboral de los trabajadores de salud.

• Por los que se exhorta a los Copresidentes de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, y la Secretaría de Salud, a fortalecer planes y programas educativos a fin de procurar perfiles idóneos de profesionales del área para zonas rurales y de difícil acceso del país.

• Para promover y establecer en las universidades públicas del país las especialidades de Geriatría, Gerontología y Tanatología.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que se aplique la NOM-043SSA2-2012, promoviendo que los establecimientos mercantiles donde se venda comida para consumo inmediato ofrezcan como primera opción de hidratación agua natural y purificada.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a destinar mayores recursos para la detección oportuna y el óptimo tratamiento de la Artritis Reumatoide.

• Por el que se exhorta a los Gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las campañas de salud sexual y reproductiva, y de prevención del embarazo en adolescentes.

• Relativo al abasto oportuno de medicamentos en zonas apartadas y de muy alta marginación.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar por las autoridades correspondientes un diagnóstico de las causas por las que México no ha alcanzado las metas del plan SUPRE de la Organización Mundial de la Salud y tomar medidas para lograr los objetivos de reducir el número de víctimas de suicidio en el país.

r) De de Trabajo y Previsión Social

• Por la que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a construir una mesa de diálogo entre las integrantes de COSMOGAR, AC; Avon Cosmetics, SA de CV; y el Instituto Mexicano del Seguro Social para atender la problemática sobre el reconocimiento de las trabajadoras que laboran como representantes de la segunda.

• Por la que se exhorta al Gobierno Federal a difundir por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los gastos y resultados del Programa de Apoyo al Empleo.

• Relativa a la ratificación por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la Honorable Cámara de Senadores, del convenio ciento cincuenta y seis de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

• Relativa a las condiciones laborales de los jornaleros de diversas comunidades en el norte del país.

• Por el que se solicita a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social, y de Desarrollo Social, investiguen sobre las condiciones laborales de los jornaleros en el estado de Coahuila.

• Por el que se exhorta al Gobierno Federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a establecer un salario mínimo diario de noventa y cinco pesos en todo el país.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que, en coordinación con el Gobierno del estado de Chihuahua, efectúen visitas de inspección en Ciudad Juárez, Chihuahua, a todas las empresas y establecimientos laborales, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como Organismo Público Descentralizado.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio ciento ochenta y tres de la Organización Internacional del Trabajo y remitirlo al Senado de la República para ratificación.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes en sentido negativo relativos a iniciativas y minutas con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Igualdad de Género, que adiciona un segundo párrafo al artículo veinticinco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

b) De Comunicaciones

• Que reforma los artículos transitorios Segundo y Cuarto, Primer Párrafo y se adiciona un Octavo Transitorio al Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de febrero de dos mil nueve.

• Por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción séptima del artículo cuarenta y cuatro, se reforma la fracción sexta del inciso a del artículo setenta y uno, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

c) De Defensa Nacional, que reforma el artículo ciento ocho de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

d) De Deporte:

• Que reforma los artículos cincuenta y dos, cincuenta y seis, sesenta y cinco, y ciento seis de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

• Por los que se reforman los artículos dos, doce, y veintinueve de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

e) De Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

f) De Gobernación, por el que se reforma el artículo ciento veinticuatro de la Ley General de Bienes Nacionales.

g) De Juventud, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

h) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma el artículo segundo y ciento diecisiete de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

i) De Pesca, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

j) De Salud, por el que se reforman el párrafo primero y cuarto del artículo sesenta y siete, y el artículo setenta y uno, así como se adiciona una fracción séptima al artículo sesenta y ocho, y un segundo párrafo al artículo setenta de la Ley General de Salud.

k) De Transportes, que reforma el artículo cincuenta y dos y se adiciona un artículo cincuenta y dos Bis a la Ley de Aviación Civil.

En votación económica se aprueban. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Por lo que se refiere a la minuta, se devuelve a la Cámara de Senadores, para los efectos de la fracción D, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Daniel Torres Cantú, del Partido Revolucionario Institucional; Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional; y Eva Florida Cruz Molina, del Partido de la Revolución Democrática.

El siguiente punto del Orden del Día es el posicionamiento de los grupos parlamentarios con motivo a la conclusión del Periodo Ordinario de Sesiones. Intervienen las diputadas y los diputados: Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social; Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza; José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena; Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática; Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional; y Sandra Méndez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.

Se da cuenta con oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite las respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas por la Cámara de Diputados, en relación con el Tercer Informe de Gobierno. Túrnese a las comisiones correspondientes y publíquese en la Gaceta Parlamentaria

El Presidente dirige un mensaje a la Asamblea y puestos todos de pie declara:

“Hoy, quince de diciembre de dos mil quince, la Cámara de Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio”.

La Asamblea entona el Himno Nacional Mexicano.

La Presidencia informa que se comunicará por escrito la conclusión formal del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura, al titular del Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la Cámara de Senadores.

En votación económica se aprueba que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya entre los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

De conformidad con el artículo ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Marco Antonio Gama Basarte, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento cincuenta y seis del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código de Comercio. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y reforma el artículo séptimo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintiséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Cesar Flores Sosa, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Eva Florinda Cruz Molina, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo diecisiete de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen

• Jisela Paes Martínez, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo ciento veintitrés Constitucional. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo diecinueve de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Joaquín Jesús Díaz Mena, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarenta y nueve de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Jesús Antonio López Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Arlet Mólgora Glover, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación, para dictamen.

• Juan Manuel Cavazos Balderas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos doce de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Beatriz Vélez Núñez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos setenta y nueve de la Ley General de Salud y sexto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo ciento veintitrés Constitucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Wenceslao Martínez Santos, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cuarenta y dos, y cuarenta y cuatro de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo diez de la Ley de la Policía Federal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarenta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Beatriz Vélez Núñez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Oscar Valencia García, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

• Flor Estela Rentería Medina, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta y siete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ana María Boone Godoy, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Benjamín Medrano Quezada, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley General de Fomento Económico y de la Innovación. Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento sesenta y ocho, y ciento ochenta y cuatro del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos setenta y cuatro del Código Fiscal de la Federación y doscientos sesenta y cuatro de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, para dictamen.

• Marco Antonio García Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento treinta y cuatro de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y doscientos veinte del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Miguel Ángel Sulub Caamal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintidós de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, por el que se declara el veintidós de Septiembre de cada año como Día Nacional sin Automóvil. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• María del Rocío Rebollo Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento cincuenta y uno de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y suscrita por diversos diputados integrantes del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos treinta y tres, y treinta y cuatro de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Salud, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos tercero, quinto, y doce de la Ley de Seguridad Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Otniel García Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cincuenta, y cincuenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos veintiocho de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y quinto, y diez de la Ley General para el Control del Tabaco. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Salud, para dictamen.

• Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos trescientos veinticinco Bis del Código Penal Federal y catorce de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Población, para dictamen.

• Evelio Plata Inzunza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo quinto-A de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarenta y tres de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• María Gloria Hernández Madrid, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María Gloria Hernández Madrid, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento veintitrés de la Ley General de Víctimas y ciento nueve del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Alfredo Miguel Herrera Deras, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veinticinco Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

• Braulio Mario Guerra Urbiola, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo tercero de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Armando Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Gobernación, para dictamen.

• María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento cincuenta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se turna a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo catorce de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Yarith Tannos Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley de Asistencia Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Salud, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo dieciocho de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos séptimo, noveno, y décimo de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Eloisa Chavarrias Barajas, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Evelio Plata Inzunza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Luis Orozco Sánchez Aldana y suscrita por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doscientos trece, doscientos veintitrés, y doscientos veinticuatro de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Salomón Fernando Rosales Reyes y suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos octavo, y noveno de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Rafael Yerena Zambrano, Pedro Alberto Salazar Muciño y Manuel Vallejo Barragán, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos quince-A y setenta y cinco de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Adrián González Navarro, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Deporte, para dictamen y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos, para opinión.

• Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y siete de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

• Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Jorge Álvarez Máynez y Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tercero y ciento treinta y tres de Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión Trabajo y Previsión Social, para opinión.

• Otniel García Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia, para dictamen.

• Fabiola Guerrero Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo primero de la Ley del Servicio Militar. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo ciento cuarenta y nueve Quáter al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento cuarenta y siete del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Mariana Benítez Tiburcio, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen y a la Comisión de Asuntos Indígenas, para opinión.

• Adriana Elizarraraz Sandoval, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Francisco Martínez Neri, Cristina Ismene Gaytán Hernández y Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, del Código Penal Federal y la Ley de Propiedad Industrial. Se turna a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y de Justicia, para dictamen y a la Comisión de Asuntos Indígenas, para opinión.

• Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo treinta y tres de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen y a la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión Justicia, para opinión.

• Tomás Roberto Montoya Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Antonio Salas Valencia, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos séptimo, octavo, trece, y veinte, de la Ley del Servicio Exterior. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, que reforma los artículos ochenta y uno de la Ley General de Salud y doscientos cincuenta del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia, para dictamen.

• Tomás Roberto Montoya Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y nueve de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• Mariana Arámbula Meléndez, del Partido Acción Nacional, por el que se declara el nueve de diciembre como Día Nacional Contra la Corrupción. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cincuenta y tres de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Tomás Roberto Montoya Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Población, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley de Ascensos de la Armada de México. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo noventa y tres de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Pedro Garza Treviño, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento siete de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo treinta y cuatro de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María Gloria Hernández Madrid, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Víctor Manuel Silva Tejeda, del Partido Revolucionario Institucional, para declarar al dos mil dieciséis como Año de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• José Teodoro Barraza López, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Felipe Cervera Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Wenceslao Martínez Santos, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarenta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen

• Claudia Sánchez Juárez y Román Francisco Cortés Lugo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo tercero de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

El Presidente levanta la sesión a las diecisiete horas con veintinueve minutos, del día martes quince de diciembre de dos mil quince, y pide a los diputados integrantes de la Comisión Permanente, permanecer en su lugar para la Sesión de Instalación de la misma.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada.

INICIATIVAS

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva remite oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 102, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas con proyecto de decreto registradas que no se presentaron en tribuna para turnarlas a las comisiones que correspondan.

CLAUSURA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 17:29 horas): Se levanta la sesión y se solicita a las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente, permanecer en sus lugares para llevar a cabo la instalación del órgano permanente de esta Comisión Permanente.

————— O —————

(( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice I a IV de esta sesión.